Acta literal de los debates

Jueves 6 de abril de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.00 horas)

2. Inmunidad de un diputado: véase el Acta

3. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos: véase el Acta

4. Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2005 (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Cornillet, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2005 [2005/2104(INI)] (A6-0063/2006).

  Thierry Cornillet (ALDE), ponente. – (FR) Señor Presidente, el informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2005 está inscrito en efecto en el orden del día. No entraré en los detalles del informe, sino que me limitaré a hacer referencia a dos sesiones, la de Bamako en abril de 2005 y la de Edimburgo en noviembre de 2005, sin olvidar la próxima sesión, que tendrá lugar en Viena en junio de 2006. Quisiera resaltar a este respecto en esta Cámara hasta qué punto vale la pena que las sesiones organizadas en Europa se celebren, como sucedió este año, en el país que ostenta la Presidencia. En efecto, parece del todo lógico mantener y perpetuar este sistema, adoptado hace dos años.

Quisiera destacar asimismo la gran participación de nuestros colegas de los países ACP, y debemos felicitarlos por ello. Paralelamente, hemos llevado a cabo seis misiones conjuntas, y permítanme insistir por primera vez –pero no por última– en el adjetivo «conjunto». En efecto, es esencial que tanto la Asamblea Permanente como las misiones compartan una visión conjunta de las cosas. Lo contrario no tendría ningún sentido. Quisiera señalar también que se han celebrado votaciones transversales cada vez más numerosas entre los países ACP y la representación de la Unión Europea. En mi opinión, la práctica de las cámaras separadas debe utilizarse lo menos posible sin por ello suprimirla de nuestro Reglamento. Dicho esto, es cierto que el objetivo a largo plazo sería organizar cada vez más votaciones que permitieran asegurar una mayoría ACP-UE.

Por otra parte, parece que nuestros colegas de los países ACP se implican menos en lo yo llamaría un plano «intelectual». Con esto quiero decir que hemos convenido con ellos que lo que para nosotros es un gasto –en realidad, el gasto de la UE, que constituye el presupuesto de la ACP–, representa para ellos un ingreso. Por lo demás, tienen cada vez más clara la necesidad de un control parlamentario en estos dos niveles. A este fin, nosotros mismos pedimos la inclusión del FED en el presupuesto, con objeto de garantizar un control parlamentario sobre el empleo de ese gasto comunitario, pero, paralelamente, es necesario que los Parlamentos de los países ACP también sometan a control parlamentario lo que consideran un ingreso. Debemos lidiar una batalla conjunta para que se reconozca la necesidad vital de un control parlamentario.

Por lo que respecta al futuro de la ACP, celebro la modificación introducida en el Acuerdo de Cotonú. El presupuesto del décimo FED asciende ahora a 22 682 millones de euros. En esta Cámara ya nos hemos quejado de este importe, que no responde a nuestras expectativas de 24 000 millones de euros. La Presidencia austriaca nos ha respondido. Y no dudo que mis colegas, dentro de un momento, volverán a abordar el tema para pedir un reajuste. No se trata de repetir indefinidamente las mismas cosas, pero esperamos respuestas más enérgicas que las que se nos han dado.

También el excedente del FED representa un problema. Asciende a día de hoy a casi 11 000 millones de euros, lo que plantea naturalmente cuestiones relacionadas con el procedimiento y la ambición de los proyectos tratados, porque es imperdonable que no se hayan gastado 11 000 millones de euros en países con necesidades tan clamorosamente evidentes.

¿Cuál es el futuro del FED? Si cumplimos nuestros compromisos políticos en 2010 y conseguimos consagrar el 0,56 % de nuestro PIB a la ayuda al desarrollo, la Unión Europea concederá 50 000 millones de euros más al año a este presupuesto, aun cuando se había comprometido políticamente a consagrar solo la mitad de ese importe a África, es decir, 25 000 millones de euros. Está claro que si esta política se respeta, la ayuda adicional disponible equivaldrá de hecho a un presupuesto anual del FED. Sin embargo, si estudiáramos cómo se gasta ese presupuesto, solo se plantearían preguntas.

Por otra parte, me pregunto por la parte de la ayuda a los países en desarrollo que será gestionada por la Unión Europea y que será del orden del 20 %. En este caso, aunque la palabra sea quizás un poco fuerte, el FED quedará relegado al rango de instrumento menor de la ayuda. Se plantea pues de forma más acusada aún el problema de su inclusión en el presupuesto, absolutamente necesaria y en el plazo más breve posible, así como el de su «fungibilidad», es decir, la posibilidad de conceder a proyectos regionales muy ambiciosos, como las infraestructuras ferroviarias, un lugar en el dispositivo general de acción de la Unión Europea. Esto permitiría garantizar la coordinación entre los países miembros y la Unión Europea. El FED puede convertirse en esa palanca de coordinación y la Asamblea Parlamentaria Paritaria en un elemento de control específico, sabiendo que todos los países menos avanzados del mundo son miembros de la Asamblea Parlamentaria Paritaria.

Por último se plantea ante todo el problema de la comprensión de la acción de la Unión Europea. Lo que calificaba hace un momento de gastos comunitarios asignados a la ayuda al desarrollo, son aportados por nuestros contribuyentes. A este respecto, la acción debe ser clara, porque no conviene que los populistas se apoderen de las cifras que les he anunciado para exclamar: «¿Pero qué diantres hacen ustedes con todo ese dinero?» Necesitamos, por tanto, que este asunto se vea y se entienda desde una perspectiva política.

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, el ponente ha presentado un excelente informe sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Ha resumido muy bien las recientes actuaciones de la Asamblea. De hecho, se está convirtiendo en un pilar parlamentario cada vez más sólido de la cooperación ACP-UE. La creación de las comisiones permanentes y la elaboración conjunta de informes por parte de los diputados a la Asamblea de los países ACP y de la UE han ocasionado contactos más frecuentes e intensos entre parlamentarios.

La Asamblea se ha convertido en un foro maduro en el que las cuestiones que preocupan a los parlamentarios de los países ACP y de la UE se abordan en un debate abierto en que surge un amplio consenso respecto a muchas cuestiones de desarrollo y en que las votaciones por cámaras separadas han pasado a ser una rara excepción. Este marco ha permitido que la Asamblea debata y logre acuerdos en una amplia gama de cuestiones, que incluyen la gobernanza, las finanzas y el comercio.

Esta resolución solicita que la Asamblea organice reuniones entre diputados de la UE y los países ACP en el ámbito regional o subregional para reforzar la integración regional y fomentar la cooperación entre Parlamentos nacionales. La Comisión está dispuesta a contribuir al éxito de dichos acuerdos.

En conclusión, quisiera subrayar que la Comisión comparte su opinión sobre el papel de la Asamblea como modelo de cooperación. Mi colega el señor Michel ha participado en todas las Asambleas celebradas desde que asumió su cargo. El Comisario Michel también espera asistir a la próxima Asamblea, que se celebrará en Viena el mes de junio de este año.

  Michael Gahler, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, para empezar permítame expresar mi más sincero agradecimiento al señor Cornillet por su exhaustivo informe sobre nuestras actividades durante el año pasado, en muchas de las cuales he participado por supuesto como primer Vicepresidente europeo de la Asamblea. También quisiera expresar mi agradecimiento a nuestras dos copresidentas –la copresidenta europea, señora Kinnock, que hoy está aquí con nosotros y, aunque esté ausente, la señora Hay-Webster– por su gran dedicación durante el último año, que ha sido ejemplar. Esperamos que continúen con su trabajo. El principal objetivo de la Asamblea Parlamentaria es reforzar la dimensión parlamentaria del Acuerdo de Cotonú. Las numerosas cosas que hacemos juntos tienen por objeto ayudar a nuestros homólogos a adquirir influencia en sus propios países y ganar la misma confianza en sí mismos que nosotros hemos conseguido con los años a la hora de tratar con nuestros Gobiernos y el poder ejecutivo.

Nuestras experiencias comunes y nuestros viajes juntos a diversos lugares han hecho que compartamos conclusiones, por ejemplo respecto a la reforma de la organización del mercado del azúcar. Es muy positivo que la Comisaria de Agricultura esté hoy aquí con nosotros, ya que conoce las cifras al dedillo y sabe qué estamos haciendo en Europa por paliar el efecto de la reforma de la organización del mercado del azúcar y, en comparación con ello, lo poco que está disponible para los países implicados. Es evidente que nuestra reforma afecta directamente a estos países, dos de los cuales –Guyana y Jamaica– he visitado personalmente. En Guyana podemos contribuir sin quererlo a la desestabilización de todo un país si no paliamos el efecto de nuestra reforma pagando una compensación suficiente a este país.

Hay otro aspecto importante que me gustaría destacar. Solicitamos a la Comisión que dedique una parte adecuada de los fondos europeos de financiación del desarrollo a la educación política de los parlamentarios y otras personas que ocupan puestos de liderazgo, ayudando a desarrollar en estos países el tipo de cultura política que reforzará a largo plazo la gobernanza responsable.

En conclusión, quisiera mencionar el contacto oficial que establecimos con el Parlamento Panafricano a finales del pasado año, cuando pude mantener consultas, en nombre de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, con la señora Hay-Webster, y desde entonces he asumido el cargo de presidente de esta delegación ad hoc. Es importante que fomentemos en África la conciencia de que el continente comparte un destino común, así como del importante papel que puede desempeñar el Parlamento en este sentido.

  Marie-Arlette Carlotti, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, el informe de mi colega, el señor Cornillet, ilustra la calidad del trabajo efectuado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria en 2005.

La APP es un espacio de diálogo político permanente que tiende a convertirse en instrumento de prevención, resolución de conflictos y apoyo al proceso democrático. La función de la APP es, pues, muy valiosa en el marco de los Acuerdos de Cotonú. Es un instrumento único para el diálogo entre el Norte y el Sur. Y en el futuro debe trabajar más eficazmente, en particular en las situaciones de crisis grave, como en Darfur, a condición de que se le den los medios. Este aspecto es, en primer lugar, responsabilidad de la Unión Europea, que debe dar prioridad política a esta cooperación con los países ACP, respetando sus compromisos en las negociaciones en curso sobre el importe del décimo FED y dejando por fin de quitar con una mano lo que da con la otra, como ilustra la reforma del azúcar.

Concediendo por fin a la APP el respeto político que merece, inscribimos definitivamente en la práctica lo que se menciona en el Acuerdo de Cotonú, es decir, que la Asamblea debe reunirse en Europa en el país que presida la Unión. No recibamos a nuestros socios ACP con desgana, pues daríamos una muy mala señal política. Pero también es responsabilidad de la propia APP. Esta debe avanzar en su reforma y en sus métodos de trabajo, y el próximo paso podría concretarse en las conferencias regionales. Podríamos fijarnos este objetivo de aquí a principios de 2007.

Por último, nosotros, los miembros de la APP, tenemos también una responsabilidad política, absteniéndonos por ejemplo de recurrir a la votación por cámaras separadas, que no solo es una negación del carácter paritario, sino también un modo utilizado con demasiada frecuencia para desbaratar el resultado de una votación. Encuentro todo esto en el informe Cornillet y considero por tanto que constituye, para nosotros, un plan de trabajo para 2006.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, el modo de ayudar a los países de África y otras zonas del mundo en desarrollo es un factor clave para asegurar un mundo más próspero y por lo tanto más estable.

Lo que África necesita en concreto es respeto del Estado de Derecho, respeto del Derecho contractual y protección de la propiedad privada. En estas circunstancias habrá desarrollo económico y prosperidad. Esto es muy difícil de lograr cuando muchos Gobiernos son socialistas o casi socialistas o simplemente cleptocracias. Lamentablemente, la historia de la ayuda internacional a estos países es una historia de despilfarro, malversación y corrupción.

Si la UE realmente quiere ayudar a estos países, no debería contribuir a consolidar sistemas corruptos con más ayuda. Lo que debería hacer es practicar el libre comercio y reducir los aranceles y las barreras comerciales, o mejor dicho, eliminar los aranceles y las barreras comerciales que frenan el desarrollo económico de estos países.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo de Cotonú de 2000 se estableció con la buena intención de prestar ayuda comunitaria a los Estados ACP para salir de la miseria. Aunque hoy por hoy su continuidad es probablemente una conclusión conocida de antemano, sigue habiendo una serie de aspectos que están mal, y voy a señalar algunos de ellos.

Entre los Estados ACP sigue haciendo seis dictaduras: Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Sudán, Suazilandia, Cuba y Eritrea. Es un hecho que los dictadores de estos países constituyen un obstáculo para su desarrollo económico. La Asamblea Parlamentaria Paritaria, y en particular su Comisión de Asuntos Políticos, deben dedicarse prioritariamente a llevar una verdadera democracia a estos países. Al mismo tiempo, entre los Estados ACP también figuran una serie de países en los que las prácticas religiosas siguen prevaleciendo sobre el Estado de Derecho. La tragedia humanitaria de Darfur es una consecuencia directa de ello, entre otros aspectos. En algunos de ellos, los derechos de las mujeres no cuentan para nada y su mutilación –pese a lo que ya se ha hecho para combatirla– sigue siendo un hecho cotidiano.

Fue el Acuerdo de Cotonú el que reconoció por primera vez que la corrupción era un obstáculo para el desarrollo. Esta sigue existiendo; todavía no se ha acabado con ella y constituye un serio obstáculo para aliviar las necesidades de las personas menos favorecidas de estos países. Para concluir, permítanme citar al premio Nobel de economía indio, Amartya Sen: «nunca ha habido hambre en un país democrático». De ello se deduce entonces que además del principio de «ayuda al comercio», tenemos que considerar también la idea de «ayuda a la democracia».

  Maria Martens (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, creo que podemos analizar el año pasado con satisfacción, como también los acuerdos de Bamako y Edimburgo alcanzados por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Se han aprobado buenos informes y se ha mejorado aún más la capacidad para afrontar tareas onerosas, además de la calidad del diálogo político. Esto es importante si queremos ayudar a instaurar la estabilidad política, que es lo que conseguimos reforzando los Parlamentos.

Sin embargo, en última instancia lo que importa en la cooperación para el desarrollo en los Estados ACP es el concepto de responsabilización, y esto es lo que tomaremos como punto de partida para nuestro trabajo. Siguen siendo los propios países los que asumen la responsabilidad primaria de su propio desarrollo. A través del diálogo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE esperamos promover aún mas la gobernanza, la democracia y la protección de los derechos humanos, y añadiría que también me complace que se haya designado esta semana la delegación ad hoc en el Parlamento Panafricano –a la que ya se ha hecho referencia–, que puede servir de instrumento adicional.

Hoy quisiera pedir que se preste especial atención a dos proyectos que han venido desarrollándose durante el año pasado y que continuarán el año que viene: los acuerdos de asociación económica y la reforma del mercado del azúcar, que tendrán un importante impacto sobre Europa y los Estados ACP. Debemos ocuparnos de que ambos ayuden a situar a los Estados ACP en una posición económica reforzada, y en este sentido tendrá una importancia crucial la fluidez de la consulta con ellos, que debe implicar asimismo a sus Parlamentos.

Esta Asamblea otorga especial importancia a la cooperación ente los Estados ACP y la UE, ya que implica a una Asamblea Parlamentaria Paritaria formada por 77 diputados a esta Asamblea y 77 diputados a los Parlamentos de dichos Estados. Debatimos conjuntamente y aprobamos resoluciones conjuntas en lo que constituye un sistema único y valioso. Lo que hace falta para que haya paz y estabilidad económica y política en estos países no es solo inversión financiera por nuestra parte, sino también inversión en contactos dedicados a la deliberación y el diálogo, con el fin de conocernos y entendernos mejor unos a otros. En eso nunca podremos invertir lo suficiente.

Espero con interés la 11ª reunión que tendrá lugar en Viena en junio de este año, y espero que sea exitosa. Doy las gracias al ponente por su excelente informe y por el placer de trabajar con él.

  Glenys Kinnock (PSE). – (EN) Señor Presidente, doy las gracias al señor Cornillet por su excelente y amplio informe, que abarca todos los puntos planteados en el debate esta mañana.

Cualquiera que haya observado nuestra Asamblea Parlamentaria Paritaria a lo largo de una serie de años, como he hecho yo durante unos 12 años, habrá comprobado un aumento muy alentador de la confianza, la madurez y, de hecho, la participación activa en cuestiones relacionadas con el comercio y el diálogo político, al que concedemos gran importancia.

Alguien ha dicho que todo en África es terrible y que las cosas no mejoran. No creo que podamos decir eso. Hay limitaciones, pero estamos allí, trabajando con los parlamentarios de un modo excepcional al amparo del Acuerdo de Asociación de Cotonú. No existe otra asamblea parlamentaria norte-sur como la nuestra, que tenga esta oportunidad de presionar a favor de la gobernanza, la democracia y los derechos humanos, y eso es lo que hacemos.

Respecto al FED, por decirlo brevemente, nos preocupa y hace algunas semanas celebramos un debate en la el periodo parcial de sesiones de Bruselas. A muchos de nosotros nos preocupa la situación de los países y territorios de ultramar en relación con el FED. Nos preocupa que no se haya considerado la entrada de Timor Oriental en la relación ACP-UE, y tenemos algunas otras preocupaciones. Siempre nos deja perplejos el 3 % o 4 % de gastos administrativos. No sé por qué la Comisión tiene que poner dinero para pagarse a sí misma por el trabajo que está realizando. Lo encuentro bastante raro.

Permítanme hablar brevemente del azúcar, cuestión en la que la Comisaria ha participado directamente. Este fin de semana voy a África –Suazilandia– y Mauricio para examinar de nuevo las cuestiones relacionadas con el azúcar allí. La Comisaria debe ser consciente de que las cifras que tenemos ahora en la línea presupuestaria, que van de 130 millones de euros hasta 170 millones de euros para 2013, son mucho menores que lo que la Comisaria y otros habían prometido, que eran 190 millones de euros. Mi Gobierno habló de 230 millones de euros. Van a conseguir 1 100 millones de euros a finales del año 2013 y además la financiación se concentrará en los últimos años. ¿Cómo puede ser sensato? Instamos a la Comisaria a que estudie esto e intente que sea más práctico. Pongan fin a esta concentración de la financiación en los últimos años e incrementen los importes de las líneas presupuestarias para estos países.

Esta cuestión no se reduce al empleo en el sector azucarero, como debe saber la Comisaria –porque hemos hecho bastante ruido al respecto en Europa–, sino también a las demás aspectos que dependen de esta fuente de empleo y crecen alrededor de ella. Miles y miles de vidas están en juego en estos 18 países del Protocolo del Azúcar. Pueden confiar en que en la Asamblea Parlamentaria Paritaria seguiremos planteando esta cuestión.

Estamos trabajando en ello. Nuestras comisiones están trabajando bien y creo que podemos decir honestamente que la Asamblea Parlamentaria Paritaria no hará más que reforzarse en los próximos años. Seguiremos luchando en torno al FED, al comercio y a otras preocupaciones y prioridades que compartimos con nuestros colegas parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria Paritaria.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, hay numerosos aspectos en el informe de la delegación ACP que, como diputada, quisiera resaltar. Por lo tanto, no me refiero ahora tanto a la situación relativa a los Estados ACP, como a la labor de la delegación.

En primer lugar, agradezco a la Mesa del Parlamento Europeo su decisión de autorizar que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se celebrase en Edimburgo. La reunión fue un éxito, y Gran Bretaña, país que ostentaba la Presidencia en ese momento, así como la Ciudad de Edimburgo, merecen elogio por haber organizado tan bien el evento. Espero que en el futuro también sea posible organizar la Asamblea Parlamentaria Paritaria en el país que ostente la Presidencia, ya que el lugar en el que se celebran las reuniones aporta un verdadero valor añadido, al igual que el hecho de que las reuniones se celebren por rotación en los Estados ACP-UE.

También fue una experiencia excelente que los representantes de los países ACP y de la UE pudiesen participar en el Consejo de Ministros informal de cooperación al desarrollo, organizado por la Presidencia británica en octubre. Es de esperar que esta práctica se mantenga cuando mi país, Finlandia, asuma la Presidencia en julio.

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE desempeña un importante papel en la realización del diálogo político que se establece en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. El objetivo es reforzar la democracia, la gobernanza y el respeto de los derechos humanos. Es un poco un fastidio que nuestras reuniones siempre coincidan parcialmente con la semana de las comisiones. Para mí esto ha significado que nunca he podido estar presente en una reunión desde el comienzo hasta el final. No sé si otros diputados comparten esta opinión, pero creo que sería mucho más fácil salir en la semana en que celebran sus reuniones los Grupos políticos del Parlamento . Quizás merece la pena probar esta opción.

También me complace que se hayan creado comisiones permanentes. Estas han mejorado la cooperación entre el Parlamento Europeo y los diputados ACP desde una fase más temprana del proceso. Yo misma me he dado cuenta de la viabilidad del sistema al elaborar un informe.

  Ana Gomes (PSE). – (PT) Para empezar quisiera felicitar al señor Cornillet por su informe, así como a la copresidenta de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE por sus denodados esfuerzos y su dedicación a las actividades de la Asamblea.

También quisiera llamar la atención sobre las conclusiones del Foro de las Mujeres celebrado al margen de la Asamblea, durante la última sesión en Edimburgo en el mes de noviembre. El debate trató el tema del tráfico de mujeres y niñas procedentes de países en desarrollo y de las regiones más pobres de Europa hacia las zonas más ricas de Europa Occidental. Cada año, entre 600 000 y 800 000 mujeres son víctimas del tráfico transfronterizo, una cifra que supera el número de habitantes de algunos Estados ACP, como Cabo Verde, Yibuti y las Comoras.

El Foro de las Mujeres tendió un puente entre los países de origen y de destino. El debate fue animado, con una importante participación del contingente de los Estados ACP. En las conclusiones finales, las participantes pidieron a la Asamblea Parlamentaria Paritaria que elabore un informe para determinar las medidas necesarias para combatir este azote en todos los Estados ACP, incluidos los países europeos, africanos y del Caribe.

Cabe señalar que el Foro se organizó al margen de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y que no hay recursos disponibles para su organización. Por eso solicito a los servicios del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes que estudien la posibilidad de reservar fondos para una organización tan positiva y orientada a los resultados. En términos más generales, el año pasado la Asamblea Parlamentaria Paritaria debatió la situación en Darfur y en África Occidental, pero no abordó la quiebra del Estado de derecho y del proceso electoral ni las graves violaciones de los derechos humanos en países de gran significado simbólico como Etiopía, donde tiene su sede la Unión Africana.

Sin embargo, se han producido importantes avances en la lucha contra la impunidad en África; por ejemplo, el dictador Charles Taylor ha sido arrestado y llevado ante la justicia. Otros dictadores como Hissène Habré y el ex dictador etíope Mengistu, que actualmente residen en Estados ACP como Zimbabue y Senegal, también deben comparecer ante la justicia. Estos son otros casos en los que la Asamblea puede desempeñar un papel clave en el fin de la impunidad en África.

En esta materia debo decir que sería importante que los debates fueran más auténticos. En ocasiones hay países ACP que actúan más como embajadores de sus Gobiernos y menos como críticos de la situación en sus países. Considero que como diputados al PE tenemos la obligación de encontrar la manera de respaldar a nuestros homólogos de los Estados ACP que están dispuestos a decir la verdad y de animarles a que tomen medidas para realizar el cambio y mejorar la gobernanza en sus países.

  John Bowis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, creo que estamos viendo madurar bien la relación con los países ACP, lo cual puede sonar a la descripción de una amante estable, pero es verdad que nos conocemos, nos entendemos, a veces nos emocionamos, a veces vemos nuestros defectos, pero ambos aprendemos a apreciar las cualidades del otro.

Mi mensaje a los países ACP es que en principio seguimos queriendo que los delegados ACP sean exclusivamente diputados al Parlamento y no embajadores, y preferiblemente de los partidos del Gobierno y de la oposición, lo cual reflejaría mejor el equilibrio de la delegación del Parlamento Europeo. No estoy seguro de si un día el PE se reunirá con el PA –el Parlamento Africano, incluidos, sin duda, el Caribe y el Pacífico–, pero sin duda debemos cumplir nuestra función sosteniendo y desarrollando ese concepto de Parlamento Africano.

Mi mensaje al Parlamento Europeo es que REACH nos ha demostrado lo mucho que afecta el trabajo de cada uno de nosotros al trabajo del otro. Hemos celebrado debates muy útiles en Bamako y Edimburgo, y estoy seguro de que este Parlamento tendrá en cuenta las opiniones de los países ACP. No obstante, a menudo legislamos por muchos motivos justificados en el Parlamento Europeo pero no oímos las preocupaciones de los países ACP porque no escuchamos. Por esa razón le digo a la Comisaria que los países ACP no son un asunto exclusivo de nuestro buen amigo el señor Michel: interesan a todos los Comisarios del Colegio.

Me complace que esta Cámara se impusiera a la Presidencia del Parlamento respecto a la cuestión de dónde debería tener lugar la última APP en la Unión Europea. Era correcto que la situáramos en el país que tenía la Presidencia, del mismo modo que rotamos nuestras reuniones en la APP entre los países ACP. Eso brinda a los diputados ACP una oportunidad de ver distintos aspectos de distintas políticas en Europa, por ejemplo la investigación sobre la vacuna contra la malaria en Edimburgo. Del mismo modo, hemos aprendido muchas cosas viendo la desertización de Níger o la aplicación del fondo para la vacunación sobre el terreno en Malí, donde pudimos ver a las personas más afectadas beneficiarse del trabajo que se está llevando a cabo. La amenaza de pandemia de gripe y la realidad de la pandemia de gripe aviar muestran lo importante que es que sigamos trabajando juntos estrechamente –Europa y los países ACP– en nuestro beneficio muto.

(Aplausos)

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al ponente, el señor Cornillet, que con su informe nos da una excelente visión general del buen trabajo realizado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria.

Numerosos oradores han mencionado el Foro de las Mujeres que se celebra con motivo de cada reunión de la Asamblea Paritaria, y yo quisiera hacer lo mismo, ya que el debate en profundidad de los problemas económicos y políticos específicos de las mujeres de los Estados ACP es muy útil, no solo para las propias mujeres del foro, sino también para los subsiguientes debates en el pleno de la Asamblea. No hay más que recordar a la Asamblea el interesantísimo debate sobre la mutilación genital celebrado en Bamako (Mali) –país en el que esta práctica todavía no está proscrita por ley– cuando la discusión se prolongó durante horas e incluso conseguimos que se retransmitiese por radio.

A continuación quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el trabajo realizado por las comisiones, que ha tenido el efecto de mejorar considerablemente el trabajo de la Asamblea ACP-UE, consiguiendo que se presenten menos enmiendas en el pleno, y cuanto mayor sea el grado de confianza entre los diputados al PE y los representantes de los Estados ACP, tanto más a menudo se alcanzarán compromisos. Sin embargo, quisiera reiterar algo que ya se ha dicho, a saber, que es importante pensar en la programación de las reuniones europeas de las comisiones, que se celebran en Bruselas. En ocasiones es realmente una vergüenza que debamos participar en votaciones en nuestras comisiones especializadas, que pueden prolongarse durante horas, y por lo tanto no podamos participar en los interesantes e importantes debates de las comisiones ACP-UE, lo cual se considera –erróneamente– una muestra de falta de interés.

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, estoy de acuerdo con los oradores en que la Asamblea Parlamentaria Paritaria se ha convertido en un foro de diálogo aceptado y respetado. Las resoluciones aprobadas por esta Asamblea a veces incluso generan debates que van más allá de ese foro. El señor Bowis ha mencionado la resolución sobre REACH, aprobada aquí en noviembre del año pasado, que dio pie a un debate mucho más centrado sobre el impacto de REACH en los países en vías de desarrollo.

La próxima Asamblea Parlamentaria Paritaria también promete ser interesante. Tratará cuestiones tan importantes como el papel de la integración regional en la promoción de la paz y la seguridad, la cuestión problemática de la energía en los países ACP y los aspectos sociales y ambientales de la pesca en los países en vías de desarrollo. Sé por mi colega, el señor Michel, que espera ansiosamente asistir a esas reuniones.

Respecto a la cuestión del azúcar, estoy familiarizada con la cuestión de la financiación para los países del Protocolo del Azúcar. Ya hemos tenido este debate anteriormente. Solo quiero reiterar que hay 40 millones de euros disponibles en 2006. Lo más importante es que no olvidemos que el impacto de la caída de precios acordada en el seno de la Unión Europea no tendrá ningún efecto en los países ACP hasta 2008. Tienen otros dos años para intentar adaptar su producción con el dinero disponible de la Unión Europea. Saben que habrá fondos considerables disponibles desde 2007 hasta 2013.

En la Unión Europea hemos demostrado que también somos responsables con aquellos países que se verán afectados por la legislación interna respecto a la necesidad –que estoy segura que todo el mundo siente– de adaptar nuestra política agrícola a un comercio más global.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha realizado un trabajo excelente profundizando nuestros lazos con los países ACP y les permite establecer un vínculo crucial con nuestras deliberaciones, especialmente cuando por fin abordamos nuestras políticas comerciales, que con demasiada frecuencia obstaculizan el desarrollo en lugar de favorecerlo. Escocia se situó al frente de los llamamientos al cambio en 2005, con la marcha en pro de «Hacer de la pobreza historia» en Edimburgo y la cumbre del G8 en Gleneagles en verano, y por supuesto tuvimos el placer de acoger la reunión ACP-UE en Edimburgo. Lo que ahora necesitamos ver es cómo los Gobiernos de nuestros Estados miembros transforman nuestras bonitas palabras en acciones y cómo hacen de la política de desarrollo no solo una cuestión de reparto de ayuda, sino de cooperación con los países en desarrollo en torno al comercio justo, en beneficio de todos.

5. Eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Van den Berg, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo [2005/2141(INI)] (A6-0048/2006).

  Margrietus van den Berg (PSE), ponente. – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, me complace que hoy celebremos en esta Asamblea un debate serio sobre una cuestión que no siempre es fácil de tratar en el contexto de un debate sobre cooperación al desarrollo. Desde el punto de vista cuantitativo, Europa es el mayor donante del mundo, pero en los últimos años ha aumentado la conciencia global del hecho de que el modo en que se hace llegar la ayuda es tan importante como su cuantía.

La Declaración de París del año pasado sobre Eficacia de la Ayuda constituye una importante referencia para la acción en este frente y la Comisión ha respondido recientemente a la misma mediante un paquete de medidas sobre la eficacia de la ayuda que pronto trataremos en la Comisión de Desarrollo.

Mi informe de propia iniciativa, sobre el que votaremos hoy, hace algunas recomendaciones serias sobre el modo de lograr que la ayuda sea más eficaz. La eficacia de la ayuda depende en gran medida de la gobernanza libre de corrupción, ya que no solo ocurre que se desvía el dinero de la ayuda, sino que la corrupción constituye también un obstáculo para el desarrollo y tiene un efecto desproporcionado sobre los miembros más pobres de la sociedad. Hace que el acceso a los servicios esenciales, como la educación básica y la atención sanitaria, sea más difícil y en ocasiones imposible.

La corrupción es un enorme problema a escala mundial. Según cálculos del Banco Mundial, en un año se pagan más de un billón de dólares estadounidenses –es decir, un millón de millones– en sobornos. En África, el continente más pobre del mundo, la suma que de acuerdo con los cálculos que se pierde –148 000 millones de dólares estadounidenses– equivale más o menos al 25 % del PIB del continente, y la corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad y prácticamente todas las personas se ven afectadas por ella: políticos, funcionarios, medios de comunicación, empresas multinacionales y la comunidad internacional de donantes. La responsabilidad de la gobernanza y la ayuda eficaz la comparten la comunidad de donantes y los propios países en desarrollo; «hacen falta dos para bailar un tango». Por lo tanto, mis propuestas tienen que ver con lo que nosotros –la Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros– podemos hacer en la práctica, a ser posible junto con la comunidad internacional.

Mi propuesta principal se refiere a la elaboración de una lista negra de regímenes corruptos que no deberían recibir nuevos préstamos de los bancos u otras entidades financieras. Quienes prestaran dinero a los Gobiernos incluidos en dicha lista se expondrían al riesgo de la deuda y no podrían pedir a la comunidad intencional que los sacara del apuro. Esto impediría que la población se convirtiese en la víctima final de personas como Marcos, Kabila, Abacha o cualquiera de sus sucesores.

Además, propongo que un pequeño porcentaje –el 0,5 %– de la suma pagada directamente al Gobierno de un país se abone a modo de apoyo presupuestario para los órganos de control de la sociedad civil. Estos grupos, pertenecientes a la sociedad civil organizada, participan en el control público de los ingresos y gastos del Gobierno desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo. También es necesario prestar apoyo –pagado con cargo a la misma suma– a los Parlamentos nacionales de modo que puedan ejercer mejor su labor de seguimiento junto con los órganos de control.

Otra propuesta consiste en que las empresas de las que se conozca su implicación en actos de corrupción relacionados con proyectos en países en desarrollo deberían quedar excluidas a partir de entonces de las convocatorias europeas. En este caso propongo también la elaboración de una lista negra de estas empresas. Sin embargo, aquellas que demuestren que ha habido una mejora –por ejemplo, un cambio de la dirección– tendrían una segunda oportunidad y podrían ser tachadas de la lista.

Por último, los Estados miembros de la UE no deben retrasar más la ratificación del tratado contra la corrupción de las Naciones Unidas, que data de 2003. En la actualidad solo lo han ratificado dos países: Francia y Hungría. Esto no puede seguir así. Este tratado es el primer acuerdo internacional que prevé el uso del Derecho internacional para combatir la corrupción, por ejemplo mediante la prevención y la penalización del blanqueo de dinero, la inmediata congelación de los activos financieros en bancos extranjeros y la confiscación de dichos activos en los casos en que se haya demostrado que existe corrupción.

Estas son algunas de las propuestas que he planteado en mi informe. Por supuesto, solamente constituyen algunos pasos que puede adoptar Europa para afrontar el enorme problema que representa la corrupción para la sociedad, pero si la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros les damos carácter prioritario, dejaremos de limitarnos a señalar con el dedo a los países en desarrollo y confesaremos también nuestros propios pecados. Me interesa conocer la respuesta de la Comisión a estas propuestas prácticas, ya que, recuerden, «hacen falta dos para bailar el tango».

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al ponente su excelente informe. La Comisión está especialmente interesada en garantizar que la ayuda que gestiona favorezca los objetivos de combatir y en última instancia erradicar la pobreza, y a ese respecto la gestión de los recursos financieros es crucial. De ahí la decisión de hacer de la gobernanza en general un tema horizontal y central en la programación del 10º FED, porque la lucha contra la corrupción solo puede dar resultado si se integra en un plan más amplio de desarrollo de capacidades.

En este contexto, compartimos la opinión del ponente, el señor Van den Berg, sobre la importancia y la magnitud del problema. La corrupción es, sin duda, un obstáculo importante para el desarrollo. Afecta más a los ciudadanos más pobres de los países en vías de desarrollo. Es responsable de la inestabilidad política y la violación de los derechos humanos y reduce la cuantía de los recursos disponibles para financiar el desarrollo.

En segundo lugar, estamos de acuerdo en que la corrupción es un fenómeno muy complejo que ha de abordarse con una serie de medidas distintas. Los acuerdos internacionales son importantes y el informe indica que el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción todavía ha de ser ratificado por varios de nuestros Estados miembros. Tenemos que cooperar con organizaciones del sector privado y necesitamos guardianes de la sociedad civil.

En nuestros programas de ayuda contemplamos distintas medidas de apoyo a la gobernanza, como las reformas del ordenamiento jurídico, el apoyo a Entidades Fiscalizadoras Superiores, ayuda a la sociedad civil y apoyo a los Parlamentos nacionales, que ha sido objeto de un debate en la reciente Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Ya apoyamos a supervisores de la sociedad civil, como por ejemplo los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en algunos países.

En tercer lugar, respecto al apoyo presupuestario, el señor Van den Berg presta especial atención al mismo, y con mucha razón, no porque sea especialmente proclive a la corrupción, sino porque es parte de la solución. Su gran ventaja es que aborda de manera directa una fuente importante de corrupción en muchos países, especialmente la débil gestión de las finanzas públicas.

Nuestro apoyo presupuestario va a parar únicamente a aquellos países que muestran la clara voluntad de reformar su sistema financiero público y, al reforzar aspectos sensibles como la contratación pública, contribuye de manera significativa a la lucha contra la corrupción. Por otra parte, la asistencia en forma de proyectos se basa en gran medida en la contratación pública, pero no puede abordar la debilidad del sistema.

