Acta literal de los debates

Miércoles 18 de enero de 2006 - Estrasburgo

5. Explicaciones de voto

- Resolución B6-0049/2006

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen e Inger Segelström (PSE), por escrito. (SV) Buscamos un acuerdo con el Consejo en torno a un nuevo acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario. Como punto de partida en las negociaciones, tenemos la resolución del Parlamento de 8 de junio de 2005 sobre retos políticos y recursos presupuestarios de la Unión Europea ampliada para 2007-2013. Por lo tanto, apoyamos la resolución del Parlamento Europeo respecto a la posición común del Consejo Europeo de 15 a 16 de diciembre de 2005. No obstante, no podemos apoyar el texto referente a una dimensión europea mejorada de la política agrícola de la UE. Esperamos la revisión de los ingresos y gastos de la UE en 2008 y esperamos que lleve a una estructura más moderna para el presupuesto de la UE y a una reducción del gasto relativo a la política agrícola común.

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. (EN) La delegación conservadora británica apoya el informe Böge en su llamamiento al rechazo de la posición común del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras 2007-2013 en su forma actual. Apoyamos el informe en su petición de un compromiso firme para llevar a cabo una revisión de las perspectivas financieras con una función clara para el Parlamento Europeo, y apoyamos plenamente la petición de medidas complementarias suficientes para garantizar una mejor implementación y control del gasto de los fondos en los Estados miembros.

Sin embargo, constatamos con preocupación la petición de la Comisión de Presupuestos de negociar sobre la base de la posición del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2005, según la cual, si se aprobara, los créditos de compromiso se incrementarían en 112 474 billones de euros para el periodo. Por esta razón nos hemos abstenido en la votación final.

  Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos y Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) Nos hemos abstenido en la votación final de la resolución sobre las perspectivas financieras para 2007-2013 porque no aceptamos el considerando nº 4 de la resolución.

Creemos que el acuerdo mínimo era, en última instancia, satisfactorio para Europa, puesto que evitaba una grave crisis política en la Unión, aunque temporalmente.

El uso de la palabra «rechaza» en el considerando nº 4 transmite al público europeo la idea de que el Parlamento pretende volver a abrir el debate financiero, lo cual, tal y como están las cosas, no es factible y mucho menos apropiado.

Por lo tanto, consideramos que la palabra «rechaza» significa lo mismo que «desacuerdo», lo cual obviamente no mina el acuerdo logrado.

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Nigel Farage, Roger Knapman, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) Puede resultar sorprendente que, por primera vez en la historia, el UKIP haya votado a favor de un informe cuyo tono es abiertamente federalista. Lo hemos decidido así porque la aprobación de este informe rompe el acuerdo en el que Tony Blair actuó como mediador en diciembre. Para nosotros, un incremento del 63 % en la contribución del Reino Unido a la UE es inaceptable. La cesión de 7 000 millones de libras de nuestro cheque es algo inaceptable. Las perspectivas financieras actuales son un mal acuerdo para Gran Bretaña.

Si este informe se acepta, deberemos recurrir al artículo 272 del Tratado y a las negociaciones anuales del presupuesto. Aunque discrepamos totalmente de las razones subyacentes a este informe, nos complace representar nuestro papel en la reapertura de un debate sobre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes del Reino Unido. Cuanta más gente conozca el funcionamiento de la UE, mayor será su desagrado.

  Bastiaan Belder (IND/DEM), por escrito. – (NL) Al deshacerse de la posición común del Consejo respecto a las perspectivas financieras 2007-2013, la mayoría del Parlamento Europeo está poniendo en peligro el funcionamiento de la Unión Europea , y esto es algo con lo que no estamos de acuerdo.

En primer lugar, son los Estados miembros los que recogen las contribuciones para la Unión Europea. El Parlamento está usando más fuerza de la que tiene si quiere obligar a los Estados miembros a que proporcionen más dinero a la UE.

En segundo lugar, considerando el principio de subsidiariedad, existen cuestiones en el presupuesto europeo que deberían recibir mucha menos financiación, por no decir ninguna: política exterior, educación, asuntos sociales, empleo, cultura y sanidad. Además, pagar propaganda de la UE y subvenciones para los grupos de reflexión «proeuropeos» no sirve para nada útil.

En tercer lugar, la política de financiación estructural y de cohesión debe centrar sus esfuerzos en las regiones menos favorecidas de los Estados miembros en las que el PNB es menos del 80 % de la media de la UE. Lógicamente, esto produce un cambio de la política de apoyo estructural de los Estados miembros del sur a los del este.

En interés de los ciudadanos, esta Cámara debería adoptar una actitud más hábil y reducir la UE a sus tareas principales, en pocas palabras, hacer más con menos dinero.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) No estamos satisfechos con la resolución que se alcanzó en el Consejo el 16 de diciembre. Queremos reducir el gasto en la política agrícola y en los Fondos Estructurales y dedicar más recursos a la investigación y al desarrollo y a la política exterior y de seguridad común. El Parlamento tiene derecho de codecisión respecto a las perspectivas financieras y ha anunciado que perseguirá su propia política presupuestaria enérgicamente. No apoyamos la expansiva política presupuestaria por la que aboga el Parlamento pero apoyamos otras propuestas como la de incrementar los créditos para la investigación y el desarrollo.

En vista de esto, no hemos votado en contra de la resolución final sino que nos hemos abstenido, puesto que podíamos apoyar partes de la propuesta del Parlamento.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) Hoy he decidido abstenerme cuando el Parlamento Europeo ha votado su resolución sobre las perspectivas financieras. En su resolución, el Parlamento Europeo rechaza el acuerdo del Consejo. Me decepciona bastante el acuerdo del Consejo por el que mis ámbitos prioritarios obtendrán menos recursos que los propuestos por la Comisión. Se trata de ámbitos como la investigación, la innovación, las medidas para combatir el crimen transfronterizo, las medidas ambientales y los Fondos Estructurales reservados para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, el Consejo ha tardado un tiempo reprochablemente largo y no quiero retrasar este proceso todavía más. Es importante que garanticemos la financiación para proyectos y programas para los años 2007-2013 para que no se vean interrumpidos por la incertidumbre y la ausencia de cofinanciadores. Esto es especialmente importante para los diez Estados miembros nuevos. Por eso he decidido no desbaratar las perspectivas financieras sobre las que se ha logrado un acuerdo.

  Neena Gill (PSE), por escrito. (EN) Los diputados británicos del Grupo del PSE nos abstenemos en la votación final del informe Böge de 18 de enero de 2006 por las razones siguientes:

1. Nos preocupa la referencia al refuerzo de la política agrícola en el apartado 7, ya que se trata de algo contra lo que hemos luchado durante mucho tiempo.

2. Los diputados británicos del Grupo del PSE estamos en contra de la primera frase del apartado 4, donde se afirma que el Parlamento Europeo «rechaza la posición común del Consejo Europeo». En primer lugar, creemos que la Presidencia del Reino Unido tenía en sus manos la difícil tarea de intentar llegar a un acuerdo en esta delicada y divisiva cuestión. Pocos creían que el Reino Unido sería capaz de lograr el compromiso final, dadas las posiciones a veces diametralmente opuestas de los 25 Estados miembros de la UE sobre esta cuestión. En segundo lugar, pensamos que no le corresponde al Parlamento Europeo rechazar la posición del Consejo: lo máximo que podemos hacer es tomar nota de su posición y decidir en función de nuestra propia postura, que puede ser distinta de la del Consejo, pero no rechazarla.

3. Los diputados británicos del Grupo del PSE apoyamos lo que el Parlamento Europeo intenta llevar a cabo desde el punto de vista de la mejora de la transparencia y la flexibilidad del presupuesto para responder a los desafíos futuros que esperan a la UE por su papel como importante actor de la escena mundial.

  Ana Maria Gomes (PSE), por escrito. (PT) En diciembre, el Consejo ignoró los poderes/la obligación de codecisión del Parlamento y no financió las políticas centrales de la Estrategia de Lisboa y las políticas relativas al lugar de Europa en el escenario mundial.

Por consiguiente, la Comisión está desprovista de recursos para financiar políticas de ciudadanía –por ejemplo, de juventud, educación, investigación y cultura–, el Fondo de Ajuste a la Globalización y los compromisos exteriores de la Unión, como las misiones de paz y las medidas para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por ello he votado para que se rechace el acuerdo en su forma actual y solicitaría que comenzaran las negociaciones con el fin de solventar la escasez de recursos.

Debería exigírsele a la Presidencia que negociara con el Parlamento respecto a las reservas para la flexibilidad que garantizarían todos los recursos necesarios y que lograra un acuerdo sobre una cláusula de revisión que posibilitara una nueva revisión del gasto en 2008 –incluido el desvío de financiación de la PAC a políticas competitivas y de innovación– y que reconsiderara los recursos presupuestarios de la Unión.

No se trata de reabrir las cuestiones acordadas en Bruselas en diciembre, sino de reforzarlas con los medios necesarios para financiar políticas y medidas esenciales para una Europa más cohesiva, competitiva y responsable que tenga una mayor credibilidad en la escena mundial.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2007-2013 adoptado en el Consejo Europeo de diciembre es deplorablemente inadecuado por lo que respecta a recursos financieros e inapropiado respecto a las prioridades e instrumentos necesarios para abordar las necesidades económicas, sociales y medioambientales y los problemas de una Unión ampliada a 27 países.

El concepto tan anunciado de «solidaridad» ha quedado relegado en el orden de prioridades y la financiación de la política de cohesión ha sufrido un recorte del 0,41 % al 0,37 % del PNB comunitario a pesar del hecho de que las diferencias económicas y sociales que surgen de la ampliación han aumentado. También ha habido recortes en ámbitos como asuntos sociales, medio ambiente, agricultura, cooperación, investigación y cultura. Al mismo tiempo, ámbitos como la «competitividad», el control de la inmigración, el control fronterizo, la seguridad y la política exterior y de seguridad común han visto aumentada su financiación a expensas de la ayuda para el desarrollo.

Esto marca la victoria de los intereses de los países más desarrollados económicamente y los grandes grupos económicos y financieros en estos países, en detrimento de los intereses de lo que se conoce como países de «cohesión» como Portugal y los de los trabajadores.

La totalidad del proceso de «negociación» se ha caracterizado por propuesta tras propuesta, cada una peor que la anterior. En este contexto, aunque la propuesta que tenemos ante nosotros rechaza el acuerdo del Consejo, reafirma la posición negociadora del Parlamento, inadecuada en cuanto a financiación y prioridades.

  Joel Hasse Ferreira (PSE), por escrito. (PT) En el texto aprobado sobre las perspectivas financieras hay dos puntos que deberían haberse tratado de manera diferente.

El primero es la frase que «rechaza» el acuerdo logrado en el Consejo. Habría habido maneras más adecuadas de expresar la no aceptación del acuerdo. La segunda es el modo en el que se hace referencia a la política agrícola. El modo en el que algunos Estados miembros han recibido una financiación más significativa del presupuesto de la Unión a través de la PAC ha perjudicado el progreso del proyecto europeo, obstaculizando criterios más apropiados para la concesión de fondos.

El acuerdo logrado en el Consejo es positivo para Portugal. No obstante, el Parlamento tiene todo el derecho a comenzar el proceso de refinar ese acuerdo.

En este proceso no ha habido media vuelta respecto a metodología presupuestaria y los criterios para la distribución global de los fondos no han sufrido cambios. Debe existir una solidaridad continuada con los países de cohesión del sur y el este. El apoyo hacia una mayor competitividad en Europa no debe situar a las economías menos competitivas en la actualidad en una situación de desventaja.

