Acta literal de los debates

Lunes 3 de abril de 2006 - Estrasburgo

12. Apertura al público de las reuniones del Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa - Acceso a los documentos de las instituciones - (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de

- el informe (A6-0056/2006) del señor Hammerstein Mintz, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo tras el proyecto de recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre la reclamación 2395/2003/GG referente a la apertura al público de las reuniones del Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa (2005/2243(INI) y

- el informe (A6-0052/2006) del señor Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los documentos de las instituciones (2004/2125(INI).

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), ponente. – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer la colaboración de la Presidencia austriaca en esta cuestión, y muy especialmente la de la Comisaria Wallström, que ha mostrado bastante entusiasmo y compromiso respecto a la transparencia y el modo de impulsarla.

También quisiera mencionar la iniciativa del señor Michael Cashman, sobre la regulación del acceso público a documentos, un informe paralelo al presente pero que va en el mismo sentido.

Actualmente el Consejo tiene un problema de credibilidad. Por un lado, los líderes políticos de los Estados miembros apoyan el artículo 1.2 del Tratado de la Unión Europea, incluso han firmado el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, según el cual, las decisiones del Consejo se deben tomar de la forma más transparente, abierta y cercana a la ciudadanía.

Pero la realidad es muy distinta. El mismo Consejo se niega a abrir sus reuniones legislativas a la opinión pública y a los medios de comunicación. El Defensor del Pueblo Europeo tiene razón cuando afirma que estamos ante un caso de mala administración, al concluir que el Consejo no ha aportado ninguna razón de peso válida para no abrir las puertas de sus deliberaciones.

Para aumentar el interés y el compromiso de los ciudadanos de a pie con la Unión Europea, y ante la presente crisis constitucional, Europa necesita medidas audaces e imaginativas para acercar los asuntos europeos a todos y a todas. Para empezar, tiene que abrir sus puertas al debate público; sin embargo, el Consejo no quiere hacerlo. Si millones de europeos vieran por televisión a sus ministros discutiendo abiertamente sobre asuntos europeos como la crisis energética, la Directiva de servicios, la retención de datos personales o la investigación con células madre, podríamos despertar mucho más interés hacia los temas europeos y podríamos despertar del letargo a millones de europeos que muestran muy poco interés por la actualidad europea. La opinión pública está encerrada en debates estrechamente nacionales.

Este informe adoptado por la Comisión de Peticiones apoya plenamente la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, que ha considerado que el principio de transparencia debe aplicarse no solo a las deliberaciones del Consejo, sino a todos los casos en que el Parlamente Europeo está implicado, incluyendo las consultas y los temas relacionados con los derechos y libertades individuales y los comprendidos en el tercer pilar.

El pasado mes de octubre, el Defensor del Pueblo Europeo publicó un informe que pedía al Consejo que revisase su negativa a reunirse públicamente cuando estuviese tomando decisiones de carácter legislativo. Para ello, el Defensor del Pueblo pedía al Consejo que cambiara su reglamento interno, para garantizar así el acceso de los medios de comunicación y la opinión pública a sus debates. Sin embargo, y a pesar de la recomendación de la Presidencia británica, el Consejo no ha tomado medida alguna para cambiar su reglamento interno en aras de favorecer la transparencia.

Así, los líderes de los Estados miembros pueden seguir diciendo en Bruselas lo contrario de lo que dicen a sus votantes en casa. Las implicaciones de esta apertura que queremos podrían ser profundas para el Consejo y cambiarían la naturaleza del mismo. Los ministros tendrían que expresarse bajo el escrutinio de la prensa y ante los ojos de millones de personas. Esta sería la mejor forma de visibilizar la democracia europea y despertarnos del actual letargo y aburrimiento.

El Consejo podría comenzar incluso con un programa piloto, donde se explicara cómo se toman las decisiones y cómo es el procedimiento ante millones de personas, ante las cámaras de televisión. Quisiera plantear la siguiente pregunta a la Presidencia en ejercicio del Consejo y a la Comisión: ¿están dispuestos a proponer iniciativas concretas para posibilitar unos debates y una toma de decisiones transparentes y abiertos en el Consejo? Si ahora no, ¿cuándo?

La ciudadanía y el Parlamento Europeo pedimos al Consejo luz y taquígrafos. El Consejo tiene la palabra. Por favor, abran las puertas. Los europeos y las europeas queremos participar.

  Michael Cashman (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, quiero adherirme absolutamente a la declaración de mi amigo, el señor Hammerstein Mintz. Yo fui el ponente original del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos y recuerdo bien los acalorados debates, no solo en el seno del Parlamento, sino dentro del Consejo y del diálogo a tres bandas, cuando nos dispusimos a defender los argumentos a favor de lo que en aquellos momentos era un Reglamento pionero. Recuerdo –y merece la pena nombrar algunos de los antiguos miembros de la Europa de los 15– la tremenda oposición por parte de Francia, España, Italia, Alemania y Austria. Me complace manifestar que la Presidencia austriaca ha cambiado ahora de actitud, pero cito este detalle porque ilustra el largo camino que hemos recorrido.

Existen diferentes enfoques respecto de la apertura al público y la transparencia. Contamos con el maravilloso ejemplo nórdico y luego tenemos el planteamiento más bien suspicaz adoptado en otros Estados miembros, pero está claro que no tenemos nada en absoluto que temer de la transparencia. ¿Qué podemos temer de abrir nuestras decisiones al escrutinio externo? ¿Qué puede temer un Estado miembro por explicar a su propio Parlamento por qué un Ministro ha votado en el sentido que lo ha hecho?

En mi informe formulo varias recomendaciones y solicito a la Comisión que actúe. Reconocemos que el Reglamento (CE) nº 1049/2001 no supuso el final del partido, sino simplemente el comienzo de un viaje prolongado –sin duda cultural– hacia la apertura al público y la transparencia en el seno de las tres instituciones. Procedemos de tradiciones diferentes. Por eso he abogado en favor de una nueva revisión del Reglamento. Esta revisión estaba contemplada en la recomendación original y hay varios entornos relativos a la aplicación del Reglamento que ahora, varios años después, podrían mejorarse notablemente sobre la base de las lecciones que hemos extraído de su puesta en práctica.

Tenemos que volver a examinar las definiciones de los textos legislativos y no legislativos en relación con el acceso del público a los documentos, a fin de garantizar que todas las instituciones trabajen de manera abierta y transparente. El acceso a los documentos no es un regalo, es un derecho. Esto resulta especialmente importante cuando el Parlamento y el Consejo obran en su capacidad legislativa. Una mayor cooperación interinstitucional y un mayor uso del procedimiento de codecisión requieren una mayor apertura por parte del Consejo en particular. Los ciudadanos tienen que poder ver lo que acuerdan en su nombre los Ministros nacionales de los Gobiernos nacionales, de manera que ellos y los partidos de la oposición puedan pedirles cuentas.