Son ustedes conscientes del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las finanzas públicas en el marco del apoyo presupuestario a los países ACP, que apoya el enfoque adoptado por la Comisión. También quiero subrayar la importancia del plan de armonización, que fue el tema central del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en París el pasado mes de marzo y destaca la importancia de reforzar los sistemas de países beneficiarios de la gestión y el control financiero, que es justamente una de las cosas que estamos haciendo. No obstante, una nota de cautela: el apoyo presupuestario no está destinado a un sector específico, pero las medidas y objetivos específicos de reforma sectorial pueden fijar las condiciones de los fondos que por supuesto se ingresan en el presupuesto general.

En cuarto lugar, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda también subraya la importancia de mejorar la transparencia de los procesos de contratación pública en nuestros países socios. A menudo estos procedimientos son fuente de corrupción.

Mi último punto tiene que ver con nuestros colegas sobre el terreno. Uno de los objetivos clave del proceso de delegación es garantizar una supervisión más detallada de la ayuda sobre el terreno y el máximo aprovechamiento del conocimiento local detallado de nuestro personal «del interior». Las delegaciones pueden comprobar el uso adecuado de la ayuda. Además, para algunos tipos de contrato exigimos ahora auditorías externas antes de realizar el pago final, y en 2003 se introdujo un sistema exhaustivo de programación de auditorías externas que incluía las auditorías que tenían que realizar las sedes centrales y delegaciones.

Resumiendo, compartimos en gran medida el análisis del señor Van den Berg. Creemos que se podría prestar más atención a las cuestiones de contratación pública y que algunas de las medidas concretas propuestas deben revisarse y seguir debatiéndose.

  Nirj Deva, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, quiero empezar felicitando a mi colega el señor Van den Berg por un informe excelente y muy útil. Sin lugar a dudas, la corrupción en la distribución de la ayuda al desarrollo es uno de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos en el intento de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Mientras crece la inquietud ante la falta de financiación de los ODM, debemos garantizar que se facilite ayuda a los países en vías de desarrollo y que dicha ayuda se distribuya de manera eficaz. A medida que aumentan las cuantías de ayuda cunde la preocupación de que políticos y funcionarios puedan hacer un mal uso del dinero destinado a los pobres del mundo. Como ha dicho el señor Van den Berg, la corrupción está extendida y afecta a todos los sectores y a la burocracia.

Sin embargo, debemos recordar que de ninguna manera es exclusivamente un problema de los países en desarrollo. Un alegato común es que la ayuda no debería canalizarse a través del gobierno. No obstante, incrementamos el apoyo presupuestario y me complace escuchar lo que ha dicho la Comisaria sobre el refuerzo de las instituciones para eliminar la corrupción mediante el apoyo presupuestario y la reforma del sector público.

Es necesaria una reestructuración a fondo de la administración pública y de la gestión financiera del Estado. A menudo estas reformas son responsabilidad exclusiva de unos pocos funcionarios seleccionados. Los funcionarios de países en vías de desarrollo, que perciben salarios bajos, típicos del sector público, luchan por que sus familias no caigan en la pobreza. Son objeto de chantajes y a menudo tienen que recurrir al pluriempleo para complementar sus ingresos. ¿Cómo podemos esperar que las personas apliquen las reformas necesarias si no se les paga como es debido?

Propongo a la Comisaria que reconozcamos a unos 200 funcionarios de cada país en desarrollo como agentes clave del proceso de toma de decisiones y los incluyamos en el apoyo presupuestario. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Singapur y ofrecemos unos ingresos adicionales a estos funcionarios, similares a nuestros criterios, para que no sientan la tentación de aceptar chantajes a fin de mantener con sus familias en el tren de vida al que se han acostumbrado?

También tenemos que desregular. La regulación es la madre de la corrupción. El poder del papel empuja a la gente a pedir permisos y los permisos se buscan y se compran mediante la corrupción. Si desregulamos al máximo en los países en vías de desarrollo, tendremos una oportunidad de abordar este problema. Después de todo, la regulación se utilizó como instrumento colonial: el poder del papel en vez del soldado en la aldea para hacer cumplir los deseos del soberano imperial. Cuando llegó la independencia, estos países mantuvieron estos controles. No desregularon los controles imperiales y por esta razón la corrupción se ha hecho endémica, porque se ha ido apilando regulación sobre regulación. Es preciso que los Parlamentos nacionales de los países en vías de desarrollo tengan amplias facultades de investigación para indagar en la corrupción en esas administraciones.

Vamos por buen camino. Felicito al señor Van den Berg por un excelente informe y me complace escuchar lo que ha dicho la Comisaria.

  Ana Gomes, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al señor Van den Berg por su excelente, oportuno e importante informe. La UE y sus Estados miembros aportan más de la mitad del total de la ayuda oficial al desarrollo. Según se decidió en el Consejo Europeo de la primavera de 2005 y en la Cumbre del G8 en Gleneagles, la ayuda internacional deberá incrementarse sustancialmente a lo largo de los próximos diez años.

En este contexto, si queremos cumplir debidamente los Objetivos del Milenio, es preciso introducir mecanismos de transparencia para garantizar que la ayuda al desarrollo llegue realmente a las personas sobre el terreno a las que se pretende ayudar. Tal como afirma el informe Van den Berg, la gestión adecuada de la ayuda al desarrollo es esencial para la gobernanza de los países beneficiarios. Quisiera poner el ejemplo de Etiopía, donde, a pesar de ser el mayor receptor de ayuda exterior –que representa casi el 25 % del presupuesto público del país–, ha habido graves fracturas del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

Conforme a los artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú revisado, los casos graves de corrupción pueden dar pie a consultas políticas. La UE no debería abstenerse de usar esta herramienta. Naturalmente, a medio y largo plazo es esencial promover una sociedad civil dinámica con una prensa libre y equilibrada. Este es el único modo en que los ciudadanos de los países en desarrollo podrán denunciar a los Gobiernos corruptos y librarse de ellos. En un plano más práctico, la UE debe presionar a los Parlamentos y Gobiernos de los países en desarrollo para que refuercen el control de los gastos militares.

Los presupuestos secretos y paralelos constituyen de por sí una forma de corrupción que afecta directamente a la seguridad interior, regional e incluso mundial. La falta de transparencia en este terreno constituye un claro ejemplo del vínculo entre los países corruptos y arruinados y la seguridad. Dicho de otro modo, cuando hablamos de corrupción también estamos hablando de guerra y paz, ya que, como tal, el problema no se limita a los países en desarrollo, ya que nuestros Gobiernos de la UE y occidentales en general tienen su parte de responsabilidad. Los países del G8, por ejemplo, son responsables de más del 80 % de las exportaciones mundiales de armas.

Celebro los esfuerzos realizados por los Estados miembros de la UE para garantizar la compatibilidad de las exportaciones de armas de la Unión con la capacidad técnica y económica de los países importadores conforme al código de conducta de la UE sobre exportaciones de armas. Es esencial garantizar que el dinero destinado al desarrollo no se desvíe a la compra de armas. Lamentablemente, seguimos a la espera de recibir informes detallados de los Estados miembros sobre la aplicación de las normas de este código.

En este turbio tema de las armas, la corrupción y la violencia, Europa tiene la responsabilidad de garantizar que las armas vendidas por empresas y Gobiernos europeos lleguen a sus receptores legales, y solamente a estos, y no caigan en manos de delincuentes, milicias y Gobiernos represivos. La aplicación parcial de la posición común del Consejo Europeo de 2003 por parte de los Estados miembros, incluido mi país, significa que en Europa sigue habiendo lagunas jurídicas en este terreno. A menos que empecemos a ser más rigurosos con el control de las armas dentro de nuestras fronteras, será difícil luchar contra la corrupción en este terreno en los países en desarrollo.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, quiero felicitar al señor Van den Berg por su excelente informe. La plaga de la corrupción no es nueva ni extraña. Acompaña la actividad humana desde tiempos antiguos y está extendida entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados; la única diferencia estriba en que en los países desarrollados se practica de manera más profesional y elegante, con lo cual es más difícil reconocerla.

Así que, con una corrupción tan común y amplia, ¿qué eficacia han tenido los intentos de atajarla realizados a escala internacional? Me temo que no mucha. La cantidad estimada de un billón de dólares pagada en chantajes hoy en día no es menor que la cantidad correspondiente de años anteriores; de hecho, es mayor. La razón es sencilla: la corrupción no puede controlarse solo firmando convenios y declaraciones, sino aplicando estrictamente dichos convenios y declaraciones por parte de todos los implicados. A ese respecto, en el mundo desarrollado debemos dar buen ejemplo.

Mientras juzgamos la corrupción en el mundo en vías de desarrollo, mirémonos a nosotros mismos. Miremos también con ojo crítico nuestra propia situación y analicémonos preguntándonos algunas cosas sencillas. ¿En qué medida está libre de corrupción un sistema que permite a funcionarios de máximo nivel del Gobierno de los Estados Unidos –pienso en nombres como Cheney y Rumsfeld– participar y tener supuestamente intereses personales en empresas a las que se conceden contratos multimillonarios en Iraq y Afganistán? ¿En qué medida está libre de corrupción un país en que, como ocurre el Gran Bretaña, la mujer del Primer Ministro, la señora Blair, trabaja para una gran firma de abogados y acepta casos políticamente delicados que implican directamente y se ven afectados por decisiones políticas que toma su marido? ¿No debería aplicarse en este caso el proverbio romano de que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo? ¿En qué medida está libre de corrupción un sistema que permite que haya funcionarios de las Naciones Unidas y otras personas asociadas, incluido el hijo del Secretario General de las Naciones Unidas, acusados de estar implicados en escándalos relacionados con el programa de petróleo por alimentos?

Más cerca de casa, ¿en qué medida puede considerarse que el sistema está libre de corrupción cuando los diputados al Parlamento Europeo o los miembros de otras instituciones de la UE implicados en tareas legislativas, o sus familiares cercanos, son al mismo tiempo miembros de consejos de administración o accionistas de empresas que se benefician enormemente de esa legislación? ¿Es realmente suficiente una simple declaración de intereses?

Por último, permítanme llamar su atención sobre dos enmiendas del señor Kristovskis, relativas al considerando N y al apartado 22. Estas enmiendas corrigen un error cometido en el informe original en el considerando N, en el que Chipre fue omitido de la lista de Estados miembros de la UE que todavía no han ratificado el Convenio de la OCDE de 1997. De hecho, Chipre ha intentado en repetidas ocasiones participar en la OCDE, pero Turquía, por motivos políticos que no están relacionados con el tema, ha bloqueado dicha participación. Votando a favor de estas dos enmiendas, haremos posible que Malta, Lituania, Letonia y Chipre ratifiquen el Convenio de la OCDE.

  Marie-Hélène Aubert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias al señor Van den Berg por su excelente informe. Va a verse cubierto de laureles, lo que ya es algo. Está claro que la lucha contra la corrupción es absolutamente esencial no solo para la eficacia de la ayuda europea, sino también para su credibilidad. En efecto, ¿cómo convencer a nuestros conciudadanos o a los Estados miembros de que den más si la corrupción sigue siendo endémica? Es también la condición para la viabilidad de un Estado de Derecho y de una economía. Es, pues, un combate esencial que debemos librar de forma permanente y que se ha hecho algo más complejo con la globalización económica, debido a la facilidad con que circulan los capitales y también debido al nuevo proceso de ayuda presupuestaria en la Unión Europea.

El ponente destaca bien todos los problemas que plantea el nuevo sistema de ayuda presupuestaria en materia de lucha contra la corrupción, así como las mayores dificultades existentes en el contexto actual, debido a la creciente presión ejercida sobre las materias primas y, en particular, sobre los escasos suministros de petróleo. Cabe temer por tanto un resurgimiento de los intentos de corrupción a fin de acceder a los últimos yacimientos de energía fósil, así como una escalada de los conflictos relacionados con el comercio y el tráfico de armas. Las armas y el petróleo son los dos grandes sectores, en la macroeconomía, en que se desarrolla un alto grado de corrupción.

Así, el ponente insiste con razón en dos cuestiones: la transparencia y la responsabilidad. La transparencia es, en efecto, un elemento esencial si nos queremos hacer una idea precisa y clara de los presupuestos que se utilizan. En este ámbito, debemos apoyar mucho más enérgicamente una serie de iniciativas como «Publica lo que pagas» o la iniciativa de las industrias extractivas, que no obstante presentan el inconveniente de basarse únicamente en la participación voluntaria. Necesitamos hacer progresos en el ámbito legislativo en vez de contentarnos con la buena voluntad de los agentes económicos o políticos para publicar, si lo desean, los fondos a los préstamos que conceden a los Gobiernos afectados.

La inclusión en el presupuesto de los ingresos petroleros y mineros es también un aspecto esencial de la transparencia presupuestaria y, por lo que respecta a la Unión Europea, debe ser una condición, de modo que no se pueda pagar una ayuda presupuestaria a un Gobierno que no publique claramente los beneficios que obtiene de las industrias petroleras, mineras o forestales. La opinión pública no puede entender que la Unión Europea siga ayudando a países que, normalmente, deberían disponer de un presupuesto sólido y capaz de financiar el buen funcionamiento de un Estado.

Por último, en el informe se indica que hay que publicar también los gastos militares de un Gobierno. Es absolutamente necesario reforzar el papel de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil, también desde el punto de vista financiero, prestándoles un mayor apoyo que permita tanto a los Parlamentos como a la sociedad civil desempeñar el papel que les corresponde en este ámbito.

Mi último punto se refiere a la transparencia con respecto a los donantes. Los Gobiernos de estos países reciben ayuda también de ciudades, regiones o Estados, en todos los niveles, y carecemos de una base de datos que indique lo que paga realmente un determinado país a un determinado Estado, región o ciudad. Hoy no disponemos de esos datos, y esto también alimenta la corrupción.

Para terminar, pienso pues que debemos barrer delante de nuestra puerta, como se ha dicho, y que los asuntos de corrupción forman parte también de la actualidad de la Unión Europea. La cuestión del ejercicio del poder y de la financiación de la vida política se plantea tanto en el Norte como en el Sur.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

  Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que el señor Van den Berg ha pronunciado un discurso excelente. No cabe duda de que acabar con la corrupción es un objetivo capital si se quiere garantizar la eficacia de la ayuda, y el señor Van den Berg ha explicado los instrumentos necesarios para que eso sea posible: transparencia, participación y responsabilidad.

El papel de los Parlamentos y la sociedad civil es fundamental y unos procedimientos más transparentes y la difusión de la información son cruciales. Se exige además una mayor presencia de todos los agentes sociales en el proceso de definición de las estrategias de lucha contra la pobreza, que aún atraen escasa participación, incluso a escala nacional. Por último, es necesaria una financiación específica para el seguimiento de las medidas de cooperación.

Creo que no se puede hablar de corrupción en los países en desarrollo sin ver la otra cara de la moneda: ¿en qué medida somos responsables, nosotros los países desarrollados, de su corrupción y qué ganamos con ello? El señor Matsakis ha puesto ejemplos muy precisos; esto no significa en absoluto disminuir la presión sobre la corrupción efectiva de muchos dirigentes y Gobiernos de países en desarrollo y a veces también de ONG.

La lucha contra la corrupción en los países beneficiarios debe ampliarse también a las empresas corruptoras pertenecientes a los países industrializados, y la lucha contra los «corruptores corruptos» debería llevarse a cabo en el marco de una cooperación eficaz y transparente. Las instituciones de los países donantes presentes en los países beneficiarios deben comprometerse a combatir el fenómeno sobre el terreno mediante la identificación de las empresas corruptoras y su destierro al país que pertenezcan, cualquiera que este sea, como ha dicho asimismo el señor Van den Berg, y han de tener el valor de actuar también cuando la corrupción anide en nuestras propias instituciones sobre el terreno. Además de ser un asunto moral, la corrupción tiene un coste para todos, incluidos los contribuyentes europeos.

Desvincular las ayudas es otro aspecto crucial de la relación entre corrupción y eficacia de la ayuda. La ayuda desvinculada –necesaria por motivos éticos– garantiza una mayor transparencia de procedimiento en la adjudicación y gestión de los concursos, y aumentaría también el valor de las ayudas. Las cifras hablan claro: la ayuda vinculada determina un aumento medio de los costes de bienes y servicios del 15 al 30 %, llegando incluso al 40 % en el caso de la ayuda alimentaria.

Sería deseable también llegar a una correcta definición de la AOD. Creo que la ayuda oficial al desarrollo, a menudo inflada con importantes sumas destinadas a la cancelación de la deuda, a acciones de mantenimiento de la paz, de cumplimiento de la paz y prevención de conflictos, repatriación de emigrantes y control de fronteras, no debe modificarse.

En un escenario de este tipo, las ayudas presupuestarias pueden ser un importante canal de apoyo a los países más pobres y más endeudados, a efectos de la lucha contra la pobreza y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, creo que es crucial –como por lo demás se afirma en el documento tripartito sobre el consenso europeo para las políticas de desarrollo– que los Gobiernos de los Estados miembros y las instituciones europeas traten de coordinarse y armonizar sus políticas, incluso en las instituciones financieras internacionales, para conseguir ser no solo los principales donantes del mundo, sino también los donantes más responsables y más incisivos a la hora de elaborar políticas que pongan fin a la espiral de crecimiento de la deuda externa en el Sur del mundo, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y, si puedo decirlo así, también a eliminar un poco de injusticia y quizás incluso guerras.

  Hélène Goudin, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Señor Presidente, la solidaridad internacional y, a través de esta, la capacidad para ayudar a las personas de los países en desarrollo, es una cuestión muy importante para mí. Creo que la ayuda es una herramienta importante en esta lucha por un mundo mejor. La política de ayuda de la Unión Europea es en sí misma muy deficiente. Además se ve socavada por otros ámbitos políticos. En primer lugar, la UE tiene una política agrícola en la que se prestan subsidios absurdos a agricultores relativamente ricos. Esto, junto con los derechos que impone la UE a los productos agrícolas de países pobres, conduce a una situación en la que la política agrícola contrarresta activamente la ayuda.

En segundo lugar, la política comercial de la UE hace que los países pobres se vean privados de la capacidad de entrar en nuestro mercado con sus productos competitivos. Un ejemplo actual e instructivo de este tipo de proteccionismo perjudicial es la reciente imposición por parte de la UE de derechos de importación sobre el calzado procedente, digamos, de Vietnam. En tercer y último lugar, creo que la cooperación para el desarrollo debería correr a cargo de los Estados miembros. Si la ayuda pretende ser lo más eficaz posible, por supuesto siempre es muy importante que los esfuerzos se coordinen.

Sin embargo, esta coordinación debería producirse en el seno de las Naciones Unidas, donde los donantes de todo el mundo, no solo de la UE, trabajan conjuntamente para prestar una ayuda eficaz, que en la práctica comporta una reducción de la pobreza. Este proceso haría que los países más pobres del mundo recibiesen un trato mejor, resultado que debería ser el principal propósito de la ayuda.

  Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción el informe del señor Van den Berg sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo y quiero felicitarle por ello.

La corrupción es el mayor obstáculo singular para la distribución de la ayuda a los pobres. Debemos preguntarnos por qué la Unión Europea sigue enviando ayuda a regímenes corruptos. ¿Cómo podemos contemplar sin hacer nada la muerte por inanición en muchos países africanos mientras sus líderes están cargados de signos de riqueza excepcional? La Unión Europea debe adoptar una postura firme frente a los Gobiernos que ejercen métodos de gobernanza manifiestamente corruptos.

Es necesaria una mayor transparencia. La UE es la mayor donante de ayuda en el mundo. La UE tiene la responsabilidad de controlar y aprobar la ejecución de la ayuda. Una mayor proporción de la ayuda debe canalizarse directamente a través de proyectos específicos en lugar de entregarla a las arcas nacionales de los países beneficiarios, de forma que quede absolutamente claro en qué se gasta el dinero. Hay que considerar seriamente la posibilidad de contar con órganos de control de la sociedad civil de los países en desarrollo y pido a la Comisión que aporte el porcentaje adecuado de ayuda presupuestaria para tales órganos de control.

Es preciso mejorar la educación y la formación y debe aumentar el número de mujeres que acceden a un nivel superior de educación con el fin de que puedan participar más en la vida política. Cualquiera que haya visitado África conoce la importante función que desempeñan las mujeres allí. Podrían desempeñar un papel aún más importante si se les permitiera hacerlo, por tanto es un hecho que debe examinarse y promoverse.

Uno de los asuntos más graves a los que se enfrentan los países en desarrollo es la adquisición ilícita de fondos públicos por parte de funcionarios gubernamentales que acumulan dichos fondos en cuentas extraterritoriales. Pido a las entidades financieras que albergan estos fondos robados que congelen o confisquen dichas cuentas. Conocen la procedencia de ese dinero. Si ingreso 10 000 euros en mi cuenta bancaria en Irlanda, el director del banco está obligado a preguntarme de dónde viene ese dinero. En esos países ingresan millones y nadie les pregunta nada.

Pido que se ponga en una lista negra a los países o individuos corruptos de forma que no puedan pedir prestadas grandes sumas de dinero a los países ricos. Solo deberán borrarse de la lista si dan pasos significativos hacia la democracia.

También debemos hacer nuestro propio examen de conciencia. Tomemos el caso de Kenia y el escándalo de Anglo Leasing. El señor Githongo, el zar de la lucha contra la corrupción, tuvo que abandonar el país después de sus hallazgos y ha pedido que se investigue a ciudadanos británicos en relación con dicho escándalo.

Hay gente en Europa implicada en empresas fantasma que prestan y dan dinero a África y a cuyas actividades hay que poner fin. Hace unos años hubo una campaña en todos los países europeos. En Irlanda aprobamos una ley por la que se podía inculpar en el país de origen a personas implicadas en abusos sexuales en países del Tercer Mundo. Se podría introducir el mismo tipo de legislación en Europa en materia de corrupción, de forma que cualquier persona implicada en casos de corrupción o soborno de funcionarios en África u otro país del Tercer Mundo pueda y deba ser inculpada de acuerdo con la legislación de su país de origen.

Esas son las cuestiones que debemos considerar si queremos acabar con la corrupción. No podemos limitarnos a echar la culpa a los pueblos africanos. Debemos mirarnos a nosotros mismos y considerar nuestra participación en este tipo de mecanismos.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, Señorías, prácticamente todos los Estados ACP se encuentran entre los últimos puestos en la última edición del «Índice de Percepción de la Corrupción», la muy utilizada vara de medir que elabora Transparency International, y ello no debería sorprendernos. Lo que es realmente decepcionante es ver el lugar que ocupaban estos Estados en el índice en el pasado y el que ocupan actualmente, ya que prácticamente no ha habido ninguna mejora en los últimos cinco años.

Se trata de un buen informe y deja claro que la erradicación de la corrupción podría producir un notable aumento del producto interior bruto africano. Cuando se considera el hecho de que la corrupción afecta principalmente a los más pobres, se deduce que, para muchos africanos, esta marca la diferencia entre la vida y la muerte, así que afrontar la corrupción con recursos suficientes es una cuestión de vida o muerte, en vez de suponer que solamente una serie de personalidades destacadas están implicadas en ella y que por lo tanto su importancia es secundaria.

Lo que es igualmente importante es que el apoyo presupuestario directo debe manejarse con precaución, ya que existe el riesgo de que la UE emita cheques en blanco a organismos extranjeros sobre los que no ejerce ningún control. Demos prioridad a la ayuda a los proyectos de las ONG que no solo son capaces de conseguir resultados palpables, sino que también estén en condiciones de garantizarlos y apliquen normas de calidad.

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me uno a los anteriores oradores para felicitar al señor Van den Berg por su excelente informe, que deja claro las muchas y diversas condiciones que pueden hacer que nuestra ayuda pierda eficacia mientras florecen las estructuras corruptas.

Por supuesto, son principalmente las personas que viven rodeadas de lujo en estos países quienes se dedican al crimen, pero pronto salta a la vista que los fondos malversados tienen que depositarse en algún lugar, y es entonces cuando nosotros los europeos entramos rápidamente en escena. A menudo son nuestros bancos los que ofrecen cuentas a los dictadores en las que pueden esconder su dinero y muchas veces son empresas europeas las que actúan en connivencia con estructuras de sus países en detrimento de sus habitantes.

Asegurémonos pues de comprobar cuidadosamente a qué se destina la ayuda presupuestaria; tengo mis dudas de si en la UE realmente podemos prestar ayuda presupuestaria a 28 países y si las estructuras de estos nos permiten hacerlo con confianza. Utilicemos los medios legales de que disponemos para investigar a los bancos con el fin de averiguar adónde ha ido a parar el dinero negro y, por el bien de quienes viven en estos países, asegurémonos de que regrese a ellos. Modifiquemos nuestra legislación para impedir que las empresas deduzcan sobornos de los impuestos como gastos de explotación, y denunciemos públicamente a aquellas que lo hacen en Europa, ya que la denuncia pública es un buen modo de erradicar la corrupción Utilicemos asimismo el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú para tomar medidas contra los regímenes notoriamente corruptos. Quisiera subrayar lo que ha dicho la señora Gomes sobre el tema. Me gustaría ver cómo a todas estas personas –y también a sus cónyuges– se les deniega el visado para viajar a Europa y hacer sus compras, gastándose el dinero que roban a su propio pueblo.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, la eficacia de la ayuda y la lucha contra la corrupción son temas que aparecen como un hilo rojo en numerosos debates, pero especialmente en los que mantenemos desde ayer por la tarde. Hoy el orden de los trabajos recoge el informe del señor Van den Berg sobre la eficacia de la ayuda y sobre la lucha contra la corrupción en los países en desarrollo, y quisiera unirme también a las felicitaciones y agradecimientos que se han expresado; su informe y lo que ha dicho en la introducción demuestra claramente la necesidad de combatir la corrupción e impedir que siga frenando el desarrollo.

En un momento en que necesitamos hacernos a la idea de que hace falta aumentar significativamente el gasto en cooperación para el desarrollo, hay que hablar en serio de la lucha contra la corrupción, de forma que no pueda servir más de excusa fácil.

La corrupción, como fenómeno, es mundial y compleja; sus causas no solo deben buscarse en los países en desarrollo. El Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros, de la OCDE, constituye un medio importante para abordar las conexiones entre la corrupción en nuestros países y la corrupción en el mundo en desarrollo. Creo que nosotros –es decir, la Unión Europea– debemos hacer todo lo posible por conseguir que Letonia, Lituania y Malta, que son Estados miembros de la UE, ratifiquen este convenio lo antes posible.

Me gustaría decir algo más sobre el apoyo presupuestario directo. Existe una tendencia creciente en la Unión Europea a optar por el apoyo presupuestario directo en lugar de financiar proyectos y, pese a lo comprensible que pueda ser esto, existen numerosas dudas al respecto, que de hecho se han manifestado hoy. Existen dudas de si disponemos de la capacidad y el personal suficiente para garantizar el control exhaustivo que será necesario.

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al señor Van den Berg por su informe, en el que le ha tocado coger una patata caliente –una de las que más queman– que hay en el ámbito de la cooperación al desarrollo. La necesidad de tomar medidas frente a ello queda reflejada en el cálculo que ha hecho la Unión Africana, según el cual la corrupción roba a las economías nacionales africanas unos 150 000 millones de dólares estadounidenses al año, el equivalente a un cuarto de su producto interior bruto.

Quisiera comenzar con el mismo aspecto al que se ha referido el señor Gahler: destacar la necesidad de tomar medidas, aunque seamos nosotros los más duramente afectados. Cada año se pagan del orden de mil millones en sobornos; ¿quién los paga? ¿Quién considera que el pago de este dinero es una inversión y lo remite a cuentas celosamente guardadas a la espera de obtener beneficios aún mayores? Pese a lo importante que es instar a nuestros socios a que luchen contra la corrupción y respaldarles en ello, nuestra tarea primordial debería consistir en poner fuera de juego a aquellos que, en nuestros propios países, son capaces de pagar sumas tan ingentes en sobornos y utilizarlas para arruinar a África y otras partes del mundo.

Quisiera destacar de forma explícita el artículo 15 del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conforme al cual los Estados miembros de la Unión Europea deben calificar el soborno de delito penal. En mi país, Alemania, hasta hace poco se daba el caso de que los sobornos podían deducirse de los impuestos, y la gente sigue sin ser castigada por pagarlos.

En esta Asamblea deberíamos barrer primero esta mugre apestosa de nuestra propia fachada. Al igual que ustedes y todos los miembros de la Comisión de Desarrollo, apoyo la campaña de «publica lo que pagas» y llegaría incluso a exigir que las empresas multinacionales fuesen obligadas a publicar información sobre los pagos que hacen a los Gobiernos.

Entre los que se benefician de los sobornos y a cuyas actividades debemos poner fin se encuentran los bancos que ofrecen servicios para llevar a cabo este tipo de transacciones y se regocijan con las cuentas desbordantes de sobornos. Esto no puede permitirse en la UE, y por ello debemos solicitar a esta y a sus Estados miembros que corten los canales de dinero destinado a sobornos también fuera de sus fronteras. Una vez criminalizado el soborno aquí en casa, cuando nuestro nivel de vida no se financie ni siquiera en parte con los beneficios de la corrupción, cuando dejemos de hacer elogios de nuestros bancos por obtener beneficios de la gestión de la corrupción y cuando equipemos a nuestras agencias investigadoras con los medios para perseguir a los que pagan sobornos, entonces podremos llevar la cabeza bien alta ante nuestros socios y pedirles que contribuyan de la misma manera a la lucha contra la corrupción.

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, apoyo plenamente el informe del señor Van den Berg. La corrupción impide que la ayuda sea todo lo eficaz que podría ser, por lo que es aconsejable que se siga persiguiendo, y este informe ofrece instrumentos concretos y racionales para fortalecer la maquinaria de control, con lo que mejoraría el marco jurídico para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el marco jurídico no es el único factor. El rechazo de la corrupción como fenómeno social tiene que ver también con los valores que prevalecen en una sociedad. Por tanto, hay que incitar a las organizaciones de la sociedad civil, y en particular a los líderes religiosos, a que desempeñen su papel en la promoción de la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

Lo que hace falta es que este debate deje de ser puramente teórico. En cualquier caso, tanto los países como las organizaciones que prestan ayuda deben poder confiar en que su dinero se emplee eficazmente y para el fin al que está destinado. Un experto a quien consulté con respecto al informe Van den Berg me dijo anteayer que se trataba de un informe excelente y que esperaba que el Gobierno neerlandés lo aprobase sin ningún cambio. Creo que no podría hacer un cumplido mejor al señor Van den Berg.

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, el Banco Mundial estima que cada año se gastan mil millones de dólares estadounidenses en sobornos en todo el mundo. La Unión Africana calcula que la corrupción cuesta a la economía africana más del 25 % de su PIB al año.

Sin embargo, a la hora de debatir sobre la corrupción en los países en desarrollo, no deberíamos olvidar la vergonzosa práctica seguida hasta hace poco por países como los Estados Unidos, Dinamarca o Alemania, que permiten que las empresas utilicen sobornos y los contabilicen como gastos fiscalmente deducibles. Esta práctica también se utilizaba en los países de Europa Central y Oriental, incluida Polonia.

La corrupción constituye una grave amenaza para el desarrollo. A fin de comprender el problema y encontrar una solución efectiva, es esencial tomar medidas contundentes, como la creación de una lista negra que impediría a los bancos conceder fondos en forma de préstamos a Gobiernos corruptos o a sus representantes.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, anoche la palabra «corrupción» se mencionó varias veces durante nuestro debate sobre el Día Mundial de la Salud. Hoy estamos debatiendo su alcance y extensión. Felicito al ponente por este excelente informe.

Algunos diputados se han referido al problema global de la corrupción. Pienso que nos autoengañamos si decimos que es un problema que afecta solamente al mundo en desarrollo. Yo diría incluso que este ha aprendido del mundo desarrollado: para gran deshonra nuestra, les hemos enseñado algunos trucos. Por tanto, es nuestro deber para con ellos y con nosotros barrer nuestro propio patio. Estoy de acuerdo con mi colega, el señor Ryan, cuando dice que los bancos y las entidades financieras deben ser controlados en todo este proceso, ya que si no hubiera ningún lugar donde colocar el dinero, quizás no habría tanta corrupción.

Esta mañana he hablado con algunas agencias de ayuda que tienen una larga experiencia en este ámbito. Su principal mensaje es que debemos desarrollar capacidades dentro de los sistemas y servicios públicos del mundo en desarrollo y luego incorporarlo a todos nuestros programas de ayuda. También dijeron que se trata de un proceso a largo plazo y que no obtendremos resultados de la noche a la mañana. Pienso que gran parte de las medidas relativas a la corrupción deben tomarse en primer lugar dentro del mundo desarrollado, para quizás después contribuir a la erradicación de la corrupción en los países en desarrollo.

Hagamos lo que hagamos, no debemos penalizar a los que más necesitan nuestra ayuda, nuestro dinero y nuestro apoyo. Siempre tengo la sensación, cuando hablamos de hacer frente a la corrupción, de que una vez más serán ellos los que sufran. Esa es una parte del mensaje. Debemos incorporarlo a nuestros programas, pero a la vez garantizar que nuestra labor de ayuda se mantenga y llegue a la gente que la precisa y se alivie así su sufrimiento.

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señor Presidente, en su introducción, el señor Van den Berg, como han hecho también otros, se ha referido a las grandes sumas de dinero de las que estamos hablando. En este Parlamento debemos mostrarnos realistas en cuanto a nuestras posibilidades. El informe examina algunos aspectos en los que podemos marcar la diferencia. Quiero centrarme en la función de los Parlamentos.

El Parlamento Europeo ha establecido vínculos con Parlamentos de muchos países de todo el mundo, los países de los que estamos hablando. En ocasiones el problema son los Parlamentos. Lo acepto. Pero en otros casos, como ha señalado el orador anterior, los Parlamentos nacionales pueden verse excluidos; pueden verse obviados en el proceso mientras funcionarios corruptos se apoderan de la ayuda sin que intervenga el Gobierno. Por tanto, pienso que debemos apoyar en mayor medida a los Gobiernos elegidos democráticamente, ayudarles a reforzar los mecanismos de reparto de la ayuda en sus países y garantizar que el dinero donado se utilice ampliamente.

El señor Ryan se ha referido a un punto muy interesante del informe: está demostrado que la corrupción decrece a medida que aumenta el número de escaños parlamentarios ocupado por mujeres. Podemos fomentar ese fenómeno. En las democracias podemos hacer más por que un número cada vez mayor de mujeres salgan elegidas. Me he sentido muy orgulloso de formar parte de la delegación del Parlamento Europeo en Afganistán para apoyar sus primeras elecciones parlamentarias. Allí vimos cómo mujeres votaban a otras mujeres. Cuanto más hagamos por ayudar a las mujeres y contribuir al desarrollo de los Parlamentos, mejor.

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (ET) La corrupción es el producto derivado de un sistema de gobierno débil, pero también se deriva de la ausencia de valores categóricos. Por lo tanto, tiene una gran importancia práctica que una sociedad pueda contar con un marco ético y con buenas prácticas para resolver este problema.

Los principios morales débiles facilitan las transacciones en beneficio propio y su ocultación. Los que proporcionan ayuda se ven tentados a creer que su dinero se utiliza para el fin correcto. Los que reciben la ayuda consiguen a menudo hacernos creer que es así. La corrupción que acompaña a la concesión de ayuda es especialmente grave porque la gente que realmente vive en la miseria sufre por partida doble. No solo pierden la ayuda material que podrían haber recibido, sino que también les roban la esperanza de mejorar sus vidas y la esperanza de solidaridad.

Por lo tanto, tenemos la obligación de denunciar sistemáticamente la corrupción y sobre todo impedirla, junto con la credulidad que la acompaña. En opinión del Tribunal de Cuentas, los programas de ayuda de la Comisión Europea no tienen suficientemente en cuenta los riesgos de la corrupción.

Quiero poner dos ejemplos. En primer lugar, la ayuda de la Unión Europea a la Autoridad Palestina. Actualmente debemos admitir que uno de los principales motivos por los que el movimiento extremista Hamás llegó al poder fue la corrupción profundamente arraigada del anterior Gobierno. En segundo lugar, la Comisión envía ayuda humanitaria a Chechenia. ¿Qué se ha hecho para determinar si estos fondos llegan realmente a los habitantes locales que sufren la corrupción oficial?

Finalmente, quisiera destacar varios puntos importantes de este excelente informe. Los Estados miembros deben ratificar el convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la ayuda presupuestaria solo debe concederse a los Gobiernos que se esfuercen claramente por mejorar la administración de las finanzas públicas. Me complace que el representante respalde esta idea. Determinado porcentaje de la ayuda otorgada debería asignarse al apoyo a organizaciones que supervisan la sociedad civil.

Por último, el principal problema, que es presionar a los países que albergan centros financieros que congelen y repatríen los fondos ilegales depositados en ellos por gobernantes corruptos. Es un planteamiento muy difícil, pero su aplicación es una piedra de toque que demostrará si somos o no serios en la prevención de la corrupción.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, la lucha contra la corrupción es de hecho una lucha por la paz y la democracia, una lucha contra la pobreza y una lucha por consolidar la sociedad civil en los países en desarrollo; las relaciones entre la democracia y el desarrollo económico en los países en desarrollo han demostrado que es así y Amartya Sen, importante intelectual y ganador del premio Nobel de ciencias económicas, lo ha confirmado en su trabajo mejor que nadie.

