Acta literal de los debates

Martes 13 de diciembre de 2005 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Declaraciones por escrito (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

4. Decisión sobre la urgencia

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia (COM(2005)0571 – C6-0407/2005 – 2005/0224(CNS))

  Glyn Ford (PSE). – (EN) Señor Presidente, hablo en nombre del ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional, el señor Sjöstedt, que se halla en Hong Kong con todos los demás miembros de la comisión, excepto yo. Soy el único que queda aquí. La Comisión ha solicitado urgentemente un incremento de créditos de compromiso para Georgia en 2006-2007 a un total de 10,5 millones de euros. La Comisión ya acudió a nosotros de forma urgente en un momento muy tardío, sobre el asunto de Bosnia y Herzegovina. Francamente, si solo tuviéramos entre manos el asunto de la Comisión, diríamos que no a la urgencia, pero en tal caso quien saldría perdiendo sería el pueblo de Georgia. Ha llevado a la Comisión diez meses elaborar una evaluación de impacto, sin haber avisado siquiera al Parlamento de que el asunto podría estar en el orden del día.

Sin embargo, acogemos con agrado la «revolución de terciopelo». Hay que reconocer que los georgianos necesitan más ayuda. Por ese motivo, respaldaremos la urgencia, pero advertimos a la Comisión de que, si intenta hacer esto otra vez, quizá llegue al límite de nuestra tolerancia.

  El Presidente. Si aprobamos esta propuesta, será debatida el miércoles por la tarde y habrá la oportunidad de presentar enmiendas mañana –que es miércoles– hasta las 10 de la mañana, y la votación sobre el informe tendría lugar el jueves. Ya hemos escuchado una intervención a favor, por lo que ahora puede intervenir alguien que esté en contra.

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, esta no es realmente una intervención a favor, sino tan solo la expresión de la opinión de mi comisión parlamentaria, que está a favor.

Solo quisiera pedir, aparte de lo que ha dicho el señor Ford, que se invite a la Comisión y al Consejo a que expliquen, cuando soliciten debates de urgencia, no solo cuáles son las cuestiones urgentes, sino por qué hasta ahora no se había presentado la propuesta de dicho debate. Debemos evitar que pase un tiempo considerable antes de que se presente una propuesta de debate de urgencia sin que ello, tal vez, sea necesario. Posiblemente usted o la Mesa podrían pedir a la Comisión y al Consejo que explicaran esta práctica.

(La Cámara aprueba la propuesta de procedimiento de urgencia)⁽¹⁾

(1) Further details: see Minutes.

5. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

6. Proyecto de presupuesto general 2006, modificado por el Consejo (todas las secciones) - Movilización del instrumento de flexibilidad - Presupuesto rectificativo nº 8/2005

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto:

– del informe (A6-0396/2005) del señor Pitella y del señor Dombrovskis, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006, modificado por el Consejo (todas las secciones) (14864/2005 – C6 0415/2005 – 2005/2001(BUD)) y las notas rectificativas nº 1/2005 (14862/2005 – C6-0413/2005), 2/2005 (14863/2005 – C6 0414/2005), 3/2005 (00000/2005 – C6 0000/2005) al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006,

– del informe (A6-0395/2005) del señor Böge, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del instrumento de flexibilidad en favor de las acciones exteriores de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 24 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 COM(2005)0278 – C6-0211/2005 – 2005/2137(ACI)) y

– del informe (A6-0397/2005) del señor Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 8/2005 de la Unión Europea para el ejercicio 2005 (14861/2005 – C6-0412/2005 – 2005/2179(BUD)).

  Giovanni Pittella (PSE), ponente. – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, Señorías, hemos cerrado el procedimiento presupuestario con éxito. Es un éxito de todos, pero, si me lo permiten, es ante todo un éxito del Parlamento, que ha sabido pelear por defender sus prioridades políticas. Doy las gracias a todos los Grupos políticos, a todos los diputados, al presidente y a la secretaría de la comisión y a todos aquellos que han contribuido con competencia y generosidad al buen desenlace del procedimiento.

El resultado lo dice todo: pedíamos un nivel de pagos digno, acorde con un estricto control del gasto, pero también con la necesidad de disponer de medios suficientes para continuar las políticas fundamentales de la Unión. Hemos obtenido un presupuesto de 112 000 millones de euros y una declaración conjunta, gracias a la cual se presentará un presupuesto rectificativo, sobre todo en los Fondos Estructurales, si se registra, como pensamos, una aceleración del gasto en los nuevos Estados miembros.

Pedíamos una atención prioritaria a las líneas presupuestarias para el crecimiento, la competitividad, la educación, la investigación, las pequeñas y medianas empresas, las políticas para los jóvenes, el medio ambiente y la cultura, y hemos obtenido la renegociación de los importes para nada menos que seis programas codecididos y la asignación de recursos adicionales por un importe de 100 millones de euros. Me siento especialmente satisfecho de haber alcanzado el objetivo de dar una señal política fuerte a los jóvenes europeos a través del refuerzo de los programas Sócrates, Juventud y Leonardo.

Pedíamos al Consejo que reflexionase sobre la inadecuación del nivel de gasto fijado en Berlín para las acciones exteriores y aportamos pruebas irrefutables al respecto. Recordamos los compromisos solemnes contraídos por los Jefes de Estado y de Gobierno en temas como Iraq, el tsunami, el azúcar y Afganistán, en los que el Parlamento quiere aportar su propia contribución, sin sacrificar por ello los programas geográficos, las acciones humanitarias, las iniciativas esenciales para los derechos humanos y la democracia, y las acciones solidarias para el desarrollo.

Hemos conseguido por vez primera romper el fatídico límite máximo de 200 millones de euros para la flexibilidad en las acciones exteriores. Está absolutamente claro: disponer de 275 millones de euros más para las acciones exteriores y de un protocolo más respetuoso de las funciones del Parlamento en materia de política exterior y de seguridad no representa un trofeo para exhibir sino una respuesta necesaria, una elección precisa, para lo que estamos llamados a hacer juntos en el mundo.

Nos consideramos satisfechos también por otras razones de carácter general: en estos años, la Unión Europea ha sabido ganar méritos históricos, ha construido y defendido la paz en su interior, ha abatido fronteras sin recurrir al uso de la fuerza, ha propuesto sus valores sin imponerlos, y ha contribuido al crecimiento y a la cohesión de un modo a menudo turbulento e inestable. Hoy vivimos una crisis profunda del proyecto europeo, pero no es una crisis irreversible. Como escribió Henri de Saint-Simon, en estos momentos necesitaríamos una fuerza capaz de unir voluntades, de concentrar movimientos y de hacer que los intereses sean compartidos y los compromisos, firmes. También en el decenio de 1980, agitados vientos sacudieron el proyecto europeo, pero a pesar de las señales de tormenta, hubo un liderazgo político fuerte que nos permitió capear el temporal y salir todavía más fuertes que antes.

Ninguno de nosotros pretende ser un nuevo Mitterand o un nuevo Kohl, pero todos juntos, si dejamos a un lado visiones egoístas, si conjugamos las necesidades presupuestarias nacionales con las prioridades de nuestras obligaciones europeas, seremos capaces de frenar la deriva y el derrumbe del diseño europeo. La respuesta correcta a un declive es el cambio de rumbo y, después de nuestros reveses, esta semana hemos marcado junto tanto positivo –hemos puesto la pelota en la red– con el presupuesto anual. Como saben el señor Ministro Lewis y la Comisaria Grybauskaité, habríamos podido utilizar el presupuesto anual como ganzúa para las perspectivas financieras, pero no quisimos hacerlo porque somos responsables y conscientes de que la Unión Europea no necesita conflictos interinstitucionales. Pero que el Consejo sepa que no puede proponernos una Europa pequeña y diminuta, ni puede pensar que el Parlamento Europeo vaya a conformarse con mezquinos compromisos que marquen el fin de la esperanza europea.

El Parlamento Europeo ha hecho una contribución importante al debate sobre el presupuesto para 2007-2013 con el excelente informe del señor Böge, que hasta ahora ha sido indebidamente ignorado. Por otro lado, la propuesta de la Presidencia británica, lamento tener que decirlo, es inaceptable, porque es exactamente lo contrario del valioso proyecto que el Presidente Blair expuso ante el Parlamento. En efecto, libera a los Estados de sus deberes para con Europa y reparte pequeños edulcorantes aquí y allá, sin poner en marcha un proceso de reforma del presupuesto ni dar un mayor margen financiero a la Unión.

No es solo un Robin Hood a la inversa, como alguien ha dicho, sino que representa también el peligro, que yo quisiera alejar, de que seamos responsables del entierro de la esperanza del renacer europeo. Nosotros, con el presupuesto anual, damos en cambio una respuesta positiva, y por ello doy las gracias también al Ministro Lewis y a la Comisaria Grybauskaité. Seguimos convencidos de que en una época de incertidumbres y preocupaciones la habilitación de la conciencia financiera europea constituye el único fundamento para una integración europea fructífera y confiada.

(Aplausos)

  Reimer Böge (PPE-DE), ponente. - (DE) Quisiera señalar igualmente que en el correspondiente apartado del Acuerdo Interinstitucional se indica con toda claridad que el uso del instrumento de flexibilidad durante este año nos habría permitido obtener fácilmente más de 400 millones de euros, si nos hubiésemos atenido estrictamente al texto de dicho Acuerdo. Así pues, el acuerdo en torno a los 275 millones de euros para el uso del instrumento de flexibilidad equivale igualmente a un acercamiento mutuo, por lo que pido a esta Cámara que apruebe este informe sobre el uso del instrumento de flexibilidad en el marco del presupuesto de 2006 en su versión actual.

También quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que durante las negociaciones sobre las perspectivas financieras, esta Cámara presentó una propuesta para que adoptáramos un enfoque más flexible en el futuro, basado, no obstante, estrictamente en la disciplina presupuestaria, y observar igualmente que lo que figura en el orden del día no es un fondo de mundialización, pero que tenemos que responder con mucha más rapidez y coherencia en muchas categorías importantes de la política presupuestaria europea. El 8 de junio, esta Cámara dejó perfectamente claro que su posición negociadora sobre esta cuestión no es a su vez, de hecho, objeto de negociación alguna.

Permítanme añadir, a modo de conclusión, que cuando el Presidente en ejercicio del Consejo, el Primer Ministro británico, el señor Blair, afirma en relación con las negociaciones sobre las perspectivas financieras que o bien se llega a un acuerdo en diciembre o no habrá acuerdo durante las Presidencias austriaca o finlandesa, lo que hace es amenazar con bloquear esta cuestión. Observo con satisfacción que en algunas entrevistas alega que el Parlamento podría zanjar la cuestión, al afirmar que si el Consejo no llega a un acuerdo, la decisión sobre el presupuesto tendría que pasar al Parlamento. Y puedo decirle que el Parlamento está listo para hacerlo.

(Aplausos)

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, diputados, colegas, celebramos un año más el debate sobre el presupuesto comunitario en su segunda lectura. A mí me corresponde presentar el presupuesto rectificativo nº 8. Al igual que otros años, y bien lo sabemos los diputados de esta Cámara, nos enfrentamos a los mismos problemas presupuestarios de ejecución y de representatividad política. Solamente en lo que se refiere al presupuesto del año 2005, un 10 % de los créditos de pago no han podido ser utilizados, los que ustedes, Señorías, votaron en diciembre del año pasado y, además, vamos a tener que devolver 3 800 millones de euros a los Estados miembros, por imposibilidad de ser comprometidos en aquellas decisiones que, como parlamentarios, votamos en su momento.

Es difícil saber hasta qué punto son responsables de esta situación, que se repite año tras año, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros, el Consejo o el propio Parlamento. Nosotros, como Parlamento, estamos votando todos los años los créditos presupuestarios en función de nuestro propio debate político y de los intereses que creemos que nuestros electores traen a esta Cámara, y por eso estamos aquí. Votamos lo que creemos que son intereses de la Unión, tanto en política exterior, como en políticas internas y en Fondos estructurales. La Comisión Europea, y hay que reconocerlo, hace un esfuerzo creciente cada año para ejecutar mejor las políticas, los mandatos presupuestarios que, como diputados europeos, tenemos. Y nos consta que los Estados miembros hacen un esfuerzo, año tras año, tanto para financiar el presupuesto como para ejecutar las políticas comunitarias.

Pero de las cifras de ejecución de cada año se deduce que sigue fallando algo en el proceso de asignación presupuestaria de los créditos que votamos y en su aplicación final, tanto en los Estados miembros como en los programas comunitarios.

En el presupuesto rectificativo nº 8, que les presento para su aprobación, se incluye, entre otras partidas, la devolución a los Estados miembros de 3 800 millones de euros. Sabemos que es una buena noticia para los ministros de finanzas de los Estados miembros, dado que esta es una cantidad que no tienen que incorporar al presupuesto comunitario para financiar el ejercicio del año 2005. Sin embargo, desde un punto de vista europeo, no es una buena noticia, porque este ahorro proviene de una subejecución muy fuerte en créditos de pago correspondientes a los Fondos estructurales.

En el procedimiento presupuestario del año 2005 ya pactamos con el Consejo una fuerte reducción en los Fondos estructurales, por debajo de lo que fue nuestra primera lectura del presupuesto, e incluso por debajo del anteproyecto de presupuesto que presentó la Comisión. Pactamos también una declaración común con las otras dos instituciones, en la que el Consejo se comprometía a presentar un presupuesto rectificativo, en el cual se incluyeran los créditos de pago necesarios para pagar Fondos estructurales, en caso de que la ejecución hubiera sido la prevista.

Durante el mes de octubre, la Comisión Europea nos presentó un primer avance del presupuesto rectificativo nº 8, en el cual se hablaba de unas necesidades reales de presupuestación; nos hablaba, además, de 600 millones de euros en Fondos estructurales, que deberían haber sido incluidos en el presupuesto comunitario. Por último, nada de eso sucedió.

A lo largo del mes de noviembre, la Comisión rehizo sus cifras, basándose en las noticias que, sobre la ejecución presupuestaria, le llegaban de los Estados miembros y, al final, lo que eran necesidades de financiación, se han convertido en excedentes. Incluso con esta devolución que hacemos, de 3 800 millones de euros, podrían sobrar créditos de pago en Fondos estructurales a finales de año.

Señores diputados, la lectura que podemos hacer de esto es mala. Es una mala noticia, tanto para el presupuesto del año 2006 de nuestro colega, señor Pittella, como para la negociación de perspectivas financieras. El presupuesto de la Unión no puede hacerse nunca solamente a través del principio del ahorro, sino a través de los principios de efectividad y de valor añadido europeo.

Señor Presidente, ¿cuál es el valor añadido europeo de devolver créditos de pago, año tras año, a los ministros de finanzas? Esta no es una buena manera de hacer el presupuesto comunitario ni de construir una Europa realmente efectiva.

El mensaje político que lanzamos a los ciudadanos europeos año tras año es bastante decepcionante. Señora Comisaria, señores del Consejo, si este Parlamento vota créditos presupuestarios, lo hace con la esperanza y el deseo de que sean correctamente ejecutados por todos. Creo que esta es la lección que debemos aprender este año, y esperemos que a lo largo del año 2006 la ejecución sea mejor.

(Aplausos)

  Ivan Lewis, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, es un honor y un privilegio volver a esta Cámara para representar a la Presidencia del Consejo en este importante debate sobre el presupuesto de las Comunidades Europeas para 2006.

La segunda lectura del Parlamento Europeo del presupuesto anual, que culmina en la votación del jueves, constituye una parte fundamental del calendario de la Unión Europea y probablemente sea este año más importante que ningún otro. El acuerdo entre el Consejo y la delegación parlamentaria sobre los principales elementos del presupuesto de 2006 se cerró finalmente con el mejor ánimo de cooperación y compromiso. Al poner en práctica ese acuerdo en el presupuesto aprobado, el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a los ciudadanos de Europa de que, a pesar de los retos que nos plantean la Constitución y las perspectivas financieras, la Unión Europea sigue funcionando de forma efectiva y velando por sus intereses.

No tengo que recordar a sus Señorías la importancia histórica de este procedimiento presupuestario. Sus Señorías son muy conscientes de que el último procedimiento de las actuales perspectivas financieras desempeña un papel crucial a la hora de reconciliar las prioridades del pasado con los objetivos del futuro a fin de asegurar cierta continuidad y la coherencia básica entre dos perspectivas financieras.

Creo que el acuerdo alcanzado en Bruselas hace dos semanas satisface en buena medida estos objetivos. Aunque va un poco más lejos. La dificultad de reconciliar nuestras prioridades políticas con los principios fundamentales de la disciplina presupuestaria y sana gestión financiera hacen hincapié en el hecho de que las actuales estructuras presupuestarias han llegado al límite. Las próximas perspectivas financieras deben brindarnos la posibilidad de una reforma real y de renovación en el futuro si queremos que el presupuesto de las CE siga siendo relevante y satisfaga verdaderamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos europeos en el siglo XXI. No será fácil, pero si los dos brazos de la autoridad presupuestaria –el Parlamento y el Consejo, que hoy represento– pueden trabajar con el ánimo de cooperación que hemos observado para establecer finalmente el presupuesto de 2006, tendremos una oportunidad para crear una visión compartida en los próximos días de un futuro mejor en el periodo 2007-2013 y más allá.

Volviendo a 2006, sus Señorías sabrán que el acuerdo presupuestario entre el Consejo y la delegación parlamentaria se centró básicamente en tres elementos principales. Para cada uno fue necesario cierto grado de compromiso de ambas partes, y en algunos casos, sinceramente, fue como adentrarse en aguas presupuestarias desconocidas, lo que tal vez explique por qué hemos necesitado más tiempo para las negociaciones del que normalmente se requería. Quiero destacar que en cada caso la delegación parlamentaria negoció con tenacidad y, debido a ello, algunos miembros del Consejo se sintieron incapaces de apoyar nuestro compromiso final. No obstante, considero que finalmente obtuvimos un resultado justo y equilibrado y conseguí que el Consejo lo aprobara por mayoría cualificada.

En primer lugar, acordamos enmendar al alza las dotaciones financieras para seis programas codecididos en la rúbrica 3: políticas internas. El Consejo no vio la necesidad de proponer estos aumentos en su proyecto de presupuesto; sin embargo, la delegación parlamentaria argumentó con firmeza que los seis programas en cuestión se verían gravemente limitados sin recursos adicionales. Con espíritu de compromiso y siendo coherentes con el Acuerdo Interinstitucional, pude persuadir al Consejo de que aceptara estos cambios. Esto se ha acordado por primera vez en las actuales perspectivas financieras. El hecho de que haya ocurrido en el último año de estas perspectivas es quizá una feliz coincidencia y estoy seguro de que los dos brazos de la autoridad presupuestaria lo considerarán un acontecimiento excepcional.

En segundo lugar, acordamos movilizar el instrumento de flexibilidad para los programas de la rúbrica 4: Acciones Exteriores, por un total de 275 millones de euros. En un principio, el Consejo consideraba que sería posible, volviendo a establecer en cierta medida las prioridades, financiar todas las acciones exteriores dentro del límite superior presupuestario. Sin embargo, quiero señalar que el Consejo sigue teniendo la firma determinación de satisfacer las necesidades urgentes de los socios externos, siendo coherente con las promesas realizadas y con los compromisos contraídos. Los Estados miembros reconocen las estrictas restricciones presupuestarias de la rúbrica 4, siendo un buen ejemplo la Política Exterior y de Seguridad Común, y finalmente se convenció al Consejo de la necesidad de movilizar el instrumento de flexibilidad para aliviar estas restricciones.

Creo que el resultado, que es superior a las propuestas de la Comisión en algo más de 110 millones de euros, representa un compromiso justo, que garantiza recursos para prioridades muy urgentes, como Iraq, la reconstrucción tras el tsunami, las ayudas tradicionales a los países signatarios del protocolo del azúcar y la PESC. Asimismo, reconoce la posibilidad de que surjan necesidades adicionales en el ámbito del presupuesto para las acciones exteriores durante 2006. Sin embargo, quiero destacar que es la primera vez que ha sido necesario superar los 200 millones de euros en un único año. El Consejo considera que esto es excepcional y algunos Estados miembros siguen convencidos de que se trata de un paso innecesario. Espero que sus Señorías aprecien la importancia de este resultado y compartan conmigo la esperanza de que, en los próximos años, prevalecerá un uso más eficaz de los principios del nuevo establecimiento de prioridades y la reasignación en circunstancias similares.

Por último, como exige el Tratado, el Consejo y la delegación parlamentaria acordaron fijar el nivel de pagos generales para 2006 en 111 969 millones de euros. Esto representa la propuesta original de la Comisión, después de tener en cuenta las notas rectificativas 1, 2 y 3, y supone más de 500 millones de euros más de lo previsto en la posición original del Consejo. Reconozco que esta cifra es algo más baja de lo que a algunos diputados a este Parlamento les hubiera gustado. Sin embargo, se basa firmemente en lo que la Comisión calcula que puede gastar efectivamente. Estoy convencido de que sus Señorías compartirán mi preocupación de no crear un superávit presupuestario innecesario y entenderán que es necesario actuar con prudencia. Por supuesto, la autoridad presupuestaria está dispuesta a plantearse un presupuesto rectificativo con miras a modificar el nivel de pagos si esto resulta necesario durante 2006.

Como he mencionado anteriormente, creo que este acuerdo de compromiso representa un resultado justo y equilibrado para las tres instituciones: el Consejo, el Parlamento y la Comisión. No hay duda de que cada uno de nosotros podría desear mejoras, pero esa es la esencia del compromiso. Nadie está plenamente satisfecho, todos hemos realizado un sacrificio y hemos cambiado nuestras posiciones. Tanto el Consejo como el Parlamento tenían este año mandatos estrictos y no ha sido fácil encontrar un terreno común. Por tanto, les encomiendo esta solución y espero con interés su votación.

Ahora me gustaría abordar brevemente otros aspectos de la segunda lectura del Consejo, que puede que a sus Señorías les guste tener en cuenta. En la rúbrica 1: Agricultura, el Consejo ha anulado la reducción de 150 millones de euros de la primera lectura y aceptado a cambio la nota rectificativa 2 de la Comisión, que reduce el gasto de la subrúbrica 1 en 361 millones de euros en comparación con el anteproyecto de presupuesto.

En la rúbrica 2: Acciones Estructurales, el Consejo ha vuelto a restablecido su posición de primera lectura de rebajar 150 millones de euros con respecto al anteproyecto de presupuesto. Esto refleja la visión que tiene el Consejo de las perspectivas del índice de ejecución y se basa en pasadas experiencias con los déficit de ejecución, incluido el presupuesto rectificativo 8 para 2005.

En la rúbrica 3: Políticas Internas, el Consejo ha restablecido en buena medida su posición de primera lectura, pero introducido algunos cambios modestos en algunas líneas presupuestarias fundamentales, incluido un aumento en los pagos para líneas de investigación, lo que refleja la mayor insistencia que en Hampton Court se dio a Lisboa. De este modo, se confía a la Comisión la tarea de mejorar el grado de ejecución en este terreno. Esto permite aumentar un 16 % los pagos en investigación en comparación con 2005.

En la rúbrica 4: Acciones Exteriores, el Consejo ha restablecido su posición de primera lectura y también ha aceptado la nota rectificativa 1 de la Comisión relativa a la asistencia tradicional a los países firmantes del protocolo del azúcar, asignando recursos tomados de su margen de primera lectura.

En la rúbrica 5: Gasto Administrativo, el Consejo ha aceptado en parte la enmienda de primera lectura del Parlamento al presupuesto de la Comisión a la luz de las nuevas pruebas relativas al porcentaje de vacantes. También aceptó la propuesta de reducir 20 millones de euros del presupuesto del Parlamento. Por otro lado, ha restablecido su posición de primera lectura recordando la necesidad de ahorrar costes operativos en materia de cooperación interinstitucional y economías de escala.

Por último, en la rúbrica 7: Estrategia de preadhesión, el Consejo ha restablecido su posición de primera lectura.

Por supuesto, el Parlamento tendrá que introducir algunos cambios en la posición en segunda lectura del Consejo para poner en práctica nuestro acuerdo sobre pagos, cantidades adoptadas por codecisión y movilización del instrumento de flexibilidad. Espero realmente que el Parlamento tenga en cuenta la posición del Consejo, especialmente en lo que se refiere a los compromisos en las rúbricas 2 y 4, donde existen claras oportunidades de ahorrar y de garantizar que haya un margen para los imprevistos durante 2006.

A modo de conclusión, el acuerdo alcanzado el 30 de noviembre aporta una financiación suficiente de las distintas prioridades de la Unión Europea. En general, respeta los importantes principios de disciplina presupuestaria y sana gestión financiera, cuya custodia comparten el Consejo y el Parlamento. Se merece la confianza de los ciudadanos de la Unión Europea y contribuirá a recuperar su confianza en la Unión y sus instituciones.

Espero que sus Señorías me perdonen por no permanecer en la Cámara durante el debate de esta mañana, ya que tengo que regresar urgentemente a Londres. Sin embargo, intentaré quedarme para escuchar el mayor número posible de intervenciones, y no me cabe duda de que, como es costumbre, aportarán ideas valiosas y constructivas. Tengo intención de volver a Estrasburgo el jueves para la votación y la aprobación del presupuesto de las CE para 2006.

Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, señora Comisaria, me gustaría decir que ha sido un privilegio y un placer participar en este proceso –aunque no en todas las ocasiones– y que podemos estar muy orgullosos del acuerdo que intentaremos concluir a lo largo de esta semana.

(Aplausos)

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (LT) Después de haber superado con éxito este punto culminante del ciclo presupuestario, podemos decir que en las negociaciones sobre el presupuesto se ha impuesto un planteamiento constructivo, el realismo y la responsabilidad política. Gracias a un compromiso prudente e inevitable, hoy nos encontramos más cerca de nuestra meta, a saber, un presupuesto de la UE para 2006 que pueda desempeñar un papel determinante, no solo en lo referente a las posibilidades financieras del año próximo, sino para dar forma al futuro financiero de Europa. La aprobación del presupuesto puede transmitir, y espero que lo haga, un mensaje de importancia vital para la Unión Europea en el sentido de que sus instituciones siguen funcionando y pueden hacerlo de forma constructiva, para hacer decisiones importantes de forma conjunta y para alcanzar resultados positivos. Considero que los resultados de las negociaciones relativas al presupuesto comunitario para 2006 constituyen un éxito excelente.

(EN) Señor Presidente, en lo que respecta al resultado positivo de las negociaciones para 2006, me gustaría decir que, en general, se ha logrado un buen resultado y el Parlamento debe estar satisfecho y orgulloso por ello. Me gustaría dar las gracias al señor Pitella, al señor Lewandowski –el presidente de la Comisión de Presupuestos– y a todos los ponentes que han participado en este proceso.

Desde el principio, la Comisión respaldó firmemente la interpretación del Parlamento del instrumento de flexibilidad que el Consejo, tras duras negociaciones, ha aceptado. A pesar de la negativa del Consejo a superar los 200 millones de euros, ahora, con el resultado final, se han logrado 275 millones en el marco del instrumento de flexibilidad, lo que deja suficiente margen de maniobra en la rúbrica 4.

Pasando a los programas de codecisión, se han conseguido 100 millones de euros para seis programas, lo que es un logro importante. Desde el primer momento, esta estrategia recibió el apoyo de la Comisión en el proceso de negociación, y ahora que se ha llegado a un acuerdo entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria, la Comisión hará todo lo que esté en su mano para implementar las nuevas cantidades.

También me gustaría dar las gracias al Parlamento, en particular al señor Pittella, por tener en cuenta tantos aspectos de la nota de ejecutabilidad de la Comisión en relación con las enmiendas de la primera lectura.

Ahora me gustaría abordar el nivel de créditos de pago. Es importante que los créditos de pago del presupuesto puedan cubrir los gastos entrantes y asegurar que los beneficiarios reciban los pagos que esperan. El nivel de créditos de pago acordado para 2006 viene acompañado de la declaración acordada, de modo que si resulta necesario, y sobre la base de los datos más actualizados, esto permita disponer lo antes posible de los créditos adicionales necesarios. A fin de facilitar el acuerdo entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria, la Comisión ha propuesto la nota rectificativa 3, que técnicamente está bien fundamentada, pero la Comisión vigilará de cerca la ejecución del presupuesto para 2006 y no dudará a la hora de utilizar las herramientas presupuestarias de que disponemos si es preciso reforzar determinados aspectos. En el primer caso, los créditos pueden transferirse, y, en particular, podemos recurrir a las disposiciones de la declaración acordada en el diálogo a tres bandas, si resulta necesario un presupuesto rectificativo.

Por último, me gustaría señalar que el total de créditos de pago que se plantea representa un aumento de casi el 6 % en comparación con el presupuesto de 2005. El presupuesto acordado es óptimo y justo y es necesario para Europa. Deseo al Parlamento un debate constructivo y una votación positiva el jueves.

(Aplausos)

  Laima Liucija Andrikienė, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (LT) Me alegro de que se haya llegado a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2006. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han tenido que hacer concesiones importantes, por lo que ahora podemos esperar que el presupuesto de la Unión Europea para 2006 sea aprobado el 15 de diciembre. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en el Parlamento Europeo, del que formo parte, debe sentirse satisfecho de los resultados de este acuerdo, ya que hemos alcanzado nuestros principales objetivos. En 2006 aumentarán los créditos para los programas de codecisión, como los de investigación científica, SOCRATES, LIFE, los programas para las pequeñas y medianas empresas, los programas para la juventud y las organizaciones culturales europeas. El crecimiento, la competitividad y el apoyo a las PYME siempre han sido y seguirán siendo ámbitos prioritarios para el Partido Popular Europeo. Es sumamente importante que hayamos llegado a un acuerdo para utilizar el instrumento de flexibilidad para la política exterior y para nuevas necesidades, al destinar 275 millones de euros para Irak, a las tareas de reconstrucción en los países afectados por el tsunami y a las consecuencias de la reforma del azúcar en los países ACP, de los cuales 40 millones de euros irán a parar a la Política Exterior y de Seguridad Común.

La cuantía de los créditos para 2006 era un tema de negociación muy importante para el Parlamento Europeo, y el acuerdo en torno a un importe de 111 969 millones de euros, es decir, un 1,01 % de la RNB, se sitúa dentro de los límites de las perspectivas financieras y, por lo tanto, debe considerarse un resultado positivo de las negociaciones. Aunque el Parlamento Europeo votó, en primera lectura, a favor de créditos sumamente más elevados, el compromiso alcanzado con el Consejo para 2006 ofrece una buena base para llegar a un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras, así como para las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para 2007. Quiero felicitar a mi colega y ponente principal, el señor Pittella, al Presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Lewandowski, a la Comisaria y al Consejo por haber alcanzado este sólido acuerdo.

  Catherine Guy-Quint, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias hoy a todos los que han participado en nuestro trabajo, en primer lugar a nuestros ponentes generales, el señor Pittella y el señor Dombrovskis, pero también al señor Böge y al señor Garriga, así como a toda la Comisión de Presupuestos, encabezada por el señor Lewandowski. Tampoco quiero olvidar a nuestros administradores y asistentes.

De hecho, llegamos hoy a un presupuesto inferior al que esperábamos, pero elaborado con absoluta legalidad y que respeta las perspectivas financieras actuales, a saber, el 1,09 % en créditos de compromiso. Esto es importante y supera los resultados obtenidos el año pasado. Además, podemos utilizar el instrumento de flexibilidad para respetar las promesas hechas por el Consejo. No obstante, deberemos recordar los problemas que hemos tenido para conseguir esta posibilidad cuando emprendamos las próximas negociaciones. Es más, se han respetado todos los márgenes. En resumen, llegamos a un presupuesto modesto y razonable, que no mermará los ingresos aportados por los Estados miembros. El presupuesto respeta las prioridades que hemos definido y, gracias a las diversas políticas aprobadas en régimen de codecisión, nos permite, sobre todo, anticipar la Estrategia de Lisboa y mantener lo esencial de la ayuda exterior, la ayuda que concedemos a los países más pobres y que apreciamos mucho.

Pero quisiera abordar algunos puntos que consideramos especialmente importantes en relación con la ejecución del presupuesto. Hoy, el presupuesto que presentamos tiene un sentido político. No obstante, corresponde a la Comisión hacer que ese sentido político se mantenga con la ejecución del presupuesto. Es evidente que deberíamos evitar que haya excedentes el año próximo. En efecto, si las rúbricas presupuestarias siguen sin ejecutarse, el comprimiso del Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria, probablemente se debilitará.

Señora Comisaria, no queremos ver más devoluciones de 2 000 millones de euros de cualquier Fondo. Hay que hacer todo lo necesario, les hemos dotado de los medios para ello. Si encuentran ustedes dificultades, hágannoslo saber oportunamente.

Por último, quisiera decir al Consejo que es cierto que disponemos hoy de un presupuesto 2006 correcto, acordado en medio de un sinfín de problemas. Estamos en esta situación porque las promesas hechas por el Consejo a menudo no están respaldadas por fondos y porque usted se comprometió, hace más de dos años, a poner en práctica un sistema de información sobre la política de seguridad. Somos una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria y consideramos vergonzoso que las instituciones europeas, y en particular el Consejo, parezcan ignorarlo. La Comisión de Presupuestos aprobó la sabiduría del Consejo tratando de tomar opciones políticas enérgicas para este presupuesto de 2006. Albergaremos la misma preocupación con respecto a las próximas perspectivas financieras. Hoy tenemos solo la propuesta jurídica: la votación del 8 de junio, ampliamente aprobada por nuestro Parlamento.

Desde entonces estamos esperando una propuesta genuina del Consejo. Cuando esta nos llegue, estaremos dispuestos: dispuestos a trabajar y negociar a la vista de nuestros años de experiencia compartidos. La Comisión de Presupuestos trabajará por un presupuesto al servicio de los ciudadanos. Adoptará un enfoque análogo en las negociaciones de las perspectivas financieras y el Parlamento la apoyará a fin de dotar a la Unión Europea de un marco presupuestario que permita financiar las actividades en que tiene que intervenir con vistas a desarrollar empleos de calidad y preservar el medio ambiente. Queremos que esto se lleve a cabo en el marco de una solidaridad real entre los países europeos, pero también con las gentes más pobres.

Por lo que respecta al presupuesto de 2006, el Parlamento rechaza el enfoque intergubernamental para las perspectivas financieras. El Parlamento quiere representar a los europeos. Quiere que estemos unidos en la diversidad.

  Anne E. Jensen, en nombre del Grupo ALDE. – (DA) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Lewis, quiero comenzar mi intervención dando las gracias a los ponentes, encabezados por el señor Pittella, por el constructivo resultado que hemos logrado tras las negociaciones. Me parece positivo que hayamos podido llegar a una conclusión en lo referente al presupuesto para 2006, a pesar de que no se hayan dilucidado las perspectivas financieras para el período 2007-2013. Esto pone de manifiesto que, a pesar de todo, las posiciones del Consejo y del Parlamento sobre el presupuesto para 2006 no estaban tan alejadas, a pesar de que las negociaciones fueron sumamente duras. Así pues, mi Grupo no desea apoyar la propuesta de rechazar el presupuesto para 2006 en señal de protesta por las propuestas de la Presidencia británica sobre las perspectivas financieras. Nosotros también estamos enfadados por que la Presidencia británica haya propuesto recortar la ayuda a los países más pobres de la UE a fin de dar más a los países ricos, pero ese es un debate que volveremos a abordar más adelante.

El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa se muestra especialmente complacido por que se hayan incrementado los créditos para los programas de investigación y desarrollo; además, por encima de lo acordado anteriormente. Nos complace haber obtenido más recursos del instrumento de flexibilidad a fin de poder financiar la reconstrucción de los daños causados por el tsunami, junto con la reconstrucción de Irak. En cuanto a la cuantía de los créditos de pago para 2006, que de hecho se han mantenido al 1,01 % de la renta interior bruta, será de hecho su cuantía efectiva en 2006 la que determine el presupuesto en los próximos años, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre las perspectivas financieras. Desde luego, este es un aspecto que podemos aceptar sin dificultades. En ese caso, aprobaríamos los presupuestos anuales con el Tratado como único marco, y veríamos cómo transcurren las cosas. Mi Grupo desea un acuerdo sobre las perspectivas financieras, pero no a cualquier precio.

  Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Lewis, señora Comisaria Grybauskaitë, Señorías, nosotros también consideramos que hemos logrado un compromiso aceptable y creíble. Nuestra meta era observar disciplina en el gasto y, al mismo tiempo, mostrar nuestra capacidad para elaborar políticas, y creo que hemos logrado hacerlo. Conceder al instrumento de flexibilidad 275 millones de euros nos ha permitido ayudar a las víctimas del tsunami para reconstruir sus países, promover la reconstrucción de Irak y también reforzar la nueva organización del mercado del azúcar.

Me complace igualmente que hayamos podido hacer más por los jóvenes y la educación, a través de nuestra codecisión sobre estos programas, ya que así demostramos nuestra capacidad de elaborar políticas. Nuestra estrategia de abandono del petróleo en favor de más energías renovables, para promover la investigación, las pequeñas y medianas empresas y la cultura, pretende llegar a la gente donde esta se encuentra, llegar a su corazón y no solo a su cabeza. De ahí que me alegre de que nuestras negociaciones hayan dado este resultado. El hecho de que los créditos de compromiso del presupuesto para 2006 se eleven al 1,09 % nos ofrece una base adecuada para las próximas perspectivas financieras, e implica que iremos más allá de las cifras que la Presidencia luxemburguesa propuso este verano.

Sin embargo, quiero recordar a esta Cámara que nos esperan negociaciones difíciles en el Consejo sobre las perspectivas financieras. Hago un llamamiento urgente, no solo para que sigamos luchando por una Europa única con la misma determinación que en el presupuesto para 2006, sino para que el Consejo tenga en cuenta que lo que está en juego es nuestra Europa común y su desarrollo continuado. Lo importante es que cualquier acuerdo tenga en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros y la adaptación de Europa al futuro mediante nuevos productos ecológicos en el mercado mundial para dar esperanza a los jóvenes y a nosotros.

Las negociaciones que están a punto de comenzar no deben caracterizarse por el repelente regateo que tanto repugna a la gente, sino que todas las partes deben considerar que negocian por la Europa que compartimos en un espíritu europeo. Por eso pido a Francia, al Reino Unido, a Alemania, a Suecia y a los Países Bajos que cedan un poco y lleguen a un verdadero acuerdo que permita un futuro mejor para todos nosotros y no arruine la imagen de Europa.

  Esko Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FI) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Parlamento y el Consejo han llegado a una solución de conciliación en lo referente al presupuesto para el año próximo. Este acuerdo se alcanzó justo antes de las negociaciones que se celebrarán mañana y las directrices para los presupuestos del período 2007-2013 que se presentarán pasado mañana. Ninguna de las partes de las negociaciones presupuestarias quería correr el riesgo de que estas conversaciones se fueran a pique a causa del presupuesto para 2006.

Probablemente muy pocos miembros de esta Cámara, aparte de los representantes del Reino Unido, desean, en el marco de estas negociaciones, que se mantenga el cheque británico en años venideros. No existen argumentos que lo justifiquen.

El presupuesto del año seguirá las directrices que ha establecido el Consejo. El límite del 1 % de los créditos de pago se alcanzará mediante una aproximación desde arriba, sin que el Parlamento pueda defender su propio territorio. La posibilidad misma de que el presupuesto no se adopte de forma armoniosa, como se contempla en el artículo 272 del Tratado, ha permitido que el Parlamento pueda utilizar más créditos de pago de los acordados en la propuesta de las partes negociadoras.

En primera lectura, el Parlamento infló el globo más grande al aumentar los pagos de los Fondos Estructurales en más de 3.000 millones de euros. El Consejo reventó esta burbuja en el procedimiento de conciliación sin negociaciones especiales y sin que el Parlamento mantuviera su posición. Resulta extraño que la Comisión no se haya sentido obligada a defender su propuesta original, sino que se haya alineado con el Consejo. Este Parlamento lo recordará si los Fondos Estructurales no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus pagos.

Con arreglo a la Constitución de la UE, la Unión se militarizará a un grado increíble, a pesar de que la Constitución de la UE no existe aún ni existirá en la forma en que fue rechazada por los pueblos de Francia y los Países Bajos. De este modo, la UE aumentará sus competencias, a pesar de que los Estados miembros no se las hayan concedido legalmente. Nuestro Grupo tiene una opinión muy crítica sobre el presupuesto del año próximo. Posiblemente algunas de sus Señorías estarán de acuerdo con la propuesta de rechazarlo. Queremos una Europa más social y menos militar.

  Dariusz Maciej Grabowski, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, señoras y señoras, quiero rendir homenaje al ponente, el señor Pittella, y al señor Lewandowski, Presidente de la Comisión de Presupuestos.

Señor Presidente, el presupuesto de 2006 deja mucho que desear y debería ser rechazado. Los miembros del Grupo Independencia/Democracia y de otros Grupos políticos han presentado una propuesta motivada con este fin, y pedimos a todos los miembros de esta Cámara que le den su apoyo.

Los hechos son los siguientes: en 2004, diez nuevos Estados miembros se adhirieron a la UE, lo que supuso un incremento del 20 % de la población de la UE. Un número cada vez mayor de estos Estados miembros necesitan ayuda, solidaridad y subvenciones debido a que no tienen un grado de desarrollo suficiente. Otros dos Estados miembros se adherirán a la Unión Europea en 2007, con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, y la población de la UE aumentará un 6 %.

La segunda observación que deseo hacer es que la tasa de crecimiento de la Unión Europea ha sido inferior al 2 % durante los últimos años, mientras que los Estados Unidos y el sudeste asiático crecen a mucha mayor velocidad. La competitividad de las empresas de la UE está en declive. No obstante, el presupuesto de 2006 no tiene en cuenta estos factores. El presupuesto aumentará en torno al 2 % una vez descontada la inflación, lo que significa que cada vez habrá menos dinero para cada ciudadano de la Unión. Más aún, no se ha modificado la estructura del gasto presupuestario a fin de ofrecer más dinero a los países y regiones más retrasados y a los sectores económicamente muy eficientes. El presupuesto mantiene los viejos mecanismos y otorga recompensas a sectores económicos que son costosos e ineficientes. Un presupuesto como este hará que los países más atrasados se conviertan en contribuyentes netos.

Además, existen motivos específicos para rechazar el presupuesto para 2006, pues está siendo utilizado como amenaza para obligar a los países menos avanzados a aceptar la propuesta británica para reducir las perspectivas financieras para el período 2007-2013. Si no adoptan estas perspectivas financieras, corren el riesgo de tener que aceptar un presupuesto anual interino basado en las cifras correspondientes a 2006, lo que implicaría menos fondos aún.

Si el presupuesto para 2006 anuncia lo que serán las perspectivas financieras 2007-2013, también debemos rechazarlo, ya que el Parlamento propuso un gasto de alrededor de un billón de euros para este período, mientras que la propuesta actual menciona una cifra de alrededor de 850 000 millones de euros. En vista de que la diferencia es de esta magnitud, resulta difícil creer que los miembros de esta Cámara no puedan ver que la opinión del Parlamento vale muy poco y está siendo despreciada, o que se concede prioridad a los intereses de algunos países sobre el interés común.

Creo que hablo en nombre de todas sus Señorías que proponen que se rechace este presupuesto, cuando digo que las declaraciones y consignas de los dirigentes de la UE y las políticas que aplican en realidad se contradicen de manera fundamental. De hecho, sus políticas son tan solo una expresión del egoísmo de los ricos.

  Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, intervengo en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones.

Nuestro Grupo va a votar a favor del acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento sobre el presupuesto 2006, aun cuando dista mucho de ser satisfactorio. Nos resulta difícil aceptar que el nivel de pagos haya quedado fijado en el 1,01 % de la RNB. El compromiso que se ha logrado sobre este tema no es ni más ni menos que una rendición ante el Consejo. Este último recorta el gasto de la UE con una tenacidad digna de mejor causa, y al hacerlo está transgrediendo los principios de solidaridad y cohesión a fin de favorecer los intereses locales de los contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Las concesiones hechas por el Consejo en cuanto al instrumento de flexibilidad y los programas aprobados de acuerdo con el procedimiento de codecisión no compensan de forma alguna esta tendencia a introducir recortes.

La posición de la Comisaria Grybauskaitė ha supuesto una decepción para nosotros. Durante el procedimiento de conciliación ni siquiera se ha mantenido fiel a la posición anterior de la Comisión sobre el nivel presupuestario. Este último se halla ahora alarmantemente próximo al 1 %, o en otras palabras, al umbral simbólico, y de hecho real, por debajo del cual no es posible garantizar la consecución de los objetivos básicos de la UE. Todo ello resulta tanto más alarmante por cuanto que el presupuesto general de 2006 puede convertirse en un punto de referencia para las perspectivas financieras 2007-2013, cuya elaboración entraña una enorme dificultad. El riesgo de que eso ocurra incrementa la probabilidad de que las negociaciones sobre las perspectivas financieras terminen en fracaso, lo que significaría que el presupuesto general de 2006 serviría de base para los futuros presupuestos anuales. Así pues, las políticas de solidaridad y de cohesión podrían verse afectadas por culpa del resultado de la posición del Consejo durante muchos años. Hemos de cuestionarnos si este es el tipo de UE que queremos.

Señorías, se ha aprobado la propuesta más inadecuada de todas las presentadas. Hemos de ser conscientes de que un presupuesto reducido no puede ser un presupuesto bueno. Estoy de acuerdo en que un presupuesto generoso no tiene necesariamente que ser un presupuesto bueno, pero resulta imposible que uno cicatero lo sea. Esta Cámara ha escuchado comentarios del tipo «el presupuesto que tenemos delante es reducido, pero bueno». Sin embargo, no existe consenso acerca de que eso sea así, lo mismo que no hay acuerdo acerca de un presupuesto que va a ignorar las necesidades de los países, en especial de los nuevos Estados miembros. La solidaridad constituye una preocupación básica para estos últimos.

Señorías, determinados incidentes provocan que muchos ciudadanos de la UE pierdan su entusiasmo por las políticas comunitarias y su fe en la idea trascendental que representa la Unión Europea. Un ejemplo de tales incidentes es la posición adoptada recientemente por el señor Schröder, el anterior Canciller alemán, en lo que se refiere a la construcción del gasoducto a través del Mar Báltico. Existe una enorme controversia sobre esta conducción de gas en muchos de los nuevos Estados miembros de la UE y se le ha dado mucha publicidad negativa en estos países. De hecho, la publicidad no solo ha sido negativa en los nuevos Estados miembros, pues tengo delante de mí una serie de periódicos alemanes que se han pronunciado de forma tremendamente crítica respecto de las decisiones del ex Canciller. Si lo que ahora se pretende es decir a los nuevos Estados miembros de la UE que no va a haber suficiente dinero para que ellos alcancen sus objetivos fundamentales, aun cuando la finalidad de dichos objetivos consista en promover lo que podría denominarse un impulso natural de la Comunidad Europea, y si tales incidentes, que echan por tierra la reputación de los principales dirigentes de la UE, van acompañados de recortes a las subvenciones para los nuevos Estados miembros de la UE, hemos de ser conscientes de que este impulso de la Comunidad Europea, al que también se le conoce por el nombre de solidaridad, saldrá debilitado, en vez de fortalecido.

Señorías, este es un presupuesto deficiente. No lo digo únicamente porque sea reducido. Como he explicado anteriormente, se trata de un deficiente porque tiene implicaciones de cara al futuro y va a destruir la tendencia y el impulso natural de la Comunidad Europea, que debería ser la preocupación principal de cada uno de nosotros

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Las cifras del presupuesto general de 2006 propuestas por el Parlamento constituyen un mensaje claro si se analizan de forma desapasionada. Los compromisos, o gastos en potencia, sobrepasan el 9 % del Producto Nacional Bruto. Eso es un buen trampolín para las negociaciones de las perspectivas financieras a largo plazo. Los pagos han aumentado casi un 6 % en comparación con 2005, lo que representa un aumento notablemente más grande de recursos presupuestarios que en muchos Estados miembros de la Unión Europea. A la vista del hecho de que la tasa esperada de inflación y de crecimiento económico en la Unión Europea durante 2006 es de un 2 %, es vidente que el presupuesto propuesto también resulta razonable desde el punto de vista macroeconómico. El problema que continúa acuciándonos es que la diferencia entre los compromisos y los pagos es demasiado grande. Este diferencial se aproxima nuevamente a los 10 000 millones de euros, lo cual va en detrimento de la flexibilidad y la eficacia del instrumento presupuestario de la UE. Así pues, sigo considerando vital resolver los temas que afectan a la utilización eficaz de los recursos presupuestarios, que se flexibilicen más los mecanismos para acceder a los recursos financieros en los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como que se reduzca drásticamente el holgado «colchón» entre los recursos disponibles y los que realmente se utilizan.

Quiero terminar expresando mi reconocimiento a la labor de mis colegas diputados y a los ponentes de la Comisión de Presupuestos. Los resultados de su trabajo constituyen un motivo de esperanza para el planteamiento presupuestario a largo plazo.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

  Janusz Lewandowski (PPE-DE).  – (PL) Señor Presidente, el segundo presupuesto de la Unión Europea ampliada está en vías de convertirse en realidad. El amplio consenso alcanzado en el seno del Parlamento significa que la votación final no debería depararnos ninguna sorpresa, así que voy a comenzar por expresar algunos agradecimientos, pues de lo contrario se me va a agotar el tiempo. Quiero dar las gracias a los ponentes, señor Pittella, señor Dombrovskis, señor Böge y señor Garriga Polledo, a los coordinadores de los Grupos políticos y a nuestra Secretaría, dirigida por la señora Fialho.

Nuestros socios en esta tarea, es decir, el señor Lewis y la Comisaria Grybauskaitė, saben bien que el presupuesto de este año constituía todo un reto y que las tensiones han sido notables durante las negociaciones. Pero eso no afecta al respeto mutuo que se profesan los participantes en este triángulo institucional de la UE. El Parlamento debía cumplir su misión y los compromisos que había contraído al ser elegido y así lo ha hecho. Así lo ha puesto de manifiesto en su empeño por defender sus prioridades en las políticas interiores y exteriores, lo que no ha resultado una tarea nada sencilla en el último ejercicio de unas perspectivas financieras. Estoy encantado de que hayamos logrado encontrar subvenciones adicionales para seis de los programas aprobados en procedimiento de codecisión. También ha sido necesario movilizar el instrumento de flexibilidad e incluso sobrepasar su techo anual. Todas estas decisiones se han adoptado conforme al acuerdo interinstitucional, lo cual constituye una prueba del valor de este último.

Estoy seguro de que va a transcurrir mucho tiempo antes de que olvidemos el espíritu de equipo demostrado por los miembros de la delegación del Parlamento durante estas exasperantes negociaciones. Ha sido un ejemplo de auténtica unidad en la diversidad y una buena señal de cara al futuro. Pero nuestra alegría por contar con un presupuesto anual adecuado para 2006 se ve atemperada por la incertidumbre que rodea a las perspectivas financieras plurianuales. No me estoy refiriendo a la incertidumbre por nuestra parte, ya que hemos adoptado una posición y ahora estamos a la espera de acontecimientos. Solo me cabe esperar que esta semana veamos por fin signos de que la Unión Europea está superando la crisis en la que se encuentra sumida, al alcanzar un acuerdo sobre el tema más acuciante de todos, a saber, el dinero. Espero asimismo que el acuerdo no sea de los que deja a los países más pobres contra las cuerdas, ya que todos somos conscientes de que estos países necesitan ser capaces de planificar a futuro con el fin de ejecutar políticas regionales sensatas.

  Louis Grech (PSE). – (EN) Señor Presidente, nuestros ponentes sobre el presupuesto nos han presentado un presupuesto práctico que aborda las realidades política y social de la Unión. En gran medida recoge las prioridades recomendadas por nuestro Grupo para 2006, a saber: creación de una estrategia de información eficaz; prestación de un servicio eficiente para diputados y visitantes; continuación de la compra de terrenos y edificios en condiciones adecuadas; racionalización de la política de recursos humanos y mejora de la elaboración del presupuesto por actividades, más centrada en las tareas básicas; examen exhaustivo de cualquier forma de gasto; mejor uso de nuestros recursos, reduciendo los gastos indebidos y otras malas prácticas inherentes y añadiendo así un valor real a nuestra labor.

La conclusión efectiva de un presupuesto muy bien estructurado es, si cabe, más relevante, dado el posible resultado de las perspectivas financieras para el periodo de 2007 a 2013. En el proceso de conciliación presupuestaria, el equipo negociador del Parlamento siguió un largo camino hasta encontrar una fórmula viable y equilibrada. Del mismo modo, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para llegar a un acuerdo sobre las perspectivas financieras, pero como ha dicho la señora Jensen, no a cualquier precio.

No deberíamos aceptar unas perspectivas financieras que dificulten, cuando no hagan imposible, cumplir de forma realista nuestras promesas y nuestros compromisos y objetivos. No podemos y no debemos defender de boquilla henchidos ideales como el crecimiento, el empleo, la investigación, la solidaridad social y la ampliación y, al mismo tiempo, no aportar los fondos necesarios para conseguirlos.

Si fallamos a nuestros ciudadanos a este respecto, la apatía y su percepción de la barrera que existe entre las instituciones europeas y los ciudadanos ordinarios se hará mucho más grande. En otras palabras, si lo que decimos va en serio, deberíamos acompañar nuestras palabras con dinero.

  Jan Mulder (ALDE). – (NL) Señor Presidente, quiero también comenzar dando las gracias a los ponentes por todo el trabajo que han realizado. Creo que lo que hemos logrado, a saber, créditos de pago que representan el 1,01 % de la Renta Nacional Bruta, es particularmente significativo a la luz de las negociaciones sobre las perspectivas financieras. Es más alto de lo que Luxemburgo había ofrecido cuando ocupaba la Presidencia y es, si no estoy equivocado, también más alto de lo que actualmente está ofreciendo la Presidencia británica. Estoy de acuerdo con todos los que han afirmado que el logro más importante del Parlamento ha sido el mayor alcance de los programas relacionados con los jóvenes. Hemos recibido más fondos dentro del contexto del instrumento de flexibilidad, que es asimismo uno de los criterios importantes del Parlamento para subsiguientes perspectivas financieras.

Permítanme referirme a la Política Exterior y de Seguridad Común, durante cuyas negociaciones ha ocurrido una cosa extraña. El Consejo ha querido darnos una lección recortando el gasto presupuestario, pero prácticamente cada hora iban aumentando los créditos para este ámbito político. Eso lo considero una política presupuestaria especialmente nefasta por parte del Consejo en este campo, habiéndose traducido en unas cantidades notablemente mayores que las propuestas inicialmente en primera lectura.

Una explicación posible que podría ofrecer es el hecho de que ahora estamos, por tercera vez, cerrando un acuerdo con el Consejo acerca del control democrático sobre el gasto de los fondos para la PESC. El Consejo hizo caso omiso del acuerdo en las dos primeras ocasiones. Esperemos que a la tercera vaya la vencida.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, es evidente que la buena política, la que beneficia a la población europea, resulta cuando el Parlamento Europeo tiene poderes de codecisión y que la dificultades aparecen cuando el Consejo antepone los intereses nacionales. Del debate actual se desprende igualmente que esta Cámara ha tenido más visión de futuro con respecto a la Política Agrícola Común europea y la puesta en marcha de la reducción de las subvenciones a la exportación. En Cancún fue por orden del Parlamento Europeo que el señor Fischler y el señor Lamy propusieron que se suspendieran de inmediato estas subvenciones a la exportación. Hemos utilizado también el presupuesto y la codecisión para fomentar el desarrollo rural y para cualificar la política agrícola. Algunos Gobiernos –y en concreto el británico, que ahora propone recortes– deberían tomar buena nota del hecho de que esta rebaja anulará la cualificación de la Cámara, en parte por medio de la política presupuestaria, en este ámbito, y que frenará una política agrícola moderna fundada sobre el desarrollo rural, que irá sobre todo en detrimento de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) En términos generales, no existe ningún inconveniente en comparar el techo de 2006, y las prioridades presupuestarias de la Comunidad, fijado en aproximadamente el 1,01 % de la RNB comunitaria, con la cifra de 2005, o con las propuestas efectuadas por las Presidencias luxemburguesa y británica para el marco financiero 2007-2013. Pero no olvidemos que el marco financiero para 2000-2006 preveía un 1,08 % de la RNB para el año siguiente, que la propuesta del Parlamento para las perspectivas financieras 2007-2013 prevé el 1,0 % y que la Comisión está planteando algo así como el 1,14 %.

En los últimos años se ha producido una reducción en términos reales del presupuesto de la Comunidad, que algunos pretenden fijar en torno al 1 %. Eso significaría que los Fondos estructurales representarían entre el 0,36 % y el 0,37 % de la RNB comunitaria, lo que favorecería a los países económicamente más desarrollados en la UE.

Una vez más se va imponiendo una lógica que extrañamente juzga cualquier concesión como una victoria, en referencia a las propuestas cada vez más negativas.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, todos los años, por estas fechas, vivimos un período de despilfarro sin precedentes en la Unión Europea. Me estoy refiriendo a los excedentes, que nos brindan un pequeño anticipo de lo que –por desgracia– podemos esperar a mayor escala posteriormente.

La Comisión de Presupuestos sometió ayer a debate algo cuya presencia en el orden del día fue motivo de desconcierto, a saber, la adquisición, por importe de 3 millones de euros, de un edificio para el Parlamento Europeo en La Valetta; es preciso señalar que la intención es arrendárselo a la Comisión. Los cinco diputados malteses al Parlamento Europeo se oponen a esta idea, sosteniendo que se encuentra demasiado alejado y que no cuenta con un acceso fácil, y que son partidarios de continuar en régimen de alquiler dada la ventajosa renta actual. No obstante, se ven obligados a aceptarlo, ya que existe un excedente y hay que gastarlo. Así que, señor Presidente, llega uno de sus colegas, el Vicepresidente Onesta, y afirma que «se trata de una buena inversión inmobiliaria, y les prometo que, dentro de tres años, si encontramos algo mejor, podremos vender el edificio obteniendo un beneficio y trasladarnos a otro lugar».

Nosotros nos vemos obligados a aceptar estos actos de favor y el Parlamento Europeo se convierte en especulador inmobiliario por el mero hecho de tener demasiado dinero, y luego la gente se pregunta por qué en Malta la gente se cuestiona para qué sirve esto, qué clase de despilfarro es este, a qué se debe este tipo de actuación. Acabemos con tales prácticas y elaboremos un presupuesto sensato, cosa que el proyecto que tenemos delante no garantiza, y entonces yo me contaré por supuesto entre quienes votan a favor del mismo.

  El Presidente. – Quiero aclarar simplemente una cuestión con respecto a lo que ha dicho sobre el señor Onesta, porque también yo soy miembro de la Mesa. El Parlamento Europeo no es, evidentemente, un especulador inmobiliario, pero se esfuerza por ser un buen gestor del dinero que se le confía. Por tanto, el deseo de gastar en unas condiciones adecuadas debería contar, a mi entender, con la aprobación de un hombre tan apegado al rigor presupuestario como usted.

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, de nuevo nos encontramos en esta Cámara abrazándonos todos y felicitándonos mutuamente por este presupuesto. Pero mientras continúa la celebración, he de formular una crítica importante, sobre todo al hecho de que la segunda lectura en comisión se realizó sin documentos, de forma que las resoluciones se aprobaron oralmente, y que los recortes y la redistribución de los fondos ni tuvieron ni tienen justificación. Me sorprende bastante ver que, en el ámbito de la política exterior, las organizaciones no gubernamentales y los programas para la democracia han salido muy bien parados, de hecho mucho mejor que nunca, mientras que los recortes han estado en el orden del día en casi todas las demás instancias.

Si bien soy partidaria de los recortes, la Comisión –en las negociaciones con el Consejo y en la Comisión de Presupuestos– ha propuesto practicarlos, en una cuantía superior a los 150 millones de euros, en relación con los pagos efectuados con cargo a los Fondos Estructurales, dejando 70 millones de euros. Lo ha justificado alegando una supuesta falta de oportunidades para la ejecución en los países afectados. Contemplando el programa de recortes, me pregunto a qué se debe que la Comisión y la Comisaria no hayan tenido el valor de hacer lo que era correcto y oportuno. Los actuales recortes en los ámbitos de la política interior y exterior perjudican en mayor grado a aquellas zonas en las que el dinero podría realmente haber resultado beneficioso, y eso me merece de verdad un juicio muy crítico. Vamos a vigilar con atención si el dinero que queda en los Fondos Estructurales se gaste realmente. Lo que encuentro lamentable de este tipo de cosas es que constituye una prueba más de nuestra incapacidad para confiar en quienes administran los fondos, y por eso solicito, con carácter urgente, que no vuelva a repetirse, o de lo contrario asistiremos a la apertura de una enorme sima entre lo antiguo y lo nuevo, entre los países que contribuyen y los que reciben, y eso es precisamente lo que no podemos permitirnos de cara a las perspectivas financieras y los inminentes debates sobre las mismas.

  Neena Gill (PSE). – (EN) Señor Presidente, me gustaría felicitar a todos los que han trabajado arduamente para poner en marcha el presupuesto de 2006, especialmente a nuestro ponente, el señor Pittella. Hay tres puntos sobre los que me gustaría que la Comisión y el Consejo reflexionaran.

En primer lugar, cada año tenemos una lucha similar para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE. Es una tarea cada vez más compleja debido al creciente número de exigencias excepcionales a que tiene que responder la UE, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas. Al mismo tiempo, la prioridades tradicionales siguen absorbiendo tantos gastos como antes. No creo, por tanto, que deba ser motivo de preocupación el hecho de que el presupuesto requiera un debate acalorado y prolongado para llegar a una solución de compromiso. Sin embargo, debería preocuparnos que, después de dedicar tiempo, dinero y esfuerzos a debatir, negociar y acordar el presupuesto, no logremos utilizar los fondos. Esto es totalmente inaceptable y sé que muchos otros, incluido el señor Garriga Polledo, han señalado este punto. Me gustaría pedir a la Comisaria que asuma plena responsabilidad para mejorar la ejecución, no solo de los programas que la Comisión defiende, sino también en lo que respecta a la voluntad del Parlamento. Los fondos tan arduamente negociados deben tener una repercusión en la vida de los ciudadanos de la UE y son los pagos los que tienen el efecto más directo.

Mi segundo punto es que, en conjunto, tenemos que ser conscientes de nuestra imagen pública y de la importancia de demostrar los hábitos de trabajo de cooperación que mueven el proyecto europeo y que inspiran confianza en la Unión Europea. Está claro que hoy por hoy carecemos de ellos. Me gustaría que la Comisión tomara nota de que el Parlamento ha mejorado los recursos destinados a la política de comunicación. Ahora corresponde a los funcionarios de la Comisión ser más imaginativos. En esta época del mercado competitivo de los medios de comunicación, la necesidad de promocionar la UE y su visión y de enviar un mensaje claro, sencillo y convincente es absolutamente imperativa. Esto también es válido para el Parlamento. Los legados pasados de moda e incomprensibles como nuestros circos ambulantes no nos ayudan a ganar este juego.

En tercer lugar, un comentario sobre la rúbrica 4. Como presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional y la SAARC, estoy profundamente decepcionado por la reducción de las cantidades destinadas a Asia, incluso con la flexibilidad adicional. El Consejo tiene que pensar seriamente sobre esta rúbrica inoperante. Nuestras reacciones ante las grandes catástrofes son instintivas. Tenemos compromisos con los fondos mundiales para la salud de los ODM. Sin embargo, no contamos con recursos suficientes. Esto debería ser una prioridad para la Presidencia del Consejo.

  Kyösti Tapio Virrankoski (ALDE). – (FI) Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Pittella y al señor Dombrovskis, ponentes del presupuesto, por su excelente proyecto presupuestario, así como al señor Lewandowski, Presidente de la Comisión de Presupuestos, por su papel conciliador en calidad de director de las negociaciones.

El proyecto de presupuesto que tenemos delante pretende mejorar el empleo en Europa. En consecuencia, deben iniciarse ciertos programas plurianuales, gracias a la iniciativa del Parlamento. Esto es especialmente válido para el programa marco de investigación y los programas de formación. De esa forma, el Parlamento está mostrando la dirección en que debe desarrollarse la labor de la UE.

Este presupuesto es el último de las vigentes perspectivas financieras. El nuevo marco financiero debe impulsar el espíritu emprendedor europeo y, por tanto, el empleo. En todo ello desempeñarán un papel clave la investigación y el desarrollo, así como la formación y el fomento de la cohesión.

Pero, por desgracia, hasta los planes mejor trazados pueden incurrir en problemas. La propuesta en Luxemburgo en el mes de junio reducía drásticamente los créditos destinados a mejorar la competitividad en 60 000 millones de euros. Aunque el Primer Ministro Blair prometió mejoras, la propuesta de Gran Bretaña es peor aún. No ha habido ningún tipo de aumento de los créditos para investigación y desarrollo. Se han recortado otros 12 000 millones de euros de los Fondos estructurales, sobre la reducción de los 29 000 millones de euros practicada por Luxemburgo. Sobre el desarrollo rural, que es un elemento importante dentro de la reforma agrícola, pende la amenaza de un colapso total. En Luxemburgo se recortaron 14 000 millones de euros del marco financiero y ahora Gran Bretaña suprime otros 8 000 millones de euros.

El presupuesto debe apuntar hacia el futuro y apoyar actuaciones que ningún Estado miembro por sí solo podría acometer. Este presupuesto muestra el camino.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, algunos aspectos de la financiación de la denominada Política Exterior y de Seguridad Común son altamente dudosos. Se utiliza dinero procedente de las partidas presupuestarias más dispares para subvencionar las operaciones de la UE, ya sean de naturaleza militar o política, y el denominado instrumento de flexibilidad aporta otros 40 millones de euros a la PESC. Lo que me gustaría saber es exactamente para qué se están utilizando estos 40 millones de euros. La operación EUPOL en Kinshasa está subvencionada por el Fondo de Desarrollo Europeo, esto es, con 4,3 millones de euros procedentes de la ayuda al desarrollo. La operación AMIS en Sudán, que incluye la formación de policías, está financiada conjuntamente por diez Estados miembros, así como por el denominado Fondo de Apoyo a la Paz para África. La misión EUPM en Bosnia y Herzegovina está financiada en parte con cargo al presupuesto de la Comisión, y la operación ALTHEA en Bosnia, por lo que se denomina el mecanismo ATHENA, o dicho con otras palabras, de forma nada democrática y sin supervisión parlamentaria.

El señor Brok propone ahora que se introduzca un incremento en este campo, de 100 a 300 millones de euros. Usted sabe que el Tratado de Niza prohíbe a la Unión Europea mantener un presupuesto militar independiente, así que mejor será que deje de recurrir a este tipo de artimañas.

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, dado que me opongo prácticamente a todo en lo que la Unión Europea propone gastar dinero durante el ejercicio presupuestario de 2006, nadie puede esperar de mí que apoye este informe o su propuesta de resolución.

La Unión Europea es una megaburocracia que se autoperpetúa y que tiene carta blanca para financiar sus propios programas. En particular, me opongo a la asignación de fondos al lavado de cerebro de los jóvenes, que este informe propone utilizar para impulsar la idea de Europa. Creo que hasta los estudiantes más atrasados sabrán que el continente europeo existe desde hace bastante tiempo y que es algo más que una idea.

Traer estudiantes de secundaria a esta institución para visitas con todos los gastos pagados, durante las que asisten a sesiones informativas sesgadas y llenas de falsedades sobre las maravillas de la Unión Europea, es un tosco ejercicio de lavado de cerebro, como también lo es la creación de una marabunta de centros educativos con un material de formación igualmente sesgado.

Las repetidas referencias del informe a la más que desacreditada Estrategia de Lisboa difícilmente lo hará más creíble. Quisiera instar a todos los diputados a esta Cámara que generalmente creen en la democracia y en su responsabilidad ante el electorado a que voten en contra de este presupuesto y de cualquier otro documento que pretenda legitimarlo.

  Ashley Mote (NI). – (EN) Señor Presidente, los Estados miembros son en realidad los pagadores de la UE sin criterio. No importa los argumentos que se esgriman sobre los presupuestos, ellos pagan y luego discuten cómo gastar todo eso, cosa que no constituye realmente una elaboración presupuestaria tal como yo la entiendo. Por este motivo, el debate sobre el cheque británico tiene carácter político y no versa sobre una adecuada gestión financiera. Es una herida sangrante que se abre una y otra vez, solo porque la señora Thatcher fue lo suficientemente insensata como para aceptar que los Estados miembros devolvieran este dinero a la que actualmente es la cuarta economía más grande del mundo y, desde la ampliación, un dinero que procede de algunos de los más pequeños y pobres de Europa. Si esta deducción se hubiera hecho en Londres y se hubiera pagado un importe neto, la discusión nunca habría surgido.

Independientemente del presupuesto, el proyecto europeo se está tambaleando, inseguro sobre qué hacer en la frágil zona euro e incapaz de asimilar el concepto de empresa anglosajón que los países asiáticos han hecho suyo. Tienen ustedes graves problemas y algunos de ellos han sido diseñados por ustedes mismos.

  Antonis Samaras (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, estoy encantado, en primer lugar porque a partir de ahora el Consejo va a negociar los temas de las PESC con nosotros a nivel de embajadores, dignificando con ello el papel del Parlamento en la configuración de la PESC.

En segundo lugar, estoy encantado de que se haya alcanzado un acuerdo a tiempo sobre el presupuesto de 2006. A este respecto, la Presidencia británica ha tomado la decisión acertada, dado que nadie habría tolerado dos situaciones de inacción al final de una Presidencia, y el señor Blair quería cerrar el presupuesto de 2006 a tiempo para disponer de mayor margen de maniobra a la hora de negociar las perspectivas financieras.

