Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2004/2254(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0013/2006

Textos presentados :

A6-0013/2006

Debates :

PV 13/03/2006 - 18
CRE 13/03/2006 - 18

Votaciones :

PV 14/03/2006 - 11.2
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2006)0077

Debates
Lunes 13 de marzo de 2006 - Estrasburgo Edición DO

18. Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional (debate)
PV
MPphoto
 
 

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0013/2006) del señor Hutchinson, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional (2004/2254(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema de mi informe –las deslocalizaciones de empresas– es delicado, pero está de actualidad. En seguida me di cuenta de que tenía un lado delicado cuando presenté mi primer proyecto de informe en la Comisión de Desarrollo Regional. Pocas veces he asistido –aunque todavía soy un diputado joven al Parlamento Europeo− a un debate tan apasionado en comisión. No es menos cierto que a menudo el conocimiento surge de un choque de ideas y creo que hemos llegado a un texto equilibrado, que enuncia varias ideas interesantes y que nos permite desmitificar, aclarar y entender mejor los complejos mecanismos de un auténtico problema social. Aprovecharé también el tiempo de que dispongo para dar las gracias a los ponentes alternativos y a todos los colegas que han ayudado a elaborar este informe.

Señorías, en esta Cámara somos muchos, quizás no esta tarde pero sí en general, los que hemos tenido ocasión de comprobar que las deslocalizaciones suelen tener consecuencias económicas importantes en las regiones afectadas. Pero una deslocalización significa también la pérdida de puestos de trabajo y una tragedia para las familias que son sus víctimas, y esto nos afecta a nosotros.

Por otra parte, una constatación inicial que pude hacer durante la elaboración de este informe fue que el instrumental estadístico europeo en esta materia es débil. Pude comprobar asimismo que esta Cámara había abordado ya esta cuestión en otros informes. En una primera Resolución de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre de empresas que han recibido ayuda financiera de la Unión Europea, el Parlamento apuntaba al enorme peligro que representan las deslocalizaciones para el objetivo primordial de la política regional, es decir, la cohesión económica y social. Vino después la Resolución del pasado 6 de julio, presentada por nuestro colega, el señor Hatzidakis, sobre la reforma de los Fondos Estructurales. En esta ocasión, el Parlamento formuló varias propuestas relativas a las deslocalizaciones.

Mi informe recoge, por supuesto, las ideas contenidas en las resoluciones anteriormente votadas por el Parlamento Europeo: he intentado reproducir los principios fundamentales de dichas resoluciones. Después de recordar que la política de desarrollo regional tiene por objeto favorecer el desarrollo de las regiones de la Unión Europea y que las ayudas estatales no deben servir para estimular la deslocalización de actividades económicas, el informe votado por la Comisión de Desarrollo Regional propone la adopción, tanto a escala comunitaria como nacional, de medidas encaminadas a prevenir las consecuencias negativas potenciales de las deslocalizaciones sobre el desarrollo económico, así como las tragedias sociales causadas por estas deslocalizaciones.

En primer lugar, pedimos un instrumento que nos permita acceder a una información más precisa. Proponemos, pues, confiar al Observatorio de Dublín una misión de estudio, evaluación y seguimiento del fenómeno de las deslocalizaciones con el fin de objetivar sus incidencias desde el punto de vista económico y social y sobre la política de cohesión y desarrollo regional. Además de este instrumento, y a falta de una coordinación mejor de los sistemas sociales nacionales, la Comisión de Desarrollo Regional considera imperativo adoptar una estrategia europea global de prevención, gestión y seguimiento de las deslocalizaciones de empresas tanto dentro como fuera de la Unión. Les proponemos una serie de medidas que abordamos con criterios muy prácticos en el informe.

En primer lugar, pedimos a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para evitar –creo que es un elemento esencial de este informe− que la política regional europea incentive a las empresas a deslocalizarse.

En segundo lugar, apoyamos la propuesta de la Comisión encaminada a sancionar a las empresas que, habiendo recibido una ayuda de la Unión Europea, deslocalicen sus actividades en un plazo de siete años. Pedimos asimismo que en caso de inobservancia de las leyes nacionales e internacionales, esas mismas empresas no puedan obtener ayudas públicas para su nuevo lugar de producción.

Pedimos a la Comisión que prevea medidas con respecto a las deslocalizaciones que califico de deslocalizaciones «inversas», es decir, las que comportan un deterioro de las condiciones de trabajo sin que se desplace la actividad de la empresa. Consideramos que la concesión y el mantenimiento de ayudas públicas a las empresas deben supeditarse a unos compromisos precisos en materia de empleo y desarrollo local. Sugerimos a la Comisión que elabore un dispositivo que sancione con mayor severidad a las empresas que, habiendo obtenido una ayuda pública, deslocalicen total o parcialmente sus actividades y las trasladen al exterior de la Unión Europea. Pedimos asimismo a la Comisión que incluya cláusulas sociales en los tratados internacionales y que la aplicación de estas cláusulas venga respaldada por medidas positivas e incentivos para los países y empresas que cumplan esas cláusulas. Apoyamos la propuesta de la Comisión encaminada a crear un Fondo de Adaptación a la Globalización con vistas a prevenir y abordar las crisis económicas y sociales provocadas por reestructuraciones y deslocalizaciones.

Por último, la Comisión de Desarrollo Regional considera que las consecuencias de numerosas deslocalizaciones deben hacernos reflexionar, de manera abierta y constructiva, sobre la creación de un auténtico espacio social europeo. A este respecto, estimamos que el diálogo social ha de desempeñar un papel fundamental en la prevención de las deslocalizaciones y el tratamiento de sus efectos.

Señorías, en los últimos tiempos, como todos sabemos y se ha repetido hasta la saciedad, la Unión Europea atraviesa una crisis importante. Lo grave de esta crisis es, sin duda, la pérdida de confianza o el desinterés de los ciudadanos por este formidable proyecto que es la construcción europea. Ya sea a través de esta resolución sobre las deslocalizaciones o a través de otros textos, tenemos el deber, como diputados al Parlamento Europeo, elegidos por los ciudadanos de Europa, de escuchar esas preocupaciones. Pienso que el informe que hemos votado en comisión contiene aspectos interesantes sobre los que reflexionar en el futuro y que responde a las preguntas legítimas que formulan nuestros conciudadanos en esta materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, quiero felicitar y dar las gracias al ponente, el señor Hutchinson, y a la Comisión de Desarrollo Regional por este excelente informe, que aborda un asunto delicado que ha sido objeto de muchos debates en los distintos Estados miembros durante los últimos meses.