Tenemos que analizar la forma en que definimos las circunstancias en que determinados documentos pueden declararse total o parcialmente confidenciales. Estas reglas deben prever exenciones legítimas por razones concretas y perfectamente definidas, pero no deben ser interpretadas en un sentido amplio, lo que se traduciría esencialmente en la denegación del acceso del público a los documentos.

He aquí el punto con el que quiero terminar: ganamos la batalla entre 1999 y mayo de 2001, fecha en que fue aprobado el Reglamento. Una y otra vez hemos batallado a favor de una revisión de las reglas internas de las instituciones, de forma que el Consejo en particular, cuando se reúne en su capacidad legislativa, lo haga en público y vote en público. Hemos salido ganando. Se que la Vicepresidenta defiende personalmente la noción en general de la apertura y la transparencia. La Cámara también, pero eso no es suficiente. Contamos con una magnífica oportunidad el 9 de mayo, el Día de Europa. Hagamos del Día de Europa una jornada positiva pudiendo anunciar cómo vamos a mejorar el derecho de los ciudadanos a conocer lo que se hace en su nombre.

Por último, existe un auge del antieuropeísmo, incluso en los diez nuevos países que se adhirieron hace dos años. A menudo, los Gobiernos que integran un país a la familia de la Unión Europea sufren un castigo por ello; no vuelven a ser elegidos. Estaríamos favoreciendo el antieuropeísmo si continuáramos manteniendo en secreto lo que hacemos. Combatamos a los antieuropeos. Promovamos nuestras instituciones. Proclamemos lo que hacemos. Saquemos adelante esa revisión del Reglamento (CE) nº 1049/2001, no a regañadientes, sino con entusiasmo.

  Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión. (SV) Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Parlamento Europeo y, por supuesto, a los dos ponentes, el señor Mintz y el señor Cashman, por esos dos informes tan importantes. Si me permiten empezar hablando de la apertura del Consejo, la Comisión está completamente de acuerdo en que sus reuniones sean abiertas. Ya a principios de octubre declaramos, en el plan D, que el Consejo debería estar abierto cuando legisla, y que apoyamos las iniciativas tomadas por el Consejo.

Estoy convencida de que las reuniones abiertas del Consejo aumentarían la credibilidad de la UE, así como el interés de los ciudadanos en la UE. En términos de principios, sé que existe un consenso entre nuestras instituciones sobre este tema, y es ahora cuando los Estados miembros deben tomar medidas y ofrecer resultados. También creo que sería una forma efectiva de poner fin a lo que denominamos «juego de culpas», por ello es una cuestión importante.

La apertura también tiene que ver con el acceso del público a los documentos y con el Reglamento 1049/2001. Formalmente, esta legislación se aplica solo al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, pero, por todo ello, ha llegado a aplicarse a muchos más organismos. Las diversas oficinas y agencias de la UE –de hecho casi todos sus organismos– han adoptado voluntariamente las correspondientes normas referentes al acceso a los documentos. Como ha dicho el ponente, el señor Cashman, de este modo las instituciones de la UE, y por suerte en gran medida también el Parlamento Europeo, han conseguido en un período relativamente corto un nivel de apertura que es muy bueno en comparación con el que se puede ver en muchos Estados miembros.

Aunque esto no significa que las cosas no se puedan mejorar. Pueden y deben mejorar. En 2003, la Comisión llevó a cabo una investigación sobre cómo se había introducido el Reglamento en los primeros años. En 2004, publicamos nuestro informe de evaluación. Por entonces, hacía menos de dos años que el Reglamento estaba en vigor, pero había funcionado bien, y no había ninguna necesidad inmediata de revisarlo ni ninguna obligación legal de hacerlo, tampoco. Por este motivo la Comisión pensó que sería mejor esperar a que se ratificara el Tratado constitucional antes de hacer nada más. La Constitución exige una nueva legislación en este ámbito.

El hecho es que todos sabemos cómo están las cosas con el Tratado constitucional. Mientras, el Tribunal de Justicia Europeo también ha presentado varias propuestas para introducir unas normas que rijan el acceso a los documentos. La Comisión ha pensado que ahora era un momento adecuado para empezar a revisar el Reglamento, y la decisión de hacerlo forma parte de la amplia iniciativa europea en materia de transparencia, que en la Comisión decidimos en noviembre del año pasado.

El informe del señor Cashman es, pues, de lo más oportuno, dado que estamos plenamente sumidos en el estudio de cómo podemos mejorar las normas que rigen el acceso público a los documentos. La Comisión, incluyéndome a mí misma personalmente, puede prometerlo, estudiará con gran detenimiento las recomendaciones del informe.

Una de las conclusiones que la Comisión sacaba en su informe de evaluación de enero de 2004 era que el Reglamento había sido utilizado principalmente por profesionales, miembros de grupos de presión, asesores y empresas jurídicas de la UE, y no por el público en general. Es algo que queremos cambiar, y debemos hacer mucho más para llegar a nuestros ciudadanos. Lo que nos preocupa aquí, en primer lugar, es el acceso público a los documentos, o el derecho de los ciudadanos a estar informados, y es un argumento más para apoyar nuestro deseo de ver como se celebra una consulta general antes de cambiar la legislación. La Comisión tiene intención de celebrar una consulta de este tipo entre julio y octubre de este año. Después, presentaremos una propuesta práctica a finales de año o a principios del año próximo.

Sin entrar en detalles respecto a las diversas recomendaciones del informe, simplemente quiero aclarar diversos puntos. La recomendación 2 habla de una mayor apertura en el procedimiento legislativo y de una línea divisoria más clara entre documentos legislativos y administrativos. La propuesta es muy interesante, y la estudiaremos con detenimiento. La misma recomendación se refiere también al Diario Oficial y a la publicación electrónica del mismo. Nuestras instituciones ya decidieron estudiar este tema en el año 2004, y la Oficina de Publicaciones ya ha emitido un informe sobre el futuro del Diario Oficial.

La recomendación 3 habla de los documentos clasificados como confidenciales. En este ámbito, debemos tener cuidado de no confundir cosas diferentes. La confidencialidad no conlleva en sí misma una excepción general de la norma según la cual las personas tienen derecho a los documentos. La negación a emitir un documento clasificado como confidencial debe justificarse exactamente de la misma manera que la negación a poner a disposición del público cualquier otro documento. El procedimiento es el mismo, y las obligaciones de la institución son las mismas. La misma recomendación habla del tema del acceso al Parlamento Europeo a la información clasificada como confidencial. También aquí corremos el peligro de confundir las cosas. Los derechos del Parlamento en este ámbito no están controlados por el Reglamento sino por el Anexo I del acuerdo marco entre nuestras instituciones. Según nuestra experiencia, el acuerdo marco funciona bien.