En tercer lugar, los créditos de pago para 2006 representan el 1,01 %, frente al 1 % el 2005, mientras que la propuesta británica prevé un 0,98 % para el período de siete años de 2007 a 2013. Contamos con una ligera mejora en comparación con el año presente, hemos conseguido más de lo que la Presidencia británica está descontando para los próximos siete años, pero no tenemos motivo alguno de celebración. No vamos a conseguir la integración europea con tan poco dinero. Quisiera responder al Ministro diciéndole que no estamos de acuerdo con lo que ha manifestado hoy aquí acerca de que la financiación necesaria para la rúbrica 3 y la utilización legal del instrumento de flexibilidad son, en teoría, unos «acontecimientos excepcionales». Me temo que el Ministro no debería haber dicho tales cosas en su intervención, ya que, más bien al contrario, no vamos a lograr la integración con menos dinero, sobre todo con menos dinero de carácter necesario. Dividir a los Estados miembros en contribuyentes netos y receptores netos de los créditos, cuando no vamos a invertir más del 1 % en Europa, cuando no estamos concentrando nuestras sinergias globales derivadas de la acción europea común, no permite enorgullecernos y, sin duda, no dice nada a favor de nuestro respeto por los ideales europeos.

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). – (ES) Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al ponente, señor Pittella, y a su equipo por el excelente trabajo realizado y quiero añadir que no acostumbro a felicitar a todos los ponentes cuando terminan su informe.

Su esfuerzo ha sido grande y los problemas, muchos. Sé bien, puesto que he sido ponente del presupuesto de la Unión, que llevar a buen término un presupuesto no es tarea fácil.

Desearía centrarme, señor Presidente, en los aspectos que considero de especial importancia. En primer lugar, se ha conseguido poner en práctica por primera vez un principio que el Parlamento siempre había reivindicado: las cantidades aprobadas en codecisión no son sagradas y pueden modificarse si así lo considera necesario la autoridad presupuestaria.

Estamos todos de acuerdo en que, para mejorar la gestión de los programas plurianuales, la seguridad de los paquetes financieros es un factor importante. Pero no podemos convertir en objetivo lo que no es más que un utensilio. Esto es lo que nos diferencia del Consejo.

Quizá lo que nos separa del Consejo es la definición de los objetivos. Quizá el objetivo del Consejo sea simplemente la seguridad de que nada va a cambiar una vez tomada una decisión. Lo que podríamos, creo yo, denominar «la seguridad del contable».

A todo ello tenemos que añadir que los programas cuyo montante se ha aumentado en el presupuesto 2006 son enormemente simbólicos para la Unión Europea. Tanto el programa Sócrates, conocido por muchos ciudadanos, como Juventud, son un ejemplo de lo que se puede hacer desde un Parlamento para crear una conciencia europea entre los ciudadanos de la Unión.

Asimismo, el programa LIFE, que creó el propio Parlamento hace años, es uno de los que mayor aceptación tiene entre la ciudadanía europea y que muestra más claramente qué Europa queremos aquí en el Parlamento.

Me congratulo igualmente de que el Consejo no haya podido imponer la absurda manipulación, que ellos llaman «interpretación», de las reglas de movilización del instrumento de flexibilidad. Un instrumento innecesario en el acuerdo interinstitucional, que solo existe por su negativa continua y casi mística a utilizar el instrumento adecuado para tratar los casos en los que se necesitan más créditos de los previstos al principio del período de una programación de perspectivas financieras.

Ese instrumento adecuado se llama «revisión» y su utilización no conduce ni al caos ni a la condenación eterna. La consecuencia de esta utilización más racional de los medios a nuestro alcance —debe sonarles la frase— ha hecho que los recortes que desde el año 2000 venimos haciendo en las acciones exteriores de la Unión sean este año menores de lo acostumbrado.

Y como todos estos logros son cosa de dos, y tampoco quiero ser solo negativa hacia el Consejo, quiero felicitar a la Presidencia británica, en la que yo, confieso, al principio no confiaba en exceso, pero que al final ha sabido estar a la altura de las circunstancias.

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, resulta perfectamente evidente por las negociaciones sobre el presupuesto 2006, y más aún los debates sobre las perspectivas financieras, que la forma en que está actuando el Consejo recuerda a esa gente que abandona el restaurante sin pagar la factura. El Consejo reclama cada vez más poderes para la Unión Europea, al tiempo que se muestra dispuesto a pagar cada vez menos por ellos. El Consejo sale en defensa de los Estados miembros. Lo que los Estados miembros desean es que la UE se muestre cada vez más activa en lo referente a la Política Exterior y de Seguridad Común, que luche contra el terrorismo y la delincuencia, que subvencione la agricultura, que organice políticas para la protección del medio ambiente y de los consumidores, para la ayuda al desarrollo y otras muchas cosas; la lista resulta interminable. Cada vez se hace más larga y todos sabemos que eso cuesta dinero, mucho dinero. Así que permítanme decir al Consejo que va siendo hora de que se enteren de que tener más poderes cuesta más dinero, y que menos poderes cuestan menos dinero. Resulta irresponsable por parte del Consejo exigir más poderes y al ismo mostrarse menos dispuesto a gastar dinero. Sería beneficioso para todos reformar la manera de gastar el dinero.

  Markus Ferber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, tan solo quisiera hacer algunos comentarios en este momento. He asistido a unos cuantos debates presupuestarios, pero ninguno de ellos se ha desarrollado de una manera tan vergonzosa como el de este año, aunque yo pensara que no era posible superar las actuaciones anteriores.

Cuando pienso en la forma en que se ha desarrollado el procedimiento presupuestario de 2006, y en cómo están evolucionando los preparativos para el próximo marco financiero, verdaderamente me pregunto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por qué su Primer Ministro –a quien le ruego haga llegar esta reflexión– pronunció un discurso tan ardiente en Bruselas a finales de junio. Las palabras eran estupendas, pero no les ha seguido acción alguna. No es que haya sido tibia, sencillamente no ha habido ninguna. Me complace que la Presidencia británica del Consejo haya aprendido, en el transcurso de este procedimiento presupuestario, que esta Cámara sabe para qué está y de qué va el asunto. Espero que se lleve consigo esta reflexión y que la tenga presente en sus deliberaciones. Usted tiene una idea de Europa como un lugar donde unos pocos Jefes de Estado o de Gobierno anuncian cómo han de ir las cosas y las dirigen en tal dirección, y en el que la Comisión y el Parlamento no son sino accesorios decorativos que hay que tolerar; pues bien, he de decirle que esa Europa ya no existe. Si ha aprendido esta lección, entonces me sentiré muy satisfecho con la Presidencia británica del Consejo.

No obstante, quiero formular el comentario crítico –y con esto me dirijo a la Comisaria– de que, en lo concerniente al papel desempeñado por la Comisión en el procedimiento presupuestario, precisa un cierto replanteamiento. No es de recibo que el Parlamento Europeo tenga que servir de escudo protector de la Comisión, al tiempo que tiene la sensación de quedarse plantado cuando la Comisión cede posiciones ante la presión del Consejo. Ese es otro aspecto al que, conjuntamente, hemos de presta atención si pretendemos lograr algo juntos. Lograr que se habilitaran fondos adicionales podría haberse conseguido con menos esfuerzo, pero el hecho es que las Presidencias a veces necesitan algo más de tiempo para entender las cosas y para acceder a apoyarlas. De todas formas, esta Cámara es paciente y se toma su tiempo, ya que hay algunos temas en el campo de la política educativa que queremos discutir con el Consejo.

A usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero dejarle claro que el acuerdo interinstitucional ha demostrado ser provechoso. Hemos acordado entre nosotros las reglas básicas, hemos insistido en que usted se ajustara a ellas, y esa ha sido la forma correcta de proceder.

Pero también quiero hacer algo de autocrítica por lo que respecta a un tema que me viene preocupando desde hace años, dado que en una ocasión tuve el honor de presentar en persona el presupuesto del Parlamento, y que es lo siguiente: a la larga, esta Cámara carecerá de credibilidad en las negociaciones con el Consejo o la Comisión si no tenemos un control firme de nuestro propio presupuesto. Si pienso en los fondos no gastados del presupuesto 2005 que hubo que tener en cuenta ayer a la hora de transferir de nuevo los créditos, o en la pelea que tuvimos que librar con nuestros buenos amigos los socialdemócratas para conseguir que el presupuesto del Parlamento se mantuviera exactamente 20 millones de euros por debajo del límite mágico del 20 % –quiero expresar mi reconocimiento al ponente, el señor Dombrovskis, por dirigirnos en dicha batalla–, considero obligado detenernos a pensar seriamente acerca de qué tiene que ver todo esto con la verdad y la claridad. Un Parlamento Europeo que no logra gestionar el 10 % de la cantidad presupuestada de la manera prescrita tiene un problema de credibilidad, un problema que hemos de analizar desde la autocrítica.

Solo quiero decir una cosa más sobre las perspectivas financieras. Le insto a que asimile la lección que ha aprendido de que Europa está formada por Estados con idénticos derechos, no por Estados antiguos y Estados nuevos. Europa representa un interés común, no la suma de 25 intereses nacionales. Si tiene eso presente, tendrá un fin de semana venturoso; de lo contrario, será un fracaso.

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a nuestros colegas diputados, el señor Pittella y el señor Dombrovskis, así como a la señora Jensen, por el enorme trabajo que han llevado a cabo durante este largo procedimiento.

Este presupuesto, aunque sea imperfecto, es a mi entender relativamente satisfactorio y celebro que el nivel de créditos de pago se haya elevado a 112 000 millones de euros, es decir, el 1,01 % de la RNB, y que nuestros gastos de funcionamiento se hayan frenado y estén relativamente estabilizados. Como ponente permanente para los Fondos Estructurales de la Comisión de Presupuestos, habría esperado, con todo, que el Consejo concediera más créditos a todos estos instrumentos financieros, que siguen siendo la piedra angular de las políticas encaminadas a reducir las disparidades territoriales.

En fin, como muchos de nuestros colegas, estoy a la expectativa de los resultados de las negociaciones en el Consejo Europeo y deseo recordar enérgicamente que durante esas negociaciones conviene tener presentes las posiciones del Parlamento.

Hoy, cuando más necesidad tenemos de Europa, es esencial que los Estados miembros doten a la Unión Europea de verdaderos recursos financieros. Necesitamos Europa para poder practicar una política económica ambiciosa para sus 450 millones de ciudadanos. Necesitamos Europa para realizar una Política Exterior y de Seguridad Común que se distinga de los imperios autosuficientes de todo el mundo. Para concluir, y contrariamente a la opinión expresada por algunos diputados con respecto al lavado de cerebro, necesitamos más que nunca Europa para construir un proyecto de sociedad que nos una en torno a valores comunes. Este es mi sueño, espero que sea también el suyo.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE).  – (PL) Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad de este debate sobre el presupuesto 2006 para recordar a la Cámara que los pagos en este presupuesto están fijados en un nivel que es un 0,07 % de la RNB más bajo que el previsto en las perspectivas financieras 2000-2006. También son un 0,02 % inferiores que los pagos planeados para 2005, que está a punto de finalizar. Eso sin duda no es positivo, sobre todo para los nuevos Estados miembros de la UE.

Al margen de esta objeción fundamental, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a garantizar que el procedimiento presupuestario para 2006 llegue pronto a su fin. Han sido necesarias dos rondas en total de esmeradas negociaciones de conciliación con el Consejo para llegar hasta aquí, así como adoptar una postura firme tanto por parte del grupo negociador como del Parlamento en su conjunto. Se trata de un mensaje especialmente importante que debemos enviar en un momento en que se encuentra en curso el debate sobre las perspectivas financieras 2007-2013, y en el que las posiciones del Consejo y del Parlamento a este respecto son, por desgracia, muy dispares.

El presupuesto 2006 fija una cifra de casi 112 000 millones de euros para cubrir los pagos, lo que equivale al 1,01 % del PNB de la UE. Esa cifra es notablemente superior al nivel de pagos propuesto por la Presidencia británica para los diferentes años en las perspectivas financieras 2007–2013. A mi juicio, este debería ser uno de nuestros argumentos clave en el debate sobre el nivel de pagos para el período 2007-2013, dado que la Unión Europea, lejos de querer abandonar la financiación de cualquiera de sus actividades presentes, está buscando actualmente incrementar su implicación.

Quiero terminar dando las gracias a los ponentes por haber elaborado los informes. También deseo manifestar la esperanza de que lograremos ejecutar el presupuesto de este año en su totalidad, de forma que cuando acabe 2006 no nos tengamos que lamentar por haber fallado a la hora de adoptar un enfoque racional para el gasto de una suma tan modesta.

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) El conocimiento constituye la ventaja competitiva de la Unión Europea y nosotros somos responsables del desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. La Unión Europea solo es capaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a los cambios globales por medio de la unidad y la explotación del conocimiento, la innovación y la creatividad a escala europea. Esa es la esencia de la Estrategia de Lisboa.

Los 25 Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a cumplir los objetivos de dicha estrategia. Su cumplimiento va a exigir, desde luego, unos recursos financieros suficientes, tanto en las perspectivas financieras como en el presupuesto anual. Así pues, para el futuro europeo común reviste una enorme importancia un presupuesto orientado al desarrollo.

El presupuesto para 2006 no es importante solamente con vistas al próximo ejercicio, sino que será de una importancia vital en el caso de que no logremos llegar a un acuerdo sobre las futuras perspectivas financieras. Por esta razón yo preferiría que el presupuesto estuviera bastante más enfocado hacia el desarrollo. La mayoría de los recursos en el presupuesto siguen estando destinados a medidas agrícolas y estructurales, entre las que volvemos a encontrar la agricultura.

A pesar del aumento respecto del presupuesto de 2005, es el entorno de las políticas internas al que se destina la menor cantidad de recursos en el presupuesto para 2006 y, por consiguiente, al aspecto del desarrollo de las políticas europeas. El techo fijado por las perspectivas financieras solo se ha alcanzado en el caso del desarrollo rural y las políticas internas continúan estando más de un 2 % por debajo del umbral.

No obstante, sigo siendo realista y deseo felicitar a los negociadores de la Unión Europea por su tenacidad en torno a las prioridades fijadas, así como por los fondos que han logrado asegurar. El incremento de los fondos, menor de lo que hubiéramos deseado para programas que tienen una notable importancia para la Estrategia de Lisboa, es significativo y dice mucho en favor de la orientación que hemos trazado para el futuro. En el caso de un fracaso de las negociaciones sobre las perspectivas financieras, esto significa una mayor inversión orientada al desarrollo de recursos financieros europeos que la fijada en las propuestas de Luxemburgo y de Gran Bretaña para 2007-2013.

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me congratulo de que, finalmente, se haya llegado a este acuerdo sobre el presupuesto para 2006, y querría subrayar, fundamentalmente, dos aspectos: uno directamente conectado con el presupuesto y otro indirectamente conectado.

En primer lugar, querría resaltar el hecho de que se hayan dotado con 100 millones de euros más de seis programas codecididos, lo que resulta, a mi modo de ver, muy destacable y muy estimulante. Yo creo que esta es la vía que debe seguir el presupuesto comunitario en los próximos años.

De forma particular, resulta muy relevante el esfuerzo que se ha hecho respecto de las pequeñas y medianas empresas. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, tenemos 23 millones de PYME en Europa, que representan dos tercios, nada más y nada menos, de todo el empleo en el sector privado. Por tanto, no cabe duda de que el éxito de las PYME será el éxito del crecimiento y del empleo en Europa.

Pero —y hay un pero importante— la investigación y el desarrollo son también un pilar fundamental de la competitividad de nuestra empresas, de la competitividad de nuestras economías. Y en este sentido, hay un hecho muy preocupante: las actuales perspectivas financieras no contemplan un crecimiento del fondo destinado a investigación y desarrollo. A pesar de que la Presidencia británica con buen criterio, con muy buen criterio diría yo, subraya una y otra vez la importancia de la investigación y la innovación, no hay, paralelamente, un esfuerzo de propuesta presupuestaria en esa dirección.

La propuesta británica —que no es una propuesta original, ya lo proponía la Comisión— de incrementar los fondos del Banco Europeo de Inversiones y, a través de créditos blandos y de garantías, poder proceder a un mayor desarrollo de la investigación, no es una solución al problema, pero debe ser un instrumento complementario.

Es fundamental, si queremos mantener la consistencia y la credibilidad de un discurso que centra la competitividad en la innovación, el desarrollo y la investigación, que se doten, en las perspectivas financieras, los fondos destinados a la investigación. De lo contrario, estaremos yendo hacia atrás, una vez más, respecto de los objetivos de Lisboa.

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE), ponente. – (LV) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta semana el Parlamento Europeo va a aprobar el presupuesto 2006 de la Unión Europea en segunda y última lectura. Eso pondrá fin al procedimiento presupuestario de la Unión Europa para 2006 y a las perspectivas financieras existentes.

Me complace que, tras prolongados debates con el Consejo Europeo, haya sido posible alcanzar un compromiso. Es también importante porque el presupuesto 2006 sirve de punto de referencia a la hora de tomar decisiones sobre las próximas perspectivas financieras, las de 2007-2013. Espero que, esta semana, los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo Europeo también sean capaces de llegar a un acuerdo sobre la posición del Consejo con respecto a las perspectivas financieras. Hago un llamamiento al Consejo Europeo, a la hora de debatir este asunto, para que tenga asimismo en cuenta la opinión y las ideas expresadas en la resolución del Parlamento Europeo.

Las principales prioridades del presupuesto de 2006 para las demás instituciones de la UE son la ampliación y la utilización eficaz y enormemente puntual de los recursos presupuestarios de la UE. La primera prioridad está vinculada a la conclusión satisfactoria de la ronda de 2004 sobre la ampliación, así como los preparativos para la siguiente ronda de la ampliación, cuando se produzca la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Lamentablemente, una vez más resulta necesario señalar que, aunque ha transcurrido más de un año desde la ampliación de la UE, continúan vacantes muchos puestos permanentes reservados para los nuevos Estados miembros. Uno de los problemas que cabe destacar en este contexto es el exceso de burocracia y la lentitud de los procedimientos de contratación de personal. De acuerdo con la decisión adoptada en primera lectura, la propuesta en segunda lectura va a volver a apoyar todos los puestos de trabajo permanentes solicitados por las demás instituciones en conexión con la ampliación, así como otros gastos adicionales vinculados a ella, a fin de garantizar el éxito de la siguiente ronda de ampliación de la UE.

La segunda prioridad es la utilización eficaz y muy precisa de los recursos presupuestarios de la UE. Esta prioridad abarca temas como: dedicar el gasto institucional de la UE a tareas fundamentales; apoyar las nuevas peticiones presupuestarias y las solicitudes de nuevos puestos de trabajo permanentes únicamente después de haber evaluado la posibilidad de redistribuir los recursos y el personal dentro del marco del presupuesto existente; apoyar nuevas iniciativas solo después de haber analizado su impacto sobre el presupuesto y la cooperación interinstitucional con vistas a la utilización económica y eficaz de los recursos presupuestarios. Las dos instituciones con poderes de toma de decisiones presupuestarias –el Parlamento Europeo y el Consejo– respaldan los principios de disciplina presupuestaria y el uso racional del dinero de los contribuyentes de la UE. En segunda lectura, el Consejo Europeo ha propuesto volver a su posición inicial y reducir el gasto administrativo de las demás instituciones en 15 millones de euros, comparado con las peticiones iniciales de las instituciones. Es preciso decir que, en muchos casos, esta reducción se ha practicado de manera muy desconsiderada, sin un examen a fondo de la naturaleza y los problemas específicos del trabajo de las instituciones. Sin embargo, durante la reunión de conciliación se llegó a un compromiso por el cual el Consejo Europeo no se va a oponer al volumen de gasto de las otras instituciones, fijado por el Parlamento Europeo en primera lectura. Por consiguiente, la propuesta en segunda lectura del Parlamento Europeo consiste en conservar la cantidad de gastos fijada en primera lectura por el Parlamento Europeo, subsanando parte de los recortes de gasto efectuados por el Consejo Europeo, en total unos 7,5 millones de euros.

Para terminar quisiera volver al tema de las perspectivas financieras. Durante la reunión de conciliación sobre el presupuesto de la UE para 2006 se pudo apreciar que el Consejo Europeo, y concretamente la Presidencia del Reino Unido, se centraba excesivamente en un único asunto: la cifra más baja posible para los créditos de pago. Solo resta esperar que, durante la cumbre del Consejo Europeo de esta semana, los Gobiernos de los Estados miembros sean capaces de tratar los asuntos de la UE con una perspectiva más amplia, y no reducir todo a una sola cuestión: la cifra más baja posible para los créditos de pago. Una prueba especialmente chocante de esta tendencia la proporciona la inaceptable propuesta de la Presidencia británica para encontrar un compromiso entre los antiguos Estados miembros a costa de los nuevos, reduciendo un 10 % la cuantía de los fondos de la UE a que tienen acceso los nuevos Estados miembros. Hemos de recordar que la Presidencia luxemburguesa ya había propuesto una reducción significativa de la cantidad de recursos que debían destinarse a la política regional de la UE, en comparación con lo anunciado por la Comisión Europea. Afortunadamente, esta propuesta británica ya ha sido retirada. Solo queda esperar que la Presidencia del Reino Unido vaya en serio en cuanto a lograr un compromiso este año sobre las perspectivas financieras, y que su nueva propuesta represente una mejora.

  El Presidente. – El Presidente del Consejo me ha hecho saber que debe abandonar el debate en el curso del mismo. Se me había informado de esto; con todo, me sorprende que el Consejo no quiera responder a una cuestión tan importante ante el Parlamento, pero tomo nota de esta información.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero agradecer al Parlamento el debate de hoy y felicitar una vez más a todo el equipo negociador del Parlamento. Con el resultado que se negoció en este entorno político, en el que todos hemos participado, hemos logrado el mejor resultado posible.

Deseo al Parlamento una votación favorable el jueves.

  El Presidente. – El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

(La sesión, interrumpida a las 10.55 horas, se reanuda a las 11.15 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. TRAKATELLIS
Vicepresidente

7. Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2006 (continuación)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede a continuar con el debate de la declaración de la Comisión sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2006.

  Françoise Grossetête, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señor Presidente, el año que se anuncia será crucial para una Europa sin instituciones modernas y sin perspectivas presupuestarias, una Europa en crisis ante unos ciudadanos que cada vez se fían menos de ella y que nos lo han hecho saber, por desgracia, la primavera pasada.

Por tanto, será necesario aceptar el reto –el reto de la mundialización, el reto del cambio climático, el reto energético, el reto demográfico– si queremos responder a las expectativas de los europeos y queremos que comprendan que Europa no es una masa amorfa que no guarda ninguna relación con ellos mismos.

Desde este punto de vista, nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos les proponemos para 2006 unas orientaciones concretas, cosa que faltaba lamentablemente en su programa, señora Comisaria, en particular para transformar en acciones los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Para mejorar la competitividad europea, velaremos por reducir todas las formas de burocracia y por suprimir cualquier legislación superflua. En este ámbito, es importante implicar más al Parlamento Europeo y mejorar la evaluación ex post de las medidas adoptadas.

El PPE-DE insiste asimismo en la plena realización del mercado interior, cuyo funcionamiento óptimo es determinante para todas nuestras empresas, todos nuestros empleos y nuestros consumidores. Nuestra economía debe contar con la realización rápida de los grandes proyectos de redes transeuropeas de transporte, cuya financiación deberá correr no solo a cargo del presupuesto europeo, sino también de asociaciones entre el sector público y privado, que ocupan también un lugar central en nuestra ambición en materia de investigación, una ambición que no puede contentarse con promesas verbales. El presupuesto consagrado al nuevo programa marco de investigación e innovación será revelador. Seremos exigentes con los créditos disponibles y el uso que se haga de ellos. La investigación es la clave del empleo de mañana.

Señora Comisaria, el PPE-DE estará también muy atento a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Le pedimos para 2006 que emprenda una verdadera reflexión sobre la capacidad de absorción de la Unión y que debata abiertamente esta cuestión con el Parlamento. Es un tema muy importante para nuestros conciudadanos, que todos los días nos preguntan sobre este punto, como nos preguntan por la lucha contra la inmigración ilegal o el refuerzo de las capacidades de control en las fronteras.

Para ello, debemos utilizar cada vez más los datos biométricos y garantizar una cooperación mejor entre sistemas informáticos, una cooperación indispensable que debemos conseguir asimismo en el marco de la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad cibernética. Disponemos de una herramienta eficiente –Europol–; ya es hora de otorgarle un fundamento jurídico comunitario.

Por último, la Unión Europea tiene la vocación aportar su valor añadido a otros ámbitos, como el de la salud. Esperamos con impaciencia acciones concretas en materia de lucha contra la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer o los trastornos psíquicos. El PPE-DE desea también una propuesta a favor de la movilidad y de la información a los pacientes.

También es un deber de la Unión Europea ocuparse de la educación. Ahora bien, lamentamos su falta de ambición, en especial con vistas a mejorar el aprendizaje de lenguas y desarrollar nuestros centros universitarios.

Señora Comisaria, como sabe, la realización de nuestros objetivos y el valor añadido cotidiano de Europa están condicionados por dos exigencias fundamentales. Por una parte, las normas institucionales que rigen el funcionamiento de la Unión Europea: ya conoce nuestro apego al Tratado constitucional; es urgente una iniciativa vigorosa para reanudar el debate. Por otra parte, las perspectivas financieras: un presupuesto justo con respecto a las expectativas de todos, un presupuesto fuerte para una Europa potente y no algunas monedas puestas como por casualidad sobre la mesa por el Consejo como una miserable propina.

  Hannes Swoboda, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, señora Vicepresidenta, verdaderamente no puedo dejar de iniciar mi intervención comentando que, aun cuando fue el Grupo de la señora Grossetête el que nos insistió en celebrar este debate, no podemos sentirnos entusiasmados por el número de sus diputados que efectivamente han hecho acto de presencia.

Señora Vicepresidenta, tenemos la enorme ventaja de que podemos apoyar a la Comisión cuando opinamos que está yendo por la senda correcta, y criticarla cuando creemos que hay cosas que enmendar. Si se me permite comenzar por el Plan D, del que usted es responsable personalmente, puedo afirmar que va a contar con el pleno apoyo de este Grupo. Espero que usted en persona pueda dedicar, el año que viene, todos sus esfuerzos a hacer llegar al público la Constitución y el debate sobre los temas relacionados con la misma, completando así su misión.

Volviendo a las críticas del señor Barroso sobre la propuesta de presupuesto –que ha calificado de presupuesto minimalista para una Europa minimalista–, he de decir que estamos de acuerdo con él, y nuestro Presidente, el señor Schulz, así lo ha expresado de forma rotunda. Espero que nuestro Presidente se mantenga lo suficientemente firme durante el diálogo como para garantizar que se defiendan los intereses de Europa en su conjunto.

En cuanto a la cuestión de «legislar mejor», estamos de acuerdo con usted en que lo que de verdad importa es que el proceso de puesta en práctica de las leyes de Europa sea más eficaz y más fácilmente comprensible, sin dejar de lado el punto de vista del ciudadano de a pie y, teniendo eso presente, me gustaría solicitar a los miembros de la Comisión –a todos ellos– que lean detenidamente la propuesta de Directiva de servicios y luego digan si la encuentran inteligible y un ejemplo de «legislar mejor» o no. Al margen de su contenido social, sería muy interesante discutir ese tema con usted, pero eso puede esperar, desde luego, hasta el año que viene.

Me gustaría decir algo acerca de dos asuntos a los que nuestro Grupo Socialista en el Parlamento Europeo va a prestar especial atención el próximo año. El primero es la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa, en relación con los cuales han salido a la luz y han ocurrido en los últimos meses algunas cosas especialmente censurables, y no me estoy refiriendo únicamente a las actividades de la CIA, sino más bien –por citar un par de ejemplos– a la restricción de los derechos sindicales en Eslovaquia y, también dentro de este contexto, a ciertas actitudes manifestadas en el nuevo Estado miembro de Polonia en cuanto a los derechos y libertades fundamentales de las personas homosexuales, entre otras. Contemplamos todos estos acontecimientos con preocupación. Quiero manifestar al Comisario Frattini nuestro total apoyo y pedirle que defienda sin reservas los derechos y las normas de Europa en este campo. Es lo único que le exigimos.

(Aplausos)

Permítame abordar el asunto más importante, que es el de la «Europa social». En nuestro Grupo sabemos tan bien como el que más que no existe seguridad laboral a largo plazo; sabemos asimismo que mucha gente se ve obligada a cambiar de trabajo una y otra vez, pero es precisamente por tal razón que esta Comisión necesita acometer una acción más contundente en temas sociales, y que sea percibida en dicho sentido. Muchos ciudadanos –como usted, señora Vicepresidenta, bien sabe por el diálogo que mantiene con ellos– incluso opina que la UE magnifica los efectos negativos de la mundialización; son testigos de la forma en que mucha gente –incluidas, por cierto, muchas empresas– abusan de la Unión Europea, de la ampliación y de la mundialización como medios para socavar las normas sociales. No solo constituye un tema de preocupación en los llamados antiguos Estados miembros, sino también en los nuevos. Es por esta razón que la Comisión necesita mostrarse más activa en el campo de la política social; tiene que contribuir a eludir, o al menos aminorar, los efectos adversos, sin alimentar la ilusión de que podemos erigir un muro de protección alrededor de Europa.

Así pues, hablando en nombre de mi Grupo, insto a la Comisión a que elabore una propuesta legislativa, por ejemplo, sobre acuerdos de trabajo atípicos, a que esboce –cosa que no ha hecho la Presidencia del Consejo– un enfoque viable para la creación de un fondo de adaptación a la mundialización y, por último, a que ponga encima de la mesa una directiva marco sobre servicios de interés general, que se encuentran entre los medios en virtud de los cuales los ciudadanos están conectados con el sector público. Lo que precisan es el apoyo por parte de la Unión Europea y de la Comisión, no que estas se encarguen de minarlos.

Puedo asegurarle a la Vicepresidenta de la Comisión que los miembros de mi Grupo no son nada ingenuos en cuestión de temas sociales, pero sabemos que, si no logramos hacer más social a esta Europa nuestra, si fracasamos a la hora de conceder mayor relevancia a la dimensión social al abordar los temas de la mundialización y la apertura de los mercados, entonces no conseguiremos obtener el respaldo de los ciudadanos de este continente para nuestro proyecto. Pero eso es de imperiosa necesidad y, para que eso se produzca, necesitamos el apoyo de la Comisión. Eso, hablando en nombre de mi Grupo, es lo que verdaderamente le insto a que nos proporcione.

(Aplausos)

  Silvana Koch-Mehrin, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nosotros los miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, hemos adoptado una postura acerca de su programa de trabajo afín a la del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y del Grupo Unión por la Europa de las Naciones.

De la forma en que hemos decidido estructurar su contenido resulta evidente que existen tareas que nos van a ocupar el próximo año en todos los ámbitos políticos. Le felicitamos por la orientación básica del programa de trabajo, que aspira a lograr una Europa más competitiva, a la consecución coherente de la Agenda de Lisboa y a conformar el mercado como un medio para fortalecer la economía europea; esas son las líneas acertadas que debemos seguir, si queremos que Europa se haga más fuerte y esté más preparada para la mundialización. Además, esta política acercará a Europa más a su gente al hacer visible lo que verdaderamente significa Europa para ellos como individuos.

No obstante, también quiero formular algunas observaciones críticas. Esta Cámara es el lugar donde nacen muchas iniciativas políticas y el escenario de multitud de debates, y nos complacería mucho constatar que asume nuestros debates como fuente de iniciativas que, llegado el momento, acaban traduciéndose en legislación. Lo que Europa necesita es un único programa de trabajo para las diversas instituciones, que ponga de relieve la forma en la que trabajan juntas. El hecho es que, a la postre, somos nosotros los que representamos a los ciudadanos; somos nosotros los que tomamos nota de las cosas de que hablan los ciudadanos en los Estados miembros y de lo que quieren, así que le pedimos que lo tenga en cuenta.

Debo hacer algún comentario crítico sobre la forma del programa de trabajo, del que no puede decirse que sea coherente al estar formado por dos partes que nada tienen que ver entre sí: una parte introductoria que describe elegantemente de qué trata Europa, seguida de una segunda parte que carece de toda coherencia, tanto de estructura como de lenguaje. Un documento así solo resulta inteligible para las personas en las instituciones que tienen que trabajar con él; no es algo con lo que se pueda transmitir a los ciudadanos una idea real de lo que Europa pretende hacer verdaderamente.

De idéntica manera le pedimos que, para cada iniciativa que emprenda, especifique el fundamento jurídico de la misma, permitiendo saber con precisión de dónde saca Europa la competencia para hacer algo concreto en ese campo específico. Además, resulta aconsejable minimizar el número de propuestas que plantee, ya que a menudo es mucho más sensato concentrarse en unos pocos asuntos y hacerlos bien.

«Legislar mejor» no solo se refiere a formular propuestas, sino también a ponerlas en práctica después. Sobre todo, tiene que significar ejecutarlas con mayor sencillez, mayor agilidad y más directamente, dando prioridad a los efectos de la legislación, lo que implica prestar mayor atención a los costes que se derivan de la misma. Si resulta que una disposición va a costar demasiado y tales costes van a superar los beneficios, entonces habrá que suprimirla. Eso no solo es válido para las iniciativas nuevas, pues las que ahora se están tramitando, junto con la legislación ya en vigor, también deben someterse a evaluación a fin de determinar si realmente son necesarias o si entrañan un coste excesivo.

Sobre la base del principio de que menos es más, hemos elaborado nuestras propias propuestas, que pido a la señora Comisaria que haga suyas, ya que es importante que la UE sea clara, comprensible y más reducida, si se pretende que los ciudadanos sepan qué está ocurriendo.

  Pierre Jonckheer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, creo que la Comisión debe adoptar ahora su estrategia de desarrollo sostenible. El asunto no deja de tener repercusiones sobre el debate relativo al programa legislativo, puesto que mi Grupo criticó el programa de la Comisión precisamente por considerar insuficiente la atención prestada a las cuestiones de desarrollo sostenible.

Desde el debate del mes pasado con el Presidente Barroso, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe muy importante e interesante, el tercer informe quinquenal sobre el estado del medio ambiente en la Unión Europea y la eficacia de las políticas de la Unión. No voy a resumir en un minuto y medio un informe de 750 páginas, pero está claro que, a pesar de los considerables progresos realizados, la situación de conjunto sigue degradándose en una serie de sectores, en particular en los transportes, la energía y la agricultura.

Este informe contiene –y quisiera llamar su atención sobre ello– dos puntos muy importantes. En primer lugar, el hecho de que el coste de la inacción puede ser mayor que el coste de una política de prevención. Realmente me ha sorprendido saber que cada año se pierden 200 millones de jornadas de trabajo debido a enfermedades profesionales asociadas a la contaminación del aire.

En segundo lugar, en este informe se dice que los gastos de los hogares se duplicarán de aquí a 2030. Esto nos da la medida del interés y la importancia de orientar las opciones de los consumidores y aplicar de forma efectiva el principio de internalización de los costes. Por esta razón, la resolución presentada por el Grupo de de los Verdes/Alianza Libre Europea le pide, en particular, que introduzca medidas vinculantes para las emisiones de los vehículos –asociadas a la contaminación del aire– , que reintroduzca medidas de ejecución en el marco de la directiva sobre el ecodiseño, ámbito en que la Comisión lleva retraso con respecto a su programa de trabajo, y que introduzca un impuesto sobre el queroseno en el marco de una reforma fiscal más amplia que desgrave el trabajo y que, como se recomienda desde hace mucho, penalice los productos nocivos para el medio ambiente.

Por último, otro elemento que figura en nuestra resolución es la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva sobre los edificios a favor de una política de aislamiento más amplia y de la mejora del aislamiento de los edificios.

En otras palabras, diré que si Bill Clinton declaró en Montreal que amaba Kyoto, por nuestra parte sabemos que la Comisión ama mucho Lisboa. Desearíamos que la Comisión amara más Gotemburgo y le deseo, a usted en particular, que haga que sus colegas amen más Gotemburgo.

  Roberto Musacchio, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, acabo de regresar de la Conferencia sobre el clima celebrada en Montreal, en la que se ha alcanzado un resultado importantísimo: aplicar plenamente los compromisos de Kyoto y prepararse para avanzar, manteniendo el acuerdo para más allá de 2012 con objetivos de reducción muy significativos.

La Conferencia ha demostrado la firme voluntad de tomar un camino de desarrollo diferente, de apostar por las fuentes de energía alternativas y por el ahorro energético, y de elegir la vía de la cooperación multipolar, haciendo de todo ello la misión más importante para un mundo sumido en una crisis ambiental y en las contradicciones derivadas de unas desigualdades cada vez más acusadas.

En esta perspectiva, Europa desempeñó en la Conferencia un importante papel, dialogando con China sobre su apertura decisiva y aislando el intento del Gobierno Bush de sabotear las conversaciones.

Francamente, no hay ninguna traza significativa de nada de esto en el programa de trabajo que se nos presenta. El Presidente Barroso nos propone liberalismo y dúmping, la Directiva Bolkestein y la Directiva sobre el tiempo de trabajo, y una mundialización salvaje que genera un aumento de la contaminación por las emisiones derivadas de los transportes, que son las que superan todos los límites.

El señor Blair, junto con el señor Barroso, en la actual situación de crisis y de fracaso, nos propone un presupuesto esquelético y por añadidura la energía nuclear. A despecho de la Conferencia de Montreal y de quienes, como China, piden energías renovables, ahorro y fuentes alternativas y limpias.

Repito: estas políticas liberales han resultado ser un fracaso. Es necesaria una nueva misión para Europa y nosotros estamos llamados a buscarla. Hace falta cohesión social, innovación, calidad ambiental, un nuevo vínculo entre las economías y los territorios, cooperación, democracia y paz. No solo otra Europa es posible, sino cada vez más necesaria.

  Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – (DA) Señor Presidente, cuando en 1999 el Presidente de la Comisión nos prometió acceso al orden del día y las actas de las reuniones de la Comisión, unos funcionarios con unas tendencias demasiado centralizadoras se pusieron inmediatamente a crear unos órdenes del día con menos puntos, junto con unas actas muy recortadas, mientras los verdaderos órdenes del día y las actas más completas se mantuvieron en secreto durante varios años. La Comisión Prodi nos prometió también un programa anual global, donde se indicara el fundamento jurídico de cada uno de los proyectos de legislación. Los países también acordaron dejar que los Parlamentos nacionales comprobaran específicamente si se observaba el principio de subsidiariedad y tuvieran la oportunidad de mostrar tarjeta amarilla en un plazo de seis semanas. Además, tendría lugar en cada Parlamento un debate público sobre el programa anual.

El Parlamento danés fue más allá y quiso permitir que cada comisión especializada llevara a cabo su propio control sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Era casi demasiado bueno para ser verdad, pero entonces, como era de esperar, los centralizadores oficiosos de la Comisión impidieron leer el programa. Ningún Parlamento nacional puede apreciar qué va a ocurrir el año siguiente. Se ha eliminado el fundamento jurídico, de modo que es imposible ver si la UE está proyectando una resolución inofensiva o un reglamento vinculante. Las propuestas no están ordenadas por temas, como en los presupuestos y en los códigos. Los capítulos que se han inventado ahora se denominan prosperidad, solidaridad y seguridad. Todas las descripciones han pasado por una oficina orwelliana de jerga moderna, de modo que todas las futuras iniciativas beneficien a todos y no molesten a nadie.

Cada año se adoptan entre 2 000 y 4 000 proyectos de legislación, pero el programa anual solo ha incluido 32, y 64 otras propuestas del programa anual. También se han mencionado ciento ochenta y dos proyectos de legislación y 295 nuevas iniciativas. ¿Por qué no podemos ver todo lo que la Comisión tiene intención de proponer para el próximo año? Insisto, señor Barroso, déjenos tener un programa de trabajo detallado y completo, ordenado por capítulos y donde se establezca el fundamento jurídico para cada propuesta. Déjenos verlo en Internet y que comience el debate sobre lo que no podemos decidir con eficacia nosotros mismos y, por lo tanto, estamos intentando resolver a través de la UE u otros foros internacionales. Este debate es muy práctico, pero solo puede ser serio si se basa en un programa anual completo y sin adornos.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, mientras la Comisión habla en su programa textualmente de «colmar el vacío de comunicación» y, cito de nuevo, «consolidar las bases democráticas del proyecto europeo», en la práctica tenemos que llegar a la conclusión de que todo se queda en teoría y que esta mismísima Comisión muchas veces sigue una política que no es nada democrática. La forma en que se obliga a los ciudadanos europeos a engullir las negociaciones con Turquía para la adhesión, a pesar de su falta de legitimidad democrática, es un buen ejemplo.

Y un segundo ejemplo es lo sorprendente que resulta que la Comisión rechace la iniciativa común de los diputados a los Parlamentos nacionales de toda la Unión Europea a favor de comprobar sistemáticamente si las propuestas legislativas cumplen el principio de subsidiariedad. La Comisión considera este sistema comparable a nada menos que el familiar sistema de tarjetas amarillas que se preveía en la Constitución Europea. En consecuencia, la Comisión dice que este sistema, junto con la Constitución Europea, ha fallecido de muerte natural y que ya no debemos preocuparnos por ello. Pero cuando a la Comisión le apetece, salen a la luz secretamente otros documentos de la anterior Constitución Europea e incluso se hacen legalmente vinculantes.

En consecuencia, el reglamento sobre la Agencia de Derechos Fundamentales dice que esa institución es competente para aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales y que los Estados miembros deben respetar dichos derechos cuando se aplica la legislación de la UE.

Esta extraña Carta de los Derechos Fundamentales es una especie de catálogo de Bon Marché o Ikea que da derecho a todo y a todos a todo tipo de cosas, lo que lo convierte en un vehículo especialmente peligroso. Lo normal sería que estuviera enterrada junto con la Constitución Europea, pero, en cambio, y a través de una ruta secreta, la Comisión la ha hecho vinculante. Si la Comisión quiere aportar algo más que palabras para consolidar la democracia, deberá cambiar la base de sus prácticas de trabajo.

  Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a los representantes de los Grupos políticos sus comentarios y reacciones de hoy. Es la segunda vez que el Pleno del Parlamento Europeo examina el programa de trabajo de la Comisión para 2006 y espero que ambas partes aprendan algo más a raíz de este procedimiento.

Diré algunas palabras sobre el proceso. Creo que merece la pena recordar que la Comisión actual fija sus objetivos para un periodo de cinco años y que un solo programa de trabajo anual no puede abarcar todo lo que deseamos lograr durante nuestro mandato. Tendremos que reservarnos algunas cosas para el programa de trabajo de 2007 y años posteriores. Recuerdo a sus Señorías que siempre es posible ajustar el programa de trabajo en la revisión intermedia. Este llamado catálogo de puntos adicionales, que ha sido y seguirá siendo comunicado regularmente al Parlamento Europeo, contiene información sobre cuestiones que preocupan particularmente a los diputados, que algunos de ustedes han mencionado hoy y que no se abordan necesariamente en la lista de prioridades.

La Comisión ha agradecido enormemente el nuevo proceso de hacer partícipes a las comisiones en el proceso de establecimiento de prioridades y en el debate del programa de trabajo de la Comisión. Está cobrando forma de manera más seria, de modo que podamos abordar las prioridades políticas y celebrar un verdadero debate político, que será de gran utilidad en el futuro.

En respuesta a las observaciones del señor Swoboda, la Comisión abordará la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible en su reunión de esta tarde. Esto representa un enfoque integrado de los objetivos de prosperidad económica, normas ambientales y cohesión social. Este enfoque se basa en la idea de que estos ámbitos políticos se sustentan mutuamente.

Seguimos prestando plena atención a los asuntos sociales. El programa de trabajo incluye un Libro Verde sobre la evolución de la legislación laboral, que se espera que dé pie a un amplio debate, en el que participarán las instituciones de la UE, los Estados miembros, los agentes sociales y expertos en la materia. El objetivo es extraer conclusiones sobre las principales tendencias de la reciente evolución de la legislación laboral, tanto a escala europea como nacional. También servirá para determinar las cuestiones más cruciales y urgentes que debemos abordar. Está previsto publicar en 2006 una comunicación sobre los servicios sociales de interés general.

También quiero señalar que la Comisión, al dar esta prioridad a la Estrategia de Lisboa renovada, demuestra su firme voluntad de crear una Europa de la solidaridad, acompañada de prosperidad y empleo. Seguiremos esforzándonos por que los Estados miembros y todas las partes interesadas actúen de forma eficaz y creíble. Sin un esfuerzo colectivo, la estrategia de crecimiento y creación de empleo no puede dar resultado. La credibilidad de nuestro trabajo depende de una minuciosa preparación, que incluye la consulta necesaria de las partes interesadas y la realización de evaluaciones de impacto, que sé que también interesan al Parlamento Europeo.

Me gustaría asimismo destacar la importancia del diálogo de la Comisión con las demás instituciones durante la preparación del programa de trabajo para 2006. Los numerosos contactos que hemos mantenido con el Parlamento Europeo en el contexto del nuevo acuerdo marco han facilitado información útil sobre las expectativas del Parlamento con respecto a la Comisión para el año próximo. Durante la elaboración del programa de trabajo, el Parlamento presentó a la Comisión una lista importante de prioridades. También hemos mantenido un contacto muy constructivo con la Conferencia de Presidentes en el contexto de la ejecución del Plan D. Soy consciente de que nuestras dos instituciones están decididas a lograr sus objetivos.

Tomo nota de los comentarios que han realizado hoy sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2006. La Comisión examinará su resolución con gran interés y responderá en consecuencia.

Permítanme mencionar mi gratitud por la fructífera cooperación que hemos tenido en 2005. Espero que podamos seguir trabajando sobre ella en 2006 para garantizar que nuestro programa de trabajo se ejecute con decisión y acierto. También les doy las gracias por los comentarios sobre el informe de la AEMA y me complace haber podido presentarlo. Conocemos muy bien el contenido de dicho informe y debemos tenerlo en cuenta. Creo que, a la hora de luchar contra el cambio climático, la Comisión está haciendo gala de su liderazgo en el escenario mundial. No veo a ningún otro socio que hoy desempeñe el mismo papel. Por supuesto, seguiremos esforzándonos por garantizar que la Comisión mantenga este importante papel. Tendremos que abrir camino también en esta cuestión particular.

(Aplausos)

  El Presidente. – He recibido tres propuestas de resolución⁽¹⁾ de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy, martes, a las 12.00 horas.

(La sesión, suspendida a las 11.50, se reanuda a las 12.05 horas con el Turno de votaciones)

PRESIDENCIA DEL SR. McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

(1) Cf. Acta.

8. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

9. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la CE, la CEEA y la Confederación Suiza (votación)

10. Restricción temporal de las importaciones de cerveza a Finlandia (votación)

11. Mandato del director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (votación)

12. Mandato del director del Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional (votación)

13. Mandato del director y del director adjunto de la Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (votación)

14. Mandato del director de la Fundación Europea de Formación (votación)

15. Mandato del director del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (votación)

16. Mandato del director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (votación)

17. Mandato del director del Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades (votación)

18. Mandato del director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (votación)

19. Mandato del director de la Agencia Europea para la Seguridad y la salud en el Trabajo (votación)

20. Mandato del director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (votación)

21. Mandato del director ejecutivo y de los directores de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (votación)

22. Mandato del director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea (votación)

23. Mandato del presidente de la Oficina de armonización del mercado interior (votación)

24. Mandato del presidente de la Oficina comunitaria de variedades vegetales (votación)

25. Mandato del director del Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea (votación)

26. Mandato del director del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (votación)

27. Mandato del director ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión del sistema global de navegación por satélite (votación)

28. Mandato del director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa (votación)

29. Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) (votación)

Antes de la votación:

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (EN) Señor Presidente, habíamos propuesto una enmienda oral, pero vamos a retirarla ahora que estamos satisfechos, de momento, con la declaración de la Comisión Europea, emitida ayer por la noche, según la cual tiene la firme voluntad de luchar contra cualquier forma de discriminación en todos los Estados miembros y de que está dispuesta a instarles a que asignen como es debido los recursos financieros. Sin embargo, vigilaremos de cerca a la Comisión y la ejecución de este programa. Volveremos a dirigirnos a la Comisión en caso de que no cumpla su promesa.

Con esa condición, retiramos la enmienda oral.

30. Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo y "Eurodac": extensión a Dinamarca (votación)

31. Protocolo al Acuerdo CE/Islandia y Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo (votación)

32. Transmisión de las solicitudes de licencias de pesca a los terceros países (votación)

33. Ampliación de TAIEX a los países a los que es aplicable el futuro IEVA (votación)

34. Código internacional de gestión de la seguridad (votación)

35. Pilas y acumuladores y sus residuos (votación)

Antes de la votación sobre la enmienda 8:

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quiero pedir una aclaración. Ha dicho que las enmiendas 1 y 2, que hemos votado mediante votación nominal, han sido rechazadas, pero también ha dicho que necesitábamos una mayoría cualificada. He contado los votos en contra, y 328 votos no constituyen una mayoría cualificada. Le pido que aclare qué procedimiento estamos utilizando.

  El Presidente. Las enmiendas 1 y 2 han sido sometidas a votación nominal. Han votado a favor 309 diputados, pero necesitamos 367 votos favorables, según el principio de la mayoría cualificada, para aprobarlas.

36. Eficiencia del uso final de la energía (votación)

37. Presupuesto rectificativo nº 8/2005 (votación)

38. Mercados de instrumentos financieros (votación)

39. Proceso monitorio europeo (votación)

Antes de la votación:

  Arlene McCarthy (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a los diputados y diputadas de todos los Grupos políticos que han trabajado tanto y tan eficazmente para lograr el paquete de compromiso en primera lectura de hoy con el Consejo y la Comisión: en particular, la señora Wallis, el señor Wieland, el señor Lehne y la señora Berger, de mi Grupo político.

La Presidencia británica se ha mostrado dispuesta a cooperar y ha aceptado muchas de las enmiendas del Parlamento, lo que nos permite ahora votar sobre este paquete de primera lectura de la parte dispositiva general del proceso monitorio europeo. Esto contribuirá a acelerar y simplificar los pagos transfronterizos para empresas. También ayudará al cobro de deudas. En pocas palabras, sabemos que las empresas que no cobran corren el riesgo de quebrar, con efectos colaterales para sus empleados y proveedores. La falta de sistemas de ejecución de pagos mina el mercado interior y la confianza empresarial.

Sin embargo, hay algunas cuestiones técnicas pendientes, relacionadas con la elaboración de los anexos y la ultimación de nuestros considerandos, que hay que resolver con la Presidencia austriaca. Además, la señora Wallis nos ha pedido que examinemos una cuestión técnico-jurídica relacionada con la definición de «transfronterizo».

Espero colaborar con la Presidencia austriaca y ultimar esta ley tan pragmática que ayudará a empresas y ciudadanos a recuperar deudas, así como celebrar un debate a fondo en el Pleno con el Consejo y la Comisión y una votación a comienzos del año que viene. Insto a los diputados, por tanto, a que voten a favor del paquete acordado que se nos presenta hoy en primera lectura.

40. Normas de captura no cruel para algunas especies animales (votación)

41. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

42. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

43. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

44. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

45. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

46. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

47. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

48. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (votación)

Después de la votación:

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señor Presidente, me gustaría que le preguntara al señor Pomés Ruiz por qué, entre las ocho o diez personas que ha propuesto, solo hay una mujer.

(Reacciones diversas)

  El Presidente. Su pregunta lo dice todo, señor Evans.

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, efectivamente, ojalá los Estados miembros, que son quienes han propuesto a los miembros del Tribunal de Cuentas, tuvieran en cuenta que debería haber un mayor equilibrio entre ciudadanos y ciudadanas.

49. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Bruno Gollnisch (votación)

Antes de la votación:

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, con arreglo al artículo 168 del Reglamento, pido la devolución inmediata del informe Wallis a la comisión competente, dado que el procedimiento seguido está incompleto. En efecto, en comisión no se votó sobre la exposición de motivos, sino solo sobre las conclusiones. Pido a sus Señorías que apoyen esta petición, que constituye una importante prueba de transparencia y democracia interna.

  El Presidente. Señor Romagnoli, usted no pertenece a ningún Grupo político, ya que es diputado no inscrito. Por tanto, no puede formular esa solicitud. Esto demuestra lo importante que es pertenecer a un Grupo, especialmente a uno grande.

(Risas y aplausos)

50. Aplicación de una ley relativa a la reglamentación de actividades urbanísticas (LRAU) (votación)

51. Fiscalidad de las empresas: base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (votación)

  El Presidente. Con esto concluye la votación.

52. Explicaciones de voto

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hablando de igualdad y de derechos, considero que este Parlamento muestra cierta intolerancia hacia las opiniones que no son de su agrado.

Ayer escuché acusaciones contra un Ministro de mi Gobierno e incluso nuestro tribunal supremo, con muchos respectos declaradas por la tan cacareada independencia de la judicatura, por considerar que algunas expresiones –quizás desagradables y poco educadas– constituyen sin duda una ofensa. Pero citar la procedencia étnica o algunas características no siempre constituye un delito relacionado con el racismo. En este Parlamento, sin embargo, hablar de algunos temas parece tabú. Yo considero, en cambio, que todos tenemos los mismos derechos, incluida la libertad de opinión.

Informe Gargani (A6-0345/2005)

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) En todos los 18 informes, los ponentes han propuesto que el Parlamento Europeo tenga un papel en el nombramiento de los directores ejecutivos de las diversas agencias y en la ampliación de sus mandatos. Dejando de lado el hecho de que realmente ponemos en tela de juicio la justificación de muchas de las agencias, la Lista de Junio no comparte la opinión de que el Parlamento Europeo deba tener más influencia en este ámbito, dado que ello comportaría un mayor supranacionalismo.

Por eso hemos votado en contra de los informes.

Informe Roure (A6-0366/2005)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, la verdad sobre el informe Roure es que de nuevo viene con la misma canción que hemos escuchado durante años y que estuvo continuamente en nuestros oídos durante los recientes disturbios de los inmigrantes en Francia, es decir que los constantes problemas que comporta la inmigración en nuestros países los hemos provocado nosotros, y solo nosotros, los repugnantes europeos que discriminan siempre y en todas partes. Es una canción que también tiene su eco en este informe y que está muy lejos de la realidad.

Si queremos hablar sobre la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades en Europa, hablemos también de la llamada de las mujeres en las comunidades islámicas. En muchos suburbios de mi propio país, en Bruselas, por ejemplo, en la actualidad se abusa sistemáticamente de las mujeres o son tratadas de putas por los inmigrantes islámicos que quieren imponernos sus prejuicios. Dirijamos nuestra atención a ese aspecto, a la bomba de relojería de la sociedad multicultural que pone en peligro los logros básicos de nuestra sociedad.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, leo en el informe Roure que uno de los mensajes que deben enviarse en el transcurso de 2007, el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, es que todo el mundo tiene derecho a recibir el mismo trato. La promoción del respeto y la tolerancia también ocupan un puesto preferente en la agenda. Dado el tenor políticamente correcto del informe y la experiencia del pasado, me haré pocas ilusiones sobre la intención de la Comisión de dejar claro, a las comunidades islámicas de Europa en concreto, que la violencia contra los judíos y la discriminación contra las mujeres son inaceptables.

Un estudio realizado en 2002 demostró, por ejemplo, que el comportamiento antisemítico es especialmente común entre los musulmanes. Dado que, por supuesto, esto no concuerda con la imagen políticamente correcta que tenemos, las conclusiones de ese estudio se archivaron en la papelera. Los casos más frecuentes y flagrantes de discriminación se cubren con el manto del amor. Nadie ha muerto nunca de hipocresía, claro.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) El Tratado de Amsterdam representó un enorme progreso en la lucha contra la discriminación, dado que amplió el concepto a otros ámbitos además de la igualdad entre hombres y mujeres. El principio de igualdad y no discriminación es uno de los principales derechos fundamentales en que se fundamenta la UE.

En esta propuesta se designa el año 2007 como Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, con el fin de promover la igualdad y eliminar todas las formas de discriminación.

La idea de esta iniciativa surgió de la evaluación de los resultados del Libro Verde sobre igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada. Ayudará a promover tres prioridades: información y aumento de la concienciación; análisis y seguimiento del impacto de la legislación contra la discriminación; e interconexión entre las personas implicadas en la lucha contra la discriminación.

La promoción de la igualdad de oportunidades es un factor esencial para conseguir una sociedad más cohesionada, competitiva y dinámica, y un medio para recoger los beneficios de la diversidad. Por lo tanto, debemos difundir este tipo de iniciativa para aumentar la concienciación con el fin de combatir las actitudes discriminatorias y garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones.

Debería actuar como una especie de campaña para ejercer presión en aquellos Estados miembros rezagados en la transposición de directivas.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) En una época en que la discriminación, la desigualdad y la injusticia social van en aumento, agradecemos la reafirmación de que la no discriminación es un principio fundamental, que debe confirmarse en todas las áreas políticas, ya sean económicas, sociales o culturales. Pero eso no es todo lo que se requiere a la luz de la gravedad de la situación social en varios países de la UE.

Aunque el informe menciona la necesidad de confirmar los derechos y la igualdad de oportunidades, de una mayor implicación y un mayor conocimiento y concienciación de los derechos –los que, añadiríamos, se pueden adquirir, o perder, o todavía hay que ganar– no condena los factores determinantes que se ocultan detrás del fracaso en el cumplimiento de esos principios.

En la actualidad los trabajadores se enfrentan a un ataque concertado contra sus derechos y beneficios sociales –un ataque promovido a escala de la UE mediante propaganda y un aumento de la concienciación, y mediante las medidas de contención que se presentan– y el impacto real del ataque capitalista se hará notar. Lo que vemos, en otras palabras, es la explotación y destrucción más flagrante de los servicios públicos, que están siendo absorbidos por el capital privado, lo que a su vez comportará pobreza e injusticia social.

La forma de asegurar la igualdad de oportunidades es luchar contra la política que las deteriora.

  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) «Igualdad de oportunidades para todos. Hacia una sociedad justa.» ¿Quién se atrevería a pronunciarse contra un informe semejante? Con ese título, debería obtener incluso una unanimidad sin fisuras. El problema es que en el ámbito de la lucha contra las discriminaciones y por la igualdad de oportunidades, mantenemos una sobrepuja permanente. ¿Realmente aporta este informe alguna novedad aparte de la letanía habitual de conceptos y lemas del discurso bienpensante en materia de igualdad y no discriminación?

De hecho, el ponente nos propone la creación de un Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos en 2007, que sería un «un excelente instrumento de concienciación y de información de la opinión pública europea». ¡Qué novedad! Una vez más, la igualdad se contempla a través de la obligación, de la instauración de sistemas de cuotas y de discriminación positiva. A esto no podemos sumarnos, porque se trata de la negación misma de la igualdad de oportunidades y de trato. Estamos también en contra de la posibilidad de sanciones de la Unión Europea en caso de inobservancia por un Estado miembro de las disposiciones de una directiva comunitaria. Se trata de competencias y soberanías nacionales en materia penal, que no pueden restringirse ni delegarse.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) La igualdad en el trato está enmarcada en el Tratado de Amsterdam y es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Para evaluar el progreso que se ha conseguido en la lucha contra la discriminación y reunir opiniones sobre cómo podría intensificar la Unión sus acciones en este ámbito, en mayo de 2004 la Comisión creó una amplia consulta en forma de Libro Verde titulado «Igualdad y no discriminación en la UE ampliada».

Este Libro Verde dio lugar a la idea de crear un «Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos» en 2007, una iniciativa con cuatro objetivos, principalmente mejorar la concienciación de los ciudadanos, fomentar el debate, celebrar la diversidad y promover el respeto y la tolerancia.

La UE ahora tiene legislación en el ámbito de la lucha contra la discriminación, pero muchos ciudadanos no saben que esa legislación existe o saben muy poco de ella. Así pues, me complace que se organice un acontecimiento mediático de la escala de un «Año europeo», porque es un instrumento excelente para mejorar la conciencia de los ciudadanos europeos y proporcionarles información. El Año europeo también es un medio para ejercer presión sobre los Estados miembros que dan largas al asunto de transponer las directivas sobre la igualdad.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Aunque es cierto que, desde el punto de vista jurídico, la discriminación –por el motivo que sea– se combate en general, es imposible confirmar con ninguna certeza que en la práctica se impide y se combate todo tipo de discriminación. La Comisión cree que el Año europeo de la igualdad de oportunidades será un paso positivo en este sentido.

Nunca me han gustado los grandes acontecimientos como forma de resolver problemas. Siempre he temido que promover años o días internacionales por una causa u otra en realidad pueda tener un efecto contraproducente, porque solo consiguen traspasar la ignorancia del problema a los demás días y años. Pero existe una opinión cada vez más mayoritaria de que se puede conseguir mucho con iniciativas como esta en cuanto a aumentar la visibilidad de la causa en cuestión. Creo que el tema del acontecimiento tratado en este informe entra en esa categoría y, por lo tanto, he votado a favor.

Informe Roure (A6-0379/2005)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, agradezco el importante informe de la señora Roure.

Dado que los reglamentos «Eurodac» y «Dublin II» no forman parte del desarrollo del acervo de Schengen, Dinamarca no puede recurrir a una cláusula de inclusión (opt-in) para participar en esos reglamentos.

De ahí la necesidad de un acuerdo internacional entre la Comunidad y Dinamarca, junto con un Protocolo al Acuerdo entre la Comunidad, Islandia y Noruega. Con estas propuestas se pretende extender a Dinamarca las disposiciones del sistema Eurodac y el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable de examinar una petición de asilo.

Es una medida que se acoge con satisfacción, aunque dichos acuerdos deberían concluirse en circunstancias especiales y para un período de tiempo limitado. Esas situaciones plantean interrogantes importantes en cuanto a la diversidad de garantías que obtendrán quienes buscan asilo, según si su solicitud de asilo se resuelve en Dinamarca o en uno de los países que participan en la política de asilo europea. Es así porque Dinamarca seguirá implementado esos dos reglamentos pero quedará fuera de otras medidas en este ámbito.

Comparto la opinión de la ponente de que el fundamento jurídico aplicable debería ser el segundo subapartado del punto 3 del artículo 300, es decir que el Parlamento debería haber sido consultado mediante el procedimiento de dictamen conforme.

Informe Fraga Estévez (A6-0387/2005)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Esta propuesta merece nuestro acuerdo. Las actividades de las diversas flotas de los Estados miembros que operan según los acuerdos y protocolos de pesca entre la UE y terceros países no deberían verse interrumpidas por razones administrativas, como las largas negociaciones y los procedimientos legales de ratificación a que están sometidos dichos acuerdos.

Estas interrupciones suelen durar varios meses, lo que significa que los barcos se quedan en puerto, los pescadores no tienen trabajo, y se crean problemas en el suministro de productos a escala nacional y comunitaria.

Esta propuesta hace posible que los terceros países emitan licencias de pesca en la fecha que se indica en el Canje de Notas entre las dos partes, incluso aunque aún no se haya adoptado la decisión del Consejo.

Esperamos que esta propuesta entre en vigor lo antes posible, y que su aplicación asegure que las flotas puedan permanecer operativas, o al menos que los actuales períodos de inactividad sean más breves.

En cualquier caso, no deben ser los pescadores quienes paguen la factura de las largas negociaciones y la renovación de los acuerdos. Habría que poner en práctica unos mecanismos de compensación económica y social para que los pescadores puedan sobrevivir.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Agradezco el informe que tenemos ante nosotros por dos motivos. En primer lugar, es de primera necesidad para que las dificultades administrativas y burocráticas no agraven los problemas con que se enfrenta la industria pesquera. El otro motivo por el que he apoyado este informe es que, como dice la ponente, todo el proceso es excesivamente burocrático, ineficiente e injustificado. Incluso llegaría a decir que toda esa plétora de acuerdos y licencias provisionales, que se aplican por medio de un mecanismo terriblemente engorroso bordea lo kafkiano por su absurdidad. Por lo tanto estoy de acuerdo con la ponente en que la situación requiere una revisión. La competitividad de una industria europea como la de la pesca no debe verse limitada por la ineficiencia burocrática de las instituciones de la Comunidad.

Informe Malmström (A6-0388/2005)

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La UE tiene un papel importante que jugar en la consolidación de la democracia y los derechos humanos en sus países vecinos más inmediatos. La ampliación contribuye a este desarrollo positivo. Por lo tanto, votamos a favor del informe de la señora Malmström. Sin embargo, nos oponemos al intento de utilizar el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación para reforzar y desarrollar una política exterior y de seguridad común. Tampoco creemos que los instrumentos deban utilizarse para ampliar el ámbito de interés de la UE a zonas que no pueden describirse como vecinas.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Por supuesto, la buena voluntad y las buenas intenciones que subyacen en el programa que discutimos merecen mi apoyo. En cuanto a si se está poniendo en práctica con eficacia o no, debo decir que tengo mis dudas. Sin embargo, dado que estamos hablando de un programa provisional, creo que nuestra prioridad en la modelación del futuro Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) debería ser la oportuna adopción de este programa, con el nuevo marco con el que ahora está equipado. Nuestros esfuerzos también deberían canalizarse hacia la revisión y, lo que es más importante, la evaluación de los pasados programas.

La política exterior de la UE, que es la base de esa cuestión, debe funcionar con eficacia, y la eficacia solo se puede valorar con el examen de los resultados. Por lo tanto, esa debería ser una de nuestras principales prioridades en las próximas medidas legislativas a tomar en esta materia.

Informe Blokland (A6-0335/2005)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, uno de los objetivos importantes de la política ambiental europea es la rápida introducción en la UE de los sistemas de recogida de pilas. Es de lamentar que no se haya aceptado la enmienda 26, por lo que ahora el objetivo que estamos estableciendo es ciertamente mucho menos ambicioso. Sin embargo, la realidad es que la introducción de unos objetivos mínimos de reciclado nos permitirá conseguir un nivel de calidad ambiental muy elevado, y podremos reutilizar materias primas.

Las prohibiciones referentes al níquel, el cadmio y el plomo también son un medio para llegar a este fin, y nos permitirán ejercer presión a favor de la substitución de substancias peligrosas, aunque se permitan, sin embargo, un pequeño número de excepciones.

  Gerard Batten, Graham Booth, Jeffrey Titford, John Whittaker y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) no puede respaldar las enmiendas presentadas con el propósito de reforzar las restricciones sobre los Estados miembros. El UKIP se toma las cuestiones ambientales muy en serio, pero no podemos aceptar que la UE imponga su legislación a los Estados miembros y creemos que estas decisiones deben adoptarse a escala nacional.

  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. (EN) En cuanto a las enmiendas 1 y 2 al informe Blokland sobre pilas y acumuladores, he decidido votar a favor del artículo 175 CE como único fundamento jurídico ambiental. En lo que respecta al debate sobre el Reglamento relativo a los gases fluorados, aunque se trata de un ejemplo menos claro, me preocupa la falta de certidumbre que estamos introduciendo en nuestra legislación a través de la dualidad de fundamentos jurídicos a raíz de las sentencias del TJCE en este ámbito.

Lo que la industria necesita más que nada es certidumbre jurídica y, dada la jurisprudencia precedente, no estamos yendo en esta dirección.

El artículo 175 contiene salvaguardias (en el artículo 176 del Tratado CE) contra decisiones comerciales unilaterales de efecto distorsionador que podrían ser de naturaleza proteccionista en lugar de ser justificables desde el punto de vista ambiental. No es necesario complicar más la legislación comunitaria con múltiples fundamentos jurídicos.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Comparto los puntos de vista y objetivos de la Directiva sobre pilas, pero hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, los objetivos de reciclado deben ser realistas, viables y prácticos tanto para los minoristas como para los ciudadanos. Por este motivo, no apoyo algunas de las enmiendas presentadas por el ponente y otros diputados.

Segundo, está claro que las pilas de níquel-cadmio solo aportan del 1 % al 3 % del cadmio al medio ambiente en comparación con el 27 % de los fertilizantes. El intento de prohibirlas parece motivado por la negativa a confrontar estos datos estadísticos con los intereses de determinados fabricantes nacionales de pilas y por la incapacidad de hacer frente a los conceptos erróneos de los ciudadanos en lo que a la situación real de la contaminación por cadmio se refiere. No tengo ningún problema en que la industria asuma la carga cuando hay posibilidades reales de mejorar las condiciones ambientales, pero decisiones tan perversas como la de hoy solo amenazan el respaldo a futuras medidas legislativas en materia de medio ambiente y el apoyo de los ciudadanos.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria deja claro que el objetivo de esta directiva es, en primer lugar, limitar el uso de metales pesados en pilas y acumuladores. La posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria contiene unas prioridades claras y aclara los objetivos de la directiva. La Lista de Junio apoya los esfuerzos de la UE en cuanto a los temas ambientales transfronterizos. Las emisiones de metales pesados son uno de esos temas. Así, hemos votado a favor de este informe y, en general, apoyamos la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en este tema.

Sin embargo, no estamos a favor de determinadas enmiendas. Por ejemplo, somos críticos con que el Parlamento Europeo diga que deberían llevarse a cabo campañas de información pública sobre la recogida y el reciclado de pilas, y que exprese opiniones sobre cómo deberían llevarse a cabo esas campañas (enmienda 33). Tenemos toda la confianza en que los Estados miembros son capaces, por sí solos, de cumplir los requisitos establecidos por la directiva. Cada uno de los Estados miembros debe decidir si se necesitan campañas de información, investigación u otras medidas para conseguir este objetivo.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Señor Presidente, he votado sobre las diversas enmiendas al informe Blokland sobre pilas, acumuladores y sus residuos de la forma en que lo he hecho porque considero que esta Directiva reducirá los residuos metálicos pesados derivados de las pilas y mejorará los procesos de reciclaje en Londres, mi circunscripción. Apoyo las prohibiciones contempladas en la posición común y creo que cualquier prohibición ulterior debe estar supeditada a evaluaciones de impacto exhaustivas.

