Acta literal de los debates

Jueves 16 de marzo de 2006 - Estrasburgo

15. Programa de acción comunitaria en el ámbito de la protección de los consumidores (2007-2013) (continuación del debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe de la señora Thyssen sobre el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores (2007-2013) – aspectos relacionados con los consumidores.

  Béatrice Patrie, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme en primer lugar dar las gracias a la señora Thyssen por su informe y por su espíritu de colaboración.

A pesar de haber sido aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria competente, el Grupo Socialista en Parlamento Europeo pidió un debate sobre este informe. En efecto, aunque todos los Grupos coincidan de buena fe en dar la máxima prioridad política a la protección de los consumidores, observo que sigue habiendo divergencias respecto de las orientaciones que conviene adoptar. Por ello, cuando la viabilidad de este programa está pendiente del resultado de las negociaciones sobre las perspectivas financieras, quiero recordar algunas cuestiones fundamentales que plantea el Grupo Socialista.

En primer lugar, quisiera recordarles nuestro apoyo a la separación de los dos programas de acción, el relativo a la salud pública y el relativo a la protección de los consumidores. Además, por lo que respecta a los objetivos horizontales del programa, el Grupo Socialista considera que la existencia de vías de recurso, tanto individuales como colectivas, disponibles en algunos Estados miembros constituye un avance positivo para los consumidores. Este es el sentido de nuestra enmienda 55.

A continuación, por lo que respecta a las acciones específicas del programa, quiero resaltar la importancia de las siguientes: la creación de herramientas de evaluación científica de la exposición de los consumidores a las sustancias químicas emitidas por los productos; la realización de un inventario, que podemos denominar vademécum, de las legislaciones, normativas y prácticas existentes en los Estados miembros en materia de protección de los consumidores, así como una evaluación de la aplicación de la legislación comunitaria a escala nacional; intercambios entre asociaciones nacionales y locales de consumidores, a fin de ayudar a los poderes públicos a legislar a escala europea en materia de protección de los usuarios en el ámbito de los servicios de interés económico general, y este es el sentido de nuestra enmienda 58.

En tercer lugar, por lo que respecta a las medidas legislativas que acompañarán a este programa, quisiera dirigirme especialmente al señor Kyprianou en relación con las medidas políticas y legislativas que ha prometido presentarnos en otoño para acompañar específicamente a este programa. Los términos del debate son conocidos. ¿Cómo hay que intervenir a escala europea? ¿Es mejor favorecer la legislación europea o privilegiar la autorregulación por parte de los agentes económicos? ¿Cómo articular el Derecho europeo naciente en materia de protección de los consumidores con los Derechos nacionales, más antiguos y que en algunos Estados miembros ofrecen más protección a los ciudadanos?

Por mi parte, en un momento en que la movilidad de nuestros conciudadanos va en aumento, considero que la función de los poderes públicos europeos es garantizar la mejor protección posible de los consumidores. No me opongo, por supuesto, a las iniciativas en materia de autorregulación, pero estas últimas deben ser responsabilidad de los propios operadores económicos y su objetivo debe ser el de mejorar las normas mínimas fijadas por el legislador.

Por último, deberíamos tener sumo cuidado con respecto a dos asuntos relacionados con el debate de hoy. El primero se refiere a los debates sobre el marco común de referencia en materia de Derecho contractual europeo y el segundo a la ampliación de los procedimientos de normalización en el sector de servicios, incluidos los servicios que se benefician de preferencias colectivas, como la vivienda social.

Estas son las observaciones que quería hacer en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

  Cecilia Malmström, en nombre del Grupo ALDE. – (SV) Señor Presidente, en vista de lo ocupados que estábamos esta mañana, este debate se ha retrasado y, por desgracia, la ponente y otras muchas personas que han trabajado sobre este tema no pueden estar presentes. Sin embargo, así son las cosas. De repente, mi Grupo me ha concedido mucho tiempo de intervención y he declinado el uso de los últimos cinco minutos, aunque me ofrecieron la posibilidad de cantar una canción. Pero no creo que deba.