Creo que la recomendación 5 contiene bastantes propuestas muy interesantes y útiles relacionadas con unos registros y unas bases de datos más simples para el usuario. Son propuestas que no exigen legislación, ya que hablan de detalles y medidas prácticos. El comité interinstitucional nombrado de conformidad con el Reglamento en cuestión se reunió por última vez en noviembre de 2005 y decidió crear un grupo de trabajo para estudiar estas cuestiones, por lo que la solución puede estar más cerca de lo que creemos

Para finalizar, la Comisión está muy comprometida con la cuestión del acceso público a los documentos. Nos hemos embarcado en una revisión del Reglamento, y hemos empezado a estudiar más de cerca muchos de los aspectos discutidos en el informe. Esperamos que el Parlamento Europeo siga ayudando en estos temas y esperamos grandes cosas de la consulta general que llevaremos a cabo entre julio y octubre. El acceso del público a los documentos tiene que ver con el escrutinio y la credibilidad y, cuando de ello se trata, con la democracia. Por lo tanto es importante que sigamos cooperando constructivamente y escuchemos a los ciudadanos.

(Aplausos)

  Andreas Schwab, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría empezar diciendo, en nombre de los diputados del Grupo del Partido Popular (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en la Comisión de Peticiones, lo agradecidos que estamos con el señor Hammerstein Mintz, el ponente, y también con el señor Cashman, por el trabajo que han realizado y por los informes resultantes. Ciertamente, contribuyen de forma considerable a dejar fuera de toda duda la voluntad de esta Cámara de que Europa sea más transparente.

Si no les importa, me gustaría decir brevemente algo sobre la historia previa al informe Hammerstein Mintz. Resulta que estábamos discutiendo con nuestros amigos de los Jóvenes Demócrata-Cristianos alemanes cómo es posible que tantas veces veamos en los medios de comunicación nacionales informes sobre determinadas decisiones por las que después se culpa a las instituciones europeas, aunque el Consejo, que por cierto está visiblemente presente esta noche, haya tenido la misma participación en ellos. Esto, junto con la Convención, nos dio la idea de acudir, a través del señor Brok, al Defensor del Pueblo Europeo en un intento de averiguar cuál era la situación según las leyes europeas en cuya adopción había participado el Consejo.

Por supuesto, no es de extrañar que quienes hablan mucho del hermetismo ante el público y de la necesidad de que la UE sea más democrática, tengan un papel activo en la lucha para que ello sea realidad. Conseguirlo sería hacer un gran servicio no solo a la estima en que se tiene a Europa, sino también, en este caso específico, al prestigio del Consejo y de la Unión Europea en conjunto.

A pesar de los temas individuales que el señor Cashman y el señor Hammerstein Mintz han abordado, no existe tanta necesidad de tomar medidas respecto a la transparencia y la apertura de la Comisión y de esta Cámara, pero ciertamente queda mucho por hacer en el Consejo de Ministros. Por supuesto, el modo de funcionar del Consejo hace que sea más difícil en cierto modo, dado que hay varias cosas que no son tan estables como en el Paramento o en la Comisión, pero de todos modos creo que, en un debate como este, y sin ánimo de ofender a la Presidencia austriaca, habría que poder esperar un planteamiento mucho más serio al respecto. No hay ninguna duda sobre el hecho de que no toda la información que los ciudadanos quisieran tener puede estar a su disposición, pero de todos modos deberían aplicarse los fundamentos de la transparencia. Quizás, señora Comisaria, podría transmitir este mensaje a sus colegas.

  Michael Cashman, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, no voy a entretener a la Cámara gastando dos valiosos minutos, pero me gustaría recomendar a la Cámara el trabajo sumamente valioso del señor Hammerstein Mintz. Ha colaborado muy estrechamente con todos nosotros y en nombre del Grupo del PSE quiero manifestar que cuenta con el pleno apoyo de mi Grupo.

Si se me permite, he olvidado dar las gracias a mi buena colega, la señora Cederschiöld, con la que he colaborado muy estrechamente, al igual que con otras personas, en torno a mi informe, y agradezco a la Cámara su paciencia.

  Chris Davies, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, existe una sospecha pública generalizada acerca del proceso de toma de decisiones europeo, cosa que no resulta sorprendente cuando los Ministros se reúnen a puerta cerrada para hacer leyes. No tiene por qué ser así. Tal vez nunca consigamos hacer perfecta a la Unión Europea, pero al menos podemos hacerla mejor. El Defensor del Pueblo nos ha conferido una gran autoridad moral y ha potenciado la autoridad moral a la campaña unitaria que se impulsa en esta Cámara, que ha obtenido un grado de apoyo increíble. En el caso de mi país, ha conseguido unir a los liberales proeuropeos y a los miembros del antieuropeo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) en una plataforma en pro de una causa común, un hecho insólito.

Detrás de todo esto hay un principio sencillo: las leyes deberían hacerse a la vista de todos. Los Ministros deberían expresar sus opiniones, de una manera franca y en público, para que los ciudadanos conozcan lo que están haciendo y los Parlamentos nacionales puedan pedirles cuentas.

En el momento de ratificar el Tratado Constitucional, cada uno de los Jefes de Gobierno se comprometió con ese principio: el Consejo debe reunirse en público cuando debate actos legislativos. Pero eso no exige modificar el Tratado, simplemente requiere un cambio del Reglamento del Consejo: ni siquiera se precisan 25 votos, sino que bastan 13 –mayoría simple– para introducir ese cambio tan fundamental y establecer este principio.

La Presidencia británica puso algunos paños calientes, pero a la postre se arrugó.

(Exclamación del señor Cashman: ¡No!)

Bueno, lo cierto es que no ha modificado el Reglamento, Michael, esa es la realidad.

La Presidencia austriaca tiene ahora la oportunidad de marcar la diferencia. Cuando le planteé en enero la cuestión a la Ministra austriaca de Asuntos Exteriores, ella dijo: bueno, haremos lo que podamos, pero somos conscientes de lo delicado del tema. ¿Por qué es delicado? Se trata de apertura y transparencia, un principio europeo fundamental con el que se ha comprometido cada uno de los Jefes de Gobierno.