Sin subestimar lo delicado del asunto, quiero recordarles que el derecho a asentarse en cualquier lugar en la Comunidad es una libertad fundamental y piedra angular del mercado único. Es perjudicial favorecer o prohibir decisiones en materia de inversiones. La especialización y el cambio de ubicación de una actividad económica forman parte del desarrollo económico y son necesarios si buscamos el crecimiento y la creación de más y mejores puestos de trabajo.

No obstante, la Comisión sabe perfectamente que las deslocalizaciones de empresas, como ha señalado antes el señor Hutchinson, y la pérdida de puestos de trabajos dentro de la Unión constituyen fenómenos muy preocupantes. Desde luego, no podemos intervenir en las decisiones de las empresas o grupos en el desempeño de su actividad; pero estamos resueltos a combatir las consecuencias sociales de tales decisiones.

El objetivo de los Fondos Estructurales, tanto en el período de programación actual como en el próximo, es la creación de puestos de trabajo, el crecimiento y la continuidad del progreso económico. Son flexibles y perfectamente capaces de mitigar y limitar las dificultades creadas en las regiones y a los ciudadanos por la decisión de una empresa de cerrar y deslocalizar total o parcialmente sus actividad económica a otro Estado miembro o fuera de la Unión Europea.

Tanto la normativa actual como la que será aprobada en el futuro, que todavía no está ultimada, prevén que cualquier empresa subvencionada con cargo a los Fondos Estructurales de la Unión Europea que realice una deslocalización en los cinco años a partir de haber recibido la subvención, deberá reembolsarla. Gracias a esta disposición, las empresas dejarán de recurrir a la caza de subvenciones.

Para terminar, quiero asegurarles que la Comisión estudiará detenidamente cualquier propuesta concreta que pueda presentar el Parlamento en el marco de los debates sobre la futura normativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos somos conscientes de las terribles consecuencias de las deslocalizaciones de empresas en varios países de la UE, a saber, el incremento del paro, la pobreza y la marginación social. Además, frenan el desarrollo en amplias regiones, sobre todo en países con economías débiles como Portugal, donde predominan sectores «tradicionales» como el textil y el vestido, el calzado y la fabricación de cables.

Las deslocalizaciones, según la opinión emitida por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, no solo afectan a estas industrias «tradicionales», sino también a sectores de gran intensidad de capital, como la siderurgia, la aviación, la construcción mecánica y la fabricación de componentes electrónicos, por no hablar de grandes parcelas del sector de servicios, por ejemplo el desarrollo de software y los servicios financieros, logísticos y de información.

Es una buena noticia que la Comisión de Desarrollo Regional, a través de su ponente, el señor Hutchinson, haya aceptado la mayoría de las opiniones expresadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre todo la inclusión en los tratados internacionales de cláusulas sociales basadas en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, garantizando así que los países y las empresas se atengan a ellos, aunque personalmente no considero que tales medidas sean suficientes. Sin embargo, tal como manifestamos en el debate y la votación sobre la resolución del Parlamento de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre de empresas tras haber recibido ayuda financiera de la UE, la Comisión y los Estados miembros deben actuar para poner fin a este azote económico y social, que únicamente genera mayores beneficios para las multinacionales y los grupos económicos que no muestran ninguna responsabilidad social.

Este debate tiene que producir resultados prácticos, en virtud de los cuales se salvaguarden los derechos de los trabajadores y los grupos económicos con un historial de deslocalizaciones y desempleo dejen de recibir ayuda en cualquier Estado miembro.

La Comisión, junto con los Estados miembros, tiene que asumir de manera urgente las opiniones de los comités de empresa europeos, elaborar y publicar una lista negra de empresas y grupos económicos o financieros que hayan utilizado las deslocalizaciones con el propósito de aumentar sus beneficios y exigir la devolución de cualquier subvención concedida. Además, hay que fijar requisitos más estrictos en lo referente a la defensa de los puestos de trabajo y el desarrollo regional en los Reglamentos futuros sobre fondos comunitarios.

 
  
MPphoto
 
 

  László Surján, en nombre del Grupo del PPE-DE. (HU) Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo Regional ha apoyado este informe por amplia mayoría. El ponente ha tenido que armonizar opiniones totalmente contrapuestas y merece nuestro agradecimiento.

El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos jamás ha respaldado la limitación de las libertades, como, en este caso, la libre circulación de capital. Nuestro compromiso ha estado basado en este principio y en el futuro también hemos de seguir negándonos a buscar soluciones a problemas locales en la limitación de las libertades. Por desgracia, ya hemos presenciado algún ejemplo alarmante de lo anterior, no hace mucho, en relación con la Directiva relativa a los servicios.

El proteccionismo inducido por el egoísmo y el miedo siempre tendrá consecuencias indeseables. En los países donde se ha abierto el mercado laboral a los trabajadores de los nuevos Estados miembros se ha producido un aumento de la producción y los niveles de desempleo realmente han descendido. En otros ámbitos, algunas empresas se han trasladado a regiones con salarios más bajos. Las deslocalizaciones de las empresas generan mucha inquietud. Si los propietarios de las empresas solo se preocupan de las ganancias, tal vez logren incrementar sus niveles de beneficio, pero perjudicarían a otros. El aumento de los dividendos de los accionistas no es ningún consuelo para los empleados que han perdido su puesto de trabajo porque su empresa se ha trasladado al mundo en desarrollo o incluso a otra región de la Unión Europea.

Por consiguiente, hemos de identificar los métodos adecuados para defender el bien común, pero me temo que no hay ley que pueda sustituir al sentimiento de responsabilidad mutua entre propietarios y empleados, en favor del bienestar de la otra parte. La relación entre propietario y trabajador únicamente tendrá un «rostro humano» si está basada no solo en consideraciones de tipo económico, sino también ético. Así pues, estoy seguro de que mientras buscamos nuevas vías y nuevas soluciones, tendremos que volver sobre el tema de las deslocalizaciones de empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Constanze Angela Krehl, en nombre del Grupo del PSE. (DE) Señor Presidente, me complace que el ponente –tras lo que en principio eran notables diferencias de opinión en la comisión parlamentaria– haya logrado alcanzar un compromiso tan amplio en torno a este informe. Se trata de un compromiso que me parece muy aceptable.

Hay tres aspectos que quiero volver a resaltar. Primero, me parece interesante saber que muy pocas de las empresas que realizan deslocalizaciones obtienen realmente ayuda europea, es decir, ayuda con cargo a los ingresos fiscales europeos y, puesto que la cohesión y la política estructural se basan en la solidaridad con las regiones más vulnerables, no creo que nadie en esta Cámara pretenda ponerlas en peligro.

