Acta literal de los debates

Martes 4 de abril de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

2. Composición de los Grupos políticos

  El Presidente. Ayer, en el turno de intervenciones de un minuto, algún diputado hizo referencia a la situación de un Grupo político y le anticipé que hoy podría darle respuesta a su inquietud.

En efecto, les informo de que he recibido una carta, que me han remitido los señores Bonde y Farage, copresidentes del Grupo Independencia y Democracia, en la que me piden que revoque el anuncio que hizo la Presidencia el pasado 15 de marzo sobre la reestructuración de dicho Grupo político.

En consecuencia, atendiendo la petición de los copresidentes de este Grupo, queda revocada, nula y sin efecto dicha declaración de la Presidencia y, en consecuencia, la composición del Grupo Independencia y Democracia sigue siendo idéntica a la que había antes del 15 de marzo de 2006.

En base a esta composición, que sigue siendo la misma que antes de la declaración de la Presidencia, la dirección del Grupo convocará las reuniones que estime oportunas para seguir trabajando en el interior del mismo.

3. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

4. Situación de los campos de refugiados en Malta (propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

5. Decisión sobre la urgencia

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos [COM(2005)0692 - C6-0040/2006 - 2005/0280(CNS)]

  Philippe Morillon (ALDE), presidente de la Comisión de Pesca. – (FR) Señor Presidente, Señorías, intervengo en realidad en nombre de la Comisión de Pesca, de la que soy presidente, para informarles de que anoche, por una amplia mayoría de 14 votos contra 9, dicha comisión se pronunció ayer por la tarde en contra de la solicitud de urgencia presentada por el Consejo para el examen del informe de nuestro colega el señor Varela sobre el reglamento relativo a la celebración del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos.

Esto se debe a que si aceptáramos esa solicitud sería lo mismo que dar un cheque en blanco con respecto al acuerdo, en un momento en que los debates en nuestra comisión distan mucho de haber concluido, como demostró la viveza de las discusiones de ayer, y en un momento en que la Comisión de Desarrollo, que tiene un interés particular en este tipo de acuerdos, todavía no ha emitido su opinión. Somos conscientes, por supuesto, de la importancia de este acuerdo tanto para el Gobierno marroquí como para los propios pescadores europeos. Por ello proponemos aplicar a este expediente un procedimiento acelerado, que permitiría, tras un nuevo intercambio de puntos de vista en la próxima reunión de la comisión de los días 18 y 19 de abril, votar el informe en comisión el 2 de mayo y, por consiguiente, someterlo al dictamen del Parlamento en el próximo Pleno de mayo.

Que sepamos, los primeros pagos no tendrán lugar hasta finales del mes de junio. Por consiguiente, pensamos que este periodo final de reflexión, que consideramos necesario en el Parlamento, no causará mayor inconveniente.

  Heinz Kindermann (PSE). – (DE) Señor Presidente, estoy a favor del procedimiento de urgencia. Es absolutamente necesario que los pescadores españoles puedan pescar desde el comienzo de la temporada, es decir, desde el 1 de mayo. Hace años que no tienen la oportunidad de dedicarse a su actividad pesquera y un retraso, en el fondo, no modificaría en absoluto el actual proceso de ratificación ni el contenido de los tratados.

  Carmen Fraga Estévez, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, mi Grupo político se opone a la solicitud del Consejo de aplicación del procedimiento de urgencia hasta que se suministre a este Parlamento la información necesaria e imprescindible que garantice que este acuerdo de pesca es el marco jurídico adecuado para el normal desarrollo de las actividades pesqueras de la flota comunitaria.

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, tomo la palabra en virtud del apartado 3 del artículo 134, como ponente de este informe, para señalar a la Cámara que el ponente está en contra de la urgencia. Está en contra porque, tratándose de un asunto tan sensible, que no se ha cerrado del todo, de un acuerdo que aún es objeto de matizaciones sustanciales por ambas partes, no se puede hurtar a la comisión competente, la Comisión de Pesca, su correspondiente informe, su debate y su votación.

Queridos colegas, no queremos sobresaltos el día de mañana en la aplicación de este acuerdo, como ha ocurrido en el pasado. Queremos dar al sector pesquero garantías de seguridad jurídica, de plena operatividad de lo pactado y de rentabilidad de este acuerdo. La Comisión de Desarrollo ya se ha pronunciado y tendremos en cuenta su informe. La Comisión de Pesca todavía no lo ha hecho.

Con el compromiso que propuse ayer al presidente de la Comisión de Pesca, y que esta ha aprobado, no pretendo retrasar el informe sino acelerarlo para que en mayo pueda estar disponible en esta Cámara y podamos llegar en perfectas condiciones a la conclusión del asunto, puesto que el 30 de junio vence el primer plazo para que se haga la primera compensación financiera. Llegaremos a tiempo y quiero señalar, a la luz de lo que ha dicho el señor Kindermann, que muchas de las especies que están recogidas en el acuerdo empiezan este mes y el mes que viene una parada biológica, por lo que no se verán afectadas.

Por estas razones, pedimos que nuestra comisión trabaje en este tiempo que le queda y podamos traer al Pleno un informe de la comisión competente. Esta es la razón por la que rechazamos hoy la urgencia.

(El Parlamento rechaza la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia)⁽¹⁾

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2771/75 y (CEE) nº 2777/75 en lo que se refiere a la aplicación de medidas excepcionales de apoyo del mercado [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)]

  Joseph Daul (PPE-DE), presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. – (FR) Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural decidió ayer, por unanimidad, apoyar la solicitud del procedimiento de urgencia presentada por la Comisión Europea para las medidas excepcionales de apoyo al mercado de los huevos y las aves de corral.

Ante la grave crisis que vive actualmente el sector avícola en muchos Estados miembros, nos parece indispensable tomar una decisión rápida y, si se aprueba el procedimiento de urgencia, el Parlamento Europeo podrá pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión Europea. Demostrará así su capacidad para reaccionar con rapidez y responder a las demandas de los ciudadanos. La Comisión presentó la solicitud del procedimiento de urgencia a finales de la semana pasada y le responderemos el jueves. Creo que esto es un buen ejemplo para nuestros ciudadanos de capacidad de respuesta ante una crisis importante.

(El Parlamento decide el procedimiento de urgencia)⁽²⁾

(1) Para más detalles: véase el Acta.

(2) Para más detalles: véase el Acta.

6. Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros - Orientaciones generales de las políticas económicas para 2006 (debate)

  El Presidente. El punto siguiente es el debate conjunto sobre

- el informe de Magda Kósáné Kovács, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] (A6-0086/2006), y

- el informe de José Manuel García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea: informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006 [ 2006/2047(INI)] (A6-0077/2006).

  Günther Verheugen , Vicepresidente de la Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, las directrices económicas integradas constituyen el núcleo de la nueva política de crecimiento y empleo con la que intentamos dar un impulso a la agenda de Lisboa; se han formulado de manera integrada a partir del reconocimiento de que no podremos cumplir satisfactoriamente el cometido de mejorar el crecimiento y el empleo en Europa si no conseguimos establecer una estrecha relación entre los objetivos macro y microeconómicos y en materia de empleo.

Las directrices económicas constituyen el marco en el que los Estados miembros y las instituciones comunitarias establecen sus planes respectivos para el desarrollo de la estrategia de crecimiento y de empleo. La Comisión las presentó por primera vez el año pasado y agradezco la atención especial que les ha prestado su Asamblea, pues servirán de guía –no solo este año, sino también después– de lo que nos proponemos hacer y de los fundamentos en que vamos a basarnos para ello.

Lo cierto es que la estrategia de crecimiento y empleo, que estamos intentando aplicar desde hace alrededor de un año, es un proceso totalmente nuevo. Todavía no sería justo emitir un dictamen definitivo sobre los elementos de este nuevo proceso, pero podemos afirmar, aunque con mucha cautela, que para elaborar sus programas nacionales de reforma los Estados miembros se han guiado sobre todo por las prioridades establecidas en las directrices económicas integradas, igual que lo ha hecho la Comisión en su propuesta de programa de acción comunitaria.

Es importante señalar que la estrategia de crecimiento y empleo está basada en un ciclo de tres años. Esto significa que las directrices no se van a modificar cada año, aunque se podrán adaptar para tomar en consideración los cambios ocurridos y los conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Y, por supuesto, será necesario hacerlo, pero en este momento no vemos ninguna razón para modificar las directrices para el año 2006; estas siguen constituyendo una base sólida para los diálogos que está desarrollando actualmente la Comisión con los Estados miembros, con la finalidad de que los programas nacionales de reforma se pongan efectivamente en marcha.

(Aplausos)

En cuanto a los pilares individuales de la estrategia, mis colegas, los Comisarios Almunia y Špidla, podrán añadir algo más sobre sus aspectos macroeconómicos y de empleo. Por mi parte, quisiera considerar brevemente su dimensión macroeconómica y subrayar los progresos significativos conseguidos en algunos ámbitos, en particular en lo que respecta al aspecto fundamental para el futuro económico de Europa, esto es, la transición a una sociedad basada en el conocimiento y su transformación en una economía basada en la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Por eso hemos insistido tanto en imponer unos objetivos cuantitativos en materia de investigación y desarrollo.

Como deben saber, los programas nacionales de reforma han obtenido resultados bastante decepcionantes en este ámbito, ya que supondrían un crecimiento del 2,2 % hasta 2010, en lugar del 3 % deseado. Pero durante las pocas semanas en las que hemos podido tratar este asunto este año, hemos conseguido un compromiso significativamente superior de los Estados miembros. Si lo cumplen, podremos conseguir un crecimiento del 2,6 % para el 2010, lo que supone una mejora, pero quiero dejar claro que no es suficiente y, por lo tanto, la Comisión va a continuar presionándolos.

El Consejo Europeo de hace dos semanas, sobre el que ustedes van a debatir mañana, también examinó algunos aspectos importantes de la aplicación de la estrategia y llegó a algunas conclusiones; quiero recordarles en particular las resoluciones del Consejo sobre la promoción de las pequeñas y medianas empresas, la mejora del proceso legislativo y la política energética.

En relación con las directrices, periódicamente se plantea si en adelante la Comisión debería dirigir recomendaciones específicas a los países correspondientes cuando evalúe los planes nacionales de reforma. Nos abstuvimos de hacerlo en la primera ronda por un motivo que nos pareció importante: no sabíamos cómo serían los programas nacionales de reforma. Sin embargo, quiero señalar que la Comisión sigue teniendo, como es obvio, la opción de incluir recomendaciones específicas en futuros informes de situación y así lo haremos cuando resulte necesario.

No obstante, pienso que ahora lo más importante es que todos sumemos nuestros esfuerzos para informar a la opinión pública europea de que en efecto tenemos una estrategia común de crecimiento y creación de empleo, de las prioridades que compartimos y de que estamos trabajando conjuntamente para hacerlas realidad.

(Aplausos)

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Presidente, me uno a la valoración que acaba de formular el Vicepresidente Verheugen sobre el modo en que estamos desarrollando la Estrategia de Lisboa revisada, que pusimos en marcha el año pasado.

Leyendo el informe del señor García-Margallo sobre la economía europea y las grandes orientaciones de política económica observo una coincidencia sustancial, como también observamos desde la Comisión esa coincidencia, con los mismos objetivos y con el mismo proceso hacia el logro de los mismos, en el último Consejo Europeo. Creo que esta coincidencia básica de las tres instituciones europeas es un elemento crucial para la credibilidad del proceso, la apropiación de los objetivos de esta estrategia por todos los actores económicos y sociales, y no solo por las instituciones europeas y nacionales, y una de las condiciones -a mi modo de ver imprescindibles- para la consecución de un mayor crecimiento y mayor empleo en la Unión Europea.

Con respecto a los temas macroeconómicos, quería referirme a tres puntos. En primer lugar, es evidente que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, y creo que coincidimos con la opinión del Parlamento, era importante obtener una mejor sincronización entre los objetivos de la Estrategia de Lisboa, para lograr más crecimiento y más empleo, y la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el último año esto se ha conseguido. Hay más sintonía y mejor interrelación y, en la práctica, creo que los resultados están siendo muy positivos. Hoy en día la economía europea avanza mejor que hace un año hacia la consolidación fiscal, como una de las condiciones necesarias para sustentar sobre ella un crecimiento más sólido y un crecimiento capaz de generar empleo. La confianza de los actores económicos mejora, los resultados de actividad nos permiten avanzar que el año 2006 va a ofrecer mejores resultados que el año 2005 y las perspectivas que se abren para el futuro son también positivas.

En segundo lugar, coincido plenamente con una de las afirmaciones del informe del señor García-Margallo en cuanto a la importancia de prestar más atención a la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en particular, a cómo afrontar las consecuencias del envejecimiento de la población. Hace pocas semanas, la Comisión y el Comité de Política Económica, del que forman todos los Estados miembros, hemos hecho público un informe sobre las consecuencias económicas y presupuestarias del envejecimiento de la población. Son unas consecuencias importantes, pero también se observa en ese informe que, actuando a tiempo y aplicando reformas, como las que están incluidas en muchos de los programas nacionales de la Estrategia de Lisboa y como las que están promoviendo los diferentes Miembros de la Comisión Europea a través de sus iniciativas, en particular las iniciativas en el plano demográfico del Comisario Špidla, los resultados se observan, y ya hay países europeos que están hoy en mejores condiciones que hace cinco años para afrontar las consecuencias del envejecimiento de la población. En octubre, la Comisión va a publicar un informe sobre esta cuestión, que espero sea también debatido y seguido en el Parlamento.

Y un último punto. Quiero expresar mi satisfacción porque en el informe del señor García-Margallo, además de un análisis general de la economía europea y del papel de la Estrategia de Lisboa y de los diferentes instrumentos recogidos en las grandes orientaciones de política económica para la economía de los veinticinco, se hace una alusión especial a los desafíos y las necesidades de la zona del euro, en la que los doce países que comparten una moneda única, el euro, necesitan unos mecanismos de coordinación y de atención especial para obtener los máximos resultados de la unión económica y monetaria. Agradecemos al señor García-Margallo que lo haya señalado en su informe.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión quiero dar las gracias a la ponente, la señora Kovács, por el excelente informe que ha presentado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Es un informe constructivo en dos sentidos: amplía la base de conocimientos y es de esperar que acelere la adopción por el Consejo en comparación con la tardanza de años anteriores.

En la sesión de primavera del Consejo Europeo se afirmó que la Unión será capaz de crear dos millones de puestos de trabajo anuales. Pero la creación de empleo y la reducción del desempleo no tendrán lugar a menos que aprovechemos el actual crecimiento económico para continuar impulsando las reformas necesarias. La sesión confirmó que las directrices integradas siguen siendo válidas, al tiempo que estableció las prioridades sobre las que se va a insistir más. Me complace que la comisión parlamentaria defienda un enfoque parecido y no haya acordado modificar en exceso los principios de fondo de la política de empleo. Estamos dispuestos a cambiar los puntos de justificación, pero también queremos mantener la redacción original del texto propiamente dicho.

El año pasado se redefinió la Estrategia de Lisboa con respecto al conjunto integrado de principios básicos que informan la política de empleo y las directrices para la política económica. La estrategia tiene carácter trianual, con el fin de crear un marco político claro y estable para los órganos encargados de aplicarla. Un estudio realizado por la Comisión sobre los primeros programas nacionales de reforma ha puesto de manifiesto deficiencias concretas en lo que respecta a la aplicación por parte de los Estados miembros, si bien estas no merman la validez de los principios básicos. Por lo tanto, no sería pertinente dar la impresión de que deseamos cambiar la orientación o el contenido de las políticas. El texto propuesto por la Comisión deja deliberadamente abierta la posibilidad de complementar las justificaciones con prioridades políticas específicas. Por consiguiente, se adecua claramente al deseo del Parlamento de incluir en las justificaciones ciertos aspectos de carácter económico y social que exigen especial atención, en especial los que concuerdan con las conclusiones de la última sesión de primavera del Consejo Europeo.

En dicha sesión se hizo hincapié en la necesidad de aumentar el empleo, en particular de los jóvenes, las mujeres, las personas mayores y las personas con problemas de salud, los inmigrantes legales y las minorías. En el caso de los jóvenes se confirmó el objetivo de reducir un 10 % las cifras de abandono escolar y de ofrecer a todos los jóvenes un empleo, experiencia laboral o educación superior en el plazo de seis meses tras la finalización de sus estudios para el año 2007 y de cuatro meses para el 2010, tal como establecen los principios actuales. En el caso de los trabajadores mayores se subrayó la necesidad de introducir una estrategia integrada basada en empleos de calidad y formación especializada. Por lo que respecta a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la sesión de primavera del Consejo Europeo aprobó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, y el Consejo también aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar un amplio debate que debería culminar con la aprobación de principios comunes en el ámbito de la flexibilidad y la seguridad antes de finales de 2007. El objetivo de dicho debate con los Estados miembros y los agentes sociales es reducir la segmentación del mercado laboral y lograr un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad.

Permítanme que manifieste asimismo mi satisfacción por la acogida favorable que obtuvo en la Cumbre de primavera la propuesta de la Comisión de establecer un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Esto prueba que existe el deseo de hacer un uso más eficaz de los fondos comunitarios en apoyo de la estrategia de empleo europea y conforme a los deseos del Parlamento Europeo.

PRESIDENCIA DEL SR. ONYSZKIEWICZ
Vicepresidente

  Magda Kósáné Kovács (PSE), ponente. – (HU) A los ciudadanos europeos nos les gusta la jerga política que usan los expertos. Por desgracia, el «proceso de Lisboa» también está empezando a convertirse en una frase hecha, a pesar de que representa nuestro futuro común. Si los Estados miembros de la Unión son competitivos, tendremos más y mejores puestos de trabajo. Si los ciudadanos encuentran empleo, disminuirá la pobreza. Esto también proporcionará más recursos para la reforma de los sistemas sociales y nos permitirá conservar el medio ambiente para nuestros nietos. Quiero hacer hincapié en que el empleo no puede producir resultados económicos significativos si no va acompañado de seguridad social y está basado en esta. Y si esto es cierto –y lo es– podemos acoger con satisfacción la decisión del Consejo y de la Comisión de que los Estados miembros evalúen la aplicación de las directivas sobre empleo y desarrollo económico en forma de directivas integradas, con una evaluación conjunta de ambos aspectos. Como podemos ver, el panorama se ha enriquecido, sobre todo debido a que ahora la Comisión Europea ha evaluado los planes de acción de los 25 Estados miembros. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha reconocido y aceptado que, de conformidad con los acuerdos interinstitucionales –y creo que esto también redundará en interés de los Estados miembros–, el Parlamento no va a modificar las directrices cada año, sino solo en el caso de que surjan problemas en el mercado de trabajo de la Unión Europea. Al mismo tiempo, nos pareció importante incluir en el documento parlamentario, en la especificación de los objetivos políticos contenida en el preámbulo, las lecciones aprendidas a partir del primer informe elaborado tras la adhesión de los diez nuevos Estados miembros. La comisión competente ha acordado, casi por unanimidad, que el Parlamento participe más activamente en la verificación de la aplicación de las directrices. Con este objeto, nos pondremos en contacto con el funcionario competente de la Comisión en esta materia. En mi informe he querido complementar la exposición de la Comisión respecto de tres cuestiones de principio importantes; mis colegas de la comisión parlamentaria han contribuido de forma significativa a asegurar que dichas cuestiones se presenten con claridad y de manera detallada. En primer lugar, pedimos que se preste más atención a la mejora de las oportunidades de los grupos sociales desfavorecidos en el mercado laboral. Y, como han apuntado los Comisarios, esto también es un requisito previo para un mayor crecimiento económico. Disponemos de una enorme reserva para aumentar los recursos laborales: en primer lugar, mediante el aumento de la actividad femenina; en segundo lugar, a través de la permanencia de los trabajadores mayores en el mercado laboral o del fomento de su reincorporación; y, en tercer lugar, ayudando a los jóvenes a encontrar empleo y a incorporarse al mercado laboral. Aun así, consideramos igualmente importante eliminar las desventajas que actualmente mantienen fuera del mercado de trabajo a una parte de la población. También ponemos de manifiesto la anomalía que supone que los trabajadores procedentes de terceros países pueden disfrutar de una posición más favorable en el mercado laboral europeo que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Tendremos oportunidad de debatir este problema en relación con el informe Őry, pero quiero adelantarles que acogemos con satisfacción la incorporación de los Países Bajos al «club de los Seis» (será el séptimo país, a partir de 2007), según se desprende de las noticias que hemos escuchado recientemente. Y, por último, como tercera consideración, pensamos que sin unas perspectivas financieras a largo plazo no es posible dotar a los Estados miembros de recursos suficientes para desempeñar las tareas que se definen específicamente como objetivos fundamentales en las directrices integradas.

Las palabras corteses están de moda, pero lo que voy a decirles no es una cortesía ni una frase rutinaria: quiero manifestar mi sincero agradecimiento a mis colegas –independientemente de su afiliación– y a los representantes de los diversos Grupos políticos por su ayuda y sus aportaciones, y en especial a la señora Mato Adrover, coponente del informe. Esperamos que la frase «unidad en la diversidad» no sea solo un lema, sino también una oportunidad.

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, señores Comisarios, la discusión sobre las grandes orientaciones económicas nos ha dado bastantes dolores de cabeza en años anteriores.

Para que este año el dolor de cabeza sea más liviano, me voy a limitar a tres cuestiones: ¿por qué el Parlamento ha decidido hacer un informe a pesar de que la Comisión ha optado por ratificar los informes anteriores? ¿Qué podemos hacer para que nuestros informes sean oídos? Y, en tercer lugar, ¿qué es lo que queremos que la Comisión oiga?

En primer lugar, ¿por qué un informe? Porque hay un montón de recomendaciones, hechas en informes anteriores, que la Comisión no ha tenido en cuenta. En segundo lugar, porque, desde que discutimos el informe anterior, han surgido factores nuevos: el fracaso relativo de la Constitución Europea, unas nuevas perspectivas financieras, unas primeras subidas de interés, tres candidatos que aspiran a entrar en la zona del euro, y la Ronda de Doha, que continúa las conversaciones comerciales de Hong Kong.

En segundo lugar, porque hay ciertos factores que sí fueron tenidos en cuenta en otros informes, pero que han cobrado un protagonismo mayor a lo largo del tiempo. Se ha referido el Comisario Almunia al envejecimiento de la población y deberíamos hablar también de las consecuencias de la inmigración, de las consecuencias de las importaciones chinas, una vez que han terminado las restricciones cuantitativas, de los desequilibrios mundiales, fundamentalmente de los Estados Unidos, y, por último, del shock energético.

¿Qué debemos hacer para ser oídos? Este informe ha sido redactado con un espíritu de consenso, lo cual nos ha obligado a muchos a hacer muchas renuncias de nuestros pensamientos particulares, renuncias que yo agradezco especialmente a todos los representantes de los otros Grupos parlamentarios.

Y, si queremos ser oídos, lo primero que tengo que señalar aquí es que antes no lo hemos sido. Empieza este informe con una especie de memorial de agravios, una recopilación de recomendaciones que hemos hecho y que no han sido seguidas por la Comisión.

Pedimos una transposición de directivas que no se ha hecho, la reducción de los déficit —el Comisario Almunia ha recordado que 12 de los 25 Estados miembros están en estos momentos en una situación de déficit excesivo—, una comunicación sobre la globalización para aclarar a la población cuáles son las oportunidades y los desafíos de la misma —comunicación que, si se hubiese hecho, nos habría evitado algún quebradero de cabeza— y pedimos también que se aplicasen las cartas de la pequeña y la mediana empresa, cosa que no se ha hecho.

En segundo lugar, este informe trata de lo que podríamos llamar cuestiones institucionales, tengan o no carácter constitucional. Se abordan en este periodo de reflexión activa —que ni es reflexión ni es activa— aquellas preguntas que quedaron pendientes en la Convención y que no han sido contestadas: ¿cuáles son los objetivos y competencias de la Unión? ¿Cuál es la responsabilidad del Banco Central Europeo, respetando siempre su independencia? ¿Qué hacer para reforzar el Pacto de estabilidad y crecimiento? ¿Cuáles son las bases jurídicas para modificar la fiscalidad en la Unión y en los Estados miembros?

Una recomendación explícita de la que yo rogaría que la Comisión tomase nota: este Parlamento no aprobará ninguna directiva por el procedimiento Lamfalussy si antes de 2008 no se resuelve el problema del call back o de la avocación, en última instancia representación internacional de la zona del euro.

Se ha referido el Vicepresidente de la Comisión a la coordinación en un solo documento de las GOPES y de las orientaciones de empleo: es verdad, pero siguen sometidas a procedimientos diferentes, información y consulta, que dificultan su comprensión. Es necesario, además, incorporar otros documentos para que esto no sea fragmentario.

En materia de fiscalidad de carácter institucional, pedimos que la Comisión se haga eco de lo que ya ha dicho el Tribunal Superior de Justicia: residencia única, como extensión de la ciudadanía, principio de no discriminación y convenio de doble imposición. Y, en materia de coordinación, celebro las amables palabras del Comisario Almunia: es verdad que tenemos que coordinar más, tenemos que hacer un diagnóstico exacto, una terapia exacta, un análisis de lo que ha pasado y definir el papel del Eurogrupo.

En materia de política macroeconómica, no entramos en el tema de los tipos de interés, no exponemos nuestra opinión. Sí decimos que hay que hacer todo lo posible para que los precios no suban y los tipos de interés se mantengan bajos. Hacemos una referencia a la deuda pública, en los términos que ha dicho el Comisario: menos intereses, menos amortizaciones, quiere decir más gastos de envejecimiento, más Lisboa.

En cuanto al clima empresarial, pedimos una reflexión seria. Los Estados Unidos van por delante de nosotros. La Unión Europea tiene 144 empresas entre las primeras del mundo, frente a las 206 de los Estados Unidos. La pequeña y la mediana empresa duplican sus efectivos en empleo en los dos primeros años, cosa que no ocurre en Europa. Pedimos que se aplique la discriminación positiva a favor de la pequeña y la mediana empresa, haciendo especial referencia a la financiación de capital-riesgo.

En materia de fiscalidad, pedimos, si se quiere simplificar, que se aproveche el home state taxation en sociedades para aplicar el principio de origen en valor añadido.

Nada digo en materia de capital humano. Lo ha dicho muy bien mi colega.

Materia de inversión: redes transeuropeas. Veinte años se tardaría en terminarlas.

Energía, I+D+I, más mercado, más competencia, más competitividad.

(Aplausos)

  Ana Mato Adrover, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar mi intervención destacando, en primer lugar, el buen trabajo y la magnífica colaboración con la ponente, Magda Kósáné Kovács, a la que felicito por su esfuerzo y por el informe presentado.

Como es sabido, hace escasamente un año se aprobaban las directrices de empleo, de las que tuve el honor de ser ponente en esa ocasión. Dichas directrices fijaban las líneas generales para el empleo y las prioridades para los próximos tres años y tenían como finalidad contribuir eficazmente al crecimiento del empleo, a la productividad de la economía y, por supuesto, a reforzar la cohesión y la inclusión social.

Estas directrices, que se debatían conjuntamente con las líneas de política económica, que este año ha presentado brillantemente mi compañero José Manuel García-Margallo y Marfil, son recogidas y traducidas en objetivos concretos en los planes nacionales de reforma, aprobados hace escasamente seis meses por los Estados miembros. Tanto por lo que dicta el sentido común –están aprobadas hace escasamente un año y son para tres– como por lo que se recoge en las propias directrices, hemos procedido simplemente a su actualización.

¿En qué ha consistido la actualización? Tres grandes bloques.

En el primer bloque, hemos recogido las cuestiones prioritarias que se han venido destacando en las grandes cumbres europeas celebradas este año: en primer lugar, la inversión en investigación, el desarrollo y la innovación y la extensión de las tecnologías de la información, uno de los aspectos que más nos alejan de los objetivos de Lisboa; en segundo lugar, la igualdad real y efectiva de oportunidades, por la que nuestro Grupo ha apostado siempre, y que pasa por la incorporación, permanencia y promoción de la mujer en el empleo y, por supuesto, por la igualdad de salarios; y, en tercer lugar, la apuesta importante por el empleo estable, y digo esto porque gran parte del empleo que se está creando es mayoritariamente empleo precario. Por ejemplo, en mi país, el 52 % del total del empleo creado en los dos últimos años es empleo temporal, y eso es inaceptable.

En el segundo bloque, hemos reiterado cuestiones fundamentales y no recogidas adecuadamente por la Comisión. En la lucha contra la siniestralidad laboral apostábamos por un gran acuerdo a nivel europeo, que creemos imprescindible, dado que, por ejemplo, en España, en el año 2005, 990 personas han perdido la vida, y también por facilitar la obtención de un empleo a las víctimas de violencia doméstica.

Por último, dado que procedemos ahora a la actualización, queremos que este Parlamento pueda hacer un seguimiento de las directrices de empleo y de su cumplimiento por parte de los Estados miembros.

(Aplausos)

  Udo Bullmann, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Comisario Verheugen, Comisario Almunia, Comisario Špidla, Señorías, todos estamos de acuerdo en que el mercado único europeo nos brinda la mejor oportunidad para abrirnos camino en el entorno de la globalización, con nuestros cerca de 450 millones de habitantes, un camino que debe estar marcado por la prosperidad económica y unas finanzas saneadas, y generar a la vez resultados reales para los ciudadanos de a pie.

Tenemos que examinar –y es fundamental que lo hagamos en este debate– si nos hemos pertrechado con todos los instrumentos necesarios para dicho viaje y si estamos haciendo un uso adecuado de los que tenemos a nuestra disposición para dotar a nuestro mercado interior del marco adecuado y poder influir sobre los procesos de desarrollo económico a largo plazo.

Permítanme que haga dos observaciones que van más allá del debate de hoy y de los presentes informes. No lograremos ese objetivo si no conseguimos dotar –y ha de ser pronto– a la Unión Europea de una base financiera independiente y responsable, ni tampoco lo lograremos si no conseguimos hablar de temas tabú, incluida la necesidad de una política fiscal común en nuestra Unión Europea.

Lo digo porque en nuestra situación económica actual ya no está justificado mantener ningún tipo de tabú. Cualquiera que aporte ideas nuevas a este debate tendrá mi apoyo porque, habida cuenta de la situación económica, sencillamente no podemos permitirnos seguir celebrando debates rituales e impidiendo que entren ideas nuevas en esta Cámara y se incorporen a nuestros debates. En 2005, nuestro desarrollo económico fue inferior al de 2004; nuestra tasa de desempleo sigue siendo alarmantemente alta, con una cifra de alrededor de un 9 %, y ha vuelto a aumentar, en particular, el desempleo de larga duración. Me ha alegrado oírle decir al señor Almunia –y apoyo sus palabras– que existen señales de que la evolución económica está siguiendo la dirección adecuada, pero tengo que decirle que no hay garantías de que la Unión Europea vaya a ser capaz de alimentar su recuperación.

Por eso tenemos que hablar de lo que es necesario incluir en el plan de trabajo. ¿Cuándo vamos a introducir, por fin, una política de inversión común en la Unión Europea? Es la cuestión más urgente. ¿Cuándo vamos a empezar a invertir, como Comunidad, en investigación y desarrollo? En los últimos diez años hemos conseguido aumentar la inversión del 1,8 % al 1,9 %. ¿Cuándo vamos a poner en marcha una inversión más adecuada y a más largo plazo en educación, con una estrategia coordinada de los Estados miembros? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer uso del gran potencial de eficiencia energética? Ahí está la clave de la próxima revolución tecnológica, así que ¡manos a la obra!

¿Dónde están invirtiendo los Estados miembros en este ámbito? ¿En qué sentido se está orientando el debate a escala europea al respecto? Si examinamos el sector del transporte, a veces uno tiene la impresión de que en realidad habría que volver a escribir el Libro Blanco de Delors, vistas las numerosas insuficiencias de la transposición en ese terreno, y si las subsanásemos e invirtiésemos más, podríamos avanzar.

La atención infantil es una de las cuestiones centrales. Si invertimos más en atención infantil, aumentará el índice de natalidad y habrá más personas empleadas, mujeres en particular; las estadísticas lo demuestran. Apoyamos a cuantos quieran avanzar en ese terreno.

Les insto a que, de una vez por todas, sitúen la cooperación con esta Asamblea en el plano institucional adecuado y así –y le agradezco al señor García-Margallo que lo haya señalado– ya no tendremos que dedicar nuestro tiempo a elaborar informes de propia iniciativa, sino que los debates en esta Cámara se desarrollarán sobre una base distinta y estable.

  Margarita Starkevičiūtė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Los científicos establecieron que no existe ningún remedio milagroso capaz de ayudar a crear puestos de trabajo, resolver todos los problemas de empleo y fomentar la competitividad, sino que en ello intervienen numerosos factores y simplemente se trata de encontrar una combinación adecuada. El problema reside en que dicha combinación de factores difiere de un país a otro y hemos de tener en cuenta las peculiaridades de la economía nacional. Dado el fracaso de la experiencia del Fondo Monetario Internacional, que intentó crear un modelo único universal, no está claro que debamos intentar crear un modelo de estrategia económica a escala europea. Creo que debemos hacer hincapié en tres aspectos fundamentales. Ante todo, tendríamos que suscribir la opinión del señor García-Margallo en el sentido de que debemos consolidar todos los documentos sobre política económica; hay demasiados y son repetitivos. En segundo lugar, debemos diseñar un mecanismo de interacción entre las estrategias económicas nacionales y a escala europea. Y en tercer lugar, esto se puede conseguir estableciendo unas prioridades claras y concretas que se complementen entre sí.

  Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, el Comisario Verheugen ha dicho que el lugar adecuado en que deben situarse las directrices de la política de empleo es en el centro de la Estrategia de Lisboa y en eso tiene razón. Las directrices de la política de empleo no solo constituyen el fundamento formal de los planes de empleo nacionales, sino que también influyen en la configuración y el desarrollo de los mercados de trabajo nacionales, y por lo tanto no podemos permanecer indiferentes ante el hecho de que el Consejo se apropie del cuarto pilar de la política de empleo europea: la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. El desempleo afecta mucho más a las mujeres que a los hombres; ellas siguen siendo quienes desempeñan la mayoría de trabajos a tiempo parcial. Ganan un 15 % menos que los hombres por un trabajo equivalente y tienen menos oportunidades de promoción. Les resulta mucho más difícil reincorporarse al mercado laboral, sobre todo en los lugares donde no existen servicios de atención infantil universales, de libre acceso y durante toda la jornada.

La integración de la perspectiva de género en todas las políticas aún requiere el respaldo de medidas proactivas que promuevan los intereses de las mujeres; por esto le agradezco mucho a la señora Kovács que haya hecho posible un compromiso, por lo menos en lo que respecta a las justificaciones, con el fin de incorporar a las directrices indicadores mensurables de la promoción de la igualdad de oportunidades.

También quiero llamar su atención sobre una segunda enmienda. Queremos que se suprima la directriz 22. Creemos que corresponde a las partes firmantes de un acuerdo colectivo determinar los salarios y que estos deben mantenerse al margen de las resoluciones políticas. No puedo dejar de expresar mi gran preocupación por el acuerdo tácito que parece haberse establecido en esta Asamblea entre los dos principales Grupos para que, en el futuro, las decisiones de política gubernamental, bajo la forma de los planes nacionales de empleo, garanticen la adecuación de la evolución general de los salarios al aumento de la productividad en el contexto del ciclo económico. Creía que la economía planificada con la que estábamos familiarizados en la antigua Alemania Oriental había desaparecido para siempre en Europa, hasta que he caído en la cuenta de que las directrices determinan el apoyo del Fondo Social Europeo. Es incoherente que este determine los salarios; esto pueden hacerlo perfectamente ambas partes en el contexto de la empresa y deberíamos dejar que lo hagan.

  Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) La mayor parte de las directrices integradas para el crecimiento del empleo contienen las principales barreras para una política de empleo eficaz, que dé prioridad a la creación de empleo de calidad, con derechos, cohesión social y territorial, y bienestar para las personas.

Esto es así, en primer lugar, porque se da prioridad a asegurar la estabilidad económica, a la ampliación y profundización del mercado interior, a la apertura y el fomento de la competitividad de los mercados y a la creación de un entorno más favorable para la actividad empresarial. Todo eso es música celestial para los oídos de los grandes grupos económicos y financieros, y para los señores del comercio internacional que se benefician de la explotación de la mano de obra barata de terceros países y, por lo tanto, prefieren los enormes beneficios que genera la deslocalización de la producción al mantenimiento y desarrollo del empleo con derechos en los Estados miembros de la Unión.

Más aún, las directrices de empleo son demasiado imprecisas, puesto que omiten aspectos fundamentales, como la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y de garantizar empleos de calidad con derechos. Esto ayudaría a combatir la discriminación salarial y en lo que respecta a la promoción profesional de la que son víctimas las mujeres, y no conduciría al empleo precario y mal remunerado que tenemos en la actualidad.

También es esencial promover las economías regionales, las microempresas y las PYME, y crear puestos de trabajo en las regiones con tasas elevadas de desempleo.

También hay que apoyar a las familias, tanto en lo que respecta a la reorganización y reducción de la jornada laboral, sin ninguna merma de derechos, como desde el punto de vista de la inversión en servicios públicos de apoyo a la familia, ya que ello contribuiría a la creación de empleos que respondan mejor a las necesidades locales y regionales. Por lo tanto, es urgente promover una mayor inversión pública en sanidad, vivienda y acceso garantizado a una educación y formación profesional gratuitas y de alta calidad. Por esto hemos presentado una propuesta destinada a incorporar dichas directrices a las propuestas presentadas, ya que nos parece fundamental que estas se incluyan en las directrices para el empleo.

  Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, las grandes directrices en materia de política económica son vitales a la hora de crear un marco coherente para guiar a los Estados miembros hacia la consecución de los objetivos de Lisboa. El reto para Irlanda y para Europa va a consistir en poner en práctica las directrices acordadas a través de programas de reforma nacionales. Es sumamente importante que Europa alcance la estabilidad económica.

Sin embargo, rechazo de plano todas las secciones de este informe que abogan por apoyar la base imponible común consolidada para las empresas, propuesta por la Comisión. El establecimiento de una base común está intrínsicamente ligado a un tipo armonizado. Los Estados miembros tienen que ser realistas y reconocer que la introducción de una base imponible común no es más que el paso previo al desastre de la armonización fiscal.

Irlanda ni ningún otro Estado miembro tienen derecho a intervenir en la fijación del tipo fiscal de otro Estado miembro. La unidad de Europa no se ve comprometida por la disparidad de las políticas fiscales, pero la competitividad de la UE se ve erosionada por políticas fiscales erróneas. La competencia puede tener realmente un efecto armonizador. Creo que la competencia fiscal armoniza las oportunidades dentro de la UE y permite competir a los pequeños países de la periferia de la Unión.

Por último, en general aplaudo el papel de la ayuda estatal en el apoyo a los objetivos de Lisboa. Sin embargo, me gustaría subrayar que las normas sobre ayuda estatal no deberían utilizarse para impedir a Irlanda o a otros Estados miembros que compitan con países no pertenecientes a la UE en torno a importantes inversiones directas extranjeras. Europa necesita flexibilidad para avanzar y hacer frente a los retos de la globalización. Europa necesita reformar sus economías y todos los países deberían hacerlo.

  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, el informe sobre las políticas de empleo está sobrecargado de frases clave, cuyo tono se establece muy pronto: legislación, monitores de la CE y cumplimiento. Luego tenemos la importancia especial de los trabajadores jóvenes y de edad avanzada; también la UE sin barreras –elimínenlas, dice– con prioridades claras y cuantificables; la revisión de las directrices cada tres años, pero asumiendo el Parlamento Europeo un papel más activo en los periodos intermedios; y el examen de los programas de reforma nacional de los Estados miembros. Bueno, hagamos eso. Los franceses adoptaron una jornada semanal de 35 horas, no de 48 horas. Pero luego se aprobó la Directiva sobre el tiempo de trabajo el año pasado y muchos de sus trabajadores protestaron por la injerencia de la UE.

Los trabajadores portuarios protestaron a principios de este año por una nueva injerencia de la UE. Las ciudades francesas están ahora sitiadas debido a las nuevas políticas de empleo juvenil. ¿Quién va a decir al señor Chirac o al señor De Villepin que están equivocados, que no están siguiendo las directrices? Por supuesto que ustedes no. Los franceses se gobernarán a sí mismos, como haremos todos nosotros, como democracias adultas que somos. Pero lo más siniestro de todo lo contenido en este informe es la directriz 19: la revisión continua de incentivos y desincentivos que se derivan de los regímenes de impuestos y prestaciones. Otro colega ha hablado ya esta mañana de una política fiscal única. ¿Es este el comienzo de la armonización de la política fiscal en toda la UE, de la que dijeron que nunca sucedería? Señorías, sus sistemas fiscales están amenazados. ¡Se les ha advertido!

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Los informes que hoy se debaten ofrecen una descripción clara del penoso estado de la economía europea e identifican correctamente las causas: una reglamentación inadecuada, falta de reformas estructurales y sociales, y falta de flexibilidad de la economía. Asimismo el dinamismo empresarial es insuficiente, tenemos unos mercados laborales débiles, el crecimiento de la productividad es demasiado lento, la inversión es insuficiente, falta innovación y los sistemas educativos son deficientes. Pedimos que se fomente el espíritu empresarial, que se reduzcan los costes laborales y se mejoren los niveles de enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales. La descripción es muy sucinta, pero también muy hipócrita. Este Parlamento podría tomar medidas concretas a favor de la productividad, la flexibilidad y el fomento del espíritu empresarial, y de una verdadera liberalización del mercado de servicios –que no sea solo formal–, en lugar de rendirse cobardemente a los manifestantes de los aledaños. Mucho me temo que, mientras los Gobiernos nacionales sigan actuando de la misma forma populista e hipócrita que este Parlamento, en lugar de hacer frente a las verdades difíciles y tomar medidas incómodas en aras de la supervivencia, los informes de hoy se quedarán en nada.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, en un momento en que el fenómeno de la globalización determina en última instancia muchos aspectos de los sistemas económicos y sociales de todos nuestros países, debemos ser conscientes de que cada barrera que limite la libre circulación de las personas, las mercancías, los capitales y los servicios constituye un gran obstáculo para la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. Es pura ilusión pensar que restringiendo la libertad de circulación dentro de la Unión Europea se pueden proteger los intereses de un país. Ese tipo de actitud puede servir como panacea a corto plazo, pero nunca será una solución adecuada frente a los retos con los que se enfrenta la Unión.

Para poder afianzarse en un mundo cada vez más globalizado, Europa necesita avanzar, ante todo, en la liberalización de los mercados. Como es sabido, la situación demográfica del continente europeo y el fenómeno de la globalización exigen una serie de reformas de los modelos sociales y económicos de muchos Estados miembros de la Unión. Cuanto mayor sea el crecimiento económico en Europa, más fácil será llevar a cabo dichas reformas, pero para que tenga lugar ese crecimiento es necesario que el mercado interior funcione plenamente. Mientras Europa crezca a un ritmo del 1, el 2 o incluso el 3% va a ser muy difícil realizar esas reformas tan necesarias para la paz y la estabilidad social de la Unión.

Por eso quiero hacer hincapié en que la plena realización del mercado interior incluye un componente económico, pero también comprende otro elemento esencial: la política social. Otro motivo por el que apoyo los esfuerzos que ha realizado la Comisión en este ámbito.

Permítanme que añada una última observación sobre la libre circulación de trabajadores. Al establecer determinado tipo de barreras a la libre circulación de trabajadores, algunos Estados miembros se ven en la ridícula posición de estar facilitando el acceso al empleo a trabajadores de terceros países antes que a los procedentes de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Señor Presidente, ante todo quiero manifestar mi agradecimiento a la ponente, señora Kovács, por su trabajo muy constructivo. Por supuesto, en el Parlamento estamos a favor de unas directrices a largo plazo, en ciclos de tres años, e integradas. Una vez que estas se hayan establecido, es muy importante examinar los programas nacionales de reforma. Es importante que lo haga la Comisión, pero también lo es que el Parlamento participe en el examen y seguimiento de dichos programas.

El Comisario Almunia ha dicho que ahora las perspectivas económicas son mejores. Es cierto, pero la situación del empleo en Europa no es nada alentadora. Es muy posible que mejore, pero permítanme que comente tres aspectos que resultan muy preocupantes.

El primero es el problema del desempleo juvenil. Es muy preocupante porque, si cuando concluyen los estudios, los jóvenes recalan directamente en el desempleo –de larga duración, además–, luego resulta muy difícil su reincorporación al mercado laboral. No creo en el modelo francés ni tampoco creo, como han manifestado explícitamente varios otros partidos, que el empleo se fomente restando seguridad a uno u otro grupo concreto. El empleo se estimula mediante políticas activas industriales y de mercado laboral.

Por lo que respecta a los trabajadores mayores, nos encontramos ante el dilema de que actualmente las personas abandonan el mercado laboral europeo demasiado pronto. Los trabajadores mayores tienen que poder desarrollar sus habilidades en mayor medida, pero también es preciso mejorar las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo.

Por último, voy a referirme a la igualdad entre las mujeres y los hombres, que tiene que impregnarlo todo. Acojo con satisfacción el Pacto Europeo por la Igualdad entre hombres y mujeres, que forma o formará parte del proceso de Lisboa. Es muy importante desarrollar los servicios de atención infantil y otros aspectos, de modo que tanto los hombres como las mujeres puedan trabajar y tener una vida familiar. Son aspectos que me gustarían que se incluyeran.

  Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Señor Presidente, el principal problema de la Unión Europea es el alto índice de desempleo. Si queremos que los 20 millones de desempleados vuelvan a ganarse la vida necesitamos un cambio de política, no teórico sino en la práctica. Las directrices constituyen el principal instrumento para una coordinación eficaz de las políticas económicas de los Estados miembros, pero hasta ahora, por desgracia, el progreso no ha sido satisfactorio en la práctica.

El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa pide, por consiguiente, que se renueven los esfuerzos; esperamos que los Estados miembros lleven a cabo políticas presupuestarias más saneadas, reformas estructurales reales del mercado laboral y de la sanidad y las pensiones, y que aumenten significativamente la inversión en educación e investigación. En el ámbito europeo, pedimos que se establezca una base fiscal única para la fiscalidad de las empresas, mejoras en los sistemas del IVA, la aprobación de la decimocuarta Directiva relativa a las empresas, que facilitará su acceso a la escena internacional; nuevas reducciones de las subvenciones, la introducción de una patente comunitaria y la apertura coherente de los mercados. Solo cuando hayamos puesto orden en nuestros países podremos pensar en introducir impuestos a escala de toda la Unión, que es lo que pide el señor Bullmann. Europa solo podrá enfrentarse a los grandes retos de manera eficaz si modifica realmente su política.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – (CS) Señorías, ante todo quiero dar las gracias a la señora Kovács por su informe. La ponente ha examinado algunas cuestiones fundamentales relativas al empleo, que actualmente –en un momento de obsesión por el crecimiento económico– a menudo se olvidan: la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo para los jóvenes y las personas mayores, la salud y seguridad en el trabajo y la libre circulación de trabajadores en toda la Unión. Por la experiencia de la República Checa y las conversaciones mantenidas con algunos colegas, y después de examinar también la situación actual en Francia, sé que el problema del primer empleo, de los licenciados, por ejemplo, suele ser a menudo uno de los más difíciles.

Aunque la Comisión Europea ha realizado algunos esfuerzos para darle solución, hasta ahora sus recomendaciones e instrumentos han dado escasos resultados, en parte debido a que los Estados miembros los han aplicado de forma irregular, como ha expuesto la ponente. Se trata precisamente del ámbito al que deberíamos dedicar la mayor atención, junto con la discriminación por motivos de edad en el mercado laboral. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral es sin duda una cuestión importante. Sabemos por las estadísticas que, a pesar de que las mujeres constituyen un segmento creciente de la sociedad, esta tendencia no se refleja en su participación en el empleo. Todavía llama más la atención la proporción de mujeres que ocupan puestos directivos. Debemos instar a todos los Estados miembros a que apliquen las leyes contra la discriminación de manera escrupulosa y sin demora para modificar este patrón.

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Gracias, señor Presidente. En primer lugar quiero dar las gracias a la ponente por haber llamado la atención en su informe sobre las restricciones a la libre circulación de trabajadores en el mercado interior de la Unión Europea.

Lamentablemente, en el mercado interior, la última ampliación de la Unión se ha visto como una amenaza, en lugar de acogerla como una nueva oportunidad. El mítico fontanero polaco, que en la vida real sería bien recibido pero resulta difícil de encontrar, ilustra claramente los miedos que atenazan al mercado interior de la Unión Europea tras la ampliación. Se observa una actitud negativa en relación con las cuatro libertades del mercado y no solo con respecto a la libre circulación de trabajadores.

Por eso es una lástima que el informe no evalúe el proyecto de Directiva sobre los servicios, diluido por el Parlamento, que en la versión presentada por la Comisión se esperaba que llegara a convertirse en el principal estímulo para el mercado laboral de la Unión Europea durante los próximos años.

Asimismo, el informe no ha evaluado las repercusiones negativas para el empleo de las restricciones a la libre circulación de capitales. Entre ellas figuran las aprobadas por esta Asamblea en el período parcial de sesiones del mes pasado en Estrasburgo. Me refiero al informe titulado «Reestructuraciones y empleo» y, en particular, al informe titulado «Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional». El principal leitmotiv de ambos informes es la creación de restricciones que impidan el libre traslado de las empresas dentro del mercado interior de la Unión Europea.

En este momento existen muchas oportunidades sin explotar para estimular el mercado laboral de la Unión. El desarrollo y consolidación del mercado interior de la UE constituye el instrumento más eficaz para preparar el mercado laboral de los Estados miembros para una competencia mundial creciente. Por lo tanto, deberíamos examinar el enfoque de fondo de las políticas de empleo de los Estados miembros en estrecha relación con el objetivo de desarrollo del potencial del mercado interior de la Unión Europea.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) El señor García-Margallo y Marfil escribió en 2003 su informe sobre las directrices económicas y ahora, al cabo de tres años, a juzgar por el lugar que ocupa el medio ambiente en la política económica, la cooperación mediante el método de coordinación abierta no parece haber logrado el impacto necesario.

La Cumbre de Estocolmo decidió que se debía intentar incorporar la política medioambiental y la política social a las directrices de política económica, con el fin de establecer una economía social de mercado sostenible en la Unión Europea. Puesto que, en mi opinión, los aspectos medioambientales de la política económica se llevan la peor parte, abogo por que en las directrices de la política económica se incluyan objetivos medioambientales claros y específicos, además de las referencias a la importancia del medio ambiente. También se deberían establecer metas con respecto al consumo de energía y a la reducción de las emisiones de CO2. El crecimiento económico tiene que ir de la mano de un uso responsable de los recursos naturales y por eso voy a apoyar las enmiendas del señor Lipietz.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señor Presidente, los diputados que, como es mi caso, a la vez también somos autores, sin duda debemos estar en la vanguardia del uso constructivo de la crítica como un medio para despertar a los grandes que, una vez así avisados, deberán responder de manera práctica a nuestras críticas. Veo que el señor Karas es el próximo orador; no le será difícil responder al envite. Lo que está ocurriendo ahora ha llevado a la corriente principal europea a frotarse los ojos y declarar: «Sí, es verdad que tenemos un problema», pero yo les pido que den un paso más. El estudio Prognos constituye una demostración impresionante de que no conseguiremos el pleno empleo en las próximas dos décadas. Al contrario, avanzaremos hacia lo que uno de los periodistas del New York Times denomina el «americano desechable» o, adaptado a nuestro contexto, el «europeo desechable». Para esto tenemos que encontrar soluciones. La pérdida de los servicios que han proporcionado empleos que sustituían a los empleos industriales que ya no existen plantea un enorme problema. Es necesario avanzar en este aspecto y para eso necesitamos enfoques que no sean válidos solo para el momento presente. En efecto, una cuestión central, un punto de partida potencial, es la reasignación de los millones, de los miles de millones, que todavía permanecen ocultos en el presupuesto de la Unión Europea y se están derrochando en cosas inútiles. Me refiero, por ejemplo, a lo que conduce a que el sector agrícola más subvencionado de Francia sea la producción de arroz. La presente ausencia de unas perspectivas financieras completas también nos brinda una oportunidad de mejorar en ese ámbito y de conseguir ahora lo que de otro modo solo se hará dentro de cinco o diez años, cuando de nuevo vuelva a ser ya casi demasiado tarde.

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario Almunia, señor Comisario Špidla, Señorías, ¿por qué necesitamos directrices de política económica? Porque no tenemos una política económica común. Y no la tenemos porque los instrumentos para una política económica activa –una política de investigación, una política fiscal, una política educativa, por citar solo tres ámbitos– están en manos de los Estados miembros.

En muchos aspectos, las condiciones se han agravado desde que elaboramos nuestro último informe. Cada vez está más claro que el potencial de crecimiento de la Unión Europea no se está explotando al máximo, que no estamos suficientemente preparados para el cambio demográfico y que aún no hemos aprovechado todas las oportunidades que ofrece la globalización en nuestro continente. La crisis energética y el alto nivel de desempleo demuestran que nuestros problemas no son solo nacionales, sino que sus causas son estructurales y globales, y estas causas son las que tenemos que abordar de forma activa.

Queremos que el Parlamento Europeo tenga poder de codecisión en todos los asuntos que afectan al mercado único, pues en todos esos aspectos necesitamos más Europa, en cooperación con los Estados miembros, de la que tenemos en la actualidad. El presente informe constituye, por lo tanto, nuestra petición de que se traspongan todas las directivas relativas al mercado interior, cuya aplicación incoherente distorsiona la competencia y nos cuesta crecimiento y empleo.

Pedimos que los Estados con déficit excesivos apliquen medidas de consolidación del presupuesto, porque si no conseguimos reparar nuestra seguridad social y nuestros sistemas de pensiones no podremos participar en la competencia a escala mundial. También quiero pedir encarecidamente que se aplique en su totalidad la Carta de las PYME.

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, esta reunión es a todas luces importante, pues el debate sobre las directrices nos brinda el medio de aplicar la Estrategia de Lisboa. Es también la ocasión para una coordinación ex ante de las políticas económicas de los Estados miembros.

En este Parlamento hemos apoyado la integración de las directrices de las políticas de empleo en las orientaciones generales de las políticas económicas. Pienso que desde el punto de vista de la coherencia intelectual, era el planteamiento adecuado, siempre que por ello no perdieran sustancia y siempre que, en particular, los poderes de este Parlamento se armonizaran también. Apoyo las propuestas del ponente a este respecto.

Con respecto al fondo de las orientaciones generales de las políticas económicas, nos encontramos ante una paradoja: mientras el Banco Central ha ido aumentando poco a poco los tipos de interés en un punto, cuando la subida del precio del petróleo compromete seriamente las condiciones de reactivación en la Unión Europea y cuando varios representantes de la UE subestiman en gran medida las condiciones para una reactivación de la demanda interior, estas orientaciones generales no cambian.

Nos parece que, desde este punto de vista, debemos hacer más cosas juntos, al menos con respecto a un punto: me refiero a la estrategia en materia de inversiones. Mi Grupo ha presentado una enmienda en este sentido que, espero, será aprobada por el Pleno. Se trata de insistir en la necesidad de elaborar a escala de la Unión Europea, para poner en práctica realmente la Estrategia de Lisboa, los planes de inversión que necesitamos para apoyar las políticas encaminadas a afrontar los retos que se nos plantean en términos de conocimiento, formación y empleo.

Para terminar, quisiera insistir en la cuestión fiscal, que sustenta a todo nuestro sistema económico. Espero que la Comisión en su conjunto, y también el Consejo, se hagan eco de los esfuerzos del Comisario Kovács a este respecto y los apoyen.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Los cambios de la economía mundial, los procesos de globalización y sus repercusiones sobre la competitividad de los bloques económicos y de las empresas en algunos sectores de las economías estatales constituyen los nuevos retos a los que debe hacer frente la Unión Europea, que está perdiendo progresivamente su competitividad y no está preparada para los desafíos de la globalización. La Unión Europea está perdiendo la guerra de la competencia frente a los Estados Unidos, China y la India. La Unión Europea debería prepararse para los retos de la globalización mediante una reforma desde dentro. No conseguimos aprobar la Constitución, las perspectivas financieras se encuentran en un punto muerto y se han reducido los fondos destinados a las redes transeuropeas. Sin una política energética común, el abastecimiento de recursos energéticos, que constituye la base de la competitividad de una economía, está amenazado, al igual que la seguridad. Con la admisión de los nuevos candidatos, Eslovenia y Lituania, la ampliación de la zona del euro sería una de las medidas y decisiones capaces de estimular el crecimiento económico. Quisiera recordar dos factores importantes para aumentar la competitividad de la Unión Europea: la inversión en información y en innovaciones, y la elaboración acelerada de una política energética común. Se trata de factores interdependientes; las innovaciones permiten desarrollar liderazgos, mientras que en el sector de la energía, que determina la competitividad, permiten crear nuevas fuentes de energía y un uso racional y económico de las existentes. Mientras todavía se están negociando las perspectivas financieras para el período 2007-2013, deberíamos considerar las prioridades de financiación y aumentar los fondos destinados a la ciencia, la investigación y las redes transeuropeas. En relación con el tema de la competitividad de la economía de la Unión, quisiera recordar uno de los proyectos europeos más acertados: la introducción de la moneda común, el euro, en doce Estados miembros. Cuando falta poco para la próxima ampliación de la zona del euro, también se pueden observar algunas deficiencias: no se están cumpliendo las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el endeudamiento estatal es considerable y casi todos los miembros de la zona del euro no han conseguido cumplir el índice de estabilidad de precios en diversos momentos. La experiencia de cinco años demuestra que es necesario mejorar los criterios de Maastricht. Aun así, en lo esencial, la zona del euro fue y sigue siendo un proyecto político que ha demostrado su utilidad y que debe avanzar hacia una nueva fase de ampliación.

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Señor Presidente, si tuviésemos que identificar una palabra clave en relación con la política de empleo europea, esta tendría que ser «flexibilidad».

Una legislación laboral flexible con respecto al lugar de trabajo y la jornada laboral favorece la incorporación de las mujeres al mercado laboral. La maternidad representa un enorme reto en las vidas laborales de las mujeres. La flexibilidad también posibilita la incorporación al mercado laboral y el empleo de los jóvenes y los trabajadores mayores, que en la actualidad constituyen un grave problema. No todos en Europa están a favor de dicha flexibilidad, como demuestra lo que está ocurriendo en las calles de París. La única medida que podemos tomar a escala europea es reducir la armonización en este terreno, para lograr flexibilidad al menos en algunos países y zonas de la Unión Europea.

Si tuviésemos que identificar una palabra clave relativa a la política económica, esta tendría que ser «competencia», acompañada de competencia fiscal. Contrariamente a lo que afirma el informe, la competencia no resulta perjudicial para la financiación de las necesidades públicas. Más bien ocurre lo contrario; en efecto, los presupuestos nacionales de algunos países que han reformado hace poco radicalmente sus sistemas fiscales, sobre todo mediante la reducción del impuesto de sociedades, han registrado un aumento de sus ingresos. La competencia fiscal en países como Irlanda o Eslovaquia también contribuye a aumentar la competitividad de Europa en su conjunto, mejorando así nuestra competitividad a escala mundial.

Por lo tanto, la competencia fiscal no constituye de ningún modo una amenaza para Europa. De hecho, representa una formidable oportunidad. Aunque me temo que sea una de las pocas oportunidades que nos quedan, si no la única.

  Georgios Karatzaferis (IND/DEM). – (EL) Señor Presidente, Europa necesita 40 millones de puestos de trabajo. Solo en Grecia se necesita un millón. ¿Podemos prometerlos? No podemos. Europa no puede salvaguardar esos puestos de trabajo. El 10 % de la población activa vivirá por debajo del umbral de la pobreza. Vivirán de los subsidios de desempleo. No disponemos de energía propia. El gas procede de Rusia, el petróleo de Oriente Próximo; el precio de esta energía aumentará constantemente a consecuencia del exceso de demanda de China y de la India. Tenemos una moneda fuerte que impide la exportación; observen las exportaciones que el dólar barato está brindando a los Estados Unidos de América. Con los estrictos indicadores de Maastricht, la gente sufre mientras los indicadores prosperan. Esta es la realidad.

Los productos chinos inundan continuamente el mercado y lo inundarán cada vez más. Ya ni siquiera se pueden encontrar muñecas fabricadas en Europa. Son chinas. Las fábricas de Europa se trasladan a países terceros y los salarios se van con ellas, como es lógico. Los agricultores están sufriendo. El algodón y el tabaco se han puesto a buen recaudo en los almacenes en Grecia. Tenemos que cambiar las tornas; de lo contrario, los ciudadanos europeos no sobrevivirán.

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) En mi intervención quiero retomar varias ideas de la resolución sobre el informe relativo al sector energético, y lo haré en el contexto de los grandes objetivos para 2006 de la política económica.

Estas ideas llegan al fondo de la cuestión sin caer en vanos lamentos sobre la desaceleración económica en Europa. Los milagros no existen y, por lo tanto, estoy de acuerdo en que es necesario realizar un análisis en profundidad de las políticas de reforma estructural de la última década. Esto aclarará las causas del crecimiento lento y de la productividad insatisfactoria. También es importante la llamada «estrategia de crecimiento inteligente». Esta consolidará los diferentes enfoques de la política económica de la Unión Europea en una estrategia coherente.

El objetivo es reforzar el potencial de la Unión Europea en relación con una nueva generación de productos y métodos de producción aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. También apoyo la petición de que los Estados miembros fomenten la inversión privada. El desplazamiento de la inversión pública y privada en bienes de equipo a sectores que en general mejoran el rendimiento económico y la productividad también será importante. Pero será necesario defender y aplicar este enfoque en el contexto del desembolso de los fondos de la Unión, pues en este caso es válido el dicho de que los ámbitos más necesitados de atención suelen ser a menudo los más cercanos.

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Ante todo quiero dar las gracias al ponente, señor García-Margallo, por su informe equilibrado y muy pertinente. Como este reitera en varias ocasiones, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la Unión Europea en este momento es que la mayoría de Estados miembros subestiman la necesidad de una reforma estructural de gran alcance. Paradójicamente, algunos Estados miembros han intentado abordar la pérdida de competitividad, que es una consecuencia natural del rechazo de dicha reforma, aplicando nuevas medidas para proteger sus mercados, lo que solo agrava el problema. Tenemos que aceptar que el mercado interior no es totalmente funcional y no permite la libre circulación de trabajadores o la libre prestación de servicios. Este enfoque tiene consecuencias muy negativas. Las empresas han empezado a trasladar sus actividades a zonas con mano de obra más barata o a externalizarlas, lo que también ha causado una contracción del empleo.

Desde un punto de vista macroeconómico, un resultado importante de dicha política es el crecimiento lento y, dada la estructura inalterada de las haciendas públicas, el deterioro del déficit general de los Gobiernos, que a menudo excede los límites impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si se considera la escasez de inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y a ello se suma la gran dependencia energética de la mayoría de Estados miembros, no podemos esperar una mejora significativa de la competitividad de la economía europea respecto de los principales actores mundiales, como los Estados Unidos y China. Tenemos que responder con rapidez a esos desafíos poniendo en marcha un mercado interior totalmente operativo, que funcione sin ninguna discriminación y libre de las trabas de normativas innecesarias.

La armonización de la legislación europea tiene que promover la competitividad, en lugar de entorpecerla. Los esfuerzos por armonizar el impuesto de sociedades ofrecen ejemplos lamentables de este tipo de obstáculo. Para mejorar la competitividad interior de los Estados miembros y, por consiguiente, de toda la Unión, es preciso que el principio de subsidiariedad llegue a ser un componente significativo de todas las iniciativas de la Comisión. A este respecto, también acojo con satisfacción el programa de acción para la reforma de las ayudas estatales que crea las condiciones para un aumento de la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, encaminado a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Por el mismo motivo, también deberíamos elogiar el Libro Verde sobre una estrategia europea para un suministro energético sostenible, competitivo y seguro.

  Zita Gurmai (PSE). – (EN) Señor Presidente, la Estrategia Europea de Empleo, si los Estados miembros la ponen en práctica de manera adecuada y pragmática, podrá lograr los niveles de empleo contemplados en los objetivos de empleo de Lisboa. De hecho, debería reflejar una política general antidiscriminatoria, constituyendo la promoción de la igualdad de género una herramienta para suplir las diferencias de género en el mercado de trabajo.

La Estrategia Europea de Empleo tiene que ser no solo una herramienta para atraer a más personas al mercado de trabajo, sino también una oportunidad favorable y abierta para integrar en el mercado de trabajo a los que tengan un acceso particularmente limitado al empleo, como las mujeres de más edad, los padres o madres solteros y las minorías étnicas. Hay que admitir que el reto que plantea el envejecimiento de la sociedad europea solo puede abordarse con una mayor participación de esos grupos especiales en el mercado de trabajo, como ha dicho el Comisario Špidla.