Espero que la Presidencia austriaca tome la iniciativa ahora y lo someta a votación. Si es cierto que algunos Estados miembros –Francia, por ejemplo– están intentando entre bastidores bloquear esta iniciativa, que se sepa quiénes son y que respondan ante sus ciudadanos y ante los ciudadanos de Europa.

(Aplausos)

  Johannes Voggenhuber, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, ¿qué es la democracia? Sean cuáles sean las respuestas a esta pregunta que hayan ido surgiendo a lo largo de los siglos de historia europea, no existe ninguna en la que el acceso de los ciudadanos al proceso legislativo no se describa como uno de sus principios fundamentales y como algo sin lo cual la democracia no existe. El Consejo de la Unión Europea está teniendo la osadía de tratar un principio fundamental con desdén; tiene la gran frescura de decir que es cosa suya, su propia decisión política, y, en un cinismo sin precedentes, de negarse a la apertura y la transparencia que exige el Tratado, diciendo que este requisito de transparencia se aplica a la Unión del futuro.

El Parlamento Europeo no puede hacer otra cosa que considerarlo intolerable. Este informe aborda la esencia misma de la crisis de confianza de los ciudadanos en Europa. Cuanto más me preocupo por este abuso – y conseguí que fuera uno de los principales elementos del orden del día de la Convención –, más me parece que el Consejo es un agujero negro para la democracia, que es el déficit democrático.

Esta Cámara debería hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que se convierta en un ejercicio simbólico para tranquilizar nuestras tiernas conciencias. Somos representantes de los ciudadanos europeos, elegidos directamente por ellos, y tenemos que hacer de ello nuestro empeño. Por muy agradecido que esté por ese informe, lo que propongo va mucho más allá: quienes formamos parte de esta Cámara, como representantes de los ciudadanos europeos, deberíamos presentar al Consejo un ultimátum, poniendo como plazo definitivo el fin de este año. Si para entonces el Consejo aún no ha cumplido este principio fundamental de la democracia modificando su reglamento y llevando a cabo su actividad legislativa en público, esta Cámara debería rechazar todas sus propuestas de legislación que no se hayan discutido y adoptado en público.

  Erik Meijer , en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, aunque la Comisión y el Parlamento seguramente atraen más atención en la Unión Europea, en el análisis final, es el Consejo el que ostenta más poder. Allí es donde se deciden los vetos y donde hay margen para diferir lo que han decidido la Comisión y el Parlamento. Es allí donde los Gobiernos de los Estados miembros realizan sus trueques, donde se protegen los intereses de empresas poco transparentes, y donde todo se envuelve con un gran secretismo. La Constitución propuesta, que fue rechazada el año pasado por los electores franceses y neerlandeses, no habría cambiado en nada el poderoso papel del Consejo como Gobierno y senado unidos en uno solo.

Una de las principales carencias democráticas de la Unión es el hecho de que el Consejo se reúna a puerta cerrada. En la práctica, eso hace imposible que los diputados a esta Cámara, o a los Parlamentos nacionales, estén seguros de que los ministros de sus Estados miembros hayan votado lo que habían dicho que votarían. Un ejemplo es el voto sobre las patentes de software hace un año, donde tanto el ministro neerlandés como el danés mintieron ante sus Parlamentos respecto a su propia conducta de voto. Esto hace que el control democrático sobre la toma de decisiones sea imposible. No deberíamos esperar que una constitución abriera las reuniones del Consejo al público, y no solo las legislativas, sino todas las reuniones. Si nos demoramos más se deteriorará deliberadamente la democracia parlamentaria.

  Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Es un auténtico placer tomar hoy la palabra para dirigirme a la Asamblea, porque estamos hablando de dos documentos preparados por el Parlamento, por diputados a este Parlamento, por un destacado miembro de la Comisión de Peticiones, que yo presido, el señor Hammerstein Mintz, y porque también estamos debatiendo un informe elaborado por el señor Cashman en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; él es también vicepresidente de la Comisión de Peticiones y un miembro destacado de la misma.

Uno de los puntos de partida del debate es el informe del Defensor del Pueblo Europeo, el profesor Diamandouros, sobre la apertura del trabajo del Consejo. El trabajo del profesor Diamandouros, nuestro Defensor del Pueblo Europeo, también está muy relacionado con nuestra comisión. Dado que me dirijo a ustedes en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, pero también como Presidente de la Comisión de Peticiones, me complace en especial poder hablar de estos tres documentos tan bien preparados, y me gustaría felicitar a sus autores, el señor Hammerstein Mintz y el señor Michael Cashman, por su excelente trabajo.

Hoy hemos estado hablando de apertura. A veces se oye decir, aunque hoy no lo hemos oído, que no todo necesita ser abierto, que hay negociaciones, discusiones, preparativos. En realidad, estamos de acuerdo con ello. Esas negociaciones, discusiones y preparativos deben tener lugar detrás del escenario. No exigimos el tipo de apertura que nos permitiría escuchar a escondidas lo que discuten los ministros con sus colegas en sus oficinas, o antes de las reuniones del Consejo. Pero, una vez el Consejo empieza sus debates, queremos saber qué se debate y quién representa qué punto de vista.

Existen al menos tres motivos para exigir esta apertura. El primer motivo es sencillamente que tenemos derecho a la verdad y por lo tanto queremos saber cuál es la verdad. En segundo lugar, tenemos derecho a la supervisión. Tenemos derecho a la supervisión en calidad de diputados individuales al Parlamento Europeo, y en calidad de Parlamento Europeo como organismo, y también tenemos derecho a la supervisión en calidad de miembros y ciudadanos de la Unión Europea. Además, nuestros colegas, los diputados al Parlamento de los Estados miembros, cuyos ministros hablan en el Consejo, también tienen derecho a saber. En otras palabras, tanto la opinión pública europea como la nacional tienen derecho a saber qué ocurre en el Consejo.

También hay una cuestión especialmente relacionada con la esencia de la Comisión de Peticiones, y es acercar las instituciones europeas al ciudadano. Si decimos que hay una crisis de confianza en las instituciones europeas, es la apertura de los debates lo que podría superar la crisis. En otras palabras, queremos que haya confianza en Europa, queremos la confianza por la que luchan, y me complace decirlo, la Comisión de Peticiones y sus dos destacados miembros, los autores de esos informes.

  Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – (DA) Señor Presidente, existe un método muy simple de poner en práctica la apertura en la UE: invertir el procedimiento de modo que exista un libre acceso a todas las reuniones y los documentos, a menos que se decida lo contrario. Es como lo hacemos aquí en el Parlamento Europeo, y es algo de lo que las demás instituciones pueden aprender. Nuestras reuniones de comisión para preparar legislación están abiertas. ¿Por qué no pueden estar abiertas las correspondientes deliberaciones de los 300 grupos de trabajo medio secretos del Consejo? Es de dominio público que utilizamos los servicios de expertos. ¿Por qué no podría decir la Comisión quién está implicado en los 3 000 grupos de trabajo secretos?

