Acta literal de los debates

Martes 17 de enero de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Decisión sobre la urgencia: véase el Acta

4. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

5. Acceso al mercado de los servicios portuarios

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo acerca del acceso al mercado de los servicios portuarios (COM(2004) 0654 – C6 0147/2004 – 2004/0240(COD)) (A6-0410/2005).

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias al señor Jarzembowski y a la Comisión de Transportes y Turismo por los esfuerzos que han hecho por mejorar la propuesta de la Comisión.

Esta nueva propuesta de la Comisión de una directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios responde a las necesidades ya identificadas por la Comisión en 2001, cuando adoptó su primera propuesta al respecto. La propuesta que debatimos fue presentada por mi predecesora, la señora De Palacio. Persigue los mismos objetivos que la propuesta anterior, es decir, la realización de la libre prestación de servicios portuarios, conforme a las disposiciones del Tratado, tal como fueron confirmadas por el Consejo Europeo con la Agenda de Lisboa, la plena realización del mercado interior en el sector portuario, así como la aplicación de las conclusiones del Libro Blanco sobre los transportes de 2001, que presentaba soluciones destinadas a reducir la congestión de la red de carreteras y mejorar la cohesión con las regiones periféricas.

Evidentemente, todo esto debería llevarse a cabo respetando plenamente la normativa en vigor en materia medioambiental –reglamentación sobre protección y seguridad marítima–, pero sobre todo en materia de empleo social y seguridad social. Además, el texto prevé que la Comisión adopte directrices sobre las ayudas estatales a los puertos y que los puertos beneficiarios respeten las disposiciones de la Directiva de la Comisión sobre la transparencia financiera.

Señorías, quisiera subrayar la importancia de disponer de unos puertos eficaces: los puertos son un eslabón esencial de la cadena de transportes y del desarrollo de las autopistas del mar. El 90 % de nuestro tráfico exterior transita por nuestros puertos. Necesitamos un marco claro de normas que favorezcan las inversiones en los puertos.

Señor Presidente, queridos amigos y colegas, la Comisión ha efectuado los cambios que estimó oportunos con respecto al texto que no fue aprobado en 2003. No obstante, soy consciente de las reservas que suscita este nuevo texto. Justamente por eso, quiero seguir con atención el debate que va a tener lugar y cuyo principal motivo he recordado: la modernización de nuestros puertos para desarrollar aún más la actividad portuaria en Europa.

Gracias por su atención. Señor Presidente, ha hecho usted hincapié en el número de oradores: en cualquier caso, creo que este debate será muy ilustrativo para la Comisión. Por consiguiente, doy las gracias por adelantado a todos los que van a intervenir, reiterando una vez más mi agradecimiento a la comisión parlamentaria y a su ponente.

  Georg Jarzembowski (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Vicepresidente por sus claras explicaciones y por su disposición a atender a los argumentos de hecho de esta Cámara.

Quiero recordar a sus Señorías que todos los argumentos a favor y en contra de la Directiva de servicios portuarios han sido discutidos ya durante meses, y que hay dos asuntos que quedaron establecidos nada menos que el pasado junio, en la audiencia de la Comisión de Transportes y Turismo. Uno es que todas las partes interesadas en los puertos –desde las empresas portuarias hasta las compañías navieras– están a favor de unas reglas inequívocas de transparencia que faciliten la competencia leal entre puertos. Lo mismo cabe decir de todos los Grupos de esta Cámara, ninguno de los cuales, por cierto, ha presentado enmiendas sustanciales, a lo largo de las deliberaciones en la Comisión de Transportes, a las disposiciones sobre transparencia de la propuesta de la Comisión, por lo que se me antoja incomprensible que cuatro Grupos ahora pretendan que la propuesta sea rechazada en su totalidad, pues de este modo están impidiendo la introducción de normas sobre transparencia. Quien esté a favor de la transparencia y de la competencia justa no puede rechazar bajo ninguna circunstancia esa parte de la Directiva.

Volviendo al asunto del acceso al mercado, en la audiencia quedó claro que aquí hay en juego intereses muy distintos. Los prestadores de servicios portuarios, es decir, las compañías que actualmente operan en los puertos –terminales de contenedores, prácticos de puertos, etcétera–, lógicamente no quieren que esto lo regule Europa; prefieren que permanezca en el ámbito nacional. Los usuarios de los servicios portuarios, como los armadores y los sectores productivos que fabrican y transportan mercancías, opinan –y creo que con acierto– que el acceso al mercado exige una normativa europea. Por eso afirmo que el derecho, claramente consagrado por el Tratado de la CE, de establecerse y ofrecer servicios debe regir en los puertos igual que en cualquier otro sitio, y debemos aprobar normas claras y justas que lo garanticen.

Ahora procederé a exponer brevemente cinco argumentos a favor de la reglamentación europea del acceso al mercado.

En primer lugar, en beneficio de los nuevos prestadores de servicios, el acceso al mercado se ha de facilitar mediante anuncios de contratos públicos de terrenos de arrendamiento público. Sin estos concursos, los nuevos prestadores nunca tendrán la oportunidad de acceder al mercado.

En segundo lugar, en beneficio de las actuales empresas de manipulación de cargas en los puertos, estas disposiciones transitorias deben garantizar el mantenimiento de los contratos de arrendamiento público, en teoría al menos por un plazo máximo 46 años. Nuestra propuesta no pone en peligro, por tanto, ni una sola empresa ni un solo puesto de trabajo, pues gracias a esos largos períodos transitorios las actuales empresas pueden continuar ejerciendo su actividad.

Nuestra propuesta también atiende a los intereses de los trabajadores portuarios, ya que pretendemos eliminar la autoasistencia de la directiva. Somos de la opinión de que no es necesaria una normativa europea de autoasistencia, pues el tráfico de contenedores, que es la actividad característica de los puertos modernos, no lo permite. No hay ningún buque portacontenedores que cuente con el quipo de carga necesario que permita a su propia tripulación cargar y descargar los contenedores.

Además, como ya he explicado, las largas disposiciones transitorias protegen el empleo de los trabajadores portuarios y, en definitiva, no habrá peligro de dúmping social ni de deterioro de las condiciones de trabajo, pues la directiva dice expresamente que no interferirá en los sistemas de seguridad social de los Estados miembros ni en los convenios colectivos.

En cuarto lugar, nuestras propuestas son también buenas para los intereses de los armadores y de las compañías usuarias, ya que, si entran nuevas empresas en el mercado, aumentarán sus posibilidades de elección entre las más eficientes y económicas, y ya no se encontrarán ante una situación de monopolio, como sucede actualmente en muchos puertos, en que deben aceptar lo que se les ofrece.

En quinto lugar, la directiva, así modificada, también es positiva para la economía y para el consumidor, pues para estos y para la importación y la exportación es fundamental que todos los puertos estén regulados de forma más eficaz y menos onerosa.

Por eso creo que el justo acceso al mercado, combinado con la protección del empleo y de los intereses de las actuales empresas, es la mejor solución. Tienen ante ustedes, Señorías, 140 enmiendas. No dejen de pronunciarse sobre el fondo, voten sobre la sustancia de las propuestas. Si devuelven la propuesta de la Comisión en su totalidad –no solo la parte de la competencia, sino también la relativa a la regulación del mercado–, nos quedaremos sin una normativa europea, en detrimento de la seguridad jurídica necesaria para poder planificar de antemano y de la certidumbre sobre qué es conforme a derecho.

No se dejen influenciar por las huelgas de ayer. Me parece increíble que los sindicatos indujeran a los trabajadores con falsos argumentos a venir aquí. Aunque algunos de los manifestantes lanzaran bengalas, eso no debe ponernos en contra de todos los trabajadores portuarios. Tomemos una decisión justa sobre este asunto, eso es lo que les pido.

  Stephen Hughes (PSE) , ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (EN) Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por su trabajo, que, está claro, no ha sido reconocido por la Comisión de Transportes y Turismo.

Yo también lamento las muestras de violencia que vimos ayer, pero debemos entender la frustración que sienten en estos momentos los estibadores. Esta propuesta de la Comisión trasluce un desconocimiento total de la situación. Es un insulto absoluto al Parlamento que se nos haya vuelto a plantear prácticamente en los mismos términos dieciocho meses después de ser rechazada por primera vez. Un auténtico insulto a la única institución europea democrática elegida directamente. Después de aquel rechazo, la Comisión debería haber meditado muy detenidamente.

(Aplausos)

Igual que sucedió con la Directiva de servicios, esta también se basa en un planteamiento realmente descabellado: la absurda idea de la autogestión. Es una auténtica receta para el desastre y una pesadilla para la salud y la seguridad. Lo que hace falta para la carga y descarga de mercancías es personal dedicado en exclusiva, formado y experimentado, no una mano de obra embarcada que estaría expuesta a los peligros de unas maniobras apresuradas de carga y descarga.

El pilotaje también se ha incluido en esta propuesta. Yo represento a Teesport, en el nordeste de Inglaterra, que es uno de los puertos más activos de Europa, utilizado por un gran complejo de la industria química. Cada día entran y salen del puerto cargamentos altamente volátiles. La idea de sacar a concurso los servicios de pilotaje de barcos de ese tipo para conseguir el precio más bajo es, una vez más, absurda. Eso pondría en peligro no solo a los trabajadores implicados, sino a toda la población de mi región.

La Comisión debería haber hecho algo sensato: revisar totalmente su propuesta antes de presentarla. Espero que la retire inmediatamente cuando la rechacemos mañana, pues estoy seguro de que lo haremos.

(Aplausos)

  Marianne Thyssen, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de que esta Cámara rechazara el paquete portuario, la Comisión, por medio de la agencia del predecesor del señor Comisario, realizó un nuevo envío en forma de contenedor con una mano adicional de pintura para hacer ver que se trataba de un segundo paquete, aunque su contenido era casi idéntico al primero.

La Comisión ha tenido el valor de presentar una propuesta que demuestra, como bien ha dicho el señor Hughes, que desoye la voz del Parlamento. Habríamos agradecido un poco más de respeto, pero la Comisión parece haber considerado superflua nuestra aportación. Ella sola podría hacerse cargo de este asunto. La Comisión tiene una probada capacidad de autoasistencia, y mañana veremos que quizá le vaya mal. Sin embargo, la autoasistencia no es el único problema.

Nuestro Grupo también cree que esta propuesta - con la que somos muy críticos - probablemente será rechazada, y nos damos cuenta de que el ponente, quien merece todos nuestros respetos, no ha conseguido reunir, pese a sus continuos esfuerzos pero como resultado de todas estas circunstancias, una mayoría para una solución aceptable, útil y viable basada en esta propuesta.

Si esto no acaba de una vez con el paquete portuario y sus viajes de ida y vuelta, entonces sabremos que tenemos que cambiar de estrategia y optar por una totalmente distinta. Hace falta una estrategia que se centre en la resolución de los problemas reales, que preste la debida atención no solo a los bienes de inversión, sino también a las personas. Una estrategia que ofrezca seguridad jurídica para todos, y para ello es necesaria una pausada deliberación. ¡Acabemos con el modelo de confrontación! ¡Viva el modelo de consultas!

Quizá, señor Comisario, en nombre de la Comisión, sea usted tan amable de decirnos si, cuando presenten nuevas propuestas, piensan dedicar previamente un tiempo para dialogar con todas las partes implicadas.

(Aplausos)

  Willi Piecyk, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, antes que nada haré una observación: la conducta mostrada ayer por algunos de los estibadores aquí en Estrasburgo traspasa con mucho el límite de lo tolerable en la vida política. Sí a las protestas y a las manifestaciones, pero no a la violencia y al vandalismo. No podemos tolerarlos y debemos condenarlos.

(Aplausos)

Vamos al asunto que nos ocupa. En el pasado ya pudimos hablar de los mares limpios y los puertos limpios, y por ellos hemos luchado. Se aprobó legislación al respecto, por ejemplo, la Directiva de noviembre de 2000 sobre instalaciones portuarias receptoras de residuos. Si el paquete portuario encaja en algún sitio, será en este, entre los residuos de los puertos; ese es su lugar. Siendo así, los socialdemócratas y muchos otros mañana rechazaremos esta directiva del «paquete portuario II». ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: El proyecto de la Comisión no tiene en cuenta en absoluto la realidad de la mayor parte de los puertos europeos; no se puede tolerar que pretenda interferir en estructuras que funcionan y que son rentables e imponer una enorme y costosa burocracia para conseguir una competencia que ya existe en casi todos ellos.

Por último, y lo más importante, también estamos hablando de una gran cantidad de puestos de trabajo cualificado, de familias, de una forma de vida; todo ello está en juego. Hasta ahora no he oído una sola razón que justifique poner en peligro esos empleos y la paz social en los puertos europeos. No hay ningún motivo.

Dicen que las libertades fundamentales –constantemente invocadas– no están garantizadas en los puertos. Quizá suceda en algunos puertos de Europa, pero en la mayoría reina una constante competencia. Obviamente, el espacio para prestadores de servicios en muchos de ellos es limitado, y no hay forma posible de que todos ellos puedan entrar en acción a la vez, pero eso no quiere decir que se esté discriminando a nadie.

Pondré como ejemplo una calle peatonal en la mejor zona de una ciudad. También allí el espacio es limitado, pero ¿piensa la Comisión convocar algún proceso de licitación simplemente porque un peluquero alemán no consiga arrendar inmediatamente un salón en las Ramblas de Barcelona? Por supuesto que no.

No se trata solo de Europa como lugar de negocios marítimos, sino de la posición en que los europeos nos situamos respecto a otros continentes. Si queremos mantener nuestro modelo de vida europeo, no podemos servir los puertos europeos a las empresas asiáticas en bandeja de plata. Dicho sea de paso, nuestros puertos son, hoy día, mucho más eficientes que los asiáticos.

Señor Comisario, usted ha heredado este cuestionable paquete de su predecesora, la señora De Palacio. Sabiendo que no es usted un cazador de herencias, le sugerimos que se deshaga de esta: nosotros le ayudaremos. El tipo de propuesta que queremos recibir de usted es una cuya esencia sea indiscutiblemente europea. Hace falta una política portuaria europea y una libre competencia justa entre puertos, además de una adecuada política para sus áreas circundantes. Tenemos que conseguir que los puertos europeos compitan adecuadamente con el resto del mundo. Si ese es el tipo de política que usted quiere, señor Comisario, estaremos con usted y cooperaremos con gusto para que pueda ver la luz.

(Aplausos)

  Anne E. Jensen, en nombre del Grupo ALDE. – (DA) Señor Presidente, señor Comisario, casi cincuenta años después de la fundación de la Comunidad, aún no tenemos un marco jurídico específico para los servicios portuarios. Este sector es el único de entre los transportes en que los problemas relativos a la libre circulación de servicios han de ser resueltos uno a uno por la Comisión y por el Tribunal de Justicia. No hay duda de que los servicios portuarios entran en las libertades fundamentales previstas por el Tratado de la CE –es decir, libertad de movimiento y de establecimiento, como el señor Comisario ha mencionado–, y los principios generales del Tratado no tienen en cuenta suficientemente las condiciones especiales que afectan a los puertos. Por eso es necesario un marco legislativo para el sector.

En el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa estamos, por tanto, a favor de una directiva sobre puertos, si bien no en la forma presentada en la propuesta de la Comisión. De hecho, muy pocos apoyan una directiva así. Nosotros hemos apoyado al ponente, señor Jarzembowski, en sus esfuerzos por hacer algo más sensata esta directiva. A la vista de los acontecimientos que se han visto reflejados en los esfuerzos del señor Jarzembowski, me han sorprendido las violentas manifestaciones contra la propuesta de la Comisión, la cual, desde luego, no tiene la menor posibilidad de ser aprobada tal como está. El señor Jarzembowski debe retirar la autoasistencia de la propuesta si quiere que sea menos controvertida. Dicho esto, hemos oído extravagantes y falsas afirmaciones sobre estibadores Filipinos dispuestos a quedarse con los puestos de los trabajadores portuarios. Estos, por su parte, han correspondido a la buena voluntad existente causando disturbios frente a nuestra sede parlamentaria y destrozando numerosas ventanas de la fachada. Creo que esto demuestra una falta de comprensión y de respeto por el proceso democrático.

Necesitamos una directiva de servicios portuarios que establezca el marco para la libre competencia entre los prestadores de servicios portuarios, y también para una mayor competencia entre los puertos, a lo que contribuirá la prohibición de ayudas estatales que la distorsionan. El verdadero punto de partida de la Comisión es que, al acabar con los monopolios, tendremos unos puertos más eficientes y mejor gestionados. Entonces se incrementará el transporte de mercancías por mar, lo que reducirá la carga que soportan las carreteras y el medio ambiente. Sin embargo, este objetivo se ha perdido de vista en el debate. Hay que reconocer que la propuesta de la Comisión contiene numerosas deficiencias. Creemos que debe tenerse más en cuenta la capacidad de los prestadores de servicios para rentabilizar y amortizar las grandes inversiones que han de hacer. Debe haber mejores reglas transitorias cuando los nuevos prestadores sustituyan a los antiguos.

Si la directiva acaba siendo rechazada –tal como muchos de nosotros creemos, aunque no lo deseamos–, el documento deberá ser utilizado en los futuros trabajos de análisis del impacto de la legislación en este campo. Dado lo caótico de los acontecimientos hasta ahora, es comprensible que muchos quieran que la Comisión retire la propuesta. Debo decir que mi propio Grupo no tiene una opinión unánime sobre la postura que debemos adoptar al respecto. Precisamente debido al caos reinante, hay muchos que simplemente votarán en contra de la propuesta, pero seguiremos interesados en una directiva sobre puertos.

  Joost Lagendijk, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es toda una hazaña haber sido capaz de presentar una propuesta de la Comisión que ha sufrido tantas y tan fuertes críticas por todos los frentes, como es el caso. Todos somos testigos de lo que sucedió ayer: como acaba de explicar el señor Piecyk, los trabajadores portuarios, aunque solo una minoría, traspasaron el límite de lo admisible y trataron de tirar piedras contra su propio tejado. Fue algo totalmente absurdo, teniendo en cuenta que iba contra la única institución europea que ha defendido sus intereses en el pasado y que parece seguirlo haciendo ahora. Esta absurda acción, sin embargo, no debe enturbiar la principal y reiterada objeción de los estibadores: que si se aprueba sin cambios la propuesta de la Comisión, existe un alto riesgo de que personas bien formadas y experimentadas sean sustituidas por mano de obra barata y mal instruida, y eso es algo que no podemos respaldar.

Lo sorprendente, obviamente, es que no solo los sindicatos han demostrado su preocupación. Las empresas portuarias de muchos puertos europeos también nos han pedido que no introduzcamos más burocracia en las nuevas normas. Al leer los estudios de impacto realizados se llega a la conclusión de que, si esta directiva es aprobada sin cambios, el resultado será una mayor incertidumbre y menores inversiones, con el adverso efecto sobre la calidad de los servicios portuarios.

Someteré un tercer argumento a la atención de la Comisión. Si esta, por medio de su Presidente, ha reiterado una y otra vez que Europa solo debe legislar si es necesario, si añade algo que no puede hacerse en el plano nacional, ¿por qué ahora presenta una propuesta que trata de resolver un problema en una serie de puertos del sur de Europa imponiendo a todos los puertos europeos unas reglas uniformes?

La conclusión de mi Grupo es que debemos rechazar esta propuesta. Conmino a la Comisión a que deje de presentar propuestas de este tipo y, a cambio, nos traiga otras que puedan hallar apoyo en el Parlamento. Realmente debemos tomar medidas drásticas contra las propuestas de ayudas públicas. Le sugiero que intente resolver los problemas de los puertos del sur de Europa de otra manera.

(Aplausos)

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, la legislación en la Unión Europea y la imposición de obligaciones para armonizar la legislación nacional de los Estados miembros solo tiene sentido si resuelve problemas. Para las personas que trabajan en los puertos, esta directiva solo los causa.

La Comisión ha instituido la posibilidad de la autoasistencia, con la cual los expertos especialistas que saben manejar las mercancías con seguridad y precisión pueden ser reemplazados por tripulación del barco barata, procedente de fuera de Europa. Aunque se retire de la directiva esta obligación de los Estados miembros, sigue siendo perjudicial para los puertos cuyas dársenas, muelles y áreas industriales adyacentes son de titularidad pública.

Como resultado de las obligatorias licitaciones periódicas a las que deben optar los operadores, los trabajadores podrían perder su empleo al expirar los contratos. Así, solo sería posible la continuidad en los puertos privados, siempre que no se vieran sometidos a administración judicial ni fueran adquiridos por la competencia.

Esta propuesta ha topado con una firme oposición, ya desde 2003, cuando fue rechazada en tercera lectura, lo que no obstó para que la Comisaria De Palacio, justo antes de cesar en 2004, dejara tras de sí la repetición de esta propuesta como una bomba de relojería. Un importante motivo subyacente puede bien haber sido que había partes interesadas fuera de los puertos que querían hacer más barato el transporte por mar. Esto es difícil de comprender, pues las tasas en Europa son más bajas que en Asia y América, y suponen una parte insignificante en los costes de producción de la industria.

El argumento oficial básico de la Comisaria De Palacio fue promocionar el transporte naval entre España e Italia como alternativa a la intensa circulación de camiones que atraviesan la costa sur de Francia. Aun sin una Directiva de servicios portuarios, este transporte naval de corta distancia ya parece haberse catapultado en los últimos años. Además, existen informes de que sería catastrófico el impacto en los puertos alemanes, neerlandeses, belgas y franceses por todo el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, junto con su gran territorio interior común.

Ya en 1998 esta Cámara manifestó que una posible directiva sobre puertos debería basarse en dedicar el dinero de los contribuyentes al dominio público, y en estudiar la medida en que las tasas aplicadas cubren los costes. Ninguna de las dos propuestas siguientes de la Comisión hizo nada de eso.

Sin embargo, aunque hasta hace una semana los Cristiano-Demócratas y los Liberales, es decir, la mitad de esta Cámara, respaldaban la propuesta, ahora prácticamente nadie parece creer en ella. Podemos desactivar de una vez por todas esta bomba en la votación de mañana.

  Patrick Louis, en nombre del Grupo IND/DEM. – (FR) Señor Presidente, la delegación francesa del Grupo Independencia y Democracia está a favor del fomento del transporte marítimo. En el contexto jurídico actual, presenta buenos resultados. En el año 2000 el 41 % de las expediciones a granel dentro de Europa se transportaron por vía marítima, frente al 43 % que se transportaron por carretera. Pero ¿necesitamos esta directiva de servicios portuarios para favorecer esta modalidad de transporte efectiva?

El propósito de esta nueva propuesta es superar el fracaso del primer paquete portuario, que fue rechazado por este mismo Parlamento. La nueva propuesta recoge lo esencial del primer intento. El ámbito de aplicación sigue siendo el mismo, la lista de servicios es idéntica y el fomento de la competencia sigue siendo excesivo. Los pocos cambios introducidos en el texto no lo mejoran en nada. Las autorizaciones expedidas a los prestatarios de servicios portuarios nos causan auténtico recelo. La imposición de nuevos procedimientos provocará un sinfín de contenciosos, y los costes de gestión aumentarán con la inseguridad jurídica. La duración de las autorizaciones no tiene en cuenta el largo tiempo necesario para justificar grandes decisiones de inversión. Estos parches sucesivos revelan un modo proceder precipitado, sin ningún estudio de impacto serio.

El estudio publicado por el Ministerio de Transportes británico el 26 de agosto de 2005 revela incluso consecuencias agravantes: aumento del billete de entrada en el mercado, renta concedida a los grandes proveedores en detrimento de las pequeñas empresas. Los cambios relativos a la autoasistencia realimentan la crítica de dúmping social. Esta cuestión crucial demuestra que la Directiva Bolkestein sigue siendo el eje de todos los dispositivos de la Unión. Así, a pesar del artículo 4 y de la exclusión de los servicios de transporte de la Directiva de servicios, sabemos que son ese tipo de añagazas a las que estamos acostumbrados en esta Cámara.

Sí, el transporte marítimo necesita reformas puntuales y precisas. Sí, esta directiva quiere ante todo ocultar un nuevo fracaso patente de las instituciones de la Unión. Sí, el transporte marítimo necesita Estados soberanos que aclaren su posición. En consecuencia...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Roberts Zîle, en nombre del Grupo UEN. – (LV) Señor Presidente, Señorías, el proyecto de Directiva de servicios portuarios que estamos debatiendo es un producto clásico de la anterior Comisión Europea. Cuando presentó el proyecto en la primavera de 2004, la Comisión no realizó ningún estudio sobre su impacto en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, con el resultado de que, por ejemplo, los puertos de los países bálticos se verían obligados según esta directiva a competir con los rusos en una situación de inferioridad. Por tanto, por mucho que el ponente intente hallar un compromiso sobre esta propuesta, está claro que lo va a tener muy difícil. Por desgracia, puede ser que los organizadores de la violenta manifestación y muchos de los que la apoyan entre la izquierda de este Parlamento mañana celebren una victoria. Sin embargo, al margen de lo que quieran celebrar, quisiera decir a los que abogan por los relajados niveles sociales de la vieja Europa que, sin unas profundas reformas, al final no será posible mantener esos niveles.

  Ashley Mote (NI). – (EN) Señor Presidente, esta directiva recalentada se va a decidir durante la Presidencia de Austria, que carece totalmente de puertos. Sigue a una caótica votación en la Comisión de Transportes y Turismo en que hubo grandes dudas sobre el resultado real. Les recuerdo que Gran Bretaña es una isla que cuenta con más de cien puertos comerciales, el mayor de los cuales, Southampton, está en mi circunscripción. Sus instalaciones aportan más de 2.000 millones de libras esterlinas a la economía británica cada año, y la economía local ingresa otros 200 millones de libras gracias al sector de los cruceros. Son cifras mayores.

Al comerciar con todo el mundo, el Reino Unido gestiona más transportes internacionales de mercancías que ningún otro Estado miembro de la UE, y allí la gestión portuaria se rige por la libre empresa y las fuerzas del mercado. No hay titularidad pública ni subsidios estatales, de modo que el desarrollo de las instalaciones y los servicios de los puertos británicos depende de que sepan conservar la confianza de los inversores privados y altos niveles de servicio y empleo.

Esta directiva socavará la confianza en esos valores, pues interfiere en la libre contratación mercantil e impone controles que no son necesarios ni deseables. Pretende resolver problemas de puertos de gestión pública que en Gran Bretaña sencillamente no existen. Las autoridades portuarias lo saben, los proveedores de servicios e instalaciones lo saben, los clientes lo saben: los únicos que parecen no enterarse son los miembros de la Comisión. Las mismas preocupaciones de los pilotos en materia de seguridad han chocado con la indiferencia. ¿Realmente pretendemos que un personal novato pilote los mayores barcos contenedores del mundo por estrechas vías de marea y que los atraquen con seguridad?

Siempre que la UE habla de asegurar la igualdad de condiciones, refleja un absoluto desconocimiento del mundo empresarial. Los puertos británicos emplean su iniciativa y el dinero de los inversores para crear una ventaja competitiva: exactamente lo contrario a la igualdad de oportunidades. Si saliera adelante, esta directiva tendría un gran coste, no aportaría ningún beneficio y reduciría el crecimiento y la confianza económica. Esta Cámara debe rechazarla.

(Aplausos)

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, ante las anteriores posiciones y acontecimientos relativos a las manifestaciones en Estrasburgo y en otros lugares de Europa, todos nos hemos percatado de que este debate versa sobre un asunto de grandes dimensiones y repercusiones.

Por eso, debemos prestar atención a sus parámetros multilaterales y, asimismo, debemos mostrar más eficacia al servir a los objetivos propuestos, a saber, el desarrollo económico, la competitividad y la convergencia entre las regiones de Europa.

Por eso acogemos positivamente la iniciativa de la Comisión de proponer un marco normativo del que la Unión Europea carece desde hace más de cincuenta años, esto es, desde la creación de la Comunidad Europea.

Por tanto, ante nosotros tenemos la posibilidad de dotarnos de un marco jurídico que aporte transparencia a la prestación de servicios y a las relaciones con las autoridades públicas, lo cual dotará también de mayor competitividad a nuestros puertos, no solo a los más grandes de Europa, que pierden terreno respecto a los asiáticos, sino también a otros secundarios, que podrán así desarrollarse en términos de igualdad competitiva y podrán también afrontar la explosión del comercio internacional y las ventajas que traerá la política comunitaria de transporte marítimo de corta distancia, los autobuses de mar.

Debemos aprovechar los beneficios de estas políticas. Sin embargo, quisiéramos conocer un estudio de impacto antes de llegar a un resultado final. Aún no lo tenemos, y eso tiene que ver con la falta de transparencia y con la falta de un marco normativo en Europa.

Pero debemos obtener tal estudio, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el nacional, y quisiéramos también ver esta propuesta de directiva integrada en el marco de una política portuaria más amplia, pues la competencia no es un mero marco normativo, sino que afecta a unos servicios que dan acceso y eficacia en general al funcionamiento de los puertos y al transporte.

  Saïd El Khadraoui (PSE). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera adherirme a los muchos que han expresado duras críticas contra la Comisión por la forma en que está llevando este asunto. Es desconcertante que la Comisión, menos de un año después de que fuera rechazada una anterior directiva sobre puertos, haya presentado una nueva propuesta sin consultar al sector ni al Parlamento, aun sabiendo lo sensible que es el tema. Y digo esto porque estoy convencido de que las cosas podrían haber sido distintas si hubiera habido voluntad desde el principio para dialogar con las partes afectadas.

Pero no creo que el señor Barrot esté tampoco especialmente contento con este informe, y por eso mis comentarios no van dirigidos personalmente a él, aunque los tengo que decir. El señor Barrot sabe perfectamente que no es solo la metodología, sino el contenido del texto mismo lo que topa con una gran oposición en el sector. Los sindicatos están evidentemente preocupados por la extensión de la autoasistencia, pero la propuesta también ha sido duramente criticada por los puertos, las empresas portuarias, los pilotos e incluso los armadores.

El señor Jarzembowski merece todo el crédito por su intento de salvar los muebles a pesar de todo, pero discrepo con él en lo que respecta al contenido. Dada la forma en que este informe ha sido presentado y después recibido por el sector, no tenemos otra opción que rechazarlo en su integridad y pedir a la Comisión que vuelva a la mesa de trabajo.

Aprobarlo sería un acto de mal gobierno, sobre todo porque no tenemos la menor idea de qué resultado podría tener la votación. Si se quiere construir una casa pero se sabe que los cimentos no están bien, no queda más remedio que detener las obras y comenzar de nuevo. El rechazo significa que los puertos sencillamente podrán seguir operando, como han hecho durante los últimos cuarenta o cincuenta años, a veces con unas cifras de espectacular crecimiento.

Esto no significa, desde luego, que podamos relajarnos. La Comisión se debe tomar su tiempo, recapacitar, iniciar un diálogo con el sector y estudiar en qué facetas de los puertos debe actuar realmente la Unión Europea. Un nuevo Libro Verde o un Libro Blanco, como se ha sugerido, me parece un buen punto de partida y, mientras tanto, la Comisión puede centrarse en las necesidades del sector: unas normas claras sobre la transparencia en las inversiones públicas. Pero, antes que nada, hay que rechazar esta propuesta.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, después de haber sido rechazada en la pasada legislatura, volvemos a tratar hoy la propuesta de la Comisión para la liberalización de los servicios portuarios, y volvemos a estar prácticamente en la misma situación, porque sustancialmente nada o muy poco ha cambiado con respecto al texto que rechazamos en su momento.

La propuesta es similar y el ponente el mismo; lo digo con todo respeto y cariño a mi colega, el señor Jarzembowski, pero creo que el rechazo mayoritario también sigue siendo igual.

Siendo como soy partidario de la liberalización, en general, de los mercados y también de los servicios portuarios, no puedo estar a favor de la presente propuesta; en primer lugar, porque se quieren tratar solamente los servicios que se prestan dentro de cada puerto, con la sana intención de fomentar la libre concurrencia, pero no se abordan las más que supuestas prácticas contrarias a las normas de competencia entre distintos puertos europeos.

Creo que hay muchas cosas que cambiar en las prácticas habituales de muchos puertos. Creo que hay algunos abusos y formas de contratación que se imponen a los prestadores de servicios que son inaceptables. Sin embargo, considero que los cambios no se pueden plantear de una forma tan tajante. Debemos propiciar una transición ordenada y garantizar, por una lado, la seguridad y la eficacia en las operaciones portuarias y, por otro, salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Creo que las empresas tienen derecho a elegir libremente a los trabajadores pero en primer lugar deberían asumir a aquellos que ya vinieran realizando unas labores determinadas y cuyos contratos laborales estuvieran vigentes. Y como ocurrió en otros sectores económicos que entraron en crisis, si sobran trabajadores, habrá que negociar entre sindicatos, empresas y administración un plan de reconversión adecuado.

Europa y este Parlamento no deben ser percibidos por los ciudadanos como un instrumento para el capitalismo salvaje. Propuestas como esta, que hoy abordamos y espero que rechacemos, han influido en los "no" holandés y francés al Tratado Constitucional. Debemos modernizar nuestra economía, pero con la necesaria cobertura y protección a las personas afectadas, que son el primer objetivo de toda acción política. Así contaremos con mayor autoridad moral para rechazar el recurso a la violencia como el que vivimos ayer aquí.

  Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, los Verdes de esta Cámara rechazamos el paquete portuario, también por motivos de forma, pues ya fue presentado precipitadamente por la Comisaria De Palacio en su último período parcial de sesiones, es decir, en un momento en que no le quedaba mucho tiempo en el cargo. Es de mal estilo volver a presentar, sin apenas cambios, una directiva que el Parlamento ya ha rechazado, y prácticamente tirársela a los pies a su sucesor y a esta Cámara.

La oposición al paquete portuario se da en casi todos los Estados miembros; ha sido rechazada por el Gobierno conservador de los Países Bajos, por el laborista del Reino Unido y tanto por el anterior Gobierno rojiverde como por la actual coalición socialdemócrata-conservadora en Alemania. Es razonable temer efectos negativos en la economía, ya que las inversiones deberán amortizarse en plazos más breves, porque habrá un costoso incremento burocrático y porque ya hay competencia. Los costes de los puertos europeos son muy bajos, la mitad que en los Estados Unidos y la tercera parte que en Asia. Los estibadores hacen bien en ir a la huelga, pues temen el dumping salarial. No hay sitio en una economía social de mercado para una política de congelación social como esta.

Se opone al paquete portuario una inmensa coalición de conservadores, socialistas y verdes. Únanse a nosotros en el rechazo a la propuesta y demos al Comisario Barrot la oportunidad de presentarnos una nueva norma que genere la transparencia que necesitan los puertos europeos.

  Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, este debate se está celebrando tras la masiva manifestación contra el desempleo de los estibadores, repetida en todos los puertos de los Estados miembros con significativo éxito, y que lanzó un mensaje inequívoco a favor de retirar esta directiva sobre el acceso a los servicios portuarios.

También hace dos años que fue rechazada la propuesta en el Parlamento Europeo. La nueva versión de esta directiva de servicios portuarios, pese a las engañosas proclamas de transparencia, garantías, etcétera, es aún peor que la que fue derrotada en esta Cámara el 23 de noviembre de 2003.

Estamos ante un problema de gran relevancia política. Aunque el Parlamento Europeo rechazara la directiva en cuestión, aunque la nueva versión fuera rechazada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y aunque la propuesta del ponente perdiera en la votación de la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión ha insistido en presentarla ante esta Cámara, demostrando una vez más la correlación entre la voluntad de los diputados al Parlamento Europeo y los trabajadores de este sensible sector.

La nueva versión de la directiva incluye malvender puertos al sector privado junto con todos los servicios portuarios: carga y descarga, estibación y almacenaje.

Terminaré añadiendo brevemente unas palabras a lo que otros oradores ya han dicho: una de las prioridades fundamentales del Parlamento Europeo es la seguridad de la vida en el mar y la seguridad del medio ambiente. La aprobación de esta directiva aumentaría los riesgos, y…

(Aplausos del Grupo GUE/NGL)

(El Presidente interrumpe al orador)

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, la anterior Directiva de servicios portuarios fue rechazada en la última legislatura en el pleno de 2003 y, si nada ha cambiado, ¿por qué cree la Comisión que puede esperar una respuesta diferente ahora? Ni la dirección ni el personal han mostrado el menor entusiasmo por esta normativa.

Ayer, un portavoz parlamentario dijo que las protestas habían causado bastantes daños, pero ¿cuál sería el daño para los puertos británicos si se llegara a aplicar esta directiva? Los gestores de mis puertos locales de Felixstowe y Harwich podrían dejar de invertir más de 400 millones de euros si se vieran obligados a abrir los servicios a otras empresas. Nuestro sistema británico ha funcionado muy bien durante décadas, de modo que ¿por qué habría que causar problemas a sus puertos si está claro que esta normativa está pensada para ciertos puertos del continente?

Se ha dicho que hace falta una mayor competencia en este sector para promover el crecimiento y la creación de empleo, pero, si se aplica la directiva, ¿a costa de qué será? Los estibadores podrían perder sus puestos de trabajo, los sistemas de seguridad podrían colapsarse y comprometer la seguridad. Hace dos años voté en contra de una propuesta similar y, como diputado británico, volveré a hacerlo esta semana.

(Aplausos)

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, pasemos por alto el hecho de que los diputados a este Parlamento ya se han pronunciado en numerosas ocasiones en contra de la necesidad de aprobar esta directiva y que sus objeciones han sido desoídas. Si, a pesar de todo, ha de ser aprobada a cualquier precio con tal de abrir el mercado a la competencia y crear un marco jurídico que armonice los procedimientos de gestión portuaria y los haga transparentes, al menos debería ser una directiva justa y razonable.

La presente propuesta crea considerables distorsiones y tendrá consecuencias realmente indeseables, como un descenso de la cualificación, con los obvios efectos en los niveles generales de seguridad. En concreto, concede al servicio de pilotaje en exclusiva ciertas prerrogativas asociadas a la salvaguarda de la seguridad naval y determinadas obligaciones específicas del servicio público. Pero estas características son propias de todos los servicios técnicos marítimos, incluidos los de amarre, que por eso deberían estar expresamente protegidos y no expuestos a las reglas del libre mercado.

Pido, por tanto, que se priorice la seguridad de nuestros puertos y la profesionalidad de sus trabajadores. De lo contrario, me veré obligado a votar en contra.

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, igual que la mayoría de los diputados a esta Cámara, esta propuesta me causa una gran inquietud. Sin embargo, no solo me desagrada su contenido, sobre el que volveré más adelante, sino que también considero inaceptable que la Comisión parezca incapaz de aceptar una negativa.

Hace dos años, igual que muchos de mis colegas, estuve en esta misma Cámara sosteniendo este mismo debate, en que ya fue rechazada una propuesta muy similar. Señor Comisario Barrot, ¿por qué vuelvo a encontrarme hoy en la misma situación? En un momento en que se nos dice que la Comisión está a punto de revocar o no va a recaer de nuevo en la sobrerregulación legislativa, nos encontramos con una propuesta como la que estamos debatiendo.

En el Reino Unido, su contenido ha sido recibido con incredulidad por el sector. No hay ni un puerto que acoja la propuesta con satisfacción. Si se aprueba, se comprometerá y pondrá en peligro a una serie de empresas que han luchado mucho hasta convertirse en las más eficientes y competitivas de Europa. Entre las propuestas, los períodos de concesión y la licitación pretenden ser medidas orientadas al mercado que mejorarán los servicios y la competencia. Pero no será así. Los servicios se reducirán, pues los competidores solo eligen las facetas rentables del negocio, lo que se traduciría en un menor desarrollo del sector. Las entidades financieras serán también más reacias a invertir su capital ante unos beneficios mínimos y no garantizados, con lo que llegaríamos justo a la situación contraria de la deseada.

Soy partidario incondicional del libre mercado y puedo apoyar toda propuesta orientada al mercado. Pero no es el caso que estamos debatiendo. Si la UE quiere ver un enfoque orientado al mercado, le sugiero que siga el ejemplo de lo que ya tenemos en el Reino Unido: un sistema probado y acreditado.

Pido al Parlamento que rechace la propuesta en su totalidad y envíe así un mensaje a la Comisión: «No» significa «no» en cualquier lengua, excepto en «euronés», en que parece significar justo lo contrario.

(Aplausos)

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, mañana nos espera un debate un tanto original, puesto que la Comisión de Transportes y Turismo ha dado un giro de 180 grados al procedimiento. Tendremos que pronunciarnos sobre el texto bruto, es decir, el texto «testamentario» de la señora De Palacio, su regalo envenenado a la Comisión Europea. Personalmente, votaré en contra del mismo, no porque yo sea especialmente radical –como todos pueden corroborar–, sino por tres razones.

En primer lugar, del texto porque no podemos aceptar una denegación de la democracia parlamentaria. No podemos alentar a la Comisión a que vuelva a presentar los mismos textos cada vez que el Parlamento vota en contra. Tampoco podemos alentarla a no escuchar ni oír nada y a proceder con una forma mística del ultraliberalismo que desdeña las opiniones de todos, incluidas las de los profesionales.

En segundo lugar, votaré en contra porque este texto es socialmente inaceptable y peligroso. Equivale a legalizar la misma servidumbre en los puertos que ya es moneda corriente en alta mar. Equivale, a través de la autoasistencia para el personal de a bordo, a alentar a los puertos a contratar a filipinos y malayos para ser competitivos. En realidad, equivale en realidad a admitir que Irish Ferries tenía razón en junio.

Es políticamente irresponsable, porque se ha retirado una directiva sobre las tripulaciones, que era una directiva social, y se mantiene la directiva portuaria; porque, en el marco de la iniciativa «legislar mejor», se retiraron 60 textos del Parlamento Europeo en curso de procedimiento y, sin embargo, se mantiene la directiva sobre los servicios portuarios; porque, en realidad, este texto tiene muchos elementos aprovechables por todos los euroescépticos declarados, los más rabiosos contra Europa, y les da la razón. Yo, que he luchado por Europa, considero que es un insulto que se nos hace.

Señor Comisario, sé cuáles son sus sentimientos, pienso que los problemas portuarios en Europa son la concentración excesiva en el mar del Norte, la saturación, la desorganización de los flujos del tráfico de carretera en el continente, la seguridad de los estrechos –ya vemos lo que ha pasado en el Pas-de-Calais– y la ordenación del territorio. Un puerto es, en primer lugar, un emplazamiento, un emplazamiento estratégico, no es un servicio abierto al público, no es un supermercado. En el futuro tendrán ustedes que seguir esta línea de pensamiento cuando ideen la nueva iniciativa.

(Aplausos de la izquierda)

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, según la Comisión, lo que esta directiva propone es facilitar la apertura del mercado de servicios portuarios, incrementando así la competitividad de los puertos europeos. En realidad, la directiva no abriría el mercado, sino que aumentaría la burocracia, reduciría la productividad de los puertos y también la competencia.

La propuesta de la Comisión no tiene sentido. El ponente, señor Jarzembowski, ha realizado realmente un magnífico trabajo y ha presentado algunas enmiendas significativas, pero debo decir que tampoco puede hacer milagros. Si la propuesta es inviable, en el Parlamento no conseguiremos arreglarla. Europa no necesita más administración deficiente: lo que hace falta es asegurar la calidad del trabajo portuario, la seguridad de los trabajadores y sus derechos y garantizar la flexible operatividad de los puertos.

La UE debe centrarse en lo esencial, y el objetivo de la estrategia simplificadora de la Comisión es, o se dice que es, eliminar toda normativa innecesaria. En este caso, al menos, el objetivo no se ha logrado. Espero que la Comisión aplique los principios que promulga también a la Directiva de servicios portuarios y a todo lo que haga. Esta directiva debe ser rechazada.

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy y mañana todas las miradas del mundo sindical estarán fijadas en esta Cámara, así como las de todos los que luchan por una Europa más social. Ciertamente, esta primavera promete ser una época crucial, con el debate sobre la Directiva de servicios portuarios puertos este mismo mes y la Directiva Bolkestein el mes que viene. Como políticos responsables, se nos da la oportunidad de colocar esta Cámara en el centro de atención pública una vez más y dejar claro nuestro rechazo a continuar con el adagio de la mayor competencia, mayor privatización y mayor liberalización.

Al rechazar esta directiva, dejaremos claro que queremos una Europa diferente, donde no solo cuente la economía, sino también las dimensiones social y ecológica. Por tanto, debe prestarse atención a los estibadores de los puertos, cuyos puestos de trabajo están en peligro pese a la necesidad de que las cargas sean manipuladas con seguridad y eficacia. También debe tenerse en cuenta a los pilotos que conducen los barcos con pericia a los puertos y evitan que se produzcan desastres ecológicos de mayor o menor envergadura. Por eso, los Verdes rechazaremos esta directiva, porque creemos que una Europa diferente es de verdad posible.

  Helmuth Markov (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, quisiera preguntar al señor Comisario si, aparte del señor Jarzembowski, que no sabía muy bien si debía decir «sí» o «no», ha oído una sola intervención en que se hablara positivamente de esta Directiva de servicios portuarios. Los motivos del rechazo son muy variados, desde el aspecto social hasta la burocracia, pasando por el hecho de que nos parece antidemocrático que una Comisaria cuyo mandato tocaba a su fin volviera a presentar una propuesta que ya había sido desestimada.

Esta Cámara está enteramente de acuerdo, y creo que haría usted un gran favor a la Comisión y a sí mismo si en su intervención final anunciara la retirada de la propuesta. Se anticiparía con ello a la petición del Parlamento. Reconozca usted que los afectados por esta directiva no la quieren y que existen otras ideas aparte de la suya de lo que son las buenas prácticas democráticas. Así tendría usted ocasión de presentar una nueva directiva que se ocupara exclusivamente de la transparencia y de las ayudas que necesitan los puertos. Sería una forma sensata de afrontar el problema y además haría un gran servicio a la democracia en la Unión Europea.

(Aplausos)

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, nadie duda de que hay problemas en algunos puertos europeos, pero lo que no es tan cierto es que la actual propuesta de la Comisión sea la más idónea para resolverlos. Tampoco la aprobación de unas cuantas enmiendas cambiará esta circunstancia. Dada la creciente oposición que, hasta cierto punto, tienen las implicaciones de esta propuesta entre los afectados, le ruego que reconsidere la necesidad de una medida así en el momento presente. En mi opinión, esta propuesta no es la acción correcta en el momento oportuno, pese a la inminente llegada de la Directiva de servicios.

Es muy bienvenida la legislación sectorial sobre puertos, y son necesarias unas normas sobre las ayudas públicas que reciben. Pero esta propuesta no cumple el cometido de afrontar los problemas existentes sin imponer una excesiva carga administrativa y organizativa. Por eso pido a sus Señorías que la rechacen, y conmino a la Comisión a que presente una propuesta nueva, más centrada, junto con otra propuesta para la regularización de las ayudas públicas a los puertos. Doy mi apoyo a las enmiendas dirigidas a tal fin.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, Señorías, lo que hemos oído hoy aquí y lo que vimos ayer en las calles de Estrasburgo nos deja una sensación de déja vu. Por supuesto que no habríamos llegado a este extremo si la Comisión hubiera tenido la sensatez de enterrar tranquilamente esta catastrófica directiva sobre puertos hace dos años.

Durante mucho tiempo ha estado claro que en la opinión pública general y en los puertos europeos en particular no había apoyo democrático para este antisocial e ideológico paquete de medidas, a las que falta la inspiración del sentido común político. Hasta un niño pequeño sabe –y ahora se ha hecho notorio– que la autoasistencia conduce al desempleo, a la inestabilidad social y a la inseguridad en los puertos.

Sin embargo, la Comisión ha seguido adelante. Partiendo de consideraciones puramente doctrinarias, ha puesto ante nosotros una propuesta casi idéntica a la que rechazó la mayoría de este Parlamento hace dos años, demostrando poco respeto por este, en contra de su mejor juicio y en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los estibadores europeos. Lo mismo se puede decir, en cierta medida, de la Directiva Bolkestein.

No debería sorprender que los ciudadanos franceses y neerlandeses, igual que harán otros en el futuro, den la espalda a esta concepción de Europa. Es difícil tener mayor ceguera que la Comisión ante la realidad social de los Estados miembros ni mayor distanciamiento de los problemas de los ciudadanos.

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, Señorías, con independencia de la suerte que corra esta norma, pues parece que la Cámara está muy dividida, como dijera un clásico español, a veces hay que decir lo que se siente y sentir lo que se dice, frente a inaceptables presiones en la forma por más que sean legítimas.

El Parlamento Europeo se enfrenta hoy a un dilema: o bien avanzamos en la creación de un verdadero mercado interior o bien continuamos en un estado de estancamiento. Por mi parte, estoy decidido a apoyar una propuesta cuyos principios y objetivos básicos quedan recogidos en el programa de Lisboa y en el Libro Blanco de Transportes. La mejora de la competencia entre prestadores de servicios portuarios aumentará la competitividad y la eficacia en los puertos y contribuirá a desarrollar los servicios de transporte marítimo de mercancías, lo que constituye en definitiva el principal objetivo de la apuesta por el transporte marítimo en la Unión.

Uno de los elementos fundamentales de la propuesta, pero que ha suscitado mayor polémica, es la inclusión de forma expresa de la autoasistencia. Es fundamental que los Estados miembros garanticen el reconocimiento de una modalidad de prestación de servicios portuarios que contribuya al verdadero desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, que, por su propia naturaleza, exige eficacia y rapidez en las operaciones no solo aduaneras, sino sobre todo de carga y descarga.

Señorías, frente al miedo de aquellos que creen que la aprobación de esta directiva conllevará una merma en las condiciones laborales de los trabajadores, hay que dejar claro que la directiva no solo respeta la normativa de los Estados miembros sobre las condiciones laborales, formación y cualificaciones profesionales, sino, además, aquellas que se refieren a la salud, seguridad en el trabajo, seguridad marítima y protección del medio ambiente.

Por añadidura, la transferencia de carga a los puertos incrementará el volumen de operaciones en los mismos, lo cual, a su vez, conducirá a un incremento del empleo.

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Señor Presidente, debo decir que mi país está situado en una encrucijada marítima clave desde el punto de vista comercial y logístico, pues somos la charnela europea entre el Mediterráneo y el Atlántico; de ahí precisamente la trascendencia de contar con puertos modernos, eficaces y bien gestionados desde el punto de vista económico, pues deben ser competitivos.

Los puertos españoles se autoabastecen y se autofinancian frente a otros puertos; de ahí que sea necesario valorar definitivamente el tema de las ayudas a los puertos, de las ayudas de Estado, también desde el punto de vista social −trabajadores bien formados, con empleos de calidad y con todos sus derechos laborales, lo que en el Derecho marítimo a menudo no ocurre− y, por último, también desde una perspectiva medioambiental: muchos de los servicios de los que se habla son fundamentales para la seguridad y para la protección medioambiental.

Esta nueva propuesta ha logrado una rara unanimidad, puesto que incluso aquellos que en mi país habían identificado aspectos útiles para resolver ciertos cuellos de botella y prácticas obsoletas que todavía perviven en nuestros puertos, han preferido y prefieren, hoy día, rechazarla.

Por ello, desde la convicción de que este Parlamento hará lo que debe y rechazará esta propuesta, que ha demostrado suficientemente su inadecuación a las necesidades actuales de los puertos europeos, le ruego al señor Comisario que sea sensible, como ha demostrado serlo en otros ámbitos del transporte, y prepare cuanto antes, porque la situación global así lo requiere, un proceso de consulta actualizado, necesario y valiente que aborde abiertamente y en profundidad todos los aspectos necesarios de los puertos europeos, para contar en tiempo adecuado con las soluciones para que los puertos europeos sean los polos de desarrollo económico, social, tecnológico y medioambiental que Europa necesita y que, dado el cuadro global, contribuyan así a articular mejor una Europa más cohesionada.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Señor Presidente, después de aguantar todo este debate, tengo un mensaje que enviar a los estibadores reunidos en Estrasburgo. He escuchado uno a uno a todos los diputados al Parlamento formular argumentos favorables a los intereses de los ciudadanos de Europa, y uno a uno han expresado su acuerdo con las reivindicaciones básicas de los estibadores. En vez de sitiar y atacar esta casa, deberían dar un paso atrás, escuchar lo que estamos diciendo en este debate y darnos su apoyo. Les exhorto a que lo hagan.

Mañana, esta Cámara se pronunciará sobre una propuesta que de hecho ya rechazó en noviembre de 2003. Se trata de un proyecto del que el señor Comisario ha intentado distanciarse totalmente, y se trata de un proceso deficiente desde el punto de vista democrático, pues no se han tenido en cuenta, no se ha consultado ni se ha pactado con las partes interesadas.

Está claro que esta propuesta ha sido concebida pensando en los puertos continentales, con el deseo de liberalizar el mercado de los servicios portuarios, que en su mayor parte todavía están nacionalizados. Es un paso bienvenido y necesario, pero hay que darlo en la dirección correcta.

No obstante, la industria portuaria del Reino Unido se aparta de sus homólogos continentales: nuestros puertos son privados, no reciben ayuda financiera del Estado y el capital para nuevas inversiones se obtiene del mercado. Debido al gran número de puertos florecientes, la industria ya goza de la sana competencia que esta propuesta pretende buscar.

La imposición de ese modelo de titularidad a los puertos británicos sería extremadamente perniciosa. La amenaza de una tendencia a una mano de obra no permanente conduciría a una falta de seguridad en el trabajo, a inferiores niveles de cualificación, a salarios más bajos y al deterioro de las condiciones de trabajo, con el consiguiente efecto devastador en las comunidades circundantes.

Mi circunscripción, en el noroeste de Inglaterra, tiene una larga y rica tradición en la industria naval, con puertos como Liverpool, Manchester y Heysham, que figuran entre los mayores de la costa británica. En el principal de ellos, Liverpool, se encuentra el primer dique seco comercial del Reino Unido. Con esta directiva, la población de Liverpool, que en parte ya se cuenta entre las más humildes de Europa, verá cómo se despide a muchos esforzados estibadores. Y todo esto con un paquete de compensaciones totalmente insuficiente para ajustarse a la legislación del Reino Unido, por no hablar del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No tiene sentido que esta Cámara intente modificar la propuesta, que es en sí un absoluto despropósito. Por todos estos motivos, debemos votar en contra.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Una vez más nos enfrentamos a una inaceptable propuesta de liberalización de los servicios portuarios, y esta vez también la propuesta ha chocado con una intensa lucha por parte de los trabajadores para que sea rechazada, lucha que siempre ha contado con nuestro más firme apoyo, igual que en 2003.

Esta propuesta de directiva se integra en la llamada «Estrategia de Lisboa», dirigida a acelerar las liberalizaciones mediante un feroz ataque al sector y a los servicios públicos. Al margen de las profundas cuestiones de soberanía nacional que implica este estratégico sector, si fuera aprobada, esta propuesta conduciría al desempleo, a situaciones de precariedad laboral y a inseguridad en el trabajo, especialmente a través de lo que se conoce por autoasistencia. Se ataca a los convenios colectivos y a los derechos sindicales, descienden los niveles de productividad y de cualificación profesional, aumenta el riesgo de graves accidentes, y todo ello en nombre de la competencia.

Ésta es una propuesta que pretende satisfacer los intereses de los grandes armadores. Por eso, hemos presentado una propuesta para rechazar la directiva.

(Aplausos)

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Señor Presidente, hay muy buenas razones para rechazar la Directiva de servicios portuarios. En primer lugar, este es un asunto en que cada Estado miembro debe poder decidir, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la UE. Son los Estados miembros quienes deben escoger sus propias posturas. Nuestra opinión básica es que en el territorio sueco deben aplicarse normas suecas.

En segundo lugar, el proceso por el cual la Directiva de servicios portuarios ha vuelto a aparecer en la agenda es antidemocrático. El Parlamento Europeo rechazó una propuesta idéntica de la Comisión hace poco más de un año. En tercer lugar, los actores a quienes afecta esta directiva se oponen en gran medida a ella. Ya hay una buena competencia entre los puertos europeos. La Directiva de servicios portuarios distorsionaría la competencia, pues sería la propia plantilla de los armadores quien se ocupara de las tareas de carga y descarga.

¿Quién quiere realmente esta directiva? Su principal defensor es la Comisión, que quiere sacar adelante esta legislación a toda costa. La Lista de Junio sueca la rechazará.

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estoy convencido de que encontrará en esta Cámara una mayoría favorable a una Directiva de servicios portuarios si presenta una directiva meditada que realmente promueva la transparencia y la competencia en este sector en Europa. La presente directiva, empero, no es la adecuada a tal fin, por lo que le sugiero que la retire. A lo largo del debate habrá comprobado la unanimidad que ha generado usted a este respecto en el Parlamento, más allá de los límites de los Grupos. Se habrá dado cuenta de que este proyecto de directiva, con su deficiente base, no está listo para el debate. A pesar del excelente trabajo del señor Jarzembowski, hay pocas posibilidades de que esta Cámara mejore una mala directiva cuando se le presenta. La Comisión también debería acostumbrarse a que el Parlamento no es el taller de reparaciones para las malas directivas.

Lo que hace que esta directiva apenas pueda debatirse es su escasa claridad en puntos básicos: la propia definición del mercado es muy confusa. ¿Se refiere a la competencia dentro de los puertos, de los puertos entre sí o entre estos y el conjunto de los transportes del área en que se encuentran? No se ha llevado a cabo ninguna valoración del impacto ni está nada claro qué beneficio puede derivarse para el consumidor de todo esto.

Una mejor competencia, lógicamente, debe conducir a menores costes de manipulación, pero ya sabemos que estos costes en Europa son inferiores en más de un 50 % a los de Singapur o Dubai. Lo deseable sería que se mantuvieran así, pero esta propuesta abre la posibilidad de que se incrementen. ¿Aumentará, pues, mediante esta directiva el número de prestadores de servicios en los puertos? Le ruego que reconsidere retirarla y presentarnos una en condiciones. Obtendrá una mayoría favorable a la transparencia y a la competencia en Europa si esa nueva propuesta está mejor pensada.

  Marta Vincenzi (PSE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, una economía fuerte y continental precisa un sistema portuario en vez de puertos aislados, un sistema que integre la Europa de los veinticinco y facilite que, de la apertura a la competencia, se llegue al fortalecimiento de la competitividad general. La directiva no logra ese objetivo y esto, en un momento de profunda crisis política en Europa, es una mala señal, una pésima señal de la distancia entre las instituciones y las necesidades reales de los intereses en juego en un mudo globalizado. Son tantos esos intereses que ya no pueden satisfacerse siguiendo esquemas anticuados.

Hay que eliminar señales negativas como estas. Lo que hace falta es un sistema portuario común, una política común y unas directrices transparentes para las inversiones y ayudas públicas. Tales directrices no se pueden limitar a priorizar la competencia entre los puertos, sino que deben ser capaces de evitar que las desventajas competitivas de algunos de esos puertos debiliten el sistema entero. Debemos proteger el trabajo cualificado que ahuyente el dumping social y anime, en cambio, a la formación conjunta. Tenemos que proteger la eficiencia de los servicios públicos y reconocer sus exigencias en cuanto a seguridad, calidad y accesibilidad. Por último, hemos de valorar los efectos de una liberalización del sector, pues en este momento lo que más nos preocupa es la tendencia actual hacia la concentración de la producción y de la logística en algunos puertos de todo el mundo.

Estos son los nuevos retos, que la directiva no afronta. Lo sucedido en el ínterin entre la primera propuesta de 2001 y esta segunda no es un buen ejemplo de política europea. Sin embargo, reitero que hacen falta una directiva y unas normas, cuya elaboración exigirá un gran esfuerzo político que no renuncie, sin perjuicio de la autonomía de los puertos, a sentar reglas comunes…

(Aplausos desde los escaños del Grupo GUE/NGL)

(El Presidente interrumpe al orador)

  Jacky Henin (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, la directiva relativa a los servicios portuarios que se nos propone por segunda vez pasa totalmente por encima del interés general y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos. Lo que es peor, solo sirve a los intereses financieros de las grandes transnacionales de transporte de mercancías, en detrimento de todos los agentes del sector portuario, del estibador al pequeño empresario. Su único objetivo es demoler los estatutos y las protecciones sociales y presionar los salarios a la baja para enriquecer a una minoría, y ello en detrimento de la seguridad de las personas y del medio ambiente. El modelo social de esta directiva es la ley de la jungla; la autoasistencia representa el renacer de la esclavitud.

Todas las profesiones técnico-náuticas, todos los sindicatos europeos, rechazan por unanimidad esta Bolkestein portuaria. Ayer me manifesté con los 10 000 estibadores venidos de toda Europa ante el Parlamento. Puedo testimoniar su determinación a cortar el paso a esta perversa directiva. Puedo asegurarles que votar una directiva como esta es asumir la responsabilidad de bloquear con duras huelgas muchos puertos de la Unión, con todas las consecuencias económicas que ello conlleva.

Recordaré a la Comisión, como han hecho otros, que los representantes de los pueblos de la Unión que somos ya habíamos rechazado esta directiva. Volver a proponerla casi en los mismos términos constituye una provocación política al Parlamento y a todas las autoridades portuarias. En nombre de la construcción de otra Europa que persiga un alto nivel de integración social y democrática, llamamos a rechazar esta directiva.

  Georgios Karatzaferis (IND/DEM). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, me pregunto a quién interesa esta directiva. No hay una sola agencia portuaria a quien le favorezca o que la acepte, tan solo sirve a la globalización y al nuevo orden, que usted está ciertamente observando y siguiendo, aunque en realidad lo está simplificando.

Es un atentado contra la lógica y un atentado contra la Convención 137 del Consejo Internacional de Estibadores, que claramente establece que debe darse prioridad a los estibadores cualificados. ¿Qué pretende usted? ¿Poner carteles en los puertos?

En Grecia tenemos las tres cuartas partes de las islas europeas, es decir, la mayoría de los puertos de Europa. Sabemos cómo funcionan, y hay un buen modus operandi. Podríamos obtener mejores resultados, pero con las personas que conocemos, los trabajadores experimentados. ¿Vamos a contratar a trabajadores sin formación para obtener mejores resultados?