Segundo, tiene que haber más transparencia en la lista de empresas que reciben según qué ayuda, a fin de dejar claro ante nuestro electorado lo que realmente hacemos en la Unión Europea y lo que subvencionamos. En cualquier caso, no defenderemos ningún tipo de «caza de subvenciones».

Tercero, para el caso de que las deslocalizaciones causen la pérdida de puestos de trabajo, se precisa un instrumento para ayudar a los afectados, que es lo que podría ser el Fondo de Adaptación a la Globalización.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, Señorías, celebro ver que tras las largas horas de trabajo consagradas al informe de nuestro colega el señor Hutchinson, llegamos, como acaban de decir mis dos colegas diputados, si no a un pleno consenso, en todo caso a una convergencia en torno a la mayoría de elementos.

Volviendo sobre el informe inicial y a la observación anterior, creo que hay que tener en cuenta, desde luego, qué fue lo que motivó al señor Hutchinson, es decir, la conmoción que supone una deslocalización para los trabajadores y la región a que afecta. En efecto, cualquier deslocalización de una amplia plantilla de personal constituye un verdadero trauma, tanto para los trabajadores como para la región.

Como también ha dicho el ponente, no es admisible que algunos responsables de empresas utilicen el chantaje. Pero debemos constatar que, en una economía abierta, dentro mismo de nuestras regiones –porque en ocasiones las deslocalizaciones se producen dentro del mismo país–, hay diferencias de salarios, diferencias de competitividad técnica, que hacen que una empresa se pueda ver obligada a desplazar algunas de sus plantas de producción, al margen de si produce bienes o servicios.

Por último, no olvidemos que con el Acta Única Europea de 1986 debemos facilitar la libre circulación de mercancías, personas y servicios en nuestros Estados. Antes de hablar de deslocalización, hay que plantearse la siguiente pregunta elemental: si una empresa que debe hacer frente a la competencia y prestar un servicio a sus clientes no se deslocaliza, ¿qué hace? No hablo de los estafadores. Hablo de cierto número de empresas que se han encontrado ante esta disyuntiva. El hecho es que algunas de ellas lo han resuelto perfectamente creando o desarrollando su departamento de Investigación y Desarrollo, creando nuevos mercados y logrando deslocalizar una parte de sus actividades.

Por tanto, para concluir, quisiera resaltar la importancia de que los fondos de la Unión Europea no se utilicen indebidamente, como ha dicho la señora Krehl, para apoyar las deslocalizaciones; al contrario, debemos utilizar los fondos disponibles para apoyar a los trabajadores y las regiones que se hallan en dificultad cuando se producen tales deslocalizaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE. (DE) Señor Presidente, la caza de subvenciones es un juego de extorsión muy popular en la Unión Europea y no cabe duda de que es el contribuyente quien paga la factura. Este juego no se viene practicando únicamente desde la adhesión de los diez nuevos Estados miembros; al contrario, tan pronto como se adhirió Suecia, una empresa se trasladó de Bremen a la nueva región sueca del «Objetivo 2», justo después de haber recibido una subvención. El efecto de ello fue la imposibilidad de aplicar medidas públicas contra el paro en Bremen.

Este ejemplo ilustra lo que está en juego. No se trata de restringir la libertad de establecimiento, sino de la necesidad de que las empresas que reciban fondos públicos se comprometan a crear puestos de trabajo en la región, así como de regularlo formalmente.

La Comisión ha propuesto un período de cinco años, plazo que considero insuficiente. No pasa de ser meramente simbólico y es del todo ineficaz. A la vista del hecho de que las inversiones de las empresas están subvencionadas hasta un 50 % con cargo a los fondos públicos, este período tiene que ser más prolongado, por lo menos de siete años, que es lo que había propuesto la Comisión anterior. Cinco años suponen una reducción considerable; incluso un período de siete años es bastante corto en este caso. Si realmente queremos poner coto a la caza de subvenciones, necesitamos el período más prolongado.

Creo que el informe del señor Hutchinson aborda cuestiones esenciales y esta es una de las importantes. Lo que espero de la Comisión es que reconsidere este plazo de cinco años, que, dado el importe de las subvenciones, distorsiona la competencia; que incorpore el período de cinco años, tal como ha recomendado esta Cámara, en su Reglamento sobre subvenciones y, además, que controle más de cerca a las empresas que practican este tipo de caza de subvenciones y las incluya en una lista negra, en la forma propuesta por el ponente.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro , en nombre del Grupo GUE/NGL. (PT) Justo hace tres años, a raíz de una larga lucha por parte de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y la viabilidad de empresas como CG & Clark en Portugal, el Parlamento aprobó una resolución el 13 de marzo de 2003 con una serie de recomendaciones sobre el cierre de empresas que han recibido ayudas económicas de la UE.

Han transcurrido tres años y ¿qué ha hecho la Comisión para poner en práctica dichas recomendaciones? ¿Qué ha hecho para supeditar la ayuda comunitaria a acuerdos de larga duración sobre empleo y desarrollo local? ¿Ha publicado la Comisión el listado de incumplimientos de contrato por parte de las empresas que han realizado deslocalizaciones y se han beneficiado, directa o indirectamente, del dinero público? ¿Cuántas veces ha negado la Comisión la concesión de ayuda comunitaria a empresas que han incumplido los contratos que habían firmado, o les ha exigido el reembolso de tal ayuda? ¿Qué medidas prácticas ha adoptado para apoyar a los trabajadores y la recuperación económica en regiones afectadas por las deslocalizaciones? ¿Ha confeccionado la Comisión el código de conducta propuesto para evitar las deslocalizaciones de empresas?

La respuesta a estos interrogantes aparece de manera clara en el informe que tenemos delante, el cual, al cabo de tres años, se limita a enumerar las mismas recomendaciones a la Comisión. Para las empresas, las deslocalizaciones suelen ser una inversión. A base de los distintos incentivos y ayudas públicas y de la explotación de una mano de obra barata y desprovista de sus derechos, la empresa busca obtener el máximo beneficio en un breve plazo de tiempo. Eso es así hasta que encuentra una ubicación más rentable a la que trasladarse, incumpliendo así todos sus compromisos adquiridos e ignorando el tremendo daño social y económico que deja tras de sí.

