Acta literal de los debates

Jueves 16 de febrero de 2006 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

- Informe: Gebhardt (A6-0409/2005)

  Marta Vincenzi (PSE). – (IT) Señor Presidente, quisiera resaltar el carácter positivo de la posición común alcanzada por el Parlamento, que envía a los ciudadanos europeos la señal de una unidad política y la confianza que necesitan.

Destacaré la repercusión positiva que tendrá el artículo 31, en su versión modificada, sobre el ámbito tan importante de los servicios turísticos. En efecto, se trata de abrir las puertas a un flujo amplio y equilibrado de turistas mediante un atento recorrido que identifique la armonización de las múltiples figuras turísticas existentes en los distintos países. Pido por tanto a la Comisión que relance, tras una cuidadosa revisión, la Directiva 320 de 1992, que hasta ahora ha sido desatendida por muchos Estados miembros, a fin de realizar plenamente la política de calidad de los servicios y, con ella, el objetivo de un turismo europeo sostenible.

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Señor Presidente, si por primera vez considero útil justificar mi voto, es tanto porque este informe es importante –quizás el más importante de la legislatura– como porque mi voto rompe con la posición adoptada por la mayoría de mi Grupo.

En efecto, no me cuesta admitir los avances realizados –felicito por ello a la ponente, la señora Gebhardt– con respecto a la propuesta inicial del Comisario Bolkestein. Pero sigo insatisfecho debido a las incertidumbres asociadas al artículo 16. Aunque he votado a favor de las enmiendas de transacción sobre este informe, no puedo avalarlo y, al final, he optado por rechazarlo, porque simboliza una grave ruptura histórica con los principios que hasta ahora han hecho progresar la integración europea. La solidaridad y la reglamentación dejan paso a la competencia entre los países y los pueblos de Europa. Deploro este estado de cosas.

  Marielle de Sarnez (ALDE). – (FR) El Parlamento acaba de votar esta mañana a favor de una nueva directiva. Se ha restringido el ámbito de aplicación, se ha suprimido al fin el principio del país de origen y se ha preservado el Derecho laboral: hemos transformado el espíritu y la letra del proyecto que se nos había presentado, y me alegro de ello.

La única institución europea que habrá sido capaz de gestar este profundo cambio de inspiración es este Parlamento. Sin duda, esto se debe a que hemos escuchado a nuestros conciudadanos, con sus temores y sus miedos; y sin duda se debe a que estamos apegados ante todo a la defensa de un modelo europeo de valores comunes y siempre preferimos la armonización al alza al dúmping a la baja. Hemos hecho un buen trabajo y es muy necesario que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta por fin la importante señal política que les enviamos hoy, que traduce nuestra voluntad de concluir el mercado interior, pero preservando nuestro modelo social. Por nuestra parte, velaremos por que lo hagan.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, no cabe duda de que la versión de la Directiva relativa a los servicios que acabamos de votar es bastante mejor que la versión original; aunque no se haya suprimido el principio inaceptable del país de origen, este ha quedado desde luego bastante minado, a mi parecer.

Todavía quedan, no obstante, muchos aspectos poco claros en el documento aprobado hoy. En estos momentos, nadie sabe con exactitud cuáles serán las implicaciones de buena parte del mismo.

Por ejemplo, por mi parte disto mucho de estar convencido de que el texto no pueda dar lugar a un «dúmping social» y me siento particularmente insatisfecho con el potencial para controlar su cumplimiento. Los numerosos abusos en la ejecución de los presupuestos europeos ordinarios –cometidos también por parte de las instituciones– nos llevan a contemplar cuando menos con escepticismo la eficacia de los controles a escala europea.

Por esto me he abstenido en la votación, pues aunque posiblemente se trata de un paso en la dirección adecuada, un paso muy importante incluso, todavía subsisten muchos aspectos poco claros que es absolutamente necesario que se supriman en la segunda lectura. Solo me queda confiar en que entonces no tenga dificultades para votar a favor.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, desde luego es bueno que la Cámara haya podido enmendar hoy el texto original de la Directiva relativa a los servicios, aunque hay que decir que, entre los centenares de enmiendas, muchas de ellas no eran necesarias. Es muy posible que la versión original de la directiva hubiera institucionalizado el «dúmping social», pero la versión actual también permite una forma del mismo, junto con toda clase de abusos, y no consagra el principio del país de origen mediante una formulación libre de ambigüedades.

¿No resulta acaso muy significativo el rechazo de la petición del Grupo Unión por la Europa de las Naciones de que se cree un centro de control que garantice que la Directiva no abra la puerta al «dúmping social»? Con nuestra abstención emitimos un mensaje político en el sentido de que mi partido, el Vlaams Belang, va a resistirse a toda costa a cualquier intento de socavar el principio de que lo primero es el propio país, como ya hizo el mes pasado en el debate sobre la liberalización de los servicios portuarios.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) La razón por la que me he abstenido en la votación del informe de la señora Gebhardt sobre la Directiva relativa a los servicios es que la enmienda 250, presentada por los diputados de los nuevos Estados miembros del Grupo del PPE-DE y considerada un punto clave para los nuevos Estados miembros, no había sido aprobada.

Esta enmienda pretendía cambiar la directiva, añadiendo el artículo 35 bis en sustitución de los artículos 24 y 25 sobre el desplazamiento de trabajadores, que fueron eliminados de la propuesta de la Comisión durante la votación en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. La enmienda habría simplificado los procedimientos para el desplazamiento de los trabajadores, dado que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no prevé ninguna cooperación administrativa entre el país de origen y el país de destino.

Me satisface que la Directiva haya sido aprobada en primera lectura en el Parlamento Europeo. Sin embargo, por otra parte, me entristece que los diputados de los nuevos países miembros no hayan obtenido, una vez más, el suficiente apoyo.

  Véronique de Keyser (PSE). – (FR) Señor Presidente, mi voto en contra del informe Gebhardt no significa que desapruebe el extraordinario trabajo realizado por la ponente. Creo de verdad que la señora Gebhardt ha hecho algunas proezas con un texto que era execrable. Pero a pesar de todos sus esfuerzos no ha conseguido poner un dique a una marea liberal que amenaza toda nuestra estructura social. De compromiso en compromiso, este texto abstruso se ha vuelto ilegible. Pero lo que sigue estando muy claro para quien quiere abrir bien los ojos es el abandono de una voluntad de armonización por parte de la Comisión a favor de una solución caso por caso de lo que puede hacerse o no en nombre del interés general.

Sin directiva sobre servicios de interés general y servicios de interés económico general, este texto deja zonas de penumbra que darán lugar a incontables recursos judiciales. Europa se aleja todavía un poco más del ciudadano.

  Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ana Maria Gomes, Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira y Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. (PT) La anterior Directiva Bolkestein ha sido radicalmente reestructurada y esto representa un claro paso hacia la creación de un mercado interior de los servicios.

Hemos votado a favor de la propuesta renovada, porque creemos que garantiza el progreso equilibrado hacia la creación de un mercado interior de los servicios europeo. También pensamos que la exclusión de los servicios de interés general, loterías y servicios sanitarios esenciales aporta un mayor equilibrio a la Directiva.

En su forma actual, la Directiva será positiva para la economía portuguesa, particularmente porque el principio del país de origen ya no se aplicará, la apertura del mercado de los servicios europeo generará muchos puestos de trabajo y este texto acabará finalmente con lo que se conoce como «dúmping social».

La Directiva provocará una reducción de la inexcusable burocracia que existe en varios Estados miembros y la prestación de servicios estará sujeta a las normas del país en el que se este se presta. La exclusión del trabajo temporal y la falta de interferencia con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores también ayudarán a garantizar el equilibrio y la cohesión social.

Por todos estos factores, hemos votado a favor.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado, en primera lectura, a favor de la propuesta de directiva relativa a los servicios en el mercado interior tal como ha sido reescrita por el Parlamento Europeo sobre la base del compromiso negociado entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Rindo homenaje al notable trabajo realizado por el señor Harbour, que siguió el expediente –junto con mi amigo, el señor Toubon– por el Grupo del PPE-DE. Había una necesidad cada vez más urgente de legislar para no dejar en manos de los magistrados del Tribunal de Justicia la tarea de «dictar el Derecho» sobre la cuarta libertad fundamental de la Unión, relativa a los servicios.

El compromiso permite diseñar un marco que apoye la competitividad y el desarrollo de las actividades de servicio, que representan el 70 % del PIB y un gran potencial de crecimiento y creación de empleo, al mismo tiempo que combate los riesgos de dúmping social. Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa, tenía razón al combatir el primer texto presentado en enero de 2004 por la Comisión Prodi, y el Parlamento Europeo desempeñó correctamente su deber de colegislador. Es una victoria de la democracia responsable y un acto capital en la construcción de una economía social de mercado.

  Pervenche Berès (PSE), por escrito. – (FR) Tras más de un año de debates en comisión y entre la opinión pública europea, el Parlamento Europeo se ha pronunciado hoy sobre la Directiva de servicios.

Fiel a mis convicciones y al compromiso contraído con muchos ciudadanos que me han preguntado por esta directiva, en primera instancia he votado a favor de su rechazo, junto con toda la delegación socialista francesa. No se ha conseguido el rechazo (153 contra 486 votos).

Los socialistas franceses tenían tres exigencias fundamentales: la exclusión de los SIEG (servicios de interés económico general) del ámbito de aplicación de la directiva, la referencia explícita a la norma del principio del país de destino y la referencia a una directiva marco sobre los servicios públicos.

He apoyado, por consiguiente, todas las enmiendas encaminadas a reducir el ámbito de aplicación del texto y a excluir de él claramente los servicios públicos y los sectores vitales para nuestro modelo social, que son en particular la educación, la cultura, la sanidad, etc. Estas enmiendas han sido rechazadas.

Como el compromiso del entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo no satisface mis exigencias de preservación del modelo social europeo, en la votación final he votado en contra del texto.

Observo, por otra parte, que la adhesión a la enmienda de rechazo del texto tal como ha sido modificado ha sido más amplia (215 votos) de lo que hacía presagiar el resultado de la primera votación sobre su retirada.

  Emma Bonino (ALDE), por escrito. (IT) He votado en contra del compromiso alcanzado sobre la Directiva Bolkestein.

He votado «no» por razones opuestas a las de quienes, en la izquierda de esta Cámara, han mantenido un «no» ideológico, que en definitiva es un «no» a Europa.

La propuesta de la Comisión Prodi no era fruto del doctor Strangelove, sino del Tratado y de las orientaciones surgidas del Consejo Europeo de Lisboa.

¿Qué ha quedado en pie?

La libre circulación no se aplica a los servicios de interés general, de modo que de entrada quedan descartados. Lo mismo sucede con los servicios financieros, cosa que es una lástima. Excluidos los servicios jurídicos, los servicios médico y sanitarios, audiovisuales, por caridad. De los fiscales tampoco se habla, ni de los profesionales, no vayan a ofenderse abogados, procuradores y demás, y hasta para los juegos de azar la bola de la ruleta ha de ser nacional. Por último, han sido excluidos también los transportes, aunque ha quedado, y quizás sea simbólico, la liberalización de las pompas fúnebres.

En cuanto a la tan vituperada cláusula del país de origen, el texto liquida el principio y su fuerza innovadora, que en la práctica se aplica a muchos otros sectores económicos.

Hoy han triunfado los intereses corporativos, vence del temor al fontanero polaco, la hipocresía de quien dice que tanto da y que queda el trabajo negro que realizan los inmigrantes, pero Europa ha salido perdiendo.