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), por escrito. (EN) Para que quede muy claro: no rechazo la posición común del Consejo Europeo. Sin embargo, el Parlamento Europeo, siendo una rama de la autoridad legislativa y presupuestaria, debe ser capaz de representar plenamente su papel parlamentario en la definición de políticas, su reforma y su presupuesto. En consecuencia, apoyo la disposición de esta Cámara a entablar negociaciones constructivas con el Consejo.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Aunque el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo está satisfecho con la reducción del presupuesto de la UE, especialmente con la mejora de la situación de pago neerlandesa, seguimos siendo muy críticos con el modo en el que se está gastando el resto de fondos. Hoy sigue existiendo un desequilibrio en la distribución de subvenciones agrícolas, los fondos siguen traspasándose sin ningún propósito y se siguen promoviendo proyectos prestigiosos. La idea de que debería lograrse un acuerdo presupuestario a expensas de los Estados miembros más pobres no tiene justificación.

  Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. (SV) La resolución rechaza el acuerdo del Consejo sobre las perspectivas financieras. No obstante, creo que no es acertado por parte del Parlamento Europeo rechazar la propuesta, por lo que me he abstenido en la votación. El camino que lleva al acuerdo del Consejo ha sido largo y difícil, y habría sido problemático si el Consejo no hubiera conseguido finalmente acordar la cuestión. Sin duda el Parlamento tiene derecho de codecisión respecto a la cuestión y tiene derecho a rechazar la propuesta del Consejo, pero sería lamentable que el presupuesto a largo plazo no se materializara debido a juegos de poder entre las instituciones. Ahora el Parlamento debe asumir su responsabilidad y hacerlo lo mejor posible junto con el Consejo para lograr un presupuesto a largo plazo.

Considero positivo que el Consejo acordara las perspectivas financieras y que el nivel de gasto no fuera demasiado alto, pero también soy crítica con amplias secciones del presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto tiene el perfil equivocado y dedica demasiado dinero a la agricultura y la ayuda regional.

El Parlamento desea dedicar más dinero a ámbitos importantes, pero aboga por un nivel de gasto total demasiado alto y, al igual que el Consejo, quiere dedicar demasiado dinero al gasto agrícola y a la ayuda regional. Por lo tanto, no apoyo la postura del Parlamento. Una definición estricta de prioridades para la distribución de los recursos de la UE tiene una importancia esencial para producir los cambios necesarios en Europa.

  Toine Manders (ALDE), por escrito. – (NL) Hoy el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre el presupuesto plurianual de Europa. Acojo con satisfacción el compromiso logrado por el Consejo en diciembre de 2005 y lo considero una base satisfactoria para futuras negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo.

Por lo que a mí respecta, esto no perjudica en absoluto los esfuerzos positivos del Gabinete neerlandés en la persona del Ministro de Hacienda, el señor Zalm. La decisión del Consejo de recortar las contribuciones neerlandesas a la UE en la cifra de mil millones no es competencia del Parlamento, por lo que no formará parte de las negociaciones. Puesto que creo que Europa debería invertir más en conocimiento, innovación y espíritu empresarial, no considero que el compromiso actual refleje estos ámbitos de manera adecuada.

Además, opino que el Parlamento Europeo, como cualquier Parlamento nacional, debería asumir su responsabilidad cuando se trata de determinar el presupuesto. Las negociaciones que comenzará el Parlamento Europeo con el Consejo son similares al debate que la Cámara Baja neerlandesa celebra con el Gabinete en respuesta al discurso de la Reina.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Consejo Europeo logró un acuerdo sobre las perspectivas financieras para 2007-2013 tras duras negociaciones respecto a quién daría menos y quién conseguiría más del dinero de los pueblos, para que los monopolios europeos pudieran beneficiarse de ello y mejorar su rentabilidad y sus privilegios. Al mismo tiempo, estableció las bases para la nueva revisión de la PAC y para reducir el gasto agrícola, que eliminará todavía más explotaciones pequeñas y medianas.

Se está utilizando el dinero de los contribuyentes del paquete financiero, mejorado en un 110 %, para reforzar las políticas represivas y la estrategia de la antipopular Agenda de Lisboa, mientras los recursos para los agricultores se están reduciendo de manera gradual.

Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia rechazamos las decisiones sobre las perspectivas financieras para 2007-2013 porque van en detrimento de los pueblos y de sus derechos. No obstante, tampoco estoy de acuerdo con las razones para el rechazo expresadas en la resolución del Parlamento Europeo, porque entra dentro de la filosofía de no debatir la política antipopular y la militarización de la UE en que solicita que se refuerce «la competitividad y la seguridad» de la UE junto con controles de gasto en los Estados miembros. Esta filosofía favorece la reestructuración capitalista, una explotación más severa de los trabajadores y el refuerzo de mecanismos represivos y antidemocráticos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La preocupación principal de todos los responsables de la toma de decisiones conjuntas es actuar de manera responsable. El público es muy consciente de que el proceso que llevó a la adopción de las perspectivas financieras en diciembre fue complejo, lo cual fue indicativo de lo difícil que pueden ser estas negociaciones, especialmente en las circunstancias en las que tienen lugar hoy en día.

Como ya he dicho, el resultado final de la cumbre de diciembre, aunque se quedó corto respecto a lo que se exigía y lo que yo estaba esperando, es ampliamente positivo y favorable para los intereses europeos y portugueses. Por ello pienso que es legítimo buscar mejoras respecto a este acuerdo, a la vez que nos aseguramos de que no haya peligro de perder el consenso que hemos logrado. Las apuestas son demasiado altas para que la preocupación principal se sitúe en el contexto del equilibrio institucional.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado en contra del acuerdo del Consejo respecto a las perspectivas financieras porque creo que es sintomático de la crisis a la que se enfrenta Europa: son exiguas, faltas de ambición y poco inspiradoras.

Son exiguas en términos financieros comparadas con otras instituciones socias, y también porque la propuesta del Consejo es más un resumen de las afirmaciones realizadas por los distintos Estados miembros que una expresión de voluntad política de cualquier tipo.

La falta de ambición puede verse en los notorios signos de incoherencia respecto a políticas adoptadas con anterioridad. Los ciudadanos de Europa se han visto cada vez más frustrados con la falta de eficiencia que se percibe en las instituciones de Europa; un día se toman decisiones que se presentan al público como signos claros de progreso en ciertos ámbitos de interés para los europeos, y al día siguiente, el propio Consejo no proporciona los recursos necesarios para perseguir estas medidas para las perspectivas financieras.

Por último, este acuerdo carece totalmente de inspiración, puesto que no cumple los compromisos acordados con los países candidatos, Bulgaria y Rumanía.

Este tipo de actitud es lo que se denomina hipocresía.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) El resultado de la reunión del Consejo a altas horas de la noche el mes de diciembre pasado en Bruselas ha fallado a Escocia y ha fallado a Europa. Es inaceptable para el Parlamento, y me complace apoyar esta propuesta para rechazar el acuerdo alcanzado e iniciar las negociaciones para mejorarlo. El Parlamento ha resultado decisivo al forzar a los Estados miembros, siendo el Reino Unido el principal entre ellos, a actuar de forma razonable, pero todavía podemos obtener un mejor resultado que el acuerdo que tenemos hoy ante nosotros. Considero que el Parlamento tiene razón al abogar por un mejor compromiso, estoy satisfecho de que hoy hayamos aprobado esta propuesta y quedo a la espera de las negociaciones.

- Resolución B6-0050/2006

  Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción la decisión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo de designar a 22 diputados para que formen parte de una comisión de investigación encargada de investigar el caso de los ciudadanos, de los cuales 6 500 son irlandeses, a quienes se les robó sus ahorros como consecuencia de la crisis de la compañía aseguradora Equitable Life.

Apoyo la petición que los inversores de Equitable Life han presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Es totalmente apropiado que ahora una comisión de investigación del Parlamento Europeo investigue su caso en detalle.

El Gobierno irlandés debería nombrar en estos momentos a un investigador que represente los intereses de los ciudadanos irlandeses en esta cuestión y que trabaje con la comisión de investigación del Parlamento Europeo.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Electores de toda Escocia se han puesto en contacto conmigo buscando acciones y no solo palabras en el caso de Equitable Life. Hoy hemos dado respuesta a sus peticiones y estoy satisfecho de que el Parlamento haya tomado este paso decisivo, cuando el Gobierno de Londres no lo ha hecho. Cuando Equitable Life se vino abajo, los ahorros y los planes de pensiones de la gente se convirtieron en un caos, y tienen razón al continuar buscando respuestas. Quedo a la espera de trabajar con la comisión para llegar hasta el fondo del asunto.

- Resolución RC-B6-0051/2006

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) En la Europa de libertad y valores, debe quedar totalmente claro que los derechos de los ciudadanos y la primacía del Estado de Derecho merecen una protección total.

La lucha contra el terrorismo debería entrar en esta categoría. Por ello, no debemos abandonar nuestra herencia y el amplio apoyo internacional del que gozamos. Lo que nos separa de los terroristas es nuestro profundo respecto por la gente y por todos sus derechos.

Esta comisión temporal debe encaminar su mandato a la recogida y el análisis de información que puede ser relevante para descubrir la verdad tras los informes, con apoyo de Human Rights Watch, que aparecieron en el Washington Post.

Debemos llegar a la verdad, no solo porque las dudas persistentes alimentan la sospecha y fomentan la especulación, sino también porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se utilice el territorio europeo para realizar detenciones secretas. Eso sería vergonzoso y se opondría abiertamente a las normas internacionales sobre los derechos humanos y a las normas y valores europeos.

  Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. (EN) Por lo que respecta a la decisión de constituir una comisión de investigación del Parlamento Europeo para investigar las acusaciones de la existencia de prisiones secretas de la CIA y de la tortura de presos en territorio de la UE o en países que aspiran a ingresar en la UE, si los Estados miembros de la UE o los países candidatos hubieran estado involucrados activa o pasivamente en el funcionamiento de «prisiones extrajudiciales», se habrían cometido violaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Es importante que lleguemos hasta el fondo de la cuestión. Debemos investigar sin prejuicios, pero tampoco sin cerrar los ojos ante las posibilidades. Queremos saber la verdad, nada más que la verdad. Si lo conseguimos, estaremos luchando verdaderamente tanto contra el terrorismo, como contra la tortura.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de la puesta en marcha de una investigación del Parlamento Europeo sobre las acusaciones de las actividades de la CIA en relación con presuntos actos de secuestro, «entrega extraordinaria», «detención en lugares secretos», «detención incomunicada», tortura, trato cruel, trato inhumano o degradante de prisioneros en el territorio de la Unión Europea, incluidos los países adherentes y candidatos.

Es importante, a la luz de la preocupación generalizada, incluida la de mi circunscripción electoral en Londres, que la investigación del Parlamento Europeo haga un esfuerzo serio por evaluar la veracidad de las acusaciones.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Frente a las revelaciones y a la conmoción causada por las acciones de la CIA, con abducción de ciudadanos, movimiento de sospechosos, realización de investigaciones y cárceles en países europeos, el Parlamento Europeo está intentando engañar a los pueblos de Europa al establecer la Comisión de Investigación.

Está haciendo gala de una preocupación hipócrita por la violación de los derechos humanos en terreno europeo e intentando salvar el «honor perdido» de la UE. No obstante, es un hecho que la propia UE y los Gobiernos de los Estados miembros han celebrado acuerdos secretos con los Estados Unidos, se han centrado de lleno en la llamada estrategia antiterrorista y ahora intentan jugar a ser la paloma sorprendida e inocente.

Insulta y subestima a los ciudadanos cuando los Grupos políticos del Parlamento Europeo, cuyos partidos están en el poder y han firmado los acuerdos, protestan abiertamente sobre sus resultados.

La UE y los Estados Unidos son responsables conjuntos de las medidas irresponsables de los servicios secretos, que aparte de otras cosas, están preparándose para aplicar las leyes terroristas para atacar el movimiento popular y desatar guerras contra países y pueblos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Durante situaciones de conflicto, especialmente aquella en la que los Estados Unidos y los Aliados están actualmente implicados, es todavía más esencial que se defiendan nuestros valores civilizados y fundamentales; tenemos que estar más vigilantes en circunstancias extremas. Por lo tanto comparto la opinión de aquellos que, en Europa y los Estados Unidos, han levantado sus voces contra cualquier abuso o violación de estos valores. Esa es mi postura inequívoca, que he expresado en ocasiones anteriores.