El mercado interior ha creado millones de puestos de trabajo, además de incrementar la prosperidad. Ha derribado fronteras y abierto puertas. Podemos hacer todo lo que queramos: viajar, estudiar, trabajar y establecernos. Los consumidores tienen ahora acceso a una multitud de nuevos productos. Por lo tanto, debemos dar un paso más y crear también un mercado interno para consumidores. Eso significa normas comunes y un elevado nivel de protección de los consumidores en toda la Unión. Al incrementarse el comercio transfronterizo, y también el comercio a escala individual, la gente necesita saber qué tipo de productos está adquiriendo, qué hacer si presentan algún defecto, cómo reclamar y qué tipo de normativa existe. ¿Cómo van a saber que un producto concreto sirve realmente para lo que dice servir? ¿De qué recursos disponen en materia de servicios, garantías y resolución de conflictos?

Si queremos recuperar la confianza de la gente, deben existir garantías sobre estas cuestiones, puesto que son problemas cotidianos relativos a las situaciones que los consumidores se encuentran cada día. Son cuestiones que tenemos que abordar a escala comunitaria. Por lo tanto, me parece realmente excelente que la Comisión haya presentado esta propuesta de programa plurianual a largo plazo en el ámbito de la protección de los consumidores.

Sin embargo, el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa no está de acuerdo con la Comisión sobre la necesidad de combinar la protección de los consumidores y la salud pública. Compartimos la opinión de la ponente de que deben mantenerse separadas. Aunque, como es lógico, hay aspectos comunes, se trata de dos áreas de política diferentes que requieren enfoques distintos, y deben mantenerse aparte. Tampoco deseamos que se cree ninguna autoridad especial o agencia relacionada con este ámbito.

Otras cuestiones importantes que nos complace mucho ver en esta propuesta son la creencia de que la política de protección del consumidor debe integrarse en todas las políticas, que es importante colaborar con las distintas organizaciones de consumidores de nuestros Estados miembros y que es posible dar apoyo y prestar atención adicionales a los Estados que todavía no han conseguido avanzar demasiado en el ámbito de la protección de los consumidores. Me alegro mucho de que hayamos conseguido llegar a un acuerdo sobre estos aspectos y de que haya un amplio consenso entre los Grupos a este respecto. Quiero dar las gracias a la señora Thyssen –con un poco de suerte, leerá el Acta– por la amplitud de miras y la voluntad de colaborar que ha demostrado. En el ámbito de la protección de los consumidores somos ambiciosos, ya se trate de la colaboración, la evaluación o la información. Por lo tanto, es preciso que el presupuesto sea también adecuado.

Espero que también se produzca una colaboración constructiva en lo tocante a los programas de protección de los consumidores que la Comisión va a presentar este otoño. Quizás deberíamos haberlo hecho al revés, tratando primero las principales directrices políticas y luego este programa, pero lo hecho, hecho está. Respaldamos la propuesta y apoyaremos el informe por amplia mayoría –en realidad, creo que de forma unánime– cuando se vote durante el próximo período parcial de sesiones.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, la Unión Europea quiere financiar organizaciones de los consumidores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, hasta una suma de 1 200 millones de euros con el fin de que se ajusten a la legislación actual y futura. Como es el caso de gran parte de lo que sale de este Parlamento, no tenemos nada que objetar a la cuestión en sí. ¿Quién se opondría a la adopción, siempre que fuera necesario, de medidas más eficaces de protección del consumidor?

En Gran Bretaña disponemos ya, y eso desde hace muchos años, de una legislación importante en materia de protección del consumidor. No cabe duda de que los países europeos deben aprender unos de otros y de países no europeos, adoptando en el plano nacional las mejores prácticas internacionales y seleccionando lo que resulte más adecuado para las necesidades de cada uno.

Pero como era de suponer, el informe habla de uniformidad, integración y armonización. El propósito de este informe no es aprobar un texto legislativo, cosa que en sí misma es buena, sino que, como todo lo que sale de este Parlamento, sirve al propósito y al proceso de ampliar el poder y el dominio a la Unión Europea. Incrementará el acervo comunitario, ese cuerpo legal que, una vez otorgado a la Unión Europea, nunca se restituye a los Estados nacionales.

También hay algunas alusiones desconcertantes en las propuestas de adoptar modelos de consumo vinculados a sectores de la población. Esta recogida de información en materia de pautas de consumo podría poner en peligro la intimidad del ciudadano. Esto ya se hace en Gran Bretaña por parte de empresas privadas del comercio minorista con instrumentos como las tarjetas de fidelidad. Sin embargo, el consumidor tiene la opción de participar o no, según dónde y cómo decide realizar sus compras.