También considero que los objetivos de reciclado deberían ser realistas y viables y que los sistemas de recolección deben ser factibles para los minoristas y los ciudadanos y, por tanto, no puedo apoyar algunas de las enmiendas presentadas por el ponente y otros diputados.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, que forma parte de un planteamiento equilibrado para la protección ambiental, la protección del consumidor y la promoción de la eficiencia energética. De todos los aspectos mencionados en el informe, hay uno que merece una atención especial. En general estoy a favor de una economía libre y abierta en la que exista un acceso total a la información –o al menos en la que se promueva ese acceso– dado que los consumidores solo gozan de una verdadera libertad de elección cuando están bien informados. Este informe da prioridad a la información de los consumidores, y por ello he votado a favor.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – He votado a favor de la aprobación de una nueva directiva europea sobre las pilas y los acumuladores, así como sobre la gestión de sus residuos.

Este texto tiene un doble objetivo en un ámbito en el que las disparidades entre los 25 Estados miembros son enormes: por un lado, hacer las baterías y los acumuladores más limpios limitando considerablemente la presencia de metales pesados, como el cadmio y el mercurio que contienen; por otro, organizar mejor la recogida y el reciclaje de dichos productos.

Por lo demás, Bélgica puede estar orgullosa de un sistema que sirve de modelo en Europa: una tasa de recogida del 59 %, cuando muchos Estados se estancan en tasas inferiores al 10 %.

Esta directiva, inspirada en los experimentos logrados que han llevado a cabo los Estados miembros, fija unos objetivos ambiciosos en materia de recogida: el 40 % al cabo de seis años y el 60 % en diez años.

Son objetivos que no pueden alcanzarse sin una política equilibrada que tenga en cuenta la globalidad de la cadena económica y que incluya en el ámbito de la cadena económica a todos y cada uno de los agentes: del productor al consumidor, pasando por los distribuidores.

Es una norma fundamental para que en el futuro en Europa se pueda producir mejor y recoger más, en beneficio del medio ambiente y de los consumidores.

  Boguslaw Sonik (PPE-DE), por escrito. – (PL) Esta Directiva 91/157/CEE que pronto será revocada, en la que se establecen unos objetivos para la recuperación y la eliminación de acumuladores, formaba parte de un cuerpo de legislación ambiental incorporado a los tratados de adhesión que siguieron a las negociaciones.

Ahora, la Comisión Europea propone que se ponga en marcha un nuevo sistema para la recogida, el procesamiento y la neutralización de los residuos de pilas y acumuladores. Polonia ha transpuesto las disposiciones de la anterior directiva a la legislación nacional, y se encuentra en el proceso de ponerla en práctica. Pero, de repente, se proponen nuevas soluciones y se establecen unos objetivos de recogida mucho más elevados que los anteriores. No hay ninguna duda de que es la forma correcta de garantizar la seguridad y hacer que el medio ambiente en Europa sea más limpio, pero este proceso debería ser compatible con las soluciones que se han puesto en práctica hasta la fecha. Es de lamentar que la mayor parte de las enmiendas del ponente no estén apoyadas por estudios o valoraciones del impacto que la nueva directiva tendrá en el desarrollo de las empresas de este sector. Al fin y al cabo, serán los propietarios de las empresas quienes tendrán que soportar los costes de introducción de la nueva legislación.

A la mayoría de los Estados miembros les va resultar imposible conseguir los objetivos de recogida propuestos en las enmiendas 26 y 27 de este informe. Los nuevos Estados miembros están todavía en la fase de poner en práctica unos complicados programas para la recogida de pilas usadas, de conformidad con la Directiva. No existe una explicación racional para unos objetivos de recogida del 40 y el 60 % en estos momentos, y la propuesta de aumentar el objetivo de reciclado al 55 % es igualmente intolerable y no está justificada.

Además, los programas para una recogida eficaz de pilas implican necesariamente aumentar la concienciación y fomentar una cultura de recogida de pilas desde la raíz. Lo que significa que hace falta un planteamiento a largo plazo cuando se proponen nuevas soluciones.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) No hay duda de que tenemos que reducir la contaminación producida por las pilas y mejorar su reciclaje. Las pilas de níquel-cadmio son particularmente contaminantes. El compromiso sobre el níquel-cadmio es realista al dar un respiro de cuatro años antes del establecimiento de la prohibición total. Esto significa que la industria fabricante de aparatos eléctricos dispondrá de tiempo para aplicar alternativas menos contaminantes. Espero que mañana ningún titular anuncie que la UE prohíbe los aparatos eléctricos.

Informe Rothe (A6-0343/2005)

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, como ponente de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, me tranquiliza que el resultado de la Directiva sobre servicios energéticos haya mejorado en las negociaciones con el Consejo. El Consejo ha adoptado así un planteamiento realista respecto a las propuestas del Parlamento y la Comisión.

Esperaba que esta Directiva fuera una oportunidad para corregir las distorsiones de la competencia que implica la fracasada directiva sobre el comercio de emisiones. Me opuse a los objetivos de ahorro común que vinculaban a todos los Estados miembros del primero al último, porque consideraba que castigaba a aquellos países donde las medidas de ahorro de energía ya se practicaban desde hacía mucho tiempo.

Quizás resulte paradójico, pero si tratamos a todos los Estados miembros de la misma forma, les estamos ofreciendo un trato desigual. Para unos, el objetivo propuesto por la Comisión era en realidad bastante duro, mientras que para otros era ridículamente sencillo. Habría sido un factor de distorsión de la competencia en el mercado único. Un criterio para las medidas de ahorro ahora es la rentabilidad, que da a los Estados miembros una muy necesaria flexibilidad. Esta es mi interpretación de los resultados. Ahora no habrá ningún exceso de priorización de medidas: en cambio, podrían utilizarse acuerdos voluntarios, por ejemplo.

Pero el resultado final también comportará un riesgo, si el procedimiento de comitología no se adhiere a la razón y la justicia como principio orientador. Existe el riesgo de caer en una excesiva burocracia. El método con el que deberíamos empezar a calcular la necesidad de ahorro debe ser justo y flexible y, sobre todo, debería tratar con justicia a los países donde ya hace años que se está ahorrando.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El compromiso que se ha votado en esta Cámara supone un paso atrás respecto a las propuestas iniciales, aunque deben agradecerse los intentos de conseguir una mayor eficiencia en el uso final de la energía. Por lo tanto, hemos apoyado las medidas que pretendían poner en práctica ese objetivo con eficacia.

La propuesta final reconoce el papel central que el sector público puede desempeñar en este ámbito, por ejemplo con la creación de unos proyectos piloto de eficiencia energética, la concesión de contratos públicos, la elaboración de unos criterios de eficiencia energética y, en sus inversiones, ofreciendo incentivos para cumplir los objetivos de mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, pone el acento en la libre competencia.

En consecuencia, la decisión de abstenernos en la votación final se ha basado en nuestra objeción a la enmienda 60, que, más que nada, está totalmente fuera de lugar. No podemos aceptar que, cuando se trata de eficiencia energética, el acento se ponga en la liberalización del mercado, como en el informe, que resalta «una competencia justa e igualdad de oportunidades para todos los proveedores de servicios energéticos». Creemos que es un sector clave en el que el Estado debe seguir siendo el principal actor.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado en contra de todas las enmiendas porque no creemos que el Parlamento Europeo deba opinar sobre cómo debe ahorrarse energía en los Estados miembros. Este tema lo resolverán mejor los propios Estados miembros.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La UE debe ser más activa cuando se trata de eficiencia energética, tanto cuando se trata de cumplir su palabra, como en su postura sobre los temas ambientales, como en Kyoto, y en cuanto al sentido común económico y ambiental. En temas como este, en mi opinión, el énfasis debe situarse en la eficiencia y el sentido común. Esas deben ser las piedras angulares de nuestras políticas ambientales y energéticas.

Informe Garriga Polledo (A6-0397/2005)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2005, modificado mediante nota rectificativa del 16 de noviembre de 2005, es preocupante porque cancela la petición original de pago adicional de 650 millones de euros para los Fondos Estructurales –teniendo en cuenta que ya se han obtenido 380 millones de euros mediante transferencias de otras rúbricas– y recorta la misma cantidad de la ayuda en relación con los mercados agrícolas.

Lo más alarmante es que los créditos utilizados y las pocas solicitudes recibidas de los nuevos Estados miembros no llegan al importe total de los créditos estructurales disponibles. En realidad, nos estamos aproximando al final del actual marco financiero y se aplicará la denominada norma n+2, según la cual los gastos de autorización se cancelan automáticamente si no se han puesto en práctica en dos años.

La devolución de recursos propios a los Estados miembros ascenderá a casi 3 900 millones de euros, lo que naturalmente beneficiará a los principales contribuidores netos. Lo que queremos ver es que se ponga en práctica las condiciones para una aplicación completa y eficaz de los Fondos Estructurales. Esas devoluciones harán posible de nuevo resolver las limitaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ayudando así a reducir los déficit en algunos países.

Informe Kauppi (A6-0334/2005)

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) En esta votación me he abstenido en la votación sobre la enmienda 11 por cuestiones que afectan a mi circunscripción, Londres.

Informe McCarthy (A6-0240/2005)

  Fernand le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) El procedimiento propuesto revela algunas importantes carencias jurídicas. El procedimiento se desarrolla en dos etapas:

1. En primer lugar, tras la presentación de una demanda, el juez expide una notificación europea de pago que se notifica al deudor y este último dispone de un plazo de tres semanas para presentar una reclamación.

2. En segundo lugar, a falta de reclamación, se emite un requerimiento europeo de pago.

Este doble resorte se justifica, según los autores, por el riesgo de emitir desde un principio un título irreversible.

Parece más razonable, para aligerar el procedimiento y garantizar los derechos del deudor: mantener solo una etapa, es decir, emitir el requerimiento europeo de pago desde el principio y conferirle carácter ejecutorio. En contrapartida,

- hay que alargar el plazo de oposición,

- y que dicho plazo empiece a contar tan solo a partir del momento en que el deudor haya recibido efectivamente la notificación.

Por esta razón, rechazamos la enmienda 12, que permite condenar a un demandado sin que este tenga conocimiento de la decisión.

Por último, la opción propuesta en la enmienda 20 entre la notificación presentada por un agente o el envío por correo no debe existir. La notificación debe presentarla un agente, habida cuenta de los fallos del sistema postal en algunos países, como por ejemplo Francia.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Se puede conseguir un enorme beneficio económico si se simplifican y se aceleran los procedimientos, como muy bien saben los países que se benefician de unos sistemas legales repletos de salvaguardias y rápidos.

Un procedimiento europeo para emitir órdenes de pago es un paso adelante en este sentido, porque promoverá una mayor seguridad jurídica en las transacciones comerciales y más justicia, como ha quedado demostrado con instrumentos nacionales similares. Pero como han dicho varios Estados miembros, es necesario asegurar que el alcance de un procedimiento de este tipo no vaya más allá de lo que es razonable y factible en términos de cooperación entre Estados miembros soberanos.

Con esto en mente, he votado a favor.

Informe Wallis (A6-0376/2005)

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Señor Presidente, Señorías, considero que hoy se ha cometido una grave injusticia al no defender la inmunidad del señor Gollnisch, que habló –y no entro en el fondo de lo que dijo– en calidad de diputado al Parlamento Europeo. Nosotros deberíamos –y digo intencionadamente «deberíamos» en vez de «debemos»– ser protegidos cuando hablamos como diputados a este Parlamento, independientemente de lo que digamos.

No sería el primer caso en que se protege a un colega que habla, escribe o interviene fuera del Parlamento. Sin embargo, no vale lo mismo para el señor Gollnisch; probablemente no por lo que ha dicho, sino por su adscripción política, desagradable para algunos, que olvidan que en esta Cámara todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, con democracia y transparencia le he arrancado hábilmente algunos segundos del único modo posible para quienes no pertenecemos a los llamados grandes Grupos. Esto no obsta a que el instrumento de la inmunidad parlamentaria debería estar sujeto a normas muy distintas.

Todo lo que he afirmado anteriormente es bastante grave, y cualquier diputado, prescindiendo de las ideas y los proyectos políticos que aquí representa, debería tenerlo muy en cuenta, porque un día podría sucederle lo que está sucediendo hoy al señor Gollnisch solamente porque, en el curso de un debate y en pleno desempeño de sus funciones, tuvo el valor de hacer afirmaciones que otros no comparten. Es una vergüenza.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, he votado en contra de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch, porque considero su procesamiento como un intento no disimulado de difamación dirigido contra alguien que es inconformista como diputado a esta Cámara y como académico. La libre expresión de una opinión está garantizada en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Carta de Derechos Humanos, y el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales –algo que parece ser que la mayoría de esta Cámara ha olvidado. El señor Gollnisch dio una conferencia de prensa política en Lyon el 11 de octubre de 2004, y lo hizo, evidentemente, como político que es, ante todo, diputado al Parlamento Europeo. Se puede considerar que las declaraciones históricas que hizo en aquella ocasión son censurables, pero las realizó, por supuesto, en su calidad de diputado al Parlamento Europeo, y como tal, en los términos de todas las leyes aplicables, debería gozar de una protección de la inmunidad.

  Carl Lang (NI). – (FR) Señor Presidente, la inmunidad parlamentaria tiene por objeto proteger la libertad de expresión de los diputados. Por tanto, según la jurisprudencia constante de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, se establece como principio fundamental que, cuando los actos reprochados a un diputado formen parte de su actividad política o estén directamente asociados a la misma, la inmunidad no se levanta.

Según dicha jurisprudencia, se incluye aquí la expresión de opiniones que se considere pertenecen a la actividad política y que sean emitidas en manifestaciones, reuniones públicas, en publicaciones políticas, en la prensa, en libros, en la televisión o incluso ante un tribunal.

En el caso de nuestro colega, el señor Gollnisch, no cabe ninguna duda de que esta bien establecida jurisprudencia ha sido eludida de forma partidista por esta Cámara. El señor Gollnisch no tiene razón jurídicamente porque está en la minoría política. Su concepto del Derecho es de geometría variable. ¿Qué hacen en este lugar en que se adoptan los valores y los principios de la democracia y el derecho? Al no haber defendido hoy la inmunidad parlamentaria de nuestro colega, el señor Gollnisch, esta Asamblea es indigna de los principios que declara, ¡indigna e injusta!

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, la mayoría de este Parlamento acaba de decidir, por razones políticas, no defender mi inmunidad. Sin embargo, observo con satisfacción que mi defensa ha sido compartida por muchos colegas que no pertenecen a mi formación política, tanto más cuanto que todas las acusaciones que figuraban en el anteproyecto de informe de la señora Wallis han desaparecido, como exigió la mayoría de la comisión, sin duda para tranquilizar su conciencia.

Esta decisión se aprobó por un motivo absurdo e inhabitual: ¡se supone que me habría expresado fuera del marco de mis actividades parlamentarias, lo cual es falso! Pero en las circunstancias políticas actuales, el hecho de haber obtenido la supresión de todos los pasajes que podían serme hostiles en cuanto al fondo es una semivictoria. Dado que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, considero el artificio de procedimiento utilizado por mis adversarios políticos la prueba de su apuro –la palabra es floja– con respecto al fondo del asunto.

No es menos cierto que todo esto sucede en el mismo momento en que muchas voces, entre ellas las del señor De Villepin, el señor Chirac y...

(El Presidente interrumpe al orador)

  El Presidente. Señor Gollnisch, ha tenido usted un minuto. Estas explicaciones de voto son solo de un minuto. Una de las observaciones que hizo usted y por la que se le retiró la inmunidad fue que «corresponde a los historiadores debatir si existieron las cámaras de gas». Ese comentario me anima una vez más a visitar el campo de Natzweiler-Struthof, en los Vosgos, como haré en enero.

(Protestas del señor Gollnisch)

No estamos en la Assemblée nationale, señor Gollnisch. Esto es el Parlamento Europeo.

Tiene la palabra el señor Vanhecke.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, francamente, me siento bastante disgustado por la idea de que esta Cámara, en las actuales circunstancias, conceda el Premio Sájarov, dado el nivel de hipocresía existente, porque suspender la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch no solo es una vergüenza para esta Cámara sino que además va en detrimento de la democracia. Ni siquiera debemos entrar en los detalles del asunto, porque cualquiera que se considere demócrata debe, en primer lugar, defender ante todo el derecho a la libre expresión de opiniones por parte de todos aquellos con quienes no está de acuerdo.

Esta Cámara tiene el hábito de defender la inmunidad parlamentaria; que ahora se suspenda ad hoc la del señor Gollnisch es algo que considero alarmante. Es evidente que el mundo todavía no se ha liberado de sus Robespierre, Freisler, Beria y sus cobardes cómplices en esta Cámara.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Wallis porque es contrario a la tradición de que el Parlamento no aborda la cuestión de si debe suspenderse la inmunidad cuando se expresan, o presuntamente se han expresado, opiniones que constituyen una infracción. Si seguimos por esta vía, podríamos llegar a abolir el propio concepto de inmunidad parlamentaria.

  Fernand le Rachinel (NI). – (FR) Señor Presidente, este informe, que concluye con la negativa a defender la inmunidad de nuestro colega, el señor Gollnisch, ignora todos los principios generales relativos a los privilegios e inmunidades, así como la jurisprudencia constante de las comisiones competentes en la materia. Se entrega también a una auténtica caza de brujas, haciéndose eco así de la posición de las autoridades judiciales y políticas francesas, porque no había razón alguna para que el señor Gollnisch no debiera haber hecho los comentarios que hizo sobre la Segunda Guerra Mundial en una conferencia de prensa convocada después del descanso veraniego. Fueron sacados de contexto de un modo abusivo y escandaloso.

En realidad, si esas mismas palabras hubieran sido pronunciadas por otro, no habrían provocado este revuelo, ni siquiera se habrían reproducido. La prueba de ello la ha dado recientemente el señor Chirac, el Jefe de Estado francés. Todo este asunto, señor Presidente, tiene todos los atributos de una manipulación política, cuyo único objetivo es eliminar de la escena política a un hombre irreprochable.

  El Presidente. Me gustaría destacar que considero que las observaciones del señor Gollnisch son ofensivas.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) El señor Gollnisch pronunció el 11 de octubre de 2004, en una conferencia de prensa, palabras que ponían en duda la existencia de las cámaras de gas.

Sin embargo, esos crímenes son hechos históricos. Negarlo o discutirlo es un delito. Y a la justicia francesa corresponde pronunciarse, conforme a la ley Gayssot, que prohíbe la expresión pública de un discurso que discuta la existencia de crímenes contra la humanidad.

Por supuesto, hay que garantizarse la libertad de expresión de un diputado al Parlamento. Pero lo que está en juego en esta votación es situar a un hombre, a un profesor de universidad, frente a sus responsabilidades.

Por esta razón, votaré a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch. Para la inmensa mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, esta votación es portadora de un mensaje: el revisionismo no tiene cabida en la Europa del «nunca más».

  Jean-Marie Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Sorprendentemente, un punto fundamental en el asunto de nuestro colega, el señor Gollnisch, que sin embargo estaba presente en las tres primeras versiones del informe de la señora Wallis, ha desaparecido en la última. Se trata del fumus persecutionis: la presunción de que la acción penal está inspirada en la intención de perjudicar la actividad política del diputado. Uno de los principios del Parlamento Europeo es que no se levanta la inmunidad cuando existe la sospecha de que la acción penal ha sido motivada por la intención de perjudicar la actividad política del diputado. Ahora bien, en este expediente hay abundantes pruebas de fumus persecutionis. No se trata de meras suposiciones.

La intrusión del poder político es evidente en la persona del Ministro de Justicia de la época, el señor Perben, un adversario político directo del señor Gollnisch, pues es candidato declarado a las elecciones municipales en Lyon. Fue él quien ordenó personalmente las diligencias cuando la instrucción había declarado inocente al señor Gollnisch. El fiscal general de Lyon lo reconoció en un comunicado publicado entonces por toda la prensa. Por tanto, no se comprende por qué la ponente ha excluido al final el fumus persecutionis. De los hechos y circunstancias de este asunto se desprende que las medidas adoptadas por las autoridades judiciales tienen por objeto obstaculizar la actividad política de este diputado.

Informe Fourtou (A6-0382/2005)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en cuanto al informe Fortou, nos preocupan los acontecimientos de España, y específicamente en la comunidad de Valencia, donde muchos ciudadanos europeos se han sentido tratados injustamente como consecuencia de una legislación regional mal formulada y una interpretación defectuosa por parte de las autoridades regionales, locales y estatales. Es de agradecer que las autoridades regionales valencianas hayan adoptado una actitud muy cooperadora y ya estén modificando la ley. La nueva ley se encuentra en proceso de redacción.

Deberíamos dejar claro que el Parlamento Europeo no tiene competencias para abordar el tema de la anulación de una legislación local mal redactada. Por supuesto, debemos intervenir en aquellos casos en los que se vea afectada la legislación europea, pero esta Cámara no es responsable de todo.

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, voy a hacer tres puntualizaciones y una reflexión final.

Al haber sido rechazadas muchas de las enmiendas formuladas por la propia ponente, el informe que acabamos de votar tiene una suerte de dislates que este Parlamento no puede ignorar. El apartado sexto, tal y como ha quedado redactado, y no como debería haber quedado redactado según el informe de la ponente, obliga al legislador nacional y regional a introducir una serie de concreciones que pertenecen a su competencia exclusiva. No apelo aquí al principio de subsidiariedad: es una clara invasión de competencias. Lo mismo ocurre con el erratum, que pretende suspender la aplicación de una ley legítima, aprobada por un Parlamento regional legítimo y no invalidada por el Tribunal Constitucional: es una clarísima invasión de competencias por parte de este Parlamento.

En segundo lugar, en el considerando J, en contra también de la enmienda formulada por la propia ponente, y a instigación de los socialistas españoles, se alude a la existencia de ilícitos penales. Los ilícitos penales, en cualquier Estado de Derecho, como sabe el Presidente, deben ser aplicados, determinados y precisados por un tribunal, de acuerdo con un principio muy antiguo: nullum crimen, nulla poena sine lege.

(El Presidente interrumpe al orador)

  Gerard Batten, Graham Booth, Jeffrey Titford y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. Los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al UKIP han votado en contra de este informe, no porque no simpaticen ni comprendan a los propietarios de inmuebles en Valencia que se han visto privados de sus derechos de propiedad en virtud de una ley injusta, sino porque estamos totalmente en desacuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no tiene fuerza jurídica pero que en el informe se esgrime como argumento a favor de la intervención de la UE en esta cuestión.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Los problemas del desarrollo urbanístico en la comunidad autónoma de Valencia no son un asunto del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea en general. A juzgar por el informe, todos los temas políticos son responsabilidad de las instituciones de la UE. Esto significa que no se tiene la menor consideración por los Gobiernos electos de los Estados miembros, los diversos tipos de Gobiernos regionales electos y muy pocos de los Gobiernos locales elegidos por votación popular.

Hemos votado en contra del presente informe.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) No creo que la UE deba interferir en la forma como cada país lleva a cabo su planificación detallada. Sin embargo, en este caso, los políticos verdes del país en cuestión me han pedido que vote a favor de una intervención de este tipo, porque está en juego su democracia. Los contratistas inmobiliarios sobornan a los políticos, no les preocupa ni la legislación ni la democracia, y mis colegas creen que debe denunciarse el problema ante los políticos de fuera del país si queremos que haya alguna reacción por parte de la clase dirigente. Por lo tanto, mi voto es favorable a la opinión sobre la petición firmada por 15 000 personas y entregada al Parlamento. Pero esto no significa que desee que las conclusiones se conviertan en legislación aplicable en toda la UE.

  John Whittaker (IND/DEM), por escrito. (EN) Nuestro Grupo se opone a que la UE pueda seguir actuando de este modo fuera del ámbito de competencias que le otorga cualquier tratado, lo que abriría una brecha jurisprudencial con el objetivo de inmiscuirse en las políticas municipales y urbanísticas, en asuntos arquitectónicos de los Estados miembros y en la situación financiera de propietarios y arrendadores. En cualquier caso, es ilegal dotar de carácter legal a un texto de naturaleza política. El considerando L es el motivo por el que hemos votado en contra de este informe.

Informe Bersani (A6-0386/2005)

  Christoph Konrad (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, acabamos de votar sobre el informe Bersani en el que yo, como ponente alternativo, he trabajado en su periplo por esta Cámara. El informe representa un buen compromiso entre quienes desean que la Unión Europea tenga más poderes en los asuntos fiscales y quienes no, ya sea en relación con la base imponible de las empresas o con el tipo a que se gravan las empresas. Pero, incluso mientras estábamos votando, he sido informado de que el Tribunal Europeo de Justicia ha dictado sentencia sobre el caso Marks & Spencer. La situación ahora es que la empresa, en el Reino Unido, puede, mediante consolidación, consolidar las pérdidas y ganancias de Europa, y el Reino Unido tendrá que pagar a la empresa decenas de millones.

No quiero discutir los detalles del caso, sino tan solo dejar claro que lo que queremos es un sistema único de leyes, y que las leyes sean elaboradas, como ahora, por este Parlamento y sus diputados. Aquí tenemos, de nuevo, un caso de ley elaborada por jueces, cuyos fundamentos deben debatirse. No creo que este deba ser el futuro de la Unión Europea.

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen y Britta Thomsen (PSE), por escrito. (DA) La delegación apoya unos tipos fiscales mínimos y una base imponible común consolidada para las empresas que operan al menos en dos países. Una base imponible común consolidada y unos tipos tributarios mínimos para las empresas harán que el mercado interior sea más eficiente y, a la vez, combatirán la tendencia hacia la competencia fiscal, que es una amenaza para nuestros modelos sociales en Europa.

La delegación no considera que el principio de fiscalidad del país de origen sea una buena idea porque puede comportar una distorsión de la competencia entre países vecinos con normas fiscales distintas.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La fiscalidad de las empresas era uno de los ámbitos que abarcaba el denominado Paquete Monti de medidas de armonización fiscal. La adopción de la Estrategia de Lisboa proporcionó un nuevo impulso a la idea de un mercado interior sin obstáculos fiscales. La propuesta que tenemos ante nosotros, según el artículo 94 del Tratado sobre la aproximación de leyes, defiende la creación de una base fiscal corporativa común consolidada.

Los objetivos son claros: eliminar las barreras fiscales para las empresas que realizan transacciones transfronterizas y crear unas condiciones en las que las grandes corporaciones multinacionales puedan operar en un régimen único que abarque la distribución de dividendos y la compensación transfronteriza de pérdidas y beneficios, facilitando así las operaciones de reestructuración transfronteriza y las operaciones de fusión y adquisición. Por lo tanto, esto ayuda a consolidar el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, con lo que aumenta la existencia de lagunas jurídicas a través de las cuales las empresas pueden eludir los impuestos e impide evitar la evasión fiscal, que es lo contrario de lo que se pretendía. Con su planteamiento maximalista, el Parlamento está pensando incluso en promover una mayor cooperación, si algunos Estados miembros no quieren seguir esta ruta.

Siempre nos hemos opuesto a esta ruta, porque es un ataque a la soberanía fiscal de los Estados miembros, y porque no consigue resolver el problema principal de que el trabajo soporte la mayor carga fiscal. Por lo tanto, hemos votado en contra del informe.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el trabajo de la Comisión en este terreno. Sin embargo, no quiero anticiparme al resultado del Grupo de trabajo técnico de la UE, que se ha creado para examinar esta cuestión recurriendo a cualquier normativa en este ámbito.

Creo que la UE debe examinar todos los métodos empleados para atraer inversiones y no estoy convencido de que una base imponible armonizada vaya a atraer más inversiones extranjeras, particularmente a la ciudad de Londres.

  Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Estoy convencido de que la competencia fiscal es vital. Rechazo de plano la afirmación de que nivelar al alza los impuestos con vistas a la armonización puede aportar una solución a la falta de competitividad de Europa.

Una base imponible consolidada tendría el efecto de encorsetar la política fiscal de los Estados miembros. Si un Gobierno quisiera emprender una actividad económica mediante la concesión de créditos fiscales para investigación y desarrollo, ese Estado miembro tendría que obtener la aprobación unánime del Consejo.

¿Es esa nuestra visión de Europa? ¿Dónde un enfoque consolidado significa que a la hora de formular la política fiscal nacional es necesario contar con la aprobación previa de los 25 Estados miembros? Y mientras Europa se entretiene con estas decisiones, la competitividad de los mercados mundiales significará que los inversores sencillamente pasan de largo. Esta no es mi visión de Europa. La flexibilidad fiscal es fundamental para mejorar la competitividad europea.

La investigación y el desarrollo forman parte del conjunto general que determina la competitividad. No debemos olvidar que los impuestos también. Y la competitividad fiscal es saludable.

Según el presente informe, «la tendencia a la competencia en los porcentajes de los tipos pueden conducir a la erosión de los ingresos fiscales». Es esta una visión miope, entre otras razones porque los ejemplos polaco e irlandés la desmienten.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión en este terreno. Sin embargo, no quiere anticiparse al resultado del Grupo de trabajo técnico de la UE, creado para examinar esta cuestión reclamando cualquier normativa en este ámbito.

El EPLP cree que la UE debe examinar todos los métodos empleados para atraer inversiones y no está convencido de que una base imponible común vaya a atraer más inversiones extranjeras.

La opinión del EPLP es que la armonización de la base imponible posiblemente podría conducir a unos tipos más elevados, con una ulterior armonización que no es deseable.

El EPLP apoya el incremento de la cooperación, si los Estados miembros desean llegar a este enfoque consolidado del tipo impositivo, siempre y cuando se sigan los procedimientos adecuados y no se siente un precedente para la cooperación fiscal en el futuro.

53. Correcciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.10, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

54. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

55. Conservación de datos

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0365/2005) del señor Alvaro, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE [COM(2005)0438 - C6-0293/2005 - 2005/0182(COD)].

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, el compromiso alcanzado en torno a la propuesta de directiva presentada por la Comisión hace solo tres meses es fruto del trabajo serio, profesional e intenso desarrollado conjuntamente por las tres instituciones de la Unión Europea, y es resultado también de la firme voluntad común de luchar hombro con hombro contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Si este Parlamento, como deseo sinceramente, se expresa a favor del compromiso alcanzado, los 25 Estados miembros de la Unión tendrán una legislación común en materia de conservación de los datos de tráfico de telecomunicaciones que hará más eficaz la lucha de los tribunales y de la policía por proteger el derecho a la seguridad de los ciudadanos europeos. Es en sí mismo un resultado importante, un primer paso, pero fundamental, hacia una armonización gradual de las legislaciones nacionales.

Además, si se alcanza un acuerdo, este subrayará la posibilidad de abordar temas de capital importancia para los ciudadanos europeos en el contexto de un marco comunitario, no ya intergubernamental; existirá así la posibilidad, o mejor dicho, el derecho a la plena participación no solo de la Comisión y del Consejo, sino también del Parlamento Europeo con el mismo derecho, y debo decir aquí públicamente que gracias al empeño personal y al valiente empeño del Ministro Clarke conseguimos en el Consejo un acuerdo sobre el cambio del fundamento jurídico de la actual propuesta de directiva, algo que hace tan solo unos meses no parecía nada fácil. Este resultado –este compromiso– establece a mi entender un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la necesidad de libertad. Se trata de un objetivo primordial perseguido por la Comisión Europea y por mí personalmente.

Este compromiso responde a algunas de las peticiones más importantes formuladas, no solo por el Consejo, sino sobre todo por este Parlamento, a lo largo del intenso debate de los últimos meses. Hemos tenido en cuenta exigencias fundamentales, como la protección y la seguridad de los datos personales, la aplicación de sanciones por el uso indebido de los datos conservados y la limitación de la aplicación de la directiva a los delitos graves.

Quiero resaltar también en esta Cámara, como ya hice en el Consejo, cuán importante es que se respeten siempre los principios de necesidad y proporcionalidad en la aplicación del artículo 15, del que se ha hablado tanto, de la directiva de 2002 vigente. Se trata de resultados importantes que apuntan a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y responden a los principios generales de la acción legislativa de Europa.

Señor Presidente, en este punto quisiera, para concluir, insistir con gratitud en la calidad del trabajo realizado por el Parlamento en circunstancias difíciles y en plazos muy reducidos, en comparación con los plazos medios de tramitación parlamentaria. Hay que reconocer también que esta materia presenta aspectos muy complejos desde el punto de vista legal, técnico y económico, y que, en algunos temas concretos, los puntos de vista iniciales estaban aparente y sustancialmente muy alejados unos de otros. Precisamente por estos motivos, deseo manifestar mi gratitud personal y mi aprecio por el trabajo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que participé en varias ocasiones, por su presidente, el señor Cavada, y por el ponente, el señor Alvaro.

Señor Presidente, la Comisión se felicita, pues, por el compromiso alcanzado y recomienda que sea apoyado por el Parlamento Europeo, aprobando en particular las enmiendas 51 a 92 firmadas por la señora Roure y el señor Kreissl-Dörfler por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y por el señor Reul por el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos.

Creo que este consenso puede y debe ir más allá de las enmiendas presentadas por los dos principales Grupos del Parlamento Europeo y considero que un consenso aún más amplio de este Parlamento demostraría a nuestros conciudadanos la plena capacidad de esta gran institución, y de las tres instituciones europeas, para trabajar juntas a fin de dar respuestas concretas a las demandas de nuestros conciudadanos.

(Aplausos)

  Charles Clarke, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar sumándome plenamente a los sentimientos expresados hoy por mi amigo el Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini.

Creo que se ha realizado un trabajo muy importante y constructivo, tanto entre el Consejo y la Comisión como entre el Consejo y el Parlamento. En particular, quiero expresar mi aprecio al señor Cavada y a todos los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, incluido el señor Alvaro, y a los líderes de los Grupos por la forma en que hemos trabajado para debatir estas cuestiones.

Conforme nos acercamos al final de la Presidencia británica, me complace enormemente tener la oportunidad de participar en este debate. Ha sido uno de los puntos más importantes de nuestro programa de trabajo y espero que estemos de acuerdo en que las propuestas nos brindan una oportunidad para que la tres instituciones de Europa, Parlamento, Comisión y Consejo, permanezcan unidas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y para que envíen el mensaje de que estamos decididos a trabajar unidos para lograr estos objetivos.

Estoy orgulloso de lo que se ha conseguido durante esta Presidencia. Hemos acordado una estrategia antiterrorista de la Unión Europea. Hemos tomado medidas para mejorar el intercambio de información con fines policiales. Hemos aprobado una estrategia para hacer frente a la radicalización y el reclutamiento de terroristas. Hemos creado un programa de la Unión Europea destinado a proteger las infraestructuras críticas contra ataques devastadores. Hemos previsto una evaluación por expertos de las prácticas y del desarrollo de la lucha contra el terrorismo. Hemos aprobado una directiva sobre el blanqueo de dinero. Hemos acordado propuestas para mejorar el intercambio de información entre los servicios policiales y hemos desarrollado un plan de acción europeo para hacer frente al tráfico de seres humanos. En ese contexto, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que también hemos dado mucha mayor prioridad a las cuestiones de inmigración en el programa de trabajo de la Unión Europea. Se trata de una serie de logros muy sustanciales. No obstante, para mí personalmente la cuestión más importante es la que estamos debatiendo hoy: el objetivo de lograr normas comunes para la conservación de datos de telecomunicaciones.

Como ha dicho el señor Frattini, ha sido un debate franco –y todo el mundo ha querido participar en él–, pero también complicado, pues no ha sido nada fácil resolver las cuestiones de principio y las cuestiones técnicas. Mi compromiso ha sido escuchar en la medida de lo posible los distintos puntos de vista expresados en este Parlamento y debatir con mis colegas en el Consejo sobre cómo podemos trabajar juntos. Para ser sincero, en el Consejo había cierto escepticismo con respecto a la idea de aceptar un acuerdo en primera lectura y un proceso de este tipo. No estábamos seguros de que sería posible llegar a un acuerdo.

Por eso el debate de hoy es tan importante. La afirmación de que el Parlamento Europeo en particular, no solo el Consejo y la Comisión, se compromete a hacer propuestas en este terreno me parece muy importante.

Los instrumentos de las que estamos hablando, los datos de telecomunicaciones que describimos, son vitales para investigar y descubrir el terrorismo y la delincuencia. Es esencial, en mi opinión, establecer un fundamento jurídico proporcionado y equilibrado para la conservación de datos que, de otro modo, serían borrados o permanecerían en el anonimato. Las distintas prácticas de conservación de datos significan que la habilidad de los investigadores y fiscales para detener y juzgar a delincuentes y terroristas para evitar que causen daño, o para atraparlos una vez que lo han causado, depende del proveedor de servicios de comunicaciones utilizado por un sospechoso, una víctima o un testigo o del Estado miembro en el que se encuentran. Esas diferencias representan una puerta de escape para nuestros adversarios del mundo de la delincuencia, y con esta directiva, que espero que aprobemos hoy, pretendemos cerrar esa puerta.

Hay muchos ejemplos, algunos de los cuales ya mencioné en la Comisión de Libertades Civiles en septiembre de 2005, en los que los datos de comunicaciones se han usado para seguir el rastro de los miembros de células terroristas, para ayudar a identificar a criminales y para liberar a rehenes y hacer frente a los organizadores de delitos muy graves.

La posición del Consejo, apoyada por la Comisión, pretende llegar a un compromiso entre el Parlamento y el Consejo, en particular equilibrar las necesidades de la policía y el derecho de los ciudadanos a la privacidad mediante la inclusión de normas específicas sobre protección de datos. Tal como ha quedado modificada, la directiva obligará a los Estados miembros a garantizar que los datos se retengan únicamente con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves. Esta exigencia procede concretamente del Parlamento Europeo. Muchos nos dijeron que teníamos que garantizar que esto se limitara a delitos graves a escala comunitaria. Hemos respondido a ese punto en la propuesta, que el Consejo ha aceptado.

En cuanto a los periodos de conservación, el periodo propuesto en el compromiso, de seis a veinticuatro meses, representa un compromiso entre los miembros del Consejo que querían un periodo máximo mucho más largo –algunos miembros del Consejo no creían en principio que deberíamos legislar en absoluto sobre esta base– y los diputados al Parlamento que se habrían sentido más satisfechos con un periodo de conservación más corto. Creo que esta solución de compromiso permitirá a los servicios policiales obtener los datos que necesitan sin infringir de forma desproporcionada el derecho a la intimidad.

La Presidencia ha tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por los Estados miembros y la industria y por algunos diputados al Parlamento sobre los costes, en particular los devengados por el almacenamiento de tipos de datos como las llamadas perdidas. Por este motivo, la lista de datos de la directiva se ha restringido y los datos de las llamadas perdidas quedan fueran de su ámbito de aplicación en general. También es un motivo por el que apoyé el compromiso de la Comisión y del Consejo de revisar regularmente la efectividad de la aplicación de la Directiva junto con el Parlamento Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y los representantes de la industria. Es una situación muy volátil y es importante que todas las instituciones trabajen juntas para mantenernos al día sobre la mejor manera de abordarla.

Como he señalado, el Consejo también se ha tomado muy en serio las preocupaciones expresadas en el Parlamento sobre la protección y la seguridad de los datos. De ahí que las enmiendas incluyan artículos sobre la protección de datos, el acceso a los mismos y las sanciones impuestas en caso de abuso. Estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del Parlamento de que los datos deben guardarse de forma segura y que solo pueden hacerse públicos conforme a la ley y comunicarse a personas que, por ley, estén autorizadas a verlos. El acceso no debe ser generalizado.

Sé que ha sido una negociación complicada y que la cuestión que nos ocupa es técnica y compleja. Acojo con agrado, por tanto, que la Comisión tenga que evaluar plenamente la aplicación de la Directiva y su impacto sobre la industria y los consumidores.

Nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a la propiedad, nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho a la vida están amenazados por terroristas y delincuentes. Creo que, particularmente en esta democracia, los políticos demócratas tienen el deber y la responsabilidad de proteger estos derechos mediante el tipo de medidas que acordamos aquí. Espero que podamos decir al final de este debate que lo hemos logrado.

Considero que la propuesta de la Comisión, tal como ha sido modificada por el Consejo y con el apoyo del Parlamento, nos aseguraría un instrumento con el que poder equilibrar mejor la necesidad de retener datos para proteger a nuestros ciudadanos y la necesidad de proteger y respetar su intimidad.

Adoptamos nuevas tecnologías que ofrecen grandes oportunidades para aprender, para hacer negocios y para comunicarnos. Pero estas mismas tecnologías pueden se utilizadas y mal empleadas por parte de aquellos que no respetan los derechos de los demás, y también por sus víctimas. Es correcto, por tanto, que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para hacer justicia y proteger a los ciudadanos. Esto es lo que ellos, nuestros electores, exigen de nosotros y por ese motivo tenemos que actuar, de forma proporcionada y democrática, por supuesto, pero espero que con unidad.

Me complace que mañana el Parlamento en su conjunto tenga la oportunidad de expresar su punto de vista sobre la propuesta de directiva. La Comisión, con la excelente aportación del señor Frattini, ya ha manifestado su apoyo. El Consejo también apoya. Si ustedes, el Parlamento, dan su respaldo, podremos celebrar un logro histórico, que enviará un mensaje de fuerza a todos los ciudadanos de la Unión Europea sobre nuestra determinación y nuestra capacidad para luchar contra el terrorismo y la delincuencia grave y sobre la importancia del Parlamento Europeo en esa lucha. Creo que el mensaje que enviaríamos sería importante por derecho propio, pero que también sería importante para los futuros acuerdos en la Unión Europea sobre cómo hacer evolucionar estas cuestiones de forma positiva y constructiva.

Para terminar, me gustaría dar las gracias a todos mis colegas en el Parlamento, muchos de los cuales están presentes hoy en la Cámara, por el enfoque afable, positivo, atento y constructivo que han adoptado al intentar debatir estas cuestiones. Creo que su sabiduría puede llevarnos a una nueva frontera de la lucha contra el crimen, la delincuencia y el terrorismo en toda la Unión Europea.

  Alexander Nuno Alvaro (ALDE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Clarke, me complace su presencia aquí, y también la de los distinguidos diputados con los que he tenido el privilegio de trabajar durante más de un año. Sin embargo, no pueden esperar de mí que salte de alegría, porque la línea que adopto difiere de la que ustedes acaban de presentar. Para empezar, no creo que jamás hayamos tenido que adoptar una decisión sobre la que se haya considerado realmente el fundamento jurídico, porque es obvio; hay tratados que lo dicen claramente. Además, la Comisión también presentó una propuesta, según el artículo 95, de una directiva que habría requerido la codecisión en esta Cámara. Considero que no es digno de esta Cámara celebrar que conseguimos algo que ya era legítimamente nuestro, pero, bueno, supongo que otros opinan de otra forma.

Personalmente creo que sabíamos perfectamente bien dónde nos metíamos, y sabemos por los servicios jurídicos, incluidos los del Consejo, que el Consejo no habría estado bien aconsejado para tomar una decisión. También sabemos que no hubo unanimidad en el Consejo, por lo que tenía mucho sentido táctico establecer la unanimidad en esta Cámara.

También quiero discutir gran parte del contenido de lo que han dicho. Las decisiones que tomamos en comisión se adoptaron conjuntamente, sin tener en cuenta las filiaciones de los partidos, y a veces unánimemente, y las enmiendas que redactamos eran excelentes. Una votación final de 33 contra 8, con cinco abstenciones, refleja exactamente la postura tomada por la segunda comisión más grande de esta Cámara, y el único de sus organismos constitutivos que ha tomado una decisión en este asunto.

Opino de forma muy distinta en lo que se refiere a los límites de tiempo para la conservación de los datos, pero ustedes ya lo saben. He viajado mucho más lejos y he recorrido un largo camino para llegar a esos compromisos, que en la comisión hemos acordado, para mostrar una especie de columna vertebral. Y ahora llega este artículo X, que dispone que los Estados miembros amplíen los límites de tiempo para la conservación de los datos tanto como quieran, siempre que informen a la Comisión y le ofrezcan la oportunidad de pasar seis meses examinando si ello podría constituir una barrera para el comercio o un trastorno del mercado interior, y no si podría haber alguna objeción de naturaleza jurídica o desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Interesante. Un resultado de todo esto es que Polonia, el apreciado vecino de la República Federal de Alemania, tiene previsto retener los datos durante quince años. ¡Qué idea más interesante!

Sin embargo, no hemos llegado a ningún acuerdo sobre los costes que ello implica. El hecho de que las empresas y los ciudadanos tengan que pagar la factura de lo que piden los Estados sienta un precedente. Y además observo la inclusión de disposiciones sobre la protección de datos y de los ciudadanos, así como los mecanismos de sanción, pero, aunque me complacen esas medidas positivas, no exigen del Consejo más que un chasquido de dedos, dado que se refieren a la legislación nacional, que, como muy bien deben saber, no es difícil de poner en práctica.

En cuanto al contenido, también hemos consultado con la Comisión, que adoptó una línea similar a la nuestra, y hemos llegado a la conclusión de que:

«Está bastante claro que el texto difiere de nuestra propuesta original en varios ámbitos importantes. Aunque la aprobación de nuestra propuesta habría significado una armonización casi completa en este terreno, el texto de compromiso representa solo una armonización parcial.»

(DE) Como no hemos resuelto el tema de la conservación de datos de una vez por todas, que es lo que la comisión y la Comisión pretendían, me pregunto hasta qué punto podemos decir que ha sido un éxito rotundo. Lo que hemos hecho es transferir a los Estados miembros una medida que la Directiva 2002/58 no les permitía poner en práctica. Y en general está en sus manos decidir qué forma precisa quieren que adopte, dado que les hemos proporcionado un inmenso grado de flexibilidad. No creo que, de esta forma, podamos decir justificadamente que hemos actuado como legisladores europeos.

También creo que sigue habiendo continuos malentendidos en cuanto a la competencia y los futuros poderes de esta Cámara. Un comunicado de prensa del Grupo Socialista, del 8 de diciembre, termina con la siguiente frase:

En el futuro, todos los expedientes relativos a esta materia se tratarán conforme al principio de codecisión con el Parlamento, incluida la revisión de la presente directiva.

(DE) En el último caso, eso es cierto, desde luego, pero la idea de que en el futuro todo lo que sirva para combatir el terrorismo deba someterse a un procedimiento de codecisión me parece muy cuestionable, puesto que se trata de un ámbito en el que las decisiones del Consejo tienen que ser unánimes.

También tengo entendido que Irlanda recurrirá ante el Tribunal de Justicia Europeo cualquier decisión que tomemos aquí y planteará la cuestión de si eso es posible en términos de competencia, lo cual es un giro muy interesante de los acontecimientos. Por último, quiero decirles que me siento muy decepcionado por la forma en que se ha llevado a cabo el procedimiento y por las contribuciones que han hecho los dos grandes Grupos. Me parece de un mal gusto increíble la manera en que se han comportado después de haber dedicado ocho semanas a debatir estas cuestiones en profundidad y a considerar nuestros siguientes pasos, habiendo hecho todos algunas concesiones, habiéndose logrado un gran número de compromisos y habiendo adoptado la Comisión una decisión muy clara y concreta. Me parece de mal gusto que algunos miembros de los grandes Grupos perjudicaran de este modo una propuesta de compromiso que el Consejo no había presentado todavía oficialmente, sin que por tanto haya habido hasta el momento negociación oficial con el Consejo, argumentando que el representante del Consejo había invalidado, en principio, su propio mandato y se veía incapaz de negociar. Es cierto que estoy decepcionado, pero espero con gran impaciencia la votación de mañana y, en conjunto, diré que la voluntad de trabajar juntos de una manera racional existirá siempre. Los resultados no tienen por qué gustar a todo el mundo.

(Aplausos)

  Herbert Reul (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Clarke, Señorías, lo que los ciudadanos esperan de nosotros no es que nos lancemos acusaciones mutuamente sobre quién es responsable de qué, sino que nos aseguremos de resolver sus problemas de la forma más rápida y diligente posible, y lo que esperan de los responsables de la política europea no es que aborden la cuestión de cómo combatir la delincuencia organizada y el terrorismo simplemente adoptando una nueva resolución y volviendo a discutir entre ellos, sino que obtengan resultados. Ese ha sido nuestro problema. Ahora tenemos sobre la mesa algo que podría mejorar la situación: la conservación y el almacenamiento de datos. Puede que no sea la respuesta para todo, pero es una respuesta.

El problema que se nos ha planteado es la forma de proteger los datos e impedir que ciudadanos inocentes se vean importunados más de lo que las circunstancias puedan justificar, y al abordarlo nos hemos hecho eco de la inquietud justificada de los ciudadanos. En lugar de permitir que ese problema se convierta en una historia interminable, hemos querido obtener un resultado rápido. Los ciudadanos tienen derecho a que les presentemos resultados inmediatos.

Puedo decir al señor Alvaro que por esa razón nos incumbe a nosotros, aún con el escaso tiempo disponible, buscar y encontrar una solución. Para ser sincero, diré que la solución que hemos encontrado no es 100 % perfecta, pero nos sirve de ayuda ahora y dota a la policía de instrumentos que antes no tenía. Nos ayuda a hacer todo lo posible para asegurar la protección de la vida humana y los datos personales.

El Consejo no habría dado ni un paso más; la cuestión se había reducido a una sucesión interminable de decisiones marco y discusiones. El señor Alvaro ha descrito con exactitud cómo el Parlamento siguió formulando preguntas durante meses seguidos, sin llevarnos a ninguna parte, porque el Consejo no estaba dispuesto a ceder, hasta que la Comisión presentó una propuesta que nos ha ayudado a alcanzar un consenso. Lo que ahora tenemos es un consenso alcanzado solo porque el Parlamento ha modificado su postura y ha hecho el esfuerzo de conciliar fuerzas distintas. Eso es lo que había que hacer, y al hacerlo nosotros también hemos salido ganando, porque ahora no hay duda alguna de que este proyecto está sujeto a codecisión. No me parece relevante plantearse si se podría haber obtenido el mismo resultado de alguna otra forma y en algún otro momento. Lo que me interesa es que este proyecto pueda completarse a finales de 2005 y entrar así en vigor.

A este instrumento digo «sí»; a la obtención arbitraria de datos digo «no»; y por eso digo «sí» a las restricciones que hemos acordado finalmente. Se excluyen algunos tipos de datos; no se permite conservar todo tipo de información sobre Internet, sino solo una categoría muy limitada; la conservación de los datos de tráfico se aplica solo al inicio de la sesión y se permite el registro de llamadas fallidas solo cuando eso ya se esté haciendo a escala nacional. En eso no ha cambiado nada y los países que no recaban ese tipo de datos no tienen que hacerlo; no están obligados a nada; son libres. Hemos reducido los requisitos. Hemos establecido un período mínimo de conservación de seis meses –un período sobre el que creo que podemos seguir hablando– y de 24 meses en caso de que el plazo deba ampliarse.

Me queda por formular una pregunta, ya planteada por el señor Alvaro y que me gustaría mucho que recibiera una respuesta, posiblemente del señor Clarke. El Comisario Frattini dijo, al ser consultado al respecto, que los quince años propuestos por Polonia no pueden considerarse una excepción. Yo pienso lo mismo, pero me sentiría mucho mejor si el señor Clarke nos dijera algo al respecto, que no puede ser la respuesta.

Tengo que decir, claro está, que en materia de costes no conseguimos lo que me hubiera gustado conseguir, pero la cuestión de los costes ya no es tan relevante como lo era al principio del proceso, puesto que ya no se están considerando los tipos de datos en cada categoría. Pero sí creo que hay que tener en cuenta el giro que han dado los acontecimientos durante el procedimiento y que también afecta a otros aspectos, como los costes, que ya no son tan considerables. Lo cierto es que hemos conseguido mejorar enormemente la seguridad de los datos personales en lo que respecta a su control y a los posibles abusos. Todas las cosas que el señor Alvaro ha descrito las hemos conseguido gracias a nuestro esfuerzo conjunto. Ha sido muy laborioso, pero el trabajo está ya hecho. Ahora se ha acordado –y esperemos que mañana se apruebe– que los ciudadanos deben estar protegidos contra el uso indebido de los datos personales, que se apliquen sanciones y multas, que no pueda conservarse el contenido de las comunicaciones, que el acceso a los datos se permita únicamente en casos de delitos graves y muchas otras cosas. Y el Parlamento sigue siendo un actor clave, ¡sin comitología ni revisión después de dos años! Se amplía el ámbito de actuación de la policía, los ciudadanos disfrutan de una protección nueva y más amplia de sus datos y el Parlamento gana influencia. Creo que los ciudadanos tienen derecho a que nos tomemos en serio la forma de protegerlos contra la delincuencia.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. – (SV) Señor Presidente, la democracia y la libertad no se defienden restringiendo los derechos humanos. En los estados totalitarios, las personas son culpables hasta que se demuestra su inocencia. En los estados regidos por el Estado de Derecho, la sospecha constituye un motivo para restringir la libertad. Ahora estamos debatiendo una ley que permitirá espiar a los que la ley dice proteger. Al menos hagamos una evaluación de impacto independiente, y hagámoslo antes de que la legislación entre en vigor. Los derechos humanos no pueden ser pasados por alto ni ignorados.

Legislemos con honestidad. No pretendamos que lo que nos preocupa es el terrorismo cuando se trata en realidad de una cuestión de ficheros compartidos, registros nacionales, impuestos, comercio y refugiados. No creemos nuevos problemas de competencia en Europa. Cumplamos el requisito de armonización de la Directiva de protección de datos y actuemos de acuerdo con el artículo 95. La medida propuesta no serviría para prevenir el terrorismo. Pero podría dañar la confianza en la UE si se demuestra que está en conflicto con las libertades y los derechos y con el Estado de Derecho.

Si no se pudiera justificar la necesidad de la medida, la UE estaría obligando a los Estados miembros a votar en contra de sus respectivas constituciones, en las que se integra el artículo 8.2 del Convenio del Consejo de Europa. Se provocaría una crisis constitucional. Es necesario establecer libertades y derechos en el Tratado fundamental de la UE antes de que las cosas vayan demasiado lejos.

Sé que es fácil dejarse llevar por el odio hacia los terroristas. Pero recortar las libertades y los derechos significa ceder ante los ataques contra el Estado de Derecho y apartarnos de nuestros valores. Sigamos respetando el derecho a la intimidad. No abramos grandes brechas en nuestras disposiciones sobre la protección de datos. La protección europea de los datos es un derecho europeo del que debemos estar orgullosos.

  Ewa Klamt, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Clarke, señor Vicepresidente, Señorías, mañana aprobaremos un importante instrumento europeo para combatir el terrorismo y los delitos más graves. Habiendo rechazado esta Cámara la decisión marco original por considerar que se basaba en un fundamento jurídico equivocado, la propuesta de directiva de la Comisión otorga ahora al Parlamento Europeo poder de codecisión.

De la misma forma que los Estados miembros en el Consejo, nosotros también partimos de opiniones muy diversas y de una interpretación diferente, pero de nuestros debates han emergido compromisos sostenibles. Desde el principio, con un trabajo rápido y eficiente en mente, negociamos con el Consejo de manera informal, como es el procedimiento habitual. A la hora de adoptar decisiones democráticas, también es habitual tratar de conseguir mayorías a favor de una posición y negociar compromisos, y los alcanzados por los dos grandes Grupos disfrutan del apoyo de la gran mayoría de esta Cámara.

El ponente, señor Alvaro, puede pensar que esta forma de hacer las cosas es de mal gusto, pero con él no pudimos llegar a ningún acuerdo porque no estuvo en Bruselas en la etapa final de las negociaciones, aunque la Presidencia británica fue informada tan pronto como los dos grandes Grupos alcanzaron un acuerdo informal en torno a una posición, base sobre la cual se pudo llegar a un acuerdo en el Consejo.

Esta Cámara puede jactarse de haber conseguido algunos éxitos, como haber reducido considerablemente el número de tipos de datos comparado con los propuestos por la Comisión. En cuanto a los delitos penales, las diferentes opiniones iban desde «aplicable a todos los delitos» hasta «solo al terrorismo», acordándose finalmente lo siguiente: «delitos graves según se definen en la legislación nacional, por referencia a la orden de detención europea». Uno de nuestros grandes logros ha sido la incorporación de la protección de los datos a la Directiva en la mayor medida posible, alcanzándose un buen equilibrio entre la protección de los ciudadanos contra los delitos graves y el terrorismo por una parte, y el respeto a la vida privada por otra.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, a pesar de algunos informes en sentido contrario, mañana no votaremos sobre el documento del Consejo relativo a la conservación de datos, sino sobre un compromiso alcanzado, y laboriosamente, por la mayoría de los miembros de la Comisión y del Consejo antes de su votación definitiva en este. Ahora, por primera vez, el Parlamento Europeo está implicado en el tercer pilar, el de la seguridad interior, al que se aplica el procedimiento de codecisión, algo que no querían algunos Estados miembros, entre ellos el Gobierno de mi propio país. La decisión de si el nivel europeo puede y debe influir en el nivel nacional y si, al hacerlo, puede y debe evitar un recorte innecesario de los derechos de los Parlamentos nacionales y/o de sus poderes, exigirá un auténtico equilibrismo. Eso es lo que ha llevado a la Ministra de Justicia del Gobierno federal alemán, Brigitte Zypries, a iniciar una revisión parlamentaria.

Esta Cámara ha conseguido, en cualquier caso, que el Consejo llegue a un acuerdo y que se hagan mejoras fundamentales en aspectos importantes de la propuesta original del Consejo. La conservación de datos es un instrumento importante –pero no el único– para combatir los delitos graves, la delincuencia internacional y el terrorismo, que algunos Estados miembros están ya utilizando, como el Reino Unido, España y Suecia, por ejemplo. Consideramos, por tanto, de máxima importancia que se incorporasen las debidas garantías mínimas a escala europea antes de que la legislación nacional –sobre la que no tenemos influencia alguna– fuera mucho más allá de la propuesta actual.

Así fue como, teniendo en cuenta consideraciones de costes y la preocupación por la protección de los datos, conseguimos incorporar el requisito de conservar determinados tipos de datos sobre el inicio, pero no el final, de las llamadas de teléfonos móviles –el término operativo es «perfil»–, pero excluyendo los datos de tráfico relacionados con las denominadas «llamadas fallidas», salvo que las empresas conservasen ya esos datos. Se dejaba también a los propios Estados miembros la decisión de por cuánto tiempo debían conservar los datos, dentro de unos límites de 6 a 24 meses como máximo. Solo cuando ya se aplicase un período más largo –en Italia, por ejemplo– se podría seguir aplicando la normativa vigente, y a este respecto agradecería mucho recibir información sobre lo que se está haciendo en el caso de Polonia.

Pero la protección de los datos se ha reforzado en comparación con la propuesta inicial, y se sigue aplicando la legislación nacional al acceso a los datos y al uso que de ellos se hace. Mi Grupo votará mayoritariamente a favor de adoptar este compromiso, aunque algunos de nosotros nos habríamos conformado con menos y posiblemente otros habrían preferido bastante más.

Mis últimas palabras van dirigidas al señor Alvaro: ¡por un clavo se pierde una herradura!

  Jean-Marie Cavada, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, en el marco de este trabajo colectivo, quiero ensalzar la inteligencia de la propuesta inicial del Comisario Frattini y la valentía del Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Clarke, en este ámbito. Han sabido ustedes trabajar mostrando respeto por el Parlamento, cuando en un principio no había nada que indicara que esto iba a ocurrir.

La votación de mañana no solo es importante, sino crucial. En primer lugar, porque pretende sentar las bases de un marco comunitario y dejar en manos de los Estados miembros el establecimiento de ciertos límites con respecto al volumen de los datos conservados y al espacio de tiempo durante el que se conservarán para responder a las exigencias de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

En segundo lugar, porque cuando se fijan límites razonables, todo el mundo puede aceptarlos. El período de conservación mínimo de seis meses ya lo aplican grosso modo los operadores de telecomunicaciones para gestionar sus contratos y su mercadotecnia. Este límite de seis meses había sido sugerido ya por las autoridades nacionales para proteger los datos cuando se aprobó la primera directiva sobre la protección de datos.

En tercer lugar, porque el Parlamento ha querido demostrar al Consejo, pero también y sobre todo a sus conciudadanos, que está dispuesto a tener en cuenta, no solo los intereses económicos, sino también las exigencias relacionadas con la protección de su seguridad y sus derechos fundamentales.

Personalmente no conozco casos en que los intereses económicos primen sobre el interés general en una situación tan trágica, cualquiera que sea el precio que haya que pagar, y ello a pesar de los marcos jurídicos actuales de los Tratados, que son un tanto esquizofrénicos.

La Constitución nos habría ahorrado esta multiplicidad de pilares, pero debemos atenermos a los fundamentos jurídicos de que disponemos. El Tribunal nos ha entreabierto recientemente una puerta; aprovechemos pues esta nueva posibilidad de elaborar la legislación comunitaria que tanto necesitamos.

La votación de mañana revelará sin duda las contradicciones y limitaciones de la situación jurídica actual, pero sobre todo propondrá algo nuevo en un ámbito que interesa a una opinión pública capaz de comprender que nos esforzamos por velar por sus intereses en un clima de buen entendimiento, al margen de cualquier lucha por el poder y especificidades jurídicas.

En nombre de la comisión que tengo el honor de presidir, concluiré declarando que en circunstancias distintas estamos dispuestos a afrontar este inteligente desafío sabiamente supervisado por las tres partes, y espero que continúe esta excelente cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento.

  Kathalijne Maria Buitenweg, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, en repetidas ocasiones he recordado en los debates celebrados aquí con mis colegas diputados que tampoco el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea considera sagrado el derecho a la intimidad y que las invasiones pueden estar justificadas si se demuestra que las medidas en cuestión son realmente necesarias, proporcionadas y eficaces. Para mí está claro que lo que necesitamos para combatir el terrorismo, para combatir la delincuencia organizada, es invertir más en investigaciones específicas, invertir más en analizar los datos existentes y mejorar la cooperación entre los servicios de inteligencia y seguridad.

El dinero, incluso nuestro euro, solo se puede gastar una vez. En la actualidad, los fondos se están canalizando hacia la vigilancia a gran escala, a los peces gordos, en lugar de hacia investigaciones específicas, y esa decisión me parece verdaderamente equivocada.

Podría haber aceptado la conservación de datos sobre comunicaciones telefónicas, y todas las razones de fondo que el señor Clarke nos ha dado se referían exclusivamente a los datos sobre comunicaciones telefónicas, así que habría sido fácil y sencillo. ¿Pero qué debemos hacer con los planes para registrar el tiempo que las personas pasan conectadas a Internet, así como los datos sobre el inicio y el fin de las sesiones? Vivimos en una era en la que las personas suelen tener el ordenador encendido todo el día. Un registro de esta naturaleza sería, por tanto, de escasa utilidad.

En esta Cámara estamos siempre hablando de legislar mejor, para que luego se hagan estas tonterías. Ni siquiera han considerado las consecuencias financieras para la industria. Si yo tuviera que elaborar una propuesta sobre medio ambiente o política social, parecería intolerable que no le dedicara suficiente reflexión, pero en este caso no parece ser un problema.

Quiero ahora dirigirme a los grandes Grupos. Mi Grupo se ha manifestado también a favor de concluir rápidamente este debate, a ser posible después de la primera lectura en esta Cámara, pero como ahora han llegado ustedes a un acuerdo con la Presidencia británica antes incluso de que el Parlamento haya adoptado una posición, nos encontramos ante una situación de hechos consumados.

Los Grupos pequeños ni siquiera fueron informados, como tampoco sabía nada sobre el particular el ponente para este tema, señor Alvaro. Es muy fácil para la señora Klamt decir que no les fue posible ponerse en contacto con él, pero el señor Alvaro tiene un teléfono y lo más decente habría sido informar a la persona en cuestión. Ahora nos encontramos con un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos alcanzado entre bastidores, y no es suficientemente bueno. Por tanto, mi Grupo simplemente votará en contra de la propuesta.

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, a mí me parece que lo ocurrido en las últimas semanas con relación a la conservación de datos es simplemente monstruoso. Desde que la Comisión presentó su propuesta, esta Cámara se ha visto sometida a enormes presiones de tiempo. Desde que se dio el pistoletazo de salida, se nos dio a entender que esa propuesta tenía que aprobarse, fuera como fuera, antes de finalizar el año; eso ya de por sí hacía difícilmente posible un trabajo creíble y exhaustivo de nuestra parte y resulta evidente que lo que se pretendía era que no hiciéramos ningún trabajo. En mi opinión, otra prueba de ello es que mañana no votaremos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sino que se supone que nos limitaremos básicamente a asentir con lo decidido por el Consejo a principios de diciembre.

En calidad de ponente alternativa de mi Grupo, permítanme que diga que me parece simplemente inaceptable que los dos grandes Grupos hagan caso omiso del voto de la Comisión y deliberadamente –que la señora Klamt tome nota– negocien con el Consejo a espaldas del ponente. El compromiso que los Grupos del PPE-DE y del PSE han negociado con el Consejo está corrompido hasta la médula y huele mal.

Mi Grupo rechaza de pleno la propuesta de compromiso y yo personalmente, junto con la señora Buitenweg, del Grupo de los Verdes, he presentado ya un informe minoritario a la Comisión y he pedido que mañana se rechace la propuesta de la Comisión. Quiero explicarles por qué he hecho eso. Lo he hecho porque la introducción del requisito de conservar datos con carácter obligatorio y sistemático, datos obtenidos en cualquier ocasión y por cualquier motivo, debilita la protección de los datos de ciudadanos inocentes que no son sospechosos de nada. En esencia, la propuesta de la Comisión hace que penda sobre 460 millones de ciudadanos de la UE una sospecha generalizada. El plan para almacenar los datos obtenidos supone un flagrante ataque contra los derechos y las libertades fundamentales de los europeos, así como una amenaza de restricciones desproporcionadas sobre la intimidad de las comunicaciones y la protección de la vida privada, cuya misma esencia está en peligro. La libertad de prensa y la protección de sus fuentes y de los informantes en particular, está también amenazada, y –que tomen nota mis colegas diputados alemanes– dudo que esa medida soporte un escrutinio bajo el prisma de la Constitución alemana.

El objetivo y la finalidad de esta medida siguen sin estar claros en el día de hoy. Todavía no se ha presentado ninguna prueba que demuestre que los delitos graves pueden prevenirse más fácilmente con la ayuda de un volumen enorme de datos, lo más variados posible, sobre comunicaciones. Desde luego, las autoridades policiales tienen que estar debidamente equipadas para combatir el terrorismo y los tipos más graves de actividad criminal, pero esto no justifica que se pasen por alto los derechos del individuo, que se recojan datos e información –sin que sea estrictamente necesario–, y se cotejen e intercambien, hasta que llegue un momento, en un futuro no muy lejano, en que se conozcan todos los detalles de las vidas de nuestros ciudadanos.

¿Se convertirá así esta Europa nuestra en un estado vigilante orwelliano? Yo, por mi parte, sobre todo como diputada procedente de la parte oriental de Alemania, no participaré en nada parecido. Ciudadanos bajo sospecha general y recogida obsesiva de datos e información a la que la policía y los servicios secretos pueden acceder en cualquier momento: hubo un tiempo en que los ciudadanos, con toda la razón, salían a la calle para manifestarse en contra de este tipo de mentalidad política y sería bueno que ahora hicieran lo mismo.

  Georgios Karatzaferis, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EL) Señor Presidente, Señorías, existe una diferencia entre ustedes y los honorables caballeros que se sientan en los bancos de enfrente: ellos son designados por sus Gobiernos para servir a las autoridades. Ustedes son elegidos por los ciudadanos para defender la democracia.

¿Qué nos piden los designados a nosotros, los elegidos? Que controlemos a nuestros ciudadanos, que suprimamos el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Debemos hacerlo? Imaginen solo que esta tecnología hubiera existido en 1940 y que Hitler hubiera tenido esta directiva en sus manos. Habría matado a muchos más de 6 millones de judíos. Imaginen solo que el régimen estalinista la hubiera tenido en sus manos. Quizás todavía estaría haciendo lo mismo. Eso es lo que nos están pidiendo que hagamos hoy, a costa de los ciudadanos europeos. No podemos permitirlo.

Nos dicen: «Es para combatir el terrorismo». En otras palabras, Bin Laden y sus secuaces utilizarán teléfonos públicos, comprarán tarjetas de pago anticipado y, si quieren utilizar Internet, acudirán a un cibercafé. ¿De qué están hablando y quién es el destinatario final? El destinatario final será la CIA. ¿Pondrán ustedes a los ciudadanos europeos en manos de la CIA? Piensen en conciencia, sin hacer caso de las consignas de sus Grupos o partidos.

¡Larga vida a la libertad!

  El Presidente. – Para su información, le comunico que, contrariamente a lo que usted pueda pensar, todo lo que usted dice hoy será recordado para siempre y conservado para siempre, pues todo se filma y se graba.

  Romano Maria La Russa, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, Señorías, es encomiable el esfuerzo del Parlamento y del Consejo por querer alcanzar un acuerdo en primera lectura para una rápida adopción de una disposición urgente contra el terrorismo y la delincuencia.

Siempre he sostenido que, ante una amenaza recurrente de socavar la paz y la estabilidad mundial, el ciudadano, en circunstancias excepcionales, acepta de buena gana una limitación de su esfera privada, si la otra cara de la moneda consiste en una mayor tranquilidad y seguridad. Considero legítima una limitación temporal de la privacidad si la colectividad puede sacar provecho de ello.

Creo que podemos considerarnos satisfechos con los compromisos positivos alcanzados, a pesar de la habitual actitud obstruccionista de cierta izquierda, que a menudo se muestra garantista solo por conveniencia y solo de palabra, reivindicando libertad y seguridad para los ciudadanos pero después no toma medidas concretas, demostrando así que está más interesada por la demagogia y la propaganda fácil.