¿Por qué atenta usted contra la lógica, la democracia y los intereses de los trabajadores? Definitivamente, no queremos una Europa arbitraria, sino una Europa de los ciudadanos.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, siempre que hay manifestaciones delante de nuestros edificios, ya sea en Estrasburgo o en Bruselas, sabemos que tienen que ver con la defensa de intereses creados y, si las manifestaciones se tornan violentas, entonces sabemos que, con toda seguridad, el equilibrio de esos intereses será a todas luces la cuestión más candente.

Pero es lamentable que las consignas y las porras oculten las verdaderas alternativas. Ya no se trata de cuestiones básicas como la liberalización, la transparencia y demás, sino, como pasa siempre, de los detalles de las normativas concretas. Por ese motivo, en este debate sobre cómo sacar adelante la directiva, estoy totalmente con el señor Jarzembowski, el ponente, en su deseo de mejorar la propuesta de la Comisión, que, hay que admitirlo, no es buena. Y tampoco me complace el lema «volver al principio»; si lo hiciéramos, sería una auténtica pérdida de tiempo. La petición formulada de Libros Blancos e incluso Libros Verdes demuestra que en esta Cámara se quiere dejar de ser durante cinco años el legislador europeo.

Aprecio en este debate un paralelismo no solo con el debate sobre la Directiva de servicios, que mantendremos el mes que viene, sino también con el debate constitucional. Tampoco en este la cuestión real es una Europa más o menos social, sino, básicamente, una multitud de detalles que han de llevar a una Europa operativa, mejor y compartida. El problema es que no hay voluntad de discutir sobre todos esos detalles ni ganas de hacer un esfuerzo por el consenso; preferimos recurrir a los eslóganes. Quizá atraigan la atención de los medios de información, pero no ayudan a nadie a buscar soluciones mejores y más factibles en esta Europa común.

(Aplausos)

  Ewa Hedkvist Petersen (PSE). – (SV) Señor Presidente, es un enigma para mí por qué la Comisión Europea ha vuelto a presentar esta propuesta. Hemos conocido la considerable oposición que hay en esta Cámara, y ahora el señor Barrot tiene la ocasión de demostrar que la UE habla el mismo lenguaje que sus ciudadanos retirándola.

Encuentro tres argumentos para que lo haga. El primero de todos, que no necesitamos la directiva. Muchos puertos europeos funcionan perfectamente, como sucede, por ejemplo, en mi país, Suecia. Allí los puertos se están desarrollando y coexisten muchas soluciones flexibles. Lo que de verdad necesitamos es una directiva sobre la competencia entre puertos, tal como hemos señalado desde el Grupo Socialista del Parlamento Europeo.

Esta propuesta de la Comisión aboga por una regulación europea centralizada. No trata de la desregulación dentro de los puertos, como se ha dicho: es una regulación europea centralizada que no necesitamos porque no va a ayudar al desarrollo de los puertos. Muy al contrario, podría ser un obstáculo. Por eso, los puertos y el transporte no pueden evitar sentir preocupación ante el hecho de que la Comisión haya presentado esta propuesta.

Una regulación centralizada dificultaría a los puertos llevar a cabo su actividad. Haría más difícil su desarrollo y el de los sistemas de transporte, pues los puertos son intercambiadores logísticos y terminales combinadas que han de ser eficientes si lo ha de ser el sistema en conjunto. Lo mejor sería dejar el desarrollo de los puertos a los actores regionales y locales.

Por último, esta directiva sería perjudicial para los trabajadores portuarios. Ellos serían quienes pagaran el precio de la centralización reguladora que propone la Comisión. Se perderían probablemente muchos puestos de trabajo y se transferirían numerosas actividades a la industria subsidiaria, lo que derivaría en peores condiciones de trabajo y menor seguridad laboral. En definitiva, son muchas y muy buenas razones por las que propongo que el Parlamento rechace esta propuesta.

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, Señorías, nosotros apoyamos a los trabajadores portuarios contra esta directiva, que es perjudicial para el empleo, para su derecho a la seguridad y para la propia economía, porque propone una competencia basada en el dúmping, y que, por tanto, debe ser rechazada, como ya lo fue en 2003.

Tenemos que reflexionar sobre la clase de colapso al que nos abocan las políticas de libre mercado. El trabajo en los puertos tiene una gloriosa y antigua tradición, que ha creado derechos y prosperidad, relacionando las actividades comerciales con las ciudades que las acogían. Sin esta noble labor, que la directiva quiere suprimir en aras a la política de libre mercado, no habría futuro para Europa. El modelo social europeo es nuestro principal recurso y esta directiva, al igual que la Directiva Bolkestein, representa su negación. Por este motivo considero que los trabajadores tienen razón y que este Parlamento debe atender sus demandas rechazando la directiva que se nos presenta.

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, mientras empezamos con una propuesta prematura de la comisión, bajo la batuta del señor Jarzembowski, desechamos un buen paquete de enmiendas propuestas que llevaban la seguridad incorporada, con más seguridad para las empresas y los trabajadores portuarios y sin autoasistencia. Parece que este último aspecto todavía no ha llegado a oídos de los sindicatos y de algunos miembros de esta Cámara. Es lamentable, pero las tensiones y las emociones han prevalecido por encima de un debate sensato sobre el contenido y, señor Comisario, no es lo que se dice, sino cómo se dice.

Todo esto viene de la Comisión, de su predecesor para ser más exactos, que puso en marcha un debate deficiente. ¿Por qué no retira usted esta directiva? Me gustaría que me lo explicara en un momento; creo que sería la mejor solución. Sin embargo, la realidad política actual es que el apoyo con el que cuenta el mamotreto de propuestas de modificación de la Comisión de Transportes y Turismo, donde ya obtuvo una mayoría muy ajustada, es insuficiente. Dado que el paquete de propuestas de modificación carece de apoyos suficientes, no podemos respaldar esta directiva. Sin embargo, sigo convencida de que necesitamos una política portuaria ajustada a las necesidades de Europa.

Este aspecto ha sido aclarado profusamente por los diputados a esta Cámara, siendo el primero de ellos el señor Jarzembowski, con el que he presentado una propuesta en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. Queremos pedir al Comisario que presente un documento en el que fije su visión de la política portuaria en el sentido más amplio, incluida la competencia entre los puertos, como base para lo que esperamos que esta vez sea un buen debate. Señor Comisario, ¿está usted dispuesto a elaborar un documento de debate sustancial de este tipo? ¿Incluiría el conjunto de ideas del paquete de propuestas de modificación, tal como lo ha elaborado el señor Jarzembowski? Esperemos que esto ponga en marcha un buen debate.

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Señor Presidente, cuando el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de directiva de servicios portuarios hace dos años, nadie pensaba que la Comisión volvería a presentarla. Sin embargo, ni nos ha consultado ni nos ha escuchado, sino que ha decidido hacer caso omiso de este Parlamento democrático.

Debe quedar muy claro el perjuicio que esta norma, si se aprobara, causaría a los puertos, incluidos los de la costa Este que yo represento en este Parlamento. Sustituir una mano de obra cualificada y experimentada por personal de marinería al que se permite cargar y descargar es la mejor fórmula para que haya accidentes, lesiones e incluso muertes. Compárese esa situación con la del puerto de Tilbury, que ha logrado reducir los accidentes un 50 % en 2005, o Great Yarmouth, que lleva dos años sin registrar ningún accidente de notificación obligatoria.

Quiero decir al señor Jarzembowski que esta ley sería desastrosa para el empleo. Los propietarios de los puertos me han dicho que estarían en peligro más de 600 nuevos puestos de trabajo en Felixstowe y más de 750 en Harwich. Ninguno de los 650 puestos del puerto de Tilbury estaría seguro. Esas son las palabras de los propios titulares de los puertos, quienes además verían desaparecer sus incentivos para realizar nuevas inversiones indispensables.

Dos nuevos proyectos de inversión en Tilbury ya han sido congelados debido a la incertidumbre generada por esta directiva. Tanto la expansión portuaria en la bahía de Bathside, recientemente aprobada en Harwich, como la decisión positiva que esperamos ansiosamente esta semana para la expansión del Felixstowe hacia el sur, están en peligro.

Recuerdo al Partido por la Independencia del Reino Unido que todo ello representa un gasto de mil millones de libras esterlinas, si se examinan las cifras, y que ahora mismo no estaríamos en este trance si no fuera porque sus diputados votaron a favor de esta directiva en la Comisión de Transportes y Turismo.

Volviendo a las inversiones, hace más de diez años que se defiende la construcción de un puerto exterior en Great Yarmouth, que entraría en competencia con el actual puerto interior, con lo que se sustituirían puestos de trabajo existentes en vez de aumentarlos y de ampliar los servicios en una zona considerada prioritaria para abordar el desempleo en toda la Unión Europea.

No se equivoquen: son los estibadores portuarios cualificados los que más sufrirían, personas como Steven Drew, de Yarmouth, que se encuentra en la galería pública escuchando este debate: entre él y su padre, Frank, antes que él, llevan juntos más de cincuenta y cinco años prestando servicio en este sector.

La competencia entre puertos es necesaria, pero no dentro de los puertos. La Unión Europea debe hacer ahora lo que debió haber hecho antes: consultar antes que nada a los puertos, a los sindicatos y a las compañías navieras, comenzar con una hoja en blanco y admitir su derrota en esta propuesta. Este Parlamento Europeo, habiendo rechazado ya la propuesta de una vez por todas, debe votar «no» una segunda vez y para siempre.

  Luís Queiró (PPE-DE). – (PT) Como se puede constatar por las intervenciones anteriores, esta propuesta de directiva ha suscitado una enorme controversia que se extiende de forma considerable más allá de esta Cámara y que afecta a muchos operadores portuarios y a la mayor parte de los trabajadores del sector. En cuanto a estos últimos, me gustaría manifestar que entendemos sus protestas, pero no aceptamos sus métodos violentos. Dicho esto, las dos comisiones que llamadas a emitir sus opiniones han manifestado su rechazo de la propuesta de directiva, sentenciando todavía más su destino político.

No hace falta insistir en la importancia del sector portuario, señor Presidente. Todos sabemos que casi todo el comercio exterior en la UE se realiza a través de sus puertos, y que los puertos emplean a unas 350 000 personas directamente, sin mencionar a los empleados indirectos en el sector. Es más, las técnicas para el movimiento de mercancías y equipos están en constante evolución, lo que exige permanentes inversiones y renovaciones.

Las cuestiones que se plantean, por tanto, son las siguientes:

¿Favorece la propuesta de directa la inversión, la competencia y el acceso al mercado? ¿Respeta los derechos adquiridos con respecto a los operadores actuales? ¿Vulnera el principio de subsidiariedad? ¿Es justa en lo que respecta a las indemnizaciones en caso de sustitución de los proveedores? ¿Afecta al mercado de trabajo y a los derechos sociales de los trabajadores del sector? En una palabra, ¿logra los objetivos de una mayor eficiencia, más competitividad, más mercado interior y mejores servicios?

El señor Jarzembowski ha intentado dar respuesta a estas cuestiones con un gran sentido del equilibrio y, por ello, quiero felicitarle. Sin embargo, me parece que es necesario volver a revisar esta propuesta a la luz de las condiciones en las que ha sido presentada por la Comisión. Lo que necesitamos es una estrategia política que estimule verdaderamente el desarrollo de los puertos europeos, como señala y corrige el ponente, que tenga en cuenta la situación actual en el mercado y que haga partícipes a todas las partes interesadas, incluido naturalmente el Parlamento. Le corresponde a usted, señor Comisario, dar una respuesta. En lo que a nosotros respecta, será mucho más fácil tomar una decisión de acuerdo con los objetivos enunciados.

  Lasse Lehtinen (PSE). – (FI) Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa también significa que debemos deshacernos de toda legislación innecesaria e ineficaz y no aumentar la burocracia. Los servicios portuarios europeos ya son muy competitivos en la actualidad, tanto en calidad como en tarifas.

Este caso no constituye un conflicto entre trabajo y capital, porque los propietarios de los puertos, los usuarios y los trabajadores de los distintos países europeos consideran que esta propuesta es perjudicial e inútil. La competencia porque sí debe ser rechazada y lo que hace falta es prestar más atención a la calidad y la seguridad.

Está claro que esa directiva no aumentará la competencia: al contrario, incluso podría mermarla. Por ejemplo, el sistema de autorización incrementará la burocracia. Una Convención de la OIT garantiza que los estibadores profesionales tendrán prioridad para este tipo de trabajo, y en Finlandia esta medida se ve reforzada mediante un convenio colectivo. El factor clave es la seguridad: ¿redundaría en beneficio de la salud y la seguridad en el trabajo si después de una dura jornada laboral la gente de mar tuviera que ayudar en la manipulación de otro cargamento en un puerto extranjero?

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, el aspecto fundamental de este debate es si, en este ámbito al igual que todos los demás, la competencia y los nuevos servicios son positivos. Se trata de saber si la competencia hará empeorar las cosas para los consumidores, los trabajadores y las empresas. Al escuchar a algunos de los oradores, uno pensaría que la existencia de la competencia y de más empresas es malo para toda la sociedad.

De hecho, podemos ver cómo estas sociedades europeas que han abierto sus puertas a las competencia y a nuevas empresas han sido testigos del desarrollo de sus servicios y negocios a precios más bajos y mejores servicios para el consumidor. Esto lo hemos visto en todos los ámbitos, incluidas las telecomunicaciones y la aviación, y hemos oído los mismos argumentos de advertencia antes de la puesta en marcha de la desregulación.

Recuerdo cómo, al debatir la desregulación de las telecomunicaciones, había quien mantenía con toda seriedad que las llamadas telefónicas pasarían a la historia y que los que trabajaban en esta industria acabarían perdiendo su puesto de trabajo. En realidad, se han creado más puestos de trabajo.

Al hablar de los puertos, que son tan importantes para el comercio y el desarrollo en la UE, salta a la vista que la dinámica inherente a un mayor acceso a los mercados y a la competencia entre los puertos y dentro de los mismos conducirá a un desarrollo de los servicios. Estos aspectos son cruciales no solo para que el sector portuario como tal pueda funcionar mejor, sino también para que la navegación, el transporte y el comercio sean más eficientes. De lo que se trata no es solo del flujo de mercancías en Europa, sino también de las oportunidades de desarrollo para nuevas regiones: nuevos puertos y nuevas estructuras en nuestra economía.

Si queremos más competitividad, también debemos emprender nuevos avances y cambiar. Los que mantienen que todo es perfecto y que nuestros puertos en Europa funcionan exactamente como deberían no deberían temer a la competencia. Con nuevas empresas y nuevas oportunidades, todo se andará. Por ello, lo fundamental es saber si queremos, como es mi caso, que el flujo de mercancías en Europa sea más dinámico.

  Joseph Muscat (PSE). – (MT) Gracias, señor Presidente. No estamos hablando de contenedores; estamos hablando de personas, de mis colegas. Este debate versa sobre una directiva que la Federación Europea de Trabajadores del Transporte tacha con razón de innecesaria, provocadora y desequilibrada, y las autoridades portuarias y el sector también están de acuerdo. Contiene los peores elementos de otra propuesta que este Parlamento ya ha rechazado. Después de aquella votación, en lugar de olvidar o al menos presentar una propuesta decente, la Comisión ha adoptado una posición incluso peor. Votaré en contra de esta directiva porque socava los derechos que esta categoría de trabajadores, los estibadores, ha adquirido con gran dificultad a lo largo de mucho tiempo. Voy a votar en contra de esta directiva porque abre la puerta a abusos por el trato que reciben algunos trabajadores y porque enfrenta a unos trabajadores con otros. Voy a votar en contra de esta directiva porque reduce la salud y la seguridad en zonas tan delicadas como los puertos. Nosotros, que nos llenamos la boca al hablar de salud y seguridad, ¿cómo podemos hacer algo que las socave? Voy a votar en contra de esta directiva porque creo en una competencia equilibrada en la que cada uno pone su parte y no en la que siempre son los trabajadores y los peor pagados los que salen perdiendo. Creo que incluso los que están a favor de la liberalización de los servicios portuarios deberían rechazar esta directiva, ya que un voto a favor abriría camino a una directiva original que incluso nuestros colegas parecen aceptar que tiene muchas carencias. Debemos demostrar a las claras que estamos construyendo una Europa social y no un sistema sin conciencia. La votación sobre la directiva relativa a los puertos es una oportunidad de oro para dar esperanza y mostrar el camino a los muchos que esperan que una institución como la nuestra dé un paso. Estoy orgulloso de que el Partido Laborista de Malta y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo respondan de forma coherente a este llamamiento. A los millones de trabajadores europeos, entre los que se encuentran cientos de trabajadores malteses representados por la Unión General de Trabajadores, y que también están presentes hoy aquí y que se están afectados por esta directiva, queremos hacerles saber que cuentan con nuestro firme apoyo.

  Marcello Vernola (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría añadir varias consideraciones técnicas. Sobre todo, parece que esta propuesta no tiene en cuenta el Libro Verde que está elaborando el Comisario responsable de transporte, el señor Barrot.

Deberíamos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta iniciativa para examinar la nueva oferta de servicios de los países recién adheridos y debemos comparar los requisitos jurídicos nacionales sobre costes a cargo de las mercancías, para que puedan prevalecer efectivamente unas condiciones de libre mercado. Me parece que la directiva en cuestión va absolutamente en contra de las normas de la competencia y del mercado, en cuanto consiente la creación de oligopolios por parte de las grandes empresas que operan en los puertos del norte de Europa, en contraste con la situación diferente que existe en los puertos del Mediterráneo y, sobre todo, tolera los ataques de las grandes empresas del este asiático, que están invadiendo nuestro sistema portuario.

Debemos comparar sin duda los efectos sobre la competencia de las políticas de ayuda estatal y aclarar el concepto y la aplicabilidad práctica de estas ayudas, en particular con respecto a los cánones necesarios y otras formas que permiten una prestación de servicios como un servicio público sujeto a normas públicas. Esta directiva carece sobre todo de una comparación de las normas ambientales para la realización de nuevas obras de infraestructura o de las políticas de vertido de residuos.

Debemos aclarar las normas sobre la competitividad a la vista del riesgo de competencia desleal por parte de Oriente y sobre todo debemos reafirmar las garantías ambientales para el Mediterráneo, que es objeto de agresiones por parte de operadores que no respetan la legislación comunitaria en materia ambiental. La autoasistencia es una amenaza muy seria para las pequeñas y medias empresas que operan en nuestros puertos.

  Nikolaos Sifunakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión ha vuelto a presentar la propuesta de directiva relativa a la liberalización de los servicios portuarios, pero no ha tenido en cuenta que fue rechazada por el Parlamento en 2003.

Esta propuesta de directiva no se diferencia en nada de la anterior. Mantiene la idea de la autoasistencia, que es incompatible con las actuales condiciones laborales necesarias en los puertos europeos desde el punto de vista de la salubridad, la seguridad y la calidad de los servicios portuarios.

¿Dónde están realmente las propuestas sobre la adecuada disposición de los puertos? ¿Dónde están las propuestas para modernizar el funcionamiento general de los puertos? No hemos oído hablar de la antigua demanda de excluir del ámbito de aplicación de la directiva los servicios de pilotaje, que no son una actividad comercial, sino un servicio público cuyo propósito es la seguridad del transporte y la protección de los puertos y del entorno marino.

Tampoco hemos oído hablar de los esfuerzos realizados por los miembros de la comisión con vistas a mejorar la propuesta de la Comisión Europea, a pesar de los loables esfuerzos del señor Jarzembowski. La falta de política se traducirá en un largo de periodo de incertidumbre y, por supuesto, no habrá ningún clima propicio para la inversión. La mejor propuesta es retirarla.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no cuestionamos la necesidad de esta directiva ni la necesidad de abrir el camino a la liberalización. Esta propuesta de directiva, sin embargo, es similar a la que fue rechazada en esta Cámara en noviembre de 2003 y no tiene en cuenta las recomendaciones del Parlamento. Por lo tanto, es inaceptable.

Además, la propuesta de directiva es jurídicamente contradictoria con el marco normativo internacional y comunitario. En primer lugar, no garantiza la compatibilidad con la propuesta de revisión en curso del Reglamento (CEE) nº 1191 del Consejo, relativo a las obligaciones inherentes a la noción de servicio público. Tampoco tiene en cuenta las características concretas de cada puerto, ni siquiera de los puertos de las regiones ultraperiféricas, donde los servicios públicos son vitales para la supervivencia de las comunidades y donde la liberalización forzada puede dar pie a monopolios inaceptables desde el punto de visto social y económico.

Si la propuesta de directiva que tenemos sobre el tapete ya es inaceptable, el informe agrava la situación porque aumenta la desregulación y suscita problemas relativos a la seguridad, las garantías de servicio público, la eficiencia de los servicios portuarios, la salvaguardia de los derechos sociales, como se desprende de la propuesta de ampliar la autoasistencia sin regularla de ningún modo.

Por todo esto creo, señor Comisario, que esta propuesta de directiva debería ser retirada y sustituida después por otra que tenga en cuenta las recomendaciones del Parlamento …

(El Presidente interrumpe al orador)

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Señorías, Estonia es un país marítimo y los servicios portuarios representan una buena parte de nuestro producto interior bruto. La aplicación de la Directiva de servicios portuarios no nos aportará grandes cambios. El mercado de los servicios portuarios fue liberalizado poco después de que Estonia se independizara de la economía de planificación soviética.

La directiva propuesta por la Comisión Europea interfiere en líneas generales en detalles como el proceso de concesión de licencias y la duración de los contratos, mientras que deja en manos de los Estados miembros la responsabilidad de aspectos importantes.

Unas normas uniformes y claras en materia de calidad, medio ambiente y seguridad serían más útiles para la mejora de la competencia en el mercado interior que desregulaciones detalladas. También comparto los temores de los trabajadores portuarios de la vieja Europa. Parece que la Comisión desea lograr un aumento de la eficiencia principalmente a costa de los trabajadores cualificados.

Hay que decir que los puertos de mi Estonia natal, en la llamada «nueva Europa», compiten en calidad, no en mano de obra barata. Estoy seguro de que el potencial intelectual de la Unión Europea podría dar lugar a una directiva mucho mejor. La Comisión debería aprovechar esta oportunidad. Señor Comisario, lamento decir que mañana votaré en contra de esta directiva. Gracias por su atención.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, aunque el debate no ha sido un coro de alabanzas, he escuchado con toda atención a cada una y cada uno de ustedes.

En primer lugar, conviene recordar la historia de esta propuesta, que procede de la Comisión anterior y de mi predecesora. Dicho esto, entiendo que al Parlamento le haya extrañado, señor Presidente, que se le presentara de nuevo esta propuesta, y comprendo que este modo de proceder haya chocado a algunas de sus Señorías. Simplemente, quisiera mencionar algunos puntos, que, sin justificarla, explican también la razón de que se haya vuelto a poner sobre la mesa esta propuesta.

En primer lugar, porque, a pesar de todo, sentimos la necesidad, y algunos de ustedes lo han subrayado, de un marco jurídico claro para estimular las inversiones portuarias. El 90 % de las exportaciones europeas pasan por nuestros puertos. Necesitamos puertos eficaces y modernos. En segundo lugar, esta propuesta se ha vuelto a presentar con una limitación muy estricta de la autoasistencia, que en primera lectura había sido objeto sin duda de las críticas más graves.

En tercer lugar, señor Presidente, por haber desempeñado responsabilidades sociales, no puedo consentir que se diga que esta propuesta violaría todos los derechos sociales existentes en el sector portuario. La Comisión no tiene intención de reducir los derechos sociales de los trabajadores del sector. Incluso ha incluido en su propuesta la obligación de que todos los prestatarios de servicios portuarios reciban una autorización que imponga el respeto de las normas mínimas del Derecho social comunitario. Además, el artículo 4 de la propuesta representa una salvaguardia, pues estipula que la directiva no debe afectar en ningún caso a la aplicación de la legislación nacional sobre las condiciones de empleo de las personas.

Se lo digo de forma muy simple, Señorías: nunca habría vuelto a presentar esta propuesta si personalmente me hubiera parecido que presenta riesgos tan graves como los que algunos de ustedes han creído ver en ella. No lo habría hecho en conciencia.

Dicho esto, he de decir que el debate ha sido útil y ha aclarado todas las dimensiones de una política portuaria que no puede reducirse en efecto al objeto de este texto. Muchos de ustedes han recordado que otros problemas son muy importantes. Por ejemplo, una mayor transparencia de los costes de los servicios. Por ejemplo, el establecimiento de una competencia más equitativa entre los puertos. Por ejemplo, también, la necesidad de estimular las inversiones para aumentar aún más nuestras capacidades portuarias. Por tanto, soy muy consciente de que una política portuaria no puede reducirse a un texto de esta naturaleza, y el debate ha sido muy útil en este sentido.

Otra cosa que ha hecho el debate es poner de manifiesto la gran diversidad de situaciones portuarias que hay en Europa, aunque de esto ya me había percatado a lo largo de este mi primer año como Comisario de Transportes. A este respecto, tropezamos también con un problema. Algunos de ustedes, no sin razón, han subrayado que no se podía regular situaciones tan diferentes de un puerto a otro con un exceso de centralismo, y les doy la razón. Nos enfrentamos asimismo a una evolución muy rápida de las tecnologías utilizadas en los puertos, lo que pone en juego asimismo un factor que no estaba presente en la situación que prevalecía en el momento en que se concibió esta propuesta de directiva.

Diré, por una parte, que el debate ha sido útil y, por otra, que su comisión ha realizado, a pesar de todo, un trabajo muy bueno. Es cierto que tienen mi pleno apoyo por adelantado si el Parlamento llega a debatir las enmiendas que propone su comisión. Sí a la prolongación de los plazos de autorización. Sí al régimen transitorio, señor Jarzembowski. Sí también a las enmiendas de transacción sobre la protección de las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor de la directiva, a condición, por supuesto, de que se respeten los fines perseguidos, es decir, un acceso no discriminatorio y equitativo al mercado para todos.

Salta a la vista, y aquí nos encontramos con una paradoja, que el Comisario que les habla había esperado que se pronunciaran ustedes sobre el texto enmendado por su comisión. Y la paradoja es que van a tener que pronunciarse sobre el texto inicial. Ahora bien, no me reprocharán mi confianza en el Parlamento al decir que, en este terreno y por lo que se refiere a este texto, considero que las mejoras aportadas por el Parlamento eran excelentes y permitían responder a una serie de críticas justificadas.

Pero así están las cosas. Soy consciente de que hay entre ustedes dos escuelas de pensamiento. Están los que dicen que el texto inicial no era modificable y también los que piensan que podía corregirse. Es la tesis de su ponente. Señor Presidente, mi tarea es difícil. En efecto, quiero afirmar mi respeto por el Parlamento: por una parte, debo respetar el trabajo que ha realizado su comisión y, por otra, debo respetar también la opinión que se exprese en la votación.

En efecto, ¿no es razonable que espere a la votación para sacar todas las conclusiones pertinentes? Me parece que en una democracia saludable puede haber una oportunidad para votar. Eso es lo que creo, y no ofendo al Parlamento al decirle que se pronuncie, lamentando quizás que este procedimiento no le permita pronunciarse sobre un texto mejorado, no dudo en decirlo, por su comisión.

Sea como fuere, señor Presidente, y lo digo con cierta solemnidad, es evidente que habiendo escuchado con atención todo este debate, sacaré mañana todas las conclusiones pertinentes del voto del Parlamento. Creo que es un modo de respetar al Parlamento, al igual que he reconocido la justeza de una serie de argumentos, lo que por lo demás me permitirá concebir mejor el conjunto de una política portuaria para Europa.

Muchas gracias, Señorías, y, una vez más, solo contraigo un compromiso, el de sacar las conclusiones pertinentes una vez que hayan emitido su voto.

(Aplausos)

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles –es decir, mañana – a las 12.00 horas. A usted corresponde, señor Comisario, sacar todas las conclusiones pertinentes.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Dominique Vlasto (PPE-DE). – (FR) Al torpedear esta segunda propuesta de directiva antes de la primera lectura y cuando el informe Jarzembowski aportaba progresos reales y constituía una buena base de trabajo, la izquierda y algunos sindicatos hunden los servicios portuarios en la inseguridad jurídica y la inestabilidad política.

La retirada de la autoasistencia y el reconocimiento de criterios de seguridad marítima y de cualificación profesional en el procedimiento de selección para la prestación de servicios eran avances positivos con respecto a la primera propuesta de directiva.

Los puertos europeos deben invertir para desarrollarse y responder al aumento de tráfico marítimo. Un puerto como Marsella necesita una competencia europea equitativa y leal para defender sus bazas y sus puestos de trabajo. La flota comunitaria necesita servicios portuarios eficientes y competitivos.

Esta propuesta, sin duda imperfecta, habría aportado seguridad jurídica y estabilidad a un sector en pleno auge. Me sigo oponiendo al rechazo del texto, que equivale al abandono de nuestras responsabilidades. Si así sucediera, deseo que la Comisión proponga un Libro Verde sobre la política portuaria y que consulte a todas las partes interesadas.

Terminaré dando las gracias a las fuerzas del orden francesas, que se encargaron de la seguridad del Parlamento ante las intolerables manifestaciones de ayer.

6. Desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación - Relaciones con Rusia y con China en el ámbito del transporte aéreo

  El Presidente . – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de

- el informe del señor El Khadraoui, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación (2005/2084(INI)) (A6-0403/2005), y

- el informe del señor Zîle, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre las relaciones con la Federación de Rusia y China en el ámbito del transporte aéreo (2005/2085(INI)) (A6-0375/2005).

  Saïd El Khadraoui (PSE), ponente. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos de los demás Grupos por su buena cooperación. Aunque no coincidimos en todos los aspectos, creo que logramos ponernos de acuerdo en lo esencial y, de este modo, conseguiremos establecer una estrategia europea sobre una cuestión que solo podrá cobrar importancia en los próximos años.

Como saben, este debate se inició a raíz de la famosa sentencia de «cielos abiertos» del Tribunal de Justicia dictada en 2002, de la que se desprendía que la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva en materia de servicios aéreos internacionales, más en concreto en lo referente a los sistemas de reserva automatizada, los precios de los billetes intracomunitarios y la distribución de franjas horarias o derechos de aterrizaje. Todos los acuerdos de aviación bilaterales vigentes entre los Estados miembros y terceros países deben ajustarse a lo dispuesto en la sentencia, por lo que será preciso revisar no menos de 2 000 acuerdos de aviación en toda la Unión.

Hay dos formas para llevar esto a cabo. O bien los Estados miembros se comprometen a mantener negociaciones bilaterales con terceros países a fin de adaptar sus acuerdos bilaterales a la legislación comunitaria (58 acuerdos se han armonizado de esta forma), o bien las negociaciones se celebrarán a escala comunitaria en virtud del llamado mandato horizontal. Hasta el momento, 22 países ya han aceptado los acuerdos horizontales con la Comunidad y gracias a ello ya se han adaptado 317 acuerdos bilaterales. Esto supone un total de 385 acuerdos, lo que quiere decir que aún nos queda mucho camino por recorrer antes de que se hayan modificado los 2 000 acuerdos.

Por tanto, en mi informe expongo los argumentos a favor de ajustar todos los acuerdos bilaterales a las sentencias de cielos abiertos tan pronto como sea posible para evitar la incertidumbre jurídica. Personalmente prefiero los acuerdos comunitarios, ya que con una serie de negociaciones bastará para sustituir todos los acuerdos bilaterales vigentes con un país concreto de una sola vez. Después de todo, la Comunidad Europea puede ejercer más presión durante las negociaciones que un Estado miembro por sí solo, pero esto exige una visión común y cohesionada.

Me gustaría destacar que debemos llegar a acuerdos con nuestros socios clave y con países emergentes, como China, los Estados Unidos y Rusia, tan pronto como sea posible, sin olvidar a nuestros vecinos inmediatos. Esto es importante por motivos económicos, así como por motivos políticos como es la seguridad de la aviación y por esto he presentado una enmienda sobre esta misma cuestión a tiempo para la votación de hoy.

Cuando se concluyan los acuerdos comunitarios, es crucial que la Comunidad Europea considere tres aspectos fundamentales. En primer lugar, los acuerdos deben ser equilibrados y es importante que el acceso a los mercados de los demás sea equivalente. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta aspectos como los derechos de aterrizaje, los derechos de cabotaje, la igualdad de derechos de establecimiento y de propiedad, así como las ayudas estatales. Antes de la sesión de hoy he presentado una enmienda para garantizar que la cuestión de las ayudas estatales se incluya en la lista. Esto no es baladí en vista de las medidas de seguridad más estrictas que los Estados Unidos impusieron a todas las compañías aéreas a raíz del 11 de septiembre. Solo las compañías estadounidenses recibieron ayudas, las demás no, lo que supone una distorsión de la competencia.

En segundo lugar, en mi informe se destaca el hecho de que la apertura de los mercados debería ir siempre precedida de la convergencia legislativa y de la necesidad de que el grado de liberalización esté sujeto a condiciones justas y competitivas. La Unión Europea está trabajando en la elaboración de normas –si es que no las tiene ya– sobre cuestiones sociales relacionadas con la seguridad, el medio ambiente, las ayudas estatales y la competencia. Es inaceptable que estas normas rigurosas se vean erosionadas por la llegada de operadores del mercado sujetos a normas menos estrictas. Sin lugar a dudas, en los acuerdos de cielos abiertos, en que se autorizaría a las compañías aéreas de la Unión Europea y de terceros países a tener un acceso ilimitado a los mercados de los demás, es esencial que existan las normativas legales de ambas partes sean equiparables. De lo contrario podríamos terminar distorsionando la competencia y también nos enfrentaríamos al riesgo de deslocalización, lo que obligaría a las compañías aéreas europeas a trasladarse a países con normas menos estrictas. Por ello, en mi informe he presentado una enmienda a fin de incluir la convergencia de las normativas relativas a la seguridad, las ayudas estatales y la competencia para que la convergencia legislativa también tenga lugar en esos ámbitos. Si resulta imposible llegar a un acuerdo de cielos abiertos, se pediría a la Comisión que desarrollara mecanismos justos y transparentes para dividir los derechos de tráfico entre los Estados miembros.

En tercer y ultimo lugar, la Comisión debería consultar e informar asimismo a todas las partes implicadas en la industria de la aviación y al Parlamento Europeo durante las negociaciones sobre los nuevos acuerdos de aviación que se concluyan en Europa y el resto del mundo en los próximos años.

Estos tres importantes factores también quedan reflejados en el informe del señor Zîle con respecto a Rusia y China. También en este caso debe aplicarse el principio de reciprocidad. Deben suprimirse las elevadas tasas que exige Rusia por sobrevolar Siberia. Asia, después de todo, está cobrando cada vez más importancia y la ruta más corta para llegar a ella por aire pasa por la Federación Rusa. Por tanto, el señor Zîle también se merece todo nuestro apoyo.

  Roberts Zīle (UEN), ponente. – (LV) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos y a los que han presentado propuestas sobre el informe de la Comisión Europea; por ello, en mi opinión, en la Comisión de Transportes y Turismo logramos un buen resultado. Creo que todos teníamos un objetivo común: proporcionar a los negociadores de la Comisión Europea que tratan con Rusia y China una base sobre la que trabajar y, por supuesto, lanzar una señal política al Consejo para que otorgue un mandato. También en estos términos, en mi opinión, logramos formular una posición muy clara sobre las cuestiones más esenciales.

En cuanto a las relaciones con China, teniendo en cuenta la rapidez con la que ha crecido el mercado chino de la aviación –dentro de diez años, por ejemplo, China será el mayor mercado en Asia de transporte aéreo de mercancías–, nuestra labor se ha guiado por varios principios. En primer lugar, es preciso que avancemos rápidamente con vistas a un acuerdo integral en materia aeronáutica entre la Unión Europea y China. En segundo lugar, el acuerdo debería basarse, por supuesto, en un acuerdo horizontal. Tal como acaba de mencionar mi colega, el señor El Khadraoui, nos gustaría ser testigos de un rápido desarrollo sobre esta base de las relaciones con China. En tercer lugar, al mismo tiempo que preparamos un acuerdo integral, nos gustaría que se ampliara el mandato a fin de que quedaran cubiertos los requisitos relativos a la infraestructura de seguridad de los aeropuertos y de calidad del control del tráfico aéreo chino. En cuarto lugar, el informe hace especial hincapié en la necesidad de obtener resultados sin demora en el ámbito del transporte aéreo de mercancías, lo que permitiría a las empresas europeas competir antes en el mercado asiático, que será potencialmente el más grande.

Con respecto a Rusia, el aspecto más importante es que la Comisión de Transportes consideró totalmente inaceptable la práctica según la cual Rusia, cada año, contraviniendo la Convención de Chicago, de la que la propia Rusia es signataria, recauda de las aerolíneas de la Unión Europea más de 250 millones de euros por el sobrevuelo de Siberia. La mayor parte de este dinero se invierte en la compañía aérea rusa Aeroflot, que de este modo consigue más de 100 millones de dólares anuales de beneficios y puede mantener aproximadamente el 38 % del mercado del transporte aéreo entre la Unión Europea y Rusia.

Me complace que mis colegas de la Comisión de Transportes consideraran que la Comisión Europea debe negociar con más dureza con Rusia, tanto en el contexto de la Organización Mundial del Comercio como en proyectos para la modernización de la aviación. En nuestra opinión, es inaceptable que estos pagos se mantengan sin más y de forma tan poco transparente hasta 2013. Asimismo, para muchas aerolíneas europeas estos pagos crean obstáculos discriminatorios cuando se trata de hacerse con partes del mercado chino antes mencionado. En la propuesta de resolución se expresa de forma más contundente: el Parlamento Europeo no acepta otras formas de pago en sustitución de las tasas de sobrevuelo de Siberia. En la Comisión de Transportes también consideramos que en las negociaciones entre la Unión Europea y Rusia todas las compañías aéreas de la Unión deben gozar del mismo estatuto jurídico no discriminatorio que les permita adquirir derechos de despegue y aterrizaje permanentes en los aeropuertos rusos.

Por último, quiero decir que a los miembros de la comisión nos gustaría recibir más información tanto sobre las negociaciones como sobre su situación para que el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de defender mejor los intereses de los europeos –aerolíneas y pasajeros– en los mercados aeronáuticos de otros países.

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias de todo corazón al señor El Khadraoui y al señor Zîle por su labor y por el espíritu de cooperación que ha presidido nuestros trabajos. Doy las gracias también a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo por haberse empleado a fondo en este importante debate. Les preciso, señor Presidente, que este debate llega en su momento justo, pues en este año 2006 debo preparar nuevos acuerdos aeronáuticos. Era muy deseable que el Parlamento me instruyese con respecto a la política exterior de la Comunidad en el ámbito del transporte aéreo. Realmente, estos dos informes representan una contribución importante al diálogo interinstitucional sobre la acción comunitaria en este terreno.

En los últimos veinte años han aumentado las responsabilidades de la Comunidad en el sector aéreo. Los Estados miembros han derribado las fronteras de sus mercados nacionales para construir un solo mercado –el mercado comunitario–, que descansa ahora en un conjunto completo de normas comunes, incluso en ámbitos como la seguridad, la protección o la gestión del tráfico aéreo. Esta comunidad de derecho fundamenta un mercado que, con el paso de los años, se ha hecho cada vez más importante. Ahora contamos con más de 600 millones de pasajeros y 60 millones de toneladas de mercancías transportadas al año.

Pasar de una lógica bilateral entre Estados a acuerdos negociados a escala comunitaria ofrece perspectivas inéditas e importantes por las oportunidades que encierra el gran mercado europeo y las posibilidades de cooperación de la Comunidad. Este paso de una lógica bilateral a una lógica comunitaria es también una necesidad jurídica, para que se reconozca y respete nuestro acervo reglamentario en el ámbito aéreo.

El informe del señor El Khadraoui aborda una serie de problemas clave de nuestra política. En primer lugar, la importancia de avanzar hacia la estandarización de los acuerdos bilaterales, que, desde las sentencias del Tribunal, adolecen de inseguridad jurídica. Señor El Khadraoui, estamos inmersos en esta tarea junto con los Estados miembros en un espíritu de estrecha cooperación y moviendo todas las palancas que ofrece la política exterior de la Unión Europea.

En segundo lugar, han destacado ustedes, y se lo agradezco, la necesidad de respetar siempre este doble objetivo: apertura de los mercados y convergencia reglamentaria. La prioridad concedida a la convergencia reglamentaria permite desarrollar nuestras actividades internacionales y las actividades internacionales de nuestra industria en unas condiciones de competencia equitativas y sanas. Hemos de perseguir ambos objetivos al mismo tiempo. La eficacia y credibilidad de la Comunidad en las negociaciones depende de que lo logremos.

Por último, esta cooperación reglamentaria debe apoyarse en la medida de lo posible en una cooperación técnica, para garantizar un alto nivel de convergencia en ámbitos tan cruciales como la seguridad y la protección. Pero también, por supuesto, en los problemas ambientales y sociales que forman parte del modelo social europeo.

Con el apoyo del Parlamento, seguiremos pidiendo nuevos mandatos de negociación. Las prioridades para el año 2006 serán la integración de Ucrania en el espacio europeo, un acuerdo con Australia y Chile y el inicio de negociaciones con China y la India.

China y Rusia son objeto de dos comunicaciones de la Comisión, en las que se basa el informe del señor Zîle. Comenzaré por Rusia y la cuestión del sobrevuelo de Siberia. Les agradezco su apoyo en este tema y sus legítimas exigencias. Estamos decididos a poner fin al cobro de unos derechos que evidentemente contravienen todas las normas internacionales y, antes de estudiar un acuerdo aéreo global con Rusia, debemos resolver esta cuestión concreta teniendo en cuenta también la voluntad de Rusia de adherirse a la OMC. Desde hace algunos meses he intensificado el ritmo de negociaciones con el Gobierno ruso. El tema se planteó en la Cumbre Unión Europea-Rusia de octubre, a raíz de una carta del Presidente Barroso al Presidente Putin. Mantuve dos reuniones con el Ministro de Transportes ruso, el señor Levitin, en cuyo transcurso insistí mucho en la urgencia de una solución. Nuestra posición es muy firme. Pedimos al Gobierno ruso que establezca un sistema transparente y no discriminatorio y que reduzca progresivamente los cobros de derechos hasta 2013, fecha acordada en 2004 entre el Gobierno ruso y la Comisión. Por último, pedimos la supresión de las restricciones del número de sobrevuelos de Siberia por parte de las compañías europeas. En esta fase, y a falta de reacciones suficientes del Gobierno ruso, es preciso recordar este asunto en todos los niveles. Hay que encontrar una solución a esta cuestión antes de que Rusia entre en la OMC.

Por lo que respecta a China, un mercado en pleno crecimiento, las ventajas de un enfoque comunitario son evidentes, como demuestra el señor Zîle. La perspectiva de un acuerdo con China es esencial para los operadores europeos a largo plazo. Pero nuestro enfoque con China debe ser gradual y ordenado, a fin de reforzar nuestra cooperación al mismo tiempo que se desarrolla un nivel de convergencia reglamentaria aceptable por nuestra industria. La primera fase de las negociaciones debe centrarse necesariamente en la mejora del marco reglamentario y de las condiciones de explotación comercial. Nuestras compañías sufren restricciones no justificadas que hay que eliminar sin tardanza. Estos aspectos relacionados con el desempeño de la actividad serán nuestra prioridad.

En todo caso, señor Presidente, tengo un gran interés por agradecer al Parlamento Europeo su contribución al éxito de estas importantes negociaciones, que permitirán a la Unión Europea ampliar las posibilidades de su industria de transporte aéreo, una industria que ha tenido, creo, el mérito de crear empleo en Europa y de mostrarnos el rostro de una Europa especialmente dinámica y una Europa en la que el desarrollo del transporte va acompañado de una gran seguridad y una gran calidad del transporte. Una vez más quisiera dar las gracias al señor El Khadraoui y al señor Zîle, y también a su comisión.

  Zsolt László Becsey, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor El Khadraoui, por su excelente trabajo. La Comisión de Transportes y Turismo aceptó su informe como un compromiso adecuado. Por tanto, en mi nombre y en el del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, me gustaría manifestar que el informe se corresponde básicamente con la posición del Parlamento.

Al establecer los principios generales, hemos destacado acertadamente que cuando, de conformidad con la sentencia del Tribunal, una cuestión incide en el ámbito de competencias de la Comunidad, deberá descartarse de forma pragmática cualquier tipo de discriminación entre socios dentro de la Comunidad, por un lado, y deberán concluirse acuerdos de «cielo abierto», en la medida de lo posible, por otro. Los acuerdos bilaterales en vigor pueden armonizarse recurriendo a este enfoque dual.

Al mismo tiempo, todavía queda por decidir cómo vamos a dividir entre los Estados miembros el número de vuelos que se negociarán con los socios extranjeros, en los casos en los que le número de vuelos sea limitado. La Comisión tendrá que presentar pronto un documento concreto sobre esta cuestión sensible al Parlamento.

Además, creo que en el enfoque de la Comisión y del Parlamento se recoge otro principio importante, que hace hincapié en la necesidad de una mayor armonización técnica con los socios externos. Esta es la forma en que básicamente podemos ayudar a mantener la seguridad de los vuelos, la piedra angular de nuestra política exterior, y esta es la forma en que podemos facilitar de modo indirecto la implementación de las prioridades ambientales y de competencia.

Sin embargo, no comparto las ideas de ampliar los derechos sociales europeos o nacionales a los acuerdos concluidos con terceros países y de permitir que los aviones vuelen bajo bandera de otras naciones. Que cumplan lo previsto en la legislación laboral internacional y las normas en materia de seguridad y competencia. Todo lo que vaya más allá de eso, incluso dentro de la Unión Europea, solo daría pie a una innecesaria campaña publicitaria contra los nuevos Estados miembros con el pretexto del inexistente dúmping social.

También rechazo todo gravamen fiscal del transporte aéreo por motivos de protección ambiental, dado que, por un lado, no existen normas internacionales obligatorias a este respecto y, por el otro, este sector competitivo debe autofinanciarse, incluidos los aeropuertos, a partir de sus propios ingresos. La mejor protección ambiental es asegurar el desarrollo de medidas de seguridad técnica, no imponer nuevas cargas fiscales. Solo hemos aceptado la inclusión del transporte aéreo en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases en el marco del compromiso, pero la imposición de un gravamen directo está fuera de lugar.

Como diputado de un nuevo Estado miembro, para mí reviste una importancia particular que las regiones colindantes, los Balcanes y los grandes partícipes del mercado como China, los Estados Unidos y Rusia, gocen de prioridad. Por último, me gustaría decir que, a fin de garantizar la transparencia de las negociaciones, el Parlamento debería participar en todas las rondas de negociación.

  Bogusław Liberadzki, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, me gustaría comenzar diciendo que el señor Zîle y el señor El Khadraoui han presentado unos informes excelentes por los que quiero darles las gracias. El hecho de que estemos examinando estos informes conjuntamente también es positivo, ya que nos dará una idea de nuestra política en materia de aviación civil en general y con respecto a China y Rusia en particular. Estos son países fundamentales en términos económicos, políticos y demográficos y también países en los que la aviación está evolucionando a un ritmo muy rápido.

EL informe presentado por el señor El Khadraoui nos proporciona una base para una política común europea en materia de aviación de cara al resto del mundo. Esta política fortalecerá la posición de la UE y mi Grupo aplaude este enfoque. El señor Zîle ha destacado en su informe que la Comisión de Transportes y Turismo no tuvo acceso al mandado de negociación con antelación, y puedo asegurar al Comisario que exigiremos a la Comisión una mayor apertura de cara al Parlamento en lo que se refiere a los mandatos de negociación.

Creemos que la posición con respecto a Rusia, esbozada en el informe del Parlamento, es «cordial pero firme» y me complace que el Comisario también haya manifestado su apoyo a este enfoque. Estamos completamente de acuerdo con las exigencias relativas a las normas de calidad del servicio, protección ambiental, equipamiento técnico de los aeropuertos y control del tráfico aéreo, incluidas las cuestiones de seguridad. Nos oponemos básicamente a las tasas de sobrevuelo de Siberia y creemos que este asunto deberían resolverse paralelamente a las demás cuestiones que se negociarán con Rusia.

Nos gustaría destacar que es necesario respetar el principio de reciprocidad en las relaciones con Rusia y China, entre otros. Esto es especialmente válido al debatir las normas que deben garantizar las mismas condiciones de competencia en el ámbito de la aviación para los Estados miembros de la UE y también para los operadores rusos y chinos.

Por lo tanto, estoy plenamente a favor de la aprobación de estos dos informes y los ponentes se merecen nuestro agradecimiento por el trabajo realizado. También me complace ver que las posiciones de la Comisión, del Comisario y del Parlamento coinciden en muchos aspectos.

  Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Sin lugar a dudas, el transporte aéreo es uno de los principales sectores que influye en el crecimiento y esto es algo que todos hemos tenido presente al debatir estos dos informes.

Se ha prestado una atención particular a dos cuestiones, a saber, la seguridad de los vuelos y, por supuesto, la protección del medio ambiente. En cuanto a la seguridad de los vuelos se refiere, necesitamos urgentemente unos derechos de control recíprocos, no solo en el marco de SAFA (Programa de Evaluación de la Seguridad de las Aeronaves Extranjeras), y también necesitamos, cosa que constituye un paso importante al futuro y que ya ha sido debatida en esta Cámara, formar al personal de control e intercambiar información con terceros países.

Hay que decir, no obstante, que el transporte aéreo también ha contribuido de modo significativo a frustrar el logro del objetivo de Kyoto. Si no actuamos, el transporte aéreo consumirá todo el margen de maniobra relativo a las emisiones acordadas en el Protocolo de Kyoto y que otros sectores han logrado reducir. Esto significa que la industria ha reducido sus emisiones, los hogares particulares han reducido sus emisiones y que el transporte aéreo utilizará esas reducciones a menos que hagamos algo. Por este motivo, debemos dejar abierto el debate sobre posibles vías de acción, ya sea en el ámbito fiscal o en el del comercio de emisiones. Se trata de una cuestión que deberemos abordar si queremos tomarnos Kyoto muy en serio.

Al mismo tiempo, tenemos que plantear –también a escala internacional– las cuestiones de la contaminación acústica y la prohibición regional de vuelos nocturnos e impedir dúmping social. Sin embargo, en el «cielo abierto», donde se han emprendido medidas importantes, Europa tiene que hablar con confianza y con una sola voz si queremos mantener el equilibrio, y un país o Grupo de países no puede disponer de ventajas en la competencia mundial que a otros se les niega.

  Vladimír Remek, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, durante toda mi vida he sentido interés por la aviación en general, por no decir pasión, y hace 40 años que empecé yo mismo a pilotar aviones. Siempre he estado orgulloso, y lo sigo estando, de que este campo del empeño humano –y me refiero en particular al transporte aéreo– puede servir de ejemplo de amplia cooperación internacional efectiva, en la que se dejan a un lado las diferencias ideológicas. Entre otras cosas, esto garantiza que el avión sea, de hecho, el medio de transporte más seguro.

Por estos motivos en particular, votaré complacido a favor de los informes que hoy nos ocupan. Su objetivo es incrementar la cooperación internacional, lo que contribuirá a una aviación mejor, más segura y más eficiente. Sin embargo, no puedo respaldar plenamente uno de los informes debido a la recomendación que contiene de bloquear la adhesión de Rusia a la OMC, entre otros motivos porque no se hayan suprimido las tasas de sobrevuelo de Siberia. No nos equivoquemos; no estoy defendiendo las tasas como tal, ya que no representan una solución lógica. Sin embargo, tal como yo lo veo, resulta intolerable que lo que supone una amenaza se utilice contra un Estado soberano y que haya que eliminar un obstáculo para dejar paso a otro que, en mi opinión, es mucho más grave. Estoy a favor de negociaciones firmes y transparentes, pero negociaciones al fin y al cabo.

  Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, me gustaría alabar la labor de los dos ponentes y también felicitarles.

Es una buena noticia que la propuesta de la UE de crear una política comunitaria en materia de aviación tenga en cuenta aspectos económicos, técnicos, jurídicos, sociales y ambientales, sin dejar de lado los requisitos de seguridad. La importancia de estos últimos es particularmente evidente en caso de accidentes, condiciones meteorológicas adversas o huelgas, o siempre que haya una escalada de la amenaza terrorista. Me gustaría añadir que los pasajeros no deben ser tratados como un mal necesario cuando se producen estas situaciones, que es lo que lamentablemente sucede en la actualidad.

Quiero comentar brevemente varios asuntos fundamentales. En vista de la política de «cielos abiertos», creo que sería conveniente aumentar el número de aeropuertos en los Estados miembros que sirven de plataformas para los vuelos internacionales a fin de facilitar el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. Cuando proceda, habría que destinar fondos de la UE para modernizar aeropuertos, y me complace que se haya hecho un anuncio a este respecto. En segundo lugar, es preciso ofrecer un nivel similar de servicios a los ciudadanos europeos a la hora de facturar en cualquier aeropuerto y lo mismo se aplica a la cultura de servicio y a los vuelos con destino fuera de la UE. En tercer lugar, hay que garantizar las debidas condiciones para los pasajeros con discapacidades, tanto dentro como fuera de la UE, y, de hecho, hace unas semanas celebramos un debate sobre esta cuestión. En cuarto lugar, la Comunidad en su conjunto debería participar en las negociaciones de asuntos como las tasas de sobrevuelo de territorio ruso. De hecho, habría que suprimir estas tasas sin demora. En quinto lugar, mi propuesta es que todos los aviones utilizados por aerolíneas de la UE, independientemente de dónde se fabriquen, utilicen soluciones tecnológicas similares para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Me gustaría concluir diciendo que hay que instar a las compañías aéreas a que aceleren su cooperación mutua. Esta cooperación debe incluir la flexibilidad de precios y horarios, dado que el objetivo es lograr que los pasajeros se sientan como si fueran el centro de atención de las actividades de las aerolíneas y no como una mercancía más, como a veces ocurre.

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario de Transportes, Señorías, intervengo aquí como ponente designado por el Grupo del PPE-DE para el informe que trata sobre las relaciones de la Unión Europea con Rusia y China en el ámbito del transporte aéreo. Quisiera reiterar aquí de nuevo las conclusiones que ya formulamos en su momento en la Comisión de Transportes y Turismo.

En primer lugar, quiero felicitar a los ponentes, tanto al señor El Khadraoui como al señor Zîle. Creo, señor Zîle, que su trabajo ha sido absolutamente positivo, pues nos ha permitido a todos los Grupos parlamentarios entender el alcance de esta propuesta y la necesidad de crear un verdadero espacio aéreo común para consolidar nuestra posición en el mundo. La Unión Europea debe estrechar lazos con sus socios, entre los que se encuentran Rusia y China.

Rusia, Señorías, constituye para la Unión Europea una prioridad, no solo como país vecino, sino también por una serie de motivos que le son propios, tanto en el plano económico como político. Con el 75 % del tráfico exterior de pasajeros dirigido hacia la Comunidad Europea, la Unión Europea debe ser capaz de presentar a nuestros interlocutores rusos una propuesta que contemple en el futuro un acuerdo global en el sector de la aviación, que, entendemos, debe desarrollarse por fases y una vez resuelta la problemática del pago de derechos de sobrevuelo de Siberia.

Este último aspecto, Señorías, constituye un verdadero escollo para el inicio de las negociaciones y entendemos que la Unión Europea debe mantener una posición muy firme y de exigencia frente a nuestros colegas rusos. En este sentido, nos congratulamos de las palabras expresadas aquí esta mañana por el Comisario Barrot.

Por lo que respecta a China, somos partidarios de alcanzar, igualmente, un acuerdo global, puesto que las oportunidades de mercado que presenta China para la Unión Europea son inmensas. Se prevé que el gigante chino registre en los próximos años un crecimiento sostenido en el sector de la aviación comercial de entre aproximadamente el 9 % y el 15 %. China está acometiendo, además, un proceso de reforma y liberalización en su sector de aviación, facilitando las inversiones extranjeras y emprendiendo un programa significativo de construcción de aeropuertos.

No obstante, para iniciar con éxito las negociaciones con nuestros socios chinos, China debe, también, en primer lugar, alcanzar un acuerdo horizontal con la Unión Europea y debe resolver la problemática del sobrevuelo de Siberia, paso obligatorio de las compañías europeas para llegar a China.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, me gustaría, en primer lugar, aprovechar la oportunidad para felicitar sinceramente a los ponentes por el trabajo que han realizado. La reforma del transporte aéreo internacional debe permitir asimismo, en mi opinión, la creación de un espacio aéreo común con normas uniformes.

Consideraciones como la eficiencia y la seguridad de los vuelos no son solo una contribución a la política de vecindad de la UE, sino que también benefician en buena medida a nuestros propios intereses. Por tanto, en aras de nuestra propia seguridad, es de vital importancia que incorporemos normas de seguridad aérea en cualquier nuevo acuerdo sobre tráfico aéreo con terceros países, ya que esta es la única forma de evitar catástrofes aéreas en el futuro y de garantizar un alto nivel de seguridad uniforme.

Tenemos que considerar, no obstante, la posibilidad de apoyar a aquellos Estados que no pueden cumplir estas normas técnicas. Lo importante no es solo el cumplimiento de las normas comunes en el ámbito de la seguridad aérea, sino también, y por encima de todo, las normas en materia de política social y ambiental.

Se hacen pocas referencias, si es que se hace alguna, a estas normas en los acuerdos bilaterales actualmente en vigor. En ningún caso se puede lograr la apertura del espacio aéreo en detrimento de los trabajadores que, en terceros países, trabajan con condiciones sociales y de seguridad menos estrictas. Esta situación también representaría en última instancia un riesgo para la seguridad, ya que estos trabajadores estarían realizando su trabajo en condiciones intolerables. Si para todos los que participan en el mercado se aplican las mismas normas, entonces no habrá posibilidad alguna, en el futuro, de que la seguridad aérea peligre como consecuencia del dumping social.

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, por supuesto, no puedo más que estar de acuerdo con los miembros de mi propio Grupo que ya han intervenido y quisiera dar las gracias a los dos ponentes.

Hay un punto particular que me gustaría destacar. Es muy positivo que se haya llegado a un acuerdo a este respecto en la Cámara y con la Comisión, y estoy muy satisfecho. Sin embargo, me gustaría señalar que no todos los Estados miembros tienen la misma opinión favorable que nosotros de esta noción de una política común en materia de aviación en beneficio de nuestras compañías aéreas, de sus trabajadores y de los viajeros, y hay aerolíneas que a menudo se muestran más deseosas de que en las negociaciones con terceros países las represente su Gobierno nacional en lugar de la Comisión. Por este motivo, debemos asegurarnos de que las negociaciones de la Comisión con terceros países como, por ejemplo, los Estados Unidos, muestren a los Estados miembros que una política europea común en materia de aviación es preferible a 25 políticas diferentes en lo que respecta a terceros países. No debemos perder nunca de vista esta idea. Estamos convencidos de que es beneficioso para el sector, sus trabajadores y los pasajeros de las aerolíneas aspirar a una política única en lo que a las negociaciones con terceros países se refiere. No obstante, todavía tenemos que convencer a algunos Gobiernos de esto.

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Señor Presidente, querría comenzar felicitando a los dos ponentes, el señor Zîle y el señor El Khadraoui. A este último querría felicitarle por su acertadísimo trabajo, especialmente pertinente como hito en el camino de la construcción de los cielos abiertos entre la Unión Europea y terceros países, que nos permite precisamente reflexionar ahora sobre los logros obtenidos y los desafíos que restan y que exigen determinadas condiciones de equidad sociales y medioambientales.

Asimismo, me gustaría felicitar al Comisario, que con admirable diligencia aprovecha con éxito el mandato comunitario y que, superando poco a poco el bilateralismo obsoleto y cada vez menos eficaz, nos permite llevar adelante la iniciativa que a menudo comporta una ventaja negociadora de credibilidad dentro de la construcción de los cielos abiertos europeos. En ese sentido, su especial referencia al paso de compañías nacionales a compañías europeas es enormemente esperanzadora.

Subrayo, sin embargo, algunos aspectos que nos preocupan; principalmente la demora en el acuerdo con los Estados Unidos. Sabemos que es una conocida práctica dilatoria en la negociación: creyendo obtener mayores ventajas, finalmente debe acercarse o sumarse al resto. El Protocolo de Kioto nos lo ha demostrado. Le animamos, por lo tanto, a reforzar este frente.

Por otra parte, quiero hacer hincapié en la necesidad de superar la bilateralidad en la negociación con Rusia y, desde luego, su inaceptable política de sobretasas, completamente contraria a la normativa internacional. Son aprendizajes que, evidentemente, también deberemos aplicar a la negociación en curso con China.

Asimismo, desearíamos que la Agencia Europea de Seguridad Aérea reforzada encontrase una vía de coordinación resuelta e inequívoca con Eurocontrol, para que no trascienda una aparente pugna entre ambos, que puede resultar contradictoria.

Por último, quisiera decir que, en el caso de la aplicación que se está haciendo en los acuerdos o la exigencia de normas mediambientales y legislación sobre derechos sociales, desearíamos que en esa negociación aparezcan, cada vez más, las normas internacionales más cercanas a las normas de mayor rango europeas, es decir, una estandarización al alza. En este sentido, desearía que el Comisario nos informase sobre la situación en la que se encuentra la conversión de los JAR OPS en los EU OPS, es decir, toda la normativa de tiempo de vuelo y tiempo de descanso tras el acuerdo obtenido en el Consejo, que nos parece también importante en el marco de la negociación de la política exterior de la Unión en el ámbito aéreo.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, el informe de propia iniciativa del señor Zîle nos ofrece una visión exhaustiva de las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular China y Rusia en el ámbito del transporte aéreo. Sin embargo, lo que importa son las diferencias que existen en lo referente a los vuelos sobre el territorio de los dos países en cuestión.

Tal como señala acertadamente el ponente, por un lado, tenemos el proceso de desarrollar, modernizar y liberalizar la aviación civil china, que ya está bastante avanzado; por otro, sin embargo, en el caso de Rusia, siguen existiendo problemas, principalmente el hecho de que, contraviniendo la legislación en materia de competencia, todos los esfuerzos de gestión y control del tráfico aéreo se están destinando a subvencionar a las aerolíneas rusas.

En ambos casos se considera que las intervenciones del Comisario Barrot son catalíticas, aunque de momento, en el segundo caso, quedan cuestiones pendientes de solución.