Esta forma de recogida de datos sobre los ciudadanos no incumbe al Estado, y desde luego no en la forma representada por la Unión Europea.

  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores para 2007-2013 define la forma en que la Unión Europea pretende mejorar la salud y la confianza de los consumidores mediante la aplicación de las disposiciones del Tratado.

La estrategia común en el ámbito de la protección de los consumidores en la Unión Europea es una recopilación de acciones, como la mejora del conocimiento de los consumidores y los mercados, la mejora de la normativa de protección de los consumidores, la mejora de los medios de aplicación de la ley, supervisión y resolución de reclamaciones y la mejora de la información y la educación que se dan a los consumidores.

Sin embargo, el problema es otro. La seguridad alimentaria está empeorando en Europa. Los alimentos modificados genéticamente se están multiplicando en el mercado comunitario. Estos alimentos no son deseados y son potencialmente perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente. La sociedad se siente amenazada por los OMG, lo que ha quedado patente en numerosas protestas, en un creciente movimiento público contra OMG y en las normativas de las autoridades locales. Otra amenaza para la salud y los consumidores, aparte de la expansión de los alimentos modificados genéticamente, es la creciente concentración de producción agrícola, que deja fuera a las explotaciones familiares que producen alimentos saludables. La utilización de productos químicos en la agricultura y la contaminación del suelo, el agua, el aire y muchos alimentos no benefician a los seres humanos. Ha llegado la hora de que la salud y el bienestar humanos sean el valor más elevado de todos, de tal forma que la humanidad salga beneficiada.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, al contrario de lo que se cree de forma generalizada en muchos círculos económicos, la protección de los consumidores no tiene nada que ver con el proteccionismo. Más bien al contrario: las empresas no pueden prosperar sin la confianza de los consumidores y los consumidores son más capaces de tomar decisiones maduras de lo que suelen creer las multinacionales y la Unión Europea.

La actitud de la Comisión en este ámbito es extrañamente contradictoria. Por una parte, con el Libro Verde sobre la alimentación sana y la actividad física, por ejemplo, inicia una política coordinada, mientras que, por otra, socava la protección de los consumidores con la Directiva de Servicios. Entre otras cosas, esta última legaliza repentinamente la molesta publicidad telefónica, que hasta ahora estaba prohibida, siempre que no se realice desde centrales telefónicas internas. Luego resulta que vuelve a preocuparse por el nivel de endeudamiento de los ciudadanos y quiere eliminar los descubiertos, incluso los más pequeños, con un gran coste burocrático. Pero esos descubiertos son consecuencia de nuestra sociedad de consumo y de una vida basada en los créditos, y conviene decir que las políticas presupuestarias de muchos Estados miembros de la UE son un perfecto ejemplo de ello.

Como vuelve a demostrar el último escándalo relacionado con carne en mal estado en Alemania, no hay suficientes inspectores para luchar contra las ovejas negras del sector alimentario. También en el mercado de los artículos eléctricos y los juguetes, el número de productos peligrosos prácticamente se ha duplicado. Publicar los nombres de las empresas involucradas sería más eficaz que cualquier sanción económica. Quizá entonces tendríamos una verdadera protección de los consumidores.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Señorías, en primer lugar quiero agradecer a la señora Thyssen su trabajo en este informe, que no ha sido especialmente fácil. Apoyo plenamente las razones que aduce la ponente para no unificar el programa de acción comunitaria en el ámbito de la protección del consumidor con el programa para la protección de la salud pública. Separando estos programas, ambas políticas, que son muy importantes para nuestros ciudadanos, adquieren más trascendencia. A pesar del hecho de que la Unión Europea original, y también los nuevos Estados miembros, prestan ahora más atención a las cuestiones relacionadas con el consumo, no debemos ser complacientes sobre la situación actual.

El apoyo a la protección de los consumidores conlleva principalmente la financiación de las organizaciones de consumidores, sobre todo en los nuevos Estados miembros, y los niveles actuales son insuficientes, por no decir preocupantes. Por ejemplo, en Eslovaquia las subvenciones ascienden a menos de una décima parte de la ayuda comparable concedida en países vecinos. Con frecuencia los pagos programados se retrasan y las subvenciones, ya de por sí escasas, se recortan, poniendo en peligro la supervivencia y la creatividad de esas organizaciones. Estoy segura de que un programa de acción conjunto solo conseguiría empeorar estas negativas consecuencias.