Habiendo dicho eso, respecto a los llamados «vuelos CIA», debo expresar mi decepción por el modo en el que se ha dirigido este debate. Se ha basado en su mayoría en la conjetura, la sospecha y la acusación, y la palabra de nuestros aliados y nuestros líderes políticos más estimados de los Estados miembros de la UE parece ser la que tiene menos valor.

Con este telón de fondo, creo que la Conferencia de Presidentes logró alcanzar una solución apropiada, y sobre todo equilibrada y conforme a la función que el Parlamento podría desempeñar respecto a esta cuestión. Por lo tanto, he votado a favor.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Las acusaciones de que nuestros amigos y compañeros estadounidenses han hecho uso de aeropuertos europeos para la escala de vuelos que serían ilegales según nuestras leyes son extremadamente preocupantes. Tenemos razón al intentar, en el Parlamento Europeo, arrojar luz sobre este turbio asunto, ya que es importante para todos nuestros ciudadanos. Por mi parte, yo no creo que los estadounidenses sean culpables de la mitad de lo que se les acusa, pero solo seremos capaces de dar respuesta a estas acusaciones si descubrimos la verdad, y quedo a la espera de colaborar en la investigación justamente para lograrlo.

- Informe Cavada (A6-0003/2006)

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La UE debe mantener una postura clara y coherente en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en relación con lo que debería ser, en el sentido más amplio, el proceso de paz de Oriente Próximo. En este caso especial, las medidas que se han tomado en Líbano requieren nuestro apoyo eficaz tanto de palabra como de obra. En la práctica, tenemos que trabajar juntos en cualquier información que pueda descubrir la verdad detrás del asesinato del anterior Primer Ministro, Rafiq Hariri. Por tanto, he votado a favor del informe que tenemos ante nosotros. También me gustaría mencionar las cuestiones de procedimiento planteadas por el ponente, que creo que merecen más atención.

- Informe Sjöstedt (A6-0001/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Acogemos con satisfacción la adopción del informe final, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la gestión de residuos de las industrias extractivas, que interesa mucho a Portugal.

Esta nueva legislación reforzará las normas medioambientales en una serie de Estados miembros e impondrá obligaciones más estrictas a las compañías para que limpien los lugares tras completar sus actividades industriales y hagan así honor a su responsabilidad de proteger el medio ambiente y la salud pública.

Los inventarios que deben realizarse respecto a situaciones existentes, para que puedan tomarse medidas apropiadas, son de una importancia similar.

Confiamos en que estas propuestas se pongan en práctica de modo general.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Esta directiva representa un documento legislativo importante sobre el medio ambiente.

Tras el loable trabajo realizado por el ponente y la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, tengo que expresar mi apoyo hacia este informe, que incluye medidas importantes que prepararán el camino para la reducción de los efectos perjudiciales en el medio ambiente y los riesgos para la salud humana que resultan de los residuos de las industrias extractivas.

Por tanto, he votado a favor del informe Sjöstedt.

- Informe Maaten (A6-0415/2005)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Existen aproximadamente 20 000 lugares de baño en la Unión Europea, y las personas no tienen ni idea de las peligrosas bacterias que se esconden en sus aguas. Los nadadores tragan una media de 50 mililitros de agua, y los niños a veces tragan diez veces más mientras salpican, por lo que debe garantizarse la ausencia de cualquier riesgo de contraer una enfermedad. Existen varios agentes que pueden causar enfermedades, desde náuseas a erupciones cutáneas, pero otras también son potencialmente mortales. Entonces es alentador que la directiva europea haya podido mejorar la calidad de las aguas de baño en los últimos años, pero ha realizado incursiones drásticas en la capacidad de lagos más pequeños como los de los Alpes austriacos, para regularlas. De ahí se sigue que no podemos seguir confiando únicamente en las disposiciones legislativas, en prohibiciones e inversiones, sino que tenemos que intentar exigir al público que colabore activamente y sea consciente de las cuestiones medioambientales.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Por supuesto, la UE no debería tener una directiva común que regule la calidad de las aguas de baño. Hemos votado a favor del informe, ya que el Parlamento ha escuchado nuestras críticas y está reduciendo las normativas de que disponemos en la actualidad. El informe también rechaza enérgicamente las propuestas de regulación adicional que existían cuando el Parlamento debatió este tema la vez pasada.

Cabe señalar que la anterior propuesta demostraba claramente lo difícil que es contar con normas detalladas que deben aplicarse en condiciones muy diversas. En países con abundante costa, grandes extensiones de agua, temporadas de baño cortas, bajas temperaturas del agua y poca población los requisitos deberían ser distintos a los de los países con playas muy frecuentadas a las que viaja mucha gente con el fin de bañarse en aguas templadas durante largas temporadas. A los Conservadores suecos nos complace que se hayan escuchado nuestras críticas.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Naturalmente, apoyo este informe, ya que es especialmente importante para mi país, Portugal, que posee una costa que abarca la mitad del territorio nacional, donde abundan ríos y otros cursos de agua y en la que la población practica de los deportes acuáticos en número creciente.

Esta propuesta constituye un importante paso para la protección de la salud de los consumidores y del medio ambiente, ya que las enmiendas que se plantean producirán mejoras claras en el conocimiento, el seguimiento y el control de la calidad de las aguas de baño.

El texto salido del Comité de Conciliación eliminará lagunas y actualizará la normativa sobre aguas de baño que se encuentra actualmente en vigor.

Ahora existen requisitos más estrictos, como los nuevos valores límite de bacterias para que el agua se considere de calidad «suficiente», el hecho de que ahora la participación y la información pública sea obligatoria y la estandarización de las señales en el ámbito comunitario, lo cual contribuirá a reducir los riesgos sanitarios y a impedir enfermedades e infecciones.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) Hoy he optado por votar a favor del texto conjunto del Comité de Conciliación para una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la gestión de la calidad de las aguas de baño. Lo hago basándome en que se trata de una cuestión a la que se aplica la subsidiaridad, con lo que me refiero que en este caso debería tratarse en el ámbito local o regional. La calidad de las aguas de baño es una cuestión que afecta a numerosos municipios suecos que cuentan con un gran número de playas destinadas al baño. Por lo tanto es importante que la Directiva no aumente la carga burocrática de los municipios. A pesar de todo, he votado a favor de esta propuesta porque en diversos aspectos mejora la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño de 1976, de aplicación en la actualidad. En primer lugar, es más simple y, en segundo lugar, incluye mejores requisitos sanitarios y medioambientales. Una UE más racionalizada pero también más eficiente necesita analizar si los Estados miembros no deberían retomar temas como este y tratarlos en el ámbito nacional o local/regional.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El aspecto más relevante de la solución que se ha encontrado es que la Directiva de 1976 sobre la calidad de las aguas de baño, que había quedado desfasada con los avances del conocimiento científico y el incremento de las demandas sanitarias, se ha visto actualizada en algunos aspectos. De acuerdo con el ponente, estas modificaciones darán lugar a una reducción de los riesgos sanitarios para los bañistas del 12 % al 7,5 %.

El proceso de conciliación ha sido difícil, dada la gran diversidad de las posturas implicadas, y el resultado ha sido satisfactorio, aunque insuficiente, especialmente respecto a los parámetros que ahora han pasado a ser obligatorios.

Las principales mejoras se han producido en la información al público. Se espera que en los propios lugares de baño se ponga a disposición del público información actualizada y visible.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El texto obtenido en el Comité de Conciliación y que tenemos ante nosotros hoy para su votación contiene enmiendas muy celebradas a la propuesta presentada para segunda lectura el 21 de abril de 2005.

El hecho de que la propuesta de eliminar la distinción entre aguas costeras e interiores no se haya incorporado y que no se haya suprimido el grado de calidad «suficiente» del texto final salvaguarda los intereses superiores de Portugal en este sentido, ya que cumple las recientes recomendaciones de la OMS.

Celebro los parámetros propuestos para la evaluación de la calidad de las aguas de baño, además de la metodología adoptada para su evaluación y clasificación. Por lo tanto estoy a favor de que se adopten.

Considero que por lo tanto será posible no solo mejorar el medioambiente, sino proteger e informar mejor a los ciudadanos sobre la calidad de las aguas de baño que utilizan.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe trata una cuestión que no debería estar en la agenda de la UE. Por supuesto, no tiene sentido comparar la situación y los requisitos de las aguas de baño del Mediterráneo con los de miles de lagos de países como Suecia y Finlandia. La Directiva sobre aguas de baño es un ejemplo de cómo en la práctica la UE aplica en escasas ocasiones el principio de subsidiaridad o el de proporcionalidad, lo cual es lamentable.

La propuesta que ha generado el procedimiento de conciliación realmente tiene ciertas ventajas en comparación con la directiva actualmente aplicable. Por ejemplo, son menos los criterios que los Estados miembros tendrán que aplicar. Al mismo tiempo, se han introducido nuevos y absurdos criterios, como el requisito de utilizar señales idénticas en toda la UE en los lugares de baño.

Confiamos en que los Estados miembros sean capaces de afrontar cuestiones relativas a la calidad del agua en los lugares de baño de forma independiente. Por lo tanto, nos oponemos en un principio a la Directiva sobre aguas de baño y hemos votado en contra del compromiso del Comité de Conciliación.

  Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. (SV) He optado por votar a favor del texto conjunto del Comité de Conciliación para una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la gestión de la calidad de las aguas de baño. En un principio no creo que la calidad de las aguas de baño sea un tema que deba tratarse en el plano europeo, sino que los Estados miembros deberían tratarlo en el ámbito nacional o local. He votado a favor del borrador porque simplifica considerablemente la anterior Directiva de 1976 sobre la calidad de las aguas de baño. Votar a favor de esta propuesta forma parte de la lucha por simplificar la legislación de la UE. Por supuesto, también implica cambios para una mejora en aspectos que afectan a la salud y el medio ambiente.

Para que la UE sea más eficaz y muestre un mayor dinamismo respecto a los principales problemas transfronterizos, la política en determinadas áreas debe dejarse en manos de los Estados miembros. Esta es una de esas áreas, y por lo tanto debería tratarse en lugares más próximos a los ciudadanos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque la nueva cuarta categoría de calidad de las aguas de baño se mantiene tal y como la introdujo el Consejo, y ahora las cuatro categorías se combinan con cifras mejoradas para el nivel de toxicología que las define. Estas nuevas cifras deben ayudar a disminuir el riesgo para la salud de los bañistas mediante la mejora de los niveles de categorías.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación sobre la Directiva relativa a la gestión de las aguas de baño se basa en nuevos criterios para la evaluación de la calidad del agua y para la información al público.

Para Portugal es muy importante que existan normas más estrictas y una mejor información al público, dada la extensión de su costa y el valor social, cultural y económico que esta y sus innumerables vías fluviales aportan al país, no solo desde el punto de vista de las actividades turísticas, sino también de las actividades socioculturales.

Debe hacerse todo lo posible por prevenir y reducir los riesgos sanitarios. Por lo tanto considero que esta propuesta constituye un importante paso adelante para la protección de la salud de las personas y del medio ambiente. Estas enmiendas darán lugar a una mejora clara desde el punto de vista del conocimiento, el seguimiento y el control de calidad de las aguas de baño, y contribuirán a alcanzar el equilibrio necesario en lo que respecta al coste de la introducción de nuevos criterios de calidad.

Por lo tanto, he votado a favor del informe Maaten.

  Margrietus Van den Berg (PSE), por escrito. (EN) El tema de esta resolución, la calidad de las aguas de baño, es importante pero, en mi opinión, desde el punto de vista de la subsidiariedad, debe tratarse a escala nacional. No existe valor añadido alguno en la regulación de este tema a escala europea. Por este motivo voto en contra de la resolución.