Es realmente sorprendente que, a menudo tanto en la comunidad internacional como en la Unión Europea, la cuestión de la lucha contra la corrupción haya sido un tabú. Esto se debe a que la conveniencia política, el interés de los Estados miembros por ejercer su influencia y las relaciones con clientes internacionales eran más importantes.

La evaluación de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio indica que es un fracaso. Sin embargo, nadie ha mencionado el papel que ha desempeñado la corrupción en este fracaso. Creo que la comunidad internacional debería establecer un nuevo objetivo de desarrollo: la gobernanza democrática y la lucha contra la corrupción.

Para concluir, quisiera añadir que la Unión Europea, y sobre todo la Comisión Europea, deben establecer estrictos mecanismos de condicionalidad en la nueva estrategia de desarrollo formulada para África. La Unión Europea necesita colaborar con las Naciones Unidas, las organizaciones financieras internacionales y con organizaciones no gubernamentales, de forma que podamos luchar conjuntamente contra este fenómeno, poniendo el acento en la consolidación de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial, cada año se gastan mil millones de dólares estadounidenses en sobornos. Imagínese cuántas iniciativas excelentes podrían financiarse con esa cantidad de dinero. Cada año podrían gastarse mil millones de dólares estadounidenses y emplearse para ayudar a aquellas personas que realmente necesitan ayuda.

La corrupción limita el acceso de los pobres a los bienes. Reduce la eficacia de los servicios públicos y, sobre todo, hace que los ciudadanos pierdan la confianza en los centros de poder. La Unión Europea, como principal donante de ayuda a los países en desarrollo, debería desempeñar un papel especialmente activo para garantizar la transparencia de los programas de ayuda financiados con cargo al presupuesto comunitario.

Por lo tanto, no basta con crear una «lista negra» internacional de Gobiernos corruptos. Políticos, funcionarios, ONG, corporaciones internacionales y medios de comunicación deberían implicarse en la lucha contra la corrupción. Solamente si se coordinan las actividades de los donantes internacionales podrá gastarse esta ayuda con mayor eficacia, impidiendo así el mal uso o la apropiación de dinero destinado a la ayuda por parte de funcionarios corruptos.

Por este motivo es tan importante y oportuno el informe elaborado por el señor Van den Berg. Quisiera felicitarle por un texto excelente.

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción el debate que hemos tenido hoy en esta Cámara. Pienso que es importante subrayar que el problema del fraude nunca puede considerarse resuelto. Se requiere una vigilancia constante en todos los niveles y en todas las circunstancias en el terreno de alto riesgo de las acciones exteriores. Estas acciones se llevan a cabo en Estados cuyos Gobiernos son débiles, donde faltan poderes y capacidades en la sociedad civil que puedan servir de contrapeso.

Puesto que la corrupción no puede separarse del programa de gobernanza, el enfoque de la Comisión en lo que respecta a su prevención y eliminación tiene dos vertientes. Consiste, por una parte, en incorporar la gobernanza a todos los programas y proyectos financiados por la UE y, por otra, en la ejecución de intervenciones específicas de cada programa.

Los documentos estratégicos de cada país y los programas indicativos nacionales entre la Unión Europea y los países beneficiarios incluyen en general intervenciones específicas en los ámbitos de la legislación, democratización, reforma de la administración pública, gestión de las finanzas públicas y refuerzo de la sociedad civil.

Comentaré ahora brevemente algunos de los temas que se han planteado hoy. En lo que se refiere a las empresas, debemos garantizar que estas no se beneficien de la corrupción. Debemos actuar lo mejor que podamos. Podemos excluir empresas de nuestras licitaciones si se ha demostrado que son culpables de fraude o corrupción. También podemos suspender un proyecto financiado si descubrimos fraude o corrupción en alguna de sus fases. Hicimos uso de esta opción en una ocasión con un proyecto en Zimbabue.

En lo que respecta al apoyo a los Parlamentos nacionales, la Comisión considera que el refuerzo de la función supervisora de estos es un instrumento importante para tratar de mejorar la eficacia y los resultados globales de nuestro esfuerzo por el desarrollo en esos países. Por ejemplo, a través del FED y de la línea presupuestaria para el África Meridional se han reforzado las capacidades de los Parlamentos nacionales de unos 11 países ACP hasta alcanzar una cantidad de 35 millones de euros desde el año 2000.

En lo que concierne a los órganos de control, es cierto que trabajamos con organizaciones del sector privado. Estaríamos aún peor si no tuviéramos a estos órganos de control.

Varios diputados han planteado el tema de la transparencia, que es un asunto clave. Es la razón por la que apoyamos varios programas en el ámbito de las funciones de supervisión presupuestaria. El fomento de la eficacia y la transparencia de las políticas presupuestarias y del gasto público está en el corazón de nuestros programas de apoyo presupuestario.

Por último, mediante un diálogo permanente con los Gobiernos asociados y las diversas regiones, la Comisión alienta a las instituciones a participar de la manera más amplia posible y en todos los niveles, en particular en el ámbito parlamentario. He tomado nota de la opinión sobre la influencia positiva de la participación de las mujeres.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en breve, a las 12.00 horas.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, observo que hoy hemos terminado 20 minutos antes. Quizás me permita sugerir que en el futuro el Presidente disponga de la opción, si se termina tan temprano, de continuar el debate sobre la base de solicitudes incidentales de intervención, para hacer así un uso más eficiente del tiempo de que dispone el Parlamento.

  El Presidente. – Con mucho gusto transmitiré la sugerencia que acaba usted de hacer. Sin duda puede ser una forma razonable de utilizar nuestro tiempo de trabajo.

(La sesión, interrumpida a las 11.40 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FRIEDRICH
Vicepresidente

6. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: cf. Acta)

6.1. Régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores (Suiza y Liechtenstein) (votación)

6.2. Régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores (nuevos Estados miembros) (votación)

6.3. Medidas excepcionales de apoyo del mercado (sector avícola) (votación)

6.4. Gases fluorados de efecto invernadero (votación)

– Antes de la votación:

  Avril Doyle (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, ayer, a la luz de una declaración unilateral presentada formalmente por la Comisión durante el debate de la sesión plenaria del martes por la noche sobre la regulación de algunos gases fluorados, cuyo texto no se introdujo durante la conciliación, contradiciendo así el espíritu del acuerdo de conciliación y haciendo gala de una gran falta de respeto y consideración hacia el deseo explícito del Parlamento y del Consejo, ayer, por tanto, solicité que se pospusiera la votación sobre los dos informes relativos a los gases fluorados, al menos hasta hoy, para tener tiempo a fin de estudiar con los colegas de todos los Grupos políticos las graves implicaciones para nosotros los legisladores de lo que consideramos ha sido un abuso del Parlamento debido a una batalla interna entre dos Direcciones Generales de la Comisión.

Esta Cámara respeta plenamente la función de la Comisión como guardiana de los Tratados y su capacidad de iniciativa legislativa y no hace falta reiterarlo constantemente. De la misma manera, nosotros los legisladores exigimos pleno respeto de nuestra función por parte de todos los servicios y departamentos de la Comisión.

Las horas dedicadas a debatir sobre la necesidad de legislar mejor y mejorar las relaciones entre la Comisión y el Parlamento Europeo no sirven de nada si la Comisión y sus representantes no las tienen en cuenta en esta Cámara.

(Aplausos)

Quisiera que constara en acta una carta dirigida al Presidente Barroso, escrita ayer por el profesor Trakatellis, Presidente del Comité de Conciliación, y por mí en mi calidad de ponente.

«Por la presente expresamos nuestra decepción con respecto al contenido de la declaración sobre el texto definitivo del Reglamento relativo a los gases fluorados, realizada unilateralmente por la Comisión en el transcurso de la sesión plenaria del 4 de abril de 2006.

Como usted sabe, el Reglamento constituye un paso importante hacia la consecución de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto y de acuerdo con el Programa de Acción Europeo sobre el Cambio Climático. Tememos que la declaración de la Comisión sea un intento de comprometer el difícil acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo con el apoyo de la Comisión.

El 31 de enero, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo mostraron una clara voluntad de encontrar una solución política al problema de las medidas nacionales que ya habían aprobado algunos Estados miembros a fin de reducir las emisiones de gases fluorados. La declaración tuvo lugar en el último momento y no puede considerarse un paso positivo en el proceso de aprobación de la legislación comunitaria. Esperamos sinceramente que la Comisión piense cuidadosamente sus próximos pasos, no solo desde un punto de vista puramente jurídico, sino también de acuerdo con el espíritu del acuerdo alcanzado en la Conciliación.»

La carta está firmada por mi colega el profesor Trakatellis y por mí.

Anoche, el Comisario Verheugen, Comisario de Empresa e Industria y Vicepresidente de la Comisión, me garantizó personalmente –y le cito con su permiso– lo siguiente: «Si el nuevo Reglamento entra en vigor, propondré a la Comisión que retire los procedimientos de infracción contra Austria y Dinamarca.»

(Aplausos)

De buena fe pido al Comisario Kyprianou, que está hoy aquí para representar a la Comisión, que conteste en nombre de la Comisión a las serias preocupaciones generadas por el texto de la declaración del martes por la noche.

(Aplausos)

  El Presidente. Como pueden ver, Señorías, esta es una cuestión importante. Ahora estamos esperando una declaración de la Comisión –es decir, del Comisario Kyprianou– y entonces podremos decidir cómo proceder.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, tomo nota de los asuntos planteados por la señora Doyle. En nombre de la Comisión, quiero tranquilizar a la Cámara diciendo que la Comisión está evaluando los procedimientos de infracción pendientes con respecto al uso de los gases fluorados en Dinamarca y Austria, de acuerdo con el espíritu del acuerdo final alcanzado durante la conciliación. Esta votación puede por tanto celebrarse hoy.

  El Presidente. Como veo que la ponente está satisfecha con las declaraciones de los Comisarios Verheugen y Kyprianou, podemos proceder a la votación.

6.5. Emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor (votación)

6.6. Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo como consecuencia de una reclamación contra las Escuelas Europeas (votación)

6.7. Situación de los campos de refugiados en Malta (votación)

6.8. Elecciones en Belarús (votación)

– Antes de la votación:

  El Presidente. Ahora pasamos a las elecciones en Belarús o la Rusia Blanca. Con el permiso de la Asamblea, quisiera brindar una cálida acogida al candidato que participó en estas elecciones y luchó por la democracia en este país, el señor Milinkevich, que se encuentra en la tribuna. Sea usted bienvenido.

(Los diputados a la Cámara acogen al candidato presidencial belaruso con una gran ovación prolongada)

Como puede ver, señor Milinkevich, todos nosotros, de cualquier partido, queremos que haya democracia en nuestra vecina Belarús. Le deseamos todo lo mejor en su país.

6.9. Elecciones en Ucrania (votación)

– Antes de la votación sobre el apartado 8:

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) El martes por la noche, todos los Grupos políticos acordaron cambiar la palabra «integración» del apartado 8 por «perspectiva», para que concuerde con el informe sobre la Política Europea de Vecindad, del que fui ponente, y con el informe del señor Brok sobre la ampliación. Por alguna razón misteriosa, los servicios de la sesión tomaron la iniciativa, quizás sin darse cuenta de la sensibilidad de la cuestión, de poner en su lugar la palabra «aspiraciones», sin consultar a los Grupos políticos. ¿Podemos modificar el texto conjunto para que aparezca la palabra acordada, «perspectiva»?

(Aplausos)

(Se aprueba la enmienda oral)

– Después de la votación final:

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, seré muy breve. Acabamos de votar resoluciones sobre las elecciones en Belarús y en Ucrania. Creo que este Parlamento debería inscribir en su orden del día una resolución sobre las elecciones presidenciales en Francia. En efecto, las últimas elecciones de 2002 dieron lugar a presiones sobre la opinión y manifestaciones violentas.

(El Presidente interrumpe al orador)

6.10. Día Mundial de la Salud (votación)

6.11. Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2005 (votación)

6.12. Eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo (votación)

  El Presidente. Con esto concluye la votación.

7. Explicaciones de voto

Informe Cashman (A6-0060/2006)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Conforme a la normativa vigente, los permisos de residencia emitidos por Suiza y Liechtenstein no pueden reconocerse a efectos de tránsito o de una corta estancia en el espacio de Schengen.

Esto significa que los nacionales de terceros países obligados a tener un visado para entrar en el territorio de Schengen, aunque cuenten con dicho permiso de residencia, deben solicitar un visado.

Dada la movilidad estacional de los trabajadores migrantes y sus familias, especialmente en períodos de vacaciones –aproximadamente medio millón de personas de Suiza en 2003–, los consulados de determinados Estados miembros se encuentra desbordados, al tiempo que estas personas se enfrentan a interminables esperas y onerosas formalidades.

Por lo tanto, respaldo en primer lugar la creación de un régimen simplificado para el tránsito de estas personas, ya que no constituyen ningún riesgo de inmigración ilegal ni una amenaza para la seguridad, ya que se sometieron al control de las autoridades de Suiza y Liechtenstein cuando se autorizaron los permisos de residencia. También lo respaldo basándome en la reciprocidad, ya que desde 2000 existe una exención similar por parte de estos países para los titulares de permisos de residencia emitidos por los Estados miembros de la UE.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Con esta explicación de voto quisiera manifestar mi respaldo a esta propuesta, que creo que permite introducir una mejora sustancial en este proceso. La consecuencia de la situación actual es que existe una enorme cantidad de trabajo por hacer por parte de los consulados de los Estados miembros en Suiza y Liechtenstein y que los nacionales de terceros países incurren en gastos. Se trata de una situación insatisfactoria que es preciso cambiar.

A la hora de emitir permisos de residencia, tanto Suiza como Liechtenstein realizan las mismas comprobaciones y consultas, además de prestar especial atención a la seguridad. Asimismo quisiera señalar que tanto Suiza como Liechtenstein aplican en cada caso los mismos niveles de seguridad con criterios de alta calidad que los demás Estados, que pertenecen a la UE.

Para mi es importante que esta explicación de voto respalde a Suiza y a aquellos que trabajan por su incorporación a la Unión Europea. En caso de que este país se incorpore a la UE, cosa que yo acogería con sumo agrado, dado que Suiza es sinónimo de alta calidad y se distingue, entre otras cosas, por una política de transporte que muchos Estados miembros deberían tomar como ejemplo de cómo deben hacerse las cosas.

Medidas excepcionales de apoyo del mercado (sector avícola)

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Observamos que los países que tienen una legislación sólida en materia protección de los animales a fin de garantizar el bienestar de los mismos, reducir el riesgo de propagación de infecciones y, por tanto, reducir también el riesgo de daños para la salud de los ciudadanos, no han sufrido una caída de las ventas de carne de pollo.

Por tanto, hacemos hincapié en la necesidad de fortalecer la protección de los animales y la seguridad alimentaria, de modo que los productores de alimentos puedan ganarse legítimamente la confianza de los consumidores. Por ello, la UE debería tomar medidas para conseguir que esto suceda.

Pero lo que no deseamos, en esta situación de emergencia, es que por miedo a verse afectados económicamente, los criadores oculten la infección o agraven de alguna otra manera el riesgo de que esta se propague. En estas circunstancias estamos por tanto a favor de permitir el pago de una compensación económica a los criadores afectados.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos sentimos decepcionados por el rechazo de nuestras propuestas, que abogaban por fijar en el 100 % toda la financiación comunitaria destinada a la compensación de medidas de mercado, como fue el caso con la fiebre aftosa y la encefalopatía espongiforme bovina, dada la gravedad de la situación socioeconómica en algunos países y la dificultad de garantizar la cofinanciación.

De todas formas, hemos votado a favor de las enmiendas, ya que proponen apoyar a los productores y, aunque proponen el una cofinanciación comunitaria del 50 % para las restricciones de la libre circulación que pudieran derivarse de la aplicación de medidas encaminadas a luchar contra la propagación de epizootias, proponen el 100 % de financiación comunitaria para las alteraciones graves del mercado relacionadas directamente con la pérdida de confianza del consumidor debido a riesgos para la salud pública o animal.

En consecuencia, se ha mantenido una parte fundamental de lo que proponíamos, por lo que esperamos que la Comisión y el Consejo respalden la decisión del Parlamento.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Votamos en contra de las enmiendas del Parlamento Europeo. Opinamos que es demasiado pronto para adoptar una postura sobre la gravedad del efecto que tendría una pandemia de gripe aviar en el sector avícola. Es típico de este Parlamento que tan pronto sucede algo inesperado se formulan peticiones de ayuda financiera con vistas a mantener las existencias, a pagar compensaciones financieras por la destrucción de alimentos y la financiación de campañas informativas destinadas a recuperar la confianza de los consumidores. No vemos motivo en estos momentos para satisfacer estas exigencias.

¿Durante cuánto tiempo debemos permitir que se mantenga la economía planificada en el sector alimentario? Los consumidores no pueden quedarse sin comer y, si no pueden comer carne de ave, otros productores de alimentos sacarán provecho. Consideramos que el mercado puede ajustarse perfectamente a la situación actual. El sector avícola tendrá menos motivos para tomar medidas preventivas si reciben promesas de compensación por adelantado.

Informe Doyle (A6-0087/2006)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en nombre de la delegación del Partido Popular austriaco quisiera dar una explicación de voto en relación con el informe Doyle. El apoyo de la delegación austriaca al informe está sujeto expresamente a la condición señalada por la señora Doyle sobre la base de la declaración del Comisario Kyprianou. Denunciamos enérgicamente la declaración unilateral efectuada por la Comisión una vez alcanzado el compromiso entre el Consejo y el Parlamento. A la luz de las declaraciones realizadas hoy suponemos que en virtud de la nueva legislación se suspenderán los procedimientos de infracción contra Dinamarca y Austria.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, sobre el informe Doyle diré que es muy importante para todos nosotros cumplir los objetivos de Kyoto.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Doyle sobre el texto conjunto del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinados gases fluorados de efecto invernadero, porque establece un marco legislativo para tales gases con niveles de emisión elevados, algunos de los cuales son más nocivos que el CO2 y pueden permanecer en la atmósfera durante 50 000 años.

Para cumplir los objetivos de Kyoto y proteger el medio ambiente, este Reglamento garantizará el reciclado, la regeneración o destrucción de aparatos que utilizan gases fluorados y una información más completa a los consumidores europeos sobre el potencial de calentamiento planetario de dichos gases.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación es sumamente satisfactorio y comporta mejoras notables en lo que respecta a las emisiones de gases a la atmósfera.

El doble fundamento jurídico previsto es pertinente para este tipo de reglamento, ya que permite que algunos Estados miembros mantengan una legislación ambiental más estricta sin alterar el equilibrio del mercado interior en Europa. La contención de las emisiones y fugas me parece la mejor manera de cumplir el objetivo de reducir las emisiones de gases fluorados a la atmósfera.

La obligación de notificar cada año a la Comisión la certificación del personal responsable y la política de recuperación para el reciclado o de recuperación de equipos son medidas que acojo con agrado.

Por todo ello, apoyo la decisión tomada por el Comité de Conciliación.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. (DE) En nombre de la delegación del SPÖ y en mi condición de representante suyo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, manifiesto que Austria y Dinamarca han establecido la prohibición general de utilizar gases fluorados de efecto invernadero. Esta legislación debe garantizar la posibilidad de establecer normas más estrictas.

El proyecto presentado por el Comité de Conciliación establece que los Estados miembros pueden mantener requisitos nacionales más estrictos hasta finales del año 2012. Este paso es posible en virtud del apartado 10 del artículo 95 del Tratado y garantiza que Austria y Dinamarca puedan mantener temporalmente sus medidas más estrictas. Significa asimismo que no es necesario presentar las pruebas científicas contempladas en el apartado 4 del artículo 94. Hay que rechazar toda interpretación restrictiva de la cláusula de salvaguardia, ya que bajo ningún concepto se debe mermar el poder discrecional de los Estados miembros.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. En el mes de enero abrió en Cork una nueva instalación de reciclado. Me pasé por allí el sábado por la noche y comprobé que en menos de 10 semanas ya se habían acumulado un número impresionante de frigoríficos. En cada población de la UE, se están oxidando montañas de viejos frigoríficos y, en los climas más cálidos, de aparatos de aire acondicionado.

Hace tiempo ya que precisamos una legislación terminante sobre los gases fluorados para rectificar los errores del pasado y proteger nuestro clima en el futuro. Felicito a todas las partes que han intervenido en el proceso que ha llevado al acuerdo de proteger las legislaciones más estrictas de países como Dinamarca, así como en las cuestiones de etiquetado. Si bien tomo nota de que la Comisión tenía segundas intenciones, opino que debemos cogerle la palabra. Espero con impaciencia el día en que la Unión Europea cumpla sus obligaciones con respecto al Protocolo de Kyoto en materia de gases fluorados.

Informe Doyle (A6-0090/2006)

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación es satisfactorio y ofrece mejoras notables con respecto a las emisiones de gases a la atmósfera.

La restricción del uso de HFC-134a y otros gases de fuerte efecto invernadero en los vehículos nuevos que se comercialicen a partir de 2011 y su extensión a todos los vehículos a partir de 2017 son medidas que provocarán una reducción significativa de las emisiones.

Puesto que las alternativas a este gas están aún en fase de desarrollo, el permiso para utilizar HFC-152a es pertinente a condición de que esto forme parte de una eliminación gradual.

Por todo ello, apoyo la decisión tomada por el Comité de Conciliación.

Situación de los campos de refugiados en Malta (B6-0241/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, nos sentimos anonadados por las informaciones sobre tragedias sufridas por refugiados y por los testimonios de las víctimas de bandas de traficantes sin escrúpulos. Numerosas personas no tienen nada que perder más que la propia vida, que muchas de ellas pierden en el camino hacia Europa, que para ellas es una tierra de promisión. Incluso si llegan a su destino, están obligadas a trabajar sin descanso –para pagar las deudas a los traficantes– en condiciones intolerables y, entre otras cosas, dedicándose a la prostitución. La única forma de romper este círculo vicioso pasa por una política común de inmigración que sea restrictiva.

Para ello, evidentemente seguimos necesitando campos de refugiados fuera de Europa, ya que los de dentro están a menudo abarrotados, con graves problemas de violencia entre los ocupantes de los mismos, provenientes de distintas culturas. Por estos motivos, entre otros, y también para que los refugiados no tengan la ilusión de que pueden entrar en la UE de forma ilegal, he votado en contra de esta resolución.

  Romano Maria La Russa (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, sin duda es positivo que el Parlamento se haya expresado su veredicto sobre el tema de los centros de inmigración de Malta y además unos pocos días después de la visita de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que pude participar como delegado.

La resolución adoptada, fruto de la valiosa contribución de todos los Grupos, expone la gravedad de la situación de los refugiados, que viven en condiciones inhumanas y casi sin servicios sanitarios básicos y de atención personal. La resolución, sin embargo, da a entender claramente que Europa tiene una gran responsabilidad en lo que se sucede en Malta. Ni que decir tiene que las visitas de la delegación a los centros de acogida de toda Europa no tienen por objeto clasificar los centros en buenos o malos. Pero la situación de Malta, aunque no sea comparable ni de lejos con la de Lampedusa por lo que respecta a las condiciones de vida de los ocupantes, recuerda en cambio a la de la isla italiana por sus dimensiones y su capacidad de acogida.

Por tanto, hay que urgir al Consejo a que adopte una posición clara y enérgica, para que –en línea, por supuesto, con el principio de solidaridad– se llegue lo antes posible a una política de inmigración común y equitativa, que impida que los costes de estas oleadas de inmigrantes clandestinos graven solamente los presupuestos de unos pocos Estados en la periferia de la Europa meridional, que no están en absoluto en condiciones de sostenerse financieramente.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio se opone a una política europea común en materia de asilo y refugiados. Por tanto, no creemos que se trate de un asunto que deba tratar el Parlamento Europeo. Consideramos que los propios Estados miembros deben tener la libertad de decidir sobre sus políticas de inmigración y asilo, siempre que estén de acuerdo con el Derecho internacional vigente. No deben violar los derechos humanos.

Defendemos una política humana con respecto a los refugiados y nos oponemos a que los solicitantes de asilo se envíen a campos de detención.

Votamos en contra de la resolución en su totalidad.

Elecciones en Belarús (B6-0234/2006)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) El debate en el Pleno en presencia de Alexander Milinkevich ha puesto de manifiesto la solidaridad del Parlamento Europeo con el pueblo de Belarús en su lucha contra el totalitarismo y a favor de la libertad y un nuevo futuro. En su resolución, el Parlamento Europeo declara sin ambigüedades que las elecciones presidenciales han sido manipuladas. Suena la alarma sobre la represión armada del dictador de una manifestación pacífica de ciudadanos de Belarús. Estas personas han dejado de tener miedo, incluso aunque no saben lo que les espera.

La atención del Parlamento Europeo se centra en los líderes de la oposición arrestados, cuya liberación inmediata exigimos. La resolución reconoce el inmenso entusiasmo de los jóvenes, quienes han sido expulsados de las universidades. Son estos jóvenes los que necesitan ayuda, ya que ellos forjarán el futuro del país. Eslovaquia ya se ha unido a los países que han prometido ayudar a estos estudiantes, quienes ahora podrán completar sus estudios en Eslovaquia. Al votar a favor de esta resolución, mi deseo también era llamar la atención sobre la necesidad de nuevas elecciones en Belarús lo más pronto posible. Aunque Lukashenko ha ganado las elecciones amañando los votos, no ha derrotado a sus oponentes. El aislamiento de Lukashenko como persona propiciará su derrota.

En conclusión, manifiesto mi convicción de que se tendrá en cuenta la solicitud que he realizado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo –que encendamos una vela a las 16 horas del día 16 de cada mes para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Belarús–, y que todos lo harán con mucho gusto. Creo que la llama de la solidaridad nunca se apagará en el Parlamento Europeo.

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señor Presidente, el punto 2 de la resolución nos ha obligado a votar sobre dos cuestiones separadas. No he tenido problemas en aprobar y apoyar la primera, pero la segunda me ha parecido problemática, por lo que me he abstenido.

En mi opinión, las elecciones de Belarús no fueron libres, pero no se falsificaron los resultados. Por otro lado, las elecciones presidenciales estadounidenses que precedieron a las más recientes –es decir, las penúltimas– fueron libres, pero en ese caso se falsificaron los resultados. El Parlamento no adoptó ninguna postura al respecto. Espero que el Parlamento tome también una posición acerca de las elecciones presidenciales en los países productores de petróleo –Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán–, así como en otros países que no son libres y en donde se han falsificado los resultados.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) Ucrania hizo la Revolución Naranja y la vida sigue siendo gris. Moscú hizo la revolución Blanca y el balance está ahí: hundimiento de la esperanza de vida en 10 años, descenso de la población, delincuencia, destrucción de los sistemas sanitarios y pillaje de los bienes nacionales en beneficio de los oligarcas. Un esfuerzo más y los crímenes del liberalismo igualarán a los crímenes del comunismo.

No debemos privar a Belarús de todas las venturas generadas por el mercado. También los belarusos tienen derecho a la libertad de la oligarquía mediático-militar-política, con su séquito de desempleo, eutanasia pasiva de la cuarta edad, envilecimiento cultural, estancamiento económico, individualismo salvaje y aislamiento social.

Se comprende que el Parlamento Europeo esté encantado con la democracia político-mediática de los magnates Berlusconi, Bouygues, Lagardère o Murdoch. También Belarús tiene derecho a la miseria liberal de las naciones y a la democracia degenerada dirigida por los medios de comunicación.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) He representado a mi Grupo en las negociaciones sobre la resolución común relativa a Belarús. Al final, no se ha aceptado mi consejo de firmar conjuntamente esta resolución y, en mi opinión, la redacción de algunos pasajes de la misma tampoco es la ideal.

A pesar de esto, lo esencial sigue siendo que el mundo exterior no reconozca la reelección del Presidente Lukashenko, a la que se llegó mediante la intimidación y el engaño; que los movimientos y las publicaciones de la oposición merecen apoyo externo y que los estudiantes huidos del país deben tener la opción de estudiar en su propia lengua. He mantenido esta postura en esta Cámara con anterioridad, y fuera de ella en las manifestaciones. Por desgracia, mi Grupo parece incapaz de dar su respaldo unánime a una resolución en este sentido. Quienes se oponen a ella probablemente tienen razón por el momento cuando afirman que los trabajadores y los pensionistas de Belarús disfrutan de un mayor nivel de seguridad social que sus equivalentes en cualquiera de las antiguas repúblicas soviéticas. Sin embargo, esto solo puede ser así durante el tiempo que Rusia considere que puede absorber a dicho país suministrándole petróleo barato. Esta seguridad social no justifica dictaduras ni fraudes electorales. Mi partido, el Partido Socialista, detesta la dictadura. El socialismo solo tiene futuro como movimiento democrático, en abierta rivalidad con otras opiniones y bajo ningún concepto como una dictadura. Mantengo mi apoyo a la resolución.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El KKE vota en contra de la propuesta de resolución conjunta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Belarús.

Se trata de una intervención descarada en los asuntos internos de un país independiente, viola todos los conceptos del Derecho internacional y equivale a una declaración de guerra a las personas que se alzan contra la barbarie imperialista.

El Parlamento Europeo, elegido por el 30 % de los ciudadanos de la UE, pretende dar lecciones de democracia a un pueblo que ha participado en las elecciones en un 93 % y elegido al Presidente con el 80 % de los votos. El Consejo Europeo prohíbe la entrada al Presidente electo Lukashenko, el Parlamento Europeo protege y financia generosamente al señor Milinkevich, quien afirma que él representa al pueblo, a pesar de que la cantidad de dinero que recibió, alcanzó un «sorprendente» 6% en las elecciones y movilizó a 2 000 «manifestantes» pagados en las «impresionantes manifestaciones».

Las reacciones furiosas de los representantes políticos del imperialismo son comprensibles, puesto que la abundante financiación y las numerosas intervenciones no han bastado para generar una revolución «naranja», «rosa» o «verde y amarilla». Tras la orgullosa respuesta del pueblo de Belarús, están intentando aislar el país y a sus ciudadanos por medio del terrorismo, difamaciones y sanciones de tipo fascista.

Los trabajadores y el movimiento popular han de condenar los planes imperialistas y permanecer unidos en su lucha y en torno a su derecho a decidir su futuro y elegir su propio destino.

  Jonas Sjöstedt y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (SV) La delegación del Partido de Izquierda en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica repudia enérgicamente el régimen de Lukashenko y sus delitos contrarios los derechos democráticos y humanos.

Creemos que las elecciones presidenciales en Belarús incumplieron algunos principios fundamentales que sustentan unas elecciones justas y democráticas. Por este motivo votamos a favor de la resolución.

Esto no significa que estamos de acuerdo con todos sus pasajes. A pesar de ello, nos parece esencial protestar contra las violaciones de los derechos humanos y democráticos en Belarús.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, la situación en Belarús empeora de día en día y debemos seguir con atención el curso de los acontecimientos. Si bien todo país tiene el derecho soberano de gobernarse como mejor le parezca, esto presupone que exista una sociedad justa y libre, y ese no es sin duda el caso de Belarús. Conviene que expresemos hoy nuestra preocupación y nuestro apoyo sostenido a la democracia y al diálogo en Belarús y debemos sopesar la posibilidad de tomar medidas más contundentes en el futuro si prosigue la represión.

Elecciones en Ucrania (B6-0235/2006)

  Zita Pleštinská (PPE-DE) – (SK) Las elecciones parlamentarias en Ucrania han sentado un hito importante tras la consolidación que comenzó con la Revolución Naranja. Durante los elecciones, los ucranios han demostrado que aman la libertad que conquistaron tomando las calles. Han confirmado su deseo de formar parte de la Unión Europea, compartiendo sus criterios y principios fundamentales. Es digno de elogio que el Parlamento Europeo no se haya limitado a apoyar simplemente la Revolución Naranja sino que además haya supervisado constantemente los avances en Ucrania a través de sus observadores.

La democracia parlamentaria no se debe dar por sentada. Se debe establecer gradualmente y debe someterse a un seguimiento. Como vecina directa, Eslovaquia tiene un interés particular en el éxito de Ucrania. Eslovaquia ayudará a Ucrania a llegar adonde está su lugar, es decir, entre los Estados miembros de la UE. Por supuesto, esto no sucederá de la noche a la mañana, por lo que la Unión Europea debe ofrecer una forma de asociación que desarrollaría las expectativas europeas de Ucrania. La resolución conjunta demuestra la madurez política del Parlamento Europeo, que es capaz de alcanzar un acuerdo político sobre la base de un amplio consenso, además de enviar una señal clara al pueblo ucranio. Por este motivo he votado a favor de la resolución.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Votaré a favor de esta resolución El día de San Esteban de 2004 me encontraba en Kiev en calidad de observador del Parlamento para las elecciones presidenciales que vieron el triunfo arrasador de la Revolución Naranja. Pero sus promesas no se han cumplido como es debido, ya que los antiguos aliados se pelean y la corrupción se encuentra entre aquellos que prometieron acabar con ella. No me queda más que esperar que estas nuevas elecciones enseñen a todos los políticos de Ucrania las lecciones necesarias para que este país pueda unirse a las naciones democráticas en su avance en asociación.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Desdeña de modo insultante y no reconoce los resultados de las elecciones en Belarús, pero considera «democráticas» las elecciones en Ucrania, que se han celebrado en un ambiente de violencia y faslificación, específicamente contra el partido comunista de Ucrania. Los «observadores internacionales» y los representantes de la UE y el imperialismo no vieron los asesinatos de dos dirigentes del partido comunista, los ataques a sus oficinas, la supresión de 200 000 votantes en la región de Lugansk que no votaron y las falsificaciones en Crimea.

Evidentemente, esto no se produjo porque los informes sobre la «validez y democracia de las elecciones» se elaboraron antes de las elecciones. La UE y el Parlamento Europeo consideran democráticos los países sometidos al imperialismo y a Gobiernos ocupantes, como Iraq y Afganistán, así como a las fuerzas políticas que venden los intereses de sus trabajadores y países al capital. Por eso acogen con agrado los resultados de Ucrania, por mucho que su representante elegido saliera perdiendo.

La «operación democracia» promovida por los Estados Unidos y la UE a través de sus organizaciones transnacionales e internacionales supone básicamente la imposición del capitalismo y la adhesión de los países al carro imperialista.

Las fuerzas políticas que apoyan, consienten y toleran esta política son cómplices y responsables conjuntamente ante el pueblo.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, la Revolución Naranja fue un tiempo de grandes esperanzas, pero está claro que la transición hacia una democracia eficiente sigue siendo difícil para Ucrania. Nosotros, en esta Cámara, debemos hacer lo que nos corresponde, como hicimos durante la Revolución Naranja, y por ello debemos seguir apoyando a las fuerzas del progreso y la democracia en Ucrania. La Unión Europea ocupa un lugar ideal para desempeñar el papel de agente honesto, consejero e incluso amigo de los ucranios. Debemos seguir comprometidos con este proceso y me alegra apoyar hoy esta resolución.

Día Mundial de la Salud (B6-0228/2006)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Esta resolución plantea el gravísimo problema del pillaje de las elites formadas del tercer mundo por los países desarrollados, en especial en el sector médico.

En efecto, se está produciendo una situación totalmente aberrante. En mi país, Francia, una anticipación insuficiente de las necesidades sanitarias de una población que envejece, unas perspectivas de carrera mediocres y la aplicación de la jornada de 35 horas en los hospitales públicos han provocado la escasez de personal. Pero un numerus clausus sigue restringiendo el acceso a estas profesiones y contratamos a enfermeras y médicos en el extranjero. Al mismo tiempo, las poblaciones de los países en desarrollo no tienen acceso a la asistencia sanitaria y nosotros nos gastamos montones de dinero enviando misiones humanitarias, a menudo a zonas restringidas. Es una completa locura, en particular a la vista de que el acceso a la asistencia sanitaria se ha convertido en una de las causas de la inmigración clandestina masiva: la isla francesa de Mayotte, que se ve desbordada, es un ejemplo perfecto de ello.

Quiero denunciar aquí la ley sobre la inmigración «elegida» del señor Sarkozy, dirigida a organizar el pillaje de élites a gran escala, comprometiendo aún más el desarrollo de los países de origen de esas élites y agravando mecánicamente la emigración de las poblaciones, cuando un sistema educativo en quiebra ha renunciado a formar una juventud abocada al desempleo o a los pequeños trabajillos.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La lucha mundial contra las enfermedades y la pobreza es una cuestión sumamente importante que exige un compromiso internacional a gran escala. No obstante, opinamos que este asunto no debe abordarse en el marco de la cooperación de la UE. Creemos que la lucha contra las enfermedades incumbe a cada Estado miembro de la UE en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Lista de Junio desea una cooperación limitada de la UE en este terreno y prefiere la renacionalización de la política de ayudas. Asimismo, nos oponemos a que la UE influya y amplíe sus competencias en asuntos que ya tratan otras organizaciones internacionales. Por lo tanto, votamos en contra de esta resolución.