Los consumidores son la base de una economía de mercado. Cada vez es más complicado ser un consumidor, sobre todo después de la ampliación de la UE. Nosotros, los 450 millones de ciudadanos comunitarios, estamos afectados directamente por cuestiones que van desde la seguridad de los productos que compramos y nuestra confianza en los minoristas hasta la publicidad y la compra por Internet. Dado que muchas de estas cuestiones cruzan las fronteras nacionales, necesitamos campañas intensivas y preventivas de concienciación que nos doten de la autoconfianza necesaria para evitar ser los peones de las grandes empresas. Con toda seguridad, la Comisión debe considerar estas razones suficientemente válidas para aprobar un programa de acción en materia de política de protección de los consumidores independiente y con una financiación suficiente.

El programa de acción comunitaria para la protección de los consumidores 2007-2013 constituye un importante marco para conseguir el equilibrio en el mercado interior, responder a las necesidades y exigencias de los consumidores y crear una relación equilibrada y apropiada entre consumidores y empresas. Las organizaciones europeas independientes que están educando a los consumidores europeos del mañana quieren un cambio sustancial y seguridad financiera. Esperan que la Unión Europea fije un objetivo general claro y un conjunto de normas, y que suprima trabas burocráticas y administrativas.

Sin embargo, es preciso dedicar un esfuerzo especial a ayudar a los nuevos Estados miembros y a los países en vías de adhesión. La fecha fijada para el debate sobre este informe es simbólica, ya que el 15 de marzo es el Día mundial de los derechos de los consumidores. Aprobando este informe, enviaremos el mensaje de que el Parlamento Europeo considera prioritario crear en Europa una sociedad digna y justa para los consumidores.

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Señor Presidente, Comisario, como muchos otros o la práctica totalidad de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, yo también quiero recalcar que no es sensato unificar la protección de los consumidores y la salud pública en un programa de acción conjunto. Necesitamos dos programas de acción distintos porque se están debatiendo y abordando un gran número de cuestiones muy diferentes.

En lo que respecta a la protección de los consumidores, quiero decir que es muy importante; por eso, quiero rogarles que presten una gran atención, en la propuesta del Parlamento, que espero que se acepte en su redacción actual, al hecho de que apoyamos especialmente a las organizaciones de protección de los consumidores. Hemos descubierto que todavía hay que recuperar cierto terreno perdido sobre todo en los nuevos Estados miembros y queremos garantizar que los consumidores de esos países tengan, al igual que en los nuestros, el máximo nivel común posible de protección; no obstante, también en nuestros países hay cierto margen de mejora, no se puede decir que siempre lo hagamos lo mejor posible. Se trata de una cuestión que nos preocupa mucho.

Por eso tenemos que garantizar que las organizaciones de protección de los consumidores sean capaces de actuar con eficacia en representación del público. Los ciudadanos nos han dicho en innumerables ocasiones que lo que quieren es protección para los consumidores. Queremos una Europa centrada en los ciudadanos, en el pueblo, una Europa en la que se respeten los derechos a recibir protección. Por eso, mi Grupo está especialmente preocupado también por la necesidad de armonizar la legislación de protección a los consumidores en el ámbito de los servicios de interés económico general.

Dónde, si no en el caso del agua, los servicios postales, el gas o la electricidad u otras áreas, es importante tener una armonización mínima que permita garantizar un elevado nivel de derechos en lo tocante al acceso, la seguridad, la fiabilidad, el precio, la calidad y la elección y que estas formas de protección sean tan elevadas como sea posible. Estas son cosas que preocupan a nuestros ciudadanos, que necesitan y que quieren.