- Informe Korhola (A6-0381/2005)

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), ponente. – (FI) Señor Presidente, me da mucha rabia que mi intervención tuviese que concluir por falta de tiempo, lo cual me gustaría solucionar. Leeré lo que pretendía decir, de forma que las organizaciones medioambientales no malinterpreten lo que dije.

Un ejemplo de esto es la carta remitida esta semana por las principales organizaciones medioambientales, que dan una imagen engañosa del derecho de acceso a la justicia que posiblemente ahora se abre ante ellas. Mencionan que los países industrializados pueden interponer demandas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y que ahora esta legislación las pondría al mismo nivel. La carta no menciona que actualmente las organizaciones medioambientales no aspiran en modo alguno al mismo nivel de las empresas, respecto a lo cual existe un llamamiento para que esta decisión les afecte «directa e individualmente», es decir, como parte interesada. En su lugar, ahora las organizaciones medioambientales deberían poder elegir, dentro de toda la Unión e ignorando criterios relativos a las partes interesadas, en qué áreas están interesadas. Es engañoso que no se haya mencionado este dato fundamental.

  Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. (EN) Acojo con mucha satisfacción la propuesta de Reglamento sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio de Aarhus a las instituciones y órganos de la CE. Los ciudadanos tienen un derecho legítimo a la información y a la justicia medioambiental, incluida la de la CE.

Sobre todo, considero que la definición de «información medioambiental» establecida en el Reglamento propuesto debe incluir información sobre el estado del progreso de los procedimientos contra los Estados miembros que infrinjan la legislación comunitaria. Demasiado a menudo, la única forma que los ciudadanos de la UE tienen de averiguar que sus Estados miembros incumplen los compromisos asumidos libremente es haciendo un seguimiento de los comunicados de prensa de la Comisión. Esto no es suficiente, por lo que debe llevarse a cabo un refuerzo.

Por último, lamento el fracaso del Consejo a la hora de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de Directiva relativa al acceso a la justicia, tal y como fue apoyada por el Parlamento Europeo con las enmiendas de 31 de marzo de 2004, e insto al Consejo y a la Comisión a que redoblen sus esfuerzos respecto a esta iniciativa particular.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Desde nuestro punto de vista, las enmiendas al informe adoptadas hoy sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Aarhus en las instituciones europeas son muy importantes. En el informe se otorga prioridad en primer lugar al derecho del público a la información sobre los procedimientos de participación en el proceso de toma de decisiones, es decir, cómo utilizar estos procedimientos; en segundo lugar, al derecho de acceso a la información; y, por último, al acceso a la justicia en cuestiones ambientales.

Se han presentado enmiendas, por ejemplo, sobre la definición de prioridades respecto a la política medioambiental y a la implicación pública en la definición de la política medioambiental. Ahora es obligatorio indicar claramente cómo puede obtenerse la información, como es el caso de la relativa a cómo avanzan las acciones públicas por infracciones de la legislación comunitaria y hacer que la información esté disponible mediante la evaluación del resultado de varias consultas.

Sin embargo, en algunas áreas el informe no está a la altura de los requisitos de la Convención, sobre todo con relación al acceso a la justicia, en la medida en que no existen mecanismos de apoyo establecidos para reducir o eliminar los obstáculos financieros que se repiten; de hecho, a menudo el acceso a la justicia se ve limitado precisamente porque las personas que buscan justicia no disponen de los recursos financieros necesarios.

Sin embargo, por otra parte, este es en términos generales un gran paso adelante para garantizar la participación efectiva a través de procedimientos desarrollados dentro de una escala temporal razonable y, por otra, el acceso a la información, lo que permitirá una sólida participación democrática.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de algunas enmiendas del Parlamento sobre la aplicación del Convenio de Aarhus. Estoy a favor, por supuesto, de que el público reciba la información más completa posible. Sin embargo, no creo que tal información deba llevar a algunas ONG a emprender repetidamente acciones judiciales cuando todavía no se consideran representativas. El interés general, si se prueba, debe primar sobre consideraciones a menudo egoístas.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Creemos que la Convención de Aarhus constituye una valiosa herramienta legal para garantizar el acceso público a la información medioambiental y la participación pública en los procesos de toma decisiones. Esta tiene por lo tanto un fin constructivo. Hemos votado en contra de la enmienda 25. Exclusivamente por cuestión de principios, creemos que los pleitos deberían presentarse ante los tribunales nacionales que aplican la legislación en vigor.

  Toine Manders (ALDE), por escrito. – (NL) En una sociedad basada en valores democráticos, creo que deberían concedérsele los mismos derechos a todas las partes. Esto también incluye las oportunidades de acceso igualitario e indiscriminado a la justicia para los ciudadanos, las empresas y las ONG. El apartado 4 del artículo 230 del Tratado ya lo establece así y por lo tanto es suficiente. Por ello consideré adecuado votar en contra de las enmiendas 19, 22, 24 y 25.

- Informe Jarzembowski (A6-0410/2005)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, de hecho ya se hizo evidente, tras el debate de ayer sobre la liberalización de los servicios portuarios, que la gran mayoría de los diputados de esta Cámara eran y son sensibles a los justificados argumentos que les han planteado los trabajadores portuarios europeos, lo cual es positivo.

Solo cabe esperar que la algo mística Comisión Europea no insista en su enfado y, en este sentido, no deberíamos albergar demasiadas esperanzas, ya que creo que el próximo mes se nos presentará de nuevo la Directiva Bolkestein.

Dicho esto, me complace enormemente decir que al rechazar hoy el informe del señor Jarzembowski hemos optado claramente por el principio de «tener en primer lugar empleos para los nuestros». Hemos protegido a nuestros trabajadores portuarios nacionales de la competencia desleal de países que aplican condiciones laborales totalmente distintas. Me complace que por una vez la izquierda y la derecha de esta Cámara hayan puesto a su gente primero. Por una vez han antepuesto los intereses fundamentales de nuestros ciudadanos a la ideología. Esperemos que se siga este ejemplo.

  Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Señor Presidente, no he rechazado la propuesta de la directiva portuaria. Desde mi punto de vista, deberíamos haberla modificado y mejorado, ya que teníamos ante nosotros un paquete equilibrado de enmiendas.

Podríamos haber hecho lo que solicitaban los sindicatos y eliminar de la Directiva la cláusula de autoasistencia. Podríamos haber preparado un marco para las licencias y contratos, para la selección de prestadores de servicios portuarios por parte de las autoridades portuarias. Podríamos haber redactado un marco jurídico claro para los servicios de practicaje. Podríamos haber preparado acuerdos de transición claros para las licencias existentes.

Una mayoría de esta Cámara consideró que no era necesario, pese a que la política portuaria europea ha sido objeto de debate durante diez años y a pesar de que a estas alturas probablemente estamos familiarizados con todos los argumentos. No estoy preparado para permitirme un pensamiento a corto plazo ni a esconder la cabeza bajo la arena. Los políticos tenemos la obligación de realizar nuestro trabajo legislativo, lo cual no ha sucedido hoy. Ahora dejamos la política en manos de los jueces del Tribunal Europeo de Justicia, que decidirá el significado de la libre circulación de servicios en nuestros puertos. Nuestro Parlamento ha sido hoy corto de miras, y no comparto esta opinión.

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, yo fui el ponente del PPE para la Comisión de Mercado Interior para la Directiva sobre los servicios portuarios y, obviamente, voté a favor de su rechazo, pero por razones totalmente distintas a las de cualquier otro diputado a esta Cámara. Esta Directiva representaba un paso atrás en la liberalización que ya hemos llevado a cabo en el Reino Unido. Mientras muchos en esta Cámara escondían la cabeza bajo el ala ante el hecho de que ahora estamos inmersos en una economía global y que nuestros competidores son mejores y más rápidos que nosotros, yo estaba preocupado porque esta propuesta bastante patética de directiva, surgida de la Comisión anterior y que nunca debería haber sido reenviada a la Comisión actual, no iba lo suficientemente lejos.

Hay muchos motivos por los que deberíamos estar preocupados y tomar en consideración a nuestros competidores mundiales. Esconder la cabeza, el cuello y todo lo demás bajo el ala y olvidar que nos encontramos en un mercado global no es la manera de enfrentarse a esta situación.

  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) He votado contra la propuesta de Directiva sobre servicios portuarios porque considero que tendría graves consecuencias para el puerto principal de mi circunscripción electoral: el puerto de Belfast. Mediante la imposición de la típica solución «uniforme» en todos los puertos de la UE, la Directiva sometería al puerto de Belfast, que asume el 66 % del comercio transportado por vía marítima de Irlanda del Norte, a prácticas innecesarias y restrictivas desde el punto de vista comercial, que dañarían su viabilidad económica.

En particular, los programas de inversión constante de Belfast, fundamentales para el futuro del puerto y que se están desarrollando en la actualidad, se verían afectados negativamente al tener que verse en la necesidad de presentarse una y otra vez a licitaciones, lo que no resulta muy práctico a la hora de garantizar unas infraestructuras a largo plazo.

Aunque es cierto que determinados mercados deben abrirse a la competencia, considero innecesario aplicar dichos requisitos de esta forma a mercados que ya son el producto de licitaciones públicas, tales como el de la manipulación de la carga en el puerto de Belfast.

Irlanda del Norte depende en buena medida del mantenimiento de una infraestructura portuaria competitiva y eficiente. En mi opinión, esta Directiva innecesaria solo obstaculizaría el desarrollo de Belfast y de otros puertos. En consecuencia, rechazo totalmente esta propuesta, cuyo efecto sería sofocante y regresivo.

  Kader Arif (PSE), por escrito. – (FR) Dado que los puertos europeos se encuentran entre los más modernos y competitivos del mundo, no entiendo la necesidad de una directiva encaminada a liberalizar los servicios portuarios en Europa.

Tampoco comprendo la obstinación de la Comisión por imponer una legislación que ni los armadores ni los gestores de los puertos europeos ni aún menos los estibadores consideran satisfactoria. Obstinación que roza la denegación democrática, sabiendo que la Comisión se atreve a volver a presentarnos una propuesta que los diputados a esta Cámara ya habían rechazado.

Con la introducción de la autoasistencia, este texto no solo amenaza los puestos de trabajo de miles de trabajadores de los puertos europeos, sino también la seguridad de los bienes y las personas, pues forzará a estos trabajadores a competir con tripulaciones contratadas sobre una base precaria y que a menudo carecen de toda cualificación profesional.

Por tanto, con mi voto en contra de este texto inicuo he querido asegurar a quienes defienden la supervivencia de su profesión que cuentan con mi apoyo. Y hago un llamamiento a la Comisión para que se ponga por fin a trabajar por garantizar un alto nivel de empleo y una armonización social al alza, en vez de dedicarse al desmantelamiento sistemático y desvergonzado de las conquistas sociales de nuestros conciudadanos, acompañado de un dúmping social desenfrenado.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) La Comisión quiere hacer pasar por la fuerza una directiva ya rechazada en tres ocasiones por el Parlamento Europeo en la última legislatura. Esto es una denegación de la democracia.

Sin embargo, no hay ninguna razón para aprobar hoy este texto que supone una seria amenaza para la seguridad de las personas y el empleo.

Con la autoasistencia, que permite a «novatos» ocuparse de la estiba y la manipulación de mercancías, introduce el dúmping social y pone en peligro los sistemas de seguridad.

Entre los oficios portuarios, nadie está contento con este texto: ni los armadores, ni los pilotos, ni los prácticos.

Entonces, ¿por qué, si no es en nombre de la libre empresa, convertir nuestros puertos en supermercados, vendiendo las estructuras portuarias a precio de saldo al sector privado?

Los puertos europeos son competitivos y, si hubiera que legislar, sería sobre la seguridad marítima, la seguridad de los estrechos, la ordenación del territorio y la enorme concentración de equipamientos en el mar del Norte en detrimento del Mediterráneo.

La propuesta de la Comisión no responde a las necesidades actuales de nuestros puertos, y debe ser rechazada.

Este mes, la directiva portuaria; el les que viene, la directiva «Bolkestein». ¿Cuándo vamos a escuchar lo que tienen que decir los europeos?