Pienso que está afianzada la idea de que, en la lucha contra el terrorismo, hacen falta medidas puntuales y restrictivas, dentro del respeto de la proporcionalidad. Considero que el resultado de estas negociaciones será un texto de indudable valor si incluye también las medidas correctivas, con respecto a las cuales los Ministros de la UE han alcanzado ya un acuerdo. Se trataría de un texto que conjugaría el rigor con la protección de las libertades, al prever períodos prolongados de conservación de los datos y que, al mismo tiempo, contendría una serie de disposiciones encaminadas a regular aspectos típicos de la protección, al prever sanciones para quien utilice indebidamente dichos datos. Un texto que dejaría a los Estados miembros la posibilidad de proceder a la conservación de los datos relativos a las llamadas sin respuesta, aunque con limitaciones técnicas para reducir los costes.

A este respecto, quisiera citar el ejemplo de Italia, uno de los pocos Estados miembros que ha adoptado ya una normativa específica en materia de conservación de los datos. Dado que la normativa italiana está demostrando ser eficaz, considero que puede compartirse la posibilidad de conservar los datos durante dos años, si así lo requieren circunstancias particulares.

Espero, pues, que Italia, siempre dispuesta a la concertación, pueda, en el marco de la armonización de las distintas disposiciones nacionales, mantener su legislación, cuya eficacia está demostrada y además la Comisión así lo ha reconocido diciendo que Italia podía presentar una notificación derogatoria.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) El informe del señor Alvaro tiene una enorme importancia, sobre todo hoy que toda la población europea se enfrenta al temor constante a sufrir atentados terroristas. Los atentados de Londres y Madrid alarmaron a la población porque atacaron a objetivos civiles y a ciudadanos inocentes en su camino al trabajo, a la escuela o al hospital.

Por una parte, los ciudadanos se ven amenazados por los que emplean el terrorismo como forma de luchar contra los Gobiernos. Pero por otra, los Gobiernos utilizan a las personas, o violan su derecho a la intimidad, cuando combaten el terrorismo. No podemos permitir que a los ciudadanos se les vigile como si estuvieran en programas de TV tipo Gran Hermano.

Los ciudadanos eligen a sus Gobiernos para no verse ellos mismos obligados a decidir sobre asuntos públicos en el día a día. Pero los Gobiernos no tienen derecho a utilizar la intimidad de las personas como un asunto público. Por eso creo que el informe debe modificarse de manera que haga más hincapié en las obligaciones del Estado en lo que respecta a la aplicación del artículo 8 del Convenio europeo sobre los derechos humanos, que reconoce el derecho a la intimidad, de manera que ninguna parte de la directiva propuesta pueda contradecir a ese Convenio.

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, la cuestión que estamos debatiendo hoy es una de las más difíciles e importantes, porque se nos está pidiendo que encontremos un equilibrio entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad pública.

Considero un enorme éxito, que debemos agradecer a los esfuerzos tanto del Parlamento y de la Comisión como del Consejo, que la propuesta original se haya mejorado considerablemente. Deja a los Estados miembros un gran margen de maniobra, primero para fijar los períodos de conservación de datos entre 6 y 24 meses; segundo, para definir los delitos respecto a los cuales utilizarán esa información y, tercero, para que las autoridades policiales puedan tener acceso a esa información con la debida autorización judicial previa.

Estos cambios son muy importantes y puede que me hayan llevado a ignorar las objeciones que formulé en un principio, considerando que todas las enmiendas que propuse han sido aceptadas. No obstante, a pesar de ello no puedo votar a favor, porque creo que estas medidas por sí solas resultarán totalmente ineficaces en la práctica. Con total seguridad, los delincuentes podrán sortearlas fácilmente o encontrarán otros medios de comunicación y conseguirán así sus objetivos criminales a pesar de la adopción de estas medidas. Además, necesitamos una actuación uniforme y unánime de la comunidad internacional, una mejor coordinación de las medidas, una evaluación adecuada de los datos y, sobre todo, una mayor cooperación entre las autoridades policiales nacionales.

Por último, como dice el Supervisor Europeo de Protección de Datos en su informe, las dificultades técnicas que plantea la aplicación de la medida son innumerables y por eso no puedo votar a su favor.

  Martine Roure (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Frattini, señor Clarke, hemos intentado quitar hierro al debate, pero ha sido extremadamente difícil. Creo que hay que ser claros y decir la verdad. En el ámbito de la conservación de los datos, es necesaria una directiva, porque todos los datos relativos al tráfico ya los conservan y utilizan las autoridades policiales de la gran mayoría de Estados miembros. Esta es la verdad, y por ello es urgente reglamentar prácticas habituales a fin de garantizar una mejor protección de los europeos.

Los debates sobre este informe han sido muy difíciles. En consecuencia, estoy contenta y orgullosa de que mi Grupo pueda apoyar el compromiso propuesto por el Consejo, no porque estemos dispuestos a aceptarlo todo, sino, al contrario, porque mi Grupo ha sabido mantenerse firme a lo largo de las negociaciones con el fin de conseguir una mayor protección de los europeos. La limitación del ámbito de aplicación de la directiva a los delitos graves, la protección de la seguridad de los datos y de su acceso o el recurso a sanciones penales por uso indebido, constituyen auténticos logros.

Pusimos de manifiesto nuestras exigencias y no cedimos. Es cierto que se trata de un compromiso y también nosotros habríamos querido ir más lejos. Por esta razón hemos presentado una enmienda a la resolución legislativa que prevé, en el tercer pilar, que el acceso se reglamente en la decisión marco sobre la protección de datos. Yo misma soy ponente para dicha decisión marco y presentaré mi proyecto de informe a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores a comienzos de 2006. Consideramos que se trata de un compromiso razonable que permite encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Por último, un acuerdo en primera lectura y en el marco de la codecisión es una victoria para el Parlamento Europeo. Nuestra institución ha demostrado que es suficientemente madura, y podemos sentirnos orgullosos de este resultado. En efecto, recuerdo que en un principio rechazamos la decisión marco sobre la conservación de datos porque impedía cualquier debate democrático. Hemos abierto la vía para los próximos años. Todos los expedientes de este mismo ámbito –repito– serán tramitados en régimen de codecisión con el Parlamento, y en particular –quisiera subrayarlo– la revisión de la presente directiva, que sin duda se hará, puesto que las tecnologías evolucionan rápidamente.

(Aplausos)

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Señor Presidente, la señora Klamt ha dicho antes que no pudo contactar con el ponente, y comprendo que haya dudado cada vez más entre llamarle por teléfono o enviarle un mensaje de correo electrónico.

Oponiéndome al compromiso alcanzado por los dos grandes Grupos, apoyo la línea del ponente. ¿Harán las propuestas que hoy nos ocupan que nuestro mundo sea un lugar más seguro? No, pero está inspirando en nosotros un falso sentimiento de seguridad, porque las propuestas no son proporcionadas. Son ineficaces porque son fáciles de sortear. Ofrecen garantías insuficientes para la protección de los ciudadanos inocentes y, por último, ofrecen garantías insuficientes para una buena cooperación e intercambio entre los Estados miembros, cuando esa es la clave de la eficacia policial, y todavía no hemos visto suficientes resultados.

El Consejo ha aceptado con reticencia la codecisión, pero tengo que decir al señor Clarke que la codecisión no es un favor; es un derecho democrático, y el Consejo no tiene unos instintos democráticos demasiado arraigados, por decirlo suavemente. Quiero decir al Consejo que su insistencia para que esta legislación se adopte apresuradamente no es una forma razonable de hacer las cosas, ni, por tanto, de actuar conforme al concepto de «legislar mejor» del que siempre estamos hablando.

Tengo que admitir, pues, que me decepciona ver cómo la postura crítica de esta Cámara se ha derretido en los últimos cuatro meses como nieve al sol. Lamento tener que decir que el compromiso que sin duda aprobaremos mañana no hace que me sienta más segura.

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, Señorías, me preguntaba por qué la Presidencia británica quería acelerar a toda costa la tramitación de esta directiva; evidentemente, el ansia de alcanzar al menos un resultado en esta desastrosa Presidencia ha impuesto también los plazos para el debate de esta directiva. Quiero expresar mi solidaridad con el señor Alvaro, porque creo que las enmiendas de transacción propuestas por el Grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos empeoran el texto presentado por la Comisión y demuestran esencialmente dos cosas: ante todo, el carácter subalterno de este Parlamento con respecto al Consejo, y en segundo lugar, que la gran coalición alemana también proyecta su sombra sobre este Parlamento.

Considero que esta directiva es desproporcionada, porque hace prevalecer la seguridad sobre la libertad y la democracia. Nos encontramos ante un lento, gradual e inexorable paso del Estado de Derecho al Estado policial, y este proceso de americanización de la Unión Europea debe atajarse por todos los medios. Formulamos una pregunta: «¿Pueden demostrarnos que la conservación de los datos puede contener el terrorismo?». No hemos recibido ninguna respuesta.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, a principios de octubre se hizo evidente que más de 200 agentes de la policía de Rotterdam trataron de leer el expediente del que fuera jugador del Feyenoord, Robin van Persie. El ordenador les negó el acceso, pero registró sus nombres, porque «el Gran Hermano les está vigilando». Así que las bases de datos contienen los nombres no solo de ciudadanos muy conocidos sobre los que penden sospechas de haber cometido un delito, sino también de agentes de la policía. Lo que más me preocupa en esta propuesta es el uso indebido de las bases de datos por personal de las autoridades competentes.

Mi principal objeción a esta propuesta es que la conservación de datos personales durante largos períodos de tiempo no solo constituye una invasión de la intimidad, sino que también significa que, en realidad, se trata a las personas como a sospechosos, pero sin los derechos que se otorgan a los sospechosos. ¿No es peor el remedio que la enfermedad? Al no existir pruebas sobre la eficacia de esta propuesta, quiero que la Comisión y el Consejo expliquen claramente cómo se aplicará y evaluará esta directiva.

El señor Alvaro ha hecho un trabajo excelente como ponente y el acuerdo alcanzado entre los grandes Grupos a espaldas de esta Cámara es una amenaza grave y sin precedentes para nuestros procedimientos de trabajo. Apoyo la línea del ponente y quiero terminar citando unas palabras de George Orwell cuando dice que «algunos grupos son más iguales que otros».

  Brian Crowley (UEN). – (EN) Señor Presidente, me gustaría sumarme a mis colegas en el agradecimiento al ponente por el trabajo que ha realizado en esta cuestión tan complicada. Al escuchar el debate de hoy en esta Cámara, he rememorado el 11 de septiembre y los atentados en Madrid y Londres. Este Parlamento se opuso con toda firmeza, y con razón, y criticó a todos los implicados en actos terroristas, apeló a la solidaridad entre Estados miembros y entre todas las instituciones de la Unión Europea e intentó garantizar que pudiéramos cooperar en la lucha contra la lacra terrorista.

Una de las ideas que se plantea es la cuestión de la conservación de datos. A veces, cuando escuchamos las voces discordantes en el curso del debate, tenemos que volver al siguiente principio fundamental. Primero, Gobiernos elegidos democráticamente se han reunido y han acordado una propuesta; segundo, el Parlamento de la Unión Europea se ha reunido y es de esperar que esté de acuerdo con esta propuesta; finalmente, no se olvida el deseo de garantizar esa responsabilidad, es decir, garantizar que los guardianes y custodios sean vigilados por terceros. Creo que todo está recogido en este informe general con el objetivo de asegurar que podamos ofrecer esas garantías a los ciudadanos particulares.

No debemos olvidar que cada vez que utilizamos un ordenador, ya sea para comprar los regalos de Navidad o para reservar vuelos, las empresas ya retienen datos en esas páginas web con fines de marketing y para ofrecernos otros productos. Lo que aparece no es una nueva criatura alienígena: la información ya queda almacenada a través de las cookies. No podemos controlar esto.

Lo que me preocupa –y puede que el Comisario o el Presidente en ejercicio del Consejo puedan responderme a esto– es la incertidumbre con respecto al fundamento jurídico de esta Directiva. Dado que se trata de luchar contra el terrorismo y la delincuencia grave, ha habido cierta controversia sobre si esto debe realizarse mediante una decisión marco y no con una directiva. Existe la posibilidad de que se produzca un conflicto de opiniones jurídicas a este respecto.

Es importante conservar los derechos de los Parlamentos de los Estados miembros y de los Gobiernos a garantizar el mantenimiento de la legislación vigente en estos ámbitos. Todos sabemos que los ciudadanos prefieren tratar con su propio Gobierno, más que con el Gobierno europeo, para proteger sus derechos y garantías, así que debemos encontrar un equilibrio entre los dos.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos y su vida privada, el carácter confidencial de los datos relativos a las llamadas telefónicas y las comunicaciones se está viendo socavado cada vez más y eso es algo que, por supuesto, se hace siempre y exclusivamente al servicio de la noble causa que es la lucha contra el terrorismo. Simplemente me pregunto por qué cada vez se está actuando más en contra de periodistas que resultan molestos y de qué forma se protege al ciudadano privado cuando los elementos inconformistas de nuestra sociedad llegan a sentir la pesada mano del poder estatal.

Los verdaderos delincuentes, organizados en bandas y grupos terroristas, no solo planifican sus actos con mucha antelación –lo cual hace que los planes para imponer una limitación de tiempo a la conservación de datos queden obsoletos– sino que buscan constantemente nuevas formas de eludir la persecución del estado. No creo que esta nueva medida de vigilancia consiga nada para prevenir atentados terroristas; al contrario, pone en peligro a los que tienen acceso a información confidencial –como médicos, abogados y periodistas, por ejemplo– en el ejercicio de sus profesiones e invade sin ningún rubor la vida privada de infinidad de ciudadanos.

Si la conservación de datos va a convertirse en otro paso más en el camino hacia un estado controlador total, pienso que es indispensable que los ciudadanos reciban un mínimo de protección, en forma de sanciones que lleguen a aplicarse realmente en caso de que se haga un uso indebido de los datos almacenados.

PRESIDENCIA DE LA SRA. KAUFMANN
Vicepresidenta

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señora Presidenta, señor Frattini, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Consejo Europeo de marzo y el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de abril de 2004 propusieron la aplicación de normas relativas a la conservación de datos, puesto que las comunicaciones modernas, con todas las ventajas que conllevan, pueden ser utilizadas para los fines de la delincuencia internacional y, lo que es más grave, del terrorismo.

Posteriormente, se nos presentó una decisión marco que fue rechazada por el Parlamento. A esa propuesta le siguió la que hoy nos ocupa y que, como ha dicho el señor Cavada, debemos acoger con satisfacción, ya que tiene en cuenta las prerrogativas del Parlamento con la propuesta de un nuevo fundamento jurídico. Pero tengo que expresar mi decepción por habernos visto obligados a trabajar en un plazo de tiempo tan reducido. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido dadas las circunstancias. Las negociaciones han sido difíciles y el compromiso alcanzado dista mucho de ser perfecto, pero hemos hecho todo lo posible para llegar a un compromiso en primera lectura.

Al contrario que algunos diputados de esta Cámara, celebro la decisión de establecer un período de conservación de seis meses como mínimo y de 24 meses como máximo. No podemos correr el riesgo de errar en nuestros esfuerzos por combatir la delincuencia porque los datos se hayan destruido demasiado deprisa o porque no se hayan conservado. Me parece fundamental que los datos se conserven en un lugar seguro y que no haya cabida para los abusos; las normas relativas a la protección, la seguridad y el acceso a los datos tienen que hacerse más estrictas. Los Estados miembros tienen que establecer sanciones adecuadas, de conformidad con sus leyes nacionales.

Si no conseguimos aplicar esas normas con eficacia, estaremos poniendo en peligro los derechos humanos de los ciudadanos. Necesitamos una cláusula que garantice que en los próximos tres años podremos evaluar el sistema que estamos aprobando ahora y, en este sentido, celebro las peticiones de transparencia y de que se haga pública la evaluación final de la Comisión. Confío en que esa evaluación, que tendrá que proporcionar el señor Frattini, nos ayude a hacer una valoración rigurosa de la eficacia de la adopción de estos instrumentos.

  Catherine Trautmann (PSE). – (FR) Señora Presidenta, encontrar el punto de equilibrio entre la protección de la vida privada y la conservación de los datos de carácter personal para responder al riesgo terrorista es difícil, pues en nuestros Estados existe la tentación de transformar medidas de excepción en normas generales.

El compromiso alcanzado con la participación del Parlamento Europeo es un paso positivo, pero no debe hacernos perder de vista el objetivo de disponer de una directiva que ofrezca un marco jurídico y unas garantías idénticas en todos los países, para todos los ciudadanos.

Insisto en las recomendaciones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía en relación con las empresas. Estas no deben convertirse en un instrumento de vigilancia de los ciudadanos por parte de los Gobiernos, ni verse obstaculizadas en su actividad, y su colaboración debe ir acompañada de garantías estrictas, en particular el reembolso íntegro del sobrecoste.

Por último, es indispensable que el dispositivo se adapte lo mejor posible al funcionamiento de la red, que no obstaculice ni el desarrollo de Internet ni el acceso a las TIC en la Unión. Ni uno ni otra pueden prescindir de su libertad.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, las actuales variaciones nacionales que el señor Clarke afirma que representan una puerta abierta para los delincuentes persistirán y aumentarán en el marco del acuerdo entre conservadores y socialistas en el Consejo. Es un pretexto para la sobrerregulación que permitiría, por ejemplo, los 15 años de almacenamiento requeridos por Polonia, una lista más amplia de datos utilizados con fines muy distintos de los meramente policiales y el acceso de cualquier agencia pública o privada, y todo ello con el sello de consentimiento de Bruselas.

En cambio, el acuerdo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior representa una respuesta razonable y proporcionada a la lucha contra el terrorismo. Si mañana los diputados al Parlamento Europeo aceptan el ultimato del Consejo, habrán caído en una gran trampa. Este Parlamento podría dejar de fingir que le importan las libertades civiles o la competitividad de las empresas europeas. No es demasiado tarde para que los Estados miembros se rebelen contra este acuerdo de rendición de sus líderes ante una carta de control masivo e intromisión del Estado.

Por último, lamento los ataques sufridos por el señor Alvaro, que en comisión casi obtuvo un clamoroso consenso general. Señora Klamt y señora Roure, utilizar sus tres días de ausencia a causa de un viaje oficial a Israel al final de un teléfono y un fax es una coartada barata para asestar una puñalada por la espalda.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, la propuesta de directiva que estamos debatiendo pone de manifiesto la forma característica, y yo diría que cínica, de actuar de la Unión Europea, que no duda en abolir –repito, abolir– y no recortar, en sus propias palabras, los derechos personales y democráticos por los que tanto han luchado los ciudadanos.

En ese caso concreto, se trata de abolir –repito, abolir– la libertad de comunicación, la protección de los datos personales y la intimidad. Se trata de abolir la esencia de la confidencialidad de las comunicaciones. Se trata de salvaguardar e introducir legislación que imponga una vigilancia generalizada. Todo el mundo estará vigilado e incluso se contemplan sanciones penales y administrativas para las empresas que incumplan esa obligación de vigilancia. El alcance de esa vigilancia incluye todos los datos sobre comunicaciones y la insolencia de la directiva es tan grande que pide a los vigilados que financien el coste de la vigilancia. Además, la directiva incumple también algunas disposiciones constitucionales, por ejemplo de la Constitución griega, así como otras disposiciones de convenios internacionales, y allana obviamente el camino para la abolición de los derechos y las libertades personales.

Nuestro Grupo rechaza la propuesta de directiva, que no traerá ninguna mejora.

  Bogdan Pêk (IND/DEM).  – (PL) Señora Presidenta, este debate se centra en una cuestión que es de suma importancia para toda la humanidad. Desde hace muchos años, los diputados de esta Cámara han insistido en que la libertad es el bien más preciado de la humanidad y que la civilización humana no puede desarrollarse debidamente sin ella. Es cierto que el terrorismo tiene que ser combatido por todos los medios y con todos los métodos a nuestra disposición, pero esa lucha no debe librarse a expensas de la libertad humana.

La presente directiva no logra en ningún caso el objetivo que ella misma se fija. Ya existen tecnologías que permiten a los verdaderos terroristas y a los verdaderos delincuentes eludir muy fácilmente los controles. Lo que la directiva hará en su lugar es ayudar a que millones de ciudadanos libres se vean sometidos a una vigilancia total.

Quiero advertir al Comisario de que esos datos se filtrarán inevitablemente. Quiero decir también que el Comisario es un hipócrita. Los comentarios que ayer hizo ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, defendiéndose de las acusaciones vertidas sobre él en relación con el hecho de que la CIA hubiese trasladado a una serie de terroristas a Europa y les hubiera interrogado allí, fueron de un tenor muy diferente. Hoy, sin embargo, se ha manifestado a favor de una solución que recorta claramente las libertades civiles.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). (ES) – Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, quiero comenzar transmitiendo mi satisfacción por el acuerdo finalmente alcanzado en un asunto tan complejo desde el punto de vista técnico y político.

Un tema de cuyas implicaciones se ha hablado mucho en términos de limitación de libertades, pero camuflando poderosas, inaceptables e inquietantes razones económicas; una propuesta que ha sido objeto de sucesivos y complejos debates, con voces en contra, pero también con potentes y justificadas voces a favor. Sé que ha sido difícil y también que el acuerdo contiene importantes concesiones y renuncias.

Señorías, permítanme que no esté de acuerdo con aquellos que niegan la oportunidad, la eficacia o la proporción de la medida. Nos guste o no, nuestra sociedad de valores está amenazada y, nos guste o no, los instrumentos de los que hasta ahora disponemos no han resultado completamente eficaces para hacer frente a esta amenaza. Por eso, Señorías, alabo, como siempre he hecho, esta iniciativa que hoy estamos debatiendo, y que espero obtenga mañana el respaldo mayoritario de la Cámara.

Seguridad frente a libertad, no. Yo digo: libertad infinita, pero con seguridad; y ello, simplemente, porque sin seguridad no podemos disfrutar plenamente de nuestras libertades. El terror y el crimen se aprovechan de nuestras dudas y titubeos e indagan en nuestros puntos débiles para atacar nuestras sociedades. Frente a ello, debemos oponer toda la potencia de nuestro sistema democrático, un sistema que siempre propugna la observancia plena de las garantías legales. Desconfiar de que esto sea así es poner en duda, Señorías, la labor desarrollada por nuestros jueces y policías, es dudar de la vitalidad del sistema democrático.

Las víctimas merecen todos nuestros esfuerzos. Y, lamentablemente, Señorías, esta tarde todavía no he oído hablar de ellas.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señora Presidenta, el compromiso alcanzado hoy supone la abolición de todas las protecciones impuestas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y es un monumento a la falta de armonización.

Recurriendo al pretexto habitual para combatir el terrorismo, el Consejo armoniza un único aspecto: la obligación de conservar los datos que ya se están conservando voluntariamente, con la esperanza de poder atrapar así a unos cuantos delincuentes. Al mismo tiempo, rechaza la adopción de cualquier medida tangible para proteger a millones de ciudadanos inocentes y sus derechos. En consecuencia, aunque el señor Clarke habla de armonización, su propuesta deja intactas las exenciones contenidas en el apartado 1 del artículo 15 de la anterior directiva. El resultado es que el Consejo autoriza a los Estados miembros a conservar cualquier información que deseen, con el objetivo que decidan y durante el tiempo que consideren necesario, sin la más ligera presencia restricción o control efectivos de Europa.

Mi partido, el PASOK, votará en contra.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, una nota personal: ha sido un gran placer trabajar con usted, tanto en el ámbito profesional como personal. Esta no es una cuestión personal, sino política. Lo que finalmente tenemos es una propuesta que supone un bramido para el acceso policial y un maullido para la protección de derechos fundamentales. Es una vergüenza que hayamos dejado escapar esta oportunidad.

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, las razones esgrimidas a favor de esta Directiva son las habituales en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, pero esto no es más que un señuelo. Los Gobiernos ya utilizan los medios más sofisticados para controlar las comunicaciones nacionales e internacionales. Los Estados Unidos de América cuentan con el sistema Echelon, que les permite interceptar cualquier forma de comunicación internacional. El Gobierno británico tiene el GCHQ en Cheltenham. Los terroristas y los delincuentes organizados lo saben y hacen todo lo posible por evitar ser rastreados y captados por estos medios.

El objetivo de esta directiva es formalizar la creación de una sociedad de vigilancia y control de los particulares. El Estado concentra en sus manos cada vez más poderes, a expensas de los ciudadanos. La Presidencia británica está intentando utilizar a este Parlamento para ejecutar una política que ya ha sido rechazada por el Parlamento británico. Esta directiva representa otro paso hacia el Estado policial. Espero que este Parlamento la rechace.

  Barbara Kudrycka (PPE-DE).  – (PL) Señora Presidenta, es indudable que la reglamentación de la conservación de datos puede ayudarnos mucho en nuestra lucha contra el terrorismo y los delitos graves. Por tanto, deben reconocerse los esfuerzos de todas las personas que tratan de lograr un consenso sobre esta cuestión. Pero, al mismo tiempo, tengo serias dudas sobre la interpretación del artículo X de la Directiva. El período de conservación de datos puede ampliarse a más de dos años según este artículo, siempre que se siga el procedimiento adecuado.

El señor Clarke respondió a un periodista polaco que le había preguntado si se podría permitir un período de conservación de datos de 15 años diciendo que un período de esa duración seguía siendo compatible con la directiva, incluso en casos tan extremos como ese. Las enmiendas que el partido gobernante ha presentado a la Ley de Telecomunicaciones polaca en el Parlamento polaco contemplan de hecho un período de conservación de 15 años. A mi modo de ver, eso es una prueba del alcance de la directiva. No creo que un período de conservación de 15 años sea compatible con el concepto en el que se basa la directiva, cuyo objetivo es proteger el derecho a la intimidad del individuo. Un período de conservación de esa duración supone además una flagrante violación del principio de proporcionalidad y significa que el efecto de la directiva no será proporcional a sus objetivos. Además, existe el riesgo de que puedan utilizarse procedimientos similares a los de un estado policial, lo que reforzaría los objetivos políticos del Gobierno a corto plazo a la vez que impondría a los ciudadanos un sistema de vigilancia a largo plazo y de largo alcance. La probabilidad de que los datos conservados durante períodos tan largos de tiempo se filtren es muy alta. Eso daría a los grupos criminales todavía más oportunidades de utilizarlos, lo cual es contrario al objetivo fundamental de la directiva. Por tanto, me gustaría recibir una respuesta clara del Comisario, y también del representante del Consejo, a la pregunta de si la Comisión considera aceptable un período de 15 años para la conservación de los datos, en línea con el procedimiento estipulado en el artículo X.

Espero que la respuesta del señor Clarke al periodista polaco se basara en una mala interpretación de la directiva, aunque podría ocurrir también que hubiera hecho algún tipo de concesión al Gobierno polaco en este aspecto para conseguir un compromiso al coste que fuera. Pero puesto que estamos aprobando una normativa conjunta, tenemos derecho a exigir que todas las instituciones de la UE la interpreten de la misma forma.

  Michael Cashman (PSE). – (EN) Señora Presidenta, este debate es complejo, porque curiosamente Grupos que normalmente son homogéneos están ahora divididos; los aliados políticos que normalmente trabajan juntos ahora se han separado. Quiero expresar mi más absoluto respeto por los que tienen sus reservas sobre lo que se está proponiendo. Por ello, les pido que respeten a aquellos de nosotros que creemos que esta es la forma de proteger las libertades fundamentales. Es importante reiterar que no estamos hablando del contenido de las llamadas o de Internet; se trata de los datos de tráfico y es obvio que es para proteger las libertades fundamentales.

Por supuesto, hay costes; hay costes para las empresas, hay costes para cada uno de nosotros, pero el coste de la inactividad será catastrófico. Tenemos que hacer frente a las amenazas reales o supuestas. Hay quien utiliza Internet para atrapar a mujeres jóvenes y niños en los circuitos de prostitución. Si con esta directiva podemos romper un circuito de prostitución, esto solo habrá merecido la pena. Mi Grupo y yo estamos orgullosos de haber logrado un compromiso que garantiza y protege las libertades fundamentales.

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Consejo y la Comisión han alcanzado recientemente un acuerdo sobre la conservación de los datos almacenados y celebro que se haya podido llegar a un compromiso, después de largas e intensas negociaciones, también entre esta Cámara, el Consejo y la Comisión. Ese compromiso cuenta con mi apoyo. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi especial gratitud a quienes han dirigido las negociaciones en nombre del Parlamento, porque realmente han hecho todo lo que han podido. Pero tenemos que ser conscientes de que nos encontramos atrapados entre el deseo de proteger los derechos fundamentales y la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional y la delincuencia organizada.

En principio, me alegro también de que se imponga la obligación a las empresas de telecomunicaciones de conservar ciertos datos del tráfico para combatir la delincuencia organizada. Aunque creo que un período máximo de tres meses para la conservación de los datos habría sido perfectamente suficiente, hemos aceptado ese compromiso y la flexibilidad me parece aceptable. Nuestras democracias no pueden ni deben tratar de hacerlo todo visible en la vida de una persona; sea lo que sea lo que haya que hacer en la lucha contra el terrorismo, deben respetarse los principios del Estado de Derecho y por eso espero de verdad que nosotros, en Europa, nos unamos por fin para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada.

De la misma forma que las organizaciones internacionales contrarias a la ley y al orden están interconectadas, nosotros también tenemos que unirnos y luchar juntos contra ellas. Espero de verdad que nunca tengamos que volver a vivir sucesos tan trágicos como los ocurridos en Madrid y Londres.

(Aplausos)

  Rosa Díez González (PSE). – (EN) Señora Presidenta, quiero dirigirme a aquellos colegas que se han mostrado contrarios a este compromiso. Nos preocupan los abusos, pero también nos preocupa la desprotección de los ciudadanos.

Ya que la sociedad democrática está hecha de limitaciones particulares y de renuncias particulares, quisiera que nos hiciéramos una pregunta: ¿a cuánta libertad individual es necesario renunciar para garantizar los derechos fundamentales, las libertades y la seguridad colectiva?

Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos está dispuesta a renunciar a una parte de su libertad durante un cierto tiempo, siempre que no se toque la igualdad y siempre que se garantice el control democrático y la persecución y la sanción de los posibles abusos.

No hay que elegir entre seguridad y libertad. La libertad sin seguridad no existe. Señorías, sé de lo que les hablo: llevo catorce años viviendo con escoltas. No hay manera de ser libre si uno no puede llevar a los niños al colegio, si no puede andar por las calles, si tiene que mirar debajo del coche cada día para poder garantizar su vida cotidiana.

Libertad y seguridad forman parte de la democracia. Señorías, yo no soy neutral. Soy una apasionada de los derechos humanos. Por eso les pido que apoyen esta directiva y este compromiso.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, desde una perspectiva finlandesa debo decir que estoy ligeramente preocupado por el debate británico de hoy, porque, por un lado, tenemos a la señora Ludford de los Demócratas Liberales que está de acuerdo con el señor Batten del UKIP y luego tenemos al señor Cashman que es muy aplaudido por el Ministro británico. No es muy común recibir aplausos de parte de un Ministro británico en el Parlamento Europeo, así que el señor Cashman merece ser felicitado por ello.

No obstante, me gustaría hacer tres breves comentarios. El primero se refiere al equilibrio entre libertad y seguridad. Nos hemos tomado el asunto demasiado a la ligera y no estamos encontrando el equilibrio adecuado. Tal vez, estamos yendo demasiado rápido. He oído a gente decir que aquellos que vienen de países donde el terrorismo constituye una amenaza se toman este asunto de modo distinto a los que procedemos de un país donde no existe esta amenaza. No estoy de acuerdo. Este es un problema común y deberíamos abordarlo desde una perspectiva más amplia.

Mi segundo punto hace referencia a la rentabilidad o eficiencia en general. En mi opinión, tenemos que calcular cada acto legislativo con cautela, debemos hacer una estimación y basar en ella nuestra legislación. No creo que lo hayamos hecho ya. No hemos ido lo suficientemente lejos al intentar calcular el coste de esta legislación. Creo también que estamos persiguiendo a los delincuentes que no interesan, porque si eres un ladronzuelo que no es tan listo como para utilizar hotmail o redes de teléfonos móviles de prepago, entonces es que eres un poco bobo y nosotros estamos persiguiendo ladronzuelos bobos.

Mi tercer y último punto se refiere al procedimiento. Podría parecer que estoy en contra de esta iniciativa en su conjunto, pero no lo estoy. El resultado obtenido en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior fue bastante bueno. Fue un buen compromiso. Por tanto, quiero instar al Parlamento Europeo a que no se deje acosar por el Consejo o por la Presidencia británica, sino a que llegue a un compromiso y los saque adelante.

  Edith Mastenbroek (PSE). – (EN) Señora Presidenta, me gustaría centrarme en la parte de esta Directiva relativa a Internet.

Señor Clarke, usted piensa que la falta de cantidades masivas de datos de tráfico constituye una amenaza para nuestra seguridad. No estoy de acuerdo. La experiencia nos muestra que es la falta de seguridad en línea la que ofrece oportunidades ilimitadas a delincuentes y terroristas. Le daré un ejemplo práctico.

El mes pasado, la policía neerlandesa detuvo a un grupo de tres delincuentes que controlaban una red de más de 100 000 ordenadores a los que tenían acceso no autorizado. El control de estos ordenadores violentados otorgaba a los delincuentes el poder de perpetrar todo tipo de delitos, desde robos de identidad masivos hasta ataques a infraestructuras vitales, pasando por la oportunidad ilimitada de acceder de forma anónima y utilizar todos los servicios de Internet, para aquellas personas que estuvieran dispuestas a pagar por ello.

Imagínense qué podría ocurrir si estos hombres ofrecieran sus servicios a redes terroristas. Imagínense también cuán inservibles son los datos de tráfico, porque se refieren a personas inocentes. Los métodos utilizados para rastrear a estos delincuentes se encuentran especificados en la Convención sobre delincuencia cibernética, que ha sido suscrita por todos los Estados miembros, pero que muy pocos han puesto en práctica. Son estos métodos lo que necesitamos para luchar contra el terrorismo.

No cabe duda de que esta directiva peca de intrusión. Es dudoso si servirá de algo. En lo que a Internet se refiere, es incluso inviable técnicamente. Estoy completamente de acuerdo con mis colegas, la señora In't Veld y el señor Lambrinidis. Temo que cunda una falsa sensación de seguridad. Temo que parte de esta directiva pueda suponer incluso una amenaza para nuestra seguridad.

  András Gyürk (PPE-DE). – (HU) En el debate de la propuesta de directiva que hoy nos ocupa, debemos tener en cuenta cuatro aspectos. Primero, la necesidad de respetar los derechos humanos. La protección de los datos personales tiene que estar garantizada sean cuales sean las circunstancias. Segundo, cuando se cometen delitos utilizando las nuevas tecnologías, no podemos dejar a las agencias europeas de investigación criminal sin los recursos necesarios. Tercero, teniendo en cuenta la importancia de la competitividad, no podemos imponer cargas inaceptablemente pesadas e injustificadas al sector de los servicios. Y cuarto, tenemos que recurrir únicamente a legislación europea en aquellos ámbitos en los que la legislación de los Estados miembros sea menos eficiente. Resumiéndolo brevemente: derechos humanos, agencias eficientes de investigación de delitos, competitividad y subsidiariedad. Son objetivos con los que probablemente todos estamos de acuerdo. Nuestro orden de preferencia puede ser diferente, y es de hecho diferente incluso dentro de nuestras propias facciones, como se ha demostrado claramente en el debate de hoy.

Señorías, permítanme compartir con ustedes una reflexión personal. Como joven diputado del Parlamento húngaro, mis recuerdos de la autocracia socialista se remontan a cuando yo era muy joven, pero recuerdo la insistente advertencia de mis padres siempre que trataba de hablar de política por teléfono: «¡Eso no debe discutirse por teléfono!» Todo el mundo sabía que las autoridades dictatoriales vigilaban las conversaciones telefónicas. Puede que esto les resulte familiar a mis colegas diputados de Europa del Este y Central. No puedo negar que, en parte debido a esos recuerdos, en mi orden de preferencias la protección de los datos personales ocupa el primer lugar. Por lo tanto, el único compromiso que me parece aceptable es el que defienda en igual medida los cuatro aspectos que he mencionado antes. Un compromiso que –aunque deje margen de maniobra para que los Estados miembros hagan más eficaces a sus agencias de investigación de delitos– no afecte a los derechos humanos.

Una última reflexión: por tratarse de una cuestión muy delicada, la nueva legislación creada no puede ser inamovible. Creo que la directiva debería revisarse periódicamente, sobre todo en lo que respecta al tipo de datos exigidos por las autoridades.

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Señora Presidenta, cuando mañana votemos en el pleno una directiva de mínimos sobre la conservación de datos, lo haremos sobre la base de un acuerdo alcanzado con el Consejo y con la Comisión en virtud del cual el Parlamento Europeo tiene derecho de codecisión. Los ciudadanos sitúan la lucha contra la delincuencia y el terrorismo a la cabeza de la lista de lo que la UE debería acometer con éxito.

Los ciudadanos quieren también que resolvamos los problemas conjuntamente y eso es algo que hemos logrado. Hemos protegido la intimidad personal y los derechos humanos. Además, las fuerzas policiales europeas están recibiendo ayudas modernas para combatir la delincuencia, incluida la delincuencia organizada, como la pornografía infantil, el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de mujeres y niños para fines de prostitución. Eso me alegra sobremanera, por lo que quiero agradecer mucho a todos su constructiva cooperación. Tenemos que triunfar juntos en estos ámbitos. También tenemos que vigilar lo que nos preocupa a todos en esta Cámara, y tenemos que hacerlo juntos.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias al señor Alvaro por su excelente trabajo como ponente del Parlamento para esta cuestión; la señora Cederschiöld también ha realizado una labor excelente como coponente. Sinceramente espero que sus esfuerzos no hayan sido en vano, ya que el arduo trabajo realizado fue obviado en el último minuto por un acuerdo entre el Consejo y la Comisión y, me da vergüenza decirlo, por los dos principales Grupos de esta Cámara.

La idea de aprobar a toda prisa esta propuesta no es buena. Sí, todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el terrorismo de forma eficaz. Sí, todos estamos de acuerdo en que los datos de las comunicaciones electrónicas pueden ser muy útiles para buscar terroristas, traficantes de drogas o de seres humanos. Sí, ese tipo de información debería guardarse y utilizarse en contra de los que representan una amenaza para nuestra sociedad. Pero no, no todos los ciudadanos deberían ser tratados como delincuentes. No, no estoy convencida de que el paquete de compromiso propuesto sea equilibrado. Y, no, no creo que tengamos suficiente información sobre las consecuencias de esta propuesta para la intimidad de las personas y sobre las amenazas que podría comportar para las libertades civiles.

Estoy en contra de esta propuesta. Primero, porque el llamado compromiso permite utilizar los datos retenidos a la hora de investigar delitos graves, sin definir estos delitos graves. ¿Son las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en redes entre pares delitos suficientemente graves como para tener acceso a los datos retenidos? Uno podría suponer que sí al leer las declaraciones de la industria de contenidos. Si estamos aprobando leyes contra el terrorismo y, al mismo tiempo, cumplimos otros objetivos, al menos deberíamos tener la oportunidad de debatir y examinarlos debidamente y tener el derecho a procedimientos adecuados.

Segundo, estamos dejando demasiado poder de decisión en manos de los Estados miembros. Sin embargo, en las comunicaciones electrónicas las fronteras son artificiales. ¿Según qué jurisdicción evaluaríamos la gravedad de un delito cuando un paquete de datos IP circule en distintos Estados miembros, por ejemplo?

Tercero, me opongo a esta propuesta porque deja completamente en el aire qué tipo de costes comportará y quién los deber asumir. Se han presentado varias estimaciones y, sin lugar a dudas, los costes para los operadores y los proveedores de servicios de Internet serán elevados. Como mínimo, estos costes deberían reembolsarse si nuestra intención es imponer nuevos requisitos relativos a la conservación de datos.

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Señorías, algunos oradores han intentado dar la impresión de que esta directiva podría haber sido redactada en un Estado policial. Yo no comparto este punto de vista. Mi opinión es que esta directiva, que fue elaborada de manera conjunta por el Consejo, el Parlamento y la Comisión, contribuirá realmente a salvaguardar los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, en particular su derecho a la vida y su derecho a vivir en seguridad. Por tanto, apoyaré el informe en la votación de mañana. Creo que no existe ninguna contradicción entre la defensa de valores como el derecho de los ciudadanos a la intimidad y la protección de los datos personales, por un lado, y la lucha contra el terrorismo, por el otro.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que se puede decir que en las últimas semanas se ha desarrollado en esta Cámara un debate y una acción política que no solo atribuye a este Parlamento un papel más importante en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, sino que refuerza también la imagen general de las tres instituciones europeas.

Entre las muchas intervenciones que se han hecho, alguien ha afirmado que esta directiva es un instrumento no democrático y algunos han llegado a hablar de Stalin y Hitler. Esta directiva representa una victoria para la democracia, es un instrumento importante y equilibrado, que sirve a los ciudadanos y sirve ante todo a quienes se comprometen, pagando incluso un precio personal, con la lucha contra el crimen, y me refiero a las autoridades de investigación, a las fuerzas de policía.

Además, como muy bien ha dicho el señor Cashman, ¿cuál es el coste de la falta de decisión, cuál es el coste de no hacer nada? ¿Queremos seguir con veinte regímenes jurídicos diferentes, en los que cada Estado miembro hace esencialmente lo que quiere, o por el contrario es mejor converger, por vez primera, en un enfoque europeo, en una directiva, dando un primer paso hacia la armonización?

Señorías, se trata de una directiva que se basa firmemente en los principios de la necesidad y la proporcionalidad. He escuchado algunas intervenciones, por ejemplo del señor Reul y de la señora Kudrycka, en las que se mencionaba una hipótesis que está examinando el Parlamento de Polonia. Puedo decir que la conservación de los datos durante quince años no parece cumplir los criterios de proporcionalidad y necesidad; aunque cada Estado miembro tiene el deber de demostrar por qué es proporcional y necesaria su petición, francamente el caso de los quince años me parece realmente un caso extremo.

Deseo hacer aún dos últimas consideraciones: quiero dar las gracias a todos aquellos, y en especial al señor Díaz de Mera García Consuegra y a la señora Díez González, que han recordado a las víctimas de la delincuencia y han destacado que –y estoy plenamente de acuerdo– deben garantizarse definitivamente las libertades fundamentales de la persona. No obstante, Señorías, si alguien emplea un teléfono móvil para activar una bomba, como por desgracia ha sucedido, o para dar instrucciones a una banda de pedófilos, ¿es justo o no que la policía y los tribunales, es decir, las instituciones legítimas, dispongan de instrumentos para prevenir y atajar estos delitos?

Creo que es justo que así sea y al mismo tiempo considero justo, como se dice en la directiva, que se castiguen los abusos: más instrumentos para las fuerzas de policía, más instrumentos para la magistratura de nuestros países, que son democracias, y más controles para comprobar si alguien abusa.

En conclusión, las instituciones europeas se han dividido y se dividen por desgracia en temas importantes, pero resulta muy confortante ver –y espero que la votación de mañana lo confirme– que en el tema de la seguridad de los ciudadanos, de la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada, las instituciones europeas no se dividirán, sino que, las tres juntas, aportarán la capacidad para responder en plazos extremadamente rápidos a la demanda de nuestros conciudadanos.

  Charles Clarke, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señora Presidenta, en primer lugar, en nuestra calidad de Presidencia hemos intentado colaborar con todos los Grupos del Parlamento Europeo. Presento mis respetos al señor Alvaro como ponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; he comparecido ante esa comisión en varias ocasiones para debatir estos puntos. Son cuestiones complicadas y por ese motivo existen opiniones divergentes, pero se trata de diferencias basadas, espero, en el respeto mutuo.

En segundo lugar, estas propuestas se refieren a redes. Las redes son la delincuencia moderna, ya sean redes terroristas, pedófilas o de traficantes de personas o de drogas. No se trata del contenido de la comunicación, sino de la red en sí misma y de las personas implicadas. Es muy importante entender esto.

En lo que respecta al punto sobre Polonia, el señor Frattini tiene toda la razón en lo que dice. Existe un procedimiento claro si los Estados miembros quieren superar el plazo de tiempo. Pueden consultar a la Comisión y esta juzgará la cuestión de la proporcionalidad, como ha señalado el señor Frattini, también en relación con los criterios del mercado único y de la competitividad en dicho mercado. Estos son los procedimientos y esto también está claro.

En cuanto al asunto planteado por el señor Crowley, de Irlanda, está claro que el señor McDowell, el Ministro irlandés, planteó la cuestión del fundamento jurídico. Solicitamos la opinión de los servicios jurídicos del Consejo, que fueron muy claros, sobre la base del asesoramiento jurídico, al afirmar que este es el curso correcto que debemos seguir.

Por último: se ha hablado de un Estado policiaco. Esto es lo contrario de un Estado policiaco. Todos somos democracias, tanto el Parlamento Europeo como cada uno de los países. Es el Estado de Derecho el que determina cómo se utiliza esta técnica, y lo que estamos haciendo es proponer el Estado de Derecho. Los que hablan de Hitler, Stalin o de Estados policiales se equivocan por completo. Esta propuesta va exactamente en la dirección contraria. Espero, cuando mañana se celebre la votación, que estemos de acuerdo en que el Parlamento Europeo democrático estará de lado del Consejo democrático de la Unión Europea y de la Comisión democrática en este proceso, para defender nuestra democracia frente a la delincuencia que intenta debilitarnos a nosotros y a nuestras sociedades en todo momento.

(Aplausos)

  Ewa Klamt (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, me gustaría decir claramente, a la atención de la señora In 't Veld, y para evitar cualquier tipo de habladurías al respecto, que el ponente se encontraba en Israel hasta la noche del miércoles anterior a la crucial reunión del Consejo. Fue el miércoles cuando tuve acceso a las instalaciones de telecomunicaciones e informé al señor Alvaro de nuestras propuestas por correo electrónico. Por lo que yo sé, la señora Roure hizo lo mismo. La señora Kaufmann y la señora Buitenweg pensaron que se había llegado a un acuerdo a espaldas de los Grupos más pequeños, pero me gustaría recordarles que Izquierda Unitaria Europea y los Verdes ya habían rechazado el compromiso de la comisión y resulta contraproducente iniciar negociaciones con grupos que se oponen categóricamente a una propuesta; después de todo, como principio, ellos negocian todas las cuestiones con cualquier Grupo menos con el Grupo del Partido Popular Europeo. Así que dejemos de hablar sobre «acuerdos» y aceptemos la opinión mayoritaria democrática de esta Cámara.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación se celebrará el miércoles a las 11.30 horas.

56. Informe anual del Consejo sobre los derechos humanos

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el informe anual del Consejo sobre los derechos humanos.

  Geoff Hoon, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señora Presidenta, la Presidencia acoge con gran satisfacción este debate, que destaca la gran prioridad que todas las instituciones de la UE otorgan al fomento y la protección de los derechos humanos. Asimismo, reconoce la inmensa importancia que reviste la comunicación de las políticas y acciones de la UE en defensa de los derechos humanos de forma clara y convincente al mundo exterior.

El entonces Consejo de Asuntos Generales decidió en diciembre de 1998, con motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la Unión Europea debía incrementar sus medidas en materia de derechos humanos y elaborar un informe anual al respecto. El informe de este año –que abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005– es el séptimo de la serie y tiene por objeto ofrecer una visión general del trabajo de la Unión Europea, a través de sus instituciones, en la promoción de los derechos humanos.

Como es natural, solo puede destacar los ámbitos en los que la acción de la UE ha sido particularmente importante durante el periodo contemplado. No pretende ser exhaustivo y no trata de duplicar la información que ya está disponible, por ejemplo, en las páginas web de la UE ni dejar constancia de las acciones emprendidas por cada uno de los Estados miembros. Por el contrario, sí ofrece a los ciudadanos de la Unión Europea, a los partícipes de la sociedad civil y a los Gobiernos y defensores de los derechos humanos de países terceros una visión general accesible de las preocupaciones, prioridades y acciones de la UE.

Gran parte del informe se centra en la promoción que hace la Unión Europea de los derechos humanos y la democratización en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común. No obstante, la Unión Europea también debe ser coherente en el plano interno con las políticas que promueve en el exterior. Todos reconocemos que, aunque se ha hecho mucho por fomentar los derechos humanos en la Unión Europea, la situación sigue siendo mejorable. Por tanto, el informe expone importantes logros internos, incluida la labor continuada con vistas a crear una Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Y los capítulos sobre prioridades temáticas, como los derechos humanos de las mujeres o los derechos humanos y la empresa, incluyen avances en el interior de la Unión Europea, así como en el extranjero y en organizaciones multilaterales.

El informe también contiene información sobre los instrumentos e iniciativas de la UE en terceros países, por ejemplo los diálogos sobre derechos humanos entre la UE y China e Irán, y las nuevas consultas sobre derechos humanos establecidas durante 2005 con Rusia. Incluye información sobre la amplia gama de actividades llevadas a cabo por la Comisión Europea a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.

En el informe se destaca que la IEDDH fue creada por iniciativa del Parlamento y que este ha utilizado sus competencias presupuestarias para incrementar sustancialmente los recursos destinados a la protección de los derechos humanos y la democracia. También se incluye información sobre los logros políticos y acciones específicas en relación con 17 cuestiones temáticas. Entre estas se incluyen áreas en las que la UE ha aprobado directrices sobre derechos humanos, como por ejemplo sobre la pena de muerte, la tortura, los defensores de los derechos humanos y los derechos de los niños, incluida su participación en conflictos armados, así como sobre otras cuestiones, que van desde los derechos humanos y el terrorismo hasta la democracia y las elecciones y la Corte Penal Internacional.

El informe contiene una descripción general de la acción de la UE en organizaciones internacionales clave: la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa. También ofrece una panorámica por países, teniendo en cuenta las acciones de la UE en su vecindario inmediato, en África, América, Asia y Oriente Próximo.

El Consejo seguirá buscando formas de mejorar su informe. En 2005 se han introducido algunas novedades. La primera –que, estoy seguro, todos coincidirán en que recibió una buena acogida y tal vez llegó un poco tarde– fue la inclusión de un extenso capítulo en el que se explica la intensa labor que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo en defensa de los derechos humanos y la democratización.

Todos saben que el Parlamento aprueba su propio informe anual y su resolución sobre los derechos humanos en el mundo y sobre la política de la Unión Europea. Sin embargo, pienso que sería conveniente y provechoso que los lectores de este informe entendieran cómo el Consejo, la Comisión y el Parlamento contribuyen de forma conjunta al objetivo común de la UE de fomentar y proteger los derechos humanos en el mundo.

Me gustaría repetir, en este punto, la cálida acogida que recibió en el Consejo la reinstauración de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento el año pasado. Sé cuánto valora el Consejo, y en particular su Grupo de trabajo sobre derechos humanos, el contacto y la cooperación establecidos con dicha subcomisión.

El informe de este año también pretende, por primera vez, ofrecer a los lectores ejemplos prácticos de la UE en acción. Por ejemplo, el capítulo sobre racismo, xenofobia y no discriminación incluye información sobre un proyecto en el marco de la IEDDH para luchar contra la discriminación de los dalits en Nepal. El capítulo sobre los derechos de los niños incluye un proyecto destinado a fomentar los derechos de la infancia en los Nuevos Estados Independientes. Creemos que estos ejemplos específicos ayudarán a los lectores a realizar relacionar la política de la UE con nuestra capacidad para lograr cambios reales en la vida de ciudadanos reales en todo el mundo.

Otra innovación de este año ha sido la presentación de algunos análisis sobre los casos en que las acciones de la UE han funcionado bien y, de hecho, en los que ha deficiencias en nuestra labor. Al final de cada capítulo principal consta un breve análisis. Siempre se dará el caso en que algunas reflexiones internas deban ser internas si la UE quiere actuar de forma eficaz, por ejemplo en las negociaciones en las Naciones Unidas o en sus relaciones con determinados terceros países. No obstante, también es importante que las ONG y otros socios fundamentales sepan en qué puntos estamos satisfechos con nuestra labor y dónde queremos hacer más. Este análisis es modesto, pero constituye un paso útil en esa dirección.

Como cualquier informe anual, este tiene sus límites. Aprobado por el Consejo a principios de octubre, contiene información sobre las acciones de la UE hasta junio de 2005. Está claro que desde entonces se han producido acontecimientos. Nuestra Presidencia ha intentado utilizar los seis meses transcurridos desde junio para seguir sobre la base de la gran variedad de compromisos vigentes en la UE. Nos hemos esforzado por integrar los derechos humanos en todas las labores de la Unión Europea. Por ejemplo, hemos intentado aplicar las directrices de la UE sobre derechos humanos, prestando especial atención a la libertad de expresión, apoyando a quienes defienden los derechos humanos en aquellos lugares en los que han sufrido por ejercer su libertad de expresión.

En las Naciones Unidas, la UE participa activamente en negociaciones en Nueva York con vistas a la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos. En los últimos seis meses hemos abordado numerosas cuestiones específicas en esta materia. Hoy, por ejemplo, examinaremos la situación en Túnez. Muchas de estas cuestiones se incluirán en el informe anual del próximo año.

En conclusión, espero con interés conocer los puntos de vista del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre el propio informe y sobre las distintas cuestiones que contempla. Es nuestro deseo trabajar para garantizar que este informe sea correcto. Pero lo más importante es que necesitamos seguir trabajando juntos para que las políticas y acciones de la UE sean correctas, para garantizar que mejoremos realmente en la protección de los derechos en el mundo para poder informar de ello en los próximos años.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, acojo con satisfacción la última edición del informe anual de la UE sobre derechos humanos, que engloba las actividades de la Unión en materia de derechos humanos para el periodo de junio de 2004 a junio de 2005. Este informe es especial porque, por primera vez, ha sido elaborado conjuntamente por el Consejo, el Parlamento y la Comisión. El Consejo y la Comisión lo llevan haciendo desde hace varios años, pero, por primera vez, el Parlamento se ha sumado a ellos. Esto da un mayor crédito al informe.

El informe anual de la UE sobre los derechos humanos constituye una expresión muy importante de la relevancia crucial de la política en materia de derechos humanos en la configuración general de políticas de la Unión Europea. Abarca el desarrollo de la política interior de la UE en materia de derechos humanos, en particular en sus dimensiones externa e internacional. Su amplia cobertura de las principales cuestiones temáticas y geográficas relativas a los derechos humanos destaca el sólido compromiso de la Unión Europea con la protección y el fomento de estos derechos como principios definitorios de la Unión en el mundo: como una comunidad de valores compartidos, basada en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Abordaré brevemente algunos de estos puntos. Tengo seis puntos que comentar.

Este año es crucial para el futuro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, ya que las negociaciones en curso sobre la creación de una nueva institución, el Consejo de Derechos Humanos, futuro sucesor de la actual Comisión de Derechos Humanos, ampliamente contestada. Con vistas a cumplir las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas en septiembre, no exagero si digo que es una oportunidad única para que la comunidad internacional se una a fin de mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para controlar, mejorar y actuar decididamente en toda situación crítica de los derechos humanos en el mundo. Si no hubiera sido por la Unión Europea, no habría funcionado. Estuve presente al principio de la Cumbre del Milenio. Sé lo difícil que fue llegar a un acuerdo, pero allí, la UE marcó la diferencia. Nuestras expectativas siguen siendo elevadas en lo que respecta al resultado y nuestra capacidad para influir positivamente en la comunidad mundial deberían tener un peso favorable en el proceso negociador. Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones, ya que muchos países se muestran reticentes a la hora de mejorar de forma eficaz el actual sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Tendremos que movilizar todas nuestras energías y redoblar los esfuerzos, si queremos concluir con éxito las complicadas negociaciones en curso.

La dimensión de los derechos humanos influye cada vez más en las relaciones exteriores de la Unión Europea con una serie de países en todo el mundo: el diálogo sobre derechos humanos con China; el diálogo con Irán, aunque lamentablemente no hemos celebrado una ronda de negociaciones desde hace más de un año, pero esperamos volver a hacerlo; las consultas con Rusia en materia de derechos humanos; los diálogos locales sobre derechos humanos por parte de los jefes de misión de la Unión Europea en numerosos países; y, en concreto, nuestros avances en el marco de la Política Europea de Vecindad y su programa de trabajo relacionado con los derechos humanos en el contexto de distintos planes de acción, en los que siempre se presta mucha atención a esta materia. Todo esto ejemplifica en buena medida que la Unión Europea no está sola en su labor de cumplir activamente su tarea de fomentar los derechos humanos en su política exterior: también estamos viendo una mayor voluntad por parte de nuestros socios a la hora de reconocer la protección de los derechos humanos como una característica esencial del avance de sus propios países. No obstante, queda mucho por hacer.

En este contexto, a menudo me preguntan qué se consigue realmente en estos diálogos o consultas. Mi respuesta es la siguiente: cada ronda, al finalizar, ha supuesto una oportunidad no solo para intercambiar ideas –tan importante para nuestros interlocutores a los que no les gusta que les sermoneen–, pero sobre todo, para nosotros, también para explicar, a través de nuestra experiencia que con tanto esfuerzo hemos adquirido, cómo nosotros, en la Unión Europea, hemos adaptado la legislación y las prácticas administrativas con el objetivo de respetar los derechos fundamentales y cómo esperamos que nuestros socios sigan un rumbo similar. Estoy convencida de que, poco a poco, el mensaje va calando. Los diálogos y consultas permiten a la UE plantear y debatir casos particulares de presos políticos o de otras personas que ven vulnerados sus derechos humanos.

Sobre la base de los acuerdos de asociación de la Comunidad Europea o de los acuerdos de asociación y cooperación con terceros países, la Comisión revisa regularmente el grado de respeto de los estándares internacionales de derechos humanos por parte de los países socios. De hecho, los diálogos políticos con muchos de nuestros socios en el marco de estos acuerdos incluyen debates importantes sobre cuestiones de peso en materia de derechos humanos y democracia en países socios. Nuestro colega ya ha mencionado algunos casos concretos. La Comisión ha tomado la iniciativa de crear –con algunos de estos diálogos políticos– grupos de trabajo sobre derechos humanos y gobernanza, en el marco de las consultas regulares de las comisiones mixtas, por ejemplo, con Vietnam, Jordania o Marruecos. Me gustaría llamar su atención, en particular, sobre el programa de trabajo quinquenal sobre Barcelona, en el que se incluyen objetivos importantes sobre derechos humanos.

Asimismo, como sus Señorías saben, todos los acuerdos de la Comunidad contienen ahora una cláusula específica sobre derechos humanos como elemento esencial. A este respecto, la Comisión desea garantizar que estas cláusulas sirven de herramienta positiva para mejorar la situación de los derechos humanos en los países socios. Creo que estos intercambios estructurados sobre derechos humanos constituyen una vía prometedora a la consecución de los objetivos para los que se han incluido estas cláusulas de derechos humanos. En efecto, habrá ocasiones, en casos de vulneraciones generalizadas e importantes de los derechos humanos, en los que habrá que imponer sanciones o incluso suspender un acuerdo, como es el caso de Zimbabue o Togo. Sin embargo, en términos generales, deberíamos evitar hacer demasiado hincapié en un enfoque «mecánico» de las sanciones o de la suspensión. Al contrario, en mi opinión lo importante es escudriñar sistemáticamente el historial de derechos humanos de nuestros socios y persuadirlos con medios políticos y de ayuda para que cumplan sus obligaciones en virtud de la cláusula sobre derechos humanos del acuerdo. En ese contexto, estoy muy agradecida por el proyecto de informe sobre las cláusulas de derechos humanos preparado tan diligentemente por su Señoría, el señor Agnoletto. Su informe obligará a todos los agentes que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en la Unión Europea, y en particular a sus instituciones, a seguir recapacitando sobre su valor y sobre la forma más adecuada de utilizarlas.

El informe anual sobre derechos humanos de la UE también refleja el relanzamiento de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos para el periodo 2005-2006. Las modificaciones introducidas a la planificación en virtud de esta iniciativa se han basado en el resultado de una evaluación cuidadosa y diseñada para dar respuesta, en primer lugar, a las demandas de los posibles beneficiarios de la iniciativa. A raíz de ello se han concebido cuatro campañas con una cobertura geográfica más flexible y con acciones integradoras a escala mundial, regional y nacional. Hay dos elementos que me complacen particularmente: el compromiso más firme con la integración de los derechos de las mujeres y los niños, así como la mejora del incentivo para una participación eficaz de las organizaciones de la sociedad civil de los países socios del mundo en desarrollo.

En estos momentos, mientras se adjudican los últimos contratos en el marco del presupuesto de 2004 de esta iniciativa, la publicación de las importantes convocatorias de propuestas para los presupuestos 2005-2006 es inminente; de hecho, deberían publicarse en los próximos días. Al mismo tiempo, las convocatorias de propuestas nacionales siguen su curso y el próximo informe anual incluirá detalles de este ejercicio. Lo fundamental es que la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, en sus formas presente y futura, constituye una parte esencial e integral de la política general de la Unión Europea en materia de derechos humanos.

La Unión Europea se ve muy reforzada en sus relaciones con terceros países gracias a sus posiciones unificadas en muchas cuestiones de derechos humanos de importancia estratégica. Basta pensar en las directrices que hemos acordado sobre la pena de muerte, la tortura, los niños en conflictos armados y los defensores de los derechos humanos. Estas herramientas, usadas correctamente, son excelentes y ejercen una gran influencia. Por tanto, me gustaría saludar los esfuerzos realizados durante las Presidencias luxemburguesa y británica este año a la hora de orquestar campañas muy eficaces en el marco de estas directrices. También me gustaría agradecer el trabajo de las numerosas delegaciones de la Comisión que han contribuido tan eficazmente a la labor de la Troika respectiva en los países objetivo. El mismo trabajo en equipo es válido para la campaña de información sobre la propuesta del Consejo de derechos humanos –que he mencionado al principio– y que se realizó en 77 países. Cuanto más hablen con una sola voz sobre los derechos humanos la Unión, sus Estados miembros y sus instituciones, mayor será el impacto político. Por tanto, no debemos desistir de nuestros esfuerzos, en el Consejo, en el Parlamento y en la Comisión, para trabajar unidos de la forma más estrecha y eficaz posible. En ese sentido, presentamos este informe anual y espero que sirva de recordatorio estricto de los enormes retos que tenemos por delante y del buen trabajo que hemos hecho en el pasado.

  Simon Coveney, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, me complace efectuar una pequeña contribución a este debate. El informe anual 2005 del Consejo sobre los derechos humanos es un buen compendio de la actividad y las aspiraciones en el ámbito de los derechos humanos en el seno de la UE, así como del impacto que dicha actividad está teniendo fuera de la Unión.

Como autor del informe más reciente del Parlamento sobre los derechos humanos, me ha producido una gran satisfacción constatar que casi todos los asuntos temáticos planteados en el informe del Parlamento han sido abordados también en este documento, reflejando una coherencia de pensamiento y prioridad. La pena de muerte, los derechos de la infancia –y, en concreto, los niños en los conflictos armados–, los derechos de la mujer y la igualdad de género, el papel de las empresas internacionales cara a los derechos humanos, los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad, son asuntos a los que deben conceder prioridad las sucesivas Presidencias del Consejo y la Comisión.

Creo que, en lo posible, deberíamos tender a la creación de un informe anual exhaustivo sobre los derechos humanos para la UE en el futuro, que reflejara las opiniones del Consejo, la Comisión y el Parlamento. No tiene sentido que el Parlamento repita el trabajo del Consejo. Nuestra función individual debería consistir en analizar de manera crítica el comportamiento del Consejo y de la Comisión en cuanto a la consecución de los objetivos marcados en los ámbitos clave, descritos en un informe anual sobre los derechos humanos de la UE. El Parlamento tiene que estar implicado de forma activa en la elaboración de este informe en los años venideros, y no basta con que le sea presentado el artículo terminado antes de su publicación.

Por último, puesto que estamos debatiendo los derechos humanos en la UE en 2005, no puedo dejar pasar la ocasión sin manifestar mi preocupación en cuanto a la necesidad de claridad en el denominado asunto de los vuelos secretos de la CIA. Soy uno de los muchos diputados en esta Cámara procedentes de países de la UE que han permitido el aterrizaje y repostaje de aviones estadounidenses –militares y de la CIA– en los últimos años. Como portavoz en materia de derechos humanos, sería un hipócrita si no exigiera claridad por lo que respecta a si se han trasladado prisioneros a través de países de la UE hasta terceros países, donde corren peligro de ser torturados.

  Richard Howitt, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señora Presidenta, quiero comenzar dando las gracias a la Presidencia del Reino Unido por acceder a presentar hoy al Parlamento el informe anual sobre los derechos humanos, la primera vez que esto ocurre desde la Presidencia finlandesa en 1999. Como ponente parlamentario de este año para el informe anual sobre los derechos humanos, el Presidente en ejercicio sabe que mi intención, más que repetir el trabajo del Consejo en este ámbito –como ya ha manifestado el señor Coveney–, es la de reforzar la colaboración entre el Consejo y el Parlamento, de manera que la Unión Europea pueda enviar un mensaje más sólido y más coherente a favor de los derechos humanos al mundo en general. Agradezco al Presidente en ejercicio su apoyo a la subcomisión del Parlamento durante su intervención esta tarde. No obstante, le invito a que haga pública la voluntad del Consejo de establecer un debate con el Parlamento acerca de una colaboración más estrecha respecto del propio informe anual en su intervención de respuesta a este debate.

El informe anual sobre los derechos humanos de este año resulta plausible por su alcance y honestidad. En un año en el que el Consejo ha analizado el diálogo sobre los derechos humanos con países concretos, el descubrimiento de que el diálogo con China ha tenido un impacto reducido, si es que ha tenido alguno, es efectivamente muy importante. El informe en conjunto resulta más rotundo a la hora de plantear actuaciones que al evaluar su eficacia y espero que podamos presenciar un mayor uso de las evaluaciones de impacto de los derechos humanos en años venideros.

En un momento en que la Unión Europea ha de mostrarse firme en Nueva York para procurar reforzar la defensa de un Consejo de Derechos Humanos fuerte en las Naciones Unidas, todos nosotros deberíamos reflexionar acerca de si la propia Unión Europea concede prioridad suficiente a los derechos humanos en comparación con la importancia que damos al comercio y al desarrollo en nuestras relaciones exteriores.

Recuerdo a la señora Comisaria que, a pesar de sus comentarios esta tarde, el Parlamento sigue esperando su apoyo para conservar un fundamento jurídico independiente en la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. Espero oír también sus comentarios.

Por último, centrémonos en uno de los sucesos más sangrientos de 2005: la matanza de cientos de personas en Andizhán el 13 de mayo y la posterior detención y tortura por parte de las autoridades uzbekas de cualquiera que en apariencia pudiera haber sido testigo. La suspensión por la EU de partes del Acuerdo de Asociación y Cooperación, el embargo de armas y las restricciones de los visados representan y demuestran de una manera categórica al mundo que esta Unión Europea puede defender y va a defender los derechos humanos.

  Cecilia Malmström, en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señora Presidenta, la política exterior de la UE se basa en la defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho y por ese motivo concedemos tanta importancia a la dimensión política de los criterios de Copenhague en las negociaciones con los nuevos Estados miembros. Por supuesto, en este ámbito, la UE también ha tenido un gran éxito al difundir estos valores.

Naturalmente, es más difícil cuando se trata de hacerlo en otros países. Aunque los derechos humanos siempre van incluidos en la teoría, resulta complicado lograr nuestros objetivos a través del diálogo. Tenemos cláusulas, pero como saben, el Parlamento ha recomendado que sean obligatorias y que se activen. No podemos contentarnos únicamente con la mera protesta ante acontecimientos como los ocurridos en Túnez en los que se produce una violación tan flagrante de los derechos humanos fundamentales. Túnez es un país estrechamente asociado con la UE.

Como sabemos, los diálogos sobre derechos humanos con China e Irán van por mal camino. Tampoco estamos avanzando en nuestro diálogo con Rusia. Hoy hemos visto como los ganadores de nuestro Premio Sájarov –las Damas de Blanco cubanas– no han obtenido el permiso para venir aquí. Espero que el Consejo y la Comisión puedan acelerar sus protestas contra el dictador en La Habana, que sigue riéndose de todo el mundo. Queda mucho por hacer por lo que se refiere a Zimbabue, Belarús, Myanmar, Arabia Saudí, etc.

Sabemos, por supuesto, que la UE, en tanto que poder débil, es increíblemente poderosa. Somos el único actor de la escena internacional que puede obtener grandes logros si se pone de acuerdo sobre la defensa de los derechos y valores humanos. Los que nos rodean esperan de nosotros que tengamos una política exterior común que pueda desempeñar un papel en la escena internacional y que hablemos con una sola voz. Esta política exterior, en forma de cooperación comercial, humanitaria, política y económica, siempre debe guiarse por el respeto de los derechos humanos.

Como demócratas, tenemos la responsabilidad de asegurar que luchamos contra la falta de libertad y para difundir la democracia y los derechos humanos en lugares tan remotos como las aldeas de Colombia, Zimbabue y Corea del Norte. Por este motivo, el presente informe constituye una herramienta importante y constructiva. Solo espero que, en el futuro, pueda devenir más estratégico con vistas a lograr una política sobre derechos humanos más cohesionada.

  Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señora Presidenta, al igual que mis colegas, me alegro de que mantengamos hoy este debate acerca del informe anual sobre los derechos humanos. Me complace especialmente un nuevo capítulo en el que se analiza la eficacia de los instrumentos y las iniciativas de la Unión Europea. Es precisamente la perspectiva elegida por el Parlamento Europeo para elaborar, con la plena cooperación de todos los Grupos políticos, su informe de este año. Este resultado demuestra que, en los próximos años, nosotros –la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo– podremos elaborar juntos, a la larga, un auténtico informe conjunto.