Las deslocalizaciones de empresas es una especie de chantaje constante que se cierne sobre los trabajadores, una forma de presión para reducir los salarios, incrementar la jornada laboral, aumentar la flexibilidad de los mercados laborales y recortar los derechos de los trabajadores. Por tanto, proponemos la aprobación de un marco jurídico que permita combatir la deslocalización de las empresas, de manera que dentro de tres años no tengamos que volver a celebrar el mismo debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM. (EN) Señor Presidente, quiero centrarme en el concepto de la ayuda estatal directa como herramienta de desarrollo regional, a la que el señor Hutchinson alude en su informe. Se trata de un concepto relacionado muy estrechamente con la idea de los Fondos Estructurales y la cohesión regional, y mi país, el Reino Unido, está pagando un precio muy elevado dentro de la UE por culpa de todo ello.

El ponente ha abogado a favor de que aquellas empresas que, habiendo recibido ayuda pública, luego hubieran deslocalizado sus actividades dentro de la UE, quedaran vetadas para recibir ayuda estatal o Fondos Estructurales durante siete años. Pero, ¿qué ocurre con empresas respetables que han solicitado ayuda estatal con todas las de la ley, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno británico debido a retrasos imputables a la Comisión en la concesión de la luz verde, y luego han deslocalizado sus actividades a otra parte de la UE, lo cual se ajusta mejor a la idea de Bruselas sobre la cohesión y está, por tanto, completamente libre de las mismas obstrucciones?

En 2002, Peugeot solicitó a la Comisión Europea que aprobara un paquete de ayuda estatal para fabricar el nuevo modelo 207 en Ryton, en los West Midlands ingleses. Más de dos años después, sin que hubiera recibido respuesta alguna por parte de la Comisión, Peugeot desistió y anunció que el 207 se fabricaría en Francia y en Eslovaquia. Indudablemente, Bruselas lo conceptuó como una misión económica cumplida. Ryton, entre tanto, afronta un futuro incierto. Una vez que cese la fabricación del modelo 206 –que se ha fabricado tan satisfactoriamente y de forma tan competitiva hasta ahora–, si esta fábrica cierra después de tantos años de producción bajo diferentes propietarios, supongo que cabría calificarlo de una cierta forma de deslocalización; pero en absoluto es culpa de Peugeot. En su lugar, tal vez debería prohibirse durante siete años a la Comisión a que se pronuncie sobre la ayuda estatal y que regule en exceso el sector empresarial. Eso se acogería con aplausos en los West Midlands ingleses, donde los trabajadores cualificados están sufriendo por culpa de la política económica de la UE.

Y para seguir hurgando en las heridas de sus trabajadores, ahora nos enteramos de que Peugeot ha alcanzado un acuerdo con Kia Motors para fabricar el 206 en Indonesia, junto con la noticia no confirmada de que el 207 también será construido allí. Nada podría ilustrar mejor el analfabetismo de la economía de la UE. Si queremos aumentar el empleo, deberíamos encontrar el equilibrio correcto entre reglamentación y flexibilidad para las empresas. Un exceso de reglamentación crea puestos de trabajo artificiales, que carecen de justificación económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. Subraya la importancia de la política de cohesión de la UE para reducir las disparidades en las regiones más pobres.

Yo procedo de un país que se ha beneficiado de los Fondos Estructurales de la UE. Por tanto, aplaudo este informe desde la óptica irlandesa, pero principalmente por bien de mi región de origen, la parte occidental y noroccidental de Irlanda. Al ser una región eminentemente rural –el 70 % de la población vive en zonas rurales–, es más vulnerable que la mayoría a los efectos de la deslocalización. Europa tiene que proteger a regiones como la parte occidental y noroccidental de Irlanda, sobre todo en lo concerniente al modelo de asentamiento, que solo puede sostenerse mediante un desarrollo regional equilibrado. Europa tiene que insistir en que se corrijan las deficiencias de infraestructura, sobre todo en ámbitos como el transporte, la energía y la comunicación moderna de banda ancha. Estas carencias frenan la competitividad regional.

A este respecto, aplaudo sinceramente que la semana pasada la Comisión Europea haya aprobado la decisión del Gobierno irlandés de invertir 170 millones de euros en la ampliación de la red de banda ancha a más de 70 ciudades en todo el país. Las medidas de esta índole refuerzan la competitividad de las regiones, atraen la inversión ambulante y es de esperar que contrarresten las tendencias de las empresas a instalarse en localidades que ya están congestionadas. Constituye la defensa más rotunda contra las deslocalización y a favor del fortalecimiento de las regiones que precisan sobremanera esa ayuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). (CS) Señor Presidente, evidentemente no deseo que el dinero de los contribuyentes de la UE sirva para subvencionar el desarrollo de empresas que se trasladan fuera de la UE o no se atienen a las reglas del juego. Sin embargo, rechazo totalmente este informe, ya que considero que imponer una moratoria de siete años a las empresas, durante la que no pueden trasladar sus actividades, refleja una concepción profundamente errónea de la economía mundial.

Del mismo modo, no logro entender por qué no se va a permitir que una empresa radicada en la UE se traslade a otro territorio, cuando los porcentajes de ayuda estatal concedida por los distintos Estados miembros compiten entre sí. Una moratoria sobre el traslado de las empresas no va a garantizar la protección del empleo sostenible; solo conseguirá lastrar un sistema de empleo ya de por sí inflexible y que soporta una elevada carga fiscal con una falta de movilidad acrecentada. Eso originará un aumento de la burocracia inútil y la expansión de la estrategia absurda de luchar contra las deslocalizaciones de las empresas. Los funcionarios libran una batalla infructuosa contra molinos de viento con el dinero de los contribuyentes de la UE. En otras palabras, el capital siempre va a donde es más valorado y no obedecerá las instrucciones dictadas por el Parlamento o la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE). (EL) Señor Presidente, es evidente que el Parlamento Europeo no plantea en el informe Hutchinson prohibir a las empresas que se trasladen a otros países. Eso sería restrictivo y antidemocrático. Nosotros, al menos el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sabemos que una empresa tiene que ser competitiva para sobrevivir y los diferentes Estados miembros tendrán que contar con un entorno fiscal y económico global que atraiga las inversiones.

Sin embargo, no es bueno que la Unión Europea fomente la deslocalización constante de las empresas con recursos tomados del presupuesto europeo. Esa es la razón por la que el informe Hutchinson propone, una vez más, la aplicación de sanciones a las empresas que hayan recibido ayuda financiera de la Unión Europea y procedan a la deslocalización de sus actividades en el plazo de siete años desde la concesión de la subvención. Propone asimismo que las empresas que hayan recibido ayuda estatal, sobre todo aquellas que no hayan cumplido todas las obligaciones inherentes a dicha ayuda, no puedan optar a una subvención pública para su nueva ubicación y deban quedar vetadas para recibir ayudas futuras con cargo a los Fondos Estructurales.