  Richard Corbett (PSE), por escrito. (EN) He votado en contra de esta propuesta de Directiva y acojo con satisfacción su rechazo por parte del Parlamento. Este rechazo muestra que el sistema de mecanismos de control y equilibrio de poderes en el sistema institucional de la UE de hecho funciona. Sin la existencia del Parlamento Europeo elegido, realmente habríamos corrido el riesgo de que, si la cuestión se hubiera dejado en las manos de la Comisión y los ministros nacionales en el Consejo, estos hubieran aprobado este instrumento legislativo indeseable.

  Paolo Costa (ALDE), por escrito. (EN) El Grupo ALDE considera que los servicios portuarios deben estar regulados por un marco legislativo comunitario que tenga en cuenta sus condiciones particulares. Dicho marco debería permitir el acceso equitativo de los proveedores de servicios a las actividades portuarias y representaría un activo esencial para el desarrollo de los puertos. También sería un momento oportuno para considerar el papel de la autoridad portuaria o los métodos de funcionamiento del puerto.

Además, debe llevarse a cabo una aclaración muy detallada de las condiciones de concesión de la ayuda estatal con el fin de garantizar una competencia transparente y justa entre los puertos.

A falta de este marco, el Tratado se aplicaría caso por caso, lo que desembocaría en una situación donde las disputas se resolverían en los tribunales, un Gobierno de facto de jueces, y donde se dejaría de lado a los dos brazos legislativos de la Unión Europea.

La propuesta de la Comisión Europea no era lo suficientemente completa o clara para ganarse el apoyo del Parlamento Europeo sin considerables enmiendas.

Tras el rechazo de esta propuesta, y por todas estas razones, ALDE insta a la Comisión Europea a que realice un proceso de consulta exhaustivo con…

(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. (PT) La UE solamente puede desarrollarse y consolidarse si se basa en valores como la solidaridad, la no violencia, el derecho y el orden y la firme promoción pública de la no violencia.

El debate parlamentario sobre la Directiva relativa al acceso al mercado de los servicios portuarios se celebró en un ambiente cargado de una violencia y presión indebidas que han provocado daños materiales y lesiones personales que jamás pueden justificarse.

Las personas responsables de incumplir la ley y perturbar la paz no deben sacar ningún beneficio de sus acciones.

Por lo tanto, independientemente del valor intrínseco de los problemas abordados en esta Directiva y el equilibrio de intereses sociales alcanzado, he optado por abstenerme.

  Edite Estrela y Emanuel Jardim Fernandes (PSE) , por escrito. (PT) Hemos votado en contra de la propuesta de Directiva, porque creemos que la liberalización desenfrenada del acceso al mercado de los servicios públicos dará lugar a graves problemas de salud pública y seguridad, además de dificultar la garantía de oferta del servicio y su sostenibilidad –no olvidemos que se trata de un servicio público–, lo cual daría lugar a una menor eficiencia del mismo.

Tres años después de la primera propuesta de la Comisión en esta área, la cual se rechazó en su momento, estamos debatiendo una vez más una propuesta de resolución que fue rechazada en la correspondiente comisión, una votación que transmite un mensaje claro al Parlamento: no puede considerarse positivo ningún texto capaz de crear una serie de incoherencias jurídicas en el marco jurídico internacional existente y en el actual Derecho comunitario –por ejemplo el Reglamento (CEE) nº 1191/69 relativo a las obligaciones inherentes a la noción de servicio público– y de conducir a la total liberalización de los servicios de autoasistencia.

De hecho este mensaje va más allá y demuestra claramente que una propuesta aplicable a puertos sustancialmente distintos, en los que la liberalización forzada es responsable de conducir hacia monopolios económicamente perjudiciales y, por último, una propuesta con terribles consecuencias sociales, no puede ser aceptada de forma realista por los representantes del pueblo europeo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La directiva de la Comisión Europea sobre la liberalización de los servicios portuarios es ni más ni menos que una Directiva Bolkestein aplicada a los puertos. Vuelve a esta Cámara cuando ya había sido rechazada en su versión anterior y casi idéntica hace unos meses. Al igual que la Directiva Bolkestein, este texto organiza el dúmping social en el propio territorio de la Unión. Como ella, amenaza puestos de trabajo y no garantiza nada: ni competitividad, ni crecimiento, ni eficacia, ni seguridad. Solo «liberalización» en nombre de una forma de competencia que se considera sacrosanta, sin importar para nada las consecuencias reales.

Sin duda los puertos europeos no son tan competitivos como sería deseable. Sin duda hay que desatascar las vías de transporte terrestres. Sin duda habría muchas cosas que decir sobre ciertos monopolios sindicales y sus abusos. Pero estos problemas no se resolverán destruyendo puestos de trabajo, proponiendo textos ideológicos sin estudios de impacto y abriendo nuestras economías a la competencia mundial desleal.

Nuestro objetivo primordial debe ser defender el empleo europeo de los trabajadores europeos y, para nosotros, el Frente Nacional, el empleo francés de los trabajadores franceses. Nuestra decisión de rechazar este texto es definitiva.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Directiva sobre servicios portuarios constituye un ejemplo de legislación de la UE superflua. Hemos votado en contra del informe y recomendamos que se rechace la propuesta de la Comisión. Optamos por respaldar las enmiendas dirigidas a limitar el ámbito de aplicación de la Directiva. Por lo tanto hemos votado a favor de las propuestas por las que los servicios de practicaje y autoasistencia quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva. Somos críticos respecto a la Directiva sobre servicios portuarios por una serie de motivos.

– La Directiva sobre servicios portuarios no tiene en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Las decisiones políticas sobre practicaje, descarga y autoasistencia deben tomarse en el ámbito nacional.

– Según la propuesta de Directiva, empleados que desempeñan los mismos trabajos pueden pertenecer a distintas organizaciones sindicales. Esto prepara el terreno para los paros e incide negativamente contra las relaciones pacíficas y ordenadas dentro del sector.

– La Directiva sobre servicios portuarios apenas promueve la competencia. Los puertos son empresas que compiten entre sí. La Directiva sobre servicios portuarios constituye un intento de obligarles a aceptar una situación en la que otras empresas pueden asumir partes de su negocio en contra de su voluntad. Eso es absurdo. Nadie podría plantear la idea de obligar a Volvo a aceptar subcontratistas en contra de su voluntad.

La competencia entre las empresas portuarias es positiva y genera soluciones más eficientes. En otros sectores, si una empresa a gran escala no es eficiente y respetuosa con el cliente, esta se queda fuera del negocio. Así funcionan también las cosas en las empresas constituidas por los puertos europeos.

  Louis Grech (PSE), por escrito. – (MT) Esta es una Directiva que impone normativas y controles que no son ni necesarios ni deseables.

Tal como se plantea, la Directiva pone en peligro el medio de vida de los trabajadores portuarios de muchos países, entre ellos Malta. Esto es fundamental para nosotros. En la forma en que está redactada, esta Directiva trae consigo una menor calidad de los servicios, niveles más bajos de seguridad y una mayor amenaza para las inversiones que se han hecho o que se harán para mejorar la infraestructura de una serie de puertos.

Al contrario de lo que han dicho algunos miembros de la Comisión, esta Directiva ni creará nuevos mercados ni hará que la competencia sea más justa, ni mucho menos creará nuevas oportunidades para los trabajadores, sino que afectará negativamente no solo a las personas que trabajan en los puertos, sino también a otros sectores de la economía.

Debemos comprender que con la ampliación de la Unión Europea la diversidad de los Estados miembros ha aumentado así que debemos tener cuidado de poner a todos los países al mismo nivel a la hora de legislar y garantizar que lo que cuenta para uno, cuenta para todos.

Por lo tanto, en solidaridad con los trabajadores de Malta y de muchos otros países, votaré en contra de esta Directiva que genera desventajas para los trabajadores y que en definitiva genera más problemas que los que resuelve.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado en contra del rechazo de este texto. En efecto, me habría gustado pronunciarme sobre el texto modificado.

Las enmiendas propuestas habrían ayudado a los puertos europeos a responder a la competencia mundial.

La emoción del momento ha prevalecido sobre el futuro de nuestros puertos.

Quisiera destacar la inaceptable actitud de los estibadores. Nunca habríamos visto un Parlamento nacional atacado como lo fue ayer el Parlamento Europeo. Tirando adoquines, barras de hierro y otras cosas, los estibadores atacaron al Parlamento, que es la institución en Europa que más hace por defender a los trabajadores.

Condeno pues sus actuaciones. Si bien comparto sus preocupaciones en algunos puntos, nunca cederé a la violencia como medio de presión. Se trata de un atentado a la democracia.

Sí, es inconcebible que personas no cualificadas trabajen en nuestros puertos. Pero no se puede hablar sin cesar de desarrollo económico, competitividad y progreso social si no nos dotamos de los recursos necesarios para actuar en este terreno. Es crucial para los puertos de Hamburgo, Marsella o Amberes ofrecer unos servicios al menos tan atractivos como los que ofrecen los puertos asiáticos. De que lo hagamos depende su supervivencia.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Me complace decir que nuestra propuesta de rechazar la Directiva sobre servicios portuarios ha sido adoptada.

Por segunda vez se ha echado abajo un esfuerzo por liberalizar los servicios portuarios tras una importante movilización de los trabajadores del sector que, desde el inicio, han luchado en contra de esta nueva arremetida contra el empleo con derechos. Esto también había sido un intento de poner este sector –tan importante para el desarrollo nacional– en manos de los principales armadores, con lo que se separarían todavía más ambas partes.

Sin embargo, debemos estar pendientes de cualquier nuevo intento en el ámbito de la UE de volver a presentar una propuesta que ya ha sido rechazada en dos ocasiones. Debe combatirse con firmeza todo intento de privatizar los servicios portuarios a través de la inclusión del sector en la inaceptable propuesta de Directiva sobre el mercado de los servicios interiores, o furtivamente volviendo a presentar las propuestas sobre el transporte intracomunitario.

Como han puesto de manifiesto los trabajadores, no existe justificación para una directiva comunitaria sobre el sector.

En este momento, debemos aplaudir la victoria de los trabajadores de los servicios portuarios. Se trata de una victoria que forma parte de la lucha de los trabajadores de distintos países en contra de las políticas neoliberales de la UE, que ceden ante los intereses de los principales grupos económicos y financieros, atacan los derechos de los trabajadores y socavan el sector y los servicios públicos nacionales.

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), por escrito. (EN) Los servicios portuarios deben estar regulados por un marco legislativo que tome en consideración su especificidad. Un marco comunitario permitiría un acceso equitativo a las actividades portuarias. Además, es necesaria una política integrada para facilitar el desarrollo de los puertos europeos. También sería el momento oportuno para tomar debidamente en cuenta el papel de la entidad gestora del puerto, así como los métodos de funcionamiento del mismo.

Además, es esencial una aclaración muy detallada de las normas relativas a las ayudas estatales con el fin de garantizar una competencia transparente y justa entre los puertos europeos. Las decisiones caso por caso, que desembocarían en un «Gobierno de jueces», donde los dos órganos legislativos de la Unión Europea se dejarían de lado, son inaceptables.

La propuesta de la Comisión Europea no fue lo suficientemente completa para ganar apoyo. Tras el rechazo de la propuesta, y por todas las razones mencionadas, insto a la Comisión Europea a que inicie un amplio proceso de consulta con todas las partes involucradas, ofreciendo también la palabra a aquellas partes hasta ahora olvidadas y que representan el bando de las reivindicaciones, así como proponer un ambicioso Libro Blanco dedicado por entero a la política de puertos marítimos europeos, y todo ello lo antes posible.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado en contra del informe y de la Directiva de la misma forma que lo hice cuando se nos presentó esta propuesta por primera vez. Los propietarios y los gestores de puertos no querían la Directiva. Los empleados y los sindicatos tampoco.