Informe Van den Berg (A6-0048/2006)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe trata un aspecto esencial en relación con la ayuda comunitaria, a saber, su ineficacia. La postura de la Lista de Junio es que la ayuda no debe prestarla la UE, sino cada Estado miembro.

Como señala el ponente, la ayuda de la UE no es eficaz. Mientras que se invierten sumas de dinero relativamente elevadas para gestionar una política de desarrollo organizada por la UE, se añaden nuevas barreras de la UE al comercio, con lo que se impide que los países pobres del mundo accedan al mercado de la UE con sus productos. Además, la política común de la UE sobre comercio y agricultura es extremadamente perjudicial, puesto que, con sus derechos y subvenciones, resta toda competitividad a los productos agrícolas de los países en desarrollo.

Si el informe hubiese tratado de la ayuda de cada Estado miembro, evidentemente habríamos votado a favor, ya que la ineficacia y la corrupción son dos grandes obstáculos a toda cooperación al desarrollo que sea constructiva y eficaz. Sin embargo, como en este asunto estamos preocupados especialmente por la ayuda organizada por la UE, hemos votado en contra del informe en su totalidad.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo. La corrupción es un subproducto de la gobernanza débil. Como la corrupción supone a menudo una importante participación del Estado, a veces se califica de abuso del poder público en beneficio particular. Instituciones débiles y administraciones que no se sienten responsables permiten a menudo la malversación de bienes públicos por parte de políticos o funcionarios.

Pienso que es crucial reforzar la función de los Parlamentos para impulsar reformas de la gestión de las finanzas públicas y opino que convendría establecer y reforzar mecanismos parlamentarios que obliguen al Gobierno a rendir cuentas.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, me uno a las felicitaciones expresadas al ponente de este informe que trata un tema crucial para el programa de ayuda, aunque a menudo se pase por alto. El grado en que la financiación de la ayuda y del desarrollo, tan bienintencionada, fomenta la corrupción resulta a menudo muy desalentador y debemos seguir atentos a esta cuestión para garantizar un uso correcto del dinero a nuestros contribuyentes y a los ciudadanos de los países receptores. Estoy totalmente de acuerdo con las recomendaciones contenidas en este informe y me complace apoyarlo hoy.

  El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS ROCA
Vicepresidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

10. Orden del día del próximo período parcial de sesiones: véase el Acta

11. Situación en el Sudeste de Turquía (debate)

  El Presidente. Procedemos a continuación a la declaración de la Comisión sobre la situación en el Sudeste de Turquía.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión está preocupada por lo que está ocurriendo en el sudeste de Turquía y por los estallidos de violencia y ataques terroristas que se han extendido a otras ciudades del país. Seguimos de cerca la situación.

Según la información de que dispone la Comisión, hubo un estallido de violencia el 28 de marzo en la ciudad de Diyarbakir, en el sudeste del país, tras el funeral de miembros del PKK. Permítanme recordarles, Señorías, que el PKK está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Las primeras informaciones sobre víctimas aparecieron el 29 de marzo en Diyarbakir y en los días que siguieron se anunciaron otras muertes en toda la región. Durante el fin de semana, los disturbios se extendieron también a Estambul, donde alguien lanzó un «cóctel Molotov» contra un autobús urbano lleno de gente. Tres civiles resultaron muertos. Desde entonces se han registrado otras muertes, incluso miembros de las fuerzas de seguridad.

Debe quedar claro que la Unión Europea condena inequívocamente el terrorismo. El PKK es una organización terrorista. Nos preocupan profundamente sus recientes actividades en Turquía. Nos sentimos víctimas de estos actos terroristas. Pero a la vez deploramos profundamente las pérdidas humanas y pedimos a las autoridades turcas que esclarezcan los hechos a través de una investigación exhaustiva y que garanticen que las fuerzas de seguridad actúen con la energía necesaria frente a los manifestantes.

La población del sudeste de Turquía no necesita violencia y confrontación. Necesita paz, estabilidad y prosperidad. Instamos al Gobierno de Turquía a que se enfrente de manera global, y no solo desde el punto de vista de la seguridad, a los problemas de esta región y de sus gentes, que son en su mayoría de origen kurdo.

El Gobierno de Turquía debe tomar medidas para reforzar y garantizar las posibilidades económicas, sociales y culturales de todos los ciudadanos turcos. A este respecto, esperamos con impaciencia las consecuencias del discurso pronunciado por el Primer Ministro Erdogan en agosto de 2005. La Comisión recuerda y subraya que de conformidad con los criterios políticos de Copenhague, Turquía debe garantizar la diversidad cultural y fomentar los derechos culturales de todos sus ciudadanos tal y como se establece en la Asociación para la Adhesión revisada que adoptó el Consejo en enero de 2006.

También es importante que Turquía facilite el retorno a sus lugares de origen a las poblaciones desplazadas en el interior del país, que garantice indemnizaciones justas a todos aquellos que han sufrido daños y perjuicios debido a la situación de inseguridad y que aborde la abolición del sistema de guardia rural.

Seguiremos supervisando la situación en el sudeste. Plantearemos estos asuntos a las autoridades turcas en el marco de nuestro seguimiento regular de los criterios políticos. Espero asistir a un debate muy interesante.

  Camiel Eurlings, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, la situación que estamos debatiendo esta tarde es trágica y los recientes acontecimientos han sido dramáticos para Turquía y para los ciudadanos kurdos de Turquía.

Seamos claros: el PKK es una organización terrorista y nunca hay excusas para el terrorismo. Declaro como parlamentario que el Parlamento nacional de los Países Bajos libró una ardua batalla por conseguir que se incluyera al PKK en la lista de terroristas. Nunca puede haber excusas.

No obstante, al mismo tiempo debemos preguntarnos si todos quienes protestan apoyan realmente la violencia. Muchos analistas han llegado a una conclusión completamente diferente. Dicen que la mayor parte del pueblo kurdo no desea la violencia, solo desea un futuro próspero –con desarrollo económico, social y cultural– dentro del Estado de Turquía Necesitamos ahora más que nunca invertir en esas personas.

En el informe del Parlamento aprobado a finales de 2004 insistimos en el desarrollo de la región sudoriental y en que se otorgaran más derechos culturales al pueblo kurdo. Hay que decir que el Primer Ministro Erdogan ha pronunciado discursos contundentes desde entonces. No obstante, en estos tiempos difíciles, más que nunca es preciso que a las palabras les sigan los hechos. Debemos invertir tanto en la sociedad como en la economía, de modo que las familias tengan un futuro próspero y no deseen violencia para sus hijos. Debemos invertir en una mayor libertad cultural. Si la radio y la televisión turcas reservaran más tiempo de antena para los programas kurdos, entonces Roj TV de Dinamarca dejará de ser tan importante.

Es cierto que hay que abolir el sistema de guardia rural y ayudar a los desplazados a volver a su región de origen.

Ha llegado la hora de recurrir a la sabiduría en lugar de los grandes discursos. Es hora de que el Gobierno turco busque interlocutores modestos y deseosos de paz. Me refiero a los señores Baydemir y Türk, los dos líderes del DTP. Estas personas deben seguir pronunciándose en contra de la violencia, pero si lo siguen haciendo el Gobierno turco debería cooperar con ellos en lugar de amenazarles con llevarlos a juicio a través de su Ministro del Interior. Pienso que el camino es el de la cooperación, el de la sabiduría. Garanticemos que los ciudadanos kurdos se sientan como en casa dentro de un único Estado turco. Esa es la única solución.

  Emine Bozkurt, en nombre del Grupo del PSE. (NL) Señor Presidente, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo siente un gran aprecio por Turquía, y por ello nos produce tanta angustia ver a este país sumido en la violencia. El Grupo del PSE pide el final de esta escalada de violencia y acogemos con agrado la indicación del Primer Ministro Erdogan de su intención de detener la ola de violencia por medio de más reformas económicas y democráticas.

Con ello ha tendido una mano a la comunidad kurda, que aún debe aceptar este gesto. El Grupo del PSE desea llamar asimismo su atención sobre la petición realizada por el alcalde de Diyarbakir a los kurdos que recurren a la violencia a fin de que abandonen esa estrategia, ya que mi Grupo rechaza rotundamente toda violencia excesiva. Si cesa la violencia, los tanques pueden y deben abandonar las calles de los pueblos y aldeas del sudeste. Los ciudadanos de Europa no quieren ver tanques en las calles cuando se plantean la posibilidad de que Turquía se adhiera a la Unión Europea. Quisiera recalcar que en Turquía todos, incluidos los kurdos, saldrán beneficiados si se mantiene el avance de este país hacía la adhesión a la UE. En efecto, la protección y el respeto de los derechos humanos de todos en Turquía son condiciones imprescindibles para formar parte de la UE.

No debemos permitir que los agitadores saboteen las negociaciones antes de que estas se encuentren verdaderamente bien encaminadas. Desgraciadamente, la violencia actual interrumpe un período de aproximación, pues ya se había avanzado un poco; por ejemplo, el Gobierno turco había permitido la televisión kurda. Los acuerdos concluidos antes de la reciente ola de violencia deben seguir desarrollándose y, sobre todo, aplicarse. Los compromisos sobre el papel deben convertirse en realidad.

Terminaré con unas palabras a favor de las víctimas, cuya muerte hay que lamentar y cuya memoria debemos guardar. No debe haber más víctimas. Insto a que conviertan este momento tan difícil en Turquía en una oportunidad para renovar la solidaridad en ese país, que es desesperadamente necesaria en el largo y difícil camino hacia la adhesión a la UE.

  Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, sin duda existe una alianza impía –aunque no reconocida ni intencionada– entre las fuerzas de seguridad turcas, el PKK y los europeos que se oponen a la adhesión de Turquía. Cada uno de ellos contribuye a su manera a impedir el progreso de Turquía hacia la Unión Europea.

La policía y el ejército turcos no defienden los intereses del Gobierno turco con su uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Diyarbakir y otras ciudades. El aparato de Estado no está bajo el control democrático de ese Gobierno. El hecho es que los militares tienen un interés particular en que se prolongue la violencia porque esta refuerza su poder, su importancia y sus recursos.

El PKK emplea métodos terroristas y sin duda ha provocado e instigado algunos de los recientes acontecimientos violentos, pero su propósito de lograr el reconocimiento de la identidad cultural, lingüística y política del pueblo kurdo lo comparten muchos kurdos que no abogan por la violencia. En ese sentido, los miembros del PKK son considerados luchadores por la libertad. El desafío, ante el que las autoridades turcas se muestran incapaces, consiste en separar a los oponentes radicales y violentos de los que desean seguir un camino democrático en busca de una solución política.

Un fenómeno muy esperanzador de los últimos días han sido los llamamientos moderados realizados por personas como Ahmed Türk y Osman Baydemir, el alcalde de Diyarbakir, para que cese la violencia y se inicien conversaciones políticas. De alguna manera, lamento que la Comisión no haya dicho nada para recomendar al Gobierno turco que siga por ese camino, que no solo es el del progreso social y económico, sin duda necesario, no solo el del reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos, sino el del diálogo político real y de búsqueda de una solución política para la región kurda del sudeste de Turquía en la construcción del Estado turco.

La Comisión parece resistirse a recomendar esa vía al Gobierno turco. Debemos unirnos todos y alentar al Primer Ministro Erdogan a que siga el camino que pareció iniciar el pasado mes de agosto y donde se ha quedado parado, sin duda a causa del ejército. Entre todos debemos ayudarle a impulsar el diálogo político en pro de una solución.

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, agradezco al Comisario su discurso. Quisiera expresar, en nombre de mi Grupo, nuestra seria preocupación por la situación en Turquía que hemos visto en los medios de comunicación. Durante la última semana, al menos 15 personas han perdido la vida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad turcas en el sudeste y en ataques terroristas en Estambul. Condenamos enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en Diyarbakir y Kiziltepe.

Pero a la vez denunciamos firmemente las provocaciones del PKK, cuyos líderes instigan deliberadamente a la violencia y los disturbios. Después de que ardieran tres autobuses municipales en Estambul sin que hubiera pérdidas humanas, dos jóvenes hermanas fueron asesinadas el domingo por la noche durante el ataque a un autobús. Los kurdos que desean construir una vida decente en las ciudades o volver a sus pueblos, que son la mayoría, no deberían ser los rehenes de líderes cínicos asociados con el ala militar del PKK, que desea la escalada del conflicto, como también la desean algunos de los componentes del «aparato de Estado» de Turquía.

A la luz de los recientes acontecimientos tenemos la sensación de que algunos de nuestros colegas del Parlamento Europeo no han dicho toda la verdad en los mensajes de correo electrónico que han circulado recientemente. Dan a entender que la situación es clara y nítida: ningún turco quiere conceder más derechos a los kurdos y todos los kurdos son víctimas oprimidas. Por eso pienso que es importante llamar la atención de todos sobre el debate que está teniendo lugar actualmente en la sociedad civil de Turquía entre intelectuales de origen turco y kurdo.

Permítanme apuntar lo que han dicho: en primer lugar, el Estado turco debe reconocer por fin oficialmente la identidad kurda en Turquía; en segundo lugar, la política de asimilación de los kurdos ha sido un completo fracaso; en tercer lugar, el Estado turco debe tratar de recuperar la confianza de los kurdos y de todos los ciudadanos de Turquía; en cuarto lugar, no puede haber ninguna solución pacífica que insista en que el PKK es interlocutor oficial del Estado en las negociaciones, pues esto no es posible.

Termino citando a un ex alcalde de Diyarbakir, quien acaba de señalar lo siguiente: «Si queremos tener una paz auténtica, el PKK debe amoldarse a la nueva situación mundial. El Estado turco se está democratizando. El PKK debe hacer lo mismo. Debe abandonar la idea de la lucha armada e iniciar un diálogo respetuoso con los kurdos que piensan de otra manera. También tiene que renovar su liderazgo. Esta organización se construyó desde una mentalidad de guerra fría. Es preciso que evolucione.»

  Feleknas Uca, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y en particular de mi colega el señor Agnoletto, quisiera expresar mi horror ante los enfrentamientos violentos en el sudeste de Turquía. Durante una semana hemos presenciado imágenes atroces y recibido informaciones horripilantes de un país con el que la UE entabló negociaciones de adhesión en octubre de 2005, que mis colegas y yo aprobamos en aquel entonces. Aunque desde el comienzo de las conversaciones de adhesión con la UE el Gobierno turco ha iniciado un proceso de reformas, este no será suficiente para resolver los conflictos y problemas sociales y políticos.

Hay un elemento que debe quedar claro para Turquía y para todos nosotros, y es que los déficit democráticos de Turquía estaban y están estrechamente unidos a la cuestión kurda. Mientras Turquía intente resolver este problema por medios militares, reprimiendo a la población civil y eliminando la libertad de expresión de opiniones e ideas, no habrá paz en el país y, por tanto, tampoco habrá una base para un Estado democrático. No se puede permitir que la grieta que divide a esta sociedad se haga aún más profunda, hasta el punto de resultar insalvable.

El Primer Ministro turco, el señor Erdogan, ha calificado los asesinatos de mujeres y niños de intervenciones necesarias para enfrentarse a instrumentos del terrorismo. Hasta la fecha, 15 personas han fallecido, incluidos tres niños, el más joven de los cuales tenía tan solo tres años de edad. De las 278 personas detenidas en Diyarbakir, 91 son menores de 18 años. Si las fuerzas de seguridad turcas siguen disparando contra civiles en Diyarbakir, Batman, Mardin y otras muchas ciudades kurdas, y si la cifra de muertes aumenta aún más, este abismo será mayor y la esperanza de una solución pacífica se alejará.

Es hora de que la Comisión y el Consejo empleen todos los medios a su disposición para presionar a Turquía a que ponga fin a la violencia. Hay que plantearse la posibilidad de suspender las negociaciones de adhesión si el Gobierno y el ejército turcos siguen haciendo caso omiso de los principios democráticos y violan los derechos humanos. Solicito que se envíe una delegación ad hoc a Turquía para examinar a fondo lo que está ocurriendo allí. Insto a quienes están implicados en el conflicto a que abandonen la violencia de inmediato y pido al Gobierno turco que acepte como interlocutores a los representantes elegidos legalmente por los kurdos y que retiren las últimas acusaciones que pesan sobre ellos.

No se puede ni debe tolerar que 20 millones de kurdos se vean despojados de sus derechos culturales y políticos y de toda influencia en la configuración de su sociedad.

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Señor Presidente, señor Comisario, la actitud de las autoridades turcas ante los sucesos que se producen en Diyarbakir y la gestión de la crisis en el sudeste de Turquía son inaceptables desde el punto de vista del Parlamento Europeo. Un país que no respeta a los 12 millones de kurdos que habitan en su territorio tampoco respetará las culturas y religiones de los países de la Comunidad Europea.

La seguridad del Primer Ministro turco, Recep Erdogan, roza la arrogancia. No permitan que piense que la Unión Europea tiene alguna obligación para con Turquía. De hecho, señor Comisario, opino que ocurre todo lo contrario. Estoy convencido de que sobre la base de la decisión de entablar negociaciones con Turquía, la Unión Europea tiene ahora el derecho de suspender dichas negociaciones.

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, lamento observar los estallidos de violencia en el sudeste de Turquía y me repugna ver cómo asesinan a soldados y civiles inocentes en ese país. No obstante, esto no nos puede llevar a la conclusión de que se trata de un problema que solo concierne a Turquía: existe un gran problema en conexión con los derechos de los kurdos, problema que no debemos omitir en el debate de hoy.

Turquía ha elegido su perspectiva. Ha elegido una perspectiva europea y gracias a esta hemos presenciado ciertos avances en los últimos años en lo que respecta a los derechos humanos de los kurdos, cuya existencia apenas era reconocida hace unos años.

Sin embargo, Turquía debe continuar por este camino. Las recientes intervenciones incontroladas del ejército no deben privar a los kurdos de los derechos de que deben gozar si Turquía desea adherirse a la Unión Europea. Me refiero a los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos de los Estados miembros.

El Primer Ministro Erdogan ha anunciado recientemente que Turquía no se alejaría de su objetivo de democracia y desarrollo y que introduciría mayores libertades, más democracia, asistencia social, derechos sociales y justicia social. Este anuncio me parece muy bien, pero necesitamos algo más que palabras; hay que ponerlas en práctica.

Es preciso tomar medidas en tres niveles: primero, se necesitan derechos; segundo, se necesita una política económica y social; y tercero, es necesario limitar las competencias hoy ilimitadas del ejército. Si se introducen estas medidas, Turquía se habrá tomado en serio sus expectativas europeas y si Turquía cumple sus compromisos en este terreno y en todos los demás terrenos estipulados por la Unión Europea, ello beneficiará tanto a los kurdos como a todos los ciudadanos de ese país.

Por estos motivos, Turquía no debe dudar. A partir de ahora, las palabras del señor Erdogan deben ir acompañadas de medidas.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, estamos sumamente preocupados por la reanudación de la violencia y los actos de terrorismo por parte del ejército turco y el PKK. Creo que el mensaje resultante de nuestro debate de hoy debe ser un mensaje de condena de los actos de terrorismo contra civiles inocentes en Estambul y en otras localidades, además de condenar la violencia militar del ejército turco para reprimir a la población kurda.

Los poderes que fomentan la guerra y que el ejército permanezca en el poder a toda costa son responsables de la situación en el sudeste de Turquía. Los poderes fácticos y el ejército en Turquía encuentran en la acción del PKK una excusa perfecta para continuar interviniendo en la vida política e intentar definir los términos de la resolución del problema kurdo. Por otro lado, el PKK está sacando partido a los graves problemas socioeconómicos de subdesarrollo y pobreza para alimentar con sus acciones el ciclo de violencia y derramamiento de sangre.

Es un hecho, y sería un error político subestimarlo, que las expectativas europeas de Turquía han abierto el camino a las reformas por parte del Gobierno de Erdogan. No obstante, esas reformas se encuentran aún en una fase temprana, están incompletas y se ven influidas por el miedo histórico de los turcos contra los kurdos.

Debemos apoyar de forma coherente y firme los derechos culturales, lingüísticos y educativos de la comunidad kurda. Debemos apoyar los derechos políticos; debemos instar a que se enmiende la legislación electoral que prohíbe la representación democrática de la comunidad kurda en la vida política de Turquía.

El liderazgo político turco y el Gobierno de Erdogan tienen la responsabilidad de proceder con valentía y decisión a fin de completar las reformas y la pacífica integración política, económica y social del pueblo kurdo. Una estrategia de resolución pacífica depende del diálogo entre ambas partes. Presupone la renuncia, por ambas partes, a la filosofía del conflicto militar y a la solución. El problema kurdo no se resolverá mediante la represión y la violencia, sino a través del diálogo democrático, el desarrollo y la plenitud de los derechos del pueblo kurdo.

La Unión Europea tiene la responsabilidad política de formular una estrategia integrada para el problema kurdo en Turquía:

- Debe apoyar constante y coherentemente sus expectativas europeas, al tiempo que controla, sin concesiones ni oportunismos, el cumplimiento de las obligaciones por parte de Turquía.

- Debe confirmar su apoyo a la integridad territorial y la unidad del Estado turco, además de condenar los objetivos secesionistas de la estrategia sin salida del PKK.

- Debe tomar iniciativas para entablar el diálogo democrático en torno a una solución política del problema kurdo y a la salvaguardia del papel y los derechos de la comunidad kurda en las instituciones y la sociedad de Turquía.

Por último, la Unión Europea, en cooperación con agencias turcas y kurdas, debe ayudar a formular y aplicar programas de reconstrucción socioeconómica a fin de combatir la pobreza y el subdesarrollo, apoyar las instituciones y la sociedad civil, así como respaldar las fuerzas políticas moderadas y democráticas en la región sudoriental de Turquía.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, la situación en el sudeste de Turquía es realmente muy preocupante, pero a nadie debería extrañarle. Durante decenios se han cometido de vez en cuando en la región, en gran medida por parte del Estado turco, actos violentos y graves abusos de los derechos humanos, que se seguirán cometiendo durante muchos años a no ser que el Gobierno turco reconozca que el problema kurdo no se solucionará simplemente dan vía libre a los generales del ejército, que tratarán la cuestión de la única manera que conocen, es decir, con la fuerza bruta.

El Gobierno turco debe entender que hay que respetar plenamente los derechos humanos de los millones de kurdos que viven en la región. Deben tener el derecho a utilizar su propia lengua, el kurdo, y a mantener sus tradiciones y su cultura. Además, el Gobierno turco debe aceptar que el pueblo kurdo tiene derecho a un grado de autonomía. Si se negociara una posibilidad de este tipo, no tendría ninguna consecuencia negativa para el bienestar del pueblo turco; gracias a la estabilidad duradera aportaría a toda Turquía paz y prosperidad. Además, el Gobierno turco debe tomar la valiente iniciativa de acceder a la reciente petición del líder del Partido Democrático de Kurdistán, Masood Barzani, de aceptar la estructura federal de Iraq y declarar una amnistía general para los militantes del PKK.

El Gobierno del señor Erdogan ha dado señales de aspirar a realizar profundas reformas democráticas en Turquía. Sabemos que la jerarquía militar, muy atrincherada, se resiste firmemente a tales reformas. El pueblo turco debe entender que los que se resisten al cambio son en realidad los verdaderos enemigos de Turquía. El señor Erdogan está librando una batalla difícil, llena de peligros, con los generales del ejército. Debemos apoyarle y darle ánimos, puesto que si ganan los generales, los progresos de Turquía hacia la democratización y la adhesión a la Unión Europea se detendrán, de forma que el país se hundirá de nuevo en el retroceso del control militar totalitario.

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, declaro un interés particular en este debate, ya que soy patrocinador de la campaña Paz en Kurdistán y miembro del consejo de administración de la Comisión Cívica UE-Turquía. Suscribo plenamente las observaciones realizadas por mi colega de Grupo, el señor Özdemir, acerca del diálogo y del hecho de que este proceso no es claro y nítido. Todas las partes tienen sus fallos y en esta Cámara debemos seguir animando siempre que sea necesario y criticando cuando sea preciso. Insisto en que debemos estar atentos a nuestra propia integridad y garantizar que las preocupaciones legítimas acerca del avance lento y doloroso del proceso de paz entre el Kurdistán y Turquía no se convierta en una excusa para los que, dentro de esta Cámara y dentro de la UE, están más en contra de la adhesión de Turquía que a favor de la democracia.

Los criterios de Copenhague marcan el rumbo. Los criterios de Copenhague sobre el reconocimiento de los derechos culturales, históricos y políticos son claros y ya están establecidos. En esta Cámara debemos mantener las manos limpias. La Unión Europea, como campeona del diálogo y de la democracia, debe asegurar que nunca olvidemos nuestros propios principios y nuestra función de mediador honesto e imparcial, capaz de ayudar y criticar cuando sea necesario.

  Frederika Brepoels (PPE-DE). (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde que la Unión Europea entabló las negociaciones de adhesión con Turquía hemos recibido cada semana noticias de actos de violencia y violaciones graves de los derechos humanos, y esto es un hecho. Usted mismo nos ha dado una lista, pero me gustaría llamar su atención sobre el brutal asesinato de los ancianos padres del presidente del Instituto Kurdo en Bruselas, aunque por supuesto no podemos olvidar a las demás víctimas.

La primera respuesta del Comisario Rehn fue manifestar su confianza en el Gobierno turco, una actitud que me parece un poco extraña teniendo en cuenta que cada vez hay más pruebas que demuestran que esas mismas autoridades tienen algo que ver con esta situación. No sé si ha visto usted el informe de la organización de derechos humanos IHD sobre el asesinato del señor y la señora Ferho o la investigación judicial del atentado con bomba de Şemdinli. Ambos casos apuntan al ejército turco. Cuando hace unas pocas semanas un fiscal manifestó su deseo de investigar la implicación directa del número dos del ejército, que según lo previsto será nombrado también Jefe de Estado Mayor, el ejército vetó inmediatamente esa idea. Y estas son las autoridades en las que la Comisión Europea tiene confianza ciega.

Tengo que decir, señor Comisario, que estos incidentes son una prueba dolorosa de que Turquía no aspira de ninguna manera a una solución pacífica del conflicto con los kurdos. Turquía se niega simplemente a reconocer que los kurdos turcos tienen derechos culturales y democráticos de autodeterminación. Un país que deniega a 15 millones de ciudadanos todos los derechos políticos y culturales no es lo que yo llamaría una democracia. Tal y como yo lo veo, un país cuyas autoridades están activamente implicadas en graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional tampoco puede ser considerado un Estado constitucional. Ignorar esta realidad y no enviar un mensaje enérgico desde Europa nos convierte en cómplices.

Me gustaría saber realmente qué tiene previsto hacer la Comisión a este respecto. ¿Cumplirá finalmente el Comisario Rehn su promesa e incluirá la protección de las minorías en el acuerdo de asociación o no lo hará? Creo que una medida crucial podría ser que la Unión Europea hiciera lo que Turquía no hace, o se niega a hacer, y entablara un diálogo directo y estructural con representantes de la comunidad kurda de Turquía sobre esta cuestión. Me gustaría conocer su opinión al respecto.

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en mi opinión el mejor servicio que se puede prestar a la población del sudeste de Turquía es que los grupos extremistas kurdos cesen su campaña de violencia y terrorismo. Una característica de las campañas terroristas es que sus víctimas son, en su mayoría, civiles de a pie que no desean otra cosa que tener la oportunidad de criar a sus hijos en una atmósfera de paz, estabilidad, libertad y creciente prosperidad. Nada de esto se puede lograr mientras los terroristas e insurgentes persigan sus propios fines egoístas, opriman, intimiden y movilicen a las comunidades kurdas de dentro y fuera del país e intenten inflamar a la opinión internacional en contra de las autoridades turcas. No creo que haya mucha libertad de opinión en las zonas dominadas por el PKK.

De vez en cuando, el PKK, una organización que tiene sus raíces en la guerra fría, ha declarado una tregua. La más reciente tuvo lugar el pasado mes de agosto y duró menos de un mes. Desde entonces ha continuado su campaña de violencia y asesinato. Desde el pasado fin de semana, como han mencionado el Comisario y otros oradores, unas 12 personas han muerto a consecuencia de la violencia terrorista. A lo largo de los años, las víctimas del terrorismo se cuentan por decenas de miles.

Las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE ya se han iniciado. Ese es en sí un factor en la campaña del PKK. Al PKK no le interesa una Turquía estable, próspera, democrática y orientada hacia Occidente. Preferiría su propio pequeño Estado marxista, viviendo en el pasado.

Por supuesto, queremos que haya reformas en Turquía, en el marco de un programa de modernización; por supuesto, queremos ver grandes mejoras económicas en el sudeste de Turquía. Siento una enorme compasión por las personas que viven en la pobreza y el miedo. Queremos que las reivindicaciones razonables de los kurdos se resuelvan de una forma justa a través de la negociación. Nada de eso se puede lograr en un contexto de violencia o de continua amenaza de violencia.

Los extremistas kurdos deben poner fin a su terrorismo. Las autoridades turcas podrán responder entonces con espíritu de buena voluntad.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados por este debate sumamente interesante. He escuchado con gran interés sus observaciones, de las que he tomado nota debidamente.

Pienso que todos podemos concluir que la situación en el sudeste de Turquía es grave y que, por tanto, todos esperamos que se aborde con firmeza, mediante una estrategia global que no solo tenga en cuenta los aspectos de seguridad, que son legítimos, sino también el desarrollo socioeconómico de la región así como el desarrollo de los derechos culturales.

Me gustaría referirme al discurso pronunciado por el Primer Ministro Erdogan en agosto de 2005, que ha mencionado antes, en el que hizo hincapié en la necesidad de resolver por medios democráticos lo que calificó de «la cuestión kurda». La Comisión recomendará al Gobierno de Turquía y a su Primer Ministro que tomen medidas basadas en el compromiso que contrajeron en el citado discurso de Diyarbakir.

La estabilidad de la región constituye un elemento clave para tratar adecuadamente estas cuestiones y la existencia de ataques terroristas representa una grave amenaza a este respecto. Al mismo tiempo es muy importante que las fuerzas de seguridad y las autoridades muestren moderación y no hagan un uso excesivo de la fuerza frente a los civiles.

Me gustaría comentar algunas de las cuestiones planteadas por algunos diputados. En lo que respecta a los incidentes de Semdinli, quiero subrayar que se están investigando los hechos tanto en la vertiente judicial como parlamentaria, que estamos a la espera del resultado de dichas investigaciones y que seguiremos al tanto de la situación.

He tomado nota del asunto relativo al progreso y señalo que alentamos continuamente al Gobierno turco a que siga adelante con las reformas y a que amplíe los derechos del pueblo kurdo Subrayo el hecho reciente, que supone un paso positivo, de autorizar, a ciertas horas, las difusiones por radio y televisión en lengua kurda. Esperamos que se tomen más medidas similares.

Puedo garantizar a los diputados que seguiremos controlando la situación en el sudeste. Plantearemos todos estos asuntos a las autoridades turcas en el marco de nuestro control regular de los criterios políticos.

  El Presidente. Se cierra el debate.

12. Debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 115 del Reglamento)

12.1. Darfur (debate)

  El Presidente. Procedemos ahora al debate sobre la base de seis propuestas de resolución referentes a Darfur⁽¹⁾.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, hemos tenido más de una ocasión de discutir la situación en Darfur, aunque desde hace algún tiempo no lo hemos hecho, a pesar de que las circunstancias allí han dado un lamentable y trágico vuelco que ha agravado el estado de cosas. Incluso en los pocos meses que han transcurrido desde que comienzos de año, según el señor Egeland, Vicesecretario General de las Naciones Unidas y responsable de la cuestión de Darfur, más de 200 000 personas han sido expulsadas de sus hogares y más de 96 poblados han sido pasto de las llamas; y todo esto más de un año después de emprenderse una acción internacional con vistas a poner fin a esta situación. Esto viene a demostrar lo poco convincente que resulta la comunidad internacional en lo que concierne a la cuestión de Darfur. Asimismo, el hecho de que se impidiera al Vicesecretario General de las Naciones Unidas viajar a la zona del conflicto prueba que el régimen de Jartum está desafiando abiertamente y haciendo caso omiso de la comunidad internacional y, por lo tanto, poniéndola en ridículo.

Por este motivo ya era hora que pusiéramos fin a nuestras reiteradas e inútiles protestas. En su lugar, es necesario que las Naciones Unidas, la OTAN, los Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana se reúnan en torno a una mesa para aplicar por fin una política concertada sobre Darfur que vaya más allá que las meras resoluciones formales. Lo que reclamamos, por tanto, es una intervención mucho más masiva que lo que hemos visto hasta ahora.

La Unión Africana es, por supuesto, la que más necesita hacer algo, pero nosotros tampoco podemos permanecer de brazos cruzados mientras se comete un genocidio de forma bastante descarada; así es como los Estados Unidos han calificado abiertamente los hechos, aunque no hayan extraído las conclusiones necesarias de ello. Está claro que lo que tratamos aquí no es otra cosa que genocidio. Actualmente estamos preparando tristes actos conmemorativos para recordar el comienzo del genocidio en Ruanda y Burundi, hechos ante los cuales también hicimos la vista gorda. Hoy todo el mundo coincide en que en aquel entonces deberíamos haber intervenido. Ahora nos encontramos ante una situación similar. Miramos a otro lado, no actuamos, no utilizamos los medios que tenemos a nuestro alcance –por muy débiles que sean– y, en su lugar, nos contentamos con protestas verbales.

Todo esto hace que Darfur no solo se haya convertido en una desgracia para el régimen sudanés sino también para las instituciones internacionales y europeas. Por este motivo, estoy muy contento de que en esta Cámara volvamos sobre esta cuestión. En pocas palabras, debemos tener muy claro que una relación normal o más o menos normal con Sudan solamente será posible si de una vez hace lo que ha prometido y permite a las instituciones internacionales hacer su trabajo allí.

  Fiona Hall (ALDE), autora. – (EN) Señor Presidente, cuando una misión de la Comisión de Desarrollo visitó Darfur en septiembre de 2004, nos impresionó ver con nuestros propios ojos cómo había gente que buscaba abrigo bajo las ramas porque su aldea había sido bombardeada. En aquel momento ejercimos una gran presión para que se reforzara la misión de control de la Unión Africana, y, de hecho, en octubre de 2004 se amplió dicha misión para incluir la protección de la población civil que se encontrara bajo amenaza inminente.

Lo trágico es que, 18 meses después, los bombardeos, los ataques y las violaciones siguen ocurriendo a pesar de los muchos esfuerzos realizados por la Unión Africana en las conversaciones de paz y sobre el terreno en Darfur. Sencillamente no hay suficientes tropas de la Unión Africana para poder controlar el alto grado de violencia, en particular cerca de la frontera de Chad y en el corredor entre Tawila y Gaida. Por esta razón, las Naciones Unidas deben intervenir en Darfur con carácter de urgencia. Las Naciones Unidas deben respaldar a la Unión Africana durante el resto de su mandato y estar preparadas para tomar el relevo en octubre de 2006.

El Gobierno de Sudán dice que esto es colonialismo. No lo es. No es colonialismo. Es la triste constatación de que anteriores iniciativas para controlar la violencia han fracasado estrepitosamente. Hasta el esfuerzo humanitario en Darfur está actualmente amenazado, ya que se obstaculiza el paso de las organizaciones humanitarias. Con más de 3 500 000 de personas que dependen de la ayuda sanitaria y alimentaria, no podemos permanecer de brazos cruzados. Hay que poner fin a la violencia.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), autor. – (SV) Señor Presidente, desde que fui elegido por primera vez hemos venido debatiendo la situación en Sudán. ¿Qué está ocurriendo ahí? Imaginen que matan a un amigo, uno solo, y la magnitud de la tragedia y la desgracia que acarrearía esa muerte. Imaginen entonces que son 180 000 los amigos que han muerto hasta ahora en el conflicto. Imaginen que le queman la casa a un amigo, uno solo, y le obligan a dejar su hogar. ¿Cómo nos sentiríamos? Imaginen las lágrimas vertidas, multiplicadas por dos millones hoy en Darfur. Imaginen que nos violan a una familiar, una sola, y pensemos ahora que esto mismo está pasando con decenas de miles de personas. Esa es la magnitud de la tragedia humanitaria que azota Sudán.