El informe Hutchinson también señala que debemos ser todavía más severos con las empresas que se trasladen afuera de la Unión Europea. Creo que las propuestas del Parlamento Europeo son realistas y responden de manera equilibrada a un problema real. Deseo igualmente subrayar la propuesta formulada en el informe Hutchinson con respecto al Fondo de Adaptación a la Globalización. Acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea y creemos que el Fondo de Adaptación a la Globalización será pronto una realidad para atajar las consecuencias negativas de esta moderna situación que ofrece oportunidades a todo el mundo, pero que también entraña riesgos que han de afrontarse de manera eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Señor Presidente, antes parecía que muchos intentaban usar este debate para crear una nueva línea divisoria entre los antiguos y los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Nuestra tarea consiste en establecer normativas que permitan garantizar una Europa mejor, más segura y más amplia en cada Estado miembro y para cada uno de los ciudadanos. Si la normativa no es buena, existe la posibilidad de que la política de cohesión, basada en la solidaridad y uno de nuestros máximos valores fundamentales, acuda en ayuda de las regiones más subdesarrolladas, pero puede generar incertidumbre y vulnerabilidad en otras.

El autor del informe ha tenido la difícil misión de garantizar que la cuestión de las deslocalizaciones de empresas no se convirtiera en una divisoria adicional entre Este y Oeste, sino un paso más en dirección a la unificación de Europa. El trabajo del ponente se ha traducido en propuestas más equilibradas, que en su mayoría permiten garantizar la consecución de los objetivos de la política regional y refuerzan la seguridad social y económica de los trabajadores en los 25 Estados miembros. Mi enhorabuena al ponente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria (ALDE).(IT) Señor Presidente, Señorías, también yo quiero felicitar al señor Hutchinson por el óptimo trabajo realizado: es evidente la necesidad de aplicar políticas eficaces para frenar los fenómenos de dúmping fiscal entre los diversos Estados miembros.

Sin embargo, la decisión de deslocalizar la producción dentro de la Unión, si está motivada por la mayor competitividad de un territorio respecto de otro, puede aportar beneficios a la economía europea en su conjunto. Distinto y preocupante es en cambio el fenómeno de las deslocalizaciones fuera de la Unión Europea, debidas por lo general a normativas laborales un tanto permisivas en muchos terceros países.

Está claro que el modelo social europeo es costoso y la primera que lo paga es la competitividad de nuestras empresas, pero no por ello podemos aceptar compromisos de rebaja. Es necesario, ante todo, incentivar la producción europea en términos de calidad y especialización. En segundo lugar hay que introducir medidas encaminadas a mitigar los costes sociales de las deslocalizaciones con intervenciones a favor de la formación y la reconversión de los trabajadores en las regiones afectadas por reestructuraciones.

Ya abordamos un tema de este tipo en el pasado, cuando este Parlamento debatió la crisis del acero, con especial referencia al caso de Thyssen Krupp en Terni, Italia. Estoy de acuerdo con la aplicación de sanciones severas a las empresas beneficiarias de ayudas públicas, europeas o nacionales, que decidan deslocalizar parte de su producción fuera de la Unión.

Esto es todo lo que quería decir, señor Presidente, solo quisiera retomar la propuesta de crear una marca europea para los bienes producidos en su totalidad en el territorio de la Unión: a mi entender, representaría un importante incentivo para producir dentro de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). (EL) Señor Presidente, la Comisaria Hübner afirmó el mes pasado en el transcurso de una entrevista con un periódico económico francés que tenemos que facilitar la deslocalización dentro de la Unión Europea. Para la Comisaria, este es uno de los principios fundamentales del mercado interior y la aplicación de leyes artificiales concebidas para limitarlo tendría consecuencias negativas para la competitividad de las empresas comunitarias.

No obstante, si la Comisión Europea quiere desarrollar una economía europea competitiva, sería una buena idea garantizar que no destruya de paso el modelo social europeo, que no acabe con los derechos de los trabajadores y que, al menos, no genere un entorno que aliente a las empresas a abusar de ellos. Una economía europea competitiva no constituye una perspectiva desarrollo perjudicial para los trabajadores europeos, pero el medio para lograr este objetivo y la filosofía de planificación no han hecho, desde luego, sino causar problemas a los trabajadores.

El informe Hutchinson constituye indudablemente un avance positivo. Aplaudo y apoyo el informe, dado que estoy de acuerdo con la mayor parte del mismo, pero me gustaría apostillar que es uno de los pocos informes que conozco de un diputado socialista al Parlamento Europeo en los últimos tiempos que, por fin, parece haber sido redactado por un auténtico socialista.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señor Presidente, al intervenir en este debate quiero llamar la atención de la Cámara sobre dos temas importantes.

La deslocalización, el hecho de trasladar la actividad económica a otra parte, es un proceso económico objetivo. Es la consecuencia de la necesidad de responder a una competencia cada más feroz que va de la mano de la necesidad de reducir los costes de fabricación. Es cierto que la deslocalización se traduce en pérdidas de puestos de trabajo en determinados países, pero solo a corto plazo. Las investigaciones han demostrado que a la larga después de una deslocalización se crean más puestos de trabajo.

Un estudio realizado entre 600 empresas alemanas por McKenzie, una sociedad de consultoría, confirma que el traslado de puestos de trabajo a Europa Oriental fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo en Alemania. Para el 40 % de las empresas estudiadas, la creación de un puesto de trabajo en otro lugar daba pie a la creación de tres nuevos puestos en Alemania al mismo tiempo. Lo mismo es válido en el caso de las empresas británicas y francesas que invierten en el extranjero.

Así las cosas, carece de sentido erigir barreras administrativas e imponer sanciones económicas a las empresas que deseen realizar deslocalizaciones o a las autoridades locales que faciliten ayuda pública para atraer a los inversores. Así pues, voy a votar en contra del informe Hutchinson.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI).(FR) Señor Presidente, como representante elegido de la región francesa de Nord-Pas de Calais, cuyas industrias, en especial las textiles, pierden cada año miles de puestos de trabajo, apruebo, por supuesto, la propuesta de exigir el reembolso de las ayudas europeas concedidas a las empresas que deslocalicen sus fábricas.

Es una propuesta económica y social de sentido común, que el Frente Nacional había formulado con ocasión de las elecciones regionales de 2004 en relación con las subvenciones concedidas por los consejos regionales.

Sin embargo, esta medida, indispensable, es igual de insuficiente que la creación, el pasado 1 de marzo, de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. En este asunto, la Comisión Europea no hace otra cosa que reparar con una mano, ostensiblemente social, el mal que hace su otra mano, ultraliberal.