Me satisface que los diputados hayan rechazado de nuevo la propuesta y espero que esta vez la Comisión escuche nuestra voz democrática y no intente volver a presentar sus inoportunos planes.

  Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. (DA) Los diputados del Partido Liberal danés del Parlamento Europeo hemos votado a favor de la primera enmienda, que recomienda el rechazo de la propuesta de la Comisión, ya que es imposible conseguir un resultado positivo dada la misma. Necesitamos una directiva sobre servicios portuarios, pero no en el formato propuesto por la Comisión. Debe de iniciarse de nuevo el proceso de obtención de una legislación en este ámbito.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Supresión de puestos de trabajo, dúmping salarial y dúmping social, rebaja de las normas de seguridad y de las cualificaciones profesionales: esto es lo que nos propone la Comisión Europea en su tercera versión de la directiva sobre la liberalización de los servicios portuarios.

Los miles de estibadores de toda Europa que se manifestaron en noviembre de 2003 para denunciar estos perjuicios no bastaron para hacerla entrar en razón. El ultraliberalismo antinacional y antisocial erigido en dogma por la Comisión no hace excepciones: al igual que el proyecto de Constitución europea, rechazado en sendos referendos por Francia y los Países Bajos, en Bruselas sigue estando omnipresente la voluntad de reinscribir el tema de los servicios portuarios en el orden del día europeo.

Auténtica hermana pequeña de la Directiva Bolkestein, la directiva sobre la liberalización de los servicios portuarios tiene como único objetivo organizar la competencia entre los trabajadores utilizando mano de obra extranjera poco cualificada a bordo de barcos que demasiado a menudo portan pabellones de conveniencia, y todo ello en detrimento de los trabajadores nacionales.

Estos talibanes del libre comercio, tras haber atacado nuestros servicios públicos y nuestras industrias textiles, del carbón y siderúrgicas, atacan ahora por tanto a los trabajadores portuarios tratando de imponerles su filosofía antinacional de preferencia extranjera a la contratación. El Frente Nacional, como siempre, está por la defensa de los puestos de trabajo franceses.

  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Lo que nos propone la Comisión con esta directiva sobre la liberalización de los servicios portuarios es ni más ni menos que haya puertos de conveniencia. No los queremos. Como tampoco queremos buques con pabellones de conveniencia en los que armadores poco escrupulosos embarcan mano de obra mal formada y mal pagada.

La liberalización a cualquier precio que quiere Bruselas en este ámbito es sinónimo de desempleo y miseria social. En nombre de su ideología ultraliberal y antinacional, la Comisión nos anuncia una reducción de los costes en detrimento de la seguridad, el empleo y la calidad de los servicios. La demolición del monopolio de que gozan los estibadores no solo conducirá a un enésimo cementerio social, sino que generará inseguridad en los puertos europeos y, en última instancia, pondrá freno a su competitividad.

En noviembre de 2003, gracias a una formidable movilización de los estibadores y agentes portuarios de toda Europa, se puso freno a esta directiva «Bolkestein bis», impidiendo así la apertura de una profesión injustamente estigmatizada en provecho de personal poco cualificado de los países en desarrollo.

Una vez más, se preconiza la preferencia extranjera a la contratación y, con ella, el fin de la profesionalidad, las competencias, las tradiciones y las ventajas sociales.

  Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Si hay un tema que levanta pasiones en las instituciones europeas y provoca reacciones en los países miembros es sin duda el de la liberalización de los servicios portuarios. En 2003, la Comisión Europea consiguió la proeza de hacer salir a las calles a miles de estibadores, esencialmente franceses, ingleses, alemanes, belgas y neerlandeses, para manifestarse, a veces con violencia, en contra de un proyecto de directiva que hipotecaría su condición y conduciría inevitablemente a importantes pérdidas de empleo en su profesión.

El aspecto más controvertido era la autoasistencia, es decir, la posibilidad de que el propio armador se encargara, con su personal y tripulación, de determinados servicios portuarios hasta ahora reservados exclusivamente a los estibadores.

El texto que se nos propone hoy no abandona el principio de la autoasistencia, dejando así la puerta completamente abierta a la utilización por armadores poco escrupulosos que manejan buques basura de personal poco cualificado y mal pagado para las actividades de manipulación, pilotaje, remolque y amarre.

Cualquiera que sea el objetivo perseguido, Europa no debe construirse en detrimento de las normas de seguridad y de cualificación profesional. Una vez más, los dirigentes europeos, desde la comodidad de su torre de marfil, van a tener que probar y presentar algo mejor o guardarse su propuesta en el cajón.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Considero totalmente incomprensible que, escasamente un año después del fracaso de su primera propuesta de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios, justo antes de que concluyese su mandato el 13 de octubre de 2002, la Comisión Europea pueda plantear una nueva propuesta de directiva que no solo contiene disposiciones mucho más estrictas, sino que mantiene las mismas normas principales que provocaron la caída de su predecesora. Considero que la Directiva propuesta constituye un punto de partida del modelo de política europea de competencia hasta ahora aceptado, que trataba sobre garantizar la competencia viable, y conforme al cual las intervenciones en un mercado o en segmentos individuales de un mercado solamente se pueden justificar si las condiciones estructurales del mercado o las iniciativas de los participantes del mismo por limitar la competencia interfieren en la eficiencia económica.

Me alivia el resultado de este debate, al igual que el efecto evidente de las extensas protestas (aunque por supuesto condeno enérgicamente los atropellos cometidos en Estrasburgo), ya que la Directiva propuesta constituye una intervención en la competencia de los servicios de carga de los puertos, aunque no se requiere ninguna acción basada en la estructura de mercado, el modo en que funciona o los resultados obtenidos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado para rechazar la Directiva sobre servicios portuarios porque considero que los Estados miembros deben regular el funcionamiento interno de sus propios puertos, siempre y cuando se ajusten a la competencia europea y a la legislación en materia de ayudas estatales.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) La marea del ultraliberalismo y el libre comercio desenfrenado que, desde hace 20 años, rompía nuestras carbonerías, nuestras acerías y nuestras industrias textiles, del cuero, de las máquinas herramienta, de los electrodomésticos o del automóvil y sembraba la desertización en nuestros puertos pesqueros, nuestros viñedos del Languedoc-Roussillon, nuestras ganaderías de ovinos, bovinos y aves, nuestros platanares de las Antillas, nuestras plantaciones de Reunión y nuestras granjas, hundiendo a las mujeres, los hombres, las trabajadoras y los trabajadores de nuestros países en la inseguridad social, se rompió ella misma por voluntad del pueblo francés expresada en el referendo del 29 de mayo de 2005.

El pueblo no quiere que se sigan desmantelando nuestras protecciones ni que se dé preferencia a la explotación innoble de «trabajadores» extranjeros, ni con la Directiva Bolkestein ni con su hermana pequeña, la directiva sobre los servicios portuarios.

Los diputados europeos del Frente Nacional completaron, este miércoles 18 de enero de 2006, la mayoría parlamentaria que ha rechazado por segunda vez que los estibadores europeos, los pilotos portuarios y todo nuestro personal de la estiba o de la manipulación sean sacrificados en Europa en exclusivo beneficio de las multinacionales que reinan en el transporte marítimo de mercancías.

  Seán Ó Neachtain (UEN), por escrito. (EN) Respecto al texto que la Comisión ha puesto sobre la mesa, comparto las preocupaciones de muchos grupos de interés irlandeses que han presentado propuestas al Gobierno irlandés, y que muchos Estados miembros también comparten. La preocupación principal es que la Comisión propone disposiciones jurídicas que podrían tener repercusiones adversas sobre las esenciales atribuciones comerciales de los mayores puertos contemplados por la propuesta de Directiva. Por lo tanto, la viabilidad de la propuesta de la Comisión sobre la obligatoriedad de la licencia de todas las actividades portuarias internas es cuestionable.

Por lo que respecta a los puertos marítimos irlandeses, la investigación gubernamental (llamada Sea Ports High Level Review) ha demostrado que existe una fuerte competencia en el mercado para los servicios internos de los puertos. Es más, el modelo de arrendamiento está funcionando con gran eficacia en los grandes puertos, donde la norma común es que los servicios internos se presten sobre una base competitiva, sin la presencia de ningún operador dominante único. Esto ha sido importante en el momento de facilitar la participación del sector privado en la prestación de servicios portuarios.

La investigación también ha puesto de relieve varios grados de competencia en el mar de Irlanda y entre las rutas en dicho mar. Al tratarse de una isla, la mejora de la competencia entre puertos es también vital, pero los intentos futuros de conseguir una política portuaria europea deben contar con el apoyo del sector portuario.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra del informe sobre la liberalización de los servicios portuarios ya que, en lugar de reforzar la transparencia de las inversiones y la ayuda estatal, este se centra en reforzar la competencia entre los puertos europeos. A través de un sistema de concurso, las empresas privadas podrán utilizar su propio personal en los puertos, mientras los trabajadores portuarios permanentes perderán sus empleos. La propuesta de autoasistencia es absolutamente inaceptable.

Ya existe suficiente competencia en nuestros puertos, de los que hay que decir que también se encuentran entre los más baratos del mundo. Una nueva reducción de los precios y el aumento de la competencia tendría consecuencias adversas para las medidas de seguridad y la protección medioambiental.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) He votado en contra del informe porque existen disposiciones que afectan a las actividades comerciales de los puertos de un modo perjudicial y también a cuestiones de salud y seguridad de los trabajadores en los puertos.

No me satisface el trato dado a estas cuestiones.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Este paquete ha sido rechazado categóricamente por los puertos, los sindicatos y otros órganos de toda Escocia. Al ser una nación marítima, ya contamos con servicios portuarios eficientes y el modelo de competencia que la Comisión busca crear en este paquete no se adecua a las necesidades escocesas ni, en mi opinión, a las del conjunto de Europa. Las protestas de las que fuimos testigos a principios de esta semana se vieron empañadas por culpa de la violencia vergonzosa de una minoría, pero lo irónico es que protestaron enfrente de la institución de la UE que apoya su causa. Estoy satisfecho de que hoy hayamos mandado a casa a la Comisión para que reflexione de nuevo, y espero que esta institución ahora acepte nuestro punto de vista sobre este asunto.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la remisión del texto a la Comisión parlamentaria de Transportes y Turismo, pues habría permitido seguir trabajándolo con nuevas enmiendas, repetir la consulta con distintos profesionales (armadores, pilotos, prácticos, remolcadores, estibadores) o pedir a la Comisión Europea su retirada, y todo esto en un clima de tranquilidad.

He votado en contra del rechazo de la propuesta de directiva, en primer lugar porque la propuesta con las enmiendas planteadas habría sido una buena base para el trabajo parlamentario: solo estábamos en la primera lectura. Muchos profesionales quieren un marco reglamentario y necesitamos normas europeas para una competencia equitativa, para favorecer las inversiones en los puertos e instaurar una seguridad jurídica en este sector.

Tampoco quería hacerme eco de la posición de la izquierda, que, al rechazar el texto, ha hecho que se rechazaran enmiendas que aportaban garantías para la seguridad marítima, la formación y las normas sociales.

Por último, me niego a ceder a la presión de los estibadores, cuya manifestación del lunes fue inadmisible: al menos 12 heridos y en daños materiales en Estrasburgo por valor de 300 000 euros. Lamento de verdad que se pueda decir hoy que los diputados al Parlamento Europeo se han plegado a los estibadores.

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) , por escrito. (NL) He votado a favor de rechazar la Directiva porque solamente se nos ha dado la opción de votar a favor o en contra de la propuesta original de la Comisión. Esta propuesta para una nueva Directiva sobre puertos deja mucho que desear en numerosas áreas. Aunque el señor Jarzembowski hubiese preparado un importante y sólido paquete de propuestas de enmiendas, estas no contaban con apoyo suficiente. Dado que no tenemos más opción que continuar con el debate sobre una política portuaria europea en el amplio sentido de la palabra, he instado al Comisario a que presente un documento de debate al que cabe esperar que podamos hincarle el diente.