Para conseguirlo, es importante que la información circule como un flujo continuo entre nuestras instituciones. Quisiera insistir, por ejemplo, en las conclusiones del Consejo de 12 de diciembre, que nos informan de que el Consejo –no teníamos dudas al respecto– lanzó, en nombre de defensores de los derechos humanos, campañas de presión activas bajo la batuta de los jefes de misión en terceros países. Ahora bien, es muy útil para los diputados saber a quién, cuándo o cómo el Consejo y los embajadores en terceros países aportan su apoyo en virtud de las directrices para la protección de los defensores de los derechos humanos.

Otro ejemplo: el Consejo elabora fichas de datos en las que se evalúa la situación de los derechos humanos en los distintos países. También en este caso sería necesario que el Consejo remitiera al Parlamento estas fichas a fin de que las distintas delegaciones y comisiones pudiesen remitirse a ellas en el marco de su trabajo cotidiano.

Otro ejemplo: he leído en este informe que, por primera vez, participaron representantes chinos en el diálogo estructurado sobre los derechos humanos entre la Unión y China. Siendo así, no entiendo por qué no participaron diputados al Parlamento en dicho diálogo, cuando los diputados piden que todos los representantes estén implicados en todos los diálogos, sea cual sea la estructura de los mismos.

Por último, por lo que respecta a la Comisión, conocemos las deficiencias de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, pero debo decirle, señora Comisaria, que el documento que examina actualmente la Comisión Europea para la aplicación del programa horizontal para los derechos humanos me inspira las más vivas reservas y preocupaciones. Dicho documento no responde en nada a las expectativas del Parlamento Europeo, como tampoco a las de las ONG, como verá...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  Ryszard Czarnecki (NI).  – (PL) Señora Presidenta, Señorías, cabe acoger con gran satisfacción el hecho de que la UE lleve publicando un informe anual sobre derechos humanos desde hace siete años. También es adecuado y correcto que hayamos aprobado la Carta de los Derechos Fundamentales. Al mismo tiempo, sin embargo, no deberíamos fiarnos de una actitud que era muy común en la época comunista, a saber, la de crear una oficina o una agencia cada vez que surge un problema.

Esto me lleva a algo que el representante del Consejo ha mencionado hace unos momentos. Me refiero a la cuestión de si realmente existe la necesidad de crear una Agencia de Derechos Fundamentales. Todavía necesitamos pruebas que nos convenzan de que existe esa necesidad.

Es una buena noticia que la UE esté cooperando con distintos organismos en el ámbito de los derechos humanos, como la OSCE y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. No obstante, es lamentable que las acciones de la UE a veces queden reducidas a una aceptación en la práctica de un doble rasero. Constantemente defendemos los derechos humanos en países pequeños y débiles, pero no logramos hacer lo mismo en el caso de otros más grandes y fuertes. El motivo para esto es que nos gusta hacer negocios con estos últimos. Defendemos los derechos humanos en países enemigos y neutrales, pero no nos atrevemos a hablar alto y claro cuando se violan los derechos humanos en países que son nuestros aliados.

Asimismo, en ocasiones la Comisaria Ferrero-Waldner no habla con claridad, especialmente cuando se trata de regiones y países considerados socios estratégicos para la UE. Apelo a una cierta coherencia a este respecto y pido que los derechos humanos, que pertenecen a los valores fundamentales de la UE, no sean cumplidos de forma selectiva.

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, la razón por la que la UE es aceptada en todo el mundo como la voz de los derechos humanos es que, en mayor medida que otras instituciones, respalda sus palabras con hechos. La Comisaria ha estado muy acertada al describir como punto fundamental la cláusula que hace de los derechos humanos un componente esencial de los acuerdos de comercio y cooperación con terceros países. Hasta la fecha, se han concluido 120 acuerdos de este tipo. El Informe sobre los derechos humanos enumera los principales logros de 2005, entre otros unos controles más estrictos de la exportación de material que puede ser utilizado para torturar o la campaña contra los abusadores de niños que utilizan Internet para sus propios fines, así como la campaña para el reconocimiento de la Corte Penal Internacional. En el informe también se recogen contratiempos como los acontecidos en países africanos –Sudán, Zimbabue, Congo o Ruanda, por ejemplo–, o en países asiáticos como Indonesia, Sri Lanka, Irán y Myanmar. Como en ocasiones anteriores, China sigue siendo objeto de críticas particulares; su actitud con respecto a la libertad de opinión, de religión y de reunión es inaceptable; los periodistas y abogados críticos son acosados, los activistas de derechos humanos son perseguidos y a los acusados se les niega un juicio justo y son sometidos a torturas. Cada año, miles de personas mueren ejecutadas. La situación en el Tíbet sigue siendo un horror de proporciones trágicas. Pasado mañana, celebraremos un debate en el que responderemos a las intervenciones militares chinas en un monasterio tibetano como cuestión de urgencia. Los Estados miembros de la UE deben, al fin, ponerse manos a la obra, en lugar de abstenerse como lo han hecho en Ginebra. Las violaciones de los derechos humanos por parte de China deben formar parte del orden del día de la Convención sobre Derechos Humanos, cuando se reúna en dicha ciudad.

El terrorismo, junto con los derechos civiles, ha sido la prioridad en 2005, y con toda la razón, pero el mantenimiento del Estado de Derecho es una necesidad absoluta. Esto también se aplica al trasporte de prisioneros de la CIA en Europa, un tema sobre el que celebraremos un debate mañana por la tarde. La intolerabilidad absoluta de cualquier incumplimiento de la Convención sobre Derechos Humanos solo es uno de los mensajes contenido en el Informe sobre los derechos humanos.

  María Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE). – (ES) Señora Presidenta, agradecemos que, por primera vez, el informe del Consejo mencione la acción del Parlamento en el ámbito de los derechos humanos, porque este Parlamento hace mucho.

También agradecemos que vengan a presentarlo en esta Cámara. El Grupo Socialista así lo había solicitado en múltiples ocasiones. Así, nuestro propio informe se podrá ajustar mejor al seguimiento y la evaluación de sus compromisos.

Ya basta de grandes palabras y grandes declaraciones, porque hay hechos concretos que reclaman la acción y el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido, como, por ejemplo, la ya mencionada Iniciativa Europea de Derechos Humanos y Democracia.

¿Qué hace el Consejo con las resoluciones que en este Parlamento se aprueban? Tres hemos aprobado, con la que aprobaremos esta semana sobre Etiopía. No hemos obtenido ninguna respuesta. ¿Qué ha sucedido con Guantánamo? ¿Cuál ha sido su acción? Se están derivando muchos problemas de la inacción, a pesar de las graves violaciones de los derechos humanos que se producen. Y así, podría citar otros casos.

Es mejor decir menos y hacer más, porque, de tanto decir, van a dejar de creernos. Este Parlamento trabaja denodadamente para que su voz sea escuchada, pero, para que su voz sea atendida, les necesitamos a ustedes, y necesitamos que ustedes renueven su compromiso con la política europea de derechos humanos, que se supone que es un pilar fundamental de nuestra acción exterior.

Todavía estamos esperando muchas respuestas.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señora Presidenta, hoy volvemos a debatir sobre los derechos humanos en todo el mundo y denunciamos los defectos de los demás.

Sin embargo, quiero centrar este debate en una vulneración flagrante de los derechos humanos perpetuada en esta Unión Europea, concretamente en el Reino Unido. La Directiva del Consejo 2000/78/CE prohíbe acertadamente la discriminación religiosa en el trabajo. Pero en virtud de una derogación contemplada en el artículo 15 de dicha Directiva, se autoriza al Gobierno del Reino Unido a practicar la discriminación contra los protestantes en Irlanda del Norte que solicitan entrar en el servicio de policía de norirlandés, simplemente porque son protestantes. En consecuencia, se ha denegado el ingreso en la policía a cientos de jóvenes candidatos protestantes con una cualificación excepcional, no por falta de méritos, sino porque no existe un número equivalente de candidatos de la comunidad católica.

Así que antes de que esta Cámara y la UE hagan alarde de sus méritos en el tema de los derechos humanos, proclamo: procedamos a subsanar ese error, llevando a la práctica en su totalidad la Directiva sobre el empleo y poniendo fin a la abominable discriminación contra la comunidad mayoritaria en mi país.

  Glyn Ford (PSE). – (EN) Señora Presidenta, soy la persona responsable en la Comisión de Comercio Internacional de la revisión propuesta de las cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos de asociación y de comercio. No basta con las palabras; necesitamos acciones. Con excesiva frecuencia, el Consejo y la Comisión no están dispuestos a activar el uso de estas cláusulas para presionar a terceros países para que resuelvan problemas legítimos. ¿Podrían el Consejo y la Comisión echar un vistazo al aumento gradual de presión que se puede incorporar a una cláusula nueva y revisada sobre derechos humanos?

El segundo punto trata de que, a veces, los fallos de los procesos interfieren con los resultados del producto. Acogemos con agrado el diálogo sobre derechos humanos con China e Irán. Durante dos años, la UE ha sido el único lugar del mundo que ha mantenido un diálogo sobre derechos humanos con el régimen profundamente detestado en Corea del Norte. Luego, el Consejo patrocinó una resolución condenando los derechos humanos norcoreanos en Ginebra sin informar ni a estos ni a la Comisión. Consiguientemente se suspendió el diálogo. Este año hemos patrocinado una nueva resolución con la excusa de que hemos de tener una resolución: no tenemos diálogo; nos negamos a reconocer que no lo tenemos porque contábamos con una resolución.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señora Presidenta, el 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y varios acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que queda mucho por hacer. Por ejemplo, los Estados Unidos también deberían ceñirse a unas normas mínimas en materia de derechos humanos y no pasarlos por alto instalando cárceles secretas en el extranjero.

En la UE se siguen produciendo violaciones de los derechos humanos, particularmente en forma de violencia doméstica, crímenes de honor, poligamia y generalización de la discriminación de la mujer, algo que toleramos indirectamente, si aceptamos estos aspectos como parte del Islam en Europa. En la propia Turquía, casi el 80 % de las mujeres en zonas rurales son casadas a la fuerza. Persiste la discriminación contra las minorías y los miembros de otras religiones.

Dado que, en 2004, se recibieron en la UE más solicitudes de asilo de nacionales turcos que iraquíes y que, incluso en 2005, Turquía sigue siendo el segundo país de origen más frecuente de los solicitantes de asilo en Alemania, por ejemplo, no podemos asumir que los derechos humanos son respetados realmente en la sociedad turca; y estamos hablando de un país que está negociando su adhesión a la UE.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señora Presidenta, el futuro de la Unión Europea, como comunidad democrática de principios y valores, está relacionado con la coherencia de las instituciones y de los Estados miembros a la hora de defender los derechos humanos, los derechos de las minorías y las libertades democráticas.

La Unión Europea necesita, en primer lugar, emprender iniciativas para dar forma a un nuevo marco institucional eficaz para defender los derechos humanos en el contexto de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, en sus relaciones con terceros países, debe dar máxima prioridad a la ratificación y la aplicación de todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos y a la abolición de las cámaras de tortura.

En tercer lugar, debe ayudar a conformar un sistema democrático, abierto y global para regular la sociedad de la información y para luchar contra la brecha digital que está creando nuevas relaciones de dependencia y hegemonía entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En cuarto lugar, necesita, sin discriminación ni intereses selectivos en los Estados miembros, aplicar todos los acuerdos de cooperación y asociación y poner en marcha los mecanismos previstos.

  Geoff Hoon, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias a la Comisión y a todos los diputados que han contribuido a un debate impresionante. Siempre me impresiona la variedad de asuntos relativos a los derechos humanos en que trabajan los diputados al Parlamento Europeo. Desde luego resulta estimulante el compromiso respecto de estos temas, no solo el demostrado hoy sino siempre.

Quisiera ocuparme de uno o dos aspectos específicos que se han planteado. Ante todo, acojo con satisfacción la sugerencia de los señores Howitt y Coveney, por cuanto deberíamos actuar sobre la base del provechoso intercambio de pareceres de hoy y celebrar ulteriores debates acerca de nuestros dos informes. Varios diputados han expresado su deseo en favor de un papel más activo del Parlamento Europeo en el informe anual de la UE sobre los derechos humanos. Tal como queda reflejado en las conclusiones acordadas en su reunión de ayer, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores ve con buenos ojos la cooperación con el Parlamento en la tarea de desarrollar y concretar su política sobre derechos humanos durante 2005 y espera profundizar más en esa relación.

Voy a garantizar que reflexionemos muy seriamente sobre las ideas concretas que se han expuesto y estoy seguro de que podremos encontrar vías para intensificar nuestro diálogo. Deseo resaltar que uno de los notables puntos fuertes de la UE radica en su variedad de instituciones diferentes: poseen funciones distintas y complementarias. La troika se esfuerza a menudo por promocionar los derechos humanos dentro de un marco intergubernamental. El Parlamento puede hacer valer su peso y sus opiniones en diversas formas y, frecuentemente, con mucha mayor flexibilidad. Acogemos con sumo agrado tales oportunidades de compartir opiniones e ideas. Valoramos especialmente nuestros intercambios regulares y francos con la Subcomisión de Derechos Humanos.

Tenemos que asegurar que nuestro trabajo esté bien coordinado y sea coherente, pero también hemos de sacar provecho a nuestras respectivas fortalezas. Es importante establecer una cierta diferenciación entre los papeles que desempeñan las distintas instituciones a la hora de promocionar los derechos humanos y la democratización.

El señor Ford ha planteado una cuestión importante acerca de la forma en que utilizamos las cláusulas sobre derechos humanos. El Consejo estudiará con rigor cualquier tema que plantee el Parlamento Europeo. Conviene apuntar que su finalidad primordial consiste en facilitar una plataforma constructiva para las relaciones con terceros países en el ámbito de los derechos humanos. La suspensión de un acuerdo constituye un último recurso y, por tanto, se utiliza en contadas ocasiones.

Las cláusulas sobre derechos humanos han sido invocadas, como mínimo, en 12 casos desde 1995 como base para la consulta, la suspensión de ayuda y otras medidas que han afectado a 10 países ACP. Evidentemente, es un arma que estamos dispuestos a utilizar. Ha de ser aplicada de manera prudente y eficaz para que produzca resultados.

Termino aplaudiendo una vez más el firme compromiso que han demostrado las instituciones de la UE en la promoción de los derechos humanos y en la elaboración de un informe eficaz sobre la política y las acciones de la UE en este campo. Resulta enormemente provechoso disponer de estas ocasiones para revisar de forma conjunta nuestra actuación y la manera de mejorarla. Esperamos con impaciencia cooperar de manera estrecha y continuada con el Parlamento Europeo a medida que vayamos progresando en nuestra tarea en materia de derechos humanos en los meses venideros.

Estoy muy agradecido a todos los que han contribuido a lo que ha sido un debate enormemente válido.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, permítame resumir este notable debate, al que personalmente concedo gran importancia. Por supuesto que existen todavía muchos retos, de lo contrario no necesitaríamos celebrar este debate. Sin embargo, la Comisión utiliza instrumentos específicos y me gustaría proporcionarles algunos ejemplos concretos, ya que a veces parece que solo estamos utilizando palabras. Eso no es cierto, disponemos de numerosas posibilidades y procuramos utilizarlas, pero queda aún mucho por hacer y no hemos llegado al final.

Por ejemplo, disponemos de un instrumento mediante el cual se destinan 180 millones de euros para la promoción de la justicia y el Estado de derecho, fomentando una cultura de derechos humanos, promoviendo el proceso democrático, favoreciendo la igualdad, la tolerancia y la paz. En segundo lugar, tenemos programas de cooperación específicos para cada país, a los que se han asignado un total de 35 millones de euros. En tercer lugar, se han concedido subvenciones por valor de 14 millones de euros a organizaciones internacionales, que utilizamos para las campañas.

Contamos asimismo con un instrumento muy importante para las misiones de la UE de observación electoral. Muchos diputados lo conocen y saben de su importancia, ya que han sido observadores principales en diferentes países, aun cuando el observador principal goza de un cierto grado de independencia. Este instrumento tiene asignados 13 millones de euros. La Comisión ha participado en misiones electorales presidenciales y parlamentarias. Ha realizado misiones de observación electoral de la UE en Etiopía, Guinea-Bissau, Burundi, Cisjordania y Gaza, así como en el Líbano, Afganistán, Sri Lanka y Liberia. Actualmente hay en curso otras misiones, como las de Venezuela, Haití, la República Democrática del Congo, y nuevamente en las elecciones parlamentarias en Cisjordania y Gaza.

La política de vecindad constituye mi responsabilidad específica. Existe ahora un instrumento que proporciona un incentivo positivo. Puedo conceder de un 10 % a un 15 % más en el caso de que un país en la región, por ejemplo Marruecos o Jordania, esté implantando mayor número de reformas en el campo de los derechos humanos. Creo que es algo importante.

Con respecto a la CIA, en general tenemos la convicción clara de que el terrorismo solo se puede combatir desde el pleno respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. Los derechos humanos están vigentes en cualquier situación. Sabemos que se trata de un reto difícil. Constituye un reto preservar el equilibrio correcto entre mejorar el derecho a la intimidad y combatir el terrorismo. Hemos de proteger a nuestra población, pero también tenemos que velar por los principios sobre los que se basa nuestra sociedad.

Por último, con respecto al instrumento para la democracia y los derechos humanos, a menudo he proclamado que para nosotros, la IEDDH constituye nuestro buque insignia. Aun cuando ya no va tener un fundamento jurídico independiente, hemos propuesto un programa temático relativo a la democracia y los derechos humanos, con alcance global y con visibilidad y una programación unificada, incluida una partida presupuestaria por separado. El programa temático propuesto quedaría identificado dentro de cada uno de los instrumentos de acción exterior planteados. Se va a realizar una comunicación específica sobre este programa temático, explicando el alcance, los objetivos y las prioridades políticas, que será presentada a finales de enero. Espero que tengamos ocasión de acordar un paquete global completo, que permita al Consejo, a la Comisión y al Parlamento mirar al futuro.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

57. Derechos humanos y libertad de prensa en Túnez y evaluación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Túnez

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los derechos humanos y la libertad de prensa en Túnez y la evaluación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez.

  Geoff Hoon, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señora Presidenta, comenzaré dando las gracias al Parlamento Europeo por proponer este oportuno debate sobre Túnez. Quiero dejar constancia de nuestro reconocimiento del hecho de que Túnez haya albergado recientemente la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información del 16 al 18 de noviembre. Nos complace el acuerdo alcanzando en la Cumbre sobre el Compromiso de Túnez y la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, una contribución importante al esfuerzo global necesario para salvar lo que se conoce como la brecha digital.

Al mismo tiempo, procede que contemplemos con una visión más general los asuntos de los derechos humanos y de la libertad de prensa en este país. El Consejo comparte la preocupación de los diputados a esta Cámara acerca de la situación de los derechos humanos en Túnez y es muy consciente de las deficiencias de la actuación de las autoridades tunecinas, sobre todo con respecto a los actos de intimidación y hostigamiento contra la sociedad civil y los activistas de derechos humanos. La reunión celebrada el jueves, 1 de diciembre, en la que participaron diversos diputados al Parlamento Europeo, determinadas comisiones y otras instituciones de la UE participantes en la Cumbre, para debatir específicamente la problemática de los derechos humanos en Túnez, refrendó aún más la importancia de estos temas.

Los derechos humanos son un elemento esencial en la relación de la UE con Túnez, tal como se proclama en el Acuerdo de Asociación UE-Túnez, que entró en vigor el 1 de marzo de 1998, y en el Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad, que lo hizo el 4 de julio de este año. En virtud de este plan de acción, Túnez ha suscrito compromisos en el ámbito de la democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos. La ejecución de estos compromisos será un elemento esencial para desarrollar las relaciones UE-Túnez. Incluyen, por ejemplo, la creación de una subcomisión UE-Túnez de derechos humanos. A tal fin seguimos animando a los tunecinos a que fijen y celebren lo antes posible una primera sesión de dicha subcomisión.

Además, la Cumbre del décimo aniversario de Euromed, el 27 y 28 de noviembre en Barcelona, constituyó una ocasión notable para ayudar a los socios mediterráneos de la UE, incluido Túnez, a afrontar los retos del siglo XXI, incluidos los relacionados con la buena gobernanza. En la Cumbre de Euromed, los dirigentes refrendaron un plan de trabajo para cinco años orientado a la obtención de resultados. Dicho plan incluía la creación de un fondo de gobernanza para ayudar a aquellos países que hagan progresos en la buena gobernanza, permitiéndoles el acceso a fondos adicionales para invertir en sus prioridades.

Túnez es un Estado que forma parte de los seis tratados centrales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Túnez aparece bien clasificada en la mayoría de los índices socioeconómicos de instituciones multilaterales, y los derechos sociales y económicos gozan de reconocimiento y protección. Túnez desempeña un papel activo dentro de las instituciones internacionales de derechos humanos y fue elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2004. Sin embargo, Túnez todavía no ha suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La UE aplaude el historial de Túnez de promoción de reformas en el mundo árabe, principalmente en cuanto a la situación de la mujer y el derecho a la educación. No obstante, la UE continúa preocupada por la situación de los derechos humanos en Túnez, sobre todo con relación a la libertad de expresión y de reunión y a la independencia del sistema judicial.

Este debate ha suscitado concretamente el tema de la libertad de prensa en Túnez. Todos los libros y publicaciones, con la excepción de los periódicos, siguen estando sujetos a censura. Hasta el mes de mayo de 2005, todos los periódicos tenían que presentar sus artículos al Ministerio de Interior antes de su publicación. Aunque ese ya no es el caso, nos sigue preocupando el hecho de que el temor a las sanciones parece haberse traducido en una cierta autocensura, ya que ningún periódico ofrece crítica ni opinión política alguna sobre asuntos internos contrarias a la versión gubernamental. No obstante, es habitual el acceso a la televisión extranjera, ya que la mayoría de los hogares tunecinos disponen de televisión por satélite.

Como ya he manifestado, la UE acoge con satisfacción el acuerdo sobre el compromiso tunecino y la agenda tunecina para la sociedad de la información, alcanzados durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez. La UE espera trabajar con todos los interlocutores para garantizar la ejecución plena y eficaz de ambas fases del proceso de la Cumbre, tanto en la esencia como en el seguimiento.

Durante los preparativos y durante la propia Cumbre se denunciaron una serie de incidentes que afectaban a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. La Liga Tunecina de Derechos Humanos, el órgano más antiguo de derechos humanos en Túnez, denunció el acoso de sus militantes por parte de la policía y afirmó que se le había impedido su funcionamiento normal. Una decisión judicial en septiembre de 2005 obligó a posponer su congreso. La UE presentó sus quejas ante las autoridades tunecinas y publicó una declaración recordando a los tunecinos las expectativas de la UE en cuanto a sus responsabilidades en el tema de los derechos humanos.

Durante la propia Cumbre, la Troika de la UE hizo llegar sus protestas a las autoridades tunecinas a raíz de un incidente en el Instituto Goethe, donde se impidió a las ONG reunirse para debatir los planes para una «Cumbre de los ciudadanos» alternativa.

La UE está igualmente intranquila por otros incidentes relativos a la libertad de expresión y libertad de reunión, denunciados igualmente en el transcurso de la Cumbre. Entre ellos están la interrupción de las actividades de un equipo de la televisión belga, así como la anulación del taller de la Comisión Europea en el que los diputados al Parlamento Europeo debían reunirse con miembros de la sociedad civil en el centro de conferencias de la Cumbre.

La Constitución de Túnez contempla la libertad de asociación, aunque con ciertas limitaciones. La ley prevé la libertad de reunión, siempre que se solicite permiso al Ministerio del Interior. Sin embargo, algunas ONG encuentran dificultades para alquilar oficinas y sus subvenciones son controladas. Diversas asociaciones han solicitado su inscripción legal y les ha sido denegada, por ejemplo el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez. Las ONG denuncian igualmente que el acceso a Internet se ve periódicamente bloqueado y los mensajes electrónicos dirigidos a determinadas cuentas de correo electrónico, jamás llegan a su destinatario.

Durante la campaña presidencial de octubre de 2004, el código electoral prohibió a los tunecinos tratar temas políticos en la prensa internacional, y a los partidos de la oposición apenas se les dio oportunidad de realizar campaña. Si bien reconocemos que la ley electoral salvaguarda la representación femenina en el Parlamento, así como la representación de las tendencias minoritarias, hemos advertido que el proceso global que condujo a las elecciones no proporcionaba un campo de juego homogéneo para los contendientes. Por tanto, alentamos a las autoridades tunecinas a que continúen mejorando el marco electoral y a que den los pasos necesarios para garantizar que las próximas elecciones cumplen totalmente las normas internacionales.

La UE también está preocupada por los informes de las ONG, incluida Amnistía Internacional, sobre las condiciones en las cárceles en Túnez. Dichos informes manifiestan que sigue habiendo hacinamiento en las prisiones y trato discriminatorio de los presos políticos, así como una falta de atención médica básica, una higiene deficiente, torturas y malos tratos. Acogemos con satisfacción, por tanto, el hecho de que a partir de junio de 2005, las autoridades de Túnez hayan permitido el acceso a los presos por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja.

A principios de este año, las autoridades tunecinas anunciaron su intención de permitir a los representantes del Human Rights Watch el acceso a las prisiones, como ocurre con el Comité Internacional de la Cruz Roja, aunque no se especificaba ninguna fecha. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció asimismo el fin de la práctica de la reclusión de los presos en régimen de aislamiento más allá de 10 días, el plazo máximo permitido con arreglo a la Constitución. La UE aplaude estos anuncios y espera que ambas iniciativas sean llevadas a la práctica.

Quiero decir también algunas palabras acerca del sistema judicial en Túnez. Según su Constitución, es independiente. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras organizaciones denuncian que las autoridades interfieren en el proceso judicial. El juicio en abril de 2005 del abogado y miembro del Consejo Nacional por las Libertades en Túnez, Mohamed Abbou, que había escrito un artículo criticando al Presidente tunecino Zin el Abidín ben Alí, parece confirmar esta denuncia. La Asociación de Magistrados tunecina se ha quejado del creciente acoso por parte del Gobierno después de que su junta emitiera un comunicado criticando el ataque contra Abbou. El fiscal clausuró en agosto la oficina de la Asociación de Magistrados tunecina. Una ley aprobada el 12 de agosto de 2005 para la creación del estatuto de los magistrados no tenía en cuenta peticiones anteriores por parte de la Asociación de Magistrados tunecina en cuanto a términos y condiciones del servicio y al parecer debilita su posición. Constatamos asimismo que a pesar de las reiteradas solicitudes para realizar una visita, el Ponente especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados todavía está a la espera de la invitación del Gobierno tunecino.

La UE desea trabajar con Túnez para apoyar la modernización de su sistema judicial. La UE ha facilitado dinero a través del programa MEDA para subvencionar un proyecto que apoya esta labor y espera ver los progresos al respecto. Estoy seguro de que la Comisión querrá decir algo sobre este tema.

En conclusión, la UE acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información como una contribución importante al esfuerzo global para salvar la brecha digital. En cuanto a la relación de la UE con el propio Túnez, deseamos que este país preserve y desarrolle su seguridad y prosperidad. Lamentamos las severas restricciones a la libertad de expresión y asociación y los incidentes ocurridos antes y durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

El Consejo quiere garantizar a sus Señorías que la UE va a continuar expresando su preocupación acerca de determinadas violaciones de los derechos humanos y a recalcar a las autoridades tunecinas la necesidad del pleno respeto por los derechos humanos y los principios democráticos.

Ha llegado el momento de esperar a que las autoridades tunecinas apliquen los compromisos adquiridos por el Presidente Zin el Abidín ben Alí en cuanto a democracia, buena gobernanza y derechos humanos, contenidos en el Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad. La ejecución de estos compromisos será un elemento esencial para desarrollar las relaciones UE-Túnez.

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión está muy preocupada por la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Túnez. Lo que me trae al Parlamento hoy es una serie de incidentes que han ocurrido durante la reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez, un acontecimiento en el que han estado presentes tanto diputados al Parlamento como la Comisión.

He de admitir que hago referencia a estos incidentes con gran pesar, ya que hemos de reconocer que el país anfitrión había realizado un esfuerzo enorme para organizar la cumbre, que en sí misma alumbró un resultado muy positivo para la UE en el ámbito crucial del futuro de la gobernanza de Internet.

El resultado de la cumbre es un éxito para la UE y lleva el sello «made in Europe». La participación activa de la Comisión y la coordinación continuada de la posición de los 25 Estados miembros, junto con la Presidencia del Reino Unido, desde el Consejo de Telecomunicaciones de junio, han tenido un impacto positivo sobre el acuerdo final. Hemos logrado imponer nuestras ideas, demostrando que la Europa que habla con una voz es una Europa que gana.

(FR) Señorías, la Unión Europea ha hablado con una sola voz durante todas las negociaciones y ha ejercido una auténtica influencia en los debates.

Por lo que se refiere a la gobernanza de Internet, los resultados de la Cumbre consagran a escala mundial un acuerdo que abarca aspectos cruciales, como la libertad de expresión y de acceso a la información, la seguridad o la lucha contra el correo basura. Por lo que respecta a las funciones centrales de Internet, se ha decidido, en la lógica de las propuestas presentadas por Europa, crear dos foros y dos procesos. Por una parte, el Foro de Gobernanza de Internet, ya conocido con las siglas IGF, y, por otra, el proceso que organiza la cooperación reforzada entre los Gobiernos sobre los principios políticos en materia de gobernanza de Internet.

Los Gobiernos tienen responsabilidades políticas que ejercer. Está claro que no deben intervenir ni en la gestión técnica de Internet ni en la del ICANN. La Comisión es favorable a la gestión de Internet por parte del sector privado, como demuestra en este sentido la creación del dominio «.eu».

Por lo que se refiere a la financiación de la lucha contra la brecha digital, se ha adoptado un acuerdo sobre los mecanismos financieros y se han definido prioridades para promover la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de los mecanismos de financiación existentes. En otras palabras, las tecnologías de la información y la comunicación serán en el futuro un instrumento importante de nuestra política de desarrollo.

La Comisión adoptará, en el primer trimestre de 2006, una comunicación con el objetivo de evaluar los resultados de la Cumbre y exponer cómo se tendrán en cuenta en las políticas europeas.

Las Naciones Unidas tienen intención de lanzar, en el mes de marzo de 2006, una amplia consulta con vistas a la preparación del Foro sobre la gobernanza de Internet. Por nuestra parte, consultaremos activamente a la industria, como hemos hecho en el pasado, y pienso que el Parlamento Europeo podrá hacerse cargo de una parte importante de la consulta a la sociedad civil.

Por lo que respecta a la cooperación reforzada entre los Gobiernos –el segundo proceso–, el señor Annan ha manifestado su deseo de conocer antes las intenciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. He confirmado que era nuestra intención preparar una primera toma de posición a escala europea para mediados de febrero. Ahora debemos definir con los Estados miembros el proceso que permitirá cumplir los principios políticos en materia de gobernanza de Internet y la aplicación transparente y responsable de dichos principios.

(EN) Señor Presidente, desgraciadamente, la Cumbre se vio ensombrecida por sucesos que obligaron a la Comisión a proclamar su profundo desacuerdo con la forma en que las autoridades tunecinas interfieren con los avatares de la sociedad civil, creando problemas incluso para el taller conjunto Parlamento Europeo–Comisión sobre derechos humanos, por no hablar de las restricciones de la libertad de expresión sufridas tanto antes como después de la cumbre.

En nombre de la Comisión, la señora Ferrero-Waldner ya ha expresado nuestra inquietud al Gobierno tunecino y hemos manifestado que nos resulta difícil creer que los incidentes hayan sido el resultado de una «desafortunada» equivocación. También hemos explicado que, en ausencia de reacciones positivas, cada vez resultará más difícil para la Comisión continuar su planteamiento constructivo.

En segundo lugar, los Estados miembros están contemplando una gestión por parte de la UE en materia de derechos humanos, y la Comisión va a participar de lleno. La intención es expresar nuestra repulsa por los recientes sucesos y reiterar nuestras demandas de octubre pasado: primero, desbloquear los proyectos de la sociedad civil, financiados por la UE; segundo, efectuar progresos en la ejecución del programa de reforma judicial; y tercero, crear una subcomisión de derechos humanos.

La reacción a la Cumbre de Túnez fue expuesta por el Presidente Barroso en su alocución en la Cumbre de Barcelona. Expresó su profundo pesar por los intentos de ahogar la libertad de expresión durante su celebración. Dijo que «una sociedad que no puede confiar en su propia gente es una sociedad débil y frágil, con escasas perspectivas de un desarrollo provechoso».

Estas gestiones constituyen nuestras primeras medidas. Hemos exigido acciones específicas por parte tunecina. A principios del año próximo, volveremos a evaluar la situación con los Estados miembros y decidiremos, en ausencia de progresos, si se deben adoptar medidas adicionales. Quiero asegurarles con toda firmeza que la Comisión Europea continuará sus esfuerzos por garantizar la oportuna ejecución de las previsiones del Acuerdo de Asociación y del Plan de Acción UE–Túnez en lo referente a los derechos humanos.

Ahora contamos con un marco nuevo y más eficaz para abordar las cuestiones de los derechos humanos: la política de vecindad. Constituye nuestra firme intención, compartida con el Consejo, poner los instrumentos de vecindad al servicio de la mejora de la situación en el ámbito de los derechos humanos.

Por último, aplaudo el estupendo diálogo que hemos mantenido con el Parlamento en este tema. Nuestros esfuerzos por promover la democracia y el respeto por los derechos humanos en Túnez serán mucho más eficaces si somos capaces de transmitir mensajes homogéneos y coherentes.

  Simon Coveney, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, Túnez es un país que mantiene una relación importante con la Unión Europea. Es el primer país en la región que firma un acuerdo de asociación con la UE. Sin embargo, las circunstancias y los sucesos que han rodeado la reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información han agravado notablemente la preocupación existente en relación con los derechos humanos y la libertad de expresión en Túnez.

En el período anterior a la cumbre, los defensores de la libertad de expresión y de asociación en Túnez sufrieron una persecución cada vez mayor. Existen asimismo relatos de actos de acoso a delegados a la cumbre, de agresiones a periodistas tunecinos e internacionales, prohibiciones de entrada al país, control y bloqueo de determinados sitios web, censura de ciertos documentos y discursos y la prohibición y la interrupción de reuniones. Incluso diputados al Parlamento Europeo y representantes de la Comisión Europea sufrieron al parecer ataques y agresiones verbales.

Si bien reconocemos que Túnez se enfrenta a una cierta amenaza por parte de elementos extremistas y que está intentando resolver dicha amenaza, ha de hacerlo de una forma que respete los estándares sobre derechos humanos y democráticos. La Unión Europea tiene una responsabilidad especial para incidir en ese tema mediante el diálogo.

  Catherine Trautmann, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, como jefa de nuestra delegación parlamentaria en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Túnez, quiero atestiguar el papel motor desempeñado por la Unión en el avance de las negociaciones internacionales. La cooperación reforzada entre los Estados miembros ha permitido impulsar la creación de un Foro sobre la Gobernanza de Internet, que se reunirá por primera vez en Atenas, pero también el equilibrio democrático entre Estados, el pluralismo y la participación de la sociedad civil.

Los derechos humanos y las libertades fundamentales constituyen la base ineludible de la gobernanza de Internet, así como del plan de acción. Sobre la base de las propuestas de la Unión y más especialmente de la Comisión se alcanzó un acuerdo en Túnez, en particular con los Estados Unidos. Quiero rendir homenaje a los negociadores de la Comisión y dar las gracias sinceramente a la señora Comisaria por asociar al Parlamento Europeo a este proceso.

No obstante, lamento que la única sombra en esta Cumbre haya venido del propio Túnez. A mi juicio son inaceptables los graves incidentes que rodearon la Cumbre y que atentaron contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y de reunión, pero también contra las personas, así como los sucesos que afectaron a nuestra delegación, en particular el sabotaje del taller sobre los derechos humanos en la gobernanza de Internet. Estos hechos se contradicen con los compromisos suscritos por Túnez en las conclusiones de la Cumbre, así como en el Acuerdo de Asociación, violando de este modo el carácter recíproco de esos compromisos.

Estos sucesos exigen una respuesta rápida y firme de la Unión y pido a sus Señorías que voten a favor de la resolución de compromiso, que exige la adopción sin demora de medidas concretas. Doy las gracias a la señora Comisaria por las muy precisas observaciones que acaba de expresar ahora mismo en este sentido.

  Thierry Cornillet, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, como nos ha recordado la Comisaria Reding, en hecho de que Túnez se comprometiera a organizar la que debía ser una de las más grandes cumbres mundiales no puede pasar desapercibido.

Usted misma, señora Comisaria, ha reconocido que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información ha tenido resultados positivos; hay también un efecto secundario, un efecto de enfoque. No se acredita a 30 000 personas y cientos de periodistas sin llamar la atención de la opinión pública. Cuando la atención se enfocó en Túnez, nos dimos cuenta del desequilibrio existente entre el trato dado a los derechos humanos y las libertades fundamentales y los demás progresos innegables que Túnez ha realizado en materia de desarrollo económico y social, educación y formación e igualdad entre hombres y mujeres.

La Unión viene siguiendo estas cosas desde hace mucho tiempo, porque Túnez es un país asociado y fue uno de los primeros en firmar con nosotros un acuerdo de asociación. Para nosotros, su desarrollo ha sido ejemplar y reiteramos el deseo expresado en nuestra última resolución, aprobada en septiembre, de que el desarrollo del respeto de los derechos humanos sea paralelo a los demás progresos observables.

Por tanto, no pedimos nada más que el respeto de los compromisos contractuales contraídos por Túnez. No nos interesa lanzar invectivas, ni nos gustaría hacerlo. Simplemente queremos garantizar unos instrumentos de diálogo, tal como ha subrayado la señora Reding. Estamos dispuestos a aportar una ayuda en materia de justicia a través del programa MEDA y, conforme a la resolución que apruebe el Parlamento, queremos disponer, sobre la base de valores que deseamos compartir, de instrumentos de diálogo como el Consejo de Asociación y el Subcomité de Derechos Humanos, de forma que nuestro socio tunecino sea consciente del mensaje, todavía comedido, que esta Cámara va a transmitirle.

  Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, celebro que mantengamos este debate hoy. Tiene lugar a raíz de las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que se produjeron durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez. Las recordaré brevemente: acoso a defensores de los derechos humanos y periodistas, prohibición de hecho de la celebración de una cumbre ciudadana, corte de líneas telefónicas y bloqueo de mensajerías Internet, censura del discurso del Presidente suizo, deportación de otras personalidades internacionales, entre otros Robert Ménard, galardonado con nuestro premio Sájarov, etcétera.

Recordemos que estas violaciones no constituyen hechos aislados, singulares, sino que se trata de prácticas corrientes y cotidianas en Túnez. La situación de los derechos humanos en Túnez se degrada, como ya constatábamos en nuestra resolución de 29 de septiembre. Lo que ha pasado, me parece, desafía la política de la Unión Europea en materia de democracia y derechos humanos en este país, primer signatario de un acuerdo de asociación que contiene el famoso artículo 2. Y este es el desafío que tenemos que afrontar.

Es cierto que el Consejo ha hecho declaraciones en varias ocasiones, pero es absolutamente lamentable que no se haya realizado ninguna gestión pública a fin de denunciar las violaciones de los derechos humanos y prestar el apoyo necesario a la increíble movilización de la sociedad civil, que en parte está representada hoy, por cierto, en el Parlamento Europeo.

Nos parece importante que la Comisión y el Consejo contraigan el compromiso, en primer lugar, de reunir lo antes posible al Consejo de Asociación a fin de debatir la situación de los derechos humanos y las consecuencias concretas de las violaciones constatadas y, en segundo lugar, de iniciar, en el espíritu del plan de acción, un calendario de reformas sobre los aspectos que ya se han mencionado, pero un calendario concreto, con plazos de obtención de resultados medibles: uno, la reforma del sistema judicial y, en este espíritu, hay que pedir la liberación de Mohamed Abu y de todos los presos políticos de Túnez y que cesen los acosos a la asociación de magistrados; dos, el cese de los obstáculos a las actividades de la sociedad civil; tres, la cooperación con mecanismos de la ONU. Estos son los requisitos mínimos si queremos superar el desafío que se nos plantea.

  Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la democracia es en realidad un proceso complejo, jamás realizado plenamente ni siquiera por nuestros propios Gobiernos. Sin embargo, creo que en el caso del Gobierno tunecino el grado de deficiencia es muy alto y considero necesario emprender acciones muy concretas.

De hecho observamos los síntomas de un virtual Estado policial, que niega derechos y principios democráticos. Desde hace meses están bloqueados los fondos europeos destinados a la Liga Tunecina de Derechos Humanos y a otras asociaciones. Los defensores de los derechos humanos, a quienes hoy saludo, porque están aquí con nosotros en este Parlamento, nos han contado las intimidaciones políticas y las amenazas físicas de que son objeto.

La libertad de prensa, como hemos visto en esta última conferencia, es inexistente y la tortura es una práctica habitual en las cárceles tunecinas. La oposición no tiene medio de expresarse y se reprime toda petición de democracia y reforma.

Pedimos pues a la Comisión, que ya ha demostrado su valentía en las contactos informales, que haga mucho más y tome medidas para que se convoque de inmediato el Consejo de Asociación UE-Túnez.

  Paul Marie Coûteaux, en nombre del Grupo IND/DEM. – (FR) Señor Presidente, votaremos en contra de la denominada resolución de compromiso, que más bien me inclino a llamar la «resolución Flautre», tanto se parece al texto de esta diputada.

El propósito manifiesto de la resolución consiste en convertir en problema una serie de incidentes menores, y digo bien, incidentes menores, sucedidos durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se desarrolló en unas condiciones que nos parecen –y no somos los únicos en decirlo– totalmente satisfactorias.

¿Por qué ensañarse con Túnez cuando tantos países de todo el mundo con los que la Unión Europea mantiene las mejores relaciones y a algunos de los cuales se dispone a acoger, son mucho menos respetuosos con las libertades fundamentales que el Gobierno tunecino? ¿Por qué Túnez? Es fácil, porque Túnez lo hace demasiado bien y, a ojos de determinadas potencias –así como, por desgracia, de algunas almas simples a las que manipulan– Túnez representa tres peligros.

En primer lugar, Túnez es un modelo de desarrollo, y nos preguntamos si determinadas superpotencias no se ensañan en destruir todo país árabe que esté en vías del desarrollo.

Después, Túnez es un modelo de cooperación mediterránea. No por casualidad fue el primero en firmar un acuerdo de asociación con la Unión, y algunos podrían tener interés, en nombre de la bien conocida teoría del choque de civilizaciones, en alzar una contra otra las dos orillas del Mediterráneo, un mar cuya unidad permitiría prosperar a la región euro-africana en sentido amplio.

Por último, Túnez es un modelo de cooperación en el mundo francófono. El francés es la lengua de su desarrollo, pero algunos, como vimos hace unos días en una reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea en Rabat, preferirían sustituir el francés por el inglés como única lengua internacional.

Si esta Cámara se alía con los detractores sistemáticos de Túnez, como la señora Flautre, y ataca a este país, que, repito, es ejemplar, daría la impresión de querer radicalizar, al amparo de la cooperación y el respeto de los derechos humanos, las posiciones de unos y otros para favorecer finalmente el fundamentalismo islámico. Es lo que sucede actualmente en Iraq a través de la agencia de Occidente –o más exactamente de Washington y sus cómplices– y es un proceso que Egipto primero, y el Magreb después, podrían experimentar también. Si hacemos esto, no serviremos a los intereses de las potencias europeas, sino que expondremos a nuestros pueblos a los efectos de terribles divisiones en nuestra región marítima común.

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, he tenido el privilegio de formar parte de la delegación del Parlamento Europeo en Túnez. De hecho, también he estado en la Cumbre de Ginebra y he podido seguir todo el proyecto.

Comparto el pesar expresado por la señora Reding y mi colega, la señora Trautmann, acerca de lo que considero una interrupción totalmente innecesaria de nuestras reuniones en un país que manifiestamente ha abrazo muchos aspectos de la revolución digital, tal como ha manifestado el orador anterior. No he podido entender por qué se consideró necesario hacerlo.

Quiero centrarme en algunos de los logros de la Cumbre y, concretamente, en la política que defendí después de la Cumbre de Ginebra, que se refiere a la forma en que podemos difundir la capacidad de la ciencia y la investigación informática en el mundo en desarrollo, de manera que puedan desarrollar sus propios productos. En la Unión Europea hemos tenido un éxito inmenso con la manera en que hemos ofrecido las ventajas de nuestra propia tecnología de red al extender la red Géant al mundo en desarrollo, y alentando también el desarrollo de mercados competitivos abiertos para proporcionar servicios de alta calidad a un coste competitivo. Se trata de un logro notable.

Es triste que, con todo, se tratara de un taller lleno de profesores e investigadores universitarios en el que los tunecinos decidieron restringir la asistencia. Era innecesario y le restó brillantez. Admiro a la señora Trautmann por la forma sólida con que hizo frente a las intervenciones en nuestra reunión. Fue un placer contemplarla.

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, si hay una cosa de la cual alegrarse tras la Cumbre recientemente organizada en Túnez, es que haya tenido el efecto positivo de convencer al mundo lo que demasiadas personas se negaban a aceptar –y todavía se niegan a aceptar, a juzgar por lo que acabo de oír–, a saber, que la democracia se pisotea todos los días en Túnez.

En efecto, cuando pregunté a la Comisión y al Consejo al regresar de una misión en Túnez, me ha sorprendió la timidez de sus reacciones ante lo que puede calificarse de auténtica violación del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Túnez, al menos de la parte del acuerdo relativa a los derechos humanos. Me atrevo a creer que esa timidez no está directamente relacionada con otras perspectivas, en particular la organización por los países del Magreb de una especie de sistema de control policial para nuestras fronteras, como algunos desean, a fin de limitar la inmigración clandestina. Pero celebro las declaraciones que he escuchado hoy y, en particular, las de la Comisión.

Espero que aparte de estas declaraciones y de la resolución que sin duda debemos votar al respecto, tendremos ocasión de ver que se elaboran y adoptan rápidamente medidas concretas en forma de un Consejo de Asociación y de un Subcomité de Derechos Humanos. Terminaré, señor Presidente, pidiendo simplemente que en esa comisión de derechos humanos participe la sociedad civil tunecina, que hoy es tratada con sumo desprecio. Sería conveniente que tuviera la oportunidad de expresar su punto de vista en esta comisión de reciente creación.

  Patrizia Toia (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, son dos las lecciones que podemos sacar de la Cumbre de Túnez. Antes de nada, una evaluación de todo lo sucedido: se trataba de una Cumbre centrada en el tema de la sociedad del conocimiento, que se plantea cómo emplear las nuevas tecnologías y servicios para desarrollar una sociedad de alta tecnología, que sin embargo quiere difundir más libertad, dar oportunidades a todos, garantizar el acceso a la información y el conocimiento –basta pensar en el ordenador diseñado para el llamado mundo en desarrollo– y ampliar los espacios de libertad. Pues bien, en una Cumbre de este tipo, que se fija semejante objetivo, resulta aún más estridente, desagradable y grave todo lo sucedido en Túnez.

En un debate sobre las posibles vías para ampliar los espacios de libertad y de respeto de los derechos, nos encontramos ante un comportamiento manifiesto de recorte de las libertades, de intolerancia y de obstaculización del debate. Todo lo sucedido es grave. Pedimos a la Comisión y al Consejo –que ya lo han hecho– que se expresen enérgicamente contra todo lo sucedido, recordando que mantenemos con Túnez una relación de asociación que comprende también una sección relativa a los derechos humanos.

Por último, quisiera abordar la evaluación de las negociaciones y su próxima etapa. Señora Comisaria, consideramos que gracias al papel desempeñado por Europa, se han realizado progresos significativos, pero pedimos y creemos que hay que avanzar más y hacer más en relación con los compromisos contraídos, el Foro que se celebrará en Atenas y la conciencia de que la gobernanza de Internet plantea también a Europa problemas de mayor fuerza y cohesión para resistir, permítanme que emplee este término, o en todo caso responder de forma positiva, a las que hoy son posiciones dominantes y que intentan imponerse a la idea que tenemos en Europa de un desarrollo equilibrado y de una gobernanza pluralista y respetuosa de la diversidad, que permite que prevalezcan, incluso en sociedades basadas en el conocimiento y la tecnología, los principios democráticos.

  Jana Hybášková (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, permítame aprovechar el debate para sacar a la luz algunas tendencias reprobables en la política de la UE con respecto a Oriente Próximo. Todos sabemos que Túnez cuenta con una Constitución estable. Las mujeres tienen derecho a poseer bienes, heredar, votar y divorciarse. El Islam es patrimonio de todo el mundo y no puede ser utilizado como monopolio político por un partido político. Todos sabemos que, con ocasión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, fueron acosados y duramente apaleados por las fuerzas de seguridad periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados. Todos sabemos de la prolongada y compleja lucha del Presidente Zin el Abidín ben Alí con Nahda, un movimiento extremista, radical y de tendencia terrorista que combina su influencia con la extrema izquierda y amenaza bastante abiertamente el régimen y la democracia en Túnez.

No obstante, deberíamos aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje claro, no solo al Presidente ben Alí, sino a otros muchos dirigentes en Oriente Próximo. Hemos de apoyar firmemente cualquier medio posible de luchar y combatir contra el radicalismo, el extremismo y el abuso de poder islámico para explicar y exponer la verdad general a todo el mundo. Pero no debemos permitir a los países, los presidentes y los regímenes simpatizantes que abusen de nuestro apoyo para abolir, asesinar y destruir a una oposición diversa, democrática y laica.

El avance hacia la democracia tiene que estar basado en la propiedad local y el respeto por las sensibilidades locales. No merecen ningún miramiento las prácticas antidemocráticas que violan los derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad de expresión y de crítica, la libertad de reunión y de recibir información. No podemos abordar la amenaza del terrorismo, abusando del derecho a explicar la verdad a todo el mundo y con frustración, a menos que proclamemos con toda claridad que todo hombre y toda mujer deben ser libres de expresarse de manera, clara, abierta y democrática, ya sean ciudadanos tunecinos, periodistas europeos o defensores de los derechos humanos o abogados tunecinos.

Los monopolios estatales de periódicos, los monopolios estatales financiando todos los periódicos, los canales de radio y de televisión contradicen de forma manifiesta lo que denominamos «sociedad de la información». Este debería ser nuestro mensaje amistoso a nuestro amigo el Presidente Zin el Abidín ben Alí.

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Señor Presidente, quisiera hacer mías algunas críticas y tranquilizar al señor Coûteaux de que los medios de comunicación no se prestarán a un linchamiento sistemático de Túnez. Al contrario, para nosotros, los socialistas, es importante celebrar, en un país que sin duda ha obtenido resultados impresionantes en el ámbito socioeconómico, una verdadera protesta democrática por parte de los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, las autoridades judiciales y abogados. La dinámica que han generado puede conducir sin duda a la conquista de la libertad de expresión, asociación y reunión.

Este renacer se concreta en particular en el Movimiento del 18 de Octubre, que organizará después un foro permanente en el que desea participar el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Se ha dicho muchas veces que el Proceso de Barcelona había sido un fracaso parcial, y es cierto que fuimos timoratos. Europa tiene dificultades para difundir su modelo pluralista y democrático. Sin embargo, Túnez es un regalo para nosotros, casi un modelo. Los tunecinos no nos piden ayuda, sino que quieren más democracia. ¿Sabremos apoyarlos, a ellos que, a través de luchas a veces duras, como lo son todas las luchas sociales, intentan abrir y relajar un régimen que tiende a replegarse sobre sí mismo, un régimen que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, estigmatiza a todos los defensores de los derechos humanos e impide a la magistratura y los abogados reunirse y organizarse? ¿Sabremos pelear para que ningún régimen socialista pueda invocar su pertenencia a la Internacional Socialista para pisotear los derechos humanos?

Solo pido una cosa: que la cuestión de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Túnez ocupe un lugar central en el Consejo de Asociación que debería celebrarse en enero de 2006 y que nadie se ande con rodeos.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, quiero empezar por una referencia a la última frase que ha pronunciado la Comisaria Reding, apelando a la coherencia. Yo creo que esta es la clave: la pregunta clave y la cuestión clave.

El caso tunecino no es un caso cualquiera. Hace unos días lamentábamos —y así se ha dicho— que en la valoración de la Conferencia de Barcelona sobre el proceso euromediterráneo no se hubieran realizado los progresos suficientes para avanzar en la construcción de un espacio mediterráneo de respeto de los derechos humanos y de fomento de la paz.

En el caso tunecino no estamos ante una falta de ausencia de sociedad civil. El problema es, precisamente, no permitir a la sociedad civil que se exprese con plena libertad. Y este es para mí el aspecto fundamental. Si la Unión Europea quiere ser coherente con ese mensaje, con ese discurso, con esa política euromediterránea, no debería mandar un mensaje de impunidad ante las situaciones que hemos visto estos días, especialmente, durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez, así como en los procesos que ha habido de detención de los diferentes líderes de organizaciones de derechos humanos.

La coherencia, por lo tanto, es para mí la cuestión fundamental que no debemos olvidar en este debate.

  Geoff Hoon, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señor Presidente, voy a resumir este debate de una manera bastante breve y, espero hacerlo a un ritmo razonable.

La Unión Europea desea ver que Túnez preserva y desarrolla su seguridad y prosperidad. Aplaudimos el historial de Túnez en la promoción de la reforma económica y social, sobre todo en cuanto a la situación de la mujer y el derecho a la educación, pero tenemos que seguir trabajando con este país en una serie de asuntos de derechos humanos y ver que se efectúan progresos, concretamente en los campos del derecho de expresión y de asociación. Continuaremos trabajando con las autoridades tunecinas para llevar a la práctica los compromisos en temas de democracia, buena gobernanza y derechos humanos que ha suscrito en su Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad. Tal como he explicado anteriormente, ejecutar esos compromisos constituirá un elemento importante para desarrollar las relaciones UE–Túnez.

Doy las gracias a la Comisión por su contribución y, de hecho, a cada uno de los diputados al Parlamento Europeo que han intervenido en este debate.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a los diputados y diputadas a esta Cámara por haber expresado su firme apoyo a dos temas del orden del día: un apoyo positivo a la búsqueda de la gobernanza de Internet y su postura crítica en lo relativo a los derechos humanos en Túnez. Hay que reconocer, como han dicho algunos diputados, que las reformas económicas y sociales son un éxito en Túnez. Pero también es necesario que los tunecinos afronten el desafío de ser pioneros en materia de derechos humanos, y todavía están muy lejos de ello.

El Comité de Asociación se reunirá a comienzos del año próximo. Irá seguido de la celebración de un Consejo de Asociación y tenemos la firme intención de incluir en el orden del día los problemas en materia de derechos humanos. En cuanto al Subcomité de Derechos Humanos, Túnez ha aceptado su creación. Existe un acuerdo informal sobre todos los puntos, excepto sobre los casos individuales, y esto me parece importante a la vista del debate que hemos mantenido. Al término de los debates que se desarrollan actualmente en el Consejo, presentaremos una propuesta formal a Túnez.

Quisiera dar las gracias a los diputados europeos que han testimoniado su solidaridad con todos los que trabajan en el Consejo, la Comisión y el Parlamento para que los derechos humanos y la libertad de expresión se hagan realidad y no se conviertan en un fútbol político para los Gobiernos del mundo.

A pesar de los muy lamentables sucesos registrados en Túnez en materia de derechos humanos, la Cumbre ha tenido un resultado positivo. En el futuro, los dos procesos –el foro de las partes interesadas y la cooperación intergubernamental reforzada– nos permitirán volver a incluir en cualquier momento en el orden del día las cuestiones relativas a la libertad, que son el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación, y hacer de esas libertades una realidad en todos los países del mundo.

  El Presidente. Se han presentado seis propuestas de resolución⁽¹⁾ por parte de los siguientes Grupos: el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Túnez es un socio decididamente importante para el diálogo entre Europa y el mundo árabe. Uno de los fundamentos de esta colaboración es el respeto de los derechos humanos, como sanciona el Acuerdo UE-Túnez que entró en vigor en 1998 y el Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad instaurado este año. El Gobierno tunecino siempre se ha mostrado especialmente abierto y dispuesto a aceptar los compromisos con la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y la gobernanza, como demuestra la reciente creación del subcomité UE-Túnez de derechos humanos y la disposición del país a organizar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Túnez es parte activa en los seis principales tratados de las Naciones Unidas, y en comparación con los demás países árabes se preocupa por mantener el carácter laico del Estado y proteger los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Naturalmente, todavía debe esforzarse por alcanzar un estado de libertad digno de un país totalmente democrático, y episodios como los sucedidos recientemente son testimonio de ello, pero de todos modos debemos reconocer los esfuerzos y los progresos realizados hasta ahora y prestar a Túnez todo nuestro apoyo.

(1) Cf. Acta.

58. Nueva directiva sobre el contenido audiovisual

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la elaboración del Libro Blanco sobre la nueva directiva relativa a los contenidos audiovisuales.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, tras dos años y medio de consultas, conversaciones y conferencias, ya está, la Comisión pone hoy sobre la mesa una nueva directiva para sustituir a la Directiva de Televisión sin Fronteras.

¿Por qué es necesaria esta directiva? Pues bien, simplemente a causa de la convergencia multimedia. Hay multitud de plataformas, frecuencias de ondas, cables, satélites, líneas ADSL y móviles que transmiten el mismo contenido, ya sea televisión programada tradicional o servicios a la carta. El problema es que esta evolución enormemente rápida no ha venido acompañada de una evolución del Derecho. Es injusto, y genera distorsiones de la competencia, regular determinados casos y no los demás. No es aceptable dar a unos seguridad jurídica y privar de ella a otros. No es bueno permitir que unos se beneficien de las ventajas del mercado único y privar de ellas a los demás. La nueva directiva tiene, pues, la finalidad de comparar lo similar con lo similar y darles un trato igual.

Asistimos hoy a una auténtica explosión tanto de plataformas como de contenidos. Recuerden que, cuando nació la Directiva de Televisión sin Fronteras en 1989, había diez cadenas por satélite, hoy hay 2 500. Con la implantación de la tecnología digital se producirá sin duda una explosión de contenidos disponibles. Los nuevos servicios, de los que hoy hay 50, registran un rápido desarrollo. Aunque por el momento el vídeo a la carta no está muy presente, los expertos dicen que si la reglamentación permite el desarrollo de este tipo de servicios, en el año 2010 estarán conectados al vídeo a la carta 22 millones de hogares, con un volumen de negocio anual de más de 2 000 millones de euros. Señorías, nos encontramos aquí en plena Estrategia de Lisboa, con la posibilidad de reforzar la industria de contenidos europea, con el crecimiento y el empleo que esto lleva consigo.

La directiva que quisiera presentarles hoy no se centra en los medios de transmisión de la información, sino en los contenidos; se ocupa de los servicios audiovisuales independientemente de su medio de transmisión a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo vamos a regular los distintos contenidos? En primer lugar, se distinguirá entre dos tipos de contenido. El primero es el que conocemos, el que solemos utilizar, la televisión tradicional, un contenido que ha sido definido por otros y que debemos aceptar tal cual. No tenemos otra alternativa que aceptar lo que se nos propone o apagar el televisor. El segundo tipo es el contenido no lineal (a la carta), que deja la elección al consumidor: buscar, elegir y quedarse con lo que se considera importante e interesante. Por tanto, estos dos medios de llevar el contenido hasta los ciudadanos, el lineal y el no lineal, se regularán de forma diferente.

Pero –y este es un «pero» muy importante– aunque haya dos tipos de contenido, hay que mantener un equilibrio entre la dimensión industrial –he hablado ya de la creación de un contenido europeo–; los valores europeos, que no deben sacrificarse en aras a este nuevo el tipo de contenido; la protección de los consumidores y en particular de los menores, que es importante cualquiera que sea el tipo de contenido; y por supuesto la diversidad cultural con la que estamos comprometidos.

Es necesario, pues, un equilibrio entre todos estos elementos al mismo tiempo que se aplica el principio de «legislar mejor». Lo conseguiremos mediante lo que denomino el «enfoque del toque ligero». ¿Qué significa este «toque ligero»? En primer lugar, habrá un conjunto de requisitos mínimos para todos los tipos de contenido. Estos requisitos incluyen la identificación del proveedor: hay que saber quién ha puesto el mensaje en el medio. Incluye también la publicidad identificable: nada de publicidad clandestina, sino normas estrictas que contemplen la publicidad desde el punto de vista de los contenidos. También, la protección de la dignidad humana. Sería inaceptable que, por ejemplo, la lucha contra la incitación al odio racial o religioso estuviera presente en un tipo de contenido y no en el otro. Del mismo modo, sería inaceptable que la protección de los menores no estuviera presente en todos los tipos de contenido. Por otra parte, el Parlamento y todos los defensores de la cultura europea no podrían aceptar que la promoción de la identidad europea y de la diversidad cultural estuviera presente solo en un tipo de contenido y no en el otro. Esto por lo que se refiere a las normas comunes al contenido lineal y al no lineal.

¿Cuáles son ahora las normas específicas aplicables a la televisión clásica, que conviene reglamentar más seriamente, dada su gran influencia y el hecho de que el consumidor no puede elegir? Lo que quedará son las cuotas, el derecho de réplica y el acceso a los acontecimientos de especial relevancia. Lo que cambiará en parte y se mantendrá en parte es el modo en que tratamos la publicidad. En primer lugar, por lo que respecta a las normas cualitativas, no hay cambios con respecto a la directiva vigente. Las normas cuantitativas son las que cambian, en parte porque en este nuevo mundo multimedia se precisan normas simplificadas y modernizadas, y no corresponde a la Comisión hacer el trabajo de los programadores. Por eso razón no habrá más límites diarios, las interrupciones no estarán ya tan reglamentadas como hoy y se autorizarán anuncios aislados en los deportes, pero no en otros ámbitos. En contrapartida, y porque no queremos ver programas de televisión inundados de publicidad, mantenemos algunas normas básicas importantes.

La primera es el límite de doce minutos por hora. No se producirá, por tanto, como alguna vez escribe la prensa, una explosión de la publicidad: el límite sigue fijado en doce minutos por hora. Habrá también salvaguardias por lo que se refiere a la interrupción de las películas, las series, los programas infantiles y los programas de información: el límite sigue fijado en una interrupción por cada tramo de 35 minutos. Esto es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que en el futuro los niños vayan a estar más protegidos que hoy ante la televisión tradicional y protegidos también en el sector no lineal representa un avance importante. Se puede decir, por consiguiente, que al mismo tiempo que flexibilizamos las normas para los adultos, las reforzamos por lo que se refiere a la protección de los jóvenes.

Otro elemento importante que ha sido concebido en la óptica de la financiación de nuestro contenido es la autorización, en condiciones muy restrictivas y estrictas, de la venta de productos. En efecto, tenemos hoy en Europa normas conflictivas en materia de venta de productos. En un país no hay normas, en otro las normas contemplan únicamente el contenido tradicional y en otro la prohibición es total.

En el futuro, a fin de que las normas sean las mismas para todos y de que los consumidores estén bien informados, cosa que no sucede en el sistema actual, la venta de productos deberá obedecer a normas muy estrictas. Se autorizará si se garantiza la información al espectador. Las normas deberían garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de trato entre los contenidos. Pero, y esto es muy importante, habrá también restricciones capitales: nada de venta de productos para niños; nada de venta de productos en el marco de los informativos, de los programas de actualidad y de los documentales. Por tanto, queremos preservar bien a los niños y preservar bien la libertad editorial de los periodistas.

Señor Presidente, esta directiva contiene una enorme cantidad de novedades y me llevaría demasiado tiempo enumerarlas todas. Pero conozco al Parlamento, y sé que volveremos sobre ellas en los próximos meses. No obstante, quisiera señalarles tres que son importantes. La primera es el derecho no discriminatorio a los extractos concisos. Segunda novedad, es la primera vez que, en una directiva europea, se permite explícitamente el recurso, para la reglamentación a escala nacional, a la corregulación y la autorregulación. La tercera novedad, que me parece de capital importancia para la aplicación de esta directiva, es el establecimiento, a escala nacional, de reguladores audiovisuales independientes de los Gobiernos.

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, acojo con enorme agrado la publicación de esta nueva propuesta. Me gustaría que la señora Comisaria confirmara que va a continuar llamándose la Directiva sobre Televisión sin fronteras, en versión modernizada. Creo que la propuesta original del nombre era muy capciosa.

Desearía preguntar a la señora Comisaria si cree que está siendo suficientemente agresiva, dado el ritmo del avance de la tecnología. Habiendo presenciado una serie de acontecimientos –incluido cuando hemos estado juntos en Túnez recientemente–, me parece que la distinción entre lineal y no lineal está haciéndose cada vez más borrosa, y cada vez son más los consumidores que van a acceder a lo que eran programas de emisión tradicional en el momento que deseen, ya que van a estar almacenados automáticamente en sus equipos de grabación de vídeo digital. De hecho, los traeremos al Parlamento en nuestros iPod o cualquier otro tipo de equipo digital que usemos. Así pues, ¿piensa de verdad la señora Comisaria que es suficientemente agresiva?

En segundo lugar, he observado que ha dicho que estaba buscando un planteamiento flexible y coherente, la eliminación de los trámites burocráticos y la neutralidad tecnológica, todos ellos principios de la excelente Directiva marco sobre comunicaciones que tenemos ahora, lo cual es de una importancia vital. ¿Cree la señora Comisaria que esta Directiva recoge de manera equilibrado todos estos aspectos y que resistirá la prueba del tiempo tal y como lo ha hecho ya la Directiva marco sobre comunicaciones?

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, brevemente quiero plantear una pregunta sobre la publicidad indirecta. Resulta, realmente, muy sorprendente que presente varios requisitos nuevos a este respecto.

Usted da luz verde a la publicidad indirecta y entiendo que esta es la única forma de seguir avanzando. También afirma que no afecta a los programas infantiles o juveniles, pero no me queda claro, al leer la comunicación, si incluye los contenidos «a la carta». ¿Convendría cerrar esta laguna o se aplica la prohibición de la publicidad indirecta a todos los programas infantiles y juveniles, incluidos los contenidos «a la carta»? También me gustaría que respondiera con claridad a esta pregunta clara y concisa.

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, siempre he sabido de usted que era una periodista experimentada. Siempre nos lo recuerda. Me gustaría preguntarle si piensa que la calidad de la televisión sale ganando con más publicidad indirecta y con más anuncios interrumpiendo los programas. Asimismo, me gustaría preguntarle algo muy concreto: ¿por qué quiere permitir que programas de menos de 30 minutos de duración sigan siendo interrumpidos por la publicidad?

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero decirle al señor Harbour que el título oficial es Directiva sobre «servicios audiovisuales y de medios de comunicación». Sin embargo, pienso que se convertirá en «audiovisual sin fronteras». La división entre lineal y no lineal está bastante clara. Tendremos ocasión de discutir estas definiciones más adelante en nuestras diferentes reuniones en comisión, tal como he dejado muy claro en el texto de la propuesta.

Opté por utilizar un planteamiento flexible y coherente para brindar la oportunidad de desarrollar estos medios. Le pondré un ejemplo muy sencillo. Hoy día, el vídeo a la carta no se está desarrollando muy rápidamente por la sencilla razón de que existen 25 reglamentos para ese tipo de servicio. Por tanto, si uno está desarrollando este servicio en un país y quiere exportarlo a otro, tiene que desarrollar un nuevo servicio para el nuevo país, lo que significa que el mercado interior deja de funcionar.

Quiero brindar esta oportunidad para que estos servicios operen en el mercado interior y se desarrollen, ya que creo que el vídeo a la carta representará una posibilidad extraordinaria no solo para los que se incorporan al mercado de dicha modalidad, sino para llevar hasta el consumidor nuestro contenido europeo y nuestras películas. Es evidente que la industria cinematográfica europea tiene problemas de distribución y dificultades para hacer que sus productos sean vistos por el público: o no hay cine o el cine no exhibe el contenido europeo. El vídeo a la carta constituye una oportunidad real de llevar el producto europeo hasta el consumidor.

(FR) Señor Belet, la venta de productos forma parte del conjunto básico de requisitos comunes; por consiguiente, las normas relativas a la venta de productos, incluidos los destinados a los jóvenes, se aplican tanto en la programación lineal como en la no lineal.

Si analiza la nueva directiva, verá con toda claridad que me he esforzado por proteger a los jóvenes, porque con tantos contenidos disponibles en otros tantos soportes, son vulnerables y necesitan protección. Es también un debate que deseo mantener con los diputados a esta Cámara. ¿Hasta dónde debemos llegar en materia de protección de los jóvenes? ¿Me he excedido o me he quedado corta? Es una cuestión que hay que discutir.

(DE) La señora Harms ha preguntado si un incremento de la publicidad indirecta supone un valor añadido en lo que al contenido se refiere; bueno, sí, creo que lo es. Hoy en día, tenemos el problema de que la publicidad indirecta está en todas partes, pero es ilegal en algunos países. En otros, es ilegal solo cuando se refiere a productos nacionales, no a los de los países vecinos. La publicidad indirecta para los productos estadounidenses está en todas partes y esta publicidad ahora aparece en nuestras pantallas de televisión –incluso aunque esté prohibida a escala nacional– sin que el consumidor se dé cuenta de ello. En primer lugar, la nueva legislación introducirá medidas horizontales de ámbito paneuropeo que permitirán la publicidad indirecta cuando sea importante, a saber, para financiar nuestra industria de contenidos europea, nuestras películas, para que tengan las mismas oportunidades, incluso en lo que respecta a la financiación, que las películas de otros continentes.