  Udo Bullmann, Matthias Groote, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jo Leinen, Willi Piecyk y Mechtild Rothe (PSE), por escrito. (DE) La Directiva Bolkestein trataba del dúmping social y la desregulación. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha conseguido dar totalmente la vuelta a esta directiva.

El principio del país de origen ha sido eliminado, para ser sustituido por un acceso al mercado indiscriminado. Se aplicarán las leyes laborales del lugar en el que se prestan los servicios.

La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores continúa aplicándose sin restricción y será necesario modificarla.

Existen derogaciones para el trabajo temporal y la contratación. Pedimos al Consejo que deje de interponerse en el camino de la legislación europea.

La Directiva no se aplica a los servicios de interés general y solo parcialmente a los de interés económico general. Pedimos una directiva marco europea con disposiciones separadas aplicables a este sector esencial.

Dado que el proceso legislativo continúa, deberá prestarse atención a varios aspectos.

Por ejemplo, las libertades fundamentales de los trabajadores, definidas en la «cláusula Monti» de la Unión Europea, deberán tener prioridad sobre las normas de la vida empresarial.

No deben socavarse los derechos de codecisión y codeterminación, basados en la legislación.

Consecuentemente deberán considerarse de forma adecuada los intereses legítimos del bien común, tal como se define en el artículo 4.7a de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.

Las obligaciones legales que benefician a los trabajadores de un país concreto y de otras partes (contribuciones obligatorias a asociaciones comerciales, fondos de vacaciones, etc.) deberán aplicarse a quienes presten servicios en su país de origen y al otro lado de las fronteras.

No deberá hacerse nada que pueda suponer una apertura al falso trabajo autónomo. Las reglas sobre la concesión de contratos públicos que estipulan normas de calidad deberán permanecer en pleno vigor.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Los conservadores pensamos que la Carta de los Derechos Fundamentales debe respetarse siempre, independientemente de la cuestión o legislación implicada. Estamos a favor del Tratado Constitucional, que habría provocado que esta Carta fuese jurídicamente vinculante para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Creemos que, en la Directiva relativa a los servicios no debería haberse hecho referencia solamente a las partes de esta Carta relativas a la legislación laboral, por lo que nos hemos abstenido en la votación de estas cuestiones con respecto a las que se menciona la Carta

  Richard Corbett (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de modificar de forma radical –en lugar de rechazar– la Directiva de servicios propuesta. Hemos intentado lograr un equilibrio y creo que lo hemos conseguido en gran parte en esta primera lectura. Queremos eliminar las trabas burocráticas a la libre circulación de servicios en nuestro mercado europeo, pero no deseamos crear una situación en la que se vean mermados nuestros servicios sociales, nuestras normas laborales, nuestras normas de seguridad y salud ni otras características esenciales de protección. Queremos protección, pero no proteccionismo. El texto modificado logra un equilibrio que no existía en el borrador inicial.

  Dorette Corbey (PSE), por escrito. (NL) Los puntos (b) y (c) del apartado (1) del artículo 16 someten la legislación nacional a pruebas relativas a su necesidad y proporcionalidad, lo que considero una interferencia inaceptable en la soberanía nacional. Si no me equivoco al interpretar el texto, esto genera incertidumbre jurídica y obstaculiza el trabajo de las autoridades nacionales. Por supuesto, es positivo que la legislación sobre temas como el medio ambiente sea proporcionada, pero se trata siempre de una cuestión de criterio político. No es recomendable que los políticos nacionales tengan a la Unión Europea y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vigilando sobre sus hombros. No obstante, estoy en disposición de apoyar este compromiso, con la excepción de los apartados (1b) y (1c).

  Mia de Vits (PSE), por escrito. (NL) He votado en contra del proyecto de Directiva relativa a los servicios y citaré tres razones que me han llevado a ello.

1) Esta Cámara podría haber introducido mejoras en el proyecto de la Comisión, pero considero que no son suficientes. Es un error que continúe aplicándose a una serie de sectores de servicios públicos, a los denominados servicios de interés económico general. En realidad, esta directiva no debería aplicarse a operaciones como, por ejemplo, la recogida de residuos domésticos y el suministro de agua. Asimismo, se necesita una legislación marco para proteger el derecho al suministro de un servicio público.

2) Ciertos puntos de la directiva se pueden interpretar de más de una forma. El público ya tiene una opinión escéptica de Europa y, por lo tanto, la incertidumbre jurídica en la legislación es lo menos que necesitamos.

3) Lo que necesitamos es una Europa social y fiable, con las mismas normas de base armonizadas en todo el mercado interior, y la Directiva no creará esta Europa.

No obstante, me satisface comprobar que sectores tan delicados como los servicios portuarios, las agencias de empleo, el cuidado de los mayores, el sector sanitario y el cuidado infantil han sido excluidos del ámbito de ampliación de la Directiva y que, sobre todo, los logros sociales de cada país se mantienen intactos, haciendo así que el dúmping social resulte imposible. He votado a favor de las enmiendas a tal efecto y de todas las enmiendas que mejoraban y aclaraban el texto.

  Antoine Duquesne (ALDE), por escrito. – (FR) La aprobación de la Directiva relativa a los servicios supone un avance significativo para la Unión Europea. A pesar de todo, ha sido posible mantener lo esencial del proyecto inicial y el texto aprobado favorecerá el éxito de la Estrategia de Lisboa, como demuestran los estudios más recientes de la Comisión Europea.

Esta directiva alentará la actividad en el sector de los servicios, que constituye un yacimiento de empleo extremadamente importante. Será una baza esencial, sobre todo para Bélgica, cuya economía está muy orientada a los servicios.

Las enmiendas presentadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores han permitido responder a las principales preocupaciones de la opinión pública, al precisar el alcance de la directiva, y poner fin a una larga campaña de desinformación. La primera propuesta de compromiso presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hacía que la propuesta de directiva careciera de todo sentido. Felizmente, el compromiso final –aunque no haya sido recibido con entusiasmo– representa un primer paso, que vale más que nada, y responde a las principales preocupaciones de los partidarios de la directiva.

Ahora, corresponde al Consejo confirmar y mejorar el compromiso final a que ha llegado el Parlamento.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) Hoy el Parlamento Europeo está diciendo lo que tiene que decir acerca de cómo vamos a crear la libre circulación de servicios dentro de la Unión Europea, que es una de las cuatro libertades en las que se basa nuestra cooperación europea común. En una economía mundial cada vez más globalizada con una competencia en constante aumento, la economía europea necesita aprovechar al máximo los ámbitos en los que somos competitivos. El sector de los servicios es uno de estos ámbitos. Los compromisos que han alcanzado el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo lamentablemente han abierto nuevas oportunidades para legitimar un mayor proteccionismo, de forma que se obstruirá el comercio de servicios entre países vecinos y supondrá un golpe particularmente duro para los Estados miembros más nuevos. A pesar de todo, he decidido votar a favor de la propuesta moderada, dado que puede ser un primer paso hacia lo que espero que sea una libre circulación de servicios –que ya están expuestos a la competencia– digna de nuestro mercado interior común europeo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lamentamos que nuestra propuesta de rechazar la Directiva Bolkestein no haya sido aprobada. Esta Directiva es el núcleo central de la denominada Estrategia de Lisboa y es el eje del neoliberalismo en el ámbito de los servicios. Su propósito es satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos y financieros de la Unión Europea, como ha demostrado la postura de organizaciones representativas de estos grupos, como la asociación de empresarios UNICE.

A pesar de que es cierto que la lucha de los trabajadores y de los ciudadanos ha forzado algunas concesiones y reformulaciones, que hemos apoyado cuando han sido positivas, el espantoso acuerdo entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha frustrado las expectativas de quienes confiaron en que el Parlamento sería capaz de rechazar una propuesta nociva para los trabajadores y los ciudadanos de los Estados miembros como esta.

Por lo tanto, hemos votado en contra de la propuesta en su conjunto y de muchos de los puntos específicos a los que nos oponemos, en particular en los siguientes ámbitos:

- la liberalización de la mayoría de los servicios, incluidos servicios y sectores públicos delicados, como el agua, la vivienda social, la energía, los servicios postales, la investigación, la educación y formación, los servicios culturales y los servicios de seguridad; nuestras propuestas pretendían eliminarlos del ámbito de aplicación de la Directiva fueron rechazadas;

- el hecho de que los acuerdos contractuales de los trabajadores, especialmente los trabajadores independientes, son ahora más precarios;

- el aumento de las dificultades para proteger los derechos de los consumidores, los usuarios finales de los servicios públicos y el medio ambiente.

  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) El texto sometido a votación tenía por objeto permitir la realización de un verdadero mercado interior de los servicios, al mismo tiempo que rectificar un proyecto de directiva cuya filosofía, basada en la competencia entre las legislaciones sociales y fiscales de los Estados miembros, podía tener dramáticas consecuencias debido a la nivelación a la baja de los distintos modelos sociales.

Si el primero de esos objetivos se ha cumplido, no sucede lo mismo con el segundo. Es cierto que el Parlamento ha contribuido a modificar en gran medida la orientación del texto inicial, suprimiendo el principio del país de origen, excluyendo los servicios de interés general del ámbito de aplicación de la directiva y protegiendo el Derecho laboral.

Pero esto no quita que persistan todavía muchas sombras. La componente económica de los servicios públicos (SIEG) y los servicios sociales siguen estando directamente amenazados por un dúmping social inaceptable. El vacío legal asociado a la supresión del principio del país de origen presagia además una situación nueva, en la que los jueces del Tribunal de Justicia Europeo tendrían capacidad para definir la legislación social, sin garantía de resultados ni control democrático.

Por estas importantes razones, y aunque celebro los avances realizados en este expediente, me resulta imposible apoyar el texto final sometido al Parlamento.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La Directiva relativa a los servicios, tal como ha sido aprobada hoy, sigue siendo inaceptable, porque no es más que una copia mal disfrazada de la directiva original.

La inmensa mayoría de las actividades artesanales sigue sometida a la competencia, cuando, en mi país, este sector es el primer empleador y el primer creador de empleo. Aunque han desaparecido las referencias demasiado explícitas al principio del país de origen, sigue habiendo ámbitos en los que se aplicará, plena o parcialmente, este principio escandaloso. Las vaguedades, las zonas de sombra y las incoherencias que sigue habiendo darán al Tribunal de Justicia de Luxemburgo el poder de interpretar la directiva. Ahora bien, el Tribunal siempre a resuelto a favor de quienes consideran que determinadas normas –sobre todo sociales– constituyen un obstáculo intolerable a la competencia. La Comisión tendrá un pretexto para presionar a favor de una armonización a la baja en ámbitos que no son de su competencia, como la protección social y el Derecho laboral.

Así pues, modificada o no, digo no a la Directiva Bolkestein, no a los principios aberrantes en que se basa, no al dúmping social y jurídico, no a la libre competencia que muchos ponen por las nubes pero crea desempleo, no a las deslocalizaciones anunciadas, no a esta eurocracia que se niega a tener en cuenta la opinión de los pueblos, para seguir imponiéndoles políticas que no quieren.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio comparte el punto de vista de que el mercado interior de servicios no está completo. Celebramos la Directiva de servicios y creemos que, independientemente del país de donde provengan, las empresas de servicios no deben estar discriminadas en ningún país de la UE.