  Adam Jerzy Bielan (UEN). – (PL) Señor Presidente, la cooperación internacional en el ámbito de la protección de los consumidores tiene el objetivo de proteger contra los riesgos e incrementar las oportunidades disponibles para que los ciudadanos tomen sus propias decisiones. Mejora la calidad de vida para los ciudadanos de la Unión Europea al incrementar la seguridad y la confianza en los productos en el mercado interior. Por eso, es preciso fomentar y desarrollar las redes comunitarias que proporcionan a los consumidores información esencial y apoyo en forma de asistencia jurídica, mediación y otras formas de resolución de conflictos. El sistema Solvit tiene una gran importancia a este respecto, dado que es un mecanismo al servicio de los consumidores que ya existe. También es importante crear confianza en los productos tomando medidas para reforzar la lucha contra los bienes falsificados, debiendo considerar la falsificación un delito común de robo de una marca registrada o comercial. Es preciso poner especial atención en proporcionar a los consumidores una mejor información sobre los riesgos para la salud y la seguridad que pueden derivarse de la utilización de determinados productos falsificados como medicamentos o cosméticos.

La política de protección de los consumidores debe también ponerse en práctica a través de las organizaciones de consumidores. Ese tipo de organizaciones existe en la mayoría de los Estados miembros, pero sus presupuestos y su margen de acción son con frecuencia limitados, sobre todo en los nuevos Estados miembros. Hay una incuestionable necesidad de financiación adicional para organizaciones de este tipo. Es cierto que la protección de los consumidores cuesta dinero, pero es un coste que tenemos que asumir.

  Edit Herczog (PSE). – (HU) Señor Presidente, estoy de acuerdo con todos los argumentos utilizados por la ponente y por la Conferencia de Presidentes para apoyar la separación de las acciones en materia de salud y en materia de protección de los consumidores, y apoyo esa separación.

Quiero presentar un nuevo argumento. La protección de los consumidores se enfrenta a retos muy concretos tanto en los nuevos como en los antiguos Estados miembros, que son totalmente independientes de los asuntos sanitarios. Estos retos deben abordarse con la máxima independencia.

En un primer momento, la protección de los consumidores se centraba en productos, sobre todo en determinados artículos alimentarios y para el hogar. Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente durante la última década. Por una parte, junto con la integración del mercado, también la protección de los consumidores debe ir más allá de los productos para incluir los servicios. Por otra parte, la protección de los consumidores debe adaptarse a la reestructuración del mercado provocada por el rápido desarrollo y la veloz expansión de las tecnologías de la información.

En estos momentos, es posible, por ejemplo, que un consumidor francés que viva en Bélgica solicite un préstamo de consumo a un banco neerlandés mediante un mensaje de texto SMS y luego, con unos pocos clics, compre un producto electrónico sueco en una tienda por Internet lituana, que le entregará un proveedor de servicios británico. Esas situaciones son bastante normales en la actualidad, y son un simple reflejo del funcionamiento normal de nuestro mercado interior.

Sin embargo, dentro del marco jurídico vigente, no solo es complicado discernir, sobre todo para el consumidor, qué normativa de protección a los consumidores de qué país es aplicable en un momento dado, sino también la competencia de las diversas autoridades posibles. Por eso, con la integración del mercado de servicios y la irreversible expansión de las compras en Internet, la futura Agencia europea de protección de los consumidores tendrá también, además de su tradicional obligación de proteger a los consumidores, otras tareas de importancia crucial en los ámbitos de la investigación, el análisis y la planificación.

Al igual que la industria, nuestro sistema y nuestras instituciones jurídicas necesitan innovación. Los marcos que garantizan la protección de los consumidores europeos en el siglo XXI deben ser suficientemente flexibles para adaptarse a la enorme variedad de situaciones posibles en la vida real. Para conseguir ese objetivo, necesitamos recursos independientes y especialistas excelentes y versátiles y estoy segura de que la creación de una Agencia de protección de los consumidores que sea un polo de excelencia redundará en interés de los 450 millones de consumidores europeos. Solicito el apoyo del Comisario para lograrlo.

  El Presidente. Me permito hacer, si me disculpan, una sugerencia a los diputados de los nuevos países, que acostumbran a leer su intervención en la Cámara. La lectura de la intervención a una velocidad excesiva dificulta la traducción y hace imposible la comprensión de la intervención. Sugiero, por tanto, que digan una frase menos, para que la lectura se desarrolle a una velocidad soportable para los intérpretes, o bien que entreguen antes a los intérpretes su intervención, de forma que puedan mantener su ritmo de lectura. Todo ello a fin de favorecer la comprensión de los trabajos parlamentarios.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, quiero protestar contra la acusación de que «los colegas de los nuevos Estados miembros» leen demasiado rápido. Si un diputado lee demasiado rápido, lee demasiado rápido, al margen de que proceda de un Estado miembro nuevo o antiguo.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, haré unos breves comentarios sobre las cuestiones planteadas por los diputados. Quiero darles las gracias por el interesante debate que hemos tenido; ahora tenemos además la ventaja añadida de que las cuestiones se dividan en dos partes, pero sigo pensando que las cuestiones planteadas hoy han sido muy interesantes.

Sé que tiendo a repetirme, pero muchas de las cuestiones planteadas chocarán con dificultades financieras. Por ejemplo, el apoyo o el incremento del apoyo a organizaciones de consumidores o incluso iniciativas más activas/reforzadas en los nuevos Estados miembros son cuestiones que se verán afectadas por el resultado final de los debates sobre el presupuesto. De cualquier modo, reconozco que es necesario, en el caso de los nuevos Estados miembros, no tanto establecer estrategias diferentes, y de esto ya hemos hablado en la sesión de esta mañana, como dar prioridad, poner el acento y centrar la atención en los Estados miembros más nuevos, al menos en aquellos que no tengan tanta tradición en materia de protección del consumidor como otros Estados miembros. Esto se reflejará, como verán ustedes en un futuro próximo, en la estrategia en materia de protección del consumidor que se está elaborando de forma más detallada. Podrán comprobar cómo se hará hincapié en los nuevos Estados miembros, en particular en lo relativo a la educación, a la formación de las organizaciones de consumidores y a los ámbitos en los que se pueda reforzar la mentalidad de protección del consumidor.

En lo que se refiere al tema de los grupos vulnerables, estoy de acuerdo en que determinados grupos de consumidores requieren una protección mayor. De nuevo, no estoy seguro de que la mejor forma de conseguirlo pase por incluir esto o por una disposición específica en el programa; en todo caso, en las acciones específicas, en las iniciativas y disposiciones legales concretas, deberíamos tener en cuenta las necesidades particulares de grupos vulnerables, como por ejemplo los niños. Me remito a las recientes disposiciones legales que aprobamos conjuntamente sobre prácticas comerciales injustas, en las que tenemos en cuenta los grupos vulnerables de consumidores.

Hay un malentendido acerca de la agencia. Compruebo que el señor Stubb no está presente esta tarde, pero no se trata de una propuesta de agencia que elabore políticas o tome iniciativas en el ámbito de la protección del consumidor, será una agencia ejecutiva, un órgano de gestión que se encargará de la contabilidad y demás aspectos prácticos que no impliquen la política. En realidad se encargará de las cuestiones prácticas de gestión contable, de forma que liberará recursos que tenemos efectivamente en la Comisión para promover y proponer políticas. Ya tenemos una agencia ejecutiva para el programa de salud que está funcionando muy bien porque permite mejorar el uso de los recursos, y ahora proponemos algo similar para la protección del consumidor. En consecuencia, no se trata de una agencia o institución separada en el sentido en que la ha calificado hoy el orador del Grupo en cuestión.

Esta mañana he dicho unas palabras acerca de la separación. Entiendo la posición del Parlamento. Antes de tomar nuestra decisión definitiva, esperaremos el resultado del debate sobre las perspectivas financieras, pero de momento no estamos de acuerdo: seguimos pensando que conviene establecer un programa conjunto, salvaguardando al mismo tiempo las necesidades específicas y las disposiciones financieras de las dos vertientes. No obstante, volveremos sobre esta cuestión una vez se aclare la situación con respecto al presupuesto.

Por último, he asumido la cuestión de los servicios. Ya estamos financiando programas destinados a los consumidores en relación con los servicios. Otro punto en relación con este tema es que siempre deberíamos tener en cuenta no solo los beneficios que suponen las políticas de protección del consumidor para los consumidores y para la protección de los ciudadanos, sino también las consecuencias positivas que una mayor confianza del consumidor tendrá para el mercado interior, el crecimiento económico y, por supuesto, la competitividad de la economía europea.

Una vez más, quisiera agradecer al ponente y a los miembros de la comisión su firme apoyo al programa, y me alegra la idea de colaborar con ellos en el ámbito de la protección del consumidor en el futuro.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el 23 de marzo de 2006.