Las deslocalizaciones no son una fatalidad, sino la consecuencia de la ideología comercial de la Unión Europea, que, al destruir las fronteras económicas, expone nuestras empresas a la competencia de grupos cuyos costes laborales son extremadamente bajos. Y este dúmping social se ejerce en beneficio de países extraeuropeos, pero también dentro mismo de Europa. Así, son muchas las directivas europeas que favorecen de hecho las deslocalizaciones entre Estados miembros y una presión a la baja sobre la legislación social.

Para preservar nuestros empleos y nuestro modo de vida, tendremos que restablecer las fronteras comerciales e instaurar un IVA social sobre los productos de importación. Llegará un día en que habrá que elegir entre el restablecimiento de una política de protección nacional y europea y la política de integrismo liberal, que conduce al declive social generalizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolf Berend (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es sabido que el Tratado de la Comunidad Europea consagraba la libre circulación de personas, mercancías y capital dentro de la UE, y por tanto resulta prácticamente imposible propugnar la prohibición total de la libre elección de establecimiento, ya que eso perjudicaría a las empresas europeas al inmovilizarlas. Lo que es preciso, sin embargo, es establecer disposiciones de acompañamiento sobre los principios de libre circulación, que debe permanecer dentro del marco de la política de cohesión, y las reformas de los Fondos Estructurales y de la legislación sobre subvenciones se presentan como una oportunidad para hacerlo. Eso significa que urge que la Comisión garantice, a la hora de asignar las subvenciones y las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales, que la concesión de tales ayudas esté supeditada a garantías de permanencia y empleo a medio plazo. No cabe duda de que Europa tiene abordar efectivamente esta cuestión.

Lo que deja bien claro el informe Hutchinson –aunque no sin haber mantenido un vivo debate en el seno de la comisión– es que las empresas que reciban ayuda están obligadas a poner en práctica la política de cohesión económica, social y territorial. Dicho claramente, eso significa que la forma coherente de poner en práctica la propuesta planteada por la Comisión con referencia a los Fondos Estructurales consiste en especificar que las empresas que no cumplan las condiciones anexas a la ayuda pública deben estar obligadas a reembolsarla, pero sin poder percibir bajo ningún concepto subvenciones públicas para la nueva ubicación, y deben quedar excluidas de las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales o en forma de ayuda estatal durante un período de cinco años por lo menos –aunque serían preferibles siete– a contar desde la fecha de la deslocalización.

Este informe pretende subrayar la necesidad de dar cuantos pasos sean necesarios para evitar el ofrecimiento de incentivos, dentro del contexto de la política regional europea, a las deslocalizaciones de empresas que se traduzcan en pérdidas de empleo. El informe del señor Hutchinson, en su versión actual, es imparcial y merece ser apoyado.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). – (FR) Señor Presidente, presionado por el «no» francés y neerlandés a la Constitución, el Parlamento se ocupa, al fin, de las deslocalizaciones. No puedo sino aprobar las medidas propuestas. Es urgente aplicarlas, ya que cada día que pasa es sinónimo de destrucción de miles de puestos de trabajo. Lamento que en este terreno solo hayamos llegado a prestar apoyo a pequeñas dosis cuando haría falta un remedio drástico.

Pero la relativa timidez del informe ilustra la gran contradicción que atraviesa la política económica de la Unión: la competencia nunca puede ser a la vez totalmente libre y no distorsionada. Las empresas utilizan el chantaje de la deslocalización para obligar a los trabajadores a aceptar unas condiciones sociales inferiores a las legales en su país. Este chantaje social va acompañado de un chantaje fiscal. La amenaza de la deslocalización se esgrime sistemáticamente para obtener desgravaciones fiscales.

Combatir eficazmente las deslocalizaciones exige una armonización europea, rápida y al alza, de la fiscalidad y la legislación social. Además, hay que acabar con la independencia del Banco Central Europeo, que siempre favorece los intereses de los préstamos públicos en detrimento de los del mercado de trabajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señor Presidente, Polonia apoya la deslocalización de empresas dentro de la Unión Europea. A nuestro juicio, sancionar a las empresas que hayan transferido sus actividades con la prohibición de recibir ayuda de la UE durante un período de siete años resulta excesivamente restrictivo e injustificable. Es difícil comprender por qué hay que impedir a las empresas de la UE que reaccionen a las necesidades del mercado, cuando eso beneficia tanto a los consumidores como a los productores.

Nos oponemos a la elaboración de listas especiales de empresas que hayan realizado deslocalizaciones, ya que eso es contrario a los principios fundamentales de la UE. Llamamos a todos diputados a esta Cámara a que rechacen unas disposiciones tan injustas. Constituyen una infracción de los principios del mercado libre y resultan especialmente perjudiciales para los nuevos Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). (EN) Señor Presidente, la deslocalización de la industria hacia economías de salarios más bajos acarrea dificultades económicas y sociales, que provocan la división, en lugar de la unión, de las regiones de Europa. Dentro de la UE, desde luego, es una consecuencia, en parte, de la libertad de movimientos garantizada por el Tratado CE y se ha convertido en una cuestión crucial debido a la exagerada velocidad y magnitud de la ampliación.

Con la dedicación de los Fondos de Cohesión a los nuevos Estados miembros, la situación no hará sino a empeorar. Esto va a acarrear carencias de desarrollo en otras regiones europeas. Así pues, la política que favorece la deslocalización perjudica la cohesión social. Lo que urge es una política más firme para denegar los fondos de la UE y una instancia para recuperarlos en los casos de las empresas que procedan a deslocalizar sus actividades a otro Estado miembro.

Cinco años es un período demasiado breve. No tiene ningún sentido quitarles los puestos de trabajo a los antiguos Estados miembros para favorecer el desarrollo de los nuevos. Los fondos de la UE no deberían intervenir para nada en esto, como tampoco deberíamos dar facilidades a las empresas para que percibieran subvenciones y luego levantar el vuelo.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). (CS) Señor Presidente, Señorías, la razón por la que estamos tratando el tema de las deslocalizaciones es el comprensible intento de equilibrar, por un lado, el impacto de las leyes del mercado interior con el apoyo a la política de cohesión, por otro, y garantizar la igualdad de condiciones para las regiones de Europa. Pero no olvidemos que no tendríamos que preocuparnos por este problema si se respetaran todos los principios de la UE, incluida la libre circulación de servicios y trabajadores. El hecho de que hoy en día básicamente solo sea posible la libre circulación de mercancías y capital favorece, en mayor o menor medida, la deslocalización de la producción a zonas donde los costes son más bajos.