En el caso de la República Popular China, me complacen sus progresos, especialmente en lo que se refiere a su adaptación a las normas de buena cooperación con la Unión Europea, cuyos principales ejemplos son la apertura por parte de las autoridades de sus pasillos aéreos a las empresas europeas, a fin de dar pleno servicio a los pasajeros y facilitar la libre circulación de mercancías aumentando el número de vuelos.

Como miembro de la delegación para las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular China, acojo con satisfacción la posición general del Comisario, especialmente la acción emprendida por el Comisario Barrot con vistas a la conclusión de acuerdos sobre vuelos, aunque me gustaría señalar que, para el Parlamento, sería lógico tener acceso a las condiciones del mandato de negociación que la Comisión solicita al Consejo en el caso de China.

Por último, estoy de acuerdo con el ponente en que no deberíamos concluir un acuerdo global con Rusia a menos que se encuentre una solución al problema de los sobrevuelos de Siberia que contemple la abolición de las tasas de sobrevuelo. Espero que lleguemos al más armonioso de los acuerdos, porque ambas partes, Rusia y la Unión Europea, se necesitan mutuamente en aras del interés general de sus ciudadanos.

  Ulrich Stockmann (PSE). – (DE) Señor Presidente, me gustaría hacer tres comentarios. El primero es que, aunque aplaudimos la decisión de la Comisión de avanzar hacia una ampliación gradual de los acuerdos comunitarios con terceros países, ante los efectos de gran alcance sobre el sector del transporte en su conjunto, sobre el medio ambiente y la competencia y el mercado interior, me veo obligado a instarle a que considere si la política exterior en relación con el transporte aéreo no debería someterse realmente al procedimiento de codecisión.

En segundo lugar, lo que esperamos de la Comisión no es solo que exponga su enfoque estratégico, sino también que elabore una lista de países con los que es prioritario suscribir un acuerdo y que se empeñe en ello. El Comisario ha esbozado antes brevemente cómo podría ser esto.

En tercer lugar, todos los acuerdos deben guiarse por el principio según el cual la principal prioridad debe ser la apertura mutua de los mercados en pie de igualdad; hay que tener en mente en las actuales negociaciones con Rusia y China que, si el problema con Rusia relacionado con las tasas de sobrevuelo no se solventa antes, la conclusión de un acuerdo con China sería contrario a la obligación de reciprocidad, ya que las condiciones que Rusia impone a China no son las mismas que las impuestas a las aerolíneas europeas y esto es algo que no podemos aceptar.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, yo también deseo adherirme a los diputados que han resaltado el excelente trabajo de los ponentes, el señor El Khadraoui y el señor Zîle.

Comparto el punto de vista del ponente acerca de la necesidad de desarrollar una política exterior de la UE en el sector de la aviación. Sin embargo, además de esa política, debemos ser capaces de desarrollar acuerdos bilaterales en materia de aviación con terceros países, pues muchos de nuestros socios tienen dificultades para someterse a los acuerdos comunes de la Unión. No obstante, quiero subrayar que tales acuerdos bilaterales deben ser un añadido y complemento de la política comunitaria en el sector de la aviación, y no sustituirla. Y sobre todo hay que asegurar el normal funcionamiento del tráfico aéreo sin inútiles enfrentamientos mientras negociamos.

Como ha afirmado el ponente, hemos comprobado las dificultades de negociar un acuerdo integral con Rusia. Las tasas impuestas a los vuelos que atraviesan su territorio son claramente contrarias al derecho internacional y no se pueden aceptar. Es triste, pero cierto: parece que Rusia siempre va a utilizar su espacio aéreo con fines estratégicos. No creo que nos libremos de esas cargas aunque Rusia dejara de cobrar tasas de sobrevuelo. En la Unión Europea pagamos cada año unos 250 millones de euros por este concepto. Por desgracia, la mayor parte de ese dinero acaba en las cuentas de la compañía aérea rusa Aeroflot. Esto también es malo para la competencia en Europa.

En el caso de Finlandia, estas cargas son significativas, pues la única ruta realista que tiene para volar a Asia pasa por encima de Siberia. Debemos asegurar la igualdad de condiciones para todos los operadores de la UE. Hoy no existe, pues esas tasas a menudo son arbitrarias y difieren de una compañía aérea a otra.

Mientras que Rusia parece preferir la cooperación bilateral, celebro observar una actitud más abierta por parte de China. Espero que el Consejo esté de acuerdo en iniciar las negociaciones con este país y dar a la Comisión el mandato necesario para lograr un acuerdo común en materia de aviación.

Por último, al establecer unas condiciones económicas y legislativas sostenibles para el tráfico aéreo con Asia, revitalizaríamos también la industria aérea europea y nos aseguraríamos la posibilidad de ofrecer rutas y conexiones de vuelo eficientes, incluso entre las regiones más distantes y menos pobladas de Europa, como puede ser el norte de Finlandia.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, gracias a los diputados que han tenido a bien intervenir sobre los excelentes informes de los señores El Khadraoui y Zîle. Con sumo gusto les confirmo, en esta ocasión, mi intención de informar con toda regularidad al Parlamento sobre las orientaciones estratégicas de nuestra política de negociaciones internacionales. Una vez más, gracias a los dos ponentes por su excelente trabajo. El potencial de desarrollo del sector aéreo es considerable y forma parte integrante de nuestra política de transporte.

Evidentemente, celebro su amplísimo apoyo a la convergencia reglamentaria, que como objetivo va de la mano de la apertura de los mercados. Con algunos socios que no ofrecen garantías suficientes para un entorno comercial eficaz y equitativo, la convergencia reglamentaria es prioritaria. La apertura de los mercados solo puede realizarse de forma progresiva cuando se requiere un enfoque prudente. A veces, debemos dar incluso muestras de firmeza. Ya es así, y lo será cada vez más con Rusia en relación con el sobrevuelo de Siberia, como acaba de subrayar la señora Kauppi, aparte de que dicho sobrevuelo ha sido objeto de tasaciones arbitrarias. Por tanto, celebro que apoyen con toda claridad este punto.

Quiero prestar mucha atención a las cuestiones de protección y seguridad, que a veces se plantean con gran intensidad en este sector. Aparte de la competencia, debemos estar atentos al pleno respeto de las normas sociales y ambientales. A este respecto, quiero decir al Parlamento que el hecho de disponer de una estrategia europea y poder firmar acuerdos horizontales representa una ventaja, porque nos permite influir en el Derecho internacional de la aviación civil. Una Europa unida es mucho más capaz de conseguir que evolucionen ciertas normas, que avancen hacia una mayor calidad, tanto para el medio ambiente como por lo que respecta a la dimensión social. A este respecto, permítame comunicarle, señora Kauppi, que el texto de las «normas de funcionamiento» está siendo ultimado actualmente con vistas a la adopción de una posición común en el Consejo. Los juristas-lingüistas deben traducir el texto y después está previsto remitirlo al Parlamento, hacia marzo o abril, para la segunda lectura.

Por último, quisiera decir que los avances en la negociación sobre los «cielos abiertos» con los Estados Unidos deberían dar el impulso necesario al enfoque comunitario resultante de la decisión del Tribunal de Justicia. En este terreno es prematuro hacer una evaluación exacta de la situación: esperamos que se aclare más la nueva interpretación del Ministerio de Transportes estadounidense sobre las normas de control de las compañías aéreas. Pero es cierto que hemos avanzado mucho, en particular en la convergencia reglamentaria, en la que hemos llegado prácticamente a un acuerdo. Espero que esta negociación dé un impulso resuelto y decisivo al enfoque comunitario, que por supuesto es muy preferible a los acuerdos bilaterales, que nunca tendrán la misma eficacia para la industria europea.

Esto es una buena ilustración del hecho de que, en algunos terrenos, estaría muy bien que la Unión hablara con una sola voz. Como comprenderán, señor Presidente, agradezco de forma muy especial al Parlamento que apoye firmemente a la Comisión en esta estrategia de fomento de un estilo de negociación específicamente europeo, que en mi opinión ha de beneficiar a cada uno de los Estados miembros, así como al conjunto de la industria europea.

Gracias a los ponentes y al Parlamento por haberse interesado por este aspecto de las relaciones exteriores y de nuestras negociaciones internacionales, que adquirirá una importancia cada vez mayor, dado el lugar creciente que la industria aeronáutica está llamada a ocupar en el mundo.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

(La sesión, suspendida a las 11.45, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

  Gary Titley (PSE). – (EN) Señor Presidente, quisiera que hiciera llegar al Presidente Borrell nuestra gratitud por sus amables palabras de ayer en homenaje a nuestro colega Phillip Whitehead. Sé que hablo no solo en nombre de mi delegación, sino de todo el Parlamento Europeo, pues la honrada y juiciosa concepción de la política de Phillip le procuró muchos amigos en esta Cámara.

Mi delegación ha colocado a la entrada de la Cámara un libro de condolencias, en que esperamos que diputados de todo el Parlamento tengan la bondad de estampar sus recuerdos de Phillip. Entregaremos este libro de condolencias a su familia en su funeral, que tendrá lugar en la Catedral de Derby el 29 de enero. Mi oficina facilitará los detalles a todos los diputados que deseen asistir.

(Aplausos)

  El Presidente. – Gracias, señor Titley, creo que nuestros colegas y amigos habrán tomado buena nota de esas citas desgraciadamente tan tristes.

7. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)

7.1. Modificación del Reglamento (CE) nº 533/2004 (Croacia) (votación)

7.2. Protocolo al Acuerdo marco de comercio y cooperación con la República de Corea a raíz de la ampliación (votación)

7.3. Inclusión de las Maldivas en la lista de países cubiertos, como consecuencia de los maremotos registrados en el Océano Índico en diciembre de 2004 (votación)

7.4. Estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (votación)

7.5. Ciudadanía de la Unión (4º informe) (votación)

7.6. Estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños (votación)

7.7. Política exterior comunitaria en el sector de la aviación (votación)

7.8. Relaciones con Rusia y China en el ámbito del transporte aéreo (votación)

  El Presidente. – Con esto concluye la primera sesión de votaciones del año 2006.

8. Explicaciones de voto

- Informe Brok (A6-0002/2006)

  Roberta Angelilli (UEN), por escrito. – (IT) La delegación de Alleanza Nazionale en el Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación sobre el informe Brok porque considera que los siguientes puntos constituyen requisitos indispensables para la adhesión de Croacia a la Unión Europea:

1. Solicitar la suspensión de las negociaciones de adhesión a la UE mientras que las autoridades croatas mantengan la prohibición que impide a los ciudadanos comunitarios de nacionalidad italiana acceder al mercado inmobiliario, en evidente contradicción de los principios del acervo comunitario;

2. Solicitar, como condición para la adhesión de Croacia, la plena compensación por las propiedades confiscadas a miles de ciudadanos de origen italiano expulsados de territorio croata desde 1946;

3. Solicitar a las autoridades croatas que acepten su responsabilidad, actualmente demostrada y documentada históricamente, por las deportaciones, atrocidades, masacres y limpieza étnica perpetradas contra miles de personas de origen italiano por el régimen comunista desde 1946.

- Informe Barón Crespo (A6-0398/2005)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Como ponente en la anterior legislatura sobre las relaciones con la República de Corea en el campo de la ciencia y la tecnología, reconozco la importancia que tienen para Europa las relaciones con esta pujante potencia económica en Asia. Por eso, acojo con satisfacción este informe y le doy mi apoyo, pues amplía nuestro acuerdo marco de comercio y cooperación a los nuevos Estados miembros de la UE. Ya contamos con un mecanismo para trabar lazos cada vez más fuertes entre la Unión Europea y la República de Corea. Lo importante ahora es usarlo.

- Informe Seppänen (A6-0407/2005)

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe que nos ocupa a la luz de las cuestiones que plantea, a saber, la verdadera magnitud financiera de las dificultades a las que se enfrentan las Maldivas tras la tragedia acontecida hace poco más de un año, que agravan los problemas anteriores del país, y a la luz de la responsabilidad del Parlamento Europeo en este terreno, en términos técnicos, que difiere de la responsabilidad de las instituciones financieras.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. Está claro, y espero que nadie lo discuta, que las Maldivas deben estar incluidas en la lista de países que pueden acogerse a nuestra ayuda tras la catástrofe del tsunami de 2004. He apoyado con satisfacción esta propuesta y espero que podamos ponernos en marcha lo antes posible para prestar una ayuda útil y práctica a ese país.

- Informe Catania (A6-0411/2005)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, el informe Catania sobre la ciudadanía de la Unión, que acabamos de rechazar hace un momento, puede tener el privilegio de ser uno de los textos más incoherentes y precipitados que esta Cámara jamás haya elaborado, que ya es algo. En resumidas cuentas, este informe concede el derecho general de voto en todas las elecciones a cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio de forma más o menos legal. No se tienen en cuenta la voluntad de integración ni el dominio lingüístico ni las condiciones de nacionalidad. Por decirlo en pocas palabras, a los extranjeros se les conceden todos los derechos, pero ninguna obligación.

Esto era realmente una locura. Este ha sido el trabajo de un puñado de ideólogos ciegos que se han negado a reconocer la realidad del modelo multicultural que ha fracasado por completo. Asimismo, la soberanía de nuestros Estados miembros ha salido muy mal parada en este informe. La ciudadanía nacional y todos sus derechos inherentes, incluido el derecho de voto, deben seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. Europa no debe meterse en esto. Tenemos todo el derecho y todas las razones para rechazar este absurdo informe.

  Luciana Sbarbati (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi más profunda decepción por el hecho de que el informe Catania no haya sido aprobado por el Parlamento. En ocasiones podemos ver tendencias progresistas en el Parlamento, aunque en otras ocasiones predominan tendencias decididamente conservadoras.

Lamento profundamente que mi propio Grupo se haya dividido en la votación sobre este informe, que debería haber sido aceptado según el espíritu más auténticamente liberal. Es cierto que la ciudadanía europea está «en progreso» y que es complementaria a la ciudadanía de los Estados miembros, pero se trata de un objetivo que deberíamos intentar conseguir mediante acciones políticas. De este modo, Europa debe dotarse de la dignidad que se merece, intentando interpretar del mejor modo posible las nuevas necesidades y los nuevos derechos de ciudadanía que emergen, en cualquier caso, incluso antes de que el derecho se haga cargo de ellos.

Por este motivo, al explicar mi decepción por el rechazo del informe, deseo expresar toda mi solidaridad al señor Catania, con el que he colaborado y cuyas enmiendas también he apoyado.

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, doy la explicación de voto en nombre de la delegación del Partido Popular austriaco.

Creemos que el informe Catania sobre el cuarto informe de la Comisión relativo a la ciudadanía de la Unión es completamente desacertado. En un momento en el que la inmensa mayoría de la población mira con escepticismo gran parte de lo que pasa en la UE, la cuestión de la ciudadanía debe abordarse con más seriedad. Resulta lamentable que este informe no haga más que debatir la situación de los inmigrantes y no tenga nada que decir sobre las necesidades de los ciudadanos de Europa. Me gustaría dejar claro que los que aspiran a entrar en la Unión Europea procedentes de terceros países, a saber, inmigrantes o solicitantes de asilo, se merecen que se les tome más en serio y se les respete más que en este informe, y por ese motivo hemos votado en contra del mismo.

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. (EN) Mi Partido apoya firmemente las medidas que contribuyan a armonizar al alza los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos de los Estados miembros. Respaldo plenamente los elementos del informe Catania que hacen hincapié en los derechos de los trabajadores inmigrantes, en particular sus derechos civiles y políticos en materia de ciudadanía y participación electoral.

El Sinn Féin cree firmemente que los trabajadores inmigrantes deben tener pleno acceso a los derechos civiles y humanos y que los Estados miembros deben aplicar un proceso justo e igualitario que permita naturalizar a los trabajadores inmigrantes que deseen utilizar estos mecanismos.

Me he abstenido en la votación final sobre el informe elaborado por el señor Catania sobre el Cuarto informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión (A6-0411/2005), porque la política del Sinn Féin considera que las cuestiones de ciudadanía, elecciones y participación política son asuntos que competen principalmente a las instituciones gubernamentales de cada Estado miembro.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Nada en el informe del señor Catania sobre la ciudadanía europea merece nuestro apoyo. Pero hay dos propuestas especialmente chocantes. En primer lugar, la petición de una ciudadanía de la Unión Europea que incluya el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, nacionales y europeas para todos los residentes en un país, independientemente de su nacionalidad. Después, la exigencia de una armonización de la legislación en materia de nacionalidad de los Estados miembros, con el pretexto de que las diferencias generan discriminaciones para los no europeos en el acceso a la ciudadanía europea, tal como se define hoy en los Tratados.

¿Hasta dónde llegará el delirio? El único acceso posible a la ciudadanía de un país es tener la nacionalidad de ese país. Las condiciones que deban reunirse para acceder a la nacionalidad de un Estado son competencia exclusiva del poder soberano de ese Estado. Conceder el derecho de voto a extranjeros independientemente de su nacionalidad equivale a conferirles un doble derecho, el que pueden ejercer en el país de acogida y el que pueden seguir ejerciendo en su país de origen. Por tanto, se trata en realidad de una medida injusta. Ser el huésped de alguien no da derecho a inmiscuirse en sus asuntos.

Por todas estas razones, es una suerte que este informe haya sido rechazado.

  Hélène Goudin y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe tiene por objeto reforzar la ciudadanía de la Unión independizándola de la ciudadanía nacional y exigiendo normas armonizadas para la concesión de la ciudadanía nacional. Sin embargo, nosotros, por nuestra parte, consideramos que la ciudadanía es una de las piedras angulares de la soberanía de los Estados nacionales y que cada Estado miembro debe ser libre de tomar sus propias decisiones sobre la concesión de la ciudadanía.

Por supuesto, existen muchos argumentos a favor de reformar las normas relativas a la adquisición de la ciudadanía nacional tras un periodo bastante largo de residencia continua en un país y en relación con la oportunidad de votar y presentarse como candidato en elecciones locales, regionales y nacionales.

La cuestión de la ciudadanía de los Estados miembros es, sin embargo, exclusivamente competencia de los países afectados que aplican su propia legislación. Depende de cada Estado miembro crear las condiciones en las que se adquiere o se pierde la ciudadanía, así como el efecto que debe tener esta. La Unión Europea no tiene competencias a este respecto. La ciudadanía de la Unión está, por tanto, sometida a la ciudadanía nacional y, de este modo, debe ser definida por las leyes nacionales en esta materia.

Asimismo, el informe contiene una serie de formulaciones relativas a la introducción de un impuesto europeo, listas europeas uniformes de partidos para las elecciones al Parlamento Europeo, la importancia de una Constitución Europea en la consolidación de la solidaridad europea y unas bases comunes para la incorporación de la dimensión europea en los programas escolares.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El concepto de «ciudadanía de la Unión», que ni siquiera tiene el calificativo de europea, es una máquina de destruir nuestros derechos nacionales a la identidad y la soberanía. El informe del señor Catania nos ofrece una demostración de ello, pues quiere imponer un vasto conjunto del que habrán desaparecido los franceses, los polacos, los españoles, los italianos, los alemanes o los británicos, sustituidos por «ciudadanos de la Unión», que gozarían, en particular, de los mismos derechos políticos.

Así, el apartado 17 del informe, que pide a los Estados miembros que concedan el derecho a votar y presentarse candidato en las elecciones nacionales a todo residente «ciudadano de la Unión», «sin distinción de nacionalidad», permitiría a un checo establecido en Francia participar en la elección del Presidente de la República.

Este derecho de voto se extendería incluso a los inmigrantes extraeuropeos, puesto que el artículo 18 propone extender a «los nacionales de terceros países que residan en la UE los mismos derechos de los ciudadanos de la Unión.»

Los pueblos europeos, amenazados de inundación por una inmigración planetaria, no necesitan una ciudadanía europea, sino la reafirmación de sus derechos nacionales. En particular, son cada vez más los franceses que exigen una reforma del Código de la nacionalidad basada en el principio de «ser francés se hereda o se merece».

  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Justo cuando Europa atraviesa una crisis tanto de representación, concretada en particular en el rechazo francés y neerlandés a la Constitución europea, como de participación democrática, con una generalización creciente de la abstención en las elecciones europeas, no cesa, año tras año, y ello desde el Tratado de Maastricht de 1992, de querer hacernos tragar a la fuerza la píldora de la ciudadanía europea.

Se trata, una vez más, de una máquina de triturar naciones e identidades nacionales para acabar sustituyéndolas por una identidad europea. Este nuevo «paquete», directamente salido de las altas esferas burocráticas de los eurofederalistas, participa plenamente en el proceso de inundación y de inmigración-invasión deseado por la Comisión. Porque el derecho de todo ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros está concebido como el derecho central de la ciudadanía europea. Se comprenden, por tanto, los esfuerzos de Bruselas por simplificar y flexibilizar las modalidades de entrada y residencia en el territorio europeo, ya que condicionan la adquisición de esta nueva ciudadanía.

La dictadura de la estupidez destruye sistemáticamente los valores y las identidades nacionales. No hay duda de que hay que ser valientes hoy para declarar y defender una conciencia nacional.

  Kartika Tamara Liotard, Esko Seppänen y Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), por escrito. (EN) Hemos votado a favor del informe siendo conscientes de que algunos elementos del texto no deberían figurar en el mismo, como los que se refieren a la ciudadanía de la UE, la actitud favorable a la Constitución de la UE, la elección de algunos diputados al PE sobre la base de listas transnacionales, la propuesta sobre el impuesto europeo, etc.

Hemos votado en contra de estos elementos del texto, pero finalmente hemos dado nuestro voto favorable al informe en aras de la mejora de la situación de los inmigrantes en Europa. Recordamos que se trata de un informe de iniciativa propia sin consecuencias jurídicas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el informe sobre la ciudadanía de la UE en relación con los nacionales de terceros países. La cuestión fundamental del informe es que los ciudadanos de la UE deben poder votar en las elecciones nacionales de un Estado miembro distinto del suyo, siempre que residan en el mismo.

Lamento que el informe haya sido rechazado, ya que era un buen informe. Sin embargo, me he abstenido de votar sobre las enmiendas a las partes 1 y 2 del apartado 11, a las partes 1 y 2 del apartado 12 y a los apartados 13, 21 y 28, al considerar que, hoy por hoy, iban demasiado lejos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) De la baja participación electoral, de los mensajes negativos emitidos por los referendos y de la creciente frustración con la UE se desprende que no nos vamos a ganar a los ciudadanos europeos ofreciéndoles un himno o una bandera comunes. Más allá de interesarse por cómo se presenta la UE a sí misma –por ejemplo, mediante un proyecto de constitución–, los ciudadanos están más preocupados por sus logros y sus fracasos.

La consolidación de la ciudadanía de la Unión no hará que los euroescépticos se conviertan en los entusiastas que algunos querrían; esto no será así mientras carezcamos de normas mínimas europeas para la concesión de la ciudadanía y mientras no consigamos frenar los abusos del sistema de asilo. Los atentados de Londres, el asesinato del director Theo van Gogh y las luchas callejeras en Francia son ejemplos del hecho de que debemos, en el futuro, examinar con detenimiento las solicitudes de ciudadanía en función de la capacidad de integración del solicitante en la cultura mayoritaria. La negativa de los musulmanes de Europa a aceptar el ordenamiento jurídico y cultural europeo es un hecho que la UE no puede pasar por alto con el pretexto del «multiculturalismo».

Asimismo, hay que poner fin a la práctica de las legalizaciones masivas, por las que millones de inmigrantes europeos se han convertido en «europeos», y es necesario que el sistema de información de Schengen pueda indicar en el futuro cuándo hay embajadas en las que se aplica un enfoque de concesión masiva de visados de entrada.

Mientras el Acuerdo de Schengen siga siendo ineficaz y no logremos hacer frente al problema de las sociedades paralelas, mientras no podamos garantizar la protección de nuestros ciudadanos europeos autóctonos, mientras se mantenga esta situación, el sueño de la ciudadanía de la Unión podrá seguir siendo prescindible.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las cuestiones planteadas por este informe son muy interesantes y merecen un debate exhaustivo. Sin embargo, me gustaría señalar que no compete al Parlamento –ni a ninguna de las instituciones europeas– celebrar este debate en primera instancia. La adquisición de la ciudadanía es una cuestión exclusivamente nacional, una piedra angular de la soberanía de cada Estado miembro y, en mi opinión, no es negociable. No comparto buena parte de las premisas y conclusiones del informe y, por tanto, he votado en contra. Me gustaría por tanto que se rechazara el informe.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Es un derecho humano poder participar de forma activa en el proceso democrático y estamos trabajando con ahínco para crear una situación en la que todo el mundo tenga este derecho. Sin embargo, no se puede justificar el hecho de que la UE utilice este principio para lograr sus propias ambiciones y para apoderarse del control de las estructuras democráticas de los Estados miembros y aumentar así sus poderes.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) El presente informe trata de la ciudadanía, una cuestión muy controvertida. En general, considero que estas cuestiones deben ser competencia exclusiva de los Estados miembros y que todos los derechos de la UE emanan de la ciudadanía de los Estados miembros. Sin embargo, este informe, que no es vinculante, intenta buscar formas de animar a los Estados miembros a que fijen normas de equidad y justicia, ya que existen casos de algunos Estados miembros que dan un trato deplorable a las minorías. El rechazo final de este informe es reflejo, en mi opinión, de una decisión madurada por parte del Parlamento, aunque sigo pensando que es necesario examinar estas cuestiones, que no tardarán en volver a plantearse en esta Cámara.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La «ciudadanía europea» es un engendro ideológico carente de valor práctico, dado que la ciudadanía la conceden los Estados miembros. El papel que el informe intenta conferir a la ciudadanía «europea» tiene meramente características ideológicas y crea la falsa impresión de un «ciudadano europeo» inexistente en un «territorio político y cultural» único, de modo que parece como si no hubiera vuelta atrás de una UE imperialista y reaccionaria.

Básicamente, el informe trata de introducir por la puerta de atrás aspectos de la reaccionaria Constitución europea rechazada por los ciudadanos de la UE, como el cobro directo de impuestos de los ciudadanos europeos por la UE, la consolidación de partidos europeos, papeletas de voto supranacionales y así sucesivamente. La suntuosidad europeísta que predomina en el informe es tal que se atreve –y esto no tiene precedentes en ninguna parte del mundo– a establecer el derecho a adquirir la inexistente ciudadanía «europea» de personas que han sido residentes «durante un periodo prolongado» y que, sin embargo, se verán privadas de ciudadanía y de derechos en los países en los que residen.

Nosotros apoyamos sin reservas a los inmigrantes y estamos luchando a favor de la salvaguarda y la ampliación de plenos derechos políticos y plenos, como el derecho a votar y a presentarse como candidato a las elecciones, el pleno empleo, el salario, los derechos de seguridad social y pensión, la concesión de la ciudadanía a personas que han sido residentes durante un periodo de tiempo prolongado y así sucesivamente. Sin embargo, la adquisición de estos derechos no tiene nada que ver con la capciosa ideología de la «ciudadanía europea»; este es el campo de batalla del movimiento popular en todos los Estados miembros y en Europa.

- Informe Prets (A6-0400/2005)

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Hemos apoyado plenamente, por supuesto, el informe de la señora Prets y también estamos muy satisfechos con las mejoras considerables aportadas por las enmiendas.

En el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea nos preocupaba particularmente que quedara claro que los clientes de las prostitutas deben enfrentarse a sanciones sin son conscientes de que la prostitución es forzada. Nuestra intención a este respecto es que habría que poner de manifiesto que contra la prostitución forzada no solo hay que luchar con la ley en la mano, sino que la sociedad en su conjunto también debe considerarla un acto deleznable, y nos complace particularmente el hecho de que esta Cámara haya tomado nota de nuestra iniciativa del 8 de marzo contra la prostitución forzada durante la Copa del Mundo de fútbol, que se va a disputar en Alemania este año. Nuestra intención es dejar claro que hay que mostrar la tarjeta roja a la prostitución forzada y para jugar limpio tendremos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por erradicarla.

Espero que esta Cámara envíe un mensaje claro en relación con los acontecimientos deportivos, ya que solo podemos luchar contra la prostitución forzada lanzando un mensaje claro a todos los estratos sociales y no solo mediante iniciativas legislativas, y el auge de la prostitución forzada nos debe animar a comprometernos en la lucha contra ella.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, la trata de seres humanos, que es una práctica muchos más lucrativa que el tráfico de armas y de drogas, se ha visto beneficiada por la desintegración de las estructuras estatales en una sociedad multicultural, la transición a una economía de mercado en los Estados de Europa del Este, el consiguiente impulso de la corrupción y de las organizaciones criminales y la inmigración masiva provocada por la apertura de fronteras. Puesto que las víctimas se encuentran demasiado avergonzadas o atemorizadas para testificar y dado que la mitad de las mujeres y menores víctimas del tráfico que regresan a su hogar vuelven a ser objeto de estas prácticas, los autores generalmente salen impunes. De este modo, el tipo de acción preventiva que necesitamos conlleva la educación de las víctimas en una fase lo más temprana posible y la sensibilización de la sociedad frente a este problema.

No solo eso, sino que también, a largo plazo, deben aplicarse sanciones severas a los casos de pedofilia en la UE y la trata organizada de seres humanos debe ser castigada incluso con mayor dureza.

  Gerard Batten (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra del informe Prets sobre la trata de mujeres y niños debido a la naturaleza de los artículos que contiene. Nos oponemos firmemente a la trata de personas y a la esclavitud, pero no creemos que sea competencia de la UE interferir en cuestiones internas de los Estados miembros y, en particular, no consideramos que la UE deba establecer una política en materia de prostitución.

Todos los puntos mencionados en el informe ya están regulados en la legislación británica y son estas leyes las que deberían aplicarse plenamente, en lugar de crear más legislación comunitaria, que tendría consecuencias negativas.

  Godfrey Bloom (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra del informe Prets sobre la trata de mujeres y niños debido a la naturaleza de los artículos que contiene. Nos oponemos firmemente a la trata de personas y a la esclavitud, pero no creemos que sea competencia de la UE interferir en cuestiones internas de los Estados miembros y, en particular, no consideramos que la UE deba establecer una política en materia de prostitución.

Todos los puntos mencionados en el informe ya están regulados en la legislación británica y son estas leyes las que deberían aplicarse plenamente, en lugar de crear más legislación comunitaria, que tendría consecuencias negativas.

  Maria Carlshamre (ALDE), por escrito. He votado en contra de la postura del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa en relación con el apartado 46 relativo a la penalización de los clientes que deliberadamente explotan a personas en estado de necesidad. Aunque la línea del Grupo ALDE era votar NO a este apartado, yo considero que la compra deliberada de mujeres y niñas que se ven obligadas a prostituirse debe ser considerada un delito similar a la compra de objetos robados, es decir, al tráfico ilegal. Creo que incluso los Estados miembros que son contrarios a la tipificación de la compra de sexo podrían considerar esta práctica un delito penal.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe sobre la trata de mujeres y niños. Creemos que la mejor forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos pasa por realizar esfuerzos comunes en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, particularmente la delincuencia que viola las libertades y derechos básicos de las personas y su dignidad. Con vistas a dotar de efecto jurídico a las demandas planteadas y a destacar la importancia de esta cuestión, la delegación de los conservadores suecos también desea hacer hincapié en el hecho de que el asunto de la trata debe abordarse asimismo en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, más que en su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Sin embargo, nos oponemos a las propuestas del informe que interfieren en las competencias de los Estados miembros, por ejemplo las relativas a la organización de la policía.

  Hélène Goudin y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe de propia iniciativa se refiere a cuestiones importantes y la Lista de Junio apoya muchas de las ideas básicas que evidencia el informe. Hay que luchar contra la explotación sexual y la trata de seres humanos. Tampoco debemos pasar por alto los delitos graves que a menudo son consecuencia de la trata transfronteriza de seres humanos. Por tanto, es extremadamente importante facilitar la cooperación y el intercambio de información en la UE.

La Lista de Junio considera, sin embargo, que, también en estas cuestiones, los Estados miembros deben tener libertad para elegir los métodos empleados y la forma de trabajar. La Lista de Junio, por tanto, decide votar en contra del informe de propia iniciativa.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo aplaudimos el hecho de que en esta resolución se reconozca que la lucha contra la trata de personas constituye un factor clave de la lucha contra la delincuencia organizada. Por tanto, cualquier medida adoptada a este respecto debería ser coherente con la estrategia general contra la delincuencia organizada. En consecuencia, esto no debería servir de pretexto para perseguir el objetivo de convertir este ámbito en una política plenamente comunitaria. Por el contrario, estamos a favor de políticas nacionales efectivas y de una sólida cooperación para erradicar este nefasto comercio.

  Fernand le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Cada vez más, la trata de mujeres y la explotación sexual de los niños representan en Europa una importante economía paralela. Según la ONU, cerca de 4 millones de mujeres y niños son víctimas de abusos o actos violentos. Asistimos así a una inevitable diversificación de los modos de trata de seres humanos.

Aumento del turismo sexual y de la demanda de niños con fines de explotación económica (mendigos, carteristas, traficantes, trabajo negro, etc.), otras tantas formas de delincuencia y explotación que, en la mayoría de los casos, son asunto de grupos delictivos organizados. Debido a los peligrosos acuerdos de Schengen, que han suprimido todos los controles en las fronteras de la Unión, los niños son utilizados como contrabandistas de droga o ladrones. Por otra parte, en caso de detención por las autoridades, esos menores estarán exentos de diligencias judiciales.

Si se pretende actuar de forma preventiva contra todas las formas de trata de seres humanos, hay que atacar esas mafias, ese tráfico ilegal que no cesa de crecer en una Europa abierta a los cuatro vientos.

Seguir sumando programas comunitarios en la materia y votos piadosos de las múltiples ONG no servirá de nada. Solo si las personas y nuestras elites se alzan contra a la política ultraliberal y favorable a la inmigración practicada por Bruselas, podremos esperar que al fin podamos sentirnos seguros en Europa.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el informe en el que se destaca la importancia de introducir y fomentar la integración de la perspectiva de género y de un enfoque sensibilizado con respecto a la infancia en todas las políticas de la UE. La trata de seres humanos para su explotación sexual supone una violación de los derechos humanos y cada año de 600 000 a 800 000 hombres, mujeres y niños son víctimas del tráfico transfronterizo. Alrededor del 80 % de estos casos son mujeres y niñas, mientras que el 50 % son menores.

Estoy de acuerdo en que faltan datos sobre la trata y que es necesario un enfoque más armonizado entre los Estados miembros sobre la forma en que se recopilan los datos e, igualmente, sobre la necesidad de separar los datos relativos a menores de los datos sobre hombres y mujeres.

Es esencial que las estrategias de prevención apunten tanto a las víctimas como a los traficantes. Hay que prestar especial atención a los grupos más vulnerables, ante todo mejorando las oportunidades de educación y empleo, luchando contra el problema de la feminización de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Además, hay que poner en marcha más campañas, con un logotipo común para la UE y más líneas de ayuda internacionales, así como proporcionar más información sobre los derechos jurídicos a los servicios sanitarios para las víctimas en otros países.

Por último, estoy de acuerdo en que las fuerzas del orden deben perseguir y castigar severamente a los traficantes y luchar contra la corrupción.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) El informe Prets sobre la lucha contra la trata de mujeres y niños contribuye en buena medida a combatir uno de los problemas más acuciantes y penosos que afecta a mujeres y niños vulnerables enfrentados a este tipo de esclavitud moderna, en particular en el comercio sexual en Europa.

El problema debe abordarse con la máxima consideración por las víctimas de la trata para que no sufran un «doble castigo» en los sistemas judiciales de los países de la UE.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. – (IT) La explotación sexual de mujeres y niños es una lacra para la humanidad que va empeorando conforme pasa el tiempo. Comparto plenamente la idea de castigar duramente a los clientes de los esclavos sexuales. Sin embargo, esto no es suficiente. También necesitamos una estrategia común y eficaz.

La trata de seres humanos, que está controlada por una auténtica multinacional de la delincuencia organizada similar a la mafia, se alimenta de la desesperación y de la pobreza de hombres y mujeres que huyen de sus países de origen en busca de trabajo y de una vida mejor en los países ricos del mundo.

Aunque la trata de mujeres y niños tiene principalmente fines de explotación sexual, por desgracia también se utiliza para otros fines que son igual de despreciables y degradantes para un ser humano: trabajo forzado, esclavitud y –algo que me parece más ignominioso– la exportación de órganos.

Se sabe que la explotación sexual forma parte de una actividad criminal más compleja, que incluye el turismo sexual, el tráfico de drogas y el contrabando de armas y residuos radioactivos. A fin de contribuir a la lucha contra la mafia y otras redes de delincuencia similares, vuelvo a proponer, como hice en marzo de 2004, la creación de un observatorio europeo para el control de la delincuencia organizada y la presentación de propuestas para armonizar las leyes que las sancionen en toda la Unión Europea.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) No hay necesidad de repetir los argumentos que tan claramente se exponen en el informe que nos ocupa. Dicho esto, creo que la trata de seres humanos (y no solo de mujeres y niños, sino también de los grupos más vulnerables), sea con fines de explotación sexual o de cualquier otra forma de explotación, merece nuestra más firme condena. Sin embargo, no basta con mantenernos firmes en nuestras propuestas, sino que hay que mostrar la misma determinación en nuestras acciones y ser consecuentes con ellas. Como resulta obvio de tantos informes parlamentarios y de tantos reportajes periodísticos, sin una cooperación entre los Estados miembros la lucha contra la trata de seres humanos será poco eficaz. Entiendo, por tanto, que se impone la necesidad de una mayor cooperación, una mejor coordinación y más firmeza.

  Lydia Schenardi (NI), por escrito. – (FR) Se estima que el número de mujeres y niños víctimas de la trata oscila entre 700 000 y 4 millones al año en todo el mundo. Según la ONU, 1,2 millones son niños.

El informe de mi colega parte de una dramática constatación: a pesar de las medidas adoptadas hasta ahora por los Estados miembros, así como por Europa, se considera que la trata de seres humanos es hoy la actividad delictiva que registra el crecimiento más rápido de todas las formas de delincuencia organizada. Y lamentablemente no le pondrá fin la acumulación de textos comunitarios, de resoluciones o de múltiples informes de las ONG sobre este fenómeno planetario.

En efecto, si bien se identifican las causas: pobreza, exclusión social, desempleo, ausencia de control en las fronteras, que permite el desarrollo de sectores clandestinos de delincuencia organizada de todo tipo, violencia contra las mujeres, educación, explosión de la pornografía o incluso desaparición de las referencias morales, las soluciones propuestas en este informe son muy vagas, generales y parciales.

Porque para luchar eficazmente contra todos estos tráficos organizados de seres humanos, lo primero que hay que hacer es restablecer los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros. Su supresión, con los acuerdos de Schengen, ha hecho posible el desarrollo de toda esta industria del sexo en Europa.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Existe una relación entre la lucha contra la trata de seres humanos, por un lado, y la demanda de servicios relacionados por parte de los que compran sexo, por otro. Tipificar este tipo de delito en la UE podría, sin embargo, conducir a sanciones que no se adaptan a la lógica interna de los sistemas nacionales y podría desembocar también en una prohibición de la criminalización de los clientes del sexo.

  Alyn Smith (Verts/ALE) , por escrito. (EN) Nadie puede negar el hecho de que la trata organizada de mujeres y niños es una cuestión acuciante a la que se enfrentan los países de la UE y que es necesaria una acción coordinada en el ámbito comunitario para luchar contra ella. Este informe muestra cómo la cooperación aportará mejores resultados que la acción individual de los Estados miembros y me complace apoyarlo. Aunque tengo algunas reservas sobre varias ideas contenidas en el informe, considero que la propia UE debe adoptar medidas para luchar contra este problema, en cooperación con los Estados miembros.

  Thomas Wise (IND/DEM) , por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra del informe Prets sobre la trata de mujeres y niños debido a la naturaleza de los artículos que contiene. Nos oponemos firmemente a la trata de personas y a la esclavitud, pero no creemos que sea competencia de la UE interferir en cuestiones internas de los Estados miembros y, en particular, no consideramos que la UE deba establecer una política en materia de prostitución.

Todos los puntos mencionados en el informe ya están regulados en la legislación británica y son estas leyes las que deberían aplicarse plenamente, en lugar de crear más legislación comunitaria, que tendría consecuencias negativas.

- Informe El Khadraoui (A6-0403/2005)

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).  – (CS) No se puede negar el hecho de que el futuro del transporte aéreo se encuentra actualmente en una encrucijada. El brusco aumento de los precios del petróleo el año pasado provocó problemas importantes a una serie de aerolíneas. Algunas de ellas se enfrentarán a pérdidas significativas y varias compañías estadounidenses están incluso recibiendo ayudas estatales otra vez. Las líneas aéreas de bajo coste constituyen otro problema al que debemos hacer frente y debemos preguntarnos hasta qué punto estas compañías, radicadas en países desarrollados, cumplen las normas de la Organización Internacional de la Aviación Civil y de la Organización Internacional del Trabajo y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. La cuestión fundamental es saber si somos capaces de garantizar que cumplan los requisitos previstos en las directivas de la CE a las que se hace referencia en los apartados 24 y 25 del informe en relación con el desarrollo de una política exterior comunitaria en el sector de la aviación, y si somos capaces de controlar que se cumplan realmente.

En la misma línea, soy consciente de los problemas que plantean las negociaciones, en particular las que llevamos a cabo con nuestros principales socios, es decir, Rusia y China. Esta cuestión se aborda en el informe sobre las relaciones con la Federación Rusa y China en el ámbito del transporte aéreo. Probablemente la situación es más compleja en lo que a las negociaciones con los Estados Unidos se refiere, donde las relaciones rayan constantemente la competencia desleal. Sin embargo, a pesar de los importantes problemas a los que la Comunidad se enfrenta a la hora de negociar con sus socios externos, me gustaría destacar que estas negociaciones son de extrema urgencia y muy importantes y que el transporte aéreo no evolucionará más sin ellas. Esto significa que debemos prestar una atención especial al comentario final del informe El Khadraoui. El lugar en el que se considera que una persona trabaja a la hora de llevar a cabo tareas de cabotaje en un Estado miembro es el Estado miembro en cuestión, lo que quiere decir que las condiciones de trabajo deben ser conformes con la normativa vigente. Asimismo, el cabotaje en el ámbito del transporte aéreo debería considerarse un trabajo realizado dentro de la Unión Europea.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar que el planteamiento de ampliar el ámbito de aplicación a fin de cubrir todo un sector de servicios debería complementarse con métodos basados en las mejores prácticas. Entonces sería posible, tanto en este como en otros sectores, emprender negociaciones sobre la apertura del mercado y sobre la liberalización del cabotaje. Este enfoque también podría proporcionar nuevas oportunidades para las negociaciones sobre la directiva relativa a los servicios, incluidos los servicios de interés público. La aprobación de estos dos informes nos ofrece, por tanto, una nueva oportunidad para llevar a cabo las negociaciones sobre el transporte aéreo y otras cuestiones. Asimismo, las oportunidades para aplicar nuevos principios a las que me he referido podrían representar todo un hito y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica las acoge con satisfacción.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Creo que el establecimiento de una estrategia coherente de desarrollo para la política exterior de la Unión en materia de aviación tiene una importancia significativa.

Esta política exterior común puede crearse bien adaptando los acuerdos bilaterales en vigor a la legislación comunitaria, bien concluyendo nuevos acuerdos entre la Comunidad y países terceros.

En los distintos debates en comisión ha quedado claro, sin embargo, que esta estrategia no se puede sacar adelante sin acuerdos con los Estados Unidos, la Federación de Rusia y China.

En vista de las nuevas realidades a las que se enfrenta el mercado mundial y en el contexto de las distintas iniciativas emprendidas por la Comisión Europea y por la Comisión de Transportes y Turismo, este informe merece mi apoyo.

- Informe Zîle (A6-0375/2005)

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La Unión prosigue su estrategia general para la creación de un espacio aéreo común con sus vecinos.

La votación del informe del señor Zîle sobre las relaciones con China y Rusia en el sector del transporte aéreo forma parte de este contexto. Estos países comparten elevados niveles de crecimiento en el sector de la aviación y hacen frente a retos relacionados con la consolidación, la liberalización y la modernización.

Nunca perdemos de vista la naturaleza específica de estos dos países y plantea cuestiones como la supresión de las tasas de sobrevuelo y la necesidad de ampliar el ámbito del mandato a fin de incluir cuestiones relativas a las infraestructuras de los aeropuertos y de la seguridad aérea. Por tanto, considero que este informe constituye un paso muy importante que garantiza la claridad jurídica a través de un proceso de transición que no socava la estabilidad económica del sector.

He votado a favor de este informe, que forma parte de la cuestión más general del desarrollo de las relaciones externas de la UE en relación con la política de aviación.

9. Correcciones de voto: véase el Acta

(La sesión, interrumpida a las 12.35 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior

  El Presidente. Se han distribuido las actas de ayer.

¿Hay alguna objeción?

  Bernard Poignant (PSE). – (FR) Señor Presidente, ayer estuve presente y no veo mi nombre en el Acta. Le agradecería que tomara nota de ello.

  El Presidente. Señor Poignant, procederemos a corregirlo.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me gustaría pedir que el daño sufrido por el edificio del Parlamento a raíz de la manifestación de ayer sea pagado por los que lo causaron.

  El Presidente. Señor Rübig, eso ya se debatió ayer en la reunión de la Mesa. Quince policías resultaron heridos y se rompieron 20 ventanas. Tratamos los aspectos relacionados con la seguridad y también cómo reparar los daños.

(Se aprueban las actas de la sesión anterior)

11. Seguridad del aprovisionamiento en recursos energéticos y en gas en particular

  El Presidente. Pasamos a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la seguridad del aprovisionamiento de energía y de gas en particular.

  Martin Bartenstein, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, Señorías, los sucesos de la primera semana de enero en torno a la disputa por el gas entre la Federación Rusa y Ucrania nos han dejado muy claro que no podemos dar por hecha la seguridad de nuestro suministro de energía.

El gas importado de Rusia representa más de un cuarto del consumido en la Unión Europea, y como hasta un 80 % pasa por Ucrania, el suministro ininterrumpido y continuo de gas de Rusia a través de Ucrania a la Unión Europea es vital para los hogares y las y empresas. Sin embargo, el hecho es que los dos primeros días de enero de este año en algunos Estados miembros de la Unión Europea ha faltado hasta el 50 % del suministro. Una iniciativa diplomática por parte de la Comisión y la Presidencia austriaca del Consejo ha contribuido a poner fin rápidamente a esta situación. Esto me lleva a mencionar a Moldova y Rusia y a pedir a ambos países que regresen a la mesa de negociación en busca de una solución a largo plazo de los problemas existentes entre ellos. Por los informes aparecidos en los medios parece que se ha alcanzado un acuerdo para un período de tres meses, pero se trata de una solución muy a corto plazo.

Los que importa ahora es que saquemos las lecciones correctas de lo ocurrido. Tal y como yo lo veo, hay tres cosas que tenemos que hacer si queremos que el suministro de gas natural de Europa sea seguro a largo plazo.

En primer lugar, es necesario diversificar las fuentes de suministro del gas y las rutas por las que se transporta. Existen planes para una serie de nuevas tuberías con capacidad para transportar un total de 140 000 millones de metros cúbicos al año, que deben construirse sin demora. Un proyecto que parece que puede tener éxito es el gasoducto «Nabucco», de 3 300 kilómetros de largo y que va de Austria a la zona de alrededor del Mar Caspio, pasando por Turquía, que, cuando esté finalmente terminado, en torno al 2020, podrá transportar hasta 31 000 millones de metros cúbicos de gas natural por una nueva ruta a la Unión Europea.

En segundo lugar, tenemos que impulsar el uso de gas natural licuado. La capacidad actual de las instalaciones existentes alcanza los 60 000 millones de metros cúbicos al año. En algunos países se han puesto en marcha proyectos para establecer nuevas terminales o ampliar las instalaciones existentes. Es de esperar que hasta 2010 la capacidad aumente hasta 160 000 millones de metros cúbicos al año. La Unión Europea debería fijarse como objetivo para 2010 aumentar cinco veces la cantidad de gas natural licuado que importa, lo que le permitirá recibir suministros de otras regiones que no pueden están conectadas a la Unión Europea por medio de un gasoducto.

En tercer lugar, se precisa más transparencia en los mercados de hidrocarburos para que los precios sean menos volátiles y para garantizar precios estables que reflejen el mercado, a la vez que mejoren la calidad de la información sobre las cantidades de gas natural importado, y para ello es esencial un nivel considerable de inversión. Es crucial que haya una perspectiva lo más atrayente posible para la inversión en energía si queremos que las empresas estén realmente dispuestas a llevar a cabo estas inversiones.

A corto plazo tendremos que estudiar cómo evitar que se produzcan situaciones de este tipo, o cómo ocuparnos de ellas sin que tengan efectos perniciosos. Una opción, para estar seguros, es una mayor integración de la red de suministro de la Unión Europea, cuyo efecto sería simplificar el intercambio de gas dentro de la Comunidad, reduciendo así la dependencia de los Estados miembros de ciertos países que suministran gas o a través de los cuales este ha de transitar. Por supuesto, comercializar más gas en la Comunidad presupone la disponibilidad de gas en las cantidades necesarias, y por este motivo nosotros también hemos de intentar apoyar el establecimiento de mercados mayoristas solventes.

Otro instrumento a corto plazo es, sin duda alguna, el almacenamiento de reservas de gas para superar el bache cuando se interrumpan los suministros hasta un periodo de dos meses, aunque habrá que tener en cuenta las necesidades nacionales específicas, por ejemplo la cuestión de si utilizar cavidades geológicas, centrales eléctricas o instalaciones industriales para el almacenamiento.

La Presidencia austriaca dará prioridad a la política energética y en particular al aseguramiento de los suministros de energía. La seguridad del suministro, junto con la competitividad y por supuesto la sostenibilidad, es uno de los pilares sobre los que reposa la política energética europea, tanto a escala nacional como comunitaria. Europa ha de redoblar sus esfuerzos por igualar los desafíos presentados por la política energética, porque para 2030 el mundo utilizará un 50 % más de energía y Europa dependerá aún más de la importación de fuentes de energía fósiles.

Teniendo todo esto en cuenta, si queremos garantizar un suministro seguro de energía para la población y la industria europeas, tendremos que optar por un enfoque que incorpore varias estrategias. En la Comunidad Europea tendremos que diversificar más el suministro energético haciendo un mayor uso de fuentes de energía renovables, lo que puede conllevar un aumento triple del uso de biomasa para 2010. El suministro energético europeo ha de basarse, entre otras cosas, en el consumo rentable de energías renovables. Entre las demás opciones para Europa se incluye el uso de carbón con tecnologías limpias y, a largo plazo, el de hidrógeno.

Sin embargo, la opinión austriaca es que el uso de energía nuclear no es una opción. Con respecto al suministro será necesario presionar con nuestros esfuerzos a favor de la creación de un mercado interior único europeo y aumentar las inversiones en el suministro de energía.

Por otro lado, en cuanto al consumo es preciso mejorar la eficiencia energética en la Comunidad. Actualmente existen grandes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la eficiencia energética, es decir, el consumo de energía por unidad del producto interior bruto. Para esto podemos partir de la base del acuerdo entre el Parlamento y el Consejo relativo a la directiva sobre la eficiencia del uso final de energía y los servicios energéticos.

Lo ocurrido en Año Nuevo también ha demostrado lo importante que son las relaciones de la Unión Europea con sus socios. Es preciso apoyar firmemente estas asociaciones tanto en el ámbito multilateral –mediante los diálogos en el Foro Internacional de la Energía o al amparo del tratado sobre energía con el sudeste de Europa– como en el plano bilateral en el marco de las conversaciones de la Unión Europea con Rusia y la OPEP. La voluntad de cooperar es un elemento absolutamente esencial para garantizar el suministro energético.

Por tanto, tenemos múltiples opciones a nuestra disposición. A nosotros nos corresponde hacer un uso eficaz y rápido de ellas. Puesto que la garantía del futuro suministro energético de la Unión Europea interesa a todos los Estados miembros, estoy convencido de que lo lograremos.

(Aplausos)

  Andris Piebalgs, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Parlamento por dedicar hoy algún tiempo a debatir la seguridad del aprovisionamiento de recursos energéticos y en particular de gas. En cierto modo, se trata de una continuación del debate que celebramos sobre los elevados precios del petróleo el año pasado. El precio actual del crudo sobrepasa los 60 dólares estadounidenses por barril.

La disputa del gas entre Ucrania y Rusia desencadenó el debate sobre la seguridad del abastecimiento de la Unión Europea. Esta disputa saltó a la luz a principios de año, cuando Rusia cortó el suministro a Ucrania durante un día y medio. Esto también tuvo consecuencias en la UE al reducirse la cantidad de gas que llegaba a la Unión.

Aunque a corto plazo resulta tranquilizador el hecho de que Ucrania y Rusia hayan llegado a un acuerdo, no debemos hacernos ilusiones. El problema no se ha disipado. Las negociaciones comerciales entre ambas partes proseguirán a fin de encontrar una fórmula de ajuste de precios que sea mutuamente aceptable. También hemos sido testigos de las repercusiones internas en Ucrania, con la votación de una moción de censura a la que se vio sometido el Gobierno ucranio la semana pasada. Tampoco debemos olvidar que hasta ayer no se resolvió la disputa por el precio del gas entre Rusia y Moldova y que se prevén negociaciones más detalladas en un futuro próximo. Creo sinceramente que todos debemos extraer nuestras conclusiones de estos acontecimientos ocurridos a principios de año.

Así pues, ¿qué conclusiones debe extraer la UE de esta disputa? En primer lugar, en el contexto de este conflicto concreto, la UE se ha mostrado activa y debería seguir haciéndolo. No solo hemos mantenido estrechos contactos bilaterales con ambas partes a lo largo de toda la disputa, sino que también les hemos instado a que la resuelvan. Aunque es evidente que la UE no podía ni debía tomar partido, dejamos claro a ambas partes que redundaba en sus propios intereses que llegaran rápidamente a un acuerdo. En una situación de estas características, es muy importante que el Consejo –en particular la Presidencia– y la Comisión cooperen codo con codo.

En segundo lugar, la disputa ha puesto de manifiesto la utilidad de los diálogos energéticos con Rusia y Ucrania. Estos diálogos nos han proporcionado los contactos necesarios para expresar nuestras preocupaciones y puntos de vista a las dos partes en un marco de confianza mutua e intereses comunes. Al mismo tiempo, subraya claramente la necesidad de dar un mayor impulso al diálogo.

En tercer lugar, esta disputa ha destacado la importancia y la necesidad de contar con una política europea en materia de seguridad energética más clara, uniforme y activa. Si bien es cierto que la Comisión y el Parlamento llevan años defendiendo este tipo de política, ha llegado el momento de realizar avances reales en esta dirección.

Me gustaría hacer hincapié en la importancia que reviste desarrollar un enfoque común en el ámbito energético: un objetivo que se puso de manifiesto en la cumbre informal de Hampton Court y en la reunión entre la Presidencia y la Comisión al inicio de la Presidencia austriaca. En su intervención de hoy, el Presidente en ejercicio del Consejo ha destacado la importancia que la Presidencia confiere a esta cuestión particular y que se han hecho muchas propuestas concretas y claras a este respecto.

Durante la crisis hemos observado cierta falta de transparencia en el mercado europeo del gas, lo que ha dificultado el seguimiento y la evaluación precisa de la gestión de esta deficiencia. La directiva de 2004 relativa a las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas, una vez plenamente transpuesta, debería ayudar en este sentido. Uno de los objetivos del sistema de observación del mercado de la energía, que mis servicios están desarrollando actualmente, es abordar este tipo de cuestiones.

En general, este incidente nos ha revelado con claridad nuestra creciente dependencia del aprovisionamiento externo de energía. La necesidad de adoptar y desarrollar un enfoque europeo común se abordará en un Libro Verde sobre política energética que la Comisión está preparando. Sin duda, el desarrollo de un enfoque común de la dimensión externa de la energía será un elemento fundamental de este documento.

Esta dimensión energética externa debería basarse en una diversificación de las distintas energías, así como en la diversidad de fuentes energéticas, rutas, proveedores y redes de transporte. Evidentemente, necesitamos invertir más en terminales de gas natural licuado, en gasoductos para la diversificación del suministro y en instalaciones de almacenamiento de gas.

Aunque la UE ha participado, a través de sus programas de asistencia técnica, en el fomento del desarrollo de nuevas rutas de suministro y en la actualización y la mejora de las rutas actuales, es evidente que hay otros grandes consumidores de energía que también se han mostrado muy activos y han adoptado un enfoque político de esta cuestión. Europa tendrá que aprender algunas lecciones al respecto, aunque nadie debe subestimar la complejidad de esta tarea.

También tenemos que considerar, por supuesto, los aspectos internos de una política europea de la energía: primero, la necesidad de garantizar que el mercado interior de la energía de ámbito europeo sea una realidad práctica. Aún nos queda bastante camino por recorrer para lograr un verdadero mercado interior de la electricidad y del gas. También tenemos que facilitar las inversiones necesarias en infraestructuras a fin de garantizar la creciente integración de los distintos mercados nacionales de la energía en la UE. Hemos de reconocer que para ello es necesario contar con los medios necesarios, incluidas en su caso las ayudas financieras.

También debemos garantizar un apoyo político y financiero suficiente a la investigación en áreas prioritarias y asegurarnos de que se introduzcan en el mercado tecnologías energéticas más eficientes, incluidas las tecnologías de carbón más limpio y de energías renovables. Necesitamos aplicar políticas y medidas de forma más activa que nos permitan ahorrar energía realmente y utilizarla de modo más eficiente para reducir de este modo nuestra dependencia externa.

Hemos adoptado una legislación ambiciosa. Ahora ha llegado el momento de aplicarla.

Por último, debemos mejorar las medidas de seguridad energética para impulsar los mecanismos de solidaridad a fin de hacer frente a los retos derivados de posibles interrupciones del aprovisionamiento energético. Hay que ser conscientes de que esta disputa particular, en lo que respecta a sus consecuencias para la UE, ha sido resuelta en un plazo muy breve de tiempo, pero debemos estar preparados para conflictos más duraderos.

Para terminar, esta disputa ha sido una verdadera señal de alarma para todos nosotros. La energía no es más que un producto, si bien se trata de un producto que es fundamental para la continuidad del desarrollo de nuestra economía y nuestro bienestar. Debemos aprender las lecciones de este episodio, que se resumen en la necesidad de contar con una política europea común de la energía. Esta política debe ser clara, coherente y eficaz, tanto en el ámbito interno como externo, y debe corresponderse con los objetivos de seguridad del aprovisionamiento, competitividad y sostenibilidad.

(Aplausos)

  Jacek Emil Saryusz-Wolski , en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, la reciente crisis de aprovisionamiento de gas es un aviso para toda la Unión Europea. El Grupo del PPE-DE se complace por el hecho de que la seguridad del suministro energético y la sostenibilidad de la producción y del consumo de energía constituyan una de las prioridades de la Presidencia austriaca. Ya iba siendo hora, dado que la seguridad de la energía es cada vez más importante para la seguridad general de la Unión Europea, y especialmente su seguridad económica.

Cualquier dificultad, aunque sea temporal, que implique la reducción del suministro energético procedente de terceros países también causa graves distorsiones de la actividad económica de la Unión. Hace poco descubrimos cómo el problema de la seguridad energética no solo afecta al ámbito industrial o económico. La energía ha sido utilizada como arma y como instrumento de política exterior y, por ello, esta cuestión debería abordarse en el contexto de la política exterior y de seguridad.

La reciente crisis entre Rusia y Ucrania ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchos Estados miembros de la Unión Europea que dependen hasta un extremo peligroso de un único proveedor . Es absolutamente esencial, por tanto, que la UE amplíe sus esfuerzos comunes al campo de la energía y que adopte medidas para crear una política energética activa.

Está claro que los esfuerzos emprendidos a escala nacional no son suficientes, ya que no garantizan los intereses a largo plazo de la Unión en su conjunto. Por tanto, la acción escala europea está claramente justificada, de conformidad con el principio de subsidiariedad. Asimismo, si nos tomamos muy en serio la idea de un mercado común, deberíamos dar a los operadores económicos, por no hablar de los ciudadanos, el mismo trato en lo que a la seguridad y al suministro de energía se refiere.

En este contexto, valoramos muy positivamente los planes de la Presidencia de ultimar la decisión sobre la red transeuropea de energía a principios de este año. Sin embargo, deberíamos ir más lejos. Uno de los principios fundamentales de la integración europea –la solidaridad– conlleva la obligación de ayudar a todos los Estados miembros que están en peligro o en dificultades y esto se aplica a los problemas relacionados con las crisis de abastecimiento energético. La Unión debería adoptar medidas concretas para diversificar las fuentes y el suministro de energía y para compartir las reservas. Es preciso explorar todas las vías que permitan reforzar la autosuficiencia energética de la Unión.

Tampoco debemos olvidar los principios de transparencia e igualdad de acceso. La UE debería proponer un código de conducta sobre las relaciones con sus principales proveedores de energía. Todos deberíamos hacer los esfuerzos necesarios para buscar nuevas fuentes para financiar todas las medidas destinadas a mejorar la seguridad energética de la UE, tanto a través del BEI como con cargo al propio presupuesto comunitario.

No debemos pensar únicamente en nosotros. La seguridad energética debe constituir una de las piedras angulares de la política de vecindad. La realidad nos exige coraje. Una estrecha cooperación en el ámbito de la energía y la posibilidad de compartir las reservas energéticas constituyen una de las medidas más eficaces e indispensables con vistas a generar confianza tanto dentro de la Unión como entre la Unión y sus vecinos.

Nuestros ciudadanos apreciarán los resultados tangibles de nuestras acciones para asegurar el aprovisionamiento energético. El Grupo del PPE-DE presentará una resolución al respecto en el próximo periodo parcial de sesiones en Bruselas.

(Aplausos)

  Hannes Swoboda, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, a la vez que apruebo lo que han dicho el Consejo y la Comisión sobre la política energética europea, creo que en algunos aspectos hay que ser más concretos y específicos.

Para empezar, los grandes consumidores, la Unión Europea, los Estados Unidos, China e India, han de esforzarse más por conseguir un efecto conjunto en el mercado, en lugar de competir únicamente unos con otros por los suministros energéticos.