- Resolución RC-B6-0026/2006

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, estuve con la delegación que asistió a las elecciones afganas de septiembre e incluso entonces afirmábamos que las importantes sumas de dinero que estaba invirtiendo la Unión Europea, entre otros, en la cooperación para el desarrollo en Afganistán implicaban que haría falta una delegación parlamentaria especial. Creo que es muy importante que con nuestra resolución de hoy hayamos hecho que así sea. Creo que una de las tareas que tendrá este grupo de diputados será supervisar los objetivos políticos de la Unión Europea en Afganistán, sobre todo los avances en el campo de los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Respaldamos el avance de Afganistán hacia la paz, la estabilidad y la democracia tras la caída del régimen de los talibanes. Sin embargo, nos preocupa el cada vez más destacado papel militar de la UE en ese país.

Afganistán no es un vecino inmediato de la UE. Por lo tanto no es labor de la UE desplegar tropas en ese país. Esta tarea corresponde a cada país o a las organizaciones de defensa que actúan por mandato de las Naciones Unidas, que deberían recibir una base mejor para adoptar medidas militares en los focos de conflicto de todo el mundo.

En vista de esto nos abstendremos en la votación final sobre la resolución, aunque respaldamos las propuestas relativas a la protección de los derechos humanos.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) Lo más sorprendente de la resolución común de esta Cámara sobre Afganistán es que no contiene ni una sola palabra de crítica a las operaciones militares occidentales. En su lugar, esta refrenda la operación de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN y la denominada «guerra contra el terrorismo» que adopta la forma de la «Operación Libertad Duradera» (OEF). Dista mucho de ser suficiente que los Verdes se limiten a solicitar la separación de las estructuras de mando de la ISAF y la OEF, ya que en sus operaciones sobre el terreno son inseparables.

La extensión de la misión de la ISAF hacia el sur de Afganistán, en lo que es más evidentemente una zona bélica, con el consecuente aumento de la implicación en la guerra, hará que las cosas empeoren. La importante presencia de las tropas europeas en este país tendrá el efecto de aliviar la presión sobre las tropas estadounidenses y por lo tanto sobre las fuerzas de ocupación en Iraq.

Asimismo es necesario el cierre de las bases militares que en primer lugar hacen posible una presencia armada en Afganistán, especialmente la base militar alemana de Termez en Uzbekistán, a través de la cual pasan todas las tropas enviadas para su estacionamiento en Afganistán. Lo que es escandaloso de la colaboración con Uzbekistán es el hecho de que dicho país esté bajo un régimen autoritario, el cual concretamente es responsable de la masacre de Andizhán. El cierre de las bases militares en Afganistán debería haberse materializado hace tiempo a consecuencia de la última infracción del derecho internacional: el bombardeo de una aldea en Pakistán por parte de unidades de la CIA.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El objeto de esta explicación de voto es decir que comparto en términos generales la satisfacción del Parlamento por el proceso de democratización de los últimos años. Quedan lejos los días del régimen de los talibanes, con sus terribles abusos y sus incumplimientos de las normas y principios más básicos de los derechos humanos. Queda mucho por hacer, pero el Afganistán de hoy en día es sin duda alguna un lugar mucho mejor que el que ha sido durante décadas.

Esta expresión de satisfacción no debe ensombrecer dos aspectos. Por una parte, como han mencionado otros oradores, todavía queda mucho por hacer en ese país en distintos ámbitos. Por otra parte, la comunidad internacional, incluida la UE y sus Estados miembros, debe seguir prestando apoyo práctico, tanto material como humano, siendo consciente de que este es un proceso alentador, como hemos visto, aunque requiera tiempo.

  Esko Seppänen y Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), por escrito. (EN) Nos hemos abstenido en la votación final de la resolución sobre Afganistán.

Estábamos en contra de la invasión de Afganistán liderada por los Estados Unidos y solicitamos la retirada de las fuerzas de la coalición dirigidas por este país.

Consideramos que las fuerzas de la ISAF deberían estar formadas por países que no hayan participado en las fuerzas de la coalición estadounidense y, principalmente, por países musulmanes, lo que facilitaría la comunicación y el entendimiento con el pueblo afgano.

Las fuerzas de paz de la ISAF deberían estar bajo las órdenes directas de las Naciones Unidas, independientes de la OTAN.

Pero en la resolución también constatamos varios aspectos importantes sobre la necesidad de desarrollar la democracia, el nivel de vida de la gente y la igualdad de género, así como la necesidad de un régimen más fuerte de ayuda al desarrollo para Afganistán.

Así pues, nuestra conclusión es la abstención en la votación final.

- Resolución RC-B6-0025/2006

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, me opongo absolutamente a la discriminación de los homosexuales. Sin embargo lamento que el título del informe fuese tan insatisfactorio y que fuese necesario abstenerse respecto a determinados puntos.

Si pretendemos hablar aquí sobre un problema real, el de la discriminación, ¿por qué motivo utilizamos una palabra como homofobia, vocablo totalmente inadecuado empleado en psicología? Las fobias son distintos tipos de ansiedades. Se trata de temores considerados desórdenes neuróticos. Estos requieren una terapia: como sucede con la claustrofobia o la aracnofobia, no pueden tratarse mediante control político. Las fobias reales con frecuencia se desarrollan como consecuencia de algo que ha sucedido durante la infancia y pueden tener una verdadera causa. Me preocupa que si comenzamos a someter aquí a juicio a las personas por sus sentimientos o fobias la única consecuencia sea una nueva forma de discriminación y manipulación.

  Romano Maria La Russa (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, lamento los métodos utilizados para llegar a la redacción de la resolución común. Considero inaceptable y vergonzoso que las conversaciones se mantuviesen en privado, sin la implicación del Grupo al que represento. Por supuesto, soy perfectamente consciente de que todos los Grupos políticos son iguales, pero evidentemente unos más que otros.

Mi Grupo cree firmemente que una democracia no debería dar cabida a las injusticias ni a la discriminación por cuestiones de género, raza o religión. Sin embargo, he considerado necesario rechazar una resolución que no es mía y que, sobre todo, contiene párrafos que desde mi punto de vista son incoherentes con el propósito del propio documento.

He leído que debería reconocerse a los homosexuales plenamente como víctimas del régimen nazi: ¡claro que lo fueron! Sin embargo, ¿significa esto que otras persecuciones fueron quizás menos graves? ¿Nos olvidamos la crueldad que sufrieron bajo los regímenes comunistas y de otro tipo? Dado que debe garantizarse la libertad de expresar la propia sexualidad, creo que siempre debería ejercerse con respeto por los valores y principios que hacen destacar a nuestra sociedad.

La familia ha significado siempre un padre y una madre, un hombre y una mujer, y no creo que la Unión Europea, mediante la promoción de campañas contra una discriminación hipotética, pueda otorgarse el derecho de hacer caso omiso de los Gobiernos nacionales simplemente para refrendar los deseos de determinados grupos de presión no precisamente dignos. La Unión Europea no puede actuar sobre una cuestión de valores, cultura y familia como si se tratase del mercado único, pidiendo a los Estados miembros que legalicen las uniones entre homosexuales por el bien de la uniformidad y un equivocado deber de proteger los derechos de las personas; en su lugar correría el riesgo de socavar el sistema de valores que reside en la esencia de nuestra antiquísima sociedad.

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado en contra de la resolución y sobre este tema debo mostrar mi acuerdo con el Ministro Tremaglia, que en una ocasión dijo que los «maricones», o al menos aquellos que los respaldan, son mayoría en Europa.

Sin embargo, todos los amantes de la corrección política –y me enorgullece no contarme entre ellos– también deberían pensar en la corrección lingüística: «homofobia» es lo contrario de «xenofobia». El Parlamento Europeo no acepta a los xenófobos ni a los homófobos, ¿qué debería ser entonces una persona?

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la propuesta de resolución sobre la homofobia en Europa porque me parece reduccionista tratar la lucha contra la homofobia como si fuera, principalmente, la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual. Esta confusión entre la homofobia, cuya definición es «el temor a lo igual», y la aversión hacia la homosexualidad es una fuente de malentendidos. Estoy a favor, por supuesto, de la lucha contra todas las formas de discriminación basadas en la orientación sexual, al margen de las cuestiones relativas al matrimonio y a los hijos, en las que la reflexión política debe madurar al mismo tiempo que la demanda social, pero considero que la cuestión de la desigualdad de trato de los seres humanos y el temor a nuestros iguales merecen algo mejor que esta resolución.

  Johannes Blokland (IND/DEM), por escrito. – (NL) Pese a que la delegación neerlandesa del Grupo Independencia y Democracia respaldará la resolución sobre la homofobia presentada por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, no respaldará las presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, de hecho, ni el proyecto de resolución común sobre la homofobia en la Unión Europea.

La delegación neerlandesa puede refrendar la resolución del Grupo UEN, ya que solamente en dicha resolución se manifiesta claramente que las medidas políticas en el área de la discriminación son competencia de los Estados miembros. En este caso debe aplicarse el principio de subsidiariedad.

Por otra parte, quisiéramos decir que condenamos la instigación al odio contra los homosexuales y la violencia hacia las personas por motivos de su orientación sexual.

Creemos que la promulgación de políticas destinadas a prevenir la discriminación por motivos de religión, raza u orientación sexual es competencia de los Estados miembros. Las resoluciones de los distintos Grupos pasan por alto este principio al dirigir su atención a la situación política en una serie de Estados miembros.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Los países europeos parecen víctimas de un preocupante contagio homófobo.

Una homofobia tanto más chocante cuanto que parece «desacomplejada» y arrasa en todas direcciones: violencia verbal o física, persistencia de discriminaciones o introducción de nuevas leyes (por ejemplo, el Parlamento letón ha presentado una enmienda a la Constitución con vistas a prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo).

Enmascarada o asumida, la homofobia no tiene cabida en la Unión Europea.

La no discriminación está garantizada en los textos (Tratados, Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta de los Derechos Fundamentales).

Debe estarlo en la práctica.

Y el Parlamento Europeo tiene el gran honor de haber estado siempre a la vanguardia de esta lucha. Ha trabajado por hacer avanzar los derechos de las personas y reducir las discriminaciones (febrero de 1994, septiembre de 1996, julio de 2001 y junio de 2005).

Debe hacerlo de nuevo hoy.

Esta es la ambición que subyace a esta resolución, que no da lugar a ambigüedades en su condena de la discriminación en todas sus formas. Se basa en la voluntad de cambio al pedir que se complete el arsenal de medidas antidiscriminatorias sobre la base del artículo 13 del Tratado y que se emita una comunicación sobre los obstáculos a la libre circulación de las parejas homosexuales legalmente reconocidas en la Unión.

Es una señal política clara y necesaria. Votaré a favor con decisión y convicción.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción la votación de hoy sobre este asunto y, en especial, el abrumador compromiso del Parlamento de tratar a las parejas del mismo sexo con igualdad de respeto.

Lamento enormemente la falta de disposición del Parlamento de revelar qué es lo que ocurre dentro de nuestros propios Estados miembros. Sabemos que lo que el Parlamento dice y hace tiene efectos sobre la percepción pública.

Desde mi punto de vista, los sucesos y las declaraciones recientes en Polonia y en los debates parlamentarios en Letonia y Lituania han sido bochornosos. Algunos de los debates han llegado a ser discursos cargados de odio. Este tipo de comportamiento va en contra de los Convenios del Consejo de Europa y de los Tratados de la UE, de forma que el Parlamento Europeo debería ser lo bastante valiente como para expresar su opinión y enfrentarse a la situación.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Comparto la preocupación expresada en esta propuesta de resolución, en común con otras anteriormente tratadas aquí en el Parlamento, especialmente en consideración por una serie de principios con los que me identifico y por los que abogo. Debe rechazarse toda forma de odio; debe lucharse contra toda forma de discriminación por medios legales.

Sin embargo, en esta resolución hay una serie de propuestas que creo que van más allá de lo que considero que debería ser la competencia del Parlamento y que, desde mi punto de vista, vulneran lo que debería ser competencia de cada país. Entre determinados Grupos políticos existe la tendencia, con la cual no quiero tener nada que ver, de tratar de adoptar en las instituciones de la UE lo que ha sido rechazado en sus Estados miembros. Me opongo a esto.

Por último, quisiera señalar que las fobias, como manifestación de problemas del comportamiento, no pueden combatirse en la legislación ni en el ámbito parlamentario.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Todos nos oponemos a cualquier forma de discriminación y violencia. De forma inequívoca no puede haber una excepción al respeto debido.

Dicho esto, el debate libre y democrático que tiene lugar en los Estados miembros sobre su propia legislación civil, sobre las leyes relativas a la familia o sobre el estado civil no debe confundirse con la homofobia. Esto equivaldría a crear una atmósfera de indebida presión y restricción intelectual, lo cual discrepa totalmente con una sociedad democrática abierta. Los puntos de vista opuestos no deben confundirse con la homofobia. No es correcto promover ni inventar sentimientos de odio e intolerancia. De hecho, clasificar las diferencias como «fobias» es de por sí un ejemplo de extremismo.

Gran parte de esta resolución no concuerda con la definición de «homofobia» tal como se recoge en el considerando A, lo que significa que esta pierde toda su importancia y significado.

Además, hay varias partes que son contrarias al principio de subsidiariedad, directriz y piedra angular de toda la Unión, lo cual solamente serviría para socavar por completo el proyecto europeo.

Por eso, he votado en contra.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) Homofobia significa «miedo a los que se nos parecen». No hay nada peyorativo ni malicioso en este término. Una fobia es una neurosis caracterizada por una extrema ansiedad en presencia de la fuente de congoja, que requiere un tratamiento adecuado: curación, análisis y empleo de medicamentos. He votado en contra de esta resolución porque no trata de la homofobia.

Toda forma de violencia hacia cualquier persona debe denunciarse. No hay distintas categorías de ciudadanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad y el respeto de la dignidad se aplican a todos los seres humanos. Las leyes garantizan estos derechos.

El derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la libertad de pensamiento, creencia y religión son derechos fundamentales protegidos por los tratados internacionales. Los Estados miembros deben respetar el derecho al matrimonio, que estipula que, a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y fundar una familia conforme a las leyes nacionales que rigen el ejercicio de este derecho.

La Unión Europea no tiene competencias en estos terrenos y no puede juzgar las constituciones y leyes nacionales de sus Estados miembros, que, habiendo firmado todos ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, deben rendir cuentas en materia de estos derechos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

- Resolución B6-0027/2006

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, soy una de las personas implicadas en la redacción de la resolución sobre el clima y que asistieron a la Cumbre de Montreal. Considero que el resultado obtenido en la Cumbre dista de ser favorable, pese a que, en nombre de la corrección política, ahora nos sintamos obligados a decir aquí que lo fue. Las obligaciones de reducción de las emisiones solamente afectará a una cuarta parte de la totalidad de las mismas, por lo que considero que intelectualmente es algo deshonesto hablar de logros. Antes o después la UE tendrá que poner fin a esta agradable conversación y enfrentarse a los hechos. Si se permite a tres cuartas partes de los productores mundiales de gases de efecto invernadero que sigan aumentando sus emisiones, será hora de que digamos que esta solución ha fracasado y de empezar a adoptar otro tipo de medida política sobre el clima. Sin embargo, ¿será una cuestión de orgullo político que no seamos capaces de admitir algo así?

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) En líneas generales acogemos con satisfacción la resolución presentada como continuidad a la XI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Montreal, ya que destaca el deseo de las partes de cumplir el Protocolo de Kyoto y lamenta la constante renuencia del Gobierno estadounidense de unirse a ninguna asociación importante sobre el cambio climático.

Nos oponemos a algunos aspectos de la resolución final y lamentamos que no se adoptasen nuestras propuestas. Nos decepcionó especialmente que se rechazase la propuesta que suscribimos que demandaba una urgente revisión de los correspondientes mecanismos flexibles antes de que el programa de comercio de derechos de emisiones pueda ampliarse a otras áreas, como la aviación. Creemos que esta ampliación deberá someterse a un análisis que demuestre que contribuirá a combatir el cambio climático y que no habrá ningún favoritismo con los países y regiones más ricos en detrimento de los sectores y países en desarrollo.

Tampoco estamos de acuerdo en que se insista en el comercio de los derechos de contaminación, ni siquiera respecto a una evaluación.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) El cambio climático global constituye un problema tan importante que existen motivos que justifican que se trate en la esfera internacional.. Sin embargo, a la Lista de Junio le gustaría reiterar su postura ya previamente planteada de que el Parlamento Europeo no debería asumir la política exterior de los Estados miembros al solicitar la ratificación del Protocolo de Kyoto a terceros países que todavía no lo han hecho. Cada Gobierno nacional puede hacer llamamientos de este tipo de forma independiente. También creemos que los Estados miembros deberían poder adoptar sus propias posturas con relación a las negociaciones sobre cuestiones del clima internacional. Sin embargo, suponemos que todas las partes cumplirán los acuerdos celebrados.

Somos críticos respecto a la propuesta de establecer una estrategia de comunicación en el ámbito europeo para informar a la gente sobre problemas climáticos. La cooperación de la UE se basa en que los Estados miembros confíen los unos en los otros. Estamos convencidos de que cada Estado miembro puede adoptar con éxito las medidas necesarias para que el público general tenga acceso a una información adecuada sobre los problemas climáticos. La postura que expresamos a través de esta explicación de voto constituye la actitud que adoptamos por principio respecto a este tema. Por lo tanto, esta explicación de voto se aplica a futuras cuestiones del mismo tipo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los indios cree tienen un dicho que afirma que solo cuando se haya arrancado el último árbol, se haya envenenado el último río y se haya pescado el último pez el hombre descubrirá que el dinero no se puede comer. Puede que esto pronto sea cierto.

Durante demasiado tiempo hemos alterado el delicado esquema de la naturaleza sin prestar demasiada atención. Es ahora cuando hemos comenzado a prestar más atención a la protección del medio ambiente y puesto en marcha los primeros y esenciales proyectos conjuntos destinados a salvarla. Sin embargo, tendremos que intensificar nuestros esfuerzos.

El hecho es que de forma lenta pero segura estamos dando la espalda a la Corriente del Golfo, nuestra fuente natural de calor y, al hacerlo, cada día las corrientes oceánicas alteradas por el calentamiento global nos roban unos 86 millones de toneladas de suelo cultivable, nacen unas 225 000 personas más y la desertificación avanza de una forma precipitada y cada vez más rápida. Europa se ve amenazada por el más devastador cambio en su clima en 5 000 años. El hielo se derrite en el norte, los desiertos se extienden en el sur, al mismo tiempo se acumulan enormes «reservas» de dióxido de carbono en el permafrost y la tundra, con lo que las cosas se pondrán feas en un futuro próximo.

Varios expertos han elaborado una gran variedad de soluciones posibles que permanecen archivadas en los cajones de sus mesas; ha llegado la hora de que centremos en ellas y en su aplicación toda nuestra atención y, finalmente, trabajemos de forma conjunta por una meta común.

- Informe Ferreira (A6-0383/2005)

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), por escrito. (DA) El Movimiento de Junio ha votado a favor del apartado 45 del informe relativo a los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible, pero le gustaría que se utilizasen directivas mínimas en la introducción de las ecotasas a nivel comunitario, de forma que puedan establecerse requisitos de mayor alcance en cada Estado miembro.

Sobre el apartado 45:

«Apoya la instauración de ecotasas a escala comunitaria; destaca que estas tasas, al igual que ocurre con los demás instrumentos de mercado, representan un dispositivo indispensable para una política eficaz de reducción de la contaminación; pide a la Comisión que presente propuestas y a los Estados miembros que adopten la primera ecotasa europea en 2009 a más tardar;»

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor del informe que tenemos ante nosotros, que pretende evaluar los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible y realiza algunas críticas a la postura de la Comisión con respecto a las deficiencias de determinadas directivas y la escasez de recursos financieros.

A pesar de que no trata específicamente las políticas que constituyen el origen de los problemas medioambientales, como es el énfasis en la competitividad a expensas de la gente y el medioambiente, anteponiendo el lucro a todo lo demás, posee aspectos positivos, como es la promoción de formas de transporte menos contaminantes, el papel de la planificación territorial y de los bosques y la necesidad de garantizar el suministro alimentario.

También vemos con buenos ojos la relación que plantea entre la pobreza y el medio ambiente, aunque es sorprendente que se hayan rechazado en el Pleno los aspectos más importantes en este ámbito, como la afirmación de que la liberalización no es la respuesta a la pobreza y la exclusión social. También se rechazaron las críticas que se hacían a la insuficiencia de las propuestas en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y el aumento de la desigualdad.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe trata una lista de cuestiones importantes dentro del terreno del desarrollo sostenible. La Lista de Junio considera que existen motivos sólidos para una cooperación comunitaria en cuestiones ambientales transfronterizas. Sin embargo, el informe trata una serie de importantes materias políticas que deberían quedar fuera de la competencia de la UE. Estos son algunos ejemplos:

– la inversión que debe hacerse en el transporte público o, según corresponda, en el desarrollo de redes de carreteras en los Estados miembros;

– la cancelación de la deuda de los países en desarrollo;

– las tasas medioambientales en el ámbito de la UE;

– la inclusión o no de la educación medioambiental como asignatura en los planes de estudios de las escuelas primarias de los Estados miembros;

– el impuesto sobre el trabajo en los Estados miembros;

– el empleo y la integración social.

Somos muy críticos respecto al hecho de que las instituciones de la UE tengan un voraz apetito de aumento de su influencia. Por lo tanto hemos optado por votar en contra del informe en su conjunto, aunque vemos con buenos ojos algunos apartados concretos, especialmente aquellos que tratan auténticos problemas medioambientales transfronterizos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) No cabe duda de que el desarrollo sostenible es uno de los principales objetivos de la UE, además de un reto global. Por lo tanto, las estrategias de desarrollo sostenible requieren una visión política a largo plazo al más alto nivel.

Debemos afrontar de forma responsable los retos sociales, medioambientales y democráticos no solo en el ámbito de la autoridad pública, sino también en el de los ciudadanos. Sin embargo garantizamos que todas las medidas que se adoptarán coinciden con nuestros objetivos de desarrollo y crecimiento social y económico, esenciales para el futuro de nuestras sociedades.

Este informe examina los avances realizados desde 2001 y establece nuevas medidas. Como parte del proceso debemos reiterar la necesidad de garantizar que el desarrollo sostenible es una prioridad para el futuro de Europa y mantener nuestro objetivo de cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Por lo tanto, he votado a favor del informe Ferreira.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) El desarrollo sostenible debe resaltar por encima de todos nuestros ámbitos políticos, y estoy satisfecho de que este informe proporcione un punto de partida sobre cómo lograrlo, por lo que me complace darle mi apoyo. En mi propio país, Escocia, estamos obligados a realizar una contribución única en lo que a energía renovable se refiere gracias a nuestro gran potencial natural, que nos ofrece la oportunidad de convertirnos en la central eléctrica ecológica de Europa. Pero este potencial no se desarrollará sin el fuerte impulso gubernamental a todos los niveles, por lo que debemos redoblar nuestros esfuerzos para extraer las ideas de este informe y seguir trabajando a partir de ellas.

  María Sornosa Martínez (PSE), por escrito. (ES) La Delegación socialista española se congratula por la aprobación de este informe de iniciativa, que persigue mejorar la aspiración de conseguir un verdadero desarrollo sostenible.

Sin embargo, me permito exponer que en la segunda parte de la enmienda 2 (apartado 15) hemos decidido votar en contra ya que estimamos que la política de protección y gestión del agua debe basarse en criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia y no únicamente en la adopción de medidas para reducir las tomas de agua, ya que ello podría tener consecuencias negativas de distinto calibre.