¿Qué está haciendo el Gobierno? Resolución tras resolución hemos venido exigiendo que desarme a las guerrillas Janjaweed, pero no ocurre nada. Resolución tras resolución hemos venido exigiendo que coopere con la comunidad internacional para ayudar a su propia población, pero en realidad es muy poco lo que ocurre. Y a todo esto no beneficia el hecho de que al enviado de las Naciones Unidas, Jan Egeland, se le niegue el permiso para viajar a Darfur siempre que lo estime oportuno. La Comisión ya entrega actualmente 160 millones de euros y mi país 330 millones de coronas suecas en concepto de ayuda. Si este dinero ha de servir para algo, el régimen tiene que cooperar en lugar de intentar desbaratar nuestros esfuerzos. Creo que debemos imponer un embargo de armas, independientemente de lo que digan Rusia y China, y todos los países que lo apoyen deberán ayudarse entre sí e impedir que dicho embargo se incumpla.

Es más, encarcelar a las mujeres que se resisten a ser violadas es absurdo y las cuatro jóvenes en cuestión deberían ser liberadas inmediatamente, por supuesto.

  Margrietus van den Berg (PSE), autor. – (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, en Darfur hay millones de personas huidas. Los campos de refugiados están abarrotados debido a la amplia y caótica huida de personas necesitadas, atacadas por rebeldes y por la milicia Janjaweed, a menudo con historias de pillaje y violación que contar. Se trata de una situación desesperada, la Unión Africana es demasiado débil y parece que el Gobierno sudanés apoya a los Janjaweed y quiere desea dar una oportunidad al Derecho internacional, representado por la Unión Africana y las Naciones Unidas. Parece que cuenta con el respaldo de China y Rusia.

Ayer se supo que el señor Pronk, enviado especial de las Naciones Unidas en Darfur, va a dimitir de su puesto. Si incluso el señor Pronk, un buscavidas y optimista incorregible, ya no ve ninguna posibilidad para el proceso de paz, entonces de verdad es hora de que hagamos sonar la alarma. En Darfur se desarrolla un brutal conflicto sin precedentes, en que la Unión Europea tiene la oportunidad de demostrar cuál puede ser su papel fuera de Europa. Esta semana se ilustra aquí el genocidio de 100 días en Ruanda en una exposición fotográfica. Este acto resume el fracaso de toda la comunidad internacional.

Una vez más, estamos sometidos a prueba. Mientras que China y Rusia vetan toda acción, la Unión Africana aún intenta que el Gobierno sudanés colabore, pero eso es demasiado poco, viene demasiado tarde y se alarga durante demasiado tiempo. Ahora corresponde a la troika europea establecer, con dinero y apoyo a las fuerzas de paz de la Unión Africana, una presencia real con el objetivo de prestar apoyo logístico y garantizar el acceso a la ayuda alimentaria y la protección de las personas. Hay que poner fin a esta masacre caótica, que se caracteriza por un conflicto de intereses de una crueldad sin precedentes. El llamamiento de hoy de nuestra Cámara en forma de una magnífica resolución común da una clara orientación y un impulso al señor Solana, al Consejo, a la Comisión y también a nuestros Gobiernos. La credibilidad del papel de Europa en el mundo está en juego.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), autor. – (CS) Es extraño que apenas hablara de Darfur hasta que se encontró petróleo en el sur de Sudán. Los agricultores atendían sus campos, los ganaderos llevaban a pastar a sus animales. Es evidente que la región de Darfur ejerce una atracción especial en algunas personas. Los intentos de secesión por parte de regiones potencialmente ricas en África no son nada nuevo. No olvidemos Biafra, Katanga y otras zonas conflictivas de un continente rico en recursos naturales. Donde no hay tanta riqueza no se producen problemas tan masivos. Después de todo, no solo encontraremos armas rusas y chinas en la región. También en las bases militares extranjeras de la República de Chad encontraremos armas de otros países.

El aspecto interesante es que nos preocupa que no se haya permitido la visita del Secretario General de las Naciones Unidas a Darfur. Cuando hubo sucesos parecidos en Eritrea, el Parlamento aprobó ayuda humanitaria para el Gobierno. ¿Por qué nuestra resolución, en el apartado 7, no solicita que la UE, los Estados Unidos y otros ayuden a poner fin a la situación en Eritrea? Aunque el régimen sudanés sin duda no es un dechado de democracia, sería erróneo recurrir a la fuerza para resolver el conflicto. Acepto la resolución, aunque con estas reservas.

  Ari Vatanen, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, mis colegas ya han mencionado el hecho de que hemos tratado este asunto una y otra vez. Cuando hablamos de derechos humanos y de dignidad humana, nos enfrentamos a una cuestión de geometría variable: si los hechos tienen lugar cerca de nosotros, la vida humana parece importar, pero cuando ocurren lejos, ya no nos ponemos de acuerdo.

He estado a menudo en esa parte del mundo. Conozco esas tierras yermas; sé como viven –o mejor dicho sobreviven– esas personas en esas condiciones, aunque no haya conflicto. Están expuestas al hambre, a la escasez de alimentos y de agua potable. No se pueden imaginar ustedes lo dura que es su vida. Ahora, cientos de miles de esas personas están siendo torturadas y asesinadas y las demás han huido de sus casas, mientras nosotros aprobamos aquí otra resolución. Esto demuestra lo impotente que es la comunidad internacional ante el sufrimiento humano. Eso es todo lo que hay.

¿Cuántos conflictos necesitamos aún? También en los Balcanes reaccionamos demasiado tarde. Y ahora Darfur está demasiado lejos. China y Rusia están bloqueando cínicamente nuestros esfuerzos en las Naciones Unidas. El régimen podrido de Sudán –siento tener que usar un lenguaje nada diplomático– bloquea los esfuerzos de las Naciones Unidas, y somos impotentes.

Ante conflictos o problemas internacionales necesitamos gobernanza internacional. De lo contrario, las generaciones futuras nos dirán: «Teníais el problema entre vuestras manos. Visteis los nubarrones en el horizonte y no hicisteis nada».

  Ana Maria Gomes, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) En septiembre de 2004 visité Darfur con una delegación del Parlamento y vi la magnitud de la tragedia, como ya ha dicho antes la señora Hall. Más tarde, aquí en el Parlamento y en la UE, apoyamos el papel que quería desempeñar la Unión Africana en la resolución del conflicto. Pero este ya se alarga tres años y ha causado más de 200 000 muertes y 2 millones de desplazados o refugiados.

La Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) ha llegado lo más lejos posible y las conversaciones en Abuja no avanzan. El conflicto se ha agravado y se está expandiendo a la vecina Chad. La prohibición de la visita a Darfur de Jan Egeland constituye otra afrenta del régimen sudanés a las Naciones Unidas, por no hablar de los terribles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por sus fuerzas, incluida la milicia Janjaweed. Las amenazas provocadoras de Jartum de convertir Darfur en un cementerio de tropas de las Naciones Unidas no deben intimidarnos.

La comunidad internacional no puede abdicar de su responsabilidad de proteger. Por ello, debe enviar inmediatamente, con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, una fuerza estabilizadora robusta y bien pertrechada, preparando con ello el terreno para una operación de paz de las Naciones Unidas de dimensiones apropiadas, ambas con una contribución europea significativa.

Todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben asumir sus responsabilidades, incluidos los países que han protegido el régimen dictatorial corrupto y criminal en Jartum, como China. Asimismo, solo habrá una solución duradera del conflicto si se pone fin a la impunidad de los autores de los crímenes de Darfur. En ese sentido, es crucial apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional y reforzar las sanciones contra Jartum, aplicando rigurosamente el embargo de armas y declarando un embargo de las exportaciones de petróleo.

  Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, mis contactos que se comunican directamente con quienes se hallan sobre el terreno en el sur de Sudán me informan de que la situación que se está desarrollando allí merece nuestra atención urgente. Mientras el Gobierno de Jartum proclama que cumple los acuerdos de paz, que como sabemos no es cierto, financia al LRA –el Ejército de Resistencia del Señor– desde el norte de Uganda para que este prosiga el genocidio en su lugar.

El LRA asedia los pueblos del sur de Sudán: mata a los adultos y secuestra a los niños. Rapta chicas jóvenes y las convierte en esclavas laborales y sexuales o las vende o regala a los traficantes de armas del LRA. Aterroriza a chicos jóvenes hasta convertirlos prácticamente en esclavos que sirven de soldados y guardias. El LRA solo es una pequeña fuerza, pero se expande cada vez más porque utiliza a jóvenes secuestrados como combatientes.

Actualmente es la estación de siembra en el sur de Sudán. Los civiles deberían estar sembrando pero no pueden hacerlo debido a la amenaza del LRA, al que respalda su propio Gobierno. Si no se siembra nada, habrá hambruna. La situación es crítica, necesitan nuestra protección inmediatamente. Debemos preguntarnos lo siguiente: si Rusia y China pueden apoyar al Gobierno, ¿por qué no podemos apoyar nosotros al pueblo sudanés?

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, una vez más debatimos sobre Darfur aquí en el Parlamento Europeo. Parece una especie de «historia interminable».

Con tristeza debemos admitir que el Gobierno sudanés es totalmente responsable de que aún se esté luchando en esta región. El Gobierno de Jartum no respeta los acuerdos internacionales ni la autoridad de las Naciones Unidas y considera que la misión de paz más reciente de las Naciones Unidas era una vuelta al colonialismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Gobierno sudanés solamente se atreve a mostrar esta actitud porque no se encuentra aislado por la comunidad internacional. Como han manifestado otros oradores que me han precedido, países como Rusia suministran armas a este país.

Llamemos a las cosas por su nombre. En Darfur se está produciendo un genocidio que debe ser condenado por las Naciones Unidas de forma inequívoca. Está totalmente fuera de lugar que algunos países, como Rusia, bloqueen la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con este asunto. El Parlamento Europeo debe presionar a la opinión internacional de modo que Darfur pueda dejar de ser un símbolo de violencia y abuso.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, la guerra en Darfur, en la zona occidental de Sudán, perdura desde 2003, una guerra civil devastadora que se ha cobrado el estremecedor tributo de 200 000 muertes y 3 millones de refugiados y que los observadores califican de «Ruanda a cámara lenta».

La Unión Europea y los Estados Unidos han expresado su apoyo a la transferencia de la misión de la Unión Africana –cuyos 7 000 soldados son bastante insuficientes para la tarea– a tropas aportadas por las Naciones Unidas. El enviado especial de las Naciones Unidas, Jan Pronk, resume la situación con acritud, afirmando que los esfuerzos de las Naciones Unidas por llevar la paz a Darfur han acabado en fracaso y que se ha hecho demasiado poco y demasiado tarde. Algunos países tratan a Sudán con guantes de seda. Aunque los países difieran entre sí, la razón es casi siempre la misma: materias primas y petróleo.

Nuestra resolución hace un llamamiento enérgico al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se reúna y debata la violencia en Darfur y asuma su responsabilidad de proteger a los civiles.

  John Attard-Montalto (PSE). – (EN) Señor Presidente, pienso que deberíamos sentirnos todos avergonzados por vivir en lo que denominamos una sociedad y civilización diplomáticas, supuestamente una de las civilizaciones más avanzadas de la historia de la humanidad. Sin embargo, miramos impotentes cómo hay víctimas –mujeres, niños, inocentes– que son exterminadas. Hablamos de ello, debatimos sobre ello y conseguimos engañarnos pensando que las Naciones Unidas están haciendo algo.

Las Naciones Unidas no pueden hacer nada. Nos damos cuenta de que las Naciones Unidas, cuando se enfrentan a un régimen dispuesto a cualquier cosa, tanto desarrollar armas nucleares en un país como cometer genocidio o casi de inocentes en otro país, no pueden ni siquiera visitar el lugar donde se están cometiendo las atrocidades. Por otra parte, somos testigos de cómo los militares de un país llevan a cabo una acción independiente, como ha sido el caso de Iraq. Ahora pedimos que los estadounidenses y los europeos salven a las personas inocentes de Darfur y al mismo tiempo condenamos a los estadounidenses por lo que ha ocurrido en Iraq, cuyo régimen no era de los mejores.

Concluiré diciendo que la situación es tan grave que en mi país, Malta, un tercio de los refugiados –hemos realizado un debate y una votación sobre el tema en este período parcial de sesiones– vienen de Darfur. Esto es una muestra de la gravedad de la situación.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión está sumamente preocupada por la situación en Darfur, el último conflicto abierto en el continente africano. Continúan estallando luchas periódicas entre los contendientes y la población civil. Y los primeros en sufrir esta violencia continuada, así como la persistente falta de seguridad, son en particular las mujeres y niños.

A pesar de que la rápida intervención de la Unión Africana ha contenido el peor de los panoramas posibles, el precario statu quo no podrá mantenerse por mucho tiempo. Casi tres millones de personas dependen de una ayuda humanitaria vital, pero las condiciones de acceso y seguridad para las organizaciones humanitarias son limitadas y se ven obstaculizadas por una violencia continua, incluso ataques directos contra las operaciones de ayuda.

En estos momentos, el conflicto se está extendiendo rápidamente a Chad y podría poner en peligro el frágil proceso de conciliación sudanés, iniciado con la firma del acuerdo integral de paz entre Jartum y el SPLM el 9 de enero de 2005. Existe consenso internacional en que la única solución es un acuerdo político en Darfur. La Comisión, los Estados miembros y la comunidad internacional apoyan plenamente el objetivo de la Unión Africana de alcanzar rápidamente un acuerdo de paz en las negociaciones de Abuja. Ello también podría facilitar una transición sin complicaciones de las responsabilidades militares actuales de la Unión Africana en Darfur a las Naciones Unidas. Es una iniciativa indispensable, concebido por la misma Unión Africana, pero a la que Sudán todavía se opone.

La Comisión considera llegado el momento de que las partes, bajo los auspicios de la Unión Africana y con el apoyo de la comunidad internacional, establezcan un plan de paz para Darfur y para la transición de la Unión Africana a las Naciones Unidas con hitos específicos y responsabilidades claramente asignadas. Ello permitiría a la comunidad internacional emplear todos los medios de presión diplomática, incluso sanciones, para forzar el avance de todo el proceso.

Sin embargo, para que la política de conciliación de Darfur sea sostenible, deberá basarse asimismo en las premisas de la justicia y el apoyo internacional a la reconstrucción de la región. En este contexto, es importante que Jartum y los rebeldes colaboren y participen en la labor de la Corte Penal Internacional respecto a Darfur, y que la comunidad de donantes esté dispuesta a proporcionar un dividendo de paz inmediato tan pronto como se alcance un resultado positivo en Abuja.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

El Presidente. – El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar al final de los debates.

(1) Véase el Acta.

12.2. Iraq: Comunidad asiria, situación de las cárceles (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas a Iraq: comunidad asiria, situación en las cárceles.⁽¹⁾

  Nicholson of Winterbourne (ALDE), autora. – (EN) Señor Presidente, la propuesta que tenemos sobre la mesa se centra en dos cuestiones clave de los derechos humanos, en las que dos grupos especialmente vulnerables corren un grave peligro en el Iraq actual. La primera cuestión es la de las minorías religiosas; la segunda, la de los prisioneros.

Respecto a las minorías religiosas, recientemente se han producido agresiones importantes contra los cristianos, así como la consiguiente falta de ayuda para los refugiados que han huido –precisamente cristianos y asirios– a las vecinas Siria y Jordania.

Permítame puntualizar que la persecución religiosa es contraria al islam. El profeta Mahoma, la paz sea con él, declaró que los cristianos serían los mejores amigos de sus seguidores, los musulmanes. En el Sagrado Corán se afirma claramente el respeto de las demás confesiones. Los que llevan a cabo estas agresiones son anarquistas: hacen un mal uso del nombre del islam en beneficio de su objetivo anárquico de restaurar una dictadura con ellos en el poder.

¿Qué podemos hacer? Podemos instar, tal y como hacemos en nuestra firme y enérgica resolución, al Gobierno actual de Iraq en todos los niveles a que proteja a las minorías religiosas y, como en esta resolución, sobre todo a los cristianos asirios. Nosotros, en la Unión Europea, podríamos prestar apoyo e instar a que la comunidad internacional también prestara apoyo en favor de los refugiados que ahora, según tengo entendido, suman cientos de miles en países vecinos como Siria y Jordania. Les insto a que apoyen esta resolución.

Respecto a la segunda cuestión, la de los derechos de los prisioneros, recordemos a todo el mundo que el Estado de Derecho exige el respeto de la ley sobre los derechos de los prisioneros. Esto lo sabe toda la comunidad internacional, al igual que el nuevo Gobierno iraquí. Por lo tanto, exijamos el pleno respeto a los derechos de los prisioneros políticos y de los presos en general y hagamos que la Unión Europea apoye la implantación del Estado de Derecho de arriba abajo, un sistema judicial que respalde al Gobierno electo iraquí.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señor Presidente, desde la invasión de Iraq, en marzo de 2003, miles de personas han sido detenidas por tropas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido.

En muchos de estos casos ni siquiera se han establecido cargos concretos y se les ha impedido, incluso, contar con las garantías procesales y judiciales propias de un Estado de Derecho.

Según varias fuentes, alrededor de 15 000 personas se encuentran todavía en centros de detención norteamericanos en Iraq y un número indefinido de personas se encuentran incomunicadas y en lugares desconocidos, incluso para la Cruz Roja, lo que supone una clara y flagrante vulneración de la legalidad internacional. Son lo que a veces llamamos los «prisioneros fantasmas». Además, miles de esas personas detenidas, llevan en esta situación más de un año.

Las denuncias y pruebas de torturas, vejaciones y malos tratos no solamente crecen, sino que cada vez son más frecuentes y alarmantes.

A este hecho hay que añadir, ciertamente, la persecución que ciertos grupos sufren debido a su adscripción religiosa, como se ha dicho, y tal y como, acertadamente, entiendo que enfatiza esta Resolución.

Sin embargo, además de los asirios, especialmente mencionados en la Resolución, considero que también deberíamos tener en cuenta a otros grupos minoritarios no musulmanes, como los yazidíes o los turcomanos, por ejemplo.

En cualquier caso, quisiera hacer en este momento dos propuestas, que, aunque no están recogidas propiamente en la Resolución de compromiso, me parecen fundamentales.

En primer lugar, quiero hacer un llamamiento a las fuerzas multinacionales y a las autoridades iraquíes para que hagan públicos los nombres de las personas detenidas, les aseguren la asesoría legal necesaria y les permitan recibir las visitas de sus familiares, tal y como recientemente también reclamamos en el caso de Guantánamo.

En segundo lugar, creo que esta Cámara debería reclamar alto y fuerte que se juzgue a todos aquellos que han estado acusados de actos criminales según la legalidad internacional, tales como tortura, retención y detención ilegal.

Esto, estimados y estimadas colegas, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en la Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos.

  Glyn Ford (PSE), autor. – (EN) Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, quisiera decir que todos somos conscientes de la terrible situación de las cárceles iraquíes. Todos sabemos lo que ocurrió en Abu Ghraib y otros lugares. Apoyamos plenamente la resolución por la que se solicita la aplicación de condiciones de detención que se ajusten a las normas internacionales. Votaremos a favor de la enmienda por la que se solicita que se den a conocer los nombres de los encarcelados, así como su derecho a recibir la visita de familiares. Asimismo, instamos al Parlamento iraquí a ratificar la Convención contra la tortura.

Deseo hablar principalmente sobre la cuestión de los asirios. Apoyo y recibo el apoyo de la campaña «Salvad a los asirios», cuyo presidente de honor es Lord Carey, ex arzobispo de Canterbury, así que tengo muy presentes a las personas olvidadas de Iraq. Oímos hablar de los suníes, los chiíes y los kurdos, ¿pero quién ha hablado de los cerca de 800 000 asirios que viven en Iraq? Representan el 8 % de la población, un porcentaje que sería mayor de no ser por el hecho de que, a causa de la persecución, muchos han huido a Jordania y Siria, donde viven en condiciones terribles.

Instamos a las autoridades iraquíes a condenar todos los actos de violencia contra asirios, caldeos, siriacos y demás minorías cristianas en Iraq. Instamos a las autoridades iraquíes y a la fuerza multinacional a encontrar a los autores de los crímenes contra ellos, facilitar el regreso y el reasentamiento de los asirios en entornos seguros, donde se respeten sus costumbres y su forma de vida, e instamos a la Comisión Constitucional del Consejo de Representantes iraquí a proteger los derechos culturales y religiosos de todas las comunidades iraquíes en sus propuestas de enmiendas constitucionales.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señor Presidente, según las últimas informaciones hay por lo menos 14 000 presos en Iraq que no han sido formalmente acusados. Amnistía Internacional no se anda con rodeos cuando afirma que, al mantenerlos en la cárcel, las fuerzas de ocupación –los Estados Unidos y el Reino Unido– están vulnerando directamente el Derecho internacional y no han aprendido nada de Abu Ghraib.

No cabe ninguna duda al respecto; estas prisiones en Iraq forman parte de la política de ocupación. El verdadero problema político es la ocupación de Iraq y debemos decirlo sin rodeos.

Toda una serie de Estados miembros están implicados directamente en esta ocupación, entre ellos el Reino Unido y Polonia. La propia UE ha aportado su granito de arena a lo que ocurre en Iraq, entre otras cosas por la forma del programa Eurojust-Lex, programa que considero que se debe revisar, ya que si juzgamos el sistema jurídico actual por el gran número de presos, difícilmente puede ser eficaz en ningún sentido real.

Por tanto, debemos exigir con claridad que se ponga fin a la ocupación de Iraq y las violaciones de los derechos humanos en sus cárceles. Corresponde al Parlamento Europeo formular esta exigencia con un lenguaje absolutamente claro.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, primero debo expresar que considero un escándalo que el señor Pflüger no tenga nada que decir sobre la situación de los cristianos en Iraq, aunque es quizás comprensible si tenemos en cuenta que su partido aún vive del dinero de otro Estado en el que los cristianos fueron objeto de feroz persecución: la RDA.

De todas formas, debo decir que hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo con él. En su tiempo critiqué abiertamente, y lo sigo haciendo, la intervención en Iraq y opino que debemos evaluar muy objetivamente el resultado. La principal justificación de esta intervención que adujeron los que querían justificarla era la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos bajo el brutal régimen de Sadam Husein. Se han producido efectivamente algunas mejoras, pero debemos señalar que, por desgracia, algunas cosas también han empeorado.

Entre ellas cabe destacar el hecho de que la intervención trastornó el complejo equilibrio étnico en lo que era un Estado artificial creado por las potencias coloniales tras la Primera Guerra Mundial. Y nadie tiene ni idea de cómo crear un Estado como es debido en Iraq.

Los más perjudicados por todo esto son las poblaciones menos numerosas y especialmente las pequeñas minorías, como los asirios y otros pequeños grupos étnicos. Estoy consternado por el hecho de que tantos diputados a esta Cámara tengan tantas dificultades para defender los derechos de los cristianos y hablar en su favor. Se trata de una minoría perseguida por su fe cristiana. ¿Quién va a defender su causa si no es nuestra Europa, en la que el 85 % de los habitantes son cristianos?

En esta Cámara debemos mostrar nuestra solidaridad con todos los perseguidos, con todos aquellos cuyos derechos humanos son violados. Pero debería existir una especie de vinculación natural entre la Europa principalmente cristiana y las antiguas minorías cristianas en esta región, que tienen una historia muy agitada y sufren de forma particular las condiciones inestables que prevalecen actualmente. Se les persigue por ser cristianos y sus perseguidores son elementos extremistas que –como tan acertadamente ha apuntado la señora Nicholson– abusan del islam por motivos políticos a fin de someter y esclavizar a las minorías que no les agradan. Es un islam politizado el que persigue a estas minorías.

Tenemos todo el derecho a criticar la situación en las prisiones. Lo que debemos tener claro es que cuando que hemos derrocado una dictadura y nos dedicamos a construir una democracia y el Estado de Derecho –objetivo que apoyo y que necesita todo el respaldo de la UE–, debemos estar dispuestos a ser juzgados con criterios apropiados. Las condiciones en que se mantiene a los prisioneros y el sistema judicial son los primeros pasos en el camino a un Estado de Derecho operativo, especialmente en las prisiones gestionadas por otros que no son los propios iraquíes.

Teniendo en cuenta todo esto, manifiesto que los derechos humanos son indivisibles y que mirar a otro lado no es una forma eficaz de defenderlos.

  Michał Tomasz Kamiński (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, mi partido y yo siempre hemos apoyado, y seguimos haciéndolo, la intervención en Iraq por parte de democracias occidentales en defensa de valores básicos y derechos humanos fundamentales. Desde el punto de vista de un defensor de la intervención en Iraq por parte de los Estados Unidos y otras potencias democráticas, debo admitir que me entristecen y preocupan las noticias sobre indicios de violaciones de los derechos humanos por parte de un Gobierno que se supone democrático y que debía haber traído la democracia a Iraq.

De hecho, nos encontramos en una situación desafortunada si, tras derribar la dictadura de Sadam Husein, seguimos presenciando violaciones de los derechos humanos en Iraq. Por este motivo, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los oradores y discrepo del uso del término «invasión» para calificar lo que sucedió en Iraq, en este caso admito que debemos actuar juntos en esta Cámara y exigir con firmeza que las democracias occidentales y el nuevo Gobierno democrático de Iraq respeten los derechos humanos. Porque únicamente el respeto de los derechos humanos legitimará las acciones que mi país también apoyó, independientemente de quién gobernara entonces.

También quiero afirmar con toda claridad que me parece loable que la Cámara haya encontrado la fuerza para hablar en defensa de una minoría cristiana. Debemos reconocer también que los cristianos no solo son perseguidos en Iraq, sino en todo el mundo, y que nosotros, como europeos, debemos defender a la comunidad que ha mencionado el orador que me ha precedido.

Hoy en Europa, y en la Unión Europea en concreto, los derechos de las minorías están garantizados. También están garantizados los derechos de las minorías religiosas, los musulmanes y las demás minorías que uno se pueda imaginar y que existen en nuestro continente. Es la norma y forma parte del logro que representa la Unión Europea. También representa el estado actual de la civilización europea.

Precisamente por este motivo tenemos derecho a exigir que se respeten los derechos humanos de los cristianos. Los sucesos que están ocurriendo en Iraq afectan, y esto es especialmente importante, a un antiguo pueblo de esa región. Es un pueblo cuya fe cristiana y cuyas raíces étnicas, inextricablemente vinculadas al suelo iraquí, están profundamente arraigadas en la historia. No se trata de inmigrantes, no son invasores. Son habitantes autóctonos de esas tierras.

Como a menudo sucede en esta Cámara, esta resolución representa un compromiso que goza de apoyo multipartidista. Espero que en esta resolución seamos tan claros cuando pedimos al nuevo Gobierno democrático iraquí que respete los derechos humanos como cuando reclamamos que se garantice la libertad religiosa de todos los habitantes de Iraq.

  Józef Pinior, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, durante los últimos meses hemos asistido en Iraq a un aumento de la violencia contra minorías religiosas. El 29 de enero, por ejemplo, fueron atacadas cuatro iglesias y el edificio de la embajada del Vaticano en Bagdad, además de dos iglesias en Kirkuk. Tres personas murieron, incluido un chico de 14 años, y hubo numerosos heridos. Esta violencia se ceba en particular en la comunidad asiria, así como en otras minorías cristianas. La comunidad asiria desciende de un antiguo pueblo que habitó estas tierras y está amenazada de desplazamientos masivos. A resultas de ello, la cultura mundial se enfrenta a la desaparición de la cultura asiria en Iraq.

El problema más importante relacionado con la reconstrucción de Iraq sigue siendo la garantía del Estado de Derecho. La situación política presenta muchos rasgos típicos de una guerra civil y no podemos permitir que degenere en guerra sucia, donde las fuerzas del orden utilicen constantemente la tortura, se tomen rehenes y la ilegalidad presida la lucha contra las fuerzas rebeldes. Iraq necesita más jueces, una policía profesional y un sistema penal que cumpla la norma internacional.

El Ministerio de Derechos Humanos iraquí y la Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho para Iraq, Eurojust Lex, deben desempeñar una función especialmente importante en el control de este problema. La Unión Europea debe decidir ahora ampliar el mandato de esta misión con respecto a la formación de las fuerzas del orden iraquíes y la medicina forense.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, «casi tres años después de que Estados Unidos y las fuerzas aliadas invadieran Iraq y derrocaran al Gobierno de Sadam Husein, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo muy grave». Esta es la frase introductoria del informe más reciente de Amnistía Internacional sobre la reclusión y tortura en Iraq. Informes bien documentados como este y muchos otros son una lectura muy deprimente, ya que narran ejemplos de detenciones arbitrarias, torturas generalizadas –con palizas brutales, fracturas de huesos, descargas eléctricas, arranque de uñas, personas encadenadas colgadas del techo, quemaduras, violaciones y humillaciones sexuales, ataques de perros–, asesinatos extrajudiciales y muchas cosas más.

Señorías, estos infames crímenes no ocurren en las siniestras cárceles de Sadam, sino en prisiones controladas y administradas por los Estados Unidos y el Reino Unido. Culpamos con toda la razón a Sadam Husein de lo que ocurrió hace más de tres años. ¿No debemos culpar ahora a Bush y a Blair y responsabilizar a ellos de esta flagrante falta de respeto a la vida y la dignidad humanas, que está teniendo lugar a día de hoy en las cárceles de Iraq? Al fin y al cabo, nosotros en Occidente debemos ocuparnos de establecer los criterios más estrictos y de no incurrir en malos tratos de seres humanos como nosotros, cuyas vidas están en nuestras manos.

  Erik Meijer , en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, durante mucho tiempo, Iraq estuvo sometida a un régimen terrible, terrible para sus oponentes, presos, minorías e incluso para la gran mayoría. Ahora sabemos de primera mano la respuesta a la pregunta de si una intervención externa puede mejorar realmente una situación así. Quizás sí para un puñado de grupos, como los kurdos en el norte, que se habían segregado de hecho de Iraq hace mucho tiempo, además de los oponentes políticos que habían huido del país.

Para la mayoría de las personas, Iraq no es un Estado que comparten, sino más bien un campo de batalla entre intereses externos y los intereses y opiniones de grupo muy divergentes: los chiíes, suníes, kurdos y las minorías cristianas existentes desde antes de la era islámica y que, a diferencia de otros grupos, no cuentan con su propio territorio como un posible Estado federal en una federación.

Aunque compartimos plenamente las preocupaciones del señor Posselt en torno a este grupo, nadie puede ofrecer una solución real en las circunstancias actuales. Los ocupantes extranjeros han dejado deteriorarse todavía más el sistema penitenciario, han permitido el restablecimiento de la pena de muerte y son incapaces de ofrecer un futuro a una gran mayoría de ciudadanos. Aunque la resolución propuesta acierta al señalar algunos errores, todavía es demasiado optimista y no contribuye realmente a una solución de los problemas. Es importante aprender la lección de que las intervenciones militares no resuelven nada.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, el debate de hoy se refiere a la comunidad asiria en Iraq y el problema de la tortura en prisiones iraquíes. Mientras que soldados individuales que pertenecen a las fuerzas internacionales de ocupación de Iraq han sido condenados por vulnerar los derechos humanos de prisioneros, el aumento de la violencia contra los cristianos tiene su origen en los extremistas islámicos. Utilizan el chantaje y la extorsión, atacan las iglesias y realizan otros actos de abuso que amenazan la existencia de la comunidad asiria más antigua en estas tierras, una comunidad que habla el caldeo-arameo.

Las masacres del pueblo asirio no son nuevas, ya que se han registrado 33 desde el siglo III, aunque se han hecho más frecuentes en tiempos recientes. No obstante, la agresión y la violencia no son forma de resolver los complejos problemas en esta región. La violencia genera violencia, al igual que la agresión incuba agresión. La situación, por tanto, exige diálogo nacional y la aceptación de diferencias religiosas y, como declara la resolución, requiere que los responsables de la violencia sean identificados y llevados ante la justicia. Es necesario facilitar el regreso a sus hogares de los refugiados, además de prestar ayuda real a los iraquíes para que reconstruyan su país.

La violencia no es una solución buena o a largo plazo de los problemas en ninguna parte del mundo. Por este motivo, solicitamos el respeto de los derechos humanos y la dignidad.

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que no se puede detener a nadie ilegalmente y que el encarcelamiento debe ser acorde con la letra de la ley. Eso es lo que dice la legislación, pero ¿cuál es la realidad?

De todos es sabido que las condiciones en las prisiones iraquíes quebrantan todas las normas humanitarias y sanitarias. Se utiliza la tortura, además de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las autoridades norteamericanas alardean de que investigan todos los informes sobre el trato inadecuado de prisioneros. El Pentágono afirma que en los últimos años se han emprendido acciones disciplinarias contra 200 soldados acusados de trato indebido de los prisioneros. Si queremos plantar las semillas de la democracia en ese país, está claro que no lo lograremos mientras nuestros representantes cometan delitos en lugar de prestar ayudas.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) El desastre humanitario en Iraq es fruto de la agresión perpetrada por los Estados Unidos y la «coalición de voluntades». En caso de que no sepan a qué países me refiero, son el Reino Unido y Polonia, seguidos de una serie de otros países. Entre otras cosas, los representantes de dichos países han entrenado a los policías de Iraq y tengo la certeza de que habrán aprovechado esta oportunidad para instar a los policías a que cumplan las normas internacionales en el trato de los prisioneros. Tampoco me cabe duda de que los prisioneros habrán recibido información, de acuerdo con la letra b) del apartado 9 de esta resolución, de cómo pueden recurrir efectivamente ante los tribunales. Creo que los demás procedimientos a los que se refiere la propuesta de resolución también habrán sido comentados con ellos. Por desgracia, todavía no he visto policías en Iraq que protesten contra la situación de los prisioneros o el abuso de las minorías. Por tanto, debemos mostrar firmeza en estas cuestiones y aprobar esta propuesta de resolución en su forma enmendada. A su vez sería oportuno, por tanto, que los criterios contenidos en la resolución sirvan de base para las directrices relativas a futuras negociaciones sobre la ayuda para las fuerzas de ocupación actuales y el régimen marioneta. Apoyo la resolución.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, cada vez estamos más preocupados por la violencia étnica y religiosa y su posible escalada en Iraq. La falta de respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Iraq son causa de honda preocupación para la comunidad internacional. Todas las comunidades étnicas y religiosas de Iraq, incluida la asiria, tienen derecho a la protección y el ejercicio de sus derechos étnicos, religiosos, políticos, administrativos y culturales.

La Unión Europea apoya el desarrollo de un Iraq seguro, estable y democrático, con un Parlamento y un Gobierno elegidos sobre la base de una constitución que garantice el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del conjunto de la población iraquí. Este es uno de los objetivos clave de la Unión Europea establecidos en la estrategia a medio plazo de junio de 2004. Este objetivo es tan válido hoy como lo era entonces.

La Comisión insiste en la importancia de la protección efectiva y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y anima al Gobierno iraquí a adoptar las medidas oportunas. Ello también debería incluir la abolición de la pena de muerte que, para gran decepción de la Unión Europea, fue reintroducida en 2004 por las autoridades iraquíes.

Nos unimos a la comunidad internacional en la expresión de nuestra más profunda preocupación por los casos de presunta tortura y maltrato de prisioneros iraquíes. Condenamos cualquier acto de abuso de prisioneros en Iraq, tanto por parte de las fuerzas iraquíes como de las fuerzas multinacionales, contrario al Derecho humanitario internacional, y pedimos que se lleve ante la justicia a los responsables. Hemos tomado nota de que las autoridades del Reino Unido, los Estados Unidos e Iraq han puesto en marcha investigaciones para informar sobre dichos abusos, y algunos de los responsables de torturas y malos tratos ya han sido condenados. Hacemos hincapié en las obligaciones establecidas en las Convenciones de Ginebra, según las cuales recurrir a la tortura o al trato inhumano constituye una grave violación de dichas Convenciones.

Es crucial que Iraq y la comunidad internacional colaboren con el fin de reafirmar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y las normas humanitarias.

La Unión Europea se compromete a apoyar activamente la estabilización de Iraq. La Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea cooperan para reforzar el Estado de Derecho a través de una operación de la PESD –Política Europea de Seguridad y Defensa– llamada EUJUST LEX. Se trata de una Misión integrada «Estado de Derecho» que imparte formación en los Estados miembros de la UE en los ámbitos de la gestión y la investigación criminal para 770 altos funcionarios y personal ejecutivo de la judicatura, la policía y las cárceles iraquíes. Un elemento esencial de dicha operación es la formación en derechos humanos.

Además, apoyamos el fomento de los derechos humanos, haciendo hincapié en el componente relacionado con la prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas, y apoyamos los procesos electorales, así como el proceso constitucional, en colaboración con las Naciones Unidas.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al final de los debates.

(1) Cf. Acta.