En segundo lugar, deberíamos centrar nuestra atención en la infraestructura y reflexionar –no como Estado, sino con nuestras empresas– sobre la posesión y la gestión de la infraestructura sobre una base común, a fin de evitar los monopolios.

En tercer lugar, tenemos que hacer algo con respecto a la situación en que la OMC puede proceder a resolver disputas sobre lo que sea, desde los textiles hasta los langostinos, pero no sobre productos tan importantes como el gas y el petróleo.

En cuarto lugar, tenemos que desarrollar la infraestructura, por ejemplo el proyecto Nabucco, al que se ha referido el Ministro, que es muy importante y que la Unión Europea debería apoyar.

En quinto lugar, todos los Estados miembros deben diversificar y formular propuestas sobre cuya base puede hacerse realidad el proyecto único europeo.

El sexto punto es que las fuentes renovables deben, por supuesto, ser prioritarias. Comparto el escepticismo del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la energía nuclear, pero el debate seguirá adelante y hemos de garantizar que se tengan en cuenta todos los aspectos positivos y criticables y que no se pase por alto la cuestión del vertido de los residuos.

Desde luego no podemos –y este es mi séptimo punto– insistir en una política energética única con cada uno de los países; solamente teniendo en cuenta las diferencias nacionales, en particular ante el mundo exterior, podemos justificar una política energética única. Usted, señor Comisario, recordará que en la audiencia le pedí un programa que combinara política energética y política exterior. Solicité lo mismo a la Comisaria Ferrero-Waldner, pero por desgracia no se ha avanzado nada. Quiero insistirles de verdad en que propongan un programa así con carácter urgente, en el Libro Verde a más tardar, para que tengamos una política coherente que podamos defender ante el resto del mundo.

Permítanme concluir dejando claro que, aunque queramos, y necesitemos, cooperar con Rusia, sus últimas acciones son inaceptables. Es preciso que Rusia trate con justicia a sus vecinos, porque ellos también son nuestros vecinos.

(Aplausos)

  Danutė Budreikaitė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Señor Presidente, Señorías, los recursos energéticos se cuentan entre los factores fundamentales económicos y de producción que garantizan la competitividad de una economía y el bienestar de la población.

Los Estados miembros de la Unión Europea garantizan sus recursos energéticos firmando acuerdos bilaterales. Rusia se está aprovechando de dichos acuerdos, incluso el del futuro gasoducto ruso-alemán, y está dividiendo a la Unión Europea al proporcionar a los Estados miembros individuales distintos grados de acceso al suministro de energía. Es más fácil influir en los países de uno en uno que en el conjunto de la Unión Europea.

Haciendo constantemente hincapié en la importancia de Rusia como socio estratégico y su posición excepcional entre otros países, la Unión Europea hace concesiones a Rusia. El motivo principal de dichas concesiones es la creciente dependencia de la Unión Europea con respecto a Rusia en materia de energía. Sin embargo, las cuestiones recientes del suministro de gas entre Rusia y Ucrania demuestran que Rusia puede recurrir a ciertas tácticas a la hora de suministrar gas a los Estados miembros de la Unión Europea.

Las fuentes de energía alternativas que deben utilizarse para evitar la dependencia absoluta de Rusia, es decir, los recursos de gas de Noruega, son limitadas y no podrán satisfacer la creciente demanda futura de la economía de la Unión Europea. Por tanto, ¿no va siendo hora de considerar la energía nuclear, la forma de energía más ecológica, como alternativa a la dependencia del suministro impredecible de la energía de Rusia?

Otra cuestión muy importante y ampliamente debatida en la Unión Europea es la política energética común. Con la Comisión Europea como destinatario del suministro energético que representa los intereses de todos los 25 Estados miembros, Rusia debería mostrar más respeto. Rusia no podrá cortar completamente el suministro de gas a la Unión Europea; simplemente no podría disponer de él de otra forma.

Por tanto, invito a todos no solo a debatir el desarrollo de una política energética común, sino también a tomar medidas sin demora para desarrollar la política energética común y, en particular, un sistema energético único, garantizando así la energía, además de la seguridad política para toda la Unión Europea.

(Aplausos)

  Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Bartenstein, quiero empezar por Ucrania, ya que me ha sorprendido que la disputa en torno al gas entre Rusia y Ucrania, cosa que ocurre todos los años, en Europa casi nos ha llevado a tratarlo como si fuera una crisis europea del gas. Ucrania, y posteriormente Moldova, se ha visto en una situación que ha alcanzado el punto extremo de una crisis, pero Europa no. Europa, igual que antes, ha podido confiar en unas relaciones comerciales estables con Rusia. Tal y como yo lo veo, lo que esta situación nos ha demostrado es que en la Unión Europea no podemos considerar a Ucrania como mero país de tránsito seguro, sino que, mediante la política energética, debemos ayudarle a liberarse de la dependencia de Rusia, a fin de que mejore sus perspectivas de futuro. En este aspecto es necesario un gran cambio.

Por otro lado, todo este debate me parece una lección objetiva sobre los puntos débiles de la política energética europea, más o menos pronunciados en los diferentes Estados miembros. Un enfoque coordinado podría, sin duda, ayudar a mejorar la situación en los Estados miembros y en toda Europa. Ahora hemos aprendido el verdadero valor de los recursos naturales. Es preciso señalar que en toda Europa, por decirlo suavemente, derrochamos gas, y petróleo también, y esto fue objeto de más debates vigorosos en tiempos de la guerra de Irak. Durante bastante tiempo no hemos sido capaces de acabar con el despilfarro que hemos hecho de estas materias primas. Si queremos sacar las lecciones correctas de todo esto, entonces creo que hemos de ser más coherentes y hacer lo que propuso el Comisario Piebalgs cuando tomó posesión de su cargo. Nuestro objetivo debe ser la productividad de recursos naturales y la eficiencia energética si queremos depender menos de otros; no pretendo aspirar a una Europa autosuficiente, que sería un enfoque ingenuo con respecto a todo el debate, pero tenemos que esforzarnos por que Europa haga un uso adecuado de las materias primas. De esto hemos estado hablando durante décadas, mientas ha existido un Club de Roma, así que a ver si proponemos algo práctico. Que los que piensan que el consumo de energía nuclear es la respuesta correcta al suministro reducido –o efectivamente finito– de gas presenten por una vez una defensa seria de su opción; ¿cuántos reactores quieren construir en los próximos años, y dónde? ¿Qué proponen hacer con los residuos que durante décadas se han generado en Europa? Hace unas semanas debatimos en torno al informe sobre el desmantelamiento de reactores nucleares. En estos momentos, todo el asunto del vertido de residuos nucleares es un terreno catastrófico. Si así va a ser el futuro, entonces les insto a que defiendan su posición en términos más claros, pero, por favor, ¿pueden ahorrarnos un debate sobre la prolongación de la vida útil del tipo que se está retomando incluso en torno al tema del reactor de Ignalina? Si realmente solo quieren prolongar la vida útil de una tecnología caduca, entonces están ustedes aumentando los riesgos inherentes a la producción de energía en lugar de alejarnos de ellos.

(Aplausos)

  Esko Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FI) Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, el mundo sigue asistiendo a la combustión de materia fosilizada. Se calcula que en 2030 la humanidad todavía obtendrá el 80 % de su energía mediante el uso de combustibles fosilizados.

La Tierra dispone de 179 billones de metros cúbicos de yacimientos de gas confirmados. Una cuarta parte del gas está en Rusia y otra cuarta parte en regiones menos estables, en Irán y Qatar. Puede calcularse que según los índices actuales de consumo, los suministros propios de la Unión Europea serán suficientes para seis o siete años. El consumo de gas noruego y norteafricano para satisfacer las necesidades de la Unión Europea prolonga el periodo previsto de consumo de gas en 20 años, pero son 50 años en el caso de Rusia. Si la Unión Europea tiene previsto en las próximas décadas satisfacer todo el aumento de las necesidades energéticas a base de gas, no existen alternativas a las importaciones de Rusia.

En los próximos años se desarrollarán métodos más baratos para licuar el gas, lo que ofrecerá una amplia gama de posibilidades para importarlo. Al mismo tiempo, estrechará su alcance. Así, podrá venderse gas ruso licuado a los Estados Unidos de América, que necesita gas, sin la necesidad de un gasoducto. Las propias reservas de gas de los Estados Unidos no bastarán ni siquiera para 10 años Europa Occidental ha dependido del gasoducto que viene de Rusia pasando por otros países. El conducto planeado sobre el fondo del Báltico reducirá esta dependencia. El proyecto es comprensible, porque algunos países por los que pasa actualmente el conducto mantienen una actitud hostil hacia Rusia. En Finlandia no hemos tenido, en 40 años, ni el más mínimo problema con el suministro de gas.

Hay algo en el acuerdo del gas entre Rusia y Ucrania que requiere una explicación. ¿A quién pertenece la empresa de suministro Ros-Ukr-Energo? Según los datos publicados, he descubierto que obtiene unos beneficios injustificados de unos 600 a 800 millones de dólares estadounidenses al año. Los oligarcas de ambos países han estado implicados en este asunto, ¿y cuál es la función de los presidentes de esos países en la generación de grandes cantidades de beneficios ocultos?

Nuestro Grupo apoya las buenas relaciones de asociación y cooperación con Rusia en materia energética.

(Aplausos)

  Mirosław Mariusz Piotrowski, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, los últimos sucesos que la prensa internacional ha calificado de «Guerra Fría» entre Ucrania y Rusia por el gas, y el proyecto menos reciente de construcción de un gasoducto entre Alemania y Rusia, pasando por alto los países Bálticos, incluida Polonia, son prueba fehaciente de que ciertos países utilizan las redes de suministro de electricidad y de gas, especialmente estas últimas, como armas políticas en sus relaciones con otros. Los Estados miembros esperan que la Comunidad les ayude a encontrar una solución a este problema.

La Comunidad debería fijarse como objetivo una política cohesiva e integrada sobre las redes de suministro mencionadas, así como sobre catástrofes naturales, pandemias y la amenaza terrorista. Una política así permitiría salvaguardar la seguridad y la diversificación de los suministros. Es inaceptable que un Estado miembro, Alemania por ejemplo, forme una coalición con Rusia en torno a estos asuntos, porque perjudica los intereses de otros Estados miembros, incluidos los que acaban de entrar en la Unión Europea. Este es uno de los pocos casos en que la Unión Europea debería responder y en que debería hacerlo pronto y con decisión. Una actitud pasiva por parte de la Unión Europea significa aceptar la destrucción del principio de solidaridad y que, de hecho, no tiene influencia alguna cuando se trata de problemas económicos y políticos que son realmente importantes para Europa. En estas circunstancias, no hay motivo para que la Unión no siga emitiendo resoluciones y declaraciones o directivas carentes de sentido que van en detrimento de los ciudadanos europeos.

(Aplausos)

  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Es un hecho objetivo que la estrategia energética de Rusia se basa en la utilización del gas y de los proveedores de gas para lograr sus objetivos políticos en ciertas regiones, incluida Europa. La reciente crisis del gas es una especie de prueba para la Unión Europea. Se pretendía que se notaran sus efectos, y así ha ocurrido, en Ucrania y Moldova, pero también en ocho Estados miembros de la Unión Europea, incluidas Alemania, Francia e Italia.

Provocando una crisis así, Rusia ha perdido su categoría de socio estable y fiable. La única cuestión pendiente es qué conclusiones sacarán la Unión Europea y los Estados miembros individualmente. ¿Decidirán que hay que proseguir con la construcción del conducto báltico, aunque con ello aumente la dependencia de Europa con respecto a Rusia, o se darán cuenta de que lo que se necesita es una auténtica diversificación de los suministros de gas para el conjunto de Europa y un sistema de solidaridad energética entre los Estados miembros de la Unión Europea y sus vecinos más inmediatos?

Rusia espera que nosotros extraigamos la primera de estas conclusiones. Quienes ya no albergan ilusiones sobre la nueva política imperial rusa esperan lo segundo. Me tomaré la libertad de hacer un último comentario, a saber, que la dificultad de la Cámara para aprobar una resolución común en torno a este asunto es motivo de vergüenza para el Parlamento.

(Aplausos)

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. Recientes sucesos políticos internacionales, así como factores económicos, entre ellos el constante aumento del precio del petróleo, están obligando a la Unión Europea a prestar atención a una situación tan obvia como familiar: tenemos un problema de suministro de energía estructural y un mayor nivel de dependencia. La demanda mundial de energía aumenta, los recursos mundiales no son ilimitados y, en cualquier caso, nuestra Unión no tiene suficiente para satisfacer sus propias necesidades.

Los últimos sucesos demuestran el riesgo que pueden correr los suministros de energía en los que actualmente se basa nuestra economía, un riesgo que en modo alguno hemos de correr. Es esencial promover una mayor sinergia internacional, incluso a través de acuerdos firmados como la Carta Europea de la Energía, que crea un marco de cooperación entre Europa, Rusia y los países del Mediterráneo. De hecho, la cooperación con terceros países es un elemento central de la estrategia europea de suministro y contribuye a consolidar unas relaciones políticas internacionales estables.

En este marco, ahora hay que establecer acuerdos claros, bien definidos, concretos y duraderos, en particular con Rusia. Por tanto, urge que los Estados miembros pongan en práctica las últimas recomendaciones sobre la aplicación de medidas de ahorro energético, que precisarán un compromiso serio por parte de las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y cada ciudadano particular. Además, al final tendremos que celebrar ese debate amplio y complejo sobre la elección de tecnologías para el futuro y sobre la producción y el uso de energías alternativas y renovables. A pesar de las diversas crisis, algunas recientes, que han marcado la economía de Europa en los últimos 40 años, este debate, por desgracia, aún no se ha celebrado. Es un retraso, un fallo y un vacío que hemos de intentar solventar lo antes posible y con la máxima urgencia.

(Aplausos)

  Giles Chichester (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quiero felicitar al Comisario Piebalgs por su papel en la creación del Grupo de Coordinación del Gas, que ha supuesto una gran contribución a la resolución de la disputa entre Naftagas y Gazprom a principios de mes.

Esta situación entre Rusia y Ucrania ha sido un toque de atención para todos los que no eran conscientes del alto grado de dependencia de los Estados miembros de la UE de los combustibles importados, en general, y del gas natural de Rusia, en particular. Sin embargo, es importante que mantengamos cierto sentido de la proporción en esta cuestión. El comercio de gas entre Rusia y los Estados miembros de la UE sigue siendo viable desde el punto de vista comercial en la medida en que cada parte tiene algo que la otra desea. La dependencia de la importación de los Estados miembros de la UE y su creciente dependencia del gas natural es un secreto a voces.

En la Comisión de Industria, Investigación y Energía llevamos tiempo siendo conscientes de esta situación y hemos debatido la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta dependencia. Hace diez años presenté un informe al Parlamento sobre las perspectivas del abastecimiento de gas en Europa y fui criticado por la industria por sugerir que nuestra dependencia del gas podría ser excesiva si superaba el 25 % de nuestras necesidades energéticas.

Me gustaría recordar a la Cámara la amplia variedad de medidas disponibles con vistas a garantizar nuestras necesidades de abastecimiento: medidas legislativas, como la Directiva sobre redes transeuropeas, y acciones adoptadas por el sector para construir gasoductos e instalaciones de almacenamiento y para GNL.

Debemos tomar nota del pulso de Rusia a la comunidad internacional, pero mi propuesta es que nuestra respuesta, a modo de solución a largo plazo, debe ser un enfoque proporcionado y práctico para mantener la diversidad de fuentes de abastecimiento y para fomentar las inversiones necesarias a tal fin.

(Aplausos)

  Reino Paasilinna (PSE). – (FI) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, dentro de veinte años más o menos dependeremos en realidad en un 90 % de las importaciones de gas. Es todo un éxito. La cantidad de gas consumida por los Estados miembros y las reservas varían mucho; en otras palabras, el grado de susceptibilidad de sufrir una crisis es muy distinto. Cuanto más al este se halle un Estado miembro, tanto más depender del gas de Rusia.

La Unión Europea ha presionado a Rusia para que abandone la práctica de la doble tarifa de la energía, incluido el gas, que entra en el país. Nos parece una condición de la pertenencia a la OMC. Por tanto, no creo que la doble tarifa de la energía pueda durar mucho tiempo en el comercio exterior de Rusia. Por supuesto, en los negocios comerciales se permite hacer descuentos a clientes buenos y regulares en general, y esto ocurre en muchos otros sectores, pero naturalmente depende de la relación existente entre el vendedor y el comprador.

Cerrar el grifo del gas fue realmente la solución incorrecta y muy poco inteligente. Esto no ocurre en el comercio europeo; no ocurre muy a menudo en ámbitos menos importantes, por no decir en contextos tan importantes. La situación con respecto a la energía de la Unión Europea está constantemente al borde de la crisis. Basta una tormenta al otro lado del océano o el suceso de Ucrania para que se produzca una crisis o incluso una situación de pánico. Hemos de contar con fuentes de energía viables y diversas rápidamente, con una amplia gama de acuerdos de suministro y redes de transporte, y el tiempo es vital: nuestros dormitorios podrían quedarse fríos en cualquier momento.

Necesitamos con urgencia que la Comisión elabore un programa de crisis energética. Los recursos que ahora tenemos no bastan. ¿Cómo vamos a prepararnos para un corte más prolongado del suministro energético, señor Comisario? ¿Qué tipo de mecanismos de solidaridad cabría establecer y se ocupa el próximo Libro Verde de la cuestión de la crisis energética?

  Lena Ek (ALDE). – (EN) Señor Presidente, la reciente crisis entre Rusia y Ucrania en torno al suministro de gas ha demostrado que ahora es más importante que nunca contar con un mercado europeo de la energía que dependa menos de las importaciones. Este no solo ofrecerá enormes oportunidades a la industria energética europea, incluidas las energías renovables, sino que también ofrecerá alguna oportunidad de hacer frente al cambio climático, fomentar el crecimiento y crear nuevos puestos de trabajo. Para ello queremos más transparencia, legislar mejor, una red de suministro renovada y efectiva, una estrategia energética europea, un debate sobre la autosuficiencia y la solidaridad entre los Estados miembros, así como normas que permitan a los ciudadanos decidir sobre su propio consumo de un modo viable. Por tanto, acogemos con satisfacción el Libro Verde, así como el programa de la Presidencia.

Queda mucho por hacer, pero creo que podemos lograrlo.

  Helmuth Markov (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que por la forma en que se desarrollan las conversaciones entre Ucrania y Rusia está muy claro que Europa, que es más que solo la Unión Europea, necesita una nueva y moderna política energética integral.

Aunque se pueda debatir este asunto todo lo que queramos, la disputa entre Rusia y Ucrania ha sido, al final, entre un proveedor que quiere más dinero y un cliente que no está dispuesto a pagar más. Ambas partes de la disputa lo han sabido durante décadas. Si, por así decirlo, se establece un rumbo político que hace inevitables este tipo de crisis, sin intentar encontrar una solución a tiempo, entonces ambos Gobiernos habrán sido descuidados.

Aunque realmente acojo con agrado el anuncio del Comisario de que pronto aparecerá un Libro Verde, por supuesto espero que no contenga ideas tan viejas como la negociación de códigos de conducta para los países productores de energía y los de países de tránsito, nuevos conductos o incluso la energía nuclear. Más bien hemos de basarnos, creo yo, como ya se hace en otros países, en otras fuentes, como la biomasa, el sol, el viento, el agua, la energía geotérmica y la cogeneración, y al mismo tiempo en el ahorro de energía, haciendo un uso más eficiente de ella y reduciendo las subvenciones a favor de los combustibles fósiles tradicionales. Este es un objetivo que debemos conseguir.

El suministro de energía es un servicio de interés público general, y quizá deberíamos examinar si no habría que dar más prioridad a políticas responsables que a los intentos de liberalización o al uso de medidas de liberalización para resolver este problema.

  Dariusz Maciej Grabowski (IND/DEM).  – (PL) Señor Presidente, la falta de una estrategia común de seguridad energética a largo plazo es prueba no solo de la miopía de la UE, sino incluso de la existencia de un conflicto de intereses entre sus Estados miembros. Uno de los motivos de que se hayan triplicado los precios del petróleo es que la Unión Europea no ha logrado aprobar una estrategia energética inteligente. El aumento de los precios del petróleo favorece a las grandes empresas petroleras, pero perjudica a los Estados miembros de la Unión Europea y a sus ciudadanos.

Es un error que los Estados miembros individuales intenten llegar a un acuerdo con Rusia, como ha hecho Alemania, sacrificando en el proceso los intereses de los Países Bálticos, Polonia, Austria y otros Estados miembros. Junto con la actitud pasiva de la Unión Europea, esto ha animado a Rusia a chantajear a Ucrania amenazando con cortar los suministros de gas. Urge que la Unión Europea esboce y aplique una estrategia de seguridad energética lo antes posible, y de hecho esto podría servir para comprobar hasta qué punto la Unión Europea sigue siendo una comunidad.

La estrategia energética de la Unión Europea debería basarse en los criterios del eslabón más débil, que puede resumirse del modo siguiente. La eficiencia de un sistema puede medirse por su resistencia a la crisis en los países y regiones que dependen más de un proveedor, o que tienen los peores sistemas de transmisión y distribución, o los costes de generación más elevados en relación con la renta nacional.

Deberíamos centrar nuestra atención en particular en los países vecinos y de tránsito. Citando a Hamlet, «ser o no ser» es el dilema que afrontamos con respecto a la seguridad energética en la Unión Europea. En este contexto, lamento decir que en el presupuesto de la UE para 2007-2013 no se contempla nada en absoluto con respecto a una estrategia común europea de seguridad energética.

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Gracias, señor Presidente. La felicitación navideña del Presidente ruso a los usuarios de gas de Ucrania no ha sido en modo alguno una sorpresa. Con esta interrupción del suministro de gas en pleno invierno, Rusia ha querido recordar no solo a Ucrania, sino también a los mercados energéticos mundiales, que actualmente el poder está en manos de los proveedores de energía. Los consumidores de energía tendrán que tener esto en cuenta durante un tiempo imprevisiblemente largo. Quiero expresar mi gratitud al Comisario Piebalgs, que durante la crisis del gas entre Rusia y Ucrania ha utilizado la influencia de la Unión Europea con la prontitud suficiente para evitar una crisis energética en Europa.

Con respecto a las conclusiones que conviene sacar de la disputa en torno al gas entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha de ser totalmente transparente y ha de pedir lo mismo a los demás países de Europa con respecto a la información sobre cambios de los precios del gas. Creo que los últimos sucesos autorizan de forma especial a la Comisión a aplicar la legislación aprobada, aplicar las decisiones de adquisición de recursos alternativos y eficientes desde el punto de vista energético y la creación de un mercado energético realmente liberalizado, así como garantizar la integración de redes energéticas europeas. Naturalmente, hoy casi todos los oradores han mencionado este punto: la necesidad de una política energética verdaderamente común para el mercado común de la Unión Europea, que facilitaría la estabilidad política a largo plazo, no solo en Europa, sino en el mercado energético mundial.

  Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea se encuentra en un estado de shock tras la crisis que se ha producido entre Ucrania y Rusia. Y esto ocurre en gran parte porque, hasta este momento, Rusia había demostrado siempre, incluso en momentos de intensa convulsión interna, que era un aliado energético fiable, y en ningún momento en el pasado los Estados miembros de la Unión vieron interrumpido o reducido su suministro de gas procedente de Rusia.

Los tres días que ha durado la crisis han servido para que países como Italia estuvieran a punto de liberar sus reservas estratégicas y, sobre todo, para que la Unión en su conjunto se diera cuenta, una vez más, de la vulnerabilidad extrema de su sistema de suministro. Por eso, ha llegado el momento de plantearnos seriamente la posibilidad de invertir en rutas de suministro alternativas, mejorando el diálogo con socios estables, como, por ejemplo, la República de Kazajstán. Hemos de empezar a pensar en importar gas desde este país a través de Turquía, por ejemplo, un país candidato y, por consiguiente, extraordinariamente seguro.

Además, tenemos que mantener y reforzar a nivel europeo las acciones de investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía y conseguir un uso más eficiente de las que ya tenemos. Y, por supuesto, señora Harms, no podemos prescindir de ninguna fuente de energía primaria. De ninguna. Y, por encima de prejuicios ideológicos, hemos de enfrentarnos a la realidad. Si usted quiere suicidarse energéticamente, es usted libre de hacerlo, pero el sacrificio ha de ser individual. No pretenda suicidarnos a todos contra nuestra voluntad.

Por último, señor Presidente, termino pidiéndole a la Comisión que siga haciendo presión sobre los Estados miembros para conseguir una política energética común, que esta crisis ha demostrado que necesitamos sin duda alguna. No esperemos la próxima crisis para tomar medidas que serán más traumáticas y posiblemente lleguen demasiado tarde.

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Señor Presidente, he de ser breve. Creo que es preciso llamar la atención sobre los aspectos de política exterior de lo que hemos presenciado en las últimas semanas, cuando Rusia amenazó con cortar los suministros de gas a Ucrania.

Esto no ha sorprendido del todo a quienes, como yo, han trabajado con esos países durante muchos años. Después de todo, Rusia ha amenazado anteriormente con utilizar la energía como arma con vistas a presionar políticamente a sus vecinos directos e incluso, si me preguntan, ya lo ha hecho en una ocasión. Naturalmente, el resultado de lo que ha ocurrido también ha supuesto un choque para la Unión Europea y nos obliga a celebrar hoy este debate.

Como he dicho, seré breve. Hay tres conclusiones que son importantes para nosotros en lo que respecta a esos aspectos de política exterior. En primer lugar, deberíamos diversificar nuestros suministros, nuestras fuentes. Dado que la mayoría de los países de donde obtenemos nuestra energía son inestables, cuantos más países podamos utilizar como fuentes, tanto mejor.

En segundo lugar, hemos de reconsiderar la situación de los gasoductos en Europa. Somos especialmente vulnerables, ya que la mayor parte del gas se suministra a través de Ucrania. ¿Existen alternativas posibles?

En tercer lugar, hemos de dejar totalmente claro que a largo plazo solo podemos salvaguardar nuestro suministro energético si logramos unir nuestras fuerzas con socios fiables y democráticos.

Por último, en mi opinión ha quedado patente que la política energética más que nunca va de la mano de la política exterior y comercial.

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Señor Presidente, me gustaría que nos centráramos en propuestas de posibles soluciones a los problemas energéticos. En primer lugar, la Unión Europea debe promover en su política exterior un consumo más eficiente de la energía haciendo de ello una de las prioridades del Programa de Vecindad de la Unión Europea. Puede que incluso merezca la pena establecer los criterios de eficiencia energética como condición para la prestación de ayuda de la Unión Europea. Al hacerlo, también facilitaremos los procesos de democratización en los países vecinos; nuestra experiencia con las reformas de Lituania demuestran que la modernización de la economía proporciona un trasfondo estable necesario para el desarrollo de los procesos democráticos.

En la política interior europea habría que prestar más atención al desarrollo y a la aplicación de un centro de innovación dedicado a la nueva generación de centrales energéticas de tamaño reducido, basadas en tecnología nuclear y de otro tipo. Ya tenemos un proyecto de aviación acertado, el extraordinario programa Galileo; por tanto, sin duda podemos contar también con un centro de innovación para la aplicación de programas energéticos. Un centro de este tipo funcionaría en los países más dependientes de una única fuente de energía.

Quisiera creer que, aparte de la discusión general sobre una estrategia energética común, la Comisión hará finalmente algo concreto y que un centro así podría constituir la mejor prueba de cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

  Toomas Hendrik Ilves (PSE). – (EN) Señor Presidente, en contra de la opinión general, incluida la opinión de esta Cámara, la crisis del gas ucraniana no ha sido un hecho aislado y puntual justificado por la necesidad de implantar políticas de mercado. Al contrario, se trata de una política coherente relacionada en todos sus aspectos con cuestiones políticas. En primer lugar, Ucrania tenía un contrato, firmado en 2004 y vigente hasta 2009. Dicho contrato fue rescindido porque Ucrania eligió al presidente equivocado y con vistas a las próximas elecciones parlamentarias.

En segundo lugar, el Gobierno ruso es el principal accionista de Gazprom, un monopolio dirigido por el Viceprimer Ministro. No es una empresa. No se puede hablar a la vez de precios de mercado y de un monopolio bajo control gubernamental.

En tercer lugar, sobre el carácter singular del problema hay que recordar que Moscú ya cortó el suministro de petróleo y gas en 1990 con ánimo de frustrar el movimiento por la independencia de Lituania. Tras la independencia, el Gobierno ruso utilizó la misma arma para castigar a los Estados bálticos por no unirse a la CEI y por exigir la retirada de las tropas rusas. Cuando Lituania intentó privatizar la refinería de petróleo Mazeikiu, se volvió a cortar el suministro para dejar paso a los inversores rusos. Esta misma política se aplicó con éxito cuando llegó el turno de Georgia, que renunció a sus gasoductos.

En resumen, Rusia ha utilizado constantemente una compañía energética monopolística de propiedad estatal para presionar políticamente a determinados países, dando al traste con las prácticas de mercado y con los contratos en vigor. El empirismo es más sabio que las ilusiones. Las experiencias de los nuevos Estados miembros, y de Ucrania y Moldova, cuando han adoptado una postura proeuropea, demuestran a todas luces los peligros que conlleva la falta de una política europea sólida en materia de seguridad energética.

(Aplausos)

  Martin Bartenstein, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, Señorías, creo que la Comisión y la Presidencia han hecho lo correcto. A falta de suficiente información no nos hemos precipitado a culpar a alguien, y bajo ningún concepto queríamos expresar nuestro acuerdo con ninguna de las partes de esta disputa ni dejar entrever la más mínima señal de ello. Está claro que la situación podría devenir crítica muy fácilmente, ya que uno de los nuevos Estados miembros ha tenido problemas con el suministro energético para su industria desde el primer día, pero nosotros y la Comisión no hablamos deliberadamente de situación crítica y menos de crisis.

No debemos perder vista el hecho de que la dependencia de las fuentes de energía fósiles y de sus importaciones no puede sino aumentar notablemente; la Comisión calcula que la proporción de la energía que obtenemos de estas fuentes, para 2030, aumentará desde justo por debajo del 50 %, la cifra actual, a algo así como dos tercios. Será posible influir en esto hasta cierto punto mediante el uso de fuentes de energía renovables y mejorando la eficiencia energética, pero no creo que podamos imprimir un giro fundamental a esta tendencia. La Presidencia espera con gran interés el Libro Verde, o más bien la aparición de sus primeras partes a tiempo para la Cumbre de Primavera. ¿Cuándo, si no es ahora, vamos a hablar del desarrollo de una política energética común europea? Lo que nos empuja a seguir por este camino es la cuestión del gas, Rusia, Ucrania y el problema del suministro, así como los precios del petróleo, el cambio climático y también muchas otras consideraciones.

Tanto a título personal como en nombre de la Presidencia apruebo la propuesta de la Comisión de crear una reserva de dos meses similar a la que ya existe en otro nivel para el petróleo. Esta Cámara tendrá la oportunidad de debatir más tarde los detalles a este respecto. Tal y como he dicho en mi declaración con respecto a Moldova, hemos intentado en muchos aspectos dar prioridad a ese país en nuestra política de vecindad.

A pesar de la afirmación del señor Swoboda de que tener a Rusia como miembro de la OMC abriría ciertas posibilidades a este respecto, incluso en este caso se podría hacer muy poco en un espacio de 36 horas. Lo curioso es que Rusia no ha ratificado la Carta de la Energía y por tanto no se puede recurrir al procedimiento de resolución de disputas que establece la misma. Por tanto, está claro que hay que dar prioridad a la eficiencia energética, además de las energías renovables y la sensibilización para que, de varias formas y en mayor grado que antes, abordemos la cuestión de las importaciones del gas.

Me queda apuntar que en los próximos años y décadas Rusia y el gas natural de Rusia se convertirán en la espina dorsal del suministro de gas de la Unión Europea. En calidad de austriaco, quiero señalar que en 1968 fue una empresa austriaca, OMV, la primera en celebrar un contrato de suministro con Gasprom, que ha sido absolutamente fiable durante casi cuarenta años. Tenemos que ganar confianza y, quizá, en cierta medida, reconstruirla.

En mi discurso ya he hablado de la ruta alternativa del conducto «Nabucco» a través de Turquía. Aunque es absolutamente necesario diversificar el suministro, esto no es posible de la noche a la mañana; hemos de aprender la lección de la situación crítica que duró 36 horas. Teniendo en cuenta todo esto, agradezco a su Asamblea este importante debate y concluiré destacando la importancia que concedemos a este capítulo como punto del orden del día para la Cumbre de Primavera que se celebrará en marzo.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SRA. ROTH-BEHRENDT
Vicepresidenta

  Andris Piebalgs, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al Parlamento por este debate, que es un claro indicador del apoyo general a los avances hacia una política europea común de la energía que respete la subsidiariedad. Resulta interesante que los primeros llamamientos a favor de estos avances vitales se realizaran hace 30 años, durante la primera crisis del petróleo. En aquel entonces, por razones evidentes, dichos llamamientos no procedían del Parlamento, sino del Consejo. La situación actual es, sin lugar a dudas, más compleja de lo que era entonces y, probablemente, sus consecuencias en el sector energético serán más duraderas que hace 30 años. Dadas las circunstancias, el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben actuar.

En cuanto a la dimensión de la seguridad, me gustaría mencionar dos aspectos particulares. En primer lugar, la ampliación ha suscitado definitivamente nuevos retos para la Unión Europea. La seguridad del suministro ha sido, sin lugar a dudas, un reto mayor para los nuevos Estados miembros que para los antiguos. En segundo lugar, el documento que estamos elaborando en este punto tiene dos autores: la señora Ferrero-Waldner y yo mismo. Por tanto, se abordarán las cuestiones planteadas por el señor Swoboda.

También estudiamos las medidas que deben adoptarse en épocas de crisis. Como he mencionado, esta crisis ha sido muy breve y algunos oradores se han referido a la misma como una minicrisis o una crisis inexistente. Pero no deberíamos subestimar la importancia de la situación, porque algunos países se han visto realmente afectados. En la mayoría de los países, el único impacto que han sentido los ciudadanos ha sido el mediático. Sin embargo, en algunos países se adoptaron medidas económicas en relación con el aprovisionamiento de gas. Esta crisis ha sido real y deberíamos estudiar cómo podríamos reaccionar de forma más eficaz en el futuro.

Al mismo tiempo, deberíamos actuar de inmediato. Ya disponemos de numerosos instrumentos que podríamos aplicar con vigor. En cuanto a la eficiencia energética, tenemos en vigor una Directiva sobre edificios que debe aplicarse a rajatabla. Lo mismo es válido para la cogeneración de electricidad y calor y para las energías renovables: disponemos de instrumentos jurídicos y deberíamos aplicarlos. Lo mismo cabe decir de las energías renovables. La Comisión hará todo lo posible. Ya está adoptando medidas positivas, como intentar movilizar todos los recursos posibles.

En cuanto a los nuevos países vecinos, con los que tenemos muy buenas relaciones, me gustaría decir lo siguiente. Lamentablemente, es cierto que se han descuidado las cuestiones energéticas. El Memorando de Acuerdo con Ucrania sobre la aplicación de la política energética no se firmó hasta el año pasado durante la cumbre. Por lo tanto, no solo debemos ayudar en materia de aprovisionamiento externo, sino también en lo que se refiere al consumo energético, porque la intensidad de la energía en estos países, y las pérdidas energéticas, son tremendas y ningún país puede asumir los costes energéticos derivados de esa situación. Este también es el caso de Moldova.

EL Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha hecho un buen trabajo en Ucrania, pero podría intensificar sus actividades. Podríamos aprovechar otros recursos para fortalecerlos y utilizar los nuevos instrumentos de vecindad para reforzar nuestras políticas. Así será, y haremos lo mismo en lo que respecta a la política de desarrollo, porque de otro modo no habrá solución.

Me gustaría darles de nuevo las gracias por este debate. Estoy convencido de que esta no será la última vez que debatamos estas cuestiones y debo decir que estos debates son para mí una importante fuente de inspiración.

(Aplausos)

  El Presidente. El debate queda cerrado.

12. OCM del azúcar − Regímenes de ayuda a los agricultores (azúcar) − Reestructuración del sector del azúcar

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de:

- el informe (A6-0391/2005) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (COM(2005)0263 – C6 0243/2005 – 2005/0118(CNS))

- el informe (A6-0392/2005) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (COM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS)), y

- el informe (A6-0393/2005) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad Europea y se modifica el Reglamento (CE) nº 1258/1999 sobre la financiación de la política agrícola común (COM(2005)0263 – C6-0245/2005 – 2005/0120(CNS)).

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias al señor Daul, al señor Barón Crespo, al señor Fazakas y a la señora Morgantini por su participación activa en este expediente y alabar el excelente trabajo realizado por los ponentes, el señor Fruteau, el señor Glattfelder, el señor Wynn y la señora Kinnock. Permítanme dar las gracias igualmente a los miembros de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Internacional, Control Presupuestario y Desarrollo por su determinación, su aportación positiva y su debate sumamente constructivo. Sus excelentes contribuciones, sin lugar a dudas, han dado resultados. La reforma de la organización común de mercado, que no ha sufrido prácticamente ningún cambio en las últimas cuatro décadas, es una empresa importante; de hecho, hace tiempo que esta reforma era necesaria.

La política del azúcar tiene muchas facetas. La lista de intereses legítimos que hay que satisfacer es muy larga: los cientos de miles de agricultores que cultivan remolacha azucarera en la Comunidad; las industrias productoras y consumidoras de azúcar y sus trabajadores; los consumidores; y, por último, nuestros socios comerciales, incluidos los países que disfrutan de preferencias inveteradas. Desde el principio he sido consciente de la necesidad de alcanzar un equilibrio justo entre las distintas necesidades y demandas.

Como Comisaria responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, soy plenamente consciente de la relevancia social, económica y ambiental del sector del azúcar, tanto dentro como fuera de la Comunidad. Esto hace de la política azucarera un verdadero reto, que me ha llevado a comprometerme plenamente con la reforma de este sector.

Creo que estas propuestas en su conjunto responden a las necesidades de la Comunidad. Son el resultado de una reflexión detenida y van en la línea del paquete de reformas de la PAC y de nuestros compromisos internacionales. Hemos sido ambiciosos y hemos querido llegar lejos. Estoy convencida de que el futuro del sector del azúcar no puede estar basado en enfoques a corto plazo.

El paquete de reformas tiene por objeto ofrecer al sector europeo del azúcar un futuro viable y competitivo. Proporciona seguridad a largo plazo y una asistencia generosa para ayudar tanto a los agricultores como a los productores de azúcar durante el proceso de adaptación. Si actuamos ahora, dispondremos de fondos para mitigar el doloroso proceso de reestructuración que es absolutamente vital y, al mismo tiempo, para compensar a nuestros agricultores. La demora de esta necesaria reforma resultaría en una reducción más drástica de la producción comunitaria y en un proceso de reestructuración más severo. También necesitamos garantizar el cumplimiento del futuro régimen con el grupo de la OMC, y nuestras propuestas cumplen ese requisito.

Por último, tenemos que garantizar que la Unión Europea siga siendo un mercado atractivo para los países en desarrollo y ofrecer a nuestros socios ACP la ayuda financiera necesaria para adaptarse a estos cambios inevitables. Tanto el Parlamento como el Consejo han realizado un trabajo muy útil desde la primera comunicación de la Comisión presentada en el verano de 2004. Gracias a ello, hoy tenemos los bocetos de una reforma que, en buena medida, ha sido modelada por el Parlamento. Lo más obvio es que toda la reforma se ha basado en un fondo de reestructuración, que fue una idea planteada originalmente por el Parlamento Europeo en el informe del señor Fruteau y del señor Daul a principios del año pasado.

Hay muchos otros ejemplos de la influencia del Parlamento Europeo en esta reforma: el mantenimiento del sistema de intervención durante un periodo transitorio; la reducción de los recortes de precios y su prórroga durante cuatro años con un generoso régimen de compensación; todas las medidas adoptadas para garantizar una gestión más adecuada del suministro; las posibilidades de influir verdaderamente en aquellos ámbitos que se verán más afectados por la reestructuración; y la asignación de las ayudas para la reestructuración, de las que al menos un 10 % se reservarán para los agricultores de remolacha azucarera y para los contratistas de maquinaria; una cantidad que los Estados miembros podrían aumentar en función de sus situaciones específicas. Todo esto son ejemplos de que nuestra colaboración ha ido más allá de una mera expresión de intenciones y de que hemos obtenido un verdadero resultado político.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Parlamento Europeo por su cooperación.

  Jean-Claude Fruteau (PSE), ponente. – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea se enfrenta hoy a la necesidad de reformar su sector del azúcar. Esta reforma, como todos sabemos, es ineludible. Obedece al deseo de ajustar la organización común del mercado del azúcar a los principios que guían la nueva Política Agrícola Común. Responde, además, a la necesidad de adaptarse a la evolución de las normas del comercio mundial.

Sin embargo, no debemos perder de vista las consecuencias de las transformaciones que se producirán para las mujeres y los hombres que viven de la producción de azúcar en los campos y las fábricas de la Comunidad y de los países en desarrollo. Con esta perspectiva, es importante que la adaptación del sector europeo del azúcar no se traduzca en un desmantelamiento de la OCM del azúcar, ni en el abandono progresivo de nuestra capacidad de producción, ni en el sacrificio de nuestros productores y los de los países más pobres, debido a una apertura descontrolada del comercio mundial. La reforma es indispensable, es cierto, pero debe responder únicamente a los objetivos que se propone, si la búsqueda de eficacia se efectúa dentro del respeto de los imperativos de justicia social.

Esta doble perspectiva, que es fuente de equilibrio, es el hilo conductor de los tres informes sobre los cuales debe pronunciarse el Parlamento Europeo esta semana y que fueron votados casi por unanimidad por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 29 de noviembre. Estos textos son el fruto de varios meses de debates y audiencias en la Comisión de Agricultura, de intercambios de puntos de vista con usted misma, señora Comisaria, así como con sus servicios, y también con las distintas partes afectadas del medio profesional. Traducen un compromiso negociado y aprobado por la gran mayoría de Grupos políticos de este Parlamento.

Ese compromiso se articula en torno a cuatro aspectos principales. El primero consiste en la instauración de una regulación flexible del mercado del azúcar. Flexibilidad, pues, mediante la introducción progresiva de una lógica de mercado en el sector: es el precio de referencia, fuente de una mayor competitividad del sector. Pero regulación también, a fin de evitar las desastrosas consecuencias de un mercado del azúcar totalmente liberalizado.

Desde el punto de vista interior, esto se traduce en el mantenimiento temporal del régimen de intervención, a fin de garantizar la estabilidad del mercado durante los próximos cuatro años, que sabemos que serán económicamente delicados.

En el plano externo de la reforma, el deseo de regulación pasa por el mantenimiento de un control de las importaciones de azúcar procedentes de los países menos avanzados. En efecto, es primordial tener en cuenta hoy los daños que provocaría una apertura no controlada de los intercambios, como ha demostrado el ejemplo reciente de los Balcanes Occidentales. Con esta óptica y a fin de impedir cualquier incitación al fraude una vez que la iniciativa «Todo menos armas» haya surtido pleno efecto, la Comisión de Agricultura aboga, en particular, por la instauración de un guardafuegos comercial consistente en una cláusula de salvaguardia que limite las exportaciones conforme al principio del exportador neto. Este mecanismo permitiría luchar contra un comercio triangular destructivo, al mismo tiempo que garantizaría a los países menos avanzados el beneficio efectivo del régimen comercial preferencial con la Unión Europea para las poblaciones locales que trabajen en el sector productivo del azúcar. Sin ninguna repercusión sobre las perspectivas de desarrollo de la producción azucarera de los países menos avanzados, el mecanismo es totalmente conforme a los objetivos de la iniciativa «Todo menos armas».

El segundo tema principal del compromiso que se somete al Parlamento es la solidaridad europea, en particular con las regiones más frágiles. Si la instauración de una regulación del comercio permite estabilizar los mercados y evitar fluctuaciones de precios demasiado bruscas en el futuro, debe ir acompañada de medidas encaminadas a amortiguar el impacto de la reforma entre las poblaciones más afectadas por el cese de actividad, en especial las poblaciones más frágiles.

Entre ellas citaré, en primer lugar, a los agricultores: en efecto, las pérdidas de ingresos que sufrirán han de ser compensadas de forma sustancial y una parte de las ayudas previstas por el régimen de reestructuración deberá destinarse a indemnizar a quienes pierdan su derecho de suministro y se vean obligados a efectuar nuevas inversiones para dedicarse a otros cultivos.

Vienen después los empleados de las fábricas de azúcar, que estarán totalmente a merced de la futura reestructuración del sector y que habrá que tener en cuenta imperativamente en caso de cese de la actividad industrial mediante un incremento de las condiciones que deberán cumplir los industriales para acceder a las ayudas del fondo de reestructuración. Por último, para evitar que las regiones más frágiles sean las principales víctimas de la reestructuración de la producción comunitaria, es esencial que los Estados miembros sigan teniendo la última palabra en cuanto al cese o el mantenimiento de la producción en su territorio.

Asimismo es fundamental prestar la debida atención a las situaciones y condicionamientos específicos de las regiones ultraperiféricas. La cultura y la explotación de la caña de azúcar ocupan en ellas un lugar esencial e insustituible desde el punto de vista económico, social y cultural. A este respecto, señora Comisaria, quiero darle las gracias por saber escuchar tan bien y por los esfuerzos que ha realizado por asegurar un trato especial a estas regiones, en particular en materia de compensaciones y de ayuda a la comercialización. Estoy convencido de que estos dispositivos, reclamados por el Parlamento, permitirán a las personas de esas regiones que viven de la caña de azúcar mirar el futuro con más ecuanimidad.

El tercer aspecto de la reforma contempla el futuro del sector a través del desarrollo de salidas alternativas. En un contexto mundial caracterizado, por una parte, por la subida de los precios del petróleo y, por otra, por la necesidad de luchar contra los gases de efecto invernadero, la producción de alcohol en el sector del azúcar constituye un objetivo importante en términos de desarrollo de energías alternativas. Habida cuenta del impacto de la reforma de la OCM sobre los niveles de producción, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural propone anticipar esta evolución a través de una política pública activa, centrada tanto en el capítulo agrícola como en el industrial: en el agrícola con medidas encaminadas a mejorar, en particular, el acceso a las ayudas destinadas a los cultivos energéticos, y en el industrial a través de una adaptación del régimen de reestructuración que permita la creación de destilerías de bioetanol. Estas herramientas son los componentes de un dispositivo legislativo coherente que alentaría el desarrollo del sector bioetanol, una fuente de salidas tanto para los agricultores como para los industriales del sector.

El cuarto y último gran asunto de nuestros trabajos, pero no el menor: los precios. Contrastando con las propuestas iniciales de la Comisión, drásticas para el sector, para el tejido rural y para los países en desarrollo, la Comisión de Agricultura se ha pronunciado finalmente por un descenso menos rápido y más moderado del 30 % de las cotizaciones del azúcar en cuatro años. Este nivel de descenso de los precios garantizaría la eficacia económica de la reforma y al mismo tiempo contribuiría a atenuar su impacto sobre los agentes del sector. De este modo se podría garantizar un mejor mantenimiento de la actividad en las regiones de producción y la salvaguardia de cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Esta moderación respondería además a los compromisos de Europa en términos de desarrollo, pues permitiría a los países ACP y a los países menos avanzados que exportan una parte de su producción a la Unión mantener unos precios remuneradores.

A finales del mes de noviembre, en previsión de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Hong Kong y sin esperar la votación final del Parlamento Europeo, los Ministros de Agricultura de los veinticinco Estados miembros llegaron a un compromiso informal y provisional sobre las principales orientaciones de la futura reforma. Mientras que el propósito real de este acuerdo consistía en llegar a una línea política común, la manera en que fue explotado de inmediato por los diversos signatarios en los medios de comunicación en el sentido de que suponía un acuerdo antes de plazo, no por ello deja de enviar un mensaje claro: a mi juicio expresa la voluntad de la Comisión y del Consejo de prescindir del Parlamento Europeo, cuyo dictamen previo es sin embargo obligatorio antes de cualquier decisión. En este sentido, el procedimiento me parece totalmente inaceptable y debemos denunciarlo con la mayor firmeza.

Sea como fuere, ese compromiso está hoy sobre la mesa y, si bien no sigue al pie de la letra las enmiendas propuestas por la Comisión de Agricultura, hay que decir que, tal como está en estos momentos, es una notable confirmación del grado en que el Consejo se ha distanciado de las propuestas originales.

El compromiso señala un desplazamiento significativo a favor de las medidas más moderadas y equilibradas propuestas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en los cuatro temas principales que acabo de mencionar. En términos de reglamentación recoge la idea de mantener el régimen de intervención durante cuatro años antes de pasar a un precio de referencia que marque la introducción de la lógica de mercado en la OCM del azúcar. En segundo lugar, y sobre todo, confirma que el análisis del Parlamento sobre la necesidad de mantener cierta capacidad de gestión de la oferta de azúcar en el mercado comunitario es acertado. Si las medidas propuestas son diferentes, su filosofía converge en el sentido de una adaptación de la iniciativa «Todo menos armas».

Por lo que respecta a la aplicación de la solidaridad europea, el Consejo avala el aumento de las ayudas previstas para los agricultores, proponiendo una compensación del 64,2 % de las pérdidas de ingresos, en vez del 60 % propuesto inicialmente. Por otra parte, recoge la idea de transferir una parte de la ayuda a la reestructuración a los agricultores, por un total del 10 % de las sumas previstas. En cambio, no se ha recogido la propuesta de los diputados de una vinculación parcial y una modulación de las ayudas a las regiones más desfavorecidas.

Por lo que se refiere al tercer eje, las salidas alternativas, los Ministros de Agricultura de los veinticinco Estados miembros han confirmado la posibilidad de un desmantelamiento parcial de las fábricas que permita la creación de destilerías de bioetanol. Pero no se han materializado los incentivos financieros esperados para el desarrollo de los cultivos energéticos. Por último, en materia de precios, el descenso del 36 % en cuatro años previsto por el Consejo es menos rápido y menos drástico que las propuestas iniciales y se inscribe en la misma línea que los trabajos de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

A pesar de los indiscutibles avances, que hay que acoger con agrado, no se han recogido varias propuestas, en particular el endurecimiento de las condiciones que deben cumplir los industriales para beneficiarse de la ayuda a la reestructuración. A este respecto, es especialmente lamentable que el Consejo haya ignorado hasta ahora el conjunto de criterios sociales que deben respetarse, así como el poder concedido en última instancia a los Estados miembros para validar o no los posibles ceses de producción. Además, aunque para ello he de salir del marco estricto de este debate y de mis informes, debo expresar aquí toda mi indignación por el trato dado a los países ACP. Ante una reforma, y en particular un descenso de los precios, cuyas consecuencias serán desastrosas para gran parte de ellos, la suma de 40 millones de euros concedida por el Consejo para el año 2006 solo puede verse como una limosna irrisoria y ofensiva. La Unión Europea deberá encontrar imperativamente los recursos necesarios para poner remedio a esta situación, que contrasta con las declaraciones reiteradas de los Jefes de Estado y de Gobierno a favor del desarrollo de los países más pobres.

Como ven, Señorías, los esfuerzos realizados por los Ministros de Agricultura deberán tener su continuidad en las negociaciones de febrero, a fin de llegar a un acuerdo definitivo aceptable para todos. Con esta perspectiva, quisiera que el Parlamento se pronunciase por la mayoría más amplia posible a favor de los tres informes que se le presentan y enviase así una señal contundente a los miembros del Consejo, para que se solventen las últimas lagunas del compromiso provisional de noviembre en el sentido de una reforma de la OCM del azúcar que sea a la vez justa y eficaz.

  Glenys Kinnock (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. – (EN) Señora Presidenta, agradezco a la Comisaria y al señor Fruteau lo bien que han abordado una cuestión tan polémica y difícil.

Evidentemente, la reforma del sector del azúcar es esencial, pero no puedo aceptar que algunas de las pequeñas y vulnerables economías con las que mantenemos relaciones y una cooperación muy especiales salgan perjudicadas indirectamente por lo que es una reforma interna de la Unión Europea.

A lo largo de los debates, los países ACP han defendido un recorte gradual del precio, el final del dúmping y la financiación adicional a largo plazo para ayudarles a hacer frente a una reforma profunda. En gran medida, sus peticiones han sido rechazadas. Los países ACP opinan, como ha insinuado el señor Fruteau, que con lo que ahora hay sobre la mesa se sienten abandonados y traicionados. No tienen garantía alguna con respecto a la procedencia del dinero a largo plazo para ayudarles a reestructurar y diversificar tanto dentro como fuera del sector azucarero. Solo en el Caribe se prevé que las pérdidas debidas a los recortes ronden los 125 millones de euros.

Los países ACP del Protocolo del Azúcar han suministrado azúcar tropical cuando Europa lo ha necesitado. Ahora nos piden que comprendamos la inevitable dependencia que tienen de ese producto, del que dependen para obtener ganancias de divisas, que les han aportado estabilidad y les han garantizado el mantenimiento de las democracias.

La compensación que asciende a 7 500 millones de euros está sobre la mesa para los agricultores europeos. Hasta la fecha, los ACP cuentan con 40 millones de euros, que se dividen entre 18 países, y ni siquiera está claro cómo van a repartirse. Además, el Comisario Mandelson avisó anoche en el debate sobre la OMC que la cifra de 190 millones de euros, propuesta por la Comisión, se ve amenazada ahora por un recorte del 20 % acordado en las negociaciones presupuestarias de la Unión Europea.

Señora Comisaria, ¿de dónde exactamente va a llegar el dinero? ¿Tiene la Comisión nuevamente la intención de atracar el presupuesto de desarrollo para sufragar el coste de estas medidas de acompañamiento para los países ACP? Espero que el Comisario de Desarrollo, el señor Michel, se mantenga firme y que, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho sobre su interés por los países en desarrollo, ayude a conseguir más dinero para las medidas de acompañamiento.

Otra cuestión es la referente a los efectos de la normativa sobre los países menos desarrollados. Le remito a las enmiendas que he presentado a este respecto. Casi todos los países menos desarrollados del mundo son miembros del grupo ACP. Por tanto, están muy interesados en la sorprendente propuesta de retirar nuestros compromisos en materia de «todo menos armas». A partir de 2009, todos los países menos desarrollados deberían beneficiarse del mismo precio garantizado dispuesto en el Protocolo del Azúcar de los países ACP. El cumplimiento de los compromisos de Europa de facilitar un acceso sin impuestos y sin cuotas, estable y a largo plazo a los países menos avanzados no debería demorarse.

La cláusula de salvaguardia acordada por el Consejo impone un límite superior de un aumento del 25 % al año de las importaciones de los países menos avanzados. Esto deja en ridículo el acuerdo de «todo menos armas». Los países menos avanzados están a punto de perder 783 millones de euros de ganancias potenciales solo en el primer año. Espero que este Parlamento no acepte una situación que pone en peligro una iniciativa europea de la que hemos estado, con razón, orgullosos. No debemos votar a favor de ninguna demora en la aplicación o, de hecho, a favor de una cláusula de salvaguardia, que limitaría la promesa ofrecida por el acuerdo de «todo menos armas».

De acuerdo con el objetivo de establecer una coherencia entre las prioridades agrícolas y de desarrollo, recomendaría apoyar las enmiendas sobre la eliminación de subvenciones a la exportación y la abolición de exportaciones de azúcar C. Si no actuamos estaremos emitiendo una señal totalmente equivocada a millones de personas que figuran entre las más pobres del mundo, en un momento en que Europa debe centrarse en hacer que la pobreza pase a la historia.

  Béla Glattfelder (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. – (HU) Señora Presidenta, la Comisión de Comercio Internacional ha elaborado una recomendación sobre el proyecto de informe que debatimos hoy. Esta consta de tres elementos principales. El primero establece que la Comisión propone un recorte moderado de los precios. Hemos propuesto que la Unión Europea restrinja las importaciones de forma más efectiva y que los agricultores productores de azúcar de la Unión Europea reciban una compensación más elevada.

Estas propuestas son significativamente más beneficiosas para el sector del azúcar europeo que las presentadas por la Comisión Europea. Es una pena que la decisión del Consejo de Ministros de Agricultura, aprobada en noviembre, sea tan decepcionante, ya que no tiene suficientemente en cuenta los intereses de la agricultura europea, y de hecho es incluso cuestionable que una decisión aprobada de esta manera propicie el desarrollo de un mercado estable del azúcar en la Unión Europea.

Hoy el Parlamento solo puede esperar cambios menores, pero nos mantenemos firmes con respecto a algunos aspectos. Por ejemplo, nos gustaría que los cultivadores de remolacha azucarera pudieran recibir hasta una cuota del cincuenta por ciento del fondo de reestructuración en lugar del diez por ciento actual.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que en opinión de la comisión la restricción efectiva de las importaciones es muy importante. Por ejemplo, incluso los Estados Unidos de América restringen las importaciones en condiciones preferentes. Si los Estados Unidos no permiten trampas, entonces la Unión Europea tampoco debería hacerlo porque socava la reputación internacional de la Unión Europea. Además, un sistema que impone cuotas estrictas a los productores de la Unión Europea, pero que permite a los importadores abastecer los mercados de la Unión Europea sin restricción alguna es absolutamente absurdo e injusto.

  Terence Wynn (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario. – (EN) Señora Presidenta, quiero decirle a la señora Comisaria que cuando presentó sus propuestas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, le aplaudí. Soy consciente de que fui la única persona que aplaudió en esa comisión, lo que me creó tensiones con muchos de mis colegas. Aplaudí porque desde que en 1991 leí el informe del Tribunal de Cuentas he deseado que se reformara ese sector. He sido testigo de cambios de régimen desde el punto de vista del control presupuestario, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la OMC y desde el punto de vista del consumidor, lo que me enfrenta con el señor Fruteau, por quien siento el mayor respeto y a quien admiro de verdad. Pero, francamente, no deberíamos aceptar la solicitud de «introducción de modificaciones». Lo que necesitamos es una revisión a fondo, tal y como ha propuesto la Comisaria. No deberíamos votar a favor de menos recortes de precios y de una mayor compensación y de menos recortes de cuotas que los propuestos por la Comisión. No deberíamos votar a favor de la utilización de instrumentos de política de cohesión estructural o social para proteger a los agricultores de azúcar. A todos los productores de los países ACP se les ofreció lo mismo. Hay grandes cantidades de fondos de la PAC disponibles para los agricultores de la Unión Europea. No olvidemos que los productores, procesadores y refinadores de azúcar no son los más pobres de este planeta.

Estoy de acuerdo en que tenemos que supervisar las importaciones procedentes de los países menos avanzados para impedir el fraude y protegernos frente al comercio triangular, pero, francamente, estamos hablando de cantidades raquíticas. La producción de azúcar de 17 millones de toneladas en la Unión Europea no cambiará; no se producirá un desequilibrio de mercado debido a las importaciones de los países menos avanzados.

Habría que oponerse a la enmienda 61 sobre el Acuerdo de «todo menos armas». Lo que estamos intentando hacer a los países menos avanzados es inaceptable. Deberíamos seguir la línea marcada por la señora Kinnock, garantizando que, pase lo que pase con estas reformas, el mundo en desarrollo no quede hipotecado.

  Albert Deß, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la reforma de la organización común de los mercados en el sector del azúcar es una de las mayores reformas de la Política Agrícola Común que se emprende desde que existe este Parlamento. Es un acto de equilibrismo entre, por un lado, las demandas de la OMC, las obligaciones derivadas de la iniciativa «Todo Menos Amas» y la decisión del panel, y, por otro lado, los productores de azúcar de remolacha y de caña y los intereses económicos asociados a ellos en Europa.

La Comisión, representada por la Comisaria Fischer Boel, el Parlamento y, sobre todo, el Consejo, llevan el grueso de la responsabilidad de esta actuación equilibrista. Unas 350 000 familias de agricultores y más de 100 000 trabajadores de los sectores económicos asociados de la Unión Europea se ven afectados por ello. Muchos agricultores de remolacha azucarera y trabajadores de fábricas de azúcar todavía quieren saber por qué es tan necesario reformar, y a una escala tan masiva, una organización del mercado del azúcar que ha resistido durante décadas. La respuesta es muy sencilla: porque los compromisos internacionales adquiridos hace tiempo establecen que, a falta de reformas, el futuro del cultivo de azúcar de remolacha y de caña en la Unión Europea será muy dudoso a partir de 2009.

La reforma de la organización común del mercado del azúcar nos brinda la oportunidad de mantener buena parte de la producción en Europa, a pesar de que ello comporte dolorosos recortes de los ingresos para los productores de azúcar. Es una pena –como ha dicho en efecto el señor Fruteau– que, tras el acuerdo del Consejo del 24 de noviembre, la Comisión y el Consejo de Ministros dieran la impresión de que este acuerdo había supuesto el cierre de la organización del mercado del azúcar. El hecho, sin embargo, es que este acuerdo fue ni más ni menos una declaración de intenciones por parte del Consejo. Solo cuando se reúnan otra vez los Ministros, el 19 de febrero, el Consejo podrá aprobar la reforma del mercado del azúcar.

Me complace que el Consejo de Ministros haya tenido en cuenta, de forma significativa, las demandas que formulamos en nuestra propuesta de resolución el 10 de marzo de 2005. Por ejemplo, la Comisión contempla reducciones de hasta el 5 % del precio de la remolacha azucarera. Una mayoría en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quería una reducción del 30 % del precio del azúcar blanco; el Consejo aceptó hasta un 36 %. En su propuesta la Comisión contempla el 60 % para pagos compensatorios, mientras que el Consejo quiere un aumento de hasta el 64,2 %.

Es también esperanzador saber que la reforma durará hasta 2014/2015 y que no habrá transferencia de cuotas de un Estado miembro a otro. En este sentido quiero agradecer al nuevo Ministro de Agricultura alemán, el señor Horst Seehofer, que, poco después de prestar juramento, desempeñara de inmediato un papel significativo en las negociaciones del Consejo logrando que se modificaran las propuestas de la Comisión en beneficio de los cultivadores de azúcar de remolacha y de caña de la Unión Europea.

Es preciso mejorar sobre todo el fondo de reestructuración. El plan del Consejo es que al menos el 10 % de los fondos destinados a la reestructuración se empleen para la agricultura. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural solicita que se utilice al menos el 50 % para la creación de medios alternativos de producción agrícola y, cuando vaya a tomarse la decisión final a este respecto en el Consejo, le pido a usted, señora Fischer Boel, y al Consejo, que tengan en cuenta el voto de esta Cámara.

Por el uso que hace Rusia de los suministros de gas a Ucrania como instrumento de chantaje político es evidente que hemos de aprovechar cualquier oportunidad para dotar a la Unión Europea de un poco más de independencia en materia de energía. La agricultura europea está capacitada para utilizar los terrenos agrícolas que ya no se necesiten para la producción de alimentos para producir energía en forma de biomasa. La Comisión y el Consejo han de apoyar la producción de energía económicamente viable mediante el uso de fondos de reestructuración a fin de financiar su puesta en marcha, y debe hacer todo lo que esté en sus manos para poner fin a las llamadas operaciones triangulares ya mencionadas.

En calidad de ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero agradecer en particular al presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Daul, y al ponente, el señor Fruteau, su extraordinaria cooperación en torno al informe sobre la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar. Asimismo, quiero dar las gracias a todos los demás diputados que han contribuido constructivamente a este informe.

Cuando votemos el jueves sobre la reforma del mercado del azúcar, esta Asamblea enviará una señal y pedirá que la Comisión y el Consejo cambien sus declaraciones de intenciones, aunque solo sea en algunos aspectos.

  Katerina Batzeli, en nombre del Grupo del PSE. – (EL) Señora Presidenta, quiero empezar felicitando al ponente, el señor Fruteau, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, por la madurez y eficacia con que ha presentado sus propuestas y por su cooperación con los Grupos políticos y todas las comisiones parlamentarias.

Sin embargo, por desgracia he de señalar que la Comisión y el Consejo han decidido examinar uno de los mercados quizá más importantes sin limitarse a esperar las decisiones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Cree usted, señora Comisaria, que la forma en que ha manejado esta cuestión promueve una cooperación interinstitucional significativa? Por supuesto que no. ¿Tiene usted que dar hoy por lo menos una muestra de buena cooperación con el Parlamento Europeo? ¿Qué propuestas del Parlamento Europeo pretende usted aceptar? ¿Ha recibido usted instrucciones y quiere ejercer una presión dinámica sobre el Consejo en este sentido?

La revisión del sector azucarero supone un crimen premeditado para las zonas rurales y para la industria europea y tendrá resultados dudosos para los países en desarrollo, especialmente los países menos desarrollados. En numerosas regiones, incluso en mi país, Grecia, los productores de remolacha azucarera y los trabajadores de la industria del azúcar, incluido el sector azucarero griego, ya ha habido manifestaciones por las considerables repercusiones que tendrá una reducción del orden del 36 %.

Usted ha dicho, señora Comisaria, que su objetivo era que el sector azucarero europeo fuera viable en la Unión Europea. ¿Exagera usted o las cifras que usted maneja son incorrectas? Ambas predicciones y resultados demuestran que el sector azucarero se contraerá o desaparecerá, y los productores con él.

Por tanto, en el marco de una estrecha cooperación y de una adaptación suave del nuevo mercado, formulamos ciertas propuestas que se expresan como tales en el informe Fruteau.

Primero, la compensación sustancial por la pérdida de ingresos, principalmente a los pequeños productores, que serán los más afectados por la reducción de la ayuda.

En segundo lugar, la activación efectiva del Fondo de Reconstrucción, como base para la consulta sustancial con todos los productores y trabajadores para la elaboración de programas operativos integrados y programas de reestructuración en un intento de detener el abandono de zonas rurales.

En tercer lugar, ayuda de 80 euros por hectárea para zonas sembradas con cultivos energéticos y un aumento del número total de hectáreas permitidas de 1,8 a 2,8 millones. Esto es importante, porque se están haciendo esfuerzos por pasar a formas de energía más ecológicas.

En cuarto lugar, la posibilidad de una ayuda nacional destinada a los productores por un período de transición y la asignación de un porcentaje de entre el 30 y el 50 % del importe dado para la reestructuración del sector a los propios productores, siempre que, por supuesto, sigan produciendo otros cultivos.

Por supuesto, lo que esto significa, señora Comisaria, es que usted se comprometa a salvaguardar el presupuesto del azúcar durante las negociaciones en torno a las perspectivas financieras. De lo contrario, sería un talón devuelto que, en vista de las escasas aptitudes organizativas de la Comisión, reforzará la falta de credibilidad de las instituciones comunitarias en la mente de los ciudadanos europeos.

  Niels Busk, en nombre del Grupo ALDE. – (DA) Señora Presidenta, en primer lugar y sobre todo quiero felicitar a la señora Fischer Boel por esta reforma. Ha sido una propuesta ambiciosa que ha presentado la Comisión, y el subsiguiente compromiso aprobado por el Consejo es excelente. El resultado está claro: más libre comercio con respecto al azúcar. En los próximos años, los países más pobres del mundo podrán acceder libremente al mercado europeo y el precio del azúcar se reducirá a una cifra más cercana a su precio en el mercado mundial.

Me molesta que el Parlamento haya hecho su contribución demasiado tarde. A pesar de las numerosas llamadas que se lanzaron el año pasado para poner todo en marcha, ahora nuestra oportunidad ya ha pasado, puesto que el Consejo de Ministros de Agricultura ya ha tomado la decisión. Esto no significa que el Parlamento Europeo no haya dejado huella en la reforma. Al contrario. Unas pocas características de la reforma reflejan los deseos expresados por el Parlamento Europeo. Por ejemplo, el capítulo sobre la reestructuración refleja nuestro deseo de fortalecer las regiones que dependen de la producción de caña de azúcar.

Me complace mucho que, al final, hayamos aprobado una reforma de la organización común de los mercados en el sector del azúcar, que ha permanecido prácticamente igual durante 40 años. Mediante esta reforma hemos dado un gran paso en la dirección correcta: hacia algo que se asemeja más a una economía de mercado. No obstante, me gustaría que fuéramos más lejos. No basta con practicar el libre comercio con países de fuera de la Comunidad, ya que, por supuesto, no contamos con un mercado libre dentro de la Unión Europea. Solo cuando hayamos eliminado las cuotas nacionales para que la producción se lleve a cabo en los lugares más adecuados para ello y donde sea más rentable, entonces podremos hablar de un libre mercado interior.

Hay unos cuantos aspectos de la reforma que merece la pena destacar. Por desgracia, el tiempo no me lo permite. Quiero mencionar en particular la propuesta de aumentar el uso de biocombustibles y la producción de etanol, en el que, en mi opinión, debemos invertir mucho y lo antes posible. Por suerte, hay una serie de Estados miembros que ya lo están haciendo. Mientras tanto, otros lo están aplazando y todavía no han empezado a invertir. Además de la caña de azúcar, también pueden cultivarse otros productos en zonas previamente destinadas a la caña de azúcar y que pueden utilizarse como biocombustible que, ecológica y económicamente y desde el punto de vista del suministro, constituirán una parte importante de la futura producción energética.

La mayor batalla de la campaña a favor de crear una base para el biocombustible ha de librarse con los Ministros de Economía de los Estados miembros, quienes están un poco demasiado apegados a los ingresos fiscales del petróleo y la contribución que este hace a las arcas del Estado. Independientemente de lo justificada que pueda estar, la reforma –incluida en particular la reducción de los precios– tendrá consecuencias perjudiciales y de gran alcance para algunos de los países más pobres del mundo que no pueden hacer frente a la libre competencia en el mercado mundial. Dado el elevado precio del azúcar en la Unión Europea, en gran parte somos responsables de ello. Por tanto, es urgente que destinemos recursos suficientes a la reestructuración que afrontan esos países. Por último, quiero agradecer al ponente, el señor Fruteau, su constructiva cooperación.

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, estamos de acuerdo en que la reforma del azúcar era necesaria. La organización del mercado de azúcar se había pervertido desde el punto de vista de las cantidades y los recursos presupuestarios afectados: después de todo, las exportaciones superaron las cuotas en 5-6 millones de toneladas, lo que propició un desastroso efecto dúmping. Los beneficios obtenidos por los países ACP que pudieron suministrarnos una parte de su azúcar de acuerdo con nuestras condiciones se vieron contrarrestados por la caída de los precios a la que contribuimos con este dúmping en el mercado mundial.

Aunque estábamos de acuerdo, se propusieron dos enfoques diferentes. Por un lado, estaba la idea de utilizar cuotas para reducir las cantidades a proporciones razonables e implicar más a los países del mundo en desarrollo, incluidos los países menos avanzados. Por otro lado, estaba el enfoque de la Comisión de empezar a liberalizar esta organización, recortando los precios y promocionando la racionalización en estos ámbitos, una solución que culminaría en la plena liberalización.

Debatimos largo y tendido en comisión, aunque no tiene sentido entrar en detalles sobre esto ahora, ni tampoco habría tiempo. Al ver que en el Parlamento existía una oposición considerable, la Comisaria procedió a dejar de lado nuestra institución y, de la mano del Consejo, a concluir el asunto sin tener en cuenta al Parlamento. Sabía que podía permitírselo porque, en primer lugar, contaba con que el Parlamento no tenía poder de codecisión y, en segundo lugar, porque había obsequiado con regalos a aquellos cuyos intereses se veían afectados por esta organización del mercado del azúcar. El regalo más generoso –la ayuda a la reestructuración de 6 000 millones de euros para la industria– produjo un cambio de opinión de los grupos de interés. Así es cómo logró llevar a cabo su reforma.

La única cuestión que todavía genera gran oposición es cómo se gestionarán estos fondos de reestructuración. Hemos presentado propuestas en este sentido. Es inaceptable que los agricultores reciban solo el 10 % y que no sea obligatorio hacer planes de desarrollo regional y empresarial en los que se apliquen criterios sociales o ecológicos o se tenga en cuenta a los trabajadores. Por tanto, mi Grupo propondrá devolver esta cuestión a la comisión para que podamos negociarla con la Comisaria y lograr algo para los agricultores y las regiones. Si dejamos las cosas como están, nadie moverá ni un dedo. Espero que los demás Grupos sigan nuestro ejemplo.

  Paul Verges, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, la reforma de la organización común del mercado en el sector del azúcar despierta una gran inquietud tanto en los países ACP como en las regiones ultraperiféricas. Esta preocupación es especialmente acusada en la isla de Reunión, donde la caña de azúcar sigue siendo el principal cultivo. La movilización de los agentes del sector de la caña de azúcar no ha sido vana. Ha dado pie a importantes modificaciones del proyecto inicial de reforma. Tomamos nota de esas modificaciones positivas y rendimos homenaje a la labor realizada por la Comisión de Agricultura y su ponente.

Sin embargo, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Las medidas de atenuación de los efectos de la reforma son limitadas en el tiempo, de modo que se presentan como otras tantas medidas paliativas que no tienen otro objetivo que hacer aceptar una reforma que a la larga puede tener efectos catastróficos. En este sentido, las regiones ultraperiféricas comparten el mismo destino que los países ACP. Nos es imposible hacer creer que el futuro está asegurado, sobre todo cuando son tantas las incertidumbres sobre lo que sucederá después de 2013. En efecto, ¿cuál será, aparte de la insuficiente compensación comunitaria, el porcentaje de la compensación nacional y, sobre todo, qué sucederá con su perpetuación después de 2013?

Esta preocupación es tanto más legítima cuanto que la Cumbre de Hong Kong hace prever un nuevo debate a partir de 2009 con repercusiones sobre el presupuesto europeo, incluida la Política Agrícola Común. Sabiendo que una cepa de caña de azúcar representa en promedio siete años de cosecha y que debe ir seguida de una nueva plantación, es fácil imaginar que esas incertidumbres pueden alterar la confianza necesaria para alcanzar los objetivos de replantación hasta ahora apoyados por la Unión Europea. En definitiva, la cuestión es cómo se puede salvar el sector de la caña de azúcar.

Señora Presidenta, concluiré diciendo que en esta situación, en que el futuro de nuestros plantadores no está asegurado más allá de la duración de una cepa de caña, nos es imposible aprobar el informe que se nos presenta.

  Witold Tomczak, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señora Presidenta, los métodos utilizados para reformar el mercado del azúcar son contrarios a los objetivos estratégicos de la Unión Europea y de la Política Agrícola Común.

La Unión Europea subvenciona la invasión de los excedentes de azúcar B en los mercados de terceros países. Esto sale caro y propicia la distorsión del comercio internacional. La limitación de la producción de azúcar debería imponerse principalmente a los países con altas cuotas de azúcar B, que deberían soportar el coste de la reforma. Después de todo, las cuotas A sirven para satisfacer las propias necesidades de los Estados miembros. Por tanto, combinar las cuotas A y B significa que muchos Estados miembros correrían el riesgo de dejar de ser autosuficientes en el sector del azúcar. También supondría que los países que no han contribuido a esta crisis de sobreproducción incurrirían en costes de reestructuración injustificablemente altos.

A la luz del objetivo de la reforma, esta propuesta es injusta e ilógica. El coste de la solución de los problemas de sobreproducción causados por un pequeño número de Estados miembros lo asumirán otros, en particular los nuevos Estados miembros, que después de todo tienen cuotas B mucho menores. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Se ha asignado a los antiguos Estados miembros de la Unión Europea una cuota de azúcar B de 2,7 millones de toneladas, mientras que a los nuevos Estados miembros solo les han asignado 0,12 millones de toneladas. En la reforma propuesta también se han pasado por alto las cuestiones ambientales. Los agricultores se verán obligados a intensificar su producción de remolacha de azúcar y concentrarla en países y regiones seleccionados, todo en aras a una mayor competitividad. ¿Qué tiene esto que ver con la protección ambiental? Esta reforma también es contraria a la cohesión social, económica y regional. Aumentará el número de explotaciones agrícolas que tendrán que cerrar y de despidos en las fábricas de azúcar, lo que es contrario a la Estrategia de Lisboa. La reforma propuesta del mercado del azúcar se basa en un concepto extraño de solidaridad, por el que lamentablemente tenemos que dar las gracias a la Comisión y a ciertos Gobiernos.

La reforma del mercado del azúcar que estamos debatiendo se contradice con la Política Agrícola Común. De nuevo, es cada vez más evidente que esta política es común…

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Sergio Berlato, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, siempre hemos sostenido, tanto en la comisión como en el Parlamento, que la prisa que se daba la Comisión en llevar adelante su propuesta, hasta el grado de quebrantar las normas institucionales y comunitarias, era como mínimo sospechosa. El motivo de esta prisa parecía evidente: tras las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, la Comisaria tendría sin duda más dificultades para obtener la aprobación de una reforma que, sobre todo, se caracteriza por importantes recortes de precios y una compensación parcial de las pérdidas.

Señora Presidenta, si bien estamos de acuerdo en que la reforma es necesaria, mi Grupo siempre ha solicitado que además de comportar los cambios necesarios, no debería perder de vista el objetivo esencial de mantener la competitividad internacional del sector a medio y a largo plazo. Por tanto, nos hemos opuesto desde el principio a la propuesta de la Comisión, porque su objetivo es concentrar la producción en ciertos Estados miembros sacrificando las zonas menos adecuadas y más débiles; por tanto, solo algunas zonas deberán pagar el precio del inevitable recorte general de la producción europea.

Afortunadamente, el Consejo ha moderado la propuesta original de la Comisión, en parte introduciendo la oportunidad de que los Estados miembros concedan ayuda vinculada a la producción, hasta un máximo del 30 %, aunque el compromiso logrado no es del todo satisfactorio y sigue castigando excesivamente al sector. Así las cosas, el Parlamento debe asumir en todo las responsabilidades que le confieren los Tratados y adoptar su propia posición.

Aunque será muy difícil reabrir un debate que ya está cerrado, cuando el Consejo llegue a aprobar formalmente la reforma ha de considerar la posibilidad de incluir algunas de las enmiendas fundamentales que propone el Parlamento para mejorar el texto. Entre ellas se incluye, por ejemplo, el mantenimiento del sistema de intervención hasta 2010; la modificación de la ayuda compensatoria de acuerdo con la producción; la obligatoriedad de asignar al menos el 50 % de la ayuda de reestructuración a los cultivadores de remolacha azucarera y de achicoria, a fin de compensar su pérdida de ingresos; y reformular las condiciones de acceso al sistema de reestructuración a través de la firma de un acuerdo comercial con cultivadores de remolacha azucarera y achicoria.

  Peter Baco (NI). – (SK) Señorías, les recomiendo que no aprueben los tres informes que se ocupan de la reforma del régimen del azúcar. Esta reforma es contraria al crecimiento, al empleo rural y a la economía de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea y, como tal, es contraria también a la Estrategia de Lisboa.

La reforma no mejora suficientemente ni siquiera con las óptimas enmiendas propuestas en los informes del señor Fruteau y hará que la Unión Europea pierda su oportunidad única de desempeñar un papel de avanzadilla en la liberalización del comercio agrario en el marco de la OMC. Esto es muy lamentable, porque asumir un papel de avanzadilla en este asunto nos permitiría lograr nuestros objetivos en las negociaciones en torno a la liberalización del comercio de productos no agrícolas.

El problema principal es que en lugar de basarse en las fuerzas naturales del mercado para corregir el régimen actual superburocratizado, la reforma utiliza una nueva serie de restricciones administrativas no probadas, ajenas al mercado y complejas. Ni la regulación de cantidades ni la de precios, por ejemplo, se utilizan en el comercio de productos más importantes, como la harina o los cereales.

Los profundos cambios económicos de la bioenergía hacen aún más necesario un tipo diferente de reforma. Por estos motivos ya he presentado a las autoridades competentes propuestas de un sistema regulador basado en el mercado. En cuanto a los informes Fruteau, la Asamblea debería apoyarlos, en particular la recomendación de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, según la cual nunca se permitiría al Consejo concluir un acuerdo político definitivo sin consultar al Parlamento Europeo. Señorías, gracias por su apoyo.

  Ville Itälä (PPE-DE). – (FI) Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Fruteau, así como al señor Daul, presidente de la comisión, quienes gracias a su cooperación han elaborado un excelente informe sobre la cuestión del azúcar y a favor del cual no tendremos problemas en votar esta semana.

Sin embargo, aunque esta reforma del azúcar es vital, también es importante la forma de emprender este proceso y cómo lo experimentarán los agricultores de los distintos Estados miembros, y especialmente si pensarán que están recibiendo un trato justo a este respecto.

Por ejemplo, en mi país, Finlandia, durante mucho tiempo se temía que la propuesta original de la Comisión sobre este tema acabara por completo con el cultivo del azúcar en nuestro país. Es lo que habría ocurrido si hubiera entrado en vigor la decisión original de la Comisión. Ahora tiene que cerrar otra fábrica de azúcar en Finlandia debido a la decisión inminente, y este mismo país ha de pagar una subvención a sus productores. Nadie puede decir que Finlandia haya ganado algo con esto, pero ahora es importante que usted, señora Comisaria, garantice a los agricultores finlandeses, así como a los de otros Estados miembros pequeños, que en el futuro se cumplan los acuerdos y que todos los países puedan dedicarse a la agricultura. De esta forma se disiparán los miedos innecesarios.

En otro orden de cosas, se ha dicho en público que la decisión ya ha sido tomada y que el Parlamento ya no puede hacer nada al respecto. Esto es crear una impresión equivocada, y espero, señora Comisaria, que nos confirme que en todo lo relacionado con la agricultura siempre se escuchará al Parlamento a su debido momento y que siempre habrá cooperación. Así, nuestros ciudadanos confiarán en que este sistema realmente funcione.

  Vincenzo Lavarra (PSE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar yo también quiero felicitar al ponente por su informe. Creo que el texto es bastante mejor que el texto de compromiso del Consejo, porque indica una forma de lograr una reforma muy necesaria sin penalizar drásticamente al sector agrícola y su producción, en particular en las regiones menos favorecidas. El compromiso del Consejo es motivo de preocupación sobre todo por las repercusiones que tendría en zonas menos adecuadas, por mucho que los recortes de la ayuda se hayan reducido sustancialmente, si bien la prórroga de cuatro años sigue siendo realmente un tapón insostenible.

Señora Comisaria y señores representantes del Consejo, lo que pido, para no abordar cuestiones ya tratadas por otros diputados, es que reconozcan el notable grado de comprensión mostrado por la comisión parlamentaria y su presidente, el señor Daul –por toda la comisión, de hecho– por el cambio de procedimiento que propició un compromiso informal, a fin de mejorar la posición de cara a la negociación en la OMC. Asimismo, les pido que devuelvan el favor de la comprensión del Parlamento aceptando las mejoras propuestas para el texto, que esta Cámara aprobará con toda seguridad, en particular para permitir la ayuda estatal de transición en las regiones menos favorecidas y reajustar la compensación pagada a los agricultores, especialmente con cargo al fondo de reestructuración.

  Ona Juknevičienė (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, Señorías, felicito al señor Fruteau por haber elaborado estas tres presentaciones especialmente importantes en torno a la reforma del sector azucarero.

Ya el pasado noviembre el Consejo acordó los principios comunes de la organización del mercado del azúcar y las orientaciones para la reforma. Fue una decisión muy importante, celebrada por todos nosotros; primero, porque demostraba nuestra capacidad para aceptar cuestiones importantes para toda la Comunidad, cosa que unifica a la Unión y, en segundo lugar, porque ha fortalecido nuestra posición de cara a la negociación en Hong Kong. Hemos demostrado que la Comunidad no solo articula ideas, sino que también es capaz de adoptar medidas concretas. La Comunidad es consciente de los desafíos de la globalización y se prepara sistemáticamente para afrontarlos.

Es una vergüenza, por supuesto, que el Consejo aceptara el acuerdo sin haber consultado al Parlamento Europeo, que representa los intereses de los ciudadanos europeos.

Señora Presidenta, Señorías, la forma en que se ha concebido y planificado la reforma es muy importante, pero su aplicación lo es incluso más. Por tanto, la reestructuración es una piedra angular de los tres informes.

El Lituania, el principal fabricante de azúcar es la empresa danesa Danisco Sugar. No solo tiene fábricas en Lituania, sino también en Suecia, Alemania y Finlandia. Es evidente que la reforma propuesta animará a mantener las fábricas más eficientes y a desmantelar las que tienen pérdidas. Sin embargo, lo que hemos de hacer es tener en cuenta los intereses de los trabajadores, así como los de los cultivadores de materias primas, y garantizar que no se les abandone. Por tanto, la reforma debe facilitar, en primer lugar, la producción de productos alternativos y crear nuevas empresas, y no solo disponer la salida del mercado.

Austria y Finlandia han prometido completar la reforma para finales de año. La reforma solo será un éxito si se tienen en cuenta los intereses de todos los agentes del mercado.

  Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Señora Presidenta, siempre que se dice que los países ACP sufrirán si se liquida la caótica organización del sector del azúcar, el plan subyacente siempre es la protección de la propia producción de la Unión Europea. Si los países ACP van a sufrir porque se elimina dicha organización, esto se debe, por supuesto, a que con nuestro absurdo sistema comercial los hemos mantenido en condiciones parecidas a la esclavitud, y si se libera a los esclavos sin ayudarles a salir adelante, está claro que su situación será aún peor que antes.

Deberíamos ayudar a los países ACP a desarrollar una producción sostenible. Es grotesco que no les demos más que una miseria, cuando compensamos abundantemente a nuestros productores de azúcar y a la industria azucarera. El importe de 200 millones de euros propuesto por Glenys Kinnock es un mínimo absoluto. Se ahorrará mucho dinero con la retirada gradual de la organización común del mercado en el sector del azúcar, por lo que esa compensación es fácilmente asequible. Asimismo debería complacernos que muchos países en desarrollo se beneficiarán de la liberalización del mercado del azúcar. Los problemas sociales y ambientales que se encuentran a todas luces en muchos lugares han de resolverse a través de la OIT y las convenciones sobre medio ambiente. Hemos de apoyar a esas fuerzas que quieren que se apliquen los requisitos pertinentes, por ejemplo en Brasil, y, sobre todo, es preciso que la OMC acepte esos requisitos como condiciones comerciales evidentes.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL). – (EL) Lo siento, pero el debate de hoy, en lo que a la opinión del Parlamento sobre el sector azucarero se refiere, es una burla, dado que el Consejo ha decidido y los Gobiernos nacionales están planeando aplicar una decisión dura, antiagrícola, que eliminará miles de explotaciones pequeñas y medianas, hará que cierren muchas fábricas de azúcar y los trabajadores pasen a engrosar las filas de los desempleados.

En Grecia los agricultores y trabajadores ya han empezado a manifestarse. Las decisiones del nuevo reglamento recortan drásticamente las cuotas y los precios institucionales y ponen fin a la intervención. Se amparan en la filosofía de la nueva PAC y constituyen instrumentos destinados a reducir los recursos para la agricultura y canalizarlos a las políticas represivas de la Unión Europea con el pretexto del terrorismo.

Al mismo tiempo, las decisiones de la OMC demuestran que la agricultura y, por supuesto, el azúcar, han sido sentenciadas para favorecer los intereses y la rentabilidad del capital industrial europeo facilitando su mayor penetración en los países en desarrollo para poder explotarlos mejor.

Con sus propuestas, el ponente intenta demorar un poco las repercusiones. Por desgracia, una muerte rápida o más lenta para el sector del azúcar …

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, al igual que el último orador, yo también me pregunto por qué nos entretenemos en estas propuestas. Es cierto que el Consejo adoptó una decisión el 22 de noviembre y ahora es un hecho consumado. Sin embargo, si el Parlamento quiere decir algo al respecto, deberíamos recordar que el régimen del azúcar ha permanecido prácticamente intacto durante casi 40 años, y, sin embargo, aquí estamos, intentando introducir cambios profundos casi de la noche a la mañana. Es un sistema enfermo que necesita una reforma desde hace muchos años. Sin embargo, las soluciones draconianas que se proponen –es decir, el medicamento para la enfermedad– pueden matar al paciente en el proceso: se calcula que el nuevo régimen acarreará la pérdida de 100 000 puestos de trabajo en Europa y pondrá fin al cultivo de azúcar en países como Grecia e Irlanda. Asimismo, puede causar un daño incomparable a las economías de muchas antiguas colonias europeas de África y el Caribe, los principales beneficiarios del antiguo régimen. Asimismo, soy consciente –y me duele– de que mi circunscripción del este de Inglaterra alberga gran parte del cultivo de azúcar del Reino Unido.

Recomiendo que se realice sin demora un estudio a fondo de los efectos del nuevo régimen. No hay que olvidar nunca que nuestras acciones afectan a los seres humanos del mundo real, más allá de nuestras cuatro paredes. Es una vergüenza que esta forma de gobierno burocrática y centralizada haya tardado tanto tiempo en actuar, y además solamente bajo la presión de la OMC, y que debido a ello tengan que sufrir tantas personas.

  Janusz Wojciechowski (UEN).  – (PL) Señora Presidenta, la reforma del mercado del azúcar que analizamos hoy es una seudorreforma peligrosa, injusta, deshonesta y antisocial.

Es peligrosa porque llevará a la Unión Europea a depender de los suministros de azúcar del resto del mundo, lo que perjudicará la seguridad alimentaria de nuestro continente. Es injusta porque las exportaciones subvencionadas de azúcar B que causan tantos problemas fueron en al principio una idea de Francia y Alemania y, sin embargo, es toda la Unión Europea la que paga el precio y los nuevos Estados miembros quienes más sufren. En lugar de eliminar los excedentes de la exportación, la propuesta golpea en pleno corazón de la producción de azúcar en toda Europa.

Hace tan solo unos pocos años, las grandes empresas de azúcar de Polonia pagaron un precio muy bajo por las fábricas que habían sido privatizadas. Estas mismas empresas recibirán ahora varias veces esa cantidad por cerrar las fábricas. Este es solo un ejemplo del carácter deshonesto de la reforma.

Por último, la reforma es antisocial porque ignora la lucha de miles de cultivadores y trabajadores de fábricas de azúcar que perderán sus sustentos y a quienes les resultará difícil encontrar un nuevo trabajo. Esta seudorreforma bien podría llamarse Coge el dinero y corre, como la película de gángsters. Las grandes empresas de azúcar ganarán cientos de millones de euros al trasladar sus negocios fuera de la Unión Europea. Deberíamos rechazar esta seudorreforma por el bien de Europa.

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Señora Presidenta, señora Comisaria, desde 1968 el mercado común del azúcar funcionaba bien en lo esencial; la prueba es que se producían 20 millones, se consumían 16 y solo se exportaban 4, frente a los 13 millones de Brasil.

Pero los devotos del libre comercio nos dicen que el azúcar europeo producía diabetes económica en los países pobres. Por tanto, para erradicar la pobreza del mundo de la caña, hay que erradicar el azúcar de la Europa de la remolacha. De ahí los tres reglamentos comunitarios, con un descenso de los precios del 36 % y el consiguiente descenso de las rentas, e incluso la apertura de nuestro mercado al comercio triangular del azúcar a través de los Balcanes o los países menos avanzados en 2009, en provecho evidentemente de los grandes operadores.

El resultado de todo esto es conocido. A pesar de los loables esfuerzos del señor Fruteau nos convertiremos en importadores de azúcar, los contribuyentes europeos pagarán algunas indemnizaciones a los ACP y, después de 2015, la industria agroalimentaria europea será marginada. Ahora bien, como para 2015 China y la India serán importadores masivos agroalimentarios, Brasil será quien alimente a Asia, mientras que Europa se quedará fuera del juego.

Una sola pregunta, señora Comisaria, ¿por qué, desde hace veinte años, tiene usted antipatía por los pequeños campesinos europeos...

(La Presidenta interrumpe al orador)

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero expresar mi particular gratitud al ponente por su trabajo. Apoyo este compromiso, al que se llegó en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural tras intensos debates y negociaciones; pero, al mismo tiempo, hemos de ser conscientes del impacto que estos tres informes tienen en la agricultura europea en general y entre los cultivadores de remolacha en particular, así como en la industria azucarera.

El sector del azúcar es un ejemplo del alcance de la influencia de la OMC en las economías de los distintos Estados, así como en la del conjunto de la Unión Europea. La Comisión de Agricultura ha logrado moderar unas cuantas propuestas de la Comisión, y creo que el resultado es sumamente aceptable. Espero que en las negociaciones finales entre el Consejo y la Comisión se tenga más en cuenta las demandas de la Comisión de Agricultura.

La producción de cultivos energéticos ofrecen a los agricultores al menos la misma oportunidad de encontrar alternativas al cultivo de remolacha azucarera y de promover la producción no alimentaria, que es vital y mira al futuro. Tras la reforma de la PAC, la agricultura europea tendrá que pasar pronto por su próxima gran reforma. Sin embargo, hemos de aceptar que vivimos en un mundo interconectado y que la insistencia obstinada en mantener las cosas como están no es desde luego una alternativa viable.

La Comisión de Agricultura opina que, en el futuro, ha de ser posible obligar al Consejo a esperar a que el Parlamento tome sus decisiones antes de tomar las suyas. Esta ha sido una situación excepcional y en vista de ello apoyo el procedimiento. Espero que a la hora de la verdad, en el futuro sigamos teniendo cultivadores de remolacha y un sector azucarero activo y atractivo.

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Señora Presidenta, en noviembre el Consejo decidió reformar el sector azucarero europeo reduciendo los precios un 36 % en cuatro años y pagando una compensación de más de 7 000 millones de euros a dicho sector. Es importante que parte de esta compensación no solo se destine a los cultivadores y la industria, sino también a los trabajadores que pueden perder sus empleos a raíz de las reformas. No hay que olvidarlos, y me gustaría que la Comisaria se comprometiera a ayudarles para que se reciclen y puedan encontrar un empleo apropiado.

Apoyo la decisión del Consejo de no demorar más el libre acceso al azúcar desde los países menos desarrollados al amparo de «Todo menos armas». Se trata de personas para las que, sobre todo cuando los precios caen en picado, las exportaciones de azúcar son vitales. Hemos de cumplir nuestras promesas y abrir nuestro mercado en 2009; lo hemos estado aplazando ya durante bastante tiempo.

Lamento la decisión del Consejo de no hacer de tripas corazón en lo que se refiere a la abolición del azúcar C. Puesto que el azúcar C distorsiona el precio del mercado mundial, nos convendría buscar usos finales alternativos para los posibles excedentes, como la producción de energía. Quiero preguntar a la Comisaria si puede garantizar a estas alturas que el azúcar C sea eliminado. Puedo entender por qué ha decidido usted introducir una cuota del 25 % para contrarrestar el comercio triangular, pero ¿podría usted confirmar que esta investigación, si supera el 25 %, solo pretende contrarrestar el comercio triangular y no debilitar otras cosas? ¿Puede usted confirmar que esto no tendrá efectos retardatarios?

El Comisario Mandelson dijo ayer que es cierto que necesitamos 200 millones si queremos en serio ayudar a los países ACP. El señor Fruteau tenía razón al decir que 40 millones es una cifra inaceptable. No está claro de dónde obtener el dinero. Debería proceder de fondos nuevos. ¿Puede usted prometer que la Comisión, en cualquier caso, se esforzará por encontrar esos 200 millones al año y que no será a costa de la categoría 4 del presupuesto de desarrollo? Eso supondría financiar a los países más pobres con cargo a su propio bolsillo, y este tipo de solidaridad no es el correcto.

  Jan Mulder (ALDE). – (NL) Señora Presidenta, todo lo que podemos decir es que este debate se celebra demasiado tarde. La Comisaria, a quien quiero felicitar por el hecho de que el Consejo haya aceptado la mayoría de sus ideas, ha mostrado tacto al decir que el Parlamento ha ejercido una gran influencia. Aunque quiero felicitar al señor Fruteau, soy consciente de que lo que decidamos hoy o mañana en una resolución tendrá poca influencia en el resultado final.

Yo también creo que las reformas del azúcar eran necesarias. El grupo de expertos de la OMC nos ha criticado; ahora tenemos un acuerdo que hemos de cumplir y tener en cuenta. Tanto los agricultores de los Estados miembros como los de los países ACP están recibiendo un trato injusto. Estoy de acuerdo con los que han afirmado que el azúcar no será el principal producto para los países ACP; la producción de energía será igualmente importante.

Disponemos de la tecnología –que ya está aplicándose en Brasil y en otros países– para transformar directamente la caña de azúcar en alcohol. Insto a la Comisión a que dé el mayor apoyo posible a los países ACP en este proceso, porque es preferible que dichos países usen caña de azúcar para producir energía, siempre y cuando estén en los trópicos.

Mientras tanto, ha surgido otro problema. Si mi información es correcta, el mercado europeo pronto se verá inundado con un excedente de 2 millones de toneladas de azúcar. Esto es debido a que las exportaciones han caído y la cosecha ha sido buena. Aún hay una gran oferta de azúcar de intervención, y parece que en el primer año el nivel de participación en el proceso de reestructuración será inferior a lo que se esperaba. Quiero formular una pregunta rápida a la Comisión. ¿Qué tiene pensado hacer a corto plazo respecto de este excedente de 2 millones de toneladas de azúcar?

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Señora Presidenta, Comisaria, en su versión actual, la reforma del azúcar será perjudicial para los países en desarrollo y para los países ACP que ahora están perdiendo su acceso al mercado y a quienes se les pagan precios más bajos por sus productos. En mi opinión, toda reforma agrícola que perjudique a los países en desarrollo es mala.

Esta reforma también asesta un golpe mortal a los ingresos de miles de agricultores y trabajadores de la industria del azúcar, y la ausencia de un plan social adecuado que lo mitigue la convierte en algo inútil.

Por último, esta reforma no beneficia al contribuyente europeo de ninguna manera, ya que es neutra desde el punto de vista del presupuesto. Por consiguiente, podemos afirmar que esta reforma es un desastre. No cabe duda de que la política azucarera europea tiene que reformarse, pero no para que solo se beneficien los grandes productores de alimentos.

  Andrzej Tomasz Zapałowski (IND/DEM).  – (PL) Señora Presidenta, el debate de hoy ha planteado muchas preguntas, en particular respecto del impacto que la reforma tendrá en los nuevos Estados miembros. Deberíamos preguntarnos si ha ocurrido algo extraordinario en el comercio mundial del azúcar o en la producción del azúcar en los dos años desde la última ampliación de la UE que justifique un cambio tan repentino en la política azucarera, y la respuesta a esta pregunta es «no».

Lo menciono porque los nuevos Estados miembros serán los más afectados por esta reforma. Es bastante común que los agricultores de estos países hayan invertido todos sus ahorros en sus granjas, a pesar de que se les ha tratado injustamente. Quiero recordar a la Cámara que los agricultores de los antiguos Estados miembros de la UE reciben tres veces más en subvenciones que los de los nuevos Estados miembros. No cabe duda de que esta reforma lleva años preparándose, lo que significa que se engañó e incluso estafó de forma intencionada a la opinión pública de los nuevos Estados miembros en el momento de la adhesión.

La aplicación de esta reforma demostrará que la idea de la solidaridad europea y la ayuda verdadera a los nuevos Estados miembros es una ilusión. La ayuda verdadera significa dar a los nuevos Estados miembros una oportunidad real de desarrollar sus economías, en lugar de concederles subvenciones a corto plazo. Uno o incluso varios países pueden perder las votaciones, pero la opinión pública polaca se opone a una reforma de este tipo, y se niega a que la engañen constantemente. A mi también me gustaría prescindir de una UE que funciona en estos términos.

  Pintarás Didžiokas (UEN). – (LT) Señora Presidenta, Señorías, primero, quiero dar las gracias al ponente, señor Fruteau, por la labor realizada. Creo que el azúcar siempre ha sido y seguirá siendo un producto estratégico. Así que las batallas continuas en relación con las normas y reglamentos de la producción y el comercio del azúcar no son accidentales.

No podemos olvidar que una parte considerable de la economía de la UE se relaciona con este producto, desde la agricultura hasta la industria, y hay personas trabajando en todos los sectores. Estas personas crean una gran parte del PIB; se ganan la vida, mantienen a sus familias y educan a sus hijos. Así pues, estas reformas no pueden ignorar a estas personas, nuestros ciudadanos. No podemos ignorar sus intereses ni permitir que sus empleos e ingresos se pongan en peligro. Y creo que esta es exactamente la amenaza.

Es una pena que, al presentar la propuesta, la Comisión prestara muy poca atención a la opinión del Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el ponente han intentado mejorar la propuesta, pero no estoy seguro de que lo hayan conseguido. Creo que la reforma es mucho más beneficiosa para los países en desarrollo y para las empresas transnacionales que se esconden tras ellos, o para las grandes empresas, que para los sectores más vulnerables de la comunidad de la Unión Europea, es decir, los agricultores, los trabajadores de las fábricas, y en general, los residentes de las zonas rurales. Por tanto, creo que la propuesta presentada, a pesar de que la Comisión de Agricultura la ha mejorado mucho, es inadecuada, injusta e insensible; y afectará a millones de residentes rurales que ya viven en la pobreza.

  La Presidenta. Señor Didžiokas, está usted hablando y leyendo sus intervenciones demasiado rápido, y no es el único. Los intérpretes no pueden seguirle, así que estamos perdiendo tiempo. Será más ventajoso para el mensaje que quiere transmitir si habla más despacio o sin un discurso preparado.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señora Presidenta, como sabemos, desde 1968 Europa intenta satisfacer sus propias necesidades de azúcar; es decir, quiere ser capaz de satisfacer la demanda con su propia producción. Como ocurre con muchas buenas intenciones, esta ha salido mal y, sin duda, ha comenzado a constituir un problema.

Nuestros agricultores de remolacha azucarera no tienen ninguna oportunidad de competir con el clima cálido y los bajos salarios de los trópicos, si bien hay que decir, por supuesto, que nuestra azúcar no se produce usando técnicas de cortar y quemar ni recurre a la mano de obra infantil, ni tampoco se transporta hasta el otro lado del planeta, lo que sin duda también protege el medio ambiente.

Permitir que los agricultores produjeran excedentes aún mayores y que los vendieran en el mercado mundial a precios subvencionados, por así decirlo, convirtiéndolos en competidores de todos los que podían producir azúcar de forma mucho más barata creó un sistema que, antes o después, estaba abocado al fracaso. Sin embargo, en lugar de realizar una intervención normativa lenta y sensible para evitar lo peor, durante décadas la respuesta fue apartar la mirada.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el acuerdo con los países ACP sobre la reexportación de su azúcar, que se ha subvencionado con unos 800 millones de euros. Se trata de una ayuda al desarrollo de lo más peculiar. Anteriormente, las exportaciones de azúcar subvencionadas se consideraban inmorales; ahora son ilegales.

Por tanto, tendremos que trabajar duro para garantizar que nuestros agricultores, nuestras fábricas de azúcar y los trabajadores de esas fábricas salgan indemnes, en la medida de lo posible, de este lío en el que nos hemos metido.

  La Presidenta. El debate se suspende hasta las 21.00 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

13. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de Preguntas (B6-0676/2005).

Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión.

Pregunta nº 21 formulada por Bill Newton Dunn (H-1146/05)

Asunto: Bases de datos de la INTERPOL

Interpol, que es una organización admirable y valiosa y que está situada en el territorio de la Unión Europea, dispone de un determinado número de bases de datos: sobre documentos robados, sobre obras de arte robadas, sobre delincuentes buscados, sobre huella digitales, etc. Estas bases de datos están a disposición de los servicios policiales de todo el mundo.

¿Está convencida la Comisión de que el funcionamiento de estas bases de datos es plenamente conforme con las leyes de la Unión sobre protección de datos personales?

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) La Comisión apoya la cooperación entre Interpol y los Estados miembros europeos, así como con órganos de la Unión Europea, como Europol. Al mismo tiempo, tal y como se señala en la propuesta de posición común del Consejo que presentó la Comisión en 2004 sobre la transferencia de ciertos datos a Interpol, es preciso respetar las normas de protección de datos.

Esto se confirmó en la posición común del Consejo del 24 de enero de 2005 sobre el intercambio de ciertos datos con Interpol. Sobre todo concierne a pasaportes perdidos o robados. En ella se hacía hincapié en que las condiciones del intercambio debían acordarse con Interpol a fin de garantizar, y quiero subrayar lo que sigue, que los datos intercambiados respetarán los principios de protección de datos que constituyen un elemento central del intercambio de datos en el interior de la Unión, en particular con respecto al intercambio y al tratamiento automático de dichos datos.

Quiero añadir que las normas sobre el control de la información y el acceso a los archivos de Interpol garantizarán el control de datos personales por parte de Interpol. En particular, estas normas establecen una comisión para el control de los archivos de Interpol y fijan la composición, el papel y las funciones de dicha comisión. El presidente actual de la comisión es el señor Hustinx, que en estos momentos también es el supervisor de la protección de datos de la Unión Europea.

  Bill Newton Dunn (ALDE). – (EN) Quiero formular una pregunta complementaria. Doy las gracias al Comisario por su respuesta precisa y, aunque estoy estudiando italiano, le agradezco que lo haya hecho en un inglés tan bueno.

Es una respuesta complicada y, por tanto, difícil de asumir. Sin embargo, me parece que se ha referido a la posición del Consejo de enero de 2005 sobre pasaportes robados. Esto está claro. No obstante, me pregunto si me puede confirmar que la posición del Consejo también abarca suficientemente las demás bases de datos que he mencionado, de obras de arte, delincuentes buscados y huellas dactilares.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. – (IT) Señor Presidente, Señorías, doy las gracias a su Señoría por la pregunta complementaria. El Consejo ha establecido directrices muy claras y la Comisión vigilará el cumplimiento de estas normas, que se aplicarán a todas las bases de datos de Interpol. En particular, me refiero a ciertos principios clave de la protección de datos: ¿quién está autorizado a acceder a los datos; con qué fines específicos y predeterminados; cuánto tiempo se pueden retener los datos; y, sobre todo, quién está autorizado a usarlos y en qué circunstancias?

Como saben, recientemente hemos presentado un proyecto de decisión marco sobre la protección de datos en virtud del tercer pilar. Se trata de la primera propuesta de este tipo, y amplía el ámbito de la protección de datos en el contexto de la cooperación policial.

  El Presidente. –

Pregunta nº 20 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-1144/05)

Asunto: Peligro de sequía en el Mediterráneo

En las conclusiones de la última cumbre de los Ministros de Medio Ambiente de los países mediterráneos en noviembre de 2005 se expresa especial preocupación por la situación en que se encuentran la disponibilidad y la gestión de los recursos hídricos en la región. Concretamente, ha desaparecido el 50% de los humedales, con consecuencias nefastas para la flora y la fauna de toda la región, y se calcula que sólo el 60% de las regiones agrícolas de las costas meridionales del Mediterráneo tiene acceso a agua potable segura.

A la vista de estos datos y de las estimaciones de los científicos según las cuales, en el futuro, el 38% de la población del Mediterráneo vivirá en zonas donde se carecerá de agua, ¿tiene intención la Comisión de presentar iniciativas concretas, en el marco de la cooperación euromediterránea, para hacer frente a este fenómeno junto con los países socios, basándose en la Directiva marco sobre política del agua (2000/60/CE⁽¹⁾- por la que se establece un marco de actuación en el ámbito de la política de aguas)? Considerando que en el marco del programa de acción ambiental prioritario a corto y medio plazo (SMAP), la gestión del agua y de los residuos constituye un ámbito prioritario, ¿dispone la Comisión de evaluaciones de las acciones y programas llevados a cabo al respecto? ¿Piensa promover nuevas acciones e iniciativas en el marco de dicho programa?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, la gestión de los recursos hídricos en la zona del Mediterráneo constituye un reto para todos nosotros desde el punto de vista tanto de la calidad como de la disponibilidad del agua. El problema de la escasez del agua en el Mediterráneo se está intensificando debido, por una parte, al aumento de la demanda de agua en ciertos sectores y zonas y, por otra, a las repercusiones del cambio climático.

Respecto del cambio climático, quiero comentar que, desde un punto de vista científico, resulta difícil mantener que los casos aislados de sequías estén directamente relacionados con el cambio climático; sin embargo, sabemos que el cambio climático contribuye a fenómenos más graves que se están manifestando cada vez con mayor regularidad y en zonas geográficas más amplias.

Pedimos y hemos recibido un informe del Centro Común de Investigación de la UE sobre la relación entre el cambio climático y el agua, la escasez de agua y las sequías.

En general, la protección de nuestros recursos hídricos constituye una de las prioridades de la política medioambiental de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea ha reestructurado de forma radical su política en el sector hídrico con la directiva marco relevante. De esta manera, ha enviado un mensaje político que traspasa su territorio.

Uno de los principios básicos de la política de la Unión Europea en el sector hídrico es la cooperación entre las regiones de varios Estados miembros que comparten recursos hídricos comunes. A este fin, se aprobó la llamada Iniciativa sobre el Agua de la UE, en cuyo marco la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometieron a cumplir con los Objetivos del Milenio respecto del sector hídrico.

Después de eso, la Comisión lanzó un procedimiento conjunto entre la directiva marco y la Iniciativa sobre el Agua de la UE, encabezado por Grecia por parte de la iniciativa relativa al Mediterráneo. El objetivo de esta cooperación es facilitar la aplicación de las políticas de administración adecuada de los recursos hídricos en los países del Mediterráneo, respetando los principios de la Directiva Marco del Agua.

En consecuencia, puesto que los Estados miembros de la Unión Europea y los países mediterráneos terceros están trabajando juntos, se han establecido grupos de trabajo, uno de los cuales abordará la cuestión de la escasez de agua y elaborará directrices para finales de año, que se dirigirán tanto a los países de la Unión Europea como a otros países mediterráneos. También se propondrán medidas para prevenir y gestionar la escasez de agua y las sequías.

El agua es una de las prioridades del plan de acción medioambiental a corto plazo, conocido como SMAP, que se está aplicando en el ámbito regional. La supervisión de las medidas SMAP forma parte del programa y hay informes disponibles para la mayoría de estas medidas. Este año se programará una evaluación detallada del programa y los resultados estarán a su disposición.

Hasta ahora, la evidencia disponible de la aplicación de SMAP es positiva y está contribuyendo al fomento e intercambio de experiencias y mejores prácticas, en especial en el sector hídrico. Dentro del programa SMAP 2 entre 2000 y 2005, dos de los ocho proyectos –con una contribución comunitaria de 6,2 millones de euros– están directamente relacionados con la gestión del agua.

La próxima generación de programas SMAP, SMAP 3, se centrará en la preparación de planes de gestión de las zonas costeras y estipulará la ayuda técnica necesaria para los Gobiernos de los Estados miembros. Algunos planes relevantes ya están en la fase de firma y se espera que duren tres años a partir de enero de 2006.

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Señor Comisario, muchas gracias por la información que me ha dado en su respuesta respecto de la política de la UE en el marco de los 25 países y de su cooperación con países terceros para alcanzar los Objetivos del Milenio, en especial en el marco de la cuenca del Mediterráneo.

Quería preguntarle si actualmente dispone de información más detallada y específica sobre las directrices que la Comisión Europea publicará respecto de la inversión pública y privada en el marco de Barcelona II, porque el sector hídrico es muy importante para la calidad de vida y el desarrollo igualitario que queremos alcanzar en la cuenca del Mediterráneo.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Para ser concreto, en primer lugar quiero decir que disponemos de varios medios para financiar tanto a los países de la Unión Europea como a los países vecinos. Básicamente, son: el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Desarrollo Rural y demás. No obstante, también hay dinero para los países vecinos.

Por supuesto, todo depende de que el Parlamento Europeo y el Consejo progresen en la aprobación de las Perspectivas Financieras 2007-2013.

La Iniciativa del Agua de la UE también dispone de una serie de medidas tanto para los países europeos como para los países mediterráneos vecinos, en especial la iniciativa para el agua en el Mediterráneo, y también una serie de directivas sobre las mejores prácticas que, por supuesto, contarán con el apoyo económico necesario.

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Comisario, la Agencia Europea de Medio Ambiente, en su informe de 2004, constataba que en Europa se había incrementado en un grado la temperatura por encima de la media en el resto del mundo. ¿Ha estudiado la Comisión la implantación de un Observatorio Europeo de la Sequía?

Otra de las consecuencias de la sequía son los incendios devastadores. ¿Ha estudiado la Comisión alguna ayuda financiera para la prevención de incendios y para paliar las consecuencias de los mismos en las zonas rurales afectadas?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) En efecto, en un informe de hace dos meses, la Agencia Europea del Medio Ambiente señalaba y hacía hincapié en que las prioridades medioambientales para la zona del Mediterráneo incluyen la sequía y la prevención y gestión de situaciones de sequía y escasez de agua, que afecta a países como Portugal y España este año en particular.

Respecto de la sequía en Portugal y España, el Fondo de Cohesión de la Unión Europea ha asignado fondos para adaptar y apoyar las medidas que ya se financiaron hace algún tiempo para hacer frente a fenómenos meteorológicos similares.

Respecto de las medidas a largo plazo, la Unión Europea financiará a España con más de 1 300 millones de euros a fin de apoyar el nuevo plan español sobre la gestión y el uso del agua. En el futuro, se pondrá especial atención en las medidas para prevenir y gestionar las sequías y la escasez de agua.

Asimismo, quiero señalar que el informe de la Agencia del Medio Ambiente destacó la importancia de otras amenazas emergentes en la zona del Mediterráneo, en especial para los ecosistemas, a causa de los cambios de temperatura y las precipitaciones en la zona, que tienen varias consecuencias.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, esta tarde hemos debatido la seguridad del suministro energético con el Comisario Piebalgs. ¿Qué papel cree el Comisario que desempeñan las energías renovables en esta Directiva Marco del Agua, ya que representan una estrategia de futuro fundamental para la seguridad de nuestro suministro energético?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) La energía renovable es una de nuestras prioridades en estos momentos. Contamos con un Libro Verde sobre energía renovable, que intentamos promover por varios medios. También tenemos objetivos para la Unión Europea para 2002 y 2020. Todavía no los hemos conseguido, pero esperamos hacerlo a través de varios medios y medidas que estamos proponiendo. En este sentido, tenemos la segunda fase del programa de cambio climático europeo, que promueve fuentes de energía renovables, así como nuestras propuestas de una serie de medidas de apoyo de fuentes energéticas.

Al mismo tiempo, la Comisión está en estos momentos debatiendo una estrategia de biocarburantes, que proporcionan un medio no solo de garantizar recursos energéticos en la Unión Europea, sino también de responder a los problemas que la nueva política agrícola acarreará para los agricultores, además de limitar los gases de efecto invernadero y de hacer frente a otros problemas ambientales.

  El Presidente. – Pregunta nº 22 formulada por Proinsias De Rossa (H-1173/05)

Asunto: Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores

¿Puede informar la Comisión sobre las medidas que ha adoptado para responder a la Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE ⁽²⁾sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (P5_TA(2004)0030), de 15 de enero de 2004, en la que se destacaba que, en la práctica, a menudo no se consigue aplicar efectivamente las normas laborales fundamentales en el ámbito de la libre circulación de servicios y la prevención del dumping social, especialmente en los que se refiere al apartado 10, en el que el Parlamento instaba a la Comisión a que presentara propuestas destinadas a simplificar y completar la Directiva vigente, con el fin de mejorar su aplicación en la práctica y de responder mejor a sus objetivos, así como al apartado 14, en el que se pedía a la Comisión que presentara un segundo informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva, a más tardar a finales del año 2004?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión.  (CS) Señor Presidente, Señorías, la Comisión concede mucha importancia a la resolución del Parlamento sobre la aplicación, por parte de los Estados miembros, de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios. Los interlocutores sociales de todos los sectores han participado en los debates sobre la resolución, y se les ha pedido que den más información a través de un cuestionario exhaustivo. Dicho cuestionario también se ha enviado a los órganos administrativos de los Estados miembros, que es el procedimiento habitual de todas las resoluciones del Parlamento. La Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera ha llevado a cabo un proyecto de investigación que la Comisión ha apoyado, y que ha ido seguido de una conferencia. El resultado final ha sido un segundo proyecto de informe sobre la aplicación de la Directiva 96/71/EC, que abarca las mismas cuestiones que la resolución del Parlamento. Los servicios de la Comisión están actualmente finalizando este proyecto de informe, que se aprobará en un futuro inmediato. La Comisión ha desempeñado un papel activo tanto en la aplicación de la Directiva en práctica como en la mejora de la cooperación en el ámbito de la provisión de información, ya que ha trabajado junto con un grupo de especialistas de los Estados miembros.

Uno de los resultados de este grupo de trabajo ha sido un código de conducta, junto con directrices de cooperación y documentos multilingües para los intercambios informales de información. El objetivo de estos últimos es facilitar la comunicación entre los puntos de contacto y los organismos de control. Además, se ha lanzado un sitio web dedicado al desplazamiento de trabajadores, que contiene información en tres idiomas sobre el marco jurídico que rige el desplazamiento de trabajadores y vínculos a documentos relacionados y sitios web de los Estados miembros que abarcan problemas relacionados con el desplazamiento de trabajadores. El sitio web también permite que los ciudadanos accedan a una lista de puntos de contacto y organismos de control, lo que significa que los organismos oficiales y los individuos pueden encontrar los puntos de contacto adecuados en los diversos Estados miembros.

Se me ha informado que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha decidido preparar un informe de propia iniciativa sobre el impacto de la Directiva 96/71/EC sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la provisión de servicios. Se celebrará una audiencia sobre este informe el 26 de enero de 2006. Tendré un gran interés en conocer el resultado de dicha audiencia, y agradezco la oportunidad de cooperar con el Parlamento sobre esta importante cuestión.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Gracias por su respuesta, señor Comisario Špidla. Me gustaría que me aclarara si el informe, que según indica usted está acabado, es el informe fechado el 15 de noviembre de 2005 que ya ha sido distribuido en forma de proyecto entre los interlocutores sociales. En este caso, ¿podría usted hacer llegar este informe a los diputados al Parlamento Europeo, en particular a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales?

¿No está usted de acuerdo en que la experiencia adquirida hasta la fecha con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores indica que es preciso modificarla para aclarar la aplicación de esa directiva a la prestación de servicios de terceros países, como Turquía, y también de algunos otros Estados miembros? Pienso en particular el caso Vaxholm-Laval, que, en mi opinión, supone sin lugar a dudas un desafío para el funcionamiento de la directiva.

Por último, ¿podría indicar qué estadísticas maneja usted con respecto al número de trabajadores desplazados y cuerpos de inspectores de trabajo de los distintos Estados miembros y con respecto a la efectividad de esos inspectores?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión.  (CS) Señor Presidente, Señorías, el documento al que ha hecho referencia el señor De Rossa es, en efecto, el informe que yo he mencionado. El documento que se ha distribuido a los interlocutores sociales es el texto original, en el que aún estamos trabajando, y damos por sentado que se debatirá con el Parlamento.

Paso a hablar del tema de las estadísticas. El informe incluirá la información estadística, si bien aún tienen que finalizarse algunos detalles, ya que la interpretación de los datos estadísticos siempre resulta una tarea extremadamente compleja. Por el momento, la Comisión no cree que se necesite ninguna enmienda legislativa a la directiva. Pero lo que sí se necesita es un mejor cumplimiento de la aplicación de la directiva en la práctica, y he señalado algunas de las medidas que la Comisión ya ha tomado a ese fin.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, estoy muy agradecido al Comisario por su clara afirmación. ¿Estoy en lo cierto al suponer que no considera que las cuotas para los trabajadores de países terceros sea una medida adecuada para el mercado interior europeo; y que, cuando trabaje en las propuestas para la revisión de la Directiva sobre el traslado de trabajadores tendrá en cuenta el estudio francés que concluye que el sistema existente no está funcionando en los Estados miembros?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión.  (CS) Señor Presidente, Señorías, tengo que admitir que no he podido identificar el informe al que ha hecho referencia el señor Schwab a partir de la cita que ha usado. Daré una respuesta más precisa después de haber comprobado la cita.

El acceso de los trabajadores de países terceros constituye una política recogida en la legislación de la UE, que se aplica a todos los Estados miembros. Si Su Señoría desea debatir las enmiendas a las normas sobre los trabajadores de países terceros en detalle, estaré encantado de hacerlo.

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta y me complace ver que la Comisión cooperará con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ahora que estamos abordando el tema en un informe de iniciativa propia introducido en relación con la Directiva sobre el traslado de trabajadores. El hecho es que se ha hecho patente, en especial a partir de los mensajes que han llegado de la Comisión sobre varias señales relativas al caso Vaxholm, que la Directiva sobre el traslado de trabajadores no está tan clara como sería deseable.

Por supuesto, la intención es que los trabajadores desplazados puedan trabajar aproximadamente bajo las mismas condiciones que los nacionales de los países a los que se han desplazado. Mi pregunta es la siguiente: ¿esta directiva está adaptada a todos los modelos de mercados laborales en el seno de la UE o solo a los gobernados por acuerdos de legislación y colectivos declarados como universalmente aplicables? ¿Cree que está adaptada al modelo escandinavo, que implica acuerdos colectivos que no están declarados como universalmente aplicables y que se negocian con cada empresa de forma separada? ¿O se necesita hacer un cambio en el que ese modelo de mercado laboral en particular también se incluya?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión.  (CS) Cuando la directiva se debatió y aprobó no se contemplaron exclusiones temporales para ninguno de los sistemas de los Estados miembros, y por tanto se aplica de manera universal. Me imagino que a veces no resulta nada fácil interpretar la directiva, ya que incorpora un concepto global de la Unión Europea y abarca todas las formas diferentes de relaciones laborales.

Por lo que respecta al enfoque básico de la Comisión sobre esta cuestión, sabrán que el caso Laval está pendiente en el Tribunal de Justicia Europeo, y por tanto solo puedo decir que no sería correcto que yo adoptara una posición específica. En términos generales, puedo decir que, en principio, los comentarios de la Comisión no deberían cuestionar el modelo social de ningún Estado miembro. No obstante, tienen que defender indefectiblemente el principio de que las libertades económicas consagradas en el Tratado pueden combinarse con los diversos modelos sociales. Dicho de otro modo, desde el principio la directiva pretendía proteger a los trabajadores desplazados en un nivel que fuera adecuado para el Estado miembro en cuestión. Como he dicho antes, en algunos casos la interpretación puede resultar problemática, pero este es el principio que sustenta a la directiva, y que se aplica a todos los Estados miembros.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Comisario, ¿podría usted aclararme, con respecto a sus comentarios sobre el caso Vaxholm, por qué no está usted en condiciones de comentar nada? ¿No está autorizada la Comisión o de hecho obligada a acudir al Tribunal de Justicia Europeo planteando su opinión sobre este asunto? ¿No le ha pedido el Tribunal, en efecto, que lo haga?

  El Presidente. Señor De Rossa, aunque no se trata, estrictamente hablando, de una cuestión de observancia del Reglamento, si el señor Špidla es capaz de responder a esta pregunta en 15 segundos, le cederé el uso de la palabra.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Como sabrán, y como he dicho hace algunos minutos, el caso Laval está pendiente ante el Tribunal de Justicia Europeo, y los servicios de la Comisión están actualmente preparando los comentarios de la Comisión. En principio, estos no deberían cuestionar per se el modelo social de ningún Estado miembro. No obstante, tienen que defender indefectiblemente el principio de que las libertades económicas consagradas en el Tratado pueden combinarse con los diversos modelos sociales.

Como ya han señalado los oradores anteriores, no tiene por qué haber contradicción entre los dos objetivos de apoyar una competencia económica justa y garantizar la protección de los trabajadores. Es evidente que cualquier modelo social que se aplique tiene que cumplir con los objetivos y los principios fundamentales de la legislación comunitaria, en particular en lo que respecta a los principios de legitimidad del objetivo, justificación objetiva y proporcionalidad.

Señorías, la Comisión está preparando una opinión que formará parte de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Europeo. Como ya he dicho, me es imposible entrar en detalles en este momento, y no sería correcto hacerlo.

  El Presidente. –

Pregunta nº 23 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-1131/05)

Asunto: Propuesta de armonización de la fiscalidad directa de las empresas

¿Qué consecuencias prevé la Comisión que tendrá la prevista armonización de la fiscalidad directa de las empresas en el crecimiento económico estable y el empleo, principalmente en las regiones sensibles de los Estados miembros de población pequeña?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Gracias por la pregunta, y en respuesta a la misma puedo decirle que la Comisión no tiene ningún plan en absoluto de armonizar la tributación directa de las empresas.