En segundo lugar, actualmente no existen normas que prohíban la publicidad indirecta, para niños, por ejemplo, en distintos tipos de contenido. Es inconcebible que algo así ocurra en todas partes en los programas infantiles. Los niños, al contrario que los adultos, están indefensos frente a este hecho. Por eso es tan importante contar con una prohibición horizontal de la publicidad indirecta para niños. Como ex periodista, ya que lo menciona, he debatido la influencia de la publicidad indirecta sobre la información y sobre los programas informativos largo y tendido con compañeros periodistas y he llegado a la conclusión de que es deseable prohibir totalmente la publicidad indirecta en los programas informativos o similares.

  Ruth Hieronymi (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y mis felicitaciones a la Comisaria por la presentación del proyecto de revisión de la Directiva sobre Televisión sin Fronteras. En los últimos años, el Parlamento ha defendido constantemente esta revisión y ha apelado a que, incluso en la era digital, los contenidos similares estén sujetos a una legislación equivalente. A este respecto, la propuesta de la Comisaria es, en mi opinión, un «programa de fitness» para la introducción de la televisión digital en Europa.

Mis preguntas de hoy hacen referencia a dos cuestiones. Primero, la Comisaria ha dicho que tiene intención de aumentar el autocontrol y la corregulación. ¿Podría ofrecernos más detalles al respecto?

En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la publicidad indirecta para la radiodifusión pública en Europa? ¿Hay algún tipo de implicación en lo que respecta a las ayudas financieras?

  Nikolaos Sifunakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, acogemos con particular satisfacción la comunicación de la Comisión, pero señalamos que esta importante cuestión fue introducida en el orden del día en el último minuto, sin notificar previamente a la Comisión de Cultura y Educación competente sobre las provisiones individuales que está anunciando.

También valoramos el hecho de que la propuesta de Directiva se refiera al contenido audiovisual de la televisión. Me gustaría comentar algunos puntos.

La revisión de la Directiva y la ampliación de su ámbito de aplicación a los medios no lineales no deben traducirse en una disolución de sus disposiciones regulatorias.

La salvaguarda del principio de diversidad cultural y pluralismo es necesaria, independientemente del medio por que el que se retransmita el contenido audiovisual.

El cumplimiento de las cuotas reservadas para obras europeas y obras de productores independientes debe seguir siendo el epicentro de la Directiva.

Tenemos que fortalecer las disposiciones en la Directiva relacionadas con la publicidad y la protección de los menores. Más o menos dice que se mantendrá el régimen actual. No podemos anteponer los intereses de la industria a los derechos de los espectadores y a la calidad de la televisión, ni podemos esperar que sea el mercado el que regule por sí mismo estas cuestiones importantes. El título de «audiovisual sin fronteras» es correcto.

En pocas palabras, necesitamos una Directiva que dé a Europa el equilibrio necesario entre calidad e índices de audiencia.

  Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señora Reding, históricamente, cada vez que se ha hablado de esta directiva en el Parlamento Europeo, desde el año 1984, ha habido un tour de force entre el Parlamento y la Comisión. El Parlamento ha pedido que se aborde la cuestión del pluralismo en el ámbito de esta directiva y, durante muchísimas ocasiones, la Comisión ha dicho: es un asunto muy delicado y no nos atrevemos —por decirlo simplificadamente— a tratarlo.

En esta directiva, en los preparativos de la discusión que vamos a tener a partir de ahora en Liverpool, un issues paper estuvo íntegramente dedicado a la cuestión del pluralismo, que es una cuestión que preocupa mucho. La Comisión siempre ha sostenido la tesis «miren ustedes, cuando se produzca la liberalización de la industria, el pluralismo sobrevendrá automáticamente». Pero no es verdad. No es verdad porque en el mundo de la radio y en el mundo de la televisión estamos sometidos a un régimen de concesiones administrativas y se producen injerencias de los poderes públicos.

Señora Reding, le voy a contar algo que está ocurriendo en nuestro país y no tiene precedente en la Unión Europea: 500 000 ciudadanos españoles, más de medio millón de ciudadanos españoles —algo que jamás ha ocurrido en la Unión Europea, en ninguna de sus instituciones—, están respaldando una iniciativa para que un poder público, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no cierre una radio. Fíjese usted si es importante y si eso llama la atención de la opinión pública.

Con este precedente le pregunto: en esta directiva, señora Reding, ¿se va a abordar la cuestión del pluralismo?

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. (DE) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la señora Hieronymi, no solo por la valoración que ha logrado en unos pocos minutos, sino también por sus actividades de supervisión durante estos dos años y medio de preparación de la nueva legislación que ahora tenemos ante nosotros. También le doy las gracias por la encantadora frase «un programa de fitness para los medios audiovisuales» . Creo que en los próximos meses será una frase muy popular.

El aumento de la autorregulación es una forma de aplicar esta Directiva, que en sí misma constituye un marco jurídico que las autoridades nacionales deben transponer a sus respectivas legislaciones nacionales. Este marco debe ser aplicado por dichas autoridades nacionales, que tendrán la posibilidad de superarlo o –siempre que las partes afectadas den su consentimiento– llevar a cabo la aplicación de dicho marco mediante la autorregulación controlada. Es correcto que esta sea la primera vez que esta terminología ha aparecido en un texto legislativo europeo. Creo que es un paso importante en esa dirección confiar en los expertos que trabajan en la materia.

(FR) El señor Sifunakis me ha preguntado por qué no se le informó hasta el último minuto. Señor presidente de la Comisión de Cultura y Educación, tampoco yo fui informada hasta primera hora de la tarde de que la Comisión había aceptado mis propuestas. Hoy se trataba de informar al Parlamento, no de debatir la cuestión. Estoy segura de que el debate propiamente dicho será intenso y largo y comenzará, supongo, el año que viene en las dos comisiones competentes, la Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Industria, Investigación y Energía.

Todo lo que funcionaba bien en la Directiva de Televisión sin Fronteras se ha retomado en la nueva directiva. No he comprometido las cuotas, al contrario. Por lo que respecta a los servicios en línea, he impuesto una obligación de promoción de las obras europeas, un instrumento que actualmente no existe. El porcentaje aportado por productores independientes se mantiene y la protección del consumidor se refuerza, porque necesitamos consumidores bien informados, que sepan lo que les espera. Por tanto, la información al consumidor y la protección del consumidor frente a los abusos se mantienen y no solo en la televisión tradicional, porque también engloba los nuevos servicios.

El señor Herrero se pregunta si se sigue garantizando el pluralismo de los medios de comunicación en un mundo en que los cambios son diarios. Basta leer los periódicos de toda Europa para convencerse de ello: se producen nuevas fusiones, grupos existentes se fragmentan, se crean nuevos medios de comunicación. Con el paso a la tecnología digital se producirá una explosión de cadenas de servicios ofrecidos al público, por no hablar de nuevas formas de vídeo a la carta. ¿Qué otras cosas se inventarán en el próximo futuro? El consumidor se enfrentará a una elección enorme, un buen medio de desarrollar el pluralismo: cuantas más opciones tenga el consumidor, más se desarrollará el pluralismo. Por tanto, debemos hacer todo lo posible por apoyar la posibilidad de elegir del consumidor.

La diversidad cultural es también un elemento muy importante del pluralismo, y el hecho de que la diversidad cultural se extienda a los nuevos servicios es un paso importante en esta dirección.

Mis servicios publicarán a comienzos del año próximo un documento sobre las normas nacionales relativas a la concentración de los medios. Les había prometido este documento, que nos serviría de base para estudiar juntos –Comisión y Parlamento– en qué dirección vamos. Estará sobre la mesa a comienzos del próximo año. Entonces tendremos ocasión de debatir su contenido y las posibles acciones que deban emprenderse a escala europea.

  Lissy Gröner (PSE). – (DE) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Comisaria: me alegro de que presente el proyecto al Parlamento una vez que la prensa ya lo conoce. El fomento del contenido europeo contará con un amplio apoyo y dos lecturas serán suficientes para debatir esta propuesta con detalle.

La variedad es la fortaleza de Europa –no podemos competir con el mercado estadounidense allí, tampoco queremos hacerlo–, pero también es su punto débil. En mi opinión, no podemos incluir publicidad indirecta en nuestras películas del mismo modo que lo hacen los Estados Unidos. Después de todo, el mercado siempre determina el modo en que los productos aparecen representados en las películas. No hay ningún problema en que una persona conduzca un coche, pero cuando nos encontramos en una situación en la que la publicidad indirecta solo está disponible para las carteras más abultadas, algo funciona mal.

También estamos de acuerdo en que la publicidad no tiene cabida en los programas infantiles. Solo son los límites los que se han difuminado; esto queda claro. ¿Dónde debemos trazar el límite? Creo que, una vez que hemos abierto la puerta, no será posible contenerla. Por tanto, encontraremos una gran resistencia a la publicidad indirecta y a los límites difusos. Tendremos que debatir estas cuestiones con más detalle en las dos lecturas.

  Helga Trüpel (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria. También yo tengo que decir que, en su presentación de hoy, me ha sorprendido que haya prestado tan poca atención al posible riesgo de la independencia editorial. Ha mencionado que hay que proteger los programas informativos y los programas infantiles contra la publicidad indirecta y, justo ahora, también ha mencionado los programas de carácter informativo.

El término «programas informativos», referido a programas destinados a informar a la población es un concepto amplio. Por ejemplo, ¿dónde encajan los programas de entretenimiento que ofrecen información sobre servicios financieros? ¿Pueden publicitar estos servicios? ¿Qué ocurre con los programas sobre salud? ¿Les está prohibido anunciar determinados productos de salud o servicios? Por lo tanto, le pediría que nos aclarara lo que entiende por «programas informativos».

  Henri Weber (PSE). – (FR) Señor Presidente, reitero mi pregunta. Yo fui el ponente de la Comisión de Cultura y Educación sobre este tema. Estoy inscrito en la lista de oradores. Le pregunto por qué no me concede usted la palabra.

  El Presidente. – Le he oído. Señora Comisaria, tiene usted la palabra.

  Viviane Reding, miembro de la Comisión. (DE) Señor Presidente, me gustaría señalar a la señora Gröner que el proyecto se ha publicado en Internet y, por lo tanto, todos los diputados al Parlamento Europeo pueden acceder al mismo, al igual que los ciudadanos. La señora Gröner tiene toda la razón, claro que habrá dos lecturas y, por lo tanto, tendremos suficientes oportunidades de intercambiar puntos de vista sobre el contenido de mi proyecto.

La variedad es muy importante, y dada esta importancia, me gustaría que las películas europeas y los programas de televisión europeos impusieran su valor en nuestras pantallas de televisión, en nuestros teléfonos móviles y ordenadores, y haré todo lo posible para que esto sea así. De hecho, algunos Estados miembros ya lo están haciendo. Como ejemplo citaré la ley austriaca sobre publicidad indirecta: se trata de una ley muy sensata y que está dando buenos resultados. La señora Gröner ha mencionado la publicidad durante los programas infantiles. Tal vez no me he explicado con suficiente claridad al decir que la publicidad indirecta durante los programas infantiles quedará prohibida. Esto es ir un paso más allá de lo que actualmente es posible en muchos Estados miembros. Es mi deseo proteger en particular a los niños.

La señora Trüpel ha hablado de la independencia editorial. Esto es algo muy importante para mí y por ese motivo me he referido especialmente a esta cuestión. Por tanto, la publicidad indirecta se prohíbe en los programas informativos y en lo que se conoce como programas «de actualidad». Por consiguiente, la información sobre salud se incluye en esta definición.

  El Presidente. – (Dirigiéndose al señor Weber, que solicita intervenir) Señor Weber, he concedido la palabra a tres miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, a tres miembros del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y a dos miembros del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. En otras palabras, señor Weber, se ha mantenido un perfecto equilibrio.

Con esto concluye este punto.

59. Orden del día: véase el Acta

60. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  El Presidente. El punto siguiente es el turno de preguntas (B6-0343/2005).

Se han dirigido las preguntas siguientes a la Comisión:

  El Presidente.

Pregunta nº 56 formulada por Arlene McCarthy (H-1030/05):

Asunto: Investigación relativa a los derechos de retransmisión de la Premier League

¿Cuánto tiempo y recursos de personal se han utilizado en la investigación de la Comisión relativa a la atribución de los derechos de retransmisión en directo de los partidos de fútbol por la Premier League del Reino Unido?

¿Qué lecciones ha extraído la Comisión con vistas a modificar los procedimientos internos y dar prioridad a los asuntos verdaderamente relacionados con las normas de competencia?

¿No considera la Comisión que, si tiene un problema con los derechos de retransmisión en directo de acontecimientos deportivos, sería más eficaz y adecuado investigar el mercado de la radiodifusión para detectar posibles abusos de posición dominante?

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) El caso se inició en 2002 y ha habido altibajos en la carga de trabajo a lo largo de esos años. Durante ese período, ha habido un encargado principal trabajando en el caso a tiempo parcial, a la vez que realizaba otras labores en la Dirección General. El caso ha implicado también a la jerarquía de la DG Competencia y al Gabinete en determinados momentos.

La Comisión no acepta la insinuación de que este no fuera un auténtico caso de competencia. El fútbol es un deporte enormemente popular, como todos sabemos, y la forma en que se venden sus derechos de retransmisión puede tener notables efectos a largo plazo sobre el desarrollo de los mercados de los medios de comunicación. La importancia de este caso queda demostrada por el número de empresas, cadenas de emisión abierta y de televisión de pago, operadores de Internet, operadores de telefonía móvil y posibles nuevos participantes que han expresado su preocupación a la Comisión y, en ocasiones, a las autoridades nacionales competentes en el transcurso de este caso.

Además, tanto la Comisión de defensa de la competencia como la Oficina de comunicaciones apoyaron firmemente la existencia de la investigación de la Comisión y su foco de atención. Por último, la Asociación de Consumidores del Reino Unido publicó su propio informe al respecto, llegando a la conclusión de que se trataba de un auténtico problema que afectaba a los consumidores y que la causa de dicho problema se hallaba en la forma en que la Asociación de Fútbol de la Premier League inglesa vendía conjuntamente los derechos de los partidos de dicha liga.

La Comisión no acepta, por tanto, que habría sido más eficaz o adecuado investigar el mercado de la radiodifusión para detectar posibles abusos de posición dominante. Cuando existe inquietud acerca de una posición de dominio, lo pertinente para una autoridad responsable de la competencia es estudiar atentamente las causas de dicha posición dominante. Cuando esta situación se da en un mercado particular, al menos en parte como consecuencia de acuerdos globales que posiblemente infringen el artículo 81, el procedimiento más eficaz y eficiente consiste en analizar dichos acuerdos globales. La venta conjunta de los derechos del fútbol corre el riesgo de crear un vendedor con poder de mercado y la consecuente transferencia de dicho poder de mercado a niveles inferiores. La venta conjunta pueda ocasionar problemas de competencia en niveles inferiores y por tanto merece un análisis minucioso. Abordar únicamente las posiciones de dominio en dichos niveles sin estudiar los contratos globales sobre derechos equivaldría a tratar el síntoma del problema de la competencia, más que una de las causas.

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Como siempre, la Comisión jamás responde realmente a la pregunta, puesto que se trataba de una sequía de recursos de 3 años y medio de duración. He de decir que no solo estamos hablando de los recursos de la Comisión; estamos hablando de millones de libras esterlinas gastados en honorarios de abogados por parte de gente implicada en esta actuación.

Tengo que volver a plantear la pregunta: ¿cree la Comisión que resulta proporcionado en relación al resultado haber conseguido que un paquete adicional vaya a un operador distinto de Sky, sin garantía alguna de que sea un proveedor de emisión abierta? Bien pudiera tratarse de otro operador de cable y, posiblemente, eso tendría un coste para el consumidor. Lo que es más importante, ¿va a permitir ahora la Comisión que el acuerdo presente se ejecute sin interferencias, de forma que veamos si está al servicio del interés público y si permite a los clubes de fútbol, en concreto, tener la certeza jurídica de poder gestionar sus propios recursos, especialmente a la hora de invertir en finanzas comunitarias en sus áreas locales?

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, comprendo el mensaje de su Señoría, pero discrepo profundamente en que no hemos respondido a la pregunta; efectivamente, lo hemos hecho. Que la respuesta no sea del agrado de su Señoría, es otra cosa, pero he respondido y lo voy a hacer de nuevo.

La Premier League vende los derechos de sus partidos a operadores en todo el mundo, incluido un gran número de países de la UE. El fútbol de la Premier League es muy popular, por ejemplo, en Irlanda, y esta liga ha modificado sus políticas sobre derechos por lo que respecta a Irlanda como consecuencia de la intervención de la Comisión. En palabras llanas, existe un claro elemento transfronterizo, que la Comisión abordó con prontitud cuando comenzó el caso en 2002. Que haya un par de abogados o muchos más, es su problema; nosotros estamos dispuestos y capacitados para tratar este caso y hemos logrado varios éxitos, ya que hemos resuelto un problema en el que se había vulnerado la competencia.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, ¿está de acuerdo la Comisión en que los acontecimientos deportivos internacionales importantes deberían retransmitirse únicamente para abonados, en otras palabras, a través de redes de televisión de pago por visión?

¿Se ha preguntado si todos los ciudadanos tienen esta facilidad, incluso si determinadas federaciones internacionales cumplen esta norma y permiten que estos acontecimientos internacionales se retransmitan en abierto?

¿Por qué no toma medidas contra los Estados miembros de la Unión Europea que no han enviado listas de deportes de retransmisión en abierto en los últimos doce años, como deberían haberlo hecho?

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) La legislación sobre competencia no está interesada en las reglas deportivas, únicamente en las actividades económicas vinculadas con los actos deportivos. Yo soy árbitro del juego de la competencia, no del propio partido. Las reglas deportivas como tales son reglas inherentes a un deporte o necesarias para su organización o para la organización de una competición. Estas no están sujetas a la aplicación de las normas sobre la competencia.

Según demuestra la decisión de la Comisión relativa a la UEFA y la DFB, resulta perfectamente posible operar mecanismos de venta colectiva que contribuyan a proporcionar pagos solidarios y sean compatibles con las reglas de la competencia. Sin embargo, eso significa que la venta colectiva tiene que procurar beneficiar a los aficionados y no solo a los clubes. Muchas ligas parecen pensar que su responsabilidad primordial consiste en encontrar diferentes formas de hacer que sus aficionados paguen cantidades más elevadas. Eso no puede ser correcto.

  El Presidente. Pregunta n° 57 formulada por Jaime Mayor Oreja (H-1036/05):

Asunto: Decisión de la Comisión de inhibirse en el examen de la OPA de Gas Natural a Endesa

El pasado 6 de noviembre por la noche tuvo lugar una reunión del Presidente de la Comisión Europea con el Presidente del Gobierno de España en el Palacio de la Moncloa, a iniciativa de este último. Esta reunión no fue hecha pública y fue conocida días más tarde gracias a la insistencia de los medios de comunicación. En esta reunión, tal y como ha sido reconocido por ambas partes, se habló, entre otros temas, sobre la autoridad competente para resolver el caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Pocas horas después se retiró del orden del día de la reunión del Colegio de Comisarios del 9 de noviembre el referido punto, que fue pospuesto a la reunión del 15 del mismo mes, día en el que se tomó la decisión definitiva de dejar en manos de las autoridades españolas la OPA. Posteriormente se ha conocido la existencia de dos borradores contradictorios de la Dirección General de Competencia relativos a este caso.

¿De qué forma cree la Comisión Europea que esta sucesión de hechos puede afectar a su imagen como garante de la neutralidad y objetividad en la defensa del interés comunitario?

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría sugiere que existe una conexión entre una reunión del Presidente de la Comisión y el Presidente de Gobierno español y el aplazamiento en la agenda del 9 de noviembre de la decisión de la Comisión sobre si existía una dimensión comunitaria en la fusión propuesta entre Gas Natural y Endesa.

Puedo asegurar categóricamente a esta Cámara que no existió tal vinculación. De hecho, dada la enorme complejidad de los temas jurídicos, económicos y contables planteados por este caso, la Comisión simplemente no había concluido el análisis del caso a tiempo para su reunión del 9 de noviembre. Esa fue la razón, ni más ni menos. De hecho, la Comisión siguió recibiendo información de las partes implicadas a lo largo del fin de semana anterior a la reunión del Colegio de Comisarios el 9 de noviembre.

Su Señoría recordará que el caso Gas Natural–Endesa fue notificado a las autoridades españolas de vigilancia de la competencia. El 19 de septiembre, Endesa remitió el caso a la Comisión para que dictaminara acerca de si el mismo presentaba una dimensión comunitaria.

El 15 de noviembre, la Comisión decidió rechazar la petición de Endesa a favor de la dimensión comunitaria de la oferta de adquisición planteada. Respetados los pertinentes requisitos del proceso, tras conceder a las dos partes tiempo suficiente para comentar las consideraciones del oponente y tener en cuenta todos los razonamientos esgrimidos, la Comisión llegó a la conclusión de que, de acuerdo con las normas de control de las concentraciones existentes en la UE y sobre la base de las cuentas anuales auditadas de 2004 de Endesa, la concentración propuesta no posee una dimensión comunitaria y, por tanto, no incide en el ámbito de competencia de la Comisión.

La Comisión considera que su objetividad y su neutralidad no pueden ponerse en duda por el hecho de que el Presidente de Gobierno español haya tocado el tema de la oferta de Gas Natural para adquirir Endesa durante una reunión con el Presidente de la Comisión. Yo no asistí a la reunión. El Presidente de la Comisión se reúne regularmente con muchos Jefes de Gobierno de la UE, incluido el Presidente de Gobierno español, y discute, según me ha contado, una enorme variedad de temas con ellos.

La Comisión tiene derecho y, efectivamente, es requerida para que atienda cualquier opinión de las partes interesadas del sector público o privado y para que examine todos los aspectos de un caso antes de adoptar una decisión. La existencia de borradores diferentes no es, en modo alguno, excepcional o específico de este caso. Al contrario, puede considerarse simplemente como parte de los debates internos celebrados en el seno de la Comisión a fin de evaluar los temas en juego desde todas las perspectivas relevantes.

  Jaime Mayor Oreja (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, agradezco la respuesta de la señora Comisaria, pero, escuchándola, he tenido la impresión de que en este tema parece que solo se han manejado cuestiones técnicas, cuando la realidad es que esta decisión ha estado envuelta en declaraciones y actitudes previas al encuentro de los dos Presidentes alejadas de la normalidad. No se ha referido al pronunciamiento de los ministros del Gobierno español, ni a la posición de algún Comisario que es incompetente en esta materia, ni siquiera a la petición de exclusión que le hizo el Grupo Socialista una semana antes de la decisión para que usted no fuese competente en estas cuestiones.

Con esos antecedentes tan poco habituales y tan poco normales, se produce, el domingo anterior a la semana de la decisión, el encuentro que antes usted tan solo ha mencionado. Un encuentro que no es público, que es opaco, que fue conocido por la opinión pública mediante filtraciones posteriores, gracias a las que hemos sabido que se trató la OPA.

Señora Comisaria, el aspecto formal y las formas tienen una máxima importancia en nuestra democracia, y ya conoce usted el dicho: «la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo». Un Gobierno de la Unión debe cumplir las reglas comunitarias, pero la primera y principal es la del sentido común, en la manera en la que se toma esta decisión.

La Comisión no puede ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Ustedes tienen que dar la impresión de que no son solamente jefes de gabinete de Gobiernos nacionales; su fortaleza radica en la independencia y el sentido común de sus decisiones. Me pregunto si ustedes han cumplido esas reglas.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Esa ha sido una última frase interesante por parte de su Señoría; es necesario tomar decisiones sobre la base del sentido común. Como Comisaria de Competencia, estoy acostumbrada a tomar decisiones sobre la base de hechos y cifras, ni más ni menos; no el sentido común: solo hechos y cifras. Era responsabilidad mía tratar este caso y es mi responsabilidad tratar con cualquier caso si los hechos y las cifras demuestran que se trata de un caso para la Comisión.

Yo no he negado que el Presidente de la Comisión y el Presidente del Gobierno español celebraran una reunión. Pero repito que no he sufrido ninguna presión. De acuerdo con el artículo 213 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, los miembros de la Comisión ejercen sus funciones con independencia y en interés general de la Comunidad. No han recabado ni recibido instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.

Yo juré que observaría tal comportamiento y juro que me comportaré de esa forma. Cumplo con mi deber sobre la base de hechos y cifras y cualquiera que sea el sentimiento alrededor, puede estar seguro de que permaneceré fiel a mi línea.

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). – (ES) Señora Comisaria, no se preocupe usted, sus palabras son auténticas. Ha demostrado usted que dice la verdad y lamento mucho que un compatriota mío haya puesto en cuestión su honradez.

  Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE). – (ES) Señora Comisaria, sin entrar en el fondo, los hechos son los siguientes: usted pide amparo al Colegio de Comisarios, lo cual es un hecho excepcional. El Presidente de la Comisión va a Madrid en un viaje secreto y, justamente después, usted retira, del orden del día del Colegio de Comisarios, ese punto, y la semana siguiente usted hace que el Colegio de Comisarios decida una cuestión sin apenas debate.

Y, mientras tanto, un colega suyo de la Comisión Europea no deja de hacer declaraciones en España asegurando de antemano cuál iba a ser la posición de la Comisión Europea. Y yo me pregunto y yo le pregunto, señora Comisaria, si usted es consciente de que estos hechos han supuesto, en un Estado miembro, una pérdida de credibilidad de la Comisión Europea como garante del interés comunitario.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Mi credibilidad no se ve afectada por una comida de trabajo ni nada parecido. Repito que mi obligación consiste en hacer propuestas a la Comisión sobre la base de hechos y números. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. No he pedido amparo a la Comisión. Simplemente presenté mi decisión sobre la base de los hechos y los números. La Comisión tiene la obligación de tomar sus decisiones sobre una base informada y eso es especialmente válido en el caso de la cartera de competencia. De nuevo, repito que cuando acudí al Colegio de Comisarios expuse los hechos y las cifras. Las normas estándar de la UE en este caso dictaban que no podíamos ocuparnos de él y proponían que fuera tratado en España por las autoridades nacionales de la competencia.

  El Presidente. Pregunta n° 58 formulada por Margarita Starkevičiūtė (H-1007/05):

Asunto: Fondos para el cierre de la central nuclear de Ignalina

Los pagos totales con cargo a los créditos comprometidos en 2005 para el cierre de la central nuclear de Ignalina ascenderán únicamente al 50% del total. Esto supone una infrautilización sustancial de los créditos de pago previstos en el presupuesto correspondiente a 2005, que se debe, principalmente, a que el BERD, administrador de los fondos para los IDSF (fondos internacionales para apoyar el cierre de los reactores nucleares), no estableció con exactitud las previsiones de pagos. ¿Qué piensa hacer la Comisión para evitar este tipo de problemas y mejorar los servicios de gestión de fondos en el futuro?

  Andris Piebalgs, miembro de la Comisión. (EN) La ayuda comunitaria en virtud del programa para Ignalina se suministra de dos maneras. La primera es directamente al país beneficiario utilizando un mecanismo que se basa en uno de los instrumentos financieros de preadhesión de la Comunidad Europea, PHARE. La segunda, que comprende el grueso de la ayuda, se entrega a través de un fondo internacional gestionado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD. La Comunidad es el principal, aunque no único, contribuyente a ese fondo. La puesta en marcha de una central nuclear es un proceso largo, que a menudo se prolonga durante décadas, e implica la planificación y la construcción de grandes instalaciones complejas. Los proyectos anejos a menudo solo se encargan varios años después de haberse firmado un contrato.

Para el caso concreto de proyectos gestionados por el BERD, las normas del fondo de ayudas para el cierre de Ignalina requieren que, antes de firmar los contratos para cualquier proyecto, deben habilitarse fondos suficientes en la cuenta del BERD. Esa es la práctica habitual de gestión de proyectos. Esa situación conduce a que se adjudiquen contratos que no estarán finalizados hasta dentro de varios años y, evidentemente, no requieren el desembolso de todos los costes presupuestados. En consecuencia, las asignaciones anuales para el programa de Ignalina no coincidirán necesariamente con los pagos en un año dado. Los pagos en un año dado pueden incluso superar las obligaciones anuales reales de la Comunidad con el fondo.

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (EN) Estoy ciertamente decepcionada por la respuesta del señor Comisario, ya que probablemente ha oído de las disputas acerca de las denominadas asignaciones acumuladas que todavía no han sido abonadas. Lo que me sorprende es que el 50 % del importe total previsto en el presupuesto de 2005 no haya sido utilizado, por lo que el problema no es el uso de los fondos en el futuro, sino más bien la razón por la que hemos de hacer acopio de cantidades tan grandes de dinero y de asignaciones por adelantado.

  Andris Piebalgs, miembro de la Comisión. (EN) Hasta ahora solo se ha gastado, con cargo al Fondo Internacional de Ayuda al Desmantelamiento de la Central Nuclear de Ignalina, el 50 % de los fondos reservados. No estoy diciendo que el resto de los fondos asignados a este importante programa de ayuda no vaya a ser desembolsado. Como ya se ha dicho, el fondo del BERD cubre proyectos que se llevan a la práctica a lo largo de un período prolongado. Los fondos se desembolsan a medida que son necesarios y la Comisión hará un seguimiento de la ejecución del uso del dinero comunitario, ya que la Comisión confía su aportación al BERD, una institución financiera internacionalmente reconocida y respetada.

Los departamentos de la Comisión presiden las reuniones de los contribuyentes, en las que se toman las principales decisiones financieras, y periódicamente solicitan información adicional del BERD y se reserva el derecho a realizar una auditoría, en caso necesario. Creo que se cumplirán todos los compromisos del BERD.

  El Presidente. Pregunta n° 59 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0981/05):

Asunto: Mejora y facilitación del transporte por ferrocarril para las personas con discapacidad y las familias

En el marco del desarrollo de la red ferroviaria paneuropea y teniendo en cuenta la reforma de la política energética y de la política de libre circulación, ¿qué medidas concretas tiene la intención de tomar la Comisión Europea en lo que se refiere a la infraestructura, los servicios y los costes para mejorar y facilitar el transporte de las personas con discapacidad y de las jóvenes familias, en particular las que tienen varios hijos?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, respondo con mucho gusto a esta primera pregunta de la señora Panayotopoulos-Cassiotou. Varias acciones emprendidas por la Comisión en materia de transporte y energía demuestran la importancia que damos a las personas con necesidades especiales. En materia de servicio público, la Comisión se ha comprometido a crear un fundamento jurídico adecuado para que los Estados miembros garanticen a los usuarios unos servicios de transporte de calidad y a precios asequibles.

En 2005, la Comisión ha intensificado sus esfuerzos definiendo los principios elementales de su política en materia de derechos de los pasajeros. Esta vez, la Comisión se ha centrado en el trato equitativo de los pasajeros con movilidad reducida. Por lo que respecta a los derechos de los pasajeros ferroviarios, ha propuesto un reglamento que actualmente está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo, que llegó a un acuerdo político el 5 de diciembre.

La legislación propuesta exige, por ejemplo, que se respete el derecho a un acceso equitativo al servicio ferroviario, así como a la información sobre las condiciones de accesibilidad. Obliga a las compañías de ferrocarriles y a los gestores de las estaciones a prestar asistencia gratuita a los pasajeros con movilidad reducida, tanto en las estaciones como a bordo del tren. Paralelamente, la Comisión se plantea la cuestión de la accesibilidad de los trenes y estaciones.

En el marco de la aplicación de la directiva sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario, la Comisión está elaborando una especificación técnica encaminada a mejorar la accesibilidad de los espacios públicos de las infraestructuras ferroviarias a las personas con movilidad reducida. Se ha prestado una atención muy especial al problema planteado por la interfaz entre el andén y el tren, así como a los imperativos asociados a la evacuación en caso de peligro. Por lo que respecta a las necesidades específicas en materia de transporte expresadas por los ciudadanos, los Estados miembros podrían ir más allá de la legislación comunitaria.

En cuanto a los servicios públicos, la legislación comunitaria establece normas detalladas relativas a las posibles intervenciones públicas. En contrapartida, la instauración de un sistema de tarifas sociales para determinadas categorías de pasajeros, como por ejemplo las familias numerosas, sigue siendo competencia de los Estados miembros. Todas las iniciativas de este tipo son apoyadas por la estrategia de la Unión Europea destinada a mejorar la integración activa de las personas con discapacidad. El tema prioritario de la segunda fase del plan de acción 2006-2007 es la promoción de la accesibilidad de los servicios de transporte y la no discriminación, conforme a la Comunicación de la Comisión sobre la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea ampliada, de reciente adopción. Estos son, Señoría, los elementos de respuesta que quería darle.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, gracias por la información que nos ha proporcionado y le felicito por el programa sobre el que ya ha tomado una decisión.

Quería preguntarle, a modo de pregunta complementaria, si los niños, los jóvenes y las personas de baja estatura en general quedan incluidos en el grupo de personas que necesitan protección especial de conformidad con la legislación propuesta por la Comisión.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Sí, señora Panayotopoulos-Cassiotou, he precisado, en efecto, que habíamos adoptado una acción europea a favor de las personas con movilidad reducida y, por lo que respecta a las demás categorías, he mencionado las familias numerosas, pero también habría podido hablar de los jóvenes y los niños. Los Estados miembros disponen evidentemente de cierta iniciativa en la materia, pues pueden introducir en su legislación ventajas para estas categorías. Como comprenderá, necesitamos centrar la intervención comunitaria en las cuestiones principales. Ahora bien, la accesibilidad de los medios de transporte a las personas con movilidad reducida representa actualmente un auténtico reto para la Unión Europea.

  El Presidente.

Pregunta n° 60 formulada por Gyula Hegyi (H-0982/05):

Asunto: Transporte urbano sostenible

Es evidente que Europa y el mundo entero están afrontando una crisis energética. Los precios del petróleo suben a la vez que la demanda aumenta también a un ritmo excepcional. La responsabilidad de Europa y de los demás países en desarrollo es mostrar el modo de salir de esta trampa.

Los transportes son responsables de aproximadamente el 30% del consumo energético, del cual, alrededor del 85% corresponde al transporte por carretera. El transporte por carretera causa graves contaminaciones medioambientales en muchas ciudades europeas, lo que significa igualmente un aumento de los problemas de salud entre los ciudadanos europeos que viven en zonas urbanas. Conocemos la solución para muchos problemas medioambientales, pero su aplicación requiere esfuerzos de nuestra parte. El uso de bicicletas, de tranvías, de la red ferroviaria de cercanías y, en general, el transporte público, puede reducir considerablemente la contaminación atmosférica y el consumo de combustibles fósiles.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para fomentar el transporte urbano sostenible, en particular, para apoyar y popularizar el transporte público urbano y de cercanías y el uso de bicicletas?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) En toda Europa, los ciudadanos consideran cada vez más que la movilidad es un derecho. El aumento de la movilidad repercute en gran medida en las ciudades. La cuestión del transporte en las ciudades se ha convertido en un problema capital.

Dentro del respeto del principio de subsidiariedad, la Comisión se esfuerza por desempeñar un papel importante en la elaboración de una política de transporte urbano, promoviendo el intercambio de buenas prácticas.

El programa Civitas es una iniciativa innovadora que integra elementos que pertenecen tanto al transporte como a la energía y el medio ambiente. El programa LIFE y el programa STEER son otros dos ejemplos de apoyo financiero a una serie de proyectos de ciudades a favor de un transporte urbano sostenible.

Señor Hegyi, tenemos que ir más lejos aún, y por esta razón la Comisión ha desarrollado nuevas iniciativas. Así, el transporte urbano sostenible figurará entre los temas prioritarios del eje de investigación en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo. Las próximas perspectivas financieras 2007-2013 deberían abrir posibilidades de financiación a través del Fondo de Cohesión. Además, para dinamizar la organización del transporte público, la Comisión ha adoptado una propuesta revisada del reglamento relativo a los servicios públicos de transporte terrestre de viajeros.

La renovación de los parques de vehículos también puede contribuir eficazmente a reducir las incidencias sobre la calidad del aire urbano, un ámbito en el que los contratos públicos podrían dar ejemplo. Estoy preparando una propuesta de directiva para obligar a los organismos públicos a adquirir una cuota mínima de vehículos limpios cuando renueven sus parques.

Por último, en su Comunicación relativa a la calidad del aire, adoptada el pasado 21 de septiembre, la Comisión señala su intención de preparar un marco común para la designación de las zonas de baja emisión.

Se favorecerá un enfoque integrado para la gestión de nuestras ciudades, incluido el transporte urbano, a través de la próxima estrategia temática sobre el medio ambiente urbano. Esta estrategia, que se publicará en enero de 2006, recomendará a los Estados miembros y a la autoridades locales y regionales que elaboren planes de transporte urbano sostenible.

Por último, vamos a aprovechar la actualización del Libro Blanco sobre la política de transportes para abordar todos estos problemas: el lugar que se concede al automóvil en nuestras ciudades, los derechos de los pasajeros, las aplicaciones futuras del proyecto Galileo, la accesibilidad de los transportes colectivos y la mejora de la seguridad vial, en particular para los ciclistas y los peatones.

Como ve, señor Hegyi, comparto sus preocupaciones.

  Gyula Hegyi (PSE). – (EN) Muchas gracias, señor Comisario. Quedo más o menos satisfecho con su respuesta, pero me gustaría ser más concreto. ¿Cómo piensa la Comisión disuadir de la utilización del automóvil particular y, al mismo tiempo, fomentar los medios de transporte sostenible: la bicicleta, el transporte público y el ferrocarril?

Ya que ha mencionado los fondos de cohesión, preguntaré lo que pudiera parecer una cuestión simplista. ¿Podría decir aproximadamente cuánto dinero gastamos en el desarrollo de la infraestructura del transporte público en nuestras ciudades? Creo que la gente siente interés por oír cuánto dinero se va a gastar y no solo nuestras ideas.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Hegyi, yo preferiría no darle una cifra demasiado precisa, porque hasta ahora se han invertido unos 100 millones de euros a través del Programa Marco de Investigación y Desarrollo y el programa va a continuar con del Séptimo Programa Marco.

Le indico asimismo que el programa Civitas ha gozado de un amplio apoyo financiero de la Comisión para alentar el intercambio de buenas prácticas. Por otra parte, con ocasión de la revisión del Libro Blanco, veremos con qué política de apoyo acrecentado podemos comprometernos.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Comisario, la red ferroviaria de cercanías es vital para el transporte urbano sostenible en la mayoría de las ciudades europeas. Pero ¿no piensa usted que con la liberalización de los ferrocarriles, si se permite que un servicio internacional de pasajeros pueda tomar y dejar viajeros en dos estaciones dentro de un mismo Estado miembro, podría afectar al equilibrio económico y a la viabilidad de la red ferroviaria de cercanías?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) La propuesta revisada que ha presentado la Comisión sobre las obligaciones de servicio público responde a su pregunta, señor Larrea, porque habrá que velar, en efecto, por que la apertura a la competencia del transporte internacional de pasajeros respete las tareas de servicio público reconocidas por la autoridad pública.

Entre el texto sobre la liberalización del transporte internacional de pasajeros y el relativo a las obligaciones de servicio público existe un vínculo que evitará que determinados ciudadanos, como acaba de mencionar usted en su pregunta, se vean en dificultades por no poder disponer de los medios de transporte que necesitan. Le agradezco su pregunta y le preciso que velaré atentamente por que esta liberalización respete la integridad de los servicios que se consideran públicos.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta y preguntarle si va a prestar especial atención a la expedición de billetes únicos en el transporte urbano.

En Dublín, por ejemplo, tenemos un tren de cercanías, una red de ferrocarril, el tranvía Luas y autobuses públicos. Hasta el momento no existe un sistema de expedición de billetes únicos válido para los cuatro. ¿Podría contemplar hacer un estudio en Dublín y promocionar toda la cuestión del los billetes únicos, de manera que la gente utilice el transporte público con mayor asiduidad y este resulte más eficiente?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Su pregunta es muy pertinente, señor Mitchell; realmente debería haber un sistema integrado de expedición de billetes. No obstante, el transporte urbano e interurbano es realmente una cuestión de subsidiariedad.

Lo que hace falta es alentar el intercambio de buenas prácticas entre las ciudades europeas para llegar a soluciones óptimas. Gracias por haber planteado esta cuestión, que es muy importante para nuestros conciudadanos.

  El Presidente. Las preguntas 61 a 72 recibirán una respuesta por escrito⁽¹⁾.

La pregunta 73 decae al no estar presente su autor.

  El Presidente. Pregunta n° 74 formulada por Panagiotis Beglitis (H-0990/05):

Asunto: Veto de Turquía a la participación de la República de Chipre en organismos internacionales

En la reunión de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro que tuvo lugar el 28 de octubre de 2005 en Chisinau, la capital de Moldova, Turquía, como miembro de pleno derecho de la Organización, vetó una vez más la solicitud presentada por la República de Chipre para lograr el estatuto de observador. Al mismo tiempo, Turquía continúa obstaculizando la adhesión de la República de Chipre a la Organización internacional del sistema de control de las exportaciones.

Dado que Turquía, como país candidato a la adhesión a la UE, ha asumido obligaciones concretas con arreglo al marco para las negociaciones aprobado el pasado 3 de octubre por el Consejo de Ministros en Luxemburgo y, en particular, su apartado 7, ¿cómo valora la Comisión Europea el comportamiento de Turquía, que continúa negándose a cumplir las condiciones fijadas por la UE, incluso tras el comienzo de las negociaciones de adhesión? ¿Qué acciones se propone emprender para obligar a Turquía a que se ajuste plenamente al acervo comunitario y la legalidad europea frente a un Estado miembro de la UE?

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) La Comisión es consciente de que Turquía ha vetado las solicitudes de la República de Chipre para convertirse en miembro de varias organizaciones internacionales, como ha quedado claramente recogido en el Informe de 2005 sobre los progresos de Turquía, que hemos publicado en noviembre.

La Comisión comparte plenamente la postura descrita en el documento que define el marco para las negociaciones de adhesión, o dicho de otra manera, el mandato de negociación de la Unión por cuanto Turquía debe ajustar progresivamente sus posiciones dentro de las organizaciones internacionales con las de la UE, incluida la relativa a la condición de miembro de todos los Estados miembros en las principales organizaciones.

Esta posición está reflejada en la propuesta de la Comisión de una Asociación para la Adhesión revisada con Turquía, en la que una de las prioridades a corto plazo es que Turquía debe ajustar progresivamente las políticas respecto a terceros países y las posiciones en el seno de las organizaciones internacionales con las de la UE y sus Estados miembros, incluidas las relacionadas con la condición de miembros de todos los Estados miembros de la UE en organizaciones importantes y los acuerdos como el de Wassenaar.

La Comisión utilizará todos los instrumentos a su disposición, en concreto el marco de negociación y el acuerdo de asociación, así como la asociación para la adhesión a fin de garantizar que Turquía se adapta progresivamente con el acervo comunitario también en este aspecto. Les recuerdo que este fue uno de los temas clave que se discutió el 3 de octubre, cuando se adoptó la decisión de abrir las negociaciones de adhesión con Turquía.

También quiero señalar que la Presidencia de la UE acaba de efectuar una gestión con Turquía respecto de la solicitud de Chipre para convertirse en miembro en el Acuerdo de Wassenaar.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, me gustaría agradecer especialmente al Comisario Rehn su respuesta.

No obstante, quisiera señalar que todos conocemos el marco institucional que actualmente regula las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. La pregunta es: cómo convenceremos a Turquía para que aplique y respete el acervo comunitario y la legitimidad de Europa.

El 23 de noviembre, el Comisario dijo, en su intervención ante la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía que las celebraciones se habían acabado y había llegado el momento de cumplir. Señor Comisario, ¿a qué se refiere cuando habla de cumplir? ¿Propondrá la Comisión la activación de la cláusula de suspensión de las negociaciones, si Turquía, el año próximo o los próximos dos años, sigue sin respetar el acervo comunitario y no acata el apartado 7 del marco de negociación?

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Esta es una cuestión muy oportuna y nosotros planteamos este asunto regularmente, tanto en las reuniones formales del Consejo de Asociación como en otros encuentros bilaterales. Yo mismo la he planteado en varias ocasiones con los miembros del Gobierno turco. Debería tenerse presente que existen varias organizaciones internacionales de las que son miembros Turquía y la República de Chipre, como el Consejo de Europa y la OSCE.

Resulta claro para mí y para la Comisión que no podemos tener el mismo tipo de informe de progreso en 2006 que en 2005. Esto significa que Turquía tendrá que realizar un progreso serio y significativo tanto en las reformas relativas a los criterios políticos de Copenhague, como en lo concerniente a la normalización de sus relaciones con la República de Chipre, de conformidad con la declaración de la UE y el marco de negociación.

La cláusula de salvaguarda, o el freno de emergencia como se le llama, es una herramienta política muy seria, pero no resulta válido especular más sobre esto antes de que se hayan iniciado realmente las negociaciones concretas sobre los capítulos. No obstante, en caso de violación grave y persistente de los derechos humanos, el Estado de derecho o los criterios políticos, la Comisión no dudaría en proponer utilizar esta cláusula de salvaguarda, prevista por el marco de negociación.

No tentemos a la suerte. Trabajemos para resolver estos problemas. Espero que Turquía cumpla sus compromisos y apoye la condición de miembro de Chipre en las organizaciones internacionales.

  El Presidente. Pregunta n° 75 formulada por Bernd Posselt (H-0992/05):

Asunto: El Sandžak de Novi Pazar

¿Cómo juzga la Comisión la situación en la región del Sandžak de Novi Pazar, que, si se produce la separación entre Serbia y Montenegro, al parecer inminente, quedará dividida entre estas dos repúblicas?

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Primero, respecto de la pregunta del señor Posselt, la posición de la Comisión en cuanto al posible referéndum sobre la independencia en Montenegro es la siguiente: primero, debe respetarse la Carta Constitucional y deben cumplirse las normas internacionales. Me refiero en concreto a la Comisión de Venecia, cuyas recomendaciones deberían respetarse a la hora de realizar los preparativos para el posible referéndum sobre la independencia. Además, hemos subrayado que tanto en Serbia como en Montenegro ahora resulta esencial centrar nuestros esfuerzos en las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación y no dejar que otros asuntos interrumpan ese proceso.

La Comisión está siguiendo de cerca la situación en el Sandžak, sobre todo con vistas a la posible independencia de Montenegro, en el caso de que se celebre un referéndum conforme a las líneas que he descrito. Observamos que las comunidades bosnias que viven en la parte serbia y en la parte montenegrina del Sandžak tienen actitudes diferentes respecto de este tema. En cuanto a la parte serbia, los dirigentes bosnios locales están preocupados por las posibles implicaciones adversas de la independencia montenegrina, en concreto sobre los flujos comerciales y el movimiento de personas.

Por lo que respecta a la parte montenegrina del Sandžak, los dirigentes políticos bosnios parecen estar a favor de la independencia de Montenegro. Sin embargo, una gran proporción de la población no bosnia en la parte montenegrina del Sandžak se declara serbia y es contraria a la independencia de Montenegro. Así pues, existe riesgo de tensión entre étnias y se trata de una situación muy compleja, reflejo del mosaico étnico y político de los Balcanes Occidentales.

Para la Comisión y para la Unión Europea resulta esencial que tanto en Serbia como en Montenegro queden debidamente protegidos los derechos de las minorías, incluida la comunidad bosnia.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por su respuesta, tan acertada y detallada. Siendo un buen conocedor de la región, puedo decir que su respuesta ha sido muy precisa. Tan solo me gustaría plantear brevemente dos preguntas adicionales. ¿Prevé el Comisario un desarrollo más intenso de la infraestructura local? Pregunto esto porque la región está muy aislada. Asimismo, ¿considera que la creación de una eurorregión transfronteriza es la solución para lograr la cooperación entre la población del Sandžak en Montenegro y Serbia?

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Agradezco a su Señoría esta importante pregunta. Comenzaré por la primera, referida a la cuestión de la región del euro.

En el caso de que Montenegro haga uso de la posibilidad constitucional de retirarse de la unión de Estados, entonces las autoridades serbias y montenegrinas tendrán que garantizar la apropiada cooperación bilateral, en aras del interés mutuo de sus ciudadanos. Eso es especialmente importante para quienes viven en las regiones fronterizas como el Sandžak, donde la creación de una frontera internacional podría agravar la difícil situación económica. Hemos de contemplar diversas alternativas para el caso de que se celebre un referéndum o un proceso que conduzca a la independencia de Montenegro. Todavía no es el momento indicado para responder a esta cuestión con mayor precisión.

Con respecto a su primera pregunta relativa a la inversión y el desarrollo económico, la experiencia previa demuestra que existe una capacidad notable en el Sandžak para la ejecución de proyectos enfocados a la resolución pacífica de conflictos y la cooperación transfronteriza. La Agencia Europea para la Reconstrucción va a formar, por medio de un proyecto que será ejecutado por el PNUD, a un conjunto de mediadores y asociaciones en la región del Sandžak, tomando como base el modelo puesto en práctica satisfactoriamente en Bosnia y Herzegovina. Ese proyecto es parte del contexto global en apoyo de un marco contra la discriminación en Serbia y Montenegro y será ejecutado bajo el programa CARDS 2006 para la unión de Estados.

  El Presidente. Las preguntas 76 a 82 recibirán una respuesta por escrito⁽²⁾.

  El Presidente.

Pregunta n° 83 formulada por Milan Gaľa (H-1006/05):

Asunto: Lucha contra el mercado emergente de medicamentos antivirales en los Estados miembros de la UE

Vistos los crecientes indicios de aparición de un mercado negro de medicamentos antivirales contra la gripe en diversos Estados miembros, ¿podría indicar la Comisión qué medidas está adoptando para combatir estos actos irresponsables por parte de particulares y/o grupos organizados?

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE). – (ES) Señor Presidente, dada mi inexperiencia en este Parlamento, quería saber, solamente a título informativo, en qué se basa la respuesta por escrito que usted ha mencionado, porque una de las preguntas la ha hecho este diputado. ¿Es decisión de la Comisión, o es algo reglamentario?

  El Presidente. Paso a satisfacer su legítima curiosidad, señor Yáñez. Estamos aplicando estrictamente el Reglamento. Es decir, que cuando las preguntas a un Comisario sobrepasan el tiempo asignado, pasamos al siguiente bloque y todas las demás han de recibir una respuesta por escrito.

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Estoy supliendo al señor Verheugen en este asunto, pero sé algo acerca del mismo debido a mis responsabilidades anteriores en este campo.

El problema de un mercado negro de medicamentos está muy estrechamente relacionado con las actividades de falsificación. La falsificación de medicamentos, dentro y fuera de la Unión, constituye un tema de preocupación creciente en la UE, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud. Parte del problema global es que, últimamente, los medicamentos antivirales han corrido en teoría el riesgo de ser objeto de actividades de falsificación. La posibilidad de que la oferta de tales medicamentos se quedara corta se ha convertido en motivo de preocupación para mucha gente. La situación resulta de natural atractivo para los falsificadores.

A lo largo de los últimos años, la Comisión ha emprendido acciones para afrontar este problema a escala horizontal, por lo que se refiere a la propiedad intelectual y las acciones aduaneras. El marco jurídico ha sido modificado, de hecho en varias ocasiones, a fin de mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y las acciones aduaneras

En septiembre de este año, el Consejo de Europa publicó un estudio que proporciona una actualización sobre el alcance de las falsificaciones en el sector farmacéutico. Actualmente está evaluando la posibilidad de acciones ulteriores sobre la base de dicho informe. Al mismo tiempo, la OMS ha propuesto una convención marco para combatir la falsificación de medicamentos a escala global.

Los Estados miembros son responsables de la ejecución de cualquier actividad contra los falsificadores. Por consiguiente, los Estados miembros están evaluando actualmente los resultados de un estudio con el ánimo de identificar la magnitud del problema de la falsificación de medicamentos y el desarrollo de una estrategia contra la misma.

Si bien las acciones mencionadas anteriormente de la Comisión y los Estados miembros son de largo alcance, la Comisión controla y analiza de forma continua la situación en busca de posibles implicaciones jurídicas dentro de la Unión Europea y de oportunidades para una futura cooperación internacional.

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) El Comisario ha descrito con gran precisión las actividades ilegales que sustentan el mercado negro de antivirales y medicamentos en general. Estas actividades se manifiestan del siguiente modo: primero, la compra y la consiguiente venta de antivirales en el mercado negro a precios desorbitados; segundo, la venta de medicamentos falsos que no tienen ningún efecto sobre la gripe, el llamado «efecto placebo»; tercero, la fabricación de medicamentos genéricos para la gripe con garantías inadecuadas de eficacia contra la gripe común; y cuarto, el comercio de precursores.

Le doy las gracias por su respuesta y su interés. Creo que sus palabras contribuirán a reducir la magnitud de este mercado negro, controlándolo y, finalmente, erradicándolo.

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Tomo oportuna nota del comentario realizado por su Señoría. Es un asunto muy importante que, efectivamente, ha de ser abordado tanto a escala de la UE como a nivel mundial. Transmitiré su mensaje al Vicepresidente Verheugen, que es el responsable de esto en la Comisión.

  El Presidente. Las preguntas 84 a 126 recibirán una respuesta por escrito⁽³⁾.

  Yiannakis Matsis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, entiendo que usted está aplicando el Reglamento, y con acierto, pero el Comisario Rehn solo ha dedicado 12 minutos de los 20 que le son asignados para sus respuestas. Mi pregunta es la número 76 y usted no ha dejado que el Comisario la responda, a pesar de ser la siguiente, aunque usted solo ha permitido utilizar 12 de los 20 minutos a los que tiene derecho.

  El Presidente. Me temo, señor Matsis, que no es posible. Hemos sobrepasado ya las 8 de la tarde y el señor Comisario va a llegar tarde a un compromiso ineludible. Por tanto, doy por concluido el turno de preguntas.

(La sesión, suspendida a las 20.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDENCIA DE LA SRA. ROTH-BEHRENDT
Vicepresidenta

(1) Para las preguntas que no hubieran recibido respuesta por falta de tiempo, véase el Anexo relativo al turno de preguntas.

(2) Para las preguntas que no hubieran recibido respuesta por falta de tiempo, véase el Anexo relativo al turno de preguntas.

(3) Para las preguntas que no hubieran recibido respuesta por falta de tiempo, véase el Anexo relativo al turno de preguntas.

61. Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A6-0377/2005), elaborada por la señora Wortmann-Kool en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (9856/2005 – C6-0274/2005 – 2003/0175(COD)).

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), ponente. – (NL) Señor Comisario Barrot, señor Twigg, Señorías, la revisión de la Directiva «Euroviñeta» es de máxima prioridad en la agenda europea en materia de transporte, ya que corremos el riesgo de que la aplicación de peajes o tasas se nos escape de las manos y existe mucha confusión con respecto a las normas que deben aplicar los Estados miembros. Dada la importancia del establecimiento de normas europeas para este sector que opera a escala internacional, me complace el acuerdo al que se ha llegado con el Consejo. Ha tardado tiempo en llegar y ha venido precedido de muchos debates. También ha sido objeto de un acalorado debate en esta Cámara.

Como ponente, me gustaría agradecer especialmente a los ponentes alternativos, por la buena cooperación, gracias a la cual, y a la confianza que han depositado en mí, puedo presentar este acuerdo a la Cámara, un acuerdo que goza del apoyo de los Grupos parlamentarios.

El proceso que culminó con el acuerdo no ha estado exento de dificultades –me viene a la mente la votación particularmente caótica en la Comisión de Transporte y Turismo– y las acaloradas negociaciones que mantuvimos con el Consejo fueron apasionantes hasta el ultimo momento. En nombre del Parlamento, quisiera agradecer a la Presidencia británica, y particularmente al señor Twigg, su fructífera dedicación. De hecho, ha logrado convencer al Consejo de la necesidad de realizar concesiones importantes al Parlamento. También quiero dar las gracias al Comisario Barrot por su contribución constructiva a este acuerdo.

Gracias a este acuerdo, el Parlamento ha avanzado considerablemente en áreas fundamentales desde la primera lectura. Me complace que el Parlamento haya optado por seguir un rumbo realista. El acuerdo solo prevé la posibilidad de que los Estados miembros asuman los costes infraestructurales y no, o al menos no por el momento, los costes externos, porque carecemos de un modelo de cálculo claro y transparente.

Sin embargo, el acuerdo refuerza considerablemente los elementos ambientales de la Directiva. Por ejemplo, en 2010, los Estados miembros tendrán que variar las tasas conforme a las clases EURO. Las diferentes tarifas de peaje constituyen una herramienta ideal para fomentar el transporte limpio por carretera.

Asimismo, a partir de 2012, los Estados miembros tendrán que imponer peajes a partir de 3,5 toneladas en adelante, con excepciones, porque, por supuesto, habrá que evitar el exceso de costes administrativos y el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Parlamento considera esencial que el acuerdo contenga una hoja de ruta clara y explícita sobre la asunción de los costes externos para todos los medios de transporte, así como una evaluación del impacto. Puedo decir al Comisario Barrot que es crucial que obtengamos más información sobre este impacto antes de tomar una decisión. Después de todo, queremos que el impacto sobre el medio ambiente y sobre el cambio en los medios de transporte sea positivo. Estoy recibiendo muchas señales opuestas a este respecto.

También tenemos que ser conscientes de la importancia económica del sector del transporte, que ya está haciendo frente a los efectos de la ampliación y de los elevados precios del combustible. Me gustaría pedir al Comisario Barrot que confirme a la Cámara que la Comisión presentará un modelo y una evaluación de impacto en un plazo de dos años. Esto nos permitirá revisar esta cuestión durante la legislatura. Tal vez, también podría confirmar que la Comisión, tan pronto como el informe y el modelo estén listos, en un plazo de cinco años, presentará una propuesta para la revisión de la Directiva, porque esto también es de gran importancia.

La propuesta hace algunas declaraciones sobre el futuro. Me gustaría destacar dos de ellas.

Primero, el consumidor debe pagar, pero, por supuesto, no es la intención que pague dos veces.

En segundo lugar, el dinero pagado por el consumidor debe invertirse en infraestructuras y transporte sostenible. El Parlamento ha adoptado una posición a este respecto más firme que en la primera lectura y me complace que el Consejo esté dispuesto a aceptarlo.

Quiero dar las gracias al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, al Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica y al Grupo Unión por la Europa de las Naciones, que han suscrito este acuerdo, por su apoyo, y me gustaría decir que espero que otros Grupos sigan su ejemplo. La unanimidad es importante si queremos enviar un mensaje de fortaleza a la Comisión y al Consejo.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, señor Ministro, señora Wortmann-Kool, Señorías, si hoy estamos a punto de conseguir un acuerdo en segunda lectura con el Consejo sobre una propuesta tan delicada, es ante todo gracias al excelente trabajo, y me atrevería a decir a la perseverancia, de su ponente, la señora Wortmann-Kool. Permítame, señora, que la felicite calurosamente.

Quisiera recordar el enfoque subyacente a esta propuesta de directiva. Se trata, ante todo, de encontrar respuestas al desequilibrio y a la ineficiencia potencial a que se enfrenta hoy el sistema de transportes en Europa. Estos problemas están identificados en el Libro Blanco sobre la política común de transportes. Nuestra respuesta es decir que si los usuarios de los transportes se ven obligados progresivamente a asumir los costes generados por el transporte que utilizan, ello contribuirá a reducir la contaminación y la congestión y a liberar fondos adicionales para las inversiones en infraestructuras de transporte.

El texto que estudiamos hoy modifica la directiva actual, que data de 1999, una directiva que regula la aplicación de peajes y derechos de uso en las autopistas de Europa.

La directiva actual es, a la vez, vinculante y poco eficaz. Vinculante, porque prohíbe la aplicación de peajes en toda infraestructura vial distinta de las autopistas. Además, impone los costes de infraestructura como único elemento para el cálculo del importe de los peajes. Sin embargo, no es eficaz, porque no prevé ninguna metodología para la aplicación de estas disposiciones. La ausencia de una metodología para calcular los costes de infraestructura perjudica una competencia equitativa y favorece un trato discriminatorio de los usuarios.

Para responder a esta situación, la Comisión ha propuesto varias modificaciones. En primer lugar, una cobertura geográfica extendida a toda la red vial transeuropea. Después, un comienzo –solo un comienzo, es cierto, pero aun así un comienzo– de contabilización de los costes externos: la restricción de la práctica de los descuentos y la introducción del principio de asignación de los ingresos de peaje. Si el Parlamento pudo adoptar su dictamen rápidamente en primera lectura, el Consejo, señor Ministro, ha tenido más dificultades para decidir. Han sido necesarias cuatro reuniones del Consejo antes de llegar a un acuerdo, y por mi parte quiero felicitarles.

Los Estados de tránsito intentan, como es comprensible, trasladar más a los usuarios los costes externos del transporte por carretera. Por su parte, los Estados periféricos desean asegurarse de que el transporte desempeñe un papel integrador de las economías nacionales en el mercado único, y esta divergencia de puntos de vista entre Estados de tránsito y Estados periféricos dificulta el debate, pero también nos ha permitido llegar a este compromiso.

Desde entonces, las tres instituciones han realizado un intenso trabajo para llegar a un acuerdo en segunda lectura. Se han introducido mejoras significativas gracias a las enmiendas del Parlamento Europeo y gracias a usted, señora Wortmann-Kool.

El texto que está ahora sobre la mesa responde a las preocupaciones expresadas por la Comisión en forma de declaraciones. La primera se refiere a la etapa que ustedes están marcando en el vía de la internalización de los costes externos. Sobre la base de la nueva directiva, un recargo, que podrá aplicarse en las zonas de montaña, permitirá internalizar parcialmente los costes externos. Los ingresos de este recargo deberán servir para financiar infraestructuras de transporte alternativo. La nueva directiva permitirá, por otra parte, una variación mayor de los peajes, en función de la contaminación de los vehículos o de la congestión de la carreteras.

Por último, por lo que respecta al análisis de la internalización de los costes externos, me satisface declarar que la Comisión podrá elaborar y publicar los modelos y análisis de impacto solicitados por el Parlamento en los dos próximos años. Sobre esta base, la Comisión podrá evaluar la necesidad de una nueva acción comunitaria.

La segunda preocupación es la cobertura geográfica de la directiva. A este respecto, la nueva directiva permitirá a los Estados miembros aplicar peajes y tasas en todas las carreteras. Y sus enmiendas tienen por objeto garantizar que la aplicación de los peajes por los Estados miembros se realice conforme a unos principios claros de cálculo de los peajes, para que sean equitativos, no discriminatorios y acordes con la legislación comunitaria.

Por lo que respecta a la posibilidad de un recargo para las zonas urbanas, el compromiso que proponen es razonable. Está perfectamente claro que si los Estados miembros desean implantar sistemas de recargos urbanos a fin de reducir la contaminación y la congestión, son libres de hacerlo y, a este respecto, el ejemplo de Londres me parece muy interesante.

Por último, por lo que se refiere a los vehículos cubiertos por la futura directiva, han definido ustedes los vencimientos y las excepciones a la inclusión de los vehículos de más de 3,5 toneladas en el ámbito de aplicación de la directiva. Se trata de propuestas razonables, que permitirán una mejor aplicación de la directiva.

En conclusión, Señorías, la Comisión puede aceptar sin ninguna dificultad las enmiendas del Parlamento, que reflejan el compromiso negociado entre las tres instituciones.

  Derek Twigg, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señora Presidenta, me complace encontrarme aquí en Estrasburgo como representante del Consejo en el último período parcial de sesiones de 2005. Le agradezco la oportunidad que se me brinda de dirigir unas palabras en su debate sobre el expediente de la Euroviñeta.

Cuando el señor Darling se dirigió a la Comisión de Transporte y Turismo en junio, dijo que el Reino Unido haría cuanto estuviera en su mano para garantizar un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento durante nuestra Presidencia. Sin embargo, también avisó de que no resultaría sencillo, ya que el Consejo contaba con escaso margen de maniobra. Sé que lo mismo es válido para el Parlamento. Por tanto, me complace enormemente que el Parlamento y el Consejo hayan sido capaces de trabajar juntos para concluir este expediente, que considero de naturaleza altamente política, de manera satisfactoria.

Felicito concretamente a la señora Wortmann-Kool, su ponente, por su esforzada labor y la dedicación para hallar un acuerdo aceptable tanto para el Parlamento como para el Consejo.

Las enmiendas a la Directiva existente sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados marcarán una diferencia real. En concreto, van a permitir a los Estados miembros hacer lo siguiente: aplicar tasas a todas las carreteras y no solo a las autopistas; gravar a los vehículos por encima de 3,5 toneladas y no únicamente a los de más de 12; disponer de mayor margen para variar los peajes a fin de obligar a las empresas de transporte a que reduzcan la congestión y la contaminación; aplicar un recargo en regiones montañosas para combatir la congestión y la contaminación y recaudar nuevos fondos para grandes proyectos de la red transeuropea. La Directiva prevé que la Comisión desarrolle un modelo para la evaluación de los costes externos en un plazo no mayor a dos años.

Este modelo, junto con una evaluación de impacto, permitirá, si procede, a la Comisión presentar una propuesta para modificar ulteriormente la Directiva de la Euroviñeta. Estoy convencido de que no necesito decir que se trata de logros importantes en una nueva Directiva que vendrá a equilibrar los intereses de los Estados periféricos y los países de tránsito, las empresas de transporte, los ecologistas y, lo más importante, va a beneficiar a los ciudadanos de Europa.

Quiero felicitar otra vez a todas las partes interesadas por conseguir encontrar un compromiso que satisface tanto al Consejo como al Parlamento.

(Aplausos)

  Reinhard Rack, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, tengo el borrador de la lista de votación para el informe Wortmann-Kool sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados. El proyecto es extremadamente sencillo y espero que así siga. Podemos decir «sí» al compromiso negociado por la ponente durante el diálogo informal a tres bandas. De este forma, podremos concluir uno de los expedientes sobre el transporte en Europa más complejos de este año, en segunda lectura, al tiempo que lograremos el equilibrio entre las obligaciones de Europa como lugar de negocios –con la libre circulación de mercancías en el mercado interior de 25 y más– y una Directiva sobre costes de infraestructuras que tiene más en cuenta que antes las preocupaciones ambientales y la salud de los ciudadanos que viven cerca de las rutas de transporte europeas. Si decimos «no», veremos una situación distinta; el riesgo de que el proyecto legislativo fracase sería considerable y volveríamos al nivel nacional.

Mi Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y, espero, la mayor parte de los Grupos de esta Cámara, apoyaremos las propuestas de la ponente, porque son buenas y como reconocimiento a su labor. Con este expediente ha demostrado que incluso las tareas más pesadas pueden llevarse a cabo con éxito. Quisiera felicitar a la señora Wortmann-Kool.

También quiero agradecer al Vicepresidente de la Comisión, el señor Barrot. Él y sus colaboradores han aportado sus conocimientos y una gran dedicación para fomentar y facilitar este compromiso. Merci, Jacques! Vous êtes vraiment un homme des montagnes!

También quisiera dar las gracias a la Presidencia británica. En los últimos seis meses no ha recibido muchas alabanzas, pero en este aspecto se las merece.

Para terminar, me gustaría decir algunas palabras como austriaco. Hace quince años, nos planteamos el objetivo de transformar la política europea en materia de transporte para incluir las preocupaciones ambientales y de salud. En aquel entonces recibimos sonrisas de lástima. Ahora, ha llegado el día.

  Ulrich Stockmann, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la política ha sido definida como el arte de lo posible. Si esta definición es cierta, el Parlamento ha hecho pleno uso de sus posibilidades ante los ampliamente divergentes intereses de nuestros países, y también de nuestros socios. Queremos dar especialmente las gracias a la ponente por sus excelentes aptitudes negociadoras.

¿Por qué esta legislación es tan fundamentalmente importante para nosotros los Socialdemócratas? Propugna a un cambio paneuropeo hacia un sistema de costes de infraestructura en el sector del transporte y, por ende, a una financiación de los mismos más justa para el usuario al utilizar para el cálculo una base uniforme. La diversidad de tasas de peaje y la arbitrariedad serán cosa del pasado en Europa. Al mismo tiempo, la legislación significa la aceptación del principio según el cual el que contamina paga, con lo que deseamos avanzar, con la introducción de un sistema de imputación de costes externos, antes de que finalice esta legislatura, tal como el Comisario y el Consejo nos han dicho. Nos estamos embarcando en un sistema de gestión del tráfico a través de tasas variables y el hecho de que estas tengan que ser variables a partir de 2010 es importante para nosotros en lo que respecta a la política de transporte. Esto supone una ventaja cualitativa.

Se puede recurrir a los suplementos de peaje en regiones sensibles para la financiación cruzada de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. También es posible introducir estos suplementos en las conurbaciones y extender las tasas a las carreteras paralelas y al tráfico desviado, que actualmente es un problema en Alemania, en particular.

A partir de 2012, el gravamen de los camiones que pesen más de 3,7 toneladas o más será la norma. La carga de la prueba para las excepciones la asumen los Estados miembros y estas han sido definidas con bastante precisión. Estoy convencido de que se impondrá el buen sentido en la política de transporte y que se descartarán las excepciones, ya que el cambio en el volumen del transporte de mercancías en beneficio de los camiones de menos de 12 toneladas en Alemania se ha traducido en un aumento artificial del volumen de tráfico nacional.

Creo que podemos apoyar este compromiso, que hemos logrado conjuntamente, en su totalidad, y estoy ansioso por ver los siguientes pasos que daremos y los debates que celebraremos conjuntamente en el Parlamento sobre la internalización de los costes externos.

  Paolo Costa, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, Señorías, estoy aquí ante todo para manifestar mi apoyo al compromiso alcanzado y recomendar a los diputados que lo apoyen con su voto.

Por supuesto, se habría podido –o quizás debido– hacer más. La asignación de tarifas a las infraestructuras solo producirá todos sus efectos positivos cuando permita combinar plenamente los dos principios: el principio de «quien contamina paga» –y en las carreteras se producen efectos negativos en términos ambientales, de seguridad y de congestión– con el principio más amplio de «quien usa paga». Solo la combinación de estos dos principios permitirá la convergencia de ambas funciones: la distributiva, que en nuestro caso significa influir sobre el reparto modal, y la de recuperación de los costes de tarificación inherentes.