En efecto, la ayuda regional no tiene que distorsionar las reglas del mercado interior y la política regional europea no tiene que alentar la deslocalización de empresas. Pero ahí es donde debería terminar la intervención de la UE en la economía de la UE. No acepto la idea de proteger a empresas y trabajadores carentes de flexibilidad. A mi juicio, impedir las deslocalizaciones de empresas representa una violación de la libertad de circulación, que es una de las libertades básicas de la Comunidad Europea. Estoy en desacuerdo con la señora Schroedter por principio y considero que un plazo de cinco años para mantener las actividades subvencionadas con cargo a los Fondos Estructurales es un período suficientemente prolongado y que no existe razón alguna para alargarlo. Este plazo debería estar ligado al propósito de la inversión para el que se han destinado los recursos y no debería superar la duración real del proyecto y su alcance. Es un error impedir a los empresarios que se desplacen a donde puedan contar con una mano de obra más económica, mejor formada y quizá de mayor calidad. Tampoco es posible impedir que los Gobiernos nacionales traten de atraer la inversión extranjera, como tampoco lo es dictar a los Estados miembros cuántos impuestos directos deba recaudar.

Señorías, intentar detener esta tendencia se traducirá en indolencia y despilfarro en la economía de la UE. Está en juego el mercado libre y los principios del mismo se diluirían por culpa de una normativa más restrictiva con respecto a las deslocalizaciones de empresas. Por lo que se refiere a estas últimas, a mi juicio deberíamos centrarnos en las deslocalizaciones al exterior de la UE, que son las que constituyen una auténtica pesadilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Señor Presidente, cada vez son más los empresarios que se sienten tentados a desplazarse al este ante la perspectiva de bajos costes salariales y aparentemente mejores condiciones de producción, y dado que una deslocalización de este tipo cuesta una gran cantidad de dinero, resulta comprensible que quieran que tal decisión conlleve subvenciones por parte de la UE.

Hasta la fecha, esto ha afectado sobre todo a los sectores que son intensivos en mano de obra y precisan de poca tecnología. Actualmente existen indicios de una creciente tendencia por parte de la investigación y la tecnología a hacer lo mismo, así que ahora no podemos hacer oídos sordos a las alarmas que se han disparado. Hasta al más optimista de nosotros se le ha tenido que ocurrir que a las multinacionales no les preocupa si esquilman el medio ambiente, si provocan la quiebra de pequeñas y medianas empresa o si van dejando una estela de paro masivo. Los fondos de la UE y la ayuda nacional no pueden contribuir a cambiar esta realidad más que las garantías de permanencia de siete años, que no tienen más valor que el papel sobre el que están escritas.

Ya no se trata de si los Estados miembros deben ser solidarios o competir entre ellos. Lo que ahora está en juego es la mera supervivencia de nuestra economía europea, que no solo está constituida por grandes empresas, cuyas diferentes deslocalizaciones se supone que tenemos que subvencionar, sino también por pequeñas y medianas empresas que están igualmente necesitadas de promoción y apoyo y que llevan esperándolos demasiado tiempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el texto de la resolución sobre la que vamos a votar ha sido objeto de difíciles concesiones y compromisos. No obstante, en el curso de este debate quiero destacar ante esta Cámara algunas cuestiones importantes.

En primer lugar, el texto señala con razón el peligro de que los fondos europeos se utilicen de forma indebida si se emplean para trasladar la producción, cuando dichos fondos están vinculados a zonas de intervención estructural en una región concreta. Por ello, los fondos están vinculados en cierto sentido a esa región.

En segundo lugar, el texto es de carácter intervencionista y se reduce a una serie de propuestas preventivas o represivas.

En tercer lugar, en este texto la deslocalización es percibida como una amenaza real, aunque solo hace referencia a consecuencias potencialmente negativas. Tan solo en la parte inicial de la resolución se indica que la deslocalización puede tener muchos motivos y que estos pueden tener algo que ver con la eficiencia y la rentabilidad. A partir de ahí solo se habla de mecanismos negativos. El texto menciona brevemente la diferencia entre la deslocalización interna y la deslocalización externa, y no presta suficiente atención al fomento de mecanismos positivos que permitan estimular la permanencia de los inversores en la UE. Asimismo, el texto no distingue entre pequeñas y grandes empresas en las diversas categorías, como se hace para las ayudas públicas. En el futuro, los textos de este tipo deberían ir acompañados de análisis económicos pormenorizados en los que se destaquen las condiciones económicas y la duración del ciclo de producción.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE).(FR) Señor Presidente, el fenómeno de las deslocalizaciones preocupa a toda la Unión Europea, pero en especial en los antiguos Estados miembros. Es más, conocemos las razones de ello, que nos han recordado nuestros colegas diputados: globalización de la economía, distorsiones de la competencia tanto en el plano social como en el fiscal, etc. Está claro que todo esto ha tenido una influencia indiscutible sobre el reciente debate constitucional y, en mi país, Francia, conocemos las consecuencias.

Por consiguiente, este informe es muy oportuno y rindo homenaje por mi parte a la labor del ponente así como a las mejoras introducidas por la Comisión de Desarrollo Regional. Ahora disponemos de un texto equilibrado. Puede reforzar verdaderamente las medidas encaminadas a luchar contra las deslocalizaciones y prevenir los efectos negativos que pueden tener.

Por mi parte, quisiera insistir en un punto concreto, y evidentemente estamos hablando ahora de desarrollo regional: el informe destaca la importancia de un buen uso de los Fondos Estructurales para prevenir el riesgo de deslocalizaciones a corto, medio y largo plazo. Se trata principalmente de las ayudas directas concedidas a los sectores económicos que hay que apoyar, pero sabemos que un factor esencial de riesgo de deslocalización reside en el aislamiento y en las dificultades de acceso a las unidades de producción. Es importante, pues, que la nueva generación de Fondos Estructurales destinados a la competitividad y el empleo incluya entre sus prioridades la mejora de los accesos de las regiones que tienen importantes desventajas en este aspecto. Sería la mejor garantía de continuidad de la actividad económica en estas regiones.

Por mi parte, espero que la Comisión, además de prestar atención a las peticiones y recomendaciones contenidas en el informe, asuma igualmente este ruego concreto, que lo más probablemente se repetirá cuando se elaboren los nuevos programas de desarrollo regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar algunas críticas al informe que se nos ha presentado sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. A lo largo de toda su historia, Europa ha conocido muy de cerca el fenómeno de las deslocalizaciones de empresas. Lo observamos ahora y sin duda volverá a ocurrir en el futuro. En pocas palabras, las personas y las sociedades buscan el lugar óptimo para realizar sus ideas, servicios y productos y nunca hubo, ni hay ni habrá nada malo en ello. De hecho se trata de la expresión de un comportamiento racional arraigado en la base de la civilización europea. La lucha contra la racionalidad económica es la vía a la pobreza europea. Desde sus inicios, la UE se ha construido dejando espacio para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital, y dicho espacio incluye a las empresas europeas. Gracias a esa política de liberalización, los países de Europa Occidental han alcanzado un nivel de vida muy alto; no mediante el cierre de sus mercados, sino precisamente gracias a su apertura.