La propuesta de invertir el procedimiento recibió 200 de las 220 firmas posibles en la Convención. Ninguna otra propuesta recibió tanto apoyo: todos los representantes electos de los Parlamentos nacionales, todos los diputados al Parlamento Europeo excepto uno, y 23 de los 28 Gobiernos. La propuesta no exige ni siquiera un cambio en el Tratado. Se puede poner en práctica mediante un simple cambio del Reglamento. Tanto la Comisión como el Consejo pueden adoptar la propuesta por mayoría simple: 13 de 25 Comisarios, y 13 de 25 países del Consejo. Háganlo ahora, señor Barroso y señor Schüssel, pongan las cosas en marcha para que las personas podamos sentir respeto por la necesaria cooperación transfronteriza.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias sinceramente al señor Cashman por su constructiva cooperación a lo largo de los años para conseguir una mayor apertura. El Parlamento Europeo siempre ha sido la fuerza motora, pero debo reconocer, honestamente, que la Comisión y el Consejo también han contribuido en estos últimos tiempos a la realmente inmensa mejora de la calidad que hemos visto en los cinco últimos años. Ahora tenemos un procedimiento legislativo en la UE que, en algunos aspectos, es mucho más abierto que el de la mayoría de los Parlamentos nacionales, el mío incluido.

El objetivo de esta revisión es producir las mismas normas para las tres instituciones. Por supuesto espero que a largo plazo el proceso se aplique también a los organismos nacionales. Los reglamentos deben pensarse de tal forma que puedan ser adoptados por la mayoría de las instituciones, tanto de la UE como de los Estados miembros. El Parlamento está aprovechando esta iniciativa de apertura para aumentar el control democrático y presentar aclaraciones cuando la legislación no esté clara. Las actas de las reuniones del Consejo deben publicarse cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa, lo que no significa que deban hacerse públicos todos los detalles de todas las reuniones del Coreper.

Como en el proceso de conciliación, hay que garantizar un cierto ámbito para la negociación. Sin embargo, la apertura debería aplicarse cuando se tomen decisiones sobre la legislación actual, por supuesto. Ofrecer acceso al público a las opiniones jurídicas de forma automática sería restringir el ámbito de la acción política. O eso, o las opiniones serían de menor calidad. La alternativa sería reducir la calidad de las opiniones. Pero, en ciertos casos, los parlamentarios implicados en un tema concreto deberían poder estudiar las opiniones jurídicas, una vez se hubieran comprometido por escrito a respetar la confidencialidad que se aplica a todas las demás personas que hayan participado en el asunto en cuestión.

Una protección clara y firme de los datos es una condición básica para mejorar la apertura. Los derechos en cuestión –apertura y protección de datos– se complementan y refuerzan mutuamente. Hay que respetar la información entregada en confianza. Tampoco debemos tomar medidas retroactivas en este ámbito. Estoy convencida de que, cuando la Comisión haya completado su trabajo, tendremos una propuesta justa y equilibrada. Tengo toda mi confianza en la señora Wallström. Hay que desarrollar aún cómo se puede llevar a la práctica el acceso de los ciudadanos a los documentos, y el Consejo debe mostrar respeto por las personas y por el proceso democrático. Queda mucho por hacer en este ámbito.

(Aplausos en algunos escaños)

  Alexandra Dobolyi (PSE). – (HU) Doy las gracias a la señora Comisaria por apoyar de forma comprometida, junto con el Parlamento Europeo, la idea de que las reuniones del Consejo deben ser públicas. Solo puedo repetir lo que han dicho quienes han hablado antes que yo, porque todo el mundo ha hablado de la misma cuestión: la legislación parlamentaria es un principio fundamental de la democracia moderna, investida con poderes legislativos y ejecutivos. Aunque en los Estados miembros de la Unión Europea existen algunas cámaras que no son elegidas directamente por los ciudadanos, como la Cámara de los Lores británica, a escala de los Estados miembros estas cámaras también toman sus decisiones públicamente.

Por desgracia, el Consejo es una excepción a este principio fundamental. En el sistema democrático de la Unión Europea, este es el único órgano legislativo del mundo que legisla a puerta cerrada. La exclusión del público y el secreto no mejoran en nada la credibilidad de la Unión Europea. Cuando se debate un tema especialmente importante y controvertido, el debate entre Estados miembros sería mucho más transparente y comprensible para todos si el Consejo llevara a cabo el debate legislativo en público, durante una de las primeras fases del proceso. Por lo tanto, acojo con especial satisfacción el excelente informe del señor Hammerstein, las propuestas del señor Cashman, y el informe del Defensor del Pueblo Europeo en este asunto, y quiero darles las gracias por su trabajo. Quiero recordar a todo el mundo que, según el primer artículo del Tratado de la Unión Europea, las decisiones deben tomarse lo más públicamente posibles, haciendo que la Unión Europea se acerque aún más a los ciudadanos.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, según los Tratados de la UE, las decisiones deben tomarse de la forma más abierta posible, y lo más cerca posible de los ciudadanos. Ninguno de esos principios se está poniendo en práctica, y eso no aporta precisamente credibilidad a la UE. No es aceptable que el organismo legislador más importante de la UE, el Consejo, siga reuniéndose a puerta cerrada cuando actúa en su capacidad legislativa. Apenas puedo imaginarme lo que ocurriría si el Parlamento nacional de un Estado miembro cerrara sus puertas cuando empezara a elaborar leyes; el Parlamento estaría obligado a desaprobarlo. Pero en la UE sigue siendo posible elaborar leyes de forma no democrática.

Una mayor transparencia permitiría controlar más fácilmente al Parlamento Europeo, y también a los Parlamentos nacionales, y mejoraría en gran manera el debate público sobre cuestiones relacionadas con la UE. Hoy es muy difícil para los Parlamentos nacionales y el público seguir y controlar las decisiones tomadas por sus propios ministros en el Consejo. Realmente, eso ya no es aceptable: una parte de la democracia es transparencia.

En la actualidad en la UE los ciudadanos dicen que el Tratado Constitucional debería ratificarse rápidamente. De hecho, yo considero más importante para la UE promover la transparencia y que todas las instituciones de la UE hagan todo lo posible al respecto, y, sobre todo, obviamente, el Consejo. De esta forma, se podría llenar este agujero negro de la democracia, y la transparencia sería una realidad en la legislación a escala europea.

PRESIDENCIA DEL SR. MAURO
Vicepresidente

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por su constructivo trabajo. Me gusta la propuesta del señor Voggenhuber de que nos neguemos a ser accesorios de una pieza no democrática de la toma de decisiones. ¿Dónde está el Consejo? ¿Tienen problemas para mantenerse despiertos a esas horas del día? Es porque se encierran en sus habitaciones. Si quisieran abrirlas, obtendrían suficiente oxígeno y les duraría hasta la noche, de modo que podrían participar también en estos debates. ¿Por qué no abren sus puertas? ¿No agradecen los políticos cualquier oportunidad de salir en la televisión? ¿Por qué, me pregunto, desaprovecha el Consejo la oportunidad de hacerlo? Al igual que todos los ciudadanos de Europa, me pregunto qué hacen. Hay una forma fácil de solucionar esta situación: abrir las puertas para que podamos ver lo que ocurre. Confío en que la señora Wallström pueda conducir a la UE hasta el siglo XXI y despertar al Consejo de su letargo del siglo XX. Creo que es importante que recordemos al Consejo que, si ahora abren sus reuniones, no debe ser para que se reúnan formalmente durante una hora y después se sienten ante una mesa para un almuerzo de trabajo de cuatro horas, en cuyo caso la apertura se convertirá en una quimera. También confiamos en que el Consejo coma con rapidez y tome sus decisiones de forma abierta y durante un período amplio.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señora Wallström, Señorías, creemos que el derecho al acceso a los documentos es uno de los derechos más importantes de que han disfrutado los ciudadanos europeos.

La UE pone cada vez más documentos a disposición del público. Pero han surgido varios problemas, sobre todo en relación con una inadecuada aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/01. El Parlamento ha reiterado en varias ocasiones, con razón, la necesidad de revisar ese Reglamento de cara a mejorarlo y consolidar la legislación de la UE en el ámbito de la transparencia.

Lo hemos hecho porque es esencial resaltar la idea de que los ciudadanos pertenecen al proyecto europeo y deben identificarse con él. Para que así sea, tiene que haber un proceso de toma de decisiones basado en unas negociaciones transparentes, abiertas, y en una cooperación adecuada entre las instituciones, sin secretos no deseados. Este Reglamento modificado debe formar parte también de la base jurídica para crear normas, buenas prácticas y acuerdos interinstitucionales pensados para mejorar la elaboración de textos legislativos y asegurar que los textos legislativos finales sean accesibles.

Estoy totalmente de acuerdo con el señor Cashman, que de nuevo ha realizado un trabajo excelente, cuando dice que el hecho de que el Parlamento no tenga una base jurídica clara para el acceso a la información clasificada de la UE va en contra del principio democrático en que se basa la Unión.

También es lamentable que las instituciones no tengan un enfoque común sobre cómo gestionar, compartir y almacenar los diversos tipos de documentos. Sin duda ha habido mejoras, pero todavía no existe mucha coordinación entre las instituciones, sobre todo en cuanto a los documentos relacionados con los procesos interinstitucionales. También tiene que haber unas normas claras sobre el acceso a los documentos administrativos.

Terminaré, señor Presidente, pasando a un tema que me afecta especialmente como presidente de la comisión provisional que analiza los vuelos de la CIA. Quiero dejar claro que lamento que se haya omitido el tema del acceso a los documentos que los Estados miembros clasifican y ponen a disposición del Consejo.

  Roger Knapman (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, el Partido por la Independencia del Reino Unido probablemente va a resultar útil por primera vez en la historia, así que me complace poder intervenir durante un minuto. Hemos acusado repetidamente al Consejo de falta de transparencia. El remedio es bien sencillo: modificar el Reglamento del Consejo, tal como plantea el señor Hammerstein Mintz en su informe. Esa medida garantizaría sin duda que, en el futuro, el pueblo británico pudiera ver cuándo los Ministros británicos faltan a lo que prometieron antes de entrar en esas reuniones.

Pero eso no es suficiente. La Comisión seguirá siendo el Gobierno no electo de la UE, formulando y dictando leyes sin ningún tipo de mandato democrático. Mientras tanto, este Parlamento continúa sacando adelante, de forma ridícula, votación tras votación a base de dudosos recuentos a mano alzada. Sobre todo, los rechazos democráticos por parte de Francia y los Países Bajos a la malograda Constitución de la UE son contemplados con rotundo desprecio por el Consejo, la Comisión y el Parlamento por igual. Así que dejemos de dar lecciones de democracia al resto del mundo. Abramos de par en par las puertas del Consejo y también las de la Comisión.

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Señor Presidente, felicito calurosamente al señor Hammerstein y a la Comisaria por sus esfuerzos para democratizar definitivamente las reuniones del Consejo, para abrir las puertas de esas reuniones donde se legisla sin que los ciudadanos tengamos toda la información necesaria.

He de decir que, en mi país, España, en el que se votó a favor de la Constitución Europea, ese fue uno de los argumentos más aceptados por los ciudadanos y las ciudadanas: la posibilidad de democratizar las reuniones del Consejo y de acceder a toda esas informaciones.

En ese sentido, apoyo, pues, las propuestas del ponente y, de manera especial, en lo que respecta a la publicación de toda esa información, incluido todo lo relativo a las sucesivas Presidencias, en internet y en todas las lenguas oficiales de la Comunidad, evitando restricciones en la comunicación.

De poco serviría que se publicara toda la información, que se abrieran esas puertas, pero solo en dos o tres lenguas, como alguna institución parece, en este momento, querer sugerir. La transparencia exige también que lo que se comunica se entienda, que lo entiendan todos los ciudadanos. De ahí que animemos a todas las instituciones que están a favor de la transparencia democrática del Consejo a no escatimar medios para garantizar esa transparencia en todas las lenguas.

  Bill Newton Dunn (ALDE). – (EN) Señor Presidente, voy a comenzar haciendo algunos comentarios sobre las absurdas observaciones del señor Knapman. Ha dicho que la Comisión es un Gobierno no electo. Por supuesto, todo el mundo sabe de sobra que no es en absoluto un Gobierno. ¿Le gustaría que fuera elegida? ¿Le gustaría que esto fuera una Europa federal con un Gobierno elegido? Por favor, ¿qué pretende, señor Knapman? Luego utiliza una ridícula expresión: la Comisión «dicta» leyes. No dicta nada: recibe sus poderes del Consejo y del Parlamento. Limítese a decir la verdad al público británico, es todo lo que pedimos. Hasta aquí con respecto al señor Knapman.

El Grupo ALDE apoya plenamente estos informes y queremos más apertura. Bajo la Presidencia británica luchamos de forma denodada por convencer al señor Blair de que hiciera algo. Fiel a su costumbre, en el Consejo de Ministros bajo la Presidencia Británica se vertieron grandes palabras y promesas, pero hubo muy pocos hechos, lo cual es muy triste. Queremos que el Consejo legisle en público. Es algo muy claro y muy sencillo: únicamente Corea del Norte y Pekín se comportan como el Consejo de Ministros en Bruselas. Esto debe cambiar si queremos que el público comprenda lo que ocurre en Europa.

En segundo lugar, queremos que las opiniones jurídicas elaboradas en el marco de un proceso legislativo sean públicas, no solo para las comisiones parlamentarias, sino también para el público al que representamos.

Se me acaba el tiempo. No obstante, todos vamos a votar a favor, y espero que lo haga incluso el señor Knapman.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, después de haber trabajado durante seis años en la representación finlandesa y el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés –en otras palabras, el Consejo– y tres años en la Comisión en calidad de funcionario público, no sé si represento un pasivo o un activo en la discusión, probablemente lo primero, y le dedico esto a Pekka Shemeikka y a todos sus amigos del Consejo.

Quiero apuntar varias cuestiones. La primera es que estamos manejando aquí dos asuntos independientes pero ligados entre sí: el acceso a la documentación y la apertura al público en el Consejo. Si el señor Cashman me lo permite, me voy a centrar en el segundo. A veces tengo la sensación de que somos un poco hipócritas en el debate debido a que, si nos fijamos en los Parlamentos nacionales, muchas comisiones jamás son abiertas. Somos mucho más abiertos que los Parlamentos nacionales, cosa que debemos tener presente.

Mi segunda cuestión se refiere a la apertura de las reuniones del Consejo. Se trata de una larga historia que tiene sus orígenes en el informe Trumpf-Piris en 1999, luego hubo varias conclusiones del Consejo en 2001, la Constitución en 2004 y una decisión del Consejo en 2005. Es una historia que continúa, pero nosotros no nos enteramos. Personalmente considero que es una idea fantástica abrir al público las reuniones del Consejo. Todos sabemos la forma en que los Ministros utilizan la UE como chivo expiatorio. Primero, se palmean mutuamente sobre el hombro en la reunión del Consejo y manifiestan: «Buen compromiso»; cinco minutos más tarde comparecen ante los medios de comunicación nacionales y proclaman: «No hemos podido hacer nada». Necesitamos abrir al público el Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa y cuanto antes lo hagamos, mejor.

Otro tema distinto es el de que, tras haber asistido durante cientos de horas a las reuniones del Consejo, estoy en condiciones de afirmar que son las reuniones más aburridas que uno puede presenciar. La apertura proporcionaría más agilidad al debate en el Consejo, ya que a menudo la gente llega y lee documentos ya elaborados. Verdaderamente es un aburrimiento y si lo abrimos al público, mejoraría un poco.

Mi siguiente cuestión se refiere al Coreper. Seamos sinceros: no creo que el Coreper permita jamás la apertura al público y no pienso necesariamente que eso sea algo malo.

Quiero terminar con una propuesta poco realista, que se parece bastante a la del señor Voggenhuber. Lo que deberíamos procurar es que el Consejo se reuniera en una sala sin asistentes y totalmente abierta. Eso sería un Consejo verdaderamente abierto y transparente y eso es lo que necesitamos.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, un debate animado, público y político sobre temas concretos constituye la base para crear un espacio político europeo. Al contar con una de nuestras instituciones legislativas que se reúne y decide sobre temas en privado, a puerta cerrada, estamos negando la creación y el nacimiento de dicho espacio político.

No menosprecio los problemas que comporta comunicar un debate de este tipo a una población de 450 millones con más de dos docenas de lenguas, pero hoy disponemos de la tecnología: tenemos televisión por satélite, radio, publicación en la red, un amplio conjunto de herramientas de comunicación que podemos utilizar, y no creo que quepa poner el coste como excusa, ya que el coste de no hacerlo, el coste de no tener un debate abierto, público y animado en Europa es la imposibilidad de crear un futuro para Europa.

El 22 de abril, el Consejo de Competencia se va a reunir a puerta cerrada para decidir acerca del futuro de la Directiva de servicios, una Directiva en la que han participado activamente y en la que tienen puesto un gran interés millones de ciudadanos europeos. Ese debate debería celebrarse en público.

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Me complace que las instituciones de la Unión Europea sean cada vez más abiertas y transparentes, pero debemos recordar que ofrecer acceso a los documentos y asegurar la apertura de las reuniones del Consejo no es un favor que las instituciones de la Unión Europea puedan conceder a los ciudadanos europeos pero sin necesidad de hacerlo. Es más bien una obligación jurídica y moral, en consonancia con los principios básicos de la buena gestión de los asuntos públicos, o lo que se llama gobernanza, porque nos permitirá superar poco a poco el distanciamiento de los europeos respecto a las instituciones de la Unión Europea y su creciente euroescepticismo, y acabar de una vez por todas con el tipo de bromas que dicen que de lo único que hablamos aquí es de la curvatura simbólica de la banana.

Si la Unión Europea exporta y desea exportar sus valores democráticos básicos en relación con la protección de los derechos humanos y los valores de la gobernanza, debe convertirse en el mejor ejemplo de esos valores. Sin embargo, desde la perspectiva de los nuevos Estados miembros poscomunistas, pero también de los Estados que aspiran a la democracia y los Estados en transición, debo concluir con pena que, debido a su limitada transparencia, las instituciones de la Unión Europea todavía no son el mejor ejemplo a seguir. Por lo tanto, ciertamente lo que más necesitamos es una nueva reglamentación que detalle las obligaciones de las instituciones de la Unión Europea y proporcione una definición clara y precisa de las circunstancias en las que se puede denegar el acceso a los documentos y a los registros de las reuniones del Consejo.

Sin embargo, en la práctica realizar un seguimiento de la mayor parte de la información representa un problema grave. Para obtener acceso a un documento, en primer lugar hay que saber que existe. El siguiente aspecto importante, si se quiere asegurar el máximo acceso y la apertura de las reuniones de las instituciones de la Unión Europea, es limitar la corrupción, el conflicto de intereses y todas las ambigüedades y acusaciones de falta de objetividad en la toma de decisiones. ¿Cuántas veces hemos oído acusaciones de que las instituciones de la Unión Europea toman decisiones partidistas, no siguen unos principios claros…?

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Maria Matsouka (PSE). – (EL) Señor Presidente, Señorías, en definitiva el debate sobre la apertura de las reuniones del Consejo es un debate sobre la democracia. No puedo más que apoyar sin reservas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las propuestas del señor Hammerstein Mintz y mi amigo Michael Cashman.