En el compromiso alcanzado hoy se aplica solo el principio de que «quien usa paga». En el capítulo de «quien contamina paga» debemos contentarnos con el hecho de que el paso de la financiación de las infraestructuras por parte de la fiscalidad general a la financiación de las mismas mediante, al menos en parte, la aplicación de tarifas, constituye una condición necesaria para internalizar los costes externos, que se nos ha prometido tras la enésima profundización confiada a la Comisión y que, como se nos ha repetido, se llevará a cabo en los dos próximos años.

Con todo, en la disposición se vislumbra el principio de «quien contamina paga». De forma evidente, al autorizar variaciones del importe del peaje en función de las categorías de emisión de los vehículos y de la hora o el día de uso de las infraestructuras, o bien, de forma menos directa, al reconocer la posibilidad de un incremento de los peajes en las travesías de zonas sensibles, como las zonas de montaña. Esta última es, de paso, una norma que sin duda ayudará también a superar situaciones difíciles, como la que afecta en este momento al tramo entre Turín y Lyon en el Valle de Susa.

Paradójicamente, sin embargo, en esta disposición la mayor atención prestada a los problemas relativos al medio ambiente, a la congestión y a la seguridad obedece a una renuncia en materia de competencia: no se han querido asimilar las zonas urbanas y las zonas sensibles de montaña, pero en cambio se reconoce la plena compatibilidad de la Euroviñeta, con peajes urbanos a la Ken Livingstone destinados directamente a regular la congestión y combatir la contaminación. Es un primer paso; demos las gracias por ello.

  Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, la decisión de fijar un límite para las tasas que adoptaremos el jueves es también una decisión sobre una oportunidad perdida: esto debe quedar claro. Los peajes son una cuestión candente. Los debates en la Comisión de Transportes y Turismo también han sido acalorados y las votaciones ajustadas.

Había una cuestión principal: los costes del transporte; este fue el aspecto que más pasiones levantó. En particular, se encontró con la fuerte resistencia de los ministros de transporte. Es esencial imputar estos costes externos si nos queremos tomar en serio la protección de la salud y del medio ambiente; estos costes hay que imputarlos a los que contaminan en última instancia. Actualmente, los contribuyentes europeos están pagando estos costes y, asimismo, por esta misma razón, el ferrocarril es incapaz de convertirse en un medio competitivo, o le resulta muy complicado. Durante nuestras negociaciones con el Consejo logramos algunos avances, pero pocos. Sin embargo, me gustaría dar las gracias a la ponente y a mis colegas por este progreso. Podremos apoyar una buena parte de lo negociado, pero no las lagunas, entre las que quisiera destacar las siguientes: la exención de Alemania de la obligación de gravar con tasas a los vehículos de hasta 12 toneladas. Esto durará mucho. Y por otro lado, el bono para múltiples conductores de Italia, que también llevará su tiempo. Todo esto solo porque los ministros de transportes no escucharon al ciudadano de a pie, sino tan solo a los grupos de presión de la industria del transporte pesado por carretera.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señora Presidenta, el transporte de mercancías por carretera ha ido abaratando sus precios para los usuarios, pero la sociedad en su conjunto cada vez paga un precio más alto por el mismo. Pagamos en forma de contaminación atmosférica, contaminación acústica y el espacio excesivo que necesita. Por este motivo es tan necesario la transición del transporte por carretera al transporte por ferrocarril o marítimo, al igual que lo es la reducción de los transportes innecesarios. Uno de los medios de lograrlo es hacer que el transporte por carretera pague por la contaminación atmosférica y, así, que resulte más caro que el transporte por ferrocarril. Suiza es un buen ejemplo a este respecto.

La propuesta de compromiso para la aplicación de gravámenes es mejor que la Directiva que tenemos en estos momentos, pero se han colado demasiadas lagunas y excepciones. Existe la posibilidad de que los Estados miembros esperen a que la Comisión presente su prometido modelo de cálculo, que necesitará el visto bueno del Consejo y el Parlamento en un plazo de dos años. Como resultado, los Gobiernos que estén interesados intentarán posponer la imputación de los costes ambientales ad infinitum.

Los camiones que más contaminan están exentos hasta 2010. Los más pequeños de menos de 12 toneladas no se incluirán en el ámbito de aplicación de la Directiva hasta 2010 y los Estados miembros pueden sencillamente exonerar a estos vehículos más ligeros. Tampoco existen garantías de que los beneficios de los peajes se invertirán en medios de transporte sostenibles, como el transporte de mercancías por ferrocarril. Los Estados miembros, si así lo desean, pueden invertir todo el dinero en carreteras. Mi Grupo desearía apoyar las enmiendas destinadas a obtener mejores resultados y más rápidos, algo que este compromiso no tiene presente. Lo principal es que, al menos, se ha dado el primer paso para la aplicación de gravámenes al tráfico pesado por carretera, algo que necesitamos desesperadamente.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, el expediente de la Euroviñeta contiene algunos aspectos peliagudos, como el límite mínimo de 3,5 toneladas, los impuestos adicionales, los costes externos y el gasto de los ingresos.

En mi opinión, la referencia a los costes externos es el activo fundamental de este expediente, sin el que sería imposible calcular los costes integrales para todos los medios de transporte en un intento por lograr el deseable objetivo de contar con unas normas de juego. Me complace ver que el sentido de la realidad del Consejo ha prevalecido por encima de consideraciones estrictamente económicas.

El acuerdo sobre los costes externos es, al mismo tiempo, la mayor de las pérdidas. Después de todo, el Consejo no ha dado una confirmación definitiva de si los costes externos se tendrán en cuenta en el futuro a la hora de fijar los precios. Por este motivo, me gustaría instar a la Comisión a que haga lo necesario y acelere el estudio sobre los costes externos, para que podamos continuar con este debate sobre la base de información más concreta y podamos concluir de forma satisfactoria este expediente en un futuro previsible.

Por último, me gustaría felicitar a la ponente por el resultado logrado y por la forma en que ha llevado todo esto a cabo.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, por desgracia no puedo apoyar el informe de la señora Wortmann-Kool. A pesar de sus valientes esfuerzos, sus labor consiste en una serie de supuestos que decididamente no apoyan la introducción de la Euroviñeta. Esta última es un preocupante nuevo impuesto que la Unión quiere imponer, esta vez al transporte por carretera, en la absurda convicción de que sirve para reequilibrar la relación de competencia con el vector ferroviario, con los beneficios ambientales que todos deseamos.

Aprovecho también la ocasión para denunciar lo que está sucediendo en Italia, en el Valle de Susa, donde quien debería apoyar con energía el vector ferroviario, como hizo con motivo de la decisión sobre los corredores, hoy intenta en cambio obstaculizar su realización, incluso con métodos un tanto discutibles.

En esencia, identifico en la Euroviñeta el primer y evidente impuesto directo que la Unión Europea quiere establecer y que podría abrir la puerta a otros odiosos tributos. Votaré, por tanto, en contra de la propuesta.

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, de nuevo me veo obligado a pedir la palabra en la Cámara para hablar sobre un informe que va a incrementar los costes tanto para los consumidores como para las empresas. Los problemas que se me plantean con la Euroviñeta son de índole técnica y relativos a cuestiones de principio.

En asuntos de imposición de esta naturaleza, la Unión Europea carece de competencia. Estos asuntos son de incumbencia de los Estados miembros, y antes de que se me corrija, permítame decir que la Euroviñeta es un impuesto, no un peaje, ya que la Comisión propone hipotecar los ingresos de lo que solo puede denominarse un impuesto a hurtadillas. Esto va mucho más allá de su cometido.

Estoy seguro de que el Presidente en ejercicio del Consejo confirmará que, solo en el Reino Unido, se recaudan más de 40 000 millones de libras esterlinas en concepto de impuestos derivados de las carreteras, pero únicamente se reinvierten 8 000 millones de libras esterlinas en infraestructuras de transportes, lo que dista de ser un punto fiscal neutro. Conociendo bien a los Gobiernos nacionales, el resultado final de esta propuesta se traducirá en una doble imposición. Esta es solo la cresta de la ola. La Euroviñeta es la precursora de la imposición de gravámenes a todos los vehículos.

Yo me opongo rotundamente a tales medidas. Ya tenemos unos niveles monstruosos de impuestos en el sector de la carretera, y esto no es nada distinto. Por no mencionar el enfoque de «gran hermano» que se está adoptando en cuanto a la forma de su ejecución, llegado el momento.

En asuntos técnicos, la internalización de los costes externos no ofrece pruebas científicas constatables para apoyar las reclamaciones que se planteen. Intentar integrar de forma arbitraria en la legislación temas tales como el daño ambiental, que no se puede calcular de forma fiable, resulta simplemente absurdo. La Unión Europea es coherente en sus pretensiones de promover la competencia y la competitividad, pero su fracaso a la hora de conseguirlo es igualmente coherente.

El señor Barroso se esfuerza en decirnos que quiere eliminar muchos reglamentos existentes y propuestos. Aquí cuenta él, y usted, señor Barrot, con una de las mejores ocasiones para hacerlo, suprimiendo esta propuesta en su totalidad.

  Willi Piecyk (PSE). – (DE) Señora Presidenta, por supuesto que no seguiremos la sugerencia del señor Bradbourn. Me complace que usted, un experimentado político en materia ambiental, esté presente para ver cómo hacemos progresos con esta política de transporte sostenible en Europa mediante la aprobación de la Directiva sobre costes de infraestructura. Por supuesto, no hemos llegado al final del camino; estamos muy lejos de conseguir nuestro objetivo. El hecho de haber avanzado tanto, sin embargo, se lo debemos en parte a mi colega, la señora Wortmann-Kool. Por tanto, mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento.

Me gustaría abordar dos puntos importantes. Estamos hablando del transporte de mercancías y no podemos limitarnos a los vehículos que pesan 40, 12 o 7,5 toneladas o más, sino que también queremos que los vehículos que pesan 3,5 toneladas o más estén sujetos a gravámenes. También depende de si los Estados miembros cumplen sus responsabilidades.

Asimismo, sabemos que los costes del transporte de mercancías exceden con creces los de la mera construcción y reparación de carreteras. Hay que calcular los costes externos para los usuarios y debemos dejar de maquillarlos. Es bastante posible calcular estos costes externos en relación con el medio ambiente, el ruido, la congestión y la salud, incluso aunque mi colega, el señor Bradbourn, tenga otro parecer. Según un estudio, los costes externos del transporte por carretera ascienden a 88 euros por cada mil toneladas-kilómetros, mientras que las cifras para el transporte por ferrocarril y por vías navegables son de 19 y 17 euros, respectivamente. Según unos cálculos muy conservadores, los costes externos representan como mínimo el 60 % de los costes de infraestructura.

El compromiso prevé que nos volvamos a reunir dentro de dos años. Por lo tanto, el compromiso supone una gran responsabilidad y obligación para el Comisario. Es decir, estamos esperando a ver no solo el modelo, sino también propuestas legislativas dentro de dos años y ya puedo anticiparle desde dónde le lloverán las críticas. Oiremos argumentos que afirmen que esto no es serio, que es insostenible desde el punto de vista científico y, si es necesario, que pone en peligro puestos de trabajo. Por ese motivo le pido, señor Comisario, que presente unas propuestas valientes. La amplia mayoría del Parlamento le respaldará.

(Aplausos)

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, para no repetir lo dicho por otros colegas, quiero resaltar un par de aspectos colaterales.

En primer lugar, esta directiva obedece a los profundos desequilibrios existentes en el sistema de transporte, donde las carreteras ganan cuota de forma progresiva y están en peligro de colapso. Entre tanto, hay algún otro medio que, incluso, pierde cuota y volumen, como es el caso del ferrocarril de mercancías. Considero que el ferrocarril es un medio de transporte más sostenible y menos contaminante que los camiones, y que necesita que lo discriminemos positivamente hasta que pueda valerse por sí mismo. El ferrocarril de mercancías todavía está supeditado al de pasajeros y, por ello, su velocidad media es poco competitiva. Es necesario construir más tramos de vías exclusivas para mercancías y, si apostamos por ello, conseguiremos claros beneficios económicos y medioambientales a medio plazo.

El segundo de los aspectos se refiere a la necesidad de adelantar la interoperabilidad de los sistemas de peaje europeos. Hay tramos de nuestra red donde, en poco más de veinticinco kilómetros, hay cinco peajes de autopista, lo cual añade una congestión evitable. Todavía estamos esperando la propuesta de normativa al respecto por parte de la Comisión. Esperemos que no tarde cinco años.

  Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, como diputado alemán al Parlamento Europeo, condeno rotundamente el veto de Alemania a la internalización de los costes externos con la «Euroviñeta» y a su extensión a todos los vehículos pesados de 3,5 toneladas o más. Esa decisión perjudica al ferrocarril, que no puede soportar la competencia desleal entre vías férreas y carreteras, y cuya cuota de mercado, según el estudio McKinsey, se reducirá del 14 % actual al 9 % si no se acaba con los privilegios que disfrutan las carreteras.

El Gobierno alemán de coalición derecha-izquierda ha introducido grandes lagunas al permitir que cada Estado miembro imponga el peaje solo a vehículos que pesen 12 o más toneladas, que constituyen solo el 10% de los vehículos pesados. Como resultado, el ferrocarril se verá claramente perjudicado, porque en Alemania se aplica un peaje ferroviario a todos los trenes y en todas las vías en forma de tasas por recorrido ferroviario. En las carreteras, el peaje se aplica únicamente a los vehículos que pesen 12 o más toneladas y solo en las autopistas. En lugar de poner fin a la competencia desleal, se está reforzando. Ni Alemania ni Europa conseguirán así los objetivos de Kyoto. El veto alemán hace imposible el cambio de las carreteras a las vías férreas. Esta directiva significa que el ferrocarril europeo no tiene ningún futuro.

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE).  – (PL) Señora Presidenta, al elaborar un informe sobre esta directiva tan extremadamente compleja, la ponente nos ha guiado muy hábilmente a través de un campo legislativo que a veces más parece un campo de minas.

Pero me queda una pregunta por hacer. ¿Nos ha llevado la ponente al objetivo que nos habíamos fijado a nosotros mismos? Ni que decir tiene que ese objetivo es mejorar las infraestructuras de transporte, y con ello no me refiero solo a mejoras en la infraestructura de carreteras. Otros objetivos relacionados son aliviar la congestión del tráfico, reducir el número de accidentes y limitar las emisiones de sustancias nocivas.

Solo podríamos responder afirmativamente a esa pregunta si existiera una garantía –repito, una garantía – de que todos los ingresos obtenidos con la Euroviñeta se destinaran a objetivos relacionados con el transporte. Pero no se ha dado ese tipo de garantía. Los diputados que han comentado, tanto hoy como en otras ocasiones, que esas tasas podrían ser utilizadas perfectamente por los Estados miembros como un impuesto furtivo, tienen toda la razón.

Ni que decir tiene, por supuesto, que la ponente no podía hacer nada para resolver esta cuestión, puesto que el principio de subsidiariedad es claramente aplicable en este caso. Pero por otra parte, si fracasamos en este terreno y si los Estados miembros salen del apuro decidiendo utilizar los ingresos de la Euroviñeta para llenar agujeros en sus presupuestos, todo el propósito de esta nueva directiva se verá amenazado. Pido, por tanto, a la Comisión Europea que vigile lo más de cerca posible la forma como se gastan los ingresos generados por la Euroviñeta. Sería también una buena idea que el Parlamento fuera informado de cualquier irregularidad que se produjera en este sentido.

Llegados a este punto, quiero recordar al Comisario Barrot que esta directiva es también idea suya. Debe ocuparse de ella con especial devoción y dedicarle cuidados y atención.

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a la señora Wortmann-Kool por el trabajo tenaz y notable que ha realizado. Mañana votaré a favor de este texto, aunque con cierta reticencia.

En efecto, ocurre lo mismo con la financiación de nuestras ambiciones, que figuran en el Libro Blanco de 2001 y se proponen estabilizar las cuotas modales de los transportes, incluso financiar modos de transporte alternativos. Esas considerables ambiciones se han presentado a través de los 30 proyectos prioritarios. Ahora bien, hoy sabemos que el presupuesto de las redes transeuropeas no estará a la altura de lo que pide la Comisión para financiar los grandes proyectos.

Podíamos esperar que la directiva «Euroviñeta» fuera mucho más ambiciosa. Por desgracia, es también una herramienta subsidiaria. Los Estados miembros que no quieran aplicarla no estarán obligados a hacerlo.

Se trata, por otra parte, de una herramienta principalmente destinada a utilizar el transporte por carretera para financiar el transporte por carretera. Solo ocasionalmente financiaría transportes distintos del transporte por carretera. Mucho me temo que, para llegar a un compromiso –y quizás habríamos debido pasar por la conciliación– , el Parlamento Europeo renuncie mañana a algunas ambiciones, es decir, que no sea suficientemente firme por lo que respecta a los costes externos y, en particular, a la cláusula de suspensión que el señor El Khadraoui ha presentado en el marco de una enmienda. En consecuencia, si la Comisión y los Estados miembros no proponen una directiva dentro del plazo requerido, se aplicará la cláusula automática.

  Markus Ferber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, antes de nada quiero expresar mi profundo agradecimiento a la ponente, que heredó el informe tal como estaba y lo ha mejorado considerablemente en este mandato parlamentario.

Me parece bien que por fin tengamos unas reglas uniformes. Después de todo, el siglo XXI no debe pasar a la historia por la presencia de capitalistas sin escrúpulos que sigan enriqueciéndose por la explotación en Europa. Pero también es importante que el dinero generado por las infraestructuras vuelva a ellas y no se utilice simplemente para llenar agujeros presupuestarios.

Permítanme que diga algunas cosas sobre los costes externos. Tenemos también que preguntar qué costes están ya internalizados hoy y qué costes no lo están. ¿Puede que haya algún beneficio externo frente al que deban sopesarse esos costes? Los costes de la congestión se han internalizado: los pagan los operadores de transporte, porque sus vehículos pesados no pueden moverse y, por tanto, no pueden generar producto interior bruto. Los costes sociales se han internalizado mediante las primas de seguros: eso quiero dejarlo muy claro. Además, en lo que respecta a los costes ambientales, no debemos olvidar que todos los vehículos pesados y ligeros pagan el impuesto sobre vehículos de motor y los impuestos especiales sobre el combustible.

Por tanto, es inaceptable que el sector del transporte tenga que pagarlo todo, tenga que aportar los fondos, para que luego el dinero se destine a los presupuestos generales. Me sorprende lo que ha dicho el señor Cramer. Le recomiendo que observe la tendencia en el volumen del transporte de mercancías de Deutsche Bahn AG entre septiembre de 1998 y octubre de 2005. En los siete años durante los cuales su partido compartió el poder en el Gobierno alemán, el volumen del transporte de mercancías por ferrocarril se redujo a la mitad. Su partido impuso también el impuesto ambiental a los ferrocarriles. Le recomiendo, por tanto, que no suelte ningún discurso aquí sobre cosas que, en el fondo, son en parte responsabilidad suya. Es inaceptable.

  Saïd el Khadraoui (PSE). – (NL) Señora Presidenta, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a la ponente, la señora Wortmann-Kool, por el trabajo que ha realizado y, sobre todo, por el resultado que hoy tenemos sobre la mesa. Un resultado que, si toda va bien, será el fin, por ahora, de un largo y laborioso proceso de negociación. Es provisional porque queda mucho trabajo por hacer en materia de costes externos, uno de los principales cuellos de botella. La Comisión tendrá que idear en los próximos dos años un método de cálculo para los costes externos, sobre cuya base tendrá que emprenderse una nueva iniciativa.

Algunos dirán que la enmienda 37 de compromiso no llega suficientemente lejos. Ni que decir tiene que estoy muy de acuerdo con ese punto de vista y que yo mismo he presentado, en la Comisión de Transporte y Turismo, una enmienda oral que va mucho más allá con vistas a mantener la presión y conseguir un progreso más rápido en materia de costes externos, la conocida regla del 60%.

Ha sido eliminada del compromiso, lo que significa que las cosas llevarán un poco más de tiempo. Puede que sea una concesión, pero se ve compensada por el hecho de que el Consejo, en su posición común, no había hecho ninguna referencia a los costes externos y tuvo que dar un giro total, sin que pueda haber ya marcha atrás. Se aceptará y aplicará el principio de los costes externos en el cobro de peajes.

Es, sin duda, un progreso importante en el camino hacia una competencia más leal entre los modos de transporte, aplicando el principio básico de quien contamina, paga. Sumado al hecho de que los ingresos generados por el cobro de peajes se destinarán a inversiones en todo el sistema de transporte y, por tanto, no solo en las carreteras, significa que se están creando oportunidades para modos alternativos de transporte, como el transporte por ferrocarril o el transporte por vías navegables interiores, lo cual es un avance enorme.

  Ewa Hedkvist Petersen (PSE). – (SV) Señora Presidenta, es importante no solo por razones ambientales, sino también por razones de competencia, que exista un sistema fiscal no discriminatorio basado en los kilómetros recorridos en las carreteras europeas. Al mismo tiempo, es importante que la nueva Euroviñeta tenga en cuenta las diferentes condiciones que existen en Europa, por ejemplo, en los Estados miembros periféricos.

Es bueno, por tanto, que este compromiso, primero, tenga en cuenta las diferentes situaciones geográficas, segundo, permita fijar el precio de las infraestructuras de una manera que refleje con exactitud el coste para las economías nacionales y, tercero, permita aplicar diferentes gravámenes a diferentes euroclases. Es importante en países donde las largas distancias y el tráfico ligero impiden que se llegue a una situación en la que se cubran todos los costes. Creo, por tanto, que el compromiso es aceptable, puesto que tiene en cuenta a los países de la periferia de Europa. Gracias, señora Presidenta, y gracias a todos por su constructivo trabajo durante un largo período de tiempo.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señora Presidenta, en primer lugar quiero expresar mi profundo respeto a la ponente por el trabajo que ha realizado sobre una cuestión realmente difícil. La situación actual de los debates sobre la directiva de los costes de las infraestructuras es más o menos satisfactoria. Los mejores resultados se deben principalmente a la presión ejercida por el Parlamento y por la Comisión de Transporte y Turismo, y dentro de nuestra institución, al enfoque renovado y comprometido de la ponente y también, sobre todo, a mis colegas diputados que ocupan la izquierda y el centro de esta Cámara.

En cualquier caso, la «Directiva Euroviñeta» supone una decisión de futuro que a nosotros nos parece un avance hacia una política de transporte más amistosa con los ciudadanos y con el medio ambiente, como en el fondo debe de ser. En este sentido, es fundamental que la Directiva sea aplicable –aparte de las peculiares derogaciones alemanas para los vehículos pesados de 3,5 o más toneladas que ha mencionado la señora Lichtenberger– y que se permita el cobro de peajes no solo en las carreteras que forman parte de la red de transporte transeuropea, sino también en rutas alternativas y paralelas.

Pero, sobre todo, la inclusión de los costes externos ha sido mucho más importante y, de hecho, tendría que haber progresado más deprisa. Ese habría sido un avance importante, un avance que lamentablemente no se ha dado.

  Bogusław Liberadzki (PSE).  – (PL) Señora Presidenta, quiero felicitar a la ponente, la señora Wortmann-Kool, por su excelente trabajo.

Esta directiva tiene una importancia fundamental para el transporte por carretera. Primero, porque estamos dando un paso casi histórico que pondrá fin a la era de las carreteras gratuitas en Europa. Segundo, estamos introduciendo tasas proporcionales al uso que se haga de las carreteras. Tercero, la directiva acarreará costes adicionales para los transportistas de mercancías por carretera. Pero al mismo tiempo, la directiva es crucial como fuente de financiación para la construcción de carreteras. Eso tiene una enorme importancia para los nuevos Estados miembros, entre ellos mi propio país, Polonia.

La directiva es absolutamente esencial para el desarrollo sostenible de infraestructuras de transporte ramificadas. No obstante, quiero recordar al Comisario Barrot que tenemos que realizar una evaluación sistemática del impacto para esta directiva. Dicha evaluación debe abarcar tanto el impacto de la directiva en los transportistas y en el mercado del transporte de mercancías por carretera, como su contribución en el logro de nuestro objetivo de aumentar la cuota de mercado del ferrocarril.

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Señora Presidenta, felicito sinceramente a la señora Wortmann-Kool, por su tenacidad y flexibilidad, que son las mayores virtudes para lograr acuerdos justos y ponderados como el que nos presenta. Felicito también al Consejo y a la Presidencia británica, por su dinamismo y por las gestiones realizadas para lograr llevar a buen término el acuerdo. Desearíamos que en otros ámbitos también se produjera el mismo tipo de resultados.

También es de justicia felicitar a la Comisión y, si el Comisario, señor Barrot, me lo permite, querría congratular especialmente al Director General, señor Lamoureux, que nos dejará muy huérfanos y al que deseamos hacer justicia por todo lo que ha hecho. La verdad es que los impresionantes avances y logros europeos en materia de transporte ya llevan su sello. Se lo agradecemos de manera especial.

En cuanto a la euroviñeta, saludamos la señal política que supone romper el tabú de los costes externos. Es un paso pequeño, es verdad, pero esencial para el futuro. Aguardamos con impaciencia el estudio de la Comisión y esperamos que sea creíble y aceptable para todos, también para los países periféricos, cuyas especiales circunstancias y distancias esperamos sean tenidas en cuenta.

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, señor Ministro, Señorías, agradezco a todo el Parlamento este interesante debate, que ha confirmado el amplio apoyo de que goza hoy el compromiso negociado entre las tres instituciones. Les felicito a todos, y en especial a la ponente, por este resultado, que supone un progreso indiscutible, aunque sé que algunos de ustedes habrían deseado más.

Este acuerdo representa una etapa importante y, gracias al Parlamento, se han definido las próximas etapas con vistas a la internalización formal de los costes externos. La Comisión tendrá que modelar el mejor enfoque posible sobre esta cuestión y después emprender una evaluación para analizar su repercusión. Procederá a ello en los próximos dos años. Sobre la base de este análisis, la Comisión preparará, si procede, propuestas adecuadas que permitan soportar internamente los costes externos.

Este acuerdo se inscribe en nuestra estrategia de desarrollo sostenible, al mismo tiempo que fomenta la competitividad de nuestras economías y garantiza el principio de equidad: si el usuario es el pagador, no debe pagar dos veces. Además, los importes obtenidos deberán reutilizarse al máximo posible en el transporte sostenible. Uno de los oradores ha hablado de una transacción, pero se trata de una transacción asimilable a un compromiso. En efecto, retomo esta expresión. Este compromiso equivale, para el Comisario que soy, a un compromiso para el futuro, para comprometerse a favor de una movilidad compatible con las exigencias del desarrollo sostenible.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

62. Derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0317/2005) del señor Evans, en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo (COM(2005)0047 – C6-0045/2005 – 2005/0007(COD)).

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, una vez aprobado, este reglamento mejorará notablemente la situación de nuestros conciudadanos con discapacidad y movilidad reducida. En efecto, se trata de garantizar la protección de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, así como el principio capital de la política comunitaria de la no discriminación de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Doy las gracias al Parlamento Europeo, doy las gracias especialmente a su ponente, el señor Evans, que ha trabajado en cooperación con el Consejo y la Comisión para facilitar una aprobación rápida de esta propuesta. Esta iniciativa no es la única encaminada a aportar una mayor protección a las personas con movilidad reducida en el sector del transporte, ya que la Comisión se ha comprometido a examinar la necesidad de mejorar y garantizar esos mismos derechos en otros modos de transporte. Las personas con movilidad reducida deben tener la garantía de una asistencia adecuada, cualquiera que sea el lugar al que viajen y cualquiera que sea el modo de transporte utilizado.

La Comisión ha presentado ya una propuesta para los pasajeros ferroviarios y tiene pensado formular propuestas para las personas con movilidad reducida que utilicen el transporte marítimo y el transporte internacional por autocar. Creo, señor Twigg, Señorías, que en este año 2005 se ha registrado realmente un avance a favor de todas las personas con movilidad reducida, ayudándoles así a sentirse realmente una parte de la Unión Europea.

La propuesta que se les presenta responde a este objetivo de no discriminación. Tiene por objeto establecer las modalidades para prohibir la negativa injustificada a transportar personas con movilidad reducida negándoles la asistencia necesaria y adecuada. Con esta propuesta, presentada el 16 de febrero, la Comisión persigue cuatro objetivos: no discriminación para las personas con discapacidad y de movilidad reducida; no se les podrá exigir ningún pago directo por la asistencia que reciban; dicha asistencia deberá ajustarse a una serie de normas mínimas y ser integral; la responsabilidad de dicha asistencia deberá confiarse a los organismos más aptos para dispensarla: aeropuertos y compañías aéreas.

A fin de alcanzar estos objetivos, la responsabilidad de la asistencia en tierra, en las inmediaciones y dentro de los aeropuertos sigue correspondiendo a las entidades gestoras de los aeropuertos; por su parte, los transportistas aéreos deberían estar obligados a ofrecer asistencia a bordo de los aviones.

Señorías, la asistencia a las personas de movilidad reducida no debe diluirse. Debe estar organizada por una única entidad responsable, para garantizar una aplicación completa, coherente y eficaz. Por lo que respecta a la aplicación concreta, la propuesta incluye toda la flexibilidad necesaria para llegar a soluciones adecuadas para los aeropuertos y las compañías aéreas.

Como saben, el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía acordó una orientación general sobre esta propuesta el pasado mes de octubre. Gracias a la constructiva contribución del Parlamento, podemos esperar una adopción rápida de este importante texto, que ofrecerá posibilidades reales de asistencia a las personas con discapacidad o de movilidad reducida en toda Europa. Esto demuestra la importancia de este texto en el ámbito de la sociedad y la solidaridad.

Les doy las gracias por adelantado, señora Presidenta, Señorías, por hacer posible que podamos ofrecer –si me permiten decirlo, en esta época festiva– este avance para todas las personas con discapacidad, de edad avanzada o con movilidad reducida, que podrán disfrutar así de todos nuestros medios de transporte, del mismo modo que las personas plenamente capacitadas.

  Derek Twigg, Presidente en ejercicio del Consejo. (EN) Señora Presidenta, felicito al Parlamento Europeo por concluir de forma rápida y satisfactoria esta importante propuesta de la Comisión. Este Reglamento, sobre los derechos de las personas con discapacidad y aquellas con movilidad reducida durante los viajes en avión, supondrá una auténtica mejora para las vidas de estos miembros de nuestra Comunidad, proporcionándoles la seguridad de aprovechar al máximo las oportunidades de los viajes por aire –de ocio o de negocios– que han transformado tan notablemente nuestro mundo en los últimos años.

Felicito en concreto al señor Evans, el ponente, por su tenaz labor y dedicación en la conducción tan fluida de este expediente a través de su recorrido legislativo. Constituye un magnífico ejemplo de cómo, cuando una propuesta legislativa ofrece ventajas reales y tangibles para los ciudadanos de la Comunidad, las instituciones pueden colaborar eficazmente para garantizar que dichos beneficios les lleguen a la mayor brevedad.

Por primera vez, este Reglamento especifica en términos claros la ayuda que las personas con discapacidades y aquellas con movilidad reducida tienen derecho a recibir legalmente por parte de los aeropuertos y líneas aéreas y en qué condiciones. Al asignar una responsabilidad clara a las entidades gestoras de los aeropuertos en cuanto a la organización de la asistencia necesaria para los pasajeros con discapacidades desde el momento en que llegan al aeropuerto hasta que embarcan en el avión, el Reglamento va a proporcionar a las personas con discapacidades que viajen por aire la seguridad de que sus necesidades serán atendidas continuamente por un organismo responsable, respaldado por la fuerza de la legislación europea.

Desde luego, muchos aeropuertos y líneas aéreas ofrecen ya excelentes servicios a las personas con discapacidades y se sienten legítimamente orgullosos de sus logros en este campo. El Reglamento reconoce esa realidad previendo explícitamente que los organismos gestores de los aeropuertos pueden, al tiempo que conservan su responsabilidad legal global, contratar con otras entidades, incluidas las líneas aéreas, la prestación de los servicios en tierra. Así pues, aquellas líneas aéreas que ya prestan un elevado nivel de servicio a los pasajeros con discapacidades deberían poder garantizar los contratos con los organismos de gestión de los aeropuertos a fin de puedan continuar haciéndolo.

En resumen, considero que este Reglamento resuelve el difícil dilema de asegurar que las personas con discapacidades obtienen el derecho jurídico a un servicio estándar aceptable cuando viajan en avión, sin imponer cargas inapropiadas ni onerosas a la industria que ha de proporcionar tales servicios.

Felicito a todos los participantes.

  Robert Evans (PSE), ponente. – (EN) Señora Presidenta, estoy muy satisfecho de poder presentar mi informe al Parlamento esta noche, el primer elemento de legislación sobre discapacidades para los viajeros de avión. Quiero felicitar de corazón a los ponentes alternativos, al Parlamento y al personal de mi Grupo, a mi propio equipo, a la Comisión, a las diferentes organizaciones de discapacitados y grupos de aviación con los que he tenido el privilegio de trabajar y a la Presidencia del Reino Unido, sin cuyo espléndido trabajo no habría sido posible mi deseado e histórico acuerdo en primera lectura.

Son demasiadas las personas –los mayores o los que padecen alguna discapacidad– que se quejan de estar desatendidas o, peor aún, sentirse maltratadas en los aeropuertos de Europa. Los derechos fundamentales de los pasajeros con discapacidades, a la hora de utilizar el transporte aéreo, son algo que deberíamos dar por descontado. Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta. Un ejemplo lo constituye Ryanair y la forma insultante en que trata a los pasajeros discapacitados. Probablemente sea el culpable con una mejor publicidad, pero existen muchos otros y no solo los operadores de bajo coste.

Señora Presidenta, usted y yo hemos hablado recientemente sobre sus cuitas con Lufthansa; yo he tenido otros problemas con Iberia, por citar solamente dos nombres. Ayer justamente, en mi vuelo hacia Estrasburgo, Air France culpó a un pasajero discapacitado del retraso de una hora en el embarque del pasaje. Por supuesto, frente a esto, como ha expuesto el señor Twigg, están las experiencias positivas de muchos pasajeros, y muchas líneas aéreas y aeropuertos ofrecen un servicio bueno.

No obstante, con los antecedentes de las quejas y un servicio que, en el mejor de los casos, cabe tildar de desigual, a principios de estos años, como ha manifestado el señor Comisario, su Comisión presentó propuestas para mejorar los derechos de las personas de movilidad reducida, a las que, a pesar de una cierta oposición al principio, me encanta haber podido sumar las personas con discapacidades.

Durante su tránsito a través del Parlamento Europeo también he tenido el gusto de poder presentar otras mejoras. La más importante, garantizar que la propuesta se refiere a un servicio continuado para los pasajeros, desde cualquier punto de llegada a cualquiera de los aeropuertos en la Unión Europea, hasta los puntos de destino, incluidos los transbordos, que a menudo son las experiencias más traumáticas para la gente.

A sugerencia mía, la comisión también modificó el texto de la Comisión para asignar a los aeropuertos la responsabilidad global de garantizar un servicio eficiente y eficaz con, tal como ha explicado de nuevo el señor Twigg, la capacidad de contratarlo a terceros si lo desean.

También estoy muy satisfecho de poder modificar la propuesta para permitir la presencia de perros lazarillo o guías en vuelos de largo recorrido, ya que se me ha informado de que los propietarios de dichos perros se encuentran en situación óptima para juzgar la longitud de vuelo que puede soportar el animal.

En el informe también hemos exigido que los aviones y los aeropuertos estén mejor diseñados previa consulta con las organizaciones de personas con discapacidades y que al personal de los aeropuertos y de las líneas aéreas se le imparta formación real sobre conocimientos de discapacidades. Además, pienso que existe una necesidad real de que los sistemas de reserva, incluidos los sitios web, sean mucho más accesibles para el usuario y más eficaces. El objetivo consiste en garantizar que la gente con movilidad reducida y los pasajeros con discapacidades tengan los mismos derechos al volar en avión que usted o que yo, sin soportar ningún coste adicional, repartiéndose los costes entre todos los pasajeros transportados por el operador aéreo y quedando incluidos en el precio del billete.

Las estadísticas de las líneas aéreas indican que cada año se atienden en los aeropuertos europeos hasta diez millones de pasajeros de estas características. Por consiguiente, resulta esencial que las directrices estén claras y sean acordadas a escala europea. No tendría sentido que uno o unos pocos de los 25 Estados miembros de la UE contaran con una legislación válida y el resto tuviera una deficiente, o careciera de ella.

Viajar en avión es ahora casi tan habitual como hacerlo en coche, y casi la mitad de la población espera viajar al menos una vez al año. Sin este tipo de legislación impermeable, algunas líneas aéreas intentarían encontrar fisuras para evitar atender a la gente discapacitada y a quienes necesitan una ayuda suplementaria en aeropuertos concurridos, en los que la distancia entre el mostrador y la puerta de embarque puede llegar a ser de un kilómetro. Muchas líneas aéreas han realizado mejoras acogiéndose a un acuerdo voluntario. Sin embargo, sin una legislación adecuada, siempre habrá quienes, por negligencia o por indiferencia, estropeen las vacaciones o viajes a la gente vulnerable.

Espero que los diputados apoyen esta propuesta, porque llega con un amplio retraso. Es muy deseada y, sobre todo, constituye una buena noticia y una historia europea positiva. Reitero mi agradecimiento por el increíble empeño de la Presidencia del Reino Unido, pues sé la enorme cantidad de tiempo y de esfuerzo que se ha dedicado a ella. Doy cordialmente las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su presencia hoy aquí, casi a las 22.10 horas. Los 25 Gobiernos de la UE y los principales partidos en el Parlamento Europeo muestran su apoyo a este paquete que se va a presentar. Deberíamos sentirnos muy orgullosos cuando votemos este informe el jueves y logremos, tal como espero y confío, un acuerdo en primera lectura.

  Armando Dionisi, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, en estos días se ha producido el enésimo episodio de discriminación hacia un pasajero con discapacidad por parte de una compañía aérea de bajo coste. Es una situación que se repite, por desgracia, con preocupante frecuencia y que requiere urgentemente la aprobación de este reglamento.

Gracias al empeño del ponente, el señor Evans, y a la cooperación del Consejo y de la Comisión, hemos llegado a un buen compromiso que nos permitirá la aprobación en primera lectura y una rápida aplicación de las normas. Este reglamento es importante para los pasajeros con discapacidad y para las personas de edad avanzada, pues garantiza una serie de derechos fundamentales: en primer lugar, sanciona el derecho gratuito a la asistencia y prohíbe negar el embarque a los pasajeros de movilidad reducida. Esta disposición pondrá fin a abusos y discriminaciones. En segundo lugar, se identifica en el gestor del aeropuerto el único referente con responsabilidad general de servicio al que podrán dirigirse los pasajeros; además, permitirá a las líneas aéreas que hasta hoy han proporcionado una asistencia de calidad continuar prestando el servicio, siempre que respeten los niveles fijados en el reglamento.

Por último, se fijan normas para una asistencia igual para todos, independientemente de las dimensiones del aeropuerto. La asistencia deberá garantizarse desde los puntos de llegada externos al aeropuerto y no solo desde el lugar de facturación, como sucede hoy. Se prevé una compensación en caso de daño o pérdida de la silla de ruedas o de otros equipos, así como la formación obligatoria del personal responsable de la asistencia. La información deberá estar disponible en formatos accesibles a todos y se garantiza la protección de la privacidad. Se trata de garantías fundamentales para la protección del derecho a la movilidad sin discriminaciones y, por tanto, de un importante paso adelante en la defensa de los derechos de la persona, de los que es garante el Parlamento Europeo.

  Ulrich Stockmann, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, si se aprueba un reglamento en primera lectura, el ponente merecerá el doble de elogios, sobre todo por tratarse de un reglamento nada fácil.

La práctica inaceptable de algunas compañías aéreas que, por razones de coste, se niegan a transportar a personas con discapacidad, será imposible en el futuro. Existirán normas detalladas y armonizadas a escala europea sobre los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad o movilidad reducida; eso es un gran avance. Es un paso más para garantizar el derecho de los pasajeros a utilizar todos los modos de transporte que son tan importantes para nosotros. Nos permitirá además tener debidamente en cuenta el desarrollo demográfico de nuestros países y la creciente movilidad de los ciudadanos europeos. En el futuro, los operadores aéreos tendrán una clara responsabilidad en la organización de servicios. Algunas compañías aéreas han introducido ya esos servicios y cualquier solución propuesta por ellas que funcione bien seguirá permitiéndose, siempre que se base en el consenso y se someta a reglas contractuales.

  Arūnas Degutis, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) La propuesta presentada por la Comisión Europea sobre los derechos de las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo ha sido muy oportuna y yo, como ponente alternativo para el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa del Parlamento Europeo, estoy de acuerdo en principio con que los derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo se regulen a escala de la Unión Europea.

No es ningún secreto que las personas con discapacidad y de movilidad reducida sufren discriminación respecto a otros pasajeros, no solo a la hora de reservar billetes de avión, sino también cuando embarcan en los aviones. Por tanto, creo que la aplicación de la nueva directiva evitará esa discriminación. Creo también que con la aprobación de este informe, garantizaremos la igualdad de oportunidades de viajar para las personas con discapacidad y de movilidad reducida y regularemos la prestación de esos servicios a escala de la Unión Europea. A las personas de movilidad reducida ya no se les denegará de forma injustificada la reserva de un billete o el embarque a un avión. Además, personal debidamente formado prestará asistencia a esas personas dependiendo de sus necesidades y, lo que es más importante, esos servicios serán gratuitos; la responsabilidad recaerá en una única institución, que garantizará la prestación de los servicios de manera continuada y con un alto nivel de calidad.

Felicito al señor Evans y le doy las gracias por haber hecho posible una cooperación constructiva. Creo que los compromisos alcanzados contribuirán a que este reglamento se apruebe en primera lectura.

  Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, las dificultades que afrontan las personas con discapacidad –ya sea sensorial o física– en el transporte aéreo podrían llenar las páginas de libros enteros. Conocíamos y veíamos esas dificultades. De hecho, es un triste reflejo de una sociedad que tiene que aprobar su propia directiva para eliminar los obstáculos que encuentran para viajar personas que ya están en una situación de suficiente desventaja en sus vidas.

Quiero dar las gracias a mi colega, el señor Evans. Ha hecho un trabajo estupendo y hemos disfrutado de una maravillosa relación de trabajo. Quiero también dar las gracias a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, que han estado a nuestro lado y nos han dado buenas recomendaciones. Además, quiero pedir a los Estados miembros que se den la mayor prisa posible en la entrada en vigor y la aplicación de esta directiva, sobre todo en los aeropuertos, convirtiéndola en un verdadero regalo de Navidad.

  Luís Queiró (PPE-DE). – (PT) Señora Presidenta, la Comisión de Transporte y Turismo consiguió llegar a un compromiso sobre la cuestión que estamos debatiendo, algo que quedó perfectamente claro en la enmienda 49. Las personas con discapacidad y de movilidad reducida tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad a la libertad de movimiento, a la libertad de elección y a la no discriminación. Estos derechos se extienden a todos los aspectos de la vida de las personas y el transporte aéreo no es una excepción.

Todo el contenido posterior se basa en este principio positivo y eso es algo que celebramos, sobre todo la ampliación de los planes originales para incluir no solo a las personas de movilidad limitada, sino también a las personas con discapacidad física o mental, algo que merece ser destacado.

Este concepto ampliado podría ser más estricto para los operadores u ocasionar costes adicionales, pero el problema no es un problema de las personas, ni debe considerarse como tal, sino como parte de una necesidad más general de garantizar la accesibilidad a las infraestructuras, el transporte y los servicios, para lo cual tienen que encontrarse soluciones justas. Señorías, las barreras no se derriban levantando otras nuevas. Tenemos, pues, que felicitar al ponente por su habilidad para alcanzar compromisos en la aprobación de algunas enmiendas, como las relativas al reparto de responsabilidades entre aeropuertos y compañías aéreas. El informe reconoce que existen compañías aéreas que ya ofrecen esos servicios con un nivel de calidad muy alto, un aspecto que a menudo las diferencia de sus competidores, y sin ningún coste adicional.

Señora Presidenta, quiero hacer otros dos comentarios breves. Quiero en primer lugar destacar la atención al detalle en la elaboración de la propuesta; los cambios introducidos en el Reglamento hacen desde luego más difícil la práctica de la discriminación. Segundo, quiero elogiar la introducción explícita del principio de transparencia en el cálculo de los cánones impuestos por los aeropuertos a las compañías aéreas en proporción al número de pasajeros transportados, lo cual garantizará la proporcionalidad y la correlación directa con el servicio real prestado. Para terminar, acojo este informe con satisfacción y felicito al señor Evans y a los que le han ayudado a alcanzar ese excelente compromiso.

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Señora Presidenta, creo que las personas discapacitadas con movilidad reducida de la Unión Europea —algo que casi todos, tarde o temprano, acabaremos experimentando— han tenido la enorme suerte de encontrarse con el ponente laborista Robert Evans y con la Presidencia británica del Consejo que, de manera laboriosa —no diré laborista—, han logrado invitarlos a bordo sin discriminación y con garantías de facilidad.

En estrecha complicidad con la Comisión, que, hemos de reconocer, está llevando a cabo un ejercicio ejemplar para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a todos los modos de transporte —ya lo han hecho a los trenes, ahora a los aviones, mañana a los autobuses—, han conseguido elaborar una legislación rigurosa, exigente pero aplicable, adaptada incluso a las nuevas circunstancias de los aeropuertos y las compañías.

Acabar con todas las discriminaciones y proponer una legislación solidaria es profundizar en la línea de una Europa más social, más accesible y más democrática.

No hace mucho hemos recibido en el Parlamento Europeo a un grupo de visitantes compuesto por personas ciegas y discapacitadas, pertenecientes a la ONCE, la organización española de mayor peso en este ámbito, que reconocieron no solo haber participado activamente con sus opiniones sino que esta experiencia las había convencido de que el Parlamento Europeo y la Unión Europea trabajan en serio por los ciudadanos.

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, con esta legislación es evidente que estamos decidiendo sobre los derechos de más de 50 millones de europeos que tienen necesidades especiales cuando viajan en avión. Pero puede que estemos también decidiendo sobre nuestras propias vidas, ya que cualquiera puede verse discapacitado, ya sea como resultado de un accidente o de una enfermedad. De hecho, es probable que con el tiempo todos nos veamos afectados; es decir, como resultado del envejecimiento. Al fin y al cabo, todos queremos vivir hasta la vejez. Pero no queremos envejecer y desde luego no queremos perder la movilidad.

Confío en que conseguiremos garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación también en el transporte. Hoy hemos empezado por el transporte aéreo; mañana estaremos debatiendo aspectos similares en el transporte por ferrocarril, autobús y vías navegables. Me siento orgulloso de que la Unión Europea haya creado –por medio de este reglamento– la primera legislación especialmente dirigida a las personas con discapacidad. La propuesta estipula que ninguna compañía aérea ni operador turístico puede negarse a aceptar una reserva para un vuelo por la movilidad reducida del pasajero. No obstante, se permiten algunas excepciones. Por ejemplo, la reserva puede ser rechazada si el tamaño de la aeronave o la ausencia de tripulación de cabina no permite el transporte de personas con movilidad reducida. Ahora bien, en ese caso deben ofrecerse a la persona en cuestión soluciones alternativas.

El segundo aspecto fundamental de la propuesta después de la obligación impuesta a las compañías aéreas es que establece la calidad y la cantidad de la asistencia de alto nivel que debe prestarse. En el futuro, esa asistencia será ofrecida también –aunque no con carácter exclusivo– por las compañías aéreas que operen fuera de los aeropuertos de la UE. Es bueno que se haya llegado a un consenso para que el coste de algunos servicios prestados a los pasajeros aéreos con discapacidad o movilidad reducida sea compartido por todos los pasajeros aéreos por igual. Quiero pedir a mis colegas diputados que mañana apoyen el informe Evans.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, señor Twigg, Señorías, quiero dar las gracias una vez más al señor Evans por su excelente trabajo y también quiera expresar mi gratitud a la Comisión de Transportes y Turismo. Las enmiendas propuestas realzan los objetivos de la Comisión. Nos permiten insistir firmemente en la necesidad de prevenir cualquier discriminación contra las personas de movilidad reducida y en la necesidad de asistirlas cuando viajan en avión por toda Europa. Sus enmiendas tienen por objeto aclarar el texto, conduciendo a un compromiso positivo para todos, y también quiero, señor Twigg, agradecer al Consejo que nos permita llegar a un acuerdo en primera lectura.

La Comisión acepta todas las enmiendas de este compromiso. Y añade una declaración, mediante la cual confirma su compromiso de estudiar la posibilidad de ampliar los derechos de los pasajeros de movilidad reducida a una compensación si su silla de ruedas o su equipo de movilidad resulta dañado, destruido o perdido durante el transporte.

Agradezco una última vez al Parlamento su apoyo, y debo decir que el texto que van a aprobar repercutirá en la práctica en más de 40 millones de personas con movilidad reducida en Europa, cifra que se desprende de la comunicación que acaba de publicar el Comisario Špidla. Esto es lo que quería decir, señora Presidenta, y añadiré que corresponde a la Comisión y al Comisario responsable del transporte velar por la debida aplicación de este texto. En efecto, me comprometo a hacerlo siguiendo el excelente trabajo realizado por el Parlamento y el Consejo.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

63. Promoción y protección de los intereses de los consumidores en los nuevos Estados miembros

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0378/2005) del señor Kristensen, en nombre de la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la promoción y protección de los intereses de los consumidores en los nuevos Estados miembros (2004/2157(INI)).

  Henrik Dam Kristensen (PSE), ponente. – (DA) Señora Presidenta, señor Comisario, ha sido para mí un placer ser ponente para este informe. La protección del consumidor y la política del consumidor en general son cuestiones importantes, y celebro también que el Parlamento Europeo contribuya a otorgarles prioridad en la agenda política. Una gran parte del trabajo que se realiza en la UE en este momento trata de conseguir que el mercado interior funcione mejor en lo que respecta tanto a bienes como a servicios. El destinatario final de los bienes y servicios que producen las empresas es el consumidor, razón por la cual es tan importante para la competencia en el mercado interior que los consumidores impongan demandas sobre esos bienes y servicios. Para ello es esencial, primero, que los consumidores sepan qué demandas pueden hacer a las empresas y que se acostumbren a comprar con espíritu crítico y perceptivo. Segundo, es importante que los consumidores dispongan del canal apropiado para hacer esas demandas.

En este sentido, es esencial que centremos nuestra atención en los nuevos Estados miembros. De la misma forma que existen grandes diferencias entre los antiguos Estados miembros, no podemos meter en el mismo saco a los diez nuevos Estados miembros. Sin embargo, está claro que lo que podría llamarse cultura del consumidor generalmente suele ser más débil en muchos de los nuevos Estados miembros que en muchos de los antiguos.

A menudo, los consumidores no son especialmente exigentes en lo que respecta a la calidad de los productos y los servicios que compran, y los procedimientos establecidos para reclamar en caso de defectos o problemas con productos o servicios no existen o son muy limitados. Si queremos cambiar esa situación, es fundamental que tratemos de reforzar la cultura del consumidor. Se puede actuar a distintos niveles. Creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer es dirigir nuestra atención a las organizaciones de consumidores.

En muchos de los antiguos Estados miembros, las organizaciones de consumidores independientes desempeñan un papel decisivo para introducir las cuestiones relacionadas con el consumidor en la agenda política y para ayudar y representar a los consumidores en los litigios con empresas. Pero lamentablemente, las organizaciones de consumidores suelen ser muy débiles en los nuevos Estados miembros y, por tanto, rara vez constituyen la necesaria contrapartida de empresas y Gobiernos. En este contexto, un problema importante es la falta de recursos financieros de las organizaciones de consumidores. Solo en algunos países reciben financiación del ministerio responsable pero, incluso en estos casos, la cuantía de los fondos recibidos suele ser muy pequeña. Además de la financiación pública, otra posibilidad es que la UE financie proyectos a través de la Comisión. Ahora bien, las condiciones para ganar una licitación o recibir ayuda de la Comisión son muy estrictas y, al menos en algunos casos, las organizaciones de consumidores tienen dificultades para cumplir los requisitos de la Comisión.

Un segundo problema es la escasa influencia política que suelen tener las organizaciones de consumidores. Eso tiene varias explicaciones. En primer lugar, a muchas organizaciones les resulta difícil conseguir apoyo suficiente de los ciudadanos, debido tanto a su débil situación económica como a la escasa conciencia pública de la problemática del consumidor. En segundo lugar, no siempre existen canales formales a través de los cuales las ONG puedan influir en el proceso de toma de decisiones políticas. Además, existen grandes diferencias en la forma como se estructuran las organizaciones de consumidores en los nuevos Estados miembros. Con frecuencia existen muchas organizaciones de consumidores pequeñas que compiten entre sí en lugar de ayudarse mutuamente. A las organizaciones les resulta muy difícil hacerse oír con fuerza suficiente en el proceso de toma de decisiones y, por tanto, en el debate público.

Además, existe el problema de que la mayoría de los empleados de las organizaciones de consumidores trabajan en calidad de voluntarios. Indudablemente, no les falta entusiasmo, pero son difíciles de retener a largo plazo. Estos son los problemas que tenemos que resolver para que el mercado interior y la protección del consumidor funcionen mejor. La responsabilidad de resolver estos problemas no recae claramente en nadie. Los Gobiernos de los nuevos Estados miembros son responsables de tomarse más en serio que hasta ahora las cuestiones relacionadas con el consumidor y, al mismo tiempo, prestar el apoyo necesario a las organizaciones de consumidores. Debe entenderse que un alto nivel de protección del consumidor y una economía de mercado eficiente no son condiciones mutuamente excluyentes, sino todo lo contrario, mutuamente dependientes.

Al mismo tiempo, la Comisión y el resto de los Estados miembros de la UE tienen la responsabilidad política directa de otorgar prioridad a estas cuestiones, sobre todo en los nuevos Estados miembros. Tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa y garantizar que los consumidores conozcan mejor sus derechos y su función como tales en el mercado interior. Por último, pero no menos importante, también las organizaciones de consumidores de los nuevos Estados miembros tienen una responsabilidad. Espero, por tanto, que podamos celebrar un debate constructivo sobre el informe. Creo que es una buena oportunidad para reforzar las organizaciones de consumidores en los nuevos Estados miembros.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, voy a intentar ser lo más breve que pueda. Generalmente soy el último de la lista en estos debates tardíos, por lo que sé exactamente de qué estamos hablando.

Quisiera comenzar dando las gracias y felicitando al señor Kristensen y al Parlamento por esta iniciativa. Es muy importante identificar la situación especial por lo que respecta a los nuevos Estados miembros y la protección de los consumidores. Aunque ya se ha hecho mucho, y hablaré sobre esto más adelante, es mucho lo que queda por hacer. Hemos recorrido un largo camino, pero es necesario hacer un esfuerzo adicional. Sé que algunos de ustedes ya me han oído dirigirme al intergrupo, pero repetiré lo que dije aquí con una sola palabra: ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer todas las cosas que están planteando? Estoy de acuerdo con la mayoría de ellas, y vamos a intentar ver cómo adoptarlas en términos prácticos, pero el problema es que para hacer todas esas cosas, necesitamos fondos suficientes, y eso es un problema.

Es cierto que hemos alcanzado un nivel muy alto de legislación. Eso es un hecho. Pero siempre hay margen para mejorar. Como ustedes saben, la revisión del acervo está muy próxima, pero al mismo tiempo hemos alcanzado el punto en que tenemos que ejecutar, que llevar a la práctica. Eso se consigue habitualmente por medio de formación, educación, desarrollo de capacidades, en gran medida a través de las organizaciones de consumidores. Eso es aún más cierto en el caso de los nuevos Estados miembros. La cuestión es cómo hacerlo sin fondos suficientes.

Ahora tenemos una situación más exigente. Ahora contamos con 25 Estados miembros, que pronto serán 27, y no 15 Estados miembros. Pero al mismo tiempo, en la práctica, dispondremos de menos fondos de los que teníamos para la UE de 15. Sobre la base de la última propuesta del presupuesto de la semana pasada, si subvencionamos la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, tal como se prevé en el programa, no quedará dinero para nada más. Nuevos Estados miembros o viejos Estados miembros, nuevas iniciativas o viejas iniciativas, no tendremos fondos. Por tanto, tenemos que volver a considerar nuestras prioridades y limitar los campos en los que vamos a trabajar para garantizar que conseguimos algún impacto con los fondos limitados que nos queden.

Es cierto que nos queda mucho por hacer en los nuevos Estados miembros, pero hemos recorrido un largo camino. Hay sugerencias muy interesantes en el informe. Intentaremos encontrar la mejor forma de aplicarlas. No obstante, les puedo comunicar que ya hemos logrado mucho: ofrecemos cursos de formación especialmente para el personal de las organizaciones de consumidores en los nuevos Estados miembros. Más del 60 % de los alumnos proceden de los nuevos Estados miembros. Concedemos prioridad a las solicitudes para proyectos específicos. La cofinanciación de la UE es mayor y los criterios son más favorables para los nuevos Estados miembros. Ya hemos celebrado campañas de información en Polonia este año y las realizaremos en la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia el año que viene.

Con respecto a los centros europeos de los consumidores, que son instituciones muy importantes –ustedes han apoyado la idea muchas veces–, ya contamos con ellos en siete de los diez nuevos Estados miembros y el próximo año los vamos a crear en Hungría, Eslovenia y Eslovaquia. Entre tanto continuaremos trabajando para encontrar los medios que nos permitan hacer operativas algunas de las peticiones del informe del señor Kristensen. Para realizar adecuadamente nuestro trabajo, necesitaremos disponer de los datos y la información correctos. Necesitaremos disponer de criterios objetivos para poder evaluar y analizar la situación en cada Estado miembro y, en concreto, en los nuevos Estados miembros.

Por último, he de manifestar que tenemos limitaciones: no solo limitaciones financieras, sino también de competencia. Lo que hacemos complementa, pero no sustituye a la responsabilidad nacional y a las iniciativas nacionales. Muchos aspectos, como la financiación de las operaciones diarias de las organizaciones nacionales de consumidores, son responsabilidad de los Gobiernos nacionales. Esa es la razón principal por la que siempre resalto en mis reuniones con los ministros responsables de la protección de los consumidores que la política de estos debe ser prioritaria. Creo que los diputados al Parlamento Europeo también pueden desempeñar un papel muy importante a este respecto.

Voy a terminar apuntando dos cosas. Primero, puedo garantizarles que en la estrategia de los consumidores que planteemos en 2006 habrá una propuesta más detallada y elaborada que tendremos que desarrollar y presentar al Parlamento. Hará mayor énfasis en los nuevos Estados miembros, teniendo en cuenta el mayor número posible de sugerencias en el informe.

Quiero anunciar a la Cámara algo que les puede resultar interesante. Hemos distribuido un cuestionario. Estamos construyendo un perfil de país para todos los Estados miembros en el ámbito de la protección del consumidor, que incluya todos los datos sobre la situación, que será publicado en el sitio web. Eso lo hará más transparente, de forma que las organizaciones de consumidores, los diputados al Parlamento y cualquier persona interesada pueda verlo. Si hay algo equivocado, me gustaría saberlo, ya que la mayor parte de la información nos será suministrada por los Estados miembros. Pero al menos será el primer paso hacia la posibilidad de comparar la situación entre los diferentes Estados miembros.

Me detendré aquí. Pido disculpas si he hablando durante demasiado tiempo. Ahora seguiré con gran interés el debate.

  La Presidenta. Comisario, no tiene por qué disculparse. Ha sido muy preciso y su exposición muy interesante. Le aseguro que el señor Barrot habló durante mucho más tiempo.

  Zuzana Roithová, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (CS) Señor Comisario, sus palabras me parecen esperanzadoras y solo quiero insistir en la importancia de este informe para aumentar la confianza en el mercado interior. La protección del consumidor y el mercado interior están intrínsecamente unidos. Según los análisis realizados por mis colegas de la CPP, los nuevos Estados miembros se vieron presionados durante las negociaciones de adhesión para modernizar sus leyes de protección del consumidor y hacerlas incluso más estrictas en algunos aspectos que las de los Estados miembros antiguos y, en particular, de los Estados fundadores. En los debates celebrados en comisión quedó claro que los políticos de ambos lados no estaban al tanto de eso. Pero está claro que la diferencia fundamental entre los antiguos y los nuevos Estados miembros está en el nivel de cultura del consumidor. Los ciudadanos como consumidores desconocen sus derechos y no son demasiado exigentes en este terreno. Considerando que en los últimos 40 ó 50 años no han tenido que luchar por sus derechos, el suministro de información sobre esos derechos y de ayuda para exigir que se respeten, tanto dentro como fuera de los tribunales, son los elementos fundamentales de la implantación de la protección del consumidor, como se insiste en el informe Kristensen.

En consecuencia, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros son también una presa fácil para las prácticas de empresas sin escrúpulos, incluso empresas de los antiguos Estados miembros donde no se permiten esas prácticas y donde existe de hecho una cultura del consumidor mucho más desarrollada, por ejemplo, la restricción de los derechos de los usuarios en el caso de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual, intentos de distribuir productos exportados de fuera de la UE sin superar las pruebas exigidas, etc. En el informe, pedimos a la Comisión que establezca indicadores de calidad cuantificables para fines comparativos, ya que pensamos que para garantizar una elevada calidad es extremadamente importante –y no solo en los nuevos Estados miembros– que se establezcan públicamente unos criterios objetivos.

Quiero destacar también el hecho de que las organizaciones de consumidores son diferentes a las que existen en los antiguos Estados miembros y que es necesario dejar que acepten el trabajo de voluntarios ...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

  Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias al señor Kristensen por su excelente informe, que plantea exactamente las cuestiones adecuadas. Ha demostrado poseer grandes dosis de creatividad en la elaboración de este informe, que nos proporciona muchos y excelentes puntos de partida, como acaba de decir el señor Kyprianou.

En mi opinión, es fundamental que se consiga un nivel elevado –o mejor dicho, un nivel igual de elevado– de protección del consumidor en todos los Estados miembros de la UE. Este es el objetivo que debemos fijarnos a nosotros mismos y por eso la idea de una cultura del consumidor es exactamente el punto de partida correcto para demostrar la necesidad que tenemos de garantizar un elevado grado de conciencia de los derechos de los consumidores en todos los Estados miembros, para que los ciudadanos puedan exigir esos derechos, lo cual es un requisito previo para alcanzar ese alto grado de protección en la realidad.

  Gisela Kallenbach, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, nuestro Grupo acoge con gran satisfacción este informe de propia iniciativa, que tiene una gran importancia. Permitirá al Parlamento enviar un importante mensaje político a la Comisión, así como a los Estados miembros, a la industria y a los ciudadanos. Las organizaciones de protección del consumidor y los derechos del consumidor forman parte de los valores fundamentales de la Unión Europea. Celebro que los frutos de muchos años de trabajo en los 15 antiguos Estados miembros, que ahora se dan por sentado en esos países, puedan ser recogidos también por los 10 nuevos Estados miembros, en aplicación de los principios de asociación y solidaridad. Pero al mismo tiempo, los antiguos Estados miembros tendrían mucho que aprender de los nuevos Estados miembros en este terreno. Quiero pedir también a los antiguos Estados miembros que se aseguren de que la protección del consumidor siga recibiendo la prioridad que se merece. Recortes presupuestarios como los previstos en Turingia, por ejemplo, envían el mensaje equivocado. Deberíamos estar haciendo justo lo contrario, asegurando que la voz de los consumidores se escuche con más claridad en nuestros procesos de toma de decisiones.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, este informe anuncia la contratación y subvención de algunas agencias de protección de los consumidores con el fin de promover la legislación comunitaria en la materia y para preparar a los consumidores para la adopción del euro. En otras palabras, las instituciones de la UE tienen previsto utilizar el dinero de los contribuyentes para contratar abogados para sus propias políticas. Esto no es más que un ejercicio de propaganda de la peor calaña, ya que de esta manera, el Estado se convierte en juez y parte, y el pensamiento independiente o la oposición se transforman en actividades clandestinas.

¿No comprenden bien los miembros de esta Cámara, o en cualquier Parlamento, los peligros que entraña esto? ¿Son tan ciegos ante todo, excepto antes las agradables perogrulladas de los grupos de presión sectoriales en la UE, tan meticulosamente organizados y sobornados? La contribución del señor Kristensen no es más que un guijarro en una alud de instrumentos parecidos, pero ilustra claramente lo que está ocurriendo.

Algún día, los miembros de esta Cámara que hoy me miran boquiabiertos sin comprender lo que digo, experimentarán el helado escalofrío que hoy me sube por la espalda, y cuanto más pronto lo hagan, mejor.

En numerosas ocasiones he dicho que si la UE es la respuesta, debe tratarse de una pregunta estúpida. Y ahora también podemos ver lo peligrosa que es.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).  – (PL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente muy sinceramente por su excelente informe, que es primero y ante todo un mensaje político fundamental para la Comisión Europa, para los Gobiernos de los Estados miembros, para el mundo empresarial y para los consumidores.

No debemos olvidar las condiciones especiales que existen en los nuevos Estados miembros a la hora de formular la política europea de consumo. El informe contiene descripciones exhaustivas de la situación y el estado de las organizaciones de consumidores en esos países. Esas organizaciones de consumidores están empezando a hacer sus primeras incursiones en el mercado interior y sufren una constante falta de dinero y de experiencia. Por tanto, es fundamental que los diversos grupos e instituciones que proporcionan financiación y formación para permitir la creación de unas organizaciones de consumidores fuertes e independientes, sumen sus fuerzas. Pero tampoco debemos olvidar que las organizaciones de consumidores en muchos de los nuevos Estados miembros dependen económicamente del Estado, lo que significa que difícilmente se puede esperar de ellas que sean independientes. Por eso la propuesta de simplificar la financiación de la UE y de hacerla más flexible está totalmente justificada. Además de la financiación, otros ámbitos de actuación importantes son la formación del personal, la creación de organizaciones paraguas y la puesta en marcha de proyectos hermanados y otros proyectos que ofrezcan, por ejemplo, servicios de asesoramiento. Medidas de esta naturaleza ayudarán a fortalecer a las organizaciones de consumidores y, en consecuencia, a concienciar a la población y promover una cultura del consumidor.

Quiero terminar con un último comentario dirigido a la Cámara respecto a la información facilitada a las organizaciones de consumidores y los contactos mantenidos con ellas. Como nueva diputada en esta Cámara y como miembro de la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, tengo que admitir que solo ahora estoy empezando a establecer contacto con las organizaciones de consumidores de mi propio país y a trabajar con ellas. Esas organizaciones no suelen tener acceso a información actualizada ni a Internet, lo cual hace que resulte mucho más difícil que podamos mantenernos en contacto. Creo, por tanto, que sería una muy buena idea que se publicaran boletines mensuales dirigidos a los nuevos Estados miembros en los que se analizara la política actual de la UE en materia de consumo. Esta es, de hecho, una de las propuestas que el ponente hace en su informe.

  Edit Herczog (PSE). – (HU) Yo también he acogido con satisfacción el informe del señor Dam Kristensen y he recomendado que se tradujera y enviara a todos los diputados de los Parlamentos nacionales de los nuevos Estados miembros, porque indica que los Estados miembros pueden recibir una ayuda considerable aún sin dinero. El presente informe podría ser un plan de acción de referencia para los nuevos Estados miembros. Al mismo tiempo, estoy obviamente de acuerdo con el Comisario Kyprianou en que los recursos que tenemos a nuestra disposición no son suficientes y estoy totalmente convencida de que nuestro principal cometido es incluir las cuestiones relativas a la protección del consumidor en el plan de estudios obligatorio desde edades muy tempranas (digo esto también como madre de tres hijos). Así pues, felicito al señor Kristensen y pido a la Comisión que trate la cuestión de la protección del consumidor como parte del proceso de desarrollo del mercado interior en los nuevos Estados miembros, puesto que el mercado interior no funcionará bien si los consumidores de los países de Escandinavia y de Europa del Este no pueden ejercer sus derechos en la misma medida.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Este informe es históricamente el primero que trata sobre la protección del consumidor en los nuevos Estados miembros. Como diputada por Eslovaquia, quiero agradecer al ponente su excelente y coherente informe, así como su cooperación.

En cuanto al informe, quiero destacar los resultados satisfactorios conseguidos por los nuevos Estados miembros en la transposición y aplicación práctica efectiva de la legislación comunitaria. Un buen ejemplo de ello sería la rápida transposición de una directiva relativa a determinados aspectos de la venta de bienes de consumo y las garantías relacionadas. Sobre la base de esa directiva, los vendedores de los nuevos Estados miembros ofrecen a los consumidores una garantía mínima de dos años para los bienes vendidos desde su adhesión a la Unión Europea.

Para mi sorpresa, los vendedores belgas y franceses, por ejemplo, no ofrecen esa garantía y los consumidores no son informados de sus derechos. El motivo de esta situación es el largo retraso en la transposición de esa directiva en algunos países de la UE-15. Algunos de ellos la han transpuesto solo después de una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, y el conocimiento que de ella tienen vendedores y consumidores sigue siendo muy escaso.

El aspecto fundamental de este informe es el hincapié que hace en la financiación de las organizaciones de consumidores. A pesar de la falta de financiación, las organizaciones de consumidores de los nuevos Estados miembros están haciendo esfuerzos considerables, sobre todo a través del trabajo de voluntarios, para mejorar la cultura del consumidor. Contribuyen de manera importante a la educación de los jóvenes en las escuelas y les animan a adquirir unos buenos hábitos de consumo. Por ejemplo, el Diario del Consumidor es una actividad excelente que está ayudando a los jóvenes europeos a conocer sus derechos y obligaciones como consumidores. Estoy convencida de que solo este tipo de organizaciones profesionales centradas en la protección de los derechos del consumidor y ayudadas con financiación suficiente podrán conseguir la creación de una cultura europea del consumidor sin fronteras.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, en la estrategia para 2006 tendremos iniciativas especiales para los nuevos Estados miembros, que tomarán en cuenta este informe.