Hay que eliminar todo tipo de obstáculos. Estamos tratando de conseguir más y mejores empleos y hemos declarado 2006 el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. La movilidad proporciona a la población trabajadora de Europa nuevas capacidades, nuevas experiencias, flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes condiciones de trabajo y a unas necesidades del mercado que cambian continuamente. La movilidad es un valor que contribuye al beneficio del conjunto de la economía europea. Esa es una necesidad urgente que tienen que reconocer algunos Estados miembros que siguen poniendo barreras a los trabajadores de los nuevos países de la UE.

Por último, creo que la EEE puede convertirse en la estrategia capaz de lograr el pleno empleo, hacer del trabajo una opción real para todos, aumentar la calidad y la productividad laboral y anticipar y gestionar el cambio, potenciando una sociedad más cohesiva de igualdad de oportunidades para todos y tratando de promover la diversidad y la no discriminación.

Mi colega húngara, la señora Kovács, ha elaborado un informe excelente y muy útil. Propongo que se aprueben sus recomendaciones.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señor Presidente, en mi intervención en el presente debate quiero señalar que algunas de las recomendaciones a los Estados miembros contenidas en los informes no favorecerán el crecimiento económico ni el empleo en la Unión Europea. Voy a comentar solo algunas.

En primer lugar, la oposición a la competencia fiscal y la sugerencia de que se armonicen las soluciones respecto del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, en unas circunstancias en que la reducción de los tipos impositivos tiene repercusiones evidentes sobre la aceleración del crecimiento económico. En segundo lugar, la oposición a la deslocalización, que es un proceso económico objetivo que supone un intento de reducir los costes de fabricación y mejorar la competitividad de las empresas en el contexto de la economía mundial. En tercer lugar, la introducción de reglamentaciones adicionales que afectan a los procesos económicos y sociales, cuando lo que en realidad se necesita es una drástica reducción de dichas medidas. Por último, a pesar de las experiencia positivas de países como Gran Bretaña e Irlanda tras la apertura de sus mercados laborales, los de los países más grandes de la Unión Europea continúan cerrados para los trabajadores de los nuevos Estados miembros.

Esta es, de hecho, una de las razones por las que la Unión Europea se desarrolla mucho más lentamente que los Estados Unidos y los antiguos Estados miembros de la Unión se desarrollan más lentamente que los nuevos.

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – (PL) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los ponentes por su excelente informe. Sin embargo, este no parece centrarse como es debido en el ámbito más difícil de la economía, el que consume más recursos de la Unión, exige protección y no se aprovecha suficientemente desde el punto de vista económico. Me refiero al sector agrícola en su sentido más amplio.

Los pagos más sustanciales benefician a los magnates, mientras que los pequeños agricultores van a la quiebra y la superficie de tierras no cultivadas aumenta junto con el número de personas que han perdido sus puestos de trabajo y toda esperanza de futuro. El enorme potencial del sector sigue sin explotar, a pesar de que, con unas políticas sólidas, podría contribuir de manera positiva al desarrollo de la economía en general.

El programa de actividades destinado a desarrollar cultivos industriales no es suficientemente ambicioso, y el programa de investigación y aplicación no proporciona el apoyo necesario para un progreso rápido. Estamos rezagados respecto de los países con economías eficientes en este aspecto. El problema se merece un amplio debate y exige que se tomen medidas rápidas y efectivas en el curso de 2006.

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, para empezar quisiera reflexionar sobre dos aspectos. El primero es que las economías europeas que están más abiertas a la globalización ahora disfrutan de un mayor desarrollo económico. El segundo es que los países que tienen los mercados laborales más flexibles también disfrutan de un mayor desarrollo en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo. A la vista de ello, quiero dar las gracias al ponente, el señor García-Margallo y Marfil por el trabajo que ha realizado, porque los cambios y la orientación política que propone en su informe constituyen el enfoque capaz de generar más empleo y prosperidad.

La cuestión fundamental es si todo ello producirá cambios y si se modificará la política a escala europea y en los Estados miembros. Un político sueco dijo una vez que «si dejamos que las cosas sigan funcionando como en el pasado, nada cambiará». Ahora tenemos más de 20 millones de parados. Es un problema económico, pero también un problema social de máxima importancia. Nada es tan importante para la protección social como la creación de nuevos puestos de trabajo. En este ámbito, la Comisión tiene que hacer frente a una serie de tareas.

En primer lugar, tiene que aplicar las directivas que allanan el camino a una mayor competencia. En segundo lugar, tiene que adoptar medidas que fomenten la actividad empresarial y esto nos remite al conjunto de la política de competencia. Nueva actividad empresarial no significa solo el desarrollo de pequeñas empresas. También supone la capacidad de crear en Europa nuevas empresas transfronterizas que puedan llegar a ser «campeonas mundiales». La Comisión tiene que asumir la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas, pero los Estados miembros también tienen la responsabilidad de aplicar las reformas que generarán nueva actividad empresarial. Por último, tenemos que garantizar unos mercados laborales más flexibles en Europa. Si no lo hacemos, estaremos excluyendo a millones de personas del mercado laboral y de la protección social. Quienes están a favor de la protección social y del desarrollo económico también apoyan unos mercados laborales más flexibles. Me complace poder decírselo a los socialdemócratas, pues la seguridad la aportan las reformas.

  Dariusz Rosati (PSE). – (PL) Señor Presidente, el debate de hoy versa sobre el futuro de la Unión Europea. Las economías europeas se están desarrollando con lentitud, tenemos un alto desempleo y nuestras haciendas públicas están en crisis. Esta situación se mantiene desde hace varios años y el resultado podría ser la pérdida del papel protagonista de Europa en el mundo. Necesitamos una gran reforma estructural, junto con un cambio de política económica.

Las orientaciones de las políticas económicas presentadas por la Comisión identifican correctamente las medidas esenciales que hay que adoptar. Estas incluyen la creación de mercados de trabajo más flexibles y un entorno empresarial más atractivo, además del apoyo a la educación, la formación profesional y la investigación. La Comisión viene propugnándolo desde hace años, pero sin resultado. Quiero recordar a la Asamblea que los motivos de la debilidad de las economías europeas son de sobras conocidos. También lo es el carácter de las medidas que se requieren para estimular el crecimiento económico y crear nuevos puestos de trabajo. Lamentablemente, los políticos de los Estados miembros se muestran reacios a adoptar las medidas necesarias por temor a perder popularidad o debido a cálculos políticos miopes o, a veces, incluso por pura ignorancia. Europa está sufriendo, de hecho, una crisis de liderazgo político.

El debate de hoy debería dirigirse principalmente a los Gobiernos de los Estados miembros y a los círculos políticos que les apoyan. Su objetivo debería ser emitir señales de alarma que indiquen que si no se llevan a cabo algunas reformas esenciales, es muy probable que Europa se estanque y se quede rezagada. El progreso económico y social que ha conseguido también se verá amenazado. La verdadera obligación de un político es resolver los problemas concretos y no estar supeditado a las encuestas de popularidad y a los caprichos de los votantes. Confiamos en que los políticos de los Estados miembros emprendan las reformas pertinentes y convenzan a sus ciudadanos de que son en verdad necesarias.

Insto a la Comisión a que actúe con firmeza y decisión en este sentido.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, por supuesto me complace poder disponer de un tiempo parecido al que originalmente se me había asignado. Señores Comisarios, Señorías, permítanme que empiece por agradecer al ponente el esfuerzo que ha dedicado a este asunto. El informe vuelve a dejar claro que la Unión Europea ofrece a los ciudadanos de Europa, en el contexto de la globalización, una oportunidad de encontrar un compromiso justo entre las condiciones económicas, por un lado, y las condiciones sociales, por otro. Pero el problema es que esto ha pasado completamente desapercibido para los ciudadanos de Europa. Los veinte millones de parados y los centenares de millones de personas que temen perder sus empleos atribuyen sus circunstancias a la Unión Europea más que a la globalización. Los demás, cuyos trabajos están a salvo gracias a la Unión Europea y a la labor de la Comisión y de esta Asamblea, desconocen este hecho y lo atribuyen a los Gobiernos nacionales.

Estoy totalmente de acuerdo con el señor Rosati: en efecto, sería muy deseable, a la vista de estas importantes consideraciones, que el Consejo –al que compete actuar en muchos de estos aspectos en el contexto de la Estrategia de Lisboa– prestase mayor atención a este asunto y que los debates en esta Cámara no quedasen limitados a sus diputados y a los miembros de la Comisión; aunque es cierto que a la Comisión le corresponde una función importante a la hora de garantizar que los Estados miembros apliquen efectivamente las medidas ya adoptadas por el Consejo, tenemos que ser sinceros, pues en definitiva lo que cuenta –como veremos probablemente luego, cuando se debata el informe Őry– es que los Estados miembros cumplan lo que ellos mismos decidieron en su día.

Por eso es muy positivo que la Comisión haya indicado –así lo ha declarado, en efecto, el Comisario Špidla a los medios de comunicación alemanes– que el único camino para proporcionar más empleo a los ciudadanos de Europa es flexibilizar los mercados laborales y que esto no debe causar ansiedad, ya que permite crear empleo. Esto es lo que todos queremos, en realidad.

Por lo tanto, les insto a que insistan en dejar claro a los Estados miembros que es necesario que se apliquen por fin las decisiones adoptadas por el Consejo.

  Alejandro Cercas (PSE). – (ES) Señor Presidente, señores Comisarios, colegas, empezaré diciendo que soy más optimista que alguno de los colegas que me han precedido, porque creo que los informes que hoy tenemos y este debate van a ser útiles y constituyen una nueva oportunidad para impulsar la estrategia europea del empleo y el proceso de Lisboa.

Al fin y al cabo esta es nuestra única esperanza: la única esperanza de que Europa trabaje coordinadamente en la línea iniciada el año pasado de enriquecer la visión económica y la visión social con nuevas directrices que estén en ese marco de integración.

Decía el Comisario Verheugen que necesitamos visibilidad de esta estrategia. Efectivamente, es uno de nuestros déficits, como lo es también nuestro déficit de credibilidad, que decía el Comisario Almunia. Necesitamos esos empleos, que decía el Comisario Špidla.

Para ello, en este brevísimo tiempo que tengo, yo quiero pedirles que lean estos dos informes del Parlamento. Son informes horizontales, con los que nos identificamos una inmensa mayoría de diputados, y que reflejan, creo, un gran esfuerzo de unidad y un gran esfuerzo de oportunidad hacia el futuro.

Lean lo que dicen estos informes y tomen ese liderazgo que necesitamos hoy en Europa. La gente de la Comisión tiene que ser más activa, para obligar a los Gobiernos a que apliquen esta estrategia europea del empleo.

Y sean ustedes coherentes, vean nuestras enmiendas. Por ejemplo, vean la enmienda 2. Necesitamos que se aplique la legislación europea que ya tenemos, que hace mucho más coherente el trabajo entre los Estados miembros.

Lean también nuestra enmienda 5. En este año europeo de la movilidad, den pasos adelante para eliminar las barreras que impiden la movilidad de los trabajadores europeos.

  Manuel António dos Santos (PSE). – (PT) Señor Presidente, Comisarios, Señorías, las recomendaciones elaboradas por el señor García-Margallo, a quien quiero felicitar, han llegado en el momento oportuno para cambiar la situación económica de la UE. Lo único que falta es seguir esas recomendaciones.

Tal como están las cosas, debemos hablar de profundizar, más que de revisar, la Estrategia de Lisboa, puesto que lo que ahora estamos viendo –y lo que hemos visto desde el principio– es un mayor crecimiento económico y más empleo, cosas ambas que ayudan a sostener los modelos sociales a largo plazo y a promover la suficiente cohesión social a corto plazo.

A pesar de los progresos recientes, las cuestiones fundamentales siguen igual. El desempleo ha alcanzado unos niveles intolerables y el crecimiento económico mundial es insuficiente para invertir esta tendencia. En consecuencia, se precisa una mayor integración y una mejor coordinación de las políticas económicas, y hace falta desarrollar el trabajo de las instituciones que forman el nuevo gobierno económico de la Unión.

El Consejo ha decidido apoyar a la Comisión en la elaboración de una política energética común europea. Aunque es una decisión interesante, sigue siendo menos de lo que se necesita. La dependencia energética de la Unión Europea es insostenible. Las importaciones de petróleo representan actualmente el 2,3 % del PIB de la Unión, que es dos veces y medio el presupuesto destinado a todas las políticas europeas. De aquí a 2030, esa dependencia podría ser abrumadora, sobre todo en el sector del petróleo (con un 94 % de dependencia del exterior). Los simples acuerdos entre los Estados miembros promovidos por el Consejo son, por tanto, insuficientes.

El aumento de la competencia es un requisito imprescindible para formular una política energética común. Un marco reglamentario común exigirá, ante todo, enormes inversiones para mejorar las redes actuales y para volver a conseguir un verdadero progreso en el campo de las energías alternativas y el ahorro energético. Todo ello es esencial para aumentar la competitividad y el desarrollo sostenible.

  Günther Verheugen , Vicepresidente de la Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, el debate acaba de demostrar la distancia que tenemos que recorrer juntos, pero ha demostrado también que cada vez se entiende mejor la nueva estrategia de crecimiento y empleo y que existe una presión creciente para tomarse en serio y hacer realidad las prioridades que nos hemos fijado. La Comisión les ha escuchado muy atentamente y prestaremos una gran atención a lo que nos han dicho los Grupos y los oradores, para tratar, en futuros debates, de incorporar los deseos y las sugerencias de esta Cámara.

Permítanme que finalice reiterando, y muy claramente, que la razón por la que el crecimiento y el empleo son prioridades para los próximos años es que, sin más crecimiento y sin la creación de más empleo, no podremos conseguir nuestros grandes y ambiciosos objetivos políticos. No podremos mantener nuestro elevado compromiso con el medio ambiente, nuestro elevado compromiso social y nuestro elevado nivel de vida si no construimos unos cimientos económicos sólidos que puedan soportar su peso, y por eso creemos que el crecimiento y el empleo son nuestro principal cometido.

Las directrices que estamos debatiendo hoy son uno de los medios fundamentales para garantizar que en Europa quizá podamos hacer de la necesidad una virtud. Nuestra incapacidad de formular una política económica común es, desde luego, un defecto, pero podría convertirse en una virtud si fuéramos capaces de establecer un nuevo tipo de cooperación como la que hemos establecido con la Asociación para el Crecimiento y el Empleo.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Gábor Harangozó (PSE). – (EN) En los últimos años, la UE se ha enfrentado a graves problemas económicos: el crecimiento de la Unión está por debajo de su potencial si se compara con los Estados Unidos o con países emergentes, como China o la India. La economía europea presenta un crecimiento demográfico, una tasa de empleo y una productividad más bajos. Europa tiene que prever estrategias a largo plazo y recursos suficientes para invertir en su futuro. Se han formulado estrategias para atacar estos problemas, pero la situación es cada vez peor. Eso se debe a varias razones: la falta de infraestructuras adecuadas, insuficientes inversiones privadas y públicas, retrasos en el desarrollo de tecnologías innovadoras y formación y educación profesional insuficientes.

Europa necesita una visión clara de una economía más competitiva. Para estar a la altura de los objetivos de empleo y crecimiento de la Estrategia de Lisboa se requieren cambios estructurales: ayudas para I+D, fomento de la inversión privada y pública y actuaciones innovadoras en sectores como biotecnología, energías sostenibles y TIC. Al margen de los cambios estructurales y del desarrollo de sectores innovadores, en el marco de la economía global tiene que mantenerse la protección del medio ambiente y la calidad de los productos, dos particularidades típicamente europeas. Por último, es fundamental promover la educación y la formación profesional para atender las necesidades y los retos del desarrollo económico.

7. Régimen transitorio que restringe la libre circulación de los trabajadores en los mercados de trabajo de la UE (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0069/2006) del señor Őry, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de los trabajadores en los mercados de trabajo de la UE [2006/2036(INI)].

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señorías, gracias, estoy acostumbrado a hacer presentaciones en las que el ponente habla primero y solo entonces el Comisario da una respuesta. Pero si han decidido cambiar el procedimiento, estoy dispuesto por supuesto a empezar.

Señorías, quiero agradecer antes de nada al señor Őry su excelente informe sobre un tema que constituye uno de los pilares de la integración europea. El objetivo de las medidas transitorias contempladas en el Tratado de Adhesión es permitir a los Estados miembros trabajar gradualmente para conseguir, a la mayor brevedad posible, el objetivo irrevocable de proporcionar a todos los trabajadores migrantes de los Estados miembros que han entrado en la Unión Europea en 2004 acceso abierto al empleo en todos los Estados miembros. Esa es una de las libertades fundamentales consagradas en el Tratado de Roma. Como se estipula en el Tratado de Adhesión, la Comisión ha evaluado el funcionamiento de dichas medidas transitorias con respecto al período inicial de dos años, para ayudar a los Estados miembros a decidir si mantienen esas medidas o si las abandonan. Sobre la base de los datos estadísticos correspondientes a 2004 y en algunos casos también a 2005, y previa consulta con los distintos participantes, la Comisión ha preparado una serie de conclusiones relacionadas con la primera fase del período de transición.

El número de trabajadores registrados desde la adhesión es generalmente muy pequeño, alcanzando rara vez el 1 % de la población activa del país de acogida. Además, parece ser que el influjo de trabajadores de los nuevos Estados miembros ha tenido un efecto básicamente positivo. Eso es porque la ampliación ha contribuido a sacar de la ilegalidad a los trabajadores de la economía sumergida en los ocho nuevos Estados miembros de la UE. La adhesión ha beneficiado además a Europa al reducir la escasez de mano de obra y mejorar los resultados económicos. Los países que no introdujeron restricciones después de mayo de 2004 han registrado un mayor crecimiento económico, menores niveles de desempleo y niveles más altos de empleo. Los trabajadores a los que se les ha concedido acceso legal al mercado de trabajo han experimentado pocas dificultades para acceder a dicho mercado. Por supuesto, solo los Estados miembros pueden decidir si aplican o no las medidas transitorias, pero la Comisión puede pedirles que evalúen objetivamente las ventajas y desventajas de esas medidas. En realidad, la segunda fase es el verdadero período de transición que nos llevará, en su totalidad o al menos en parte, al objetivo de la libre circulación de los trabajadores. Con este espíritu, los Estados miembros que han aplicado restricciones sobre la base del Tratado de Adhesión no deben tratar a los nacionales de los ocho nuevos Estados miembros que ya estén residiendo legalmente en su territorio de una forma más restrictiva que a los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración, como ya se dijo en el anterior pleno. Se ha enviado una carta explicando esto a los ministros de interior para dejar clara la situación legal. Hace unos momentos, el ponente ha mencionado este problema de los ciudadanos de terceros países, así que espero que me permitan insistir una vez más en que, en el contexto de las directivas y los tratados de adhesión, no se puede permitir que los ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración en un Estado miembro de la UE reciban un trato más favorable que los ciudadanos de Estados miembros de la UE; es decir, si se aplican restricciones a los ciudadanos de la UE, las mismas restricciones deben aplicarse lógicamente a los ciudadanos de terceros países que sean residentes de larga duración en un Estado miembro de la UE.

Por las mismas razones, la Comisión está vigilando también el cumplimiento de las disposiciones que prohíben a los Estados miembros restringir el acceso a sus mercados laborales a los trabajadores de los ocho nuevos Estados miembros en mayor medida que antes de la firma del Tratado de Adhesión, es decir, antes del 16 de abril de 2003. La Comisión apoya además el llamamiento a los Estados miembros para que apliquen escrupulosamente las disposiciones jurídicas de la Comunidad, sobre todo en el ámbito de los trabajadores desplazados. Reconozco que tenemos que reforzar considerablemente la vigilancia estadística de la circulación de trabajadores en el marco de la UE, puesto que hay numerosas hipótesis que deberían considerarse, pero que son imposibles de verificar con los recursos estadísticos y analíticos actualmente disponibles. La Comisión apoya las propuestas del Parlamento de reforzar el diálogo social tanto a escala europea como nacional, con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores de los nuevos Estados miembros. La Comisión tiene igualmente una opinión favorable sobre la necesidad de que los ciudadanos conozcan el derecho a la libre circulación de trabajadores y la legislación asociada. La declaración de 2006 como Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores debe contribuir a este objetivo.

A pesar de los temores que suscita la ampliación gradual, la libre circulación de trabajadores no ha debilitado los mercados de trabajo intraestatales. La libre circulación de las personas es un principio básico aplicable a todos los ciudadanos, y cualquier restricción que se imponga sobre ella solo puede ser temporal y tiene que acogerse estrictamente al espíritu de los tratados.

Señorías, en mi intervención he utilizado una o dos veces el término «nuevos Estados miembros». Pero los nuevos Estados de Europa Central poseen una historia casi tan larga como la de los Estados de otras partes de Europa y, con la ampliación de la Unión Europea, ahora son Estados miembros. Por tanto, quiero decir que no volveré a utilizar más el término «nuevo Estado miembro».

  Csaba Őry (PPE-DE), ponente. – (HU) Después de la ampliación de la Unión Europea en 2004, la cuestión de la apertura de los mercados laborales, y en relación con eso, la aplicación de las restricciones transitorias consideradas necesarias por los doce antiguos Estados miembros, han sido objeto de una seguimiento especial.

Como se establece en los Tratados de Adhesión, los Estados miembros –basándose en sus propias experiencias con el mercado laboral– levantarán gradualmente esas restricciones entre 2004 y 2011, y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo evaluarán también la situación a la luz de las experiencias de los Estados miembros. La posición de las instituciones europeas contiene un mensaje político cuyo principal objetivo es transmitir, a los más de 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea, el interés paneuropeo por una cuestión tan importante como es la circulación de los trabajadores. En otras palabras: ¿qué le interesa a la Unión Europea como agente importante de la política mundial y la economía mundial? Esta lógica de tener en cuenta los intereses europeos ha sido decisiva en el proceso de elaboración del informe. El único punto de partida posible para la evaluación de la situación actual era el análisis de los desafíos mundiales a los que se enfrenta la Unión Europea en los albores del siglo XXI.

En este sentido, basta con referirme al hecho de que nuestros competidores económicos en el Sudeste Asiático están acelerando el progreso tanto en el ámbito de la producción industrial como en investigación, desarrollo e innovación. Si queremos aumentar nuestra competitividad para mantenernos a la altura de Estados Unidos y Asia, tendremos que buscar una solución a las tensiones estructurales en las economías europeas.

La solución está clara: debemos aumentar la movilidad dentro de la Unión Europea y promover, con todos los medios a nuestro alcance, la creación de un único mercado laboral europeo dotado de la mayor flexibilidad posible. Existen, por supuesto, soluciones alternativas para aumentar la movilidad (podemos hablar también de acelerar la inmigración y otras medidas similares), pero el denominador común de todas esas alternativas es su elevadísimo coste y su menor eficiencia. El camino hacia el desarrollo económico –en línea con la Estrategia de Lisboa– discurre principalmente a través del aumento de la movilidad y la utilización de las reservas profesionales representadas por la población inactiva. Esa es la única forma de preservar los logros sociales tan deseados por los ciudadanos europeos y de los que hablamos con tanta frecuencia.

Un paso importante dentro del proceso de aumentar la movilidad es levantar lo antes posible las restricciones transitorias que afectan a los nuevos Estados miembros. Algunos Estados miembros han acordado ya levantarlas en mayo de 2006 y solo esperamos que en los próximos años –quizá incluso antes de mayo de 2009–, otros Estados miembros les sigan, porque es importante insistir en que la posibilidad jurídica de que otros Estados miembros tomen una decisión similar está siempre ahí.

Los temores a una migración masiva han resultado ser infundados. La experiencia ha demostrado claramente que la presencia de trabajadores de los nuevos Estados miembros en los antiguos Estados miembros que decidieron abrir sus mercados plenamente en 2004 no ha causado tensiones ni en el mercado laboral ni en la economía. ¡Todo lo contrario! La evaluación tanto de la Comisión Europea como de uno de los Gobiernos afectados –el Gobierno británico– ha demostrado que la migración, en un grado restringido, de trabajadores de los nuevos Estados miembros ha supuesto ventajas económicas para los países de acogida. Por tanto, la conclusión está clara: la actuación más ventajosa para la Unión Europea y para sus Estados miembros es que los Gobiernos afectados abandonen lo antes posible el sistema de medidas transitorias que restringen la libertad de empleo dentro de la Unión.

Junto con el informe, hemos presentado también propuestas de compromiso. Esas propuestas se han elaborado teniendo en cuenta las sensibilidades especiales de algunos Estados miembros respecto a esta importante cuestión, porque, como sabemos por experiencia propia, en algunos Estados miembros la rápida implantación de la libre circulación de trabajadores se está viendo entorpecida no solo por dificultades económicas, sino también por dificultades políticas, sociopsicológicas o lingüísticas. Las propuestas de compromiso consideran además la cuestión desde el punto de vista del interés paneuropeo, tratando de tener en cuenta las aspiraciones y sensibilidades tanto de los antiguos como de los nuevos Estados miembros. Por tanto, espero que el informe, en su forma actual, reciba un apoyo mayoritario en la votación del Parlamento.

Gracias por su atención, y quiero agradecer a todos mis colegas, a los Grupos políticos y a la Comisión Europea su cooperación. No es coincidencia que el contenido de la presentación realizada por el señor Špidla me haya eximido de la obligación de presentar el informe con detalle. En general, pensamos de forma parecida y nuestras experiencias son similares. Espero que así siga siendo también en el futuro.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

  Ria Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, permítanme que empiece expresando mis calurosas felicitaciones al señor Őry, quien ha asumido sus obligaciones de una manera muy concienzuda y ha elaborado un excelente informe.

En Europa debemos la prosperidad que disfrutamos a las cuatro libertades que sustentan a la Unión Europea. La libre circulación de trabajadores es una de ellas. Pero ahora me parece que el miedo ha dominado el proceso de ampliación en los antiguos Estados miembros y que el temor a verse arrojados de un mercado laboral que está o estaba ya sometido a presiones, ha llevado a imponer restricciones en la libre circulación. Siempre he pensado que las decisiones no deben tomarse sobre la base del miedo y que hubiéramos defendido mucho mejor nuestros intereses si hubiéramos abierto desde el principio el mercado laboral. Así lo demuestran también los resultados de los estudios realizados en el Reino Unido y en Suecia, aunque debe decirse que, en el Reino Unido, la seguridad social no funciona como nos gustaría que funcionara.

¿De qué tenemos miedo? Las personas tienen miedo de verse arrojadas fuera del mercado laboral y, para evitar que eso suceda, cierran las fronteras, cuando nada podría estar más lejos de la verdad. Muchos trabajadores llegan a nuestros Estados miembros y trabajan durante muchas horas para ganar un salario pequeño. Viven en malas condiciones, lo hacen todo ellos solos y compiten con nuestras pequeñas y medianas empresas.

¿Cuál debe ser la respuesta? En lugar de recurrir al miedo, la respuesta está en abrir las fronteras y asegurar que se implantan los controles oportunos para vigilar, no tanto si se pagan los salarios mínimos, como si los salarios y las condiciones de trabajo se corresponden con lo acordado en los convenios colectivos y se cumplen también las condiciones de seguridad en el trabajo. Esa sería una buena medida tanto en los nuevos como en los antiguos Estados miembros.

  Richard Falbr, en nombre del Grupo del PSE. – (CS) Señor Presidente, como ya se ha dicho, 2006 será el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. Por iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, se elaboró una propuesta de resolución del Parlamento que la Comisión aprobó el 21 de marzo por abrumadora mayoría. Debemos agradecer especialmente al señor Őry la elaboración del informe. El elemento central de la resolución era pedir que se levanten las actuales medidas transitorias. Inmediatamente después de ser aprobada, se empezaron a recibir propuestas de enmienda dirigidas a suprimir este mensaje prospectivo del Parlamento. Es curioso que todas las propuestas empiezan por «Apoyo la libre circulación de trabajadores, pero....» Por tanto, considero que el Parlamento debe aprobar la misma versión que ha sido aprobada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

Quiero recordarles que tanto grupos de empresarios como la Confederación Europea de Sindicatos solicitan el levantamiento inmediato de las medidas transitorias. Sé que algunos Gobiernos no han hecho lo mismo, y los que lo han hecho merecen nuestro agradecimiento. En respuesta a las quejas que hemos escuchado hoy en las intervenciones sobre la mala situación de la Unión Europea, quiero decir que ni Estados Unidos ni China deben ser modelos para nosotros y que después de la grave crisis que se vivió en Asia hace unos años, muchos Estados de allí están pensando en crear el tipo de estructuras que algunos tratan de demoler ahora aquí. Sería bueno, por tanto, que nos diéramos cuenta de que el camino a la prosperidad no discurre ni a través de los niveles salariales al estilo chino ni a través del tipo de relaciones industriales que prevalecen en los Estados Unidos.

  Jan Jerzy Kułakowski, en nombre del Grupo ALDE. – (PL) Señor Presidente, creo que a la hora de considerar el informe del señor Őry sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la UE, deben tenerse en cuenta cuatro criterios fundamentales.

En primer lugar, la libre circulación de personas es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado único y un derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea. El reconocimiento de ese derecho requiere el levantamiento de los períodos de transición a la mayor brevedad posible. Eso no significa promover la circulación masiva dentro de la Unión Europea. Tenemos que distinguir entre la circulación provocada por la necesidad de buscar empleo y la libre circulación de las personas que es un derecho de los ciudadanos.

En segundo lugar, el informe hace bien en destacar los beneficios que han obtenido los países que no impusieron períodos de transición y que abrieron desde el principio sus mercados de trabajo. Eso coincide con la opinión de la Comisión Europea. No obstante, me parece también oportuno considerar cómo la libre circulación de personas puede amenazar o beneficiar a los países de origen de los ciudadanos implicados.

En tercer lugar, es importante que los ciudadanos de los Estados miembros no se vean discriminados en contra para favorecer a los nacionales de terceros países en los mercados de trabajo de la Unión Europea. Por supuesto, eso no implica que nos mostremos indiferentes ante los nacionales de terceros países o que no queramos expresar nuestra solidaridad también con ellos.

Por último, la libre circulación de personas debe verse como una característica fundamental del modelo social europeo. Teniendo en cuenta que el informe del seńor Őry y la posición de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales cumplen los criterios antes mencionados, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa votará a favor del informe. Queremos agradecer también al seńor Őry su trabajo.

  Elisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el Grupo de los Verdes está a favor de la libre circulación y apoya el informe ecuánime del señor Őry, porque los períodos de transición, por muy populares que sean entre nuestros propios ciudadanos, no auguran ningún éxito.

Según la prensa alemana, el Gobierno se ha pronunciado en contra de permitir la entrada de mano de obra barata en el país porque quiere proteger su propio mercado de trabajo del influjo de trabajadores migrantes baratos procedentes de los países vecinos, pero eso no tiene ningún sentido; los períodos de transición no mantienen alejados a los trabajadores migrantes. Siguen llegando igual y trabajan en la economía sumergida o fingen que trabajan por cuenta propia. Las disposiciones transitorias están obligando a las personas a trabajar al margen de la ley y, precisamente por eso, a convertirse en mano de obra más barata y ser víctimas de una brutal explotación sin la protección del Derecho laboral, sin seguridad social y sin la certeza de que se les vaya a pagar.

Sin la protección de las leyes, las personas no tienen derechos. En las regiones vulnerables y en los mercados de trabajo afectados existe una presión aún mayor sobre los salarios, porque los convenios salariales no tienen efecto en el mercado negro, que funciona según sus propias normas y sin control alguno. Los Gobiernos que siguen defendiendo los períodos de transición animan a las personas a trabajar al margen de la ley, haciendo con ello un gran daño a la cohesión social.

Si se pretende que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos, el empleo tiene que situarse en el marco de la legalidad. Una mayor transparencia traerá consigo un mejor control de los mercados de trabajo. Tenemos que organizar los mercados de trabajo europeos en su forma actual de facto sobre la base de «un salario igual por un trabajo igual en las mismas condiciones y en el mismo lugar», dando así a las negociaciones salariales a escala nacional y regional un peso añadido y los mismos derechos sociales a todos. Lo que eso significa, para el Gobierno alemán por ejemplo, es que tiene que aplicar, sin más preámbulos, la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en todas las regiones vulnerables, porque sabemos que en Alemania y Austria los períodos de transición en el sector de los servicios dependerán de los que se apliquen a la libre circulación. La única protección realmente eficaz para evitar problemas en el mercado de trabajo es la adopción de medidas anticipatorias que pongan orden en él.

(Aplausos)

  Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, la ausencia de libre circulación de los trabajadores procedentes de lo que yo sigo llamando los «nuevos» Estados miembros hace que muchas personas se vean obligadas a realizar un trabajo no declarado, en unas condiciones de vida y de trabajo intolerables y en una situación de ilegalidad. Constituye además una discriminación, puesto que la libre circulación de las personas es un derecho fundamental garantizado por el Derecho comunitario.

Como es bien sabido, se trata de una libertad que ha existido para los trabajadores desde la fundación de la Comunidad Europea en 1957. El hecho de que millones de ciudadanos de la Unión Europea dejen, en 2006, de disfrutar ese derecho es intolerable. Durante todo el proceso de ampliación, diputados socialmente comprometidos de la izquierda –como el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, por ejemplo– en el Parlamento Europeo han insistido una y otra vez en la necesidad de crear unas condiciones que permitan, después de la adhesión de los nuevos Estados miembros, la libre circulación de los trabajadores sin efectos negativos para la sociedad.

Los ciudadanos de los nuevos y los antiguos Estados miembros quieren beneficiarse de la ampliación, pero en su lugar volvemos una y otra vez a la cuestión de la competencia mundial. Aunque en los países escandinavos se ha demostrado que la libre circulación realiza una contribución importante al mantenimiento de los niveles actuales de protección social, el Gobierno Federal de Alemania ha ampliado los períodos de transición sin dar ningún tipo de explicación sobre lo que pretende hacer con ellos para permitir realmente la libre circulación de trabajadores.

En lo fundamental, mi Grupo está de acuerdo con el señor Őry en que en el fondo no necesitamos períodos de transición, pero es poco probable que este informe consiga concienciar de la necesidad de una mayor responsabilidad social en los mercados de trabajo europeos. Las enmiendas presentadas por nuestro Grupo en ese sentido han sido hasta ahora bastante ineficaces.

Quiero manifestarme a favor de la libre circulación para todos los trabajadores que viven en la UE, con efecto inmediato, y de unos niveles de protección social y unos salarios mínimos que saquen a las personas de la pobreza. La lucha contra la pobreza tiene que convertirse en una prioridad política absoluta en la Unión Europea.

  Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN. – (LV) Señor Presidente, muy recientemente hemos experimentado una amarga decepción con el libre mercado en el sector de los servicios, pero ahora vemos que solo unos cuantos Gobiernos de los antiguos Estados miembros están dispuestos a abrir sus mercados a los trabajadores de los nuevos Estados miembros. La mayoría de los Gobiernos siguen restringiendo el número de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros, cuando en realidad se enfrentan a problemas más graves planteados por la inmigración de países no pertenecientes a la UE.

La apertura parcial de los mercados de trabajo a, por ejemplo, trabajadores de la construcción, porteros y camareros, como ha propuesto Francia, no demuestra que exista la voluntad de respetar las libertades fundamentales europeas. Más bien demuestra el escaso prestigio del que gozan esas profesiones, puesto que el desempleo entre la juventud francesa es muy elevado. La apertura selectiva del mercado profesional a trabajadores poco cualificados significa que muchos trabajadores cualificados tendrán un incentivo para abandonar los nuevos Estados miembros, cambiar de profesión y ganar de inmediato un salario más alto, cosa que, a la larga, debilitará la competitividad de Europa.

Por último, pido a los jóvenes franceses que están organizando protestas contra su Gobierno por una legislación discriminatoria que les perjudica, que se trasladen a los nuevos Estados miembros e inicien allí sus carreras profesionales. Tenemos un nivel de desempleo muy bajo entre los jóvenes y no los discriminamos.

  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, me sorprende que se haya elaborado un informe sobre esta cuestión. Yo pensaba que la UE era sobre todo un espacio de libre circulación de mercancías, servicios y trabajadores. ¿Y con qué nos encontramos? Cuando los diez nuevos Estados miembros ingresaron en la UE en 2004, no consiguieron la paridad. Solo tres Estados miembros de la anterior UE de los 15 admitió a sus trabajadores sin restricciones: Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Esto es muy extraño si se considera que son tres de los Estados miembros más reticentes a la UE. Irlanda rechazó el Tratado de Niza la primera vez y solo lo aprobó más tarde, debido a una impresionante manipulación en el segundo referendo. Suecia entró en la UE después de conseguir una mayoría de apenas el 1 % en su referendo. En cuanto al Reino Unido, todos ustedes ya nos conocen. Ninguno de ustedes acogió precisamente con satisfacción al Primer Ministro Blair el pasado mes de diciembre, al final de lo que todos ustedes consideraron que había sido una pésima Presidencia del Reino Unido. Y tenían razón. Incluso rechazaron su presupuesto septenal –su inapreciable intento de rescate– por una aplastante mayoría en la votación del informe Böge. Así que ahora tengo la satisfacción de decirles: hagan lo mismo que han hecho el Reino Unido, Irlanda y Suecia. No se preocupen por los regímenes transitorios; sigan sus propias reglas; abran sus fronteras; acepten su cuota, digamos, de trabajadores polacos. En el Reino Unido tenemos 250 000 y no todos ellos son fontaneros.

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, el último informe de la OCDE revela que Suecia, Finlandia y Gran Bretaña son los países que están registrando un desarrollo más rápido en la Unión Europea. Dos de esos países han abierto sus mercados de trabajo, y debemos recordar que Irlanda también lo ha hecho y que su PIB se ha beneficiado gracias a ello.

El informe derriba el mito de que el influjo de trabajadores extranjeros tenga un efecto destructivo en la economía del país de acogida. Lo que sucede es justamente lo contrario. Deberíamos recurrir a una política de empleo de esta naturaleza para salvar la Estrategia de Lisboa. Todos y cada uno de los Estados miembros tienen que abrir sus mercados de trabajo.

La preocupación por una posible avalancha de mano de obra barata ha demostrado ser infundada. La migración económica es restringida. Por tanto, creo que es fundamental levantar todas las barreras que puedan, de una u otra manera, entorpecer la libre circulación de trabajadores en Europa.

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la ampliación de la UE con la entrada de 10 nuevos Estados miembros era algo que deseábamos por razones culturales, económicas y políticas; yo, como diputado alemán, llevo años argumentando a favor del proyecto y tratando de ganar adeptos para la causa.

La aceptación de los ciudadanos dependía de que los Estados miembros tuvieran derecho a restringir la libre circulación de trabajadores en función de las condiciones que prevalecieran en sus respectivos mercados de trabajo. En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se ha dicho que la ausencia de flujos migratorios masivos justifica la abolición inmediata de las disposiciones transitorias garantizadas por los tratados.

A eso respondo que la situación vivida en Estados miembros como Alemania, Austria o Francia es muy diferente. Cuando se pagan salarios por hora mucho más altos y cuando se garantiza la seguridad social, se produce una afluencia de migrantes que tienen que ser controlados para evitar el trabajo ilegal y el trabajo ficticio por cuenta propia. El efecto de los flujos continuos de migrantes a países con altos niveles de desempleo no es ni la creación de nuevos puestos de trabajo ni el aumento de la competitividad de las empresas.

Aunque este informe es solo una recomendación sin peso jurídico, no debe hacerse un uso indebido del mismo para sentar a algunos países en el banquillo de los acusados, para suscitar sentimientos en su contra y para lanzar campañas que insten a los ciudadanos a boicotear sus productos. De hecho, eso ya ha sucedido. Los que tratan de separar a los antiguos y los nuevos Estados miembros, ponen en peligro el concepto de la UE como algo más que un simple espacio de libre comercio.

He ayudado a preparar algunas enmiendas de transacción y quiero dar las gracias al seńor Őry, nuestro ponente. Consideremos, pues, la restricción de las disposiciones transitorias, pero hagámoslo sobre la base de un análisis detallado de los mercados de trabajo nacionales. Debemos elaborar además reglamentos que garanticen que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no se vean en desventaja frente a los de terceros países.

Es necesario que pensemos bien las decisiones. La competencia mundial exige a todos los Estados miembros de la UE la creación de las condiciones necesarias, por ejemplo, para reformar sus sistemas de seguridad social. Este tipo de posturas no hacen más que amenazar la viabilidad de nuestro proyecto europeo unitario.

  Jean Louis Cottigny (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de nuestro colega el señor Őry, a quien quiero felicitar por su trabajo, puede representar una oportunidad para los trabajadores europeos. Las restricciones a la libre circulación de los trabajadores tienen algunos efectos perjudiciales, entre ellos la expansión del trabajo ilegal. Justo en los últimos meses se ha descubierto en Francia un grupo de obreros polacos alojados en tugurios, mal alimentados, sin asistencia sanitaria, sin salario, llevados por una empresa alemana de subcontratación. El colmo de la ironía es que esos obreros trabajaban en la construcción de un palacio de justicia. ¿Dónde está la justicia? Hechos como estos son inadmisibles.

La libre circulación de los trabajadores debe ser una de las palancas para el progreso social, una de las herramientas destinadas a frenar el dúmping social. El fin de los regímenes transitorios obligará a las empresas a ofrecer a los trabajadores unas condiciones de vida decentes y respetar la legislación social del país de acogida. Protección social, vivienda digna, salario decente y unos horarios de trabajo justos: estos son los derechos fundamentales que debe aportar la libre circulación, y velaremos por que así sea. No se puede aceptar que algunos puedan jugar con las distintas nacionalidades de los trabajadores para hacer bajar sus costes de explotación del mismo modo que otros juegan a la Bolsa. Recordemos que el proyecto fundador europeo tenía por objetivo unir a los pueblos y no dividirlos. Seguir restringiendo la libre circulación de los trabajadores no hará sino alimentar los temores de los ciudadanos de algunos países, aterrados ante la idea de ser tratados como europeos de segunda clase. Y tiene usted razón, señor Comisario, a partir de ahora debemos hablar de ciudadanos europeos. Las restricciones deben levantarse en todas partes. Esto es posible, pero habrá que reforzar los controles para que los primeros beneficiarios de esta medida no se conviertan en sus primeras víctimas.

  Šarūnas Birutis (ALDE). – (LT) Acojo con satisfacción sus comentarios sobre los ciudadanos de terceros países y este problema en general. Felicito al ponente por haber elaborado un informe muy equilibrado. La libre circulación de trabajadores no solo es uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea, sino también la expresión de la solidaridad entre los nuevos y los antiguos países. Por tanto, celebro ver que todos mis colegas apoyan unánimemente la abolición de las restricciones. Al tiempo que reaccionamos a los desafíos de la economía mundial actual, creo que la eliminación de los obstáculos que entorpecen la circulación de los ciudadanos y trabajadores en el mercado de la Unión Europea es uno de los objetivos principales de la Estrategia de Lisboa y uno de los factores que estimulan el crecimiento económico.

Con el capital humano acumulado, la población activa de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea puede promover el crecimiento económico a largo plazo. Además, los mercados pueden hacerse más eficaces, puesto que los trabajadores extranjeros suelen reaccionar más activamente a las diferencias regionales en oportunidades económicas. Tras haber admitido a trabajadores de los nuevos estados, Irlanda, el Reino Unido y Suecia no han hecho más que beneficiarse. Esos Estados miembros han registrado un rápido crecimiento económico, menos desempleo y más empleo que otros estados. Además, puede concluirse que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros han complementado, que no sustituido, a los ciudadanos de los antiguos Estados miembros en los mercados de trabajo de estos últimos. Las estadísticas de los Estados miembros de la Unión Europea indican que la inmigración procedente de terceros países excede el flujo de inmigración en el corazón de la Unión Europea. Debemos felicitarnos y alegrarnos de la decisión de los países que han optado por abrir sus mercados de trabajo a los nuevos países de la Unión Europa a partir de mayo de este año. Yo les diría: avergoncemos al Gobierno de Austria, que ostenta la Presidencia de la UE, y al de Alemania, por sus fobias, por su incapacidad de debatir esta cuestión con sus propios ciudadanos. Pero por supuesto, la apertura de los mercados de trabajo es un derecho soberano de todos los estados.

  Jean Lambert (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, yo también quiero agradecer al Comisario y a nuestro ponente su trabajo sobre esta cuestión.

Como han dicho muchos, la igualdad de trato es un principio fundamental para los ciudadanos europeos, que debe aplicarse a las condiciones de empleo y al acceso a los servicios en todos los Estados miembros de la Unión. Pero en un debate en el que estamos hablando de nacionales de terceros países, es fundamental que dejemos claro –como ha hecho el ponente– que no estamos hablando de un retroceso de los derechos que tanto ha costado conseguir de esas personas, sino de ampliar los derechos que tienen nuestros nuevos Estados miembros.

En los últimos meses hemos escuchado algunos argumentos a favor de mantener los períodos transitorios. A muchos de nosotros no nos parecen convincentes. Creemos que lo que estamos viendo –como ya se ha dicho– es prueba de empleo irregular y de cifras de autoempleo falsas. Apostaría a que en todos nuestros países tenemos ciudadanos de los Estados miembros en situaciones poco claras.

Cuando el Reino Unido estableció su sistema de registro de trabajadores para los nacionales de los países A8, comprobó que el 40 % de los polacos que se registraron estaban residiendo ya en el Reino Unido. Creo que es evidente que las personas quieren trabajar legalmente. Tenemos que animarlas a que lo hagan. Necesitamos estar mejor informados de antemano, dedicar más esfuerzos a la inspección y la ayuda a los que denuncien situaciones irregulares y aclarar la cuestión de los derechos de las personas, así que no vemos dónde está la explotación de la que ha hablado el señor Cottigny, que amenaza con deteriorar las condiciones de trabajo y explotar a los trabajadores. Es mucho más fácil exigir igualdad de trato cuando se tienen derechos que están claros.

El Reino Unido –como ya se ha dicho– ha abierto el acceso, con algunos cambios en la seguridad social. Hemos acogido a una gran diversidad de trabajadores de todos los niveles de cualificación. No se conoce ningún dato estadístico que pruebe que haya habido un aumento de la reclamación de prestaciones sociales. La repercusión económica se considera modesta y las cifras empezaron a desacelerarse a finales del año pasado.

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (La oradora habla en gaélico)

(EN) Las experiencias positivas de Irlanda deben animar a otros países que han establecido regímenes transitorios a eliminar las restricciones. El Sinn Féin y el movimiento sindical apoyan la decisión de no introducir un régimen transitorio en Irlanda. He firmado una declaración por escrito aquí en el Parlamento Europeo solicitando la eliminación de esas restricciones. Hoy reitero dicho llamamiento y celebro el informe del seńor Őry en ese contexto.

No obstante, tenemos que ir más lejos: no podemos ignorar la cuestión de las condiciones de empleo y la explotación de los trabajadores. En la propia Irlanda, empresarios sin escrúpulos han aprovechado la falta de libertad de circulación de los trabajadores en la UE para practicar una discriminación en materia de salarios y condiciones de trabajo según la nacionalidad. Tenemos que combatir este tipo de situaciones con firmeza.

La señora Oomen-Ruijten ha mencionado las restricciones impuestas a la seguridad social. Tenemos que combatir también cualquier tipo de discriminación en el acceso a la protección social de los ciudadanos de la UE que viajan a otro Estado miembro para trabajar o para buscar trabajo.

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al promotor y autor del informe sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la UE. En su versión inicial, este documento indica ya que la imposibilidad de estar legalmente empleado en la mayoría de los llamados antiguos Estados miembros favorece el empleo irregular y la explotación de los trabajadores.

El seńor Őry ha destacado también con razón que en algunos Estados miembros de la Unión Europea se están imponiendo más restricciones a la circulación de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros que las que había cuando se firmó el Tratado de Adhesión. Ha recordado además que existen problemas relacionados con el trato preferente que reciben los llamados nacionales de terceros países residentes de larga duración en detrimento de los ciudadanos de la Unión procedentes de los 10 nuevos Estados miembros.

Además, el autor del informe dice claramente que no se han producido consecuencias sociales o económicas negativas para los países que han abierto ya sus mercados de trabajo. Por el contrario, la reducción del empleo irregular de extranjeros ha originado un aumento de la recaudación para las arcas nacionales.

La propuesta inicial del seńor Őry se ha presentado también a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para su debate y posterior votación, un proceso que ha mejorado considerablemente el texto. Eso es cierto sobre todo en el caso del apartado 1. En la versión presentada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el Parlamento Europeo se manifiesta muy claramente a favor de los ciudadanos y su derecho a las libertades fundamentales consagradas en los Tratados.

Creo firmemente que esta es la postura que tiene que adoptar el Parlamento Europeo. La Cámara debe hacer una declaración clara e inequívoca en defensa de los derechos y las libertades fundamentales. Debe defender los intereses de la Comunidad y los intereses de todos los ciudadanos de la Unión Europea, por encima de los intereses particulares de cada país. Por eso opino que debemos apoyar el texto que ha salido del debate y la votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

  Karin Jöns (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también me opongo a que haya miembros de la UE de segunda clase y, sí, tiene que haber libre circulación para todos los trabajadores en la UE, lo antes posible, pero la alternativa de utilizar la regla 2+3+2 para limitar el acceso a los mercados de trabajo nacionales se adoptó por una serie de razones, así que me parece un poco arriesgado tratar de sacar conclusiones de las experiencias de tres Estados miembros para aplicarlas automáticamente a todos los demás.

El señor Őry me merece un gran respeto y para ser sincera le diré que entiendo por qué él y muchos otros diputados de esta Cámara apoyan la línea de la Comisión, pero puedo decir también que fue el Ministro de Trabajo checo, entre otros, el que anunció, ya a finales del año pasado, que incluso su propio país estaba pensando en la posibilidad de aplicar a Rumania y Bulgaria períodos de transición para la circulación de los trabajadores.

Al contrario que el Reino Unido, Suecia e Irlanda, la tasa de desempleo en Alemania se sitúa en torno al 12 %, frente a un mero 5 %. Tenemos un país con un desempleo del 18 % muy cerca de nosotros. Me parece comprensible que muchos trabajadores se preocupen por sus propios puestos de trabajo, y es perfectamente normal que un Gobierno deba tenerlo en cuenta, sobre todo cuando Alemania es el país que ha concedido ya, en términos de porcentaje, más permisos de trabajo que ningún otro a ciudadanos de los nuevos Estados miembros.

  Karin Resetarits (ALDE). – (DE) Señor Presidente, hace unas semanas votamos en esta Cámara la Directiva sobre los servicios y la mayoría apoyó un compromiso que pretende ayudar a mantener unos altos niveles de protección social, con el eslogan «no al dúmping social».

Pero parece como si la protección contra el dúmping social pretendiera beneficiar solo a unos cuantos en Europa, ¿porque cómo se entienden sino las restricciones impuestas a la libre circulación de los trabajadores? Los que obstruyen el acceso de algunos trabajadores al mercado tienen que saber que la respuesta bastante lógica a su actuación es la aparición de mercados ilegales. Las personas que viven cerca de una frontera entre Estados no dejan por ello de ofrecerse como mano de obra al otro lado de la frontera y, así, en los últimos años, categorías enteras de trabajadores están saliendo a las calles, como artesanos y trabajadores de la construcción para ofrecer sus servicios, una maniobra que les está saliendo bien porque son muy demandados. Simulan que son trabajadores por cuenta propia o, por decirlo de otra forma, trabajan ilegalmente, sin seguridad social y ganando menos que los salarios mínimos establecidos por ley.

¡Qué poco sinceros son algunos, como los representantes del sector alemán de la construcción, cuando piden –o así lo hemos leído– que se amplíen los períodos de transición! ¿Por qué será que algunos representantes de los empresarios quieren imponer esas restricciones discriminatorias a los ciudadanos de otros Estados miembros? ¿No será que pretenden enriquecerse con mano de obra temporal barata, con los supuestos trabajadores por cuenta propia y con los que trabajan en el mercado negro? ¿Por qué, me pregunto también, no se oponen con más firmeza los representantes de los empresarios nacionales a este tipo de explotación? ¿Por qué hacen que la seguridad social dependa de la nacionalidad? ¿No será que lo hacen por simple populismo, puesto que los ciudadanos del propio país son los únicos que votan, así que lo que a ellos les importa no es el principio en sí mismo, sino su éxito el día de las elecciones?

Hasta ahora, tres países han abierto sus mercados de trabajo a los nuevos Estados miembros de la UE y su experiencia ha sido positiva. En este Año de la Movilidad de los Trabajadores, pido a todos los demás países que hagan lo mismo de aquí a 2007 como muy tarde. ¡Y denunciemos a todos los que no lo hagan, sobre todo a mi propio país, Austria, si resulta ser uno de ellos!

  Edit Bauer (PPE-DE). – (SK) La libre circulación de personas y el acceso a los mercados de trabajo se ha convertido en una cuestión política indudablemente delicada. El ponente, seńor Őry, ha manejado el tema con destreza, sin causar divisiones entre los Estados miembros. Su informe se centra en los efectos reales de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros que acceden a los mercados de trabajo de los quince antiguos Estados miembros. Defiende la premisa de que el verdadero problema para la competitividad en Europa no está en los Estados miembros ni en las interacciones entre ellos, sino más bien en competidores externos como la India y China.

En el informe se consideran los siguientes hechos: primero, los trabajadores de los nuevos Estados miembros no sobrepasan en ningún caso el 2 % de la población del país de acogida; segundo, la migración interna dentro de los antiguos Estados miembros es cuatro veces mayor que la migración interna procedente de los nuevos Estados miembros y, tercero, la migración de terceros países sobrepasa con creces la migración interna total dentro de la UE. Es indudable que, además de las actitudes alemana, austriaca y francesa respecto al período de transición, existen también opiniones divergentes entre los nuevos Estados miembros, puesto que el período de transición se ha llegado a convertir también allí en una cuestión política delicada.

Durante las negociaciones de adhesión, aprobamos las medidas transitorias como parte del acuerdo. Pero según pasa el tiempo, estas medidas se han convertido en una cuestión delicada en la política de los antiguos Estados miembros, puesto que cada vez se consideran unas medidas discriminatorias. Los debates en torno a la Directiva sobre los servicios han revelado ya situaciones absurdas relacionadas con los períodos de transición y ahora, con respecto a la Directiva 109, parece ser que ha surgido un conflicto legal con la cláusula de normas preferenciales. Los temores generados por la inseguridad en el empleo y los prejuicios representan, sin lugar a dudas, un capital político que puede utilizarse fácilmente. Pero en lugar de propagar este mito, que en realidad nos conduciría a un callejón sin salida en la política, los políticos tienen la obligación de decir la verdad.

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Felicito al ponente, señor Csaba Őry, por su excelente trabajo, y quiero agradecer al Comisario Špidla el resumen que ha hecho de un informe que a menudo provoca polémica, por la existencia de intereses diferentes. Los colegas de algunos estados han criticado el informe, pero la mayoría cree que es objetivo y realmente útil.

Cuando los nuevos Estados miembros luchan por la igualdad de derechos, luchan por algo más que por la igualdad de trato: tratan de proteger los intereses de toda la Unión Europea. Resulta paradójico que sean los nuevos Estados miembros los que estén insistiendo en la liberalización de los mercados de trabajo, una medida que, al igual que la liberalización de los servicios, tiene que adoptar en cualquier caso la Unión Europea para mejorar su propia competitividad. Queremos ser ciudadanos con igualdad de derechos de la Unión Europea. La apertura de los mercados de trabajo y la libre circulación de los trabajadores no son un regalo ni un favor; son la decisión racional de los ocho antiguos Estados miembros, que tendrá efectos positivos para todos los ciudadanos de la Unión Europea.

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Reino Unido, la República de Irlanda, Suecia, Finlandia, España, Portugal y Holanda, y esperamos que los ocho Estados miembros que quedan reconsideren también su posición. Coincido con el Comisario Špidla: es inadmisible que los nacionales de terceros países con cinco años de residencia legal estén en una posición más favorable que los trabajadores de los diez nuevos Estados miembros en los países que no les han abierto sus mercados de trabajo.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Señor Presidente, cuando España y Portugal entraron en la Unión Europea —la entonces Comunidad Europea—, se creó un miedo irracional respecto de lo que iba a ser el desembarco de trabajadores españoles y portugueses en el mercado. Se demostró que eso era absurdo y, sin embargo, ese mismo miedo volvió a surgir con la adhesión de los nuevos Estados miembros y, desgraciadamente, a pesar de que algunos en ese caso, en ese tiempo, desde dentro del Parlamento español, nos opusimos a ello, incluso el propio Gobierno español de ese momento —el momento de la adhesión— se sumó a esos períodos transitorios, en parte por la presión de otros Estados miembros.

Hoy ya se ha confirmado que eso no tiene sentido, que ese miedo es absolutamente irracional y que no se puede permitir que una de las libertades esenciales en la Unión Europea quede arrinconada durante un tiempo, solo por razones de populismo o por miedo a la reacción que puedan tener determinadas sociedades. No puede haber Estados de primera y Estados de segunda dentro de la Unión Europea y, por tanto, es preciso terminar con esos períodos transitorios y abrir del todo las fronteras del mercado laboral europeo y convertirlo efectivamente en un verdadero mercado laboral único.

Por eso, le doy el más pleno apoyo al informe Öry, que llama la atención sobre esta cuestión y sobre la situación en la que quedan los ciudadanos de esos Estados, que en algunos casos están incluso en peores condiciones que ciudadanos de terceros Estados que son legalmente residentes en Estados miembros de la Unión Europea.

Felicito al Gobierno español por haber decidido sumarse, por fin, a la supresión de ese período transitorio y espero que cuanto antes otros Estados —y de ahí la presión que hay que ejercer desde esta Cámara— se sumen a esta iniciativa, para que todos los ciudadanos de la Unión Europea estén en igualdad de condiciones.

(Aplausos)

  Mihael Brejc (PPE-DE) . – (SL) Apoyo el informe del señor Őry y todos los demás esfuerzos encaminados a mejorar el funcionamiento de un mercado interior en la Unión Europea. Por supuesto, el funcionamiento eficiente del mercado interior se basa en la libre circulación de capitales, mercancías, servicios y trabajadores. La libre circulación de capitales y mercancías se ha implantado con relativo éxito. Pero nos hemos encontrado con grandes dificultades en lo que respecta a la libre circulación de servicios y trabajadores.

Pensamos que la economía europea florecería con la Estrategia de Lisboa. Constantemente oímos hablar de la importancia de la competencia y la adopción de medidas en contra del proteccionismo, ¿pero hasta qué punto está funcionando eso en la práctica? En lo que respecta a capitales y mercancías, algunos países son más coherentes en su defensa de la competencia e incluso están abriendo sus mercados a productos baratos procedentes de Asia. Pero otros que nos dan constantemente charlas sobre la importancia de la competencia y las desventajas del proteccionismo en materia de mercancías y capitales, son los que al mismo tiempo cierran sus mercados de servicios y trabajo. ¿Eso no es proteccionismo?

2006 ha sido declarado el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores y, aún así, es el año en que algunos Estados miembros están pensando en ampliar sus períodos de transición. Les pregunto pues, ¿cómo se supone que debemos explicar esto a los ciudadanos de la Unión Europea? Con mucha dificultad. Por otra parte, es evidente que todos los que han abierto sus mercados están haciendo progresos y que su desarrollo económico ha sido notable.

Cualquier país que decida seguir cerrando su mercado de trabajo tiene que hacerlo, en mi opinión, sobre una base racional y a título individual, no como parte de un bloque de países. Si queremos que la Unión Europea sea capaz de competir con éxito con otros estados, tiene que implantar plenamente en su mercado interior la libre circulación de capitales, mercancías y servicios, así como la libre circulación de trabajadores.

  Harald Ettl (PSE). – (DE) Señor Presidente, por muy justificado que esté el deseo de eliminar los períodos de transición para la libre circulación de los trabajadores –que constituyen una barrera para la movilidad dentro de Europa– la superficialidad y vaguedad del estudio de la Comisión ayudan poco o nada a facilitar las cosas.

Para que quede claro, su abolición podría hacer más difícil el empleo no declarado en el mercado de trabajo, pero no conseguiría en ningún caso que desapareciera la presión reguladora sobre los salarios y en la esfera social Eso se convertiría, de hecho, en un problema aún mayor. Si luego se demostrase la imposibilidad de adoptar medidas complementarias para proteger a los trabajadores, como por ejemplo, una Directiva muy mejorada sobre el desplazamiento de trabajadores, junto con la maquinaria para vigilar y aplicar esa directiva, solo se aumentaría aún más la presión sobre los mercados de trabajo de Alemania y Austria. Sigo sin poder encontrar pruebas de unas medidas complementarias útiles adoptadas por la Comisión y ¡hace bien en reírse, señor Comisario!

Es posible que la mayoría de esta Cámara acepte los informes de la Comisión y del señor Őry, demostrando con ello una despreocupación total por las posiciones y los intereses de Alemania y Austria, así que: ¡acabemos con los períodos de transición! Como parlamentario, tengo que aceptar lo que la mayoría diga –eso está claro– pero, aunque a usted no le importe, señor Comisario de Asuntos Sociales, estar alentando sentimientos antieuropeístas en nuestros países, ¡a mí sí que me importa!

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, de las muchas cuestiones sobre las que votaremos esta semana, creo que el presente informe y este tema son los más importantes. El hecho de que cerca de 30 oradores de muchos partidos diferentes quieran intervenir en este debate así lo confirma.

Muchas personas se han referido ya a las cuatro libertades fundamentales de la UE. Entre ellas, la libre circulación de las personas es quizá la más importante. Hace medio siglo, Jean Monnet dijo de una de las misiones fundamentales de la UE: «Nous ne coalisons pas les États, nous unissons les hommes». Tenía tanta razón entonces como la sigue teniendo ahora. Eso es lo que debemos hacer: unir a las personas.

Se ha hecho referencia a los temores de algunos Estados miembros. No creo que debamos criticar a los Estados miembros por tener esos temores: es comprensible que los tengan. Pero junto a esos temores están los hechos, y estos deben situar los temores en su contexto. El hecho es que esos inmigrantes que han llegado de Europa Central y Oriental al Reino Unido, Suecia e Irlanda no han sido una carga para la economía, sino todo lo contrario. El problema no ha sido la inmigración legal en nuestros países, sino la inmigración ilegal en otros países que ha impulsado el crecimiento de la economía sumergida. Quienes sienten temor ante el problema tienen que saber que es un problema que va mucho más allá que la simple apertura de las fronteras en este momento.

Celebro que haya ya otros tres países –España, Portugal y Finlandia– que han anunciado la eliminación de las barreras. Quiero pedir al Comisario que utilice su gran autoridad personal, así como la de la Comisión, para animar a Finlandia a seguir dando la máxima prioridad a esta cuestión en el programa de trabajo de su próxima Presidencia y que informe al final de la Presidencia del progreso realizado, para que sirva a otros de ejemplo.

Mientras tanto, espero que todos nosotros sirvamos de ejemplo a otros emitiendo un voto claro esta semana. Espero que podamos decir a los nuevos Estados miembros que «en Europa no hay ciudadanos de segunda clase» y a los antiguos Estados miembros que «es hora de que abran sus fronteras y sus mentes».

  Ole Christensen (PSE). – (DA) La libre circulación de trabajadores es uno de los pilares fundamentales de la cooperación europea. El régimen transitorio temporal que algunos países –entre ellos el mío, Dinamarca– han decidido introducir con relación a los trabajadores de Europa Oriental, tiene que suprimirse tan deprisa como sea razonablemente posible.

El régimen transitorio no debe entorpecer innecesariamente la libre circulación, y tenemos que mostrar solidaridad y apertura hacia todos los europeos. Así pues, las normas tienen que hacerse flexibles para poder eliminar todas las barreras innecesarias. Ahora bien, las normas transitorias deben abolirse solo después de asegurarnos de que las personas que lleguen aquí procedentes de Europa Oriental no se vean explotadas. Las normas transitorias en Dinamarca sirven de protección frente a la explotación y aseguran que los trabajadores reciban los salarios que se contemplan en los convenios colectivos. Los trabajadores de Europa Oriental se ven explotados con demasiada frecuencia por empresarios que pagan unos salarios considerablemente más bajos de lo normal y que permiten que sus empleados trabajen en unas condiciones miserables.

Somos responsables de defender la libre circulación de los trabajadores, que es un derecho fundamental en la UE. Pero somos también responsables de defender las condiciones de los trabajadores y de garantizar que todos ellos reciban unos salarios adecuados y que disfruten de unas condiciones de trabajo adecuadas. Las medidas transitorias fueron y son un intento de tener en cuenta ambas consideraciones.