Este informe propone exactamente lo contrario, a saber, una política basada en nuevos obstáculos a la circulación de capital, y eso no puedo aceptarlo de ninguna de las maneras. El problema de las ayudas europeas frente a la libre circulación de capital dentro de la UE existe realmente. Sin embargo, su solución no consiste en endurecer las condiciones para conceder ayudas a las empresas o en vincular las ayudas al lugar en que opera la empresa. Lo que realmente necesitamos es suprimir definitivamente las ayudas europeas a las empresas. Esa inversión carece de justificación económica y solo conduce a la distorsión del mercado europeo. Si la Comisión estima que la «deslocalización» provoca problemas, debería prestar mucha más atención a la mejora de las condiciones para los empresarios y las empresas. Debería considerar detenidamente si las empresas no abandonan Europa debido al exceso de regulación de la propia Comisión. En mi opinión, es esto lo que está sucediendo en estos momentos. La carga legislativa comunitaria es demasiado pesada y debería reducirse lo antes posible. Entonces veremos que un sinfín de empresas se establecerán en la UE y que aumentará el empleo.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, Señorías, las condiciones en que se desarrolla la política estructural europea están experimentando grandes cambios; la globalización acelera los cambios estructurales y las empresas deben hacer frente a una creciente competencia. A medida que continúa el avance triunfal de la economía de mercado mundial, aumenta el abanico de posibles lugares de producción. La consecuencia lógica de este fenómeno es que las ubicaciones cambian cada vez más rápidamente, y entonces actúa la industria, estableciendo nuevas plantas para abrir nuevos mercados en los que poder vender sus productos, y respondiendo a la presión de los costes que la obliga a trasladarse a países en los que estos son más bajos, no solo dentro de la Unión Europea, sino también a Asia o a Ucrania.

Estas deslocalizaciones de empresas son reales; son un signo externo normal del cambio estructural, y la UE no debe poner trabas legales en su camino. No obstante, lo que está igualmente claro es que no podemos subvencionar cosas decididas hace mucho tiempo en el marco de una política empresarial. Ningún empresario se trasladará a otra ubicación tan solo para recibir una simple subvención, sino que lo hará únicamente si las condiciones a largo plazo en la nueva ubicación le convienen, y por eso dichas subvenciones a la deslocalización tienen efectos de arrastre, que son precisamente los que tenemos que evitar en el futuro, ya que los Fondos Estructurales europeos son demasiado valiosos para eso.

Existe otro argumento en contra de las ayudas a la deslocalización de empresas. La gente no acepta mejor la idea de Europa si los trabajadores de la localidad que ha abandonado una empresa ven cómo se utilizan sus impuestos para que sus puestos de trabajo se vayan a otra parte.

Nos parece lamentable que tanto la Comisión como los socialdemócratas alemanes nieguen que se siguen concediendo ayudas de este tipo a la deslocalización. Sin duda es cierto que las ayudas regionales europeas incentivan estos efectos de arrastre innecesarios. La razón de que se conozcan tan pocos ejemplos de ellos es que el umbral para su notificación se ha fijado en un nivel demasiado alto. Por ello pedimos a la Comisión que finalmente se tome en serio las propuestas de esta Cámara y del Consejo de Ministros. Lo que exigimos es un Reglamento, un acto legislativo directamente aplicable, que impida de una vez por todas que los fondos europeos se desperdicien de forma tan inútil.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, doy las gracias a usted y a los diputados al Parlamento Europeo por sus intervenciones tan positivas. La Comisión Europea reconoce que el problema de la deslocalización y la correspondiente pérdida de puestos de trabajo constituyen un problema muy preocupante.

La Comisión, de común acuerdo con los Estados miembros, dejó claro en el último Consejo Europeo de Hampton Court que la protección social y de los derechos de los trabajadores es parte integrante de los valores europeos. En un entorno globalizado, cada empresa adopta con plena independencia la decisión final respecto a la localización o deslocalización de sus actividades.

Esta decisión viene determinada por numerosos factores. Por ejemplo, de acuerdo con la información de que disponemos, al parecer un factor decisivo es a menudo la existencia de mano de obra especializada, la posibilidad de acceder a diversas infraestructuras y la complejidad de las formalidades administrativas y burocráticas. El buen funcionamiento del mercado interior permite que las empresas adapten sus procesos de producción a las oportunidades que se presentan en cada ocasión. Este aspecto dinámico del mercado interno reporta ventajas a largo plazo para todas las regiones.

Como ya he señalado en mi introducción, la Comisión ha propuesto y aplicado medidas encaminadas a limitar el uso de los Fondos Estructurales para fines no relacionados con el desarrollo sostenible de cada región. Además, la Comisión propone la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización, propuesta que recibió el apoyo del Consejo Europeo el pasado mes de diciembre.

Por último, me gustaría hacer hincapié en que la Comisión promueve la mejora de la recopilación de estadísticas de interés en esta materia y la realización de nuevos estudios sobre las ventajas y costes de la deslocalización.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

El Presidente. – El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE).(FR) Hay que recordar siempre los objetivos de la política de desarrollo regional: cohesión económica, social y territorial, pleno empleo y progreso social.

En la Unión, la libre circulación de mercancías, capitales y personas está consagrada en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de modo que es difícil defender la prohibición absoluta de elegir el lugar de establecimiento del centro de actividad, máxime cuando semejante prohibición conllevaría una paralización que sería perjudicial para la economía europea.

La política de cohesión económica y social es esencial para salvaguardar el consenso y el apego de los ciudadanos a la Unión Europea. Esta política se basa en el desarrollo armonioso y unificado de todas las regiones de Europa. Por tanto, sería contrario a este objetivo colmar el retraso de desarrollo económico y social de algunas regiones impulsando métodos que pudieran ocasionar la falta de desarrollo en otras regiones de Europa. Tales procesos de deslocalización no obedecen a un aumento global de las inversiones a escala europea, sino solo a una reasignación de las mismas por una ventaja temporal de coste. En consecuencia, las empresas con sede en un país miembro que decidan deslocalizar sus actividades a otro país miembro no deberían disfrutar de contribuciones procedentes de los Fondos Estructurales.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad