Acta literal de los debates

Martes 14 de marzo de 2006 - Estrasburgo

12. Explicaciones de voto

Informe: Kauppi (A6-0050/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora Kauppi, sobre la propuesta de modificación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al capital de las sociedades anónimas.

Ante la multiplicación de situaciones diferentes a que se enfrentan los agentes económicos, era urgente simplificar las modalidades de fijación y evolución del capital de las sociedades anónimas, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los accionistas y los acreedores. Profundizando en las reflexiones que dieron lugar a estos cambios legislativos, me parece necesario emprender un debate político más amplio con vistas a regular, en especial para las personas físicas o jurídicas no domiciliadas en la Unión Europea, el acceso directo o indirecto al capital de las sociedades que actúan en el mercado interior europeo.

Informe: Gröner, Sartori (A6-0043/2006)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, quiero aclarar que he votado en contra del informe Gröner, no porque me oponga a la igualdad de género, ni mucho menos, sino porque dicho informe y el Instituto de la Igualdad de Género al que se refiere son ejemplos típicos de la sofocante corrección política que está atenazando poco a poco a Europa.

La Carta de los Derechos Fundamentales, un documento político de izquierdas, políticamente correcto, aplicado por una Oficina de los Derechos Fundamentales, también políticamente correcta, al igual que las cuotas de empleo y otras medidas propuestas en la ahora difunta Constitución europea, que sin embargo continúa acechándonos, se enmarcan dentro de la misma ideología.

Les ruego encarecidamente que ignoren esas cuestiones en aras de lo que realmente importa, que es que las mujeres tienen derecho a acceder a los mismos empleos y deben recibir la misma retribución por el mismo trabajo. En eso estamos todos de acuerdo. El resto es mera corrección política.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, quiero recalcar que estoy absolutamente convencida de la necesidad de salvaguardar los derechos humanos, tanto de los hombres como de las mujeres, pero no estoy segura de que este texto en concreto salvaguarde esos derechos o la subsidiariedad de los Estados miembros en relación con las cuestiones a las que se refiere.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor porque reconocemos la importancia de que se cree un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. También queremos insistir en que es fundamental que dicho Instituto no se limite a realizar estudios y análisis y a elaborar estadísticas, por importantes que puedan ser estas actividades.

Es preciso que se intensifiquen la cooperación y el diálogo con las ONG y los organismos que trabajan en el ámbito de la igualdad de oportunidades, a escala nacional y europea, y también con terceros países. Es necesario apoyar asimismo las medidas encaminadas a acabar con la discriminación.

También es esencial que analicemos y vigilemos la integración de la dimensión del género en todas las políticas y en el proceso presupuestario de la UE, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de las repercusiones de las políticas comunitarias nacionales pertinentes para los hombres y para las mujeres. Así lo propusimos, pero lamentablemente no fue aprobado.

Por último, esperamos que se garantice una financiación comunitaria suficiente y que en la elección del futuro Consejo de Administración prevalezca el sentido común.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe propone la creación de un nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

La posición de fondo de la Lista de Junio es que las cuestiones relacionadas con la igualdad son muy prioritarias. La igualdad de trato entre hombres y mujeres es un requisito imperativo que deben cumplir todos los países de la UE. Pero eso no significa que la UE deba crear otro órgano burocrático para conseguirlo. Suecia ha realizado grandes progresos en materia de igualdad y la Lista de Junio está convencida de que esa tarea se desarrolla mejor a escala nacional. Un Instituto de la Igualdad de Género de ámbito europeo significará más burocracia y menos eficiencia.

Si queremos que los ciudadanos de ambos sexos se comprometan con ella, la lucha por la igualdad se tiene que desarrollar desde la base en los Estados Miembros y no imponerse desde arriba por eurócratas designados. Eurostat puede cubrir la necesidad de elaborar estadísticas comparativas en este ámbito.

Por eso hemos optado por votar en contra de la totalidad del informe.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Tanto yo como mis colegas conservadores británicos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades en la sociedad. Creemos que los hombres y mujeres se realizan plenamente en la vida de nuestro país y en otras partes y se oponen a toda forma de discriminación por motivos de género.

Sin embargo, hemos votado hoy contra este informe porque no estamos a favor de la proliferación de nuevas agencias y organismos de la UE que aumentarán la carga que soportan los contribuyentes e incrementará la burocracia sin ninguna ventaja evidente para las personas a las que se supone que sirven. La creación de un nuevo instituto para esta cuestión puede convertirla en un gueto y dejarla a merced de los grupos de presión monotemáticos, con lo que se facilitaría su olvido y marginación. La igualdad de género debe tratarse en el marco del enfoque global de los derechos fundamentales.

  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. (DE) La Comisión anunció la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género antes incluso de que el Parlamento presentara su informe al respecto. Desde el punto de vista del procedimiento, no es la manera correcta de actuar. Hoy vamos a votar sobre esta cuestión y la voz del Parlamento tiene peso.

La intención es crear un Instituto con un presupuesto de 54,5 millones de euros, con la función específica de realizar un seguimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la elaboración de estadísticas e informes. Esta Asamblea había recomendado, no obstante, por razones prácticas y financieras, y en fecha tan reciente como el año pasado, que el Instituto de la Igualdad de Género formase parte de la Agencia Europea de Derechos Humanos. La resolución eficaz de los problemas de igualdad requiere más actuaciones y más recursos, pero todavía no se ha aprobado ninguna disposición en ese sentido. Por eso la idea original de combinar ambas agencias en una única Agencia de Derechos Fundamentales merece nuestro apoyo.

Es lo que me ha movido a presentar la enmienda 73. El hecho de rechazar la creación de un instituto independiente de la igualdad de género no se debe interpretarse en modo alguno como una expresión de hostilidad contra las políticas sobre las cuestiones que afectan a las mujeres. Los fondos disponibles se deben invertir en la educación de las mujeres. Esta constituiría el primer paso hacia la igualdad. El debate actual sobre la reducción de la burocracia es otro motivo por el que no tiene sentido crear una nueva agencia, cosa que además no podría explicarse fácilmente a los ciudadanos. Por eso no he votado a favor del informe.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. (DE) He luchado por los derechos de la mujer y la igualdad de género durante más de 40 años.

Por lo tanto, no se me puede acusar de falta de interés por esta cuestión.

Sin embargo, me pregunto por qué se considera necesario un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, simplemente porque hace diez años se concibió la idea de un crearlo, siendo que entre tanto ha transcurrido ya mucho tiempo y ahora tenemos otras prioridades de gasto, para hacer un uso más eficaz de los fondos disponibles, que son escasos.

Se me ocurren mejores maneras de gastar esos 50 millones de euros para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres que la creación de un Instituto cuyas funciones y competencias se solaparán con las de muchos otros organismos nacionales, europeos o mundiales.

A la vista de esta lista de la compra –que es a lo que vienen a ser las 85 enmiendas– me preocupan los futuros costes de lo que se convertirá en un terreno de juego de tamaño desmesurado para las feministas con ideas desfasadas.

Apoyo la enmienda que nos recuerda que el Parlamento Europeo ya había decidido que dicho instituto debía formar parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Eso limitaría, al menos, el daño que pueda causar.

Vistos los muchos aspectos que carecen de sentido y la ausencia de perspectivas financieras, hoy no puedo votar a favor del informe.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe, sobre todo el esfuerzo de crear un órgano independiente especializado en las cuestiones de género. Estoy de acuerdo con la idea de crear un órgano dedicado exclusivamente a la igualdad de hombres y mujeres, ya que de este modo el objetivo de dicha igualdad, que recoge el Tratado, no quedará relegado a un segundo plano respecto a las demás políticas comunitarias de lucha contra la discriminación.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El hecho de que las opiniones estén prácticamente controladas y de que se haya consagrado el pensamiento único ha transformado unos debates serios y pertinentes sobre cuestiones de urgente importancia en ejercicios de reafirmación de la fe en determinadas políticas. Así ha sucedido claramente en el caso de las llamadas «políticas de género».

Una cosa es reconocer la necesidad de una sociedad más equilibrada, con un reparto de tareas entre hombres y mujeres más acorde con el mundo moderno y una mayor libertad de elección, y otra cosa distinta es que con demasiada frecuencia se nos impongan unas políticas supuestamente destinadas a desarrollar esas ideas.

Como si en algunos ámbitos de la política fuera imposible la divergencia de opiniones sobre los métodos y mecanismos. Esa es, en síntesis, mi principal objeción contra la idea de un Instituto de la Igualdad de Género en el ámbito de la Unión Europea. El hecho de apoyar, como he manifestado antes, la necesidad de un mayor equilibrio en la organización de nuestras sociedades, no me lleva a defender la creación de dicho Instituto.

La burocratización de la libertad no me parece el camino adecuado para avanzar. El fin no siempre justifica los medios. Además, la proliferación de «agencias» e «institutos» no me parece un modelo adecuado para la organización de las instituciones comunitarias.

  Reinhard Rack (PPE–DE), por escrito. (DE) Los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Partido Popular austriaco, estamos a favor de la igualdad de género y también de que la política intervenga activamente en ese ámbito. Por lo tanto, consideramos que confiar ese asunto a la Agencia Europea de Derechos Humanos que se prevé crear transmitiría el mensaje adecuado y quiero reiterar que estamos de acuerdo en que las cuestiones de igualdad de género se consideren una tarea importante de dicha Agencia, tal como se manifiesta en la resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2006 sobre el informe Kinga Gal.

Ahora bien, nos oponemos a la creación de otras instituciones independientes, cuyo resultado último sería la existencia de nuevas y costosas burocracias y, puesto que las cuestiones financieras no han quedado en absoluto resueltas, rechazamos las obligaciones financieras previstas sin especificar, que se cifran en unos 52 millones de euros.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) La UE tiene demasiadas autoridades y agencias. Aun así, voy a votar a favor de la creación del instituto. La igualdad de género es un desastre, que queda de manifiesto especialmente en las normas obsoletas que regulan los permisos parentales, la total ausencia de formación sobre las cuestiones de género, una legislación muy deficiente y el hecho de que el 83 % de los altos cargos directivos estén ocupados por hombres. Parece que merece la pena gastar algunos millones de euros para intentar mejorar un poco esta situación con la ayuda de un instituto pensado para complementar la labor del que ya existe para combatir la discriminación contra las minorías. De hecho, parece tener sentido contar con un instituto dedicado a combatir la discriminación contra la mayoría, que son las mujeres.

Informe: Papadimoulis (A6-0027/2006)

  Liam Aylward (UEN), por escrito. (EN) Tenemos ante nosotros un informe excelente. Hemos tomado conciencia de que en la UE y el resto del mundo se producen catástrofes naturales cada vez más frecuentes y severos. En los últimos quince meses, por ejemplo, hemos sido testigos del maremoto en Asia, de un fuerte ciclón tropical en Luisiana y Mississippi, de devastadoras inundaciones en Rumanía, Bulgaria, Suiza, Austria, Alemania y Francia, de la grave sequía en España y Portugal y de los incendios que han destruido casi 180 000 hectáreas de bosque en este último país. Es evidente que los desastres naturales constituyen una amenaza mundial y requieren respuestas a escala mundial.

Por ello me complace la propuesta del Consejo y del informe del Parlamento Europeo, en particular en relación con el concepto de prevención para dar forma a una respuesta de la UE a los desastres naturales. La prevención es tan importante en todos los sentidos como la respuesta a estas catástrofes, y me alegra que este concepto se haya incluido en el informe.

También estoy de acuerdo en que el fundamento jurídico más claro es el apartado 1 del artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que apoyo al ponente.

Estoy de acuerdo en que la doctrina de la UE en materia de protección civil debe basarse en un enfoque «ascendente» y que la principal responsabilidad sobre las actividades de protección civil debe corresponder a los Estados miembros.

  Johannes Blokland (IND/DEM), por escrito. – (NL) Los diputados al Parlamento Europeo de la Unión Cristiana y del Partido Político Reformado no pueden apoyar la recomendación remitida al Consejo sobre el instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves. En particular, no apoyamos la modificación del fundamento jurídico, la ampliación del ámbito de aplicación del instrumento para incluir la financiación de medidas preventivas, ni el aumento del presupuesto.

Lamentamos, en concreto, la modificación del fundamento jurídico, sobre todo porque el Parlamento ya se había pronunciado en otras votaciones análogas anteriores a favor de que el artículo 208 es el único fundamento jurídico adecuado. Forzar la definición del artículo 175 del Tratado para incluir este instrumento en su ámbito de aplicación no es la forma correcta de proceder y solo se puede interpretar como una posición mayoritaria del Parlamento encaminada a ampliar su influencia con la inclusión de cuestiones que en el Tratado se consideran fuera de sus competencias.

Además, las consecuencias financieras del despliegue de equipos de ayuda no deben regirse por un instrumento comunitario, sino que son más bien una cuestión de solidaridad entre países.

  David Casa (PPE-DE), por escrito. (MT) Pese a las muchas mejoras conseguidas en lo que respecta a la respuesta a emergencias causadas por catástrofes, me parece que lamentablemente todavía queda mucho por hacer y que, por lo tanto, se requiere un esfuerzo colectivo que nos permita estar preparados en la medida de lo posible para evitar esas catástrofes.

Creo que todos estamos de acuerdo en que si nos comprometemos a trabajar para prevenir catástrofes nacionales, también ahorraremos a nuestros países y a la Unión Europea los enormes costes que soportamos como consecuencia de nuestra política actual.

Tenemos que estar dispuestos a invertir más dinero y recursos humanos con el fin de elaborar un estudio que nos indique con claridad o, mejor todavía, que evalúe los lugares y regiones más proclives a sufrir catástrofes.

De esa forma, estaríamos preparados ante cualquier eventualidad que pueda suceder y, como ya manifesté antes, no solo nos ahorraríamos muchos millones, sino que también cumpliríamos con nuestra obligación moral de proteger la vida de los que están más expuestos a sufrir esas catástrofes.

Creo que debemos marcar una orientación política a través de la cual cualquier país pueda recurrir a la ayuda de la Unión para poner en marcha proyectos destinados a mejorar el nivel de vida de la población de las regiones más proclives a sufrir problemas de gran escala.

Pienso que más vale prevenir que curar y por eso tenemos que centrar nuestros esfuerzos en los objetivos adecuados y estar preparados para cualquier eventualidad.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las recientes catástrofes naturales, como por ejemplo las inundaciones, la sequía extrema y los incendios forestales que no solo han afectado a los países de la Unión Europea, sino también a otros –como el tsunami en Asia y los huracanes en los Estados Unidos– demuestran la importancia de contar con unos mecanismos de protección civil eficaces.

El instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves propuesto por la Comisión tiene por objeto reforzar la capacidad de respuesta de la UE en el contexto del mecanismo de protección civil y maximizar la asistencia en el aspecto de la preparación y la respuesta rápida a emergencias graves. Sin embargo, no aborda el aspecto de la prevención. Por consiguiente, consideramos importante que se aprueba el presente informe, que da prioridad a esta cuestión y propone su inclusión en el ámbito de aplicación de dicho instrumento.

Destacamos asimismo las propuestas para una gestión integrada de los recursos naturales y ambientales, incluida la gestión de los bosques, de las zonas más susceptibles de inundaciones, las zonas pantanosas y otros ecosistemas frágiles, así como la evaluación de riesgos en las zonas urbanas. Celebramos asimismo la especial atención que reciben las regiones aisladas y ultraperiféricas, la ampliación de la información y sensibilización de los ciudadanos y la mejora y ampliación de la formación de quienes trabajan en ese ámbito.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El texto propuesto por la Comisión contiene algunas buenas propuestas en el ámbito de la protección civil a escala europea. Las medidas y acciones para las cuales se puede activar el instrumento resultarán muy favorables desde el punto de vista de la preparación y la respuesta a emergencias.

Con las enmiendas presentadas en el Parlamento, la prevención de esos fenómenos tiene ahora cabida en el instrumento. Se trata de un factor crucial en el marco del esfuerzo para lograr objetivos tan importantes como la protección de las comunidades, del medio ambiente y de las propiedades.

En un país como Portugal, castigado año tras año por los incendios forestales y la sequía que han dejado cicatrices indelebles, la permitirá formar personal especializado, crear mecanismos de preparación y compartir equipos y buenas prácticas con países más avanzados en ese aspecto.

En consecuencia, apoyo el informe Papadimoulis y las enmiendas al texto de la Comisión.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Existen buenas razones para que los Gobiernos de los Estados miembros den prioridad a las medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan catástrofes naturales. Sin embargo, cuestionamos que la UE deba desempeñar el papel destacado que el Parlamento Europeo le quiere otorgar en este ámbito. Entre otras cosas, el Parlamento Europeo quiere:

– que la UE desempeñe un papel activo en la prevención de catástrofes, como la grave sequía en España y Portugal o los incendios en los países de la Europa meridional;

– que la UE intervenga en las catástrofes ocurridas fuera de la Unión, mediante la intervención de fuerzas de protección civil, por ejemplo;

– y que el presupuesto del instrumento de preparación y respuesta rápida se incremente en 105 millones de euros (por encima del montante propuesto por la Comisión) para el período 2007–2013.

Creemos que corresponde principalmente a cada Estado miembro actuar frente a las catástrofes naturales. Muchos tipos de catástrofes naturales (como la sequía y los incendios) son recurrentes y se pueden predecir. Debería ser perfectamente posible que los Estados miembros realicen, de manera independiente, las inversiones necesarias para minimizar el riesgo de que ocurran catástrofes de ese tipo.

Además, las Naciones Unidas ya disponen de un sistema para ayudar a los países afectados por catástrofes y accidentes graves. Sería recomendable que los Estados miembros recurriesen a dicho sistema que en lugar de crear una estructura paralela, con el riesgo de una duplicación innecesaria de esfuerzos. Por todas estas consideraciones, hemos decidido votar en contra del informe.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este reglamento.

Acojo con satisfacción la mejora de los mecanismos de protección civil de la Unión Europea en caso de emergencia. El instrumento de reacción comunitaria debe ser visible, coordinado y muy ágil en sus respuestas, ya que las catástrofes naturales desencadenan una carrera contrarreloj. La clave del éxito de estas intervenciones reside en la perfecta cooperación entre las distintas partes implicadas.

A través de mis enmiendas he querido insistir en el aspecto preventivo. En efecto, si es importante saber cómo reaccionar ante una catástrofe, aún es más importante saber cómo evitarla. La prevención es un elemento fundamental para la reducción de riesgos. Por ejemplo, los incendios son con gran frecuencia de origen humano. Por ello, un llamamiento a la vigilancia acompañado de una información sobre las penas incurridas es un medio de prevención que no debe desdeñarse.

Por otra parte, antes de elaborar planes de acción, necesitamos un inventario de medios materiales y humanos existentes. Dicho inventario debería ser realizado por la Comisión Europea en cooperación con los Estados miembros.

Por último, la responsabilidad inicial en materia de protección civil es de los Estados miembros. Por ello, los mecanismos comunitarios deben ser un complemento de las políticas practicadas por las autoridades nacionales, regionales o locales.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Naturalmente, apoyamos las propuestas formuladas en el informe y encaminadas, entre otras cosas, a introducir y dar prioridad a la dimensión de la prevención en el contexto del instrumento en cuestión, como factor fundamental para reducir los riesgos de catástrofes naturales, revalorizar el papel internacional de las Naciones Unidas en la gestión de las emergencias y la ayuda a las poblaciones, y garantizar la protección de la salud pública y el patrimonio cultural.

El debate sobre la solidaridad entre los diversos países en el caso de una catástrofe también contribuye, no obstante, a demostrar –o, más bien, a poner de manifiesto con toda crudeza– el escandaloso despilfarro de recursos en la carrera de armamentos y la militarización de las relaciones internacionales, protagonizada por las principales potencias capitalistas, con los Estados Unidos a la cabeza.

Uno se pregunta que ocurriría si se canalizaran los colosales recursos económicos de la militarización y las guerras al ámbito de la prevención, la ayuda de emergencia y la respuesta rápida, así como a la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes.

¿Cuántas vidas, cuánto sufrimiento, cuánto despilfarro de recursos económicos, sociales y ambientales se podrían evitar si se pudiera desarrollar una política de distensión de las relaciones internacionales, de resolución pacífica de los conflictos, de desarme y de cooperación eficaz y mutuamente beneficiosa entre los diferentes países y pueblos?

  Caroline Jackson (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos están de acuerdo en que pueden surgir emergencias graves en las que los Estados miembros deseen expresar su solidaridad europea mediante una contribución colectiva a través del presupuesto comunitario para complementar los esfuerzos realizados por cada uno de los Estados miembros u otros Estados. Por ello votaremos a favor del informe en su conjunto. Sin embargo, no apoyamos la propuesta de modificar el fundamento jurídico, ni la idea de extender la respuesta a las emergencias ocurridas fuera de la UE, ni el incremento del presupuesto. Si esta respuesta se aplicase en todo el mundo, ningún presupuesto comunitario concebible sería suficiente para sufragarla. El Parlamento no debe despertar expectativas que la UE no querrá cumplir.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los hechos demuestran que las clases pobres son las primeras víctimas de lo que a menudo es una ausencia criminal de medidas adecuadas para salvaguardarlas de las catástrofes naturales.

Las graves inundaciones en Nueva Orleáns han acabado con la vida de miles de personas, aunque se sabía qué medidas preventivas se debían adoptar y estas se podrían haber adoptado. Por el contrario, en Cuba, donde existe prevención y protección gubernamental universal, no hubo víctimas.

En este sentido, se requieren medidas preventivas para proteger la salud y el medio ambiente, una responsabilidad que compete exclusivamente al Gobierno y no a las ONG, y evidentemente también es necesario prever recursos suficientes.

La propuesta de la Comisión ignora la cuestión de la prevención, porque entonces tendría que contemplar las causas sociales y económicas que provocan o agravan las consecuencias y aportar los recursos necesarios, que siguen siendo insuficientes.

Resulta curioso, sin embargo, que se incluya la solidaridad ante atentados terroristas entre las emergencias y la necesidad de solidaridad de la Comunidad ante catástrofes naturales, industriales o tecnológicas. El artículo más repulsivo de la «Constitución europea» sobre la solidaridad en el caso de atentados terroristas se ha colado, así, por la puerta trasera ya que, como es sabido, la definición de terrorismo es elástica y el capital eurounificador la adecua a las circunstancias y la dirige principalmente contra el movimiento popular de masas y su lucha contra la política represiva y contraria a los intereses de las masas de la UE y de los Gobiernos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La UE ha respondido positivamente y de forma solidaria a las peticiones de ayuda lanzados por los Estados miembros en casos de emergencia grave. Dicho eso, las últimas grandes catástrofes, como la sequía extrema y los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, han demostrado que la consolidación del mecanismo comunitario de protección civil debe recibir prioridad inmediata antes de que ocurran nuevas emergencias.

El texto que hoy nos ocupa mejora claramente la propuesta de la Comisión de que se amplíe el ámbito de aplicación del reglamento y se incremente la financiación para medidas de prevención, preparación y asistencia en caso de catástrofes.

Esto incluye también la cuestión de la contaminación marítima. En fin de cuentas, tenemos que reconocer que un país costero no podría afrontar por si solo una emergencia ambiental causada por un vertido de petróleo en gran escala que afectara a sus costas.

Somos, además, una Unión abierta y con políticas orientadas a la solidaridad internacional. Debemos hacer cuanto esté en nuestra mano cuando otras comunidades se vean afectadas por emergencias graves y la prioridad principal en este ámbito es ña consolidación de la ayuda mutua entre los Estados miembros de la Unión.

En resumen, con estas medidas podremos responder de la manera más adecuada a las peticiones de ayuda y por esto he votado a favor del informe.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Los países de la UE deben crear estructuras de ayuda mutua en caso de incendios forestales y otras catástrofes naturales. Se trata de ámbitos característicos en los que la cooperación internacional resulta constructiva y necesaria. El Parlamento modifica también el fundamento jurídico, una iniciativa que aumentará las oportunidades de influencia de la sociedad civil.

Por lo tanto, voy a votar a favor de la propuesta, a pesar de que quedé en minoría cuando me opuse a la inclusión de los atentados terroristas. Creo que esos atentados son de una naturaleza muy diferente a otras catástrofes y que, para protegernos contra ellos, se requieren métodos muy distintos. Por consiguiente, no deberían estar cubiertos por el fondo. Frente al terrorismo se requiere otro tipo de intervención, y solo deberían cubrirse los aspectos puramente civiles de la misma, como la ayuda a la reconstrucción después de un atentado.

El terrorismo afecta sobre todo a los países con políticas exteriores coloniales. En lugar de modificar esas políticas, como deberían hacer, esos países quieren exportarlas, junto con sus consecuencias, a todos los países de la UE. Sin embargo, es probable que en estos momentos solo una pequeñísima parte del fondo se destine a esos fines, de manera que la propuesta sigue siendo aceptable.

Informe: Hamon (A6-0022/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El FMI es una de las instituciones de Bretton Woods que, al igual que el Banco Mundial y el GATT/OMC, han servido para consolidar las desigualdades de desarrollo entre el centro y la periferia del mundo capitalista. Eso ha facilitado la liberalización del comercio de bienes y servicios y ha promovido la ideología liberal imperante, que defiende, entre otras cosas, la reducción del papel del Estado, las privatizaciones y la flexibilidad del mercado laboral, todo lo cual forma parte de la llamada «Estrategia de Lisboa».

Los planes de ajuste estructural son un intento de lo que se considera una adaptación de las economías de los países del Sur a la llamada economía de mercado y de competencia, en virtud de la cual los mercados de esos países se abrirán a la inversión extranjera y se introducirán los modelos de especialización económica que favorecen al centro. Las desastrosas consecuencias económicas y sociales de esos planes son bien conocidas. Ni siquiera consiguen la famosa estabilización a la que afirman aspirar. Además, el sistema monetario internacional se está volviendo más inestable y las crisis se suceden cada vez con mayor una frecuencia.

Necesitamos otro sistema monetario distinto, que tenga como núcleo central las Naciones Unidas y basado en el beneficio mutuo y la promoción del desarrollo. La reforma del FMI, aunque se basara en una mayor participación de los países en desarrollo, cosa que de hecho no sucede, no altera su naturaleza. Por eso nos hemos abstenido.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo favorablemente este informe, que estimula una estrecha coordinación entre los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI. En vista de que no existe un pleno reconocimiento de un bloque que represente a la UE, con poderes de delegación acordados por los Estados miembros, es indispensable que cada uno de los Estados miembros de la UE se siga representando a sí mismo dentro de dicho organismo. Hay muchos temas clave, como el desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado la estrecha colaboración de los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI. Considero que, en vista de que no existe un pleno reconocimiento de un bloque que represente a la UE, con poderes de delegación acordados por los Estados miembros, es indispensable que cada uno de los Estados miembros de la UE se siga representando a sí mismo dentro de este organismo, que es lo que sucede en muchos otros organismos internacionales, como las Naciones Unidas. Hay muchas cuestiones clave, como la del desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista Parlamentario Europeo acoge con agrado la estrecha colaboración de los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI. Considera que, en vista de que no existe un pleno reconocimiento de un bloque que represente a la UE, con poderes de delegación acordados por los Estados miembros, es indispensable que cada uno de los Estados miembros de la UE se siga representando a sí mismo dentro de este organismo, que es lo que sucede en muchos otros organismos internacionales, como las Naciones Unidas. Hay muchas cuestiones clave, como la del desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista. En ciertos casos, la reducción de la UE a una sola voz podría tener un efecto patente en el peso de la opinión internacional.

Informe: Hutchinson (A6-0013/2006)

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, permítanme que les explique por qué he votado en contra del informe. Se trata de un informe innecesario, desequilibrado y que no se basa en ningún resultado real, solo en supuestos no fundamentados en los hechos. La ampliación del plazo de protección de cinco a siete años es inaceptable y contraria a los principios de la libre circulación. Si seguimos adoptando más reglamentos, en lugar de eliminar restricciones sobre las empresas y de liberalizar el mercado de trabajo y de servicios, no ayudaremos a la economía de la UE, sino que por el contrario causaremos un mayor estancamiento de la misma.

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos apoyamos el informe del señor Hutchinson en lo esencial, pero opinamos lo siguiente sobre las deslocalizaciones. No creemos que se deban emplear los recursos de la Unión para trasladar la producción porque, en la práctica, eso significa desplazar el desempleo y enfrentar a los trabajadores de diferentes regiones. Sin embargo, tampoco consideramos que todas las deslocalizaciones sean negativas de por sí. El desarrollo de las industrias requiere que su traslado sea posible. Un mayor nivel de conocimientos y de pericia en una región o país puede hacer necesario permitir el traslado de empresas para hacer posible el desarrollo de la región.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional, porque es esencial tranquilizar a nuestros conciudadanos sobre el hecho de que la Unión Europea es fuente de soluciones en el marco de los grandes cambios económicos y sociales de hoy, y no la causa de los problemas.

La gravedad de las cuestiones económicas y sociales asociadas a las deslocalizaciones merece una política europea enérgica que permita conciliar los cambios necesarios y el objetivo de cohesión. Quisiera destacar con enorme satisfacción la petición de obtener toda la futura información objetiva sobre el fenómeno de las deslocalizaciones. Esa información nos será indispensable, en especial en el marco de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio sobre sectores económicos muy expuestos a los cambios, que pueden ser muy radicales. Del mismo modo, era urgente aclarar el régimen de las ayudas europeas en relación con las deslocalizaciones, en particular estableciendo un vínculo entre la ayuda y la obligación de producir en el territorio de la Unión.

Por último, celebro la petición relativa a la inclusión de cláusulas sociales en los tratados internacionales, y ello sobre la base de los convenios prioritarios de la Organización Internacional del Trabajo.

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto regional tras haber participado en los debates en comisión y haberlo enmendado.

Este informe propone evitar que los Fondos Estructurales favorezcan medidas que contribuyan a las deslocalizaciones, que tienen un alto coste social para nuestras regiones.

Preconiza la adopción de una estrategia europea de lucha contra las deslocalizaciones y la creación de un observatorio europeo de las deslocalizaciones para cifrar la repercusión real de las ayudas europeas sobre las mismas.

No se trata en ningún caso de volver a una economía administrada ni de mermar la libre competencia, que es el fundamento del mercado común. Tampoco se trata de controlar a todas las empresas ni de impedir el desarrollo de los nuevos Estados miembros. Pero es importante recordar que los Fondos Estructurales deben ser herramientas de desarrollo y cohesión social y no armas de guerra entre nuestras regiones, porque todavía hay, incluso en los países más ricos de la Unión Europea, regiones pobres en las que los trabajadores ven con desesperanza cómo desaparecen sus puestos de trabajo, muy a menudo sin posibilidad de reconversión.

  Lena Ek y Cecilia Malmström (ALDE), por escrito. (SV) Un mundo cada vez más globalizado crea nuevas exigencias. Plantea nuevos problemas que hay que resolver y genera nuevas oportunidades que se deben aprovechar al máximo. El Parlamento Europeo va a votar hoy el informe de propia iniciativa del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. Hemos decidido votar en contra del mismo porque pensamos que sigue un camino equivocado para afrontar los problemas de la deslocalización de empresas.

Estamos de acuerdo en que nada justifica que se utilicen los recursos de la UE, los de los Fondos Estructurales, por ejemplo, para financiar unas mejores condiciones de competencia para empresas europeas que al cabo de poco tiempo deciden trasladar su actividad fuera de la UE. Sin embargo, ni el Estado ni las autoridades de la Unión deben intervenir para controlar cómo gestionan las empresas sus negocios, como tampoco deben estipular que se debe hacer para impedirles adoptar decisiones racionales que les permitan sobrevivir.

No debemos conseguir el pleno empleo aumentando el control estatal. Debemos conseguirlo haciendo la vida más fácil para un mayor número de empresas y favoreciendo nuevas inversiones en el mercado privado. Por lo tanto, tampoco podemos votar a favor de que se siga limitando el movimiento de las empresas dentro del mercado interior, como se propone en el informe. Para superar los problemas y gestionar las deslocalizaciones propias de un mercado mundializado, necesitamos un punto de partida distinto al de esta nueva tendencia basada en el patriotismo económico.

  Anne Ferreira (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones, en el que se destaca la urgencia de que la Unión Europea tenga en cuenta los graves efectos de las deslocalizaciones de empresas sobre las poblaciones y los territorios.

Hay que hacer la luz sobre la evolución de este fenómeno y sus consecuencias, y un observatorio nos permitirá hacerlo.

Pero es necesario asimismo un marco legislativo más vinculante en la Unión Europea y la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los intercambios comerciales internacionales.

El interés de los trabajadores y la preservación del empleo deben ocupar un lugar central en nuestras preocupaciones políticas. Es indispensable para alcanzar los objetivos de pleno empleo y de la Estrategia de Lisboa, tal como se definieron en 2000, unos objetivos que no conseguiremos alcanzar sin una política industrial europea.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe, elaborado al margen del procedimiento legislativo, se ocupa de un tema importante. Pero nos habría gustado que los problemas relacionados con esta cuestión se hubiesen enfocado de un modo distinto.

Creemos que no podemos interferir en la deslocalización de las empresas a países terceros fuera de la UE. En general, las consideraciones del mercado son las que deben determinar la ubicación final las empresas en el mundo. En este contexto, los Estados miembros de la UE pueden esforzarse por competir a través de la oferta de conocimientos, capacidades y estabilidad, por ejemplo.

En lo que respecta a la deslocalización de empresas dentro de la UE, tenemos que prestar atención al problema que plantea el hecho de que cada Estado miembro complemente la ayuda estructural de la UE con exenciones fiscales y subvenciones estatales discriminatorias. Así sucedió en 2002 cuando la fábrica de neumáticos de Gislaved tuvo que cerrar y la empresa afectada, Continental, decidió invertir en una fábrica de neumáticos en el norte de Portugal. Que algo así pueda suceder en el mercado interior de la UE constituye, en nuestra opinión, un grave problema.

En su exposición de motivos, el ponente también dice que se debería crear un observatorio europeo de las deslocalizaciones dentro de la UE. En lugar de establecer un nuevo órgano de control, deberíamos encomendar a la Comisión la tarea de vigilar los cierres que se están produciendo como resultado de las reestructuraciones y de unos regímenes fiscales discriminatorios.

Por eso hemos decidido votar en contra del informe. Consideramos que se trata de un asunto importante por principio, pero nos hubiera gustado una resolución que lo enfocara de manera distinta.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre las deslocalizaciones de empresas era la única posible, porque el acuerdo de compromiso entre las fuerzas políticas dominantes, es decir, los socialdemócratas y la derecha, dio la espalda a una resolución de mayor alcance. Por nuestra parte, proponíamos lo siguiente:

- poner de manifiesto que, en la mayoría de los casos, ña deslocalización de empresas tiene como finalidad maximizar los beneficios, obtener incentivos fiscales y apoyo financiero, y explotar una mano de obra barata y desprovista de derechos;

- poner de manifiesto que las deslocalizaciones forman parte de la liberalización del comercio y la desregulación del mercado de trabajo a escala mundial, bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio;

- crear un marco jurídico reglamentario que, entre otros aspectos, contemple: la definición contractual de un período de siete años, como mínimo, que garantice la creación de empleo estable y duradero y el desarrollo económico de la región, prevea sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales (devolución de las ayudas concedidas y prohibición de recibir nuevas ayudas comunitarias) y proteja a los trabajadores manteniéndoles informados y ofreciéndoles la oportunidad de participar de manera significativa, incluido el derecho de voto;

- elaborar una comunicación anual sobre las deslocalizaciones y sus consecuencias.

En cualquier caso, esperamos que se aplique por lo menos lo que se ha aprobado.

  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Al solicitar el reembolso de las ayudas europeas concedidas a las empresas que deslocalicen sus actividades, el informe del señor Hutchinson recoge una de las propuestas efectuadas por el Frente Nacional en Île de France con ocasión de las elecciones regionales y a propósito de las subvenciones del consejo regional.

Las instituciones europeas empiezan a tomar conciencia de las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones políticas: muchas de nuestras empresas se ven obligadas a deslocalizar sus actividades porque la destrucción de las fronteras las hace competir con productores cuyos costes laborales son extremadamente bajos.

Para proteger nuestras economías del dúmping social y preservar nuestro modelo social, debemos practicar otra política: restablecer las fronteras, hacer que nuestras empresas sean más competitivas financiando la seguridad social a través de un IVA social que sustituya las cotizaciones. Para ello, haría falta que los Gobiernos nacionales han de conservar su soberanía en materia fiscal.

Estas son algunas de las medidas económicas y sociales de sentido común que podría adoptar, no la Europa actual de Bruselas, desautorizada por los franceses el año pasado, sino una Europa de las naciones libres y soberanas.

  Toine Manders (ALDE), por escrito. – (NL) La delegación del VVD ha considerado que debía votar en contra del informe Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional, porque este apoya abiertamente la propuesta de la Comisión de crear un Fondo de Adaptación a la Globalización, al que el VVD se opone rotundamente porque ese tipo de intervención estatal es contrario al mercado interior. La política social es una cuestión que deben abordar los propios Estados miembros. Además, ya existe un sistema europeo que ofrece posibilidades de reciclaje profesional a los trabajadores, puesto que los actuales fondos estructurales europeos conceden a los Estados miembros un margen para financiar la formación (o el reciclaje) de sus trabajadores. El informe Hutchinson contiene asimismo una serie de disposiciones burocráticas innecesarias que interfieren y coartan la libertad de establecimiento y frenan el impulso del mercado interior.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe sobre la deslocalización en el marco del desarrollo regional. De conformidad con el principio de asociación, es obligación de los Estados miembros y de la Comisión impedir que puedan acogerse a los Fondos Estructurales aquellas empresas que, después de recibir una ayuda de la Unión Europea, trasladen sus actividades a otro Estado miembro o a un país tercero en un plazo inferior a siete años a partir de la concesión de dichas ayudas.

A este respecto es indispensable que la UE adopte una estrategia europea para luchar contra la deslocalización en estrecha colaboración con todos los Estados miembros y que cree un Observatorio Europeo de la Deslocalización para que proceda al estudio, evaluación y seguimiento sobre los acuerdos a largo plazo en el ámbito del empleo y el desarrollo local y elabore propuestas en este sentido.

En vista del aumento estadístico de las regiones escocesas afectadas, ahora es más importante que nunca antes adoptar medidas positivas para que los fondos asignados se inviertan de modo eficaz y se respete la duración de todo el período de programación.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) Crear un mercado único entre 25 Estados con costes salariales, sociales y fiscales muy diferentes tenía que conducir a la deslocalización de empresas a los países con unos costes de producción bajos. Es lo que ha ocurrido. Los diez nuevos Estados atraen las empresas de la «vieja Europa» e incluso empresas de los Estados Unidos radicadas en México.

Esto resulta tanto más chocante cuanto que esos Estados se permiten el lujo de ofrecer un clima fiscal atractivo y después hacen que las mejoras de sus redes sanitarias, sociales y viarias y demás sean pagadas por los Estados occidentales que, al incrementar su fiscalidad para financiar a los diez nuevos países, agravan su propia desventaja productiva.

Para las deslocalizaciones fuera de la Unión hay una solución de fondo. Hay que inventar unos derechos de aduana de nueva tecnología, con tres características. Deben ser modulables en función del diferencial de costes de producción entre los dos países de que se trate. Deben ser reembolsables, con los derechos de aduana soportados por el exportador convertidos en un «crédito fiscal» deducible mediante compra en la economía del importador. En otras palabras, el derecho de aduana ofrecería al exportador un derecho de giro sobre la economía del importador, los que crearía una situación en el comercio internacional en que todos saldrían ganando.

Por último, deben ser bonificables cuando el importador quisiera conceder una ventaja al exportador. El crédito aduanero se convertiría así en un crédito compensatorio como ya existe en el Derecho fiscal internacional.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Mi apoyo al informe se basa fundamentalmente en el diagnóstico, a pesar de que la medicación prescrita me parece que sigue un camino que ha demostrado ser en gran parte poco exitoso.

En este contexto y a pesar de las citadas objeciones, comparto la idea expresada en el informe de que las deslocalizaciones se examinan con demasiada frecuencia cuando ya han tenido lugar. Eso me parece tan poco útil como revelador de una grave incapacidad de anticiparse a los hechos. Por lo tanto, considero que se deben proponer medidas legislativas encaminadas a evitar el despilfarro del erario público y a prohibir el uso de ayudas públicas cuando las organizaciones privadas se gestionan sin el debido sentido de la responsabilidad.

Sin embargo, no creo que ciertos tipos de deslocalización sean evitables. También considero que esto no se puede discutir sin tener en cuenta toda la cuenta de resultados, incluidas tanto las pérdidas como las ganancias. En otras palabras, además de contabilizar el número de empleos que se han destruido con la apertura de los mercados, se deben incorporar a la ecuación los empleos creados gracias a esa misma apertura, sin mencionar las ventajas que ha reportado para el consumidor. Debemos evitar que impere la «ley de la selva», pero sin rechazar al mismo tiempo algo que es necesario. Por el contrario, debemos aspirar a obtener de ello el máximo beneficio posible.

Informe: Matsakis (A6-0044/2006)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Señor Presidente, Señorías, me he abstenido en la votación del informe Matsakis sobre la estrategia de la Comisión sobre el mercurio y quiero explicar las razones. Por mi formación académica de odontólogo, sé que las enmiendas relativas a la prohibición inmediata de las amalgamas dentales no son factibles, sobre todo en los nuevos Estados miembros, principalmente por razones económicas. Puesto que los empastes dentales realizados con otros materiales distintos de las amalgamas son tres veces más caros, su aplicación impondría una carga excesiva a las entidades aseguradoras. Al mismo tiempo, las pruebas de los efectos nocivos de las amalgamas son poco claras y también incompletas. Desde luego, debemos mejorar la eliminación de los residuos de amalgamas en las clínicas dentales, pero no debemos prohibir que los dentistas utilicen mercurio. También considero que la legislación pertinente debe ser competencia de los Estados miembros. La Cámara de Odontólogos de Eslovaquia comparte esta opinión y por eso no he votado a favor del informe.

  Johannes Blokland (IND/DEM), por escrito. – (NL) Aunque los diputados al Parlamento Europeo de la Unión Cristiana y el Partido Político Reformado pueden apoyar la propuesta de resolución relativa a la estrategia sobre el mercurio, queremos añadir que se deben seguir permitiendo excepciones a la prohibición del uso de mercurio en equipos de medición y control.

Una de dichas excepciones se debería aplicar a la producción de barómetros de mercurio tradicionales, según se indica en el texto aprobado de la resolución. La cantidad utilizada para su producción es mínima, y su riesgo ambiental, al encontrarse dentro de una cápsula de vidrio, es relativamente reducido.

Algunas pequeñas empresas de la UE dependen de su producción como fuente de ingresos y tendrán que cerrar si se impone su prohibición absoluta, dada la ausencia de alternativas adecuadas suficientes. Pensamos que la producción de este recurso europeo se debe seguir permitiendo bajo condiciones controladas.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) La finalidad de la propuesta de la Comisión es colmar las lagunas existentes y proponer una estrategia europea para los próximos años con respecto a la producción y utilización de mercurio en Europa.

Entre los aspectos importantes que plantea el informe figuran la prohibición de las exportaciones de mercurio, la prohibición de su uso en equipos de medida y en amalgamas dentales, el control de las emisiones y el estudio de los efectos de la utilización de mercurio en las vacunas, que podría resultar muy beneficioso para la salud pública.

La licencia prevista en la enmienda 2 salvaguarda las actividades de los pequeños productores bajo condiciones controladas, las piezas de museo, los barómetros tradicionales y los objetos de valor histórico. La enmienda 6 establece el plazo para la restricción de las exportaciones. Esa medida podría resultar precipitada y perjudicial para Europa, y favorecer solo a los exportadores de mercurio de terceros países.

Apoyo la propuesta de la Comisión y el contenido general del informe Matsakis.

  Hélène Goudin, Nils Lundgren y Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio apoya la propuesta de la adopción de medidas encaminadas a reducir gradualmente las emisiones de mercurio hasta su total prohibición. Se trata de un problema medioambiental de carácter transfronterizo que requiere una estrategia conjunta y coordinada. Por eso hemos decidido votar a favor del informe.

No obstante, tenemos nuestra propia opinión sobre algunos aspectos concretos de la propuesta del Parlamento Europeo. Por ejemplo, consideramos que los Estados miembros son perfectamente capaces de desarrollar campañas de información independientes sobre los riesgos para la salud que entraña la exposición a mercurio. Además, también pensamos que afrontar las consecuencias sociales del cierre de las minas de mercurio es una tarea que compete principalmente a los Estados miembros y no a la UE.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este texto.

Debemos tener una estrategia comunitaria firme con respecto al mercurio. Sin embargo, ser firme es también ser realista.

El mertiolato, que contiene mercurio, se emplea como conservante en algunos medicamentos, inclusive en vacunas. Hay en torno a un millón de dosis de vacunas en las que el mertiolato entra en el proceso de fabricación a efectos de descontaminación, lo que representa el 0,0000003 % del mercurio utilizado anualmente en Europa.

Por ello, dada la enorme repercusión positiva de la vacunación sobre la salud pública, inclusive en los países en desarrollo, no estaría justificado imponer una prohibición inmediata de este producto en las vacunas.

Con todo, conviene alentar la búsqueda de métodos alternativos a fin de reducir o eliminar en el futuro el empleo de mertiolato.

Recuerdo asimismo que, conforme a la reglamentación farmacéutica, los fabricantes deben demostrar que sus productos no son perjudiciales para el medio ambiente.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe sobre la estrategia comunitaria para hacer frente a las consecuencias que tiene el mercurio en el medio ambiente y los seres humanos. El mercurio es una sustancia sumamente tóxica y es indispensable utilizar pruebas científicas para determinar aquellos ámbitos en que puede utilizarse con seguridad y los sectores en que debe prohibirse. Invito a la Comisión a que presente urgentemente los resultados de sus investigaciones.

  Linda McAvan (PSE), por escrito. (EN) Las diputadas y diputados laboristas al Parlamento Europeo apoyan la estrategia de control del mercurio que propone la Comisión. El mercurio es una sustancia sumamente tóxica que debe someterse a controles estrictos. Sin embargo, consideramos que antes de dictar prohibiciones o restricciones es necesario dialogar con las partes interesadas y efectuar una evaluación de impacto exhaustiva de las consecuencias, así como dar a la industria tiempo suficiente para adaptarse a los cambios.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Los motivos de mi voto sobre el informe Matsakis, relativo a la estrategia de la Comisión para el control del mercurio en el medio ambiente, radican en que la Comisión ha identificado algunos sectores que desea investigar antes de recomendar instrumentos legislativos o medidas a escala comunitaria. Reconozco que el mercurio es una sustancia muy tóxica y apoyo la estrategia de la Comisión y la evaluación de impacto.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Con la aprobación este martes del informe de mi colega, el señor Matsakis, referente a la estrategia comunitaria sobre el mercurio, el Parlamento Europeo envía un mensaje significativo a la comunidad internacional: las sustancias químicas más tóxicas deben ser rigurosamente reguladas y la Europa de los 25 ha de dar ejemplo prohibiendo rápidamente su exportación.

Es la suerte que se reservará en el futuro al mercurio, un metal pesado tóxico para el ser humano y los ecosistemas, cuyo principal exportador en el mundo es Europa.

Celebro, en especial, la adopción del apartado 17, que propone limitar para finales de 2007 la utilización del mercurio en las amalgamas dentales. El Parlamento confirma así su voto del 25 de enero de 2005 sobre mi informe relativo al Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud, que, en su punto 6, proponía el empleo de alternativas más seguras al mercurio en las amalgamas dentales. Aquí ha ganado el sentido común. La exposición humana debe limitarse al estricto mínimo. Por esta razón, es igualmente esencial que la Unión Europea encuentre pronto una solución al tratamiento de las 12 000 toneladas de residuos de mercurio que producirá en los próximos quince años la industria del cloro y la sosa.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. (DE) El mercurio y sus compuestos son altamente tóxicos para el ser humano, los ecosistemas y la fauna silvestre. El mercurio está clasificado como una sustancia peligrosa prioritaria en la Directiva marco sobre el agua y además interfiere con la actividad microbiológica del suelo.

El mercurio es una sustancia que se degrada lentamente y en el medio ambiente puede transformarse a metilmercurio, que tiene unos efectos sumamente nocivos para la salud humana.

Las amalgamas dentales, que se desechan durante los procedimientos de cirugía odontológica y en los crematorios, constituyen una importante fuente de emisiones de mercurio.

Eso hace necesaria la correcta eliminación de los residuos de amalgamas dentales.