El tema principal en el debate sobre la Directiva de servicios es si esta debería regirse por el principio del país de origen (artículo 16). La Lista de Junio valora el mercado interior y la autodeterminación nacional. Por lo tanto la cuestión fundamental es la siguiente: ¿son tan decisivas las ventajas que implica el principio del país de origen que estamos dispuestos a renunciar a la soberanía nacional? Nuestra respuesta es «no».

El principio del país de origen tiene que ver con áreas importantes pero estrictamente limitadas, como la construcción, el trabajo de instalación y los servicios de consultoría. Celebramos la competencia dentro de estas áreas, pero creemos que debe producirse conforme a condiciones que sean justas para todas las partes. Creemos que las normas suecas deben aplicarse en territorio sueco. Por lo tanto respaldamos lo que se denomina principio del país anfitrión.

Asimismo consideramos que deben respetarse los monopolios nacionales en el sector de los servicios. Precisamente la forma que deben adoptar estos servicios debe decidirse tras un amplio debate en los correspondientes Estados miembros.

De lo anterior se deduce que hemos optado por respaldar el compromiso planteado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta modificada. Espero que la votación de la Directiva relativa a los servicios rompa con la creencia equivocada que se ha propagado de que la Comisión Europea tiene la última palabra en todos los asuntos.

No porque un texto sea propuesto por la Comisión Europea va a aplicarse tal cual. Debido a componendas políticas dictadas por circunstancias electorales, se hizo creer a los franceses que así era. La llamada Directiva «Bolkestein» es un símbolo de manipulación popular. El Parlamento Europeo ha demostrado hoy que el poder de legislar pertenece a los representantes de los ciudadanos.

La propuesta de la Comisión Europea no era buena. Por tanto, la hemos modificado para encontrar un equilibrio entre las ventajas económicas de una liberalización de los servicios, por una parte, y la absoluta necesidad de evitar cualquier dúmping social, por otra.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La mayoría del Parlamento ha aprobado el compromiso entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que pretendía conservar aspectos esenciales de la propuesta de Directiva sobre la liberalización de servicios, en lugar de rechazarla, tal como habíamos propuesto.

Como consecuencia de la rotunda condena de los peores aspectos de esta propuesta y de la campańa de los trabajadores para hacer que se rechazase la directiva, la mayoría del Parlamento ha excluido determinadas áreas de su ámbito de aplicación, posponiendo la toma de decisiones al respecto y, en una hazaña de prestidigitación jurídica, ha ocultado la normativa que aplica la ley sobre el país de origen del prestador del servicio.

Sin embargo, aunque no se han materializado todos los ambiciosos planes de los grandes grupos económicos y financieros, la competencia ha aumentado en varios sectores de servicios, incluidos los servicios públicos. Esto tendrá un efecto perjudicial sobre los derechos de los trabajadores y sobre los servicios prestados a los ciudadanos. Del mismo modo, la soberanía de cada país se reduce aún más, al tiempo que se refuerza el papel del Tribunal de Justicia.

La Directiva sobre la liberalización de los servicios todavía no se ha aprobado. El Consejo, en el que se sienta el Gobierno portugués, debe asumir sus responsabilidades. Por lo que a nosotros respecta, seguiremos luchando para que se rechace la propuesta de Directiva, que, si se aprueba, socavará los intereses de los trabajadores y del país.

  Jacky Henin (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Todo se resume en dos cifras: hoy, en la Unión, los servicios representan el 70 % del valor añadido, pero solo el 20 % en los intercambios intracomunitarios.

Por tanto, como no se pueden deslocalizar la mayoría de las empresas de servicios, se deslocalizan los salarios de miseria y, para hacerlo, se ha inventado la Directiva Bolkestein. Su objetivo: reducir los salarios al mínimo absoluto, nivelar a la baja las protecciones sociales, limitar los derechos de los consumidores y desmantelar los servicios públicos. Esto ya ni siquiera es ultraliberalismo, es liberalismo total.

Lejos de resolver el problema del principio del país de origen y lejos de preservar los servicios públicos de la despiadada ley del mercado, el compromiso entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo no hace otra cosa que otorgar a la Comisión y al Tribunal de Justicia la función de árbitro supremo. Dada la orientación ultraliberal de la Comisión y del Tribunal de Justicia, esto equivale a confiar la custodia del gallinero a los zorros.

Aceptar la Directiva relativa a los servicios equivaldría a firmar la sentencia de muerte, en Europa, de la protección de los trabajadores y los consumidores, así como de los servicios públicos.

Las naciones de Europa no necesitan una directiva que enfrenta entre sí las opciones de política social y fiscal que han tomado sobre una base democrática.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Ian Hudghton (Verts/ALE) , por escrito. (EN) El paquete de compromiso acordado por el Grupo socialista y el Grupo conservador da un resultado poco claro. Por ejemplo, los dos grandes Grupos se negaron a respaldar una exclusión categórica de los servicios sociales del ámbito de la directiva, a pesar de la gran preocupación de muchos de los que trabajan en el sector de la asistencia social. Sin embargo, sí excluyeron servicios sociales «como las viviendas sociales, los cuidados infantiles y los servicios familiares». Esta lista no exhaustiva de determinados servicios sociales crea incertidumbre jurídica y es imposible determinar qué servicios sociales se verán afectados por la directiva fuera de los ámbitos de la vivienda, los cuidados infantiles y los servicios familiares.

El compromiso no contempla la exclusión categórica de sectores clave como la educación, el agua y la cultura y amenaza los derechos de los consumidores al no permitir que los Estados miembros impongan requisitos basados en la protección del consumidor.

Por esas razones he votado en contra del informe modificado.

  Karin Jöns (PSE), por escrito. (DE) La propuesta de Directiva relativa a los servicios de la Comisión pretendía la desregulación y el dúmping social. Me complace que mi Grupo haya conseguido convertir esta directiva en justo lo contrario.

Se ha eliminado el principio del país de origen para ser sustituido por el acceso al mercado sin discriminación. Se aplicarán las leyes laborales del lugar en el que se prestan los servicios. También es importante que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores siga aplicándose sin restricción y que exista una derogación para el trabajo temporal a través de agencias. Ahora depende del Consejo dejar de seguir bloqueando la legislación europea en esta materia.

Aunque me complace que la directiva ya no se aplique a los servicios de interés general, considero lamentable que los servicios de interés económico general sigan estando sujetos a ella en cierto modo. Necesitamos urgentemente una directiva marco europea que establezca las normas en esta importante área.

Dado que el proceso legislativo continúa, deberá prestarse atención a varios aspectos.

Las libertades fundamentales de los trabajadores, tal como se define en la «cláusula Monti» de la UE, deberá prevalecer sobre las normas de la vida empresarial. No deben socavarse los derechos de codecisión y codeterminación, basados en la legislación.

Deberán considerarse de forma coherente los intereses legítimos del bien común, tal como se define en el artículo 4.7a de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.

Las obligaciones con fundamento jurídico favorables a los trabajadores de un determinado país y de otros lugares (contribuciones obligatorias a las asociaciones comerciales, fondos de vacaciones, etc.) deben aplicarse de igual forma a los que desempeñan servicios tanto en su país como fuera de sus fronteras.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE) , por escrito. (EN) Tanto yo como mis colegas del Partido Conservador británico apoyamos firmemente y desde hace mucho tiempo las medidas encaminadas a completar el mercado único en la Unión Europea. La liberalización de servicios en el mercado interior es un importante paso en esa dirección y ofrece a la próspera industria de servicios británica muchas nuevas oportunidades de crecimiento en el futuro.

Aunque hoy hemos votado a favor del paquete final, nos ha decepcionado que se haya dejado pasar una oportunidad para acordar una Directiva realmente liberalizadora. Por lo tanto, pedimos al Consejo y al Primer Ministro británico que tomen medidas para reforzar la Directiva de forma inmediata.

Votar en contra de este imperfecto paquete y contribuir a su fracaso habría dado alas a los que, en la izquierda europea, se oponen por razones ideológicas a la liberalización, los mercados libres y las reformas económicas. La economía europea necesita urgentemente una liberalización y seguiremos luchando para conseguirla cuando el Parlamento vuelva a debatir este asunto en segunda lectura.

  Jean Lambert (Verts/ALE) , por escrito. (EN) He votado en contra de este informe porque no creo que el resultado final proporcione la claridad necesaria en varios aspectos. No está claro que hayamos eliminado el llamado principio del país de origen: de hecho no está claro cuál será la ley aplicable a una empresa que desee ofrecer servicios transfronterizos con carácter temporal. Tampoco está claro dónde se sitúa la línea divisoria de los servicios ofrecidos como servicio público pero por un proveedor o subcontratista privado. Acojo con agrado la supresión de la movilidad de pacientes en la directiva, puesto que no debía haberse incluido en ella. De hecho, apenas se ha reflexionado sobre la ambiciosa propuesta de la Comisión. Espero que en su próxima propuesta se incluyan modificaciones sustanciales.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Desde el Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000, en el que Francia estaba representada por Jacques Chirac y Lionel Jospin, hasta la continuación de sus trabajos por el Consejo de «Mercado interior» y los informes parlamentarios Berger y Harbour, aprobados con el pleno apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, los verdaderos impulsores de la denominada Directiva Bolkestein han sido los liberales, conservadores y socialistas europeos.

En lo que respecta a este asunto, el Consejo Europeo de Lisboa no fue más que el reflejo general de una clase política ideológicamente decidida a establecer lo más pronto posible del mercado interior de servicios.

Cuando los pueblos de los Países Bajos y Francia decidieron de repente proteger sus derechos sociales rechazando el proyecto de Constitución europea, desactivaron por fortuna la bomba de relojería que era la liberalización desbocada de los servicios.

La izquierda, que se ha enredado en la maraña del europeísmo liberal, se ahoga ahora en un mar de confusión patética y contradicciones internas.

La versión modificada de la Directiva de servicios que se nos propone solo modifica la forma del texto sin tocar el contenido. Esta directiva es mala, modificada o no, porque la estrategia propuesta para el mercado interior es intrínsecamente perjudicial.

Por tanto, rechazamos el informe Gebhardt por razones sociales y nacionales.

  Jean-Marie Le Pen (NI), por escrito. – (FR) El voto del 29 de mayo de 2005 sobre la Constitución Europea fue un auténtico detonante político y social.

El verdadero plan B era, de hecho, la retirada de la Directiva Bolkestein porque sin el voto negativo en los referendos de Francia y los Países Bajos, el Grupo Socialistas en el Parlamento Europeo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, la UMP y la UDF –todos ellos favorables a la Constitución Europea y a un aumento de la competencia en Europa– no se habrían mostrado tan decididos a denunciar el principio del país de origen y los ataques a los servicios públicos comerciales y no comerciales.

Esta puesta en escena político-mediática solo tiene por objeto hacer olvidar los cambios de chaqueta del PSE, que junto con Lionel Jospin ayudó a liberalizar Correos, EDF y France Télécom. En este asunto creemos que los liberales y los marxistas clásicos o posmarxistas e internacionalistas son tan malos unos como otros; todos ellos son responsables y todos son culpables. Solo la estructura nacional que defendemos puede protegernos de Bolkestein, de Mittal Steel o de las OPA hostiles de las multinacionales o de los fondos de pensiones estadounidenses.

Europa se desgarra en torno a la Directiva de servicios mientras espera que el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios en la OMC ponga a todo el mundo de acuerdo en nombre de la libre competencia y del sacrosanto mercado.