12.3. Egipto: caso Ayman Nour (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas al caso Ayman Nour en Egipto.

  Nicholson of Winterbourne (ALDE), autora. – (EN) Señor Presidente, esta enérgica resolución llama la atención del Parlamento sobre el destino de un parlamentario perseguido, Ayman Nour, líder del partido Al Ghad, que está en la oposición, y solicita a las autoridades egipcias el respeto de nuestros puntos de vista.

Nosotros, en la Unión Europea, estamos con razón orgullosos de nuestra profunda relación con Egipto. En efecto, Egipto copreside la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y con este país hemos definido una Política de Vecindad Europea que refuerza el diálogo político y nos une a Egipto –el primus inter pares en la Liga Árabe– en el fomento de la paz y la estabilidad. Egipto nos ayuda en el desempeño de esta tarea.

En consecuencia, lamentamos con amargura que tras las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias en Egipto, en noviembre y diciembre del año pasado, el doctor Nour fuera detenido. Cuesta creer que las acusaciones por las que fue condenado a cinco años de prisión puedan ser ciertas. Ayman Nour tiene cientos, no, miles de seguidores. Es muy difícil comprender por qué habría necesitado o se habría tomado la molestia de falsificar algunas de las 50 firmas necesarias para que su candidatura se convirtiera en legalmente válida. Nos sentimos muy conmocionados por el deterioro de su salud, y profundamente preocupados por el hecho de que su recurso de apelación vaya a ser considerado por un juez del que podría entenderse que incurre en un importante conflicto de intereses. Además, deseamos recordar al Gobierno y a los tribunales egipcios que los derechos humanos constituyen una base fundamental del Acuerdo de Cooperación y Asociación entre la Unión Europea y Egipto que tanto apreciamos.

Además, queremos destacar que nuestro punto de vista se ajusta plenamente a la misma legislación egipcia, de forma que solicitamos al Gobierno egipcio que reconsidere esta situación y regule el marco legal de modo que los candidatos de la oposición puedan presentarse a las elecciones y tal vez incluso para que se replantee el juicio del doctor Nour.

  Alyn Smith (Verts/ALE), autor. – (EN) Señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que esta es la tercera resolución relativa a los derechos humanos en Egipto y en particular a la situación del doctor Ayman Nour.

El doctor Ayman Nour fue condenado a cinco años de prisión por el presunto delito de falsificación de los documentos de registro de su partido político. Fue el segundo candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales y a día de hoy sigue en prisión, donde su salud continúa deteriorándose. Es positivo, por así decirlo, que este caso vaya a ser revisado por el Tribunal de Casación el 18 de mayo de 2006, pero debemos estar muy pendientes de este juicio. En el considerando I de la resolución nos comprometemos a constituir una delegación ad hoc que al menos intente visitarlo en caso de que el juicio prolongue su encarcelamiento. No obstante, está claro, por lo menos en opinión de mi Grupo, que debería ser liberado inmediatamente porque parece ser que los delitos de los que se le acusa y por los que de hecho ha sido condenado, no se corresponden con la realidad.

El Gobierno egipcio no debe tener ninguna duda de que estaremos pendientes del caso con interés. El doctor Ayman Nour es ejemplo de un problema más amplio que afecta a la situación general de los derechos humanos en Egipto y a este respecto la presente resolución da algunos pasos concretos adelante. En los apartados 7 y 8 de la resolución, que solicito sean comentados por el Comisario esta tarde, instamos a la Comisión a crear una subcomisión específica sobre derechos humanos en el marco del Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto. En este país existe un déficit de derechos humanos que debe abordarse. La creación de una comisión específica para hacer el seguimiento y proceder a la ejecución del plan de acción será una manera concreta de hacer efectivas las buenas palabras que esta Cámara formula demasiado a menudo.

Egipto es un socio apreciado de la UE y de esta Cámara en el proceso de paz de Oriente Próximo, un aliado en muchos aspectos y un colaborador para el desarrollo, pero debemos reconocer que no cumple nuestros criterios. Si es preciso deberemos utilizar deliberadamente el Acuerdo de Asociación para contribuir al desarrollo y la construcción de la sociedad civil egipcia en beneficio de la población egipcia y de un nivel más constructivo de cooperación entre la UE y Egipto.

  Carlos Carnero González (PSE), autor. – (ES) Señor Presidente, desde mi punto de vista, el punto más importante de esta propuesta de resolución es el penúltimo, cuando se dice que «Pide al Parlamento de la República de Egipto que inicie un proceso de democratización y de respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, para que pueda desempeñar un papel de primer orden en la región como un modelo de democracia parlamentaria en el futuro».

Egipto es fundamental en Oriente Próximo, es clave en el Mediterráneo y es, y debe seguir siendo, un socio privilegiado de la Unión Europea. Pero para todo ello es preciso que Egipto sea una democracia sin vuelta de hoja. Lamentablemente, comprobamos, con casos como el del señor Nour, que eso no es así todavía.

Conocí al señor Nour en la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, tras su creación en marzo de 2005, en El Cairo. Nuestra presión consiguió que se le pusiera en libertad. Estuve, junto con el señor McMillan-Scott y la señora Flautre, reunido con él. Es un demócrata y, desde mi punto de vista, lo único que puede decirse es que debe ser puesto en libertad.

Eso es lo que esperamos de ese Tribunal de Casación que se reunirá el próximo mes de mayo, como una señal clara de que Egipto va a permitir la libertad de expresión, de reunión y de conciencia y de que cada uno podrá presentar sus ideas libremente en los futuros procesos electorales.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, la estabilidad de Egipto se ha basado, durante mucho tiempo, en un Estado de partido único. En la era posnasseriana, este partido ya no representa una ideología común, sino meramente el interés común que supone estar en el poder. En estos días se permite que determinadas personas ajenas participen en las elecciones al margen de este monopolio de poder del Estado, siempre que no constituyan una amenaza para los poderes establecidos. Por este motivo, los candidatos de la oposición corren constantemente el riesgo de ser acosados, intimidados o encerrados. Sobre todo, no se les da la oportunidad de rodearse de un movimiento permanente y sólidamente estructurado.

El estado de emergencia proclamado en 1981 es todavía un instrumento importante para sostener esta situación. Esta vez la víctima ha sido Ayman Nour, ex diputado y antiguo candidato presidencial. Debido a la contribución de Egipto a la estabilidad en Oriente Próximo, particularmente la coexistencia pacífica con el vecino Israel desde 1978, hay notablemente pocas críticas por parte de Europa en lo que respecta a esta situación. Más bien al contrario: la Unión Europea desea mantener buenas relaciones con todos los Estados ribereños del Mediterráneo. Mi Grupo apoya sin reservas la exigencia de una mayor democratización de Egipto, de que levante el estado de emergencia y no siga poniendo trabas a sus oponentes.

  Ari Vatanen (PPE-DE), autor. – (FR) Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a fin de incluir un nuevo apartado 5 bis. El texto es el siguiente: «pide la liberación del doctor Ayman Nour».

(EN) Señor Presidente, esta mañana ha estado aquí al líder de la oposición belarusa, el señor Milinkevich. Él está libre, pero no así Ayman Nour, a pesar de que los dos hombres se encuentran en una tesitura similar en sus respectivos países. El señor Milinkevich ha dicho que cuando iba a un debate electoral tenía que llevarse su propia agua mineral. Pues bien, todos los seres humanos tienen la aspiración inherente de beber el agua limpia de la democracia; lo que hace el señor Milinkevich en Belarús lo intenta hacer también Ayman Nour en Egipto. Intenta transmitir esperanza al pueblo egipcio. Quiere infundir esperanza a aquellos que creen en un mañana libre.

En muchos aspectos, Egipto desempeña un papel fundamental en Oriente Próximo. Si no muestra el camino hacia la democratización al resto de la región, su futuro se verá condenado de antemano. Egipto desempeña una función importante respecto a su relación con los Estados Unidos y su acercamiento constructivo a Israel, pero debe profundizar su relación con la UE y avanzar hacia la democracia. El pueblo egipcio merece la democracia.

¿Por qué está Ayman Nour en prisión? Está allí debido a acusaciones endebles, está encarcelado por nada; está encarcelado porque se atrevió a enfrentarse al Presidente Mubarak. Si queremos que la democracia florezca en Egipto, debemos garantizar la liberación del doctor Ayman Nour. Cuando sea liberado, junto con él serán liberadas también las fuerzas democráticas en esa parte del mundo, una cuestión importante para la estabilidad futura en esa parte del mundo.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción el interés de los diputados al Parlamento Europeo por las cuestiones relacionada con los derechos humanos en países vecinos, particularmente en Egipto y en el caso del señor Nour.

La Comisión ha estado siguiendo de cerca el juicio del señor Nour, líder del partido de la oposición egipcia, Al Ghad, desde su primera detención en febrero de 2005. Como ya sabrán, en respuesta a la condena a cinco años de prisión impuesta al señor Nour el diciembre pasado, la Unión Europea destacó que el encarcelamiento transmitía una señal negativa sobre la reforma democrática en Egipto.

Opinamos que el caso debería inscribirse en el contexto del proceso de democratización en Egipto, además de estar relacionado con la independencia de la judicatura. La Comisión espera que el Tribunal de Casación considere el caso de conformidad con las normas procesales judiciales egipcias y con el Derecho internacional. La Comisión está dispuesta a comprometerse en un diálogo político y sobre derechos humanos con Egipto en el marco de la Política Europea de Vecindad. Las negociaciones para la conclusión de un plan de acción están muy avanzadas. Confiamos en lograr nuevos progresos en las próximas semanas y esperamos finalizar las negociaciones en los meses venideros.

Con el fin de supervisar la aplicación del plan de acción –para responder a la pregunta del señor Smith– se creará una estructura de subcomités en el marco del Acuerdo de Asociación. Los subcomités se ocuparán de las reformas políticas y en el ámbito de los derechos humanos en Egipto.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al final de los debates, es decir, dentro de un momento.

13. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles de las mismas: véase el Acta)

13.1. Darfur (votación)

13.2. Iraq: Comunidad asiria, situación de las cárceles (votación)

13.3. Egipto: caso Ayman Nour (votación)

- Antes de la votación:

  Ari Vatanen (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral a fin de incluir un nuevo apartado 5 bis. El texto es el siguiente: «pide la liberación del doctor Ayman Nour».

Esta enmienda ha sido aprobada por los principales partidos políticos.

(Se acepta la enmienda oral)

El Presidente. – Queda cerrado el Turno de votaciones.

14. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

15. Declaraciones inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

16. Presentación de documentos: véase el Acta

17. Transmisión de los textos adoptados por el Parlamento durante la presente sesión: véase el Acta

18. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

19. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. – Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.50 horas)

La estrategia de Lisboa se centra en mejorar la competitividad de las empresas europeas y en aumentar el crecimiento económico en la UE. La aceleración de la incorporación de la banda ancha por las PYME permitirá a estas un acceso más rápido a los clientes y proveedores y, por consiguiente, es fundamental para alcanzar niveles más altos de crecimiento y competitividad en la UE.

¿Se propone el Consejo examinar la posibilidad de organizar una conferencia durante la Presidencia austriaca para examinar los retos y obstáculos a la incorporación de la banda ancha por parte de las PYME y para examinar la manera de asegurar que las PYME, especialmente en zonas periféricas, tienen acceso a la banda ancha?

Cifras recabadas en 2005 muestran que la banda ancha digital está a disposición del 90 % de la población urbana en la Unión Europea mientras que sólo está a disposición del 62 % de la población rural europea.

¿Puede indicar el Consejo qué iniciativas ha puesto en marcha para garantizar que este desequilibrio por lo que respecta al acceso a la banda ancha en Europa se corrija lo antes posible?

(DE) Unas redes seguras de banda ancha de alta velocidad revisten una importancia vital para la estrategia «i2010» de la Comisión destinada a impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía digital. La prestación de servicios de banda ancha sirve de catalizador para la consecución de los siguientes objetivos de la estrategia i2010: i) realizar el espacio europeo de información para promover un mercado interior abierto y competitivo para la sociedad de la información y los medios de comunicación, y ii) lograr una sociedad europea de la información incluyente que promueva el crecimiento y el empleo de forma compatible con el desarrollo sostenible y dé prioridad a la mejora de los servicios públicos y de la calidad de la vida. Colmar la brecha digital en el ámbito de la banda ancha, es decir, garantizar una amplia disponibilidad y uso de servicios de banda ancha, exige diversas medidas adoptadas de mutuo acuerdo y coherentes a distintos niveles de la administración.

Todos los programas nacionales de reforma (PNR) que presentaron los Estados miembros a la Comisión tras el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa el año pasado abordan el tema de la prestación y expansión de los servicios de banda ancha y consideran que la competencia es el factor más importante para desarrollar tecnologías de banda ancha. Por otro lado, los fondos públicos contribuyen a acelerar la introducción de la banda ancha en las zonas menos desarrolladas de la Unión. Muchos de los PNR avanzan amplios programas de banda ancha (AT, IE, EE, FI, FR, HU, IT, LU, LT, PT, SI, ES), y el tema de las conexiones de banda ancha para PYMES figura entre las estrategias de banda ancha de los Estados miembros, la Comisión y el Consejo.

Como destacaba el Consejo en sus conclusiones de 1 de diciembre de 2005, la estrategia i2010 es responsabilidad común de los Estados miembros, las instituciones europeas y las partes interesadas. En vista de ello, el Consejo invitó a la Comisión, entre otras cosas a «revisar las repercusiones de la convergencia digital sobre la creación, circulación y distribución de contenidos europeos y, en su caso, presentar propuestas para promover un mercado de contenidos digitales rico y diverso, fomentado por el uso de la banda ancha y el desarrollo de redes de nueva generación (RNG)» y a «elaborar una iniciativa europea sobre el programa e-Inclusion en 2008 en la que se aborden las cuestiones relacionadas [entre otras cosas] con las brechas regionales». Además, el Consejo pidió a los Estados miembros que «promocionen el despliegue de redes avanzadas mediante la rápida aplicación de estrategias nacionales destinadas a incrementar la cobertura de los servicios de banda ancha y el acceso mediante diversas plataformas, y a estimular el aprovechamiento y uso, en su caso, de los fondos estructurales de la UE, de acuerdo con las directrices de la Comisión», así como a «estimular el empleo de las TIC por parte de los servicios públicos y las empresas (sobre todo las PYME) a través de la promoción de las cualificaciones necesarias para el despliegue, la promoción de la interoperabilidad y normas de dominio público, y servicios públicos en línea eficaces a través de la introducción de cambios de organización». La propuesta del Programa de Competitividad e Innovación (PIC) incluye igualmente un programa para las TIC que contempla medidas para mejorar la interconectividad, y que actualmente se encuentra en examen en el Parlamento Europeo y el Consejo.

En su comunicación de 20 de marzo de 2006 titulada «Bridging the Broadband Gap», la Comisión señala: «Las ventajas de la banda ancha son tales que la imposibilidad de poder acceder a ella es un problema que debemos resolver urgentemente». Esta comunicación recoge una serie de instrumentos destinados a mejorar el acceso a la banda ancha. Una de las conclusiones de la Comisión es que las autoridades locales o regionales son las mejor situadas para planificar proyectos de banda ancha que tomen en consideración las necesidades locales y los requisitos técnicos. Entre las medidas que podrían tomarse se encuentran: reforzar las estrategias nacionales en materia de banda ancha (como parte de la estrategia para el crecimiento y empleo de la Comisión, así como de la estrategia general i2010), incrementar la difusión de buenas prácticas, en particular a través de la recopilación y uso compartido de información sobre proyectos y licitaciones para la ampliación de servicios de banda ancha, así como concebir proyectos pilotos innovadores y de amplio alcance a escala paneuropea. En el ámbito de la UE ya existen diversos instrumentos para este fin, entre ellos la aplicación de la normativa para las comunicaciones electrónicas, que pretende promover la competencia y adaptar las intervenciones públicas a las normas en materia de competencia. La comunicación de la Comisión se basa en el Informe relativo al Foro sobre la brecha digital de 15 de julio de 2005 y en la posterior consulta pública, y recoge propuestas para que los Estados miembros y la Comisión adopten nuevas directrices políticas. El Consejo examinará en su momento todas las propuestas y estudiará si deben considerarse otras medidas.

Durante la Presidencia austriaca se celebrarán dos importantes conferencias sobre este tema. La Conferencia anual sobre la Carta Europea de las Pequeñas Empresas tendrá lugar en Viena los días 13 y 14 de junio de 2006, y en ella se debatirá el estado de aplicación de la Carta, y en abril tendrá lugar un seminario sobre «Herramientas de TIC para facilitar información, asesoramiento y servicios a las PYME rurales» en Oulu (Finlandia).

A más largo plazo y ante la inminente revisión del marco normativo sobre las comunicaciones electrónicas (se espera que la Comisión presente sus propuestas a finales de 2006), el Consejo tendrá plenamente en cuenta la convergencia de las tecnologías de banda ancha y procurará que los planes para establecer un mercado abierto, competitivo e innovador para los servicios de comunicación electrónica reciban el trato adecuado.

¿Ha tomado nota el Consejo de las conclusiones del informe Aho, que señalan que Europa no ha sacado provecho de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y está perdiendo terreno mientras las grandes empresas globalizan su investigación y desarrollo? ¿Cómo tiene previsto abordar el Consejo esta situación?

(DE) Su Señoría sin duda estará de acuerdo en que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) hacen una importante contribución al crecimiento y empleo en Europa, por lo que constituyen un recurso de peso para alcanzar los objetivos de Lisboa. Además, la inversión en investigación e innovación es indispensable para que el sector de las TIC siga contribuyendo al desarrollo económico, tanto a corto como a largo plazo.

La Comisión presentó en 2005 su estrategia «i2010» para una sociedad europea de la información, cuyo segundo pilar es la innovación y la inversión en investigación. En respuesta a la Comisión, el Consejo destacó en sus conclusiones de diciembre de 2005 que la estrategia i2010 era responsabilidad común de los Estados miembros, las instituciones europeas y las partes interesadas. El Consejo pidió a la Comisión y a los Estados miembros que promovieran la inversión en investigación y desarrollo en el ámbito de las TIC y que prestaran un mayor apoyo a la investigación y desarrollo a través de promoción de la inversión privada y de la cooperación entre los programas de investigación e innovación.

Tras la publicación del informe Aho, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros en su reunión de primavera que destinaran más recursos públicos a la investigación innovadora y para promover la inversión en I+D del sector privado con el fin de más y mejores recursos a la investigación y la innovación. Asimismo pidió una estrategia de innovación de amplia base para Europa, a fin de traducir las inversiones en conocimientos en productos y servicios. Pidió a la Comisión y a los Estados miembros en este contexto que aplicaran con vigor la nueva estrategia i2010.

La propuesta de decisión para la creación de un Programa Marco de Competitividad e Innovación (2007-2013) actualmente es objeto de examen en el Parlamento Europeo y el Consejo. El capítulo II de esta propuesta («Programa de apoyo a la política de TIC») pretende promover la innovación para la sociedad de la información por medio de un mayor uso de las TIC y de la inversión en este sector. Las disposiciones del programa sirven de instrumento para prestar apoyo a las medidas que figuran en la estrategia i2010. En cuanto a las ayudas comunitarias para la investigación y el desarrollo tecnológico, su Señoría sabe que la propuesta de la Comisión relativa al Séptimo Programa marco está siendo examinada por el Parlamento y el Consejo con arreglo al procedimiento de codecisión. Se propone que la investigación y desarrollo tecnológico en el sector de las TIC sea una de las principales prioridades temáticas de este programa.

Por último, cabe señalar que la Presidencia austriaca organizó igualmente una conferencia titulada «La inversión en la investigación e innovación de las TIC», que tuvo lugar los días 22 y 23 de marzo de 2006 en Viena. Esta conferencia era una medida de seguimiento de la iniciativa i2010 de la Comisión y sirvió para identificar medidas prácticas para estimular la capacidad de innovación de Europa en el sector de las TIC. Actualmente se redacta el informe final sobre los resultados de esta conferencia y las recomendaciones de los delegados eminentes.

¿Es concebible constituir para el Transrapid un consorcio análogo a los formados para Galileo y para el Airbus?

(DE) Como señala acertadamente su Señoría, las empresas ya han agrupado sus recursos en consorcios con el fin de operar los sistemas de navegación por satélite Galileo y la creación de Airbus Industrie. Del mismo modo, Siemens y ThyssenKrupp han unido sus trabajos sobre el Transrapid en una empresa común denominada Transrapid International.

Entre 1997 y 2000, Transrapid International llevó a cabo estudios de viabilidad sobre la posibilidad de utilizar el sistema de elevación electromagnética del Transrapid en sistemas de tránsito rápido en Europa Central y Oriental, y al este de estas regiones. Dichos estudios recibieron ayudas de la Comunidad Europea, la cual concedió en 2003 fondos con cargo al presupuesto de las RTE-T para un estudio sobre un posible enlace entre la estación ferroviaria principal de Munich y el aeropuerto de esa ciudad.

Si resultaran necesarias otras medidas a escala europea para ayudar al desarrollo del Transrapid en Europa, el Consejo está seguro de que la Comisión adoptará las medidas necesarias.

Dadas las crecientes preocupaciones ambientales, ¿qué medidas se están tomando para ofrecer una alternativa al uso del transporte por carretera? ¿Habrá más inversiones en transporte, especialmente en las ciudades que tienen serios problemas de congestión? Además, a la vista de los esquemas para que los coches individuales contribuyan a sufragar los costes sociales y ambientales, como la lograda tasa de congestión en Londres, ¿tiene el Consejo la intención de alentar a los Estados miembros a que apliquen medidas similares para reducir la congestión urbana e incrementar el uso del transporte público?

¿Qué piensa hacer la Presidencia en relación con la Directiva sobre los costes de determinadas infraestructuras de transporte (1999/62/CE⁽¹⁾) y con el modelo de internalización de los costes externos que ha de elaborar la Comisión Europea?

(DE) Sus Señorías han formulado varias preguntas sobre la relación entre el medio ambiente y el transporte.

El crecimiento económico y el consiguiente aumento de la demanda de transporte tienen repercusiones en diversos ámbitos, que tienen consecuencias negativas para la congestión del tráfico, la seguridad de este, la salud y el medio ambiente. En respuesta al Libro Blanco titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», publicado en 2001, el Consejo aprobó el paso del transporte por carretera a modalidades de transporte más ecológicas, como los autobuses no contaminantes, y el transporte marítimo y ferroviario. Las medidas correspondientes comprenden directrices que dan prioridad a las redes transeuropeas de transporte por ferrocarril y aguas interiores y actos legislativos para la liberalización del mercado de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril en Europa.

A fin de adoptar las medidas más apropiadas en el futuro, el Consejo se encuentra a la espera de la comunicación sobre la revisión intermedia de este Libro Blanco. Dado que se espera que la Comisión presente dicha revisión en breve, la Presidencia austriaca tiene la intención de presentar esta comunicación en la reunión del Consejo de los días 8 y 9 de junio de 2006 para celebrar un intercambio de puntos de vista al respecto.

El Consejo apoya el empleo de las redes transeuropeas de transporte, del Fondo Europeo de Desarrollo regional y del Fondo de Cohesión como instrumentos europeos para invertir en el transporte. De conformidad con el principio de subsidiariedad, las ciudades que sufren una congestión excesiva de tráfico pueden solicitar financiación a la Comisión. El presupuesto disponible para estos instrumentos en el período 2007-2013 dependerá, desde luego, de los resultados de las deliberaciones sobre las perspectivas financieras.

En cuanto al cobro de peajes para el uso de las carreteras, el Parlamento europeo y el Conejo adoptaron una Directiva el 27 de marzo de 2006 por la que se modifica la Directiva vigente relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (euroviñeta). Una característica notable de esta Directiva de modificación es una nueva disposición que permite agregar un tanto alzado a los peajes de determinados tramos de la red transeuropea de transporte por carretera en regiones montañosas que sufren de una grave congestión de tráfico o cuyo uso por parte de los vehículos provoca importantes daños al medio ambiente. Los ingresos obtenidos con esta medida se invertirán en proyectos prioritarios de las RTE (sobre todo proyectos ferroviarios) que ayudarán a reducir este problema. Además de esta disposición sobre la financiación de infraestructuras alternativas, la Directiva contempla otras posibilidades para aplicar diversos recargos dentro de la red transeuropea a fin de alcanzar objetivos medioambientales, y establece que los Estados miembros podrán cobrar recargos para luchar contra la congestión del tráfico y/o los efectos sobre el medio ambiente (por ejemplo, la tasa aplicable en el centro de Londres).

De conformidad con esta Directiva, en un plazo de dos años, la Comisión deberá presentar igualmente un modelo para evaluar los costes externos. En su caso, este modelo irá acompañado de propuestas legislativas que el Consejo examinará cuando sean presentadas.

Actualmente, se está produciendo una aproximación considerable entre las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Programa Marco Polo II ¿Cree la Presidencia que es posible llegar a un resultado común sobre este proyecto aún en primera lectura?

(DE) El Consejo adoptó en el mes de abril de 2005 un planteamiento general parcial para la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto medioambiental del sistema de transporte de mercancías («Marco Polo II»).

El programa de ayudas «Marco Polo II», con el que se pretende facilitar el cambio a modalidades de transporte alternativas, tiene especial importancia y alta prioridad en vista del aumento desproporcionado del transporte de mercancías por carretera. Si tenemos en cuenta que el programa Marco Polo II será capaz de transferir entre 2007 y 2013, unos 140 000 millones de toneladas-kilómetro de la carretera a medios de transporte con menos efectos negativos sobre el medio ambiente, y una reducción de 8 400 millones de kg de emisiones de CO2 y un beneficio medioambiental y social equivalente a 5 000 millones de euros, resulta evidente la importancia de este programa.

La Comisión de Transporte y Truismo del Parlamento Europeo adoptó el 15 de diciembre de 2005 su propia posición sobre esta propuesta, y la Presidencia ya ha iniciado el examen de las enmiendas propuestas por el Parlamento.

Sin duda es cierto que –como señala su Señoría– los puntos de vista del Parlamento y del Consejo se han acercado considerablemente. Lo que la Presidencia desea es alcanzar un acuerdo durante la primera lectura, si bien el Consejo aún debe examinar más detenidamente las enmiendas propuestas por el Parlamento. Cabe señalar que los aspectos financieros de la propuesta antes mencionada no podrán resolverse hasta que se llegue a un acuerdo sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, y que es necesario que el nuevo programa se desarrolle sin obstáculos, al igual que el primer programa «Marco Polo». La Presidencia cuenta con el apoyo constructivo de sus Señorías en esta cuestión.

¿Qué medidas va a tomar la Presidencia con vistas a la adopción de un plan de acción para la navegación interior?

(DE) Ya que la Presidencia austriaca decidió incluir el transporte por aguas internas entre sus prioridades, prioridad que fue refrendada por varios Estados miembros, la Presidencia se felicita de la Comunicación de la Comisión sobre un Programa de Acción Integrado para el Transporte por las Vías Navegables Interiores que presentó al Parlamento Europeo y al Consejo el 17 de enero de 2006. Esta comunicación constituyó una importante contribución a la reunión de alto nivel vías navegables interiores que la Presidencia celebró en Viena los días 14 y 15 de febrero de 2006, en la que participaron representantes de los Estados miembros, de terceros países, de la Comisión y de ese sector.

Un punto del orden del día para la reunión del Consejo de 27 de marzo de 2006 estuvo dedicado exclusivamente a la navegación por aguas interiores, en la que el señor Barrot, Vicepresidente de la Comisión, tuvo ocasión de explicar la comunicación de la Comisión a los Ministros de Transporte, y el Vicecanciller Gorbach, informó en nombre de la Presidencia sobre la reunión de alto nivel de Viena. Fue en dicha ocasión que el Vicecanciller confirmó que la Presidencia austriaca tenía intención de adoptar conclusiones sobre esta comunicación, que se basarían en los resultados de la reunión de alto nivel, durante la reunión del Consejo de los días 8 y 9 de junio de 2006.

Teniendo en cuenta las dificultades en el desarrollo científico y tecnológico a las que se enfrentan las regiones más alejadas del núcleo continental de la Unión Europea, como las regiones polares, insulares, periféricas y ultraperiféricas, ¿qué medidas considera el Consejo que podrían compensar estos desequilibrios negativos y desarrollar el potencial tecnológico e innovador en esas regiones?

Los problemas de las regiones más alejadas del núcleo continental de la Unión Europea no sólo se reconocen en el Tratado, sino que también se tienen en cuenta en los reglamentos que se negocian en la actualidad en el marco del «Paquete de Medidas para la Política de Cohesión». Asimismo, en su sesión de los días 15 y 16 de diciembre de 2005, el Consejo Europeo ha reconocido las dificultades a las que se enfrentan dichas regiones, concediéndoles recursos adicionales dentro de las perspectivas financieras para 2007-2013. En las propuestas de reglamento sobre los Fondos Estructurales y de Cohesión existen igualmente disposiciones específicas para estas regiones.

Ya que aún se está negociando actualmente el Acuerdo Interinstitucional y el «paquete legislativo sobre la política de cohesión», la Presidencia no puede anticiparse al resultado final de este acuerdo dentro de dicho contexto y, por ello, no puede tampoco proporcionar ninguna información detallada a su Señoría.

¿Es consciente el Consejo del manifiesto del Instituto Montaigne —un laboratorio de ideas francés— en el que se solicita, entre otras cosas, que se autorice a los diputados europeos a reunirse únicamente en Bruselas, en lugar de obligarlos a viajar entre Bruselas y Estrasburgo, y que se use el edificio del hemiciclo de Estrasburgo para acoger el primer centro universitario europeo de excelencia o un centro de investigación tecnológica?

¿Llamará la Presidencia la atención del miembro francés del Consejo sobre esta interesante recomendación procedente de su propio país?

(DE) El Consejo no ha estudiado el manifiesto al que se refiere su Señoría.

Se recuerda a su Señoría que el emplazamiento de la sede del Parlamento Europeo está regulado por el artículo 289 del Tratado CE, el cual establece que «La sede de las instituciones de la Comunidad será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros». De conformidad con el punto a) del Octavo Protocolo anejo al Tratado CE, «El Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los 12 períodos parciales de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria».⁽¹⁾

¿Facilitará la actual Presidencia de la UE una lista de los asuntos legislativos que, desde el 1 de enero de 2006, ha debatido el Consejo a puerta cerrada, excluyendo de esa forma a la prensa y la opinión pública?

(DE) El Consejo desea señalar que todas las cuestiones que debe examinar y/o aprobar, sean o no de carácter legislativo, figuran ya sea en su orden del día provisional o en la lista de puntos «A». La prensa y el público pueden consultar estos órdenes del día y estas listas, si ya han sido publicadas, antes de cada reunión del Consejo a través del registro público de este⁽¹⁾.

Además, todas las cuestiones que serán objeto de debate o deliberaciones públicas se indican claramente en el orden del día provisional para la reunión del Consejo o, en su caso, en los puntos «A» que se publican antes de cada reunión del Consejo.

Por consiguiente el público puede obtener fácilmente información sobre los temas debatidos en el Consejo, y sobre si dichos debates se han celebrado en público o no.

Cuando la Comisión Europea reveló su proyecto de creación de un instituto de tecnología de nivel internacional, destinado a estimular la competitividad económica de la UE y a competir con instituciones como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), observó también que China y la India se están convirtiendo en actores del juego del conocimiento. Además de los famosos institutos indios de tecnología y de gestión, existen aproximadamente otros 20 centros de excelencia en los ámbitos de la ciencia, la ingeniería, la medicina y las artes.

En su opinión sobre el informe de la Comisión AFET sobre la cooperación estratégica entre la UE y la India (A6-0256/2005), la Comisión de Comercio Internacional abogó por el apoyo al impulso del diálogo y la cooperación en la ciencia y la tecnología, siendo un factor importante la ampliación de los contactos e intercambios universitarios. En opinión del Consejo, ¿qué papel podrían desempeñar estas propuestas en el funcionamiento del Instituto Europeo de Tecnología y qué pueden ofrecerse mutuamente la India y la UE a este respecto en el marco de la cooperación estratégica?

(DE)Lógicamente, el Consejo ha tomado nota del informe de 1 de agosto de 2005 de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Resolución del Parlamento Europeo de 29 de septiembre de 2005 sobre la asociación estratégica entre la UE y la India.

El Consejo concede una gran importancia a una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y la India en numerosos ámbitos, como la enseñanza universitaria. El plan de acción conjunto entre la UE y la India (documento 11984/05) señala que la UE y la India consideran que la cooperación entre los establecimientos de enseñanza superior y los intercambios estudiantiles desempeñan un papel destacado para conocer mejor a la otra parte. Por ello se propone que la India y los Estados miembros planifiquen nuevas iniciativas, basadas en los programas ya existentes, para que los estudiantes de ambas partes tengan más oportunidades para estudiar en universidades de la otra región.

Sin embargo, en lo relativo a la propuesta de creación del Instituto Europeo de Tecnología en particular, cabe señalar que los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE aún no han adoptado una posición formal sobre los planes de la Comisión y que la Comisión sólo presentará una propuesta pormenorizadas sobre la creación de dicho Instituto durante el año en curso. Por consiguiente, en estos momentos es demasiado temprano para evaluar el impacto que tendrá dicho instituto y su papel para promover esta cooperación.

Rusia asumirá a mediados de mayo de 2006 la presidencia del Consejo de Europa durante el próximo semestre. La organización está formada por 46 Estados miembros y, entre otros, tiene el objetivo de proteger los derechos humanos.

El primer festival «Gay Pride» iba a celebrarse en Moscú a mediados de mayo, una semana después de que Rusia asuma la presidencia del Consejo de Europa. Pero el festival ha sido prohibido. El alcalde de la ciudad había pronunciado anteriormente en contra de dicha celebración, aduciendo que, en su opinión, la homosexualidad es antinatural.

¿Ha manifestado el Consejo críticas a Rusia, en relación con la prohibición del festival «Gay Pride»? ¿Qué medidas prevé tomar el Consejo para que este país respete los derechos humanos, incluida la libertad de reunión y manifestación?

(DE) El Consejo comparte la preocupación de su Señoría respecto a la libertad de reunión y la libre expresión de opiniones en la Federación Rusa, y reitera su posición de que la discriminación por motivos de orientación sexual resulta inaceptable.

La prohibición impuesta al «Festival del Orgullo Gay», que es comparable a los que se celebran en numerosos Estados de la UE, carece de justificación en la práctica. Por ello cabe preguntarse si esta prohibición es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Por ello, el Consejo estudiará la posibilidad de plantear este tema en una de sus próximas reuniones con las autoridades rusas.

¿Considera el Consejo que la aplicación de unas políticas específicas destinadas a contrarrestar la evolución demográfica negativa en la Unión Europea puede favorecer la competitividad y el desarrollo económico sostenible?

¿Qué medidas concretas piensa tomar la Presidencia austriaca con vistas a la conciliación de la vida familiar y profesional y para mejorar las condiciones y eliminar los obstáculos que hacen que los europeos no tengan el número de hijos que desean?

(DE) Quiero agradecer a su Señoría que haya formulado esta pregunta sobre una cuestión a la que la Presidencia austriaca prestó un especial interés durante los preparativos del Consejo Europeo de primavera.

El crecimiento negativo de la población es desde hace mucho motivo de preocupación para la Unión Europea y la adaptación a este fenómeno se ha convertido en una prioridad política para un creciente número de Estados miembros. Por ello, en los últimos años, la UE ha desarrollado estrategias políticas destinadas a prever los cambios resultantes del aumento de la esperanza de vida provocado por los grandes avances de la atención sanitaria y las mejoras de la calidad de vida en Europa, el gran número de trabajadores con más de 60 años y la persistencia de bajas tasas de natalidad⁽¹⁾. Tras la presentación del Libro Verde de la Comisión titulado «Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones» en el mes de marzo de 2005, el Consejo celebró un debate general en diciembre de ese año sobre el tema «Demografía y capital humano». Las diversas contribuciones a este debate se referían sobre todo a la necesidad de mejorar las aptitudes y cualificaciones de los trabajadores por medio del aprendizaje permanente, al concepto «el trabajo debe valer la pena», a los medios para una buena gestión de los flujos migratorios y a la necesidad de reconciliar la vida familiar y la vida laboral.

Según tengo entendido, este tema también reviste especial interés para el Parlamento Europeo, y a este respecto quiero remitirme a su resolución sobre la contribución del Consejo Europeo de primavera de 2006 a la Estrategia de Lisboa, y en particular a la parte relativa al envejecimiento de la población y los retos demográficos. Esta Cámara celebró igualmente un debate, a finales del mes de marzo, sobre los problemas demográficos y la solidaridad entre las generaciones.

El Consejo estima que en Europa puede promoverse la competitividad y el desarrollo económico a pesar de estas tendencias negativas, y que la UE y sus Estados miembros son capaces de adaptarse a dichos cambios. Por ello ha prestado su apoyo a las medidas y estrategias destinadas a contribuir a la solución de este problema, en particular a través de la Estrategia de Lisboa revisada, la cual concede a la UE el marco necesario para crear puestos de trabajo, en particular para mujeres, jóvenes y personas mayores.