La falta de información de los votantes sobre las posturas que defienden los representantes de sus Gobiernos a escala de la Unión Europea crea una zona gris respecto a quién es responsable de las decisiones relacionadas con sus vidas diarias. A los Gobiernos les resulta muy cómodo echar la culpa a la Unión de las decisiones que no coinciden con sus intereses, y se otorgan el mérito de las que benefician a su país.

Pero la democracia exige conocimiento, opinión y reacción. La falta de conocimiento sobre las posturas de los Gobiernos en el Consejo también priva a los Parlamentos nacionales del mecanismo de control de los Gobiernos de sus Estados en asuntos europeos.

Finalmente, la cuestión de la transparencia del Consejo nos lleva a la cuestión fundamental de si queremos o no una opinión pública europea, una opinión pública capaz de expresar su satisfacción o desagrado, capaz de enviar un mensaje a las instituciones europeas y capaz de obligar a los ministros del Consejo, como dice con razón el ponente, a asumir su responsabilidad colectiva.

Ese podría ser en realidad el camino hacia la unificación europea.

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE). – (ES) Señor Presidente, quisiera agradecer la ayuda de todos los colegas de la Comisión de Peticiones —una comisión muy importante de este Parlamento—, en particular a su presidente, señor Libicki, y a su vicepresidente, señor Cashman.

Yo creo que, en resumen, este debate ha mostrado que hay un clamor de esta Cámara a favor de la transparencia. Sin embargo, este clamor encuentra unos oídos sordos, una respuesta autista, e incluso ninguna respuesta. Hay muchas palabras, pero no hay acción.

Yo me pregunto, reflexionando sobre la propuesta del señor Voggenhuber: ¿tenemos que llegar hasta el extremo de una huelga parlamentaria para conseguir un mínimo de transparencia en el Consejo Europeo? ¿O vamos a continuar estos debates cada año, cada dos años, con una posición unánime del Parlamento, sin respuesta alguna del Consejo Europeo, sin una iniciativa fuerte por parte de la Comisión, sin que lo vea la gente de la calle?

Porque está muy bien, Comisaria Wallström, que se haya aprobado en octubre la apertura de los Consejos, pero la gente de la calle no ha visto nada, no salen en televisión ministros debatiendo, no hay un debate plástico.

Tenemos que dar visibilidad al debate político europeo, tenemos que dar tensión política al debate en el Consejo, no solo en el Parlamento. Eso es lo que estamos pidiendo y creo que tenemos que adoptar medidas y propuestas concretas y no solo buenas palabras.

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, les ruego que acepten mis disculpas porque acabo de llegar, pero la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores no ha terminado hasta ahora. Me complace que se haya presentado este informe, porque es un paso importante en la dirección correcta. No necesitaríamos debatir este informe si se hubiera ratificado el Tratado Constitucional, en el que esta es una de nuestras principales aspiraciones. Si hay que legitimar la política, la transparencia es un punto esencial.

Esto significa, ni más ni menos, que debemos responder a los ciudadanos cuando preguntan quién y cuándo es responsable de qué a la hora de tomar decisiones. Si uno de los órganos legislativos, a saber, el Consejo de Ministros, no desempeña sus actividades legislativas con luz y taquígrafos, tendremos un problema. Una posible respuesta durante el período de reflexión en el que nos encontramos podría ser abrir las puertas a los ciudadanos.

Por supuesto soy muy consciente de que existen unos límites, por lo menos en lo que se refiere al COREPER, respecto a lo que se puede hacer a puertas abiertas, y de la posibilidad de que las negociaciones se vean perjudicadas si se llevan a cabo en público. Y podría ser que el ponente y yo no estuviéramos de acuerdo respecto a cuáles son esos límites. Realmente les pido, señora Comisaria, señora Vicepresidenta, que se unan a nosotros en esta iniciativa y avancemos por este camino.

También me gustaría expresar mi gratitud al Defensor del Pueblo Europeo por la línea positiva que ha seguido en su informe, porque lo que desencadenó todo esto fue una petición presentada, con mi ayuda, por los Jóvenes Demócrata-Cristianos de Renania del Norte-Westfalia, y nos complace que esta presión de los jóvenes haya hecho posible un debate de este tipo, un debate que abrirá las puertas a una mayor transparencia y a más democracia.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Hemos avanzado ya un largo trecho en la apertura del Consejo a la luz pública, pero hemos de ir aún más lejos y, por tanto, acojo con agrado la intención de este informe.

El Consejo solía deliberar siempre a puerta cerrada, sin que el público tuviera derecho a acceder a los documentos, y ni siquiera publicaba los resultados de sus votaciones, impidiendo con ello que los Parlamentos nacionales supieran cómo votaban los Ministros representantes de su país. A lo largo de los últimos años eso ha cambiado significativamente gracias a la presión del Parlamento Europeo.

Ahora, el Consejo publica al menos los resultados de las votaciones, permite acceder a la mayoría de los documentos y, merced a la iniciativa de la Presidencia del Reino Unido del año pasado, delibera en público sobre la legislación sometida a codecisión. Es hora de ir un poco más allá y sentar el principio de que toda la actividad legislativa del Consejo se celebre en público, el mismo principio que rige para la otra cámara legislativa de la UE, el Parlamento.

  Jules Maaten (ALDE). – (NL) Es de máxima prioridad que la Presidencia austriaca abra las puertas del Consejo de Ministros al público. Esta Cámara, como colegislador, se reúne y vota en público, y todos los documentos de las reuniones se cuelgan en Internet. De ese modo todo el mundo, todas las organizaciones, los medios de comunicación y los políticos nacionales pueden echarles un vistazo si lo desean. No puedo comprender por qué el Consejo no puede hacer lo mismo.

A las conclusiones del Consejo del 21 de diciembre de 2005 sobre este tema les falta valentía en este sentido. Es precisamente en aquellos ámbitos en los que el Consejo decide solo por aprobación unánime donde es importante que tanto la votación como el debate se celebren en público. Solo de esta forma podremos poner fin a los acuerdos entre bastidores. No es difícil, dado que ni siquiera hace falta cambiar el Tratado para abrir las reuniones del Consejo. Lo único que se requiere es un cambio en el Reglamento del Consejo.

Ya no es adecuado que el Consejo siga tomando la mayoría de sus decisiones a puerta cerrada. Además, hay que mejorar el acceso a los documentos de las instituciones. Los ciudadanos europeos que rechazaron el Tratado Constitucional en verano de 2005 han demostrado la necesidad de una Unión más transparente y más democrática.