En Dinamarca no tenemos un salario mínimo. Las medidas transitorias han permitido, pues, vigilar el influjo de trabajadores procedentes de Europa Oriental para poder concentrar los esfuerzos en los empresarios que intentan eludir las normas que regulan las condiciones salariales y laborales.

Ha llegado el momento de retirar gradualmente las restricciones.

  Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, en los momentos de duda, la Unión Europea debe volver a sus principios básicos. Hay que completar hoy la aplicación de las cuatro libertades que constituyen la base del mercado interior. La libre circulación de los trabajadores está por realizar y a este fin es importante suprimir lo antes posible las restricciones impuestas en el momento de la adhesión de los nuevos Estados miembros.

La desconfianza no es de recibo cuando observamos que, en los quince países en que se han levantado las restricciones, no se han producido entradas masivas. Es sorprendente que solo el 2 % de los europeos trabajen fuera de su país, cuando un tercio de los estadounidenses están establecidos en un Estado distinto de aquel en el que han nacido. La invasión no es más que un fantasma y la movilidad de los trabajadores, un reto. El informe del señor Őry fija el objetivo de levantas las restricciones para el año 2009, y yo apoyo ese objetivo. Por lo demás, el Primer Ministro francés ha indicado que Francia va a anticipar esta medida levantando las restricciones de forma progresiva y controlada.

La resolución adoptada en diciembre de 2005 por la Confederación Europea de Sindicatos abre vías que concilian la apertura de las fronteras con la protección adecuada. Las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Sociales apuntan en este sentido, a fin de garantizar la aplicación del Derecho laboral en los Estados miembros, es decir, garantizar la aplicación de las normas comunitarias, en particular la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, y con vistas a estudiar la creación de un centro europeo que coordine los servicios de inspección de los Estados miembros. Elaborando estadísticas normalizadas sobre la migración comunitaria, podríamos crear la caja de herramientas de una Europa social en la Unión, que comprobará que la libertad de circulación de los trabajadores no es sinónimo ni de dúmping ni del menor denominador común social, sino todo lo contrario, un factor de dinamismo económico que nos permitirá eliminar bolsas de subempleo.

  Stephen Hughes (PSE). – (EN) Señor Presidente, felicito al señor Őry por haber elaborado un informe excelente. Quiero hacer tres breves comentarios; el primero de ellos se refiere al apartado 1: tal como quedó en comisión, ahora pide a los Estados miembros que eliminen las disposiciones transitorias en vigor. Para muchos, ese es el punto más interesante del informe. Sé que el ponente se ha sentido presionando para presentar una enmienda de transacción que dice que los Estados miembros deben considerar la abolición de esas medidas y menciona en concreto a los tres Estados miembros que de entrada no las aplicaron. Muchos diputados de mi Grupo apoyan el texto en su versión actual y piensan que debemos oponernos a que se siga aplicando el régimen transitorio. No obstante, cuando dicen eso tienen en cuenta también el apartado 14, que dice que los Estados miembros que sigan aplicando esas medidas deben hacer todo lo necesario para asegurarse de que no continúen más allá de 2009.

Mi segundo comentario hace referencia a la igualdad de trato. El ponente y otros oradores han defendido hoy aquí con firmeza que no se trata solo de asegurar que los trabajadores de los países A8 tengan derecho a la libre circulación, sino que tenemos que garantizar que los sistemas de inspección y vigilancia de la aplicación de la legislación les concedan un trato totalmente igual e impidan su explotación en los Quince. Tanto en el Reino Unido como en la República de Irlanda se han producido infracciones graves.

Mi último comentario hace referencia a la Directiva 2003/109/CE, mencionada por el Comisario, que garantiza el pleno acceso a los mercados de trabajo de los Estados miembros a los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración. El Servicio Jurídico del Parlamento Europeo ha dicho que no existe ningún peligro de que pueda darse la situación de que nacionales de terceros países puedan acceder más fácilmente que los ciudadanos de los países A8. El Servicio Jurídico ha aclarado que el artículo 11 de la Directiva dice que los Estados miembros «pueden» restringir la igualdad de trato en algunos casos a los nacionales de países terceros. Decir que los Estados miembros «pueden restringir» no es lo mismo que decir que «tienen que restringir» o que «restringirán». La única forma de garantizar la igualdad de trato consiste en poner fin a los regímenes transitorios.

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, a pesar de las demandas que se plantean en el informe Őry, tengo la firme convicción de que tanto los períodos de transición como la libre circulación pueden mantenerse en los Estados miembros que lo consideren necesario. Si un país, con la mirada puesta en su propio mercado de trabajo y su economía, piensa que tiene que seguir regulando el acceso al mercado de trabajo, tiene perfecto derecho a hacerlo. Aquí también se aplica la regla «pacta sunt servanda», y ni la Comisión ni esta Cámara –quizá ni siquiera una mayoría de esta– deben aventurarse a ejercer presión con peticiones dirigidas a uno u otro país. Hacer eso sería, en mi opinión, hacer un uso indebido de una cuestión muy delicada que puede agitar los sentimientos.

En esta cuestión, me veo incapaz de poner a Alemania y Austria junto con España y Portugal. Alemania está en la línea divisoria, y las condiciones que prevalecen en ella son muy diferentes a las de los países de Europa meridional. En esta Cámara se habla mucho de subsidiariedad, pero de pronto, en lo que respecta a la libre circulación de trabajadores, Bruselas y Estrasburgo dicen saber más que los que trabajan sobre el terreno en Alemania o Austria. Hace unos meses, en su pacto de coalición, el Gobierno alemán reiteró su compromiso con los períodos de transición y lo hizo no a la ligera, sino basándose en unos hechos que deben tratarse con respeto. Mi país tiene que seguir regulando el acceso al mercado de trabajo durante al menos los próximos tres años. Entonces habrá que ver qué medidas se aplican en los dos años siguientes, dependiendo de la nueva situación, y actuar en consecuencia.

Para terminar, permítanme decir que fue precisamente este problema el que suscitó dudas generalizadas sobre la ampliación hacia el este, pero aún así siempre pudimos decir: «No hay nada que temer; estas cuestiones han estado reguladas mediante tratados desde hace cinco o siete años.»

  Anna Ibrisagic (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, el 1 de mayo de 2004 es una fecha que siempre recordaré. Ese día estaba, junto con el doctor Otto von Habsburg, en la frontera entre Eslovenia y Austria y participé en una solemne ceremonia. Con el ingreso de Eslovenia en la UE, se celebraba la reunificación de una ciudad que después de la guerra había quedado dividida en dos partes, una de ellas en territorio austriaco y la otra en territorio esloveno.

El simbolismo era evidente y, allí de pie, me di cuenta claramente de que las personas no sentían que estuvieran comenzando una nueva era, sino volviendo a formar parte de algo a lo que siempre habían pertenecido. Así es como están las cosas. Los diez nuevos Estados miembros de la UE son diez antiguos países de Europa. Lo único es que fueron secuestrados por el Comunismo durante 50 años, y ahora pueden volver a unirse con nosotros.

Antes de esa reunificación, los socialdemócratas suecos pintaron escenas terribles de cómo nuestro país se vería invadido por trabajadores extranjeros que desplomarían nuestros salarios y explotarían nuestras prestaciones sociales. Yo y mi partido luchamos en el Parlamento sueco para evitar que nuestro país adoptara normas transitorias. Queríamos que los nuevos países, que durante tanto tiempo han sufrido el Comunismo, disfrutaran ahora de las libertades conseguidas con su ingreso en la UE.

Nos negamos a aceptar la propaganda de los socialdemócratas y demostramos la naturaleza de la verdadera solidaridad. Ganamos la batalla y Suecia no llegó a introducir medidas transitorias. Las evaluaciones realizadas ahora demuestran claramente que Suecia no se ha visto expuesta al dúmping social invocado por los socialdemócratas como táctica para atemorizar a los ciudadanos. Por el contrario, la libre circulación no ha tenido más que efectos positivos en la economía sueca. Los otros países que no introdujeron medidas transitorias han tenido también la misma experiencia.

Tengo que decir, además, que he sentido una gran decepción al enterarme de la decisión tomada por varios países de extender sus medidas transitorias. Es una decisión difícil de justificar cuando los escenarios invocados no se han cumplido. Lo único que está justificado es desistir de introducir medidas transitorias y espero que, en el futuro, Europa se deje guiar más por la razón que por el temor.

(Aplausos)

  Laima Liucija Andrikienė, (PPE-DE). – (LT) Todos sabemos perfectamente que la libre circulación de trabajadores es una de las cuatro libertades fundamentales en las que se basa la idea misma de la Comunidad Europea. Pero sabemos también que esa libertad es válida y se respeta plenamente solo en el caso de los ciudadanos de los quince antiguos Estados miembros, mientras que los ciudadanos de los ocho nuevos Estados miembros, que se nos unieron el 1 de mayo de 2004, están sujetos a las disposiciones que regulan el período de transición, un período que puede durar hasta siete años según la fórmula 2+3+2 años. Por si eso fuera poco y en virtud de algunas directivas europeas, los residentes de larga duración de terceros países disfrutan en algunos casos de derechos que les otorgan una posición más privilegiada que la de los ciudadanos de los ochos nuevos Estados miembros para vivir y acceder a los mercados de trabajo en quince Estados miembros de la UE. Y eso significa que por mostrar solidaridad con los trabajadores de terceros países, estamos discriminando a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la UE.

Puesto que el primer período de transición finaliza el 30 de abril, tenemos una oportunidad perfecta para evaluar sus consecuencias y efectos en las economías tanto de los quince antiguos Estados miembros como de los ocho nuevos Estados miembros, y de tomar las decisiones oportunas. Es cierto que carecemos de estadísticas sobre la inmigración en el corazón de la Comunidad. Es difícil sacar conclusiones objetivas, pero hoy parece evidente que la inmigración de terceros países excede con creces el flujo de inmigración en el corazón de la UE, es decir, en los quince Estados miembros antiguos y en el conjunto de la UE ampliada. Resulta también obvio que los países que han abierto sus mercados de trabajo a los ciudadanos de los nuevos países no han hecho más que beneficiarse, mientras que los períodos de transición favorecen el trabajo ilegal, unas condiciones de trabajo injustas, la discriminación y la explotación de los trabajadores migrantes. Creo que el Parlamento Europeo debe instar a los Estados miembros a eliminar las disposiciones del período de transición actualmente en vigor, puesto que hay razones más que suficientes que lo justifican.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el debate de hoy tiene seguramente una importancia fundamental para el empleo, la economía y la libre circulación de las personas. Conviene hacerse una pregunta esencial y es si los mercados de trabajo deben abrirse cuando existen puestos de trabajo desocupados y escasez de trabajadores autóctonos; en otras palabras, escasez de personas dispuestas a trabajar. Permítanme que insista. Me refiero a la falta de personas dispuestas a trabajar, no a los desempleados. Alternativamente, ¿deben abrirse los mercados de trabajo para generar crecimiento económico y conseguir así la creación de nuevos puestos de trabajo? Mis convicciones y mi experiencia hasta la fecha me dicen que la apertura del mercado de trabajo en un país genera crecimiento económico y nuevos puestos de trabajo.

Debemos tener en cuenta que el aumento del empleo y la creación de empleo serán posibles solo si emprendemos verdaderas reformas económicas, no solo cambios superficiales. Los empresarios tienen que estar convencidos de la necesidad de esas reformas, pero sobre todo tenemos que convencer al sector de los sindicatos. Aunque esos cambios suelen ser dolorosos a corto plazo, tienen un efecto positivo a medio y largo plazo.

Pasaré a una pregunta muy oportuna, ahora que estamos participando en negociaciones en el seno de la OMC. ¿En qué medida y a qué ritmo debe liberalizarse el comercio mundial para promover el crecimiento económico y el empleo en la UE? Así evitaríamos convertirnos simplemente en un espacio para el consumo de mercancías importadas, pero con capacidad limitada de producción.

Por último, es importante prepararse para la flexibilidad y la movilidad de la mano de obra. Creo que los recursos de los presupuestos nacionales y comunitarios deben destinarse a la adquisición de nuevas capacidades y a la formación orientada a nuevas ocupaciones. En la actualidad, parece que a pesar de la elevada tasa de desempleo, carecemos de trabajadores cualificados...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) He seguido con interés el debate sobre el informe del señor Őry y tengo que decir que ha tenido un gran calado y ha arrojado luz desde numerosos ángulos y puntos de vista a la cuestión de la libre circulación de los trabajadores. Permítanme contribuir al debate con un argumento más que nadie ha mencionado. Los períodos de transición han formado parte de todos los procesos de ampliación de la UE, y todas las ampliaciones han estado dominadas por grandes temores, temores que en ningún caso se han materializado.

Señorías, el actual Tratado de Adhesión contempla pues un sistema gradual que consta de varias etapas y que está pensado para que la última etapa, en 2011, sea lo más corta posible. Por consiguiente, celebro poder afirmar hoy que, a partir del 1 de mayo de este año, Europa dará un importante paso hacia la plena libertad de circulación de los trabajadores.

Señorías, quiero darles las gracias una vez más por un debate que ha sido muy serio, profundo y a menudo muy vivo, como se merece un tema tan importante.

(Aplausos)

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

(Se suspende la sesión durante unos minutos en espera del Turno de votaciones)

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) El informe del señor Csaba Őry sobre el régimen transitorio que restringe la libre circulación de trabajadores en los mercados de trabajo de la Unión Europea hace referencia a los valores fundamentales de la Unión Europea. La libre circulación de los trabajadores es uno de los principios más fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, tenemos que rechazar cualquier restricción que se quiera imponer sobre ella, no solo por consideraciones económicas, sino también políticas.

Estoy de acuerdo con el contenido del informe, en el sentido de que los trabajadores procedentes de terceros países no deben disfrutar de una situación más favorable que los procedentes de Estados miembros de la UE.

Las actuales disposiciones discriminatorias contradicen el objetivo político de fortalecer la identidad europea. La certeza y el sentimiento de pertenencia a la Comunidad Europea solo pueden verse reforzados en los ciudadanos de los nuevos Estados miembros si los Estados miembros les otorgan los mismos derechos en el ámbito del empleo y el acceso a prestaciones sociales.

Apoyo la propuesta de pedir a la Comisión, a los Estados miembros, a los agentes sociales y a los órganos competentes en el sector privado y público que desarrollen un procedimiento justo y transparente para asegurar que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros puedan trabajar en todos los Estados miembros de la Unión Europea sin sufrir discriminación, ganando unos salarios adecuados y disfrutando de unas condiciones aceptables de salud y seguridad.

Puesto que las estadísticas indican claramente que la contratación de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros no perjudica a los antiguos Estados miembros, sino todo lo contrario, contribuyen a su desarrollo económico, el antagonismo que sienten los ciudadanos de los quince Estados miembros tiene que combatirse por todos los medios a nuestro alcance, y el objetivo europeo de la libre circulación de mano de obra tiene que incorporarse a las legislaciones nacionales, de acuerdo con el reglamento transitorio.

PRESIDENCIA DEL SR. TRAKATELLIS
Vicepresidente

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, intervengo por una cuestión de observancia del Reglamento. La semana pasada, en la Conferencia de Presidentes se fijaron las fechas para el calendario 2007. El plazo para presentar las enmiendas vencía ayer por la tarde a las 19.00 horas. En esta Cámara tenemos reglas muy estrictas que obligan a que las enmiendas presentadas lleven nuestras firmas originales, pero muchos de mis colegas tuvieron problemas de tráfico para llegar aquí antes de las 19.00 y, por tanto, no pudieron firmar las enmiendas que había hecho circular la Campaña para la Reforma Parlamentaria, entre otras.

Sé que ahora no podrá cambiar el artículo del Reglamento en cuestión, pero le pido que examine la cuestión, porque en prácticamente todos los informes tenemos un plazo de tiempo suficiente para presentar las enmiendas, pero con respecto al calendario de nuestras sesiones no tenemos tiempo para nada.

(Aplausos)

  El Presidente. – Lo estudiaremos, señor Heaton-Harris.

8. Turno de votaciones

  El Presidente. - De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones.

(Resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

8.1. Catástrofes naturales (incendios, sequías e inundaciones) - Aspectos del desarrollo regional (votación)

8.2. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Witold Tomczak (votación)

8.3. Orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía (votación)

8.4. Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (votación)

8.5. Política de competencia 2004 (votación)

- Antes de la votación de la propuesta de resolución:

  Alain Lipietz (Verts/ALE), ponente. – (FR) Señor Presidente, dado que el texto ha quedado prácticamente vacío de contenido, retiro mi nombre del informe y pido al Parlamento que lo rechace.

(Aplausos)

8.6. Apertura al público de las reuniones del Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa (votación)

8.7. Acceso a los documentos de las instituciones (votación)

8.8. Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong (votación)

- Antes de la votación del apartado 18:

  Georgios Papastamkos (PPE-DE), ponente. – (EL) Señor Presidente, en la frase que empieza por «subraya la importancia» y termina en la palabra «subsidios nacionales», se sugiere añadir una palabra. La frase quedaría así: «Subraya la importancia que tiene, por ello, alcanzar resultados positivos en la reducción y eliminación de sus subsidios nacionales.» Para no generar confusión y en aras de la coherencia gramatical y semántica, se propone colocar esa frase inmediatamente después de la frase que finaliza con las palabras «cultivadores de algodón».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

8.9. Orientaciones generales de las políticas económicas para 2006 (votación)

  El Presidente. – Con esto finaliza el Turno de votaciones.

9. Explicaciones de voto

- Laperrouze report (A6-0071/2006)

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de las enmiendas relativas a los coordinadores europeos, porque creemos que una función de coordinación voluntaria y temporal puede ser útil, sobre todo en el caso de los proyectos transfronterizos.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que los Estados miembros de la UE deben cooperar en cuestiones transfronterizas cuando dicha cooperación genere un valor añadido. Las redes transeuropeas de energía constituyen una de esas cuestiones y por eso votamos a favor del informe en su totalidad cuando se debatió en el Parlamento Europeo. Algunas de las enmiendas que hemos votado hoy son, sin embargo, excesivamente burocráticas y el coste adicional y las cargas administrativas que supondrían son desproporcionados frente a los beneficios potenciales. Por eso hemos votado en contra de estas enmiendas.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar a la señora Laperrouze por su firme y oportuna recomendación para segunda lectura referente a la posición común adoptada por el Consejo para aprobar una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen directrices relativas a las redes transeuropeas de energía.

Comparto la opinión de la ponente de que es necesario incluir de nuevo en esta propuesta las disposiciones que contemplan la declaración de interés europeo y la designación de un coordinador europeo para estas cuestiones.

Estas medidas son indispensables para la realización de un verdadero mercado interior del gas y de la electricidad, lo que permitiría garantizar la seguridad del suministro.

También a este respecto, quiero recordar las posiciones expresadas sobre estas cuestiones en los últimos Consejos Europeos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Esta es una oportunidad única para demostrar a los ciudadanos que estamos dispuestos a desarrollar una auténtica política energética europea. Así que debemos dotarnos de todos los instrumentos y herramientas necesarios para conseguir este objetivo.

Las redes transeuropeas de energía favorecerán las interconexiones, la interoperabilidad y el desarrollo de redes de energía en la Europa ampliada, y a la vez estimularán el funcionamiento efectivo del mercado interior.

La construcción del futuro mercado interior del gas y la electricidad es quizás el objetivo más importante de la propuesta de decisión que tenemos delante.

Además, el objetivo es adaptar las directrices a la nueva Unión Europea de 25 Estados miembros, permitir que los fondos se destinen a proyectos de interés común, completar el mercado interior del gas y la electricidad y, sobre todo, garantizar la seguridad del suministro por medio de interconexiones entre los Estados miembros y países vecinos (Europa Sudoriental, países mediterráneos, Ucrania, Belarús). Este enfoque de las redes transeuropeas de energía refleja el enfoque seguido con respecto a las redes transeuropeas de transporte terrestre.

Por consiguiente, he votado a favor del informe Laperrouze.

- Informe Kovács (A6-0086/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, nadie duda de la importancia de la campaña contra el empleo no declarado para contrarrestar tendencias negativas en los mercados laborales, pero la libre circulación de trabajadores –contrariamente a lo que se esperaba– no nos permitirá enfrentarnos a este problema. Las empresas que no quieran cotizar a la seguridad social seguirán así en el futuro. Otra cosa dudosa es la manera en que cada vez más empresas fuerzan a su personal a un autoempleo ficticio como una forma más de eludir las normas en materia de salarios y cotizaciones mínimas a la seguridad social, y tenemos que impedir que esto vaya más lejos.

Una y otra vez nos topamos con la cuestión de que una mejora de la situación del empleo es esencial, pero, al mismo tiempo, la UE fomenta que los trabajadores sean móviles y más flexibles, aunque los estudios han demostrado que la realidad es que las nuevas formas de trabajo –como el trabajo a tiempo parcial– no hacen más que repartir una cantidad de trabajo casi constante entre más personas. No hemos sido suficientemente enérgicos a la hora de contrarrestar estos fenómenos y por esa razón he votado en contra de este informe.

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Señor Presidente, los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Partido Liberal Demócrata han participado en la votación sobre el informe (A6-0086/2006) sobre las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros. Lo hemos hecho porque queríamos solidarizarnos con nuestros colegas que defienden los intereses de nuestro Grupo, a pesar de que seguimos estando convencidos de que la política de empleo no es asunto de la UE y que esto debería ser abordado por los Estados miembros y no por nosotros aquí en Estrasburgo o en Bruselas. Si la Unión Europea quiere tener éxito, debe centrarse en sus funciones esenciales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, que en el futuro habrá que tomarse en serio y respetar.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) En principio me opongo a este tipo de informe en el que, en asuntos sumamente rutinarios dentro de un determinado ámbito político, el Parlamento repite posiciones ya conocidas y reafirma su buena voluntad general. Esto no contribuye a una mayor confianza en el Parlamento y legitima la posición de los que desean una intervención cada vez mayor de la UE incluso en esos ámbitos políticos, en este caso la política de empleo, que deberían ser de la incumbencia de los Estados miembros individuales y estar expuestas a la competencia.

He decidido, sin embargo, votar a favor por una razón importante: la libre circulación de los trabajadores. Las decisiones que han permitido que haya reglas transitorias que discriminan a los trabajadores de los nuevos Estados miembros son una flagrante vulneración del principio de libre circulación de los trabajadores y una manera totalmente vergonzosa de actuar con los nuevos Estados miembros de la UE que se han adherido a esta con mucho entusiasmo.

La experiencia de los países que han establecido regímenes transitorios limitados, o han prescindido de ellos, ha demostrado categóricamente que esos regímenes no son necesarios y que la amenaza de «invasión» que habían blandido algunos líderes políticos no se ha materializado en modo alguno. En lugar de esto es preciso atraer a más personas que deseen trabajar en lugar de cerrar el camino a esas personas.

La evidente necesidad de señalar todo esto y expresar claramente el rechazo del Parlamento a cualquier forma de prórroga de tales trabas es, para mí, una razón perfectamente válida para apoyar el informe.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque el informe Kovacs sobre las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, sobre el que votamos hoy, plantea cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación, no menciona lo que consideramos que es la cuestión fundamental, a sabrer, la protección de los derechos de los trabajadores.

En consecuencia, teniendo en cuenta los Programas de Reforma Nacionales presentados por los Estados miembros y las medidas adoptadas para cumplir estas directrices, hemos presentado enmiendas al informe con vistas a que las directrices sean más prácticas y más fáciles de programar, garantizando así la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres, el aceso a una educación y formación públicas de alta calidad, la creación de empleos estables con derechos y más inversión pública en salud y vivienda.

Por desgracia, la mayoría del Parlamento ha rechazado nuestras propuestas. Así pues, no hemos podido votar a favor del informe, aunque apoyamos algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Nos hemos abstenido de votar sobre el informe y hemos votado en contra de la resolución legislativa sobre las directrices de empleo, que parecen allanar el camino a unas directrices económicas abiertamente liberales.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Los informes elaborados por el Parlamento Europeo sobre las políticas sociales y de empleo son una repetición cansina de una letanía europeísta y que, aparte de producir montañas de papel, no han dado absolutamente ningún resultado.

Aparte del fracaso del proceso de Lisboa, que observamos cada día, el empleo y la economía de Francia no se salvarán con unos cuantos parches mal dados a las directrices de una decisión decididamente «indecisiva» del Consejo.

El rancho propuesto quiere gustar a todos. Se mantiene el liberalismo de la Comisión, pero al mismo tiempo se considera que las instituciones europeas deben dotarse de un mayor control sobre naciones autogobernadas.

Para hacer bonito, el conjunto está sazonado con buenas intenciones, como la protección, en el marco de este modelo monstruoso, de los más débiles, a los que se mezcla gustosamente con la inmigración para no tener que mantener polémicas sobre esta cuestión.

Ahora bien, precisamente en estos puntos es donde reside la solución a nuestros problemas. Para resucitar, como ave fénix, nuestra economía y nuestro empleo, hay que frenar la inmigración con fines de incrementar la población, favorecer políticas de natalidad y aplicar la preferencia y la protección comunitarias en Europa y la protección nacional en Francia.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros retan a la UE –y desde mi punto de vista esto está bien– a responder a algunas de las cuestiones de empleo fundamentales. Sus preocupaciones se centran correctamente en la cuestión de los excluídos de los mercados laborales, como los más jóvenes y los más viejos y otros ciudadanos igualmente marginados, ya sea en sus propios países, ya sea en otros Estados miembros.

Creo, sin embargo, que hay que encontrar un equilibrio entre el reto a la Comunidad y a las instituciones nacionales y la defensa de soluciones efectivas y adecuadas. El debate sobre políticas de empleo tiene una dimensión europea que no conviene omitir. Esa ha sido, de hecho, una constante preocupación mía como diputado al Parlamento Europeo, porque pienso que es preciso crear sinergias reformistas en el espacio europeo y que el Parlamento es una de las instituciones más adecuadas para conseguir este objetivo.

- Informe Lipietz (A6-0065/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La primacía de la competencia es uno de los pilares del mercado interior y ha apuntalado el proceso de liberalización y privatización en sectores clave, como la energía, el transporte y las comunicaciones. Este proceso se ha intensificado desde 2000 con la adopción de la Estrategia de Lisboa.

Está claro que lo que se ha aplicado hasta ahora no solo no ha conseguido asegurar las prometidas reducciones de precios, la mejora del acceso a los servicios y la calidad de los mismos y el fin de los monopolios, ni mucho menos. Más bien ha servido para agravar el desempelo derivado de las reestructuraciones y fusiones de esos sectores y la pérdida de soberanía del Estado en ámbitos cruciales.

Aunque el informe proclama que trata de combatir las posiciones dominantes y los monopolios, acepta las directrices del informe de la Comisión para 2004, que se centra en la energía y las telecomunicaciones, y aboga una vez más por la plena liberalización del sector del gas y la electricidad, una prioridad para el Consejo de Primavera de marzo de 2006.

Además, en el sector de las comunicaciones, que ya ha sido liberalizado sustancialmente, se hace hincapié en la competencia en el sector de la banda ancha y en la internacionalización de la producción. Eso facilitará todavía más la deslocalización de la producción o de eslabones de la cadena productiva.

Por consiguiente, hemos votado en contra.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La exposición de motivos del informe del señor Lipietz es mucho más instructiva que el propio texto del informe, que se limita a adular el «notable» trabajo de la Comisión en su batida contra el más mínimo obstáculo a la libre competencia.

En efecto, en la exposición de motivos se deplora la ausencia de estudios sobre las consecuencias reales de las decisiones de la Comisión o sobre la aplicación dogmática de las disposiciones en materia de ayudas estatales. Se menciona que el mercado, por lo demás adornado con todas las virtudes, podría no bastarse por sí solo para realizar determinados objetivos políticos o siquiera económicos. Se sugiere que la liberalización de determinados mercados ha conducido a sustituir los buenos viejos monopolios públicos por oligopolios privados, suprimiendo sus ventajas sin crear ningún valor añadido para los consumidores. Por último, se resalta la falta total de autocrítica de la Comisión, cuando sus inoportunas decisiones conducen a catástrofes económicas, como en el asunto Rhodia por ejemplo.

La impresión general que se desprende, sin embargo, es que la política de competencia de Bruselas es la expresión de la doctrina ultraliberal de la Comisión frente al «patriotismo económico», aplicada paradójicamente por una burocracia puntillosa que interviene sin cesar en las estrategias empresariales o en las políticas de los Estados. En el contexto de una competencia mundial salvaje, esto solo puede generar desempleo.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La política de competencia europea tiene normas y objetivos que destruirán a las pequeñas y medianas empresas y permitirán que prevalezcan los monopolios europeos, financiándolos y privatizándolos, en lugar de los intereses de los consumidores, como ustedes mantienen hipócritamente.

Además, la palabra «competitividad» es sinónimo de mayor explotación de los trabajadores, de supresión de sus derechos y de reducción de la remuneración del trabajo, mientras las exigencias contemporáneas van en aumento.

La legislación en materia de competencia está al servicio de la antipopular Estrategia de Lisboa y su objetivo es controlar, prevenir y reducir cualquier subsidio o ayuda estatal que satisfaga las exigencias populares que los trabajadores puedan haber obtenido con sus luchas.

Es mentira que la competencia ayude a reducir los precios al consumo. La experiencia hasta la fecha demuestra lo contrario: los mercados se han repartido, los beneficios han aumentado para las empresas y los precios han aumentado para los trabajadores.

¿Acaso no es también en nombre de la competencia que se somete a los jóvenes a unas condiciones de trabajo de verdadera explotación que se harán extensivas a todos los trabajadores? Los jóvenes de Francia tienen razón cuando protestan y mosotros estamos de su lado. Constituyen la esperanza de cambio radical contra las políticas de explotación de la UE y los Gobiernos, y por eso estamos con ellos.

- Informe Hammerstein Mintz (A6-0056/2006)

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, quisiera decir unas pocas palabras sobre el informe Hammerstein Mintz y el sentido de mi voto. Apoyo la apertura, pero estoy también a favor de cierto grado de realismo. Está perfectamente claro que las reuniones del Consejo deben ser abiertas, pero en los puntos 14 y 15 este Parlamento ha votado a favor de que las reuniones del COREPER, los Representantes Permanentes –es decir, los embajadores de la UE– sean abiertas, y también las del Comité de Conciliación. Seguramente podemos insistir en esto, pero yo diría que el Consejo también tiene derecho a insistir en que todas las reuniones de Grupo, las reuniones preparatorias y todas las reuniones de la Conferencia de Presidentes sean abiertas. Apoyo por consiguiente la apertura, pero no creo que sea realista insistir en la apertura por parte del COREPER.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Hammerstein Mintz sobre la transparencia de las reuniones del Consejo Europeo cuando actúa en como órgano legislativo. En un momento en que es necesario avanzar hacia la Europa política, resulta cada vez más incomprensible que el Consejo Europeo siga reuniéndose a puerta cerrada cuando actúa en calidad de legislador. Aparte de que esta posición es contraria al artículo 1, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992), que establece el principio de un proceso abierto de toma de decisiones europeas, no se ajusta a la transparencia que esperan nuestros conciudadanos del funcionamiento de las instituciones europeas. Nunca conseguiremos reducir la fractura entre las estructuras europeas y los ciudadanos actuando de este modo. Es urgente que en espera de la ratificación de un tratado que establezca una Constitución para Europa, el Consejo Europeo, si bien manteniendo espacios la privacidad de los intercambios entre Jefes de Estado o de Gobierno, reforme su reglamento interior para anticipar esta evolución hacia una mayor transparencia de sus deliberaciones cuando actúa en calidad de legislador.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación sobre la apertura de las reuniones del Consejo porque considero que es un falso problema. Al imponer al Consejo que trabaje a la vista de las cámaras, acabaremos teniendo intercambios formales y negociaciones entre bastidores. Toda negociación requiere cierto grado de confidencialidad.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Opinamos que las reuniones del Consejo y el Coreper deben ser públicas cuando estas organizaciones actúen como órganos legislativos. Este es un importante principio democrático si queremos que los electores puedan pedir cuentas a los representantes electos.

Por desgracia, el borrador del informe contiene varios pasajes favorables a la adopción del proyecto de Tratado Constitucional rechazado en los referendos de Francia y los Países Bajos. Hemos intentado que se eliminaran del informe las partes en cuestión pidiendo votaciones separadas precisamente sobre esos pasajes.

Con independencia del resultado de esas votaciones, queremos votar sin embargo a favor del informe en su conjunto, ya que las reformas relativas a la apertura de las reuniones del Consejo y del Coreper son una cuestión prioritaria y queremos presionar al Consejo para que cambie su Reglamento. Nos oponemos, sin embargo, con toda firmeza a la manera en que, en el contexto de esta importante cuestión de la apertura, la mayoría del Parlamento Europeo ha interferido en el debate sobre el futuro del Tratado Constitucional.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Este informe es fruto de la investigación del Defensor del Pueblo Europeo sobre la apertura al público de las reuniones del Consejo. El Defensor del Pueblo Europeo considera que las reuniones del Consejo, cuando este actúa en su capacidad legislativa, no están abiertas al público y que la negativa del Consejo a tomar la decisión de abrir al público esas reuniones es un caso de mala administración.

Este informe tan oportuno se ha elaborado a raíz de la petición de mayor transparencia por parte de la Presidencia británica. Además, las encuestas de opinión y las declaraciones de las ONG, la sociedad civil y el mundo académico ponen de manifiesto el deseo de la ciudadanía de que sus Gobiernos tengan que rendir cuentas en mayor medida con respecto a los asuntos de la UE.

Estoy de acuerdo en que es inaceptable que un importante órgano legislativo de la UE siga reuniéndose a puerta cerrada cuando actúa como tal, especialmente en un momento en el que la UE se ve a sí misma como promotora de la democratización y la responsabilidad. Por tanto, estoy a favor de que las reuniones públicas del Consejo se retransmitan en directo y a través de la web y que se publiquen las transcripciones oficiales de las reuniones legislativas.

Las enmiendas reclamadas al Consejo deben considerarse una adaptación –pendiente desde hace tanto tiempo– del Consejo a la realidad europea y a la igualdad institucional en la actividad legislativa.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Felicito sinceramente al diputado de mi Grupo, el señor Hammerstein Mintz, por su importante informe, ya que llega al fondo de muchos de los problemas a los que se enfrenta actualmente la UE. En Escocia, el lugar de donde yo procedo, al igual que en tantos países, la mayor confusión sobre la UE es la falta de transparencia y la sensación de que la UE no informa de sus decisiones; y en mi opinión todo ello se debe a que el Consejo de Ministros se reúne a puerta cerrada, a menudo en la oscuridad de la noche.

Para una organización que habla tanto de transparencia, en la práctica vemos poca transparencia fuera de esta Cámara, y el hecho de abrir las puertas del Consejo supondría un gran avance para informar a los ciudadanos europeos de lo que se hace en su nombre. El presente informe es solo el inicio de ese proceso y nosotros tenemos que seguir presionando en una cuestión tan crucial como esta.

- Informe Cashman (A6-0052/2006)

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quisiera felicitar al señor Cashman por su importante informe con recomendaciones a la Comisión sobre el acceso a los textos de las instituciones, que yo apoyo. Acojo con agrado en particular la referencia a la necesidad de que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre «el derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión y sobre los principios generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso». Este propuesta debe elaborarse en debates interinstitucionales y seguir recomendaciones detalladas.

Compartimos también el punto de vista de que las nuevas normas de acceso a los documentos deben aplicarse solamente después de que haya entrado en vigor el reglamento modificado, sin ningún efecto retroactivo.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Desde la ratificación del Tratado de Amsterdam y la entrada en vigor del artículo 255 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), la transparencia se ha convertido en un principio fundamental de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es reforzar la naturaleza democrática de las instituciones europeas.

Este informe insta a la Comisión a elaborar una propuesta legislativa sobre el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Por medio de esta propuesta, el informe trata de adherirse al principio de subsidiariedad, los derechos fundamentales de los ciudadanos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular respecto al artículo 8, y los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Apoyo plenamente el informe porque creo que la UE no solo tiene la obligación de ser lo más abierta y transparente posible con los ciudadanos, sino que también ha de asumir el liderazgo y servir de ejemplo a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos y en vías de adhesión.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Felicito al señor Cashman por su informe y me complace poder apoyarlo hoy. Los problemas que han tenido muchos diputados con el acceso a los documentos es una cuestión que afecta a toda la Cámara y ya es hora de que empecemos a abordarla aquí. Solo espero que los objetivos de este informe se vean respaldados por medidas efectivas.

- Informe Papastamkos (A6-0051/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, en la OMC, la UE se ve presionada por varios flancos. Por un lado tendremos que aceptar algunos cambios en beneficio de la lucha contra la pobreza en los países más pobres, mientras que, por otro, no podemos ser demasiado generosos en las concesiones unilaterales que hacemos. Los países ACP, con sus demandas de aranceles reducidos, corren el riesgo de perjudicarse a sí mismos. Ya que sin duda no es esto lo que se busca con estas negociaciones, he votado en contra del informe.

Al mismo tiempo, tenemos que impedir que se lleve a cabo la amenaza de levantamiento de la prohibición de importar materiales genéticamente modificados. La Unión Europea tiene la posibilidad de conseguir esto actuando como una comunidad sólida en el escenario internacional. Finalmente, tenemos que resolver de inmediato el problema del cobro por parte de China de derechos de aduana sobre componentes y recambios de vehículos de motor, ya que de lo contrario los últimos fabricantes de vehículos acabarán abandonando Europa y dirigiéndose a China.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega y amigo, el señor Papastamkos, sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong de diciembre de 2005. Considero que las economías, en especial las occidentales, deben apoyar el programa de desarrollo de Doha, que prevé un tipo de comercio abierto y justo que está destinado a reducir la pobreza en el mundo ayudando tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados a progresar. Si no lo hacemos, lo pagaremos muy caro desde el punto de vista político, en especial por la escalada del extremismo. Me alegro que estas negociaciones reconozca la capacidad del multilateralismo y del comercio internacional para crear riqueza y, de este modo, progreso social. Todo el mundo podrá comprobar cómo una Unión Europea política unida y fuerte puede desempeñar un papel destacado a escala mundial en esta lucha contra una situación en la que el egoísmo nacional prevalece sobre unas instituciones internacionales debilitadas.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La OMC intenta encontrar hoy soluciones a problemas que nunca habrían existido sin ella y sus intentos de imponernos el libre comercio mundial, cueste lo que cueste para la población: toda clase de dúmping, problemas de falsificación, obstáculos al acceso al mercado en la mayoría de los países salvo en la Unión Europea, subvenciones transparentes (en Europa) o disfrazadas (en el resto del mundo, en especial en los Estados Unidos) que distorsionan la competencia, etc. El mercado mundial es una selva en la que los más débiles, los más pobres, son las víctimas elegidas, y la única región que respeta las reglas del juego, Europa, es una víctima circunstancial. Para garantizar el desarrollo de los países menos avanzados, no hay que integrarlos en la OMC, sino protegerlos de ella.

Junto con algunos premios Nobel de Economía consideramos que el libre comercio solo puede beneficiar a todas las partes cuando se realiza entre países con el mismo grado de desarrollo, mientras que el comercio entre otros países debe regularse; esto no impide, por cierto, que haya disposiciones comerciales favorables para los países en desarrollo. Tampoco significa que cada «zona» constituida de este modo necesite una política comercial común centralizada en manos de una burocracia supranacional. En una palabra, el libre comercio no es un fin en sí mismo.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe de propia iniciativa arroja luz sobre el doble rasero que aplica la UE en la política comercial internacional. Se habla con mucho entusiasmo de la necesidad de que los países en desarrollo abran sus mercados a las empresas europeas. Al mismo tiempo, el ponente dice que la agricultura de la UE tiene un «carácter multifuncional» que hay que respetar.

Creemos que, a largo plazo, el libre comercio ayuda a mejorar el mundo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, los diferentes grados de desarrollo de los países. Si al comienzo también del proceso de desarrollo se pretende que el comercio tenga por efecto reducir la pobreza, la UE debe modificar su política comercial suprimiendo los subsidios agrícolas y permitiendo que los países pobres compitan en buenas condiciones.

Dado que la mayor parte del informe está redactado en negativo, hemos votado en contra del mismo en la votación de hoy.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Con esta resolución, la mayoría del Parlamento ha querido allanar el camino a la liberalización del comercio internacional –en el sector agrícola, los productos no agrícolas y los servicios– en la ronda actual de negociaciones de la OMC, que se espera que concluya a finales de 2006.

La profundización de la liberalización del comercio –sorteando las contradicciones actuales o debilitando las posiciones que han defendido hasta ahora algunos de los denominados países en desarrollo– tendrá consecuencias extremadamente serias para los trabajadores y para la gente en general.

Tomemos el ejemplo de los servicios. Hasta el 28 de febrero, la Unión Europea o los Estados Unidos han solicitado la liberalización de los siguientes sectores: transporte (aéreo y marítimo), audiovisual y cultura, tecnología de la información, construcción, enseñanza, energía, medio ambiente, telecomunicaciones, distribución, arquitectura e ingeniería, servicios postales, financieros y jurídicos.

Eso significa que en relación con estos sectores se intenta levantar todas las restricciones de la inversión extranjera, del establecimiento transfronterizo y de la prestación de servicios, los requisitos de nacionalidad y las limitaciones de la competencia.

En otras palabras, se pretende suprimir mecanismos que son fundamentales para que los Estados económicamente menos (o más) desarrollados estén en condiciones de asegurar su desarrollo y satisfacer las necesidades de su población. Esto hará las delicias de la codicia explotadora e inhumana de los grandes grupos económicos y financieros de la Unión Europea y los Estados Unidos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Este informe sobre el resultado de la reunión de la OMC en Hong Kong llega en un momento crucial, puesto que actualmente las negociaciones están pendientes de un hilo. Hemos votado hoy con objeto de enviar una señal política clara a las partes negociadoras, entre ellas la UE, para que cumplan sus compromisos de concluir con éxito esta ronda centrada en los países más pobres, como se acordó en Doha.

Como portavoz laborista en asuntos de comercio internacional, he presentado una serie de enmiendas a este informe en su paso por la comisión. Entonces, como ahora, pedí la exclusión de algunos servicios públicos críticos (entre ellos el agua) de los procesos de liberalización. En el apartado relativo al acceso al mercado de productos no agrícolas pedí flexibilidad en el número y el rango de coeficientes utilizados para calcular las reducciones arancelarias, con objeto de dejar suficiente margen político a los países en desarrollo para que puedan decidir el ritmo de la liberalización. Hoy he votado a favor de una enmienda similar.

En cuanto a la agricultura, aunque estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión de que las negociaciones deben llevarse en paralelo a las de otros sectores, no he podido votar a favor del llamamiento hecho por algunos colegas de que la oferta actual de la UE se considere condicional e incluso reversible. Creo que por lo menos tenemos que mantener la oferta actual.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El informe Papastamkos sobre la conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong nos ha llevado a hacer dos observaciones. En primer lugar, no debería ser difícil de entender que el comercio internacional tiene un enorme potencial para promover el desarrollo y la prosperidad. Por un lado, cuantas más transacciones comerciales se realicen, tanto mayor será nivel de dependencia y cooperación entre los Estados miembros. Por otra parte, cuanto más intenso sea el comercio internacional, tanto mayor será la prosperidad económica de los diversos países, lo que ayudará a mejorar las condiciones de vida de las personas y hacer del mundo un lugar más seguro.

En segundo lugar, la inevitable conclusión es que cualquiera que desee ver un mundo con más comercio y más comercio justo, un mundo en el que se cumplan las normas, casi con toda seguridad abandonará la cumbre decepcionado. A medida que avanza 2006 nos alejamos cada vez más del objetivo de terminar con éxito, a finales de este año, la ronda iniciada en 2001. Sin embargo, si queremos alcanzar este objetivo, necesitamos ponernos de acuerdo sobre las ventajas del libre comercio y sobre las normas a las que debe someterse ese libre comercio.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Este informe se ha modificado tanto que ya no he podido apoyarlo, aunque esté de acuerdo con algunos puntos. Los objetivos de la campaña «Pobreza Cero» y la manifestación convocada en Edimburgo el verano pasado se han logrado en tan poca medida que por desgracia podemos hablar de una oportunidad perdida. Hoy podríamos haber enviado un mensaje más alto y más claro a nuestros Gobiernos y a la Comisión Europea. En su lugar, hemos dado prácticamente por buena la situación actual, una situación que yo no quiero que continúe.

  Marc Tarabella (PSE), por escrito. – (FR) Quiero indicar la razón por la que he votado en contra del informe en la votación final.

La causa está en el rechazo de la enmienda 22, que condenaba la insistencia de la Comisión en la liberalización de los servicios en la UE y en otras partes sin el apoyo de una legislación social y ambiental adecuada.

Estoy plenamente de acuerdo en que ningún país debe verse obligado a liberalizar cualquier sector de servicios, y que sectores como la sanidad, la distribución de agua, la educación y los servicios audiovisuales en particular deben excluirse de la liberalización.

Esta parte de la enmienda ha sido rechazada por escaso margen: 291 a favor, 299 en contra y 20 abstenciones. Por esta razón no he querido votar a favor en la votación final.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Kommounistiko Komma Elladas ha votado en contra del informe sobre la evaluación de la Ronda de Doha porque se inscribe e insiste en el marco reaccionario y antipopular de la Conferencia Ministerial de la OMC de Hong Kong y las extravagantes pretensiones de eurounificar el capital, como se define y promueve en espléndida cooperación con los Estados Unidos. El objetivo de la Uión Europea y los Estados Unidos durante las negociaciones en curso es aumentar todavía más la explotación de los pueblos y de los recursos de producción de riqueza de los países capitalistas desarrollados y más aún de los países en desarrollo y menos avanzados.

La Unión Europea y los Estados Unidos, junto con los demás poderes imperialistas, están procediendo a la apertura selectiva de los mercados y a la abolición de los subsidios a los productos agrícolas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, de manera que el capital monopolista pueda penetrar en los mercados de los países en desarrollo y menos desarrollados a fin de controlar totalmente los productos industriales, la prestación de servicios y la explotación abusiva del agua, la energía y demás recursos para maximizar su rentabilidad.

- Informe García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, el señor García-Margallo y Marfil, sobre la situación de la economía europea en el marco del informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006, que destaca las condiciones necesarias para un crecimiento económico duradero.

Este informe es esencial para entender por qué Europa es una de las zonas del mundo, concretamente del mundo desarrollado, cuyo crecimiento es más lento. El exceso de burocracia, que resta flexibilidad a nuestra economía; el hecho de que no tengamos suficientes líderes mundiales y que nuestras pequeñas y medianas empresas progresen con menos rapidez que en los Estados Unidos de América; bajos niveles de desempleo y jornadas de trabajo de duración media reducida y, por último, la escasez de inversiones en formación profesional, investigación y desarrollo, explican en gran parte la situación actual.

En la competencia económica y social planetaria a que se enfrenta Europa, urge que los Estados miembros, a través de los planes nacionales de reforma, colaboren con la Unión Europea en la creación de las condiciones para la consecución de los objetivos de Lisboa, que pretenden hacer de Europa la economía más fuerte del mundo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hé aquí un informe más sobre la situación económica; una reafirmación más de falsedades; y soluciones que simplemente ofrecen más de lo mismo. La situación económica y social sigue siendo precaria, con una desigualdad creciente, unos niveles de pobreza y desempleo inaceptables y un crecimiento económico que sigue siendo lento e inestable.

Lo que vemos es que los aspectos financieros predominan sobre la economía real, haciéndose hincapié en la necesidad de inspirar confianza a través de la aplicación estricta de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en la necesidad de reducir impuestos a las empresas. Estas posiciones son tributarias de un liberalismo en estado puro y las rechazamos de plano.

¿Qué ha pasado en el nombre de la globalización? Se han socavado los derechos de los trabajadores y la seguridad social, se ha impuesto una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo (el concepto mágico de «flexiguridad» y el CPE (Contrato de Primer Empleo) en Francia son un buen ejemplo), se ha justificado el aumento de la edad de jubilación real y oficial, se ha promovido la liberalización del sector de la energía y se ha pedido la liberalización de los servicios, contribuyendo así a la desregulación laboral y al dúmping social y ambiental.

Estas son grandes noticias para los grupos económicos y financieros. Como de costumbre, son los trabajadores y los sectores menos privilegiados de la sociedad los que tienen que pagar el pato.

De ahí que hayamos votado en contra.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Como cada año, el informe del Parlamento Europeo sobre las orientaciones generales de política económica es, en sus observaciones, un catálogo de obviedades y, en su capítulo de propuestas, una enumeración de recomendaciones que los diputados de derecha e izquierda de este Parlamento aprobarán con entusiasmo, pero que los partidos a los que pertenecen se cuidan mucho de aplicar cuando están en el poder en sus respectivos países.

Aparte de esta hipocresía, quisiera señalar tres puntos que me parecen sorprendentes: la ausencia total de cualquier referencia a los aumentos inmotivados de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que contribuyen al estancamiento de la zona del euro; el informe considera la Unión Europea una zona perfectamente homogénea, integrada por países que padecen problemas absolutamente idénticos, cuando las situaciones se han vuelto extremadamente heterogéneas desde la última ampliación; la petición de una legislación europea que sea «compatible con la de nuestros competidores» puede constituir una apuesta inaceptable por el menor común denominador social y ambiental.

Si no considerásemos ya que el conjunto de la política de Bruselas es en gran medida responsable de nuestras dificultades económicas, estos tres puntos habrían bastado para motivar nuestro voto en contra.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) No he aprobado las orientaciones generales de las políticas económicas porque no hacen sino avalar las tendencias liberales de la UE desde hace varios años y son la causa del escaso crecimiento, del desempleo, de la incertidumbre de los trabajadores y del abandono de nuestras protecciones sociales.

El informe no respalda ninguna de las orientaciones que harían posible una política alternativa: apoyo al poder adquisitivo y revalorización de los salarios para relanzar el consumo popular y el crecimiento; apoyo a ambiciosas inversiones públicas en modernización y empleo; armonización al alza de la fiscalidad y de las normas sociales para combatir el dúmping y creación de un verdadero Gobierno económico que tenga peso en el Banco Central Europeo.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL) , por escrito. – (EL) Las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006 incluyen todas las medidas antipopulares que acarraerán precios más elevados y mayor desigualdad, pobreza, incertidumbre y pesar para la clase trabajadora y las clases populares y mayor riqueza para el capital eurounificador.

Esto se ha garantizado en los Programas de Reforma Nacionales, de manera que la soga de la barbarie capitalista que se predica en la Estrategia de Lisboa pueda estrangular a la gente con rapidez y precisión.

Hay numerosas coartadas: el envejecimiento de la población para aumentar las edades de jubilación, la seguridad energética para privatizar el sector de la energía y convertirla de un bien social en una mercancía comercial, la reducción de los déficit que exige el Pacto de Estabilidad mediante la «contención» del gasto público en necesidades populares y la vinculación entre salario y productividad para garantizar reducciones de salarios y pensiones.

Al mismo tiempo, tenemos reducciones de impuestos y procedimientos simplificados para crear empresas, formas flexibles de trabajo, formación permanente por exigencias del mercado y ayuda estatal e investigación al servicio de las empresas, no en función de necesidades de la sociedad.

Es el nuevo ataque de la UE a la clase trabajadora y a los jóvenes, que solo un potente movimiento de masas puede rechazar; solo un potente movimiento de masas puede abrir nuevos caminos poniendo en práctica la enorme riqueza que se produce y que debe revertir en sus creadores, los trabajadores, y no en sus explotadores.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He apoyado este informe en su propósito de reducir los costes de la asistencia sanitaria y los medicamentos de los países más pobres. Aunque apoyo el propósito de la enmienda 3 de reducir esos costes, la enmienda no es apropiada, puesto que establece un límite general para todas las patentes de productos relacionados con este campo, lo que podría distorsionar los mercados a escala mundial y posiblemente mermar su desarrollo en el futuro.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Acojo con agrado la tendencia que apuntan las preocupaciones y recomendaciones contenidas en las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006. En este momento, el debate debería centrarse en decisiones operativas encaminadas a lograr que el entorno económico propicie en mayor medida el crecimiento, el empleo, la competencia, la innovación y la creación de riqueza. No deberíamos gastar nuestras energías en asuntos secundarios o, con la misma gravedad, en lo que debería ser evidente.

Los Estados miembros de la UE y sus dirigentes políticos tienen el deber de promover un entorno político favorable a la reforma económica. Lo que necesitamos urgentemente es un discurso caracterizado por la verdad, el coraje y los resultados. Tenemos que ser audaces y retar a nuestras sociedades a invertir en el futuro y en sí mismas. Tenemos que ser capaces de crear las condiciones necesarias para que esa inversión se produzca. El futuro no es necesariamente temible. Sin embargo, muchos Gobiernos europeos aparecen temerosos. He apoyado este informe porque rechaza esa manera de pensar y porque se presenta como un reto para actuar con objetivos y propuestas factibles, con las cuales estoy de acuerdo en gran parte.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. (EN) He votado en contra del informe García-Margallo y Marfil porque apoya la propuesta de la Comisión de establecer una base impositiva común consolidada para las empresas según se establece en el apartado 16. Dicha propuesta supone claramente el inicio de un proceso de armonización fiscal, esa grave pero casi nunca reconocida amenaza para la prosperidad irlandesa. Me opongo también al régimen fiscal según las normas del estado de origen para las PYME.

La armonización fiscal es directamente contraria a los deseos de los irlandeses. Con un régimen fiscal común europeo para las empresas perderemos uno de los principales factores que mantienen nuestra independencia económica y nuestra situación actual de prosperidad. Me parece que ese es el inicio de la tentativa de imponer una política fiscal europea común a Irlanda. Tengo que aconsejar al Gobierno irlandés que preste mucha atención a este espacio, en el que nuestra libertad se ve amenazada, y que lo defienda de una manera más enérgica. En los círculos del Gobierno irlandés se dice lo siguiente: no hay planes para armonizar los impuestos, pero si los hubiera, el Gobierno irlandés los rechazaría.

Bueno, pues aquí los tenemos, asomando por el horizonte; es hora de que demuestren su valía.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) Aunque apoyo el propósito de la enmienda 3 de reducir los costes de la asistencia sanitaria y los medicamentos, la enmienda no es apropiada, puesto que establece un límite general para todas las patentes de productos relacionados con este campo, lo que podría distorsionar los mercados a escala mundial y posiblemente mermar el desarrollo en el futuro. Estas cuestiones se tratan mejor en el marco de las Naciones Unidas y la OMS.

El Partido Laborista en el Parlamento Europeo mantiene su posición sobre la cuestión de la fiscalidad de las empresas, que consiste en no apoyar el recálculo de la base impositiva para las empresas. Aunque deseamos una mayor coordinación de las autoridades fiscales en sus iniciativas para ayudar a las PYME que realizan transacciones comerciales transfronterizas, reconocemos que esta cuestión sigue siendo competencia de los Estados miembros de la UE.

10. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

11. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

12. Propuesta modificada de Directiva sobre los servicios en el mercado interior y Comunicación sobre la Directiva 97/71/CE (Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios) (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, procedemos a la Comunicación de la Comisión sobre la propuesta modificada de Directiva sobre los servicios en el mercado interior y a la Comunicación sobre la Directiva 97/71/CE referente al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

Se trata, como todo el mundo es consciente, de la propuesta modificada de la denominada «Directiva Bolkestein» después de su primera lectura en el Parlamento.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, cuando debatimos esta propuesta en el período parcial de sesiones de febrero, dije que la Comisión basaría su propuesta modificada en lo que votara el Parlamento. Creo que podrán comprobar que he cumplido ese compromiso en el texto aprobado hoy por el Colegio. Nos hemos comprometido a respetar el consenso que alcancen ustedes sobre algunos de los artículos fundamentales. Encontrarán reflejadas en la propuesta modificada las enmiendas que han votado ustedes al artículo 16 –libertad de prestación de servicios– y al artículo 17 –derogaciones de la libertad de prestación de servicios–. Hemos excluido toda la asistencia sanitaria del ámbito de aplicación de la propuesta y, en línea con el compromiso adquirido, presentaremos una iniciativa distinta para el sector sanitario. La propuesta modificada contempla además la exclusión de la fiscalidad, las agencias de empleo temporal, los servicios de seguridad y el sector audiovisual, del ámbito de aplicación de la propuesta.

Una cuestión en la que no hemos aceptado su postura es la exclusión de los servicios jurídicos. La Comisión considera que eso no es necesario, puesto que el artículo 3 estipula ya que en caso de conflicto entre una cierta directiva y esta propuesta, prevalecerá la primera. Además, hemos ajustado el texto sobre el ejercicio de una autoridad oficial en consonancia con el artículo 45 del Tratado CE.

Hemos basado la exclusión de los servicios sociales en las distintas enmiendas aprobadas por ustedes en este sentido. Estoy convencido de que estarán de acuerdo en que todas las exclusiones tienen que definirse claramente y eso es lo que hemos tratado de hacer.

Si queremos evitar interpretaciones divergentes en los Estados miembros, tenemos que garantizar la seguridad jurídica. El texto de la propuesta modificada especifica que la exclusión de la directiva afecta a los servicios sociales relacionados con la vivienda social, los niños y las ayudas a familias y personas necesitadas prestadas por el Estado u otros proveedores en nombre del Estado. Además, la Comisión emitirá en las próximas semanas una comunicación sobre los servicios sociales de interés general, reflejando la importancia que tienen esos servicios para nuestros ciudadanos.

La decisión de eliminar toda interacción entre la propuesta relativa a los servicios y la legislación laboral ha sido, en mi opinión, uno de los principales elementos para crear un clima más favorable en torno a esta nueva propuesta de servicios. Eso nos ha permitido obviar las acusaciones de querer rebajar las normas sociales y amenazar el modelo social europeo. Aunque dicha percepción era errónea, prevaleció y envenenó el debate sobre esta importante propuesta. En cualquier caso, la propuesta modificada es clara en este sentido: se suprime por completo la legislación laboral. Una de las consecuencias de ello es que se han eliminado los artículos 24 y 25 en la propuesta modificada.

No obstante, como anuncié en el debate de febrero, la Comisión publicaría una comunicación para abordar las cuestiones relativas al desplazamiento de los trabajadores, que iban a ser objeto de los artículos 24 y 25. Dentro de un momento, mi colega, el señor Špidla, les resumirá el enfoque que ha adoptado hoy la Comisión. Solo quiero añadir que esta comunicación es un elemento fundamental de nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo en el Consejo sobre la propuesta relativa a los servicios.

Existen otras dos cuestiones en la propuesta modificada que quiero destacar. En el artículo 3 aclaramos que todas las leyes especiales prevalecen sobre las disposiciones de la propuesta relativa a los servicios. En concreto, en el artículo 3 dejamos claro que la directiva no afecta al derecho internacional privado y que, en consecuencia, los consumidores se beneficiarán en principio de la protección que les conceda el reglamento sobre la protección de los consumidores que forme parte de la legislación vigente en sus respectivos Estados miembros. La Comisión ha aceptado también que el seguro de responsabilidad profesional contemplado en el artículo 27 sea voluntario, en lugar de obligatorio.

Desde que el Parlamento Europeo votó en febrero, se ha llegado al convencimiento generalizado en toda Europa de que el consenso que ustedes alcanzaron constituyó la base para seguir avanzando en este debate. Los Jefes de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo hace dos semanas así lo reconocieron. Tenemos la oportunidad de afvanzar apoyándonos en este consenso cada vez mayor. Quiero ver el potencial de crecimiento y empleo que esta propuesta convertirá en realidad lo antes posible.

Presentaré esta propuesta modificada al Consejo de Competitividad informal que se reunirá en Graz este mismo mes. Confío en que con el apoyo activo de la Presidencia austriaca y los Estados miembros podamos aprovechar esta gran oportunidad de hacer importantes progresos durante su Presidencia.

(Aplausos)

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, la Comisión acaba de adoptar una Comunicación que contiene instrucciones y explicaciones para los Estados miembros con respecto al desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transfronteriza. La Comunicación incluye también propuestas encaminadas a ayudar a los Estados miembros a mejorar la aplicación práctica de la cooperación administrativa, el acceso a la información y la supervisión del cumplimiento de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

La Comisión anunció esta Comunicación el pasado mes de febrero, después de la votación sobre la Directiva de servicios en el Parlamento Europeo, señalando en ese momento que toda supresión de los artículos 24 y 25, que contienen disposiciones sobre obstáculos administrativos al desplazamiento de trabajadores, se decidiría sobre la base de un voto mayoritario. Sin embargo, los Estados miembros no deberían interpretar la retirada de estos artículos en el sentido de que pueden introducir o mantener trabas administrativas excesivas frente a las empresas que desplacen a trabajadores a través de fronteras nacionales. El desplazamiento transfronterizo de trabajadores se se rige por lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE, cuya finalidad es armonizar, por un lado, el derecho de las empresas a prestar servicios transfronterizos y, por otro lado, los derechos de los trabajadores destinados temporalmente a otro Estado para prestar servicios. La Directiva es el principal instrumento para garantizar la libre circulación de servicios y al mismo tiempo el principal instrumento para evitar el dúmping social. La explicación jurídica aprobada hoy por la Comisión facilita la clarificación necesaria con respecto a las medidas de control que pueden utilizar los Estados miembros para controlar si se cumplen las condiciones de trabajo estipuladas en la Directiva. El objetivo es garantizar que los Estados miembros actúen de acuerdo con el principio de la libre circulación de servicios, evitando al mismo tiempo el dúmping social.

La Comunicación contiene explicaciones e instrucciones sobre cuatro tipos de medidas de control en particular: la exigencia de obtener permiso, la obligación de tener un representante en el territorio del Estado miembro anfitrión, el deber de declarar y obligaciones con respecto a los documentos relativos a las condiciones sociales y de trabajo. Las conclusiones de la Comunicación son las siguientes: la obligación de tener un representante en el territorio del Estado miembro anfitrión se considera algo excesiva, y se cree suficiente que alguno de los trabajadores –por ejemplo, un directivo– sea nombrado persona de contacto ante las autoridades competentes de los Estados miembros. No se considera razonable que el deber de hacer una declaración sistemática preliminar deba aplicarse solamente sobre la base de que se trata de un servicio desplazado; se reconoce, por supuesto, el deber de conservar los documentos, pero esto debe aplicarse únicamente a los documentos que sean absolutamente necesarios y permitan a las autoridades de los Estados miembros llevar a cabo actividades efectivas de apoyo y control. No se aplica, por ejemplo, a los documentos de la seguridad social, porque de estos trata la Directiva 1408/71/CEE.

Se ha llegado asimismo a la conclusión de que es razonable solicitar la notificación preliminar de actividades. Las notificaciones deben hacerse no más tarde del día en que empiezan las actividades.

La Comisión intenta tener un acceso más fácil a la información sobre las condiciones de trabajo para los trabajadores y las empresas y mejorar los niveles de cooperación entre las autoridades intraestatales. Es también esencial mejorar los recursos disponibles para los trabajadortes y las empresas, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa aplicable a los trabajadores. Sobre la base de un estudio de la aplicación de la Directiva que ha llevado a cabo la Comisión y que puede encontrarse en el informe de la unidad de la Comisión, hemos concluido que todos los ámbitos todavía pueden mejorarse mucho, y la Comunicación contiene varias propuestas especificadas por los Estados miembros para subsanar esas deficiencias. Esto incluye mejoras de los sitios web y otros recursos informativos, más recursos para los puntos de contacto y los organismos responsables de supervisar el uso de los sistemas de transmisión de datos electrónicos y la mejora de contactos entre inspecciones de trabajo. Me parece bastante importante la sugerencia de que es correcto que los Estados miembros incluyan en la información que facilitan detalles de las responsabilidades que deben cumplir las empresas que desplazan a trabajadores, y no solo referencias generales al Derecho laboral o al régimen jurídico que se aplica en el Estado miembro en cuestión.

Señorías, creo firmemente que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores –con tal que se aplique correctamente– constituye un instrumento suficiente y robusto para garantizar, por un lado, la prevención del dúmping social y, por otro lado, la libre prestación de servicios.

(Aplausos)

  Marianne Thyssen, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Crisitanos) y de los Demócratas Europeos no está del todo descontento con la situación en que se halla la Directiva sobre los servicios. En noviembre, en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor dimos en el clavo ofreciendo la posibilidad de un documento sólido y ecuánime, que es lo que realmente se ha presentado. Estimulados por la Comisión, presentamos propuestas de cambios radicales que posteriormente fueron aprobados por amplia mayoría en la sesión plenaria. En la cumbre europea de primavera –porque sin duda así es como podemos llamarla ahora–, el Consejo nos felicitó efusivamente y expresó el deseo de que continuara el trabajo en torno a una Directiva de servicios que abra los mercados garantizando al mismo tiempo una protección social suficiente.