Como ya he indicado, esta cuestión se planteó durante la reunión del Consejo europeo de los días 23 y 24 de marzo. A fin de hacer frente a las actuales tendencias demográficas negativas que existen en Europa, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros, de conformidad con lo expuesto en el Informe Conjunto sobre empleo 2005-2006 que adoptó el 10 de marzo, que adoptaran un planteamiento del trabajo basado en el ciclo de vida, a fin de facilitar la transición de una forma de empleo a otra, para incrementar el número de horas de trabajo, para desarrollar una política activa y preventiva que estimule a las personas a buscar trabajo remunerado, concentrándose en las personas menos cualificadas y peor pagadas; para reducir el desempleo juvenil y aplicar estrategias para la prolongación de la vida activa. Todas estas medidas deberán tomar en cuenta igualmente la situación de los inmigrantes y las minorías. Asimismo, el Consejo Europeo adoptó el Pacto Europeo para la Igualdad y acordó mejorar los servicios de atención infantil de acuerdo con los objetivos de los Estados miembros.

El Consejo Europeo pidió a los Estados miembros que prestaran atención al tema de la «Flexiguridad – Flexibilidad a través de la seguridad» y que actuaran en consecuencia con un concepto integrado de flexiguridad a la hora de reformar su mercado laboral y su política social. Lo que se pretende con ello es lograr una relación equilibrada entre la flexibilidad y la seguridad social en Europa. Estos dos principios no deben considerarse alternativas, sino más bien elementos mutuamente complementarios. Para lograr la flexibilidad que exige la competitividad internacional en el mercado de trabajo es indispensable una seguridad social y sistemas de seguros que funcionen⁽²⁾.

La Comisión presentó al Consejo durante la reunión del 10 de marzo el calendario en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el período 2006—2010. Este calendario establece seis prioridades, a saber, igual independencia económica para mujeres y hombres, promoción de la reconciliación de la vida laboral y la vida privada o familiar, promoción de la igualdad en la participación de mujeres y hombres en los procesos decisorios, erradicación de la violencia sexual y el tráfico de seres humanos con fines sexuales, la eliminación de los estereotipos de género en la sociedad y la promoción de la igualdad de oportunidades fuera de la UE. Estos objetivos y las correspondientes actividades básicas tienen por finalidad promover la armonía entre la vida laboral y la vida familiar.

Estoy convencido de que su Señoría estará de acuerdo en que estos son temas sumamente complejos y que, por ende, se necesita un esfuerzo concertado por parte de todos los interesados para superar los problemas a los que actualmente se enfrenta Europa.

De acuerdo con una reciente investigación realizada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los resultados de Europa en la educación son cada vez más bajos. Francia y Alemania ya no se encuentran en la lista de países de vanguardia en el campo de la educación. Por el contrario, estos países se encuentran en el epicentro de las críticas por lo que se refiere a sus sistemas educativos, que la investigación de referencia caracteriza como mediocres. En el extremo contrario a los ejemplos de Francia y Alemania se encuentra, en Europa, Finlandia, mientras que los países de Asia, con Corea del Sur, China e India a la cabeza, han invertido cada vez más en los últimos años en sus sistemas educativos, y estas inversiones han dado su fruto. En concreto, la investigación de la OCDE demuestra que Europa se ha quedado por detrás de Asia en lo que se refiere a sus sistemas educativos y, por tanto, si quiere reforzar su competitividad en este ámbito, deberá invertir más dinero en la reforma educativa.

¿Piensa la UE favorecer la creación de sistemas educativos competitivos de elevadas calificaciones, basados en la igualdad y en el desarrollo sostenible, fomentado las correspondientes inversiones de los sectores público y privado?

(DE) El Consejo desea expresar al señor Mavrommatis que comparte las inquietudes que manifiesta en su pregunta y que intenta abordar estas cuestiones al nivel más alto posible, en la medida en que tiene competencias para ello. Actualmente todos reconocen que, con la adopción de la estrategia de Lisboa en 2000 y del programa de trabajo «Educación y formación 2010» en 2002, el Consejo Europeo puso en marcha un proceso mediante el cual la educación ocupa un lugar cada vez más destacado en el programa económico y sociopolítico de la UE. El Consejo adoptó en 2005 una serie de directrices integradas, en el marco de la nueva Estrategia de Lisboa, en las que se pide a los Estados miembros que aumenten y optimicen sus inversiones en capital humano y que adapten sus sistemas de educación y formación permanente a los nuevos requisitos en materia de cualificaciones. La aceptación por parte de los Estados miembros del informe provisional conjunto sobre los avances del programa de trabajo en febrero de 2006, que deberá aplicarse en su totalidad de acuerdo con los deseos del Consejo Europeo, y el hecho de que el tema de la educación haya recibido un lugar prominente en las conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2006, constituyen pruebas evidentes de esta evolución.

En vista de los crecientes problemas socioeconómicos y demográficos en un mundo globalizado, el Consejo está de acuerdo con el señor Mavrommatis en que unos sistemas educativos y de formación de alta calidad, que sean eficientes y equitativos, son un factor crucial para incrementar la competitividad y los resultados económicos de la UE, y al mismo tiempo promueven la cohesión social. Por lo que se refiere a las reformas contempladas en el programa de trabajo «Educación y formación 2010» se han observado avances considerables, ya que los Estados miembros se esfuerzan cada vez más en adoptar estrategias de aprendizaje permanente coherentes y exhaustivas que ofrezcan a todos las aptitudes y cualificaciones que necesitan. Sin embargo, será necesario sin duda redoblar esfuerzos, en cuyo contexto la cuestión de la financiación tendrá una importancia crítica.

A este respecto cabe señalar que, en sus conclusiones más recientes, el Consejo Europeo pide a los Estados miembros que faciliten que las universidades tengan acceso a fuentes privadas de financiación complementarias y que eliminen los obstáculos para la cooperación entre el sector público y el privado, de acuerdo con las prácticas nacionales. Además se pide a los Estados miembros que hagan todo lo que esté a su alcance para establecer relaciones más estrechas entre las universidades, la investigación y la industria, a fin de aumentar las inversiones y las posibilidades de innovar y competir. De este modo, la UE podrá mantener su puesto entre los países más avanzados del mundo. El informe que la Comisión presentará próximamente al Consejo sobre la enseñanza universitaria será muy pertinente a este respecto, ya que abordará sobre todo el triángulo entre enseñanza, investigación e innovación, así como las relaciones entre las universidades y las empresas.

Dadas las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre las cláusulas particulares de excepción con respecto a la Directiva 93/104/CE⁽¹⁾ relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, ¿piensa el Consejo tratar de garantizar un acuerdo por separado sobre el asunto específico del tiempo de atención continuada?

(DE) El Consejo coincide con su Señoría en que es necesario adoptar lo antes posible disposiciones comunitarias concretas respecto al «tiempo de atención continuada», tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.

Por esta razón, como sin duda sabe su Señoría, el Consejo ya ha llevado a cabo importantes esfuerzos bajo las Presidencias neerlandesa, luxemburguesa y británica para llegar a un acuerdo sobre este tema que tenga en cuenta la propuesta revisada de la Comisión, la cual recoge igualmente disposiciones sobre el delicado tema de las exclusiones voluntarias.

La Presidencia austriaca está decidida a estudiar todas las posibilidades para llegar a un acuerdo general y equilibrado, basado en la propuesta de la Comisión de junio de 2006.

La construcción de una economía basada en el conocimiento en Europa es una de las prioridades políticas centrales para la Unión Europea si se debe ejecutar la estrategia de Lisboa. ¿Puede aclarar el Consejo qué nuevas iniciativas se incluirán en el Séptimo Programa marco de investigación y desarrollo 2007-2013 a fin de garantizar que los beneficios de las nuevas tecnologías estén disponibles en todas las partes de la Unión Europea y, en especial, en las regiones periféricas de Europa?

(DE)El Consejo está de acuerdo con su Señoría acerca de la importancia que tiene la estrategia de Lisboa para construir una economía basada en el conocimiento. El Programa marco de investigación es un instrumento comunitario clave para alcanzar esta meta. Como sabe su Señoría, el Parlamento Europeo y el Consejo, en su calidad de órganos legislativos, están examinando las propuestas de la Comisión relativas al Séptimo Programa marco (2007-2013).

A la espera del dictamen del Parlamento Europeo y del acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas financieras, el Consejo adoptó un «planteamiento general parcial» para el programa marco en su reunión de 28 de noviembre de 2005, cuyo texto ya ha sido publicado. Como señala la propuesta de Decisión, este programa «persigue los objetivos generales que recoge el artículo 163 del Tratado (reforzar la competitividad industrial y satisfacer las necesidades de investigación en otros ámbitos de las políticas comunitarias) para contribuir a la creación de una sociedad basada en el conocimiento sobre la base de un Espacio Europeo de la Investigación». Por consiguiente, las dos instituciones debaten actualmente la contribución que este programa podría hacer a la economía basada en el conocimiento.

En relación con la forma de que las ventajas de las nuevas tecnologías lleguen a todas las partes de Europa, se remite a su Señoría a las secciones «Regiones de conocimiento» y «Potencial de investigación» de la parte «Capacidades» del programa, que mencionan los siguientes objetivos:

«Reforzar el potencial de investigación de las regiones europeas, en particular mediante incentivos y ayudas al desarrollo en toda Europa de «agrupaciones impulsadas por la investigación», que establezcan una relación entre universidades, centros de investigación, empresas y autoridades regionales»;

«Estimular el pleno desarrollo del potencial de investigación de la Unión ampliada mediante la liberación y desarrollo de dicho potencial en las regiones de convergencia y ultraperiféricas de la Unión, y ayudar a reforzar las capacidades de sus investigadores para participar en las actividades de investigación a escala de la UE».

Cabe recordar igualmente que, además de este Programa marco, el previsto programa marco para la competitividad y la innovación (2007-2013) también pretende contribuir a la introducción de nuevas tecnologías en toda la Comunidad.

Se ha presentado en el Congreso estadounidense la «estrategia de seguridad nacional» de los EE.UU., que completa la orientación de la estrategia de la política exterior de dicho país hacia la guerra preventiva y el ataque al «enemigo» antes de que resulten afectados los intereses estadounidenses. La «doctrina de defensa» prevé el uso de la fuerza, la «guerra duradera» y ataques preventivos contra objetivos, países, redes, etc. La amenaza del uso de la fuerza se refiere a países miembros de las Naciones Unidas (Cuba, República Popular Democrática de Corea, Siria, Belarús, Zimbabue, Myanmar e Irán).

¿Condena el Consejo esta política agresiva de los EE.UU. que viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas y tiene el carácter de brutal chantaje y terrorismo contra terceros países pertenecientes a las Naciones Unidas?

(DE) El enfoque que se describe en la Estrategia Nacional de Seguridad (National Security Strategy - NSS) y en la Revisión Cuatrienal de Defensa (Quadrennial Defence Review - QDR) de los Estados Unidos es una cuestión soberana de las autoridades norteamericanas. No corresponde al Consejo expresar opiniones sobre el contenido de estos documentos. La Unión Europea seguirá actuando sobre la base de sus propios principios y de su propio enfoque, el cual se basa, como señala la Estrategia Europea de Seguridad, en la prevención de conflictos, la resolución pacífica de las crisis y un multilateralismo eficaz.

Si el Consejo no está satisfecho con la actual porosidad de todas las fronteras exteriores de la Unión, ¿qué medidas inmediatas propone para detener la creciente hemorragia, dirigida hacia el interior, de drogas objeto de tráficos, de inmigrantes ilegales objeto de tráficos y de mercancías falsificadas objeto de tráficos y asimismo, dirigida hacia el exterior, de mercancías robadas objeto de tráficos y de restituciones del IVA, hemorragia que supone una sangría progresiva para nuestra sociedad que acabará por destruirla?

(DE) La Presidencia austriaca y la futura Presidencia finlandesa conceden máxima importancia al tema de los controles fronterizos. Actualmente se presta especial atención –y se seguirá prestando en el futuro– al desarrollo de una protección integral de las fronteras externas y a una mayor cooperación con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes ilegales, como se contempla en el Programa de La Haya y el enfoque global de la inmigración, cuyas acciones prioritarias se concentran en África y el Mediterráneo. La cooperación nacional e internacional en curso entre las autoridades competentes y los Estados vecinos en las fronteras interiores para luchar contra la delincuencia e intercambiar información seguirá desempeñando un papel importante en el futuro.

La nueva Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) desempeña un papel destacado en este contexto. Esta Agencia se encarga de la coordinación de la cooperación operativa entre los Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores mediante la realización de operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, entre otras cosas. Ya se han llevado a cabo varias operaciones conjuntas y se prevén otras para un futuro próximo. Asimismo la Agencia elabora análisis de riesgo, asiste a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales y en aquellos casos que exijan una mayor asistencia técnica y operativa. La Agencia prestará a los Estados miembros la asistencia necesaria para organizar operaciones conjuntas de devolución.

Sin embargo, cabe señalar que la responsabilidad del control y de la supervisión de las fronteras exteriores corresponde a los Estados miembros. A fin de prestar asistencia a los Estados miembros en esta tarea, el Consejo debate actualmente una serie de medidas complementarias, mencionadas en el Programa de La Haya y el enfoque global de la migración. Entre ellas se encuentran, en particular, la propuesta de crear un Fondo para las Fronteras Exteriores y la inclusión de identificadores biométricos en los documentos de viaje.

Además, las autoridades aduaneras de los Estados miembros colaboran cada vez con más vigor y eficacia para hacer frente al tráfico de drogas, mercancías. Aunque las actividades operativas siguen siendo competencia de las autoridades nacionales, el Grupo de Trabajo de Cooperación Aduanera prosigue con su larga tradición de realizar acciones aduaneras conjuntas. La OLAF y Europol ofrecen la asistencia necesaria para dichas medidas y, en la medida de lo posible, se coopera con otras autoridades, como la policía y las fuerzas de protección de fronteras.

Valery Yudin, dirigente del Partido Comunista de Ucrania, fue asesinado el pasado 10 de marzo en Nikolskoye por un seguidor fanático de la «revolución naranja». Esta acción es consecuencia de las crecientes provocaciones y la multiplicación de incidentes violentos en contra de dirigentes del partido por parte de círculos nacionalistas. En el transcurso de las últimas semanas, y durante el período preelectoral, hubo muchos ataques contra oficinas provinciales del Partido Comunista de Ucrania y dirigentes de este sufrieron palizas.

¿Condena el Consejo estos hechos, resultado de la política general del Gobierno ucraniano, que cuenta con el apoyo de la UE y convierte el nacionalismo, entre otras cuestiones, en política estatal, incitando al odio entre los seres humanos?

(DE) En sus relaciones con terceros países, el Consejo siempre ha condenado los actos de violencia de todo tipo perpetrados por fuerzas políticas.

En concreto, en relación con la campaña de las elecciones parlamentarias celebradas en Ucrania el 26 de marzo de 2006, el Consejo actuó exclusivamente en función de la información que le facilitó la Misión de Observación de Elecciones de la OSCE en Kiev y sus 52 observadores de larga duración desplegados en todo el país, así como de los informes que recibió de las embajadas de los Estados miembros de la UE, de la Delegación de la Comisión Europea en Ucrania y de otras organizaciones internacionales antes de las elecciones y el día en que se celebraron estas.

El Consejo desconoce el caso concreto al que se refiere el señor Pafilis. La Presidencia emitió la siguiente declaración basada en la información facilitada por las organizaciones antes mencionadas, así como en los informes publicados en la prensa nacional e internacional: «La Unión Europea toma nota con satisfacción de las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación de las Elecciones a la Verkhovna Rada ucraniana del 26 de marzo de 2006, dirigida por la OIDDH de la OSCE. Esta Misión llegó a la conclusión de que estas elecciones fueron libres y equitativas, consolidando así el avance democrático en Ucrania. La Unión Europea se felicita de estas elecciones que constituyen un testimonio del compromiso que ha asumido Ucrania de realizar un proceso verdaderamente democrático. Estas elecciones permitieron a la población tomar una decisión informada entre distintas alternativas y expresar libre y equitativamente su voluntad en las urnas. El pueblo ucraniano ha asumido la responsabilidad de su democracia. Este es un hito importante en el proceso de elecciones democráticas que comenzaron con los acontecimientos políticos que rodearon las elecciones presidenciales de 2004. Las elecciones a la Rada ucraniana han establecido una nueva pauta para las elecciones de toda la región».

El 20 de marzo de 2006, la OSCE declaró que las elecciones presidenciales en Belarús del 19 de marzo de 2006 no se ajustaban a las normas internacionales. Por su parte, observadores de la CEI declararon que las elecciones habían sido «libres, abiertas y transparentes» y el Presidente Putin ha felicitado a Lukashenko por la reelección. «El resultado de las elecciones es una prueba de que los electores confían en el curso que usted ha trazado», declaró Putin según un comunicado de prensa del Kremlin.

No hay duda de que el régimen de Lukashenko se mantiene vivo gracias al apoyo político y económico de Rusia. ¿Se propone el Consejo aumentar la presión sobre Rusia para hacer que este país reduzca su apoyo incondicional al régimen dictatorial de Lukashenko? En caso afirmativo, ¿qué medios se van a utilizar?

(DE) El tema de Belarús es objeto de debates periódicos en el diálogo político entre la Unión Europea y la Federación Rusa. Durante el período inmediatamente anterior a las recientes elecciones presidenciales, el Consejo expresó a Rusia en numerosas ocasiones su preocupación por la violación de los derechos humanos fundamentales y de las normas democráticas en Belarús. La UE plantea igualmente en el seno de la OSCE el tema de la situación existente en Belarús y pide reiteradamente que ese país cumpla sus obligaciones en el marco de la OSCE. Los problemas de Belarús se debaten asimismo con representantes de la Federación Rusa en los que participa la Troika de la UE.

En cuanto a las relaciones económicas entre Rusia y Belarús, nos gustaría destacar igualmente los anuncios realizados hace poco por Gazprom en el sentido de que en 2007 aumentará el precio del gas suministrado a Belarús. Actualmente es de 39 euros por 1 000 m3, lo que lo sitúa muy por debajo del pagado por los Estados miembros de la UE o los países vecinos de Belarús. La UE seguirá detenidamente la evolución de esta situación.

Asimismo, la UE pidió a Rusia que utilizara su influencia sobre Belarús y promoviera el respeto de los derechos humanos y de la democracia durante las elecciones presidenciales en ese país. Estos llamamientos continuarán hasta que mejore la situación en Belarús.

¿Qué hace la Presidencia para desarrollar eficazmente el concepto de la iniciativa «Wider Europe»?

(DE) La presente respuesta, que fue elaborada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus Miembros, no fue formulada oralmente durante el Turno de Preguntas al Consejo del Pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo en abril de 2006.

La Presidencia austriaca de la UE presta especial atención al desarrollo y la transposición de la Política Europea de Vecindad (PEV). La Presidencia sigue muy de cerca, en estrecha colaboración con la Comisión y la Secretaría del Consejo, la aplicación de los planes de acción de la PEV acordados el año pasado con Ucrania, Moldova, Israel, Jordania, Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez.

Asimismo, la Presidencia tiene la intención de finalizar lo antes posible las negociaciones relativas a los planes de acción para Egipto, Líbano, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Un aspecto muy importante para el futuro desarrollo de la Política Europea de Vecindad es el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA). La Presidencia concede alta prioridad a la pronta adopción del Reglamento correspondiente y a la aplicación de sus disposiciones. Esta cuestión se considera especialmente urgente en vista de la expiración automática del Reglamento sobre el programa TACUS que tendrá lugar el 1 de enero de 2007.

El Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en este proceso, y la Presidencia espera una cooperación constructiva de su parte para alcanzar un documento de compromiso en primera lectura, de modo que el instrumento pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2007. De este modo podría llevarse a cabo una transición sin problemas de los actuales programas en materia de vecindad (2005-2006) a los nuevos programas de cooperación transfronteriza (2007-2013).

El Gobierno de Etiopía recurre con regularidad a distintos tipos de violaciones de los derechos humanos para disuadir y castigar a los disidentes. Los periodistas independientes, los redactores y los editores siguen siendo víctimas de acoso e intimidaciones. Todos los dirigentes del partido más importante de la oposición están encarcelados, salvo aquellos que viven en el extranjero. Miles de etíopes han sido asesinados, torturados y detenidos arbitrariamente con total impunidad, mientras que otros cientos han desaparecido durante los últimos 14 años.

¿Tiene previsto el Consejo adoptar medidas tendentes a ejercer presión sobre el Gobierno de Etiopía en relación con su situación en materia de derechos humanos?

(DE) En su respuesta a la pregunta oral H-0110/06, formulada en el Turno de Preguntas de marzo de 2006 por un diputado de este Parlamento, la Presidencia presentó la posición de la UE acerca de la situación de los derechos humanos en Etiopía.

Como recordará el señor Van Hecke, la Presidencia del Consejo ya explicó en su respuesta que, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, el diálogo político con Etiopía ha permitido a los representantes de la UE expresar en repetidas ocasiones su profunda inquietud por la situación de los derechos humanos en ese país, algunas de ellas en conversaciones directas con el Primer Ministro Meles Zenawi. Los representantes de la UE han abordado la situación de los detenidos. Asimismo han pedido la liberación de todas las personas detenidas durante las manifestaciones de junio y noviembre, o después de estas, y que se permita a sus parientes y abogados, así como a representantes de organizaciones humanitarias, que los visiten. Los representantes de la UE han visitado a los detenidos en diversos campamentos y prisiones.

Quisiera señalar al señor Van Hecke que se han emprendido gestiones para que los procedimientos judiciales contra destacadas figuras de la oposición y otras personas sean objeto de un seguimiento internacional independiente. Los representantes de la UE pidieron expresamente al Gobierno que evite que las fuerzas de seguridad acosen a la oposición y a las organizaciones de la sociedad civil. La UE ha ejercido presiones políticas a favor de un diálogo incondicional entre el Gobierno y la oposición, y ha pedido a los dirigentes políticos que permitan el libre funcionamiento de los medios de comunicación privados.

La UE seguirá muy de cerca la situación en Etiopía y continuará planteando estas cuestiones ante las autoridades, ocasión que aprovechará para presionar para que se respeten los derechos de los detenidos y se resuelvan todos los problemas en materia de derechos humanos que afecta a estos.

El 18 de enero de 2006, con motivo de la presentación del programa de la Presidencia, el Canciller Wolfgang Schüssel, Presidente austriaco del Consejo, realizó la siguiente declaración ante el Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo: «Tenemos que escuchar a los ciudadanos que se quejan del uso indebido de los recursos comunitarios y del derroche que suponen ciertos programas. Para eso hay una solución, que no es otra que un control independiente. Tenemos que escuchar a los que exigen una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones en el plano europeo, por ejemplo cuando el Consejo actúa como legislador, o cuando se pide la publicación de las subvenciones concedidas en concepto de financiación, de forma que se sepa públicamente quién se ha beneficiado en concreto de las subvenciones. ¿Y por qué no? Toda esta información debería hacerse pública. A fin de cuentas, se trata del dinero de los contribuyentes europeos. Tenemos que trabajar juntos en esa dirección».

¿Qué iniciativas se han emprendido para responder a esa declaración? ¿Para cuándo cabe esperar, concretamente en Austria, que tenga lugar la publicación de las subvenciones concedidas? ¿Se sigue considerando el Presidente del Consejo vinculado a su promesa («toda esta información debería hacerse pública»), especialmente en lo que se refiere a las subvenciones agrícolas, que se hacen ya públicas de forma detallada en muchos Estados miembros de la UE?

(DE) En respuesta a la pregunta del señor Martin, el Consejo desea apuntar que, de conformidad con el artículo 274 del Tratado CE, el presupuesto comunitario es ejecutado por la Comisión Europea, mientras que los Estados miembros están obligados a cooperar con la Comisión a fin de garantizar que los recursos se utilicen de acuerdo con el principio de la buena gestión financiera.

El Consejo desea destacar ante su Señoría los esfuerzos realizados por la Comisión y, en particular por la DG de Comunicación. Gracias a la publicación de la lista de subvenciones concedidas por esta Dirección General en los últimos años y, más concretamente en 2003 y 2004, se podrá incrementar la transparencia y la responsabilidad de los beneficiarios de subvenciones y recursos financieros de la Comunidad.

Su Señoría encontrará más información en el sitio de la DG de Comunicación en Internet: http://europa.eu.int/comm/dgs/communication/grants/index_de.htm y en el sitio Europa: http://europa.eu.int/grants/index_de.htm en el título «Subvenciones de la Unión Europea». Estos sitios presentan al público una sinopsis de los medios de financiación comunitaria en los diversos ámbitos políticos.

¿Qué acciones se piensa financiar con cargo a los Fondos estructurales en las regiones insulares, rurales y geográficamente alejadas con motivo del Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores?

¿Existen planes concretos de acción destinados a reforzar las infraestructuras con miras a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de estas regiones sensibles?

(FR) El tema de la movilidad de los trabajadores en las regiones ultraperiféricas de la UE forma parte de un proceso más amplio de reflexión sobre el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. En vista de ello se está celebrando un debate en el que participan diversas partes interesadas por ejemplo, las autoridades públicas y los agentes socioeconómicos– con el fin de examinar las condiciones de traslado de los trabajadores en la UE. Su objetivo es garantizar la primacía del derecho a la movilidad y mejorar los instrumentos ya existentes (la red europea de información sobre empleo y movilidad de los trabajadores (EURES) y los Fondos estructurales), y crear a su vez un entorno que facilite la movilidad.

Los Fondos estructurales benefician a un porcentaje importante de la población insular, pudiendo optar más del 95 % de ellas a los Objetivos 1 y 2.

Los Fondos estructurales facilitan en el actual período de programación gran parte de las ayudas financieras para regiones insulares, rurales y geográficamente alejadas, que sufren un retraso en el desarrollo, las regiones menos favorecidas o regiones en declive, por medio de los Objetivos 1 y 2 de los Fondos estructurales.

El objetivo de la política regional es promover el desarrollo sostenible en estos territorios y garantizar a las personas que viven y trabajan en ellos puedan seguir realizando sus actividades en las mejores condiciones posibles. El Fondo Social Europeo (FSE) también puede cofinanciar el coste de trasladar a un aprendiz o a un formador cuando la formación de que se trate se imparta en una región periférica.

En el próximo período de programación 2007-2013, que hace hincapié en el desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación se podrá financiar el traslado de formadores o aprendices, así como otras actividades, como la conexión de la población y las empresas de estos territorios con redes de transporte y servicios de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

La política de desarrollo abarca todas las zonas rurales de la Comunidad, incluyendo las zonas insulares y geográficamente aisladas, tanto en el actual período de programación 2000-2006, como en el próximo período 2007-2013. Las zonas rurales representan aproximadamente un 90 % del territorio de la UE. La prioridad absoluta de diversas medidas del Eje 3 –diversificación y calidad de la vida en las zonas rurales– será la creación de empleo y de condiciones para el crecimiento, contribuyendo así a conseguir el objetivo de crear más y mejores empleos y mejorar la calidad de la vida en estas zonas.

Por último, el futuro Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca contempla medidas destinadas a la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida en las regiones pesqueras de la UE.

En el contexto de las perspectivas financieras 2007-2013, ¿qué función piensa dar la Comisión Europea a las autoridades locales europeas en materia de administración y gestión de los diversos programas de apoyo de la UE?

(EN) Desde la perspectiva de la Política de Cohesión y Desarrollo Rural, la Comisión estimula el respeto y la aplicación del principio de asociación, que constituye el elemento fundamental para aplicar la política europea de cohesión. Este principio propugna la estrecha cooperación entre la Comisión y las autoridades, no sólo en el ámbito nacional, sino también regional y local, de los Estados miembros durante las distintas fases del ciclo de ejecución de los Fondos estructurales y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La asociación con las autoridades locales ya figuraba en los principios de orientación de la Reforma de los Fondos Estructurales y de la política de desarrollo rural de 1998, y fue reforzada mediante las sucesivas reformas de las políticas de cohesión y desarrollo rural de la UE a través de la ampliación del ámbito de asociación y del círculo de asociados.

Durante el próximo período de programación, el principio de asociación se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en los futuros Reglamentos del Consejo para 2007-2013. La propuesta de la Comisión intenta reforzar este principio por considerar que la participación de las autoridades regionales y locales contribuye a dar legitimidad a los procesos decisorios al introducir un planteamiento de base. Asimismo, las autoridades regionales y locales pueden contribuir a la transparencia de las decisiones y de los procesos decisorios mediante su participación y su canalización de la información. Además, la participación de las autoridades regionales y locales contribuye muchas veces a desarrollar capacidades institucionales a escala regional. Para facilitar la participación de las autoridades locales o regionales, es necesario reforzar su capacidad institucional, ampliar su conocimiento de la política estructural europea y establecer un diálogo más eficaz entre las distintas autoridades.

El marco normativo propuesto para el período 2007-2013 presenta muchos aspectos similares al vigente por lo que se refiere a la participación de las autoridades locales, pues permite que los Estados miembros apliquen el principio de asociación de acuerdo con sus prácticas nacionales. Existen numerosos ejemplos en los que las autoridades regionales y locales podrían desempeñar un papel más activo en el futuro:

Las acciones urbanas, en las que la participación de las autoridades locales, tanto en el diseño como en la gestión de los programas resulta crucial para su éxito. La Comisión propone a los Estados miembros la posibilidad de subdelegar a estas autoridades las responsabilidades de gestión en el marco de los programas regionales;

Las acciones de inclusión social, que cofinancia el Fondo Social Europeo (FSE), generalmente son proyectos de base local a pequeña escala que han tenido repercusiones importantes a nivel local y que, cuando así convenga, serán una prioridad para las intervenciones del FSE.

Los programas transfronterizos y de cooperación interregional facilitan que las autoridades locales participen activamente en la programación y gestión de los programas y acciones;

Las autoridades locales son elegibles como organismos intermedios, lo que les concede una amplia responsabilidad y participación en la ejecución de los programas y acciones financiados por los Fondos estructurales.

El nuevo marco normativo contempla nuevas oportunidades para las autoridades locales mediante la ampliación del uso de subvenciones generales.

Las autoridades locales pueden recibir asistencia a través de la nueva iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) que es el marco para fomentar la cooperación entre la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo y otras entidades financieras internacionales en materia de ingeniería financiera para el desarrollo urbano sostenible. Su objetivo es ofrecer soluciones ya preparadas para los proyectos de financiación para la renovación y el desarrollo urbanos a través de una combinación de subvenciones y préstamos.

En el ámbito del desarrollo rural (diversificación de la economía rural, mejora de la calidad de la vida en las zonas rurales), las autoridades locales pueden desempeñar un importante papel a la hora de aplicar estrategias de desarrollo local.

En el planteamiento del programa Leader para el desarrollo rural, en el que la participación de agentes locales (entre ellos las autoridades locales) constituye un requisito indispensable para la asociación y los acuerdos de base avanzados por los Grupos de Acción Local para la aprobación de sus estrategias de desarrollo local en el marco de los programas de desarrollo rural.

¿Puede indicar la Comisión Europea cuándo tiene previsto clasificar las diferentes regiones de Europa con vistas a la reducción de los Fondos estructurales de la UE para el período 2007-2013?

(EN) De conformidad con los artículos 5, 6, 7 y 7 bis del Capítulo III «Criterios geográficos de subvencionabilidad» del Título I de la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión⁽¹⁾:

con arreglo al objetivo de «Convergencia» y a las ayudas transitorias, la Comisión adoptará la lista de regiones subvencionables inmediatamente después de la entrada en vigor de dicho Reglamento. Las regiones con derecho a recibir financiación de los Fondos estructurales en virtud del objetivo «Competitividad y empleo regionales» serán las no incluidas en el objetivo «Convergencia» o en las «Ayudas transitorias».

en virtud del objetivo «Cooperación territorial europea»:

a los fines de la cooperación transfronteriza, la Comisión adoptará la lista de regiones subvencionables inmediatamente después de la entrada en vigor del Reglamento.

a los fines de la cooperación interregional, de las redes de cooperación y del intercambio de experiencias, todo el territorio comunitario es subvencionable;

a los fines de la cooperación transnacional, la Comisión adoptará la lista de las zonas transnacionales subvencionables.

Una de las principales prioridades políticas de los distintos Estados miembros de la UE es alcanzar la convergencia económica en la UE. ¿Podría indicar la Comisión cuáles son exactamente las medidas en las que está trabajando en el contexto de la aplicación de la Estrategia de Lisboa con vistas a alcanzar la convergencia económica entre los territorios de la Unión Europea?

(EN) El artículo 158 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que la Comunidad «se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales». Esto significa que las inversiones financiadas por la política regional deberán tener efectos de convergencia económica permanentes y sostenibles.

Nuestros medios para alcanzar dichos objetivos son de carácter tanto financiero como normativo.

En términos financieros, la política regional se basa en el principio de la concentración de las inversiones en las zonas más desfavorecidas de la UE. Este principio se vio conformado en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005, en las que se acordó que un 82 % de los recursos se concentraría en el 35 % de la población que vive en los Estados miembros y regiones menos desarrollados.

La política regional se basa, además de los fondos disponibles para transferencias financieras, en el marco normativo que determina la forma y el lugar en que pueden emplearse estos fondos. Las próximas perspectivas financieras conceden prioridad absoluta a aquellas inversiones que contribuyen sobre todo –y de modo sostenible–, al crecimiento, la creación de empleo y la competitividad.

De acuerdo con la propuesta de Reglamento general de la Comisión, los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión deben utilizarse para inversiones en el capital físico y humano, con arreglo a las prioridades que figuran en las directrices estratégicas comunitarias. En previsión de la adopción de este Reglamento y con el fin de crear condiciones que permitan que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para elaborar nuevos programas a partir de comienzos de 2007, la Comisión decidió presentar una propuesta de directrices al Consejo y al Parlamento en julio de 2005. Estas directrices trazan las «directrices integradas» correspondientes para la estrategia de Lisboa y establecen tres prioridades de carácter general:

- hacer que la UE sea un lugar más atractivo para invertir y trabajar;

- transformar la Unión en un espacio de alto crecimiento, competitividad e innovación;

- y hacer que Europa vuelva al pleno empleo con más y mejores puestos de trabajo.

Además, el Consejo Europeo de diciembre de 2005 pidió en una recomendación a la Comisión el establecimiento de objetivos transparentes para que un porcentaje mínimo de los recursos disponibles de la política de cohesión se destine a la estrategia de Lisboa. La fijación de estos porcentajes, conocida igualmente como «asignación de recursos», prevé que como mínimo un 60% de los recursos en las regiones de convergencia y un 75% en las demás regiones se invierta en la aplicación de dicha estrategia durante el próximo período. Aunque de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre, la asignación de recursos sólo es obligatoria para aquellos Estados miembros que formaban parte de la Comunidad antes de la ampliación de mayo de 2004, la Comisión no escatima esfuerzos para convencer a los nuevos Estados miembros para que también ellos adopten voluntariamente esta asignación de recursos.

Por último, uno de los principales objetivos del nuevo período de programación es aprovechar al máximo los efectos de las inversiones de la política regional. Actualmente, la política regional genera 1,5 euros de capital privado (por cada euro financiado por la UE) en las regiones del Objetivo 1 y 3 euros en las regiones del Objetivo 2. Este esfuerzo deberá intensificarse en el futuro. A fin de atraer más recursos financieros, la Comisión estimula un uso más eficaz y amplio de los acuerdos de colaboración entre el sector público y el privado en los proyectos financiados por la política regional.

El objetivo de una convergencia real en el próximo período se perseguirá a través de la concentración de recursos en inversiones en los Estados miembros y regiones menos desarrollados y de un planteamiento más selectivo y disciplinado con arreglo a las directrices estratégicas comunitarias y los acuerdos en materia de asignación de recursos.

La ICBAN (Red de la zona fronteriza central irlandesa) se encarga de facilitar alrededor de 25 millones de euros procedentes de los fondos Interreg IIIA para actividades de regeneración en Irlanda del Norte y la República de Irlanda. En la composición de la junta directiva de ICBAN se acusa un predominio notable de representantes de la comunidad nacionalista de Irlanda del Norte.

¿Comparte la Comisión el parecer de que la ICBAN manifiestamente no se ajusta de forma satisfactoria al principio de igualdad?

(EN) Tres Grupos de Corredores fronterizos recibieron ayudas para el desarrollo de estrategias y planes integrados para dichos corredores, en virtud del programa transfronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte del programa Interreg II. Los Grupos de Corredores Fronterizos están integrados por 18 distritos locales a ambos lados de la frontera, A fin de desarrollar su función, los Grupos de Corredores Fronterizos acordaron formar y promover la creación de Asociaciones Interreg IIIA para construir un nuevo modelo de cooperación transfronteriza para el desarrollo estratégico contemplado en el actual programa Interreg IIIA para el período 2000-2006.