Una política fundamental consiste en que la protección de los consumidores forma parte integrante del mercado interior y no podemos completar dicho mercado sin la confianza de los consumidores y si no los protegemos. Por lo tanto, quiero reiterar a los Estados miembros que generalmente necesitan mayores estímulos que se trata asimismo de una inversión y no solo de una obligación de defensa de los derechos humanos que tenemos con nuestros ciudadanos. Al invertir en la protección de los consumidores invertimos igualmente en el crecimiento de la economía.

La situación en el sector de las organizaciones de consumidores es problemática en muchos de los nuevos Estados miembros. Algunos Estados miembros cuentan con demasiadas organizaciones –aproximadamente 100– mientras que otros tienen demasiado pocas. Por ello y sin interferir en el derecho de reunión o los derechos de los particulares, debemos fomentar la creación de organizaciones más fuertes, incluso de federaciones, pero esto es algo que solo podemos recomendar, no imponer. Otro tanto puede decirse de la financiación. La responsabilidad de la mayor parte de la financiación de los costes operativos de las organizaciones de consumidores es asumida por los Gobiernos nacionales. Podemos estimular, podemos proponer, podemos intentar convencer, pero son los Gobiernos nacionales los que deben decidir. Los Centros Europeos del Consumidor, que desempeñan un papel importante, pueden llevar a cabo esa función. Me complace anunciar que, para el año próximo, todos los nuevos Estados miembros contarán con su propio Centro Europeo del Consumidor.

Estoy de acuerdo en que el trabajo con voluntarios reviste una gran importancia para las organizaciones de consumidores. En nuestros cálculos, cuando seleccionamos proyectos, tenemos en cuenta el trabajo con voluntarios como parte de la contribución en especie. De este modo ayudamos a las organizaciones a cubrir parte de la contribución a su financiación mediante este trabajo con voluntarios, que es de gran utilidad para las organizaciones de consumidores.

En cuanto a la formación, podemos formar a los instructores. Podemos formar al personal permanente de las organizaciones que a su vez tiene que formar a los voluntarios. En relación con los problemas de logística – y en particular de lengua – carecemos de suficientes especialistas para dar cursos de formación en todas las lenguas. Por ello formamos al personal de las organizaciones de consumidores, el cual a su vez puede formar a los trabajadores voluntarios.

Estoy de acuerdo con la propuesta del señor Kristensen de que debemos recordar que los nuevos Estados miembros no gozan de una excepción por lo que respecta al ingreso en la zona del euro y la adopción de esta moneda. Como se trata de una obligación para los nuevos Estados miembros, deberíamos colaborar con ellos y sus ciudadanos a fin de que puedan prepararse correcta y oportunamente para la adopción del euro.

Estoy de acuerdo con lo dicho en relación con la educación. Como sus Señorías saben, tenemos el Diario del consumidor que se distribuye en las escuelas y que ha sido muy bien acogido. Tengo cifras de algunos de los nuevos Estados miembros. Por supuesto, aún podemos mejorar el año próximo. He invitado a los Ministros de Educación a que aumenten el número de diarios que se distribuirán en las escuelas y entre los estudiantes. Esperemos que pronto podamos crear un master en protección de los consumidores, que sería un incentivo para que los jóvenes estudiasen esta especialidad.

Una vez más, deseo felicitar al ponente y darle las gracias por este interesante debate.

  La Presidenta.   El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

64. Medidas en favor de los países signatarios del Protocolo del Azúcar

  La Presidenta.   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0281/2005) del señor Lehideux, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas complementarias para los países signatarios del Protocolo del Azúcar afectados por la reforma del régimen comunitario del azúcar (COM(2005)0266 – C6-0210/2005 – 2005/0117(COD)).

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, el Consejo llegó el 24 de noviembre a un compromiso político sobre la reforma del régimen comunitario del azúcar. Desde el principio del debate sobre esta reforma, la Comisión ha sido muy consciente de que cualquier reforma que tuviera por resultado un régimen del azúcar más orientado hacia el mercado requeriría ajustes en los países ACP signatarios del Protocolo del azúcar. La Comisión se ha comprometido a ayudar a esos países durante esta fase de ajuste y, por lo tanto, ha propuesto medidas complementarias.

Antes de redactar la propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas complementarias para los países signatarios del Protocolo del azúcar, la Comisión había elaborado un plan de acción en el que se recogían los principios de la ayuda que proponía para los países signatarios de dicho Protocolo. Se han mantenido contactos con los países ACP interesados, y este plan de asistencia pretende responder con la mayor precisión posible a las necesidades definidas por los propios países. Reconoce la diversidad de las repercusiones entre países y ofrece ayuda tanto al sector del azúcar como a medidas para reforzar actividades económicas alternativas. Asimismo se contemplan medidas de mitigación en cuestiones sociales y ambientales.

Quiero felicitar al ponente, señor Lehideux, por su dedicación y compromiso constructivo a favor de los países firmantes del Protocolo. La Comisión acoge con satisfacción las enmiendas que propone en su informe.

La Comisión es consciente de la complejidad de los retos a los que se enfrentan estos países ACP. La Comisión ha propuesto una inversión inicial de 40 millones de euros en 2006, teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos del presupuesto comunitario y la falta de información sobre las necesidades exactas, que actualmente son tan solo estimaciones. A partir de 2007 se facilitará una financiación adicional considerable.

La reforma del régimen comunitario del azúcar solo comenzará a aplicarse a partir del mes de julio de 2006. Sin embargo, es importante comenzar a prestar ayuda a estos países a partir del próximo año, antes de que se sientan los mayores efectos de la reforma del sector del azúcar. Probablemente la mejor estrategia de respuesta sea anticiparse a estos efectos y comenzar a adaptarse a los cambios previstos lo antes posible.

  Bernard Lehideux (ALDE), ponente. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea mantiene vínculos con 18 países ACP a través de acuerdos muy antiguos sobre el azúcar. Sería inconcebible poner fin de forma drástica a esos estrechos lazos con el pretexto de una reforma de nuestra organización del mercado del azúcar, por muy necesaria que sea.

La reforma de la OCM del azúcar tendrá, por supuesto, consecuencias económicas y financieras extremadamente graves para los países que hasta este momento hayan podido exportar al mercado de la UE. Pero sus efectos llegarán mucho más allá. En la mayoría de esos países, el azúcar no es un producto cualquiera. La reforma tendrá en ellos un impacto social gravísimo debido a la función muy especial que desempeña el cultivo de la caña de azúcar: social, económica, cultural y ambiental.

Señorías, es una cuestión urgente, no podemos pensar en esperar las perspectivas financieras 2007-2013 para actuar. Por tanto, es nuestro deber tomar ahora, como acaba usted de decir, señora Comisaria, medidas aplicables desde 2006 y, en su caso, prorrogables en 2007, para acompañar los primeros esfuerzos de reestructuración de la industria azucarera o de diversificación de la economía de estos países.

Señora Comisaria, sin duda no es este el momento para que el Parlamento se pronuncie sobre las medidas definitivas que es preciso tomar, pero permítanme pedir solemnemente que las que se propongan a los países ACP estén a la altura del reto. Habida cuenta de las conversaciones que he mantenido con el Consejo y las que he podido mantener con la Comisión en el marco de la elaboración de este informe, puedo garantizarles que esta petición no es solo retórica.

Una rápida retrospectiva, si me lo permiten. Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo del Parlamento pidió que la ayuda prevista por la Comisión Europea para 2006, considerada claramente insuficiente, fuera duplicada y elevada de 40 a 80 millones de euros. No puedo sino lamentar amargamente la actitud de algunos Estados miembros, que han hecho todo lo posible por bloquear esta propuesta, rechazando todo diálogo sobre cualquier aumento por encima de los 40 millones propuestos. Esta suma no debía moverse ni un euro y algunos contemplaban incluso la posibilidad de reducirla. Tampoco puedo sino lamentar la actitud de la Comisión, que permaneció sorda a los llamamientos incesantes y unánimes de los países ACP para obtener un importe superior. La negativa de la Comisión a reconsiderar esta cifra, manifiestamente muy infravalorada, significaba que el Consejo tendría que adoptar una decisión unánime de incrementar la suma propuesta, es decir, una misión imposible, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia británica, que quiero destacar.

Por desgracia, no puedo sino lamentar haber sido derrotado, aquí mismo, durante el debate presupuestario. Algún día tendremos que valorar, en este Parlamento, el modo bastante inaceptable en que la Comisión de Presupuestos trata las prioridades políticas definidas por las demás comisiones temáticas. A mi entender, es incomprensible que una suma de 80 millones propuesta por todos los miembros de la Comisión de Desarrollo sea barrida de un manotazo por los miembros de la Comisión de Presupuestos.

Sea como fuere, nos hemos visto obligados a aceptar este arreglo anudado al margen de nosotros. En efecto, para una aplicación normal del reglamento, y habida cuenta del plazo de examen de los planes de acción propuestos por los países ACP, es indispensable la adopción en primera lectura. Esta situación nos encerraba en un callejón sin salida, puesto que arriesgarse a intentar conseguir un importe de 80 millones conducía a una segunda lectura, lo que habría amenazado la existencia misma del texto.

Es cierto, como he dicho antes, que el nivel de la ayuda es claramente insuficiente, pero estos países necesitan el dinero ahora y no pueden permitirse esperar con el pretexto de que el Consejo, la Comisión y algunos de nuestros colegas no están dispuestos a cumplir los compromisos y la palabra de la Unión Europea.

Señora Presidenta, una vez no equivale a un hábito. Esta actitud es una actitud, a mi entender, muy miope. Justo cuando la UE participa en difíciles negociaciones en la OMC, mañana en Hong Kong y pasado mañana en otros lugares, los países ACP pueden recordar, me temo, la ligereza con que les hemos tratado. En conclusión, señora Comisaria, tras la adopción de este reglamento, la evolución de este expediente estará en manos de la Comisión Europea y finalmente dependerá en gran medida de la acogida que reserve a los proyectos de los países ACP. Espero que el Parlamento esté regularmente informado, a través de su Comisión de Desarrollo, a la que tengo que agradecer su apoyo permanente, de la evolución de este expediente esencial.

  Michael Gahler, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias muy sinceramente al señor Lehideux por su informe. Lamentablemente, fue todo lo que pudimos conseguir dadas las circunstancias. Con eso me refiero a que tuvimos que enfrentarnos a la realidad y aceptar que en 2006 solo dispondremos de 40 millones de euros para los 18 países signatarios del Protocolo del Azúcar como compensación. Aunque por lo menos esa cuantía se aprobará en primera lectura, lo que esperamos que signifique el pago puntual de esa compensación, todos sabemos que no es para nada suficiente.

Nuestros propios productores de azúcar, por otra parte, recibirán una compensación extremadamente generosa, del orden de 5.000 millones de euros. Cientos de millones más se añadieron en el último minuto para llegar a un acuerdo, sin que el dinero fuera aparentemente un obstáculo. Aunque no quiero escatimar en lo más mínimo esa compensación a nuestros productores de azúcar, apuesto a que nuestras políticas contribuyen directamente a la futura desestabilización política y social de algunos de los países ACP, la mayoría de los cuales son pequeños estados insulares. Esos países están dispuestos a emprender reformas, a diversificarse y a modernizarse, pero pasarán apuros para arreglárselas si las subvenciones totales que reciben se reducen un 36% en el plazo de cuatro años.

Yo mismo he visitado la República de Guyana y algunos otros países. Casi dos tercios del empleo en la República de Guyana dependen directa o indirectamente del azúcar. Es imposible hacer frente a recortes de esa magnitud en solo cuatro años, razón por la cual nadie debe sorprenderse si el país se desestabiliza política o socialmente. Esa inestabilidad sería el resultado directo de la política que estamos haciendo en esta Cámara. Pido que quede constancia de mis palabras, para que nadie se llame a engaño cuando eso suceda inevitablemente.

Solo el 10 % del empleo en Jamaica depende del azúcar, pero la tasa de criminalidad allí es ya increíblemente alta, con 1 400 homicidios cometidos en lo que va de año en un país con dos millones de habitantes. Si esa cifra se extrapolara a Alemania, significaría más de 50 000 homicidios, cuando en la realidad el número de homicidios apenas llega a 300. Este es un buen indicador de la situación social en el país y si hacemos que el índice de desempleo aumente otro 10%, no sería de extrañar que también Jamaica se desestabilizara.

  Linda McAvan, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señora Presidenta, me gustaría decirle a la Comisaria que se acerca Navidad y es época de dar y de mostrar generosidad, pero me parece que el mensaje de esta Cámara es que 40 millones de euros no es una cantidad generosa en absoluto. Si mi Grupo vota a favor del informe mañana lo hará a su pesar, como ha señalado el ponente, porque creemos que los 80 millones que la Comisión de Desarrollo aprobó por unanimidad era el mínimo. Ahora vamos a reducirlo a la mitad y solo se pondrán sobre la mesa 40 millones de euros. Lo hacemos para llegar a un acuerdo en primera lectura y para obtener un desembolso expeditivo.

Se trata de un importe mísero, más mísero aún si lo comparamos con los 7 000 millones de euros que hemos logrado reunir para nuestros propios productores y empresas afectados por la reforma del sector del azúcar. No me importaría tanto si realmente creyera que este dinero irá a parar a los pequeños agricultores, pero no estoy segura de que vaya a ser así. Las experiencias pasadas hacen que no lo crea.

En los últimos dos años Tate & Lyle recibió 227 millones de libras esterlinas del presupuesto de la PAC. Nestlé obtuvo 11 millones de libras esterlinas, tan solo en el Reino Unido, y aún más en Bélgica y los Países Bajos. Según tengo entendido, KLM obtuvo más dinero por construir algunas pistas de aterrizaje en tierras que antes se dedicaban a la agricultura. Es necesaria mucha más transparencia acerca del destino de los fondos de la PAC, En este momento, los agricultores franceses solo obtienen un 10 % de las subvenciones de la PAC. En España, un 18 % de los agricultores recibió un 76 % de las ayudas en 2003. Tenemos que abandonar la idea de que se trata de nuestros agricultores contra los agricultores del mundo en de desarrollo. En mi opinión, los pequeños productores no están obteniendo casi nada de la PAC por el momento.

Pero volviendo a los 40 millones de euros, esta cantidad solo puede ser el principio. Soy consciente de que esta no es su competencia, señora Comisaria, pero me parece que acaba de decir que las ayudas aumentarán considerablemente en el futuro. Si deseamos erradicar la pobreza, realmente tenemos que hacer mucho más que eso en el futuro.

Muchos de los 18 países signatarios del Protocolo no se encuentran entre los países más pobres del mundo, pero tampoco entre los más ricos. De hecho, son sumamente pobres y muchos de ellos apenas han dado los primeros pasos por la vía del desarrollo. No parece que sea el momento para quita la red de seguridad sobre la que caminan. Necesitan tiempo para ajustarse a la reforma del azúcar y necesitan dinero.

Y cuando hablamos de dinero, deberíamos hablar de nuevos fondos procedentes del presupuesto comunitario. Hablemos de quitar algo de dinero al presupuesto de desarrollo para dárselo a los países signatarios del Protocolo del azúcar; no robemos al miserable para dar al pobre. El Presidente de la Comisión ha hablado mucho sobre Robin Hood en las últimas semanas. No juguemos a Robin Hood a la inversa. Encontremos nuevos recursos para ayudar a estos países. Recordemos que ante nosotros tenemos la reforma del azúcar y la reforma del plátano. Se trata de economías insulares sumamente pequeñas, de países pequeños, que necesitan nuestra ayuda.

Espero que la señora Comisaria trasladará este mensaje a sus colegas en la Comisión.

  Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señora Presidenta, quiero empezar haciéndome eco de las palabras de la Comisaria Kroes, que ha felicitado al ponente por el excelente trabajo realizado. Es totalmente cierto que la reducción del precio del azúcar en Europa hará que descienda la renta de los 18 países ACP, pero el precio del azúcar que reciban seguirá siendo dos veces mayor que su precio en el mercado internacional. Lo que me parece especialmente importante es que ese dinero adicional no termine en los bolsillos de unos cuantos intermediarios, sino que beneficie sobre todo a los agricultores más pobres, al agricultor normal. Por eso la Comisión tiene que mantenernos al día.

En segundo lugar, no solo es importante para los países en cuestión la exportación de azúcar, sino que la caña de azúcar puede utilizarse también para otros fines. En Brasil, casi la mitad de la caña de azúcar se destina actualmente a la producción de alcohol. Si los automóviles pueden funcionar con alcohol allí, también pueden hacerlo en el resto del trópico, y creo que debemos poner a disposición de esos países todos nuestros conocimientos para conseguirlo. La caña de azúcar puede utilizarse incluso para la fabricación de piensos.

Los 40 millones que se han mencionado antes son probablemente el máximo, en mi opinión. Si al final resulta que se necesitan más de 40 millones, tendría que presentarse un presupuesto adicional si se pueden obtener fondos de fuentes diferentes. No soy tan optimista como la Comisaria Kroes en lo que respecta al nivel de financiación que se destinará a ayuda exterior en las próximas perspectivas financieras. Conozco las propuestas de la Comisión, pero si he interpretado correctamente los últimos murmullos procedentes del Consejo, creo que la Comisión podría terminar algo decepcionada en este ámbito.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, este informe es una prueba de la necesidad urgente de que los productos procedentes de los países en desarrollo tengan un acceso privilegiado al mercado. Con ello me refiero a que esos países deben ser pagados en nuestras mismas condiciones, para que puedan desarrollar sus economías nacionales. El informe indica también que la liberalización, que sigue el principio colonial en virtud del cual las antiguas colonias nos suministraban alimentos baratos mientras que nosotros les vendíamos productos industriales, es tan desastrosa como peligrosa.

Este tipo de liberalización causa hambre y pobreza y cuesta miles de millones. La necesaria reducción de las cantidades podría haberse conseguido igual de bien con medidas administrativas, sin ninguna necesidad de ese dinero. Pido al señor Gahler que analice las cifras con mayor detenimiento; los productores de remolacha azucarera recibirán solo el 10% de esa suma multimillonaria, mientras que el resto se destinará al fondo para la reestructuración de la industria azucarera. Eso es un escándalo absoluto, puesto que con ese dinero podrían haberse hecho muchas cosas si se hubiera destinado a ayuda al desarrollo o a promover el desarrollo económico en las zonas rurales de esas regiones.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, las modificaciones introducidas en el régimen del azúcar tendrán el doble efecto de destruir el modo de vida de los productores azucareros de los Estados miembros y el de los del mundo en de desarrollo. Según la publicación Farmers Weekly en la próxima temporada los productores de remolacha azucarera del Reino Unido comenzarán a tener que hacer frente a fuertes recortes de precios y a la posibilidad de que cierren fábricas.

Uno de los países ACP, San Cristóbal y Nieves, ya ha interrumpido la producción de azúcar y no será un caso aislado. El Presidente del Grupo del Azúcar de los países ACP, el señor Arvin Boollel, ha declarado que, como consecuencia de la decisión de la UE, es muy probable que todos nos veamos afectados por la situación de San Cristóbal y Nieves. Apuntaba que «nos han dado un tiro en las piernas y nos han pedido que corramos la maratón». Su país sabe muy bien lo que es ser maltratado por la UE. Es Ministro de Agricultura de Mauricio, uno de los numerosos países en desarrollo que es víctima de los escandalosos acuerdos de pesca comunitarios.

La propuesta solo prevé 40 millones de euros. A los países ACP les parece demasiado poco. El Ministro de Exteriores de Jamaica, el señor Knight, lo calificó de planteamiento mezquino, término muy evocador y relevante en esta época del año. No será una buena Navidad para los productores de azúcar, ya vivan en Anglia Oriental o en África Oriental. Todos saben que si la UE y sus avaros son la respuesta, debía tratarse de una pregunta estúpida.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, intervengo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano.

Una vez más, la Unión Europea se encuentra en la difícil tesitura de tener que conciliar el respeto de sus obligaciones comerciales a escala internacional con la adopción de políticas que favorezcan el desarrollo de sus socios más pobres y la defensa de los intereses de sus ciudadanos, en particular de los que trabajan en sectores de riesgo.

Acojo, pues, favorablemente todas las medidas adoptadas por la Comisión para limitar los efectos negativos de las importaciones de azúcar desde los países productores y compensar las posibles pérdidas derivadas de ello.

Como miembro de la Comisión de Desarrollo, sensible a los problemas que afectan a los países más pobres, comparto la propuesta de respaldar la reforma con ayudas complementarias para los 18 países ACP adheridos al Protocolo. En efecto, es sumamente importante acompañar a nuestros socios durante el período de transición, para que puedan superar su dependencia económica de un único producto, una dependencia que hace la economía de países enteros extremadamente vulnerable no solo a las fluctuaciones del mercado, sino también a las catástrofes naturales, que cada vez golpean más las regiones del Caribe y del Pacífico.

Además estoy de acuerdo con la propuesta del ponente –a quien doy las gracias– de favorecer la reconversión del sector hacia productos no alimentarios, como el bioetanol. Una vez más, es importante mantener la coherencia de estos propósitos con una dotación financiera suficiente.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señora Presidenta, quizá el señor Wise podría apoyar una enmienda para trasladar 40 millones del paquete de compensaciones destinado a los agricultores británicos a los países ACP para que obtengamos los 80 millones que pedimos en este informe.

La reforma del régimen del azúcar ha creado una gran agitación en varios Estados miembros, entre ellos mí país, Irlanda, pero han sido comprados con miles de millones de euros. Sea cual sea el trastorno que la reforma del sector del azúcar provoque en la Unión Europea, las repercusiones en los países ACP y sus habitantes, que ya son pobres y apenas alcanzan a sobrevivir, podrían ser catastróficas.

Al igual que muchos otros miembros de esta Cámara, me preocupa profundamente el importe financiero de referencia de 40 millones de euros, que la Comisión ha destinado para 2006, por ser totalmente insuficiente. Señora Comisaria, la promesa de dar más en 2007 no es más que eso, una promesa. Carece de peso tanto en esta Cámara como en cualquier otro sitio, en vista de la confusión en la que se encuentran las perspectivas financieras en este momento. Debemos evitar quitar a unos para dar a otros. El dinero que destinemos a los países ACP debe ser dinero de nuevas fuentes. Debería desembolsarse de inmediato y tener carácter complementario. Nuestras declaraciones de que deseamos erradicar la pobreza tienen que ir respaldadas por hechos y por dinero en efectivo.

  Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Señora Presidenta, en este contexto quiero hacer hincapié en tres aspectos. Primero, es cierto que la reforma del azúcar dista mucho de ser suficiente y que ni siquiera se acerca a rectificar los escandalosos desequilibrios que existen en la relación comercial entre la UE y los países productores de azúcar. Segundo, la compensación para los productores de azúcar de los países ACP debería ser similar a la que reciban los productores de la UE en el sector azucarero. Eso es algo que se podría pagar fácilmente con los beneficios económicos resultantes de la reforma. Tercero, es un error por nuestra parte querer afrontar el reto que plantea la reforma del azúcar permitiendo a los países en desarrollo la producción de bioetanol. Lo más probable es que la dependencia que tienen de Europa los países ACP se acentuase si ahora se ven obligados a producir combustible para nuestros coches en lugar de alimentos para las personas. Las consecuencias de una estrategia así para la producción mundial de alimentos podrían ser catastróficas.

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – (NL) Señora Presidenta, no puedo estar más que de acuerdo con que los cambios en el régimen del azúcar de la UE deben ir acompañados, como lo hacen, de otras medidas, porque la reducción de los precios garantizados no solo afecta a nuestro propio sector azucarero, sino también a los exportadores de azúcar de los países ACP. Lo importante es que la ayuda de la Unión Europea constituya una contribución considerable para la promoción de la competitividad de la industria en los países ACP, sobre todo a través de una mayor eficiencia y una mayor diversificación. Después de todo, esos países no tendrán que depender ya tanto de la producción de azúcar dentro de nueve años.

Es también importante que los países ACP se hagan suficientemente competitivos para que, a su debido tiempo, puedan defenderse por sí solos de la competencia de los exportadores de terceros países, como Brasil, sin el precio garantizado de la UE. Esta es la transformación con respecto a la cual la política del azúcar de la UE puede y tiene que orientar a los países ACP y al sector azucarero de Europa. Los fondos necesarios para ello tienen que proceder de los capítulos 4 y 1 del presupuesto europeo, puesto que en el fondo se trata de una cuestión de desarrollo y agricultura.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, el mensaje de casi la totalidad de sus Señorías es sumamente claro y sensato. Agradezco la constructiva y tan positiva participación de casi todos ustedes. Puedo asegurarles que la Comisión acoge favorablemente las enmiendas que propone su ponente.

Ahora bien, me gustaría hacer algunos comentarios sobre sus observaciones. En primer lugar, el señor Mulder desea que se le mantenga informado sobre todo el proyecto. Estoy convencida de que la Comisión podrá hacerlo. Se muestra muy negativo respecto a la manera en que evolucionarán las cosas en los próximos días. Esperemos que evolucionen favorablemente. En todo caso, el futuro de las perspectivas financieras parece positivo.

La señora McAvan ha hecho algunas observaciones muy acertadas. Sin embargo, me gustaría corregirla por lo que respecta a KLM. Creo que conozco esa compañía aérea un poco mejor que su Señoría. Incluso si se trataba de una subvención para la pista de aterrizaje, nunca habría sido concedida a la compañía aérea, sino al aeropuerto. No estoy segura de que haya sido así, pero quería hacer esta observación.

Casi todos los oradores hicieron comentarios sobre el importe de 40 millones de euros para 2006. Algunos se mostraron más entusiastas respecto a esta cantidad que otros. Sin embargo, esa es la cantidad disponible. ¿Qué sucederá después de 2006? Será entonces cuando comience la verdadera labor, ya que entonces tendremos que cumplir las promesas que hemos hecho a esos países.

Puedo asegurarles que si se llega a un acuerdo sobre las perspectivas financieras, y únicamente en ese caso, la Comisión tiene previsto asignar 190 millones de euros adicionales al presupuesto actual en materia de desarrollo.

  La Presidenta.   El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) La Lista de Junio celebra la reforma del sector azucarero de la Unión Europea y considera alentador que este sector también se esté adaptando al mercado, lo cual tendría que haber sucedido antes. Criticamos las subvenciones a las exportaciones de la Unión Europea para los productores de azúcar y estamos de acuerdo con que el sector azucarero pueda operar en condiciones más justas en el futuro.

Sin entrar en detalles del presupuesto, quiero hacer hincapié en que la ayuda económica extensiva por sí sola no solucionará los problemas que pueda comportar la reforma del sector azucarero para los países ACP. La ayuda económica no garantiza la conversión y la reestructuración a largo plazo de los sectores y las industrias azucareros de los países ACP.

También espero que aquello para lo que han de utilizarse específicamente los recursos esté regido por estrategias y prioridades más claras. De lo contrario, existe un peligro considerable de que solo nosotros ofrezcamos a los países ACP una forma de respiración artificial y de que la ayuda prestada por la Unión Europea no tenga el efecto pretendido.

65. Función de las ayudas estatales directas como instrumento de desarrollo regional

  La Presidenta.   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0364/2005) del señor Koterec, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre la función de las ayudas estatales directas como instrumento de desarrollo regional (2004/2255(INI)).

  Miloš Koterec (PSE), ponente. – (SK) La prestación de ayuda estatal es una cuestión que durante mucho tiempo ha centrado la atención de la Unión Europea, porque los diferentes enfoques y recursos utilizados por los distintos Estados miembros han propiciado una competencia injusta, que favorece a algunas empresas y que distorsiona el desarrollo económico entre varias regiones e incluso Estados de la Unión Europea. La ayuda estatal no coordinada también ha distorsionado los objetivos básicos comunitarios en el ámbito de la cohesión. Por tanto, lo normal es que la Unión empiece a regular la ayuda estatal y que los organismos de la Comunidad se esfuercen cada vez más, en el contexto de dicha experiencia, por desarrollar un enfoque unificado en este terreno.

Cuando se tuvo la oportunidad de hacer un informe para el Parlamento Europeo sobre el proyecto de directrices de la Comisión sobre la ayuda regional como instrumento de desarrollo regional, me pareció una invitación a contribuir en la mejora el funcionamiento de la Comunidad en este terreno. Se trata de un ámbito que atrae una amplia atención no solo por la práctica de suministrar importantes inyecciones de efectivo para las empresas privadas, sino también por la forma en que el dinero de los contribuyentes se utiliza para los que pueden considerarse fines privados, si bien siempre con un claro interés público.

El largo proceso de negociación entre la Comisión, el Consejo, el Parlamento y otras partes interesadas, que al final duró un año a pesar del modesto alcance del asunto, supuso la confirmación de las complejidades que conlleva la tarea de buscar un reglamento equilibrado en este terreno. En julio de este año la Comisión presentó la propuesta revisada que constituye la base de mi informe actual, que se basa en el segundo proyecto informal y en las negociaciones antes mencionadas. Puedo decir que celebro enormemente la decisión de la Comisión de establecer una filosofía de suministrar menos ayuda estatal pero mejor orientada, de conformidad con las conclusiones de los Consejos Europeos de Barcelona y de Gotemburgo, relativas a las reducciones del nivel de ayuda estatal y sus objetivos de interés común, incluida la cohesión económica y social.

Teniendo también en cuenta los objetivos de la Estrategia de Lisboa, concluyo que los intereses de la Comisión consisten en prestar claramente ayuda para el cumplimiento de los objetivos de cohesión. Digo esto porque estoy convencido de que el suministro de ayuda pública y los programas de asistencia a través de los fondos estructurales son dos instrumentos complementarios que la Unión Europea debe emplear en aras de la cohesión. Por este motivo también me parece tan importante apoyar las propuestas de la Comisión de suministrar ayuda estatal en el ámbito del proceso de convergencia con las normas de la Unión Europea a regiones principalmente situadas en los nuevos Estados miembros. Es fantasioso pensar que la ayuda estatal puede regularse debidamente en interés de la competencia económica justa sin tener en cuenta todos los aspectos de cohesión.

En mi proyecto original del informe intenté hacer hincapié en el enfoque mencionado, además de la necesidad de distribuir equitativamente la ayuda estatal en todo el conjunto de la Unión Europea. Además, subrayé que no debemos pasar por alto a ninguna región o subregión que necesite ayuda estatal para lograr la cohesión. Mi objetivo fue respaldar las propuestas que convertirían las directrices sobre la ayuda regional de la Comisión en un verdadero instrumento para apoyar el desarrollo regional. Durante el proceso de aprobación me complació aceptar cualquier propuesta de enmienda que coincidiera con estos objetivos, y por ese motivo apoyé la idea de incluir a las regiones estadísticas en la categoría de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 para la prestación de ayuda estatal relevante a todas las regiones con obstáculos o desventajas naturales que les impiden emprender el desarrollo, o las regiones que por varios motivos han sido clasificadas como zonas pobres, así como las propuestas que limitan el traslado destructivo de empresas que reciben ayuda estatal, y otras. Asimismo, me complació añadir propuestas que solicitan una definición lo más precisa posible de los criterios para determinar la candidatura a percibir ayuda pública de regiones y empresas individuales, y espero que la Comisión realice una evaluación a fondo de los efectos negativos de la ayuda prestada indebidamente y que extraiga las conclusiones apropiadas.

En mi informe defiendo totalmente la idea de tener en cuenta factores regionales en las directrices horizontales para la prestación de ayuda estatal. Sin embargo, no será posible ejecutar con eficacia todas las propuestas bienintencionadas de la Comisión de directrices de ayuda regional o las recomendaciones asociadas del Parlamento Europeo, a menos que los procedimientos se simplifiquen, cosa que, en gran medida, también ha propuesto la Comisión. La aplicación también requerirá la transparencia total de la prestación de ayuda estatal tanto a escala nacional como europea, incluida la integración de la ayuda estatal para el desarrollo regional en el marco de referencia nacional. A todo ello contribuirán sin duda alguna las recomendaciones para integrar el autogobierno regional en el proceso de distribución de ayuda estatal, para la publicación de todos los casos de ayuda estatal en Internet y para el acceso público a las evaluaciones de la aplicación de los instrumentos de ayuda estatal para el desarrollo realizadas por la Comisión.

Señora Presidenta, debo decir que el texto final de mi informe difiere un poco de mis expectativas. Con muchos diputados que participaron en la elaboración del texto definitivo, he tenido que recortar mis planes de una evaluación objetiva de las propuestas de la Comisión. Algunas de las recomendaciones pueden superar el marco de referencia definido en los principios expuestos por la Comisión, pero confío en que la Comisión examine todas las recomendaciones bienintencionadas del Parlamento.

Señor Presidente, señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, las regiones afectadas por la pobreza y el desarrollo insuficiente esperan que las directrices que proponemos contribuyan eficazmente a su desarrollo. Solo entonces podrán decir, con todos los que trabajamos a favor del avance satisfactorio del conjunto de la Unión Europea, que los instrumentos comunitarios son los medios adecuados para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos de la Unión.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la revisión de las normas que regulan las ayudas regionales forma parte de la reforma general de la política en materia de ayudas estatales, como ha mencionado el ponente. El objetivo general es ajustar las normas en dicha materia al nuevo planteamiento de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013, y aplicar en la práctica las conclusiones del Consejo Europeo, las cuales exigen menos ayudas públicas, pero más selectivas. La reforma de las ayudas regionales implica un estricto control de las ayudas que tienen un mayor efecto distorsionador al limitar el ámbito de las ayudas a la inversión para grandes empresas a las regiones más necesitadas, en particular, por lo que se refiere a los grandes proyectos de inversión. La reforma concede igualmente a los Estados miembros un grado suficiente de flexibilidad para diseñar ayudas que contribuyan a la consecución de los objetivos y metas de Lisboa.

Esta flexibilidad adicional es tan solo uno de los elementos introducidos en el paquete como resultado de las consultas, entre las que se encuentran mis deliberaciones con la Comisión de Desarrollo Regional. Nuestro planteamiento es coherente con el plan de acción para la reforma de las ayudas estatales, en el que se reconoce la necesidad de que las ayudas regionales fomenten la cohesión y la convergencia, pero en el que se subraya que dichas ayudas deben ir destinadas a las regiones más necesitadas.

Permítanme repetir la importancia del principio de concentración. Si las ayudas se distribuyen de forma demasiado cuantitativa y geográfica, no ayudarán a las regiones que más las necesitan. Asimismo prevemos una cobertura adicional limitada, que queda a disposición de los Estados miembros interesados. Por supuesto, esperamos que los Estados miembros destinen esas ayudas a las zonas más necesitadas a escala nacional, y les corresponde a ellos identificar dichas zonas.

Tras leer el informe me parece que lo que se nos pide es que distribuyamos una gran cantidad de pequeñas ayudas. Al parecer se supone que las zonas que no son subvencionadas con ayudas regionales tampoco pueden recibir ninguna otra forma de ayuda estatal. Permítanme corregir esa impresión: según las últimas cifras sobre ayudas públicas, el tipo de ayuda del que estamos hablando hoy –las ayudas regionales– representa menos del 20 % de las ayudas estatales concedidas en la UE, sin incluir el sector agrícola, pesquero y del transporte. Aquellas regiones que no son subvencionadas con ayudas regionales seguirán recibiendo otras formas de ayuda a través de las medidas de ayuda horizontales comprendidas en el plan de acción de ayudas estatales, a saber, ayudas para las pequeñas y medianas empresas, investigación y desarrollo, innovación, formación, empleo y capital de riesgo. Tras un proceso de consulta sumamente amplio, creo que avanzamos hacia un compromiso general que deberá tener en cuenta las legítimas inquietudes de la gran mayoría de los Estados miembros.

Ningún compromiso es perfecto y siempre es posible hacer algunos pequeños ajustes al texto. No obstante, estudiaré con gran atención sus propuestas antes de presentar la semana próxima un paquete definitivo al Colegio de Comisarios su adopción. Sin embargo, no será posible modificar de modo significativo el equilibrio general que recogen las directrices; de lo contrario, correríamos el riesgo de disgustar a la gran mayoría de los Estados miembros que han acogido favorablemente y apoyan nuestro texto, y podría cuestionar todo el ejercicio.

  Rolf Berend, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, uno de los factores que influyen en las empresas cuando deciden si invertir o no en una región particular es el alcance de la ayuda que recibirán en forma de ayuda estatal. Por tanto, esta ayuda también contribuye al crecimiento económico y a la creación de trabajo en la región en cuestión. Es totalmente natural que la mayor parte de la ayuda estatal se garantice en las regiones más necesitadas de la Unión Europea, pues contribuye a reducir las disparidades regionales, de modo parecido a lo que hacen los Fondos Estructurales. Por tanto, la prioridad debería ser utilizar la ayuda estatal en regiones de convergencia, en virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

Sin embargo, es preciso aplicar el mismo artículo a regiones afectadas por el efecto estadístico, tal y como solicita el tercer informe de progreso sobre la cohesión económica y social, y debe seguir aplicándose hasta el final del período de la programación en 2013. La obligación de mantener las inversiones en las regiones pertinentes ha de continuar durante al menos cinco años, repito, cinco años, tras la inversión. Siete años habrían sido preferibles, pero cinco años es el mínimo absoluto necesario para impedir, en la medida de lo posible, «saltos de inversiones». Este período de cinco años debería cumplirse en el caso de las grandes empresas y de las PYME, a fin de evitar que la ayuda estatal se utilice como incentivo para deslocalizar puestos de trabajo a otras zonas de la Unión Europea, y como fuente de financiación para despidos masivos y cierres de fábricas. Si la ayuda estatal se utiliza, supervisa y analiza debidamente, puede resultar una herramienta útil para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

  Constanze Angela Krehl, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, quiero centrarme simplemente en dos aspectos de este asunto complejo y altamente sensible. La primera es la deslocalización de empresas. Es evidente que nadie en esta Unión Europea quiere que las empresas deslocalicen sus centros con la única finalidad de poder acogerse a la ayuda. No obstante, ya se han dado casos en todos los Estados miembros de regiones encantadas de tener la oportunidad de prestar ayuda estatal a la inversión, con el apoyo de la Unión Europea. Lo que aquí necesitamos son reglamentos que no solo sean claros y transparentes, sino también justos y regidos por el principio de solidaridad. Esto es lo que pide el informe, y espero que la Comisión desempeñe su papel y establezca reglamentos de este tipo.

El segundo aspecto se refiere a las regiones afectadas por el efecto estadístico, ya mencionado por el señor Berend. No consigo entender cómo puede ser, dado que la Comisaria Hübner siempre ha defendido nuestra decisión de tratar las regiones afectadas por el efecto estadístico como regiones del Objetivo 1 para todo el período 2007-2013 y, dado que una gran mayoría apoyó esa decisión, que la señora Kroes presente ahora una idea totalmente diferente, a saber, la división de este período en dos partes. Espero que la Comisión empiece a darse cuenta de que el Parlamento también puede tener buenas ideas de vez en cuando, y que tiene toda la razón al querer proporcionar ayuda a las regiones afectadas por el efecto estadístico.

  Marian Harkin, en nombre del Grupo ALDE. (EN) – Señora Presidenta, me gustaría agradecer al ponente la labor que ha realizado en relación con este informe. He quedado algo desilusionada al oír a la Comisaria decir que solo aceptará modificaciones menores. Me complació sin duda que nuestra comisión parlamentaria aprobara las enmiendas destinadas a mantener el estatus de las regiones afectadas por el efecto estadístico durante todo el período de programación previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 87. Asimismo he apoyado plenamente que las regiones consideradas de desarrollo económico tengan derecho a disfrutar de los niveles máximos de intensidad en las ayudas con su acuerdo transitorio para estas regiones.

En el caso de mi propia región, la región BMW de Irlanda, esto ayudará a que no se produzca una reducción súbita de los niveles de ayuda, sino un cambio progresivo, que no provocará efectos muy graves al sistema. Además, apoyo la propuesta de crear una red de seguridad para que en ningún Estado miembro la cobertura sea inferior al 50 % de su población durante 2000-2006, ya que de ese modo los Estados miembros tendrán la flexibilidad necesaria para intervenir en determinados ámbitos en caso necesario.

Me gustaría plantear brevemente otra cuestión en el marco de las ayudas estatales, que no figura en este informe, pero que, no obstante, reviste una importancia crucial. En ocasiones, las normas en materia de ayudas estatales impiden que las regiones de la UE compitan con regiones y países extracomunitarios para obtener proyectos móviles de inversión. La Comisaria ha hecho referencia a la Estrategia de Lisboa, y para alcanzar el objetivo de contar con más empleos de mayor calidad, las regiones de la UE deben ser competitivas dentro de Europa, pero también con el resto del mundo. No vivimos en un vacío y debemos dirigir nuestras miradas tanto al exterior como al interior. La UE debería poder concebir un sistema mediante el cual los Estados miembros y las regiones puedan competir con países extracomunitarios para atraer proyectos móviles y, al mismo tiempo, que impida que unos Estados miembros no intenten ofrecer más que otros.

Creo que en este contexto necesitamos evaluar los efectos que tienen las ayudas estatales para determinar si un proyecto puede establecerse en la UE con este tipo de ayudas o fuera de la UE sin ellas.

  Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señora Presidenta, el minuto que tengo a mi disposición me concede muy poco tiempo para exponer contextos o sutilezas sobre este intrincado informe, aunque tengo que decir que espero que sus Señorías aprovecharán la oportunidad que se les presenta mañana para eliminar algunas incoherencias e imprecisiones algo lamentables que se han colado en él. Si no aprovechamos esa oportunidad mañana, me temo que, lamentablemente, mi Grupo no podrá votar a favor del informe.

Para nosotros los puntos clave son los siguientes: la red de seguridad, el período en que debe mantenerse la inversión en la región y los criterios mínimos. Aunque se han hecho algunos avances en la consideración de las regiones afectadas por el efecto estadístico, creemos que podríamos haberlo hecho mejor en este ámbito. Insto a sus Señorías a que voten a favor de nuestras enmiendas, que introducirán una claridad muy necesaria en este informe.

Me hago eco de la desilusión mostrada por la señora Harkin por las palabras que la Comisaria ha pronunciado esta noche. Invito a la Comisaria a que preste atención a la opinión de esta Cámara, la cual, creo yo, ya ha trabajado productivamente en esta cuestión. Y espero que podamos seguir haciéndolo.

  Pedro Guerreiro , en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Celebramos el compromiso alcanzado y confiamos en que no se modifique; en otras palabras, los acuerdos relativos a la ayuda estatal que se aplican a las regiones afectadas por el efecto estadístico seguirán aplicándose a las regiones de objetivos de convergencia, tal y como se está proponiendo para las regiones más periféricas.

Tal y como confirma el informe, las políticas de cohesión y las políticas de ayuda estatal son complementarias. La ayuda estatal es un instrumento clave disponible para los Estados miembros a fin de promover el desarrollo regional y la verdadera convergencia entre los distintos países de la Unión Europea. También es una palanca importante a la hora de promover la inversión pública y el desarrollo económico sostenible y a la hora de garantizar que los servicios públicos se presten en las regiones menos favorecidas. Los servicios públicos de alta calidad son un factor crucial a la hora de aplicar el objetivo de la cohesión social, económica y territorial.

Cada uno de los Estados miembros ha de definir sus sectores y servicios públicos, su financiación adecuada y su organización. Por tanto, bajo ningún concepto entran estos ámbitos en el campo la aplicación de las normas sobre ayuda estatal.

Los Estados miembros han de poder utilizar, de conformidad con el principio de subsidiariedad, este instrumento para responder debidamente a las necesidades específicas relativas al desarrollo de la regiones menos favorecidas. La competencia del comercio internacional está ejerciendo una creciente presión sobre las regiones menos favorecidas, provocando el cierre y la deslocalización de empresas y un mayor desempleo, que afecta terriblemente al desarrollo de numerosas regiones, sobre todo en países como Portugal. Por tanto, una vez más decimos que los Estados miembros, con el apoyo de la Unión Europea, tienen el deber de adoptar medidas para abordar estas situaciones, bien a través de la ayuda estatal, bien de otras medidas de financiación.

También prensamos que la obligación de mantener la inversión en las regiones durante un período mínimo de cinco años es deplorablemente insuficiente y que ha de aumentarse. La ayuda estatal no debe promover la deslocalización de empresas, totalmente o en parte, dentro o fuera de la Unión Europea. Pensamos que la ayuda estatal asignada a empresas debería estar sujeta a un compromiso a largo plazo con respecto a la duración de la inversión, el número de puestos de trabajo creados y las garantías de los derechos de los trabajadores. En caso de incumplimiento debería devolverse el dinero.

Además, creemos que la riqueza relativa de las regiones y la cualificación consiguiente para optar a esta ayuda deberían basarse en el PIB per cápita. Si se incorporan nuevos indicadores, creemos que el nivel de cualificación de la población es un factor relevante. Estas son algunas de nuestras propuestas.

  Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, resulta muy tentador ofrecer grandes subvenciones a todas las regiones más pobres de Europa, pero debemos recordar que Alemania Occidental ya ha gastado unos 900 000 millones de euros para intentar crear condiciones de igualdad en la vecina Alemania Oriental, un país relativamente pequeño. Ese hecho debería hacer sonar las alarmas, pero nosotros hacemos oídos sordos. A los ocho países de Europa Oriental que ha se han adherido a la UE, y a Bulgaria y Rumanía, se les han prometido 139 000 millones de euros de los 336 000 millones del presupuesto total de los Fondos Estructurales para el período comprendido entre 2007 y 2013.

En una exposición organizada por la Presidencia neerlandesa en Bruselas en diciembre pasado se preveía que otros diez países empobrecidos se adherirán a la UE de aquí a 2022. Si nos basamos en la experiencia alemana, los costes serán astronómicos y solo podrán sufragarse si los tres grandes Estados miembros –Alemania, el Reino Unido y Francia– están dispuestos a empobrecerse para ello. Ha llegado la hora de abandonar esta idea, totalmente insana, y de ayudar a esos países pobres mediante la creación de oportunidades que incrementen el comercio, el turismo, etc.

Puedo imaginarme que Tony Blair estaría dispuesto a empobrecer al Reino Unido para obtener popularidad en Europa, pero no puedo imaginarme que el señor Chirac hiciese otro tanto en Francia.

  Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, cuando hablamos de la función de la ayuda estatal como instrumento de desarrollo regional no deberíamos olvidarnos de que dicha ayuda procede, de un modo u otro, de los bolsillos de los contribuyentes. Por tanto, convendría que se distribuyera sobre la base de criterios claros y transparentes, y que estuviera destinada a zonas donde realmente vaya a conseguir los resultados deseados. Si se siguen esos principios, la ayuda estatal servirá para que las regiones de la Unión Europea se desarrollen más rápidamente.

Por tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a la Comisión que presente un informe anual sobre el volumen real de ayuda estatal que concede cada uno de los Estados miembros. Después de todo, este tipo de ayuda es un caso clarísimo de interferencia en el mercado libre. Es evidente que la mayoría de las veces esta interferencia está justificada, pero sin duda no está justificada cuando se utiliza para apoyar a las empresas ineficientes. Deberíamos tener esto en cuenta en vista del creciente interés por el uso de asociaciones públicas y privadas con objeto de realizar varias inversiones en infraestructura. Aunque, por otro lado, dicho interés es legítimo, estas asociaciones suponen una gran tentación para cometer todo tipo de abusos, ante la que solo podemos esperar resistencia.

Según la información de que dispongo, el año pasado se gastaron cerca de 62 000 millones en ayuda estatal en el conjunto de la Unión Europea. De ellos, 17 200 millones de euros se gastaron en Alemania, 8 900 millones de euros en Francia, 7 000 millones de euros en Italia y solo 2 900 millones de euros en Polonia. Tengo mis dudas sobre si este dinero se gastó de forma absolutamente racional. No hay suficientes formas de ayuda para lo que conocemos como inversiones horizontales, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, ayudas a pequeñas y medianas empresas, medidas de protección ambiental, desarrollo de la investigación y estímulo de la innovación. La propia Comisaria lo ha dicho hace uno momento. Ese debería ser el objetivo principal de la ayuda estatal, ya que solo dando prioridad a esos objetivos se contribuirá al verdadero desarrollo de las distintas regiones. Los sectores o las grandes empresas que registran un mal rendimiento solo deberían recibir fondos públicos con carácter temporal, y únicamente cuando esos fondos se utilicen realmente para actividades de reestructuración y para aumentar la rentabilidad de las actividades comerciales. Si no es así, los fondos públicos simplemente son un derroche.

La ayuda estatal que apoya directa o indirectamente el desarrollo regional debería promover la cohesión territorial, social y económica. Tendría que servir de instrumento único para ejecutar una política de alineación, que debería ser una expresión de solidaridad entre los Estados miembros y en el conjunto de la Comunidad. En este contexto creo que la iniciativa del Gobierno polaco, cuyo objetivo es lanzar un programa para Polonia oriental, es básicamente razonable. Polonia oriental abarca regiones que registran el PIB más bajo de la Unión Europea, como los Subcárpatos, Lubelszczyzna y Podlasie.

Las conurbaciones desempeñan funciones de centros metropolitanos en regiones locales y merecen especial atención. Los recientes sucesos de las ciudades francesas son una prueba de que las consecuencias de la exclusión social pueden ser realmente dramáticas. Además, no deberíamos ignorar a las regiones que sufren un desempleo elevado, una desgracia que a veces pasa de generación a generación.

Las áreas rurales son otro centro crucial de acción, pues allí se da un creciente número de graves problemas económicos, sociales y demográficos. En mi opinión, es esencial proporcionar una definición clara de «los costes elegibles», de modo que los Estados miembros puedan adoptar decisiones definitivas.

Quiero concluir manifestando mi apoyo al informe presentado sobre las perspectivas financieras de 2007-2013, a condición de que se aprueben las enmiendas adicionales.

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Señora Presidenta, me complace comprobar que las nuevas normas sobre la ayuda estatal ya no contemplan la socavación deliberada y penosa de empresas situadas en zonas fronterizas de la República Checa, que Alemania intentó endosar a la Comisión. La propuesta original no medía la diferencia de la ayuda teniendo en cuenta los niveles del PIB, sino solo si dos regiones diferentes tenían fronteras nacionales. Esta norma extremadamente discriminatoria e incoherente ha sido sustituida, bajo presión de los Estados miembros, por una norma diferente de la que al menos puede decirse que es coherente. Las fronteras nacionales entre regiones ya no desempeñan una función. El problema se resolvió supuestamente incluyendo a las regiones afectadas por el efecto estadístico de la ampliación. Sin embargo, esta terminología técnica es sumamente engañosa, porque acoge grandes diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones. Por ejemplo, en la región del Algarve de Portugal, o la región de Lüneburg de Alemania, el PIB se sitúa en torno al 80 % de la media de la Unión Europea, mientras que en el sudoeste de la República Checa la cifra solo alcanza el 60,5 % del promedio de la Unión Europea. No obstante, todas estas regiones tendrán derecho a prácticamente un mismo nivel de ayuda, que no es ni afortunado ni justo, y que sin duda no respeta el espíritu de solidaridad. Las nuevas normas sobre ayuda regional nacional también se destinaron a fortalecer la competitividad de la Unión Europea y el crecimiento económico, y esto es algo que la Comisión no ha logrado ni de cerca. Las normas sobre ayuda antes vigentes, que en general eran viables, se han suavizado drásticamente. No me cabe duda alguna de que las nuevas normas no propiciarán el crecimiento económico ni la creación de nuevos puestos de trabajo.

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, creo que el Parlamento comprende el deseo de la Comisión de contar con una ayuda estatal menor y mejor orientada, naturalmente haciendo hincapié en las regiones más pobres de la Unión Europea. Sin embargo, estas restricciones de la ayuda estatal también han de tener un límite. Una gran reducción simultánea de los créditos recibidos por las regiones a través de los Fondos Estructurales, por un lado, y de la ayuda estatal, por otro, comporta el riesgo de convertirse en desastre para su desarrollo básico. Un ejemplo de esto, ya mencionado, son, naturalmente, las regiones que acaban siendo víctimas del efecto estadístico y que han visto cómo se reducen las subvenciones concedidas a través de los Fondos Estructurales a raíz de la ampliación, por un lado, y las palabras de la Comisión Europea de que pueden obtener ayuda estatal hasta 2009, pero que a partir de ese año habrá problemas, por otro. Esto es injusto. El Parlamento y el informe Koterec lo han señalado repetidamente. Es la tercera vez que se ha dicho esto y la Comisión ha de tenerlo en cuenta.

De forma similar, es preciso abordar el problema de las islas, especialmente en relación con el coste adicional del transporte en las regiones insulares. Conozco algunos ejemplos de Grecia que ilustran que el coste del transporte en las islas es tres veces mayor que el necesario para desplazarse la misma distancia en el continente. Para terminar quiero decir que necesitamos examinar con atención el riesgo de las deslocalizaciones de las empresas. Tanto nosotros como la Comisión hemos de dejar claro que las empresas que reciben ayuda estatal deben permanecer donde estaban cuando recibieron las subvenciones durante un mínimo de cinco años.

  Jean Marie Beaupuy (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, en respuesta a la palabras de mi colega, el señor Hatzidakis, me atreveré a emplear una expresión bien conocida, que quizás recuerde: «no tema».

No tema, señora Comisaria. ¿Cree que hay Gobiernos que disponen de recursos suficientes en estos tiempos de dificultades financieras para repartir generosamente fondos entre todas las regiones? ¿Cree que hay Gobiernos lo bastante locos como para repartir dinero entre sus regiones sabiendo que sus inversiones serán derrochadas en los años siguientes?

No tema, señora Comisaria. Lo ha dicho hace un momento, esas sumas representan menos del 20 % de las ayudas estatales. No tema, señora Comisaria. Usted ha declarado personalmente, hace un momento, al comienzo de su intervención, que se implantarían controles estrictos, y nuestro colega, el señor Koterec, a quien felicito por la calidad de su trabajo, ha subrayado que existen indicadores, como las tasas de desempleo, etc.

Esté tranquila, señora Comisaria, que elevando la red de seguridad al 25 %, los Estados miembros harán un buen uso de los indicadores que ha establecido usted, y ello en interés de Europa y de nuestros conciudadanos.

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (La oradora habla en gaélico)

(EN) Señora Presidenta, agradezco al señor Koterec su labor y recomiendo su informe a la Comisaria.

Las ayudas estatales son coherentes con las políticas en materia de fondos estructurales y pueden contribuir a la cohesión social y económica. De conformidad con el principio de subsidiariedad sería importante contar con una mayor flexibilidad a fin de poder dar la respuesta adecuada a las necesidades concretas de desarrollo de las regiones menos favorecidas.

En particular me felicito de que el informe señale que las regiones con efectos naturales y que las regiones consideradas de desarrollo económico deben poder optar a un régimen más flexible de ayudas estatales en el futuro. Es de suma importancia que estas regiones puedan recibir el máximo durante un tiempo y mantener sus trayectorias positivas de desarrollo económico después de 2006, y que dichas zonas no queden rezagadas a medida que la economía mejora y evoluciona.

Me gustaría asimismo subrayar, como lo han hecho otros oradores, la necesidad de que las empresas permanezcan en la región por la que han recibido estas ayudas.

(La oradora continúa en gaélico)

  La Presidenta. Me gustaría recordar a esta Cámara que la señora de Brún a veces comienza y termina sus intervenciones en gaélico, lengua para la que no contamos con un servicio de interpretación. Ella lo sabe y nosotros también.

  Peter Baco (NI). – (SK) Faltan cinco minutos para media noche, tanto en sentido literal como figurado. Un aspecto básico del debate sobre las ayudas estatales directas como instrumento del desarrollo regional es la aplicación amenazada de la propuesta británica de reducir la ayuda económica procedente de los Fondos Estructurales de la Unión Europea para 2007-2013 destinada a los nuevos Estados miembros. Una reducción de la ayuda aumentaría el riesgo de fracaso en la consecución de los objetivos deseados de la ayuda estatal en los nuevos Estados miembros, ya que suele ocurrir que estos Estados simplemente no tienen ningún fondo propio para esos objetivos. Si lo tuvieran, estaríamos abordando la ayuda estatal, los problemas de las regiones menos avanzadas y la cuestión de la cohesión de una forma completamente diferente.

Además, falta un análisis apropiado y estudios verificables sobre el impacto de las decisiones que se están estudiando. Señorías, la resolución propuesta por la Comisión de Desarrollo Regional y el ponente Koterec es buena, pero solo tendrá sentido si el nivel de ayuda destinada a los nuevos Estados miembros permanece intacto.

  Jan Olbrycht (PPE-DE).  – (PL) Señora Presidenta, el debate de hoy no se refiere directamente a la solidaridad europea, a la política de cohesión o al reparto de los fondos de la Unión Europea. No obstante, en realidad no está demasiado lejos del debate sobre el principio de solidaridad o los factores que impulsan el desarrollo económico, en particular los factores que promueven o dificultan la existencia de economías que funcionan en los Estados miembros.

Las decisiones sobre las ayudas estatales concedidas en el ámbito regional son competencia absoluta de la Comisión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo, el Parlamento no puede ser observador pasivo de los desarrollos acaecidos en este terreno, dado que trabaja activamente en un paquete legislativo sobre la política de cohesión. Por tanto, habría que hacer especial hincapié en un aspecto tratado en el informe, a saber, que esperamos de la Comisión que retrase su aprobación de una posición hasta que se acuerden las nuevas perspectivas financieras, y hasta que se apruebe el presupuesto para la política de cohesión.

Si se formularan correctamente, los reglamentos sobre los niveles de ayuda estatal deberían aumentar el impacto de las intervenciones estructurales en lugar de recortar las libertades económicas, con lo que también me refiero a la actividad empresarial. La ayuda estatal no debería convertirse en un medio alternativo de prohibición artificial de medidas como la deslocalización de empresas.

Asimismo, convendría orientar las actividades económicas de los Estados miembros a la creación de un entorno que propicie inversiones en la Unión Europea, así como al establecimiento de condiciones operativas favorables que permitan la planificación futura de las empresas, en lugar de orientarlas a la imposición de prohibiciones artificiales que perturban las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, también es absolutamente esencial consultar a las autoridades regionales y locales sobre los criterios para identificar a las regiones beneficiarias de las ayudas.

  Alfonso Andria (ALDE). – (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, ante todo quisiera dar las gracias al señor Koterec por el trabajo realizado.

Se habla de ayudas estatales menos numerosas y más selectivas, a fin de responder eficazmente a los desafíos de la mundialización económica y de la ampliación y a la necesidad de relanzar la competitividad de la Unión. Sin embargo, existe el riesgo de penalizar algunos territorios: de hecho, las ayudas estatales deben servir para promover la competitividad y la innovación, la investigación y el desarrollo en todo el territorio de la Unión Europea.

En este contexto, sería especialmente deseable la creación de un mecanismo de transición para las regiones que sufren el efecto estadístico. Por tanto, pido a la Comisión que tome en consideración la nueva redacción del apartado 7 del informe Koterec, tal como lo ha aprobado la Comisión de Desarrollo Regional. Y le invito a que tome nota de ello y actúe en consecuencia, y también a que tenga más en cuenta la tasa de desempleo de una región a la hora de determinar su condición.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – (PT) Normalmente, la ayuda estatal se considera perjudicial para la competencia. Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea reconoce que dicha ayuda es aceptable cuando está destinada a contribuir al desarrollo económico de las regiones donde el nivel de vida está muy por debajo de la media europea. Así se consagra el principio utilizado para justificar la política pública cuando está orientada a impulsar la cohesión social.

Mientras que el libre funcionamiento del mercado comporta beneficios en términos de desarrollo económico, por sí solo no puede garantizar el desarrollo. Por tanto, con respecto a la política regional, este tipo de ayuda estatal podría servir para apoyar a las regiones menos favorecidas. Por consiguiente, dado que la ayuda estatal y la política regional son complementarias, han de aproximarse más. A este respecto estoy de acuerdo con el ponente en que las regiones afectadas por el efecto estadístico deberían someterse a los mismos mecanismos que las regiones del objetivo de convergencia.

Ahora me centro en la mundialización, que ha puesto un nuevo problema sobre el tapete de la Unión Europea, sobre el que he llamado repetidamente la atención de la Asamblea. El problema consiste en que las regiones y los sectores que se basan, desde el punto de vista económico, en la fabricación, corren el riesgo de ser borrados del mapa. A fin de corregir esta tendencia, la Unión Europea ha presentado la idea del fondo de ajuste de la mundialización, una iniciativa que apoyo, si bien con la condición de que se aplique solamente en regiones que, de acuerdo con las posibles tendencias, se encuentran en situación de grave riesgo social.

Por tanto, este fondo ha de ser altamente selectivo y ha de aplicarse solamente en casos excepcionales. Únicamente debe destinarse a las regiones que cumplan tres características básicas en un momento dado: alto índice de concentración de población, elevada tasa de desempleo y especialización en toda una gama de sectores.

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Señora Comisaria, las últimas propuestas de la Comisión en materia de ayudas estatales con finalidad regional representan un progreso, puesto que cada Estado miembro puede mantener zonas que pueden acogerse a las ayudas nacionales gracias a la creación de una red de seguridad.

No obstante, esta medida conlleva una reducción del apoyo muy importante, que no es coherente con la evolución de los indicadores macroeconómicos de algunas regiones. Convendría, pues, elevar esa red de seguridad. En efecto, un descenso del tipo de cobertura mínimo claramente inferior al 50 % propuesto permitiría tener en cuenta la situación de los Estados en los que el efecto estadístico no da cuenta de las disparidades regionales.

Con la misma lógica, si observo con satisfacción que las regiones ultraperiféricas siguen pudiendo acogerse en virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 87, lamento que las nuevas propuestas no permitan compensar el descenso anunciado de la ayuda. La intensidad de la ayuda debe examinarse de forma específica en las regiones ultraperiféricas, puesto que es una condición para la supervivencia de sus economías y no un ajuste competitivo.

No es coherente incitar a las regiones ultraperiféricas a cooperar con países vecinos con costes salariales incomparablemente más bajos, reduciendo al mismo tiempo de forma drástica la ayuda aportada a sus empresas, una ayuda que es la herramienta esencial para restablecer las condiciones equitativas de una competitividad regional que ha sido falseada. Los territorios ultramarinos deben seguir beneficiándose absolutamente de un nivel de ayuda igual al actual.

Quisiera dar las gracias a la Comisión de Desarrollo Regional por haber aprobado mi enmienda, que destaca que las directrices deberían prever explícitamente la posibilidad de que los Estados miembros notifiquen proyectos de ayuda y la Comisión evalúe la compatibilidad de los mismos empleando criterios más flexibles, a fin de tener en cuenta posibles especificidades regionales o sectoriales, así como enfoques innovadores.

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Señora Presidenta, señora Comisaria, respaldo la premisa básica de estas reformas, que se resume en menos ayudas estatales pero mejor orientadas. La ayuda estatal ineficaz tiene un efecto perjudicial en el mercado interior y la competitividad económica. El texto objeto de debate es equilibrado, ya que tiene en cuenta las necesidades de las regiones más pobres y de las regiones afectadas por el efecto estadístico. Especialmente doy la bienvenida al hecho de que la Comisión haya retirado su propuesta original de reducir la intensidad de la ayuda estatal en las regiones colindantes de los países más ricos, especialmente las regiones fronterizas checo-germanas y checo-austriacas que, como vecinos del antiguo Telón de Acero, durante muchos años han ido a la zaga. No creo que la solución al problema de la llamada deslocalización resida en la demonización de las empresas afectadas. Por este motivo me parece bien y apropiado que la Comisión intente lograr que el plazo propuesto para los proyectos emprendidos por las PYME se recorte a tres años. Los pequeños empresarios han de ser flexibles. La ayuda estatal es un instrumento importante del desarrollo regional. Por tanto, la reforma de las normas debería basarse en los principios de eficacia, transparencia y solidaridad. Apoyo el impulso hacia esas reformas.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, me gustaría darle las gracias a usted y a todas sus Señorías por la estrecha cooperación entre el Parlamento, a través de su Comisión de Desarrollo Regional y su ponente, el señor Koterec, y la Comisión sobre este tema tan importante.

En el nuevo proyecto de directrices de las ayudas regionales, dos principios revisten una importancia fundamental. En primer lugar tenemos la necesidad de ofrecer una contribución sólida a la política de cohesión de la Unión mediante la mayor coherencia posible con los Reglamentos relativos a los Fondos Estructurales. En segundo lugar, es necesario aplicar las conclusiones de los sucesivos Consejos Europeos, que piden menos ayudas, pero más selectivas, siguiendo el planteamiento general que figura en el plan de acción de ayudas estatales.

Estoy convencida de que esta reforma, que no es más que un primer paso en nuestra revisión general de las normas en materia de ayudas estatales, constituirá una importante contribución para alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa y para recuperar la competitividad europea, y que impulsara el círculo virtuoso del crecimiento económico, la mejora de los niveles de vida y la creación de más empleos de mayor calidad.

Espero con ansiedad la siguiente fase de este amplio debate, pues esta no será la última velada en que debatiremos este tema. La siguiente fase de este amplio debate se producirá cuando el Parlamento debata el plan de acción sobre ayudas estatales el año próximo. Es en ese contexto que tomo nota de algunos de los comentarios del informe sobre cuestiones de mayor alcance, como las mencionadas por algunas de sus Señorías, como las exenciones en bloque, los límites mínimos y las normas generales aplicables a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo me gustaría recordarles que se pueden conceder considerables cantidades de ayuda a las pequeñas y medianas empresas de cualquier zona, incluso si están situadas fuera de las zonas que reciben ayudas regionales. Asimismo, las grandes empresas tienen a su disposición ayudas para la investigación, el desarrollo, la formación y la protección del medio ambiente, independientemente de su ubicación, siempre que cumplan una serie de condiciones.

Las «regiones afectadas por el efecto estadístico» son aquellas cuyo PIB por habitante es inferior al 75 % del PIB por habitante de la UE-15, pero más del 75 % del PIB por habitante de la UE-25. De hecho alcanzan un 82,2 % del PIB per cápita de la UE-25. Con arreglo a las directrices propuestas, estas regiones se beneficiarán de la situación contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 87, y de una intensidad en ayudas del 30 % para las ayudas a grandes empresas durante la primera parte del período de programación, así como de la posibilidad de conceder ayudas de funcionamiento.

La situación de estas regiones será objeto de una revisión intermedia, si su PIB por habitante desciende por debajo del 75 % del PIB por habitante de la UE-25. Seguirán gozando de lo contemplado en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 y de las ayudas de funcionamiento. De lo contrario serán subvencionables con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87, con una intensidad en ayudas del 20 % y se beneficiarán de disposiciones transitorias. En particular podrán seguir concediendo ayudas de funcionamiento durante otros dos años. Por consiguiente las regiones afectadas por el efecto estadístico podrán seguir siendo subvencionadas con ayudas regionales durante todo el período de programación, de conformidad con su consideración de zonas de la letra a) o bien de la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

Nuestro de debate de esta noche y las enmiendas presentadas a la propuesta de resolución me llevan a añadir otros tres puntos más específicos. En primer lugar, sigue siendo fundamental que la ayuda regional se concentre en las regiones más necesitadas. Lo que implica igualmente intensidades en ayudas bien equilibradas y matizadas. En segundo lugar, la ampliación de la red de seguridad podría ir contra el principio del carácter excepcional de las ayudas regionales y podría poner en peligro el objetivo de dar a las regiones asistidas un auténtico impulso respecto a otras. En tercer lugar, es indispensable establecer un delicado equilibro entre la permanencia de las inversiones en la región durante el tiempo necesario para contribuir a su desarrollo y la imposición de obligaciones excesivamente restrictivas a las empresas inversoras, que podría disuadirlas de invertir.

Las ayudas regionales son cofinanciadas de hecho por los Fondos estructurales en nuevos los Estados miembros, mientras que los antiguos Estados miembros generalmente recurren a su propio presupuesto. Una recorte en las perspectivas financieras, así como un incremento de la población cubierta iría en contra de la cohesión, y me gustaría recalcar este aspecto.

Terminaré señalando simplemente que, en un tema de la importancia que tiene este, cualquier reforma solo puede tener éxito si se basa en un amplio consenso entre las partes interesadas. Acojo con satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo contribuya activamente a este consenso. Una vez más deseo dar las gracias al ponente, señor Koterec, y a los miembros de su equipo, por toda su labor.

  La Presidenta.   El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Francesco Musotto (PPE-DE). – (IT) Las ayudas estatales están destinadas a las regiones con especiales desventajas y contribuyen, de modo aún más específico que otras políticas, a promover los objetivos de Lisboa, Gotemburgo y Barcelona. Por esta razón, son un importante instrumento del que disponen los Estados miembros para intervenir a favor de las regiones con más dificultades, como las afectadas por el denominado efecto estadístico a raíz de la ampliación, o las zonas desfavorecidas, como las islas o las zonas montañosas.

La reducción de las ayudas estatales y una mejor asignación de las mismas son elementos fundamentales de una competencia efectiva, pero hay que prestar atención a los parámetros propuestos en este nuevo enfoque. En efecto, imponen diferenciales demasiado altos entre los 15 y los países de reciente adhesión, generando una pérdida de incentivos. Esto mermará las posibilidades de atraer a nuevas empresas, provocará la deslocalización de empresas no competitivas, capaces de sobrevivir tan solo a base de subsidios, y generará fenómenos de competencia subrepticia entre las zonas más pobres de Europa. Es necesario, por tanto, restablecer unos niveles de ayuda más limitados y reducir los diferenciales entre las cotas máximas de las regiones menos desarrolladas. Por último, hay que hacer hincapié en la «flexibilidad» prevista de las ayudas a las grandes empresas.

66. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

67. Cierre de la sesión

(Se cierra la sesión a las 24.15 horas)