Tal y como se esboza en la comunicación de la Comisión del 25 de octubre de 2005 sobre la contribución de las políticas fiscales y aduaneras a la Estrategia de Lisboa, la Comisión quiere llevar a cabo los preparativos necesarios para establecer una base fiscal común consolidada en los próximos tres años, con vistas a presentar una medida legislativa comunitaria para 2008. La Comisión no pretende proponer un impuesto fiscal corporativo armonizado, que forma parte del ámbito general que querríamos armonizar.

Con respecto a las zonas vulnerables de los Estados miembros menos poblados, habría que tener en cuenta que según las normas comunitarias en materia de ayuda estatal, los Estados miembros han de respetar condiciones estrictas cuando se establecen regímenes fiscales preferenciales a favor de las empresas que realizan inversiones en zonas subvencionadas, de acuerdo con las directrices nacionales sobre ayuda estatal regional para promover el desarrollo económico de ciertas zonas desfavorecidas de la Unión Europea. Las normas de ayuda estatal siguen siendo aplicables a todas las medidas estatales que puedan aprobarse en el contexto de una iniciativa común de base fiscal consolidada. Los preparativos de la Comisión todavía no ha alcanzado la fase del examen del impacto de una base fiscal común consolidada en distintas regiones de los Estados miembros. Toda propuesta legislativa presentada por la Comisión una vez realizada esta tarea irá, en cualquier caso, acompañada de la correspondiente evaluación del impacto.

Por otro lado, quiero señalar que la base fiscal común consolidada se considera una herramienta importante para ayudar a la Comunidad a lograr los objetivos de Lisboa. Esta herramienta contribuirá a reducir los costes de cumplimiento y a promover las actividades transfronterizas, lo que propiciará una tasa más elevada de crecimiento económico y de empleo y un nivel más alto de competitividad en toda la Unión Europea.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Comisario, su respuesta me satisface completamente. Quería pedirle que comente la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, en particular si la Comisión las tendrá en cuenta como parte de un grupo especial dentro de las empresas europeas en su conjunto.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Mi respuesta es un «sí» tajante. La Comisión considera que las PYME son un grupo especial que hay que apoyar, ya que genera un gran número de puestos de trabajo. En mi opinión, la base común consolidada del impuesto de sociedades supondrá una ventaja especial para las PYME, cuya situación es menos favorable que la de las multinacionales. Por tanto, si existe un grupo que pueda beneficiarse de la base común consolidada del impuesto, es el de las PYME.

  El Presidente. – Pregunta nº 24 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-1153/05)

Asunto: Sentencia del TJCE relativa a la compañía "Marks & Spencer"

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas favorable a la compañía «Marks & Spencer», que había solicitado a las autoridades británicas deducir de su beneficio imponible las pérdidas sufridas por empresas filiales del grupo establecidas en otros países europeos, crea una nueva situación y tendrá importantes repercusiones en los ingresos del Estado procedentes de la imposición de las empresas.

A pesar de que en el texto de la sentencia se reconoce que los Estados miembros pueden prohibir a la empresa matriz una desgravación fiscal semejante para que no resulten perjudicados los Gobiernos nacionales por las prácticas de las compañías multinacionales que intenten explotar las lagunas de la legislación tributaria para maximizar sus beneficios, este diputado opina que se abre un nuevo ámbito de competencia entre los Estados miembros por atraer a las empresas. ¿Cómo valora la Comisión la sentencia del TJCE en cuestión? ¿Se propone emprender alguna iniciativa legislativa?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) El 13 de diciembre de 2005, la Comisión recibió con satisfacción la resolución del Tribunal de Justicia en el caso Marks & Spencer sobre la compensación transfronteriza de pérdidas. El Tribunal ha interpretado el principio de libertad de establecimiento a efectos de la compensación transfronteriza de pérdidas de acuerdo con la lógica y la filosofía del mercado único y de un modo que la Comisión respalda.

La Comisión ha de seguir esforzándose por eliminar todos los obstáculos que impiden a las empresas cosechar todos los beneficios del mercado interior. Por tanto, la Comisión quiere presentar próximamente una comunicación que esbozará sus opiniones sobre la compensación transfronteriza de pérdidas. Esta comunicación irá más allá del caso particular de Marks & Spencer y se centrará en los aspectos económicos.

La Comisión sabe que es un asunto difícil, ya que a los Estados miembros les preocupa justamente la necesidad de proteger sus ingresos fiscales, pero al mismo tiempo es evidente que no puede aceptar que los obstáculos al mercado interior sigan dificultando que las empresas inviertan en crecimiento y en creación de empleo, de acuerdo con los objetivos que se ha fijado en el marco de la Estrategia de Lisboa.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Comisario, no ha respondido a mi pregunta. El caso Marks & Spencer pone de manifiesto el dúmping fiscal doble. Tenemos ritmos diferentes y enfoques diferentes entre los Estados miembros respecto de la fiscalidad de las empresas multinacionales con las empresas matrices y las filiales en el marco de la Unión Europea.

La decisión del Tribunal de Justicia quizá pone de manifiesto el problema en lugar de abordarlo. Yo le vuelvo a preguntar: ¿qué tiene pensado hacer la Comisión para limitar la evasión fiscal por parte de los grupos multinacionales y para detener la pérdida de los ingresos públicos de los Estados miembros?

¿Tiene pensado tomar alguna iniciativa legislativa? De lo contrario, ¿por qué habla de Unión Económica y Monetaria?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) La interpretación de la Comisión de la resolución del TJCE sobre el caso Marks & Spencer es totalmente conforme con la sentencia del TJCE. El problema en este caso es que mientras que la legislación del Reino Unido permite la compensación de pérdidas en el mercado del Reino Unido, no la admite en el caso de otras empresas o filiales de Marks & Spencer ubicadas en varios Estados miembros, una en Alemania y otra en Bélgica. La sentencia del TJCE, que se ajusta a la filosofía del mercado interior, es favorable a Marks & Spencer, y la Comisión la ha apoyado totalmente.

La Comisión quiere estudiar minuciosamente las consecuencias presupuestarias de dichas resoluciones e intentar tomar la iniciativa para conseguir una mejor coordinación de la política fiscal de los Estados miembros: si no armonización, al menos necesitamos coordinación para evitar estos problemas.

Para concluir, quiero referirme a la primera pregunta relativa a la base común consolidada del impuesto de sociedades, que resolvería el problema. La dificultad es que, como ya he dicho, en el mejor de los casos, si todo va bien, presentaremos la propuesta legislativa no antes de 2008, por lo que aún nos quedan dos años para los que hemos de idear alguna solución temporal.

  El Presidente. – Pregunta nº 25 formulada por Helène Goudin (H-1133/05)

Asunto: Desregulación del mercado postal en la UE

La empresa de asesoría independiente Wik ha sido encargada por la Comisión para evaluar la desregulación del mercado postal en la UE. En artículos publicados en la prensa sueca se señala que, entre otras cosas, la empresa de asesoría ha propuesto lo siguiente:

Ningún país debe imponer a ningún operador postal la obligación de establecer un franqueo uniforme. La fijación del precio deberá ser libre, basada en el mercado y no regulada. De esta manera puede ser más barato enviar una carta entre dos lugares de la misma ciudad que entre dos ciudades distantes entre sí en el mismo país. Además, las normas sobre la frecuencia del reparto del correo deberán limitarse al menos a un día a la semana, y no a cinco días por semana como es el caso actualmente.

¿Qué piensa la Comisión de esta propuesta? ¿Considera la Comisión que la supresión de un franqueo uniforme puede tener consecuencias negativas para los habitantes de lugares remotos en países con escasa densidad geográfica como Suecia o Finlandia?

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) El estudio sectorial mencionado por su Señoría fue encargado por la Comisión en 2004 a Wik Consult a fin de contribuir al trabajo ya en curso de cara a la apertura gradual a la competencia del mercado postal europeo.

Las opiniones expresadas en el estudio son las de la empresa consultora. El estudio no es más que uno de los elementos que tiene en cuenta la Comisión al examinar las diferentes opciones y sus posibles consecuencias. Además de la consulta regular a los sectores interesados y, especialmente, una consulta pública en línea actualmente en curso, el estudio sirve en realidad de plataforma para iniciar un debate transparente y abierto sobre las condiciones que permiten introducir paulatinamente la competencia en el mercado postal.

La Comisión piensa que el enfoque adoptado por la empresa consultora a torno a la cuestión del franqueo uniforme y la frecuencia de reparto fue un intento de dotar de mayor flexibilidad al operador postal público a fin de mantener un servicio universal viable y eficiente a largo plazo.

La Directiva postal actual 97/67/CE, modificada por la Directiva 2002/39/CE, no impone un franqueo uniforme, sino que exige una frecuencia de reparto mínima de cinco días a la semana.

La Comisión puede asegurar a su Señoría que en todos los aspectos de la reforma postal de la Unión Europea, incluidas las dos cuestiones mencionadas, intentará hacer todo lo posible por lograr el equilibrio justo entre el grado de armonización necesario en a escala europea y las condiciones que han de fijarse en el ámbito de los Estados miembros, que reflejarían las características tan diferentes de cada uno de los mercados postales nacionales.

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Gracias, señor Comisario. Me gustaría que respondiera a mi pregunta final sobre si se ha pensado en las consecuencias para los habitantes de las regiones poco pobladas. Quizás esto afecte sobre todo a los que vivimos en los países nórdicos, donde hay mucha distancia entre las casas y los pueblos.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Como he dicho en mi respuesta, este estudio de la empresa consultora solo formará parte de las reflexiones de la Comisión. La finalidad de este informe particular consiste en informar a la Comisión de las reflexiones de la consultora y no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión en estos asuntos. Su Señoría puede tener la seguridad de que solo forma parte de nuestro proceso general de debate y, de ningún modo, compromete a la Comisión a presentar una u otra propuesta.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Me alegro de poder decir que no es la única consideración, porque muchos de nosotros hacemos uso del correo y nos gustaría que se repartiera todos los días en lugar de una vez a la semana. Pero también existe incertidumbre con respecto a las oficinas de correo actuales que se distribuirán por toda la Irlanda rural, así como en la Europa rural. ¿Puede el Comisario decir qué piensa la Comisión de los servicios –distintos de los postales– que se ofrecen y cuándo podría adoptar la Comisión una decisión de modo que haya más claridad?

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) Como quizá sepa su Señoría, la Comisión ha de presentar, antes de finales de 2006, un informe sobre la orientación que estima que debería tomar la liberalización del mercado postal. Todos los informes y las consultas realizados forman parte de nuestro proceso de deliberación para llegar a dicha decisión.

Como sabrá la señora McGuiness, la liberalización del mercado postal lleva un tiempo desarrollándose y este proceso incluye que la Comisión deba presentar su informe sobre la orientación a adoptar.

La cuestión de los servicios universales es un aspecto básico de su proceso de deliberación. Por supuesto, se trata de que los Estados miembros organicen sus planes de la forma en que estimen adecuada en relación con las oficinas postales rurales, y de acuerdo con sus propias necesidades. Nuestra función específica como Comisión es examinar el plan de apertura del mercado postal.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) ¿Promete el Comisario que no dará vía libre a la puesta en marcha de un sistema que preste un servicio de segunda clase en las comunidades rurales? ¿En qué medidas específicas está pensando para impedir que los empresarios privados se queden con los elementos fáciles y rentables de los servicios postales, abandonando a los residentes rurales como si fueran los parientes pobres?

Con respecto a la desregulación recientemente introducida en el Reino Unido, ¿tiene el Comisario algún plan para supervisarla o quiere hacer algún comentario al respecto?

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) La cuestión planteada por su Señoría formará parte de nuestras reflexiones en todas las propuestas que se presenten hasta finales de 2006. Y, sí, soy muy consciente de la importancia de un servicio universal y, en particular, de la importancia de dicho servicio en las zonas rurales de Europa.

  El Presidente. – Pregunta nº 26 formulada por Zuzana Roithová (H-1140/05)

Asunto: Servicios de asistencia sanitaria en la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior

Los servicios de asistencia sanitaria corren el peligro de ser excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Los pacientes no podrán disfrutar de los mismos derechos que los clientes de otros servicios (derecho a la información sobre el prestador de los servicios, obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil). Los pacientes han obtenido ya, gracias al Tribunal de Justicia Europeo, el derecho al reembolso de los gastos por asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro. Así, el artículo 23 se limitará a incorporar la jurisprudencia a la legislación nacional y ofrecerá a los pacientes una mayor protección jurídica gracias a la definición de «asistencia hospitalaria».

¿Qué han hecho los Estados miembros para incorporar el derecho de los pacientes al reembolso, por parte de sus sistemas se seguridad social, de los costes de la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro? ¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para proteger estos derechos en caso de que no se apruebe el artículo 23?

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) El artículo 23 de la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, como señala su Señoría en su pregunta, sí codifica los vigentes derechos a la movilidad de los pacientes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que, en determinadas condiciones, los pacientes tienen derecho a que el coste de la asistencia sanitaria recibida en otros Estados miembros lo asuma el sistema de seguridad social de su propio Estado miembro. Los pacientes, sin previa autorización, tienen derecho a que se les reembolse la atención no hospitalaria recibida en otros Estados miembros. En cuanto a los servicios hospitalarios, puede exigirse una autorización previa antes de que un paciente pueda ir al extranjero a recibir asistencia sanitaria. Las autorizaciones pueden concederse cuando no pueda prestarse el cuidado necesario en el Estado miembro del paciente dentro de un plazo justificable.

Antes de que se presentara una propuesta de directiva relativa a los servicios, la Comisión realizó un estudio sobre el cumplimiento de los derechos de los pacientes en los Estados miembros. La conclusión fue que los ciudadanos europeos se encuentran con obstáculos injustificados o desproporcionados cuando solicitan el reembolso por parte de sus Estados miembros de residencia de los costes de tratamientos no hospitalarios recibidos en otros Estados miembros, o cuando solicitan la autorización de asunción de los costes en caso de tratamiento hospitalario.

Para un ciudadano particular, el derecho a recibir tratamiento en otros Estados miembros y a que su sistema de seguridad social cubra los costes es probablemente una de las mayores ventajas del mercado interior. Por estos motivos, la Comisión propone incluir servicios de salud en el ámbito de la directiva de servicios, así como una disposición específica sobre la asunción de los costes en los que se ha incurrido en otros Estados miembros.

La Comisión ha participado activamente en la labor del grupo de alto nivel sobre asistencia sanitaria transfronteriza y movilidad de pacientes con vistas a establecer la mejor forma de desarrollar un marco para garantizar y promover los derechos de pacientes en el mercado interior.

Esta labor ha demostrado los evidentes beneficios de la cooperación entre los Estados miembros en materia de salud y asistencia sanitaria, entre los cuales el reembolso de los costes es solo un aspecto. A una serie de Estados miembros les preocupan los efectos que la asistencia transfronteriza y la movilidad de los pacientes pueden tener en sus presupuestos sanitarios nacionales.

A falta de un claro marco jurídico, tendremos que seguir haciendo frente a la jurisprudencia del TJCE. En espera de la votación que se celebrará en esta Asamblea con motivo de la primera lectura de la propuesta de Directiva de Servicios, estaría fuera de lugar especular sobre la posición en torno a ciertos artículos, pero puedo confirmar que cuando los Estados miembros impongan restricciones desproporcionadas o injustificadas, la Comisión actuará, incluso incoando procedimientos de infracción.

  Zuzana Roithová (PPE-DE).  – (CS) Quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta bien pensada. Ha dicho, con razón, que la seguridad jurídica de que se cubrirán los costes sanitarios en que incurren los Estados miembros constituye un beneficio clave, y que reviste gran importancia para la libre circulación de ciudadanos y servicios en el mercado europeo.

Quiero hacer una pregunta, como ex Ministro de Sanidad y director de un gran hospital universitario. ¿La Comisión es consciente de que la Directiva de servicios representa una oportunidad clave para establecer condiciones claras y disposiciones jurídicas relativas al reembolso de los costes sanitarios no urgentes a los ciudadanos de los 25 Estados miembros, sin necesidad de violar el principio de subsidiariedad? Además, ¿es consciente de que el Tribunal Europeo de Justicia ya no puede seguir actuando como garante e intérprete de la legislación en esta cuestión, y que no es posible que este papel lo desempeñe un grupo de alto nivel que entable debates continuos, pero que no tiene poder legislativo y no puede proporcionar seguridad jurídica?

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) Como ya he dicho en mi respuesta, uno de los motivos de incluir los servicios sanitarios en el ámbito de la directiva de servicios fue el deseo de tratar algunas de las cuestiones planteadas por su Señoría. Sin embargo, como sabrá su Señoría, el debate sobre la directiva de servicios en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y en otras comisiones ha planteado otros asuntos, y la Comisión de Mercado Interior votó en un sentido determinado. En el período parcial de sesiones del mes que viene se llevará a cabo ante el Parlamento la primera lectura de la directiva de servicios y se debatirán las enmiendas. Por tanto, sobre este asunto existen muchos puntos de vista controvertidos entre parlamentarios y existen muchos puntos de vista controvertidos entre los Gobiernos de los Estados miembros sobre la inclusión de los costes sanitarios en el ámbito de la directiva de servicios.

Como he dicho a este respecto y en relación con otras cuestiones de la directiva de servicios, estoy abierto a escuchar las preocupaciones y las opiniones de todos los interesados.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) Quiero dar las gracias al Comisario por su excelente respuesta a la señora Roithová, y me pregunto si la Comisión puede ayudarnos a entender estas cuestiones presentando datos básicos que demuestren que se trata de un ámbito en que se puede obtener valor añadido. Quiero decir que la atención transfronteriza podría constituir un valor añadido para los ciudadanos, que podríamos obtener mejor atención sanitaria especializada y que los pacientes podrían obtener una atención de mayor calidad, a veces a precios más bajos pero, sobre todo, de forma más eficaz. Estoy completamente convencida de que la Comisión puede ofrecernos información que nos ayude. Me pregunto qué piensa la Comisión respecto de ayudar a conseguir un mejor debate sobre estas cuestiones.

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) Como es habitual, la señora Cederschiöld expone sus argumentos de forma muy convincente. No obstante, como ya he dicho en mi respuesta a la señora Roithová, existen diferentes opiniones a este respecto. Estoy a la espera del resultado, en primer lugar, de la votación que se celebrará el mes que viene en el Parlamento Europeo y de las diversas enmiendas propuestas en este y en otros ámbitos.

No hay duda alguna de que la señora Cederschiöld argumenta con gran convicción, pero también hay otras opiniones.

  El Presidente. – Pregunta nº 27 formulada por Katerina Batzeli (H-1141/05)

Asunto: Contratos públicos de defensa

Los esfuerzos de la Comisión Europea dirigidos a la construcción progresiva de un mercado europeo de material de defensa más transparente y más abierto van en la dirección correcta, a pesar de las especificidades del sector.

El procedimiento seguido hasta la fecha se basa, por una parte, en la Directiva 2004/18/CE⁽³⁾ y, por otra, en el artículo 296 del Tratado, que ofrece la posibilidad de una derogación. ¿En qué medida se propone la Comisión delimitar de forma transitoria con mayor transparencia los criterios de aplicación del artículo 296, relativo a las posibilidades de derogación, así como los criterios de control y seguimiento de los procedimientos nacionales conexos?

¿En qué medida se consideran compatibles con los prerrequisitos de aplicación del artículo 296 las excepciones que se registran, al aplicar las autoridades públicas un procedimiento de negociación con suministradores de su elección, en cuestiones de fabricación de productos con fines de investigación, estudio y experimentación, y de suministro de material de defensa por parte de personas jurídicas en cuyo capital la administración pública tenga una participación superior al 50 %?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. La pregunta de su Señoría puede dividirse en dos partes. La primera es si la Comisión quiere aclarar más los criterios que rigen el uso del artículo 296 del Tratado. La segunda cuestión, más específica, es la valoración de la Comisión de las normas que deben aplicarse a los contratos de investigación, estudios y experimentos en relación con la defensa.

En cuanto a la primera cuestión, hace poco esbozamos nuestras propuestas de futuras iniciativas para mejorar la competencia transfronteriza en los contratos públicos de defensa. Nuestra comunicación del 6 de diciembre anunciaba la aprobación en 2006 de una comunicación interpretativa sobre el artículo 296 en relación con los contratos públicos de defensa y el inicio de los preparativos en torno a una posible directiva de contratos públicos de defensa. Las iniciativas se basan en los resultados de la consulta lanzada con el Libro Verde de 2004. La contribución del Parlamento a este debate, votado el 17 de noviembre, apoya explícitamente a la Comisión en su iniciativa.

La comunicación interpretativa orientará sobre el uso del artículo 296 del Tratado, que concede a los Estados miembros una derogación de las normas del mercado interior y de la Directiva 2004/18 si están en juego sus intereses esenciales de seguridad . Esta disposición ha de aplicarse caso por caso y no puede interpretarse en sentido amplio. Corresponde al Estado miembro que desee acogerse a dicha disposición demostrar que la derogación está justificada y es proporcional al objetivo perseguido.

Una posible directiva coordinaría procedimientos de contratos públicos de defensa cuando la derogación del artículo 296 no sea aplicable o cuando un Estado miembro opte por no acogerse a él. Establecería nuevas normas más flexibles sobre contratos públicos, mejor adaptados a la naturaleza específica del sector de la defensa. La aprobación por parte de la Comisión de una posible propuesta de directiva en este sentido depende de los resultados de la evaluación del impacto que se realizará en 2006.

La Comisión no está en condiciones de ofrecer una valoración de los hechos descritos por su Señoría en la segunda parte de la pregunta. El artículo 296 del Tratado ha de aplicarse caso por caso y de acuerdo con las circunstancias específicas de cada uno de los casos. Sin embargo, los principios que deberían tenerse en cuenta al establecer las normas aplicables pueden exponerse brevemente.

Por un lado, merece la pena destacar que los contratos públicos en relación con la investigación, el estudio y los experimentos se benefician, en ciertas condiciones, de las derogaciones específicas de la directiva vigente y del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Los contratos de defensa de este tipo también pueden beneficiarse de derogaciones del Código de Conducta establecido por la Agencia Europea de Defensa con respecto al ámbito del artículo 296.

Por otro lado, la cuestión de la titularidad gubernamental del capital de posibles contratistas, y las consecuencias desde el punto de vista de las normas que han de aplicarse, no es una cuestión que deba abordarse sobre la base del artículo 296: está relacionada con la derogación «interna», tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia. Sin embargo, de acuerdo con esta jurisprudencia, la derogación solo se aplica en casos de titularidad del 100 %.

  Katerina Batzeli (PSE). – (EL) Quiero comenzar dando las gracias al Comisario por su transparencia y por su respuesta exhaustiva a mi pregunta.

Creo que la preocupación sobre la cuestión de la transparencia de la contratación pública y la defensa pública es una cuestión que preocupa a la economía europea en general, pero tendré en cuenta la explicación del Comisario de que clarificará las derogaciones del artículo 296 del Tratado sobre la base de la decisión relevante del Tribunal de Justicia, en especial la fase del procedimiento en la que se adjudican los contratos públicos.

Tenemos que saber, y con urgencia, cómo tienen que intervenir los Estados miembros con un mecanismo de consulta en relación con la contratación como resultado de la investigación y la tecnología.

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría, la señora Batzeli, nos recuerda las ventajas de ser transparentes en este ámbito concreto de la contratación pública. Sin embargo, como seguramente ella sabe, el artículo 296 otorga una discreción considerable a los Estados miembros en cuanto a la forma de organizar este tipo de actividades. Esperemos que nuestra reciente comunicación de diciembre de 2005 y lo que tenemos intención de hacer junto con todas las partes interesadas abra este campo aún más.

  Glyn Ford (PSE). – (EN) Creo que es importante tener un mercado único europeo en el sector de la producción y el abastecimiento de armamento de defensa, que es vital para el futuro de la Unión Europea. Creo que la Comisión, al menos en el pasado, ha realizado una interpretación ilógicamente generosa y amplia del artículo 296. ¿Podría decirnos si tiene previsto limitar dicha interpretación en el futuro? Sobre todo, si no es así, ¿realizará, a escala de la Comisión, una estimación de lo que nos cuesta no tener un mercado único en el sector del armamento de defensa, en cuanto al coste de las compras en el exterior que podrían haberse realizado aquí y el coste de tener un mercado de defensa europeo fragmentado y dividido con una producción por lotes en vez de una producción en serie?

  Charlie McCreevy , miembro de la Comisión. (EN) Entiendo que el importe total del presupuesto de defensa de la UE es del orden de los 169 000 millones de euros, de los cuales unos 82 000 millones son para adquisiciones. Por lo tanto, como su Señoría sugiere en su pregunta, cualquier apertura del mercado en este ámbito podría comportar un ahorro considerable en el presupuesto de defensa de muchos Estados miembros, lo que mejoraría en gran manera las finanzas públicas de dichos Estados miembros. De modo que existe un potencial considerable en este ámbito.

Por otro lado, si vamos a abrir este mercado en concreto aún más, tiene que haber colaboración entre los Estados miembros en cuanto a la forma de proceder. Quiero que estos datos consten en las actas de esta Cámara solo para demostrar la cantidad de dinero implicado en este ámbito.

  El Presidente. – Se dará respuesta por escrito a las preguntas nº 28 a 30.

Pregunta nº 31 formulada por Bernd Posselt (H-1127/05)

Asunto: UE-Ucrania

¿Qué opina la Comisión de la evolución que ha experimentado Ucrania durante los últimos doce meses? ¿Qué estrategias ha previsto llevar a cabo en 2006 para aproximar en mayor medida a la Unión Europea este país tan importante y totalmente europeo?

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) Gracias por la pregunta. La Política Europea de Vecindad ha acercado y seguirá acercando a Ucrania a la Unión Europea. Nuestra cooperación con Ucrania puede considerarse de lo más satisfactoria. El Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad adoptado en febrero de 2005 ha demostrado ser un instrumento esencial y eficiente para impulsar la reforma mediante una cooperación política más profunda y una mayor integración económica entre la UE y Ucrania.

Después de la Revolución Naranja, se pudo observar una voluntad renovada por parte de Ucrania de fomentar la cooperación con la UE. La puesta en práctica del Plan de Acción por parte de Ucrania en el transcurso de 2005 puede valorarse positivamente. En la cumbre con Ucrania de diciembre de 2005, el Presidente Barroso confirmó los progresos realizados por este país en sus reformas política y económica. Se pudo constatar el progreso de la relación UE-Ucrania en la integración económica; el hecho de que la UE otorgara a Ucrania la condición de economía de mercado; la cooperación en los sectores clave de la energía y el transporte; un memorando de acuerdo en materia de cooperación energética; asuntos de justicia y de interior; la apertura de las negociaciones para la concesión de visados junto con las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión; así como en el ámbito de la política de seguridad y exterior, principalmente, el inicio de la misión europea de asistencia fronteriza en el tramo de la frontera entre Moldova y Ucrania correspondiente a Transdniéster.

Sin embargo, Ucrania debe dar todavía pasos importantes en la aplicación del Plan de Acción, en ámbitos como el Estado de Derecho y, en concreto, en el ámbito económico: la lucha contra la corrupción; adoptar la legislación oportuna para la adhesión a la OMC; y mejorar el clima comercial.

La Comisión espera aprovechar el impulso adicional conseguido con la cumbre, la primera con el Gobierno ucraniano totalmente comprometido con la reforma, para el desarrollo de nuestra relación con Ucrania. En febrero de 2005 la UE se comprometió a iniciar las primeras consultas sobre un acuerdo mejorado entre la UE y Ucrania tan pronto como se hayan abordado las principales prioridades políticas del Plan de Acción. Este compromiso sigue siendo válido; la decisión de cuándo podremos hacerlo está en manos de Ucrania y de su perseverancia en el proceso de reforma para abordar los aspectos pendientes. Las elecciones parlamentarias de marzo de 2006 serán una prueba importante del compromiso constante de Ucrania con la democracia, y serán esenciales para abrir nuevas perspectivas en la relación con dicho país.

La futura relación se basará en varias condiciones esenciales: el éxito de la reforma política, el respeto por los derechos y las libertades fundamentales y la adhesión a la OMC, para que Ucrania se integre plenamente en el mercado internacional. Con ello se abrirán también perspectivas para la creación de una zona de libre comercio entre la UE y Ucrania.

Para avanzar necesitamos una estrecha colaboración mutua, basada en valores comunes y en el objetivo de la integración económica, así como una mayor cooperación en varios ámbitos. La política de progreso constante y de pasos pequeños pero continuados y acompasados en la relación UE-Ucrania resultó satisfactoria durante el año pasado desde la Revolución Naranja, y nos permitirá abordar los futuros retos.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, por una parte, lamento la ausencia de la Comisaria Ferrero-Waldner –y no creo que esté bien, porque su nombre aparece en el orden del día–, pero, por otra parte, me complace que la cooperación austro-húngara en la Comisión esté funcionando tan bien.

Quiero formularle dos preguntas al señor Comisario. Primera, ¿qué ayuda, en forma de personal y financiación, cree que es concebible para el próximo año para impedir que el proceso de reforma en Ucrania fracase una vez más? En efecto, algunos Estados vecinos creen que así será.

Segunda, ¿qué medidas específicas está tomando la Comisión para mejorar los vínculos de transporte entre la Unión Europea y Ucrania, y para desarrollar conceptos comunes de infraestructura que refuercen los vínculos de transporte y energía de Ucrania con occidente?

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) Me temo que es demasiado pronto para responder a esas preguntas. Quizás la señora Ferrero-Waldner tiene algo en mente, pero en lo que se refiere a la Comisión, no hemos conseguido responder a la pregunta porque, primero, se necesitan reformas políticas y económicas para que Ucrania se acerque más a la Unión Europea. Después vendrá una cooperación más profunda.

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Quiero formular una pregunta a la Comisión. El hecho es que, hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado casi unánimemente un informe muy contundente sobre el tráfico de seres humanos. Hemos prestado mucha atención a esta cuestión, y también la hemos abordado en los contactos que hemos tenido con Ucrania. Con la decisión de hoy, el Parlamento está dando a su posición una mayor relevancia. Me gustaría que la Comisión prestara especial atención a esta cuestión, que ha recibido un apoyo increíble hoy aquí, en el Parlamento Europeo.

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) Creo que Ucrania necesitará mucho tiempo para acercarse más a la Unión Europea, y el camino será largo. Por mi experiencia personal como ex Ministro de asuntos exteriores de la vecina Hungría, puedo decir que Ucrania ha avanzado mucho, y desde la Revolución Naranja no quedan muchas dudas de que Ucrania quiere acercarse, de que quiere ser un país democrático, de que quiere ser una economía de mercado. Pero todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a cumplir del todo las normas y los principios de la UE.

Tenemos dos opciones. Podemos ser demasiado exigentes y apartar a Ucrania de la Unión Europea, o ser más tolerantes, mostrarnos más cooperantes, y conseguir que Ucrania se acerque, teniendo en cuenta que la situación política interna del país no es tan simple. Ucrania se enfrenta ahora a unas elecciones generales que serán una prueba para la democracia en dicho país, sean cuales sean los resultados. Lo que debemos tener en cuenta no es el resultado de las elecciones, sino la naturaleza democrática del acontecimiento, que será una prueba para la democracia ucraniana.

  El Presidente. – Pregunta nº 32 formulada por Sajjad Karim (H-1128/05)

Asunto: Sri Lanka: respuesta de la UE a los resultados de las elecciones presidenciales de Sri Lanka y a la declaración de Pirapaharan

El 27 de noviembre, Velupillai Pirapaharan, líder de los Tigres de Liberación de Elam Tamil (LTEE), hizo «un llamamiento urgente y definitivo» al Presidente recientemente elegido de Sri Lanka, Mahinda Rajapaske, para que reanude el proceso de paz y "satisfaga las aspiraciones políticas del pueblo Tamil». Pipaharan hizo saber que, si no se propone pronto una «solución política razonable», los LTTE intensificarán su lucha por la autodeterminación, utilizando, eventualmente, métodos violentos. ¿Cuál es la respuesta de la Comisión al tono y al contenido del discurso de Pirapaharan en el Día de los Héroes?

Teniendo en cuenta el estancamiento del proceso de paz desde la retirada de los LTTE en 2003, y las posiciones aparentemente inconciliables de Rajapaske (que durante su campaña prometió no compartir el poder con los LTTE) y Pirapaharan, ¿no considera la UE que, en su condición de Copresidente de la Conferencia de Tokio y donante principal, tiene la responsabilidad ineludible de abrir un diálogo urgente con ambas partes, antes de que recurran de nuevo a la violencia, para encontrar una solución que reconozca el derecho de los tamiles a la autodeterminación en el seno de un Sri Lanka unido?

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) Gracias por la pregunta. Hay motivos graves de preocupación en relación con la situación de Sri Lanka. 2005 fue un mal año para el proceso de paz. El asesinato del ministro de Asuntos Exteriores Kadirgamar, el boicot electoral promovido por los LTTE en el norte y el este, y los numerosos asesinatos del este y en Jaffna han puesto en peligro el alto el fuego.

El fracaso de la estructura de gestión operativa tras el tsunami, el mecanismo en el cual el Gobierno, los LTTE y los representantes musulmanes debían decidir conjuntamente sobre la reconstrucción tras el tsunami en el norte y el este, también ha sido un duro golpe, que ha creado un gran resentimiento entre la población tamil.

Y ahora tenemos una espiral peligrosa. El ejército de Sri Lanka ha perdido más de 60 soldados en ataques indirectos de los LTTE en Jaffna y otras partes del norte y el este. Hasta ahora, el Gobierno ha actuado con una moderación considerable, pero esto no puede durar siempre.

La Unión Europea, y la Comisión en concreto, tienen un papel importante en el proceso de paz. Sri Lanka es una prioridad personal de la Comisaria responsable de las relaciones exteriores, la señora Ferrero-Waldner. Visitó el país el marzo pasado y luchó con todas sus fuerzas para obtener un acuerdo sobre el P-TOMS. Todavía considera que habrían cambiado muchas cosas. La UE transmitió firmes mensajes a ambas partes durante todo el año. En concreto, la declaración de la UE de septiembre de 2005, en la que se anunciaba que las delegaciones de alto nivel de los LTTE ya no serían recibidas en las capitales de la UE, fue una señal importante de que, aunque se deseaba un planteamiento equilibrado del conflicto, la UE no toleraría más violencia por parte de los LTTE.

La Comisión también ha ayudado a destacar el papel de los copresidentes. La Comisaria responsable de las relaciones exteriores asistió personalmente a tres de las cuatro reuniones que los copresidentes celebraron en 2005. En realidad, dos de ellas se celebraron en Bruselas.

La Comisión siguió apoyando la mediación de Noruega a través de mensajes públicos, y privados, durante el año. También ha apoyado la idea de que la próxima reunión de copresidentes tenga lugar en Sri Lanka en una fecha próxima al cuarto aniversario del acuerdo de alto el fuego.

La Comisión intensificará sus esfuerzos en el próximo año. Se han establecido dos prioridades en la actuación de la Comisión. En primer lugar, la Comisión trabajará para conseguir que el papel de los copresidentes sea aun más importante, incluyendo visitas directas a escala ministerial. La propia Comisaria responsable de las relaciones exteriores tiene intención de volver al país en febrero, si es posible con todos los copresidentes. Desea poder hablar con el señor Pirapaharan en persona y transmitirle el mensaje directo de que Europa reaccionará muy pronto si los LTTE no muestran indicios de cambio.

En segundo lugar, ahora que el P-TOMS ha fracasado, la Comisión trabaja en una base alternativa para la reconstrucción del norte y el este. Quizás intente trabajar más localmente, por ejemplo en uno o dos distritos, para compensar la ausencia de un consenso más amplio entre los principales implicados.

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Agradezco al Comisario esta respuesta tan detallada. Quiero plantear una cuestión en relación con el ataque con una mina de hoy, que ha terminado con dos civiles muertos y doce soldados heridos. Es el último acontecimiento de este sangriento mes. Dado que, en principio, ambas partes han acordado revisar la ejecución del acuerdo de alto el fuego, ¿tiene previsto la UE, que copreside el proceso de paz, aprovechar esta oportunidad para impulsar una declaración de los derechos humanos firmada tanto por el Gobierno como por los LTTE para que la protección de los derechos humanos fundamentales sea el centro del proceso de paz?

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) Gracias por la pregunta complementaria. Dado que yo no soy el Comisario responsable en esta materia, solo puedo darle mi opinión personal, y no la de la Comisión, en cuanto a este nuevo avance que la Comisión aún no ha tenido tiempo de discutir. Sin embargo, a mí me parece que una iniciativa como la que su Señoría propone como posible opción está totalmente de acuerdo con la política de la Comisión en cuanto a la situación en Sri Lanka.

  El Presidente. – Puesto que el tema se abordará más tarde en este período parcial de sesiones, no se formulará la pregunta nº 33.

Dado que su autor no está presente, la Pregunta nº 34 decae.

Pregunta nº 35 formulada por Inger Segelström (H-1160/05)

Asunto: Colombia

Constatamos con inquietud cómo el proceso de democratización de Colombia se encuentra continuamente obstaculizado por disturbios en el país. También son preocupantes las persistentes violaciones de los derechos humanos. El conflicto armado está registrando una escalada y el tráfico de estupefacientes sigue siendo de envergadura. Todo esto constituye un obstáculo para el desarrollo y la paz en Colombia. Diversas organizaciones de voluntarios suecos envían personal a Colombia para participar en los proyectos de paz y los proyectos con vistas a proteger los derechos de las poblaciones locales y autóctonas, en particular sus derechos de propiedad de la tierra. Al mismo tiempo, al igual que en otros muchos países latinoamericanos, las grandes empresas se expanden rápidamente, sobre todo, en el sector de la producción de aceite de palma. ¿Tiene la Comisión intención de proponer alguna medida especial para apoyar el proceso de democratización en Colombia?

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) La Comisión comparte la preocupación de su Señoría en cuanto a las continuas violaciones de los derechos humanos y las persistentes amenazas a la democracia en las regiones de Colombia afectadas por ese antiguo conflicto armado interno. Por lo tanto, la estrategia de la UE para Colombia pretende principalmente apoyar unas iniciativas de paz globales, con una sólida implicación de las comunidades locales. Así pues la intención es contribuir directamente a la consolidación de la democracia con un grupo integrado de instrumentos.

Entre ellos, en el período de 2001 a 2005, se reservaron para Colombia más de 16 millones de euros procedentes de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, para 53 proyectos a favor de los derechos humanos y la democratización, y que ya se han puesto en práctica o están en curso.

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Gracias, señor Comisario. He formulado esta pregunta precisamente porque Colombia está convirtiéndose en el escenario de nuestro segundo desastre de refugiados más importante. Colombia difiere de otros países en que la tierra aún está en manos de los terratenientes locales y regionales. Por eso aún tenemos la oportunidad de ayudar a la población local y de garantizar que la gente conserve sus tierras. Este es el factor importante cuando intentemos solucionar el conflicto. Muchas gracias por su respuesta y, naturalmente, espero que avancemos conjuntamente en estas iniciativas de paz que la UE ha tomado.

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) No quiero tomar la palabra en este asunto, porque no conozco el problema planteado por su Señoría.

  El Presidente. – Pregunta nº 36 formulada por Ryszard Czarnecki (H-1169/05)

Asunto: Cumbre de la ASEAN - Defensa de los derechos humanos

¿Cómo valora la Comisión los resultados de la cumbre de diciembre de la ASEAN, en especial en el terreno de la defensa de los derechos humanos en dichos países, como por ejemplo en Myanmar (Birmania)?

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) La Comisión sigue con interés los intentos de las instituciones y las personas de los países de la ASEAN para establecer un mecanismo que defienda los derechos humanos. La Comisión apoya esos esfuerzos y otros temas en materia de materia de derechos humanos mediante varios programas de cooperación en varios países de la ASEAN. En 2006 se celebrará en Manila una conferencia sobre derechos humanos, patrocinada por la CE, y con la participación de todos los países ASEAN.

Debemos tomar nota de que, por primera vez en una cumbre de la ASEAN, se pidió la liberación de prisioneros políticos en Myanmar. Los líderes de la ASEAN también aceptaron enviar al Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, actual presidente de la ASEAN, para valorar el proceso democrático durante una visita.

Aunque esas iniciativas de la ASEAN son positivas, debemos seguir siendo prudentes en cuanto a las perspectivas de cambios inmediatos en Myanmar, y sobre todo, respecto a la liberación de Aung San Suu Kyi.

  Ryszard Czarnecki (NI).  – (PL) Señor Comisario, en efecto, se ha progresado, al menos en términos del llamamiento al respeto de los derechos humanos en el país antes conocido como Birmania. No obstante, tengo una pregunta, o más bien una petición y una propuesta, para la Comisión Europea. Creo que la Comisión debería supervisar la situación de forma continua, por supuesto con ayuda del Parlamento. La presión internacional de Europa y de Asia es nuestra única esperanza de conseguir resultados concretos. Insto a la Comisión Europea a que se interese por esta cuestión de forma continua.

  László Kovács , miembro de la Comisión. (EN) Gracias por su propuesta, que ciertamente remitiré a la señora Ferrero-Waldner. Creo que las posibilidades de que dispone la Unión Europea, que no está en la región, son más limitadas que las de la ASEAN, por ejemplo. Creo que la ASEAN podría hacer más, pero su propuesta es digna de ser considerada.

  El Presidente. Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

Con esto concluye el Turno de preguntas.

(La sesión, suspendida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.05 horas).

PRESIDENCIA DEL SR. ONYSZKIEWICZ
Vicepresidente

(1) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1

(2) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(3) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114

14. OCM del azúcar − Regímenes de ayuda a los agricultores (azúcar) − Reestructuración del sector del azúcar (continuación)

  El Presidente. –  De conformidad con el orden del día, se procede al debate de siguientes los informes del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

  María del Pilar Ayuso González (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, mis primeras palabras quiero que sean para felicitar al señor Fruteau por el esfuerzo que ha hecho para mejorar esta propuesta de la Comisión, que supone un giro de 180 grados en la política sobre el sector del azúcar que la Unión Europea ha mantenido desde 1968 y que, además, va a acabar con el cultivo de la remolacha en muchas regiones de la Unión Europea.

Aunque sea repetitiva, quiero hacer mención del desprecio que el Consejo ha manifestado hacia este Parlamento al haber llegado a un acuerdo y haberlo comunicado a los medios de comunicación, antes de tener en cuenta el dictamen del Parlamento. Se ha vulnerado un pacto entre caballeros que siempre ha existido en las instituciones. Con estos gestos antidemocráticos, no nos extrañe luego que los ciudadanos no crean en las instituciones y voten lo que votan y vayan a votar como van a votar.

En cuanto al acuerdo político al que ha llegado el Consejo, este está más cerca de la propuesta de la Comisión que de lo que va a votar mañana el Parlamento Europeo. Solo me voy a referir a los precios. Ustedes han acordado una rebaja del 36 %, cuando la propuesta de la Comisión es del 39 % y en el Parlamento vamos a votar una reducción del 30 %.

También quiero expresar mi disconformidad con la situación de agravio comparativo en que van a quedar los países que tienen una cuota de producción inferior a su consumo y que, por lo tanto, no producen los excedentes que teóricamente obligan a esta reforma. A estos países se los penaliza, mientras se habilita una cuota extra para los grandes productores de azúcar C.

Por último, todos hablan de la producción de biocarburantes como una alternativa a la remolacha que van a sacar del mercado, pero ¿cómo y cuándo van a poner los medios? Supongo que no pensará usted, señora Comisaria, que con un millón y medio de hectáreas para cultivos energéticos y una subvención de 40 euros por hectárea se va a dar respuesta a tantos y tantos agricultores que van a perder su medio de vida.

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Señor Presidente, la decisión del Consejo es cruel para los europeos, y también para la industria azucarera húngara, y por tanto no puede aceptarse. El Parlamento Europeo no puede permitir la decapitación de la industria azucarera europea. Si se mantiene este cruel Reglamento del Consejo, dentro de 15 años la producción de azúcar estará limitada a dos Estados miembros de la Unión Europea: Francia y Alemania.

Esto podría evitarse si el excelente, exhaustivo y equilibrado informe del ponente, Jean-Claude Fruteau, se tiene en cuenta, pero incluso la versión propuesta por la señora Fischer Boel sería más beneficiosa para los productores de azúcar europeos.

La posición del Parlamento Europeo es que la reducción de precios debería ser del 30 %, un porcentaje más bajo que el especificado en la decisión del Consejo, y la compensación debería ser más alta, a ser posible del 100 %. También es importante garantizar que el período de transición no exceda los cuatro años. La ayuda basada en la superficie debería estar vinculada a la producción parcial, y esto debería incluirse en una de las condiciones. Esa es mi petición al Comisario.

Una reducción de precios más moderada, junto con las condiciones mencionadas, daría más oportunidades de supervivencia a la producción de remolacha azucarera y a la industria del azúcar en Estados miembros como Hungría. Por desgracia, las cinco fábricas de azúcar húngaras pertenecen a agricultores de remolacha azucarera extranjeros –franceses, alemanes y austriacos–, que pueden decidir limitar la producción a sus propios países. Esto supone un riesgo para un país con una producción económica en un nivel europeo medio, como Hungría. Por eso pido a mis colegas diputados que corrijamos la decisión errónea del Consejo.

  Johan Van Hecke (ALDE). – (NL) Señorías, el coste del azúcar, el producto agrícola que actualmente cuenta con más subvenciones en Europa, es tres veces mayor que el precio mundial, una situación injusta e inaceptable, y la razón por la que creo que una reforma exhaustiva era, y es, inevitable.

Una pregunta que surge es si las propuestas de la Comisión van suficientemente lejos. En mi opinión, se está pasando por alto el problema estructural del sector del azúcar, es decir, una sobreproducción general. Se está produciendo mucha más azúcar de la que se consume. Esta situación empeorará cuando los precios caigan, lo que solo beneficiará a los grandes productores y distribuidores. En el análisis final, la industria agrícola se embolsa los ahorros, mientras que los pequeños agricultores reciben menos por sus cultivos de remolacha azucarera. En última instancia, el consumidor acaba pagando el mismo precio por un kilo de azúcar.

En particular, los países pobres están en riesgo de convertirse en las víctimas de esta reforma. El trato preferencial ha creado cultivos de azúcar locales en varios países ACP, a menudo de pequeña escala con una mínima inversión. Esos países no pueden competir sin más apoyo europeo. Por eso es importante que la enmienda Kinnock libere una cantidad anual de 200 millones de euros para los países ACP. De hecho, las otras enmiendas de la señora Kinnock también merecen nuestro apoyo.

Si no conseguimos cumplir los compromisos en el marco del programa «Todo menos armas» perjudicaremos seriamente nuestra credibilidad respecto de los PMD. Además, esta reforma invita a debatir la abolición general de todas las subvenciones a la exportación, como se prometió recientemente en Hong Kong. Concluiré resumiendo que la reforma del azúcar es necesaria, pero no si sienta bien a los grandes productores e indigesta a los agricultores pobres.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, tal como insistimos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, estamos muy preocupados por esta reforma del azúcar y por las posiciones que, por desgracia, el Consejo adoptó antes de este debate.

Nuestras propuestas en comisión subrayaban la defensa del principio de soberanía y seguridad alimentaria, y la protección de los agricultores y de la industria en regiones y Estados miembros con dificultades. También hemos defendido un aumento de las cuotas de producción en países en los que hay un déficit de producción en relación con el consumo, como en el caso de Portugal.

Así, hemos propuesto, y continuamos defendiendo, un aumento de las cuotas de producción en la fábrica de Coruche, en Portugal, hasta 120 000 toneladas de remolacha azucarera, para garantizar la viabilidad económica, el empleo y la producción de remolacha azucarera, dadas las buenas condiciones existentes en Portugal y el gran déficit de producción de azúcar en relación con el consumo.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, dicen que es mejor dar una caña de pescar que un pescado. Si vamos a cerrar la producción de azúcar en Irlanda y en la UE, podemos y debemos compensar debidamente a los agricultores y productores, aunque no sea más que para acallar la voz de nuestra conciencia.

Pero ¿estamos locos? ¿Por qué estamos cerrando la producción de azúcar cuando necesitamos desesperadamente encontrar alternativas para los carburantes derivados del petróleo? ¿Por qué tenemos que pagar para tener campos vacíos y maquinaria oxidada cuando necesitamos más que nunca la producción de azúcar? El azúcar tiene otros usos además de los dulces.

Por una parte, lanzamos advertencias sobre la desaparición del petróleo y promovemos alternativas; por otra parte, hacemos desaparecer el azúcar, que es una de las alternativas viables. Parece que una mano no sabe lo que hace la otra. ¿Cómo conseguiremos algo de esa forma?

Aunque tenemos previsto nuestro propio paquete de compensaciones, recordemos que terceros países, como la República de Mauricio, están siendo devastados por nuestras reformas azucareras.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).  – (PL) Señor Presidente, la liberalización del mercado del azúcar es un problema complejo, y requiere nuestra atención. El Parlamento Europeo demostró su interés en el tema al aprobar una resolución sobre la reforma futura de la organización común del mercado del azúcar el 10 de marzo de 2005. Por desgracia, la Comisión Europea ignoró esta resolución. En julio de 2005, presentó tres propuestas de Reglamento que socavaban el significado de la resolución que la Cámara había aprobado. Se volvió a ignorar al Parlamento el 24 de noviembre de 2005, cuando el Consejo aprobó una versión final de la reforma sin pedir la opinión de la Cámara, y con la oposición de los Ministros de Agricultura polaco y griego. Esto ha conducido a que se nos presenten propuestas que violan el principio de la solidaridad europea, y cuyo objetivo es garantizar que el mercado del azúcar se reforme a costa de los países más pequeños, en particular los nuevos Estados miembros de la UE. Otro objetivo es garantizar que la producción de azúcar europea se concentre en Alemania y Francia.

Las soluciones propuestas perjudicarán a los agricultores y a los trabajadores de la industria azucarera y beneficiarán a las grandes empresas azucareras. El individuo y el principio de asociación han caído en la cuneta en esta reforma. Los nuevos Estados miembros han privatizado sus fábricas de azúcar, pero la gran mayoría de dichas fábricas en Polonia pasaron a manos de extranjeros a un tercio del precio que ahora les pagarán por detener la producción. La situación es similar en muchos otros países.

Por estas y muchas otras razones, sugiero que se rechacen las tres propuestas, y que se prepare una nueva reforma que mantenga la resolución del Parlamento del 10 de marzo de 2005.

  Jan Tadeusz Masiel (NI).  – (PL) Señor Presidente, soy plenamente consciente de que hay que llevar a cabo, y se llevarán a cabo, reformas mucho más profundas de la política agrícola común. Por desgracia, estas reformas perjudicarán a los agricultores y, como siempre, los nuevos Estados miembros son los que saldrán más perjudicados. Este es otro ejemplo más de los términos injustos con que nos adherimos a la UE.

No es un secreto para la Comisaria que Polonia está en contra de la reforma del régimen del azúcar. Tiene que entender nuestro punto de vista y tenerlo en cuenta. Como ha dicho el ponente, nuestra atención tiene que centrarse en particular en los hombres y mujeres que se ganan la vida en la producción del azúcar. La compensación tiene que estar dirigida sobre todo a los trabajadores de las fábricas de azúcar y a los agricultores, y no a los propietarios de dichas fábricas. Esto es aún más importante ya que la mayoría de fábricas de azúcar en Polonia están bajo control extranjero.

La transferencia de cuotas de producción de un país a otro debería estar prohibida para evitar la especulación. Esta reforma del mercado del azúcar constituye otra oportunidad perdida. En lugar de actuar como expresión de la solidaridad entre los Estados miembros de la UE y los países en desarrollo, resultará en una ayuda insuficiente para los países pobres y en nuevos puntos de discordia entre los Estados miembros.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).  – (PL) Señor Presidente, Comisario, la reforma del mercado del azúcar es urgente, ya que el Reglamento actual que gobierna las cuotas, los precios y las subvenciones a la exportación expira el 30 de junio de 2006. Sin embargo, los cambios que se nos han propuesto son inaceptables.

Mi opinión, así como la de la mayoría de agricultores de remolacha azucarera en Polonia, es que la única palabra que puede usarse para describir estos cambios es «escandalosos». El compromiso político que el Consejo ha alcanzado es intolerable. Los agricultores de remolacha azucarera polacos incluso han afirmado que la reforma del mercado del azúcar de la UE se retrasó a propósito hasta después de la adhesión de los nuevos Estados miembros, para que la producción del azúcar en la UE pudiera revisarse a la baja a su costa. La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que las cuotas C del azúcar desestabilizan el mercado. El panel de la OMC no nos ha tenido en cuenta, y no hemos tenido éxito en nuestro llamamiento. Pero el compromiso alcanzado por el Consejo de Ministros prevé 1,1 millones de toneladas de azúcar C adicionales para los Estados miembros que más producen.

Existe una sorprendente falta de coherencia en las medidas que han tomado la Comisión Europea y el Consejo. A pesar de que las metas de estas instituciones es limitar la producción, han propuesto un aumento para los países que producen grandes cantidades de lo que se conoce como azúcar C. Recibimos varios regalos de Navidad como ese, pero es una pena que Papá Noel no fuera tan generoso con todos los demás países. ¿Cómo explican el Comisario y el Consejo el hecho de que solo unos cuantos países seleccionados vayan a recibir ayuda adicional? ¿Cómo se han seleccionado esos países? Otros países mucho más pobres, incluida Polonia, tendrán que asumir el coste de todos esos regalos de Navidad, que tendrán forma de pagos de reestructuración más generosos. Quiero preguntar al Comisario si la reforma del mercado del azúcar solo trata de regateo, o si está basada en medidas coherentes que vayan a garantizar la competitividad del mercado del azúcar europeo.

Pido al Parlamento que apruebe las enmiendas que he presentado con vistas a mejorar esta reforma del mercado del azúcar, al menos en parte. Esperemos que la Comisión y el Consejo tomen nota de ellas. Aún existe la posibilidad de que lo hagan, y yo se lo agradecería mucho.

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el debate de hoy y la votación que tendrá lugar pondrán punto final a más de un año de trabajo en esta Cámara. Por otra parte, quiero subrayar el espíritu constructivo del ponente, el señor Fruteau, cuyos informes apoyo. No obstante, más que ser el final de un camino, este momento marca el comienzo de un proceso de desarrollo del sector.

A usted, señora Comisaria, le diré que la tendencia a ver el mercado como la panacea de todas las cosas ha tenido consecuencias devastadoras, aunque hemos contribuido a atenuarlas un poco. Si esta reforma se considera, con razón, inevitable, hay que desconfiar ya de sus efectos. Esto se debe a que tras el acercamiento de las posiciones del Consejo y del Parlamento, dicha reforma se articula en torno a un descenso drástico del precio: un 36 % en cuatro años. Desregular a través de los precios es provechoso para los grandes productores, que pueden seguir creciendo en detrimento del medio ambiente y explotar aún más, fuera de Europa, a una mano de obra mal pagada. También es provechosa para los grandes consumidores, que comprarán el azúcar mucho más barato en el mercado mundial sin repercutir ese descenso en el precio de venta del producto acabado, maximizando así sus beneficios. Esta es su definición de desarrollo, que no debe confundirse con nuestra concepción del desarrollo

Por otro lado, desregular a través de los precios es perjudicial para los pequeños productores de nuestros países y, más aún, de los países ACP y los países menos avanzados, que venderán su azúcar más barato y quizás piensen en cesar la producción, pero sin una fuente de ingresos alternativa que sea viable. Tampoco será provechosa para los pequeños consumidores: en efecto, podemos apostar por que el precio del azúcar no bajará para ellos. Además, en Europa, algunos países cesarán su producción y otros la mantendrán con dificultades, tanto para los productores como para las industrias y sus trabajadores.

Me gustaría, si me lo permiten, introducir un aspecto particular belga en este punto. Celebraría la posibilidad de una reestructuración en el sector de la achicoria para la producción de inulina, que promete un buen futuro. He presentado enmiendas en ese sentido y les agradezco, Señorías, que las hayan aceptado. Por lo que se refiere al Consejo que tiene previsto reunirse en febrero, desearía que prestara más atención a la parte de la ayuda destinada a los agricultores y a las condiciones que deben reunir los industriales que soliciten una ayuda a la reestructuración. Estaré muy atento a ello.

  Luciana Sbarbati (ALDE). - (IT) Señor Presidente, Señorías, se ha dicho que el acuerdo en torno a la organización común del mercado del azúcar es un acuerdo histórico y constituye una decisión valiente y audaz en una situación que se ha quedado estancada durante demasiados años. Se ha dicho que era preciso actuar para poder disponer de los fondos que permitieran llevar a cabo esta reestructuración absolutamente imprescindible aunque dolorosa, y para garantizar, no solo que los agricultores afectados reciban una compensación, sino también que este sector sea sostenible a largo plazo. Esta nueva política fomentará el comercio y reforzará la posición de la Unión Europea en las negociaciones que tendrán lugar en la reunión de la OMC en Hong Kong el mes que viene.

Con esta reforma, los países en desarrollo tendrán sin duda en la Unión Europea un mercado atractivo para sus exportaciones de azúcar, si bien, personalmente, opino que saldremos perdiendo mucho en términos de garantías de calidad y salud del consumidor. A este respecto, señora Comisaria, quizás debamos seguir una línea más rigurosa, más prudente y más cauta Por último, con este acuerdo la Unión Europea podrá ofrecer a sus socios ACP ayuda económica para adaptarse a los cambios, pero es probable que termine simplemente protegiendo, como siempre, a Francia y Alemania.

Aunque aprecio enormemente la labor realizada por el ponente y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, no quiero demorarme sobre los términos del acuerdo, que ahora todos conocen. No obstante, una vez más debo señalar hasta qué punto se ha infravalorado la función del Parlamento Europeo, ya que esta se ha visto eludida con demasiada frecuencia por el Consejo y la propia Comisión

Por ello, si bien espero que se aprueben las enmiendas destinadas a mejorar el texto, quiero expresar cuán defraudada me siento por el hecho de que no se haya tomado una posición más audaz en relación con la PAC a fin de garantizar la independencia energética de la Unión Europea, centrándose, como también mantuvo el Profesor Prodi, en energías alternativas o energías integradas con petróleo, como por ejemplo la energía procedente de biomasa.

Mediante la transformación de biomasa podemos lograr ingresos que compensen con creces las pérdidas derivadas del azúcar. ¿Es consciente de ello la señora Comisaria? ¿Es consciente la Comisión? Pienso que convendría que la Unión Europea invirtiera en el sector de transformación de biomasa, que por cierto es una tecnología que produce hidrógeno de forma directa. De hecho, dos toneladas de biomasa seca producen las mismas calorías que una tonelada de petróleo, pero mientras que el coste potencial de la biomasa es de 200 euros por tonelada, la tonelada de petróleo cuesta 400 euros. Déjenme darles un ejemplo: Italia ahorraría 12 000 millones de euros y Europa 120 000 millones. Con esa suma podríamos aplicar una política que combine los objetivos de reforma con los fines de justicia social, de la mejor manera posible y sin traumas excesivos e inesperados. Podríamos aprobar medidas positivas y sostenibles para el medio ambiente, para los agricultores y los propios productores, sin fomentar una cultura asistencial y, sobre todo, sin perder puestos de trabajo.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).  – (PL) Señor Presidente, estamos debatiendo hoy tres informes presentados al Parlamento sobre la reforma del mercado del azúcar. Como representante de un nuevo Estado miembro, Polonia, deseo plantear dos asuntos importantes sobre esta reforma.

En primer lugar, lo que ha hecho necesaria la reforma ha sido la cantidad excesiva de azúcar exportada por dos países, a saber, Alemania y Francia. Estas exportaciones ascienden a casi 2 millones de toneladas. Por ello, Francia y Alemania deberían soportar el coste de esta reforma reduciendo de forma significativa la cantidad de azúcar que exportan. Puesto que Polonia no exporta más que 90 000 toneladas, solo puede ajustar su producción dentro de estos límites.

En segundo lugar, contrariamente a lo que ocurre en otros Estados miembros, en Polonia los límites a la producción de azúcar se han impuesto a las fábricas de azúcar y no a los agricultores. La mayor parte de las azucareras polacas fueron compradas por inversores alemanes y franceses que pagaron unos 200 euros por tonelada de cuota de producción. Los propietarios de estas fábricas se verán indemnizados con una cantidad de 730 euros por tonelada de producción abandonada, lo que significa que recibirán casi cuatro veces más que lo que pagaron. Es más, los bienes industriales, o en otras palabras, los edificios, los terrenos y la maquinaria seguirán en sus manos.

Quisiera exponer estos dos graves asuntos a la Comisión y al Consejo, así como a la Comisaria, que está hoy presente en la Cámara. Todos ellos piensan que han propuesto una idea brillante de reforma del mercado del azúcar.

  Duarte Freitas (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, todos estamos de acuerdo en que este sector necesita una reforma que lo haga sostenible, en consonancia con la última reforma de la PAC y los compromisos internacionales de la Unión Europea. No obstante, a pesar de estos nuevos objetivos, la reforma propuesta por la Comisión ocasionaría serios problemas a los agricultores europeos, entre ellos, y no el menor, la drástica reducción del precio del azúcar.

Apoyo por tanto el informe del señor Fruteau, así como la labor realizada por los diversos Grupos políticos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que en mi opinión transmite un mensaje muy claro a la Comisión y al Consejo. Deseo destacar, además de la reducción en un 30 % del precio en la organización común de mercado del azúcar, la enmienda 3, sobre planes de ayuda a los agricultores, que se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros sigan recibiendo, al menos en cierta medida, subvenciones vinculadas a la producción. De este modo se evitará que el sector azucarero desaparezca rápidamente en las regiones más amenazadas por esta reforma. Añadiré, no obstante, que la propuesta de la Comisión se ha elaborado teniendo más en cuenta el punto de vista de la industria de transformación que el de los productores agrícolas y más los intereses de los países con mayor excedente de producción que los de los pequeños países que ni siquiera producen suficiente remolacha azucarera para satisfacer el consumo, como es el caso de Portugal.

El pilar de la producción de remolacha azucarera en Portugal es una fábrica que produce unas 70 000 toneladas de las 300 000 que se consumen en el país. En otras palabras, no son los países como Portugal los que desequilibran el mercado internacional con una producción excedentaria. Sin embargo, si mantenemos la posibilidad de que el fondo de reestructuración ayude a aquellos que abandonen una parte de las cuotas, estaremos ayudando al sector azucarero de algunos países como Portugal, y desplazando el apoyo a este sector del ámbito agrícola al ámbito de la transformación.