El uso de mercurio en las amalgamas dentales es una cuestión muy polémica. El enfoque que se debe apoyar es que se examinen todos los posibles riesgos que conlleva el uso de mercurio en las amalgamas dentales y que las decisiones oportunas se adopten sobre la base de los resultados de esos estudios.

Informe: Paasilinna (A6-0036/2006)

  Nina Škottová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, permítanme que exponga algunas observaciones para explicar mi voto en contra del informe del señor Paasilinna sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo. Entre los objetivos del Proyecto 2010 figuran la innovación y la inversión en investigación. Me ha sorprendido comprobar que el informe no aborda el tema de la investigación con mayor detalle ni le presta la atención que merece. La investigación solo se menciona en relación con las ayudas para la investigación de tecnologías concretas.

Sin embargo, por otro lado, la investigación genera una demanda de información y de tecnologías de la comunicación en todos los campos de la actividad humana. Este aspecto de la retroalimentación es precisamente lo que me parece que falta en el informe, a pesar de que puede ser uno de los motores del crecimiento económico y de la creación de empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa. La referencia que se hace de pasada al Séptimo Programa Marco no refleja debidamente la importancia de dicho programa para el crecimiento y el empleo. Las capacidades profesionales relacionadas con las tecnologías digitales se incluyen actualmente entre las competencias fundamentales que debemos desarrollar en el marco de una formación permanente.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, aquí nos encontramos, buscando nuevas formas de digitalizar cada vez más cosas. Se piensa que las bibliotecas digitales, los equipos digitales para grabar los viajes, los pasaportes biométricos y la administración electrónica obrarán milagros. El dato de que la información y las tecnologías de comunicación representan el 40% del crecimiento económico ciertamente impresiona.

Pero a pesar de toda la euforia que generan las nuevas tecnologías, no debemos perder de vista la realidad. Aunque vuelven a apreciarse indicios alentadores de crecimiento del sector digital, este contribuirá a destruir más empleos de los que creará, porque lo cierto es que el sector de la alta tecnología es particularmente móvil; primero se ha trasladado a los Estados miembros orientales y, al cabo de un tiempo, a países como la India y China.

Tampoco en este caso se harán realidad los sueños de la UE de una máquina corporativa de creación de empleo, pero es bueno observar la tendencia de las pequeñas y medianas empresas a mejorar cada vez más sus equipos, con la finalidad de aumentar su productividad y su competitividad y de abrir nuevos mercados. Tendremos que dar más apoyo a esas pequeñas y medianas empresas.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo porque considero que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es una condición necesaria para el desarrollo económico y el progreso social. Estas tecnologías se emplean en casi todos los sectores técnicos, administrativos, comerciales, culturales, sociales, sanitarios, etc. Es imprescindible que todos los habitantes de la Unión Europea tengan las mismas oportunidades de acceso a las mismas, y ello a un coste que se corresponda con un precio normal de mercado. Celebro la idea de combatir la brecha digital y es bueno recordar que la Unión Europea perdió una ocasión de aplicar una política coherente con las licencias de la tercera generación de telefonía móvil: UMTS (Universal Mobile Telecom System), que fueron subastadas por los Estados miembros en condiciones lamentables, habida cuenta de las posibilidades que ofrecía esta tecnología desde el punto de vista de la coherencia política. No hay que repetir este error. Apoyo sin reservas la necesidad de invertir en investigación e innovación en estas tecnologías, que son importantes catalizadores de la competitividad, el crecimiento y el empleo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lamentamos que no se hayan aprobado las enmiendas presentadas por nuestro Grupo parlamentario, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Nuestras enmiendas tenían por objeto garantizar el libre acceso a las tecnologías y a los conocimientos, la libertad de circulación y el intercambio de conocimientos, además de consolidar el papel de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la libre circulación y la difusión de conocimientos. De lo contrario, corremos el riesgo de que la sociedad basada en el conocimiento quede limitada a una elite.

El informe recomienda que se mantenga la política de liberalización y el uso de las comunicaciones para transmitir «los ideales y los valores europeos»; en otras palabras, para transformar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en otro mecanismo de propaganda de la UE.

Aunque el informe haga referencia a la contribución de las TIC al fomento de la cohesión social y territorial y alerte de que las nuevas tecnologías pueden contribuir a intensificar la exclusión social, no desarrolla el tema ni presenta propuestas para evitar que eso suceda.

Nos hemos abstenido debido a las contradicciones del informe.

  Marian Harkin (ALDE), por escrito. (EN) Apoyo la orientación general del informe Paasilinna y reconozco plenamente la importante contribución potencial de las TIC al logro de los objetivos de Lisboa. Sin embargo, me opongo a la introducción de un impuesto común consolidado sobre las empresas, pues considero que es necesario aplicar el principio de subsidiariedad y que las decisiones en materia fiscal deben seguir siendo competencia nacional.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar al señor Paasilinna por su importante y oportuno informe sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo, que apoyo plenamente. Celebro, en particular, la recomendación de que se adopten pronto el Séptimo Programa Marco de Investigación y el Programa para la Competitividad y la Innovación (2007-2013), ambos destinados a aportar los recursos financieros suficientes para apoyar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como motor de la competitividad, el crecimiento y el empleo.

Los dos programas contribuirán a fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la UE, que son fundamentales para el desarrollo de las regiones, toda vez romperán el «aislamiento digital» y apoyarán el desarrollo de proyectos innovadores de las PYME.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe, iniciado en junio de 2005 para fomentar el crecimiento y el empleo en la Sociedad de la Información y en los medios de comunicación.

Este informe persigue tres objetivos prioritarios. En primer lugar, promover un espacio de información sin fronteras; en segundo lugar, estimular la innovación por medio de la inversión y la investigación, y en tercer lugar, hacer que todos puedan acceder a las TIC desde cualquier lugar de la UE.

A pesar de las objeciones que despierta un nuevo acto legislativo, me parece positivo que la iniciativa i2010 vaya a beneficiar a todos los ciudadanos al contribuir a la superación de la brecha digital y a la reducción de los desequilibrios sociales y regionales.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El informe contiene dos ideas fundamentales que me han inducido a votar a favor, a pesar de que discrepo con otros aspectos del mismo.

Por un lado, me parece sumamente importante que tengamos en cuenta que casi todo lo que se dice sobre las nuevas tecnologías refleja un enfoque retrospectivo. No sabemos cómo va a ser el futuro; solo sabemos que va a ser rápido y diferente. En consecuencia, el objetivo del reglamento debe ser, por un lado, abrir los mercados a la competencia y, por el otro lado, estimular las inversiones en innovación. La economía europea solo será competitiva si se orienta a la innovación y se convierte en una economía del futuro próximo y no del presente.

Dicho lo cual, comparto la preocupación por los problemas de la protección de la intimidad y la seguridad de la información. La sociedad que se está creando corre el riesgo de convertirse en una sociedad vigilante y bajo vigilancia permanente, y eso sería una gran tragedia moderna desde el punto de vista de las libertades públicas.

Por último, reconocemos que la innovación, y en particular las nuevas tecnologías, han llevado a cabo una revolución democrática en las sociedades modernas y eso es algo que debemos saludar, preservar y promover.