  Fernand le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) La Directiva relativa a los servicios –o la tristemente célebre Directiva Bolkestein– es una máquina de generar desempleo. El referendo sobre la Constitución Europea permitió a los franceses conocer a fondo la filosofía ultraliberal y destructora de empleo de la directiva. Hoy, y tras algunos cambios de fachada, su contenido sigue siendo el mismo.

El concepto de país de origen ha sido eliminado, pero esto no significa que haya desaparecido el de libre prestación se servicios. Todo es una gran mascarada que consiste en hacer pasar por la fuerza lo que los liberales, los conservadores y la izquierda –tan europeístas unos como otros– llevan cociendo hábilmente con sus respectivos Gobiernos nacionales durante casi dos años. Ya se trate de la Directiva Bolkestein, de la Directiva de servicios o del informe Gebhardt, todos estos textos, que son objeto de polémicas y compromisos arrancados in extremis por los Grupos políticos del Parlamento Europeo, son lo mismo y deben rechazarse enérgicamente.

Estamos resueltamente en contra de esta visión ultraliberal y antinacional del mercado interior de los servicios, cuyo único propósito, en última instancia, es destruir nuestra industria artesana y nuestras pequeñas empresas francesas al amparo de la «libre competencia no distorsionada».

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de este texto, que, a pesar de algunos avances con respecto al proyecto del señor Bolkestein, supone una grave amenaza para nuestro modelo social.

El principio del país de origen solo se ha abandonado de modo formal y no de forma efectiva, porque el vacío legal del texto lo reintroduce por la puerta de atrás –con la aplicación de hecho del Convenio de Roma y del principio de proximidad– y deja en manos del Tribunal de Justicia todo arbitraje que debería asumir el legislador, aplicando el principio del país de acogida. Los servicios de interés económico general siguen entrando en el ámbito de aplicación de la directiva, un estado de cosas lo que supone una amenaza para los servicios públicos, que ya están bastante maltrechos en Europa. La votación ha confirmado un sesgo ultraliberal.

Los Estados miembros se ven privados de los medios para regular determinadas profesiones y controlar eficazmente la aplicación de directivas como la relativa al desplazamiento de los trabajadores, frágil dique contra el dúmping social.

La Unión Europea necesita un proyecto alternativo, que incluya la armonización al alza de las normas sociales y ambientales, proteja a los consumidores y excluya los servicios públicos, que necesitan una directiva marco protectora.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He hecho saber a quien quisiera oírlo que estoy a favor de un compromiso, pero no estoy dispuesta a que me tomen por necia.

Estoy a favor del principio del país de origen. Los negociadores de mi Grupo me prometieron que la nueva redacción, que estipula que los Estados miembros deberán respetar el derecho de los prestatarios de servicios a prestar un servicio en un Estado miembro distinto de aquél en que estén establecidos, es idéntica a este principio. Si es así, puedo votar a favor del compromiso. Pero los negociadores del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo proclaman en voz alta y fuerte que han conseguido matar ese principio, que erróneamente consideran responsable de todos los males económicos y sociales.

La desaparición del principio de país de origen del artículo 16 conllevaría una inseguridad jurídica para el prestatario, que tendría que navegar a la vista bajo el control del Tribunal de Justicia.

Por otra parte, las cláusulas de salvaguardia del apartado 3 van más allá de la jurisprudencia y dan la impresión de que se puede exigir la aplicación del Derecho del país de destino sobre la base de una mera «necesidad», sin prueba de proporcionalidad y no discriminación. La vaguedad resultante de estas disposiciones esenciales me lleva a no apoyar determinadas partes del texto de compromiso en relación con el artículo 16.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. (SV) El sector de los servicios es importante y me habría gustado que se hubiera dado un mayor paso adelante en este importante mercado. Lamentablemente, la votación de hoy constituye solamente un modesto paso, lo cual lamento. Una nefasta alianza entre los conservadores y los socialdemócratas allana el camino para las zonas proteccionistas y los conflictos jurídicos legales y limitará el mercado de servicios. Esto hará que los trabajadores y los consumidores europeos salgan perdiendo. Lamento el hecho de que estemos enviando una señal a los nuevos Estados miembros que refleja que todavía hay una mentalidad de «ellos» y «nosotros». Tras dudarlo de forma considerable he votado a favor de la propuesta, que, a pesar de todo, constituye un pequeño paso adelante para el mercado de servicios.

  Toine Manders (ALDE), por escrito. (NL) La Directiva, en el formato en que la ha aprobado esta Cámara, obliga a los Estados miembros a eliminar todo tipo de obstáculos que siguen dificultando la libre circulación de servicios. He votado a favor del compromiso debido a que esto representa un progreso, especialmente para las PYME.

El mantenimiento del principio del país de origen significa que este no desaparece del Tratado, a no ser que neguemos la continuidad de la existencia del mercado interior. Confío en que la Comisión y el Consejo responderán a esto presentando una propuesta mejor.

Pese a que preferiría ver una mayor liberalización del mercado de servicios, me decepciona la postura adoptada por los Socialistas y los Demócrata Cristianos: solamente los Liberales han expresado con claridad desde el principio que respaldan el libre funcionamiento del mercado en Europa y que pretenden una mayor liberalización del mercado interior. Tanto los Socialistas como los Demócrata Cristianos han traicionado a la causa con el fin de estar en buenas relaciones con los sindicatos a costa de los consumidores. Este proteccionismo hace peligrar el futuro de nuestros hijos.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) Desde hace 50 años, entre las cuatro libertades fundamentales del mercado común figura la libertad de prestación de servicios transfronterizos. Esto es lo que confirmó el Tribunal de Justicia reconociendo un PPO, un principio del país de origen. Para los ciegos entre nosotros, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, firmado en Marrakech en abril de 1994, planteó, a escala mundial, un «cuarto modo» de prestación de servicios en forma de prestación de servicios transfronterizos, es decir, una inmigración temporal en las condiciones sociales de dúmping del país de origen.

Este es el antiguo principio que los dirigentes de Europa aparentan descubrir, cuando el PPO lleva devastando las economías europeas desde hace decenios. Querer mantener el modelo social europeo de inspiración francesa, con sus pensiones, su seguro de enfermedad, sus escuelas gratuitas, sus oficinas de correos, sus trenes y sus hospitales, no solo exige rechazar que los trabajadores sean remunerados al precio más bajo posible practicado en los países socialmente más atrasados, sino también rechazar la idea de un mercado sin protección aduanera, que es la verdadera causa del dúmping social, del que la normas del PPO no son más que un síntoma. El punto de partida de este cáncer social –la primera célula desmadrada– es la idea del mercado único sin las esclusas de los derechos de aduana. La norma del país de origen no es más que una metástasis.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Estoy satisfecho con el resultado de esta histórica votación sobre los servicios en el mercado interior. Demuestra la capacidad del Parlamento Europeo para manejar una legislación compleja y para introducir mejoras esenciales que tengan en cuenta las preocupaciones de las personas de nuestra comunidad: en este caso, garantizando que los derechos de los trabajadores y los consumidores no se vean menoscabados por una legislación ambiciosa y progresista.

Al votar a favor de la Directiva de servicios modificada, he apoyado medidas que consiguen un equilibrio entre la apertura del mercado único y la protección de los derechos sociales de los trabajadores y de nuestros servicios públicos más importantes.

La liberalización del mercado de servicios no se realiza únicamente para impulsar los beneficios de las grandes empresas, sino también para crear empleo y permitir que también los consumidores y los productores disfruten de unos beneficios económicos potenciales de cerca de 30 000 millones de euros. Esta legislación pondrá a disposición de las pequeńas y medianas empresas la oportunidad de prestar servicios transfronterizos, permitiéndoles por fin aprovechar la especial integración regional que ofrece una Unión de 25 Estados sin tener que recurrir a costosas disputas ante los tribunales.

Ante el reto que supone la existencia de prósperos mercados de servicios en terceros países, como en la India y en China, Europa necesitaba aprovechar esta oportunidad de mejorar su ventaja competitiva en un sector dinámico y que crece.

  Arlene McCarthy (PSE), por escrito. (EN) Como Presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, acojo con sumo agrado la histórica votación de hoy para liberalizar el mercado de servicios en toda Europa. Esta es la última pieza del rompecabezas de la creación del mercado interior. Durante demasiado tiempo, las pequeñas y medianas empresas han visto como una ridícula burocracia les impedía hacer negocios en otros Estados miembros de la UE. Con más de 53 asuntos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en los que distintas empresas defienden su derecho en virtud del Tratado a prestar servicios en toda Europa, ya es hora de que establezcamos normas para el funcionamiento del mercado de servicios. El Parlamento ha escuchado las preocupaciones y los temores de la gente y ha garantizado que la libertad de prestar servicios no se convierta en libertad para socavar las condiciones de empleo de los ciudadanos ni sus derechos como consumidores. Queremos acabar con el proteccionismo, pero protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores y a los consumidores. Nos ha encantado votar a favor de un compromiso que ha conseguido este vital equilibrio de intereses para los ciudadanos de toda la Unión.

  Kartika Tamara Liotard y Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) El ex comisario Bolkestein estaba convencido de que las buenas leyes y los buenos convenios colectivos, como los que existen en muchos Estados miembros de la UE, debían estar en continua competencia con la mala reglamentación que prevalece en otros. Las diferencias existentes se convertirían en un factor de competencia, con la intención de que siempre ganara el peor. Este planteamiento sumamente neoliberal pretendía ahogar todo aquello por lo que el movimiento obrero había luchado y conseguido en el curso de un siglo.

El hecho de que la directiva en su forma original no vea la luz del día se debe a la acción masiva por parte de sindicalistas y otras organizaciones. En cambio, habrá un vago compromiso entre los dos principales Grupos de este Parlamento. Dado que esta Cámara no toma decisiones claras, luego se dejarán muchas cosas en manos del Tribunal de Justicia, que podría optar inmediatamente a favor del tan controvertido principio del país de origen. Nosotros, los miembros del Partido Socialista de los Países Bajos, no hemos participado en este compromiso. Aunque votamos rotundamente en contra, hasta que esta Directiva entre plenamente en vigor apoyaremos todas las enmiendas propuestas que el movimiento sindicalista considera como mejoras. Mientras tanto, la lucha continúa; nosotros, junto con el movimiento sindicalista, resistiremos todos los intentos de los empresarios de conseguir que la gente trabaje por salarios más bajos.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Los diputados laboristas al Parlamento Europeo han votado a favor de la Directiva de servicios modificada para acabar con el proteccionismo, pero también para garantizar la protección de los trabajadores y sus empleos.

El acuerdo que tenemos ante nosotros fue debatido exhaustivamente para conseguir el resultado ideal para trabajadores y empresas en el Reino Unido.

Los mercados del Reino Unido ya están liberalizados para otros países de la UE. Es preciso que garanticemos que las empresas, incluidas las de mi circunscripción en Londres, puedan competir en pie de igualdad en el resto del Reino Unido.

Los diputados laboristas al Parlamento Europeo se han esforzado mucho por garantizar que las preocupaciones de los sindicatos británicos en torno a las condiciones laborales se tuvieran en cuenta seria y fielmente.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) Seguimos intentando derrotar la Directiva relativa a los servicios. Hoy hemos visto que esta Cámara adoptaba, por 395 votos a favor y 215 en contra, un «compromiso», improvisado por los socialdemócratas y los conservadores, que se puede calificar de más que pusilánime. Los socialdemócratas ya habían hecho bastantes concesiones vergonzosas ante los conservadores, pero, justo antes del final, hicieron otra, cuya consecuencia fue que la directiva seguiría aplicándose a la «política social» y la «protección del consumidor», de la misma forma que la libertad de prestar servicios se aplicaba a los «servicios de interés económico general». Es totalmente inaceptable.

El texto tal como se ha adoptado ha terminado siendo, no solo una licencia para el dúmping social en Europa, sino también un bofetón para los sindicalistas, los promotores de las campańas a favor de la justicia social, y para todos aquellos que, en los últimos días, semanas y meses, han salido a las calles para expresar su oposición a la Directiva Bolkestein. La conducta de los socialdemócratas alemanes ha sido especialmente vergonzosa porque, a diferencia de sus colegas franceses, han sido totalmente leales a la Directiva Bolkestein y han enviando a sus propios seguidores al matadero, como corderos.

Pero hasta ahora no empieza la lucha contra la directiva europea del dúmping social. En los próximos meses, redoblaremos la oposición a los planes que la Comisión, los Gobiernos y la gran coalición antisocial tienen para Europa.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La decisión de permitir que los proveedores de servicios ofrezcan sus servicios en cualquier otro Estado miembro, sin encontrar grandes obstáculos en su camino, protege los intereses de los consumidores, de los trabajadores, de los proveedores de servicios y de Europa en conjunto.

El mercado de servicios tiene el máximo potencial de crecimiento y desarrollo en la economía europea, y nuestro objetivo es promover reformas que estimulen la economía, y proteger los derechos de los trabajadores, los consumidores y la comunidad empresarial, en concreto de las pequeńas y medianas empresas, que tradicionalmente son las que salen perdiendo con los obstáculos administrativos, políticos y económicos.

Apoyo este informe porque estoy a favor de la verdadera libertad para crear y prestar servicios en la UE. Si es posible proporcionar productos y servicios libremente en otro Estado miembro, no existe justificación alguna para impedir que el proveedor de servicios se desplace, siempre que cumpla determinados principios, sobre todo de naturaleza pública y social, que quedan protegidos en la versión adoptada.

A pesar del compromiso –necesario en un Grupo político con las responsabilidades del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos– el resultado es equilibrado y, sobre todo, un claro indicio de que el Parlamento quiere una economía más centrada en la creación de puestos de trabajo, más efectiva, más justa y más competitiva.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Sin duda, el Parlamento Europeo ha marcado hoy un hito en la historia de la democracia parlamentaria europea con su voto sobre la denominada Directiva Bolkestein.

Conciliando lo irreconciliable –la posición de Francia y la de Polonia, la de la CES y la de Unice, la de los socialistas progresistas y la de los liberales no dogmáticos–, este voto representa un paso adelante hacia una Europa ciudadana. Una Unión Europea que rechaza el compromiso cuando se trata de dúmping social, pero no por ello olvida la supresión de las barreras proteccionistas a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento.

Sí, el Parlamento sale crecido de esta votación. No solo ha desempeñado plenamente su papel de legislador –por ejemplo, con la supresión del principio del país de origen–, sino que ha sabido también evitar la trampa tendida por una coalición de euroescépticos y timoratos hombres del «no», que, enfermos de amnesia, parecen haber olvidado que el 1 de junio de 2004 festejamos la reconciliación europea.

Privilegiando la política de la mano tendida a nuestros amigos de los diez nuevos Estados miembros, acabamos, ni más ni menos, de hacer caer un nuevo muro de Berlín; esta vez, en nuestras mentes, ˇy espero que por mucho tiempo!

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) La propuesta de Directiva sobre la liberalización de los servicios da forma tangible a una idea que tiene casi 50 años de antigüedad, dado que una de las primeras prioridades de la Unión Europea era que la libertad de servicios fuera un elemento central del proyecto europeo.

La solución que se ha adoptado es una victoria para la democracia europea y resuelve un atolladero que hasta hace poco se creía insuperable. Sin este acuerdo, estaríamos en una situación en la que nadie se atrevería a tocar este tema en los próximos años, lo que tendría un efecto adverso en el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

Ya por sí sola, la eliminación de diversos obstáculos administrativos y burocráticos que perjudicaban la libre circulación de personas y servicios ha hecho que valga la pena adoptar esta directiva.

Los principales beneficiarios serán las pequeńas y medianas empresas, ya que no deberán seguir enfrentándose a las frustraciones que sentían al intentar trabajar en un país vecino. Antes, necesitaban tener residencia, una oficina o una filial en el país de destino, haberse registrado previamente ante alguna autoridad administrativa, o demostrar que dominaban el idioma del país. Con esta directiva, esos días han pasado a la historia.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Toda persona que haya seguido de cerca el debate sobre la Directiva de servicios se sorprenderá al descubrir que el compromiso entre conservadores y socialdemócratas se ha interpretado de formas distintas. Un Grupo de la derecha defiende el compromiso porque «no afecta al principio del país de origen», mientras que la izquierda considera que es «un marcado alejamiento del mismo principio del país de origen».

Por lo tanto, tenemos dos opiniones en extremos opuestos del espectro. Y lo que es más, este compromiso no deja claro hasta qué punto los Estados miembros pueden imponer criterios duros y rápidos sobre la prestación de determinados servicios en su territorio, para evitar el dúmping social.

Además, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo han eliminado la referencia a la política social y la protección del consumidor.

Aunque el Parlamento ha conseguido eliminar toda una gama de servicios del alcance de la Directiva, sigue aplicándose a una gran cantidad de servicios de interés económico general.

Dado que el refrito de la Directiva Bolkestein contiene, en cualquier caso, muchas ambigüedades jurídicas, comportará una vez más muchos pleitos para el Tribunal de Justicia Europeo. En modo alguno el documento revisado ofrece la transparencia y la seguridad jurídica que se precisan.

Nosotros, los verdes, considerábamos esencial que se excluyeran los servicios de interés económico general del documento final y se eliminara del mismo el principio del país de origen. Dado que nuestras peticiones no han sido recogidas, al final he votado en contra.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los diputados europeos del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, la llamada Directiva Bolkestein.

Condenamos el vergonzoso acuerdo conseguido entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, apoyado por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que han votado a favor de la frustrada directiva sobre la «liberalización de servicios» a petición de la UNICE.

Las enmiendas propuestas y a favor de las cuales han votado el Partido Popular Europeo, el Grupo socialista y los liberales han reforzado el carácter reaccionario de la Directiva, dado que:

a) amplían la ausencia de responsabilidad de los monopolios en el sector de los servicios al poder establecer sus oficinas centrales en países con un «entorno comercial atractivo»: desgravación fiscal, servicios de baja calidad, mano de obra barata y sin derecho de representación, sin convenios colectivos, etc., para aumentar al máximo sus beneficios;

b) echan un jarro de agua fría a los servicios públicos/sociales (educación, gestión del agua y de los residuos, almacenamiento de materiales peligrosos, servicios postales, servicios culturales, servicios de bienestar social, etc.) que se están privatizando y quedan totalmente bajo el control de los monopolios;

c) perjudican los derechos fundamentales laborales y sociales de la clase obrera: convenios colectivos, seguros y pensiones, el derecho sagrado a la huelga conseguido por la clase obrera con una dura lucha de clases;

d) entregan la compra de servicios al capital monopolista, con consecuencias desastrosas para las pequeñas empresas y los autónomos, y dejan la calidad y el precio de los servicios en manos del voraz apetito del capital para que consiga unos beneficios excesivos.

  Diana Wallis (ALDE), por escrito. (EN) He votado en contra de la inclusión de un nuevo considerando 13b en la Directiva de servicios porque la afirmación de que el consumidor siempre se beneficiará de la protección que le concede la legislación en materia de consumo de su Estado miembro es una descripción engañosa de la situación jurídica real.

  Anders Wijkman (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy, el Parlamento Europeo ha votado sobre uno de los asuntos legislativos más importantes que hemos tratado jamás, la Directiva sobre servicios. La Directiva relativa a los servicios está pensada para eliminar los obstáculos de dos de las libertades que han formado parte del Tratado de la CE desde 1958: la libertad de establecimiento para proveedores de servicios, y la libertad de circulación de servicios. El potencial para el comercio de servicios es inmenso, y Suecia es uno de los países que más tiene que ganar con un mercado de servicios eficiente.

El debate sobre la Directiva de servicios ha sido variado. Los sindicatos suecos y europeos dicen que la directiva contribuye al «dúmping social». No es así, porque la Directiva no aborda temas relacionados con el derecho laboral. Además, los aspectos relacionados con el derecho laboral han quedado claros con la decisión del Parlamento.

Quiero ver una directiva de servicios que elimine las barreras administrativas y demás obstáculos para el comercio. También quiero que el alcance de la directiva sea lo más amplio posible. Por lo tanto, he votado a favor de que ámbitos como la atención sanitaria privada, las agencias temporales y los servicios de interés económico general queden cubiertos por la directiva.

La decisión que hoy ha tomado el Parlamento se basa en parte en un amplio compromiso. Los compromisos casi nunca son perfectos pero suelen ser necesarios si se quiere conseguir el objetivo en cuestión. Espero que los Estados miembros de la UE consigan tomar una decisión sobre el tema más adelante este mismo ańo para que podamos avanzar sobre esta cuestión tan importante.

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), por escrito. (LV) He votado en contra de las enmiendas a la Directiva de servicios que querían evitar la introducción del principio del país de origen. Al mismo tiempo, apoyo las enmiendas que resaltan la necesidad de no permitir una reducción de la calidad del servicio, asegurar que no se deterioren los intereses de los consumidores y que se tengan en cuenta las consideraciones sobre la salud y la seguridad. Creo que eliminar el principio del país de origen influirá sobremanera en la libre circulación de servicios en la UE, limitando las oportunidades de las empresas de los nuevos Estados miembros para competir libremente en el sector de servicios del mercado de la UE. Imponer unos requisitos injustificados a un proveedor de servicios establecido en un país miembro de la UE y crear unas condiciones desiguales no es compatible con los principios del mercado interior de la UE y no se puede tolerar.

Los ciudadanos de Letonia y también los de otros nuevos Estados miembros creen que cerrar el sector de los servicios de los antiguos Estados miembros, en la práctica, a nuestras empresas y trabajadores provoca una gran decepción y es renegar de las promesas que la UE hizo a los nuevos Estados miembros durante el proceso de adhesión. El pueblo de Letonia ha pagado un precio muy elevado por la adhesión a la Unión Europea. Al abrir completamente su mercado interior a los productores de Occidente, Letonia ha destruido su industria y su agricultura.

Creo que debemos llegar a un acuerdo sobre una Directiva basada en la solidaridad entre los antiguos y los nuevos Estados miembros de la UE y el principio de la igualdad de derechos.

- Informe: McGuinness (A6-0023/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora McGuiness, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural para el período 2007–2013. En el marco de la reforma de la Política Agrícola Común, el desarrollo rural va a adquirir una importancia decisiva para el 90 % del territorio de la Unión Europea y el 50 % de su población. Dichas directrices son buenas en su conjunto y me alegra que el Parlamento Europeo reconozca progresivamente que las zonas de montaña requieren una ayuda preferente.

Habrá que estar muy atentos a los recursos –y, más específicamente, los recursos financieros– que se empleen. Lamento que no se haga más hincapié en la necesidad de velar por que las zonas rurales tengan las mismas oportunidades en la competencia económica y social actual, por ejemplo mediante la aplicación de una política de grandes obras de infraestructuras, como autopistas, transporte ferroviario de alta velocidad, la red aérea y acceso a los puertos, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La Unión Europea debe ser garante de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y de las empresas independientemente del lugar en que se encuentren en territorio europeo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de este informe porque estamos de acuerdo con su orientación general, aunque nos oponemos a una o dos de sus afirmaciones.

Dicho esto, el objetivo principal del informe es abordar los problemas del mundo rural. El informe dice que, debido a su situación desfavorecida, hay que prestar especial atención a las zonas rurales, y resalta la gran diversidad de situaciones y características específicas de cada Estado miembro.

Hay que otorgar especial importancia tanto a las zonas rurales, alejadas, montańosas y desfavorecidas que sufren la despoblación y la decadencia como a las zonas urbanas periféricas que cada vez tienen mayor presión de los centros urbanos. También quiero resaltar la inclusión de propuestas de cara a apoyar iniciativas locales, como los mercados de agricultores y los programas de adquisición de alimentos de calidad locales, así como la necesidad de ayudar con eficacia a los jóvenes agricultores para mejorar la transferencia entre generaciones.

Hay que conceder un trato especial a las regiones más remotas, donde las granjas son pequeńas, están aisladas, y a menudo expuestas a condiciones climáticas extremas, con una gama de productos limitada.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) Las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural constituyen la base de los futuros programas nacionales de desarrollo rural, y armonizan los objetivos y las medidas a aplicar en el ámbito de este importante sector europeo.

Es de extrema importancia establecer las estrategias de forma clara y profunda, con el fin de fomentar el desarrollo de las zonas rurales europeas, mejorando las condiciones de vida de las personas en dichas zonas y enriqueciendo el entorno rural.

Acojo con gran satisfacción tanto la propuesta de la Comisión, que ofrece una amplia gama de objetivos y medidas, como el informe McGuinnes, que ajusta las directrices estratégicas en varios ámbitos específicos, como la protección del patrimonio cultural rural y el paisaje rural.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Después del debate sobre las directrices estratégicas de desarrollo rural, de conformidad con el procedimiento de conciliación, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha presentado muchas propuestas dignas de elogio. Pero el Parlamento Europeo intenta continuamente ejercer más control sobre las políticas agrícolas y regionales de los Estados miembros. Y es algo que no vemos con simpatía.

No creemos que deba vincularse a los Estados miembros a larguísimos documentos de establecimiento de objetivos en lo que se refiere al desarrollo rural. Creemos firmemente que los Parlamentos nacionales o regionales de los Estados miembros pueden abordar este tema de forma constructiva y satisfactoria.

Por lo tanto, hemos votado en contra de esas enmiendas que el Parlamento Europeo desea presentar al documento del Consejo en relación con las directrices estratégicas de desarrollo rural.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Las directrices estratégicas comunitarias deben adoptarse para el próximo período financiero 2007-2013, en el ámbito del nuevo Reglamento sobre desarrollo rural. Quiero resaltar la importancia del desarrollo rural, sobre todo porque las zonas rurales constituyen un 90 % del territorio de la UE y un 50 % de la población de la UE vive en esas zonas.

El objetivo de esas orientaciones estratégicas es definir aquellos ámbitos en los que la financiación de la UE puede crear el máximo valor ańadido a escala de la UE, traducir las principales prioridades de la UE en desarrollo rural, garantizar la coherencia de los programas con las demás políticas de la UE y apoyar la implementación de la nueva PAC y la necesaria reestructuración de los antiguos y los nuevos Estados miembros.

Igual que la ponente, apoyo esta propuesta de decisión del Consejo, porque aborda la necesidad de proporcionar a los Estados miembros unas directrices más claras para la ejecución del Reglamento. Sin embargo, debería otorgarse una prioridad especial a la modernización del sector agrícola y forestal, y ayudar a los jóvenes agricultores y a sus familias para que no abandonen las zonas rurales.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) ¿Se puede tener desarrollo rural sin gente del campo? ¿Quedarán pueblos y paisajes en el sur de Francia vitícola si arrancamos las viñas, si hacemos cerrar las bodegas cooperativas y privadas y si las casas de los viticultores son sustituidas por edificios de viviendas?

¿Pasa el desarrollo rural del sudoeste y del Périgord, de Cévennes, de Causses, por la desaparición de los rebaños de ovejas, de los pastores y de los ganaderos, para poner en su lugar a jubilados ingleses, neerlandeses y del norte de Europa?

El desarrollo rural en el segundo pilar no es más que una cortina de humo. Es la forma elegante de expresar la desaparición de nuestras producciones agrícolas en beneficio de los productores brasileños, australianos o del Pacífico Sur, con el premio de consolación de una modesta función de jardineros paisajistas para los supervivientes de las comunidades campesinas de Francia y Europa.

El concepto de desarrollo rural es tan hipócrita como el de «agricultura multifuncional». Es un analgésico, un cuidado paliativo, aplicado a las mujeres y los hombres del campo a los que se sacrifica consciente e innoblemente al gran «trato global». En el Pacífico Sur, la atención se centra en la agricultura; en Europa, en la ilusión del mercado de servicios.

Como Europa ha vendido estúpidamente a sus campesinos, se inventa una política farisea de «desarrollo rural» en el desierto humano y económico que Bruselas ha creado en nuestra campiña.

- Nuevos mecanismos financieros para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (RC-B6-0119/2006)

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) La UE tiene una responsabilidad y una oportunidad únicas en esta materia. Solo ella reúne las dos condiciones necesarias para la implantación de los nuevos mecanismos: masa crítica y voluntad política. El texto que se nos presenta no está, por desgracia, a la altura de esta expectativa.

Es cierto que esta resolución presta un apoyo de principio a las nuevas fuentes de financiación del desarrollo, insistiendo en que estos fondos se sumen a la ayuda pública tradicional y no la reemplacen. Pero esta posición del Parlamento es muy tímida.

El apoyo se expresa a regañadientes y el concepto central en este debate –un «impuesto mundial» para financiar el desarrollo– se ha pasado por alto. Los distintos proyectos que están hoy sobre la mesa, relativos por ejemplo a la fiscalidad de las transacciones financieras, las emisiones de CO2, las ventas de armamento, no se mencionan. No se hace referencia alguna a los «bienes públicos mundiales» que estos mecanismos deberían financiar de forma prioritaria.

Porque es un primer paso en la dirección correcta, votaré a favor de este proyecto de resolución. Pero quiero ver en él un estímulo para avanzar más rápido y más lejos en una aplicación concreta de estos nuevos instrumentos a escala europea.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Me complace este debate y esta resolución sobre formas innovadoras de obtener financiación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sea mediante una tasa sobre el transporte aéreo o mediante un impuesto Tobin sobre las transacciones monetarias. Apoyo y defiendo estas medidas desde hace casi una década y me alegro de que tanto Francia como Bélgica hayan aprobado la legislación pertinente, mientras que esa misma legislación está en estudio en Italia, donde el año pasado aporté mi testimonio sobre el asunto ante la Comisión de Finanzas y Asuntos Exteriores del Senado italiano.

Sea cual sea el método que se utilice para recaudar fondos, estos deben defenderse para que sirvan para ayudar a quienes viven en la más extrema pobreza, los 1 200 millones de personas que sobreviven con menos de 1 euro al día, a acceder a una vivienda y educación básicas, al agua y a la atención sanitaria.

Me complace especialmente el apartado 7, que contribuirá a impulsar el trabajo de la campaña Stamp Out Poverty dirigida por David Hillman y la Tobin Tax Network.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Combatir la pobreza es uno de los grandes retos que deben afrontar todos los países. Sin embargo, la Lista de Junio cree que el trabajo debe financiarse con los presupuestos nacionales de cada país. Ni la ayuda internacional ni otros proyectos elogiables deben comportar bajo ninguna circunstancia que la legislación fiscal nacional se vea substituida por la legislación fiscal de la UE. Por eso votamos en contra de la resolución.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque esta propuesta de resolución incluye puntos sobre los que tenemos serias dudas, apoyamos los aspectos más positivos de la resolución.

Dicho esto, tendremos muy pocas posibilidades de alcanzar los Objetivos del Milenio –erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo– si solo ponemos en práctica unas medidas limitadas, de cara a la imagen.

Esos objetivos urgentes y valiosos solo se alcanzarán si existe un cambio radical en las políticas que aplican actualmente los principales poderes capitalistas y los foros internacionales dominados por dichos poderes, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lo que necesitamos es el fin de la competencia capitalista, de la liberalización del comercio, de las privatizaciones, de la reducción de los derechos y los salarios de los trabajadores, de que las políticas nacionales estén dominadas por grandes grupos económicos y financieros y de la concentración de la riqueza en unos pocos a costa de la explotación y la opresión de las personas.

Para conseguir estos objetivos tiene que haber una revisión completa del sistema, es decir, del capitalismo, que fomenta la explotación, la desigualdad, la pobreza, la violencia y la opresión.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. – (EN) Yo firmé esta moción, que, a mi juicio, establece un mecanismo comunitario viable para alcanzar objetivos de desarrollo internacional dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Alcanzar esos objetivos es importante para muchos de los habitantes de mi circunscripción en Londres.

- Libertad de expresión y respeto a las convicciones religiosas (RC-B6-0136/2006)

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Señor Presidente, quería referirme a la resolución sobre la libertad de expresión. No he podido apoyar la resolución porque quienes inicialmente ofendieron los sentimientos de otros han actuado de forma muy arrogante. Cuando se sintieron amenazados por el boicot de sus productos, empezaron a pedir disculpas comportándose así de forma cobarde. El texto no denuncia ni la arrogancia ni la cobardía y este es precisamente el motivo por el que no he podido apoyar la resolución.

(Aplausos)

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Señor Presidente, no he votado a favor de esta resolución porque la considero extremadamente floja.

En particular, quiero destacar que las reacciones a las viñetas, hayan sido ofensivas o no –cosa que corresponde decidir a los tribunales–, no han partido solo de la escoria de la sociedad, como sucedió en Francia durante los disturbios en los suburbios.

En este caso ha habido reacciones oficiales, como la retirada de embajadores y el boicot oficial a los productos daneses, que son productos europeos. Esto demuestra, como ha destacado ya en varias ocasiones la escritora Oriana Fallaci, que no existe un islam tolerante, porque un islam tolerante se habría reído de las viñetas o las habría ignorado, pero sin duda no habría reaccionado de este modo.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) En mi opinión, la libertad de expresión solo debe restringirse en muy contadas ocasiones. Por supuesto, debe ser ilegal gritar «fuego» en un cine o provocar directamente el odio racial. Partiendo de esa base, me resulta difícil entender cómo Nick Griffin, el líder del neofascista British Nationalist Party, fue absuelto este mismo mes de un delito de incitación al odio racial después de sus comentarios tanto sobre el islam como sobre el adolescente negro Stephen Lawrence, que murió asesinado.

Sin embargo, no estoy seguro de que las caricaturas danesas publicadas entren en esa categoría. Desde luego, resultaron ofensivas para muchas personas, pero eso no significa que reúnan los requisitos para ser calificadas de incitación al odio racial. Desde luego, cuando veo que la derecha fundamentalista cristiana europea se opone a su publicación, empieza a preocuparme que las leyes contra la blasfemia vuelvan a desempolvarse en Europa. La posición correcta habría sido no prohibir la publicación, sino condenar el contenido de muchas de esas caricaturas.

Sobre el «código de conducta» para periodistas del señor Frattini, se merecía la decisión que se tomó al respecto. No obstante, si vamos a proteger del ridículo, de ataques o de insultos, las profundas creencias de las personas, quizá algunos de los periódicos sensacionalistas británicos ya pueden empezar a respetar mi antirracismo, mi odio a la homofobia, mi socialismo y mi compromiso proeuropeo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos sentimos profundamente alarmados por la postura que ha adoptado la mayoría del Parlamento en relación con el incremento de la tensión internacional. Su postura minimiza la importancia del ambiente profundamente provocador que rodea la publicación de las caricaturas, y del que los peligrosos acontecimientos son una amplia prueba.

Es vergonzoso intentar justificar el aumento del intervencionismo de los Estados Unidos en Oriente Próximo creando un ambiente de choque de civilizaciones. Igual de alarmante es el hecho de que los principales poderes de la UE se acerquen a las ambiciones de los Estados Unidos en la zona. No hay que olvidar que la iniciativa de bloquear una solución negociada bajo los auspicios del Organismo Internacional de la Energía Atómica en Irán vino de Alemania, Francia y el Reino Unido, un objetivo muy apoyado por los Estados Unidos.

Al contrario de lo que algunos creen, son los Estados Unidos y sus aliados, sobre todo Israel, quienes constituyen una amenaza para la paz y perpetran la guerra, la agresión y la ocupación. Son los que han ocupado Afganistán, Iraq y Palestina, y tienen infinitas bases y miles de soldados destacados en la región. Por lo tanto es esencial tomar medidas para invertir el ciclo actual de incitación a la violencia, promover una distensión de las relaciones internacionales y proteger la paz.

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), por escrito. (NL) Debido a la sutil distinción que se ha realizado, al final no he podido expresar mi aprobación de la propuesta. Considero que las palabras edificantes de algunos apartados están fuera de lugar. De nuevo se crea la impresión de que la libertad de expresión de opiniones y la libertad de prensa son negociables. No puedo suscribirlo y no lo suscribiré. Para mí, la libertad de expresión de opiniones es un derecho absoluto y, en este sentido, me gustaría citar a Voltaire, que dijo: «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo».

En la sociedad liberal europea, la libertad de religión va de la mano con la libertad para criticar una religión y, desde luego, lo que se deriva de ella. El mundo islámico puede protestar, pero este mensaje debería machacarse sin ambigüedades. Al fin y al cabo, si huimos del lobo, terminaremos en las garras de un oso.

Con su actitud esquizofrénica y extremadamente cautelosa, la UE y sus Estados miembros están cediendo ante las opiniones de los musulmanes radicales con una interpretación fundamentalista del Corán. Las amenazas y el miedo no deben conseguir jamás que vendamos nuestras libertades. La historia nos ha enseñado que los problemas no vienen por un exceso de libertad, sino más bien por restringirla demasiado.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado a favor de esa resolución porque en muchos aspectos constituye una respuesta equilibrada a la poco meditada actuación del periódico danés al encargar unas viñetas del profeta Mahoma para su publicación, sabiendo que se iba a considerar un acto ofensivo. Reconoce que la reacción fue orquestada en general por fuerzas políticas que intentaban fomentar el odio hacia algunos Gobiernos occidentales y también reconoce que la gran mayoría de los musulmanes no reaccionaron con violencia, sino con dignidad e indignación por la violencia, porque consideran que no refleja los valores de su fe. Sin embargo, observo que una vez más el Parlamento no ha criticado a uno de nuestros Estados miembros, que ha recibido críticas del Consejo de Europa por calentar el ambiente respecto a la inmigración. Con ello se ha creado un clima tenso. El Parlamento debe ser coherente con su postura ante los fallos cometidos dentro de sus fronteras y no solo con los que se cometen fuera de ellas.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Me decepciona que esta resolución sobre una controversia importante sea poco clara, ambigua y no aborde de forma adecuada el contexto de la controversia de las «viñetas». La libertad de expresión debe compensarse con un uso responsable de este poder. Y preocupa a mucha gente, como a mis electores de Londres, a quienes he respondido de forma individual.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El esfuerzo de la Comisión, el Consejo y los Grupos políticos que apoyan la política de la UE para presentarse como defensores de la «libertad de prensa y el respeto por las creencias religiosas» es un insulto para las personas. En realidad intentan ocultar las responsabilidades políticas y el objetivo de la publicación de las caricaturas de Mahoma, así como la publicidad que les dieron los principales periódicos europeos.

No es una coincidencia. La nueva publicación guarda relación con las elecciones en Palestina y la intensificación de la agresión imperialista en Irán, Siria y la región en general. Quienes hacen lo posible por la «libertad de prensa» ignoran deliberadamente el hecho de que Mahoma y el Islam se identifican con el terrorismo en las caricaturas, con el fin de preparar a la opinión pública para que acepte nuevas guerras e intervenciones imperialistas contra los países con población musulmana. Por lo tanto han provocado una fuerte reacción y manifestaciones masivas por parte de los ciudadanos que han pagado y están pagando las intervenciones imperialistas y las guerras de los Estados Unidos y la UE con ríos de sangre.

El verdadero conflicto reside entre el imperialismo y los pueblos, entre el explotador y el explotado que, independientemente de su religión, color y sexo, debe unirse a la lucha y derrocar el sistema imperialista en su conjunto.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El principal valor de la sociedad en la que nos sentimos orgullosos de vivir es la libertad. Principalmente nos sentimos libres y, por definición, responsables.

El quid de la cuestión de los recientes acontecimientos no era el ejercicio de la libertad de expresión, sino la reacción inaceptable de quienes decían que habían sido ofendidos. Aunque toda indignación es legítima, no todas las formas de expresar la indignación lo son. Nuestra máxima prioridad es denunciar esos abusos y los ataques contra los Estados miembros de la UE. Condenamos la violencia y queremos expresar nuestra solidaridad con Dinamarca y con los demás Estados miembros.

Además, todos somos conscientes de que estos acontecimientos han sido cuidadosamente orquestados, y que han tenido un gran impacto en las relaciones entre Occidente y el mundo musulmán. Independientemente de nuestras libertades, sobre todo la libertad de expresión, toda manifestación o promoción de odio, racismo y xenofobia debería ser condenada rotundamente. La libertad debe ejercerse con responsabilidad, ahora y en cualquier momento.

No debemos hacer ninguna concesión en nuestro derecho a ser libres, pero tampoco debemos provocar conflictos. Al contrario, debemos evitar los conflictos porque sabemos que la paz y la seguridad del mundo dependen en general de nuestro sentido de la responsabilidad

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) He aquí a qué nos hemos visto reducidos: a 200 palabras como máximo porque los presidentes de los Grupos han decidido a puerta cerrada que nuestro debate sobre la libertad de expresión sería privado de esa misma libertad.

Un orador por Grupo es una auténtica negación de la democracia, cuando esta controversia de las caricaturas está en las portadas de la prensa en todo el mundo y está levantando ampollas en una parte de este.

¿Se ha insistido suficientemente en que la caricatura que hizo que estallara todo no contaba otra cosa que lo que hacen los terroristas: perpetrar sus actos en nombre de Alá? No es una caricatura del islam, es una caricatura del fanatismo.

¿Se ha denunciado suficientemente la manera en que se está metiendo en un mismo saco a un caricaturista, un periódico, un país y un Gobierno?

Se mantienen secuestradas la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son los fundamentos de nuestros valores. Sí, quiero estrechar los lazos entre nuestras culturas, pero no acepto regateos con respecto a nuestros valores. Los derechos humanos tienen preferencia sobre la ley de Alá o de cualquier otro Dios.

Si hay desviaciones, abusos o incitación al odio, corresponde a los tribunales juzgarlo, pero rechazo la censura. No permito a nadie que apague las filosofías de la Ilustración que reivindico como propias.

  Wojciech Roszkowski (UEN), por escrito. (PL) La crisis provocada por la publicación de las caricaturas que representaban a Mahoma y las reacciones extremas de los fanáticos islámicos han revelado no solo el alcance de la división cultural entre la civilización occidental y el mundo islámico, donde se ha aplicado el principio de la responsabilidad colectiva y no hay ningún respeto por la libertad religiosa, sino también una grave crisis de la democracia liberal. La democracia liberal ha demostrado ser incapaz de imponer el Estado de Derecho en las comunidades musulmanas de Europa o el respeto por la libertad religiosa de los Estados musulmanes. En cambio, al hacer que la libertad de expresión sea un derecho absoluto, ha conseguido ofender la sensibilidad religiosa de los musulmanes. Pero la libertad de expresión sin responsabilidad conduce inevitablemente al conflicto.

El respeto por las sensibilidades nacionales y religiosas constituye la base del respeto por las personas que las expresan, independientemente de si estamos de acuerdo con sus opiniones o no. Por lo tanto, estas sensibilidades no deben ofenderse con representaciones blasfemas de la cruz, de Mahoma o de las víctimas del Holocausto. El señor Cohn-Bendit no tiene razón al pedir que las religiones se «desreligionicen» en el ámbito público. La religión siempre será distinta del debate político, a menos, por supuesto, que deje de ser una religión y se convierta en una ideología. Una caricatura que representa al señor Cohn-Bendit no es lo mismo que una caricatura que representa a Mahoma.

Simplemente no podemos obligar a los demás agentes de la esfera pública a despojarse de su sensibilidad religiosa. Todo intento de hacerlo tendrá las mismas consecuencias que la publicación de las caricaturas de Mahoma. Por este motivo he votado en contra del apartado 5 de la resolución y me he abstenido de votar sobre la resolución en conjunto, dado que se ha aceptado el apartado 5.

  Gary Titley (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) se ha abstenido sobre el apartado 5 y en la votación final de esta propuesta de resolución conjunta porque creemos que es una propuesta confusa, repetitiva y carente de claridad.

Creemos firmemente en el derecho a la libertad de expresión equilibrada por el derecho de los periodistas y demás personas a utilizar este poder de forma responsable. A la propuesta le falta equilibrar de forma clara estos objetivos contrapuestos y transmitir con precisión el contexto en el que ha surgido la controversia actual.

El EPLP está en contacto con las personas del Reino Unido que nos han expresado su preocupación.

- Bosnia y Herzegovina (RC-B6-0095/2006)

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) Señor Presidente, Señorías, Bosnia y Herzegovina es el país que experimentó el mayor esfuerzo sostenido por parte de quienes querían destruir la coexistencia multiétnica de los Balcanes y provocar un conflicto entre personas en el ámbito religioso. Quiero resaltar que ello no afecta, en modo alguno, a las relaciones entre países sino, más bien, a las relaciones entre personas que pertenecen a la fe musulmana o católica. La comunidad judía se vio obligada a huir del país al inicio del conflicto y nunca se vio implicada en él. Otra peculiaridad es que cuando se fundó el país, la mayor parte de la comunidad ortodoxa vivía en zonas rurales, mientras que la mayor parte de los musulmanes vivía en las ciudades. Debemos tener esto en cuenta cuando elaboremos los programas de ayuda de la UE.

Por lo tanto, acojo con satisfacción el artículo 16 de la Resolución, que pide que se preste más atención a las necesidades especiales de las zonas rurales. También es hora ya de pedir al Tribunal de La Haya que empiece a perseguir a aquellos criminales de guerra que actuaron por motivos no relacionados con su fe religiosa. En la terminología que aquí utilizamos, hablamos de los serbios. Debemos admitir que incluso este Parlamento ha fracasado a veces al intentar llegar a una conclusión justa. Por ejemplo, en algunos fragmentos de la Resolución que tenemos ante nosotros, sobre el décimo aniversario de los acontecimientos de Srebrenica se considera solo a un bando culpable del asesinato masivo, en contra de los hechos establecidos.

Me complace que los métodos dictatoriales utilizados por los actuales administradores del país se releguen ahora al pasado. Es otro informe positivo que intenta apoyar el desarrollo económico, sobre todo a través del acuerdo de los Estados de los Balcanes Occidentales para el regreso de refugiados y para la compensación por dańos a la propiedad. En consecuencia, hemos votado a favor, a condición de que una parte de la Resolución se redacte de nuevo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) ¿Cómo se interpreta que la mayoría del Parlamento haya rechazado las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, que resaltaban el derecho de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina a decidir el futuro de su propio país y que pedían la retirada a la primera oportunidad posible de todas las tropas extranjeras del país?

En la actualidad Bosnia Herzegovina es un protectorado ocupado por unos 7 000 soldados de la OTAN y la UE. Está bajo el control de un Alto Representante de la ONU y la UE con excesivos poderes antidemocráticos, a quien el Parlamento «pide» que ejerza dichos poderes con «moderación».

Con este telón de fondo, el Parlamento, en un vergonzoso acto de intromisión y falta de respeto por la voluntad soberana del pueblo de Bosnia y Herzegovina, insta al Consejo y a la Comisión a implicarse en el actual proceso de reforma constitucional y abrir negociaciones con la intención de integrar el país en la UE. Con este fin, se ha presentado una lista de especificaciones donde se pide, entre otras cosas, la reforma y la reducción del estricto sistema de fijación de salarios, especialmente en el sector público, que se acelere el proceso de privatización, la reforma y la liberalización del sector energético, y la reestructuración y liberalización del sector ferroviario, que consideramos inaceptable.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) En Bosnia y Herzegovina, los ciudadanos tienen experiencia con diversos tipos de gobierno. La época del gobierno turco benefició a los musulmanes del centro y el noroeste, que se consideran los verdaderos bosnios; los católicos del suroeste, que se denominan a sí mismos croatas, se vieron beneficiados bajo la dominación austriaca; y la era yugoslava benefició a los ortodoxos del norte y el este, que se describen a sí mismos como serbios. Bosnia se disolvió como unidad administrativa en los años veinte, y fue reestablecida después de la Segunda Guerra Mundial como zona mixta en el centro del Estado federal con la intención de ayudar a integrar a los diversos pueblos en Yugoslavia, de la que era una versión en miniatura. Resultó ser un completo desastre. Durante la guerra de 1992-1995, cada uno de esos grupos hizo intentos unilaterales de imponer sus propios deseos. Dayton fue una panacea con la que se pretendía conseguir la paz y la reconciliación, y, aunque es una estructura ineficiente y costosa, nació de la necesidad de conciliar aspiraciones muy diversas, y así, a pesar de todos sus defectos, no debería descartarse sin más sino que debería utilizarse para construir una estructura federal sostenible en la que todos pudieran convivir en paz. Los ciudadanos deben poder elegir libremente en vez de que Europa les diga qué deben hacer.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La UE es colectivamente responsable de la disolución de Yugoslavia, las guerras de la OTAN y la drástica situación de sus pueblos. Después del acuerdo de Dayton, los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina han sufrido la ocupación de la OTAN, que recientemente a sido sustituida por 7 000 soldados del ejército europeo.

La OTAN decidió qué partidos políticos podían actuar y el administrador de la OTAN sacó al presidente electo del país. En 11 años, el desempleo ha llegado al 40 %, mientras que el 50 % de las personas viven por debajo de la línea de pobreza, un 50 % carecen de atención médica o farmacéutica y el 18 % no tienen electricidad. Más de 600 000 refugiados, principalmente de origen serbio, no han vuelto a su casa. La corrupción, el crimen organizado y el mercado negro prosperan. Esta «democracia» fue introducida por los imperialistas. Convirtieron los países de los Balcanes en protectorados que ahora se preparan para ser anexionados a la UE.

La propuesta de resolución de los Grupos políticos que apoyan la política imperialista de la UE constituye una burda coacción para que los ciudadanos del país acepten los cambios constitucionales dictados por el imperialismo y cumplan las sugerencias previas a las elecciones parlamentarias de octubre, con la amenaza de quitarles las migas del acuerdo de estabilización y asociación que se está negociando.

El Partido Comunista de Grecia considera que los pueblos de los Balcanes deben luchar directamente, junto con los pueblos de la UE, para que se vayan las fuerzas de ocupación.

- Situación en Belarús (RC-B6-0109/2006)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Uno puede preguntarse por qué Belarús es el país con el mayor número de resoluciones del Parlamento Europeo que condenan su conducta. Algunos podrían responder que se debe a la situación de los derechos humanos.

Pero, aunque alguien acepte esta opinión, también puede preguntarse por qué el Parlamento no adopta, con el mismo entusiasmo, resoluciones sobre países con situaciones que se podrían considerar igual de graves, o más. ¿Podría ser porque Belarús se ha negado hasta ahora a aceptar unas demandas inaceptables y ha rechazado la interferencia de los Estados Unidos y las principales potencias europeas?

¿Podría ser porque, a diferencia de la mayoría de los países de la zona, ha bloqueado y ha dado marcha atrás en las privatizaciones de los principales sectores económicos, ha invertido en agricultura y producción doméstica, ha mejorado las condiciones de vida de sus ciudadanos, y en realidad es el único país del antiguo bloque soviético que ha recuperado el PIB de 1990?

¿Podría ser porque Belarús se ha comprometido a crear una unión de Estados en igualdad de condiciones con Rusia, un país con el que tiene un acuerdo de defensa colectiva?

¿Podría ser, finalmente, porque es un caso de doble moral, para favorecer los intereses estratégicos y las ambiciones económicas de los Estados Unidos y sus aliados en Europa?

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Esta sexta propuesta de resolución inaceptable e insultante en los últimos dieciocho meses forma parte de los intentos furibundos de la UE de derrocar al Gobierno de Lukashenko, elegido por los ciudadanos de Belarús, que se niega a agachar la cabeza ante la barbarie imperialista. Hipócritamente presenta como represión de los derechos democráticos los esfuerzos del Gobierno de Belarús para impedir que la intervención imperialista extranjera lo haga caer mediante la financiación masiva de agentes políticos y medios de comunicación.

La postura ante el fracaso en el cumplimiento de las «normas internacionales» que, según las estimaciones de la UE, se han cumplido en Iraq y Afganistán, que están bajo ocupación, es un insulto. Con impertinencia política habla de «candidatos registrados» cuando todo el mundo sabe que el candidato de la «oposición unida» fue elegido en presencia del embajador estadounidense y otros embajadores de los países de la UE.

Pide a las autoridades de Belarús que salvaguarden «la igualdad de condiciones» para todos los poderes políticos en un momento en que todos los partidos políticos son libres, mientras que en los Estados bálticos miembros de la UE, que se denominan «democráticos», los partidos comunistas están prohibidos y un 50 % de la población no tiene nacionalidad ni derechos civiles. En otras palabras, el ladrón está intentando convencer a todo el mundo de que el dueño de la casa es el culpable del robo.

Votamos en contra de la propuesta de resolución y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Belarús en sus esfuerzos por repeler la intervención imperialista y elegir su propio camino.

- Informe: Kindermann (A6-0015/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del interesantísimo informe elaborado por mi colega, el señor Kindermann, sobre la aplicación de una estrategia forestal de la Unión Europea.

Actualmente, las políticas públicas europeas apenas tienen en cuenta la cuestión de cómo se relaciona el bosque y la madera con el proceso de creación de riqueza y progreso social de forma respetuosa con el medio ambiente. Es hora de que la Unión Europea apoye de forma significativa los proyectos que se basan en el sector bosque-madera en zonas geográficas relevantes. Hay que establecer un vínculo entre una estrategia forestal y el desarrollo rural, y lamento, a este respecto, que las zonas de montaña no hayan sido objeto de especial atención. Del mismo modo, y esto en el marco de la Estrategia de Lisboa, es importante que la Unión se interese más por apoyar los programas de investigación vinculados al aprovechamiento de la madera, en particular en los sectores de la construcción y la energía.

Por último, debería realizarse un estudio, precursor de la acción, sobre el transporte de la madera, que es un producto pesado, a fin de introducir algo de coherencia entre los bosques, las zonas de consumo y las infraestructuras de transporte por carretera, ferrocarril y barco.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Agradezco el informe del señor Kindermann sobre la ejecución de una estrategia forestal para la UE porque, aunque la política forestal no es un tema que aparezca en los Tratados, se necesita un plan de acción de la UE para una gestión sostenible de los bosques, que proporcione un marco coherente para la aplicación de medidas relacionadas con los bosques y sirva para coordinar las acciones de la Comunidad y las políticas forestales de los Estados miembros, elaborado de forma coordinada entre los Estados miembros y las diversas partes interesadas.

Como persona que vive en uno de los últimos bosques de robles importantes que quedan en Inglaterra, soy muy consciente de la necesidad de una gestión forestal sostenible. Los bosques desempeñan un papel plurifuncional. En el Forest of Dean, el bosque ofrece un entorno hermoso y un hábitat natural, oportunidades de recreo y turismo, potencial de trabajo y realidades industriales, así como un hogar para las personas que viven en él. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el papel plurifuncional, medido respecto al potencial que ofrece, no se refleja en la economía de las zonas en cuestión, ni en la renta de sus habitantes. La política de desarrollo rural es el principal instrumento para poner en práctica la estrategia forestal a escala comunitaria y yo la apoyo.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Nosotros opinamos que la UE no debería desarrollar una política forestal común. Este ámbito político constituye un tema nacional muy importante. Nos habría gustado que el Parlamento Europeo hubiera declarado que el objetivo era que la política forestal siguiera siendo un ámbito donde las decisiones se tomaran a escala nacional. Durante el debate de este informe recibimos muestras de una cierta simpatía por esta opinión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Pero, por desgracia, la mayoría del Parlamento Europeo, de acuerdo con su habitual obsesión por hacerlo todo a una escala absurdamente amplia, ha preparado un informe que, por ejemplo, hará que la política comunitaria específica del sector y la Estrategia de Lisboa tengan un impacto en la política forestal y recomienda que «se examinen objetivamente las posibilidades de crear un fundamento jurídico específico para los bosques» en los Tratados de la UE.

Rechazamos rotundamente estos cambios de actitud en las declaraciones políticas realizadas por el Parlamento Europeo. Habría que explicar, de una vez por todas, que la política forestal es un ámbito en el que las decisiones deben tomarse pura y llanamente a escala nacional. No podemos votar a favor de un informe en el que, de forma más o menos oculta, se prevé introducir una política forestal a escala de la UE, financiada con créditos del presupuesto de la UE.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) Ya es hora de tener una estrategia forestal, particularmente en una Francia que supo, en el siglo XXI, crear uno de los bosques más bellos de Europa, en la región de las Landas, y que ahora no sabe gestionar su bosque comercialmente.

Cuando vemos nuestros bosques destruidos por el fuego en Portugal, Francia y España y cuando dependemos de Indonesia o Brasil para nuestra madera industrial o nuestra fibra de papel, cuando al mismo tiempo lloriqueamos por la deforestación y sus desastres climáticos o biológicos, nos acordamos de cuán necesaria es la respuesta política global. Hace falta voluntad de crear un gran sector maderero en Europa, y más concretamente en Francia. Para ello se precisan inversiones preferentes, profesionales formados y no desaventajados, una visión política a largo plazo y un enfoque inteligente de la fiscalidad.

  El Presidente. Con esto se concluyen las explicaciones de voto.