Por último, deseo poner de manifiesto mi desacuerdo con la manera en que el Consejo ha enfocado este tema desde un punto de vista institucional. Por mucho que se diga que se trata de un acuerdo político y no de una decisión formal, la verdad es que esta no es la mejor manera de avanzar teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por los ciudadanos acerca de la transparencia de las instituciones europeas. No se trata tan solo de aplicar el acuerdo institucional al pie de la letra. También tenemos el deber, como representantes políticos elegidos directamente por los ciudadanos europeos, de exigir respeto por las instituciones, tanto desde un punto de vista ético como político.

  David Martin (PSE). – (EN) Señor Presidente, agradezco los informes del señor Fruteau y yo también quiero alabar la forma en que ha realizado su trabajo. Sería justo decir que no opinamos igual en cuanto a la reforma del régimen del azúcar, pero quiero pensar que ahora, al final del proceso, estamos mucho más cerca que al principio.

Al igual que el ponente y los demás oradores, creo que es una lástima que el Consejo haya decidido llegar a un acuerdo político antes de que se haya celebrado el debate en este Parlamento. Creo que es una falta de respeto hacia esta Cámara. Sin embargo, me complace que el Consejo haya reconocido y apoyado la necesidad de acabar con la ayuda artificial al sector del azúcar y hacer que el régimen azucarero europeo sea más competitivo en el mercado mundial, y creo que la reducción del 36 % nos hará cumplir las normas de la OMC. No es tan radical como el 39 % que propone la Comisión, pero creo que nos acerca a dichas normas. El período de aplicación de cuatro años que el Consejo también recomienda ofrece a nuestros productores la oportunidad de adaptarse a las nuevas realidades.

Donde me gustaría ver más acción es en dos ámbitos específicos. Primero, en relación con el azúcar C. Deberíamos tener un compromiso claro para abolir el azúcar C, que es evidente que distorsiona el comercio mundial y podría seguir siendo objeto de conflicto a escala de la OMC. Por eso el jueves apoyaré la enmienda 80, como espero que haga esta Cámara.

Acojo con gran satisfacción la compensación de 7 000 millones de euros que se ha dado a los productores europeos y reconozco que necesitan esa ayuda. Sin embargo, igual que otros oradores en este debate, lamento que no estemos siendo igual de generosos con los productores de los países ACP. Los 18 productores ACP tienen actualmente unos ingresos estables de unos 250 millones de euros al año procedentes del régimen del azúcar. La propuesta de la Comisión era de 190 millones de euros al año entre 2007 y 2013, que era buena pero no suficientemente generosa. El problema es que el acuerdo del Consejo del 16 y 17 de diciembre no llega a los 190 millones de euros que la Comisión propuso y, como autoridad presupuestaria, junto con el Consejo, el Parlamento debe presionar para conseguir los 190 millones de euros al año si queremos que se nos considere sinceros en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Finalmente, quiero unir mi voz a la de quienes dicen que el uso del azúcar como biocarburante es una alternativa posible y un nuevo mercado potencial para el azúcar. La tecnología existe; debe mejorarse y adaptarse: y para ello hace falta investigación y apoyo técnico, y espero que la Comisión estudie de nuevo el tema de la reforma con más generosidad y haga más para fomentar un uso más amplio del azúcar, como medida medioambiental y como forma de compensar a los productores europeos de azúcar por la pérdida de ingresos con que se enfrentan a causa de estas propuestas.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, doy las gracias al señor Fruteau no solo por su trabajo hasta la fecha sino también por aguantar esta sesión maratoniana, y también doy las gracias a la Comisión. Creo que todos deberíamos recibir una palmadita en la espalda. En vez de repetir algunos de los comentarios realizados sobre estas reformas, solo quiero decir que me preocupa un poco la severidad del recorte de precios. Lo había pedido antes con insistencia, como alternativa al uso de la reducción de cuotas como mecanismo para controlar la oferta.

Tengo algunas preguntas concretas para la Comisión. Quizás la Comisaria podría darme una respuesta. En relación con la exacción que se va a deducir de los procesadores, ¿podría decir la Comisión si, en el caso de un país, y me refiero a Irlanda, que cultiva remolacha en 2006, la empresa tiene que contribuir a la exacción de reestructuración ese año? ¿Debería detener la producción en 2007? Es un tema crucial y de la respuesta depende si vamos a cultivar remolacha o no este año, quizás la última temporada para cultivar este producto en Irlanda.

Mi segunda pregunta se refiere a un comentario que la Comisaria ha realizado antes durante el debate cuando ha dicho que el 10% que se está reservando según el programa de reestructuración para los agricultores podría ser aumentado por los Estados miembros en determinadas circunstancias. Quizás la Comisaria pueda indicar cuáles podrían ser esas circunstancias.

Sin utilizar todo mi tiempo, porque todos estamos cansados y quizás exaltados, solo diré, en cuanto al mundo en desarrollo, y comparto la preocupación de otras personas de esta Cámara, que al reformar el azúcar hemos disgustado al mundo en desarrollo, porque les estamos ofreciendo acceso a nuestros mercados a precios mucho más reducidos. Lo que quieren es acceso a precios elevados, porque es la única forma de poder crecer y prosperar. Los que han pedido que así sea deberían pensar en lo que han conseguido ahora con ello.

Finalmente, espero que con las reformas se consiga lo que la Comisaria dice que se va a conseguir: un sector del azúcar competitivo. Aunque, lamentablemente, creo que para Irlanda va a significar la desaparición del sector.

  Heinz Kindermann (PSE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, el ponente, el señor Fruteau, merece nuestra gratitud por su labor comprometida, que ha contribuido a lograr lo que después de todo se puede considerar un acuerdo aceptable. Por supuesto, no le ayudó el hecho de que el Consejo de Agricultura y Pesca ya hubiera tomado una decisión preliminar. Aunque no tenemos poder de codecisión en ese ámbito, esa decisión solo se puede tolerar a la luz de las negociaciones que tuvieron lugar en la OMC en 2005.

El compromiso que se ha alcanzado ahora sigue siendo un reto tremendo para los países afectados: tanto dentro de la UE como en los países menos avanzados y los socios ACP. Aunque las partes afectadas reciban pagos compensatorios, de una manera o de otra sufrirán pérdidas de ingresos.

En el futuro, muchas regiones de la UE productoras de remolacha azucarera no podrán producir la misma cantidad de remolacha para fines de alimentación, y en algunos casos no podrán producir nada. La Comisión debería seguir los pasos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a ese respecto y examinar la posibilidad de incrementar los fondos por hectárea disponible para cultivos no destinados a usos alimentarios.

En mi opinión, las propuestas clave de la Comisión de Agricultura son parecidas a las del Consejo de Agricultura y Pesca. Espero que se apruebe finalmente el acuerdo, ya que facilitará la planificación por parte de los cultivadores de remolacha y hará que la producción de remolacha azucarera se mantenga en la Unión Europea a pesar de los severos recortes.

No obstante, los operadores de las fábricas de azúcar también tienen una parte de responsabilidad. Su tarea consiste en aplicar el régimen de la futura organización de mercado de forma que puedan concebirse soluciones socioeconómicas viables en colaboración con los sindicatos y los representantes del personal.

  Hynek Fajmon (PPE-DE).  – (CS) Señorías, como sin duda saben, los terrones de azúcar son un invento checo, y por ello, en mi calidad de diputado checo al Parlamento Europeo, me gustaría, si me lo permiten, aportar una serie de comentarios acerca de la propuesta de reforma de la organización común del mercado del azúcar.

Lo primero que quisiera decir es que acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo Europeo y la Comisión deseen reformar la política comunitaria relativa al sector del azúcar. En su estado actual, dicha política es realmente absurda y supone un gasto demasiado elevado para los consumidores y los contribuyentes. Esa situación debe cambiar tan pronto como sea posible y es preciso liberalizar y desregular el mercado en su conjunto.

Por otra parte, resulta deplorable que se haya esperado a que la Organización Mundial del Comercio declarara injusta la política comunitaria para llevar a cabo una reforma del régimen del azúcar. Toda la Unión Europea debería reflexionar sobre este hecho. ¿Porqué somos incapaces de liberalizar nuestros propios mercados y porqué son otros países los que deben forzarnos a hacerlo? Después de todo, el libre comercio y el libre mercado han aportado prosperidad a las naciones europeas a lo largo de la historia, mientras que el proteccionismo no trae más que pobreza. Sin embargo, los que abogan por el proteccionismo parecen estar muy representados en esta Cámara. Mi opinión es diametralmente opuesta a sus puntos de vista y no votaré a favor de sus enmiendas. Hay que reformar el régimen del azúcar lo antes posible.

En tercer lugar, deseo referirme a una refinería de azúcar que funcionó en mi ciudad natal de 1890 a 1994. La apertura del mercado del azúcar tras la caída del comunismo en mi país ocasionó su quiebra. La refinería de azúcar de mi ciudad natal, Lysá nad Labem, quebró por su incapacidad de competir con las refinerías de azúcar subvencionadas de la Unión Europea. En la década de 1990, más de 50 refinerías de azúcar de la República Checa se declararon en quiebra o cerraron por esa razón. Los trabajadores de estas fábricas perdieron sus puestos de trabajo y no recibieron ninguna indemnización, al igual que los propietarios de las refinerías y los cultivadores de remolacha azucarera. Ahora ha llegado el turno a los Estados miembros veteranos de la Unión Europea de experimentar el mismo proceso de ajuste del mercado. Las compensaciones propuestas son extremadamente generosas, por lo que este ajuste debería resultar tarea fácil. Por tanto, estoy a favor de la reforma del régimen del azúcar y, de hecho, pienso que podría ir más allá. Nuestra experiencia en la República Checa demuestra que semejante reforma es factible y viable.

  María Isabel Salinas García (PSE). – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera destacar el esfuerzo realizado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para poder alcanzar un acuerdo de todos los Grupos políticos, cosa nada fácil teniendo en cuenta que la propuesta inicial de la Comisión iba más encaminada a la desaparición del cultivo del azúcar que a su reforma, sin tener en cuenta su coste social. Por tanto, creo que este intenso año de trabajo ha merecido la pena.

En segundo lugar, quisiera felicitar al ponente, el compañero Jean-Claude Fruteau, que en sus tres reglamentos ha plasmado moderación, equilibrio, solidaridad y, sobre todo, la realidad de cara al futuro del sector, no solo de los 21 países productores de la Unión Europea, sino también de los países ACP y de los menos avanzados.

Igualmente quiero sumarme a las muchas críticas oídas en la Cámara por el malestar producido por que el Consejo adoptase un acuerdo político sin esperar el informe del Parlamento. Esperamos que no sea un precedente para futuras reformas.

Por último, después de tanto trabajo, me gustaría referirme al doble lenguaje que algunos diputados han mantenido desde el principio –creo que es bueno recordarlo ahora que hemos llegado al final–, votando a favor del informe Fruteau en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para después, cuando llegan a su país, dedicarse a criticarlo todo. Algunos nos hemos dedicado a trabajar para alcanzar acuerdos, acercar posturas, para conseguir lo que al final ha sido una realidad. Le pese a quien le pese, creemos que la situación actual es mucho mejor que la del comienzo; no nos gustan las reformas, no nos han gustado nunca, pero hay que reconocer que hemos mejorado la difícil situación inicial.

Creo que ahora es el momento de lanzar un mensaje claro desde este Parlamento Europeo. Señorías, siempre es mejor construir que destruir por sistema. Es preferible hacer las cosas pensando más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, porque el tiempo siempre acaba dándonos la razón y la estrategia de la confrontación sin argumentos que se ha instalado en mi país no conduce a ninguna solución positiva.

Finalizo pidiendo el apoyo al informe Fruteau, que es un buen informe, que podrá mejorar el acuerdo del Consejo y que, si sale reforzado de este Parlamento, nos permitirá seguir avanzando hacia un futuro mejor para el sector.

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, el nuevo régimen del azúcar que se está esbozando resultará particularmente desafortunado para los cultivadores. En muchas regiones significará el final del cultivo de remolacha azucarera. El cierre de fábricas azucareras enviará al desempleo a agricultores y trabajadores industriales. Desgraciadamente en mi país ya se han producido las primeras manifestaciones.

Debemos fijarnos como objetivo la supervivencia de nuestros agricultores en sus explotaciones. No necesitamos otro éxodo rural. Si queremos sustituir la remolacha azucarera por cultivos energéticos debemos mostrarnos más generosos con nuestra ayuda. Además, es nuestro deber para con el medio ambiente, porque los cultivos energéticos suponen la protección del medio ambiente, aunque a los países ACP no les irá mejor con el nuevo régimen.

Señora Comisaria, es usted una persona sobria, honrada y capaz. Colabora usted con el señor Fruteau, quien ha elaborado propuestas muy buenas, y con el presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Daul; introduce mejoras, formula propuestas audaces, demuestra a los que le critican que no está aquí por simple formalidad cuando todo está ya decidido, sino que usted quiere, sincera y constructivamente, escuchar al Parlamento. De esta manera, está usted protegiendo a la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a la agricultura comunitaria.

De otro modo, veremos cómo desaparece la agricultura en muchas regiones desfavorecidas de Europa, cómo se abandonan los pueblos y cómo se deteriora el medio ambiente de Europa. Por el amor de Dios, no creo que sea esa su intención.

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Señor Presidente, la reforma del azúcar constituye ante todo un problema social para los agricultores y trabajadores de Europa y de los países en desarrollo. Si queremos que se instaure la justicia social a escala mundial, hay que abrir el mercado europeo. Esta reforma es inevitable y dolorosa. Si debemos tirarnos al agua al menos hagámoslo bien. La Comisaria consiguió dar un salto enorme, el Consejo ha conseguido un salto más pequeño y esta Cámara querría dar un paso aún menor.

Sin embargo, los trabajadores y agricultores están preocupados y tienen derecho a exigir sólidas garantías sociales. En este sentido, el fondo de reestructuración resulta vital. Gracias a la presión que hemos ejercido, disponemos ahora de un fondo de reestructuración más cuantioso, lo cual es importante. Nos gustaría que el fondo aumentara aún más, pues los trabajadores quieren algo más que el reciclaje. Quieren alternativas de empleo cuando cierren sus fábricas.

El bioetanol podría ser una solución siempre que pueda producirse con poco gasto energético. Es necesario incrementar la financiación para la investigación en este terreno. Solo de esta manera es posible garantizar un futuro social y sostenible para el sector. Solo en esas condiciones puede el sector aceptar esta reforma.

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, por una vez pase, expresaré una opinión más bien favorable sobre el proceso actual de reforma de la OCM del sector del azúcar, pero desde la perspectiva muy específica del azúcar de las regiones ultraperiféricas.

En un momento en que la Unión Europea se ha comprometido a reducir su producción de azúcar para ajustarse a las normas del comercio mundial, los departamentos franceses de ultramar se inscriben en una lógica diametralmente opuesta: continuar el desarrollo de su producción para garantizar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo duraderos y preservar el frágil equilibrio de las operaciones, tanto agrícolas como industriales.

Con respecto a las propuestas de la Comisión, puede decirse que Reunión, Guadalupe y Martinica son pioneras en la adaptación de su sector de la caña de azúcar. En primer lugar, porque su producción es muy inferior a las cuotas autorizadas y, por tanto, no participa en la superproducción comunitaria. Después, porque, en los últimos treinta años las fábricas se han ido agrupando progresivamente, hasta el punto de que ya no es posible contemplar ni la supresión ni la disminución de su actividad sin poner en peligro todo el equilibrio del sector.

Hoy, la caña es un producto de valor, íntegramente utilizable en la producción de azúcar, pero también de energía, por la utilización del bagazo o incluso de abono natural. La multifuncionalidad de la agricultura no es solo un proyecto teórico en nuestros departamentos, es una realidad. Es más, precisamente porque han sido pioneros, los departamentos de ultramar no pueden ir más lejos.

Si bien la Comisión Europea y el Consejo se han negado a hacer cualquier concesión financiera adicional a favor de los departamentos, el acuerdo político alcanzado en el Consejo en vísperas de la Cumbre de la OMC en Hong Kong ha autorizado a Francia a establecer dispositivos que permitan la concesión de una ayuda estatal complementaria a los fondos comunitarios.

Es posible prever la compensación del descenso de los precios con cierto margen para el aumento de la producción, lo que devolverá la serenidad y la visibilidad a un sector que ha sufrido dos años de incertidumbre.

Quisiera felicitar al ponente, el señor Fruteau, por sus esfuerzos, y le pido solemnemente, señora Comisaria, que mantenga intactas las disposiciones recogidas en el compromiso del Consejo por lo que respecta al azúcar de los departamentos de ultramar, a fin de garantizar el futuro de este sector.

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la reforma del azúcar es uno de los expedientes políticos más complejos de la Comunidad. Antes de llegar a un acuerdo político, el Consejo debería haber tomado en consideración el dictamen del Parlamento a fin de reforzar la cooperación entre las instituciones europeas y proporcionar así soluciones acordes con nuestras expectativas y con los desafíos que afrontamos. No obstante, el resultado obtenido es positivo y moderadamente satisfactorio. Pienso que la contribución del Parlamento al establecimiento del acuerdo ha sido crucial.

El informe de propia iniciativa aprobado por la Cámara el pasado mes de marzo contenía una serie de sugerencias decisivas para la elaboración de la nueva propuesta El énfasis que puso esta Cámara en el impacto social de la reforma, al establecer un fondo de reestructuración para la industria, constituye una parte esencial de nuestra posición que se ha tenido en cuenta en el acuerdo. Es sin duda alguna una reforma dolorosa, pero si Europa quiere cumplir sus compromisos internacionales y a la vez garantizar que el sector tenga, a largo plazo, un futuro competitivo y sostenible, esta reforma resulta inevitable.

El acuerdo alcanzado es mucho más equilibrado que la propuesta que la Comisión presentó en junio y proporciona una serie de medidas positivas, como son: la posibilidad de mantener una parte de la ayuda vinculada para aquellos que sigan produciendo, las medidas de apoyo a los cultivadores de remolacha azucarera, la atención prestada a las regiones afectadas por el desmantelamiento de la industria y la creación de un fondo de diversificación. Por tanto, la reforma evitará que se abandone totalmente la producción y las repercusiones sociales y de empleo serán mucho menos desastrosas de lo que temíamos.

  Jan Březina (PPE-DE).  – (CS) Señor Presidente, señora Comisaria, esta no es la primera vez que el Parlamento ha expresado su opinión sobre la reforma del régimen del azúcar. Yo fui uno de los que votaron a favor de la resolución que aprobamos el año pasado. Entre otras cosas, dicha resolución pedía que se reconsideraran las medidas de reducción de cuotas, en particular en el caso de los nuevos Estados miembros. Me complace que la Comisión haya revisado su estrategia original y haya propuesto una reforma basada en una reducción del precio garantizado del azúcar que satisfaga de igual manera a los productores de azúcar competitivos y a los cultivadores de remolacha azucarera. Mantengo, no obstante, ciertas reservas acerca del informe que se está debatiendo hoy, debido a que preconiza una reducción del precio del azúcar menor del que acordaron los Estados miembros en diciembre. Aquel acuerdo ya fue el resultado de un compromiso que se alcanzó moderando la propuesta más drástica de la Comisión.

En primer lugar, no debemos olvidar que sufrimos una derrota en manos de la OMC. Debemos por tanto cumplir la necesidad de abrir nuestro mercado del azúcar de aquí a 2009. A este respecto, no puedo sino sorprenderme del exceso de atención que se está prestando a los intereses de los países menos desarrollados. Por una parte, estos países querrían que el precio del azúcar se redujera en los mercados no comunitarios, pero por otra parte quieren que los precios se mantengan altos en el mercado europeo al que tienen un acceso privilegiado.

En segundo lugar, deseo subrayar que el hecho de reducir el precio del azúcar durante un período más largo beneficiaría a las empresas menos competitivas y contribuiría a perpetuar distorsiones en el mercado del azúcar. No solo saldrían perdiendo los productores de azúcar competitivos, sino más aún los consumidores europeos que, literalmente, pagarían la mayor parte del coste de una reducción más moderada de los precios. Actualmente, el azúcar cuesta a estos consumidores tres veces más que en otras partes del mundo. ¿Es aceptable que deban seguir subvencionando un amplio sistema proteccionista cada vez que compran un producto que contiene azúcar?

Debemos recordar que el principal propósito de la Unión Europea consiste en retirar obstáculos al comercio mutuo y no en perpetuarlos y reforzarlos. Debemos por tanto demostrar que somos un Parlamento verdaderamente europeo y que no tenemos miedo de aplicar mecanismos de mercado en los ámbitos de la producción y la venta de azúcar, entre otros.

  María Esther Herranz García (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, el acuerdo político ya alcanzado por los Ministros de Agricultura −incluida la Ministra socialista española y por el cual ya debería haber sido cesada− será, sin duda alguna, adoptado a finales de mes dentro de los puntos A del orden del día, es decir, sin proceder a debate alguno. Ya no hace falta, todo está debatido.

Desafortunadamente, la discusión que mantenemos hoy en el Parlamento Europeo no tendrá ningún impacto en la decisión final. En adelante, sería deseable evitar que la voz del Parlamento vuelva a ser ninguneada de esta forma tan estruendosa, sobre todo en decisiones con consecuencias económicas y sociales de tanta importancia. Pero, para ello, la Comisión Europea no debe utilizar cualquier excusa que le sirva de coartada para ignorar la opinión del Parlamento, como ha hecho en esta ocasión.

Me gustaría que quedara claro, por si todavía cabe alguna duda, que este informe, que será sometido el jueves a votación, se encuentra muy lejos del acuerdo político alcanzado por los Estados miembros, respecto tanto de los precios del azúcar como de las compensaciones a los agricultores o la libertad de los Estados miembros para mantener una parte de la ayuda acoplada, que en el acuerdo de los 25 en el Consejo, desde luego, no se recoge. El informe del Parlamento reparte de forma más equitativa los esfuerzos de reducción de la producción, al suprimir el cupo adicional del millón de toneladas anteriormente llamadas C.

Éstos son solo algunos de los ejemplos que podemos encontrar si comparamos un texto con otro, pero la lista podría alargarse muchísimo más si procediéramos a un análisis detallado del acuerdo.

En definitiva, no nos gusta la reforma, no nos gustaba la reforma de la Comisión Europea porque era horrible. Sin embargo, el acuerdo que se va a votar en este Parlamento el jueves nos parece el mal menor.

  Mariann Fischer Boel , miembro de la Comisión. (ES) Señor Presidente, he escuchado el debate con atención. Su intensidad es un indicio de que hay mucho en juego. Sin embargo, también es un indicio del compromiso con el que sus Señorías se han implicado en el proceso de elaboración de esta nueva reforma.

Hablaré primero de las enmiendas. Creo que he encontrado en ellas muchos puntos comunes con mis propias opiniones. Empezaré con la nueva organización común de mercados que se propone. Sus Señorías han comentado que la red de seguridad es necesaria durante el período de reestructuración que acabará en 2009-2010 para reducir al mínimo las alteraciones de mercado no deseadas. Puedo aceptarlo. Por lo tanto puedo apoyar el contenido de las enmiendas 2, 29 y 54.

Para no fomentar un exceso de producción y la consecuente acumulación de reservas, será necesario fijar el precio de intervención a un nivel considerablemente más bajo que el precio de referencia de la siguiente campaña. La intervención deberá limitarse también a una determinada cantidad máxima. Finalmente, creo que durante el período de reestructuración necesitamos recurrir a todas las herramientas de gestión, incluyendo el almacenamiento privado.

Sus Señorías argumentan también que, siempre y cuando se respeten nuestros compromisos internacionales, deberían o podrían exportarse ciertas cantidades de la cuota de azúcar. En aras del equilibrio del mercado, esta es una idea que puedo compartir, y por lo tanto acepto las enmiendas 20, 39, 49, 51 y 68.

Muchos de ustedes han mencionado el bioetanol. Comparto su análisis de que la producción de energía del futuro debería convertirse en una de las principales salidas de la remolacha comunitaria. Siguiendo esta línea, puedo apoyar las enmiendas 11 y 42, destacando el papel político del bioetanol en el paquete de reformas.

Como ustedes saben, la Comisión está trabajando en una serie de iniciativas políticas. El 1 de febrero adoptaremos una propuesta sobre la promoción de biocarburantes basados en materias primas agrícolas. También sé que el señor Parish trabaja actualmente en una resolución del Parlamento sobre este mismo tema. Creo que debemos celebrar este debate cuando se hayan adoptado esas contribuciones, y no ahora en el contexto de la reforma del azúcar. Debo subrayar que estoy muy interesada en recuperar este debate porque es muy importante.

Comparto la opinión de que necesitamos abordar el problema específico que afecta a los agricultores que practican el cultivo de otoño. Es un problema específico de los países mediterráneos. Para ello se requerirá una ampliación provisional de la cuota sin la exacción de reestructuración para el año comercial 2006/2007. La Comisión puede aceptar así en principio las enmiendas 23 y 69.

Puedo compartir su preocupación en cuanto a los ingresos de los productores de remolacha y aceptar la parte correspondiente de la enmienda 31 referente a la eliminación del 10 % adicional de flexibilidad en el precio del azúcar.

En cuanto al azúcar industrial, puedo aceptar el contenido de la enmienda 43. Hay que evitar las normas estrictas y complejas cuyo cumplimiento sea difícil de controlar.

También hay toda una serie de enmiendas técnicas que ya fueron aceptadas en los debates técnicos sobre la propuesta de la Comisión. Otras enmiendas tratan temas menores que se resolverían mejor en el marco de las normas de desarrollo. No puedo aceptar las demás enmiendas sobre la reforma de la OCM.

Permítanme que pase ahora a la propuesta de reglamento que modifica el Reglamento del Consejo (CE) Nº 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa. Puedo aceptar en principio un aumento de la flexibilidad para los Estados miembros en el contexto de los pagos compensatorios y, por lo tanto, acepto el contenido de las enmiendas 5, 6, 8 y 11, adaptadas según proceda.

Basándome en mi idea de respaldar el desarrollo de la producción de bioetanol en la Comunidad, también puedo aceptar la noción de la enmienda 7, según la cual podría cultivarse en tierras retiradas de la producción remolacha con fines que no sean la producción de azúcar.

La enmienda 4 y la enmienda 13 plantean un sistema de compensaciones basado en la cantidad de azúcar producido a partir de la remolacha de cada agricultor. Estoy a favor del principio de proporcionalidad de esta reforma, por ejemplo, avanzando mayores niveles de compensación a los Estados miembros que deben afrontar una mayor reducción de sus cuotas. Sin embargo, el proyecto propone un sistema que diferenciaría los pagos según el volumen de remolacha producido. Un sistema de este tipo crearía enormes dificultades prácticas para conseguir un valor añadido muy limitado, lo que va en contra del objetivo común de simplificación, y por lo tanto no puedo aceptarlo. Tampoco puedo aceptar las demás enmiendas.

Finalmente, quiero referirme a la propuesta de Reglamento que establece los fondos para la reestructuración. Puedo apoyar la idea que subyace en las enmiendas 4 y 14, según las cuales los productores de remolacha pueden beneficiarse de una parte de la ayuda para la reestructuración. Sin embargo, dado que los diversos Estados miembros presentan unas condiciones muy diferentes, un mínimo del 50 % sería demasiado alto. No olvidemos las numerosas obligaciones que deben resolverse a través de este fondo de reestructuración. Existen algunas obligaciones medioambientales y sociales que son muy importantes. Si tuviéramos que imponer un mínimo del 50 %, habría casos en los que tendríamos dificultades para cumplir con las diversas obligaciones. Por lo tanto no puedo aceptarlo.

Como ya he dicho en mi intervención al comienzo del debate, un mínimo del 10 %, con la posibilidad de que los Estados miembros aumenten este porcentaje, parece mucho más adecuado. Señora McGuinnes, me dirijo específicamente a usted: jamás me atrevería a interferir en las decisiones que deben tomar los Estados miembros para decidir hasta qué punto aceptan este porcentaje de compensación.

Igualmente, puedo apoyar el principio que establece la enmienda 5, y la parte correspondiente de la enmienda 10, en relación con la ampliación de la flexibilidad para las industrias que abandonen la producción de azúcar y pasen a sectores alternativos, como la producción de bioetanol. Lo mismo se aplica a la noción de renuncia parcial de cuota de la enmienda 7.

El elemento social ya está cubierto en la propuesta y los requisitos administrativos adicionales no harían más que entorpecer el proceso de reestructuración. Por lo tanto, opino que las enmiendas 6, 9 y la parte correspondiente de la enmienda 7 no deben aceptarse.

También se han presentado algunas enmiendas de última hora. Estoy a favor de la idea de la enmienda 17. Los agricultores de remolacha azucarera que sigan con la producción en los Estados miembros pero reduzcan considerablemente su cuota de azúcar deberían recibir algún tipo de ayuda estatal durante un período de transición.

Las enmiendas propuestas a las que no me he referido son de menor importancia y por razones técnicas no considero necesario ponerlas sobre la mesa. Esto incluye también las enmiendas de última hora presentadas la semana pasada.

He tomado nota de los comentarios especialmente duros que se han hecho respecto al trato que reciben los países ACP. En realidad, ha sido objeto de un debate muy intenso, pero no hemos olvidado a los países ACP. El recorte de precio previsto no afectará a estos países hasta 2008, dos años después de que se imponga a los agricultores europeos. No olvidemos que después de la plena aplicación de la reforma, los países ACP seguirán beneficiándose de un precio que será el doble del precio del mercado mundial.

La Comisión siempre ha propuesto un plan de acción para los países ACP con 40 millones de euros para 2006. Se espera que esos fondos estén a su disposición en 2006, aunque los precios no se rebajen hasta 2008. Ciertamente 40 millones de euros no son muchos, pero sí suficientes para empezar, y siempre ha habido la intención de proporcionar fondos adicionales considerables para el período restante de 2007 a 2013. Es evidente que el volumen de esos fondos dependerá de la marcha de las negociaciones en curso sobre las perspectivas financieras.

La reforma introduce también varias obligaciones para las empresas que quieran aceptar el fondo de reestructuración. Debo decir que lamento y me siento decepcionada por el hecho de que bastantes diputados, entre otros los diputados polacos, no puedan obviamente estar aquí porque debe quedar completamente claro que las empresas azucareras no pueden, repito, no pueden simplemente cobrar el fondo de reestructuración y abandonar el país. Tienen que proporcionar medidas para los empleados del sector azucarero. Esas normas se refieren a formación o jubilación anticipada, o lo que quieran. Este dinero se va a gastar en cooperación con el Gobierno. Parece que ha habido un completo malentendido en cuanto a esos fondos de reestructuración.

Puedo dar una respuesta a la pregunta de la señora McGuinness sobre la exacción, que es: sí, la única forma de evitar este pago al fondo de reestructuración sería abandonar la producción en 2006/2007.

Finalmente, algunos diputados han criticado que el Consejo acordara una línea política para la reforma del azúcar el 24 de noviembre de 2005. La definición de una línea política en el Consejo de noviembre fue debida a una serie de circunstancias excepcionales. El régimen actual sigue siendo aplicable solamente durante la presente campaña y nuestros agricultores y operadores tienen que tomar algunas decisiones muy difíciles. Tenemos la obligación de proporcionarles, de forma oportuna, unas condiciones aceptables para que puedan tomar sus decisiones.

Hemos perdido en el debate del grupo especial de la OMC sobre el azúcar, y urge cumplir las conclusiones de dicho grupo. Además, debíamos prepararnos para Hong Kong con el fin de poder defender nuestro sector azucarero, de modo que necesitábamos saber lo que teníamos que defender.

No obstante, debo resaltar que esas circunstancias no deberían sorprender a nadie. Desde que presenté mi propuesta de reforma ante este Parlamento el 22 de junio, he dejado absolutamente claro que el Consejo tendría que definir su línea política sobre la reforma del azúcar en el Consejo de noviembre. Lo repetí cuando hablé ante la Comisión de Agricultura el 13 de septiembre de 2005 y cuando escribí una carta de seguimiento a todos los miembros de la comisión el 26 de septiembre de 2005. He actuado con plena transparencia durante todo el proceso para que el Parlamento pudiera desempeñar su papel al máximo.

Pero, para terminar, permítanme decir a aquellos de ustedes que se muestran críticos hoy aquí que debemos reconocer el gran mérito de las comisiones y los diputados a esta Cámara que han realizado aportaciones muy valiosas en los últimos 12 meses. La realidad es que han conseguido influir en la elaboración de la reforma, una reforma que garantizará la sostenibilidad de este sector en Europa y una reforma que nos permite ofrecer una alternativa real a aquellos agricultores y a aquellas regiones que se verán más afectados por la reestructuración. Este es el resultado, y es un buen resultado.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12 del mediodía.

15. Aplicación de la Convención de Aarhus a las instituciones y organismos comunitarios

  El Presidente.   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0381/2005), presentada por la señora Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (06273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242(COD)).

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), ponente. – (FI) Señor Presidente, el Reglamento que vamos a votar mañana sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Aarhus a las instituciones comunitarias nos obligará a tomar decisiones que son muy políticas por su naturaleza. Se refiere a legislación medioambiental importante en relación con el acceso a la información medioambiental y el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones.

La Convención de Aarhus, ratificada en la Comunidad Europea por los Estados miembros y la UE, se aplicará mediante tres directivas; para ello, los dos primeros pilares ya han pasado por el procedimiento de codecisión y conciliación. Durante todo ese proceso he sido la ponente de los informes sobre la Convención de Aarhus. Esos pilares se refieren a la transparencia de la información medioambiental y al derecho de la Comunidad a implicarse. La tercera directiva, el acceso a la justicia, probablemente no seguirá adelante, porque los Estados miembros no han llegado a un consenso en la materia y existe la sensación general de que el proyecto debe archivarse. El derecho al acceso a la justicia también ha resultado ser el principal problema de este Reglamento.

Siempre he resaltado la importancia de los derechos de los ciudadanos en materia de medio ambiente. La apertura y la transparencia son vitales para la democracia y un componente fundamental de nuestra propia seguridad. No obstante, el Reglamento que tenemos ahora ante nosotros, que amplía el alcance de las disposiciones de la Convención de Aarhus al ámbito comunitario, corre el riesgo de adquirir algunas características preocupantes. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en su votación, alteró claramente el enfoque de las disposiciones y elevó la Convención a un nivel que, en mi opinión, no es deseable. Una cosa es que debamos controlar y regular, por ejemplo, la forma en que una autoridad aplica e interpreta las disposiciones de la legislación medioambiental, pero otra muy distinta es controlar y regular cómo lleva a cabo su misión un legislador elegido democráticamente. En la práctica, el texto de la comisión, como está ahora, otorgaría a todas las organizaciones no gubernamentales que encajen en una descripción muy general el derecho a llevar a las instituciones comunitarias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asignándoles así una especie de posición de perro guardián en relación con dichas instituciones. Sin embargo, como política, no estoy dispuesta a delegar de esta forma el poder que democráticamente se me ha asignado, controlado por los ciudadanos, y espero que este tema se corrija en la votación plenaria de mañana.

Los puntos más cruciales de la votación de mañana se refieren a las enmiendas 22, 24 y 25. El artículo 230 del Tratado permite a los ciudadanos entablar acciones legales en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si una decisión les afecta directa e individualmente, lo que es totalmente correcto y adecuado desde el punto de vista de la democracia. Pero la postura actual de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento significa que cualquier ONG de la UE podrá eludir esta disposición pidiendo una revisión interna, a la que la institución comunitaria deberá responder con una decisión formal. Esta decisión, junto con la enmienda 25, dejará vía libre para examinar la legalidad de la decisión original, no solo su procedimiento sino también su legalidad fundamental, y de esta forma dará a las ONG el poder de evaluar en última instancia el trabajo de las instituciones comunitarias. Eso les permitiría automáticamente llevar a las instituciones comunitarias ante los tribunales y, con dicha autoridad suprema, supervisar nuestro trabajo.

En una democracia son los ciudadanos quienes ostentan la máxima autoridad, y los políticos a los que eligen ponen en práctica su voluntad. Pero ahora colocaremos a las ONG por encima de los ciudadanos, y para mí es algo muy difícil de aceptar. Es una cuestión de política y una cuestión de principios. Por favor, no me malinterpreten: necesitamos organizaciones medioambientales, y el mundo sería un lugar mucho más pobre si las ONG no hubieran planteado con toda justificación muchas cuestiones importantes. Pero lo que ahora están intentando procurarse, con una presión muy fuerte, es inquietante.

Además, la definición de ONG en el Reglamento es muy ambigua, y por este motivo he presentado dos enmiendas a la Cámara que establecen unos criterios más detallados. La primera dice que una ONG tiene que haber trabajado en más de un país durante al menos dos años. La otra añade a la definición las palabras «que cumplan la ley». Esas enmiendas son esenciales para que las solicitudes de revisión permanezcan dentro de unos límites controlables y para obtener unos criterios adicionales para la naturaleza del trabajo de las ONG.

Los miembros de nuestra comisión en este informe han presentando enmiendas que comparto complacida. Yo misma he resaltado la importancia, por ejemplo, de la calidad y la capacidad de comparación de la información medioambiental. Asimismo, apoyo la naturaleza democrática y la transparencia de nuestra toma de decisiones siempre que puedo.

Pero, en realidad, no quiero nada más de las organizaciones medioambientales. Si ellas cumplieran lo que nos exigen a nosotros, si fueran más transparentes en sus actividades y sus procedimientos de financiación, si ofrecieran menos información engañosa y equívoca, no necesitaríamos imponer esas restricciones y esos criterios. Desde el punto de vista mundial, ha sido decepcionante ver que las ONG no siempre difunden la información correcta o corrigen la que se ha demostrado que es errónea.

Un buen ejemplo de ello es la carta que llegó esta semana de la principal organización en materia de medio ambiente, que ofrece una imagen errónea de la oportunidad que probablemente ahora se abre ante ellas para acceder a la justicia en los tribunales. Mencionan que las empresas industriales pueden entablar acciones legales ante el Tribunal de Justicia, y ahora esta legislación las colocaría en el mismo nivel. En la carta no se menciona que las organizaciones medioambientales no aspiran, ni mucho menos, a tener el mismo nivel que las empresas, y al respecto se pide que esta decisión las afecte «directa e individualmente», en otras palabras, como parte interesada. En su lugar, ahora las organizaciones medioambientales deberían poder elegir, dentro de toda la Unión e ignorando criterios relativos a las partes interesadas, en qué áreas están interesadas. Es engañoso que no se haya mencionado este dato fundamental.

El acuerdo de Aarhus es una parte importante de democracia viable. Por este motivo los derechos de los ciudadanos no deberían constituir un abuso del derecho a acceder a la justicia para poner freno a los proyectos u ofrecer un foro para las campañas de recogida de fondos de las organizaciones. Tampoco puedo aceptar que el trabajo de los políticos deba tambalearse entre infinitas quejas de las organizaciones. No es adecuado recurrir al derecho a apelar incesantemente. Los abusos deteriorarían aquellos derechos de los ciudadanos que en un principio debemos defender. En consecuencia, en la lectura en el Pleno tenemos que ser prudentes respecto a cómo aplica realmente la Comunidad el derecho a acceder a la justicia. Espero que el Parlamento se acercará más al punto de vista del Consejo, que considero que es equilibrado.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por su perseverancia en la redacción de este informe para la segunda lectura. En concreto, agradezco a la ponente, la señora Korhola, su aportación al esfuerzo para aplicar la Convención de Aahrus a las instituciones comunitarias.

Vale la pena observar que, tras las directivas sobre el acceso a la información medioambiental y la participación pública, esta propuesta de Reglamento es la tercera propuesta legislativa consecutiva sobre la aplicación de la Convención de Aahrus, esta vez a las instituciones comunitarias, y la señora Korhola ha realizado una valiosa aportación.

Este Reglamento se ha propuesto paralelamente a la decisión de ratificar la Convención de Aahrus, que contiene obligaciones no solo para las autoridades públicas de los Estados miembros, sino también para las instituciones comunitarias. En consecuencia, había que complementar las disposiciones ya existentes sobre este tema.

Por este motivo la propuesta abarca las tres partes de la Convención, es decir, el acceso a la información medioambiental, la participación pública y el acceso a la justicia.

La Comunidad se convirtió en parte contratante de la Convención en mayo de 2005, justo antes de la segunda conferencia de las partes celebrada en Almaty. Por aquel entonces, ya había tenido lugar la primera lectura del Reglamento y se había llegado a un acuerdo político en el Consejo de cara a la posición común.

La posición común mejora y completa la propuesta inicial de la Comisión desde varios puntos de vista. También incorpora, literal o materialmente, muchas de las enmiendas que el Parlamento Europeo formuló en primera lectura.

En concreto, en lo que se refiere al acceso a la información medioambiental, se propone un nuevo artículo 6 relativo a la aplicación de excepciones respecto al acceso a la información medioambiental, tal como proponía la enmienda del Parlamento Europeo.

La posición común también incorpora elementos de las enmiendas del Parlamento Europeo en cuanto a unos requisitos más detallados para la participación pública en la preparación preliminar de los planes y programas relacionados con el medio ambiente.

En cuanto al acceso a la justicia, el Consejo simplificó los criterios y los procedimientos que debían seguir las organizaciones no gubernamentales para presentar una solicitud de revisión interna de los actos de las instituciones comunitarias. Vale la pena observar que las organizaciones en cuestión ya no necesitan trabajar a escala comunitaria para ejercer este derecho.

La Comisión está en posición de aceptar los cambios en cuestión, dado que el texto actual conserva la obligación de que el objetivo básico de las organizaciones en cuestión sea la protección del medio ambiente a escala comunitaria.

La Comisión también ha podido aceptar los cambios en las disposiciones que se refieren a los resultados de la revisión interna y el mecanismo para que las organizaciones no gubernamentales recurran al Tribunal de Justicia.

El Consejo ha efectuado los cambios en cuestión de cara a evitar un texto que pueda entrar en conflicto con las normas de la Convención en cuanto al derecho de acceso de los ciudadanos y grupos de ciudadanos.

Y en este caso, la Comisión, como guardiana de los Tratados, apoya la intención del Consejo, sobre todo dado que la posición común coincide con la Convención de Aarhus, que permite que las partes contratantes adopten criterios para el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Espero que se llegue pronto a un acuerdo sobre esta propuesta en concreto. Ya hemos recorrido una gran parte del camino desde la aplicación global de la Convención de Aarhus y la aprobación de este Reglamento demostrará hasta qué punto queremos aplicarla a las instituciones comunitarias.

  Cristina Gutiérrez-Cortines, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, quisiera unirme a la posición de la señora Korhola; realmente, no puedo estar de acuerdo con las enmiendas 22, 23 y 25. Creo que la Convención de Aarhus, que en algunos países, como España, ya está siendo transpuesta, es una conquista, evidentemente, de la posibilidad de transparencia, de la formación, etc.

Sin embargo, me preocupa extraordinariamente que posiciones que se alejan del sentido común que ha demostrado el Consejo y de la posición de la Comisión pretendan darles a las organizaciones no gubernamentales una capacidad jurídica excesiva, en mi opinión, como ha dicho la señora Korhola.

Creo que la democracia debe ser simétrica. No es lógico que las organizaciones no gubernamentales tengan más derechos que los Ayuntamientos en este ámbito. También me parece que las regiones tampoco pueden, precisamente, tener determinada capacidad que aquí se les daría.

Por otra parte, hay un principio de Derecho, el de interés directo, que es un tema muy debatido en la historia del Derecho y que normalmente se aplicaba a la familia o a algún problema que ocurriera en el territorio en cuestión. Sin embargo, me parece que el hecho de que se aplique el interés directo a cualquier ONG de Europa supone entrar en un terreno de derecho infinito, que no sabríamos dónde acabaría.

Creo que esto puede crear muchísimos problemas, sobre todo porque, como sabemos, el desarrollo sostenible exige un conocimiento del medio directo, porque no es lo mismo un caso que otro. Un primer principio, que hemos mencionado muchas veces aquí, es que el concepto de desarrollo sostenible es integral, tiene que referirse a un lugar concreto y en un lugar se podrá hacer una cosa por razones económicas o sociales y en otro no se podrá hacer.

Por tanto, el que unas ONG, muchas veces no localizadas en el sitio pertinente, puedan exigir este derecho en virtud de su interés por el medio ambiente, me parece excesivo. Por ello, coincido con la posición del Consejo.

  María Sornosa Martínez, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría recordar que este informe del Parlamento, que debe facilitar los trabajos de adaptación a la Convención de Aarhus, es un instrumento necesario y adecuado. Por ello, reconozco los esfuerzos de la ponente y del resto de colegas por adaptar esta Convención a los mecanismos con los que cuentan actualmente los Estados miembros y las instituciones comunitarias, con el fin de asegurar el legítimo derecho a la información y la justicia medioambiental. En este sentido, pensamos que un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permitirán aplicar dichas decisiones más eficazmente y contribuirán a sensibilizar al público respecto a los problemas medioambientales.

La Convención tendrá que reforzar la transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno en áreas de la actuación pública tan dispares como la energía, la agricultura, el transporte o el turismo, a través del reconocimiento de una serie de derechos con los que se persigue garantizar la efectiva participación de los ciudadanos en los procesos públicos de toma de decisiones. Dicha información debe aportar el conocimiento suficiente para participar de una manera activa y consistente en los distintos procedimientos administrativos. Asimismo, debe reconocer el derecho a promover los recursos administrativos o judiciales que se consideren oportunos cuando se estime que tales derechos han sido vulnerados por las administraciones públicas.

En cuanto a los aspectos concretos del informe, considero que respecto al acceso a la justicia de las ONG, estas no deberían tener requisitos excesivamente restrictivos, como la exigencia de trabajar a escala internacional y, sobre todo, la de no llevar inscritas más de dos años para la presentación de solicitudes. Pienso que en muchos casos sería una grave injusticia.

Por otro lado, en aras de la universalización de la justicia, creo que deberíamos rechazar que el Banco Europeo de Inversiones pueda denegar el acceso a la información medioambiental, pues la Convención de Aarhus dispone que las excepciones deben interpretarse restrictivamente y la inclusión del término «bancario» amplía dicho concepto de confidencialidad. De hecho, la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental no prevé normas específicas para las entidades bancarias. Quisiera que la Comisión estuviera de acuerdo en estas dos cuestiones puntuales porque me parecen las más importantes.

Espero que este Reglamento se aplique lo antes posible, para garantizar el acceso a la justicia en todas las cuestiones medioambientales.

  Jules Maaten, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, la aplicación de la Convención de Aarhus a las instituciones europeas constituye un gran paso adelante porque ayuda, como debe ser, a que el proceso de redacción de la legislación europea sea transparente, de modo que los ciudadanos tengan más voz en la preparación de los planes y programas medioambientales.

Este Reglamento mejora la democracia en el ámbito medioambiental. Las disposiciones de Aarhus en relación con el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales se aplicarán en toda la UE. De ahora en adelante, no solo los Estados miembros sino también las instituciones comunitarias deberán cumplir estas disposiciones.

Según la Convención de Aarhus el acceso a la justicia implica que los ciudadanos deben tener la opción de llevar ante el Tribunal Europeo las decisiones medioambientales tomadas por las instituciones europeas. En estos momentos, los ciudadanos con un interés medioambiental o las ONG dedicadas al medio ambiente no tienen ninguna posibilidad de acudir al Tribunal porque pocas veces se ven afectadas personalmente; las condiciones incluidas en el tratado de la CE se aplican al acceso a la justicia, algo que a menudo es más fácil de demostrar en el caso de los operadores económicos. Por supuesto, es importante que las ONG gocen del mismo grado de acceso a la justicia, aunque la forma como lo han materializado la Comisión y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre todo en las enmiendas 22 y 25, es susceptible de atraer una cierta crítica.

Con el fin de evitar que cientos de ONG presenten objeciones triviales ante un tribunal, se utilizan las enmiendas para imponer unas condiciones estrictas que las ONG deben cumplir para solicitar una revisión interna. Incluso con esas condiciones, que ahora tenemos sobre la mesa y que la ponente nos ha presentado de forma independiente, habrá muchas ONG que podrán presentar solicitudes de este tipo.

No existe la intención de presentar ante el Tribunal cada una de las decisiones medioambientales que tomen las instituciones europeas, porque ello generaría una inseguridad jurídica y no haría más que aumentar la carga de trabajo del Tribunal Europeo. Por otro lado, cuando existan serias dudas respecto a una determinada decisión medioambiental, tiene que ser posible plantearla ante las autoridades correspondientes.

Mi Grupo está dividido en este tema. Mientras algunos son verdaderos defensores de las enmiendas 22 y 25 porque creen que así se elimina un desequilibrio, que la Convención de Aarhus se aplica mejor y que está en línea con el Tratado de la CE, otros piensan lo contrario, es decir que así se crean desigualdades, porque las ONG medioambientales tendrían una posición privilegiada, y, además, la Convención estaría como mínimo en desacuerdo con el Tratado.

No puedo más que lamentar que no haya espacio para un término medio, que las ONG tengan la oportunidad de expresar su opinión cuando sea realmente necesario, sin que exista el riesgo de que se presenten infinitas objeciones insignificantes. En realidad, ahora creo que eso sería preferible si la Convención simplemente diera más oportunidades para el acceso a la justicia, que es, de hecho, lo que el último Tratado Constitucional habría hecho si no se hubiera abandonado.

  Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señor Presidente, si queremos que la Convención de Aarhus funcione como se pretende en la UE, es esencial que las normas garanticen también que determinadas organizaciones medioambientales puedan presentar pruebas ante los tribunales. No obstante, la posición común del Consejo no proporciona dicho acceso a las ONG. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha apoyado pues, con razón, la propuesta original de la Comisión y ha reintroducido ese elemento. Lamento que muchos diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos intenten impedir que se aplique equitativamente la Convención de Aarhus. ¿No han aprendido nada de los votos negativos de Francia y los Países Bajos? Si queremos que el proyecto europeo se comprenda mejor y reciba apoyo, la participación y el control por parte de los ciudadanos es de gran importancia.

Pongamos un ejemplo actual. El Parlamento Europeo ha decidido iniciar acciones legales contra la Comisión en el caso del retardante de llama bromado BDE, porque la Comisión había levantado la prohibición sin que el legislador le hubiera autorizado a ello. Además, el Gobierno danés ha seguido el ejemplo con un procedimiento jurídico similar. Pero también las organizaciones medioambientales deben poder iniciar acciones de este tipo cuando se incumplen las leyes de la UE. El sector de los productos químicos hace de las suyas de nuevo, manteniendo a los ciudadanos a raya. Los ciudadanos como individuos no pueden tomar decisiones en el ámbito medioambiental porque no existe un interés individual. Pero las ONG se ocupan de los intereses de los ciudadanos en el ámbito medioambiental y sanitario, de modo que, también en la UE, deberían poder presentar pruebas ante los tribunales.

Por supuesto, estamos ante un caso de David contra Goliat. Las organizaciones medioambientales se ocupan de los intereses de los ciudadanos, mientras la industria química, respaldada con inmensas cantidades de dinero, puede imponer determinadas decisiones al sistema de la UE. Ya lo comprobamos con REACH. Sin transparencia ni acceso de los ciudadanos de a pie al Tribunal de Justicia, la UE se está convirtiendo en una apología de la democracia.

  Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoya todas las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria a este Reglamento sobre la aplicación de la Convención de Aarhus a la UE. Hay dos puntos que en nuestra opinión son de especial importancia.

Primero, es esencial que la decisión sea exhaustiva en su alcance, de modo que los proyectos financiados por la Unión Europea también queden cubiertos por los reglamentos. El Banco Europeo de Inversiones también debe someterse a esas normas. En los últimos años el BEI ha recibido muchas críticas por su forma de gestionar los temas medioambientales, por no haber tenido debidamente en cuenta al medio ambiente y por su considerable falta de transparencia.

En segundo lugar, queremos que las organizaciones medioambientales reciban un auténtico derecho a entablar acciones legales cuando no se cumplan las normas medioambientales. Por lo tanto nos oponemos a toda restricción a ese derecho, por ejemplo como propone la ponente en las enmiendas 28 a 30. Dicha restricción significaría en la práctica que muchos de los movimientos ecológicos nacionales más importantes no tendrían la oportunidad de iniciar acciones legales, y para nosotros sería inaceptable.

  Horst Schnellhardt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, el objetivo de la presente propuesta de Reglamento es conseguir más transparencia mediante una mayor participación de los ciudadanos en la elaboración de textos legislativos, y es algo que me complace enormemente.

Nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, dependemos de la información que recibimos de las asociaciones, organizaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados, y la reflejamos en nuestros procedimientos legislativos. Solo si incorporamos los intereses individuales de los principales Grupos en los textos legislativos de compromiso podremos producir una buena legislación.

De modo que, evidentemente, los ciudadanos necesitan tener acceso a la información, y me gustaría resaltar que también es una cuestión muy importante y que debería resolverse mejor.

Por supuesto, me sorprende que la Comisión a veces envíe información a las ONG y a las asociaciones en vez de a los diputados al Parlamento Europeo; he descubierto, por ejemplo, en relación con REACH, que muchas organizaciones y asociaciones han recibido dicha información antes de que llegara a nuestros casilleros. Eso no me preocupa, pero me preocupa el tipo y la forma de las enmiendas que se presentan a este Reglamento.

El hecho de estipular que las ONG –que, por cierto, salvaguardan intereses sectoriales– pueden entablar acciones legales para que sus puntos de vista se incorporen a los textos legislativos presupone en realidad una considerable desconfianza hacia este Parlamento. Por norma, parece que todas las instituciones europeas están bajo sospecha general.

Permítanme una alusión a mi anterior ocupación como cirujano veterinario cuando digo que nos estamos castrando a nosotros mismos y nos estamos privando de poder. Nos ponemos a nosotros mismos en tela de juicio y, en mi opinión, no podemos permitir que eso ocurra. Sería un grave error apoyar esta propuesta; debemos oponernos a ella firmemente.

No quiero decir que las ONG tengan intención de ejercer una influencia negativa en el desarrollo social, pero pido que no se diga implícitamente que el Parlamento no hace bien su trabajo.

Apoyo sinceramente la opinión del Consejo sobre la segunda lectura; todo lo demás es ir demasiado lejos. Eso incluye los procedimientos por infracción del Derecho comunitario, en los que se permite la intervención en procedimientos en curso: eso no beneficia tampoco a los ciudadanos.

  Evangelia Tzampazi (PSE). – (EL) Señor Presidente, es especialmente necesario que la Convención se aplique de forma plena e íntegra en todos los Estados miembros. Su importancia es decisiva para un mayor progreso de la política medioambiental.

Necesitamos poner un énfasis especial en la necesidad de que la información se proporcione de forma íntegra en formato electrónico y digitalizada, ya que esto será la base para conseguir de forma adecuada la participación de los ciudadanos en todos los procedimientos de sensibilización y control medioambiental. Así se resolverían enseguida nuestros problemas de burocracia que hasta la fecha han sido el principal freno en todos los esfuerzos similares.

Finalmente, lo más importante es que haya una respuesta directa e intensa del sector público a todos los aspectos del informe y las acciones propuestas, porque en varios Estados el sector público también es el proveedor de la mayor parte de la información medioambiental. El informe Korhola, que aborda de forma cuidadosa y prudente los complicados puntos de una operación de este tipo, en lo que a organizaciones no gubernamentales se refiere, debe abrirse a esas cuestiones y no ser tan estricto ni injusto al respecto.

Para terminar, creo que se ha realizado un trabajo importante y quiero felicitar a la ponente por su esfuerzo.

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – (SL) Desde su concepción, la Convención de Aarhus fue elogiada como uno de los logros más ambiciosos de la democracia en el ámbito de la protección del entorno humano, no solo porque establece un derecho humano de la nueva generación, es decir el derecho de las personas a un entorno sano y de calidad, sino también por suponer lógicamente que implicar a los ciudadanos elevará el nivel de protección medioambiental, primero mediante la adopción de medidas y, segundo, con la puesta en práctica de dichas medidas.

Pero ese razonamiento debe ir más lejos. Hay que establecer unas normas que exijan a las autoridades compartir la información medioambiental con los ciudadanos, y ellos, a su vez, en casos extremos deben poder exigir ante los tribunales que se apliquen las normas. Hablamos de la puesta en práctica de los reglamentos de una democracia participativa que protege el medio ambiente. Considerando que la Unión Europea está elaborando un Libro Blanco con el que pretende llenar el vacío de información que la separa de sus ciudadanos, el contenido del Reglamento que tenemos sobre la mesa es de gran interés en el sentido más amplio de las relaciones con los ciudadanos.

Tomando como base la Convención de Aarhus, en un intento de conseguir una mejor implementación de la legislación sobre protección medioambiental, la Comisión ha previsto que determinadas organizaciones no gubernamentales tengan derecho a acceder a la más elevada instancia judicial, el Tribunal Europeo. La conclusión lógica que se puede extraer de cara a este Reglamento es que las organizaciones no gubernamentales tienen un papel importante en la protección del medio ambiente. Pero la posición común del Consejo sobre este ámbito revela una interpretación distinta de la Convención. Se basa en el temor de un uso inadecuado del Tribunal Europeo, aunque no es una interpretación lógica.

Tomar medidas a medias en el esfuerzo por aplicar la legislación sobre protección medioambiental y eliminar del control democrático ciertas áreas de trabajo de las instituciones europeas enviaría un mensaje político erróneo a los Estados miembros. Es posible que así se consiga una reducción y no un aumento de su responsabilidad en la aplicación de la legislación medioambiental.

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, quiero pedir al Comisario que concluya este debate con algunas explicaciones.

Creo que el debate de esta noche tiene un defecto fundamental. La posición común objeto del informe de la señora Korhola no contiene ninguna norma sobre el acceso a la justicia. El Comisario ha presentado normas para el acceso a la primera parte de la Convención de Aarhus: acceso a la información, pero, tal como están las cosas, no se ha tratado en absoluto el tercer pilar de esta Convención.

Creo que existe una cierta confusión en este sentido. En mi opinión, la oportunidad de pedir una revisión interna, que se estipula en la posición común, no debería confundirse con el acceso a la justicia. Quiero pedir al Comisario que aclare este punto.

Pero quisiera añadir que considero absolutamente indispensable que las organizaciones no gubernamentales tengan acceso a la justicia en el ámbito medioambiental a escala europea, de modo que, si es necesario, se pueda examinar sobre el terreno la transposición práctica de la legislación europea.

La experiencia con el derecho de demanda colectiva en Alemania ha sido muy positiva: no ha habido un exceso de demandas, y las que se han presentado tenían sentido. La mayoría de las presentadas por asociaciones han acabado siendo aceptadas.

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, el Convenio de Aarhus, firmado por los 25 Estados miembros, establece los derechos del público en tres ámbitos: el acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este reglamento que tenemos sobre la mesa tiene por objeto aplicar estos derechos frente a las instituciones de la UE: el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el TJCE y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.

Es esencial que los individuos directamente afectados por violaciones de leyes ambientales cuenten con algún medio de reparación, ya sea mediante un organismo de recurso, el Defensor del Pueblo o, si es necesario, mediante los tribunales. Sin embargo, esto no significa elaborar una carta de la abogacía, que es lo que corremos el riesgo de hacer.

Aunque existen numerosos excelentes grupos de presión y ONG que llaman nuestra atención sobre preocupaciones legítimas respecto a cuestiones ambientales, se mantienen vigilantes y exigen responsabilidades a las instituciones en nuestro nombre, yo pediría cautela a la hora de permitir que cualquier grupo autolegitimado suponga otra carga para las instituciones y sature un sistema judicial que ya está sobrecargado. Aunque me opongo a las enmiendas 2, 7 y 12, mi mayor problema es la enmienda 26, que propone que se conceda a todas las ONG, independientemente de la legitimidad de sus intereses o de la transparencia de sus estatutos, el derecho ilimitado de entablar acciones judiciales contra las instituciones comunitarias en relación con sus actos administrativos u omisiones, como por ejemplo al aplicar la legislación ambiental de la UE.

En algunos países puede constituirse una ONG con menos de cinco personas. Una entidad de este tipo no es responsable democráticamente bajo ningún concepto, pero estas enmiendas le permitirían desafiar a la Comisión sin aportar pruebas de cómo o quién les financia y con qué propósito. Es un principio inveterado del derecho de la UE –creado a lo largo de muchos años de jurisprudencia y apuntalado por el apartado 4 del artículo 230 del Tratado CE– que los ciudadanos han de tener un interés directo y personal para poder acudir al TJCE. Cortocircuitar el Tratado por la vía de la legislación secundaria, como las enmiendas a este reglamento, ridiculiza la idea de que es la víctima de los incumplimientos de la ley, más que los observadores interesados –cuya motivación y base de apoyo no siempre están claras–, quien debería tener la posibilidad de recurrir.

Si el Parlamento Europeo desea ampliar el proceso interno o de revisión judicial, debería hacerlo mediante una enmienda al Tratado en primer lugar. Como política responsable democráticamente ante mi electorado, tampoco estoy dispuesta a delegar mi responsabilidad en organismos no elegidos ni responsables.

  Gyula Hegyi (PSE). – (EN) Señor Presidente, la función del Convenio de Aarhus es fomentar el control público de las cuestiones ambientales. De este modo ayuda a sensibilizar a nuestras sociedades en materia ambiental y anima a las ONG a participar activamente en la política ambiental. La parte más importante del Convenio es la participación pública en el proceso de toma de decisiones. Los Estados miembros no tuvieron la valentía de aceptar el concepto del Convenio en su totalidad. Pero ese es el camino a seguir. A los políticos nos juzgarán nuestros votantes por el estado del medio ambiente y por un futuro sostenible, y no por promesas vacías.

He presentado una enmienda junto con otros diputados, que es la 23ª relativa en esta materia. Algunos diputados a esta Cámara se oponen a ella. No obstante, la enmienda no es más que recuperación de las palabras originales de la Comisión. Dice que si una revisión interna concluye que existe una contradicción con la legislación ambiental, entonces el órgano en cuestión debe tomar una decisión para subsanar el problema. Creo que eso es obvio. Si nos damos cuenta de que existe un problema ambiental y no hacemos nada al respecto, entonces el proceso no tiene ningún sentido. Por cierto, todos los Estados miembros –y digo todos– firmaron el Convenio original, que contiene esta idea.

El Grupo del PSE aboga en general y en este caso en particular por un medio ambiente limpio y por la participación pública en el proceso de toma de decisiones. Por ese motivo apoyamos este informe en la forma en que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

  Frederika Brepoels (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, Señorías, este Reglamento debe asegurar que todas las instituciones comunitarias apliquen las disposiciones de la Convención de Aarhus, un acuerdo que pretende aumentar la implicación pública en los temas medioambientales. Digan lo que digan algunos diputados, ciertamente la intención no es ir más allá de lo necesario para que la Comunidad pueda ser parte de la Convención de Aarhus. Me complace que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya ratificado la posición común del Consejo. Por lo tanto apoyo totalmente el informe y espero que se adopte en su totalidad sin necesidad de ninguna enmienda.

Dada la creciente importancia de la política medioambiental de la Comunidad, la trascendencia de que el Reglamento cumpla todas las disposiciones de la Convención de Aahrus es considerable, al menos para conservar algo de credibilidad a los ojos de los Estados miembros y a escala internacional. En otras palabras, a escala de la UE deben existir las mismas obligaciones y los mismos derechos que a escala de los Estados miembros. Por supuesto, esto se aplica al establecimiento de posibles motivos para denegar información medioambiental.

Ya se ha mencionado aquí el principal punto de discusión, es decir la transposición del tercer pilar de la Convención, el que trata del acceso a la justicia. Es evidente que el interés general del medio ambiente no puede recaer solo en las personas que tienen un interés directo o personal, como prevé la Convención. Por este motivo, la Comisión quería restringir el acceso a la justicia a aquellas organizaciones medioambientales que cumplan determinadas condiciones. El deseo de eliminar algo o añadir condiciones adicionales no solo es inaceptable sino que además contraviene la Convención de Aarhus. Por lo tanto espero sinceramente que aquellos diputados que deseen una política medioambiental abierta y transparente en la UE también aprueben este informe tal como está ahora.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Quiero dar las gracias a los oradores de esta noche por sus importantes intervenciones. Haré una valoración de las enmiendas básicas y, a la vez, responderé a los principales temas que se han planteado hoy.

En lo que se refiere al acceso a la información medioambiental, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 14 o 15, que pretenden aplicar el régimen de excepciones a las disposiciones de la directiva 2003-2004 al acceso a la información medioambiental y a las peticiones de información dirigidas a las instituciones europeas.

El Reglamento propuesto se amplía de forma que la legislación comunitaria existente en materia de acceso a los documentos, según establece el Reglamento nº 1049/2001, abarca todas las instituciones de la Comunidad.

Las enmiendas específicas del Parlamento Europeo podrían provocar, como corolario, la creación de dos regímenes para el acceso a los documentos que se solaparían parcialmente, lo que no ayudaría a la transparencia y la claridad jurídica.

El nuevo artículo 6 de la posición común ya cubre las excepciones en cuestión y el acceso a la información medioambiental; de todos modos esas excepciones deben aclararse expresamente de acuerdo con los requisitos de la Convención de Aarhus.

Las enmiendas 7 y 12, que pretenden incluir en la definición de información medioambiental el grado de progreso de los procedimientos de acceso, no se pueden aceptar. No hay ninguna disposición de este tipo en la Convención de Aarhus. Además, los procedimientos de acceso no son información medioambiental propiamente dicha.

Sin embargo, hay que observar que la práctica de la Comisión es publicar en su sitio web información relacionada con los procedimientos de acceso para todos los sectores políticos.

La Comisión puede aceptar la enmienda 16 que dispone un plazo de 15 días laborables para informar a las personas que soliciten el acceso, si la institución comunitaria no tiene la información solicitada, y remitirlas a la autoridad pública que, según parezca, deba tener la información en cuestión.

En lo que a la participación pública se refiere, la Comisión no puede aceptar que se amplíe a las políticas, como pide la enmienda 5 y, parcialmente, las enmiendas 19 y 20. La Convención de Aarhus fomenta la participación de los ciudadanos en la preparación preliminar de las políticas en el marco de una cláusula de máximo esfuerzo. Es un significado amplio y no existe un requisito de este tipo en la legislación dirigida a los Estados miembros.

Sin embargo, debe observarse que la práctica actual, a escala comunitaria, prevé una consulta pública con las partes interesadas durante la elaboración de las políticas comunitarias. Además, la definición de los planes y programas medioambientales es amplia y abarca programas de naturaleza estratégica.

La Comisión no puede aceptar que exista la necesidad de pedir la participación pública en los planes y programas financiados por las instituciones europeas, como dispone la enmienda 8. La Convención de Aarhus se refiere a la participación pública en los planes y programas preparados por las autoridades públicas.

Además, el permiso para las obras de infraestructura con un impacto medioambiental considerable se otorga a escala del Estado miembro, donde ya está prevista la participación ciudadana.

La Comisión puede aceptar en parte la enmienda 19, en lo que se refiere a la ampliación de 4 a 8 semanas del plazo para presentar comentarios en el marco de las consultas escritas. También puede aceptar la enmienda 20 que añade la obligación de que la institución comunitaria tenga en cuenta los resultados de la participación ciudadana.

Esta obligación específica se deriva de la Convención de Aarhus y coincide con la práctica administrativa actual de la Comisión.

La Comisión no puede aceptar la enmienda 23 que amplía el círculo de organizaciones con derecho a pedir una revisión interna desde las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo primordial sea proteger el medio ambiente hasta las que también, o como alternativa, promuevan el desarrollo sostenible.

Este criterio específico sería muy difícil de definir y podría abarcar una amplia gama de organizaciones para las que no estaría justificado reconocer, con fines medioambientales, el derecho al acceso a un procedimiento de revisión de este tipo.

El reconocimiento de un régimen especial para organizaciones no gubernamentales medioambientales, cuyo objetivo primordial sea defender los intereses medioambientales, se ajusta perfectamente a la Convención de Aarhus.

Asimismo, en lo que se refiere a los criterios para legalizar organizaciones no gubernamentales, la Comisión no puede aceptar la enmienda final propuesta por la ponente, es decir que las organizaciones no gubernamentales deban realizar actividades en más de un Estado miembro

Si bien es cierto que la propuesta inicial de la Comisión hablaba de actividades a escala europea, durante las discusiones previas a la posición común se hizo evidente que una decisión de este tipo impondría obstáculos innecesarios al derecho de acceso a la justicia.

La Comisión está satisfecha con lo que dispone actualmente la posición común, que habla de la dimensión comunitaria del objetivo medioambiental que la organización no gubernamental debería promover en la Comunidad.

Finalmente, las enmiendas 22, 24 y 25 se refieren a los resultados de la revisión interna de los actos administrativos adoptados por las instituciones comunitarias de conformidad con el artículo 10 y a cómo se relacionan con las disposiciones sobre el acceso al Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 12.

Por los motivos que ya he mencionado al principio de mi intervención, la Comisión no puede aceptarlas porque sobrepasarían las disposiciones que rigen la legalización de los litigantes según la Convención.

La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 26 y 27 referentes a la adaptación de los reglamentos internos y a la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Enviaré a la Secretaría del Parlamento Europeo una lista completa de las opiniones de la Comisión respecto a las enmiendas.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

16. Gestión de los residuos de industrias extractivas

  Presidente.   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0001/2006) del señor Sjöstedt, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005 – 2003/0107(COD)).

  Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), ponente. – (SV) Señor Presidente, esta directiva sobre la que ahora vamos a tomar una decisión tiene unos antecedentes muy tangibles y prácticos. Se trata de las graves catástrofes ocurridas hace unos años con el derrumbe de muros de contención en minas, sobre todo en Rumanía y España. Fueron desastres medioambientales con graves consecuencias para el entorno y que envenenaron también los sistemas hidrológicos.

Además, existe el constante problema ambiental de que los residuos de las plantas actuales y antiguas vierten metales pesados y otros venenos en nuestro entorno inmediato. Esto significa que se necesita una directiva especial para regular los residuos del sector minero y otras industrias extractivas.

Si estudiamos la propuesta presentada por la Comisión hace unos años y la propuesta sobre la que vamos a tomar una decisión mañana, hay diferencias significativas. Definitivamente, el Parlamento ha contribuido a que esta directiva sea mejor y más contundente. Ya en primera lectura se aprobaron numerosas enmiendas del Parlamento, y en esta lectura se han añadido bastantes más.

Quiero subrayar varias partes específicas de este informe como particularmente importantes. En primer lugar, las normas sobre la seguridad de los muros de contención se han diseñado para evitar que en el futuro ocurran este tipo de catástrofes. Esta directiva prohíbe también el método que implica altas concentraciones de cianuro, utilizado en Rumanía. Habrá unas normas claras para la autorización y para cómo debe tener lugar, y será posible ver qué problemas medioambientales se pueden resolver. Se ha dispuesto también una obligación absoluta de respetar la Directiva relativa al agua, según la cual no se puede causar ningún deterioro del estado de las aguas.

También hay unas normas para la rehabilitación del emplazamiento donde tiene lugar la actividad minera. Esta Directiva quiere poner fin a una era en la que los emplazamientos deteriorados y los residuos se abandonaban. Para ello se introduce una garantía financiera para que las empresas reserven recursos destinados a rehabilitar los emplazamientos donde se han llevado a cabo actividades mineras.

Cuando se trata de los nuevos Estados miembros, sobre todo Rumanía pero también Bulgaria, durante la conciliación llegamos a una fase en la que estos países presentaron unas declaraciones en las que se comprometían a no buscar exenciones y a respetar todas las normas de la directiva. Es importante, sobre todo porque Rumanía tiene serios problemas en este sentido. En cuanto a los residuos históricos, los Estados miembros deben elaborar un inventario que les obligará a investigar dónde puede haber residuos históricos que ocasionen problemas medioambientales. En conjunto, habrá una mejora importante en la situación medioambiental de la UE.

Los argumentos contra estas medidas han sido principalmente financieros en el sentido de que costarían dinero a las empresas. Pero es importante darse cuenta de que los costes medioambientales de rehabilitar el terreno formarían parte de los costes de producción de las empresas y que eso es lo correcto. No incluirlos en los costes de producción no beneficiaría en nada a las empresas serias. Una directiva como esta favorece a las empresas mineras serias que aceptan la responsabilidad de su política medioambiental. Esta directiva también hará más fácil producir nueva tecnología medioambiental que permita el tratamiento de los residuos históricos, y ofrecerá a la industria europea una oportunidad en este ámbito. Y por último, y lo más importante de todo, está el hecho de que beneficiará al medio ambiente y a la salud de quienes viven en las zonas afectadas.

Por supuesto, la directiva no es perfecta. Pocas veces lo son. Hay algunos aspectos que me hubiera gustado que tuvieran más peso. Las normas que regulan los residuos no clasificados como peligrosos son menos sólidas de lo que deberían ser. Y es a causa del Consejo, que hizo cambios a peor en la directiva en primera lectura. No obtuve del Parlamento la decisión que me habría gustado y que habría permitido negociar la eliminación de esos cambios.

Cuando se trata de plantas de residuos, la definición es poco estricta y demasiado generosa con la industria, y así corremos el peligro de crear algunas fisuras legales. Cuando se trata de residuos históricos, no hay unos requisitos claros para tomar medidas para abordar el tema. Sin embargo, es importante darse cuenta de que, según el resto de la legislación medioambiental de la UE, sobre todo la directiva marco relativa al agua, existe una obligación absoluta de tratar aquellos casos en los que se comprueba que los residuos históricos provocan un deterioro del estado del agua. Esto significa que la directiva en su conjunto sigue siendo sólida. Podemos estar satisfechos con el trabajo que hemos realizado durante los últimos años.

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a las personas con las que he trabajado, como los ponentes alternativos de los diversos Grupos, que han cooperado de forma constructiva. Quiero dar las gracias a los funcionarios de la Comisión Europea que, esta vez, han ofrecido una colaboración excelente, junto con la Presidencia, que ha llevado a cabo una conciliación muy constructiva. Ha sido fácil colaborar con ellos y encontrar soluciones prácticas a los diversos problemas con los que nos hemos enfrentado.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, seré muy breve. Quiero dar las gracias a los equipos del Parlamento Europeo que participaron en la reunión de conciliación con el Consejo el 6 de diciembre de 2005.

Extiendo mi agradecimiento particular a la Vicepresidenta Roth-Behrendt y al ponente, el señor Sjöstedt, a quien también felicito por el resultado.

Las discusiones en el Comité de Conciliación fueron constructivas y creo que el Parlamento consiguió concesiones sobre temas de vital importancia como las garantías financieras, los terrenos de excavación, las disposiciones transitorias y los países candidatos, y sobre varios otros puntos importantes.

La Comisión apoya el texto de conciliación con particular satisfacción y espero que el Parlamento ratificará el resultado positivo conseguido por su equipo de negociación.

  Christa Klaß, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos recorrido un largo camino, con muchos debates innovadores, y hoy nos reunimos para la final, por así decirlo. Ya solo quedamos unos cuantos, y es la tercera lectura. Quiero dar las gracias al ponente, el señor Sjöstedt, –nuestro «guía»–, quien, con gran experiencia y una gran dosis de energía, ha conseguido mantener el impulso de las negociaciones durante todo el recorrido hasta el Comité de Conciliación. El señor Sjöstedt consiguió no perder nunca de vista el objetivo y a la vez reconocer cuándo había llegado el momento de poner fin al debate y, en definitiva, también el momento de los compromisos finales. Le estoy muy agradecida por ello.

La directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas es, pues, un éxito para el medio ambiente, para las empresas del sector minero, y también para los seres humanos. Una actividad ambientalmente sostenible no consiste solo en no hacer nada y hacer de la naturaleza no deteriorada la medida de todas las cosas, por así decirlo. A nosotros, los seres humanos, se nos ha encomendado la tarea, incluso bíblica, de dominar la Tierra.

Europa no se caracteriza por sus bosques primigenios y sus paisajes intactos, sino que más bien es famosa en todo el mundo por sus paisajes cultivados a lo largo de los siglos. Estos deberían ser utilizados por las personas para las personas, según el principio de sostenibilidad. Sin embargo, toda intervención en la naturaleza tiene también efectos concomitantes; no sería correcto decir que la minería no tiene un impacto en la naturaleza y el medio ambiente. Por lo tanto, cuando se valora una intervención, hay que ver si los beneficios compensan los gastos, las ventajas frente a los inconvenientes. Como resultado del progreso positivo, las posibilidades técnicas y la mayor sensibilidad medioambiental de hoy en día, los patrones que utilizamos ahora son distintos de los que se utilizaban hace cincuenta años. Debemos hacer un buen uso de esos logros en interés de la seguridad humana y de la preservación de la salud de nuestro entorno. Debemos seguir vigilando atentamente en todo momento para que podamos hacer uso de las nuevas posibilidades que sin duda se presentarán dentro de 5, 10 o incluso 20 años.

Fueron los graves accidentes ocurridos en el sector de la minería en España y Rumanía en los últimos 10 años los que indujeron al Parlamento a pedir esta directiva. Ahora que la tenemos, creo que estamos en la vía correcta para conseguir algo positivo para el medio ambiente y los seres humanos.

(Aplausos)

  Gyula Hegyi , en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, hace unos cinco años la contaminación de cianuro en el río Tisza, ocasionada por una mina de oro de Baia Mare, en Rumanía, nos mostró a los húngaros lo peligrosos que pueden ser los residuos de la minería. En aquel momento mi país no era miembro de la Unión Europea. Aun así, la Comisión y el Parlamento Europeo entendieron el problema e impulsaron una directiva sobre la gestión de este tipo de residuos. El señor Sjöstedt se desplazó al lugar contaminado, estudió los hechos, escuchó a todos los testigos y expertos y entonces elaboró un informe excelente. Eso es lo que yo llamo un buen trabajo responsable por parte de un político. Su informe se basa en hechos reales, en peligros reales y nos ofrece soluciones reales. Gracias, señor Sjöstedt.

El Grupo del PSE apoya el informe desde el principio. En segunda lectura, junto con otros diputados, presenté numerosas enmiendas a favor de una reglamentación más estricta. El ponente aceptó la mayoría de ellas y después el Comité de Conciliación también. Respecto a las cuestiones de la contaminación del agua, intentamos asegurar la conformidad con otras obligaciones comunitarias, en su mayor parte impuestas por la Directiva Marco del Agua. El compromiso logrado en la conciliación no es ideal, pero sí aceptable.

Las garantías financieras deben cubrir por lo menos los gastos de rehabilitación del terreno afectado por la instalación de tratamiento de residuos. Esto es un buen resultado para nosotros.

También estamos satisfechos con la aclaración de la operación de clausura. No obstante, perdimos una batalla importante. Los diputados socialistas al Parlamento Europeo queríamos que el vertido de residuos en cualquier cuerpo acuático receptor fuera autorizado con antelación. Para mí la prevención es la solución más respetuosa con el medio ambiente. Quizás más adelante todos entiendan este principio, no solo en esta Cámara, sino en toda Europa.

En general, hemos logrado una buena directiva. Los Estados miembros, los Estados miembros potenciales y los países terceros deberían respetar el nuevo marco reglamentario. Tenemos que supervisar la aplicación estricta de esta directiva.

  Leopold Józef Rutowicz (NI).  – (PL) Señor Presidente, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de las diversas industrias extractivas es un documento clave en términos de protección medioambiental y de la salud. También es de gran importancia para las industrias extractivas, que tendrán que asumir el coste de ponerla en práctica, y tendrá un gran impacto porque permitirá llegar a un acuerdo y reconciliar los intereses de todas las partes.

Esta directiva merece nuestra aprobación. Sin embargo, como todos los documentos, estará sujeta a unas condiciones económicas cambiantes y no descubriremos su grado de eficacia hasta que haya sido puesta en práctica. Las revisiones futuras nos proporcionarán la oportunidad de realizar algunas enmiendas. Por ejemplo, los residuos mineros suelen contener componentes minerales que deberían recuperarse para limitar la necesidad de nuevas excavaciones.

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, la Unión Europea y su Parlamento suelen recibir muchas críticas por introducir leyes que son innecesarias o, al menos, no son absolutamente necesarias. Nadie podrá decir lo mismo de la directiva que tenemos ante nosotros. Al contrario, hemos conseguido crear una normativa internacionalmente innovadora, que marca un hito. Esta normativa se elaboró después del desastre minero que tuvo lugar en el año 2000 en Baia Mare, Rumanía, para asegurarnos de que el medio ambiente y la naturaleza no volvieran a sufrir una contaminación de este tipo.

Cuando ocurren catástrofes, lo único que podemos hacer es limitar y mitigar los daños y pagar indemnizaciones, pero, como hemos visto en este caso, con poco éxito. El entorno natural ha quedado destruido, y hasta ahora no ha habido ninguna sentencia en ninguno de los juicios de compensación por daños, que están casi paralizados.

Por lo tanto, la directiva que tenemos sobre la mesa pone énfasis en la prevención, que es siempre esencial para que nuestro futuro sea seguro y evitar catástrofes medioambientales ocasionadas por la negligencia humana. Pero la directiva no solo regula las minas del futuro y sus residuos, sino también las viejas minas abandonadas y las que todavía están operativas, que a menudo se encuentran en condiciones técnicas deplorables. Como miembro del Comité de Conciliación del Parlamento, quisiera expresar mi agradecimiento particular al trabajo del señor Sjöstedt, la señora Roth-Behrendt y el señor Florenz, que han participado en el diálogo a tres bandas. En nombre de Hungría, quiero también darles las gracias por reflejar mi preocupación y mi propuesta, como resultado de lo cual hemos conseguido que los nuevos países candidatos, Rumanía y Bulgaria, no soliciten exenciones transitorias para la aplicación de la directiva, como demuestra su declaración adjunta.

Los Cárpatos orientales contienen muchos tesoros, y su extracción constituye una base económica importante para el desarrollo regional. Sin embargo, la extracción solo debe realizarse de forma sostenible, teniendo en cuenta los intereses del entorno y la naturaleza en su máxima expresión. Ese es el objeto de esta directiva, y es lo que aporta. Me complace haber tenido el privilegio de participar en la creación de este reglamento, que es tan importante para nuestro futuro común.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, estoy agradecido al señor Sjöstedt, que ha negociado con gran prudencia en nombre del Parlamento, y también a la Comisión, que nos ha ofrecido su apoyo en nuestro esfuerzo por llegar a un compromiso en el Consejo.

Permítanme que me haga eco de mi colega, el señor Olajos, que ha resaltado, con razón, que con esta propuesta legislativa realmente hemos tocado un tema que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente, y no estamos creando, en absoluto, reglamentos europeos superfluos que, según dicen, no son más que una carga para la economía. En este caso, también, por supuesto, el compromiso significa que la normativa ocasionará ciertos costes, pero creo que esos costes están justificados y ciertamente el sector podrá soportarlos, dado que lo que hay en juego es tan importante como la salud humana.

Un logro especialmente importante de este compromiso es que ahora se requieren unas garantías financieras para cubrir el coste potencial derivado del terreno afectado por una instalación de residuos. Esos planes deben realizarse de antemano, claro, porque muchas veces los accidentes ocurren en minas que se han declarado en quiebra. Esto significa que faltan los fondos necesarios para constituir al menos unas medidas compensatorias, y de nuevo son los ciudadanos quienes deben asumir las consecuencias.

También se especifican de forma mucho más precisa varios aspectos de la gestión de residuos, sobre todo para los casos en que el operador vierta los residuos extraídos en los huecos de excavación durante la rehabilitación del emplazamiento. Este tipo de rehabilitación requiere un cumplimiento estricto de las disposiciones legales a fin de evitar la contaminación del suelo o del agua. Además, los operadores tienen que tomar medidas de control, mantenimiento y reparadoras. Por ejemplo, están obligados a recoger o tratar el agua contaminada o lixiviados. Es importante que también los países candidatos, Bulgaria y Rumanía, hayan realizado declaraciones en las que prometan respetar las nuevas disposiciones. No olvidemos Baia Mare.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

17. Gestión de la calidad de las aguas de baño

  Presidente.   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0001/2006) del señor Maaten, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CE (03659/2005 – C6-0373/2005 – 2002/0254(COD)).

  Jules Maaten (ALDE), ponente. – (NL) Señor Presidente, en los últimos días y, de hecho, en general durante el debate de esta directiva, se me ha preguntado con regularidad si es realmente necesario fijar normas para las aguas de baño a escala europea. ¿No es un ejemplo clásico de un tema que se podría resolver a escala de los Estados miembros? Sé que algunos diputados socialdemócratas neerlandeses, que por desgracia no están aquí en estos momentos, incluso dijeron en un informe que era una directiva vergonzosa para el agua de la piscina. Bien, no es una directiva para piscinas, ni mucho menos una directiva para el agua de la bañera. Se trata, por supuesto, de las aguas costeras y los lagos.

Se ha planteado la cuestión de si la actuación europea en este ámbito añade algún valor. El Parlamento no tenía ninguna duda al respecto cuando la Cámara debatió este mismo punto en primera lectura. Pero lo que es más importante es que los Estados miembros, y sobre todo los Estados miembros, creían que se necesitaba una directiva. Si eso es lo que quieren, es lo que deben tener, pero creo que tendría que ser una directiva seria y no una directiva que permita más excepciones que otra cosa.

En cualquier caso, después de más de 12 años de debate, se ha llegado a un compromiso, aunque con dificultades, entre el Consejo y el Parlamento, y supongo que mañana se trasladará a la legislación. La nueva directiva garantiza un agua de baño más limpia en las playas y los lagos de Europa, más información para los bañistas y menos trámites burocráticos para las autoridades locales.

En toda la Unión Europea, más del 80 por ciento de las zonas de baño ya cumplen los estándares más estrictos, y en varios Estados miembros los cumplen incluso más del 90 por ciento de las zonas de baño. En la actualidad, un 12 % de los bañistas sufren anualmente náuseas, infecciones de estómago, sarpullidos, opresión en el pecho o infecciones de ojos u oídos. El efecto de la nueva directiva es que los estándares de salud serán más estrictos y, como resultado, se espera que solo un 8 % de los bañistas contraigan enfermedades.

A partir de 2015, los bañistas también estarán informados de la calidad de las aguas en sus zonas de baño mediante símbolos que serán idénticos en toda Europa. En estos momentos, los bañistas solo pueden acceder a la calidad referente al año anterior con alguna dificultad y únicamente a través de Internet. Lo que me atrae es que dentro de poco podré ver por mí mismo cuál es la calidad del agua sobre el terreno, porque, no sé ustedes, pero yo no me llevo casi nunca el portátil a la playa. En vez de 19 parámetros, los Estados miembros solo deberán medir 2 parámetros, y este es un ejemplo de cómo se reducirán los trámites en la medición del agua.

Durante mucho tiempo, el Parlamento Europeo y los Gobiernos estaban en desacuerdo respecto a lo estrictos que debían ser los estándares, y los costes asociados para los Estados miembros. Ahora hemos llegado a un compromiso satisfactorio para todas las partes, y creo que, en este sentido, aunque la Presidencia británica merece una felicitación, es la Comisión –y usted en concreto, Comisario– quien ha permitido que se llegue a este compromiso. También quiero dar las gracias a muchos de los ponentes alternativos por su cooperación en este sentido.

Las aguas de baño no solo serán más limpias, serán mucho más limpias, los costes serán asequibles y la desregulación está en marcha. Para terminar, me interesará oír los comentarios que hará la Comisión sobre el artículo que aparecerá pronto en la revista científica Environmental Health Perspectives, escrito por el señor Albrecht Wiedenmann con el título más bien complejo de «Efectos derivados de la concentración en niveles carentes de efectos adversos observados», conocidos por las siglas NOAELS.

No podría describirles exactamente el término, pero estoy seguro de que pueden entenderlo. Estoy muy interesado en ver si la Comisión utilizará también ese estudio en su informe de valoración de 2008, porque contiene bastantes comentarios escuetos sobre la directiva que estamos a punto de aprobar. Pero añadiría que el tiempo para incorporarlo se nos está agotando rápidamente. Me complacerá sobremanera que la directiva se apruebe realmente mañana. Creo que será un éxito para todos nosotros, yo incluido, aunque no soy precisamente un gran nadador. Solo me meto en el agua si no me queda otro remedio. Después de 2015, por lo menos me gustará más tomarme un baño. Espero, Comisario, que podré hacerlo sin temor alguno también en su Estado miembro.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, me encanta el mar y nadar, y por lo tanto por motivos personales estoy interesado en que los mares y las aguas de Europa sean lo más limpias posible.

Quiero dar las gracias a la delegación del Parlamento Europeo que participó en la reunión de conciliación con el Consejo el 12 de octubre de 2005, al Vicepresidente, el señor Trakatellis, y al ponente, el señor Maaten, en concreto, y felicitarles por su importante trabajo y el resultado conseguido.

Las discusiones en el Comité de Conciliación fueron complicadas. Pero, por lo menos en lo que se refiere a la cuestión vital de introducir unos criterios ambiciosos para la clasificación de las categorías de calidad adecuada, considero que el Parlamento consiguió unos resultados notables y una importante mejora en comparación con la posición original del Consejo.

Es posible que los criterios de calidad no sean al final tan estrictos como habríamos deseado, y de hecho los estándares mínimos son menos estrictos que los que la Comisión había propuesto en un principio. Sin embargo, se reforzaron considerablemente durante las discusiones en el Comité de Conciliación, con el resultado de que el texto final representa una mejora considerable con respecto a las disposiciones en vigor y que datan de la época en que se adoptó la directiva en 1975 y que, por lo tanto, han quedado superadas por los nuevos datos científicos.

La Comisión apoya el texto de conciliación con especial satisfacción y espero que el Parlamento ratificará el resultado positivo conseguido por su equipo de negociación.

Así pues, esta noche cerramos el debate sobre dos directivas muy importantes que sin duda mejorarán el medio ambiente y protegerán la salud de los ciudadanos europeos.

  Richard Seeber, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, agradezco al ponente el buen trabajo que ha realizado, y a la Comisión esta propuesta de directiva, en particular.

Para ser sincero, la Comisión me decepcionó un poco cuando emitió su opinión sobre la posición común del Consejo. Realmente me habría gustado ver más apoyo a una línea más dura y más definida sobre la calidad de las aguas de baño, ya que, al fin y al cabo, hemos suavizado considerablemente los criterios a que se refería el Comisario. Con el apoyo de la Comisión, podíamos haber impuesto una directiva más dura, una que obligara a los Estados miembros a introducir unos criterios más elevados sin la necesidad de enfrentar a los Estados a esos grandes gastos de los que a menudo se habla.

No olvidemos que el principal problema de hoy en cuanto a la contaminación de las aguas de baño no es la contaminación localizada, sino las fuentes de contaminación difusa, fuentes agrícolas en concreto, claro. Podríamos haber conseguido una mejora considerable en este aspecto con una cantidad de dinero relativamente módica. Pero hemos llegado a un compromiso, y los compromisos deben cumplirse; por este motivo, pido que mañana se apruebe la propuesta de directiva en el Parlamento.

De todos modos, hemos dado un paso en la dirección correcta. Y ahora pongo mis esperanzas en 2008, cuando la Comisión deberá revisar la directiva y valorar la situación del momento. De modo que me gustaría anticiparme a ello y pedir al Comisario, que por supuesto es un gran nadador, que se asegure de que sus servicios realicen esa valoración en consecuencia y quizás, después de todo, eleven los estándares de salud a los niveles de la OCDE, con los que todos los Estados están de acuerdo, para que no nos encontremos intentando bajar el nivel de estos estándares en este ámbito. Sin duda, las aguas de baño tienen un fuerte aliado en el Comisario.

(Aplausos)

  Gyula Hegyi , en nombre del Grupo PSE. – (EN) Señor Presidente, como diputado húngaro del Grupo Socialista, estoy satisfecho con el resultado de la conciliación en torno a la directiva sobre las aguas de baño. Hemos celebrado extensos debates en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y posteriormente en el Comité de Conciliación. No ha sido fácil dejar claro que no podemos aplicar los mismos criterios en las aguas interiores y costeras y a los lagos –como el Lago Balatón en Hungría– que los que aplicamos al Océano Atlántico. Eso no significa que no queramos normas estrictas para nuestras vías navegables interiores. No obstante, los lagos y los océanos son claramente diferentes.

Los países sin litoral marítimo, como Hungría y Austria, también deberían tener derecho a su propia agua de baño. La zona que rodea a los lagos de baño de Hungría está sujeta a una prohibición relativa a ciertas actividades industriales y agrícolas, y el sistema de alcantarillado abarca casi el 100% de las viviendas. Podemos mejorar muchas cosas, pero no podemos convertir un lago en un océano.

El compromiso actual nos resulta aceptable, pero supone mucho trabajo para mi país: se cerrarán algunas playas y muchas otras tendrán que mejorar, pero ese es el precio de un medio ambiente limpio y saludable. Acogemos con satisfacción el compromiso respecto a una versión más estricta de la categoría «suficiente». También es muy importante la información pública sobre la calidad del agua en los lugares de baño. En efecto, en todas las playas que rodean el Lago Balatón hay enormes pancartas informativas escritas en húngaro, inglés, alemán y ruso. Por supuesto, también podríamos añadir el francés, en espera de que acudieran más turistas procedentes de Francia y otros países de habla francesa.

En mi último discurso, en la segunda lectura, utilicé un tono bastante duro debido a que solo disponía de un minuto y a la celeridad de un debate profundo. Ahora quisiera agradecer al señor Maaten su informe y su disposición a llegar a un compromiso constructivo. Ha hecho un buen trabajo.

Cuando le dé la bienvenida a Hungría, espero que pueda ver lo limpio y dulce que está nuestro Lago Balatón.

  Marios Matsakis , en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, cientos de miles de ciudadanos europeos enferman cada año por bañarse en aguas contaminadas. Las enfermedades contraídas de este modo pueden ser más o menos graves. Desde el punto de vista clínico, la mayoría son benignas a moderadas, pero algunas son graves y unas pocas son mortales. Naturalmente, los niños, los ancianos y los que tienen el sistema inmunológico deprimido son los más vulnerables. Por ello, es imperativo para los órganos legislativos de la UE preocuparse realmente por la calidad de las aguas de baño.

En efecto, llevan trabajando en esta cuestión desde hace muchos años, y sería de esperar que los parámetros utilizados para controlar la calidad del agua de baño fueran lo más estrictos posibles. Lamentablemente no es así, y esto se debe a una sencilla razón. En el sector recreativo y turístico hay grandes cantidades de dinero invertidas que se asocian con las aguas de baño, y si en una zona se califica el agua de baño de baja calidad, esto tiene un grave efecto económico en la región y el país en cuestión. Por ello, el criterio médico ya no es el principal, y los «compromisos políticos» están en el orden del día. Entonces, tras muchos años de conversaciones, debates y disputas –principalmente sobre cosas que si se consideran estrictamente desde el sentido común están clarísimas–, llegamos a una postura de conciliación en la que reducimos el posible perjuicio económico para los países cuyas aguas de baño son poco higiénicas e incrementamos el riesgo indirecto para la salud de nuestros ciudadanos.

Muchos diputados y diputadas estarán muy en desacuerdo con lo que digo, pero cómo puede explicarse de otro modo, por ejemplo, que hayamos inventado una distinción, por lo que respecta a los riesgos para la salud, entre las aguas de baño interiores y las aguas de baño costeras y estemos dispuestos a aceptar que las aguas interiores puedan ser casi el doble de insalubres que las aguas costeras pero no por ello dejen de tener calidad suficiente para utilizarse como aguas de baño. Y cómo puede explicarse de otro modo que estemos dispuestos a considerar que las aguas de baño son de buena calidad cuando el riesgo de enfermar después de nadar en ellas es del 5%, es decir, 1 de cada 20 bañistas. Aunque voy a apoyar esta directiva, no tiene suficiente alcance para garantizar la seguridad de nuestras aguas de baño. Solo las hace menos peligrosas.

En conclusión, es menester dar las gracias a todos los que han trabajado tan duramente para elaborar esta directiva, y especialmente a mi colega el señor Maaten, que a pesar de no ser bañista se ha esforzado mucho, a la Comisión y, por supuesto, a los miembros del Comité de Conciliación.

  Caroline Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero decir que a pesar de los buenos oficios del ponente, creemos que el compromiso que tenemos ante nosotros es inaceptablemente débil. Por esa razón, mi Grupo se va a abstener en la votación de mañana.

Con esa abstención pretendemos indicar lo siguiente. En primer lugar, que los valores acordados para la protección del agua dulce no están nada claros: los parámetros se han visto tan adulterados por los cambios estadísticos que el grado de protección que proporcionarán es muy dudoso. Según el artículo revisado por homólogos que está a punto de aparecer en la revista científica Environmental Health Perspectives, que ha mencionado el señor Maaten, estos valores no supondrán ninguna mejora de la calidad del agua dulce.

En segundo lugar, la verdadera oportunidad que teníamos de ampliar esta directiva para que abarcara los usos recreativos se ha perdido por completo en el compromiso.

En tercer lugar, tras una fuerte lucha por subir el listón, de repente la delegación del Parlamento retiró todas sus demandas después de que el Consejo ofreciera un incremento mínimo de uno de los dos niveles de la categoría suficiente.

Por último, el proceso mediante el cual se logró este acuerdo final fue muy insatisfactorio, con la presentación –oral y no por escrito– de propuestas técnicas a última hora, sin tiempo para estudiar debidamente sus implicaciones.

Este es un resultado decepcionante, pero a pesar de eso quisiera dar las gracias a todos los implicados. Me doy cuenta de que no es una cuestión fácil, pero mañana nos vamos a abstener.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al señor Maaten por el resultado conseguido. En parte, si podemos aprobar la revisión de la directiva sobre las aguas de baño es gracias a sus esfuerzos. También quiero dar las gracias a la Comisión por su colaboración, porque sin la ambiciosa propuesta que presentó no habría sido posible hacer más estrictos los criterios.

Les comunico que estoy de acuerdo con el resultado de la conciliación, aunque no totalmente satisfecho. La categoría de «aceptable» que se ha creado no es más que una excusa para encubrir el hecho de que no se han ratificado seriamente los estándares. Además, la división que se ha creado entre agua salada y agua dulce se basa en una información muy limitada, y todo ello significa que la protección de los bañistas ha mejorado mucho menos de lo que podría haberlo hecho.

Quiero llamar la atención de la Comisión y del Consejo respecto al artículo que ha mencionado el señor Maaten, que se publicará el mes próximo. En ese artículo se establecen los estándares que necesitamos para proteger realmente a los bañistas. Espero, Comisario Dimas, que esté dispuesto a utilizar esos datos en su próxima revisión, que espero que no tarde mucho en llegar.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Presidente, un agua de baño limpia y segura es una necesidad evidente y una ayuda esencial para la prosperidad del turismo.

En mi región de Irlanda del Norte hay muchas playas bonitas, varias de las cuales presumen de tener la bandera azul. Hay otras que todavía tienen que hacerse acreedoras de este honor. Espero que esta directiva les ayude a lograr dicha condición. La misma relevancia posee el cumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Esto ha resultado más fácil en los países que han podido acogerse a los fondos de cohesión, que conceden ayudas precisamente para proyectos de esa índole. No obstante, las regiones como la mía, que todavía no cumplen los requisitos necesarios para acogerse a los fondos de cohesión, tienen mayores dificultades para lograr un estado aceptable de la infraestructura del tratamiento de aguas. Por lo tanto, la financiación nacional adicional es el único recurso y hay que encontrarlo. Es importante ser conscientes de que la directiva sobre aguas de baño debería considerarse en ese contexto más amplio.

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, quisiera recordar que los diez años de esfuerzo empleados para redactar el documento han sido diez años de pacto permanente y de colaboración. Ello demuestra hasta qué punto puede ser eficaz la política de la Unión Europea, porque desde su inicio comenzaron a trabajar los ayuntamientos, las autoridades locales y los Estados para mejorar las condiciones de las playas y del agua de baño, tanto en el interior como en la costa.

Me parece importante resaltar –en un futuro siempre que imparta mis cursos lo explicaré a mis alumnos– que esto es una verdadera muestra de hasta qué punto la política medioambiental es un valor añadido para el sistema económico, para el bienestar de los ciudadanos e incluso para la plusvalía y aumento de valor del suelo.

Una playa con agua limpia es una zona turística acogedora y de buena calidad. De lo contrario, sabemos que el público no irá y cada vez estará más mentalizado. Y esto es el resultado de una política de cooperación y el resultado de un esfuerzo mutuo. Por eso considero que es satisfactoria e incluso me parece muy realista la introducción de la calificación de suficiente del agua, porque creo que no podemos forzar la realidad.

Conseguir que las aguas estén limpias cuesta muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo de gestión, muchas penalizaciones a los vertidos a lo largo de las riberas de los ríos y una política integral. Los políticos hemos de ser conscientes de que ese esfuerzo sale del bolsillo de los ciudadanos y de una política científica de control de vertidos muy importante y de que todo eso no es fácil de conseguir. Por tanto, yo me congratulo y afirmo que esto demuestra hasta qué punto la calidad del medio ambiente añade valor al sistema económico, a las industrias e incluso al beneficio social.

  Thomas Ulmer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar le estoy muy agradecido al señor Maaten por el buen trabajo que ha hecho y por las negociaciones que ha dirigido la delegación de esta Cámara en el camino hasta la tercera lectura.

Quiero limitarme a algunos de los aspectos médicos de la directiva. Las aguas de baño no están libres de gérmenes, sino que su contenido es bajo en gérmenes. En principio, las aguas de baño deberían ser de la misma calidad que el agua potable, porque muchos bañistas y nadadores acaban tragando agua. En el sur de Alemania, por ejemplo, tenemos uno de los mayores depósitos de agua potable de Europa en el lago Constanza. Pero no hay que olvidar que ni siquiera el agua potable está completamente libre de gérmenes, solo es baja en gérmenes, y que en nuestra vida diaria están presentes muchos gérmenes, aunque con una patogenicidad diversa.

El grado de protección que hemos conseguido con esta directiva no es perfecto, evidentemente, pero es un primer paso en la dirección correcta. Al fin y al cabo, los valores límite de 330 enterococos intestinales para las aguas de interior y de 185 para las aguas costeras, que se han acordado para la categoría de «suficiente», representan una reducción del riesgo para la salud de los bañistas del 12 % al 8 %, y «riesgo para la salud» no significa necesariamente enfermedad. Lo mismo ocurre con las bacterias E. coli, que son de 900 y 500 para las categorías de calidad «suficiente» y «excelente» respectivamente. En mi opinión, los métodos de laboratorio estandarizados deberían ser una norma, al igual que la calidad uniforme del muestreo. En lo que a mi se refiere, el principal motivo de preocupación debería ser que los ciudadanos estén suficientemente informados en el momento oportuno y que en todas nuestras aguas se consiga una designación de «calidad excelente».

Otro objetivo, sujeto a estricta revisión científica al principio, debe ser controlar la carga viral de las aguas. Es un tema que va ganando cada vez más importancia: ha habido un rápido aumento de la cantidad de personas que han enfermado en Europa como consecuencia de enterovirus y norovirus. Aunque sea solo por este motivo, podemos esperar una nueva revisión de la directiva en un futuro no muy lejano. Estoy a favor de la directiva.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, me gustaría seguir el hilo del discurso del señor Ulmer allí donde él lo ha dejado. En mi distrito electoral, que linda directamente con el lago Constanza, la directiva sobre las aguas de baño representa un difícil acto de equilibrio entre la protección de los consumidores –los bañistas– por una parte, y la conservación de la naturaleza y el turismo por otra. El compromiso al que hemos llegado en cuanto a los requisitos sobre contaminación y los estándares de calidad en la categoría de «suficiente», como ha dicho el señor Ulmer, es un compromiso justo entre los tres intereses. Por este motivo, he comprobado que este compromiso ha conseguido un alto grado de aceptación en mi país, por lo que estoy muy agradecido a todos los diputados en cuestión, incluido el ponente.

Pero también es importante observar que, al reducir la cantidad de categorías de contaminantes de 19 a 2, hemos encontrado una solución que también cumple los objetivos de una mejor legislación y una normativa menos burocrática. Es un buen ejemplo para demostrar que todos queremos reducir la excesiva cantidad de reglamentos que había en el pasado a los aspectos realmente importantes, y por ello, también, estoy muy agradecido a las personas implicadas.

En opinión de mi Grupo, el alcance de esta directiva en conjunto es muy satisfactorio. También es de agradecer que el Parlamento no haya mantenido su intención original de ampliar el alcance de la directiva sobre las aguas de baño a otras actividades de ocio relacionadas con el agua, y también por ello doy las gracias a todos los diputados implicados.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

18. Aspectos medioambientales del desarrollo sostenible

  El Presidente.  De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0383/2005) de la señora Ferreira, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible (2005/2051(INI)).

  Anne Ferreira (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los colegas que han contribuido a mejorar mi informe, y les indico desde ahora que apoyaré las enmiendas propuestas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.

Vale la pena recordar que si todos los habitantes de la Tierra adoptasen el modo de vida de los occidentales, necesitaríamos varios planetas para cubrir sus necesidades y que Occidente, y ante todo la Unión Europea, deben reconsiderar a fondo sus modos de producción y de consumo. Esta afirmación, que nadie discute en esta Cámara, por encima de las diferencias políticas tradicionales, ha llevado a la Comisión a integrar entre las prioridades de la Unión la exigencia del desarrollo sostenible. Es hora hoy de elaborar un primer balance de nuestras acciones en este terreno. El resultado es modesto. Hay que reconocer los progresos, pero también señalar los fracasos o, en todo caso, las lagunas.

Bajo la presión de la opinión pública, preocupada por la continua degradación del medio ambiente, la Unión Europea ha trabajado mucho por alertar a la comunidad internacional sobre las cuestiones ecológicas. Pero los numerosos discursos inspirados por una acertada comprensión de la situación no siempre han surtido efecto, ni mucho menos. Por tanto, ha llegado el momento de actuar, porque urge una política activa encaminada a invertir el cambio climático, especialmente ante la magnitud de las recientes catástrofes naturales. Acojo con agrado las conclusiones de la Conferencia de Montreal y no dejaré de mencionar el papel positivo desempeñado por los representantes de la Unión Europea.

Por otra parte, si la Unión cuenta con una legislación importante, que le ha permitido reducir los residuos industriales y dotarse de un parque automovilístico más eficiente desde el punto de vista energético y ambiental, el considerable aumento del tráfico por carretera ha reducido a la nada sus esfuerzos. Esto ilustra bien una de las paradojas a que se enfrenta la Unión Europea: por un lado, la libre circulación de mercancías y, por otro, su repercusión negativa en los objetivos ambientales de la Unión Europea. Hay dos enfoques para abordar este problema: en primer lugar, favorecer el uso de modos de transporte menos contaminantes con un apoyo financiero de la Unión Europea a grandes proyectos estructurales, y en segundo lugar, integrar el coste ambiental del transporte en el precio de los productos o gravar el transporte en función de su impacto ambiental.

Urge también una política activa con respecto al agua. A pesar de las leyes y las medidas que se han adoptado, la situación sigue siendo insatisfactoria en materia de abastecimiento y calidad del agua. ¿Hay que recordar que los niveles de contaminación química son todavía demasiado altos? ¿No es nuestro deber señalar la responsabilidad de una cierta forma de agricultura, gran consumidora de agua y de abonos diversos? La próxima reforma de la PAC deberá tener en cuenta esta realidad y continuar por la vía de la reforma de las subvenciones y la ecocondicionalidad de las ayudas.

Urge una política activa para mantener la biodiversidad. La lista no acaba aquí. Urgen medidas –como los informes ya aprobados, el informe de la señora Ries y el que se espera aprobar sobre REACH– para reducir el impacto negativo del medio ambiente sobre la salud. Urge actuar en materia de ayuda al desarrollo, ya que las desigualdades planetarias generan cada vez más conflictos y los países más pobres son las primeras víctimas de las catástrofes naturales. El desarrollo sostenible es parte de la respuesta, pues constituye un modelo de producción y consumo que puede y debe extenderse a todos los países.

La Unión debe movilizarse y proponer medidas enérgicas para conseguir encauzar las tendencias más preocupantes y evitar situaciones irreversibles. Para ello, es indispensable fijar objetivos cuantificados para cada sector sujetos a una evaluación periódica con arreglo a un calendario preciso.

De forma más global, es necesario reafirmar también los fundamentos políticos de la Unión Europea, lo que pasa por más solidaridad y coordinación. Alentar el dúmping generalizado es irreconciliable con las exigencias del desarrollo sostenible. Comporta asimismo desglosar la aplicación del desarrollo sostenible en todas las escalas, internacional, nacional y local. Cada propuesta legislativa ganaría si fuera apreciada desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Tenemos aún progresos que hacer en este terreno. Del mismo modo, si queremos impulsar el desarrollo sostenible, no debemos aceptar que el fundamento jurídico de los proyectos de ley relativos al medio ambiente o la salud siga siendo la sacrosanta libre circulación de mercancías.

La Comisión carga con una responsabilidad: la protección del medio ambiente no cuenta suficientemente entre sus prioridades. Aunque acabe de publicar cinco de las siete estrategias temáticas, estas no ocultan la debilidad de la propuesta de revisión de la estrategia de desarrollo sostenible comunicada a finales de 2005. Les confesaré mi preocupación con respecto a los proyectos que nos presenta la Comisión. Cuando entiendo, a través de la lectura de la estrategia temática sobre los residuos, por ejemplo, que podríamos volver a enfoques nacionales en que los Estados fijarían ellos mismos las modalidades de gestión de los residuos, pienso que damos un paso atrás.

Cuando la Comisión anuncia que quiere legislar menos renunciando a proponer medidas legislativas, sin duda exigentes para los Estados o las industrias a corto plazo, pero necesarias para el futuro, condena a la Unión Europea a la pérdida política. Resulta tanto más incomprensible para los ciudadanos que mantenga determinadas propuestas legislativas ya rechazadas por el Parlamento Europeo en el pasado, como la directiva sobre los servicios portuarios, o muy objetadas por los ciudadanos europeos, como la directiva sobre los servicios en el mercado interior.

Quisiera terminar con una nota positiva: tantas malas noticias para la Unión pero también para la idea que nos hacemos del desarrollo…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Quiero empezar asegurándoles, en relación con la estrategia temática sobre residuos que, siempre que necesitemos legislar para proteger al medio ambiente y la salud de los ciudadanos europeos, legislaremos.

Por lo tanto, no deben preocuparse por este tema, y la estrategia temática sobre residuos es un verdadero paso adelante. Lo debatiremos cuando llegue el momento.

Ahora, en nombre de la Comisión, quiero agradecer la aportación del Parlamento Europeo a la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea. El excepcional informe Ferreira contiene muchas propuestas valiosas para la revisión, con un énfasis especial en los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible. Muchas de las propuestas se reflejan en la comunicación de la Comisión.

Después de adoptar la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de desarrollo sostenible, la Comisión desea cooperar más de cerca con el Parlamento y el Consejo y, tomando como base esta comunicación, conseguir que en junio se apruebe una estrategia europea para el desarrollo sostenible. El informe Ferreira será muy útil en las consultas que precederán al Consejo Europeo de junio.

Permítanme analizar más a fondo la comunicación de la Comisión que aprobamos el 13 de diciembre y añadir algunos comentarios sobre el informe Ferreira. La comunicación de la Comisión es la tercera y última fase de un procedimiento de revisión detallado que ha durado más de 18 meses y en el que han participado muchos organismos interesados de toda Europa.

Es cierto que se ha necesitado bastante tiempo para la revisión pero había que discutir detenidamente una estrategia tan importante y tan amplia.

La Comisión presentó tres comunicaciones sobre la estrategia en 2005: las orientaciones en febrero, el proyecto de declaración de principios sobre desarrollo sostenible que el Consejo aprobó en junio, y la estrategia revisada con objetivos y un procedimiento de control más eficaz el 13 de diciembre de 2005.

El informe Ferreira se centra principalmente en los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible. Esos aspectos son realmente muy importantes, dado que las tendencias ambientales no sostenibles constituyen una de las principales amenazas para nuestra prosperidad actual y futura.

Sin embargo, hay que resaltar que la estrategia de desarrollo sostenible se refiere a los tres aspectos del desarrollo sostenible, es decir los problemas sociales, económicos y medioambientales.

En un esfuerzo por suprimir todas las tendencias no sostenibles, también pretende conseguir la máxima sinergia posible entre esas tres dimensiones. La amplia gama de problemas abarcados incluye el cambio climático y la energía limpia, los recursos naturales, el transporte, la salud pública, la exclusión social, los problemas demográficos y la inmigración y la pobreza a escala mundial.

El desarrollo sostenible aborda temas que realmente tienen que ver con los ciudadanos. Ellos quieren prosperidad pero también quieren un entorno limpio, una buena salud, protección social y justicia. La nueva estrategia propone una visión a largo plazo para una Europa sostenible que va más allá de 2010.

El desarrollo sostenible es el principal objetivo de la Unión. Tanto la Estrategia de Lisboa como la estrategia de desarrollo sostenible se basan en la aplicación de este objetivo en un mundo que cambia a gran velocidad.

La Estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. La nueva estrategia aborda algunos puntos débiles de la estrategia anterior, como unas prioridades poco claras y la falta de un mecanismo de control bien definido, y confirma los principales retos, deja claros los objetivos y responde a los ya existentes, a menudo bastante cuestionables, en el marco de las correspondientes políticas, y define un nuevo mecanismo de control más estricto.

Presta especial atención a la acción y a la aplicación eficaz en todos los sectores políticos, y a la participación de todos los organismos interesados en el correspondiente procedimiento.

Queremos ir más allá de las palabras e identificar las prioridades para los próximos cinco años. La Comisión desea cooperar con el Parlamento y el Consejo en los próximos meses, bajo los auspicios de la Presidencia austriaca, de modo que se pueda acordar una estrategia común que reciba un amplio apoyo de todas las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros.

Se necesita una estrategia acordada a escala europea para impulsar a la sociedad europea hacia unos cambios importantes y encarrilar a la Unión Europea en una vía más sostenible.

  Sepp Kusstatscher (Verts/ALE), ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (DE) Señor Presidente, este informe de la señora Ferreira es un documento político muy amplio, abierto, sólido y también crítico sobre los principales ámbitos de la política medioambiental y social, y le estoy agradecido por ello.

No obstante, cuanto más discutimos ese tema en esta Cámara, más tengo la impresión de que, aunque nos adherimos de todo corazón a unos principios maravillosos, la triste realidad es que su aplicación práctica no parece tan halagüeña. Seguramente la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, en el fondo, con la propuesta de la Comisión, a saber, que los nuevos instrumentos de mercado son necesarios, por ejemplo, las ecotasas y la internalización de todos los costes. Pero si pensamos en la última sesión que tuvo lugar antes de Navidad, recordaremos que la mayoría de esta Cámara decidió lo contrario, bajo la presión del Consejo y el lobby del transporte –me refiero a la directiva sobre la Euroviñeta–, descartando así toda oportunidad de recuperar los costes externos, en concreto los costes para el medio ambiente y la salud.

Me complace que ahora se haya invertido el tono. Los numerosos principios de política medioambiental y social deben quedar expresados también en medidas tangibles. La Comisión debe establecer unos objetivos a medio y corto plazo. También son necesarias unas actividades de control y evaluación, como se indica en las conclusiones en el apartado 64 de esta propuesta de resolución. Es necesario un verdadero cambio en nuestros métodos de producción y consumo: la pasividad en este tema nos resultará muy cara y las consecuencias serán graves, sobre todo por el aumento de la pobreza en nuestra sociedad. La UE tiene la obligación ética de seguir siendo el principal actor en la sostenibilidad mundial. Nosotros, los políticos, no debemos dejarnos gobernar por el impulso del capital.

  Bogusław Sonik, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, la Unión Europea está haciendo todo lo posible para asegurar que los problemas medioambientales se incorporen a todas sus políticas. El índice de consumo de recursos naturales en Europa sobrepasa actualmente nuestra capacidad biológica en un factor superior a dos. Lo que significa que nuestro continente se está apropiando de una parte desproporcionada de los recursos naturales mundiales, terrestres o marinos.

Permítanme referirme a la comunicación adoptada por la Comisión Europea el 15 de octubre de 1998, en la que la UE se comprometía a mejorar la integración de sus políticas medioambientales y energéticas, y que contenía unas medidas concretas con este fin. Han pasado ocho años, y no se ha conseguido aún ninguno de los objetivos establecidos en aquel documento. Ante nuestros propios ojos, los políticos han tomado la decisión de construir la mayor red energética de su especie, instalando una doble tubería de gas y un sistema de cables eléctricos a lo largo de todo el fondo del Mar Báltico. Esta construcción es una amenaza para la seguridad medioambiental, y tendrá un impacto desastroso en el entorno marino de la cuenca rodeada por tierra del mar Báltico.

Hay varias cuestiones principales que debemos plantearnos. ¿Hasta cuándo seguiremos elaborando leyes que no tienen nada que ver con la realidad? ¿Hasta cuándo nuestros actos legislativos y nuestras opiniones no serán más que lemas vacíos y tópicos que no se respaldan con medidas prácticas? En vez de centrar nuestra atención en la resolución de los problemas más apremiantes que tenemos a mano, se presentan propuestas para un proyecto alternativo, es decir la introducción de un impuesto medioambiental. Me opongo a este planteamiento.

Los problemas medioambientales no se resolverán creando sistemas impositivos. Más bien los agravarán, porque una mayor carga impositiva tendrá un impacto directo y negativo en la inversión en nuevas tecnologías caras. También habrá costes adicionales para los empresarios, con lo que puede haber más despidos.

  Karin Scheele, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por su trabajo, porque demuestra claramente la diversidad de los temas que tratamos cuando utilizamos la expresión «estrategia de desarrollo sostenible». El desarrollo sostenible afecta a todas las políticas de la Unión, y, en concreto, a la cooperación con el resto del mundo.

La comunicación de la Comisión se lee con facilidad, contiene muchas palabras amables y significativas, pero me decepciona que el capítulo titulado «Establecer objetivos y plazos» sea muy corto y también muy superficial. Una tiene la impresión de que los autores conocen muy bien los problemas y los han analizado a fondo pero, cuando se trata de combatirlos, no consiguen penetrar más allá de la superficie. Espero que la estrategia anunciada por la Presidencia austriaca sea más ambiciosa y ofrezca respuestas más específicas a este tema.

No obstante, no debemos limitarnos a esta sola estrategia. La seriedad con que nos tomamos el problema del desarrollo sostenible será más evidente también según como evolucionen las finanzas de la Unión en el futuro. Si la protección medioambiental y de las especies es un objetivo importante de la Comunidad, esto debe reflejarse en el presupuesto. Debemos hacer todo lo posible para asegurar que instrumentos como LIFE, que funcionan bien y son tan importantes para el medio ambiente de Europa, reciban fondos suficientes. La comunicación de la Comisión menciona una cantidad de tendencias no sostenibles, predominantemente el cambio climático. Por lo tanto se pide a la Comisión que tome aquellas medidas que constituyan instrumentos importantes para combatir el cambio climático. La Directiva sobre Ecodiseño adoptada el año pasado ofrece muchas oportunidades al respecto. Espero que pronto se pongan en marcha las primeras medidas de la Comisión para la implementación de esta directiva, sobre todo para aquellos productos con gran potencial para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero a bajo coste.

  Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DA) Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias a la señora Ferreira por un informe excelente que, desafortunadamente, ha recibido un par de desagradables recortes por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Algunos de los objetivos del informe son loables. No los repetiré en esta Cámara, pero todos ellos son importantes. Cuando algo está a punto de suceder, todas las buenas intenciones de la UE suelen desaparecer. Lamentablemente, hay razones para temer que esto también suceda en esta cuestión, y la intervención del Comisario no me ha tranquilizado en absoluto, pues ha incorporado muy pocos elementos prácticos.

El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado tres enmiendas: una por la que solicita objetivos más ambiciosos en términos de reducción de gases de efecto invernadero, otra por la que pide el fin de la dependencia de la energía nuclear, y una enmienda práctica sobre los problemas relacionados con los residuos que se generan como consecuencia de un planteamiento incoherente de los envases de bebidas. Cada año, solo en Dinamarca, entre 400 y 600 millones de latas de cerveza y bebidas refrescantes alemanas yacen esparcidas por el campo o en el camino que las lleva al sistema de incineración de residuos porque los alemanes no exigen a los daneses el pago del depósito de las latas de cerveza compradas en Alemania. Con un sistema de depósito común europeo, el campo y el medio ambiente daneses saldrían mucho mejor parados, al igual que las vacas que hoy en día sufren una tortura cuando mordisquean algunas de las muchas latas alemanas esparcidas por el campo.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, le agradezco enormemente que me haya dado la palabra a pesar de que sea tan tarde para tratar un informe tan importante e interesante. Deseo empezar mostrándome de acuerdo con la señora Scheele: es cierto que todas las políticas tratadas por la Unión están sujetas, y deben estarlo, a los principios de la sostenibilidad. Sin duda, la situación financiera también forma parte de ello, por lo que no solo deberíamos deliberar dónde podríamos gastar todavía más dinero, sino también preguntarnos cómo podemos evitar una deuda excesiva para las nuevas generaciones dentro de nuestra programación financiera, a la vez que establecemos –posiblemente de forma distinta– prioridades; porque las deudas que los Estados miembros dejan a las nuevas generaciones sin duda tampoco pueden considerarse sostenibles.

Quisiera examinar una cuestión que me parece muy importante en relación con esta directiva. En primer lugar, creo que reforzar la responsabilidad propia por medio de la mejora de la cooperación con los agentes en este ámbito es una herramienta importante para reforzar de hecho la comprensión a nivel de las bases de que la sostenibilidad no es un principio vacío de significado que solo defendemos cuando nos ponemos a pontificar –como algunos compañeros aquí han dicho–, sino que nos afecta a cada uno de nosotros de forma bastante concreta.

A continuación quisiera discutir una cuestión específica, a saber, la financiación de los espacios Natura 2000. Naturalmente, somos conscientes de que en particular en Europa occidental contamos con un grado muy alto de prosperidad, algo que no es fruto de la acción divina. Si de repente se marcan grandes superficies de los terrenos de los agricultores como espacios Natura 2000 con una protección monitoria, será muy difícil convencerles de que la sostenibilidad es algo tangible. Debemos mostrar a estos agricultores que la sostenibilidad también les beneficia mediante el pago de indemnizaciones u ofreciéndoles otras formas de ganarse la vida.

Por este motivo, debemos estipular en esta directiva que es necesario un sistema de financiación efectivo para la red Natura 2000. En consecuencia, doy mi apoyo a esta directiva.

  Riitta Myller (PSE). – (FI) Señor Presidente, Comisario, quiero dar las gracias en especial a Anne Ferreira, y expresar que es una grata oportunidad estar aquí presente para hablar sobre este tema.

El desarrollo sostenible es algo que debería aplicarse a todas las políticas y procesos de toma de decisiones de la UE. El desarrollo sostenible no puede separarse de la política industrial, económica o de la competencia, e incluso menos de las políticas energéticas, de tráfico o agrícolas. Por esta razón, ha sido un poco decepcionante que esta estrategia de desarrollo sostenible no se revisara al mismo tiempo que la estrategia de la UE sobre competitividad.

Sin duda, la competitividad de la UE se basa en un incremento del crecimiento respetuoso con el medio ambiente, tanto por lo que respecta a la producción como al consumo. El consumo puede verse influenciado por el precio justo de los productos y servicios. El coste medioambiental también debe incluirse. La consecuencia será el estímulo de una producción más ecológica.

Para conseguir resultados verdaderos, deben encontrarse indicadores fiables para una política de desarrollo sostenible. La ponente, entre otros, opina lo mismo. Dichos indicadores solo pueden obtenerse si se establecen objetivos lo bastante ambiciosos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Los objetivos cuantitativos, si se fijan de forma correcta, nos indican dónde hemos logrado éxitos y dónde debemos mejorar para alcanzar una situación medioambiental que no continúe perjudicando la salud humana ni la capacidad de la naturaleza de soportar la contaminación.

Si fijamos objetivos lo suficientemente altos, estos alentarán el desarrollo, por ejemplo, de nuevas tecnologías medioambientales que a su vez impulsarán el crecimiento europeo y de esta forma alcanzaremos un desarrollo sostenible verdadero.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

19. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

20. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 12.05 horas)