Hoy hemos oído una posición detallada de la Comisión sobre nuestras propuestas y observamos que la Comision ha cumplido su promesa y sigue apoyando activamente la línea seguida por esta Cámara. Se mantienen los servicios de interés económico general, aunque, como propusimos, inscritos en una estructura propia. Aunque el ámbito es limitado, que es lo que queremos, yo pediría al Comisario que examinara de nuevo cómo podríamos definir exactamente estos servicios sociales. La Directiva no afecta para nada al Derecho laboral y el Comisario Špidla ha explicado hace un momento las directrices prometidas sobre la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

Por fortuna, el consumidor sigue estando a fin de cuentas suficientemente protegido; la burocracia se reduce y la libertad de prestación de servicios, consagrada en los artículos 16 y 17, está garantizada. Aunque podía haber funcionado un procedimiento diferente de cooperación a efectos de inspección, contamos con el Consejo para garantizar que funcione tan bien como el que habíamos propuesto nosotros.

Sabemos que se puede lograr el equilibrio. Ahí es adonde quisiéramos llegar a parar y esperamos que la Presidencia Austriaca del Consejo, con la que siempre estamos dispuestos a dialogar, nos lleve a una directiva que beneficie a los trabajadores autónomos, a los profesionales, a los consumidores de servicios, a los consumidores en general, a los trabajadores, al crecimiento económico en su conjunto y cree muchos puestos de trabajo más. Deseamos mucho éxito a la Presidencia del Consejo y nos complace que finalmente hayamos contado con alguna cooperación positiva por parte de la Comisión.

(Aplausos)

  Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, en la tramitación de la Directiva sobre los servicios, la Comisión ha dado un paso de gigante desde las sombras que aparecieron de repente la semana pasada. Comisario McCreevy, estimado Charlie, como ponente y en nombre de mi Grupo, permítame decir lo contenta que estoy de que la Comisión haya cumplido la promesa que hizo a esta Cámara y haya hecho como si hubiera sido invitada por una mayoría aplastante en el pleno.

Sé que ayer los chefs de cabinet tuvieron que dedicar horas de trabajo, pero la ley más importante de Europa –aparte de la Constitución– va ahora por buen camino. Podemos acompañarla en esta andadura, ¿o habría que decir que la Comisión va adónde señala el Parlamento? Lo que podemos decir es que se ha dado un paso importante en dirección a una Europa social y puedo decir al Comisario que estoy especialmente contenta de que la principal manzana de la discordia –el principio del país de origen– se haya desechado. Es el mayor avance en nuestro esfuerzo por una Europa social.

También me complace mucho que haya seguido usted la propuesta de esta Cámara de sacar del ámbito de la Directiva de servicios aspectos tan importantes como el trabajo a tiempo parcial, las empresas de seguridad, el sector del juego y la totalidad del sector sanitario, aunque queda todavía un interrogante sobre la exclusión de los servicios sociales, y tendremos que discutir más sobre cómo hay que evaluar e interpretar realmente el pensamiento de la Comisión a este respecto.

Estoy contenta asimismo de que, al contrario de lo que se había temido al principio, la Directiva de servicios se considerará subordinada a las directivas sectoriales, cosa que a esta Cámara le pareció importante, en particular en relación con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Lo que hemos conseguido es a mi juicio un éxito importante para los ciudadanos, para la Europa social y también para esta Cámara. Con él nosotros, sus diputadas y diputados, hemos demostrado que nos tomamos en serio nuestros derechos al servicio del público. El expediente está ahora en manos del Consejo de Ministros. La rapidez con que se adopte una legislación adecuada dependerá de ellos.

(Aplausos)

  Toine Manders, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario el dinamismo y la prontitud con que ha presentado este documento elaborado a toda prisa. El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa entiende incluso que representa un avance con respecto a la posición del Parlamento Europeo, cosa que será beneficiosa para el empleo en Europa. El Grupo ALDE opina que la creación de puestos de trabajo es la mejor estructura social que hay, mejor que la protección de lo conseguido hasta ahora. Por desgracia, hay varios factores y sectores que permanecen excluidos, cosa que los Estados miembros pueden aprovechar para proteger sus mercados. Esto es lo que llamamos proteccionismo y que probablemente dará lugar a muchos procesos ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Quedan todavía conceptos genéricos, como el juego y el sector audiovisual –y la lista sigue–, y los Estados miembros pueden definir su contenido. Habríamos preferido una definición y una delimitación mucho más estrictas de lo que se excluye y de lo que no. Por desgracia, esto no goza de apoyo en este momento y puede que se necesite más tiempo.

Esperamos que la gente acabe dándose cuenta de ello. A veces, como sucede en Francia, esto puede causar problemas si se quiere reformar para garantizar nuestras conquistas y nuestra prosperidad actuales, también en beneficio de nuestros hijos. Hay todavía millones de personas que, cada martes, salen a la calle a protestar. ¡Qué vergüenza! Los políticos están ahí para tomar decisiones a largo plazo y, de vez en cuando, para ser reelegidos a muy corto plazo. A veces, optamos por lo último.

En cualquier caso, nos parece que se ha dado un paso en la buena dirección. Hemos apoyado la propuesta en primera lectura. Esperamos que se explique un poco más por qué se excluyen una serie de sectores. Por ejemplo, como usted mismo ha señalado, las definiciones deberían ser menos ambiguas para que los Estados miembros tengan más dificultades para proteger sus servicios importados de otros. Después de todo, habrá que mejorar y fortalecer la movilidad y el dinamismo de la economía en el mercado interior si queremos ser capaces de competir con otras grandes regiones económicas del mundo. Creo que así es como podemos mantener nuestra prosperidad. Le doy las gracias y espero que se logre muy rápidamente un resultado positivo en el próximo Consejo.

(Aplausos)

  Pierre Jonckheer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, pienso que debemos alegrarnos de que la Comisión haya cedido a la doble presión del Parlamento Europeo y del Consejo. Creo que tal como están las cosas actualmente en la Unión Europea, esto es un buen ejemplo de que en la Unión Europea puede funcionar la democracia parlamentaria y que la Comisión puede asumir efectivamente las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo ha mejorado sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión. Dicho esto, quiero destacar que se mantienen las objeciones de fondo que habíamos formulado y que habían justificado el voto negativo y unánime de nuestro Grupo. Se refieren principalmente a dos cuestiones: el ámbito de aplicación de la directiva y la inclusión confirmada de los servicios de interés económico general. Nuestro Grupo es partidario de una directiva específica para los servicios de interés económico general, pues tememos que su inclusión en esta directiva pueda obstaculizar cualquier nueva propuesta de la Comisión.

La segunda objeción se refiere al compromiso alcanzado sobre el artículo 16, que no mejora la seguridad jurídica del texto y en realidad nos remite de nuevo a la jurisprudencia del Tribunal, así como a la necesidad de que este decida caso por caso, contrariamente a lo que desean la Comisión y el Parlamento. Ahora la pelota está en el tejado del Consejo, que tiene que definir su posición común. A este respecto, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea llama unánimemente al Consejo a que modifique y mejore este texto, en particular en los dos aspectos que acabo de mencionar.

  Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, en toda batalla es interesante evaluar correctamente cada etapa. No hay que subestimar los tantos marcados, pues de lo contrario se cultiva el derrotismo, ni sobreestimar lo que se cree ganado, so pena de allanar el camino a la desilusión.

En el caso del proyecto de Directiva denominada «Bolkestein», ¿dónde nos encontramos? Los tantos marcados en la primera lectura del Parlamento por los oponentes al texto inicial son innegables. La supresión del principio del país de origen y el ajuste de la aplicación efectiva de la Directiva son los reveses más emblemáticos que han encajado los defensores puros y duros de la Europa liberal. La exclusión de una serie de sectores de actividad del ámbito de aplicación de la Directiva y la asignación al Estado de acogida de un poder de control, aunque sea limitado, condicional y difícilmente practicable, tampoco son elementos despreciables. Por último, la exclusión del Derecho laboral nos remite a la legislación vigente.

Estudiaremos con lupa el nuevo texto de la Comisión. Si parece que intenta recuperar parte del terreno que ha tenido que ceder, en especial arrogándose cualquier derecho de supervisión automático, esto sería, en nuestra opinión, una pretensión inaceptable. Si, por el contrario, resulta que la Comisión integra las exigencias del Parlamento en su nueva versión del proyecto de directiva, sería tanto una nueva señal de la importancia creciente de esta Cámara en el triángulo institucional europeo como también, y quizás sobre todo, la confirmación de la influencia formativa de la irrupción de los ciudadanos en el debate europeo, en particular desde un cierto 29 de mayo de 2005. Esto demuestra que nuestro Grupo no tiene ninguna intención de denegar estos avances.

Dicho esto, sin embargo, ¿basta el resultado alcanzado hasta ahora para frenar la manía por la competencia entre trabajadores contra la cual se alzan cada vez más conciudadanos nuestros? Esta es la verdadera pregunta, y nuestra respuesta es «no».

En efecto, al margen de las excepciones indicadas, la Directiva en su versión modificada refuerza normas que instituyen un modo de integración basado, no ya en la armonización de las legislaciones, sino en la libertad del mercado. La situación actual y las principales tendencias del acervo comunitario merecerían una atención renovada a este respecto, en especial a la hora de la ampliación de la Unión a países con normas sociales atractivas para dirigentes económicos y políticos obsesionados por la reducción de costes y la supresión de las «barreras a la competencia» en la famosa economía de mercado libre en que la competencia es abierta y no está distorsionada.

¿En qué medida estamos dispuestos a abandonar esta lógica represiva? Cuando llegas la hora del gran debate abierto sobre el futuro de la Unión Europea, este es el tema central sobre el cual propongo abrir el debate, particularmente en la izquierda.

  Adam Jerzy Bielan, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, señores Comisarios, me veo obligado a expresar la tremenda decepción que he sentido a raíz de su presentación hoy de la Comunicación de la Comisión. El texto modificado de la Directiva sobre los servicios es poco preciso y en muchos casos su redacción es equívoca. Los países que se oponen al libre mercado de servicios aprovecharán estas deficiencias.

Comisario McCreevy, en una reunión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de hace dos semanas, usted señaló que lo mejor es enemigo de lo bueno. Eso sin duda es verdad, pero ¿realmente cree usted que este proyecto, fruto de dos años de trabajo sobre la liberalización del mercado de servicios en la Unión Europea, es realmente bueno? ¿Considera que la Directiva, tal como está, es una respuesta adecuada a las expectativas de la economía europea en un momento en el que la competencia mundial se intensifica cada vez más?

Me cuesta entender la postura adoptada por los Gobiernos de algunos Estados miembros de la antigua UE de los Quince. Siguen una política miope y egoísta y obstaculizan la competencia en la Unión Europea. En cuanto a la pasividad y la peculiar apatía de que hace gala la Comisión Europea, simplemente no puedo aceptar este estado de cosas en modo alguno. Se supone que la Comisión se rige ante todo y sobre todo por los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Se supone que procura conseguir por lo menos los objetivos consagrados en la Estrategia de Lisboa.

Hace dos meses, el Parlamento Europeo puso el proyecto de directiva patas arriba, como dijo tan acertadamente la señora Gebhardt en su momento. Ese fue el resultado de un compromiso muy desafortunado entre los dos principales Grupos políticos de la Cámara. Sin embargo, la Comisión dio entonces garantías a los defensores del mercado libre de servicios de que habría acuerdos alternativos para compensar la retirada de disposiciones liberales del proyecto. Me refiero en particular al artículo 24 y el artículo 25, que pretendían eliminar las barreras con que se topan en la actualidad los trabajadores desplazados.

Ahora está claro que la Comisión Europea ha incumplido esta promesa. En todos los sentidos y a todos los efectos, el documento que ha elaborado sobre el desplazamiento de trabajadores es simplemente una descripción de las barreras que existen en la actualidad. No contiene propuestas de sanciones de ningún tipo contra países que bloqueen el desplazamiento de trabajadores. Sin embargo, es tarea de la Comisión cambiar radicalmente de política con respecto a los países que infringen abiertamente el Derecho comunitario en materia de libertad de prestación de servicios.

Finalmente, señores Comisarios, quiero desearles mucho éxito en la creación de un libre mercado dentro de la Unión Europea. El éxito de esta empresa es crucial para ustedes y para la Unión en su conjunto, pero requiere más valentía y firmeza por parte de la Comisión.

  Fernand le Rachinel (NI). – (FR) Señor Presidente, el Consejo y la Comisión han tomado nota de la votación sobre el informe Gebhardt relativo a la Directiva de servicios y no podemos sino felicitarnos por ello. Por una vez que estamos con la mayoría, saquemos el máximo jugo de ello. Hemos ayudado en gran medida a eliminar los elementos más discutibles de la Directiva de servicios, empezando por el famoso principio del país de origen. No obstante, sigue habiendo unas cuantas zonas oscuras, en especial por lo que se refiere a los servicios económicos de interés general, y es tarea del Consejo resolverlas de acuerdo con el Parlamento.

De momento, el peligro está en otra parte. En efecto, la Comisión tiene previsto revisar en un sentido más liberal la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores, lo que podría invalidar en parte la función legislativa del Parlamento Europeo.

Por último, condenamos enérgicamente la decisión de la Comisión de expedientar a Francia por que haber promulgado decretos contra ofertas de adquisición hostiles en once sectores sensibles y estratégicos, especialmente en relación con la defensa. La Comisión prefiere jugar contra su propio bando en vez de defender los intereses bien entendidos de Europa en la OMC o en los mercados mundiales. Serán pues los Estados los que tengan que corregir esta anomalía institucional y política.

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Comisario McCreevy por haber cumplido plenamente las promesas que nos hizo. Dijo que si conseguíamos una propuesta equilibrada y respaldada por una amplia mayoría de este Parlamento, la Comisión la respetaría y recogería en un texto modificado. Y eso es lo que ha hecho en gran medida, como han dicho muchos colegas. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Era un compromiso. No niego que me habría gustado una directiva más liberal, pero lo cierto es que la que tenemos representa un importante paso adelante en el mercado interior.

Señor McCreevy, lo que quiero pedirle es que a partir de ahora sea el defensor más firme de esta directiva. Queremos que la defienda en todas partes. En su intervención no ha dicho que esta directiva contiene unas cien medidas distintas, dirigidas a los Estados miembros, con vistas a desmantelar las barreras a las empresas de servicios, reducir la burocracia, simplificar la administración y facilitar más información. Mi colega de Polonia parece haber ignorado eso totalmente en su intervención de hace un instante.

Tenemos también una cláusula fundamental que establece la libertad de prestación de servicios, propuesta por esta ala de la Cámara. Estoy absolutamente convencido, y seguro que usted me lo confirmará, de que la formulación respeta plenamente –y uso las mismas palabras que la directiva– las reglas conforme a las cuales operan los proveedores de servicios en sus respectivos Estados miembros. Este es un importante paso adelante, pero necesitamos que usted defienda la propuesta por todas partes con firmeza y talante positivo. Por favor, considere esto como nuestro principal mensaje, porque tenemos que ganar los corazones y las mentes de los ciudadanos, quienes piensan que hemos creado un instrumento legislativo diluido y débil. Si la leen, verán que no es así.

Para terminar, quiero dar las gracias al Comisario Špidla, porque le habíamos pedido una declaración sobre la directiva referente al desplazamiento de trabajadores en el marco del compromiso de eliminar los artículos 24 y 25 de la propuesta, y ha respondido a nuestros deseos. Creo que podríamos haber llegado más lejos, pero celebro que ahora hayan quedado vinculadas, lo cual era una exigencia clave de esta ala de la Cámara.

(Aplausos)

  Anne Van Lancker (PSE). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera sumarme al agradecimiento a la Comisión, que se ha mantenido tan leal como le ha sido posible a la posición del Parlamento. Tengo que decir, señor Comisario, que la definición bastante restrictiva de los servicios sociales me inquieta un poco y quisiera que el Parlamento y el Consejo dedicaran algún tiempo a idear una definición mejor.

Estoy encantada, sin embargo, de que la Comisión haya adoptado las cláusulas sociales del Parlamento relativas al respeto de la legislación laboral y de la seguridad social, así como de los convenios colectivos, y también, señor Comisario, de que la Directiva sobre los servicios dé prioridad a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y la respete plentamente. Tengo que decir, sin embargo, Comisario Špidla, que no estoy totalmente de acuerdo con el contenido de la Comunicación sobre el desplazamiento de los trabajadores, de modo que quiero insistir en que presente esta Comunicación a los interlocutores sociales y al Parlamento a efectos de consulta.

Aunque sea bueno que vayan a eliminarse la burocracia y las restricciones que imponen los Estados miembros y que han sido repetidamente condenadas por el Tribunal de Justicia, tengo la sensación de que las cláusulas prohibitivas de la Comunicación van mucho más allá de la administración de justicia. Por ejemplo, la opinión de que basta la designación de un representante entre los trabajadores desplazados equivale a denegar a los países escandinavos su tradición en materia de negociación. Además, con la prohibición de los permisos o registros previos, se corre el riesgo de socavar el sistema de licencias, por ejemplo en el contexto del empleo temporal. Así pues, habrá que examinar esto más de cerca.

Sin embargo, también quisiera felicitarles por el buen comienzo que ha tenido la mejora de las inspecciones en la práctica. Es fundamental que las empresas y los trabajadores estén mejor informados que hasta ahora sobre las condiciones de trabajo en relación con el desplazamiento de trabajadores y que las oficinas de enlace sean más efectivas. También respaldo incondicionalmente la idea de equipar mejor a las inspecciones de trabajo y hacerlas cooperar más allá de las fronteras. Esto lo ha pedido esta Cámara repetidamente. Creo que solo entonces tendremos suficientes garantías para crear un mercado interior de servicios que funcione bien, respetando al mismo tiempo las normas sociales básicas.

(Aplausos)

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nuestra opinión el texto final al que tenemos que llegar debe respetar plenamente el equilibrio alcanzado por los diputados a este Parlamento. Si hay que adoptar una directiva sobre la libre circulación de los servicios, porque es una verdadera necesidad, no es a cualquier precio. El proyecto inicial de la Comisión era un texto torpe, mal planteado e imprudente. El Parlamento ha revisado ahora por completo ese texto, lo que permite completar el mercado interior preservando al mismo tiempo nuestro modelo social. Le agradecemos, señor Comisario, que no ceda a las tentaciones y le sugerimos que se sume al Parlamento para la elaboración de un compromiso.

La pelota está ahora en el tejado del Consejo, del que esperamos que actúe como colegislador responsable. La Directiva relativa a los servicios es hoy un edificio cuyo equilibrio descansa en pilares igual de importantes para nosotros. Poner en peligro uno u otro podría echar abajo toda la estructura. Así, el Consejo no puede hacer oídos sordos al mensaje político que le hemos transmitido. Señor Comisario, el voto del Parlamento sobre los servicios ha mostrado el camino. Nuestros conciudadanos no entenderían que nos volviéramos atrás.

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, me complace que la Comisión se haya dado cuenta de que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es indispensable para proteger a los trabajadores en el mercado europeo de servicios. No debemos permitir que la Directiva sobre los servicios la limite.

La Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores establece el principio de «salario igual a trabajo igual en el mismo lugar», pero tengo que decir al Comisario Špidla que me pregunto cómo, a la vista de la energía criminal dedicada a burlar ese principio en la práctica, se puede considerar que un capataz local o el registro en el mismo día en que se empieza a trabajar basten para garantizar que los Estados miembros puedan controlar de cerca lo que sucede. Si los medios de control con que cuentan los Estados miembros están destinados a ayudar a proteger a los trabajadores, lo lógico es que no se les pongan trabas y que este –y no la afirmación de que tal cosa no es más que una imposición burocrática– deba ser el principio rector del manual. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores debe seguir teniendo el objetivo primordial de proteger a los trabajadores.

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, quisiera unirme a las palabras de agradecimiento a los Comisarios McCreevy y Špidla. Siento una gran admiración por la manera en que usted ha alcanzado un compromiso. Lo que tenemos ahora ante nosotros representa un gran paso adelante. Tengo algunas preguntas y comentarios.

Empezaré con usted, Comisario McCreevy. Ha dicho que presentaría un documento sobre la salud. ¿Qué quiere decir? ¿Es una directiva? En efecto, no podemos aceptar una situación en que el Tribunal de Justicia Europeo decide que debemos seguir la situación de cerca solo para que luego no se haga nada. Agradecería mucho que fuera una directiva lo que se presentara, pero usted no ha indicado la forma que tendría el documento.

Hablando ahora al Comisario Špidla, estoy de acuerdo con usted en que los artículos 24 y 25, tal como estaban formulados originalmente, se incluyeron con el objetivo de impedir que el Estado miembro de destino pusiera trabas administrativas. Estoy totalmente de acuerdo en que algo había que hacer con ellos. Dicho esto, también se pueden eludir las normas relativas a los salarios y las condiciones de trabajo, generando una competencia desleal en el mercado de trabajo. Eso significa, por consiguiente, que es importante que se elaboren nuevas directrices políticas, inclusive para los trabajadores desplazados.

Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Por qué ha publicado usted una Comunicación, Comisario Špidla? Le pregunto porque la señora Schröder está escribiendo un informe acerca de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores y usted ya cuenta con una evaluación de dicha Directiva. ¿Por qué ha publicado un documento que es difícil de hacer cumplir? ¿Por qué no decide, en su lugar, adaptar la legislación?

Señor Presidente, tengo un último comentario que hacer. Me encanta que se vaya a mejorar el procedimiento de control que comprueba la manera en que nos relacionamos unos con otros, gracias a que las diferentes inspecciones de trabajo van a unir fuerzas. Tendremos que tener otra conversación sobre cómo podríamos reforzar este procedimiento.

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, durante el primer debate sobre la Directiva relativa a los servicios, un diputado británico dijo: «Fritz Bolkestein está vivo y se encuentra bien, y vive sobre todo en Francia». Mi Grupo desea una feliz jubilación al ex Comisario Bolkestein. En efecto, esperamos que tenga una jubilación apacible, pero su directiva está definitivamente muerta. De ahora en adelante tendremos una directiva Gebhardt-McCreevy.

Por supuesto, quedan los huérfanos de Bolkestein. Para la extrema izquierda y para algunos antieuropeos notorios, la Directiva Bolkestein se había convertido en un ogro evidente, símbolo de una Europa antisocial. Estas personas tienen dificultades para aceptar que la Directiva Bolkestein esté definitivamente muerta y enterrada. Otros tienen el mismo problema, en especial algunos entusiastas del ultraliberalismo, y pienso en los que vieron en la propuesta inicial de la Comisión una especie de llave maestra para una Europa totalmente desregulada. Pienso en particular en ese barón francés que quiere parecer moderno y habla americano cuando se expresa en nombre de la gran patronal.

Pero por suerte el Parlamento Europeo ha hecho su trabajo y una mayoría cualificada del Parlamento ha reescrito el texto presentado en primera lectura sobre la propuesta inicial de la Comisión, para hacer de él un instrumento digno al servicio de la libre prestación de servicios, evitando al mismo tiempo cualquier forma de dúmping social. La Comisión ha hecho muy bien en apoyar en gran medida la posición del Parlamento Europeo, aun cuando se haya podido observar cierta vacilación la semana pasada. El Presidente Barroso ha tomado las riendas. Por supuesto, tendremos que seguir atentos y pedir algunas precisiones más. Dicho esto, la Presidencia austriaca también haría bien en velar por que el Consejo apoye al Parlamento, de modo que podamos llegar rápidamente a la Directiva de servicios decente que tanto esperamos y deseamos.

  Anne E. Jensen (ALDE). – (DA) Señor Presidente, señores Comisarios, en el Parlamento hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y ha quedado demostrado que no hay ningún problema con la Directiva propiamente dicha, aunque sea complicada. Sin embargo, hay enormes problemas con la aplicación práctica de las normas. La gente no conoce sus derechos, las empresas no saben qué normas tienen que seguir y las distintas autoridades públicas interpretan la Directiva de manera diferente. En lugar de modificar la Directiva tenemos por tanto mucho que hacer en términos de administrar mejor y facilitar información de modo más efectivo. La UE y los Estados miembros deben garantizar conjuntamente que sea posible, por ejemplo a través de Internet y de memorias caché rápidas, mejorar la información. De esa manera seremos capaces de recoger seriamente los beneficios de un mercado interior de servicios. Espero que la Comisión adopte iniciativas en este terreno y garantice que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores funcione mejor en el futuro.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, gracias por presentar las directrices sobre el desplazamiento de los trabajadores. Suponen sin duda un importante paso más hacia la liberalización de los servicios.

El documento de la Comisión subraya las barreras administrativas impuestas ilegalmente a las empresas que desplazan a trabajadores al extranjero por motivos de trabajo. Contiene también ejemplos de fallos del Tribunal de Justicia Europeo, que considera que esas prácticas infringen el Tratado. Por desgracia, sin embargo, el documento no propone ninguna manera efectiva de resolver la situación actual.

La Comisión ha demostrado muy claramente que le falta voluntad para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario. No basta con meras referencias a fallos del Tribunal de Justicia. Las barreras siguen inamovibles a pesar de los fallos, del Tratado y de la Directiva. Nada ha cambiado. Así que se reclaman medidas más enérgicas, como emprender acciones legales contra quienes han infringido las disposiciones. Me temo que la propuesta de elaborar otro informe sobre los progresos realizados con vistas a la supresión de las barreras durante un año simplemente supone seguir aplazando dichas medidas.

En conclusión, quisiera decir lo desconcertados que se han sentido muchos diputados a esta Cámara al descubrir que los servicios sanitarios habían sido completamente suprimidos de la opinión de la Comisión sobre la Directiva de servicios, aunque el voto parlamentario reflejó una mayoría a favor de su inclusión.

(Aplausos)

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo a sus Señorías los comentarios que han hecho. Responderé a algunas de las preguntas concretas.

En cuanto a los sectores excluidos, es importante que todos recordemos que las disposiciones del Tratado siguen aplicándose a los servicios que quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. El Colegio de Comisarios debatirá la cuestión de la salud en las próximas dos semanas y entonces se decidirá el alcance de la iniciativa. El señor Kyprianou dirigirá la operación y el señor Špidla y yo le expondremos nuestras ideas. Aunque hoy no puedo concretar más, sí que les puedo decir que como mínimo se tratará la cuestión de la movilidad de los pacientes y el reembolso del gasto sanitario. Tendremos que esperar a ver qué propone el señor Kyprianou.

El señor Harbour es un poco pesimista respecto a la acogida que ha tenido esta propuesta modificada. Es cierto que se han hecho comentarios negativos en algunos medios de comunicación, pero las opiniones cambiarán con el tiempo y cuando las personas hayan tenido más tiempo para digerir lo que se ha votado en el Parlamento Europeo.

He defendido con fuerza la propuesta modificada ante el Consejo de Ministros. En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el domingo 12 de marzo de 2006 defendí con fuerza la nueva propuesta modificada. Comuniqué a los Ministros que pretendía respetar lo que el Parlamento Europeo había acordado en las cuestiones principales. Aunque puede que algunos Ministros se mostraran escépticos en un principio, al final de la reunión la mayoría estaban bastante satisfechos con el resultado. El hecho de que el Consejo Europeo apoyara la semana pasada por amplia mayoría lo que el Parlamento Europeo había votado demuestra que se ha avanzado mucho en el debate.

Es una buena propuesta. El señor Harbour resume muchas de las iniciativas y los aspectos positivos que contiene y nosotros deberíamos estar dispuestos a defenderla como un paso muy importante en el sector de los servicios y decir que será un buen día para Europa cuando se adopte esta directiva en particular.

Como ya he dicho en las reuniones de comisión –recientemente he asistido a una reunión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor–, es importante darse cuenta de que la anterior propuesta de la Comisión nunca habría salido a la luz tal como estaba redactada. Así que los que defendían las propuestas originales tuvieron que reconocer la realidad política: nunca llegaría a convertirse en un texto legislativo.

Lo que yo como Comisario y el Colegio de Comisarios reconocimos fue la realidad política de que no podíamos seguir alardeando de lo brillante que era la propuesta, cuando en el fondo sabíamos que no iba a salir adelante. Adoptamos el enfoque pragmático de decir que esperaríamos a ver si se alcanzaba un consenso amplio entre los diputados al Parlamento Europeo de los principales Grupos porque, con ese consenso, tendríamos más posibilidades de conseguir que la propuesta modificada fuese aprobada por el Consejo de Ministros.

En las reuniones del Consejo de Ministros a las que he asistido había tantas divisiones como en el Parlamento Europeo. Así que creo que el Parlamento Europeo ha señalado muy claramente el camino a seguir. Ahora que tenemos una propuesta revisada, debemos estar todos dispuestos a defenderla y a reconocer que constituye un importante paso adelante. Puede que algunos lo consideren un simple paso más, pero es un paso importante. Será muy beneficioso para la economía europea, porque lo que está en juego es la galvanización de la economía europea de manera que pueda alcanzar unas tasas de crecimiento capaces de generar los niveles de empleo que tanto necesitamos. En mi opinión, la propuesta de servicios modificada hará precisamente eso.

Considerando el amplio consenso que se ha alcanzado sobre los aspectos más difíciles de esta propuesta, estoy convencido de que el Consejo de Ministros querrá trabajar en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo para tratar de alcanzar rápidamente un consenso. Nosotros en la Comisión haremos todo lo posible por facilitar que se llegue a un consenso rápido y definitivo sobre el texto. Si todos mantenemos un enfoque abierto y constructivo, lograremos sacar adelante esta importante propuesta.

(Aplausos)

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señorías, quisiera darles las gracias por el debate que se acaba de producir. Permítanme comentar algunos de los puntos que se han planteado.

En el debate en curso entre los interlocutores sociales y representantes de los Estados miembros, y especialmente en el marco también de los debates parlamentarios, toma cuerpo la idea de que la Directiva está lista para cumplir su objetivo y que no hay ninguna razón urgente para someterla a ninguna revisión legislativa fundamental, aunque su aplicación práctica puede originar varios problemas. Durante el debate en torno a la Directiva sobre los servicios se prometió al Parlamento que la Comisión incluiría en su Comunicación un resumen de las prácticas habidas hasta ahora y de las resoluciones dictadas hasta ahora del Tribunal de Luxemburgo. Está absolutamente claro, y creo que se aplica a todo el sistema jurídico, que las leyes deben usarse siempre de acuerdo con los objetivos para los que los legisladores las han elaborado. La Directiva de desplazamiento de trabajadores debe proteger a los trabajadores desplazados, garantizándoles los derechos correspondientes e impidiendo el dúmping social, protegiéndoles de la explotación e impidiendo que se les obligue a aceptar normas sociales poco razonables, compitiendo de ese modo deslealmente con los trabajadores del país de acogida. Este es el objetivo de la Directiva y ese fue nuestro punto de vista determinante cuando formulamos una estrategia para la Comunicación.

Por supuesto que el objetivo de la Directiva no es crear barreras artificiales, y eso significa que cada barrera y cada procedimiento administrativo debe ponderarse desde el siguiente punto de vista: ¿es necesario y esencial para una mayor protección de los trabajadores? Si la respuesta es sí, entonces será conforme a la Directiva, y si la respuesta es no, entonces no lo será. Puedo citar un ejemplo típico: la protección de los trabajadores exige indudablemente el uso de documentos oficiales, pero es fácil de imaginar que algunos documentos pueden ser innecesarios desde este punto de vista. Esta es una de las cuestiones abordadas en la Comunicación.

En varias intervenciones se ha planteado asimismo una cuestión que no tiene que ver directamente con la Comunicación, sino con el desarrollo ulterior de la Directiva sobre los servicios y con asuntos relacionados con los servicios en general. Es la cuestión de los servicios sociales de interés público. Puedo informar de que la Comunicación ya está ultimada con respecto a los principios básicos de este asunto, y esperamos que se acabe de formular a finales de abril. Por un lado, la comunicación clarificará algunas de las principales cuestiones jurídicas, porque es necesario tener interpretaciones fiables y precisas de las decisiones de los tribunales, y por otro lado establecerá varios nuevos procedimientos que podrían adoptarse con el desarrollo y la elaboración ulteriores del concepto político de servicios de interés público.

Señorías, creo que la Directiva sobre los servicios y la Comunicación correspondiente, junto con las negociaciones complementarias y los pasos posteriores, nos da un ejemplo de cooperación excepcionalmente productiva entre la Comisión y el Parlamento en el marco de algunas partes muy complejas de nuestra legislación.

Señorías, espero que me permitan un comentario más, mencionado ya por mi colega el señor McCreevy, que es que verdaderamente esperamos que se formulen nuevas propuestas legislativas en relación con la asistencia sanitaria, y especialmente en relación con la circulación de pacientes en el sistema sanitario.

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Señor Presidente, me extraña que la Presidencia austriaca de la Unión Europea no tome postura ante una Comunicación tan importante de la Comisión. Escuchando al Canciller Schüssel, resulta que habla muy bien del compromiso obtenido por el Parlamento Europeo, y me encantaría saber si la Presidencia austriaca hará ahora todo lo que esté en su mano para que el Consejo adopte esta nueva posición del Parlamento y la Comisión.

  El Presidente. Señor Goebbels, dudaría en calificar su intervención como una cuestión de orden, aunque ciertamente afecta al orden de los debates. Es una pregunta sobre el orden, pero creo que el Consejo no necesita incentivos de los parlamentarios para intervenir si lo desea. Sabe que puede hacerlo y, si no ha pedido la palabra, será porque no lo considera necesario. Ya sabe usted lo que se dice: el que calla, asienta.

Se cierra el debate.

Declaración por escrito (artículo 142)

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Agradezco a la Comisión que haya tenido en cuenta la posición del Parlamento, que refleja democráticamente las exigencias de la mayoría de ciudadanos europeos.

Lamento que algunos servicios sociales sigan estando excluidos de la Directiva: servicios como viviendas asequibles y el apoyo a la infancia y las familias no pueden estar sujetos a las leyes de la competencia, sino que deben tener en cuenta exclusivamente los intereses de los beneficiarios. Espero, pues, que en la directiva relativa a los servicios sociales que la Comisión ha anunciado para finales de abril se tengan debidamente en cuenta estas exigencias.

Me complace, además, que se haya suprimido el principio del país de origen y que se vaya a elaborar un nuevo documento sobre el desplazamiento de los trabajadores. En efecto, me parece necesario prevenir el dúmping social mediante un minucioso examen de las reglas del mercado, sobre todo en materia de salarios y condiciones laborales. Es importante trabajar para que la competencia mejore la calidad del trabajo por el bien de los trabajadores y los consumidores. El objetivo último de la Unión Europea no es aumentar el volumen de negocio, sino crear una sociedad competitiva al servicio de los ciudadanos, una sociedad que contribuya a mejorar el nivel de vida de todos sus miembros en todos los aspectos.

13. Control de la aplicación del Derecho comunitario (2003 y 2004) - Legislar mejor 2004: aplicación del principio de subsidiariedad - Aplicación, consecuencias y repercusiones de la legislación en vigor sobre el mercado interior - Estrategia para la simplificación del marco regulador (debate)

  El Presidente. El punto siguiente del orden del día es el debate conjunto «Legislar mejor» que abarca cuatro informes:

- el informe de Monica Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre los vigesimoprimero y vigesimosegundo informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario [2005/2150(INI)] (A6-0089/2006),

- el informe de Bert Doorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre Legislar mejor 2004: aplicación del principio de subsidiariedad - 12º informe anual [2005/2055(INI)] (A6-0082/2006),

- el informe de Arlene McCarthy, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la aplicación, las consecuencias y las repercusiones de la legislación en vigor sobre el mercado interior [2004/2224(INI)](A6-0083/2006) y

- el informe de Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador

[2006/2006(INI)](A6-0080/2006).

  Monica Frassoni (Verts/ALE), ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, me satisface especialmente hacer uso de la palabra hoy, no como es habitual en calidad de representante de mi Grupo, sino como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en representación de una mayoría de base más amplia. Como tal, quisiera emitir algunos mensajes sobre este informe, cuyo objetivo fundamental es resaltar que la aplicación del Derecho comunitario constituye una parte importante del expediente «legislar mejor», al igual que los demás temas de que hablaremos esta tarde.

La aplicación es una parte importante del Derecho, ante todo porque la situación a escala de la Unión Europea no es satisfactoria, como dice claramente el informe de la Comisión. Hay problemas muy graves desde el punto de vista, sobre todo, de la legislación ambiental, pero también por lo que respecta a la relativa al mercado interior, y la responsabilidad reside fundamentalmente –no tiene ningún sentido negarlo– en los Estados miembros.

La responsabilidad por la falta de aplicación se debe también a un procedimiento que, al estar consagrado en los Tratados, no es fácil mejorar. Es un procedimiento lento y que establece sanciones relativamente insuficientes: a menudo deja mucho que desear para llegar a una solución positiva en materia de aplicación del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, y lleva muchísimo tiempo.

Quisiera saber si usted considera que la aplicación del Derecho comunitario es o no una prioridad para la Comisión. A juzgar por la Comunicación, no me parece que lo sea, porque como sabemos se favorece más la retirada o la modificación de las directivas que su correcta aplicación.

Creo que en la Comisión hay esencialmente dos escuelas de pensamiento: una que dice: «es mejor evitar problemas con los Estados miembros, así que intentemos resolver los problemas junto con ellos» y otra que dice: «intentemos, por el contrario, aplicar las normas tal como son, no de forma rígida, pero sí de forma positiva, adoptando procedimientos que en la medida de lo posible sean rápidos y conformes a Derecho.»

A este respecto quisiera citar algunos ejemplos: consideramos que una serie de decisiones tomadas por la Comisión en relación con la puesta en marcha de algunos procedimientos, como los relativos a los OGM en Austria, han sido especialmente rápidas y acertadas, mientras que, por lo que respecta a Francia y su incapacidad para aplicar la Directiva «Natura 2000», esperamos desde hace tres años que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión intervenga con arreglo al artículo 228, que es el que se refiere a las multas.

Del mismo modo, hay situaciones interesantes por lo que respecta al derecho de los ciudadanos al reembolso de sus gastos médicos. Sabemos que este tema, que es importantísimo para los ciudadanos, sigue sin resolver porque es un problema políticamente difícil. Al mismo tiempo, solo en dos casos se ha recurrido al artículo 228: en el caso de los vertidos griegos, que se suspendió al cabo de muy poco tiempo, y en el caso de las aguas de baño españolas, retirado en el último minuto por una cuestión que la propia Comisión reconoce que es bastante dudosa desde el punto de vista jurídico.

¿Qué respuesta damos o qué propuestas presentamos para resolver una situación en la que consideramos que la Comisión debe actuar con más transparencia? Antes de nada, consideramos que es preciso mejorar la evaluación y la transparencia con respecto a las modalidades de aplicación del Derecho. Pienso que es importante que la Comisión nos remita los estudios de conformidad que elabora sobre la aplicación del Derecho, cosa que por desgracia no hemos conseguido.

En segundo lugar, me parece importantísimo que se transfieran recursos de todos los órganos que no seguirán elaborando legislación a los que se ocuparán en cambio de su aplicación. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con la idea de que esta transferencia favorezca a quienes lleven a cabo evaluaciones de impacto, cosa que está debatiendo en este momento la Comisión. En tercer lugar –y esto nos afecta a nosotros– consideramos que el Parlamento Europeo debe intervenir de forma mucho más concreta en el tema de la aplicación del Derecho comunitario, no para tocar las competencias de la Comisión –sé que este tema preocupa mucho a los miembros de esa institución–, sino, al contrario, para tener, como hace la Comisión de Medio Ambiente y otras comisiones, una idea más precisa de lo que sucede.

Creo que la política de denuncia pública de los Estados incumplidores con respecto a la aplicación del Derecho comunitario también es muy útil y que la Comisión, quizás, debería ayudarnos a aplicarla de modo más decidido.

  Bert Doorn (PPE-DE), ponente. – (NL) Señor Presidente, quisiera citar un artículo de un influyente periódico neerlandés de mayo del año pasado, justo antes del referendo en los Países Bajos. La cita empieza así: «Ni Barroso, ni Blair, sino el señor Van Alphen, de los Países Bajos, junto con miles de otros funcionarios nacionales, adopta las decisiones cotidianas en Europa». Este artículo no contribuyó en absoluto a una percepción básica positiva del referendo en los Países Bajos. Como saben, todo fue muy mal. Los Países Bajos dijeron no, lo que es preocupante. Son estas mismas normas y reglamentos los que son una fuente de preocupación y que deberíamos debatir hoy más en detalle.

Tenemos que esforzarnos por eliminar la imagen negativa que tiene el ciudadano de las normas y reglamentos. ¿Cómo podemos conseguirlo? Podemos conseguirlo haciendo que sean más transparentes. Hemos de tener en cuenta también la carga administrativa que se deriva de ellos. Muchas empresas acarrean una pesada carga administrativa y si hay algo que afecte a la competitividad de las empresas, es esto.

¿Cómo conseguimos más transparencia y aligeramos la carga administrativa? Podemos hacerlo, en primer lugar, llevando a cabo una evaluación de impacto real, que todavía echamos en falta en este momento. Hemos visto muchos ejemplos de evaluaciones de impacto, y todos ellos varían desde el punto de vista de la calidad. Unas son buenas, otras no. Si en esta Cámara queremos sacar provecho de las evaluaciones del impacto, estas deberían contener información fidedigna e imparcial que sea fácil de entender. Eso es lo que echamos en falta.

En esta Cámara tenemos experiencia de primera mano de algunas evaluaciones de impacto de enmiendas; también nosotros hemos encontrado que la calidad varía, y por eso propongo una revisión independiente de ellas. No hace falta que lo haga una autoridad de peso. Podría ser un grupo de cuatro expertos en el campo de la evaluación de impacto, que simplemente examinaran la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión y las efectuadas en esta Cámara y emitieran recomendaciones sobre esa base. En otras palabras, no hace falta una agencia o autoridad de peso; lo que simplemente necesitamos es una revisión de calidad independiente, que sea efectiva y externa.

Volviendo a la comitología, el artículo que acabo de mencionar hace un momento también tenía algo que decir al respecto. Incluía asimismo otro párrafo, uno sobre los comités, que no quiero ocultarles. «No se ven, no se oyen, unos 450 clubes de consulta en Bruselas que continuamente toman decisiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.» También hace falta más transparencia en este ámbito. Cuando la comitología genera legislación secundaria, dicha legislación debe también verificarse. Debemos demostrar las implicaciones de una legislación de ese tipo por medio de una evaluación de impacto. El público verá entonces que hablamos en serio y que queremos realmente esta transparencia.

Finalmente, como ya ha señalado la señora Frassoni, la aplicación es muy importante y el Parlamento le debería prestar mucha más atención a este aspecto. Cuando un informe se ha debatido en el Pleno, entonces el ponente ya ha terminado su trabajo. Propondría que se pidiera al ponente en cuestión que tres años después de la aprobación en esta Cámara notificara a su comisión el estado de aplicación. Eso contribuiría significativamente a la correcta transposición en los Estados miembros y también a establecer buenos contactos con los Parlamentos nacionales.

Estas son las propuestas: más transparencia, supervisión objetiva de la evaluación de impacto, limitación de la comitología, mayor conocimiento de la comitología y posiblemente un derecho de avocación a favor del Parlamento Europeo si es preciso. Estos son los componentes de un acuerdo interinstitucional que creo imprescindibles para avanzar realmente con estas normas y reglamentos.

  Arlene McCarthy (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, como presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, acojo con gran satisfacción este debate conjunto sobre «legislar mejor» y la oportunidad de debatir con el Consejo y la Comisión la manera de mejorar la experiencia reguladora para consumidores, ciudadanos y empresas, que son los que realmente entienden de la aplicación de la normativa de la UE. La confianza de los ciudadanos, los consumidores y las empresas en la UE está ligada a su experiencia y a su percepción de la legislación de la UE y al impacto que esta tiene en sus vidas cotidianas.

Quiero centrarme en la mejora de la legislación sobre el mercado interior y en la necesidad de proceder con buen sentido en nuestra labor legislativa a favor de los consumidores en el mercado interior. El mercado interior representa casi un tercio del acervo comunitario. Una legislación de calidad, eficaz y simple en el mercado interior debería crear oportunidades para el comercio transfronterizo y dar a los consumidores mayores posibilidades de elección, protegiendo al mismo tiempo los derechos en materia ambiental, social y de consumo. Por otra parte, la adecuación de la regulación en el mercado interior es un factor crítico a la hora de lograr los objetivos de Lisboa sobre empleo, crecimiento y competitividad.

Creo que el mercado interior se beneficiará de un enfoque común y coordinado de las tres instituciones de la mejora del ciclo legislativo en su conjunto. Eso significa que tenemos que pensar también en las consecuencias de los acuerdos y compromisos que alcancemos a medianoche y pensar si las leyes resultantes van a ser más confusas o más claras para los usuarios finales. Creo que eso empieza por unas leyes bien redactadas y claras, evaluaciones de impacto de alta calidad y una consulta efectiva, exhaustiva y transparente a los interesados. Los Estados miembros tienen que tomarse también en serio sus responsabilidades y asegurar una aplicación efectiva y correcta de la legislación sobre el mercado interior. Deben resistirse a la tentación de incorporar o adosar exigencias nacionales a las disposiciones legislativas de la UE. Aunque las tasas de transposición mejoran, como demuestran los indicadores del mercado interior, todavía pueden mejorar mucho más. Por eso pedimos un procedimiento de infracción por la vía rápida para casos relevantes en el mercado interior. Tenemos que aprender de los fallos y errores de la legislación europea. Por eso queremos introducir un sistema de evaluación tanto ex-ante como sobre todo ex post de nuestros errores. ¿Ha conseguido esta legislación su objetivo o, por el contrario, ha ocasionado una distorsión y fragmentación del mercado interior?

Algunos creen que las evaluaciones de impacto deben encomendarse a un organismo externo. Yo no comparto esa idea, porque creo que la legislación en materia de mercado interior debe ser responsabilidad de los funcionarios de la Comisión en el marco de la disciplina de una legislación efectiva. No obstante, la Comisión de Mercado Interior insiste en que todas las propuestas legislativas vayan acompañadas de una evaluación de impacto de calidad, un resumen y un lista de comprobación sobre «legislar mejor» de las propuestas relativas al mercado interior.

Por supuesto, la regulación alternativa suscita un gran escepticismo. Aunque el Acuerdo Interinstitucional contempla esta opción no legislativa, insistimos en que, cuando se trate de leyes del mercado interior, el Parlamento sea informado y consultado sobre esos enfoques alternativos. Se justifican a la luz de evaluaciones de impacto. Igualmente, tenemos que prever la compensación de los consumidores y la aplicación de sanciones en el caso de que estas regulaciones alternativas no beneficien al consumidor en el mercado interior.

Quiero insistir en la labor de la Comisión de Mercado Interior como parte activa del proceso de «legislar mejor». Sé que los Comisarios dicen a menudo que el Parlamento no se toma en serio su función. Nosotros fuimos la primera comisión que encargó su propia evaluación de impacto, bajo la presidencia del señor Whitehead, en relación con las enmiendas al informe Toubon sobre las cantidades nominales para productos preenvasados. Respecto a la propuesta relativa a la pirotecnia, estamos realizando una evaluación de impacto de las enmiendas propuestas por nuestro ponente. Tendremos en cuenta el análisis de coste-beneficio de sus enmiendas a esa propuesta. Estamos organizando una audiencia sobre el impacto de las leyes de contratación pública en el mercado interior. La contratación pública en la UE representa hasta el 16 % del PIB de la UE, aunque el paquete de leyes de 1992, según se demuestra en una serie de casos del TJCE, no ha conseguido la deseada apertura del mercado.

Seamos claros. Son los consumidores, los ciudadanos y las empresas quienes salen perdiendo cuando las leyes no surten efecto. La mala elaboración produce inseguridad jurídica y una transposición deficiente o confusa, y al final nos encontramos con empresarios o consumidores confundidos que pierden su confianza en el mercado interior. El TJCE, después de años de deliberación, se convierte al final en el árbitro de la mejora de la legislación. Este no es el camino adecuado.

Por último, quiero citar los casos de SOLVIT, que me parece una excelente iniciativa de la Comisión. Un médico cualificado llevaba años tratando de registrarse como médico en España. Cuando ya se había gastado mucho dinero en abogados y había dejado de confiar en el mercado interior, el sistema SOLVIT intervino y le ayudó en un plazo de diez semanas a conseguir que fuera registrado como médico en España. Ese médico dijo: «SOLVIT ha restablecido mi confianza en el mercado interior.»

Así pues, la realidad es que unas leyes buenas que están bien elaboradas, son fáciles de aplicar y fáciles de hacer cumplir y controlar, son un factor fundamental para restablecer la confianza en el mercado interior. Espero que el debate de hoy marque el comienzo de un proceso de estrecha cooperación, de intercambio de las mejores prácticas entre las instituciones en una estrecha alianza entre iguales, para construir y restablecer la confianza que el médico antes citado nos pidió que consiguiéramos para él como consumidor en el mercado interior.

(Aplausos)

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), suplente del ponente. – (DE) Señor Presidente, Señorías, quisiera hablar de tres aspectos, empezando por el asunto de la simplificación. No cabe duda de que esta Cámara, por principio, apoya a la Comisión en sus esfuerzos por simplificar el proceso legislativo, pero también quiero dejar claro que en este terreno, como en tantos otros casos, hay que hilar muy fino y tenemos que tener cuidado de no excedernos.

Permítanme darles un ejemplo. Mirando este documento de la Comisión, por ejemplo, veo que quieren simplificar todo el conjunto del Derecho mercantil y de sociedades; ahora sé, como uno de los ponentes permanentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos en este ámbito, que muchas de las directivas y reglamentos que hemos aprobado al respecto han sido fruto de negociaciones y compromisos muy complejos y que cada propuesta de simplificación encierra el riesgo inherente de que se abra la caja de Pandora y que se pongan de nuevo en cuestión compromisos a los que se ha llegado después de muchos esfuerzos. Eso significa que la simplificación es un instrumento que debe manejarse con sumo cuidado.

Por esa razón creo decididamente que sería aconsejable que pensáramos un poco, tanto cuando simplificamos como cuando codificamos, en la posibilidad de que las tres instituciones adoptaran un acuerdo interinstitucional que señalara claramente cómo hay que proceder para simplificar las leyes.

Un segundo punto que quisiera que la Comisión examinara es el asunto de las prioridades que deberían establecer las propuestas de simplificación. Las directivas suelen estar dirigidas a los legislativos nacionales y no al público, y las leyes con las que tienen que tratar los profesionales son las promulgadas a escala nacional. De ello se deduce que la simplificación de las directivas no debería ser más que un objetivo secundario. La Comisión debería dar prioridad a los reglamentos por la sencilla razón de que los reglamentos son directamente aplicables como ley y tienen un efecto directo en los miembros del público que recurren a la ley.

La segunda cuestión tiene que ver con la evaluación de impacto. Quiero subrayar una vez más el hecho de que la mayoría de nosotros en esta Cámara consideramos que es totalmente necesario un elemento independiente en la evaluación del impacto de las leyes. En un informe que presentó en diciembre, esta Cámara pidió una agencia independiente de acuerdo con el modelo estadounidense. Por mi parte, quiero dejar claro que eso no es una condición indispensable para mí; es algo de lo que podemos hablar. Lo que considero indispensable, sin embargo, es la participación de un elemento externo independiente en la evaluación del impacto que tienen las leyes. No es de recibo que los funcionarios que hacen las propuestas sean también y al mismo tiempo los responsables de medir el impacto que tendrán esas propuestas, ya que la consecuencia de eso es que la evaluación de impacto termina siendo ni más ni menos que parte de su justificación, y no es eso lo que queremos. Así que por esta razón tenemos que idear algo sensato con la Comisión en relación con esta cuestión.

Desde diciembre de 2003 existe un acuerdo interinstitucional según el cual la Comisión es, en principio, responsable de la evaluación de impacto. Eso también significa, sin embargo, que ejerce una responsibilidad con y en nombre del legislativo, es decir, en nombre del Parlamento y el Consejo, de manera que creemos que también nosotros en esta Cámara deberíamos tener –y tenemos– derecho a ser consultados sobre cómo se lleva a cabo esta evaluación de impacto.

Podría añadir que esta es también la razón por la que nosotros, en la Conferencia de Presidentes, aplazamos inicialmente la aprobación de una resolución sobre la continuación de los acuerdos administrativos, ya que estos, por supuesto, tienen que ser renegociados, entre otras cosas a la vista de las resoluciones que aprobaremos sobre esos cuatro informes en mayo de este año.

Quisiera decir algo acerca de una cosa que sin lugar a dudas es un asunto vivo. El 16 de marzo, la Abogada General Sharpston presentó su dictamen en el caso de España contra el Consejo, en cuyas conclusiones se refiere explícitamente a la evaluación de impacto, señalando que la ausencia de toda evaluación de impacto suficiente es un indicio de que el acto jurídico se ha adoptado arbitrariamente, y eso demuestra y confirma el creciente interés del Tribunal de Justicia por esta cuestión.

Más allá de lo que ha dicho el señor Doorn al respecto, creo que es fundamental que también hay que evaluar el impacto de las decisiones que se tomen a través de la comitología. Hay un montón de casos que podríamos citar a título de ejemplo en los que la auténtica locura burocrática está en las decisiones comitológicas y no en la propia legislación, así que también desde este punto de vista es necesario que haya un control adecuado del impacto que tienen las leyes.

Por último, permítanme abordar la tercera cuestión, la de la consulta a las partes interesadas, es decir, el proceso por el que se escucha a los interesados. Al elaborar la legislación, la Comisión ha llegado a basarse en gran medida en organizaciones y asociaciones de toda Europa. No tengo nada en contra de los grupos de presión europeos, pero los procesos por los que llegan a adoptar las decisiones son a veces más complejos que los del Consejo de Ministros, y lo que sale de ellos es a menudo un consenso condensado en necedades. Creo que necesitamos también otros tipos de mecanismos de consulta para obtener la información directamente de las partes interesadas que operan en sus lugares de trabajo y tienen que tratar por consiguiente con estos asuntos. Así, por ejemplo, el mecanismo de consulta que hemos propuesto a través de la red dedicada actualmente a desarrollar el Derecho contractual europeo, con el que hemos definido una categoría limitada de personas a las que hay que consultar, podría ser un buen ejemplo de cómo mejorar esos mecanismos.

  Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. – (DE) Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de hablar hoy con ustedes sobre una cuestión de gran importancia para Europa. Sé por mis propios contactos, muy cercanos, mantenidos con los ciudadanos durante los últimos meses, que la cuestión de «legislar mejor», junto con todo lo que se relaciona con ello –quizá no como un lema, ya que muchos de ellos no saben qué quiere decir, sino como principio– es una de las cuestiones que más les interesa.

Como saben, el programa de la Comisión para este año lleva el título de «Liberar todo el potencial de Europa», un título muy acertado. El Consejo está convencido de que un mejor proceso legislativo contribuirá en buena medida a hacer esto posible. Tenemos la intención de que el proceso legislativo ayude al ciudadano en vez de ponerle dificultades, y lo mismo se puede decir –tal como ya ha dicho la señora McCarthy– del consumidor, pero esto vale en particular para la vida comercial, donde se ha hecho demasiado poco para fomentar el dinamismo y la creatividad, en concreto de las pequeñas y medianas empresas. No fue hasta hace poco que el Consejo Europeo manifestó su deseo de promover las pequeñas y medianas empresas y dio algunos pasos en esa dirección. Algunos estudios han demostrado que la carga administrativa para las empresas y los ciudadanos representa del 2 al 5 % del PNB europeo, por lo que nuestra intención es que se logre un marcado repunte de la competitividad mediante la evaluación del efecto de la carga administrativa, la simplificación y su disminución.

Últimamente, el término «legislar mejor» se viene utilizando con frecuencia, y estoy de acuerdo con el señor Lehne en que no hay que mezclar la fruta fresca con la podrida y que este término, a menudo, se utiliza con poco rigor y se devalúa, ya que no siempre está claro qué queremos decir con ello. Puedo decir, en nombre del Consejo, que la participación hoy de la Cámara en esta cuestión con nada menos que cuatro informes nos complace mucho.

La Presidencia del Consejo sigue considerando el Acuerdo interinstitucional sobre «legislar mejor», al que ya se ha hecho referencia hoy, como el marco para nuestra cooperación. Pretendemos colaborar con la futura Presidencia finlandesa, con la Comisión y, por supuesto, con esta Cámara, para sacar adelante el programa de reforma del marco regulador.

Voy a examinar con mayor detalle algunos de los ámbitos que son importantes en este contexto.

Empezaré con la simplificación. La simplificación de las normativas de la UE es algo que tiene un efecto tangible en las empresas y los ciudadanos, y por este motivo será muy eficaz si también nos permite ganar una mayor credibilidad. La iniciativa del Comisario Verheugen de revisar toda la reglamentación y los planes actuales para la simplificación sectorial y redoblar los esfuerzos por la simplificación horizontal nos han puesto en el buen camino. También estoy muy impresionado por la presencia hoy del Presidente y el Vicepresidente de esta Cámara y por su participación en este debate, ya que hemos de alentar un mayor progreso en esta senda, y esto es lo que tanto el Consejo como la Comisión están haciendo al tomar medidas para acercar Europa a sus ciudadanos. Como saben, la Presidencia austriaca, en cierta medida, ha adoptado como lema el de «acercar Europa de nuevo a sus ciudadanos», y estas iniciativas, incluidas las de la Comisión, contribuyen sobremanera a que así sea. También ayudan a que Europa tenga éxito a la hora de lograr los objetivos de Lisboa. La Presidencia del Consejo se alegra de ver que la Comisión no solo está llevando a cabo la «simplificación de la legislación vigente» mediante una depuración general del acervo comunitario, sino que también prevé incluir en esto el resultado de los esfuerzos del Consejo en este ámbito.

Junto con la futura Presidencia finlandesa y la Comisión, estamos tratando de obtener mejores métodos de trabajo para la simplificación y para potenciar la eficiencia de la cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento y, por lo tanto, también es útil que la Comisión, con carácter anual, facilite información al Consejo sobre su programa de simplificación. También proponemos que los expedientes de simplificación ocupen un lugar prioritario en nuestros órdenes del día, y que el Consejo y el Parlamento se esfuercen, en la medida de lo posible, por aprobar expedientes de simplificación en primera lectura.

La carga administrativa –a la que ya se ha hecho referencia– que soportan las personas afectadas se puede evaluar, por supuesto, directamente y les afecta directamente. Necesitamos instrumentos en la esfera europea para hacer precisamente esto. Dichos instrumentos existen; todo lo que hay que hacer ahora es utilizarlos. La Presidencia del Consejo está, en estos momentos, elaborando un documento sobre la fijación de objetivos cuantitativos en este ámbito.

En cuanto a mi tercer punto, quiero retomar el tema de la elección de instrumentos legislativos, ya que, por mucho que nos esforcemos por mejorar la labor legislativa, existe una serie de aspectos importantes que no hemos de perder de vista, entre los cuales cabe citar el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, mientras, al mismo tiempo, se procura asegurar que el acervo comunitario permanezca intacto. Lo que queremos ver no es menos Europa, sino una Europa mejor.

Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad son las directrices fundamentales para que las instituciones actúen en el desempeño de sus competencias comunitarias y, por consiguiente, son parte integrante de la mejora de la labor legislativa.

La subsidiariedad y la proporcionalidad también desempeñan un papel fundamental en la elección de los instrumentos jurídicos. En las evaluaciones de impacto es necesario considerar varias medidas alternativas, una de las cuales ha de ser la opción de actuar en un nivel inferior al de la propia UE.

No obstante, por el contrario, se defenderán mejor los intereses de claridad jurídica y buen funcionamiento del mercado interior mediante reglamentos que mediante directivas, y esto también se ha comentado hoy. En general, es crucial que en cada caso individual se elija el instrumento que mejor permita a Europa conseguir lo que pretende la reglamentación y, así pues, en la práctica, existe una estrecha conexión entre las evaluaciones de impacto, que tienen un valor considerable, hablando desde una óptica cualitativa, y la aplicación efectiva de la subsidiariedad y la proporcionalidad.

Tanto el Consejo como el Parlamento ya están obligados por el acuerdo interinstitucional a recurrir ampliamente a las evaluaciones de impacto de la Comisión en el proceso de toma de decisiones. Estas evaluaciones de impacto de la Comisión también pueden servir, por consiguiente, de base para un debate activo sobre los principios de la subsidiariedad y la proporcionalidad. Quizá aproveche esta oportunidad para reiterar que pretendemos, con el fin de profundizar el debate, organizar una conferencia sobre la subsidiariedad en Austria, el 18 y 19 de abril, en la que esperamos que la Cámara haga aportaciones valiosas.

Tal como se ha subrayado hoy en general, las evaluaciones de impacto deben elaborarse según los más altos niveles de calidad para utilizarse seguidamente en el proceso de negociación: la Presidencia austriaca del Consejo elaborará lo que se puede llamar un manual para presidentes de grupos de trabajo del Consejo con el título «Uso de las evaluaciones de impacto en el Consejo».

También queremos alentar una mayor cooperación entre instituciones, en particular con respecto a la evaluación del impacto de las principales enmiendas propuestas por el Consejo y en la observancia coherente del modus operandi que se ha acordado para las tres y, teniendo esto en cuenta, esperamos con gran interés la revisión de la evaluación de impacto por parte de la Comisión, que se ha anunciado para esta primavera.

En general, la Presidencia comparte el punto de vista de la Cámara de que las evaluaciones de impacto de gran calidad son componentes esenciales de un marco regulador mejorado.

Otro aspecto al que se ha hecho referencia es la implicación de los denominados «interesados» en el proceso de consulta, que es vital si ha de existir una mayor transparencia. Hay que informar exhaustivamente a los interesados sobre las opciones para la consulta, hay que tener en cuenta sus opiniones al elaborar las políticas y también hay que facilitarles la debida realimentación.

Voy a concluir añadiendo un comentario sobre la transparencia. Si los ciudadanos han de aceptar las decisiones que adoptamos, es importante no solo que la legislación que aprobemos sea comprensible y sencilla, sino que mejoremos las explicaciones sobre cómo hemos llegado a estas decisiones. Es necesario que el proceso decisorio sea lo más transparente posible para el público en general. Nuestro canciller federal lo ha dicho al presentar el programa de Consejo austriaco, aspecto que he destacado en muchas ocasiones. Es importante para la Presidencia austriaca del Consejo continuar avanzando en la transparencia. Se han adoptado las primeras medidas mediante las resoluciones aprobadas en diciembre, sobre cuya base pretendemos ahora dar esta expresión práctica y, en lo posible, destacar otros métodos con los que se pueda lograr una mayor transparencia.

Tal como he dicho al principio, «legislar mejor» es un proyecto de relevancia pública y que nos concierne directamente a todos. Si se consigue, juntos habremos logrado añadir un valor real y habremos logrado que las ventajas de la Unión Europea sean más claras para sus ciudadanos.

PRESIDENCIA DEL SRA. KAUFMANN
Vicepresidenta

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, la legislación europea ocupa un lugar central en todo lo que hace que la Unión Europea sea especial. De hecho, somos una Comunidad basada en el Estado de Derecho. Sin el Derecho tendríamos que basarnos en la negociación permanente, en el equilibrio de fuerzas entre los Estados miembros o en su buena disposición, aunque solo en teoría, en la cooperación y la buena voluntad. No queremos una Comunidad basada en la arbitrariedad o en la discrecionalidad. Queremos una Comunidad basada en el Estado de Derecho. Solo el Derecho puede garantizar las libertades de que hoy disfrutan los europeos.

Creo que esto es una cuestión de principio importante y me permito una observación personal. Hace tres días, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, di una conferencia, la conferencia Jean Monnet, referida precisamente a mi noción del Derecho en la Unión Europea. Creo que es más necesario que nunca reafirmar los principios de una Comunidad basada en el Estado de Derecho que es nuestra Comunidad. Esto es lo que marca la diferencia con otras experiencias a escala internacional.

Legislamos por muchas razones: por ejemplo, para proteger la salud velando por la seguridad alimentaria, para proteger el medio ambiente fijando normas de calidad del aire y del agua, o para dotar de normas a las empresas que operan en el mercado interior, de modo que luchen con las mismas armas y se evite cualquier discriminación.

Legislamos a escala de la Unión Europea porque los Estados miembros se han puesto de acuerdo para que determinadas medidas se adopten a escala comunitaria. Concretamente, se trata de sustituir 25 normas nacionales por una sola norma, aplicable en toda la Unión Europea. Sin embargo, debemos velar por que la legislación y las normativas europeas aporten un valor añadido: es preciso que apunten a su objetivo, que respeten los principios de subsidiariedad y que sean correctamente aplicadas, y al mismo tiempo que sean proporcionales a las necesidades a que responden. Las medidas adoptadas no deben ser excesivas ni ir más allá de lo estrictamente necesario. Hay que evitar las normas demasiado prescriptivas, que entrañan gastos injustificados o que puedan resultar contraproducentes.

Hay que eliminar también los efectos acumulativos de las normas, que con el tiempo acaban solapándose, lo cual es perjudicial para las empresas, el sector voluntario, las autoridades públicas y los ciudadanos.

Permítanme, pues, felicitar al Parlamento Europeo por haber tomado la excelente iniciativa de este debate sobre el tema «legislar mejor». Nos brinda la ocasión de llevar a cabo un examen coherente del mismo. Quiero dar las gracias a la señora Frassoni, al señor Doorn, a la señora McCarthy y al señor Gargani, sustituido hoy por el señor Lehne, por su excelente trabajo y por sus informes.

Para influir realmente en la calidad de nuestras iniciativas legislativas, necesitamos un conjunto de medidas y un principio rector firme. Así se desprende claramente de los distintos informes, que a mi juicio proporcionan una base sólida para nuestro intercambio de puntos de vista. Esos informes y la forma en que respondemos a ellos demuestran que nuestras dos instituciones han recorrido mucho camino en los últimos años. La necesidad de legislar mejor y establecer normas mejores es objeto de un consenso real. Nuestra actividad legislativa es un proceso continuo. Debemos colaborar para que nuestras decisiones políticas, sean las que sean, se traduzcan en una legislación de máxima calidad. Y en este punto quisiera celebrar también todas las iniciativas tomadas por la Presidencia austriaca al respecto.

¿Cómo percibimos este desafío? Lo reconocemos: todavía debemos introducir mejoras en todas las fases del ciclo, es decir, de los actos ya adoptados a las nuevas iniciativas, pasando por las propuestas en curso de negociación. Por esta razón, la Comisión ha lanzado un vasto dispositivo para legislar mejor que conjuga varias medidas: un sistema para evaluar la repercusión de las propuestas importantes de la Comisión; un programa de simplificación de la legislación vigente y de retirada de cierto número de propuestas de la Comisión que están en espera de ser examinadas por el Parlamento y el Consejo; y un recurso más frecuente a medios de resolución de problemas distintos de la legislación convencional, como por ejemplo la autorregulación por las partes afectadas o la corregulación por parte del legislador. Todas estas medidas están dando ahora resultados palpables.

(EN) Pasemos a la evaluación de impacto. Desde 2003, la Comisión cuenta con un sistema para comprobar el impacto económico, social y ambiental de sus principales propuestas. Desde que se adoptó un enfoque integrado se han publicado 120 evaluaciones del impacto. También hemos puesto al día nuestras directrices para ayudar al personal a examinar mejor las opciones e impactos, incluso sobre la competitividad, y centrar la atención en cuestiones como el coste del exceso de burocracia. Esto refleja un cambio marcado y profundo de enfoque y de actitud. Creo que es un auténtico progreso. Sabemos que no todas las evaluaciones alcanzan todavía el mismo nivel de calidad. Sabemos que son mejorables. Reconocemos, como se señala en el informe del señor Doorn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que la calidad es mejorable y que los mecanismos de control de calidad deben fortalecerse.

Suscribo plenamente la necesidad de una revisión independiente de las evaluaciones de impacto; una especie de principio de los «cuatro ojos». Estamos desarrollando un enfoque integral. En primer lugar tenemos que garantizar que nuestras evaluaciones de impacto se organicen de manera correcta. Como se prometió en marzo de 2005, estamos creando una red de expertos técnicos y científicos para ayudarnos a desarrollar métodos que garanticen que las evaluaciones de impacto sean completas y de alta calidad. También se está llevando a cabo una evaluación externa del sistema para detectar en qué aspectos actuamos bien y en cuáles hemos de mejorar. Igualmente, los autores de las evaluaciones de impacto necesitan información para saber si han hecho un buen trabajo. Por eso la consulta forma parte inseparable del proceso de evaluación de impacto. Es también una razón por la que todas las evaluaciones del impacto de la Comisión se publican en la página web de Europa.

En cuanto al control de calidad de las evaluaciones individuales, estoy de acuerdo con que conviene llevar a cabo una revisión independiente de los servicios que proponen la legislación. Sugiero que la mejor garantía de imparcialidad es que esa revisión esté bajo la autoridad del Presidente de la Comisión. He pedido al Secretario General de la Comisión que examine cómo se puede intensificar nuestro apoyo y control de calidad.

Pero permítanme subrayar que necesitamos colaborar mucho más estrechamente con sus Señorías en el tema de la evaluación del impacto. Acojo con agrado al reciente acuerdo sobre el enfoque común de la evaluación de impacto. Este conjunto de reglas para tratar la evaluación de impacto en las tres instituciones es un importante paso adelante; facilitará nuestro trabajo conjunto y evitará la duplicación de esfuerzos.

En cuanto a la simplificación hemos comenzado bien. El programa de acción que adoptamos el año pasado prevé la anulación, codificación, refundición o modificación de unos 220 actos legales que abarcan un amplio espectro de políticas. El programa, que ya está en marcha en los sectores del automóvil, los residuos y la construcción, se revisará y pondrá al día en consulta con los sectores interesados. Seguirán otros sectores como el de la alimentación, la cosmética, los medicamentos y los servicios. Necesitamos la aportación de sus Señorías para fijar los objetivos correctos y garantizar los mejores resultados.

Necesitamos que el Consejo y el Parlamento aceleren la adopción de propuestas de simplificación. Mi interpretación de sus informes es que básicamente estamos de acuerdo sobre lo que intentamos conseguir. Ahora tenemos que ponernos a trabajar, ir a lo esencial y conseguir resultados.

También nos enfrentamos a cargas administrativas especialmente pesadas para las pequeñas empresas. Eso significa simplificar las formas y modernizar el código aduanero para facilitar el intercambio electrónico de información. Estamos introduciendo la medición de los costes administrativos en nuestras evaluaciones de impacto. Es esencial que el Consejo y el Parlamento presten atención a la carga administrativa cuando proponen enmiendas.

También necesitamos probar nuevos enfoques de la regulación, viendo en la corregulación y la autorregulación posibles alternativas. Podemos trabajar más estrechamente con la industria, por ejemplo, para conseguir resultados sobre una base voluntaria.

Entiendo perfectamente la inquietud de sus Señorías por no participar de cerca en la elaboración de planteamientos no legislativos. Cuando esos planteamientos parezcan la mejor vía, acepto plenamente la necesidad de encontrar maneras de mantener al Parlamento implicado en su elaboración y aplicación.

Finalmente, quisiera decir algo acerca de la aplicación de la ley. Esto es altamente prioritario para la Comisión. Les pido que examinen las conclusiones de la reunión de hoy de nuestro Colegio. Hemos analizado 2 055 casos de infracciones. Esta ha sido la decisión de la Comisión de hoy. A veces las decisiones son muy difíciles y esperamos que algunos Estados miembros reaccionen. Espero que apoyen la gran implicación de esta Comisión en la aplicación y el control del cumplimiento del Derecho comunitario.

Nuestras leyes han de aplicarse y ejecutarse correctamente, pues de lo contrario nuestros esfuerzos en el terreno de la definición de políticas y la legislación serán vanos. A medida que maduran cada vez más ámbitos políticos deberíamos observar un desplazamiento de la atención política y de los recursos al terreno de la aplicación. De hecho, esta es una gran prioridad para esta Comisión. Todo este programa de «legislar mejor» –incluida la aplicación– se ha convertido en un buque insignia de esta Comisión. Me ocupo personalmente de él, junto con el Vicepresidente Verheugen y todo el Colegio de Comisarios. La Comisión como tal tiene que gestionar los procedimientos de infracción de un modo eficiente. Soy consciente de la necesidad de reducir la duración de cada uno de los procedimientos de infracción. Necesitamos métodos más rápidos para responder a los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en los negocios. Deberíamos examinar juntos estas cuestiones de aplicación en sentido amplio y explorar vías constructivas para tratarlas. Este mismo año espero que la Comisión se presente de nuevo ante ustedes con propuestas específicas.

Creo que los informes que debatimos hoy presentan un análisis compartido de lo que hay que hacer. Hemos colocado las piedras angulares y ahora tenemos que cumplir nuestros compromisos. Estoy convencido de que si trabajamos en asociación podemos demostrar que Europa no equivale a burocracia y cargas innecesarias, sino que se trata de dar a los ciudadanos lo que necesitan de la manera correcta. Creo que si trabajamos en asociación reforzaremos una Comunidad basada en los principios del derecho.

(Aplausos)

  Ieke van den Burg (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (NL) Respaldo plenamente lo que ha dicho el señor Barroso en la última parte de su intervención. En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, he elaborado un informe de opinión sobre el informe del señor Doorn. Quiero felicitarle por este informe y también darle las gracias por incluir, prácticamente en su totalidad, los diversos apartados que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hemos introducido en nuestro informe, basándonos en nuestra experiencia.

También quiero respaldar lo que ha dicho el señor Winkler y responder dándole un sesgo ligeramente diferente, en concreto que legislar mejor no siempre equivale a menos normas y reglamentos o a una desregulación, sino más bien una regulación más efectiva que esté centrada principalmente en el resultado final. Este ciclo de preparación, consulta, formulación de normas, evaluación de impacto y, posteriormente, aplicación y cumplimiento, ha sido mencionado por varias personas. En nuestro informe de opinión he defendido que en realidad hemos de empezar por atrás y observar el proceso desde ese ángulo. ¿Cómo podemos hacer que el proceso sea eficaz? Y, sobre esta base, ¿qué normas necesitamos elaborar?

Un mal ejemplo de cómo no se ha hecho esto, de cómo no se ha considerado en modo alguno y de cómo no se ha hecho uso de la dimensión de campo en la etapa de elaboración es la Directiva de servicios, que acabamos de debatir en su forma original. Por suerte, el Parlamento ha cambiado esta Directiva.

También quiero mencionar buenos ejemplos de esta misma Dirección General de Mercado. Particularmente en el ámbito de la prestación financiera de servicios se ha desarrollado una práctica en esta Dirección General que propuso el comité de expertos Lamfalussy y que llamamos el procedimiento Lamfalussy. En este marco, son aquellas personas que utilizan las normas y reglamentos y, en la práctica, en concreto, los supervisores, los operadores económicos, los consumidores y los usuarios implicados en el proceso, quienes han de poder opinar más sobre el contenido de estas normas. También hemos utilizado este ejemplo para mostrar otros, y es algo que queremos volver a dejar muy claro en este debate. Aunque tenemos problemas con la avocación y con la responsabilidad del Parlamento en su calidad de colegislador para poder hacer el seguimiento de lo que se elabora, apoyamos sin reservas el proceso como tal.

  Pervenche Berès (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (FR) Señora Presidenta, señor Winkler, señores Comisarios, este debate es esencial. A fin de cuentas, trata del derecho de iniciativa de la Comisión en materia legislativa. En efecto, ya se trate de legislar mejor o de elaborar leyes, lo que importa es cómo se toma la iniciativa en pro de la ley. Y si en los Tratados se concede a la Comisión el derecho de iniciativa es porque debe encarnar el interés general. Debe tener la capacidad de no ser una mera caja de resonancia de las distintas empresas afectadas, sino representar a todos los que no necesariamente puedan organizarse. En este sentido, creo que todos estamos convencidos de que legislar mejor es sin duda importante para el mundo de los negocios, pero que en ocasiones debe traducirse también en más legislación. Esto, señor Barroso, es lo que le explicó claramente el Parlamento cuando su Comisión propuso retirar 68 propuestas de texto y cuando, con toda claridad, por lo que respecta por ejemplo a las sociedades mutuas, manifestamos la necesidad de una legislación.

En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, he elaborado una opinión sobre el informe del señor Gargani, que se centra en la simplificación de la legislación y, a este respecto, desearía hacer tres observaciones.

En primer lugar, debemos prestar atención al hecho de que, en este terreno, las cuestiones técnicas ocultan sin duda la cuestión política del contenido: ¿qué simplificamos? ¿Sobre qué acervo comunitario trabajamos al amparo de la simplificación?

En segundo lugar, algunos piensan a veces que legislar mejor es sinónimo de autorregulación. En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios tenemos, con el caso de las normas contables, el ejemplo perfecto de una situación en la que, a falta de una regulación democrática muy específica, a veces pueden producirse peligrosos abusos.

Para concluir, la búsqueda de la simplificación debe conducir también a adoptar una legislación mejor elaborada, en la que el Parlamento defina los principios y el resto se remita a la comitología. Como saben, apoyamos plenamente este enfoque desde el momento en que descansa en un acuerdo de comitología que reconoce plenamente los derechos del colegislador en la materia, es decir, del Parlamento Europeo.

  Eoin Ryan (UEN), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (EN) Señora Presidenta, los Estados miembros que pregonan el proteccionismo como una opción política positiva lo disfrazan de patriotismo o tienen miedo no de lo que Europa puede llegar a ser, sino de lo que ya es: una economía basada en el libre comercio y la libre competencia. Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y ponente de opinión sobre «legislar mejor», creo firmemente que estimular la competencia a través de la reforma de la legislación es el estímulo inicial que Europa necesita para mejorar la productividad.

Me parece imperativo que todas las futuras evaluaciones de impacto legislativo tengan en cuenta el creciente nivel de competencia mundial. Además, si la Unión Europea tiene que volverse más responsable y flexible ante la corriente mundial de cambio del mercado, propongo a la Comisión que se incluya una cláusula de revisión en toda la nueva legislación. Asimismo es fundamental que al amparo de la tarea de «legislar mejor» se examinen alternativas a la legislación. Hay que estudiar medidas como el aumento de los niveles de consulta y los mecanismos para acelerar la resolución de disputas.

El objetivo primordial de toda legislación debería ser que el mercado interior funcione sin obstáculos transfronterizos al crecimiento de las industrias. Por consiguiente, debemos aprovechar las oportunidades que brindan las sustanciales economías de escala a través de fusiones y adquisiciones. Espero con ansiedad medidas concretas por parte de la Comisión con miras a reducir el coste de la operación de ajustarse a 25 regímenes nacionales diferentes. Acojo con satisfacción el funcionamiento del Plan de Acción de Servicios Financieros. Sin embargo, no debemos permitir que los Estados miembros se duerman en los laureles en la aplicación de estas 42 directivas. Si falta compromiso entonces habrá que aplicar medias de ejecución.

Hay que mejorar la uniformidad y el grado de aplicación si queremos alcanzar de manera realista los objetivos de Lisboa y los retos de la globalización. La gente necesita darse cuenta de que la globalización está aquí, y está aquí para quedarse. Es política y económicamente inaceptable que algunos Estados miembros busquen volver a las políticas proteccionistas. Las empresas irlandesas y otras sociedades europeas están tratando de hacer realidad el mercado único y abordar frontalmente los retos de la globalización, y el ruidoso proteccionismo de los Gobiernos no debería interponerse en su camino.

  Mihael Brejc (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. – (SL) Apoyo los esfuerzos de la Comisión y de cualquier otro órgano por legislar mejor y mejorar la elaboración de la legislación de la Unión Europea y, sin embargo, al mismo tiempo, lamento que no se haya aprobado el Tratado Constitucional. Lo lamento porque, en concreto, en el Tratado Constitucional elaboramos un muy buen marco regulador transparente, que nos ofrece otra oportunidad de acelerar su proceso de ratificación.

Hoy, el señor Barroso ha mencionado ciertos ámbitos que hay que seguir revisando. Hemos de añadir el terrorismo a esa lista. En el ámbito del terrorismo ya hemos aprobado 58 reglamentos, directivas, etc., 27 de las cuales se encuentran en la etapa de proyecto y otras 15 aún están por llegar. En resumidas cuentas, nuestro entramado legal para la lucha contra el terrorismo es extremadamente opaco: no logro aclararme con toda esta maraña y espero que los terroristas tampoco puedan orientarse entre toda esta confusión.

Europa padece dos formas de idealismo, como mínimo. La primera es el idealismo normativo: si un determinado ámbito está sin regular, creemos que una mayor reglamentación resolverá el problema. La consecuencia es que se permite que la reglamentación se expanda desproporcionadamente. La segunda es el idealismo organizativo: si creemos que un ámbito necesita regularse mejor, creamos una institución. La última que creamos es una institución para la igualdad de oportunidades, y la anterior fue una institución para los derechos humanos. Como si fueran una garantía de más y mejor reglamentación.

Son ilusiones que nunca se harán realidad, por lo que sería mejor que la Comisión examinara cómo están regulados estos ámbitos y, por supuesto, cómo afectan a las personas. Los ciudadanos se preguntan si es realmente necesario que tengamos tanta legislación, tantas instituciones, etc. Asimismo, no creo que la Comisión necesite nuevas instituciones para supervisar actos legislativos y la revisión de sus proyectos, pues ya disponemos de un Parlamento capaz de cumplir esta función perfectamente.

Por último, los ciudadanos no van a tener en mayor estima a las instituciones europeas por el hecho de que tengamos una multitud de reglamentos, directivas, etc., sino más bien por actuar con transparencia para beneficiar a los ciudadanos y fortalecer la idea de Europa.

  Marie-Line Reynaud (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. – (FR) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Gargani por la claridad y el compromiso de su informe. Celebro que haya integrado gran parte de mi opinión y que su informe recoja los dos objetivos que propuse, a saber, primero hacer hincapié en que la simplificación es necesaria pero no debe realizarse de cualquier forma y, segundo, afirmar la voluntad del Parlamento de participar plenamente en la estrategia de simplificación. No podemos sino acoger favorablemente cualquier iniciativa tendente a hacer el entorno reglamentario más legible y coherente.

En efecto, es imposible seguir funcionando correctamente con un acervo de más de 80 000 páginas. En estas condiciones, ¿cómo hablar de forma creíble a los ciudadanos de accesibilidad y transparencia? Por esta razón, en principio hay que apoyar la estrategia de simplificación. A plazo nos permitirá disponer de unas normas comunitarias y nacionales más fáciles de aplicar y menos costosas. No obstante, la simplificación conlleva también una serie de limitaciones, incluso peligros, y por tanto es conveniente permanecer atentos. El informe precisa, en particular, que la simplificación no deba traducirse en una rebaja de las normas, que hay problemas relacionados con la aplicación del acuerdo interinstitucional que rige el procedimiento de refundición y que es necesario, por tanto, aclarar las normas aplicables para evitar conflictos de competencia y obstáculos de procedimiento. El informe afirma también con claridad la voluntad del Parlamento de participar plenamente en la estrategia de simplificación y hace hincapié tanto en la necesidad de proteger las prerrogativas del Parlamento como en la adaptación de su Reglamento interno. En efecto, la simplificación no puede llevarse a cabo al margen de cualquier control democrático y, en particular, del control del Parlamento.

En el contexto de la simplificación, el Parlamento también debe reflexionar sobre la mejora de sus procedimientos y sus técnicas legislativas internas. Esta cuestión será objeto de un informe específico que estoy encargada de elaborar. Por último, en lo que respecta a los medios de regulación alternativos, celebro que el informe exija un marco estricto del recurso a la corregulación y a la autorregulación, porque es fundamental establecer salvaguardias en este terreno.

  Diana Wallis (ALDE), ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. – (EN) Señora Presidenta, todas las directivas y reglamentos conforman el Derecho, que es quizás lo principal que nuestros ciudadanos ven o sienten a resultas de nuestra actividad. El Derecho es, por decirlo así, nuestro producto principal. Pero legislar, especialmente a escala europea, es un proceso –un largo proceso– y no un punto de llegada. Este continuo está bien representado por los diversos informes que estamos discutiendo hoy. Están los informes Doorn y Frassoni, uno centrado en la legislación y la subsidiariedad, el otro en el control de la aplicación del Derecho. Pero nuestros ciudadanos deberían estar al principio, al final y en el meollo de este proceso, ayudándonos a establecer el plan de trabajo, reclamándonos e informándonos cuando tomamos decisiones y supervisando cómo funciona el resultado.

El informe Doorn se centra especialmente en el uso de la evaluación de impacto. Esto hay que acogerlo realmente con agrado. Pero hemos de tener cuidado. La evaluación de impacto no puede desplazar la toma de decisiones políticas. Por supuesto, necesitamos información completa e independiente de todas las partes y sobre todos los aspectos, no únicamente los efectos en las empresas. Nosotros podemos entonces decidir como colegisladores, pero debe ser nuestra decisión, no la de los expertos, ni la de los tecnócratas, interesados o grupos de presión. Dénnos toda la información de manera equilibrada y entonces podremos adoptar con total transparencia una decisión política de la que tengamos que responder. Ningún número de evaluaciones de impacto o de reimpacto puede sustituir a la democracia.

Permítanme volver a una de las principales preocupaciones de la Comisión de Peticiones. Quizás sea la comisión de esta Cámara que está más en contacto con nuestros ciudadanos. Acuden a nosotros cuando la ley no funciona. El trabajo de la Comisión de Peticiones consiste en ayudar a los ciudadanos a destacar los problemas con la aplicación y el control del Derecho de la UE. Esta labor debería adquirir un perfil y un reconocimiento mucho mayores, especialmente en el informe anual de la Comisión. Por enésima vez, la Comisión de Peticiones ha hecho hincapié en la necesidad de que el procedimiento de infracción de la Comisión sea más robusto, por lo que apoyamos las propuestas formuladas por la señora Frassoni al respecto. También me ha complacido oír los comentarios sobre la aplicación realizados por el Presidente Barroso.

También hemos subrayado el lugar de nuestros ciudadanos en el proceso legislativo. A muchos de nosotros nos gustaría que desempeñaran un papel en la iniciativa legislativa, como prevé la iniciativa ciudadana europea en el proyecto de Tratado Constitucional; pero por desgracia, probablemente, este es un asunto para otro día. Sin embargo, podríamos asegurar por lo menos que nuestros ciudadanos entiendan lo que hacemos en su nombre. Parece haber un amplio apoyo a la propuesta de que todas las directivas y reglamentos estén prologados por un sumario legalmente no vinculante para los ciudadanos. En resumen, queremos una legislación que sea accesible en su forma, la manera en que la hacemos y el modo en que la hacemos cumplir.

  Malcolm Harbour, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, quiero expresar mi satisfacción en particular con todos los informes. Como coordinador de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, quisiera elogiar especialmente a la señora McCarthy por el excelente trabajo que ha realizado, así como a nuestra comisión, que ha celebrado una audiencia sobre este asunto.

Una de las lecciones que debemos aprender de este ejercicio –y digo esto al selecto grupo de colegas que están aquí– es que «legislar mejor» es una tarea común de todos los diputados a este Parlamento, con independencia de la comisión a la que pertenezcan. Es bueno que ampliemos el debate, pero participan demasiado pocas personas.

La cuestión principal que quiero resaltar hoy, relacionada con las enmiendas que he hecho al informe de la señora McCarthy, que han sido aceptadas por la comisión, es que «legislar mejor» es un proceso. Estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho la señora Wallis. El problema es que el proceso es difícil, complejo y muy poca gente lo entiende. Tenemos que intentar explicarlo y simplificarlo, pero necesitamos explicarlo a nuestro propio electorado así como a la gente de fuera. ¿Cuánta gente de este Parlamento puede decir realmente que entiende los procedimientos que se han establecido ahora en la Comisión para mejorar la calidad de la legislación? ¿Cuántos de ustedes saben que sus responsabilidades están sujetas al famoso acuerdo interinstitucional, que fue firmado en esta misma Cámara hace dos años por nuestro entonces Presidente, el señor Cox? Sospecho que si se hiciera un cuestionario sobre esto, muchas de sus señorías no tendrían ni idea de cuáles son esas obligaciones.

Sin duda lo primero que debemos hacer, Señorías, es poner orden en nuestra propia casa; cada uno de nosotros debería tener esa lista de control simplificada. Deberíamos decir, cuando la Comisión nos mande una propuesta –y esto sigue siendo una recomendación– que cada propuesta debería venir acompañada de una breve lista de control con los procedimientos que la Comisión ya ha llevado a cabo y los que llevará a cabo en el futuro. Si hubiera documentos y evaluaciones de impacto, sin duda deberían adjuntarse.

Esta es la clase de definición práctica y clarificación del proceso que necesitamos. Si no hacemos esto, los ciudadanos de fuera perderán fe en el proceso. El proceso de «legislar mejor» es vital para el futuro de toda la manera en que trabajamos aquí.

  Maria Berger, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes y a aquellas personas que han elaborado informes de opinión y, en particular, por haber estado de acuerdo en celebrar hoy este debate sobre ellos en esta Cámara.

Este debate conjunto nos permite ver todos los aspectos que hemos de debatir hoy con los títulos de «mejor reglamentación» o «legislar mejor». He de admitir que cada vez me es más difícil obtener una perspectiva general de este debate. A menudo no se puede ver nada detrás de las palabras bien intencionadas que oímos y con las que ya estamos familiarizados. A veces también sospecho que este debate sobre «legislar mejor» pretende distraernos de nuestras auténticas funciones como legisladores y servir de pretexto para la inactividad de los legisladores de la Comunidad o para que una mejor reglamentación signifique desregulación.

En estos momentos, todo esto se ha vuelto tan desconcertante que una está tentada de pedir un proceso de «mejor reglamentación del proceso de mejor reglamentación» o que se evalúe el impacto de la evaluación del impacto. Agradezco a los ponentes que hayan elaborado algunas medidas muy claras, a pesar de toda esta niebla, en particular a la señora Frassoni por su informe con sus propuestas concretas para un mejor seguimiento del proceso de la transposición del Derecho comunitario, para unos procedimientos de infracción más rápidos y una mayor transparencia para los ciudadanos que presentan quejas.

Al fin y al cabo, no se puede admitir que miembros del público presenten una queja, o que la Comisión abra procedimientos de infracción para ver a continuación cómo se interrumpen bruscamente sin que se dé ninguna información real a los ciudadanos de por qué ha sucedido esto. A menudo, esto les sitúa en desventaja en causas pendientes a escala nacional, por lo que se pide más transparencia al efecto.

Sobre todo, acojo positivamente las propuestas del señor Doorn, en especial las que se refieren a la evaluación de impacto. Estamos de acuerdo con él de que es necesario también evaluar el impacto de los actos de comitología, y con la idea de que la evaluación de impacto esté sujeta a una revisión independiente, es decir, independiente de la Dirección General, pero que no es necesario que se lleve a cabo fuera de la Comisión. La Comisión tiene su responsabilidad política y no hay que pedirle que renuncie a ella; en realidad, en este caso concreto, no tiene la intención de hacerlo realmente.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con el señor Doorn en la cuestión de las evaluaciones de impacto obligatorias para las enmiendas propuestas en esta Cámara y en el Consejo. No creo que como legisladores tengamos que permitir en este sentido que se nos coaccione y silencie. Una buena evaluación de impacto realizada por la Comisión también permitirá evaluar los efectos de las enmiendas y también hay que reconocer la aplicación voluntaria de la evaluación de impacto, de la cual, tal como hemos oído, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ya ha hecho uso, y las demás comisiones también deberían estudiarlo.

Lo que es válido para una mejor reglamentación es válido para el resto de buenas intenciones y las demás cosas en esta vida: no sirve de nada si no se hace algo en vez de limitarnos a hablar sobre ello.

  Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señora Presidenta, he defendido durante muchos años la necesidad de legislar mejor, especialmente en mi comisión, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Necesitamos una evaluación de impacto mejor y más completa y tenemos que ver si la legislación es realmente necesario a nivel de la UE, o es mejor dejarla en manos de los Estados miembros en muchos casos. Si es necesaria, habrá que efectuar el debido análisis de costes y beneficios de las empresas, incluidas las pequeñas, así como de la mano de obra. Me gustaría que las evaluaciones de impacto fueran realmente independientes, más de lo que bastante a menudo lo han sido hasta ahora: una justificación de la necesidad de legislar.

Una vez aprobada la legislación, también hay que aplicarla, como hemos dicho todos, en todos los Estados miembros. Si no se aplica, ¿es porque no es viable? Si no es viable, entonces, como ha dicho la Comisión, hay que revocarla.

Finalmente, hemos de asegurar que cumpla el acuerdo interinstitucional sobre «legislar mejor». En una respuesta que dio hace poco, la Comisión admitió justamente que se había progresado muy poco.

  Monica Frassoni, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, ante todo quisiera decir al Presidente Barroso que lo que se ha decidido hoy sobre la energía demuestra que querer es poder y que por tanto «quisiéramos» que «pudiera» más veces, en particular en los ámbitos de la política de protección del medio ambiente, de los consumidores y de la salud. Pero este es un mensaje obvio.

Señor Winkler, he observado con pesar que no ha dicho ni una palabra sobre la cuestión de la aplicación del Derecho, cuando es un tema que concierne ante todo a los Estados miembros. Creo además que sería interesante conocer el parecer del Consejo sobre la posibilidad de reabrir las negociaciones sobre el acuerdo «legislar mejor» por lo que respecta a la parte relativa a la aplicación del Derecho, que anteriormente fracasaron miserablemente.

Además, por lo que se refiere a la evaluación de impacto, no oculto mi preocupación por el hecho de que este tema se esté convirtiendo en una especie de mito, una fórmula mágica que como tal debería mejorar la legislación basándola en fuentes científicas e imparciales. Personalmente soy escéptica en este punto. En efecto, me preocupa que este tema esté adquiriendo demasiada importancia, sobre todo porque algunas de las propuestas contenidas en los informes –en especial en el de la señora McCarthy, pero no solo– introducen elementos burocráticos que realmente serían complejos de administrar, sobre todo por parte de la Comisión. Esta duda hace que mi Grupo se sienta muy feliz de que hayamos aplazado la votación, porque así tendremos la posibilidad de revisar la situación para llegar a un acuerdo.

Además, los elementos de los que todos hablan y que se consideran cruciales para una evaluación de impacto, incluidos los costes administrativos, el exceso de burocracia y los costes excesivos para las empresas, sean reales o supuestos, son en sí mismos una elección política. Les daré un ejemplo, señor Barroso y señor Verheugen: bastó una carta de la UNICE para recortar drásticamente la estrategia sobre la calidad del aire a pesar de una evaluación de impacto que costó dos millones de euros y en la que se decía que no debían contemplase solo los costes para las empresas, sino también los costes para la salud de las personas. Por tanto, al final, incluso las evaluaciones de impacto son opciones políticas y por consiguiente yo pediría que no tuvieran un carácter tan prioritario y completamente exagerado con respecto a los demás aspectos de la ley.

Me gustaría dedicar unas últimas palabras a la cuestión de la corregulación y la autorregulación. Quisiera que la Comisión estudiara cómo han funcionado estos procedimientos, porque según nuestro análisis no han funcionado, ya que la capacidad de las empresas para ajustarse a los acuerdos de autorregulación ha sido considerada bastante insatisfactoria por las propias empresas.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señora Presidenta, es muy lamentable que solo parece haber un lema en todo el debate sobre la subsidiariedad y la forma de legislar mejor, en concreto un mayor crecimiento económico y más competencia mediante un menor número de normas y reglamentaciones. Esto crea la ilusión de que, en particular en el entorno regulador, hay que prestar más atención a la subsidiariedad en ámbitos como la protección social, el medio ambiente y la protección del consumidor. Todo esto encaja con la mentalidad neoliberal según la cual menos normas y reglamentaciones son, por definición, algo positivo.

La realidad, sin embargo, nos demuestra que son esas mismas normas europeas sobre el venerado mercado interior las que hacen que la vida sea difícil para los ciudadanos europeos. Por ejemplo, son esas normas las que exigen que un pequeño municipio del norte de los Países Bajos solicite la autorización de la Comisión Europea antes de que pueda instalar una red de cable de fibra óptica para sus propios ciudadanos, o que consideran que el apoyo gubernamental de la Ciudad de Amsterdam al zoológico local es una distorsión de la competencia. No es de extrañar que los ciudadanos de los Países Bajos hayan perdido toda su fe en una mayor ampliación de las competencias de Bruselas y en la propuesta de Constitución que aprobó y respaldó este proceso, y procedieran, por lo tanto, por inmensa mayoría, a tirar ese documento a la papelera.

La realidad es que la subsidiariedad ha sido un concepto vacío durante mucho tiempo. Las instituciones europeas, encabezadas por esta Cámara, en contadas ocasiones, si es que lo hacen, cuestionan si la interferencia europea en un determinado ámbito contribuye positivamente al bienestar de los ciudadanos y el medio ambiente. Al contrario, un rosario constante de normas y reglamentaciones europeas sigue socavando la autoridad de los Gobiernos nacionales y regionales. El ejemplo que voy a dar al respecto es la Directiva de servicios, que, incluso en su forma modificada, erosionará gravemente la autonomía de las autoridades municipales en el ámbito de las licencias o la prestación local de servicios.

En pocas palabras, aunque hay que acoger con satisfacción un debate sobre la calidad y la subsidiariedad de la legislación europea, es completamente ingenuo suponer que eliminando un puñado de normas o llevando a cabo evaluaciones de impacto se pueden resolver los problemas fundamentales de interferencia de Bruselas. Para que esto ocurra, las normas del mercado interior deberán, en primer lugar, revisarse de arriba abajo.

  Brian Crowley, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Presidente de la Comisión y al Presidente en ejercicio del Consejo, así como a nuestros ponentes, por la manera en que se han comportado respecto al debate de hoy.

Es obvio que hay problemas con nuestro proceso legislativo; hay dificultades que todos podemos reconocer y ver en nuestras vidas laborales diarias. Una de las cosas que necesitamos de manera más clara e importante es la codificación y simplificación del cuerpo legal existente –el acervo comunitario–, no solo para garantizar que las empresas puedan operar más libre o adecuadamente en todo el mercado interior, sino también para que los ciudadanos reconozcan en qué aspecto se protegen sus derechos; que hay reglas claras y definidas que garantizan que las grandes empresas no puedan pasar por encima de los derechos de los trabajadores; que los consumidores no puedan ser pisoteados por las decisiones adoptadas por entidades financieras ni de ningún otro tipo. Esa es la razón por la que durante muchos años en el Parlamento hemos intentado aplicar esta idea de la evaluación de impacto con respecto a cualquier legislación, para probarla antes de que se convierta en ley, para ver su necesidad y entender completamente cuál será su impacto cuando finalmente se transponga en ley.

Sin embargo, cuando se observa toda la cuestión de la legislación, las mayores dificultades y los mayores culpables se encuentran en el nivel de los Estados miembros, en la transposición del Derecho europeo aprobado. Esto pasa cuando los Gobiernos ya han estado representados en el proceso de toma de decisiones, cuando ya han intervenido el Parlamento y la Comisión, pero cuando llega el momento de la transposición hay una dificultad debido a una disputa política interna o al miedo a una reacción en contra en este ámbito político.

Creo que sería un error que la Comisión se representara a sí misma meramente bajo el disfraz de terrible ejecutor contra los Estados miembros, porque a veces hay fallos y errores en la legislación que deben corregirse y para ello se requiere flexibilidad.

Mi última observación es que cuando se establezca cualquier grupo de trabajo o de expertos para legislar mejor, es fundamental hacer que participen los que practican la política, no solo los tecnócratas o ponentes parlamentarios, sino los mismos políticos que pueden entender cómo hay que vender esto al público y hacerlo cumplir en el plano local.

  Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM. – (DA) Señora Presidenta, en estos momentos únicamente especialistas selectos son capaces de leer la legislación comunitaria y descifrar la normativa legal vigente en un ámbito determinado. Cada pastor debe saber dónde esta cada una de sus ovejas, pero ninguna institución de la UE conoce con precisión cuántas leyes tenemos. Hemos creado unas 20 000 normas que llenan más de 100 000 páginas. La normativa legal vigente que rige, por ejemplo, el ámbito de la pesca se puede encontrar en más de 70 reglamentos diferentes. ¿Por qué no integrar todas las normas que rigen el mismo tema en una sola ley? De esta forma, los propios ciudadanos podrían ver y leer la ley resultante, que es el primer requisito para que puedan influir.

Se pueden utilizar caracteres en negrita para llamar la atención sobre las enmiendas que se proponen, y las palabras que hay que suprimir se podrían escribir en cursiva. Así, todos podrían ver cuál es el objetivo de la propuesta. También adoptaremos el principio democrático de nuestras propias constituciones, en concreto, que en el futuro no sea posible adoptar ninguna ley comunitaria sin que se haya aprobado aquí en el Parlamento Europeo. Con estos mecanismos, la legislación de la UE podría autorizar la cuestión de las notificaciones, pero dicho instrumento podría reconsiderarse sobre la base de una mayoría simple en el Consejo y el Parlamento.

Hay que suprimir asimismo todos los procedimientos en comisión en los que una minoría se une a la Comisión para legislar en contra de la mayoría en los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. Es absurdo que la Comisión haya podido aprobar los cereales genéticamente modificados cuando, al conocer sus ciudadanos lo que se había decidido entre bastidores, 14 de los 15 países se opusieron a dicha aprobación y el que hacía 15 también se declaró finalmente en contra. Si toda la legislación se abre a los ciudadanos, también obtendremos mejores leyes.

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señora Presidenta, la Comisión Europea controla la aplicación del Derecho comunitario con carácter anual. En estos momentos estamos debatiendo los informes anuales nº 21 y 22 de la Comisión. Para tener una idea de la envergadura del problema hay que señalar que existen unos cuatro mil procedimientos de infracción. Se ha emitido un denominado dictamen razonado para casi mil de ellos, y más de 400 se han remitido al Tribunal de Justicia.

Es de lamentar que la Comisión haya presentado con retraso el 22º informe anual. No se presentó hasta enero de 2006 y, por consiguiente, el Parlamento solo pudo remitirse a parte de la información de la Comisión para 2004 en su resolución. Paradójicamente, se podría decir que cuantas más quejas, mejor. Esto es debido a que las quejas indican que los ciudadanos de los Estados miembros ejercen una función importante en el proceso de control y, por lo tanto, también en la actividad legislativa de la Unión. Las quejas de los ciudadanos no tienen un carácter simbólico. Forman parte del proceso de creación de una Europa para los europeos y, en general, son una forma eficaz de controlar la aplicación del Derecho comunitario.

Las comisiones del Parlamento Europeo han de controlar de cerca la aplicación del Derecho comunitario, en particular en situaciones en que se exige al ponente correspondiente que participe activamente en el control de la aplicación de una determinada disposición jurídica en cada uno de los Estados miembros y también, por supuesto, cuando se da el caso de pedir que se actúe sin demora si se observan infracciones.

La eficacia del proceso ha de mejorarse mediante la abreviación del procedimiento interior, tal como se ha previsto correctamente en el proyecto de resolución del Parlamento Europeo. También sería adecuado autorizar a los distintos Comisarios a que ejerzan el control directo en la transposición de las disposiciones comunitarias en el Derecho nacional dentro de los plazos establecidos. Esto se podría lograr autorizando a los Comisarios a que reclamen directamente a los Estados miembros que se aborden los incumplimientos dentro de su esfera de competencia.

  Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo. – (DE) Señora Presidenta, usted me permitió contribuir de forma práctica a mejorar los procedimientos legislativos al concederme el privilegio de reunirme con la Conferencia de Presidentes y mantener conversaciones exhaustivas con ellos sobre actos jurídicos, y esto es, sin lugar a dudas, sumamente relevante para este debate. En todo caso le agradezco su comprensión.

Quiero decir algo, muy brevemente, sobre una o dos de las cuestiones que hemos abordado en este debate. Un gran número de oradores tenían algo que comentar sobre la cuestión de la comitología. En Austria existe un refrán en este sentido que dice que no hay que cloquear a los huevos que aún no se han puesto, pero bajo la Presidencia austriaca hemos retomado la cuestión de la comitología con gran firmeza. Ya hemos mantenido dos rondas de negociaciones exhaustivas con los representantes nombrados por la Cámara, la última de las cuales se ha celebrado hace un par de horas. Después de varios años, creo que ahora nos encontramos en el camino correcto para encontrar una solución con la que tanto el Consejo y el Parlamento pueden quedar satisfechos.

En todo caso, sea cual sea el resultado, será una mejora de la situación actual, ya que, huelga decir, el Parlamento dará su opinión sobre estos actos legislativos que se aprueben por el procedimiento de codecisión con su acuerdo y el del Consejo. No estamos lejos de llegar a una solución y espero que, finalmente, consigamos solucionarlo a finales de este periodo de seis meses. Esto ayudará a mejorar nuestros procesos legislativos.

Naturalmente, la señora Frassoni tiene razón en lo que tenía que decir sobre la aplicación de la ley y su importancia. Es un asunto que compete a los Estados miembros más que al Consejo como tal –en cuyo nombre, por supuesto, estoy hablando– pero, naturalmente, los distintos Estados miembros se esfuerzan en lo posible, en sus conversaciones con la Comisión, por encontrar procedimientos más adecuados para garantizar que se aplique la ley. Nosotros también –y con esto me refiero a «nosotros los austriacos»– estamos, por supuesto, tan afectados por esto como cualquier otro Estado miembro; los procedimientos de infracción nos afectan de la misma forma que a ellos. Hablando como abogado, puedo decir que todas las leyes necesitan, desde luego, una maquinaria por medio de la cual se puedan poner en práctica; esto es importante, y también nos esforzamos por prestar más atención a la Comisión y encontrar mejores procedimientos para ejecutar y aplicar la ley.

Que esto no lo haya dicho en nombre del Consejo no significa, naturalmente, que la aplicación y ejecución de la ley sean menos importantes que el propio proceso legislativo.

Por supuesto, la cuestión relativa a la legislación y la revisión de los actos legislativos que ya han sido aprobados ocupa un lugar destacado en las consideraciones del Consejo.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, no puedo evitarlo, pero cuando veo el nombre de Winkler ahí arriba, pienso inmediatamente en Henry Winkler: ¿recuerdan al tipo que hizo de Fonzie en Días Felices? ¡Es bueno tener a un Ministro austriaco haciendo el papel de Fonzie, dando ánimos para que se legisle mejor!

Tenemos tres cuestiones relacionadas en esta sesión plenaria. La primera, de la que tratamos ayer, tenía que ver con la transparencia y la apertura del Consejo; la segunda es este debate sobre la mejora de la regulación y la legislación, y la última que tenemos esta tarde versa sobre la ciudadanía. Apoyo todas estas iniciativas; creo que son magníficas; creo que el trabajo hace que el Secretario General en la Comisión con el señor Ponzano es sumamente bueno y quisiera recomendar los cuatro informes que tenemos hoy sobre la mesa.

Dicho esto y teniendo en cuenta que hablamos de legislar mejor, cuando empecé a leer los informes me sentí un poco intranquilo. Les explicaré lo que quiero decir. Creo que hay aquí un problema de comunicación. La señora Frassoni ha elaborado un magnífico informe, pero el apartado 18 «señala que la red SOLVIT ha demostrado su efectividad en el mercado interior como mecanismo no judicial complementario que ha aumentado la cooperación voluntaria entre Estados miembros...». Es todo cierto, pero si usted permanece sentado tratando de escucharlo, no necesariamente va a entender lo que significa. El señor Doorn, sobre la mejora de la legislación, en el apartado 5, «considera que el procedimiento Lamfalussy es un mecanismo útil y que la convergencia de las prácticas de supervisión es fundamental; se congratula por la labor de los comités de nivel 3 al respecto y apoya la solicitud de disponer de los instrumentos adecuados»; estupendo. Después, el informe McCarthy –que creo que es el más claro– señala en el apartado 6 que «pide que la Comisión lleve a cabo evaluaciones del impacto tanto ex-ante como ex-post en materia de legislación para ayudar a identificar si se han alcanzado objetivos políticos clave», y el informe Gargani hace exactamente lo mismo. Lo que intento decir es que necesitamos una normativa mejor, legislar mejor, pero de manera que tenga que ver con la simplificación y que entendamos lo que decidimos y que la gente entienda lo que intentamos decidir. Esto es lo que significa mejorar la normativa; así que necesitamos mejorar el lenguaje. ¡No puedo imaginarme cómo ha sonado esto en la interpretación finesa!

(Risas y aplausos)

  Béatrice Patrie (PSE). – (FR) Señora Presidenta, Señorías, tras la apariencia de un debate técnico se oculta un debate de gran calado político. Necesitamos legislar mejor, no cabe duda, pero sin desregular y sin dejar de lado al propio legislador. A este respecto, quiero expresar mis grandes reservas con respecto a determinados mecanismos, incluidos los mecanismos de regulación alternativos, como la regulación y la autorregulación. Cumplen su función, pero, a mi entender, en interés de los ciudadanos y los consumidores esos recursos no deben sustituir en ningún caso a la ley, que confiere derechos pero también deberes y constituye así la herramienta democrática más legítima.

Por lo que respecta a la consulta previa al proceso legislativo, pido a las tres instituciones que organicen, junto con los operadores económicos, la participación efectiva de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en toda su diversidad. En efecto, es responsabilidad de los poderes públicos apoyar la organización de estos agentes en toda Europa, es decir, las asociaciones de consumidores, las de usuarios de servicios públicos, las de lucha contra la exclusión o las de educación comunitaria.

Por último, permítanme un comentario sobre el programa permanente de simplificación, que supuestamente facilita la Estrategia de Lisboa. Me sorprende que incluya como principio prioritario la refundición del reglamento sobre la agricultura biológica, cuando los productores del sector no piden tanto y cuando al mismo tiempo se han retirado del programa legislativo propuestas tan importantes como las relativas al régimen de las sociedades mutuas y la Asociación Europea.

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Señora Presidenta, estoy bastante de acuerdo con quienes aquí piensan que un régimen de adelgazamiento le iría bien a la Europa de la reglamentación, una Europa puntillosa con los principios, pero por desgracia más permisiva con el seguimiento de la transposición y la buena aplicación de nuestra legislación.

Una cosa está clara: diez años después del lanzamiento del programa SLIM, y a pesar de la firma, hace dos años, del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», todavía nos queda un largo camino por recorrer. Todavía no hemos puesto freno al apetito legislativo de la Unión. Por tanto, estoy encantada de que la Comisión nos proponga hoy este régimen equilibrado: tres condiciones para que este plan de trabajo funcione, fortalezca a la Unión y la acerque a los europeos. Se ha dicho que Europa debe legislar únicamente cuando pueda hacerlo mejor que otros niveles de autoridad. Como acaba de decir el señor Stubb, desde Canarias hasta Escandinavia, pasando por Bruselas, debemos dejar de utilizar de una vez por todas la jerga europea y hablar y escribir leyes en el lenguaje más comprensible para todos aquellos a los que va destinada. Hay mucho más ejemplos.

En tercer lugar, este régimen de adelgazamiento que queremos, y que quieren también las PYME, en particular, no es un régimen informal y no intervencionista. Regular mejor, hay que subrayarlo, y con esto concluyo, señora Presidenta, no equivale a falta de ambición. Estoy de acuerdo con la señora Frassoni: al destacar este último punto pienso en REACH, por ejemplo.

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Señora Presidenta, felicito a todos nuestros ponentes por su esfuerzo colosal de hoy y me voy a centrar brevemente en dos cuestiones: La transparencia del Consejo y el informe del señor Doorn sobre la subsidiariedad.

Como escuchamos ayer, la falta de transparencia en el Consejo sigue siendo la viga en nuestro propio ojo; sigue siendo la causa principal de tanto descontento con la legislación de la UE en general. Seguramente el Consejo puede dar más pasos hacia la apertura al público de reuniones significativas. Actualmente solo La Habana y Pyongyang funcionan de manera tan opaca. Deberíamos hacerlo mejor en el siglo XXI.

Para profundizar más, y volviendo a la subsidiariedad y especialmente a los apartados 25 a 29 del informe del señor Doorn, pongo a mi país, Escocia, como ejemplo de la oportunidad fallida que representa actualmente la subsidiariedad. Escocia forma parte en la actualidad de un Estado miembro no conocido por su compromiso entusiasta con la UE y sin embargo nuestro Parlamento de Edimburgo sería un socio entusiasta en la mejora de la legislación de la UE. Nuestro Parlamento es totalmente responsable de la salud, el medio ambiente, la justicia, la educación, la pesca, la agricultura y muchos más aspectos, pero la visión de la subsidiariedad que tiene la UE se detiene con demasiada frecuencia en los Estados miembros cuando, de hecho, el socio más relevante puede ser perfectamente mucho más local.

Me asociaría a todas las recomendaciones del señor Doorn sobre evaluaciones del impacto, aunque me hago eco de los comentarios de la señora Wallis sobre el compromiso político y subrayo que ese compromiso debe ser tan local como sea posible. Quizás veamos entonces que la subsidiariedad empieza a funcionar en bien de la mejora de la legislación de la UE en el futuro.

  Jonas Sjöstedt (GUE/NGL). – (SV) Señora Presidenta, no creo que este debate se pueda reducir a un debate sobre la calidad de la legislación. También hay que debatir la cantidad real de legislación comunitaria. El número de leyes comunitarias se ha incrementado de forma espectacular en los últimos años y la UE está ahora legislando en una gran cantidad de nuevos ámbitos. Al mismo tiempo, es extremadamente inusual que la UE devuelva su derecho de toma de decisiones a los Estados miembros o que revoque la legislación. La combinación de un gran volumen de legislación y su calidad deficitaria derivan en una falta de claridad y hacen que sea difícil ejecutar la legislación en la práctica.

En cuanto a la calidad, son muchas las cosas que se pueden hacer ahora y los informes incluyen propuestas al respecto. Se puede revocar toda la legislación obsoleta. Hay otra que se puede simplificar y otra parte que se puede refundir y consolidar. Todo esto está muy bien, pero se requiere otra forma de enfocar la labor legislativa. Al determinar la dirección que ha de tomar la legislación, es necesario que nos centremos más en los objetivos y menos en los pormenores y dar a los Estados miembros una mayor libertad para elegir cómo han de aplicar los objetivos que se han fijado.

Los análisis de impacto están muy bien, pero no siempre es fácil evaluar lo que queremos evaluar. Con más frecuencia de lo habitual, es mucho más sencillo evaluar factores económicos sencillos que por ejemplo factores medioambientales. Ya hablamos de esto con motivo del debate sobre la política relativa a los productos químicos, REACH. Era fácil evaluar los costes para una empresa, pero difícil evaluar las enormes ventajas desde el punto de vista de la salud pública y la disminución del sufrimiento humano al haber menos enfermedades. Esto significa que es necesario poner especial cuidado en este ámbito.

Si realmente lo que se quiere es simplificar las cosas, hay que reducir el número de leyes comunitarias, y el ámbito con mayor exceso de regulación es la política agrícola, donde la mayor parte de los asuntos se pueden devolver a los Estados miembros y donde se pueden suprimir miles de leyes. Varios oradores se han referido a la Constitución europea. Lo que ocurre es que estos problemas se habrían agravado al aumentar el poder de la UE y al hacer que fuera más fácil para la UE asignarse nuevas competencias legislativas y poder legislar en ámbitos en los que no debe implicarse. Por lo tanto, ahora también hay que dar las gracias a los votantes neerlandeses y franceses.

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Señora Presidenta, la habilidad del legislador se demuestra no solo por la capacidad de elaborar leyes sensatas, sino también por la capacidad de abstenerse de regular aquello que no hace falta regular. Por consiguiente, las declaraciones del informe sobre la ampliación y el ajuste de los principios para evaluar el coste y el impacto de la legislación merece un fuerte apoyo.

En el informe se hace referencia al impacto negativo de los compromisos políticos sobre el desarrollo del Derecho europeo. La Directiva sobre servicios es un caso ilustrativo. Cada una de las partes del debate mantiene que ha ganado la partida. Para los socialistas, la señora Gebhardt sostiene que ha dado la vuelta a la Directiva, mientras que para los conservadores, el señor Harbour se congratula de haber logrado un excelente compromiso.

¿Quién está equivocado? ¿Quizá nadie lo está? Puede que hayamos llegado a un documento que consiste en docenas de disposiciones contradictorias con la esperanza de que incluirá algo para todos. Esto equivale a una terapia de relajación para los Estados miembros, la Unión en su conjunto y también para esta Cámara. Sin embargo, estamos acallando nuestras consciencias en detrimento de los ciudadanos, los empresarios y la calidad de nuestra legislación.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señora Presidenta, además de los informes sobre «legislar mejor» que son el tema del debate de hoy, quiero hacer unas observaciones sobre la función de las evaluaciones de impacto. Deduzco de lo que ha dicho el señor Doorn que está a favor de que se lleve a cabo una prueba aleatoria mediante un grupo de expertos autorizados. Apoyo plenamente la idea subyacente. Igual que él, pido un comité realmente independiente que no esté compuesto por representantes de las tres instituciones.

Se pueden encontrar ejemplos en los Países Bajos, en forma del comité que supervisa los informes de impacto ambiental. Si uno ha tenido algunos encuentros dolorosos con dicho grupo, está obligado a adecuar sus actos la próxima vez. También quiero añadir que la legislación siempre es un proceso de aprendizaje, pero la descripción explícita que se hace en el considerando J del informe del señor Doorn es, a mi entender, demasiado negativa. Hacemos lo que podemos para aprobar una legislación de calidad. Es inevitable que en algún momento lo entendamos mal, pero considerarlo un objetivo desde el principio me da la impresión que es llevar las cosas demasiado lejos.

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señora Presidenta, es usted una eminente especialista en el Japón antiguo de la era Tokugawa, durante la cual se mantenía al pueblo deliberadamente en la ignorancia de las leyes consideradas secreto de Estado, cuyo conocimiento se reservaba a un reducido número de grandes señores, pues se pensaba que de esta manera el pueblo observaría un respeto mucho mayor por unas normas que ignoraba por completo. Pues bien, a veces me pregunto si no nos inspiramos en esta antigua legislación japonesa.

En realidad, Señorías, creo que la complejidad del Derecho europeo es el efecto perverso de una dinámica de grupo en la que participamos todos. ¿En qué consiste? En primer lugar, la iniciativa corresponde a la Comisión, pero detrás de cada Comisario se encuentran evidentemente la Dirección General y los funcionarios que la integran. Después, se pasa al Consejo. Teóricamente, el Consejo está integrado por Ministros. Estos se ponen de acuerdo en torno a un texto, a condición de que cada una de sus burocracias respectivas encuentren en él todas las normas que deben figurar en el proyecto común, y después el texto se remite al Parlamento y el Parlamento designa a un ponente. Naturalmente, el ponente, como es perfectamente legítimo, quiere que su nombre pase a la historia. Ahora bien, su nombre tendrá más posibilidades de ser recordado si añade normas que si las quita, por no hablar de los diputados que presentan enmiendas, del importante papel que desempeñan los grupos de presión, etc. Así concebimos, Señorías, un verdadero monstruo de normativa.

Hace 17 años que estoy en este Parlamento y desde el primer año que ocupé un escaño había ya un debate sobre la simplificación del Derecho comunitario. Tengo la impresión de que estamos exactamente en el mismo punto que hace 17 años, con la única excepción de que la situación se ha agravado aún más.

¿Qué hace falta entonces? Debemos ponernos de acuerdo sobre el sentido de los términos que empleamos. Sería necesario un verdadero diccionario de Derecho comunitario, un código como el Código Civil, el Código Mercantil o el Código Penal, que esté organizado racionalmente, dividido en títulos, subtítulos, capítulos, secciones y artículos, de modo que cuando trabajemos sobre un texto sepamos de antemano que vamos a modificar tal o cual artículo. En resumen, hace falta un gran esfuerzo de simplificación. Me temo que a pesar de la buena voluntad expresada por los ponentes, no estemos ni mucho menos allí. Muchas gracias.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, Comisario Verheugen, quiero empezar aprovechando esta oportunidad para dar las gracias a todos los ponentes por su labor constructiva sobre esta cuestión, que no solo preocupa a los compadres de la taberna, sino también cada vez más a los políticos.

Lo que he encontrado especialmente reconfortante sobre este debate ha sido la intervención del señor Gollnisch, en la que ha efectuado un ruego vehemente de que se establezca la Constitución Europea, algo que es obvio que compartimos y de lo que yo no era consciente hasta ahora. En realidad, también creo que con la Constitución Europea estaríamos en mejores condiciones en el ámbito de la legislación normativa que ahora. Me alegra que trabajemos juntos en este tema.

Creo que hemos de tener siempre presente con respecto al proceso de «legislar mejor» que el objetivo de todos estos informes sobre el tema no es, por supuesto, mejorar la familiaridad del ciudadano con los textos jurídicos, sino proporcionar a los Estados miembros un texto sencillo para ayudar a su transposición. Por consiguiente, es necesario tener claramente presente nuestro objetivo cuando nos enfrentamos a estos retos.

Naturalmente, en este determinado contexto –y no pretendo ser irónico en modo alguno cuando digo que he de estar de acuerdo expresamente con el orador precedente por esta vez sobre este punto en particular–, nos quejamos de que nuestro proceso legislativo no es transparente en el ámbito de la comitología. Se ha criticado este proceso legislativo en esta Cámara de vez en cuando.

Por esta razón, estoy convencido de que necesitamos un riguroso examen externo de la legislación europea, cosa que la propia Comisión no puede llevar a cabo. La cuestión que se plantea es si debe ser tarea de una agencia; aunque todos ustedes conocen nuestras reservas sobre la creación de más agencias: «ningún incremento de la burocracia para reducirla», o por otras autoridades externas. En todo caso, el Parlamento debe participar en la elección de estas autoridades externas.

Por lo tanto, los cuatro informes que estamos debatiendo hoy también brindan un excelente punto de partida para llegar a una posición común entre el Parlamento y la Comisión, y posiblemente incluso el Consejo, sobre esta cuestión.

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Señora Presidenta, la mejora de la labor legislativa en la Unión exige disposiciones sensatas formuladas con más transparencia, y también una ejecución y aplicación más rápida y efectiva de estas disposiciones. Siguen existiendo demasiados casos de ejecución indebida del Derecho comunitario. Esto se debe, en parte, a la mala calidad de las disposiciones y, en parte, a la acción deliberada de los Estados miembros,

Asimismo, los tribunales nacionales de muchos Estados miembros siguen siendo reticentes a aplicar el principio de la primacía de la legislación comunitaria. Si se considera que la legislación de la Unión no es vinculante para todo, y su transposición y aplicación depende enteramente de la buena voluntad del Gobierno, las consecuencias pueden ser la renacionalización objetiva de la política comunitaria, tal como destaca con razón la señora Frassoni en su informe. Es evidente que esto perjudicaría al mercado interior y a todo el acervo.

La falta de uniformidad de la transposición también puede dar lugar a la aplicación incorrecta de la legislación de la Unión si se aplican disposiciones diferentes en países diferentes, socavando así la credibilidad de la Unión. Si no somos capaces de presionar a los Gobiernos de los Estados miembros para que transpongan como es debido la legislación de la Unión, no podemos esperar que los ciudadanos crean que las instituciones de la Unión, como la Comisión, el Consejo o el Parlamento Europeo, defienden eficazmente los derechos de los ciudadanos derivados del Derecho comunitario.

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE). – (DA) Señora Presidenta, el Parlamento Europeo tiene que ser el portador oficial de la mejora de la labor legislativa. El trabajo del Parlamento Europeo ha de ser transparente y estar claramente formulado y, en particular, hemos de suprimir las barreras administrativas de la legislación europea. Por lo tanto, apelo al liderazgo del Parlamento para que se garantice que nuestra labor legislativa se coordine mejor para que no terminemos otra vez en una situación en que las comisiones proponen enmiendas que se contradicen unas con otras. Al mismo tiempo, hemos de dar prioridad a la seguridad jurídica y a la previsibilidad para nuestros ciudadanos y no dejar que las autoridades o el Tribunal de Justicia Europeo tengan demasiadas facultades discrecionales.

El Presidente del Consejo Europeo –el Canciller austriaco– ha acusado al Tribunal de Justicia Europeo de arrogarse demasiado poder. Sin embargo, el Tribunal solo está desempeñado su trabajo, puesto que los legisladores no lo estamos haciendo demasiado bien.

Por desgracia, me temo que con la Directiva de servicios estamos en el proceso de repetir errores anteriores y que estamos dejando que el Tribunal de Justicia Europeo tenga un margen de interpretación demasiado amplio. Se trata de un ámbito en el que todos hemos de hacerlo mejor en segunda lectura.

  Zita Pleštinská (PPE-DE) – (SK) En mis reuniones con las partes interesadas del mercado interior, a menudo he escuchado críticas a la legislación europea vigente. Una legislación mal elaborada dificulta a menudo la transposición de los proyectos en los ordenamientos jurídicos de los Estados correspondientes. Los participantes en la audiencia pública sobre este asunto, incluido el Comisario Verheugen, han confirmado que la ambigüedad del texto a menudo causa inseguridad jurídica o, alternativamente, distorsiona y fragmenta el mercado interior, mermando la capacidad de los consumidores y de las empresas para aprovechar a fondo sus ventajas.

Por lo tanto, acojo con satisfacción las recomendaciones de la ponente, la señora McCarthy, para que la Comisión continúe consolidando, simplificando y codificando la legislación comunitaria a fin de que sea más fácil de entender. No hace falta decir que hay que aplicar la norma de que las mejoras en la legislación no deben menoscabar las normas ambientales, sociales o de protección del consumidor. Basándome en mi experiencia en la elaboración del informe relativo a la financiación de la normalización europea, estoy totalmente de acuerdo con la ponente de que solo una legislación buena, clara y, sobre todo, sencilla en materia de mercado interior beneficiará a los ciudadanos, los consumidores y las empresas, contribuyendo a que la Unión Europea fortalezca su posición con respecto a los competidores en la economía mundial.

Señorías, estoy convencida de que una mejor reglamentación aportará la base para las iniciativas de las instituciones europeas en la creación de puestos de trabajo y la generación de crecimiento en la UE al amparo de la Estrategia de Lisboa revisada. Para concluir, quiero agradecer a los cuatro ponentes que hayan establecido una nueva arquitectura para mejorar la labor legislativa y acercar Europa a sus ciudadanos.

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Señor Presidente, hubo una época en la que las leyes las hacían los dioses; los dioses hacían leyes perfectas. Luego, los dioses se cansaron y empezaron los hombres a hacer leyes, y las leyes son imperfectas. Entonces, en el momento actual, si una ley es buena o mala no lo decide nadie, sino nosotros mismos, y el único criterio para saber si una ley es buena o mala es la democracia, el criterio de la mayoría, porque, como decía Rousseau, «es razonable que sea la mayoría la que decida, y no la minoría».

Establecido este principio en las democracias modernas, la democracia es representativa y son los Parlamentos los que legislan; pueden equivocarse, pero el único criterio de legitimidad es la mayoría parlamentaria. Partiendo de esto, creo que el mayor peligro en este momento para la democracia es la tecnocracia asociada a los intereses económicos —lo que se llama autorregulación y corregulación—, que es una forma de poner los intereses generales en manos de los intereses particulares de unos pocos, y es algo que hay que recordar.

Desde luego, este parlamentario, que viene siendo elegido después de muchas legislaturas, no estaría dispuesto a renunciar a sus responsabilidades legislativas en favor de una subcontratación y en favor de intereses tecnocráticos.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señorías, me doy cuenta de que el nuevo enfoque de la normativa europea exige cambiar de mentalidad y posiblemente incluso cambiar los acuerdos. Sin embargo, si queremos retener la fe de los ciudadanos en el mercado único, hemos de contener la salida de las inversiones y la pérdida de puestos de trabajo. Esto supone que no solo hemos de reducir y simplificar la legislación, sino que también conviene, a mi entender, que reconsideremos los objetivos originales tanto de la reglamentación europea como nacional. Se trata de un gran reto político. También nos corresponde a nosotros, Señorías, pedir que cada una de las medidas que tengan por objeto, por ejemplo, la protección de la salud o del medio ambiente, estén sujetas a una evaluación de impacto. La señora McCarthy nos lo pide en el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Añadiré que hay que dejar claro cuáles son los costes que asumirán los productores europeos, cuánto se incrementarán o reducirán las finanzas públicas y cuál será el efecto sobre el desempleo en nuestras regiones. En particular, hemos de conocer con anterioridad cómo afectarán las normas encaminadas a la mejora de la calidad a la competencia de los productos europeos con respecto a terceros países, para asegurar que las principales consecuencias no sean una mayor migración de fábricas y capital fuera de Europa.

Una mejor reglamentación también quiere decir que, en el contexto de los costes, investiguemos en serio si las nuevas medidas pueden mejorar realmente las condiciones sanitarias y sociales de nuestros ciudadanos, o si esto es simplemente una suposición. Como médica y como política no me gusta que tantas reglamentaciones nacionales y europeas sean simplemente gestos populistas. Contra esto no tengo claro cómo se puede proteger a los consumidores contra los productos perjudiciales o falsificados de terceros países que están desplazando a los productos europeos de calidad. Un ejemplo puede ser el calzado infantil procedente de Asia que tiene defectos ortopédicos. La única solución sería un nuevo certificado sanitario obligatorio para el calzado infantil, que también consistiría en una mejor reglamentación para los ciudadanos.

Lamento que la Comisión sea tan lenta a la hora de tipificar la protección de los consumidores y la protección de la propiedad intelectual. Nunca antes había sido tan importante la calidad de la reglamentación europea como lo es ahora, cuando la Unión se enfrenta a la enorme competencia de terceros países. El objetivo político de la reglamentación de hoy es proteger tanto la competencia leal como al consumidor europeo –no solo dentro, sino también fuera de Europa– y también motivar la creatividad de nuestros ciudadanos mientras les libramos de normas ineficaces.

  Maria Matsouka (PSE). – (EL) Señora Presidenta, Señorías, una mejor labor legislativa comunitaria supone la evaluación y definición del esfuerzo con respecto a su vertiente técnica.

La complejidad de las administraciones nacionales, la escasa facilidad de la transposición y, a menudo, la falta de voluntad agravan las cosas. En esta cuestión, las sanciones por parte de la propia Unión parecen ser la medida más eficaz. Sin embargo, la apuesta por una correcta aplicación de la legislación comunitaria es la determinación de la voluntad política y, sobre todo, social. La correcta aplicación de la legislación comunitaria es un procedimiento que permitirá a Europa, a medio plazo, reducir su inercia y ser más competitiva en el entorno globalizado internacional, en beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas.

Necesitamos normas claras, íntegras y que se entiendan. Dichos textos, por supuesto, presuponen acuerdos más claros entre sus autores. Es muy importante simplificar y racionalizar el corpus legislativo. Incluso sería mejor que la legislación respetara los principios de la transparencia, la proporcionalidad y la coherencia para regular los puntos básicos de un sector y prever medidas de aplicación que también se relacionen con los detalles técnicos.

En cuanto a la efectividad de los acuerdos, es importante evaluar los costes y las ventajas de la aplicación. Por lo tanto, es necesario el diálogo social con las agencias implicadas, que estarán así en condiciones de actuar como colegisladores.

Con respecto a las propuestas políticas de importancia, esta es nuestra única forma de ganar la confianza de los ciudadanos. Una buena ley no es una ley laberíntica con procedimientos estrictos, es una ley que conviene a los ciudadanos y, al mismo tiempo, hace que sean conjuntamente responsables de su aplicación.

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, tengo la impresión de que este debate ha dejado claro que el problema medular de nuestro debate sobre este asunto son las evaluaciones de impacto preceptivas. A mi entender, no tiene absolutamente nada que ver con que la democracia esté siendo sustituida por la tecnocracia. No se trata de esto. No hace falta decir que las instituciones democráticas siguen ejerciendo el control. La Comisión toma decisiones sobre propuestas bajo su propia responsabilidad, tal como lo hacen, por supuesto, el Parlamento y el Consejo.

Este asunto depende de un punto vital, en concreto que cambiemos los procedimientos que rigen nuestro apoyo. Actualmente, la UE legisla sobre la base de «aprender sobre la marcha». Tomamos una decisión sobre algo y algo sale de ello al final que tiene un efecto u otro. Si más tarde descubrimos que el efecto no es el esperado, el problema que se nos presenta es que, gracias a los procedimientos complejos de la UE, no podemos modificar rápidamente esta legislación, como lo hacen los Parlamentos nacionales, sino que se precisa un procedimiento complejo que dura muchos años para revisar directivas y modificar reglamentos. Así pues, necesitamos mecanismos diferentes de los que existen a menudo en el ámbito nacional.

Necesitamos saber qué estamos haciendo. Lo que hacen las evaluaciones de impacto reguladas es respaldarnos; también se nos informa de las consecuencias que tendrán nuestras medidas por parte de personas independientes. Incluso si a fin de cuentas seguimos siendo nosotros quienes tomamos la decisión política, seguimos necesitando este apoyo. Esto es crucial cuando la Comisión, el Consejo y el Parlamento han de tomar decisiones en nombre de los 470 millones de personas de un espacio económico tan amplio. Por esta razón también es vital disponer de un elemento independiente.

Vuelvo a pedir muy claramente a la Comisión que trabaje para garantizar la introducción de este elemento independiente dentro de sus propias estructuras. De no hacerlo así, el Parlamento –si se toma a sí mismo en serio– se verá obligado a llevar a cabo sus propias evaluaciones de impacto independientes en cada caso. Esto es contrario al espíritu del Acuerdo Interinstitucional de 2003. Queremos que la Comisión lo haga por propia iniciativa, para que dispongamos de unas bases sólidas para la toma de decisiones.

  Günther Verheugen, Vicepresidente de la Comisión. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, permítanme que vuelva a intentar explicar en qué consiste todo esto y en qué no. No se trata de legislar menos ni tampoco de legislar peor. No se trata de desregulación ni tampoco de radicalismo de libre mercado neoliberal. Se trata, pura y simplemente, de configurar el ordenamiento jurídico europeo para que sea comprensible a los ojos del público y para que la economía europea pueda utilizarlo para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo. Es realmente la cosa más sencilla del mundo y me sorprenden una y otra vez los motivos que se atribuyen a un concepto tan claro e inequívoco.

Que creamos o no que tenemos demasiadas leyes europeas o que estas no siempre son suficientemente buenas es irrelevante. De lo que hablamos no es de creer, sino de que existe un porcentaje alarmantemente elevado de ciudadanos europeos que se están convenciendo de que así es. Hablamos de empresarios y sindicatos europeos que dicen unánimemente que es así. Demasiada burocracia, demasiadas leyes, leyes excesivamente complicadas, demasiadas restricciones innecesarias. No importa si es así realmente; lo que importa es que aquellos para quienes legislamos están convencidos de que es así. Este es el motivo por el que tenemos que hacer algo.

El ejercicio de «legislar mejor» propuesto por la Comisión utiliza todos los instrumentos que se han mencionado en esta Cámara: distintos procedimientos para simplificar y modernizar la legislación sin cambiar su contenido. Repito: lo importante no es cambiar el contenido de la reglamentación, sino de que sea comprensible para los usuarios y transparente.

Pido otra vez el apoyo del Parlamento. En realidad, por supuesto, nos estamos refiriendo aquí a dos grandes proyectos, dos proyectos diferentes, uno de los cuales es el cribado retroactivo de todas las disposiciones normativas.

Sin embargo, no nos engañemos. Cuando la integración europea se encontraba aún en sus albores, la actitud ante la aprobación de normas era muy diferente de la que prevalece hoy en día, y si vamos más lejos se pueden encontrar situaciones extrañas en los anales de nuestro corpus del derecho escrito. Nadie niega que la modernización sea necesaria. El cribado de todo el corpus no es tarea sencilla y estoy muy a favor de que lleguemos a un acuerdo sobre los procedimientos comunes para esto, también, y no solo con respecto a la codificación, donde ya se ha llevado a cabo.

Otra cuestión es cómo legislamos en el futuro. Las evaluaciones de impacto desempeñan un papel fundamental en este sentido. Estoy de acuerdo con todos los que han dicho que es esencial en una democracia que el legislativo sepa las consecuencias que tendrán sus medidas para las personas afectadas. Naturalmente, esto no supone que el legislativo se abstenga de actuar una vez que posea ese conocimiento. Siempre será una cuestión de criterio.

Si la Comisión dijera que un instrumento legislativo originará costes para la economía de X miles de millones de euros pero que, por otra parte, esta legislación ha de presentarse para satisfacer las necesidades de protección sanitaria de los ciudadanos, la decisión no sería difícil de tomar. La Comisión diría entonces que la protección de la sanidad pública tiene prioridad, incluso si cuesta dinero.

Quiero dejar claro aquí que las evaluaciones de impacto no suponen automáticamente que si resulta que una de nuestras medidas origina costes simplemente digamos: no lo haremos. Se trata de saber exactamente qué estamos haciendo.

Se han expresado aquí algunas reflexiones importantes sobre la cuestión de cómo organizar mejor dichas evaluaciones de impacto y puedo decirles sinceramente que, actualmente, se está llevando a cabo un debate sobre este tema en la Comisión y que tanto el Presidente Barroso como yo opinamos que es necesario cambiar el sistema actual.

Estoy francamente de acuerdo con los que en esta sesión han dicho que la decisión final sobre la validez de una evaluación de impacto no puede descansar en las personas que la han realizado, y que no se puede llevar a cabo una evaluación de impacto exclusivamente por quienes hacen la ley en cuestión. Así es como lo vemos tanto el Presidente Barroso como yo mismo. Estamos debatiendo la mejor solución posible. En realidad, en su exposición introductoria, el Presidente ha dicho que está considerando el establecimiento de una autoridad independiente bajo su propia responsabilidad para el cribado de las evaluaciones de impacto. Por lo tanto, estamos dispuestos y deseosos de continuar nuestro diálogo con el Parlamento. Lo mismo vale para el procedimiento de comitología, en el que, sin duda, respaldamos ampliamente las peticiones del Parlamento y también todas las demás ideas que se han expresado aquí.

Solo quiero volver a recalcarles que no hay que abordar este ejercicio desde un punto de vista técnico, burocrático ni formal. Se trata de un ejercicio de gran calado político. Está concebido para ayudar a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de integración europea en general y contribuir a dar a nuestra economía un marco estable y fiable para resolver la gran cuestión social de nuestro tiempo, a saber, el del futuro de nuestros puestos de trabajo.

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el martes, 16 de mayo.

Declaraciones por escrito

(artículo 142 del Reglamento)

  Edit Herczog (PSE). – (HU) La ponente ha realizado un trabajo excelente en la identificación de los obstáculos existentes en las legislaciones de los Estados miembros y de la Comunidad que crean dificultades en el funcionamiento del mercado interior. La solución pasa por revisar la legislación vigente y por una elaboración mejor y más cautelosa de nuevas leyes. Es responsabilidad del propio proceso legislativo. Ni la Comisión, que elabora y ejecuta la legislación, ni el Consejo y el Parlamento como legisladores ceden esta responsabilidad a otros ni, en particular, a órganos externos.

El Parlamento desempeña un papel y asume una responsabilidad en la revisión de la legislación vigente en su calidad de legislador. Pido respetuosamente a la Comisión su estrecha cooperación con el Parlamento, en el espíritu del Acuerdo Interinstitucional sobre «Legislar mejor».

Al elaborar las futuras normas no es conveniente complicar más los largos procedimientos burocráticos. Si hoy hemos de crear un órgano auditor independiente para examinar la calidad de los estudios de evaluación de impacto, por qué no creamos mañana un órgano de inspección externo independiente para examinar la independencia del órgano auditor. En lugar de multiplicar los órganos que inspeccionan los procedimientos que han demostrado ser erróneos, hay que desarrollar métodos de trabajo nuevos y más eficientes para mejorar la reglamentación en materia de mercado interior. Junto con la revisión de la legislación, la Comisión, el Consejo y el Parlamento también deben considerar sus propios procedimientos y, en caso necesario, han de cambiarlos responsablemente.

Por último, quiero llamar la atención de las tres instituciones sobre el hecho de que la sociedad solo respetará y confiará en la legislación europea si garantizamos la plena publicidad y el control social.

  Véronique Mathieu (PPE-DE). – (FR) La legislación europea es demasiado compleja y a veces superflua: una renovación inteligente debe permitirnos luchar contra esta falta de claridad malsana y perjudicial.

Por una parte, conviene mejorar la legislación vigente reduciéndola y simplificándola. En este proyecto de simplificación, al igual que para las nuevas medidas que se adopten, hay que respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad: la Unión Europea donde haga falta, cuando sea más eficaz que los Estados miembros actuando solos, en la medida en que haga falta, pero no más de lo que haga falta.

La aplicación de estos principios aparentemente técnicos exige juzgar su idoneidad social, cultural o de otro tipo, aun cuando no existe ningún mecanismo de control eficaz de su aplicación. Esta laguna quedó colmada en el proyecto de Constitución. Mientras esperamos que sea ratificada, hemos de preguntarnos por la debida aplicación de estos principios.

Por otra parte, conviene mejorar la supervisión de la transposición del Derecho comunitario, porque la inseguridad jurídica mina la competitividad de las empresas. La creación de corresponsales nacionales es una medida positiva si los controles engloban un análisis cuantitativo y cualitativo e integran un análisis de impacto sobre el entorno social, económico y ecológico. Estos análisis de impacto han de poder compararse: por tanto, deben normalizarse. Para alcanzar este objetivo, el Parlamento Europeo debe reforzar su poder en este terreno.

14. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0017/2006).

Se han presentado a la Comisión las preguntas siguientes.

Primera parte

  El Presidente.

Pregunta nº 40 formulada por Sarah Ludford (H-0208/06)

Asunto: Directiva sobre blanqueo de capitales

¿Tiene previsto la Comisión organizar una campaña de información a escala de la UE para que las organizaciones a las que se aplican las disposiciones de la nueva Directiva 2005/60/CE⁽¹⁾relativa al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo (por ejemplo, los bancos y los profesionales del Derecho) tengan información suficiente sobre los nuevos procedimientos?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) La Comisión reconoce la importancia de aumentar el conocimiento sobre el nuevo régimen más completo de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por eso la Comisión ya ha emprendido una serie de iniciativas informativas. En este contexto quisiera mencionar: en primer lugar, la participación de la Comisión en los esfuerzos informativos con respecto a las organizaciones profesionales europeas, lanzados por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo; en segundo lugar, la consulta en curso sobre el impacto de la segunda Directiva contra el blanqueo de capitales en la abogacía, que conducirá a la publicación de un informe este verano, probablemente en julio; en tercer lugar, una extensa consulta entre todos los interesados en el contexto de la preparación de posibles medidas de aplicación de acuerdo con la tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales; en cuarto lugar, la participación en conferencias organizadas por los Estados miembros al amparo de sus responsabilidades en la aplicación de las Directivas de la UE sobre el blanqueo de capitales.

A la vista de estas iniciativas en curso, la Comisión no planea en la actualidad lanzar otra campaña de información a escala de la UE. Sin embargo, la Comisión sigue supervisando de cerca la aplicación de la Directiva y no descartaría más acciones si se demuestra que hay problemas en determinados sectores y la actuación de la UE supusiera un valor añadido.

  Sarah Ludford (ALDE), autora. – (EN) Señor Comisario, todo esto suena muy bien, pero algo me ha llamado la atención en el nuevo boletín informativo sobre blanqueo de dinero del Colegio de Abogados de Inglaterra y el País de Gales. Se refería a una industria extensiva que se ha desarrollado alrededor de los servicios destinados a ayudar a los abogados en el cumplimiento de sus tareas. Me ha llamado la atención que, ya que la tercera Directiva sobre blanqueo de dinero ha introducido la noción de los controles proporcionados de la exposición al riesgo, necesitamos estar seguros de que la conformidad se dé donde se hallan los riesgos realmente graves. A menudo hay electores que vienen a mí porque como particulares tienen dificultades para abrir cuentas bancarias. Espero que transmita usted este mensaje. Verdaderamente tiene que haber conformidad con respecto a la exposición al riesgo.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) En esta Directiva concreta la cuestión de la exposición al riesgo está bien planteada. Hay diferentes categorías de riesgo y las autoridades deben elaborar sus procedimientos sobre la base de estas evaluaciones del riesgo. Eso está claramente especificado en la tercera Directiva, y los diputados al Parlamento Europeo han planteado bien la cuestión.

No quisiera que se desarrollare toda una industria alrededor de personas que cobran tarifas desorbitadas por lo que debería ser un procedimiento relativamente razonable. Deberían evaluarse los niveles de riesgo. Se puede hacer poco por los que tienen un nivel de riesgo pequeño, y hay categorías superiores. Esto se establece claramente en la Directiva. Agradezco a su Señoría que plantee este asunto, porque me da la oportunidad de subrayar la cuestión que ha planteado en su pregunta suplementaria.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Comisario, teniendo en cuenta que se cree que, después del robo del Northern Bank, el IRA se ha aprovechado de las oportunidades de blanqueo de capitales en Bulgaria, ¿qué medidas específicas se adoptan para garantizar que las autoridades y organizaciones de allí, y también de Rumania, estén dispuestas y preparadas para aplicar las exigencias legislativas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Su Señoría debe saber que parte del procedimiento que cualquier país candidato tiene que cumplir es que debe garantizar que las Directivas de la Comunidad entren en vigor. Esto se aplicará tanto a Bulgaria como a Rumanía. Su Señoría sabe probablemente también que estas recomendaciones provienen del Grupo de Acción Financiera Internacional –conocido por su sigla, GAFI– y la mayoría de los países del mundo están obligados a aplicar las recomendaciones de este organismo especial. En la UE nos hemos ocupado nosotros mismos, en una directiva, de aplicar las recomendaciones, lo que se ha hecho en la tercera Directiva sobre el blanqueo de dinero.

Puede estar usted tranquilo de que Bulgaria tendrá estas medidas en cuenta en su legislación, ya que forma parte de su compromiso para llegar a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

  El Presidente.

Pregunta nº 41 formulada por Philip Bushill-Matthews (H-0241/06)

Asunto: Proteccionismo entre los Estados miembros de la UE

¿Dispone la Comisión de suficientes competencias de facto y de iure para tomar medidas rigurosas y oportunas con miras a impedir que los Estados miembros elaboren una legislación nacional que, por ejemplo, autorice medidas defensivas por parte de las empresas para protegerse contra OPAs desde el extranjero? ¿Dispone la Comisión de suficientes competencias para hacer frente de forma eficaz a países que, de forma unilateral, deciden calificar determinados sectores industriales de intocables en razón de un interés nacional declarado y definido por iniciativa propia? ¿Deberían concederse a la UE competencias adicionales a fin de permitirle hacerse con el control de esta situación y, en caso afirmativo, en qué consistirían y de qué forma se aplicarían?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) El Presidente ha señalado que respondo a esta pregunta en nombre de mi colega, la señora Kroes.

La Comisión tiene poderes importantes para garantizar que los Estados miembros cumplan plenamente las reglas del mercado interior y no creen obstáculos ilegales a las fusiones internacionales. Si un Estado miembro infringe las reglas del mercado interior, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE. Este procedimiento puede durar bastante tiempo, ya que la Comisión tiene que conceder al Estado miembro, en dos fases separadas, la oportunidad de expresar su punto de vista antes de recurrir al Tribunal de Justicia, que debe adoptar entonces la decisión final sobre la supuesta infracción. Si las circunstancias del caso lo justifican, la Comisión puede actuar más rápidamente dando plazos muy cortos a los Estados miembros en la fase prejudicial y pidiendo al Tribunal que dicte medidas cautelares. Incluso en ese caso, la Comisión está obligada a tener en cuenta las observaciones de los Estados miembros, incluidas las respuestas recibidas fuera de plazo, ya que la jurisprudencia consolidada establece que la realización correcta de su procedimiento prejudicial constituye una garantía esencial exigida por el Tratado CE, no solo para proteger los derechos del Estado miembro afectado, sino también para garantizar que cualquier procedimiento contencioso tenga por objeto una disputa claramente definida.

Además, en los casos en los que un Estado miembro interviene en relación con concentraciones de dimensión comunitaria, la Comisión tiene poderes especiales para adoptar una decisión con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) nº 139/2004, el llamado Reglamento de fusiones. De acuerdo con esa disposición, la Comisión tiene la competencia exclusiva para evaluar las concentraciones de dimensión comunitaria. Los Estados miembros solamente pueden adoptar medidas susceptibles de prohibir o prejuzgar de hecho o de derecho esas operaciones cuando, en primer lugar, las medidas en cuestión protejan intereses distintos de los contemplados en el Reglamento de fusiones y, en segundo lugar, esas medidas sean necesarias y proporcionadas para la protección de intereses compatibles con el Derecho comunitario.

La seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales se consideran intereses compatibles con el Derecho comunitario. Las medidas adoptadas en defensa de estos intereses deben ser en cualquier caso necesarias y proporcionadas, y la Comisión puede recabar información de las autoridades nacionales sobre las medidas previstas para verificarlo. Los demás intereses deben comunicarse a la Comisión antes de la adopción de estas medidas. La Comisión debe decidir entonces, en el plazo de 25 días laborables, si las medidas nacionales se justifican por la protección de un interés compatible con el Derecho comunitario.

La Comisión considera que las disposiciones antes mencionadas pueden permitir actuar oportunamente contra todas las medidas proteccionistas ilegales adoptadas por los Estados miembros. La Comisión tiene además la firme voluntad de usar todos los poderes de que dispone para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho comunitario.

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), autor. – (EN) Ha sido una respuesta muy larga, pero, con todo respeto, no ha sido realmente una respuesta, porque sé cuáles son los poderes. Mi pregunta es si necesitaban ustedes realmente más poderes. Usted ha dicho concretamente que la fase prejudicial podría acelerarse. Quisiera una respuesta concreta, por favor: con respecto a la fase posjudicial, ¿no está usted de acuerdo en que a veces puede durar varios años y de nuevo varios años más antes de que se aplique una penalización? ¿No sería más práctico tener poderes para abreviar esto y endurecerlo todavía más?

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Puedo entender la intención de la pregunta suplementaria planteada por su Señoría. Sí, a veces es frustrante tener que esperar durante un considerable periodo de tiempo a que haya alguna acción. Sin embargo, somos una Comunidad de derecho y debemos cumplir la ley establecida al respecto. Hay que seguir los procedimientos.

Incluso en los Estados miembros este tipo de acciones tardan algún tiempo. Aunque a veces hay mecanismos para acelerar el proceso en los Estados miembros, e incluso en la Comunidad se pueden ejercer derechos para acelerar el proceso, se tarda todavía bastante tiempo. Así que me temo que no podemos gobernar por decreto o por dictado en esta Comunidad. Sería un abuso de privilegio. No creo que nadie lo defendiera.

Por otra parte, a veces es frustrante que haya un periodo de tiempo tan considerable, pero no veo otra manera de hacerlo. Además, no preveo que ningún Estado miembro se precipite a dar a la Comisión nuevos poderes inmediatos o poderes para acelerar el proceso. Debemos convivir con lo que tenemos.

  El Presidente.

Pregunta nº 42 formulada por Harlem Désir (H-0268/06)

Asunto: "Contrato Primer Empleo": conformidad o no conformidad con la Directiva 2000/78/CE

El «contrato Primer Empleo» instaurado en Francia permite a las empresas de más de veinte asalariados contratar a un joven de menos de 26 años con un período de prueba de dos años. Durante este período, el joven podrá ser despedido sin motivo. Estos asalariados no estarían amparados por las disposiciones del Código laboral en virtud de las cuales el empresario está obligado a motivar el despido. El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE⁽²⁾define como discriminación el hecho de que una persona reciba un trato menos favorable que otra por razón de la edad. ¿Considera la Comisión que el «Contrato Primer Empleo» es conforme a los principios de la Directiva? En caso negativo, ¿qué iniciativas piensa tomar respecto del Estado miembro interesado?

Segunda parte

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, señor Désir, la Comisión aún no ha recibido la comunicación de la ley francesa a la que se ha aludido antes en la pregunta formulada por su Señoría y, por lo tanto, la Comisión no está preparada para emitir un dictamen detallado sobre la ley.

El objetivo de la Directiva 2000/78/CE, tal como se ha mencionado, es, en realidad, la de impedir la discriminación en el ámbito del empleo, en especial la discriminación por la edad. La Directiva también establece varias excepciones a la norma general. Permítanme que cite directamente de la Directiva.

(FR) «No obstante, en determinadas circunstancias se pueden justificar diferencias de trato por razones de edad, y requieren por lo tanto disposiciones específicas que pueden variar según la situación de los Estados miembros. Resulta pues esencial distinguir las diferencias de trato justificadas, concretamente por objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado laboral y de la formación profesional, y debe prohibirse la discriminación». Otra cita: «El establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y remuneración, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas».

(CS) Por lo tanto, como pueden ver, desde el punto de vista de la Directiva la situación tiene un doble aspecto. La Directiva reconoce formas diferentes de gestión, cuando existen motivos legítimos y diferentes medidas, cuando dichas medidas se corresponden proporcionalmente con el propósito para las que se pretenden. No tengo nada más que decir sobre la situación que prevalece en la actualidad. El punto de vista definitivo de toda ley notificada debe descansar, comprensiblemente, en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

  Harlem Désir (PSE), autor. – (FR) Señor Comisario, creo en efecto que, cuando la Comisión reciba la notificación del Contrato de Primer Empleo, es importante que pueda efectuar un análisis minucioso de las condiciones en que esta ley autoriza, para los jóvenes menores de 26 años, a rescindir el contrato de trabajo durante los dos primeros años.

Ahora bien, si como ha dicho usted la Directiva 2000/78 autoriza un trato diferenciado, incluso en función de la edad, lo hace en el marco de acciones positivas, de acciones proporcionales al fin perseguido. Recientemente, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia –sentencia Mangold de 22 de noviembre de 2005– relativa a otro acto legislativo, la ley alemana «Hartz 4» sobre las disposiciones relativas a los trabajadores de edad avanzada. Esta sentencia consideraba que en este caso la forma de renovar contratos a plazo fijo únicamente para los trabajadores de edad avanzada no era proporcional al objetivo perseguido.

Creo que en el caso del contrato de primer empleo nadie puede considerar que esta medida sea favorable a los jóvenes menores de 26 años. Es por tanto, sin duda alguna, un acto de discriminación contra ellos, que les impide beneficiarse de una serie de elementos del Derecho laboral. Espero que la Comisión se base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para condenar este Contrato de Primer Empleo.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Désir, ha citado un caso particular que reviste una gran importancia para la evaluación de situaciones similares, puesto que la Directiva asume, en efecto, que toda medida será, de un lado, proporcional y, de otro, legítima con relación a su propósito. En el caso que ha mencionado relacionado con trabajadores de más edad, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictaminó que el propósito era legítimo pero la medida no era proporcional y, en consecuencia, se rechazó la medida. En este momento, tal como he dicho, debido a que la ley aún no se ha comunicado, no sabemos que forma va a adoptar, e incluso he leído informes en los medios de comunicación de que aún no se ha determinado su forma final por lo que me es imposible, como representante de la Comisión, dar más detalles.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, en los Estados miembros de la UE como Francia, Alemania, España e Italia se ha desarrollado un mercado laboral floreciente para los trabajadores en prácticas. Se substituye a un número cada vez mayor de trabajadores regulares por personas en prácticas mal pagadas o sin cobrar, o en Alemania, por ejemplo, por «empleos a un euro» financiados por el Estado –en los que personas que se encontraban en paro tienen derecho a ganar 1 euro por hora además de su prestación por desempleo– que no cotizan a la Seguridad Social ni están sujetos a impuestos. ¿Hasta qué punto conoce la Comisión este problema?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) La Comisión, por supuesto, controla el mercado laboral en cada uno de los Estados miembros, así como los desarrollos de la legislación sobre empleo. A propósito, dentro de poco se publicará un Libro Verde sobre el desarrollo de la legislación sobre empleo en Europa y, espero, que será la base de debates de gran alcance sobre las costumbres, los métodos y el desarrollo de la legislación sobre empleo y las relaciones jurídicas entre el empresario y el empleado en los Estados miembros de la UE. En caso contrario, naturalmente, la Comisión puede controlar y adoptar decisiones solo en esos marcos establecidos al amparo del Tratado y, al efecto, hay que decir que el Tratado no establece vínculos directos con la legislación sobre empleo.

  El Presidente.

Pregunta nº 43 formulada por Bart Staes (H-0204/06)

Asunto: Valoración del Reglamento (CE) nº 485/2005 - Traspaso de buques al Océano Índico

En el tercer considerando del Reglamento (CE) nº 485/2005 del Consejo ⁽³⁾, se señala que «procede ampliar la posibilidad de retirada de la flota pesquera comunitaria al amparo de dichas ayudas a los buques que sean objeto de traspaso a los países afectados por el tsunami, en beneficio de las comunidades pesqueras damnificadas».

Considerando que dicho Reglamento estipula que los Estados miembros deberán informar periódicamente a la Comisión, ¿podría indicar la Comisión cuántas solicitudes de traspaso de estos buques han presentado los distintos países afectados por el tsunami, cuántos buques han ofrecido los Estados miembros y cuántos buques se han enviado realmente al Océano Índico y a qué países?

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) El Reglamento del Consejo (CE) nº 485/2005 al que se refiere su Señoría amplía la posibilidad de retirar barcos de pesca de la flota pesquera comunitaria con ayudas públicas a los barcos que puedan trasladarse a los países afectados por el tsunami en beneficio de las comunidades pesqueras damnificadas. Esta posibilidad se concede con carácter excepcional, en determinadas condiciones y solo durante un periodo limitado.

Aunque varios países del Océano Índico cuyos sectores pesqueros se vieron afectados por el desastre del tsunami preguntaron por la posibilidad de un traslado de barcos, solo Sri Lanka presentó una petición formal de barcos. Abarca 120 barcos con una eslora de 9 a 12 metros. La Comisión informó a los Estados miembros de la petición y les recordó en varias ocasiones la obligación de informar sobre el traslado de barcos.

A pesar de la adopción unánime del Reglamento por el Consejo, todos los 20 Estados miembros que tienen actividades de pesca marítima han informado ahora a la Comisión de que no han detectado ninguna posibilidad de traslado de barcos en respuesta a la petición de Sri Lanka. Como el Reglamento fija el plazo del 30 de junio de 2006, en la actualidad no hay más perspectivas de traslado de barcos de acuerdo con este mecanismo.

  Bart Staes (Verts/ALE), autor. – (NL) Señor Presidente, por tanto no tengo otra opción que concluir que el Reglamento que aprobamos fue algo inútil, que es, de hecho, lo que previmos. Creo que el Reglamento tal y como se presentó no fue si no un acto de relaciones públicas y, por la respuesta del Comisario, es evidente que fue un mal instrumento legislativo. Quiero hacer otra pregunta al Comisario: si este Reglamento no ayuda a los países afectados por el tsunami a reconstruir su flota pesquera, ¿puede decirnos si la Comisión ha adoptado otras medidas para ayudar realmente a esos países a construir sus propios barcos y a organizar una forma más apropiada de pesca en las regiones que fueron golpeadas el año pasado por el tsunami?

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Está claro que cuando se promulgó esta legislación, por vía de excepción a la regla que se había establecido, con arreglo a la cual ya no era posible trasladar barcos a terceros países, se hizo con algunas restricciones importantes, una de las cuales se refiere, por ejemplo, a la eslora de los barcos. Recuerdo el debate aquí en el Parlamento de que no deberíamos permitir una situación en la que los barcos se trasladaran a terceros países afectados por el tsunami sin imponer ninguna condición porque eso podría suponer, en las actuales circunstancias, un aumento del esfuerzo pesquero e intensificar por consiguiente los problemas que existían en algunas pesquerías de esas aguas de terceros países, sino que los barcos deberían ser adecuados y apropiados para las pesquerías tradicionales de esos países. Por consiguiente, se establecieron restricciones con respecto al tamaño de los barcos, su edad, el hecho de que los barcos no debían usar aparejos de arrastre y otras condiciones relativas a la gestión de recursos ecológicos y a la navegabilidad.

Dicho esto, debo subrayar el hecho de que las respuestas que hemos recibido de los Estados miembros sobre el motivo por el que no era posible detectar barcos para trasladarlos a Sri Lanka eran o bien que no había barcos apropiados disponibles entre los que tenían que desguazarse en determinados Estados miembros, o que el desguace no estaba previsto en algunos otros Estados miembros, o que los incentivos para el traslado de barcos no eran suficientemente atractivos.

Debo subrayar también el hecho de que esta era una iniciativa de la Comisión destinada a intentar ayudar a los países afectados por el tsunami, con respecto específicamente al sector pesquero, si había la oportunidad de hacerlo. Era un elemento adicional que fue por consiguiente el principal objetivo de la ayuda, aunque bajo el paraguas general de la cooperación al desarrollo en lugar de la cartera pesquera. Fue un «extra optativo» que no se utilizó.

Debo subrayar que el resultado final fue que algunos Estados miembros particulares ayudaron a los países afectados por el tsunami facilitando fondos para la adquisición de barcos, que fueron comprados sin ninguna medida de control. El resultado final hoy es que hay una flota significativamente mayor en las zonas afectadas por el tsunami, lo que crea mucha más presión que antes sobre el esfuerzo pesquero y genera más problemas. En lugar de avanzar en dirección a la pesca sostenible, de acuerdo con la información que tenemos hay muchos más problemas que los que había antes.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ¿no es el ejemplo que acaba de dar el Comisario un indicio típico de que la Unión debería esforzarse por considerar la ayuda en caso de catástrofe una cuestión aparte y por suministrar fondos de inmediato para este fin –tal y como, en efecto, ya lo ha hecho en el caso de las inundaciones–, en lugar de intentar avanzar mediante derogaciones en ámbitos de políticas tradicionales: pesca, transporte u otra política? Después de todo, la experiencia ha demostrado que esto lleva demasiado tiempo y que no funciona.

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Sí, está claro que es importante intentar encontrar el equilibrio correcto entre las necesidades de los países que se vean afectados por esas catástrofes y la ayuda a largo plazo, que no debería servir para generar más presiones o dificultades a esos países intentando ayudar a reconstruir la economía de manera sostenible. Estamos intentando hacer esto específicamente con respecto a la pesca; sin embargo, a menos que haya una coordinación más estrecha entre las iniciativas de la Comisión y las iniciativas particulares de los Estados miembros, lo más probable es que las posibilidades de éxito sean limitadas.

  El Presidente. Pregunta nº 44 formulada por Rosa Miguélez Ramos (H-0205/06)

Asunto: Veda de artes de enmalle de fondo

La Comisión admite que la veda para el enmalle de fondo, aprobada en el Consejo de diciembre de 2005, no está sustentada por informes científicos propios, ni existen estudios de impacto socioeconómico. En reunión con la Coordinadora de afectados del 25.1.2006, la Comisión indicó su intención de solucionar el problema lo antes posible a través de la modificación del Reglamento TAC, afirmando que la prohibición es transitoria, hasta conseguir la regulación de estas artes. Condicionó el inicio del calendario de actuaciones a la decisión adoptada en la reunión del RAC de Aguas del Noroeste del 31.1.2006. En dicha reunión se aprobó por unanimidad dirigirse al Comisario Borg para mostrar la disconformidad con el proceso que llevó a la veda y se anunció la creación de un grupo de trabajo para regular el uso de este tipo de artes.

Dada la necesidad de contar con una decisión rápida por las consecuencias socioeconómicas nefastas de esta prohibición, ¿cuándo piensa la Comisión presentar su propuesta legislativa? ¿Ha previsto la Comisión alguna medida transitoria que suavice la prohibición hasta la presentación de dicha propuesta?

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) La pregunta de la señora Miguélez Ramos sobre la veda del uso de artes de enmalle de fondo en el norte y oeste de Gran Bretaña e Irlanda sigue a varias preguntas formuladas por escrito sobre la misma cuestión por ella misma y por la señora Fraga Estévez y el señor Varela Suanzes-Carpegna.

La prohibición, que tuvo efecto el 1 de febrero de 2006, se introdujo en el Reglamento de TAC y cuotas y se adoptó en el Consejo en diciembre de 2005. Se propuso en respuesta al informe de la investigación DEEPNET, que destacaba el daño potencial que esas pesquerías podrían estar causando a los tiburones de aguas profundas y otras especies. El informe DEEPNET lo realizaron acreditadas organizaciones científicas de Irlanda, el Reino Unido y Noruega, así que la Comisión lo consideró seriamente.

Paralelamente a la prohibición en aguas comunitarias, en su reunión anual de noviembre de 2005 la Comisión de la Pesca del Atlántico Nordeste adoptó una prohibición idéntica de redes de enmalle de fondo en su zona jurisdiccional a partir del 1 de febrero de 2006.

En primer lugar, quisiera tranquilizarles en el sentido de que esta prohibición pretende ser una medida temporal en respuesta a serias preocupaciones sobre las prácticas de algunos partícipes de esas pesquerías y en particular sobre el impacto de esas prácticas en especies como los tiburones de aguas profundas. Estas especies se hallan en un estado tan deplorable y tardan tanto en recuperar su número una vez que han sido mermadas, que la Comisión tiene que reaccionar muy rápidamente sin esperar a un dictamen científico definitivo del Comisión Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP).

La prohibición estaba prevista originalmente como una medida de emergencia en septiembre, pero se aplazó hasta el Consejo de diciembre para que diera tiempo a las consultas. Por desgracia, no se presentaron a tiempo propuestas concretas de medidas alternativas para su inclusión en la propuesta debatida en el Consejo en diciembre.

Sé que la mayoría de los pescadores que usan esas artes actúan responsablemente y que es una minoría la que causa preocupación. Por esa razón, quisiera introducir medidas encaminadas a regular la actividad de las redes de enmalle de fondo en la primera oportunidad. La Comisión ha recibido ya alguna información sobre posibles enfoques, especialmente del Consejo Consultivo Regional de las Aguas del Noroeste, que propone una rápida reapertura de la pesca de merluza y un número limitado de barcos que participen en la pesca de rape y de aguas profundas con presencia de observadores.

Los servicios de la Comisión se reunirán con el Consejo Consultivo Regional de las Aguas del Noroeste y con científicos el viernes, 7 de abril de 2006, donde debatiremos estas posibilidades. En función del resultado de esa reunión se podría hacer una propuesta para permitir una pesca limitada con arreglo a un programa de observación en mayo de 2006. Los datos recogidos por un programa semejante podrían estar entonces disponibles para la CCTEP, que abordará esta cuestión a finales de junio o comienzos de julio.

Los límites geográficos de la prohibición se fijaron en el informe del estudio DEEPNET. Sé que puede haber problemas similares en otras zonas, pero actualmente no tenemos información que justifique que la ampliación de la zona de veda. Esta es otra razón para establecer una legislación efectiva aplicable a todas las zonas tan pronto como sea factible. Por desgracia, la prohibición tiene que crear dificultades económicas a las flotas afectadas.

No se han planeado medidas de transición para mitigar los efectos de la prohibición, pero yo animaría a los Estados miembros a que hicieran uso de las posibilidades que ya están disponibles para el cese temporal de actividades, con arreglo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, para ayudar a los más gravemente afectados.

  Rosa Miguélez Ramos (PSE), autora. – (ES) Señor Comisario, la verdad es que lo que le acabo de escuchar se lo he oído ya en ocasiones anteriores; creía que me iba a decir algo un poco más nuevo, que, por ejemplo, insistiría algo más en esas fechas que usted ha explicitado, de mayo y de junio.

En realidad, lo que le quería preguntar es qué posibilidad hay de enmendar esta decisión con carácter inmediato, qué posibilidad hay de enmendar el Reglamento de TAC y cuotas, para que por lo menos los volanteros –que se dedican a la merluza con un arte que usted mismo reconoce, en cartas que he visto por ahí, que no es agresivo– puedan volver a esas aguas; y qué plazos prevé la Comisión para la regulación definitiva de artes fijos de enmalle, para no tener al sector en la incertidumbre.

Porque, efectivamente señor Comisario, esta decisión tuvo y sigue teniendo efectos muy negativos, sobre todo socioeconómicos.

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Sí, hay aquí dos aspectos: uno se refiere a las medidas que pueden adoptarse a corto plazo para tratar de suavizar el impacto de la imposición temporal de la prohibición de redes de enmalle de fondo. Estamos discutiendo esto con el CCR de las Aguas del Noroeste, y está prevista una reunión para el 7 de abril, donde es de esperar que podamos discutir este asunto con el CCR de las Aguas del Noroeste. Inmediatamente después, es de esperar que seamos capaces de adoptar algunas decisiones para abrir la posibilidad de una pesca limitada de merluza y quizás de ver la posibilidad con respecto al rape, estableciendo un sistema de supervisión a bordo de los barcos.

Estamos estudiando también el establecimiento de medidas permanentes que sustituyan la prohibición de redes de arrastre en todas las aguas comunitarias. Este mismo año podremos presentar entonces una propuesta para retirar la prohibición de redes de arrastre y sustituirla por medidas permanentes, previa comprobación de que no haya ya riesgo alguno de daño irreparable en las reservas de tiburones de aguas profundas a resultas de que los pescadores dejen sus redes en el mar durante largos períodos, pescando por su propia cuenta y causando un gran daño al hábitat.

  John Purvis (PPE-DE). – (EN) El Comisario probablemente se encuentre entre Escila y Caribdis con este argumento, pero estoy seguro de que tendrá en cuenta el grave daño que han causado las redes de arrastre y de enmalle en el pasado, por ejemplo al salmón salvaje en el Atlántico Norte, y que protegerá firmemente las pesquerías frente a este método de pesca.

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Sí, es necesario hacer una distinción, ya que estamos hablando de redes de enmalle de fondo, que normalmente se utilizan muy selectivamente y, por lo tanto, no queremos desalentar el uso de este tipo de artes de pesca. Sin embargo, si no se hace nada al respecto, la práctica de este tipo de pesca durante un largo periodo causa daños considerables. Por lo tanto, queremos reducir el uso indebido de las redes de enmalle, no su uso adecuado. Así pues, por un lado, dado que el uso de redes de enmalle es muy selectivo como arte de pesca, no queremos desalentarlo; pero, por otro lado, claro que queremos desalentar el uso indebido de las redes de enmalle, ya que esto crea las denominadas «redes fantasma», que siguen utilizándose para la pesca durante un periodo de un mes más o menos, lo que causa daños considerables a las especies correspondientes.

  El Presidente.

Pregunta nº 45 formulada por Pedro Guerreiro (H-0273/06)

Asunto: Acuerdo de pesca con Marruecos y defensa de los legítimos derechos del pueblo saharaui

Han de tenerse en cuenta las actuales negociaciones sobre el Acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos con respecto al sector de la pesca y la necesidad de salvaguardar y defender los legítimos derechos e intereses del pueblo saharaui.A este respecto, ¿ha establecido la Comisión contactos con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, con objeto de conocer su posición sobre dicho Acuerdo? En caso afirmativo, ¿cuál es el resultado de dichos contactos?

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Quiero recordar a su Señoría que las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de cooperación pesquera entre la Unión Europea y Marruecos han concluido y que la Comisión y el Gobierno marroquí rubricaron el proyecto de acuerdo en julio de 2005. En cuanto a su aplicación territorial, el texto del nuevo acuerdo no difiere del acuerdo anterior, que venció en 2000.

Con respecto a la pregunta concreta de su Señoría, quiero señalar que el Frente Polisario no está formalmente acreditado ante la Comunidad Europea. No existe un diálogo político formal entre la Comisión y el Frente Polisario. En cuanto a las negociaciones sobre la pesca, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar con el Reino de Marruecos. No tiene competencias para ampliar las negociaciones a terceros.

En el marco de los preparativos para la negociación del acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos, la Comisión ha evaluado a fondo las implicaciones políticas, jurídicas y económicas de un eventual acuerdo. En este caso, como en otros, la Comisión intenta evitar una situación en que la conclusión de nuevos acuerdos en el ámbito de la pesca pueda ser un factor que suscite disputas o conflictos internacionales.

En cuanto a la cuestión del acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental, la Comisión se ha asegurado de cumplir plenamente los principios pertinentes del Derecho internacional y apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas por encontrar una solución adecuada con respecto al Sahara Occidental. El contenido del texto inicial, como en el caso del anterior acuerdo pesquero, no prejuzga en modo alguno la cuestión relacionada con el estatuto internacional del Sahara Occidental.

La Comisión está convencida de que el nuevo acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos se ajusta al Derecho internacional y al dictamen del Consejero Jurídico de las Naciones Unidas del 29 de enero de 2002. La opinión de la Comisión con respecto al alcance geográfico del acuerdo ha sido confirmada y ratificada tanto por el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo como por el del Parlamento Europeo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), autor. – (PT) En el contexto de la política de desarrollo de la Unión Europea, la Unión ha asignado fondos para los campos de refugiados del pueblo saharaui regidos por el Frente Polisario en la región del Sahara Occidental. Por tanto, una vez más, quiero preguntar si, al amparo de su enfoque del problema del Sahara Occidental, la Comisión tiene intención de preguntar al Frente Polisario qué piensa de este acuerdo, dado que tendrá implicaciones de gran calado para el Sahara Occidental.

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Como ya he dicho en mi respuesta anterior, la Comisión ha mantenido negociaciones con los representantes del Gobierno del Reino de Marruecos. La autorización que teníamos del Consejo era negociar con Marruecos. Las negociaciones finalizaron con un acuerdo que implica que toda la pesca que se lleve a cabo en aguas jurisdiccionales del Reino de Marruecos deberá beneficiar a las comunidades directamente adyacentes al lugar donde se realizan las actividades de pesca. Por lo tanto, es responsabilidad del Reino de Marruecos verificar que todos los beneficios que se deriven de las actividades pesqueras que se lleven a cabo en aguas adyacentes a la zona del Frente Polisario vayan a parar a las comunidades que viven allí.

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Señor Comisario, esta mañana el Parlamento acordó rechazar la petición del Consejo de aplicación del procedimiento de urgencia al Acuerdo con Marruecos. ¿Qué consecuencias, con respecto a la entrada en vigor de dicho Acuerdo, va a tener la decisión de esta mañana del Parlamento Europeo?

  Joe Borg, miembro de la Comisión. (EN) Ayer participé en una reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y el acuerdo es que el ponente presentará su informe a la Comisión de Pesca a principios de mayo, con la posibilidad de presentar enmiendas, para someterlo seguidamente a votación en la Comisión de Pesca a mediados de mayo y, a continuación, se llevará al Pleno para zanjar la cuestión en el período parcial de sesiones de mayo en Estrasburgo. Voy a hablar con la Presidencia austriaca sobre la posibilidad de que el Consejo decida sobre este acuerdo en la reunión del Consejo de Ministros en el mismo mes de mayo, de modo que si todo funciona de este modo, el acuerdo podría entrar en vigor a principios de junio. Esto supondría solo un mes de retraso con respecto a los plazos acordados entre la Comisión y el Reino de Marruecos.

  El Presidente.

Pregunta nº 46 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0203/06)

Asunto: Perspectivas financieras y desarrollo regional de las regiones ultraperiféricas

A la vista del acuerdo logrado en el seno del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, ¿puede informar la Comisión sobre la incidencia de las mismas en las políticas de desarrollo de las regiones ultraperiféricas?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Sobre la base del acuerdo del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2005, la situación de las regiones ultraperiféricas en el período 2007-2013 es la siguiente:

Para las partes afectadas de Europa habrá una tasa de cofinanciación más elevada al amparo de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. Será del orden del 85 % para las regiones del objetivo de convergencia y para aquellas regiones ultraperiféricas que forman parte del objetivo de competencia regional y empleo. También habrá una dotación financiera adicional para contribuir a la ayuda operativa financiera para compensar los costes adicionales en que se incurra en estas regiones debido a su situación geográfica. La tasa de cofinanciación en esta dotación adicional será del orden del 50 %; esta dotación adicional asciende a 35 euros al año per cápita en cada una de las siete regiones ultraperiféricas.

También tenemos situaciones específicas en lo que atañe a cada una de las regiones periféricas. Madeira, por ejemplo, que conservará la condición de región en proceso de inclusión gradual, pero que, al mismo tiempo, se beneficiará del régimen transitorio financiero más generoso, similar al de las regiones en proceso de exclusión gradual por razones estadísticas. También están las Islas Canarias, que se beneficiarán de una dotación adicional de 100 millones de euros durante el período comprendido entre 2007 y 2013.

En cuanto a la cooperación regional –el objetivo que se ha establecido para la política–, todas las regiones ultraperiféricas podrán acogerse a la línea transnacional del objetivo de cooperación territorial europea, y las regiones ultraperiféricas francesas, igual que las Islas Canarias, podrán acogerse a la línea transfronteriza. Asimismo, Madeira, las Azores y las Islas Canarias se beneficiarán de las disposiciones especiales aplicables a Portugal y España. Como bien saben, en el caso de Portugal, Madeira y las Azores también podrán optar al Fondo de Cohesión, así como a la aplicación temporal de la norma n+3 para el periodo 2007-2010. En el caso de España y las Islas Canarias, esto supone que también podrán beneficiarse del Fondo de Cohesión y de una dotación adicional que se concedió a España en forma de fondo tecnológico. La participación de las Islas Canarias se efectuará por decisión del Gobierno.

Como quizá sepan, las regiones ultraperiféricas también se pueden beneficiar de medidas específicas, cuyo objetivo es apoyar a los sectores tradicionales de estas regiones. Se adoptarán medidas específicas para la agricultura en las regiones ultraperiféricas de la Unión y también se dará un trato específico al amparo de la política de desarrollo rural, en particular en lo que se refiere a las tasas de intervención del nuevo Fondo Agrícola Europeo de Desarrollo Rural. Además de todo esto, naturalmente, existen los instrumentos ordinarios en el marco de nuestras políticas y todas las regiones tendrán acceso a todos los programas comunitarios previstos al amparo de todos los títulos del presupuesto europeo.

Estas son en resumen las medidas específicas que caben en las nuevas perspectivas financieras para las regiones ultraperiféricas.

  Manuel Medina Ortega (PSE), autor. – (ES) Señor Comisario, la Comisión hasta ahora ha efectuado una gran labor en la ayuda a las regiones ultraperiféricas, pero es evidente que en las nuevas perspectivas financieras hay una disminución del esfuerzo global de la Unión Europea.

Querría formularle simplemente una pregunta muy concreta: si, en el nuevo contexto de la crisis que están viviendo las zonas próximas a la Unión Europea, sobre todo el norte de África, es posible que la Unión Europea, a través de las regiones ultraperiféricas y el nuevo fondo asignado a las políticas de vecindad, pueda ayudar a resolver el problema, que afecta a toda la Unión, del acceso masivo de inmigración hacia la Unión Europea. Es decir, ¿de qué instrumentos de cooperación se podría disponer para evitar esta tremenda crisis que se está planteando en las zonas próximas a estas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Como bien saben, las regiones de Europa también pueden utilizar parte de los fondos que les han sido asignados para invertir en esas regiones que no están en los Estados miembros de la UE, pero que forman parte de los países vecinos, por lo que esta posibilidad de utilizar una parte de la dotación en un territorio de vecindad está abierta a las regiones ultraperiféricas.

Asimismo, dentro del instrumento europeo de asociación y vecindad, que en estos momentos la Comisión todavía está elaborando en lo tocante a su forma jurídica, existirá la posibilidad de cooperar con las regiones y los países vecinos sobre cuestiones relacionadas con las que usted aborda para la creación de puestos de trabajo y oportunidades de empleo al otro lado de la frontera.

En las Islas Canarias, en particular, podrán destinar parte del dinero al nuevo instrumento de asociación y vecindad y, por lo tanto, podrán contar con cooperación exterior, por ejemplo con las zonas fronterizas de Marruecos. Así pues, esto es lo que esta política puede hacer a través de los instrumentos financieros. Pero además de todo esto existe un problema político. Hace más o menos una semana, en la Comisión hablamos de la situación existente en algunas de las regiones ultraperiféricas en el contexto de la migración y las difíciles situaciones que experimentan. Así, dentro de otros instrumentos y desde el punto de vista político, próximamente la Comisión ayudará a abordar esta cuestión.

Disponemos de algunos instrumentos financieros, que son limitados. Tal como han dicho ustedes mismos, el presupuesto no es el que esperábamos cuando la Comisión presentó la propuesta; sin embargo, además de esos medios financieros limitados, existen también iniciativas para trabajar con los países vecinos, o regiones adyacentes a nuestras regiones periféricas, para hallar soluciones políticas a algunos de los problemas.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Los retos a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas de la Unión son muy similares a los retos que afrontan las regiones más septentrionales de la UE. ¿Diría usted que existe un equilibrio entre la ayuda de la UE a las regiones ultraperiféricas y la ayuda de la UE a las regiones más septentrionales en las propuestas de cohesión?

Por otra parte, ¿podría esbozar brevemente cuáles son los porcentajes de cofinanciación y las medidas concretas especiales para las regiones más septentrionales de la Unión Europea, en especial las partes del norte de Finlandia y de Suecia?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Es una pregunta muy difícil. Es muy difícil ver cuál es el equilibrio en este caso, ya que las cuestiones y los problemas a los que se enfrentan estas regiones son muy diferentes. Algunas de nuestras regiones tienen problemas debido a que están poco habitadas y esto supone que los costes de las infraestructuras son muy elevados. No solo representa un reto para nosotros a escala europea, sino también para los Gobiernos respectivos. Otras regiones tienen superpoblación y problemas de migración. Por consiguiente, es muy difícil medir qué está equilibrado y qué no lo está.

Como saben ustedes, dentro de este presupuesto tan limitado, durante el Consejo –que también forma parte de la tradición europea– se presentaron asimismo peticiones adicionales. Lo que yo presenté –todas esas medidas adicionales que se ofrecieron a las regiones– es algo que llegó durante el Consejo y que no formaba parte de una propuesta global equilibrada de la Comisión.

Tenemos que examinar la situación actual e intentar aprovechar esos recursos de la mejor manera posible, tratando de utilizar los que se habían asignado a las regiones con escasa densidad demográfica de Suecia y Finlandia de la manera más eficaz y hacer todo lo posible. Sin embargo, no veo la necesidad de comparar los 540 millones de euros que Finlandia y Suecia han recibido para dichas regiones con el dinero asignado a las regiones ultraperiféricas. Las situaciones son muy diferentes: el dinero tiene un valor diferente. No cabe duda de que la Comisión tratará los dos tipos de problemas –en las regiones ultraperiféricas y en las regiones con escasa densidad demográfica– para obtener los mejores resultados de los fondos que habrá disponibles.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señora Comisaria, en realidad la Comisión había presentado un marco financiero muy ambicioso. El Consejo lo recortó drásticamente en su reunión de diciembre. Las negociaciones se desarrollan actualmente en el marco del diálogo a tres bandas. Lo que echo en falta en este punto es el papel de la Comisión. Si la Comisión presenta una propuesta tan ambiciosa, ¿por qué no se sabe nada más de ella y por qué el Parlamento ya no está dispuesto a luchar por los recursos presupuestarios que necesitamos para ejecutar estos programas? Esto en particular concierne al desarrollo rural, no solo en las regiones ultraperiféricas, sino en zonas rurales en general, donde se precisa una transferencia masiva de fondos para alcanzar los niveles necesarios.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) No tengo la impresión de que la Comisión no sea estricta en las negociaciones. Lo que yo creo es que estamos intentando contribuir a que se llegue a un compromiso en un grado que sea satisfactorio para las tres instituciones. Sucede que las dos instituciones –el Consejo y el Parlamento– han llegado bastante lejos en los aspectos financieros y en la cuantía del presupuesto que hay sobre la mesa. Los esfuerzos de la Comisión deben dirigirse, a mi entender, a ayudarles a encontrar un compromiso. La cuantía del presupuesto es extremadamente importante. Esperamos que también tengamos fondos para aquellos ámbitos en que hubo recortes tan drásticos en diciembre. Pero también es importante alcanzar un acuerdo. No sé a qué se parece el diálogo tripartito, ya que no participo en él, pero puedo imaginarme que existen momentos en que la función de la Comisión es la de ayudar a encontrar un compromiso. Esto les debe dar la impresión de que no nos preocupa el dinero, pero no es así. Nos preocupa. Sabemos que si tuviéramos dinero podríamos hacer más por Europa, con Europa y en Europa para todos los ciudadanos. Sin embargo, a veces el realismo y el desafío que representan los plazos son también importantes. Así lo veo yo.

  El Presidente.

Pregunta nº 47 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-0217/06)

Asunto: Índice de utilización de los fondos comunitarios y la regla "n+2"

La regla «n+2» es uno de los criterios para llevar a cabo las acciones del MCA y prevé que los importes comprometidos para la financiación de un programa deben desembolsarse en un plazo de dos años. ¿Puede indicar la Comisión para qué importes y qué programas ha solicitado el Gobierno griego la no aplicación de la regla «n+2»? ¿En qué fase de examen se encuentran estas solicitudes por parte de los servicios de la Comisión?

Por otra parte, ¿puede indicar la Comisión si, en el marco del 3er MCA, existe la posibilidad de prolongar el período establecido para la firma de contratos legales más allá de 2006? En caso afirmativo, ¿en qué condiciones? ¿Podrán utilizarse fondos comunitarios del 3er MCA incluso después de 2008? De ser así, ¿en qué condiciones?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Quizá sepan ustedes que antes de finales del año pasado, las autoridades griegas presentaron a la Comisión una lista de peticiones de exenciones de la regla n+2. El importe total era de más de 655 millones de euros. La intención era cubrir un importe de 342 millones de euros, sujetos potencialmente a la regla n+2. La petición que se presentó tiene que ver con 12 programas operativos en Grecia y también implica la intervención de tres fondos: el FEDER, el FSE y el fondo agrícola.

La Comisión ha completado las tramitación de la petición griega relativa a la aplicación de la norma n+2 y ha llegado a la conclusión de que lo que queda como recorte potencial debido a la norma n+2 asciende a 8 638 000 euros, lo que representa mucho menos que lo que en un principio estaba sobre la mesa. Seguimos a la espera de la confirmación de los griegos y, si lo confirman, esta será la dotación que la Comisión espera efectivamente como compromiso.

La segunda parte de su pregunta se refiere al periodo de admisibilidad para los compromisos y los pagos. Como saben, para el período de programación 2000-2006, el plazo de admisión finaliza el 31 de diciembre de 2008. Los compromisos, en teoría y quiero subrayar esto, son posibles durante todo el periodo de admisión, o sea el año 2008. Sin embargo, es preciso establecer los compromisos con la suficiente antelación para permitir a los beneficiarios finales poner en marcha las operaciones y proyectos y efectuar los pagos antes de que finalice el plazo de admisión para el gasto, que expira a finales de 2008. Cerraremos los gastos para todos los Estados miembros al amparo de las actuales perspectivas financieras el 31 de diciembre de 2008, con excepción de los programas y las medidas contempladas por las ayudas estatales. Según las normas, este plazo de admisión concluye el 30 de abril de 2009.

También quiero informarles de que de conformidad con todos nuestros análisis jurídicos y la información de que disponemos en la Comisión, no pueden existir excepciones a estas condiciones –quiero decir, a finales de 2008 o en abril de 2009– en cuanto a la posible fecha final de admisión. Así pues, la fecha final es finales de 2008 o abril de 2009, y esta es la situación.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), autor. – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, permítame preguntarle algo más.

Dado que la aceptación de las solicitudes de exención traslada la presión a los próximos años, me gustaría que la Comisión explicara cómo se formulan las obligaciones de Grecia de los años 2006 y 2007 y cuál es la previsión de la Comisión, si es que tiene alguna, con respecto a la regla n+2 para estos dos años.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Con este tipo de pregunta es demasiado arriesgado embarcarse en una iniciativa para responder sin comprobarlo ni prepararlo, por lo que puedo comprometerme a que intentaremos responder lo más pronto posible durante los próximos días y responderle más tarde con una evaluación de la situación actual en lo que se refiere a los pagos y compromisos para Grecia.

  El Presidente. Las preguntas de la 48 a 59 se contestarán por escrito.

  El Presidente. Como son de contenido similar, las siguientes preguntas se tratarán simultánemaente:

Pregunta nº 60 formulada por Bernd Posselt (H-0210/06)

Asunto: Introducción del euro en los diez nuevos Estados miembros

¿Cómo valora el Comisario el estado actual de los preparativos y el calendario para la introducción del euro en los diez nuevos Estados miembros, adheridos el 1 de mayo de 2004 a la UE?

Pregunta nº 61 formulada por Justas Vincas Paleckis (H-0222/06)

Asunto: Adhesión de nuevos Estados miembros de la UE a la zona del euro

Según los puntos de vista expuestos en la prensa y en declaraciones formuladas por diferentes autoridades, la preparación de los nuevos Estados miembros de la UE para la introducción del euro se evaluará teniendo en cuenta no solo los criterios de Maastricht, sino también el nivel de desarrollo económico general del país. En concreto, se ha anunciado que se puede proponer a Eslovenia que entre en la zona del euro porque su PIB por habitante es más elevado que el de Lituania y el de Estonia, mientras que estos dos países no serán seleccionados aunque cumplan los criterios de Maastricht, incluido el nivel de inflación.

¿Tienen fundamento estas declaraciones? ¿Podría la Comisión indicar claramente que la decisión relativa a la adhesión de los nuevos Estados miembros a la zona del euro se basará únicamente en los criterios de Maastricht y no en otros, sean del tipo que sean?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Respondo a la primera pregunta del señor Posselt diciendo que Estonia, Lituania y Eslovenia han establecido el 1 de enero de 2007 como fecha objetivo para la adopción del euro; Chipre, Letonia y Malta se proponen adoptar el euro el 1 de enero de 2008; Eslovaquia prevé hacerlo el 1 de enero de 2009; la República Checa y Hungría aspiran a ingresar en la zona del euro en 2010 y Polonia no ha establecido una fecha objetivo.

Una vez cada dos años, como mínimo, o a petición de un Estado miembro, la Comisión y el Banco Central Europeo deben informar al Consejo sobre los avances realizados por los Estados miembros en el cumplimiento de su obligación de pertenecer plenamente a la Unión Económica y Monetaria.

En febrero de 2006 la Comisión, de acuerdo con el Banco Central Europeo, anunció que el próximo informe de convergencia, relativo a todos los Estados no integrantes de la zona del euro, salvo los dos que tienen una cláusula de opt-out, el Reino Unido y Dinamarca, será publicado en octubre de 2006, es decir, dos años después de la evaluación anterior. Sin embargo, y de conformidad con el artículo 122 del Tratado, dos Estados miembros, Eslovenia y Lituania, se han dirigido a la Comisión y al Banco Central Europeo, solicitando un informe particular sobre sus avances en materia de convergencia; la Comisión y también el Banco Central Europeo tienen la intención de adoptar este informe sobre ambos Estados miembros el 16 de mayo de 2006.

En el caso de que la evaluación sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia económicos y legales sea positiva, la Comisión presentaría la correspondiente propuesta y, previa consulta a este Parlamento, a mediados de junio el Consejo Europeo podría analizar y adoptar, en su caso, una decisión, con lo cual, la propuesta definitiva de derogación podría discutirse por el Consejo Ecofin el 11 de julio.

Con independencia de este proceso, por supuesto, desde la Comisión mantenemos regulares contactos con todos los Estados que aspiran a entrar en la zona del euro, los seguimos muy atentamente y cooperamos con ellos para los preparativos prácticos de esta importante decisión.

(ES) En respuesta a la pregunta del diputado señor Paleckis, debo decirle que, por supuesto, la Comisión aplicará el principio de igualdad de trato al evaluar los avances de los diez nuevos Estados miembros en materia de convergencia económica y legal. Los países, como acabo de decir, serán evaluados en función del procedimiento y los criterios establecidos en el Tratado, en particular en el artículo 122 y, como es obvio, la Comisión no tiene intención de cambiar este procedimiento ni de introducir criterios adicionales.

En lo que se refiere al criterio de inflación, el Tratado establece, como saben sus Señorías, que el Estado miembro correspondiente tiene la obligación de mantener una evolución de precios sostenible y una tasa media de inflación que no supere en más de 1,5 puntos porcentuales la de, como máximo, tres Estados miembros con los mejores resultados en materia de estabilidad de precios. La Comisión se propone aplicar con rigor este criterio en el futuro, igual que lo ha hecho en el pasado.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, agradezco enormemente al Comisario su respuesta tan precisa. Sin embargo, si se me permite decirlo, ha hablado tan rápido al principio que la interpretación alemana ha sido prácticamente incomprensible. Por tanto, me gustaría saber si he entendido bien: ¿está previsto que los dos últimos de estos diez Estados miembros, es decir, la República Checa y Hungría, se adhieran en 2010? Quiero preguntar al Comisario si el proceso ha concluido realmente o si alguno de los diez Estados miembros han solicitado un aplazamiento hasta después de 2010.

  Justas Vincas Paleckis (PSE), autor. – (EN) Gracias por su respuesta a mi pregunta. Los criterios de Maastricht se aplican estrictamente a los países que solicitan la entrada en la zona del euro. No se puede aceptar a Lituania en la zona del euro, a pesar de que, en estos momentos, solo supera los criterios de inflación en un 0,1 %. Lituania ha cumplido esta condición durante los últimos seis años, como han hecho otros. En la zona del euro actual, muchos miembros infringen alguno de los criterios de Maastricht. Por ejemplo, algunos países grandes han incumplido durante muchos años las condiciones sobre el déficit presupuestario sin recibir ninguna tarjeta roja, igual que con respecto a la inflación y otros criterios. ¿No se está discriminando en este sentido a los nuevos Estados miembros con este doble rasero?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) En primer lugar, respondo al señor diputado Posselt tratando de no hablar tan rápido.

Los objetivos que he citado, acerca de cuándo los Estados miembros desean ingresar en la zona del euro, son fechas definidas por ellos mismos.

En su día, los tres primeros, Estonia, Lituania y Eslovenia, anunciaron que querían entrar en la zona del euro en 2007. Por su parte, Hungría, como usted ha citado, fijó 2010 como fecha objetivo.

El único que no ha fijado objetivo alguno —como he dicho antes— es Polonia.

Esa es una condición necesaria, pero no es condición suficiente. La condición suficiente es que, en la valoración que hacen tanto la Comisión como el Banco Central Europeo, acerca del cumplimiento de los criterios establecidos en el Tratado, los Estados miembros que desean entrar en la zona del euro cumplan dichos criterios.

Por lo tanto, tienen que coexistir dos voluntades: la voluntad del Estado miembro y la voluntad expresada en última instancia por el Consejo, a propuesta de la Comisión, una vez que la Comisión y el Banco Central Europeo hayamos evaluado positivamente el cumplimiento de los criterios. Esa es la situación.

En el caso de Polonia, que es el único de los nuevos Estados miembros que no ha fijado una fecha objetivo para ingresar en la zona del euro —también Suecia está en esa situación, después del referéndum negativo de 2003—, la Comisión recuerda que es una obligación de los propios Estados miembros —salvo en el caso de los que tienen una cláusula de excepción, que solo son Reino Unido y Dinamarca— plantearse el ingreso en la zona del euro y nuestra obligación y responsabilidad es evaluar si cumplen o no los requisitos.

No le puedo responder por anticipado al señor diputado Paleckis acerca de cuál será el contenido del informe que la Comisión va adoptar el 16 de mayo y aun menos le puedo anticipar cuál puede ser el contenido del informe del Banco Central Europeo, por razones obvias. Lo que sí le reitero al señor diputado —y lo he dicho en muchas ocasiones— es que la Comisión va a evaluar si se cumplen o no los criterios tal como han sido definidos en el Tratado.

No es un capricho de la Comisión establecer esos criterios. Es una prescripción del Tratado y nuestra obligación es hacer cumplir el Tratado, y le reitero que vamos a hacer esa evaluación con igualdad de trato para todos, no aplicando unos baremos a unos Estados miembros y unos baremos distintos a otros.

Por lo tanto, cumplimiento del Tratado, valoración clara y rigurosa de si se cumplen o no los criterios e igualdad de trato para todos.

La conclusión de este ejercicio de análisis se la podré anticipar a usted y a todas sus Señorías el 16 de mayo.

  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Los nuevos Estados miembros han de cumplir los criterios de convergencia para introducir el euro. A fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de convergencia, la Comisión y el Consejo formulan diversas propuestas para esos Estados miembros. Mi pregunta es esta: ¿puede un Estado miembro seguir una política económica que ignora las propuestas del Consejo y de la Comisión, y, si así lo hace, qué arriesga con ello?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Presidente, en general, para todos los Estados miembros con la derogación, todavía no miembros de la zona del euro, pero con obligación de serlo en el futuro, esa evaluación la hicimos en octubre de 2004 y la repetiremos en octubre de 2006. Para los dos Estados miembros que han hecho una petición individualizada de recibir esa valoración —tienen derecho a ello, según el Tratado—, es decir, para Eslovenia y Lituania, nuestra valoración, individualizada para cada uno de los dos, se realizará el 16 de mayo. No puedo anticiparles el resultado de un informe que va a ser adoptado por el Colegio de Comisarios el 16 de mayo.

El 16 de mayo por la tarde, si ustedes lo desean, estaré en el Parlamento explicándoles el contenido del informe, pero hoy no puedo anticipárselo.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el Comisario ya ha mencionado uno de los problemas. Estamos debatiendo el grado de seriedad con que los nuevos Estados miembros cumplen sus compromisos, pero lo que no estamos tratando en realidad es cómo ve su futuro, concretamente, un Estado miembro que lleva cumpliendo los criterios durante cierto tiempo pero que, obviamente, no desea entrar en la zona del euro, como sucede con Suecia. La cuestión es si el caso de Suecia podría sentar un mal ejemplo para otros, que ahora son nuevos Estados miembros. El Comisario ha mencionado un nuevo Estado miembro que todavía no ha anunciado una fecha. Si no se imponen sanciones, ¿no sentará esto un precedente negativo?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Coincido con el señor diputado en que nos enfrentamos a un problema, porque hay un Estado miembro que convocó un referéndum, el resultado del referéndum fue negativo y, apoyado en ese resultado negativo, no puede o no desea o no se plantea cumplir una obligación que, en tanto que Estado miembro, tiene.

Tenemos que afrontar cómo resolver esa cuestión. Por prudencia la Comisión no ha querido hacerlo en los momentos inmediatamente posteriores a la celebración de un referéndum. Hay que combinar la obligación de la Comisión de respeto del Tratado con tener en cuenta la opinión expresada por los ciudadanos de ese Estado miembro, pero yo no me olvido de que la Comisión tiene que entablar conversaciones con Suecia para ver cómo en el futuro este país cumple con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea.

Lo mismo está sucediendo con Polonia, que, en su día, había avanzado un objetivo para entrar en el euro, un año determinado. Las nuevas autoridades polacas anuncian que no asumen el objetivo de sus predecesores y que, de momento, no definen un objetivo futuro. Y yo ya he tenido ocasión de recordarle al nuevo Gobierno polaco que lo tendrá que hacer.

No queremos presionar, pero no podemos olvidar que esa es una obligación de los Estados miembros. Tenemos que combinar —como le he dicho antes— el ejercicio de nuestras responsabilidades con la prudencia política y, desde luego, lo que sí digo —y lo he dicho ya en otras ocasiones en público— es que no se puede someter a referéndum el cumplimiento de una obligación que, en tanto que Estado miembro, tienen los 25 países que pertenecen a la Unión Europea.

En este caso hay dos a los que se les aplica una excepción, Reino Unido y Dinamarca, pero, ni en general se pueden someter las obligaciones de los Estados a referéndum, ni, los 23 Estados que no tienen cláusula de opt-out, lo deberían hacer, porque no se puede someter a votación si se cumple o no un Tratado.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señor Comisario, quiero preguntarle por la inflación. Sabemos que la inflación de los once primeros países que se adhirieron a la Unión Económica y Monetaria y que estaban listos para introducir el euro, ha sobrepasado el índice durante un periodo significativo. Solo dos países no han superado el índice. Los otros lo superaron durante un período que va de 10 meses a casi seis años, desde finales de 1998 hasta finales de 2005. Mi pregunta es: ¿estamos aplicando un doble rasero a los nuevos Estados y es la Unión Económica y Monetaria una unión técnica o es simplemente una unión política?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Presidente, la obligación de la Comisión es hacer cumplir los Tratados y doy por supuesto que en anteriores ocasiones, cuando se creó la zona del euro, o cuando se admitió al duodécimo miembro de la zona del euro, la Comisión y el Consejo de entonces, con la opinión del Parlamento Europeo, tuvieron en cuenta la obligación de hacer cumplir los Tratados.

Desde luego, yo, como Comisario, y la Comisión, que preside el señor Barroso, no vamos a abdicar de nuestra obligación de aplicar los Tratados y hacerlos cumplir. Los criterios económicos, incluido el de inflación, están definidos en un protocolo anejo al Tratado, con valor jurídico equivalente, idéntico al de las previsiones o los artículos del Tratado. Por lo tanto, no podemos ignorarlo ni transformarlo.

Es verdad que existe una discusión académica sobre la definición, más o menos acertada, de los criterios, pero la celebración de una Conferencia intergubernamental y de un proceso de ratificación constituirá el procedimiento para cambiar los Tratados cuando se considere oportuno y cuando se tenga mayoría suficiente para ello. La Comisión no es quien para cambiar los Tratados y tiene la obligación de aplicarlos.

Es verdad que existe una asimetría, porque se exige el cumplimiento de los criterios para entrar en la zona del euro y después, una vez dentro de ella, se pueden incumplir los criterios; una vez que se es miembro de la zona del euro, se puede tener más inflación, o más deuda, o más déficit. En el caso del déficit y la deuda, existen las reglas de la disciplina presupuestaria –artículo 104 del Tratado– y el Pacto de estabilidad y crecimiento y, en el caso de la inflación, no existen esas reglas, pero existen unas reglas que son probablemente más duras que las jurídicas de aplicación del Tratado: las reglas del mercado. Hoy hay países en la zona del euro que, por no ser capaces de moderar la evolución de su inflación y de sus costes laborales unitarios, están sufriendo considerablemente.

Creo que también hay que tener en cuenta la dura realidad de cómo los mercados juzgan a quienes no cumplen determinadas reglas, aparte de la obligación de la Comisión de hacer cumplir las reglas del Tratado.

  El Presidente.

Pregunta nº 62 formulada por Brian Crowley (H-0226/06)

Asunto: Pacto de Estabilidad y Crecimiento

¿Está satisfecha la Comisión con el funcionamiento en la práctica del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o tiene pensado modificar las normas que rigen su manera de operar en el futuro?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Crowley, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado fue acordado por el Consejo Ecofin hace casi un año, en junio de 2005, previo acuerdo político en el Consejo Europeo de marzo del año pasado.

Las primeras experiencias con el Pacto revisado son positivas, alentadoras, y apuntan a una renovada adhesión o a una renovada apropiación por parte de los Estados miembros de dicho marco.

En todos los casos recientes que se han tratado, cuando la Comisión y el Consejo hemos aplicado las reglas del procedimiento de déficit excesivo, con arreglo al espíritu y la letra del Pacto revisado, ha habido pleno consenso y no se han producido dificultades ni discrepancias políticas, como en la ocasión anterior.

En la vertiente preventiva del pacto, el examen de los programas de estabilidad y de convergencia de 2005, que hemos realizado en los primeros meses de 2006, ha mostrado que los Estados miembros han establecido su objetivo presupuestario a medio plazo, de conformidad con los principios acordados. Algunos países han decidido incluso establecer objetivos más ambiciosos, que reflejan una estrategia nacional tendente a garantizar una mejor sostenibilidad de sus finanzas públicas. Y, en lo que se refiere a la senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo, los Estados miembros que todavía no están en esa situación de equilibrio a medio plazo cumplen generalmente la exigencia de realizar un esfuerzo presupuestario equivalente, como mínimo, al 0,5 % de su producto bruto, en términos estructurales.

Por citar algunos casos, les recuerdo que, desde el año pasado, desde que se aprobó el nuevo Pacto hasta ahora, el procedimiento de déficit excesivo se ha aplicado a Italia, Portugal, Hungría, el Reino Unido y Alemania, con unanimidad en el Consejo y sin los problemas de apropiación política que existieron en la fase anterior.

Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, la Comisión está satisfecha con el funcionamiento del nuevo Pacto.

  Brian Crowley (UEN), autor. – (EN) Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Sobre el último punto que ha comentado con respecto a las normas relativas a unos déficit públicos excesivos y de que se hayan hecho propuestas a Italia, Portugal, Hungría y el Reino Unido, ¿qué pasa con Francia y Alemania? Ambos países tienen déficit públicos excesivos que traspasan los límites acordados conforme a los criterios. En particular, ¿qué ocurre con la pérdida de confianza en el Pacto de Estabilidad que esto crea en el mercado en sentido amplio? Esto se pone de manifiesto, en particular, cuando observamos las dificultades actuales relativas al reconocimiento del euro y de la economía de la zona del euro en los Estados Unidos o en Extremo Oriente, y a las preguntas continuas sobre el cumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en esas zonas.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Crowley, señor Presidente, a Francia se le está aplicado el procedimiento de déficit excesivo y está sometida al procedimiento establecido en el apartado7 del artículo 104 del Tratado. En cumplimiento de sus obligaciones de aplicar las recomendaciones del Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo, las autoridades francesas tenían el compromiso y la obligación de situar el déficit público en 2005 por debajo del 3 %. La semana pasada, las autoridades francesas notificaron a la Comisión que el déficit público a finales de 2005 se situaba por debajo del 3 %.

En las tres próximas semanas, de aquí al 24 de abril, Eurostat tiene que analizar las cifras notificadas por las autoridades francesas, y explicará si dichas cifras, un déficit del 2,87 %, son correctas o no. En el caso de que lo fuesen –espero que lo sean, pero no puedo anticipar la decisión de Eurostat–, Francia habría cumplido en 2005 las recomendaciones.

El Gobierno francés prevé también para 2006 situar el déficit por debajo del 3 %; la Comisión Europea toma nota de ello y se congratula de las intenciones del Gobierno francés, pero vamos a publicar nuestras previsiones económicas de primavera el próximo 8 de mayo. Hasta entonces no podré anticipar cuál va a ser nuestra previsión económica para este año, pero, sin anticipar las valoraciones definitivas, creo que la situación presupuestaria en Francia está mejorando con relación a nuestras previsiones de hace un año, entre otras cosas, porque el Gobierno francés y, en particular, el Ministro de Hacienda, el señor Thierry Breton, tienen el compromiso político –que agradezco, tuve ocasión de hacerlo públicamente el otro día en Bruselas–, de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Es una muestra de cómo el consenso renovado en torno al nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento está funcionando. Es posible que hace un año, antes de la revisión del Pacto, hubiese sido difícil escuchar al ministro francés, o al alemán, o al italiano, por citar los ejemplos de las tres mayores economías de la zona del euro, contraer reiteradamente el compromiso político de que sus cuentas públicas iban a ser conformes con las recomendaciones que reciben de la Comisión y del Consejo para la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Hace dos años hubiese sido imposible; hace un año era difícil. Hoy es real, es un compromiso político cierto. Pero esto no quiere decir que no queden todavía etapas difíciles por delante, porque no debemos contentarnos con déficits del 2,8 %. Europa, la Unión Europea y las mayores economías de la zona del euro deben proseguir su consolidación fiscal hasta situar las cuentas públicas, a medio plazo, en una situación de equilibrio en términos estructurales para poder afrontar los importantes desafíos que tenemos de cara al futuro, el primero de los cuales son las consecuencias del envejecimiento de la población.

En cuanto al euro, la confianza en la economía de la zona del euro está mejorando día tras día, y hay índices de confianza, como el índice IFO alemán, que está batiendo el récord de los últimos quince años. Ayer se publicaron datos de los indicadores que elabora la Comisión, los servicios bajo mi responsabilidad, que marcan récords de confianza en los últimos cinco años. Desde la anterior fase expansiva no habíamos alcanzado tales grados de confianza.

Nuestra moneda se mantiene perfectamente estable en los mercados de cambio, incluso está demasiado apreciada según algunos sectores económicos. El euro se utiliza en los mercados financieros, en los mercados de deuda y en los mercados de capitales y de dinero a escala global en una proporción superior al peso relativo de la economía de la zona del euro en la economía mundial. Por lo tanto, creo que debemos estar vigilantes, pero satisfechos de los logros que hemos conseguido en los siete primeros años de funcionamiento de la unión económica y monetaria.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) ¿Ha tenido la creación de una Presidencia más estable en la zona del euro alguna implicación práctica en su labor como guardiana de los Tratados y guardiana del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? ¿Cuáles son los efectos prácticos de la Presidencia más estable de la zona del euro?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Cuando los Estados miembros de la zona del euro decidieron nombrar un presidente estable del Eurogrupo, yo me manifesté muy satisfecho. Estaba convencido de que una interlocución regular, continua, permanente con el presidente de esa instancia, que no es una formación orgánica del Consejo, pero que tiene unos debates y unas responsabilidades en la práctica muy importantes, iba a ser una decisión eficaz.

Cuando supe que el presidente iba a ser Jean-Claude Juncker, me ratifiqué en mi confianza.

Y ahora puedo decir que las relaciones con el Presidente del Eurogrupo son excelentes, nuestros contactos son continuos y la preparación de las reuniones ha mejorado considerablemente. Creo que es muy apreciado el papel que cumple hacia el exterior, expresando la voz, los criterios, los planteamientos de los países de la zona del euro. Me manifiesto claramente de manera positiva sobre la institución, la institucionalización, sobre la persona y sobre el ejercicio de las funciones por parte de esa institución y de esa persona.

Me parece que las necesidades de la zona del euro en materia de coordinación de política económica son evidentes. Antes citaba los problemas de algunas economías de la zona del euro, por ejemplo, a la hora de afrontar pérdidas de competitividad por una evolución por encima de la media de sus costes laborales unitarios. Hay problemas de inflación de activos en algunas economías de la zona del euro, hay una necesidad evidente de mejorar el diálogo entre el Eurogrupo y el Presidente del Banco Central Europeo. Todas esas funciones las está cubriendo el Eurogrupo, y ello en buena medida gracias a una eficaz e inteligente dirección de los trabajos del Eurogrupo por parte del Presidente Juncker.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Quiero preguntar al Comisario qué tipo de conversaciones ha mantenido con los Estados miembros de la zona del euro en relación con su desempeño actual y potencial. En el caso de Irlanda, por ejemplo, la inflación de los activos, el índice de precios de la vivienda, ha aumentado un 1,5 % en febrero. La inflación de la vivienda ha sido de dos dígitos durante algún tiempo y parece que seguirá así. Si hay un aterrizaje forzoso en la industria de la construcción, ello repercute en los ingresos, en los pagos del desempleo y, por lo tanto, en la renta y en la confianza de los consumidores. ¿Ha mantenido usted conversaciones con el Gobierno irlandés sobre esta cuestión y en qué medida la Comisión ha considerado las implicaciones que pudieran tener para un miembro de la zona del euro la posibilidad de un aterrizaje forzoso?

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Por supuesto que discuto sobre la evolución de la economía de la zona del euro, no solo de la zona del euro, también del conjunto de la Unión Europea. Pero, en particular, ya que usted me pregunta por la zona del euro, discuto de la economía de la zona del euro de modo bilateral con los diferentes ministros de la zona y con el Presidente del Banco Central Europeo, y, de manera colectiva, una vez al mes en las reuniones del Eurogrupo.

En la mayoría de las reuniones del Eurogrupo hay un punto dedicado al análisis de la situación económica. A veces se analiza la situación económica con carácter general, a veces se examina un aspecto concreto de esa evolución económica.

En relación con la inflación, el responsable del mantenimiento de la inflación, de acuerdo con los objetivos fijados por el Banco Central Europeo, es el propio Banco Central Europeo, una institución independiente, que tiene mandato de las demás instituciones europeas, en virtud del Tratado, para preservar la estabilidad de precios y que ejerce sus decisiones con total independencia, pero establece también un diálogo con las demás instituciones.

El Presidente del Banco Central Europeo participa mensualmente en las reuniones del Eurogrupo. Asimismo, el Presidente del Eurogrupo y el Comisario responsable de Asuntos Económicos y Monetarios estamos invitados a participar, con voz pero sin voto, en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y aceptamos esas invitaciones.

Y, en particular, sobre el tema de la vivienda, en la última reunión del Eurogrupo, celebrada en Bruselas el pasado mes de marzo, discutimos, en uno de los puntos, la situación de los mercados de la vivienda, que no es la misma en todos los países de la zona del euro. Hay algunos países de la zona del euro con un problema de inflación de activos inmobiliarios y hay otros países de la zona del euro con la situación contraria, que incluso han tenido una estabilidad total, cuando no un decrecimiento a lo largo de algunos años de los precios de la vivienda y de otros activos inmobiliarios.

Esa divergencia interna en la zona del euro, en cuanto a los precios de los activos inmobiliarios, crea problemas, porque, por definición, política monetaria solo puede haber una en la zona del euro, y los impactos son diferentes. Hemos discutido de la cuestión. La Comisión Europea se ha comprometido a someter nuevos análisis y nuevas consideraciones al Eurogrupo en los próximos meses. Si usted está especialmente interesado en saber cuál es nuestro análisis de la inflación de activos en el sector de la vivienda en algunos países de la zona del euro, le enviaré el último informe trimestral sobre la economía de la zona del euro, publicado hace pocos días por los servicios que están bajo mi responsabilidad en la Comisión.

  El Presidente. Las preguntas que no se han tratado por falta de tiempo serán contestadas por escrito (véase el Anexo).

Con esto concluyen las preguntas a la Comisión.

(La sesión, suspendida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.05 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

(1) DO L 309, de 25.11.2005, p. 15.

(2) 1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(3) DO L 81 de 30.3.2005, p.1

15. Programa "Ciudadanos con Europa" (2007-2013) (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0076/2006) del señor Takkula, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa «Ciudadanos con Europa» para el periodo 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa (COM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD)).

  Hannu Takkula (ALDE), ponente. – (FI) Señor Presidente, quiero empezar esta presentación de mi informe dando las gracias a todos los que han participado en este trabajo. Esta cuestión llegó a nuestra comisión hace un año, la propuesta se presentó al Parlamento el 6 de abril de 2005 y desde principios de mayo nuestra comisión empezó a deliberar sobre ella. Desde entonces, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior han hecho algunas declaraciones, sobre las cuales la señora Gill y el señor Catania, respectivamente, han hecho un buen trabajo. También la Comisión de Asuntos Constitucionales ha hecho una declaración al respecto, redactadas por la señora Esteves. Quiero darles las gracias a todos ellos por sus excelentes y bien fundamentadas declaraciones.

Podría decirse que este año hemos estado muy ocupados, y también quiero dar las gracias a todos los ponentes alternativos y a los diputados y las diputadas de la comisión que, con firme voluntad, me han ayudado en esto, y a todos los demás participantes. Por tanto, ahora nos encontramos con que mañana se va a votar sobre este informe y pensaba decir unas pocas palabras más sobre el mismo.

Contiene cuatro acciones. La primera es «Ciudadanos activos con Europa», que incluye el hermanamiento entre ciudades y que ahora ha sido objeto de mucha publicidad y comentarios positivos a través del programa existente. Los proyectos ciudadanos también se engloban en la acción 1. La acción 2 es «Una sociedad civil activa en Europa». Se trata de un medio para obtener apoyo estructural para los laboratorios de ideas de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil, así como apoyo a proyectos de la sociedad civil. También es una acción muy importante. La acción 3 lleva el nombre de «Juntos con Europa»: actos de gran visibilidad, estudios, divulgación e información. La acción 4 es la «Preservación de la memoria europea».

La finalidad de este programa consistía específicamente en llegar a los europeos que, por un motivo u otro, todavía no han conseguido participar en el plan de trabajo europeo. Como sabemos, actualmente hay personas que por algún motivo sienten la cuestión de Europa como algo ajeno a ellas, y Europa ha conocido incluso una creciente exclusión. A través de este programa hemos intentado encontrar a esas personas y crear un programa adecuado para ellas a fin de que también puedan experimentar qué es actuar juntos, para que sepan qué es la identidad europea y cómo podemos fortalecer la identidad común europea.

Tanto los últimos acontecimientos en relación con las elecciones del Parlamento Europeo, como los resultados de los referendos demuestran que muy pocas, demasiadas, personas están interesadas en cuestiones que nos afectan a todos. Como ya sabemos, es importante fortalecer la identidad europea y aumentar las actividades en la que se impliquen todas las naciones de Europa, creando así oportunidades para que todos participen. En una palabra, este programa ha funcionado sobre el supuesto de que lo que necesitábamos no era un programa elitista, sino un programa adecuado para todos los europeos. Algunos podrán decir que es una especie de mosaico variopinto o que en el mismo programa se han metido numerosas cuestiones de importancia muy diferente, pero se ha hecho a medida precisamente para que coincida efectivamente con algunos de los programas existentes y que brinde de verdad a todos los europeos la oportunidad de participar en Europa.

Ahora parece que, aunque en comisión hubo casi unanimidad (solo dos diputados se abstuvieron y el resto votó a favor del programa), en la sesión de mañana van a presentarse unas pocas enmiendas. Se refieren principalmente a la acción 4, la preservación de la memoria europea. También se refieren a organizaciones que ya se han mencionado en este programa. En relación con estas organizaciones quiero decir lo siguiente: espero que esta parte del programa, que se ocupa de la preservación de la memoria europea, nos ayude a adherirnos a su finalidad original de apoyar los emplazamientos conmemorativos de las víctimas del nazismo y del estalinismo, porque estos regímenes totalitarios afectaron a toda Europa sin limitarse a un único país. Con respecto a esto, quiero dar las gracias a la señora Mikko en particular, ya que ella defendió con firmeza el componente estalinista y quería que se incluyera.

En este sentido, espero que seamos fieles a nuestras opiniones al respecto. Asimismo, también espero que las observaciones adicionales realizadas por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea con respecto a estas nuevas organizaciones, Maisons de l'Europe, el Institut für Europäische Politik situado en Berlín y el Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, puedan aprobarse en el marco de este programa. Por desgracia, el tiempo es tan escaso y he superado el mío, por lo que no puedo alargarme más, pero quiero darles las gracias por todo el apoyo. Espero que el resultado de la votación sea como deseamos en comisión.

(Aplausos)

  Ján Figel’, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, ahora hace un año que propusimos este importante programa para fomentar la ciudadanía europea. Mañana votarán ustedes sobre este informe, que refleja una gran labor realizada desde entonces, y es un paso importante hacia la adopción de la nueva generación de programas.

Quiero dar las gracias a todas las comisiones enumeradas, en particular a la Comisión de Cultura y Educación y a su ponente, el señor Takkula, por sus esfuerzos, que combinan la firmeza y la modernización.

El informe refleja este equilibrio y demuestra que la comisión parlamentaria comparte las inquietudes de la Comisión sobre la necesidad de fomentar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de una Europa común.

La propuesta se basa en la convicción de que el fortalecimiento de la ciudadanía activa a escala europea está estrechamente relacionada con el desarrollo del sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y de la identidad europea, que se complementa con otras identidades: nacional, regional y local. Por consiguiente, los valores comunes, la historia y la cultura con toda su diversidad serán los elementos esenciales del programa.

La comisión parlamentaria ha aprobado varias enmiendas que enriquecen nuestra propuesta con referencias a los valores europeos. Me complace observar que el informe sigue la propuesta de la Comisión sobre las diversas medidas de este programa, asegurando la continuidad de las actividades que han demostrado ser satisfactorias y la introducción de proyectos y métodos innovadores para la participación de los ciudadanos. Agradezco que el informe proponga la integración de una nueva y cuarta medida que preste apoyo a los actos conmemorativos a las víctimas de los regímenes nazi y estalinista, tal como se acordó por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en noviembre.

Quiero pasar ahora a la cuestión de los beneficiarios designados. La Comisión ha propuesto una lista limitada de seis órganos designados debido a su carácter único en la escena europea. Tres de ellos celebran la memoria o continúan la labor de los padres fundadores, mientras que otros tres son asociaciones paneuropeas de organizaciones de los diversos países. Todos ellos han sido financiados durante muchos años por las instituciones europeas. Todos ellos contribuyen a los objetivos de este programa. Agradezco que la comisión comparta nuestra filosofía y haya confirmado la selección. Ha propuesto añadir otra organización: la Maison de l’Europe. Todas las características que se han citado anteriormente se aplican a esta organización. Esta red paneuropea de organizaciones locales tiene por objeto la implicación de los ciudadanos en la construcción de Europa. Por lo tanto, me alegra decir que la Comisión apoya esta enmienda, siempre que no suponga que otras organizaciones puedan optar a esta designación.

Por último, quiero expresar lo que pienso sobre la cuestión del voluntariado. Se ha mencionado este aspecto en la propuesta como ejemplo en el ámbito de interés de este programa. Una enmienda de la comisión parlamentaria proponía suprimir esta referencia. Sin embargo, creemos que el voluntariado es una herramienta poderosa para el desarrollo de la cohesión social y el compromiso con la sociedad y que, por lo tanto, merece que se le preste una atención especial en el programa.

Estos son, en resumen, los principales puntos sobre los que quería llamar su atención. Se habrán percatado ustedes de que nuestros puntos de vista convergen en muchos aspectos. Permítanme que subraye la importancia de continuar nuestra cooperación constructiva, a pesar de las incertidumbres actuales en torno a las cuestiones financieras relacionadas con este programa. En interés de los ciudadanos, hemos de esforzarnos cuanto podamos por alcanzar un acuerdo lo más pronto posible para preparar la puesta en marcha de este programa en enero de 2007. Su votación enviará una importante señal a los ciudadanos europeos, ya que se está dando otro paso importante hacia una Europa para los ciudadanos.

  Neena Gill (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. – (EN) Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al ponente por su informe. Se trata de un programa de vital importancia, ya sea «Ciudadanos con Europa» o «Europa de los ciudadanos». La última vez que formulamos esta pregunta en 1992, la mitad de los ciudadanos de la UE encuestados dijeron que nunca se habían sentido europeos. Creo que esta cifra probablemente ha disminuido con el tiempo, pero no tanto como quisiéramos. Pero que nos sintamos o no europeos, somos ciudadanos europeos y compartimos los derechos y los privilegios que la ciudadanía lleva consigo. Este programa ha de hacer que la gente sea conciente y esté orgullosa de su ciudadanía de la Unión Europea.

Sin embargo, es importante recordar que ya hemos invertido en programas similares cuyo objeto era implicar a los ciudadanos. El problema está en que la estrategia de la Comisión en este terreno ha sido poco sistemática y confusa. Por lo tanto, lo que quiero preguntar a la Comisión es: ¿puede garantizar que no se tratará solo de otro programa más? ¿Marcará realmente una diferencia? ¿Se relacionará con otras acciones en una estrategia coherente y que sirva de puente de unión? Espero realmente que sea así, pero quiero que la Comisión explique de qué manera.

Como hablo en nombre de la Comisión de Presupuestos, me preocupa que las ambiciones no se respalden con recursos. Por lo tanto, volvemos a crear expectativas solo para defraudarlas. Entiendo que todos los diputados quieran abordar sus cuestiones preferidas dentro del ámbito de aplicación de este programa, pero su financiación, creo, está lejos de ser suficiente y necesitamos examinar muy de cerca algunas de las enmiendas que se han presentado.

Quiero dar las gracias al ponente por prestar especial atención a la sociedad civil organizada en el ámbito local, incluidas las personas discapacitadas. Sin embargo, lamento que no hayamos presionado bastante a la Comisión para que se esfuerce más en llegar a las comunidades más desfavorecidas.

Por último, deseo a este programa todo el éxito del mundo y espero que se retomen las cuestiones de seguimiento y la evaluación que ha presentado la Comisión de Presupuestos.

  Giusto Catania (GUE/NGL), ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el tema de la ciudadanía es fundamental para la revitalización del proyecto político de la Unión Europea.

No hay atajos para revitalizar el papel de Europa a escala global, es necesario organizar un proceso constituyente real, evitando los intentos de resucitar un Tratado Constitucional ya muerto y liquidado por la voluntad popular. Es necesario construir una sociedad intercultural que haga hincapié en la identidad mestiza de Europa y sobre todo favorecer la integración de los inmigrantes y la ampliación de los derechos de ciudadanía.

Por esta razón, pensamos que la ciudadanía europea debe ser un concepto muy vinculado a la residencia, con el objetivo explícito de favorecer la inclusión. A este fin, consideramos que el programa «Ciudadanos con Europa» puede ser un instrumento útil y válido para promover los derechos de ciudadanía europea, que deberían disociarse cada vez más de criterios nacionales.

Las acciones del programa merecen nuestro apoyo y me refiero en particular a los proyectos de hermanamiento entre ciudades y a la rememoración activa europea. En este punto, sin embargo, creo que hay que ser claros. El siglo XX fue un siglo de guerras y regímenes autoritarios y fueron muchas las víctimas de las deportaciones y los exterminios masivos perpetrados por los regímenes nazi y estalinista. No obstante, la historia del siglo XX europeo no puede conmemorarse sin recordar a las víctimas de los regímenes fascistas: en Italia los fascistas privaron a hombres y mujeres de su libertad durante veinte años y entre el régimen italiano y el nazismo hay muchos vínculos.

España, Portugal y Grecia no recuperaron la democracia y la libertad hasta hace poco. El antifascismo es un valor europeo y no puede limitarse a un hecho nacional. Por ello, consideramos útil recordar hoy a las víctimas del fascismo, para evitar que puedan repetirse fenómenos semejantes. Sigue habiendo en Europa grupos neofascistas que se alimentan de la xenofobia, la homofobia, la islamofobia y el antisemitismo.

Sería trágico y peligroso para la promoción de la ciudadanía y para la identidad europea común excluir del programa a las víctimas de esos regímenes autoritarios. Por ese motivo, esperamos que se aprueben las enmiendas 62 y 63.

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. – (PT) La identidad europea se considera el punto donde confluyen los valores universales de la dignidad humana con una serie de tradiciones diferentes. Esta identidad, que después de todo es simplemente una forma de vida más, la impulsa el programa de Ciudadanos con Europa que es hoy objeto de debate.

El programa promueve una conciencia ética del mundo, que es la expresión más profunda de la ciudadanía europea. El programa prepara el camino para un modelo político de cooperación entre el público en general y las instituciones de la Unión Europea. Este camino ayudará a convertir a los ciudadanos en partícipes del proceso político europeo. Por este motivo el programa es tan importante. Ahora Europa tiene la tarea de convertirse en una Europa política y de pasar de ser un mercado a ser un ámbito público de debate.

No obstante, este empuje hacia la ciudadanía europea comporta un gran desafío para las instituciones. La política de ciudadanía significa que las instituciones de la Unión Europea también han de pasar a ser más políticas. La cuestión de la ciudadanía europea gira mucho alrededor de cómo las instituciones promueven el interés de las personas en la política europea.

Existe la necesidad obvia de una reforma institucional en Europa y de nuevas reglas que puedan atraer y capacitar al público europeo. Asimismo, es claramente necesario un punto focal político en torno al cual podría haber una esfera política europea. Pero para ello, Europa precia ser más política en todas sus estructuras, desde el punto de vista de los ciudadanos, los partidos y las relaciones entre instituciones. Quizá el debate público europeo esté esperando a que lo lancen a la vida. Quizá el debate público europeo esté esperando un momento decisivo y una Constitución.

  Rolf Berend, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de hecho la Unión Europea está pasando por una mala racha en estos momentos. Tras el rechazo del Tratado Constitucional en Francia y los Países Bajos, los ciudadanos europeos son cada vez más escépticos con respecto a las instituciones de la Unión Europea y la ampliación rápida de la Unión Europea. El programa «Ciudadanos con Europa» está destinado a promover la ciudadanía europea activa y a reducir la insatisfacción y la alienación.

Mi Grupo apoya activamente los principales objetivos del programa: promover los valores y los logros europeos y conservar la diversidad cultural a fin de fomentar la cohesión entre europeos. Este programa es una de las herramientas que podrían ayudar a la Unión Europea a lograr estos objetivos, por medio del hermanamiento de ciudades, proyectos ciudadanos, creación de redes europeas en el sector de la sociedad civil y centros de educación para adultos.

Además, tal y como hemos oído, la importancia de la «preservación de la memoria europea» no debería subestimarse a este respecto, en concreto la conservación de lugares construidos en memoria de la deportación y el exterminio masivo por parte de nazis y estalinistas. Los lugares creados en memoria de las víctimas de los crímenes cometidos por estos regímenes totalitarios, cuyo efecto se dejó sentir en toda Europa, se han incluido en el programa y van a recibir fondos; ambas acciones cuentan con el apoyo de mi Grupo.

El presupuesto total propuesto va a ser de 235 millones de euros en el marco de las perspectivas financieras para 2007-2013. En vista de los ambiciosos objetivos del «Ciudadanos con Europa», esta financiación, por supuesto, no refleja la verdadera importancia del programa como herramienta para que los ciudadanos, por un lado, sean conscientes de su identidad europea y de los valores comunes, y para fortalecer y apoyar la integración europea por otro.

  Emine Bozkurt, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, Europa debería estar en primer lugar con sus ciudadanos, y no solo los ciudadanos con Europa. Por este motivo me complace que el informe del señor Takkula haya convertido el programa de Ciudadanos con Europa en el programa de Europa con los ciudadanos.

Me impresiona menos cómo el Consejo de la Unión Europea habla continuamente de la importancia de implicar al ciudadano en la Unión Europea, pero nos engatusa con una excusa, cuando se trata de financiar el programa de la Europa para los ciudadanos. La parsimonia del Consejo no dice mucho en su favor. Lo que es peor, ha dificultado mucho el debate sobre el informe Takkula, porque cuando hablamos de implicar a los ciudadanos en la Unión Europea en realidad queremos decir todos los ciudadanos. Por ejemplo, esto incluye a los ciudadanos europeos que han sido víctimas de regímenes dictatoriales o de luchas internas en Europa, o a los nuevos ciudadanos, inmigrantes y ciudadanos de terceros países que viven en Europa desde hace mucho tiempo, así como a ciudadanos de todas las edades.

Si contáramos con fondos suficientes, que no los hay, sin duda podríamos haber financiado una amplia gama de proyectos que habrían afectado a todos esos grupos. Como suele ocurrir, solo podemos financiar un número muy limitado de programas. Para evitar la decepción de las personas que se ponen nerviosas cuando vienen a presentar sus solicitudes, solo para que las rechace la Comisión, el señor Takkula ha sido lo suficientemente valiente como para decepcionar a los ciudadanos en esta fase, para dejar del todo claro y desde el principio quién puede optar a los fondos y quién no. Es comprensible y, en general, apoyo esta forma de hacer las cosas.

Sin embargo, cuando se trata de recordar a las víctimas de las dictaduras, este enfoque es doloroso y lamentable. ¿Las víctimas de una dictadura son más importantes que las de otra? Por supuesto que no. Deberíamos intentar evitar dar esa impresión, incluso aunque corramos el riesgo de que la Comisión tenga que decepcionar a los ciudadanos en una fase posterior. Por este motivo espero que todos apoyen la enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, en la que solicitamos que se recuerde a las víctimas de todas las dictaduras europeas. El ciudadano europeo no debería ser la parte receptora de los movimientos económicos del Consejo.

Todavía no es demasiado tarde. La decisión final sobre las perspectivas financieras se tomará antes de que el informe vuelva a esta Cámara para su segunda lectura. Querría hacer una solicitud urgente a las partes implicadas para que en el futuro pongan más fondos a disposición de la cultura en general y del programa de Europa con los Ciudadanos en particular. Sin ciudadanos la Unión Europea no es nada, como de hecho han demostrado una y otra vez el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Por tanto, necesitamos dinero porque el programa brinda muchas oportunidades, incluidas las de hermanamiento de ciudades, de apoyo a los laboratorios de ideas y las ONG, así como de promoción de contactos entre ciudadanos europeos, por ejemplo en clubes deportivos. Todas ellas son ideas excelentes, pero las buenas ideas sin dinero para respaldarlas no son nada más que promesas vacías. Si Europa quiere servir a sus ciudadanos, ahora no debería dejarles en la estacada.

  Karin Resetarits, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, estoy particularmente agradecida al ponente, el señor Takkula, por su dedicación, que llega al mismo corazón de la Unión Europea.

Esta Europa debería ser una cuestión sentida por sus ciudadanos; esta es la idea básica que subyace al programa que debatimos. Es preciso promocionar más la ciudadanía europea activa. Se trata de mejorar la integración de los ciudadanos, ya que en su mayoría rechazan Europa y saben demasiado poco de los ideales, valores y objetivos europeos. La Unión Europea resulta extraña a la mayoría de los ciudadanos, que no la consideran su patria. La política de integración europea está fracasando. Para muchos, Europa es demasiado inestable, demasiado complicada, demasiado insondable, demasiado fría. Por este motivo, el enfoque del ponente de despertar el interés por Europa en ámbitos estimulantes para los ciudadanos, como por ejemplo los clubes deportivos, iniciativas culturales actividades de ocio, es muy viable.

Quiero solicitar hoy aquí que se promuevan más actos de Eurovisión a través de la televisión. Un Festival de la Canción al año no basta para dar a los ciudadanos una idea permanente de la diversidad de este continente. ¿Por qué no existe un Festival de Cine Europeo, por ejemplo, o concursos de baile en Eurovisión o un «European Idol», o espectáculos europeos de sábado por la noche, donde los Estados miembros compitan entre sí para divertirse? Es la única forma de generar interés efectivamente, quizá incluso entusiasmo, entre los ciudadanos europeos aunque sean apolíticos en su Europa que es la nuestra.

Actualmente los representantes de las empresas de televisión europeas mantienen contactos frecuentes para hablar de la nueva Directiva «Televisión sin fronteras». Solicitemos y promovamos un mayor compromiso con Europa en los programas de televisión nacionales de esparcimiento.

  Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Comisario Figel, Señorías, yo también acojo con agrado este programa porque es un intento de responder a la crisis de confianza en Europa que sufren muchos ciudadanos.

Es importante poder celebrar amplios debates de verdad sobre los conocimientos que tiene Europa de sí misma en términos políticos y culturales, sobre su responsabilidad social y su futuro, y también sobre la función que quiere desempeñar en el mundo. Después de todo, poder hablar directamente ante un gran número de ciudadanos, jóvenes, ancianos, miembros de organizaciones culturales y asociaciones políticas, sobre todos los asuntos políticos de Europa es la única forma de llegar a los ciudadanos y sus corazones con más éxito del que hemos logrado en los últimos meses.

Por este motivo, la cuestión del futuro de Europa es tan importante en este programa, aunque también lo es el pasado de Europa. De hecho, por desgracia Europa es el continente cuyo totalitarismo, cuyo nacionalsocialismo y cuyo estalinismo han causado grandes sufrimientos, asesinatos y crímenes no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo. Por lo tanto, me parece bien que este programa nos recuerde ese pasado totalitario, que volvamos a evaluar ese pasado, que seamos razonables y que hagamos lo posible por garantizar que todo eso no ocurra de nuevo.

Por lo tanto, quiero dejar claro que no me parece que se trate de competir con otros regímenes dictatoriales que han existido en Europa. Por supuesto, está bien volver a evaluarlos en el plano nacional, y todos nos ocupamos de eso, pero es igualmente positivo que este programa europeo haga referencia al totalitarismo de Europa. Por tanto, yo también estoy a favor de la propuesta del ponente.

  Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Empecemos con el nombre del programa. ¿«Ciudadanos con Europa» o «Europa con los ciudadanos»? La diferencia no le ha pasado por alto a la Comisión. Es fruto de la cultura que prevalece en las instituciones europeas. No habrá nuevos ciudadanos con Europa mientras la Europa de las instituciones siga, con sus políticas, exacerbando las fisuras sociales y los problemas de identidad. Ningún programa de ciudadanía puede resolver este divorcio. Sin embargo, si el programa, ya desde su título, refleja esta urgencia primaria, entonces no puede ser nada bueno.

Por tanto, celebro el cambio de nombre, aunque ojalá tuviera la solidez de la que actualmente carece. Por tanto, quiero subrayar tres aspectos: ante la escasez de recursos, hay dos opciones. O bien el dinero se concentra en unas pocas acciones muy destacadas, o bien se distribuye entre proyectos que promuevan la ciudadanía europea. El ponente ha optado por el compromiso, a la vez que intenta aumentar las reservas de la segunda de estas opciones. Yo habría ido mucho más lejos. No tengo nada en contra de los grandes actos, pero me opongo frontalmente a que se mienta.

La gran virtud de este programa es que pueden ejecutarlo las redes de asociaciones que, sobre el terreno, promueven la ciudadanía. Todo desvío de esta opción distorsionaría la misma idea de ciudadanía. Por consiguiente, la idea de asignar una suma sustancial de dinero a seis, ahora ocho, instituciones sin ningún tipo de concurso, es igualmente insostenible. El procedimiento normal en una sociedad civilizada consiste en seleccionar proyectos por medio de concursos transparentes. En la otra punta de la escala está la ley de los grupos de interés, de los acuerdos y de los favores. En este caso particular se alcanzaron acuerdos de último momento para dar cabida a dos organizaciones más. No estoy juzgando sus verdaderos méritos, pero sí critico la falta absoluta de mérito en este método de concesión de subvenciones. Lo contrario sería una lección de ciudadanía europea, según la cual los concursos se celebran y, esperemos, los concursantes se seleccionan imparcialmente de acuerdo con sus méritos.

La última cuestión que quiero plantear se refiere al problema de la memoria. Con la entrada de los nuevos países del este, es perfectamente comprensible que haya surgido la idea de asociar la memoria a las víctimas del estalinismo a la de las víctimas del holocausto. Es bastante justo, pero no es toda la historia. Lo que falta es algo para honrar la memoria de las víctimas del fascismo en el sur de Europa. Nuestra visión de la ciudadanía ha de ser de respeto por el dolor de las víctimas, sus familias y sus descendientes. No puede haber otros criterios. En Portugal hay una campaña ciudadana en contra de convertir los cuarteles de la policía del antiguo régimen en pisos de lujo, en lugar de en un museo. Cada una de las personas aporta su memoria a Europa. Con esas memorias, con todas ellas, la propia memoria puede ser un componente de la ciudadanía. El fascismo fue un ejemplo de totalitarismo. También fue europeo.

  Ģirts Valdis Kristovskis, en nombre del Grupo UEN. – (LV) Señorías, quiero hacer hincapié en que no solo hemos de hablar de los valores importantes comunes a los ciudadanos de la Unión Europea, sino que también deberíamos poner activamente en práctica el contenido del informe del señor Takkula. Esto todavía es más cierto desde que aumentan las preocupaciones de que el conocimiento que tiene el mundo globalizado de Europa y su identidad se están desvaneciendo.

De hecho, hemos de desarrollar una Europa polifacética, honesta y democrática que esté abierta al resto del mundo. En particular necesitamos prestar atención a los aspectos históricos y culturales. Hemos de promover medidas para recordar las deportaciones masivas y a las víctimas del nazismo y del estalinismo, repito, y del estalinismo. Deberíamos conservar las pruebas de estos crímenes. Estas tareas son testimonio del progreso de las ideas del Parlamento Europeo, tal y como las exponen los diputados. Por desgracia, esto no puede decirse de las formulaciones elaboradas por el Consejo. Increíblemente, han mantenido la característica de la connivencia de los años de la guerra fría con las medias verdades de la historia europea impuestas por el régimen comunista totalitario. Es preciso recordar al Consejo que el estalinismo también fue totalitario y que fue un régimen no menos destructivo para quienes murieron entre los pueblos europeos.

El informe Takkula es bueno. Representa la afirmación ahora habitual de que la verdad histórica no distingue entre crímenes nazis y crímenes comunistas. Son crímenes y seguirán siéndolo.

Me sorprende que en esta ciudadela de democracia, justicia y verdad todavía puedan encontrarse movimientos que intenten sopesar en las balanzas de la importancia las memorias de quienes murieron en el holocausto o en los gulags.

Doy las gracias al ponente y a los diputados que piensan de forma moderna por hablar de una Europa que es honesta y que se basa en valores comunes y la historia verídica.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, quiero realizar un pequeño experimento. Pido a las personas que se encuentran en la Cámara que se quiten los auriculares durante tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Qué han oído? ¡Absolutamente nada! Así es como suena el silencio que anuncia el clamor de este instrumento legislativo. ¿Van a conseguir algo estas peticiones? ¡No! ¿Van a abordar los problemas fundamentales de 450 millones de personas que luchan por ganarse la vida o encontrar soluciones a sus problemas cotidianos? Tampoco.

Es sabido que algo que uno da pero que no se puede utilizar tiene poco valor para quienes lo reciben, ya que no han hecho ningún esfuerzo para obtenerlo. Cuán rastrera es entonces la ciudadanía europea, que se impone a las personas, no se quiere y no se puede rechazar ni renunciar a ella.

¡Así pues, ya estamos otra vez! Otro enorme proyecto de propaganda para distorsionar y ocultar la verdad. Parece ser que se espera y se cree que esto curará el escepticismo que crece en todo el continente. La escasa participación en las elecciones europeas, una oposición enérgica a la ampliación y la Constitución rechazada se van a remediar, aparentemente, tirando 235 millones de euros en proyectos para persuadir a los ciudadanos de que la UE es buena para ellos.

Se trata de una ciudadanía de pago. El precio aumenta mientras tus derechos se van. La UE no escuchará a los ciudadanos a los que se supone representa. En vez de ello, intenta sobornar su camino hacia una posición favorable. Sin embargo, es precisamente la integración europea a lo que cada vez están más opuestos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los países se están despertando lentamente ante la realidad de que lo mismo no vale para todos en la zona del euro, ni tampoco, ahora, una sola ciudadanía.

Lo he dicho antes, si la UE es la respuesta, tiene que haber sido una pregunta estúpida. Que millones de ciudadanos de países de todo el mundo estén de acuerdo es muy reconfortante.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Presidente, la ciudadanía y la estatalidad van juntas; de ahí el deseo de los promotores del proyecto europeo de crear una ciudadanía europea.

Sin embargo, no es necesario invertir dinero en una auténtica ciudadanía para que sea real y deseable. La lealtad hacia ella sale del corazón, no del bolsillo. A buen seguro podemos encontrar cómo utilizar mejor los 230 millones de euros o incluso los 290 millones de euros, como algunos quieren, que promover esta noción artificiosa de ciudadanía europea.

Al final de todo este gasto inútil, los franceses seguirán queriendo ser franceses y los británicos seguirán queriendo ser británicos, pero nadie que no sea la elite política europea apreciará la ciudadanía de Europa por encima de la de su propio país. ¿Por qué entonces hemos de intentar con tanto empeño desafiar el orden natural y crear un sustituto sintético, cuando en nuestros Estados miembros podemos disfrutar todos de lo que es real? Puede que la ciudadanía modificada genéticamente lo sea para algunos, pero no lo es para mí.

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, un elemento esencial de la ciudadanía efectiva y comprometida es la comprensión de un patrimonio compartido y común de la sociedad. Un patrimonio rechazado, ignorado o distorsionado deja a una sociedad separada de la realidad, con su verdadera naturaleza y carácter aún oprimidos y privados de su derecho de nacimiento.

Por consiguiente, la enmienda 29 del ponente es de enorme importancia para cientos de miles de europeos del centro y del este de Europa cuyas familias o familiares fueron ejecutados, deportados o murieron en los gulags de Stalin, por la única razón de que se consideró que su supervivencia representaba una amenaza para la ocupación ilícita de sus países, acordada por Hitler y Stalin en virtud del famoso Pacto Molotov-Ribbentrop.

En este sentido, se han debatido otras enmiendas en nombre del señor Sifunakis: las enmiendas 62 y 63, que se refieren a los conflictos en España, Portugal y Grecia. A mi entender son cuestiones importantes, pero deben considerarse en otro contexto. Espero que todo el Parlamento apoye la enmienda 29, para que no diluyamos el mensaje de que Hitler y Stalin eran ambos criminales que desahogaban su cólera en los ciudadanos de Europa.

El NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos del Interior de la Unión Soviética, con arreglo a la Resolución nº 001223, titulada «Sobre la contabilidad operativa de elementos antisoviéticos y asociales» de 11 de octubre de 1939, fue el preludio de las deportaciones masivas ordenadas por Merkulov, el Comisario del Pueblo para la Seguridad del Estado de la URSS, y ejecutada por su segundo de a bordo, Serov. Durante la noche del 13 al 14 de junio de 1941, 34 260 personas fueron deportadas de Lituania, 15 081 de Letonia y 10 205 de Estonia. Fue la más notoria de las numerosas deportaciones que continuaron hasta 1951. Es significativo que la UE apoye ahora la conmemoración de las víctimas de estas dos dictaduras.

No puede haber reconciliación sin verdad. Hoy en día, el pueblo ruso no es más responsable de los crímenes de Stalin de lo que es el pueblo alemán de los de Hitler. Pero la ciudadanía europea y la buena vecindad solo se pueden basar en el respeto...

(El Presidente interrumpe al orador)

(Aplausos)

  El Presidente. Permítanme hacer otra corrección: la traducción ha hablado del Acuerdo de Malta. Malta es una isla bellísima. Se trata del Acuerdo de Yalta: una pequeña diferencia.

  Nikolaos Sifunakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, la escasa participación de los ciudadanos europeos en las elecciones europeas y el rechazo por parte de dos países del Tratado Constitucional son quizá la punta del iceberg de lo que a veces es una relación difícil entre los ciudadanos europeos y la Unión Europea.

Por ese motivo necesitamos un programa capaz de motivar a los ciudadanos europeos en los puntos débiles; en otras palabras, animarles a participar más activamente en empresas comunes, con el objetivo del conocimiento mutuo entre ciudadanos y entre las diferentes permutaciones culturales e históricas de la propia identidad europea.

En cuanto al programa «Ciudadanos con Europa», en el informe sobre su propuesta, en la que trabajó con mucho empeño nuestro honorable amigo el señor Takkula, lo rebautizó con el título de «Europa con los ciudadanos», que sustituyó al de «Ciudadanos con Europa», solventando así una carencia del programa, que se sumará a programas comunitarios existentes como «Aprendizaje permanente» y la «Juventud en acción», que principalmente están dirigidos a los jóvenes.

Sin embargo, la historia europea también integra dos períodos difíciles durante el siglo XX, que también forma parte de nuestra memoria e historia comunes. La memoria de las víctimas exterminadas y desplazadas y encarceladas por regímenes autocráticos ha de mantenerse viva. No podemos y no debemos olvidar los trágicos momentos que nuestro continente experimentó hace 60 años en los campos de concentración y exterminio en manos del nazismo, ni, por supuesto, podemos o debemos olvidar los crímenes cometidos por el estalinismo. No obstante, no podemos mantener en vida memorias selectivas. No podemos honrar la memoria de las víctimas del nazismo y del estalinismo y, al mismo tiempo, olvidar el fascismo y las dictaduras del sur de Europa.

Este año celebramos el 20º aniversario del acceso a España y Portugal a la Comunidad Europea, dos países donde el fascismo, durante 40 años, ha dejado recuerdos trágicos. También celebramos este año el 25º aniversario del acceso de Grecia a la Comunidad Europea. De 1946 a 1974 hubo campos de concentración en Grecia, donde miles de ciudadanos fueron exterminados por sus ideas políticas. Las islas de Yiaros –que los romanos también utilizaron como lugar de exilio– y Makronis se convirtieron en la tumba de un gran número de personas que perdieron la vida a raíz de la dureza y la tortura que sufrían con miles de otros ciudadanos exilados a esas islas en esa época.

El factor común que une a los Estados del sur de Europa es que la estabilización de la democracia en esos países se logró en gran medida gracias a su adhesión a la Comunidad Europea.

Por tanto, el programa de «Ciudadanos con Europa», que hoy estamos debatiendo, adquirirá un valor material y general. Por este motivo, las enmiendas mencionadas antes por mi honorable amigo el señor Catania, junto con otros, han de aprobarse, porque complementan el más extenso y muy importante informe de nuestro honorable amigo el señor Takkula

  Šarūnas Birutis (ALDE). – (LT) Celebro la nueva iniciativa de la Comisión Europea «Ciudadanía europea activa». También quiero felicitar al ponente por un informe tan bien elaborado. La promoción de la ciudadanía europea es condición esencial para que funcione la Unión Europea, que se ha ampliado con éxito. La Unión Europea necesita un programa, especialmente después de la ampliación de 2004, que preste atención especial a sus ciudadanos. En estos momentos el déficit de democracia activa es uno de los problemas actuales más graves que afronta la Unión Europea, y, por tanto, celebramos los esfuerzos por crear una identidad europea, impulsar la ciudadanía y promover la participación activa en el ámbito de la integración europea. En Lituania los sondeos de opinión revelan una gran desconfianza entre los residentes con respecto a instituciones estatales importantes, y se tiene la sensación de que la participación de los votantes es cada vez menor. Estos indicadores también son similares en la Unión Europea. Además, un europeo medio tiene poca fe en los partidos políticos, el Gobierno o el Parlamento de su país. Mediante la introducción de la iniciativa de la ciudadanía activa, la integración de valores europeos en las sociedades nacionales individuales se hará notar, y la identidad europea, activamente configurada, también ejercerá una influencia positiva en las decisiones comunes de la Unión Europea.

Las instituciones de la Unión Europea han de responder no solo ante los Gobiernos de los Estados miembros y sus delegaciones, sino también ante los ciudadanos de Europa. La aplicación de medidas aumentará la transparencia y creará un grado de responsabilidad en el proceso político de la Unión Europea. Se promoverá la cultura europea y su diversidad y se impulsará la cooperación entre ciudadanos y organizaciones de varios países. La misma evaluación del pasado, los gulags de Stalin y el holocausto fascista, fortalecería la ciudadanía europea. Es importante que todas las partes interesadas, es decir, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, puedan acceder a este programa. Esta iniciativa es la clave para los ciudadanos que tiene un efecto consciente en su propio futuro y el de sus hijos en Europa.

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, como europeo y catalán apoyo plenamente la necesidad de fortalecer la memoria histórica para evitar futuros desastres mientras aprendemos de nuestro pasado.

En el informe del señor Takkula hay una propuesta de financiar los lugares históricos relacionados con los principales regímenes totalitarios que Europa soportó durante el siglo XX: el nazismo y el estalinismo. Estoy de acuerdo con él, pero también queremos extender esta propuesta a otros aspectos relacionados directamente con esta clase de autoritarismo.

En nuestro caso, en el país catalán, hemos sufrido la dictadura de Franco que estaba estrechamente relacionada en su origen con el nazismo y el fascismo italiano. El único presidente de una nación democrática asesinado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue Lluís Companys, Presidente del Gobierno Autónomo catalán. La primera población civil bombardeada indiscriminadamente por la aviación hostil fue Guernica, la ciudad emblemática del País Vasco.

Si no reconocemos que existieron el régimen de Franco y otras dictaduras en el sur de Europa y la necesidad de rescatar la memoria histórica de este oscuro periodo de nuestra historia, eludimos debatir las consecuencias de las dictaduras, algunas de las cuales son muy molestas para la Unión Europea, incluso hoy en día.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señor Presidente, las medidas recogidas en el programa «Ciudadanos con Europa» contribuirán a crear principios sólidos de coexistencia e interacción entre naciones. Sensibilizarán en torno a la individualidad de cada una de las naciones y promoverán el reconocimiento de su patrimonio cultural nacional. Además, contribuirán a eliminar estereotipos y ayudarán a nuestros ciudadanos a tener una mejor disposición ante la diversidad.

Me ha complacido comprobar que en la parte relativa a los lugares de conmemoración de las víctimas de los regímenes totalitarios se prevea una ayuda económica no solo en recuerdo de las víctimas del nazismo, sino también de las actividades relacionadas con el estalinismo.

A lo largo de su historia, Europa ha sufrido a manos de varios dictadores crueles e inhumanos, y ni un ápice de ese sufrimiento debería caer en el olvido. Sin embargo, a la luz del escaso presupuesto asignado a este objetivo concreto, nuestros esfuerzos deberían centrarse en los dos más espantosos y horribles de estos regímenes, cuyos efectos se dejaron sentir masivamente con consecuencias en todo el mundo. Los regímenes de Stalin y Hitler deben convertirse en símbolos del mal y deben grabarse en la conciencia de nuestros niños como sistemas criminales. Ello servirá de prevención para que no se repitan dichos regímenes. Por consiguiente, también hemos de garantizar que se asignen importes adecuados a la ejecución de programas culturales apropiados en las perspectivas financieras 2007-2013.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano y esta vez hablo también como alcalde de una bonita ciudad situada al norte de Roma.

Como alcalde he llevado a cabo incontables actividades para promover la identidad europea, alentando la participación y la cooperación entre los ciudadanos, sobre todo a través de los hermanamientos y los intercambios culturales, que han tenido como principales protagonistas a los jóvenes y los estudiantes, además de otros sectores.

En efecto, me parece que los ciudadanos, que se enfrentan a diario con problemas a menudo muy distantes de los abordados en esta Cámara, necesitan demostraciones palpables de la existencia de una base de valores comunes a los 450 millones de europeos. Solo si ese sentimiento es fuerte se podrá esperar un acercamiento de los ciudadanos a las instituciones. Estoy a favor, por tanto, de la propuesta de la Comisión y de todas las acciones propuestas, sobre todo las que promueven los valores europeos de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos: pienso que son válidas y deben aprobarse. Espero, pues, que este proyecto salga adelante con el mayor apoyo institucional y económico posible.

Sin embargo, es preciso adoptar otras medidas concomitantes. Ante todo, mejorar la comunicación y la información sobre las actividades de nuestras instituciones a escala local y, por tanto, incentivar programas de información, debates y conferencias sobre las principales temáticas europeas. Creo además que cualquier acción emprendida para promover la denominada «ciudadanía europea» será vana si en los próximos debates no tenemos debidamente en cuenta las necesidades, las exigencias y las expectativas de la sociedad civil.

Hacer que los ciudadanos se sientan realmente partícipes de los muchos y grandes retos que aún tenemos que afrontar es quizás el modo más concreto de crear una sólida base común sobre la cual fundar nuestro futuro.

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, doy las gracias al señor Takkula por el trabajo que ha hecho y me complace que realmente cuente con el apoyo de toda la comisión. Este programa representa la única oportunidad para la mayoría de los ciudadanos de participar en el cuerpo del pensamiento europeo y de implicarse como miembros activos de nuestra sociedad civil.

En efecto, debido a los referendos de Francia y los Países Bajos tenemos que explicar las cosas mejor, explicar la ampliación, explicar el Tratado Constitucional, disipar los miedos de los ciudadanos con respecto a la globalización. Este programa posibilita todo esto, con la ayuda de intermediarios que reciben dinero de este programa. Por tanto, me complace que la Comisión haya mencionado a algunos de ellos. De hecho, no hay necesidad de reinventar la rueda; algunas instituciones ya llevan mucho tiempo trabajando en torno a la ciudadanía europea.

Al señor Allister, que por desgracia ya no está aquí, quien ha dicho antes que no quiere ser europeo, solo puedo decirle que soy ciudadana del Sarre, un pequeño Estado federado alemán, soy alemana y soy europea. Es como una muñeca rusa; es posible ser todo eso, ninguna de esas identidades queda excluida. No obstante, colectivamente todos estamos comprometidos con los valores europeos.

Lamento el hecho de que nos hayamos metido demasiado de lleno en la cuestión de los lugares conmemorativos del nazismo y el estalinismo. A este respecto, quiero decir al señor Sifunakis, que por desgracia también se ha marchado, que realmente se ha excedido de sus competencias. Su propuesta relativa a estos lugares conmemorativos fue rechazada en comisión. La comisión decidió en contra de ella. Entonces, el señor Sifunakis procedió a escribir a todos los miembros de la comisión, como presidente de la misma, pidiéndoles que esta vez fueran tan amables de seguirle. Que yo sepa, en los 16 años que llevo aquí esto nunca ha ocurrido en esta Cámara. Espero que mis colegas diputados no le sigan.

Quiero plantear una última cuestión, que ya ha mencionado el señor Battilocchio: necesitamos actividades de hermanamiento de ciudades porque llevan a cabo una labor maravillosa. Este es otro ámbito donde es posible lograr más con menos dinero que en un gran negocio de otras cosas que podrían haberse contemplado. Quiero pedir al Comisario que incluya a las tres organizaciones adicionales que queremos que participen. Han hecho un trabajo maravilloso y puede confiar en ellas.

  Christa Prets (PSE). – (DE) Señor Presidente, «Ciudadanos con Europa» significa despertar el interés de los ciudadanos por Europa, informarles de Europa, implicarles en las decisiones, ofrecerles vías de comunicación y, en última instancia, llenarles de entusiasmo por Europa. Por desgracia, cada vez estamos más lejos de conseguirlo. No obstante, estoy convencida de que este programa tiene el potencial de contribuir mucho a la reducción del euroescepticismo.

Tal y como acaba de decir la señora Pack, un aspecto esencial son las actividades de hermanamiento de ciudades, que promueven el conocimiento y el entendimiento mutuos por medio de acuerdos comunes selectivos, pero también estructurados, y plurianuales. Este es un proyecto de comunicación muy poco caro pero, lamentablemente, no se reconoce como tal. Si quisiéramos aumentar la inversión en este proyecto, podríamos prescindir de más de un folleto.

El objetivo de los proyectos ciudadanos es reunir a las partes interesadas para trabajar en torno a cuestiones europeas, lo que permite llegar a un público amplio. Si están integrados en redes, clubes y asociaciones, pueden ser una herramienta eficaz para llegar a los ciudadanos, fortalecer la cohesión social e impedir la exclusión o la discriminación entre una amplia variedad de grupos de personas, que conforman una base importante para la ciudadanía activa y el diálogo europeo.

Por primera vez en este programa se ha incluido la campaña «Preservación de la memoria europea», ya que la comisión opina que es preciso hablar de la historia en el contexto de un público amplio. El debate también ha demostrado, y esto prueba que teníamos razón, que este importante asunto no debería tratarse como una pequeña contribución a este programa, como un fenómeno periférico, en su forma actual, sino que precisa un programa por derecho propio. Su finalidad es llamar la atención sobre todas las formas de dictadura y sus víctimas, y en particular sensibilizar a los jóvenes y a las futuras generaciones de las atrocidades cometidas por regímenes pasados y tratar de asegurar que nuestras democracias sean y sigan siendo suficientemente fuertes para que estos regímenes inhumanos sean imposibles en el futuro.

  Alfonso Andria (ALDE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quisiera felicitar al señor Takkula por el magnífico trabajo realizado y por su excelente informe. Lo que más me complace de este es la propuesta de modificar el título del programa de «Ciudadanos con Europa» por «Europa con los ciudadanos». Esta inversión de términos encierra todo el sentido de la cultura que de ahora en adelante debería inspirar la acción comunitaria: el medio y no el fin de los pueblos europeos para la realización de sus aspiraciones.

Celebro el hecho de que se preste más atención a los ciudadanos y se haga gala de una sensibilidad recuperada por la cuestión cultural y la identidad europea. Esto se refleja en el hecho de que el orden del día de esta sesión plenaria incluya también los informes del señor Hammerstein Mintz sobre la apertura al público de las reuniones del Consejo; del señor Cashman sobre el acceso a los documentos de las instituciones, y de la señora Prets sobre las capitales europeas de la cultura.

Tenemos pues en esta Cámara la oportunidad –incluso diría que el deber– de hacer que Europa sea más transparente, más democrática, más fácil de comprender y, por tanto, más aceptable. En un momento difícil del proceso de construcción europea como el que estamos viviendo hoy, en el que las tendencias nacionalistas y disgregadoras parecen adquirir una nueva legitimidad, la difusión del conocimiento recíproco de nuestras distintas culturas es sin duda un instrumento fundamental de integración social y exaltación de los valores que nos unen, y un elemento clave en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

En conclusión, por estos motivos, considero importante dotar este programa de recursos financieros más abundantes y adecuados. Señor Presidente, el sentimiento de pertenencia, el sentirse europeo, también debe desarrollarse entre los ciudadanos de Europa, que no quieren seguir estando sometidos a Europa, sino crearla.

  Aldis Kušķis (PPE-DE). – (LV) Señor Presidente, señor Figel’, señor Takkula, Señorías, en el siglo pasado la distinguida historiadora Hannah Arendt concluyó, con una maravillosa sencillez, pero con precisión, que en principio no hay nada más característico de los regímenes totalitarios y de los dictadores que el sorprendente poco tiempo que tardan sus crímenes en contra de la humanidad en olvidarse, y el hecho, también pasmoso, de que nuevos tiranos pueden aparecer tranquilamente en su lugar.

Por desgracia, la posibilidad de observar a nuevos Stalines e Hítleres aún no ha desaparecido hasta la fecha. Precisamente por este motivo compartimos la responsabilidad de no permitir que se olviden los crímenes cometidos por los nazis y el comunismo totalitario soviético. Hemos de recordar el horror de lo ocurrido cuando las descabelladas ideas de dos tiranos sometieron a los ciudadanos de Europa a asesinatos masivos, el exterminio de personas en los campos de la muerte y la distorsión del destino, ennegreciendo las páginas de la historia europea.

Independientemente de que sus ideas particulares fueran diferentes, ambos regímenes totalitarios pueden considerarse iguales. Tanto Hitler como Stalin organizaron deportaciones masivas, establecieron campos de la muerte y ordenaron asesinatos masivos de millones de personas, entre ellos niños indefensos. Puedo decir con seguridad que casi todas las familias europeas tienen algo que contar sobre los destinos malogrados de padres, hermanos o hermanas. Los crímenes de los nazis de Hitler y del estalinismo no pueden y no deben olvidarse, especialmente este año, cuyo 14 de junio marcará el paso de 65 años desde el inicio de las implacables deportaciones masivas desde los Estados bálticos. Gracias, señor Beazley, por recordarnos estos hechos.

Hoy deberíamos promover entre los ciudadanos europeos el conocimiento de los principios de respeto de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Deberíamos hacerlo para que ningún imitador contemporáneo de Stalin pueda ni siquiera soñar que no saldría indemne.

Hemos de apoyar activamente proyectos que preserven la memoria del nazismo y del estalinismo, las deportaciones masivas y los muertos. Hemos de enseñar a nuestros hijos los lugares relacionados con las deportaciones masivas y los campos de concentración, y hemos de preservar las memorias de las víctimas.

Les pido que voten a favor de una reunificación de la historia de Europa.

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Señor Presidente, mañana vamos a votar este informe sobre el programa «Ciudadanos con Europa», que, como se ha dicho, pretende promover una ciudadanía europea activa y que se enmarca en este contexto de preocupación de la Unión por el distanciamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas y por sus dificultades para identificarse con el proceso de integración. Quiero expresar todo mi apoyo a este programa y mi felicitación al trabajo llevado a cabo por el señor Takkula.

Hablemos de la acción nº 4 de este programa, que está orientada a la preservación de los lugares conmemorativos de la deportación y exterminación masivas cometidas por el nazismo y el estalinismo; todo mi apoyo también a la memoria de las víctimas de estos regímenes atroces que marcaron la historia europea y mundial del siglo XX.

Pero quiero añadir también que no puede, de ninguna manera, excluirse a otras víctimas, igualmente inocentes e injustamente tratadas por la Historia, como las víctimas del fascismo y de otras dictaduras europeas. De hecho, señor Presidente, hace menos de un mes el Consejo de Europa adoptó una resolución de condena internacional al régimen franquista.

Si uno de los objetivos de este programa es forjar una identidad europea basada en valores, historia y cultura comunes y reforzar la integración europea sobre la base del respeto, la comprensión mutua y la apreciación de la diversidad cultural, el Parlamento Europeo no puede faltar al respeto a la historia de muchos países europeos que sufrieron durante largos años represión y asesinatos en su lucha por la libertad.

En España la consecución de la democracia está fuertemente vinculada a nuestra entrada en la Unión Europea, ahora hace veinte años. Y, en el marco de este programa, es de justicia otorgar un reconocimiento a las víctimas de este periodo negro de nuestra historia, porque ello contribuiría justamente a estrechar los lazos de la ciudadanía con la Unión.

Señorías, la escasez de presupuesto —que es una realidad— no puede justificar la exclusión de unas víctimas con respecto a otras. Y no se trata de equiparar unas guerras con otras o de cuantificar una masacre en función de las muertes cometidas, sino de recordar a todas las víctimas, para que la preservación de su memoria impida que hechos como este nunca más vuelvan a producirse.

Por ello, señoras y señores diputados, les pido su apoyo a las enmiendas, apoyadas ya por más de 60 miembros de distintos Grupos de este Parlamento, porque enriquecerán el programa, sobre la base del reconocimiento pleno de la memoria histórica europea y con objeto de reforzar el sentimiento de ciudadanía.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la indiferencia del público con respecto a las instituciones y los órganos de la Unión Europea, la falta de identificación con el proceso de integración europea y también la incapacidad para implicar al público en debates sobre el alcance de la ampliación futura confrontan al conjunto de la Unión Europea con un problema considerable. Este problema se ha revelado con más fuerza en los referendos francés y neerlandés sobre la ratificación de la Constitución de la Unión Europea.

Sin embargo, en otros países, incluidos los que se adhirieron en mayo de 2004, ha habido manifestaciones negativas sobre el déficit informativo. Un aspecto positivo es el deseo del público de tener más información y, asimismo, su interés por actividades racionales y razonables. El programa «Ciudadanos con Europa» que hoy se debate es un instrumento capaz de satisfacer esta demanda. Algunas de las acciones expuestas en él ya están demostrando su valor actualmente y se desarrollan intensamente. Un ejemplo positivo es el programa de hermanamiento, en el que cualquier comunidad puede participar independientemente de su tamaño. El programa es especialmente adecuado para pequeñas comunidades, ya que es muy fácil obtener una subvención y no existen obstáculos burocráticos innecesarios. La subvención mínima para financiar, por ejemplo, reuniones entre miembros de las comunidades asociadas es muy baja, de forma que en caso de demanda no será difícil encontrar apoyo económico.

Las asociaciones de hermanamiento entre ciudades, y la forma en que los ciudadanos trabajan juntos para resolver cuestiones europeas o para apoyar a organizaciones voluntarias, pueden fortalecer los valores europeos compartidos y, al mismo tiempo, respetar la diversidad nacional y regional. Los Estados miembros deben complementar estas acciones con actividades culturales y del ámbito de la educación. Habría que reconocer como prioridad e interés común hacer hincapié en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, así como la ayuda al multiculturalismo y al multilingüismo. Quiero finalizar expresando mi reconocimiento por el trabajo del ponente y por la voluntad de cooperación de la Comisión de Cultura y Educación.

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Señorías, el informe del señor Takkula versa sobre un tema muy importante. Enhorabuena por su buen trabajo.

Hoy día la Unión Europea se está convirtiendo en un parque de atracciones donde a los políticos de los Estados miembros únicamente les mueven sus propios intereses y el objetivo de satisfacer a sus votantes. Entre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea no hay suficiente sentimiento de que son realmente ciudadanos de Europa. A fin de desarrollar un sentimiento de ciudadanía, es importante que uno conozca la historia de otro.

Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos europeos se consumieron bajo el régimen totalitario. Mi patria Estonia fue borrada del mapa por uno de los dictadores más implacables de la historia, Stalin. Nos quitaron nuestra propia bandera o nuestro himno nacional, y nuestra capital era Moscú.

El hermano gemelo del estalinismo fue el nazismo. Estas dos ideologías, que nacieron a la vez, se repartieron Europa entre ellas con el Pacto Hitler-Stalin. Stalin tuvo sometida a su régimen dictatorial toda la parte oriental de Europa durante medio siglo. La máquina de guerra de Hitler subyugó violentamente a la parte occidental de Europa donde los dictadores locales no pudieron hacerse ellos mismos con el poder.

Al pretender recordar por igual a las víctimas del nazismo y del estalinismo estoy luchando en contra de la mera aceptación simbólica de los nuevos Estados miembros en la Unión Europea. Condeno toda forma de totalitarismo. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que el nazismo y el estalinismo son la piedra angular de todas las demás ideologías totalitarias.

Gobernantes como Franco, Mussolini y Salazar torturaron a sus víctimas siguiendo el ejemplo establecido por Hitler y Stalin. Cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea debería asumir la responsabilidad de valorar justamente las acciones de sus dictadores en su país. No obstante, en estos momentos hablamos del estalinismo y del nazismo, que trascendieron y no respetaron las fronteras estatales.

Es el deber de los Estados miembros condenar colectivamente las crueldades de Hitler y Stalin, que dividieron en dos a Europa separándola mediante un Telón de Acero. Por tanto, trabajemos juntos en el marco del programa «Ciudadanos con Europa» para recordar conjuntamente a las víctimas del estalinismo y del nazismo.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, tengo dos observaciones que hacer, una es sobre el informe y la otra de carácter general.

En primer lugar, quiero felicitar a mi amigo, el señor Takkula, por su informe. Es su primer informe, es un gran informe y ha hecho una labor excelente al plantear todas las cuestiones fundamentales. Apoyo cada uno de sus planteamientos. También apoyo todo el texto sobre Stalin y Hitler. He de admitir que, aunque no soy miembro de la comisión, apoyo plenamente lo que ha dicho la señora Pack. Es sorprendente que el presidente de la comisión, el señor Sifunakis, adopte un punto de vista totalmente opuesto a lo que se ha decidido en comisión, pero que así sea.

Si no conociera bien al señor Takkula, después de leer este informe incluso pensaría que es un federalista, pero quizá no en esta ocasión.

Mi observación más general es sobre la ciudadanía europea y la ciudadanía nacional. Algunas personas parecen creer que de alguna manera estamos intentando crear un prototipo europeo, pero estoy en desacuerdo. Yo mismo soy federalista, pero creo que la identidad es, en primer lugar, local, luego nacional y, seguidamente, europea.

He vivido en Bruselas durante siete años. Para ser sincero, cuando llegué a Bruselas tenía unos cuantos perjuicios sobre las nacionalidades. Por ejemplo: los finlandeses no hablan; todos los alemanes tienen el mismo sentido del humor que nuestra Presidenta que hoy preside la sesión; los franceses siempre hablan por tres puntos; ningún italiano ha llegado nunca a una conclusión operativa. Esta era la sensación que tenía yo cuando llegué a Bruselas. Estos son los prototipos nacionales que tenemos. Para ser honesto, después de siete años creo que mis perjuicios no han hecho más que reforzarse, muy positivamente, pero, sin embargo, se han reforzado. Por lo tanto, no estamos creando ningún tipo de europeo prototípico. Me parece que el único momento en que podemos sentirnos realmente europeos es, por ejemplo, en el deporte: la Copa Ryder de golf es un magnífico ejemplo y Eurovisión es algo que nos une.

Sin embargo, a fin de cuentas, creo que este informe es positivo, ya que nos da cuatro elementos de acción: puedo apoyar todos y cada uno de ellos. No hay ninguna propaganda en el mismo, así que espero que la Comisión se lo tome en serio y tenga en cuenta todos los cambios que el señor Takkula ha propuesto.

  Lissy Gröner (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el programa para promover la ciudadanía europea activa, correctamente empleado, tiene el potencial de convertirse en una herramienta muy valiosa para salvar la distancia entre la Unión Europea y sus ciudadanos y para combatir el euroescepticismo.

Con un presupuesto inferior a 300 millones de euros para siete años y con la participación de 36 países, las expectativas son altas. Sin embargo, en vista de sus cuatro campos de acción diferentes, la ejecución será difícil. Por este motivo, quiero dar las gracias al señor Takkula, que ha hecho verdaderos esfuerzos por lograr un equilibrio y también por abstenerse de hacer recortes en el bajo presupuesto, por ejemplo en el ámbito de las actividades del hermanamiento de ciudades. Se trata de proyectos ciudadanos que fortalecen la conciencia europea y la identidad desde la base. Queremos promover los proyectos de la sociedad civil y activos en la Unión Europea, donde existe un gran idealismo: necesitan nuestra atención y apoyo. Queremos apoyar las actividades de relaciones públicas de las Casas Europeas y de los institutos que funcionan en Europa. Quiero pedir al Comisario que haga suyas nuestras propuestas.

La cuarta acción también es muy importante para mí, como socialdemócrata alemana. Soy de Núremberg, la ciudad de las conferencias del Partido Nazi. Actualmente, la ciudad hace esfuerzos por deshacerse de su antigua imagen y adquirir un nuevo perfil de ciudad de derechos humanos.

Quien quiera configurar activamente el futuro necesita conocer el pasado, por ello la acción 4, «preservación de la memoria europea», es tan importante. Hemos de recordar a las víctimas de los violentos regímenes nazi y estalinista, además de los lugares relevantes y de conmemoración. No obstante, también debemos recordar a todas las víctimas de las dictaduras, y, por tanto, quiero pedirles que apoyen las enmiendas 54 y 55 de mi Grupo. El motivo de esta petición es que hemos de tener mucho cuidado de no enfrentar a unas víctimas con otras.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, celebro el informe del señor Takkula y la propuesta de crear una cuarta acción adicional, llamada preservación de la memoria europea. Se ha hablado mucho en esta Asamblea de la integración económica y social, pero se ha tendido a pasar por alto la función de la integración histórica como elemento esencial de la integración. Europa siempre ha reflejado su pasado y hoy día sigue recurriendo a este legado. El comunismo y el nazismo fueron dos regímenes totalitarios que contribuyeron por igual a la historia sangrienta del siglo XX. No es apropiado utilizar el término estalinismo. El comunismo en general fue una maldición del siglo XX.

La naturaleza de las relaciones entre los países y los pueblos europeos tiene el color de sus experiencias históricas, pero incluso en la más difícil y dolorosa de ellas puede transformarse en fuertes lazos de afecto. El Papa Juan Pablo II dijo que a pesar de los tremendos logros en una serie de ámbitos, el siglo XX se caracterizó por el misterio del mal. Hemos traído con nosotros este legado del bien y del mal al siglo XXI.

La Cámara ha hablado de cuestiones relativas a la política histórica en numerosas ocasiones. Podría mencionar los debates sobre el 60º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y el 25 aniversario de Solidaridad, por ejemplo. Estos debates reflejan el alcance de la malinterpretación de hechos históricos básicos y de nuestro legado histórico.

La noción de una identidad europea ha de basarse en la aceptación de la verdad sobre nuestro pasado. Recordar a las víctimas de las deportaciones masivas y del exterminio emprendidos por el comunismo y los nazis no promoverá la desconfianza entre las naciones. En su lugar, nos recordará el derecho fundamental de la libertad, el Estado de Derecho y el respeto de los demás. Es la única forma de que la Unión Europea lleve a la práctica el mensaje de sus fundadores de unidad en la diversidad.

(Aplausos de la derecha)

  Ján Figel’, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero agradecer a todos los participantes en este debate sus comentarios y contribuciones muy interesantes. Podemos estar fácilmente de acuerdo en que, aunque el consenso es fuerte, a veces se plantean cuestiones sobre los programas o la identidad europea, pero no por ello la identidad deja de aflorar. Quizá lo vemos más desde fuera que desde dentro, pero se complementan con nuestras dimensiones elementales de tipo personal, nacional, local y regional; es enriquecedor.

Es importante recordar las tragedias en Europa, en especial en una época en que seguimos buscando criminales de guerra en el continente. No hace tanto tiempo que muchas partes de Europa estaban llenas de lugares sangrientos, fronteras y fosas comunes, y es importante recordarlo. No necesito responder a puntos concretos ya que los he tratado al principio.

En cuanto a las finanzas, estamos negociando. Espero que se pueda ver un fuerte apoyo por parte del Parlamento, tal como se ha visto hace poco en relación con los programas de juventud y educación y sobre ciudadanía, en las reuniones finales de la troika o en las actuales negociaciones sobre las perspectivas financieras. Integraremos las cuestiones relativas a la ciudadanía a través de diferentes acciones y diferentes programas, ya que es importante.

El último punto se refiere al título. Creo que tanto la Comisión como el Parlamento son, en parte, correctos. Solo es parcialmente correcto afirmar que existe o bien una «Europa con los ciudadanos» o bien «Ciudadanos con Europa». Si recuerdan el mensaje de John Fitzgerald Kennedy a los ciudadanos, de que Europa solo puede desarrollarse sobre los cimientos de ciudadanos maduros, y una Europa madura puede dar muchas respuestas a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, necesitamos tanto una «Europa con los ciudadanos» como unos «Ciudadanos con Europa». Creo que este programa puede contribuir a la madurez de la comunidad⁽¹⁾.

(Aplausos)

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana miércoles.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Desarrollar una identidad europea, mejorar la comprensión y la integración recíprocas y valorar la diversidad a través del diálogo son objetivos fundamentales para consolidar la Unión Europea.

La unidad de Europa no puede imponerse desde arriba, sino que debe ser fruto de la responsabilidad de cada persona. Los protagonistas deben ser las familias, las agrupaciones sociales, el amplio sector voluntario, las asociaciones populares.

Acercar entre sí a las personas y favorecer el encuentro entre comunidades locales para que se puedan intercambiar experiencias, opiniones y valores: todo esto es necesario para hacer madurar la ciudadanía europea. Ser ciudadanos de Europa significa formar parte de una cultura que sitúa en un lugar central la riqueza de una vida responsablemente vivida y creativamente amada, una vida de la que valientemente rendimos testimonio ante todos los que vengan.

Recuperemos una memoria activa en la que los horrores, de los que nosotros, los europeos, hemos sido testigos, sirvan de advertencia para un futuro diferente. Una recuperación de la memoria que en mi ciudad, Padua, en mi región, Véneto, dará vida a un Museo de la Memoria en Villa Venier, en el municipio de Vo' Euganeo. Por ello, el programa «Ciudadanos con Europa» es una idea inspirada, que debe desarrollarse y transmitirse a cada país, ciudad y municipio de Europa y que cuenta con nuestro apoyo convencido.

Anexo – Posición de la Comisión

Informe Takkula (A6-0076/2006)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 39, 43, 46, 50⁽²⁾, 51 y 61.

Las enmiendas 12, 14, 16, 20, 27, 30, 32, 37, 41, 42, 44, 48 y 52 pueden aceptarse en principio siempre que se cambie la redacción.

Se mantienen reservas pendientes de llegar a un acuerdo sobre las perspectivas financieras con respecto a las enmiendas 36, 45, 49 y 50⁽³⁾.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 y 63.

(1) Posición de la Comisión sobre las enmiendas del Parlamento: cf. Anexo.

(2) Aceptado en sustancia

(3) Sobre aspectos financieros

16. Capitales europeas de la cultura (2007-2019) (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0061/2006) de la señora Prets, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2007 a 2019 (COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD)).

  Ján Figel’, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la acción «Capital europea de la cultura» es probablemente una de las iniciativas europeas más populares. Es apreciada tanto por los Estados miembros como por el público general desde su nacimiento hace 20 años en 1985, gracias a Melina Mercouri. La idea principal sigue siendo destacar la riqueza y diversidad de las culturas europeas y las características que comparten, así como fomentar un mayor conocimiento mutuo entre los ciudadanos europeos. Se trata de un tema muy próximo al anterior.

Sin embargo, nuestra experiencia ha demostrado que algunos aspectos del actual programa de cooperación necesitan mejorarse, principalmente en cuatro ámbitos: la competencia entre las ciudades, el papel del comité de selección, la dimensión europea de la acción y el proceso de supervisión. Por esta razón, el año pasado la Comisión adoptó la propuesta destinada a sustituir a la decisión de 1999. Se trataba de una petición parlamentaria expresada por la señora Prets y en aquel momento prometí personalmente que presentaría una nueva propuesta.

El nuevo sistema alentará a los Estados miembros a organizar concursos a escala nacional entre las ciudades interesadas. Un comité de selección mixto evaluará las solicitudes en el marco del concurso nacional. Este comité mixto estará compuesto por siete expertos nombrados por las instituciones, junto con seis expertos que serán designados por el Estado miembro correspondiente. Seguidamente, el Estado miembro propondrá una ciudad a las instituciones europeas. Como en el pasado, el Consejo tomará la decisión final sobre la designación de la capital.

Asimismo, la propuesta establece criterios simplificados y más claros que los de la decisión vigente. Tras la designación de las capitales europeas se pondrá en marcha un proceso de supervisión para prestar apoyo y asesoramiento a las ciudades en la ultimación de la elaboración del programa y, en particular, con vistas a asegurar que haya quedado reflejado efectivamente el valor añadido europeo.

Se dará un premio a las Capitales Europeas de la Cultura que cumplan los criterios y objetivos de esa iniciativa. Al mismo tiempo, propondré que se incremente sustancialmente la contribución comunitaria a las ciudades que participan en el programa a través del programa Cultura 2007.

Me complace mucho que el Parlamento, el Consejo y la Comisión hayan cooperado estrechamente en la búsqueda de enmiendas de compromiso aceptables para todos. Este informe está en consonancia con el enfoque de la Comisión y mejora de forma clara nuestra propuesta, por lo que creo que este nuevo programa establece un buen equilibrio entre los intereses locales y nacionales y destaca la dimensión europea. Estoy seguro de que esto aumentará la transparencia del proceso de selección y la visibilidad de la acción.

Quiero confirmar que la Comisión acoge con satisfacción este informe y acepta todas las enmiendas de compromiso. Por consiguiente, espero que se apruebe nuestra propuesta modificada en primera lectura. Me gustaría mucho dar las gracias a la Comisión de Cultura y Educación y, en particular, a la ponente, la señora Prets, por su eficiencia y su esfuerzo.

  Christa Prets (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, como acaba de decir el Comisario, había que reformar algunos aspectos de este acuerdo, celebrado hace 20 años. Aunque en 1999 se presentó una nueva decisión, esta no preveía la adhesión de diez nuevos Estados miembros –y quizá incluso más– algunos años más tarde, de modo que es necesario tener en cuenta a estos nuevos Estados miembros. Una consecuencia de ello es que ahora tenemos un sistema asociativo.

La propuesta que se nos presentó en ese momento no era satisfactoria. En 2004 elaboramos una nueva propuesta, esta vez abreviada, pues teníamos prisa por no obstruir el proceso aplicable a las ciudades de 2009 y 2010, por lo que aceptamos sus deficiencias. Sin embargo, la Comisión cumplió su promesa y seis meses más tarde nos presentó una nueva propuesta.

Nuestra prioridad es redefinir el papel del grupo de expertos. Este ya ha dado lugar a problemas anteriormente, por lo que tenemos que asegurarnos de que sea mejor en el futuro. Esta nueva propuesta hace que el grupo de expertos sea más democrático. Esto significa que los Estados miembros y los países candidatos estarán representados en el grupo de selección, en la fase anterior a la selección, y podrán así hacer su contribución, ya que es muy importante que las decisiones no se tomen únicamente en Bruselas.

En la segunda fase habrá un grupo de seguimiento y consulta, que seguirá críticamente este proceso, pero que desempeñará igualmente un papel de asistencia en lugar de limitarse a señalar las deficiencias. Este aspecto es muy importante, ya que las ciudades a menudo consideran que no se contribuye a sus preparativos y no saben exactamente cómo cumplir todas las normas.

La competencia era otra cuestión crucial, pues queríamos reforzar el elemento competitivo. Los Estados miembros deben tener en cuenta durante el período de preparación que lo importante son las nuevas actividades culturales, así como la participación del público y de las regiones. Aunque hago hincapié en la cuestión de la competencia, también me gustaría señalar que no cabe duda alguna de que algunos países pequeños no están en condiciones de celebrar competiciones importantes. En dichos casos debería permitirse una única ciudad candidata, pero esta tendría que superar todos los problemas y requisitos que implica convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Un criterio fundamental que también es objeto de debate es la dimensión europea. A las ciudades se les pide que generen valor añadido europeo y la pregunta es: ¿qué es el valor añadido europeo? ¿Cómo pueden reflejarlo las ciudades? ¿Cómo podemos explicar a las ciudades la tarea precisa que deben llevar a cabo? La Comisión no ha logrado definirla con total precisión, algo que es comprensible, pues resulta muy difícil. La Comisión ha prometido presentar un modelo de mejores prácticas en un sitio de Internet. Este sitio constituye un medio muy importante para orientar y compartir consultas y experiencias, algo muy importante para las ciudades candidatas. Yo le pediría al Comisario que esta orientación y este sitio en Internet ya existan cuando entre en vigor este proyecto.

Un aspecto positivo es la financiación, no por lo que respecta al importe, ya que este aspecto planteará otro problema. Las nuevas Perspectivas Financieras probablemente reducirán el importe destinado a las Capitales Europeas de la Cultura, lo que será una gran pena. Si tomamos como ejemplo la ciudad de Linz, que hasta ahora ha invertido 60 millones de euros, de los cuales tan solo un 0,86 % procede de la UE, me pregunto por qué la carga económica es tan pesada. Podríamos decir, desde luego, que se trata de una cuestión de imagen, pues ayuda a la región, a la ciudad, pues invertimos en el futuro, en la sostenibilidad, que es otro aspecto importante.

Y hablando de finanzas, resulta alentador que ahora este premio vaya a adjudicarse con tres meses de antelación. De esa forma sin duda se ayudará a las ciudades, ya que hasta ahora el principal problema ha sido que las ciudades siempre han tenido que preocuparse por sus recursos después del evento, una vez que todo ha terminado. Espero y deseo que sea así en la práctica y, por consiguiente, que las Capitales Europeas de la Cultura tengan ante ellas un futuro muy democrático.

Espero que la sostenibilidad, la buena reputación y el impulso dado al arte y la cultura europea en general se refleje en este informe, así como en las actividades y su posterior ejecución.

  Doris Pack, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, aunque en realidad ya se ha dicho todo, me gustaría añadir algo que reviste gran importancia para mí, a saber, que la Capital Europea de la Cultura se convierta realmente en lo que hemos creído siempre que debería ser, es decir, un medio de difusión de la cultura europea. Esta cooperación que hasta ahora tenía lugar a nivel intergubernamental, pues en realidad era una acción pública, se ha convertido en una cuestión interinstitucional. Esto significa que contamos con una excelente cooperación y que, como ya ha indicado la señora Prets, nuestra voz ha sido escuchada.

Durante años hemos estado pidiendo que el grupo de expertos evalúe y seleccione algo sustancial, a fin de que las ciudades hagan un esfuerzo por generar valor añadido europeo y no solo mostrar lo que ya poseen. Esta acción en particular pone de relieve al importancia de la cultura europea. Las ciudades son los portadores y mediadores de la cultura en la UE. Esta competición les ofrece la oportunidad de reunir un gran número de elementos, y es posible una cooperación transfronteriza entre las culturas regionales.

No podría estar más de acuerdo en la importancia que reviste celebrar igualmente una competición con este fin. El ejemplo de Alemania nos muestra que la competición para designar la Capital Europea de la Cultura para 2010 fue un evento magnífico, en el que participaron diez ciudades. Las iniciativas que tomaron estas no se han agotado, sino que están siendo transmitidas. Crearon una red con las ciudades húngaras, y creo que la Comisión debería tener en cuenta este precedente. El sitio en Internet sería también una herramienta para poder difundir estos temas.

Me alegro de que la Comisión haya superado sus obstáculos administrativos y se haya creado un galardón, que no es realmente un galardón, por supuesto, sino el dinero que pertenece a una ciudad y un medio para que la ciudad por fin disponga de este dinero cuando comience a trabajar. Esta acción es en general muy positiva, tanto en este contexto como en el de nuestro anterior debate sobre la ciudadanía, pues contribuye a mostrar al público la gran diversidad cultural de Europa.

  Nikolaos Sifunakis, en nombre del Grupo del PSE. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría dar una explicación a mi honorable amiga la señora Pack sobre la carta. Todas las diputadas y diputados al Parlamento –y lo digo para su información, señora Pack– recibimos cartas en las que se nos pide que apoyemos las enmiendas presentadas por otras diputadas y diputados. Ello se debe simplemente a que no todos nosotros podemos conocer el contenido de los centenares de enmiendas presentadas. Yo recibo estas cartas igual que todos los demás.

Ahora bien, en relación con el comentario efectuado por otro diputado a esta Cámara, los Presidentes de las comisiones parlamentarias ejercen su derecho, al igual que todos los demás, de presentar enmiendas y también tienen el derecho –que no es contrario al Reglamento interno– de presentarlas en el pleno, incluso cuando consideran que no serían aprobadas en comisión. Me parece que todos lo hacemos.

Regresando al tema de las capitales de la cultura, estas siguen siendo la mayor institución política de Europa y la mejor organizada. Ninguna otra acción cultural celebrada en la Unión Europea tiene el mismo rango y, lo que es más importante, la misma proyección y la participación masiva por parte de los ciudadanos.

Además, resulta difícil encontrar muchas otras iniciativas europeas modernas en el ámbito de la cultura que se hayan convertido en norma. Sin embargo, como muestra la experiencia y han mencionado otros miembros de esta Cámara, algunos aspectos concretos de esta institución no podrían ir más lejos.

Lo realmente necesario es mejorar el método para seleccionar las capitales de la cultura. Esto ya se ha hecho y Sus Señorías que participaron en la comisión parlamentaria anterior, presidida por el señor Rocard, trabajaron con ahínco a este fin. El marco vigente realmente no garantiza la competencia, como se nos ha dicho.

Otra cuestión importante es que en el programa a menudo no figura la dimensión europea; eso es lo que he visto en los eventos culturales a los que he asistido en tres o cuatro capitales de la cultura.

La nueva propuesta, sobre la cual usted, señora Prets, ha realizado una excelente labor, intenta reconciliar los distintos puntos de vista que existen tanto dentro del Parlamento como dentro del Consejo.

Por último, quiero decir unas cuantas palabras acerca del premio. Es importante, como lo propone la Comisión, que este premio sea en honor de Melina Mercouri. La propuesta de que el premio lleve su nombre no es una casualidad de parte de la Comisión ni, por supuesto, de los 25 representantes del Consejo que la aceptaron, porque Melina Mercouri fue la inspiradora, la artista que trabajó a tiempo completo cuando era Ministra de Cultura a favor de la creación de este premio. Así pues, fue idea suya y me parece importante que lleve su nombre en el futuro. Por supuesto, se ha llegado a un compromiso respecto a la propuesta original.

Para terminar me gustaría agregar que la Unión Europea acoge las capitales de la cultura. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que los Estados miembros necesitan, aparte de la libertad de elección, es una orientación para determinar los mejores métodos de intervención, sobre todo en materia de infraestructuras, si no ya de programas.

  Alfonso Andria, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gusta mucho la propuesta de la Comisión encaminada a reforzar la dimensión europea y mejorar la transparencia en el proceso de selección de la capital de la cultura.

El planteamiento del informe Prets es excelente, y felicito por ello a la ponente. Me parecen muy convincentes e interesantes las propuestas de que el premio que la Comisión propone conceder a la ciudad seleccionada lleve el nombre de Melina Mercuri, por las razones que acaba de apuntar el señor Sifunakis, y de crear un portal de Internet que establezca vínculos entre las ciudades designadas, incentive el intercambio de conocimientos técnicos y de mejores prácticas y ofrezca información a las ciudades candidatas.

Personalmente, considero indispensable mejorar la conexión entre el programa «Capital europea de la cultura» y el turismo, un sector económico importante, para explotar plenamente el enorme potencial económico y social que puede tener una manifestación de este calibre y también para que constituya un acicate para el desarrollo duradero de la ciudad y el territorio circundante.

A este respecto, quisiera recuperar la propuesta que hice en esta Cámara durante el debate sobre el informe Queiró: crear una capital europea del turismo. Esta propuesta se ve respaldada por el refuerzo de la dimensión urbana. De hecho, el nuevo plan de trabajo 2007-2013 se centrará decididamente en el papel de las ciudades.

Como pueden comprobar, los italianos son operativos. Si todavía estuviese aquí el señor Stubb, que ha calificado en broma a mis compatriotas de ser incapaces de sacar conclusiones operativas, le diría, también en broma, que quizás esté condicionado por algún mal modelo y por sus amistades políticas.

En conclusión, señor Presidente, espero que mañana el Parlamento apruebe el informe Prets, pues es un texto completo y rico que pone de relieve un importante proyecto comunitario encaminado a acercar Europa a los ciudadanos a través de la cultura, así como a favorecer el desarrollo y la revitalización de ciudades.

  Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la señora Prets por su dedicación y su competencia en este informe. Aunque algunos de los oradores anteriores ya han mencionado los problemas ocurridos en algunos casos, me gustaría hacer hincapié en que, hasta ahora, la historia de las capitales europeas de la cultura ha sido en general un éxito. Las ciudades que han sido designadas capitales de la cultura han salido beneficiadas, pero también Europa en su conjunto, porque estas capitales europeas de la cultura han puesto de manifiesto, una y otra vez, cuán diversa, rica y variada es la cultura europea.

No obstante, me gustaría destacar dos aspectos del informe modificado que me parecen de especial importancia. En primer lugar, la idea de sostenibilidad exige que las capitales de la cultura no se basen exclusivamente en eventos, sino que hagan una aportación real para estimular una mayor interacción social, para promocionar aún más el arte y la cultura, y los nuevos diseños arquitectónicos, así como el tema de los cambios estructurales y el valor de las actividades culturales para toda Europa. En segundo lugar, el objetivo de crear una perspectiva y un intercambio genuinamente europeos, y de poner énfasis en el valor añadido europeo es un aspecto realmente decisivo dentro de la modificación de este programa, y habrá que hacer mucho más a este respecto. La mejor manera de ganarnos a la gente y de generar entusiasmo es dejar claro lo que es realmente la interacción europea, y no hacer simplemente referencia a lo que ya existía sin ella, sino unirnos a otros muchos actores europeos para desarrollar nuevas posibilidades. De ese modo, la idea de las capitales europeas de la cultura resultará aún más atractiva en los años venideros.

  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, las manifestaciones de las capitales europeas de la cultura nos han permitido adquirir una gran experiencia. Su celebración ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas.

En el aspecto positivo hemos observado un florecimiento de las actividades creativas, de los intercambios culturales con el extranjero y del patrocinio de eventos culturales. Las ciudades se han promocionado y han despertado las ambiciones culturales de sus ciudadanos. En el aspecto negativo podría mencionar la concentración de esfuerzos y recursos en determinados eventos culturales en detrimento de los movimientos sociales y culturales de la ciudad y la región interesadas. También podría mencionar la falta de una evaluación de impacto detallada del programa realizado, y la imposición a los Estados miembros y autoridades municipales de criterios que a menudo resultan poco adecuados para las necesidades y tradiciones de estas ciudades y regiones. Señalaré igualmente la falta de claridad y transparencia en la financiación de las actividades por parte de los fondos europeos.

Por último se observa una tendencia consistente en limitar el papel de los Estados miembros en la selección de las capitales europeas de la cultura. Esta evolución resulta preocupante y haremos bien en considerar qué es más deseable, una buena cooperación o que nos impongamos unos a los otros. Personalmente estoy a favor del diálogo y de la creación de las condiciones necesarias para una participación activa en la cultura, a fin de promocionar su belleza y diversidad.

Debo dar las gracias a la señora Prets por su informe y el gran esfuerzo que invirtió en este. Confío que en los futuros trabajos nos esforzaremos para aprovechar las experiencias positivas. Espero igualmente que eliminaremos aquellos aspectos que no contribuyen a un mayor desarrollo, sino que, por el contrario, limitan la diversidad cultural que es indispensable para la integración y el diálogo nacional.

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, he hecho constar en acta una opinión minoritaria conforme al artículo 48 de nuestro Reglamento y no votaré a favor de este proyecto. No obstante, doy las gracias a la señora Prets por su trabajo. Les expondré las razones de mi posición.

El proyecto de designar cada año una capital de la cultura en Europa suscitó, en el momento de su creación, el entusiasmo y la voluntad de sobresalir, la conciencia de que la cultura es una valiosa baza. Desde hace un decenio, la Comisión y el Parlamento intentan infundir al proyecto una nueva dinámica, pero se dedican a ello con los mismos medios que los que estrangulan el proyecto europeo en general. En lugar de reconstruir el entusiasmo del comienzo, con los ciudadanos que debían identificarse con el proyecto, la Comisión y el Parlamento se autoerigen en jueces.

En mis enmiendas proponía confiar a los Estados miembros la misión de designar la capital europea de la cultura con arreglo a sus propios criterios. Esto les habría espoleado para asumir sus responsabilidades. En lugar de reforzar la subsidiariedad en la construcción de la identidad europea, una identidad que está formada por nuestra diversidad, las instituciones actúan ahora como directores de obra: dictan, seleccionan, juzgan, sin asumir por ello el coste de sus decisiones, ya que la aportación financiera de la Unión sigue siendo pequeña.

La burocracia se erige en muralla entre las iniciativas locales y, señor Comisario, no puedo sino esperar que los futuros jurados sean más conscientes que los que juzgaron el proyecto de Luxemburgo 2007 sin ni siquiera estar todos presentes, sin haber tomado conocimiento del proyecto de ampliación a la Gran Región y sin darse cuenta de que la propuesta luxemburguesa de elegir Sibiu en Rumanía como ciudad cooperadora iba a convertirse en una propuesta tan innovadora. La cultura es más que simples actos publicitarios.

El proyecto de capital de la cultura debería ser algo más que un largo fuego artificial de manifestaciones y, para darle una continuidad, propuse asociar a las consultas una red de capitales culturales constituida con el apoyo de la Comisión. En su lugar, asistimos a la parodia de una red que mezcla a algunas de las que han sido designadas legítimamente y otras que se han arrogado a sí mismas ese título. Ya es hora de que protejamos por fin el título de capital europea de la cultura.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, huelga decir que estoy totalmente en desacuerdo con el orador anterior, con todos los respetos. Quiero felicitar a la señora Prets por su informe exhaustivo y minuciosamente elaborado. Todo el mundo admite que el programa de la Ciudad Europea de la Cultura o Capital Europea de la Cultura, como se denomina ahora, es un concepto acreditado y muy útil y que hay que reconocer el mérito de quienes lo concibieron a mediados de los ochenta, en especial la entonces Ministra griega de Cultura, Melina Mercouri. Era en verdad una mujer inspirada y de talento quien, en su tormentosa vida, luchó con valentía por la democracia y por el fomento de la unidad europea a través de la cultura.

Es indiscutible que programas como el que estamos debatiendo esta noche contribuyen a unir más estrechamente a los ciudadanos europeos y fortalecen los lazos entre ellos. Ayudan a fomentar el entendimiento entre nuestros pueblos y mejoran el reconocimiento y el respeto de la historia cultural respectiva, que es diversa pero unificadora.

A lo largo de los años se han detectado algunos aspectos problemáticos y esta propuesta de la Comisión, que probablemente modificará el Parlamento, sin duda mejorará más el programa. Ojalá que al hablar en lo que para mí es un idioma extranjero, el inglés, contribuya a la unificación de nuestra aspiración europea de tener una lengua común de comunicación en algún momento en el futuro.

A partir de la experiencia adquirida en los 20 años que ha estado funcionando el programa y debido a los cambios necesarios por la última ampliación, en estos momentos requiere una revisión urgente. Dos de los principales cambios necesarios son la aplicación de mejoras en el procedimiento de selección, seguido de la creación de un sistema que garantice que una vez que se ha elegido una ciudad, se lleve a cabo efectivamente un programa bien planificado.

Quiero destacar el acierto de dos innovaciones de la propuesta: el sistema emparejamiento y el premio. No tengo tiempo ahora de entrar en detalles. Vuelvo a felicitar a la ponente por su excelente informe.

  Ljudmila Novak (PPE-DE) . – (SL) En una Europa cultural y étnicamente diversa es sumamente importante tender puentes entre los países. El principio que debe guiarnos es y debe seguir siendo la conservación de nuestra propia cultura y el conocimiento de las riquezas culturales de otros países. La cultura es el lazo más discreto y eficaz para unir a aquellos países que desean vivir en paz y cooperar entre ellos.

La Capital Europea de la Cultura hace posible dicho lazo. Y ofrece, al mismo tiempo, una oportunidad para que las ciudades elegidas realicen una mayor inversión en instalaciones y proyectos culturales que tiene efectos positivos a largo plazo sobre la economía. Este proyecto estimula igualmente a los ciudadanos a participar en la cultura y a conocerla en todas sus dimensiones.

También acojo con beneplácito la propuesta de conceder un premio si la ciudad cumple los criterios fijados para la Capital Europea de la Cultura, ya que muchos de los organizadores anteriores se han quejado de la falta de recursos, pues la Unión Europea solo les entregó estos después de la presentación del informe.

Nuestra contribución representa tan solo una pequeña parte de las cantidades que las comunidades locales, los Estados miembros y el sector privado invierten en las Capitales Europeas de la Cultura. Por ello no debemos complicar el proceso de recaudación de fondos con estrictos procedimientos administrativos. Al contrario, debemos facilitar la labor de los organizadores, pues solo así contribuiremos a mejorar las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones europeas.

La propuesta de crear un grupo de selección conjunto para designar la ciudad que será capital de la cultura es una buena idea, porque tiene más en cuenta la dimensión internacional, y porque permitirá que la selección sea más equitativa, ya que a nivel nacional existe un mayor riesgo de favorecer una ciudad determinada.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, mi ciudad de residencia, Cracovia, en Polonia, fue Capital Europea de la Cultura en 2000, junto con otras ocho ciudades europeas. Tuve el honor de ser el Director del programa de la Capital Europea de la Cultura en esa ocasión.

Quiero manifestar que el programa de las Capitales Europeas de la Cultura es el programa que más destaca la unidad cultural de nuestro continente. Además se trata de un programa nacido de una iniciativa ciudadana. No fue fruto de la iniciativa de una institución, como la Comisión o el Parlamento. Debemos felicitar a Grecia y a la señora Mercouri en particular por encontrar una manera de mostrar lo que es Europa y lo que significa realmente la unidad cultural de nuestro continente. De hecho, es justo y necesario que este galardón lleve el nombre de la señora Mercouri, que por entonces era Ministra de Cultura de Grecia, pues es lo que este país y la señora Mercouri se merecen.

¿Cuál debe ser el papel de la Comisión Europea? Y ahora me dirijo especialmente al Comisario Figel. El papel de la Comisión debería ser apoyar y asesorar, seńalar los errores y dar consejos sobre las medidas que deben adoptarse. No debe intervenir en cuestiones administrativas, como suele hacer. Sobre todo debe evitar adoptar este planteamiento en este caso, pues los 500 000 euros del premio tan solo representan entre un 2 % y un 5 % de los recursos destinados a la ejecución del programa de las Capitales Europeas de la Cultura.

Por ello, señor Comisario, es necesario encontrar una manera de difundir la información pertinente y de prestar asistencia a sitios en Internet y otras publicaciones. Necesitamos aprender las lecciones que nos han enseñado los éxitos y fracasos de las anteriores Capitales Europeas de la Cultura. Todas ellas forman parte de la Asociación de las Capitales Europeas de la Cultura. Seńor Figeľ, usted es responsable de la financiación de 25 redes, y la Asociación de las Capitales Europeas de la Cultura debe ser una de ellas a fin de que las ciudades que van a desempeñar este importante papel en un futuro próximo cuenten con los servicios necesarios.

  Ján Figel’, miembro de la Comisión. (SK) Me parece que la Capital Europea de la Cultura goza de tanta popularidad en el ámbito de la cultura como el programa Erasmus en el de la educación. Ambos programas fueron creados hace aproximadamente veinte años y, de quererlo, podríamos decir muchas cosas acerca del pasado y el futuro de estos programas. Estoy seguro que no solo la comisión parlamentaria, sino también el Parlamento desea que el programa de las Capitales de la Cultura sea cada vez mejor y más popular, y creo que avanzamos en esa dirección.

Tan solo me gustaría agregar que el hecho de que diez ciudades alemanas y once ciudades húngaras compitan por obtener este título en 2010 refleja el interés, la competitividad y el movimiento o dinamismo en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural, algo que es positivo para toda Europa. Quisiera dar las gracias a todas Sus Señorías y decir que estamos haciendo muchas de las cosas que el señor Sonik ha mencionado en materia de información, asesoramiento y asistencia. Asimismo nos gustaría aumentar la cuantía del premio o de la ayuda financiera a 1,5 millones de euros. Sin embargo, todo ello depende del resultado e la votación de mañana y de las deliberaciones sobre las Perspectivas Financieras. Ahora bien, estoy convencido de que estas actividades, este componente de cooperación cultural, merece una ayuda importante.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana miércoles.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Debo dar las gracias al ponente por su excelente informe que promociona el valor de la cultura dentro de la Unión Europea. Al elaborar nuevos planteamientos debemos tener en cuenta que la cultura de los nuevos Estados miembros fue objeto de muy diversos tipos de presión durante el período comunista. Además se negaba la variedad e identidad de dichas culturas. Al permitir que esos países tengan una mayor participación en los eventos de la Capital Europea de la Cultura les brindamos una oportunidad única de aprovechar la energía sin precedentes que generan las sociedades en las denominadas nuevas democracias.

No puedo dejar de mencionar a una candidata destacada entre las ciudades que esperan ser designadas Capital Europea de la Cultura para 2010. Me refiero a la ciudad de Goerlitz-Zgorzelec, donde tuve la suerte de crecer y educarme. Se trata de una ciudad muy particular, porque a pesar de su accidentada historia de crueles divisiones, los habitantes de Goerlitz-Zgorzelec ha sabido mantener vivos sus lazos humanos, económicos y, en particular, culturales.

Esta ciudad ha sido marcada por la historia y fue dividida por la frontera surgida de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora tiene la oportunidad de renacer en el mapa de Europa gracias a las actividades de la Unión Europea. Su destino es convertirse en un lugar de reconciliación, comprensión y cooperación supranacional y cultural en todos los niveles. Constituye un ejemplo de cómo los intereses comunes y la voluntad de diálogo pueden vencer las divisiones y el resentimiento, algo que podría parecer imposible. Recomiendo que todos los proyectos a escala europea, y no solo los culturales, adopten este planteamiento.

  Zita Gurmai (PSE). – (EN) El importante papel del proyecto de la Capital Europea de la Cultura y su misión son innegables; contribuye a preservar la diversidad y la riqueza del patrimonio cultural europeo. Favorece en gran medida el conocimiento de las tradiciones y los valores culturales respectivos. La transparencia, la claridad, el control y las mejores prácticas presentan los requisitos fundamentales de todos los tipos de procedimientos de selección de la Comunidad Europea y esto también debe aplicarse a la selección de las capitales europeas de la cultura. No puedo sino apoyar la inclusión de Bulgaria y Rumanía en el programa, expresando el interés manifestado por los dos nuevos Estados miembros potenciales para que participen en esta acción, dada la importancia simbólica de hacerles ya sentir que forman parte de Europa y para enriquecer más nuestros valores culturales y nuestra diversidad. La inclusión de la iniciativa del Mes Cultural en el proyecto ayudará a los ciudadanos a conocer el patrimonio cultural de otros países y a extender el proyecto a una escala internacional más amplia.

17. Gases fluorados de efecto invernadero - Emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre

– el informe (A6-0087/2006) de la señora Doyle, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados gases fluorados de efecto invernadero (PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)) y

– el informe (A6-0009/2006) de la señora Doyle, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (PE-CONS 3605/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)).

  Avril Doyle (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, quiero pedir a la Comisión que intervenga primero. Creo que tiene algo que declarar que desea que conste en acta, a lo que me gustaría tener la posibilidad de contestar. Creo que tiene algo que declarar que desea que conste en acta, a lo que me gustaría tener la posibilidad de contestar.

  Ján Figel’, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero transmitirles los saludos de mi colega, el señor Dimas. Permítanme presentar la posición de la Comisión Europea en este asunto.

En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a la delegación del Parlamento que participó en la reunión de conciliación con el Consejo el 31 de enero. En particular, quiero expresar mi agradecimiento al Vicepresidente Trakatellis y a la ponente, la señora Doyle, y felicitarles por el resultado.

Los debates en el Comité de Conciliación fueron constructivos y el resultado final sobre cuestiones básicas –como normas de contención, etiquetado, puesta en el mercado, promoción de alternativas, así como sobre una serie de otros temas importantes– es satisfactorio. Por tanto, la Comisión puede apoyar el texto de conciliación y animo al Parlamento a aprobar el excelente resultado obtenido por su equipo negociador. Creo que el reglamento sobre gases fluorados, así como la directiva relativa a los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor, contribuirán notablemente a la lucha de la Unión Europea contra el cambio climático y a nuestros esfuerzos por conseguir nuestro objetivo de Kyoto de reducción de emisiones.

La Comisión calcula que la legislación que debatimos ahora reducirá de aquí a 2012 las emisiones de gases fluorados unos 20 millones de toneladas de equivalente de CO2 al año. Esto supone una reducción del 20 % en comparación con 1995. A falta de medidas, las emisiones de gases fluorados habrían aumentado un 50 % en el mismo periodo. A partir de 2020, cuando ya se hayan aplicado completamente todas las medidas, el efecto será la reducción de 40 a 50 millones de toneladas de equivalente de CO2.

La política climática de la Unión Europea se basa en la estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. Solo a través de la acción común y combinada, a escala europea y nacional, la Unión Europea logrará reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, la Comisión celebra las medidas adoptadas por los Estados miembros para reducir las emisiones nacionales a fin de cumplir su objetivo de reparto de la carga. Sin embargo, en este contexto la responsabilidad de la Comisión consiste en conservar cualquier derecho que pueda tener para garantizar que todas las acciones llevadas a cabo para reducir las emisiones de gases fluorados sean compatibles con el Tratado. Por este motivo, la Comisión quiere emitir la siguiente declaración con respecto a la cuestión de las medidas nacionales más estrictas:

«La Comisión toma nota del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la inserción en el reglamento de una disposición que permita a los Estados miembros mantener, hasta 2012, medidas nacionales más estrictas, en comparación con las establecidas en el reglamento, si han sido adoptadas antes del 31 de diciembre de 2005. Del Tratado se deriva que si tras la adopción de una medida armonizada un Estado miembro estima necesario mantener medidas nacionales que se justifiquen por importantes necesidades especificadas en el artículo 30 del Tratado CE, o en relativas a la protección del medio ambiente o del entorno de trabajo, este Estado miembro las notificará a la Comisión, indicando los motivos de su mantenimiento. Además, el Tratado especifica las normas para la aceptación o el rechazo de estas medidas por parte de la Comisión. Por tanto, la Comisión está obligada a reservarse su posición en este asunto, incluido todo derecho que pueda tener en virtud del Tratado.»

Una vez más, agradezco al Parlamento su enfoque abierto y constructivo sobre el paquete de gases fluorados. El resultado es una legislación fuerte y eficaz, que, una vez más, demuestra la capacidad de la Unión Europea de cumplir lo que promete con hechos concretos en su política climática.

  Avril Doyle (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, agradezco al Comisario que haya aceptado mi invitación de iniciar el debate de esta noche, porque me preocupa la declaración de la que acaba de dejar constancia, y durante el debate me remitiré a ella, como sospecho que harán también otros colegas.

Esta legislación es un caso fascinante para quien esté interesado en los procesos institucionales de toma de decisiones del Parlamento Europeo. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis colegas, en particular a la ponente alternativa, la señora Corbey, por la cooperación que hemos mantenido durante un debate largo y a veces bastante difícil.

En la década de los noventa se introdujeron gases fluorados para sustituir a los CFC y los HCFC dañinos para la capa de ozono. Se utilizan en todo tipo de aplicaciones, algunas fundamentales, otras no tanto: en espumas aislantes, aerosoles, sistemas de refrigeración y aire acondicionado; en equipos de protección contra incendios y conmutadores e incluso en las suelas de zapatillas de correr «air-tech», además, por supuesto, de las ventanas de doble acristalamiento. La lista es muy larga.

Cuando se desarrolló el debate sobre el cambio climático a raíz de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se reconoció que el impacto perjudicial de estos gases fluorados, debido a su alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA), era un importante factor –con una contribución del 5 % y que va en aumento– del «efecto invernadero». Estos gases no solo tienen un alto PCA: el más potente –hexafloruro de azufre o SF6– tiene un PCA de casi 24 000 veces el del CO2, el gas de efecto invernadero más común. También tienen una semivida muy prolongada.

Si no se toman medidas, la Comisión calcula que las emisiones de gases fluorados se situarán en 2010 un 50 % por encima de los niveles de 1995. Otros hablen quizá de una cifra mucho más elevada. Con las medidas acordadas en este paquete legislativo, para 2012 disminuirán más del 20 % con respecto a los niveles de 1995. De los seis gases de efecto invernadero enumerados en el anexo al Protocolo de Kyoto, tres de ellos son gases fluorados. En general, la legislación actual anima a reducir las emisiones de 25 gases fluorados –hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafloruro de azufre– a través de la contención, el uso responsable, la recuperación, la destrucción y el vertido. El objetivo de esta legislación es capacitar a los Estados miembros para que cumplan sus objetivos de Kyoto de contención de fugas y de limitación del uso de gases fluorados.

Si bien la propuesta inicial de la Comisión al Parlamento se presentó en forma de reglamento con un fundamento jurídico asociado al mercado único –a saber, el artículo 95–, el Consejo llegó a una posición común en forma de dos textos separados: una directiva basada en el artículo 95 y un reglamento basado en un fundamento jurídico doble, formado por los artículos 175 y 95. El motivo para dividir la propuesta inicial de la Comisión en dos textos diferentes, recomendado por el Parlamento Europeo en primera lectura, era trasladar todos los requisitos relativos a las emisiones de los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor del reglamento propuesto a la Directiva marco 70/156/CEE, relativa a la homologación de los vehículos a motor. El reglamento propuesto se centraría entonces en las demás aplicaciones legales. Por tanto, una vez cortado en dos y dado el muy dudoso paso de repartir el reglamento entre dos fundamentos jurídicos –con un cuerpo central que es el medio ambiente y algunas disposiciones auxiliares basadas en el fundamento jurídico del mercado único–, el Consejo ha devuelto la pelota al Parlamento. En la segunda lectura en el Parlamento no hubo ninguna resolución definitiva sobre la controvertida cuestión crucial del doble fundamento jurídico del reglamento, que se mantuvo.

Mi propuesta, como ponente, de adoptar un fundamento jurídico asociado al medio ambiente como único medio de garantizar la seguridad jurídica, no obtuvo la mayoría cualificada necesaria. Sin embargo, se aprobaron enmiendas con ánimo de destacar el hecho de que al amparo de las medidas del mercado único se permiten medidas nacionales más estrictas, a condición de que sean proporcionadas, no discriminatorias y que no tengan un carácter puramente económico. El artículo 176 del Tratado explica este mecanismo en relación con el medio ambiente o las leyes del artículo 175.

Este resultado creó una gran incertidumbre por una serie de motivos. En primer lugar, había una cuestión de principio general que, en aras de promover una legislación mejor, más simple y más clara, la introducción de un doble fundamento jurídico de distinto peso supone una orientación y un precedente peligrosos en la elaboración de las políticas europeas. En segundo lugar, está la jurisprudencia consolidada del TJCE, según el cual debería existir un único fundamento jurídico que refleje la finalidad preponderante o el centro de gravedad de la legislación. El centro de gravedad de este reglamento es indiscutiblemente la protección ambiental, que garantizaría un fundamento medioambiental, un enfoque de armonización mínima. Por último, estaba la cuestión sin resolver de si los Estados miembros que ya tenían una legislación vigente más ambiciosa, especialmente Austria y Dinamarca, podrían mantener esas medidas o si la Unión Europea les obligaría a rebajar sus normas de protección ambiental en un ámbito de lucha contra el cambio climático en una época en que ya existen dificultades para cumplir los objetivos de Kyoto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dadas las divisiones implacables en el seno del Consejo en torno a esta última cuestión de medidas nacionales más estrictas para ciertos Estados miembros, una tercera lectura a efectos de conciliación era inevitable.

Tras muchas semanas agotadoras de preparativos informativos y reuniones, el 31 de enero de 2006 el Comité de Conciliación llegó a un acuerdo en torno a un texto conjunto para el reglamento con respecto a ciertos gases de efecto invernadero fluorados –gases f–, que abordaba los principales puntos de desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo, a saber: la posibilidad de que los Estados miembros mantengan o introduzcan medidas nacionales más estrictas que las previstas en el reglamento; disposiciones técnicas relativas a la contención de los gases f; informes y revisión del reglamento; definición de la puesta en el mercado; transporte o envío transfronterizo de gases f con fines de recuperación; etiquetado; notificación de medidas que introducen nuevas prohibiciones de los gases f; y el ámbito de la formación y la certificación.

Sin embargo, el aspecto clave que quiero mencionar otra vez es la cuestión de las medidas nacionales más estrictas. El acuerdo sobre el principio general de que los Estados miembros pueden mantener o introducir medidas nacionales más estrictas de conformidad con las disposiciones del Tratado, era importante para fomentar una competición en torno a la mejora del medio ambiente. En el caso concreto de las medidas nacionales vigentes en Dinamarca y Austria, contra las cuales la Comisión ha estudiado la posibilidad de emprender acciones judiciales, se introdujo una cláusula de salvaguardia que permitiría a los dos Estados miembros mantener su legislación hasta el 31 de diciembre de 2012. Ambos países ya cuentan con una estricta legislación vigente sobre los gases f –desde la década de 1970 en el caso de Dinamarca– y consideran que es una medida clave de su dispositivo político para cumplir sus objetivos de Kyoto en materia de cambio climático.

Creo que la legislación ahora acordada y en espera de la sanción definitiva que mañana emitirán nuestros colegas en este Parlamento establecerán un equilibrio equitativo entre los criterios de protección del medio ambiente y los del mercado único. Reafirma el compromiso de la Comunidad Europea de mitigar el cambio climático y supondrá un gran estímulo para el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales, contribuyendo así a nuestros objetivos de la Agenda de Lisboa en el terreno de la economía basada en el conocimiento. Lo hará de forma comedida, razonable y proporcionada, reconociendo ciertos usos críticos de estos gases que, no lo olvidemos, pueden ser útiles en ciertas circunstancias porque son excelentes aislantes. Los conmutadores eléctricos o electrónicos, entre otros usos vitales, seguirán utilizando gases f en un espacio cerrado. En este caso no existe un sustituto mejor o más adecuado y esa ha de ser la piedra de toque.

Las tres instituciones, yo misma, mis colegas diputados al Parlamento Europeo, el Ministro Pröll en nombre del Consejo Europeo y el Comisario de Medio Ambiente, el señor Dimas, han acogido con agrado el compromiso de conciliación. Era el único resultado equitativo y honroso. El Comisario Dimas calificó el acuerdo, y le cito directamente, «señal política clara y positiva», pero aludió al hecho de que la Comisión decidiría más adelante si emitiría una declaración pública una vez aprobada definitivamente la legislación, cosa que está previsto que sucederá mañana.

Quiero establecer un marcador en relación con la declaración que acabamos de escuchar al Comisario Figel’, quien ha hablado en nombre del Comisario Dimas. En el laborioso proceso de negociación de esta legislación estaba claro que los legisladores, el Parlamento y el Consejo, querían que prevaleciera la interpretación más amplia posible de la facultad para tomar medidas ambientales sobre la base de un fundamento jurídico del mercado único. Rechazo enérgicamente cualquier intento por parte de la Comisión de interpretar el contenido de este fundamento jurídico de forma que quede estrictamente confinado al apartado 4 del artículo 95, que describe un procedimiento de notificación previa. Una declaración de esta índole representa una mala interpretación del resultado de la conciliación, donde estaba clara, aunque implícitamente, la intención de permitir medidas nacionales más estrictas sobre la base del apartado 10 del artículo 95. Aunque cualquier declaración de la Comisión en este contexto no es vinculante, puede influir en la interpretación del TJCE en torno a esta cuestión, si por ventura esta legislación, que ya se viene arrastrando durante dos legislaturas, es objeto de una cuarta lectura en el Tribunal de Luxemburgo, como me preocupaba desde el comienzo.

Esta noche quiero dejar claro que los objetivos principales de este reglamento –reducir nuestras emisiones de gases fluorados– deberían respetarse y suscribirse lo más plenamente posible. Lamento el hecho de que la Comisión no haya tenido el gesto de retirar hasta la fecha su carta de notificación formal al Gobierno danés. Quiero instar al Comisario Figel’ a que declare públicamente esta noche la intención de la Comisión de hacerlo lo antes posible.

La directiva relativa a los sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor era el segundo brazo del paquete de las dos propuestas que surgieron de la primera lectura del Consejo sobre la recomendación de mi predecesor como ponente, el señor Goodwill. Acojo con agrado la decisión pionera de introducir una prohibición gradual de los gases fluorados con un potencial de calentamiento atmosférico que es 150 superior a la potencia del dióxido de carbono en los vehículos de motor. Esta prohibición se aplicará a los nuevos modelos de vehículos en 2011 y a todos los vehículos nuevos en 2017. La adecuación de la medida al inveterado sistema de homologación de vehículos mantendrá también la competitividad y garantizará el cumplimiento por parte de los fabricantes de coches europeos. El umbral de riesgo eliminará el principal gas utilizado actualmente en sistemas de aire acondicionado y permitirá emplear en su lugar gases menos dañinos. En la práctica, es probable que la mayoría de los fabricantes de vehículos introduzcan sistemas basados en dióxido de carbono. Pero lo importante es que permitamos que se desarrollen estos nuevos sistemas sin prescribir ninguna tecnología y sin infringir nuestras obligaciones con respecto a la OMC.

  Richard Seeber, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a nuestra ponente, la señora Doyle. Su intervención ha puesto de manifiesto el vigor con el que ha luchado, tanto en la comisión parlamentaria como en el pleno, a favor de esta cuestión, que reviste una especial importancia para Austria y Dinamarca, pues son los dos Estados miembros que cuentan con las normativas más estrictas en este ámbito. Ante todo hemos demostrado que es posible adoptar una normativa más estricta sin provocar daños económicos. Por ello tengo que preguntar a la Comisión por qué ha vuelto a intentar evitar la unidad europea con su declaración.

La política medioambiental y la satisfacción de la opinión pública europea van unidas y en Europa estamos unidos. Por ello, la actitud de la Comisión me sorprende sobremanera, ya que el Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo en el procedimiento de conciliación. El proyecto conjunto del Parlamento Europeo y del Consejo, que el Comité de Conciliación aprobó el 31 de enero de 2006, establece que los Estados miembros podrán mantener obligaciones nacionales más estrictas que las contempladas en el Reglamento hasta que el 31 de diciembre de 2012. Si no se hubiese introducido esta cláusula de salvaguardia, los Estados miembros habrían tenido que abolir las prohibiciones vigentes que trascienden las contempladas en el Anexo II del Reglamento, o bien pedir a la Comisión que las aprobase. Con arreglo al apartado 10 del artículo 95 del Tratado CE, las medidas de armonización, como la regulación de estos gases fluorados de efecto invernadero, pueden incluir una cláusula de salvaguardia para autorizar temporalmente a los Estados miembros a que adopten medidas divergentes. Esta autorización debe concederse en el marco del proceso establecido en el Reglamento y en la forma que este contempla. A pesar de ello, la Comisión no se refiere en su declaración sobre el apartado 3 del artículo al proceso establecido en el Reglamento, sino que repite el texto del apartado 4 del artículo 95, según el cual la adopción de disposiciones nacionales más estrictas –que, además, ha quedado justificada por recientes evidencias científicas– debe notificarse a la Comisión para su aprobación. Me parece evidente que esto va demasiado lejos y no corresponde a lo acordado por