La Asociación Interreg IIIA de la Red de la Zona Fronteriza Central de Irlanda (ICBAN) es una de las actuales tres asociaciones transfronterizas Interreg IIIA, junto con la Asociación Interreg IIIA de la Región Fronteriza Oriental y la Asociación Interreg IIIA de la Región Fronteriza del Noreste, que actúan como agentes ejecutores de las medidas 1, 2 y 3 de la Prioridad 1.

Estas asociaciones han desempeñado activamente sus responsabilidades estratégicas operativas dentro del programa y la Autoridad de Gestión ha actuado por iniciativa propia para desarrollar y promocionar estas asociaciones al reconocer su importante función.

La actualización de la evaluación intermedia de este programa⁽¹⁾, que fue realizada por evaluadores independientes, confirma esta afirmación. Estos evaluadores señalan:

«Un elemento único del programa vigente es la participación de las tres asociaciones Interreg IIIA, que son responsables del desembolso del 30 % de los fondos del programa. Las asociaciones, creadas por los Grupos de Corredores Fronterizos, han adoptado un enfoque ascendente y están integradas por autoridades oficiales y agentes sociales. Las asociaciones han añadido valor al Programa al contribuir conocimientos y experiencias locales (...) y garantizar un alto nivel de participación para las redes de comunidades locales. Además, la labor de las asociaciones, así como el conjunto de proyectos financiados por el programa, ha producido un «dividendo» de colaboración al estimular el diálogo transfronterizo, la colaboración entre comunidades, contribuyendo así a los objetivos del programa Peace y a la realización del «Capítulo Común». De forma similar, el programa ha ofrecido una oportunidad única a las instancias de la Administración, tanto del norte como del sur, para establecer una auténtica cooperación transfronteriza».

En el caso de la ICBAN, los Estados miembros participantes han seleccionado la asociación como uno de los vehículos para ejecutar el programa transfronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte. La información con la que cuenta la Comisión, sobre todo lo expuesto en la evaluación intermedia del programa, indica que la labor de la ICBAN ha sido más que satisfactoria.

¿Qué opina la Comisión Europea de que, aunque el objetivo de la iniciativa Jeremie y de los regímenes de ayuda a las PYME es reforzar la competitividad y el desarrollo de las PYME, que es el objetivo central de la Estrategia de Lisboa, en algunos casos, como en la iniciativa Jeremie, los gastos debido por el Estado miembro al Banco Europeo de Inversiones u otros organismos similares son elegibles para su cofinanciación por el FEDER, mientras que los anticipos a las PYME en el marco de los regímenes de ayuda no lo son?

(EN) La iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas)⁽¹⁾, que opera en el marco de los programas nacionales y regionales de cohesión financiados por los Fondos estructurales de la Unión Europea durante el período 2007-2013, ha sido diseñada para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder más fácilmente a la financiación y al capital de riesgo, y para desarrollar los microcréditos. Entre las principales características de la iniciativa JEREMIE se encuentra, en primer lugar, que los recursos que los programas operativos conceden a los fondos de esta iniciativa deben atraer préstamos o recursos de capital adicionales de las entidades financieras internacionales, los intermediarios financieros u otros inversores, y en segundo lugar, que la asistencia prestada mediante capital de riesgo, préstamos o fondos de garantía para desarrollar microempresas, pequeñas y medianas empresas en el marco de esta iniciativa deben ser reembolsables y poderse volver a utilizar incluso una vez finalizado el período de programación 2007-2013,

A fin de establecer las condiciones para atraer recursos y su reciclaje (lo que implica que la misma contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) normalmente se utilizará varias veces para ayudar a las empresas), la Comisión ha propuesto que las contribuciones de las autoridades de gestión a los fondos de los programas operativos que forman parte de la iniciativa JEREMIE puedan optar, de conformidad a las normas del FEDER, a su reembolso en forma de pagos provisionales.

Estas características especiales no se aplican a los anticipos a los programas de ayuda que adoptan la forma de subvenciones no reembolsables para empresas. El trato de estas últimas por lo que respecta a la cuestión de los pagos provisionales del FEDER sigue siendo objeto de negociación en el Grupo de Trabajo de Acciones Estructurales del Consejo.

En este contexto cabe señalar que, en su versión actual, las propuestas de reglamentos para el período 2007-2013 contemplan anticipos con cargo a los Fondos estructurales, lo que facilita recursos a las autoridades inmediatamente después de la adopción de los programas operativos. Dichos anticipos pueden oscilar entre el 5 % y el 10,5 % de la contribución total de los Fondos estructurales a lo largo del período de siete años, lo que representa entre el 40 % y el 70 % de la asignación anual. Esta financiación previa de los programas por parte de la Unión pretende ofrecer la liquidez necesaria a las autoridades de los Estados miembros para que a su vez puedan financiar anticipadamente los proyectos como consideren conveniente o para hacer anticipos.

Actualmente se están preparando los programas operativos en los Estados miembros y en las regiones. En relación con la utilización de los recursos, en particular en las regiones fronterizas, es importante armonizar los programas con el país vecino.

¿Ve la Comisión posibilidades de convertir en regla esta armonización y de conseguir así un valor añadido europeo? ¿Cómo podría reforzarse este enfoque regional transfronterizo?

(EN) Antes de elaborar los programas operativos de ámbito nacional y/o regional, los Estados miembros están ultimando los Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia (MENR) sobre la base del proyecto de directrices estratégicas para la cohesión que ha elaborado la Comisión⁽¹⁾.

La Comisión no sigue prácticas establecidas para garantizar que la coordinación de todos los programas arroje un valor añadido europeo.

Sin embargo, los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar la coherencia entre los programas conexos, y los MENR son un instrumento que puede emplearse a dicho fin.

Además, la cooperación transfronteriza entre regiones fronterizas cuenta con la asistencia de los Fondos estructurales desde hace más de 15 años. Dicha asistencia proseguirá en el próximo período de programación. Esta cooperación se organiza en el marco de programas integrados de cooperación que abarcan simultáneamente ambos lados de la frontera. Resulta evidente que los proyectos ejecutados a través de estos programas son coordinados automáticamente desde ambos lados de la frontera. En aquellos casos en que existe más de un programa en la misma frontera, los programas conexos mantienen un estrecho contacto para garantizar la coordinación y evitar la duplicación de tareas.

En cuanto a los importes de mayor cuantía disponibles para los objetivos de «Convergencia» y «Competitividad y empleo regional», que constituyen el quid de la cuestión, los programas se ejecutan a escala nacional y regional dentro del Estado miembro de que se trate, y por consiguiente hasta ahora no requieren necesariamente una coordinación con el otro lado de la frontera.

En vista de los importes para la financiación del próximo período de programación, en particular para los nuevos Estados miembros, la Comisión coincide con su Señoría en que dicha coordinación sin duda contribuiría a generar un mayor valor añadido. La coordinación de los grandes proyectos medioambientales y de transporte situados cerca de las fronteras, por ejemplo, puede brindar beneficios a todos los participantes.

Por ello, la Comisión tiene previsto plantear esta cuestión durante las negociaciones sobre el programa con los Estados miembros y las regiones a fin de estudiar las medidas que deberán tomarse para garantizar la coordinación necesaria durante la ejecución de los programas.

Además, la comisión considera que los programas transfronterizos podrían contribuir a dicha coordinación, ya que son uno de los principales puntos de contacto para los dos lados de una determinada frontera. Dicha función de coordinación para los programas de cooperación podría intensificarse en el futuro, siempre que los Estados miembros y regiones interesados realmente la deseen.

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para asegurar que las nuevas iniciativas en materia de política regional, como Jaspers, Jeremy y Jessica, destinadas a ayudar a los Estados miembros a asumir los Fondos Estructurales y de Cohesión, son ampliamente conocidas, comprensibles y fácilmente accesibles para todas las partes interesadas, incluso a nivel local?

(EN) La Comisión está de acuerdo con su Señoría en que es de suma importancia que las nuevas iniciativas Jaspers (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), Jeremie (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) y Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) sean ampliamente conocidas en los Estados miembros y sus regiones. Por consiguiente ha puesto en marcha una campaña de difusión basada en cuatro ejes:

En primer lugar, las tres iniciativas se pusieron en marcha en el marco de una importante conferencia de la Comisión a la que asistieron unos 500 representantes de las regiones, entidades financieras e interlocutores sociales, que tuvo lugar en Bruselas el 24 de noviembre de 2005. La Comisión tiene la intención de aprovechar todas las oportunidades que le ofrezcan los eventos sobre la Política Europea de Cohesión para explicar el contenido de estas iniciativas.

En segundo lugar, la Comisión ha organizado, en colaboración con el grupo del Banco Europeo de Inversiones y otras entidades financieras internacionales interesadas, una serie de reuniones técnicas, tanto sobre el terreno en los propios Estados miembros, como en Bruselas, para informar a las autoridades nacionales y regionales sobre las iniciativas Jaspers, Jeremie y Jessica. Entre los asistentes a dichas reuniones se encontraban representantes de las autoridades de gestión y (en el caso de la iniciativa Jaspers) importantes Ministerios sectoriales, como los Ministerios de Transportes y Medio Ambiente, y (en el caso de la iniciativa Jeremie) de los Ministerios de Hacienda y Economía y de entidades financieras regionales.

En tercer lugar, la Comisión desarrolla herramientas modernas de tecnologías de la información, como la creación de sitios y páginas en Internet, consagradas a estas iniciativas. Ya se puede consultar una página sobre Jaspers en Internet⁽¹⁾. Se han elaborado versiones preliminares para los sitios dedicados a las iniciativas Jeremie y Jessica, y se espera que entren en servicio en las próximas semanas.

En cuarto lugar, los servicios de la Comisión han puesto sistemáticamente en conocimiento de las autoridades de gestión de los Estados miembros las nuevas oportunidades que ofrecen las iniciativas Jaspers, Jeremie y Jessica, en el marco de la primera ronda de deliberaciones sobre los Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia (MENR) para la política regional en el período 2007-2013. Y seguirán haciéndolo durante 2006 en las posteriores rondas de deliberación sobre los MENR y sobre los propios programas operativos.

La Comisión agradece igualmente el apoyo y las importantes contribuciones a esta campaña de información sobre estas iniciativas por parte del Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.

La Comisión tiene la intención de reforzar la función que desempeñan las regiones (en Polonia, los voivodatos) en la obtención de recursos de la Unión Europea. Esta ampliación de las competencias de las regiones podría perjudicar a los gobiernos. ¿Se traducirá en hechos a partir de 2007? ¿Van a evolucionar, en el marco de relaciones triangulares Comisión-gobiernos-regiones, las normas que rigen la distribución de la ayuda comunitaria?

(FR) La Comisión se ha comprometido a mantener y reforzar la asociación en cada una de las fases de la aplicación de los Fondos estructurales de nueva generación.

Apoya activamente la participación de las regiones, las autoridades locales y las demás partes interesadas en la programación y la definición de las prioridades en materia de desarrollo. Esta cuestión se basa en el artículo 10 de la propuesta de un Reglamento general que actualmente debate el Consejo.⁽¹⁾

En la reunión del Consejo Europeo de diciembre se subrayó la importancia de la investigación como condición para la competitividad y el empleo, también en el plano regional y con utilización de los Fondos estructurales. ¿De qué manera se propone la Comisión organizar la investigación en los programas regionales y de los Fondos estructurales? ¿Existe una colaboración entre las Direcciones Generales de Política Regional y de Investigación de la Comisión para asegurar que un enfoque estratégico pueda tener un desarrollo fructífero? En caso afirmativo, ¿en qué consiste esta colaboración?

(EN) La política de cohesión de la Unión Europea está comprometida con la ejecución gradual de la agenda de Lisboa. La investigación, el desarrollo y la innovación desempeñarán un papel destacado en la futura política de cohesión. De este modo figuran entre las prioridades propuestas para las regiones de convergencia, para las regiones de competitividad y empleo, y para el objetivo de la cooperación territorial europea.

Las directrices propuestas en materia de investigación y desarrollo para el próximo período de financiación de la política de cohesión contemplan una mayor cooperación entre las empresas y entre las empresas y las instituciones públicas de investigación y las universidades, el apoyo a la investigación y el desarrollo en las PYME, una mayor cooperación transfronteriza y transnacional en materia de investigación y el refuerzo de la constitución de las capacidades correspondientes, incluidas las TIC, las infraestructuras y el capital humano.

Los futuros programas de la política de cohesión pueden aprovechar las ricas y amplias experiencias obtenidas durante el actual período de financiación, programas en los que se invertirán 10 500 millones de euros en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Los tres principales ámbitos de inversión son los proyectos de investigación aplicada y precompetitiva, las infraestructuras de investigación e innovación y la asistencia a la innovación y la transferencia de tecnologías. Siete de cada diez euros procedentes de los Fondos estructurales para estas inversiones se destinarán a las regiones menos desarrolladas.

Las inversiones en capital humano son un elemento crucial para las estrategias destinadas a invertir más en investigación y desarrollo. Los Fondos cofinanciarán una amplia serie de acciones que contribuirán directamente a estos objetivos, y a lograr sinergias para adoptar estrategias coherentes a escala nacional y regional.

Los trabajos de los Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia durante el próximo período de financiación de la política de cohesión ya se están desarrollando y, desde luego, otros servicios están invitados a participar, invitación de la que se encarga la Dirección General de Investigación. Los principales elementos de la parte dedicada a la investigación en estos documentos, así como los futuros programas operativos, constituyen estrategias bien elaboradas y ambiciosas, como las acciones que realizan las Acciones Regionales de Previsión e Innovación con el apoyo de la UE, la mejora de la cooperación y la coordinación entre la investigación pública y la privada en la búsqueda de investigaciones orientadas a la obtención de resultados que allanen el camino para la innovación, y un incremento de las inversiones extranjeras en investigación.

Además del interés estratégico de la política de cohesión por la investigación, el desarrollo y la innovación, la cooperación entre las Direcciones Generales de Investigación y de Política Regional ha dado frutos en la dirección contraria, al integrar expresamente la dimensión regional como piedra angular del Séptimo Programa marco. Uno de los cuatro programas de este marco, el programa de capacidades, que pretende mejorar las capacidades de investigación y capacidad en toda Europa, recogerá dicha dimensión. Incluye, entre otras cosas, el desarrollo y uso de las infraestructuras de investigación y de las actividades de investigación de las PYME en ámbitos concretos. De este modo, estas últimas, al ser la bisagra entre la investigación y la innovación por una parte, y la comercialización por la otra, impulsarán el crecimiento y la creación de empleo y contarán con el apoyo de ambas políticas, cada una de ellas desde su propia perspectiva.

La acción piloto Regiones del Conocimiento, creada a iniciativa del Parlamento, ha avanzado tanto durante las dos convocatorias de propuestas que constituirá un programa por derecho propio para el Séptimo Programa marco. Por otra parte, el programa propuesto para liberar el potencial de investigación en las regiones de convergencia de la Unión Europea contribuirá a la adquisición de equipos y la organización de conferencias sobre transferencia tecnológica, así como para el envío de investigadores.

Esta enumeración no es exhaustiva, pero demuestra que la cooperación destinada a integrar la política regional y la investigación ha avanzado considerablemente en ambas direcciones. De este modo se podrán mejorar las contribuciones a los tres niveles indicados en el informe Aho⁽¹⁾: unas condiciones de mercado favorables para la investigación y el desarrollo, una mayor movilidad de los investigadores y la creación de mercados pioneros a escala europea para las tecnologías más importantes.

Con arreglo a la norma de descompromiso automático («n+2»), los recursos financieros con cargo a los Fondos estructurales de la UE para Polonia durante el período 2004-2006 (que ascienden a un total de unos 8 600 millones de euros) deberían utilizarse de aquí a finales de 2008 para no tener que ser devueltos a la UE.

En fecha reciente, el Gobierno polaco publicó un informe relativo a las previsiones de gastos con cargo a los Fondos estructurales. La «opción optimista» da a entender que, de aquí a finales de 2006, Polonia será capaz de utilizar como máximo un 43,2 % de los fondos asignados, es decir, 3 700 millones de euros. Esto significa que, en los próximos dos años, habrá de utilizar unos 4 900 millones de euros.

¿Qué posibilidades ve la Comisión de que Polonia cumpla con sus obligaciones y utilice los fondos restantes antes de expirar el plazo previsto, y cuáles son los errores fundamentales cometidos por las autoridades polacas en lo tocante a los gastos con cargo a los Fondos estructurales?

(EN) El objetivo de gastar un 43,2 % de los Fondos estructurales para 2004-2006 para finales de 2006 exige evitar el riesgo de liberar compromisos debido a la norma n+2 para todo el importe asignado en 2004 y para dos terceras partes del importe asignado en 2005. En realidad, este sería un resultado muy positivo para Polonia, debido a que se supone que los pagos de compromiso para 2004-2006 no deben distribuirse uniformemente entre 2004 y el final de 2008 (última fecha para reclamar pagos con cargo a los Fondos estructurales en virtud de la norma n+2).

En otros términos, es muy difícil que Polonia y los demás nuevos Estados miembros gasten antes de que termine 2006 un 60 % del total de los Fondo estructurales que les han sido asignados en el actual período de programación. La razón de ello es la diferencia entre el momento en que se asignaron estos pagos y el momento en que pueden comenzar los trabajos del proyecto – debido a la selección, licitación y adjudicación de los proyectos.

Por ejemplo, en el programa operativo de mayor tamaño, el Programa Operativo Regional Integrado (PORI), la Comisión ha recibido peticiones por más de 200 millones de euros, lo que significa que ya no se plantea la liberación de fondos destinados a este programa en 2004.

En cuanto a los principales problemas a los que se enfrenta la ejecución de los Fondos estructurales en Polonia, estos se deben sobre todo a la falta de experiencia en la aplicación de la legislación comunitaria (normas en materia de contratación pública y evaluación de impacto medioambiental). Los procedimientos demasiado complejos y burocráticos generan otra serie de problemas, sobre todo en relación con el cobro y la certificación de pagos. Sin embargo, esto no es lo habitual en los nuevos Estados miembros e incluso en los antiguos, y las pruebas demuestran que muchos de los problemas iniciales ya han sido superados y que se están adoptando medidas eficaces.

¿Qué proporción de los fondos estructurales atribuidos con arreglo al actual plan nacional de Irlanda se gastará en investigación e innovación y qué representa esa proporción en comparación con la media europea?

Teniendo en cuenta el inminente Séptimo Programa marco de investigación, ¿qué medidas ha tomado la Comisión para fomentar el uso de fondos estructurales para investigación e innovación en el futuro?

(EN) El porcentaje de los Fondos estructurales asignado a investigación y desarrollo en Irlanda para el período 2000-2006 se estima en un 7 % del total de los Fondos estructurales asignados (es decir, algo más de 200 millones de euros). Este porcentaje se sitúa ligeramente por encima de la media europea, estimada en un 5 % de los fondos destinados a actividades relacionadas con la investigación y la innovación.

Los programas de nueva generación de la política de cohesión para el período 2007-2013 pretenden establecer una mayor coherencia entre la política de cohesión y la agenda de Lisboa, así como entre dicha política y otras políticas comunitarias. Por ello se ha prestado especial atención a las sinergias con la política de investigación. Estas sinergias adoptan dos formas:

En primer lugar, como se señala en las Directrices Estratégicas Comunitarias para la Política de Cohesión, nos proponemos aumentar y mejorar las inversiones en IDT a través de los Fondos estructurales. Estas directrices contemplan cuatro prioridades para las inversiones en este ámbito:

reforzar la cooperación entre las empresas, y entre las empresas y los establecimientos públicos de investigación y de enseñanza superior mediante la creación de grupos de excelencia a escala regional y transregional.

prestar asistencia a las actividades de IDT de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y ayudarlas a acceder a los servicios de IDT que prestan los establecimientos de investigación financiados con fondos públicos;

apoyar las iniciativas regionales transfronterizas y transnacionales destinadas a intensificar la colaboración y la constitución de capacidades de investigación en los ámbitos prioritarios de la política de investigación de la UE;

reforzar la constitución de capacidades de I+D, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, las infraestructuras de investigación y el capital humano en sectores que presenten importantes posibilidades de crecimiento.

Por ello, las sinergias con el Séptimo Programa marco están presentes tanto en los objetivos generales como en los vínculos específicos. El objetivo general será constituir capacidades de investigación e innovación en todas las regiones a fin de aumentar su competitividad y permitir su participación en el Séptimo Programa marco.

En segundo lugar, se producirán aspectos complementarios en los siguientes sectores:

algunos ámbitos de inversión (por ejemplo, las principales infraestructuras europeas de investigación, el aumento del potencial de los equipos de investigadores en las regiones de convergencia, los centros de excelencia, tanto nuevos como ya existentes, la formación y las condiciones de trabajo de los investigadores);

la aplicación de las estrategias de investigación desarrolladas en el marco de las «Regiones del Conocimiento» del Séptimo Programa marco.

Por ello se establecerán vínculos entre las políticas a todo lo largo del ciclo de formulación y aplicación de las estrategias de los programas de los Fondos estructurales.

¿Está preocupada la Comisión por los niveles de inflación de los activos en algunos Estados miembros? ¿Ha mantenido conversaciones acerca de ello con los Gobiernos de los correspondientes Estados miembros o con el Banco Central Europeo?

(EN) Los precios de los activos en la UE han venido aumentando durante varios años, lo que refleja una tendencia a escala mundial. Gran parte de este aumento puede atribuirse a la abundante liquidez que caracteriza al sistema financiero internacional desde finales de los años noventa. El incremento de la liquidez está relacionado con los bajos tipos de interés a corto plazo y ha incentivado a los inversores a hacer subir el precio de los activos a largo plazo con el fin de obtener mayores rendimientos.

En algunos Estados miembros, los precios de los activos entre ellos el precio de la vivienda han aumentado con gran rapidez y han alcanzado niveles históricos sumamente elevados. Es difícil saber hasta qué punto estos mercados están sobrevalorados. Sin embargo, estas elevadas valoraciones de los activos deben ser objeto de un detenido seguimiento, debido a que una corrección abrupta de estos mercados podría tener graves consecuencias para los resultados económicos de estos Estados miembros.

No obstante, a nivel general, como el de la zona del euro o de la UE en su conjunto, esta evolución de los precios de los activos no plantea riesgos especiales.

La Comisión sigue de cerca la situación de los mercados de activos en el marco de su supervisión económica de la UE y de los Estados miembros. Gracias a ello, la Comisión ha tenido la oportunidad de deliberar sobre la evolución de los precios de los activos con los Ministros de Hacienda y el Banco Central Europeo en el marco de las reuniones mensuales del Consejo ECOFIN y del Eurogrupo.

Como bien ha señalado la Comisión en repetidas ocasiones, el crecimiento potencial de la economía europea se sitúa alrededor del 2%, mientras que el de los EE.UU. se sitúa cerca del 4% y el de varios países asiáticos entre el 8 y el 9%.

¿A qué se debe, según la Comisión, este bajo crecimiento potencial de la economía europea? ¿Cree la Comisión que un crecimiento potencial tan bajo contribuye al desarrollo de una Europa ampliada? ¿Preocupa a la Comisión que este raquítico crecimiento potencial no sea suficiente para la creación de empleo y sea incapaz, por tanto, de reducir las tasas de paro? ¿Considera la Comisión que el discurso y las acciones proteccionistas de determinados gobiernos europeos contribuyen a reducir el crecimiento potencial de la Unión Europea?

En términos de potencial de crecimiento, Europa va efectivamente a la zaga de varios de sus principales competidores, lo cual puede deberse a la menor utilización de mano de obra y al descenso de la productividad a lo largo del tiempo. En términos generales, los analistas coinciden en que esta situación tan poco satisfactoria refleja, en gran medida, las debilidades estructurales de la economía europea. La Estrategia de Lisboa se configuró para tratar estos puntos débiles y lograr un mayor nivel de potencial de crecimiento. Sin embargo, desde el lanzamiento de dicha estrategia en 2000, ha resultado difícil progresar simultáneamente en ambos frentes. La mayor contribución del empleo al crecimiento del PIB de la UE quedó compensada en un primer momento por la menor contribución de la productividad laboral.

El análisis de la Comisión indica que el empeoramiento de los resultados en materia de productividad laboral puede atribuirse a la disminución de las inversiones por empleado y a una reducción del nivel de progreso tecnológico. Lo primero puede explicarse en parte por el aumento de la tasa de creación de puestos de trabajo, aduciéndose que los puestos de trabajo recién creados suelen implicar baja productividad. Por otra parte, la escasez de incentivos a la inversión va asociada también a un entorno empresarial pobre, especialmente en materia de reglamentación. Esto último es un reflejo de una estructura industrial europea con una proporción relativamente baja de actividades con elevado valor añadido y que ha tardado en adaptarse a las crecientes presiones de la globalización y a la consiguiente aceleración del progreso tecnológico.

El pasado año se relanzó la Estrategia de Lisboa en el marco de la Estrategia de crecimiento y empleo; dicha estrategia se centra claramente en facilitar la puesta en práctica de las medidas más idóneas para incrementar el crecimiento y el empleo, tal como se había establecido en las directrices integradas. Todo ello se basa en la colaboración entre los Estados miembros y las Instituciones europeas. Además, esta estrategia coordinada y global, que contiene reformas en los mercados laboral, de productos y de servicios, a nivel tanto nacional como comunitario, constituye el principal instrumento de la UE para hacer frente a las consecuencias del envejecimiento de la población y a los desafíos que plantea la globalización.

El objetivo de la Estrategia de crecimiento y empleo consiste en fomentar las reformas del mercado laboral que garanticen la adecuada seguridad de los trabajadores y permitan simultáneamente que el mercado se adapte rápidamente a los cambios del entorno económico. Otras medidas tienen por objeto mejorar la calidad del capital humano y fomentar las actividades de I+D e innovación. En concreto, la promoción de la formación permanente para los trabajadores poco cualificados contribuirá también a incrementar el crecimiento de la productividad. Asimismo, las mejoras del entorno empresarial, incluida una mejor reglamentación, y el fomento de una competencia sana dentro de los mercados son elementos esenciales.

Los Estados miembros presentaron sus programas nacionales de reforma en el otoño de 2005, en el contexto de la Estrategia de crecimiento y empleo renovada. La Comisión evaluó dichos programas en su Informe intermedio anual, en el que también ha propuesto que se ponga particular énfasis en las reformas a corto plazo dentro de cuatro ámbitos, a saber, el conocimiento y la innovación, las empresas y el entorno reglamentario, las respuestas a la globalización y al envejecimiento, así como la política energética. El Consejo Europeo de Primavera ha respaldado el Informe intermedio anual de la Comisión, y se ha iniciado la aplicación de los programas nacionales de reforma y del Programa comunitario de Lisboa a nivel comunitario.

El impacto probable de la Estrategia de crecimiento y empleo en el potencial de crecimiento de la economía europea es considerable. En un reciente estudio encargado por la Comisión se muestra que la consecución plena de los objetivos de la Estrategia de crecimiento y empleo podría conllevar un incremento del PIB per capita en la UE de prácticamente un cuarto, lo cual confirma el gran potencial positivo que conlleva emprender reformas enérgicas y el consiguiente coste de oportunidad.

Todas aquellas medidas gubernamentales que puedan incidir en la operatividad del mercado interior serían contrarias a los objetivos consistentes en fomentar la eficiencia mediante la asignación óptima de los recursos y en explotar al máximo el potencial de crecimiento de la economía europea.

Es particularmente importante que, para la evolución y la credibilidad de la economía griega, se examinen de nuevo los límites del déficit público y de la deuda pública después de la decisión de Eurostat sobre el modo de consignación de los gastos en materia de defensa. Ello se debe a que el modo de consignación elegido por el Gobierno griego en 2004 para este sector agrava el déficit público de los ejercicios anteriores en más de un 3 %, dando así la idea falsa de que Grecia entró en la UEM sin cumplir las condiciones y los compromisos asumidos ante la UE.

¿No considera la Comisión que Grecia debe modificar también el registro de los gastos en materia de defensa durante el período 2000-2003, de modo que su déficit público no aparezca como inferior al 3 %, confirmando de este modo la credibilidad de la propia Comisión, de Eurostat y del Gobierno griego y que su entrada en la UEM no se realizó sobre la base de unos datos falsos, sino con arreglo a una política comunitaria unitaria que distingue a la Unión Europea a nivel internacional y ante las agencias internacionales de evaluación bancaria?

En un afán de transparencia, sería muy conveniente que la Comisión facilitase los datos sobre los gastos en materia de defensa transmitidos por el Gobierno griego a Eurostat desde marzo de 2004, así como la carta dirigida por Eurostat al Gobierno griego sobre la cuestión de las conversiones en títulos.

(EN) Su Señoría puede encontrar la información sobre los elementos que el Gobierno griego había enviado a Eurostat a partir de marzo de 2004 sobre los gastos militares en el «Informe de Eurostat sobre la revisión del déficit público y las cifras de la deuda de Grecia», publicado el 22 de noviembre de 2004 en el sitio web de Eurostat⁽¹⁾.

En este informe se muestra la forma en que las autoridades griegas han aplicado las normas relativas al registro de los gastos militares desde 1995 y comprende asimismo la correspondencia entre Eurostat y el Servicio Nacional de Estadística de Grecia (SNEG) sobre este tema.

Eurostat entiende que hasta 2004, Grecia había decidido registrar sus gastos militares en el momento de su entrega física.

Sin embargo, como se indica en la página 17 del «Informe de Eurostat sobre la revisión del déficit público y las cifras de la deuda de Grecia», publicado el 22 de noviembre de 2004, «se ha comprobado que tan sólo se registró una pequeña parte de los suministros». Este hecho dio lugar a una «grave subestimación del gasto público» debido a que «el SNEG y el Ministerio de Hacienda no han recibido información alguna sobre suministros desde 1997». Por ello, Eurostat aceptó la decisión de registrar los gastos militares en función de los pagos debido a la imposibilidad de aplicar correctamente el método de suministros anteriormente. Por ello, «el paso a la contabilidad por pagos no estuvo determinado por motivos metodológicos, sino por consideraciones de viabilidad». En vista de la confidencialidad a la que está sometida la información relativa a los suministros en Grecia, únicamente una contabilidad por pagos puede garantizar que se registren todos los gastos».

Como se señala en el comunicado de prensa nº 31/2006 de Eurostat de 9 de marzo de 2006 sobre el registro de gastos en equipamiento militar, no es necesario revisar las cifras de los gastos militares efectuados anteriormente por el Gobierno, ya que «los Estados miembros pueden optar por no modificar sus métodos a la hora de informar sobre los contratos que sólo implicaban el pago de anticipos correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004».

La reciente decisión de Eurostat, publicada el pasado 9 de marzo, prevé que los gastos de defensa de los Estados miembros deben consignarse en el momento de la entrega el equipamiento de defensa, no en el momento de la compra. Sin embargo, dado que los gastos de defensa constituyen una parte importante del gasto público, es obvio que, como consecuencia de consignarlos de modo incorrecto, puede darse la impresión de que el déficit público de un país supera el límite previsto del 3 %.

En Grecia, el Gobierno actual modificó en 2004 el modo de consignar los gastos de defensa, de manera que no se ajusta a la reciente decisión de Eurostat, por lo que el déficit público del período 2000-2003 parece superar el límite del 3 %.

A la luz de la nueva decisión de Eurostat, ¿no debería revisar el Gobierno griego el modo de consignar los gastos de defensa del período 2000-2003, de manera que no se dé la impresión de que el ingreso de Grecia en la UEM tuvo lugar sobre la base de datos ficticios?

(EN) La reciente decisión de Eurostat, publicada el 9 de marzo de 2006 exige lo siguiente en el caso de los contratos a largo plazo de adquisición de equipamientos militares: «en el caso del equipo militar fabricado durante varios años, el momento del gasto público y, por ende, del impacto sobre el déficit público, es el momento del suministro físico del producto acabado, y no el momento de transferencia de la propiedad, que a menudo se realiza en varias fases durante el proceso de fabricación».

Al mismo tiempo, Eurostat ha previsto, en caso de que no se disponga de información fiable, «como decisión provisional y a la espera de una mejora de la información sobre el total, que el gasto público en equipamientos militares se registre en función de su pago o de la información basada en su pago, pues esta es una práctica admisible». Esta solución puede aceptarse únicamente en los siguientes tres casos:

a) cuando la información sobre los pagos se coteja con la información observada y precisa sobre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar asociadas a los correspondientes contratos, o bien

b) cuando la información sobre pagos se utiliza exclusivamente para los suministros de menor cuantía, o ha sido cotejada para los suministros de gran cuantía, o bien

c) cuando el pago se produce poco después del suministro (en un plazo máximo de un año desde el suministro).

Eurostat entiende que hasta 2004, Grecia había decidido registrar sus gastos militares en el momento de su entrega física.

Sin embargo, como se indica en la página 1 del «Informe de Eurostat sobre la revisión del déficit público y las cifras de la deuda de Grecia», publicado el 22 de noviembre de 2004, «se ha comprobado que tan sólo se registró una pequeña parte de los suministros». Este hecho dio lugar a una «grave subestimación del gasto público» debido a que «el Servicio Nacional de Estadística de Grecia y el Ministerio de Hacienda no han recibido información alguna sobre suministros desde 1997». Por ello, Eurostat aceptó la decisión de registrar los gastos militares en función de los pagos debido a la imposibilidad de aplicar correctamente el método de suministros anteriormente. Por ello, «el paso a la contabilidad por pagos no estuvo determinada por motivos metodológicos, sino por consideraciones de viabilidad». En vista de la confidencialidad a la que está sometida la información relativa a los suministros en Grecia, únicamente una contabilidad por pagos puede garantizar que se registren todos los gastos».

Su Señoría puede encontrar más información sobre el registro de los gastos en equipamientos militares en las páginas 15 a 18 del informe antes mencionado, que ha sido publicado en el sitio de Eurostat en Internet.

Como se señala en el comunicado de prensa nº 31/2006 de Eurostat de 9 de marzo de 2006 sobre el registro de gastos en equipamiento militar, no es necesario revisar las cifras de los gastos militares efectuados anteriormente por el Gobierno, ya que «los Estados miembros pueden optar por no modificar sus métodos a la hora de informar sobre los contratos que sólo implicaban el pago de anticipos correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004».

En marzo de 2005, el Consejo recomendó explícitamente a Hungría que tomase medidas eficaces para conseguir los objetivos en materia de déficit presupuestario reflejados en su programa actualizado de convergencia. En su Decisión de 8 de noviembre de 2005, el Consejo afirmó claramente que la aplicación y planificación de reducciones impositivas debe supeditarse al logro de los objetivos de déficit (Decisión 2005/843/CE⁽¹⁾).

A este respecto, el Consejo subraya que la política en que se basa la perspectiva presupuestaria del programa debe garantizar la coherencia de este con la supresión del déficit excesivo hasta 2008. Además, de conformidad con la recomendación del Consejo, los resultados presupuestarios podrían empeorar significativamente, a menos de que las políticas fiscales en que se basan los objetivos fiscales se especifiquen y apliquen estrictamente. En consecuencia, el Consejo considera que es necesario tomar medias fiscales eficaces.

Por último, el Consejo deberá tomar una decisión al respecto⁽²⁾, si considera que no se han tomado medias eficaces en respuesta a la recomendación a que se refiere el artículo 104, apartado 7. La Comisión vigilará y controlará la aplicación del procedimiento de déficit excesivo. Habida cuenta de la citada recomendación, ¿cuáles serían las consecuencias para Hungría o qué sanciones se le impondrían si, pese a la recomendación del Consejo, introdujera nuevas reducciones impositivas?

(EN)La pregunta se refiere a dos aspectos de la vigilancia presupuestaria, el procedimiento de déficit excesivo (PDE) y la evaluación de los Programas de estabilidad y convergencia, ambos aplicables en el caso de Hungría.

El Consejo dirigió dos veces una Recomendación a Hungría en virtud del apartado 7 del artículo 104 del Tratado CE, basada a su vez en una Recomendación de la Comisión. La primera ocasión fue en julio de 2004 y la segunda en marzo de 2005. En esta última, el Consejo recomendaba de hecho a las autoridades húngaras, entre otras cosas que «supeditaran la planificación y aplicación de posibles recortes tributarios al logro de los objetivos de déficit». El Consejo decidió posteriormente en ambas ocasiones, sobre la base de una Recomendación de la Comisión y en virtud del apartado 8 del artículo 104 del Tratado CE, que las medidas adoptadas por Hungría en respuesta a sus recomendaciones no habían sido eficaces.

Puesto que Hungría aún no forma parte de la zona del euro, no son de aplicación las dos fases del PDE contempladas en los apartados 9 y 11 del artículo 104 del Tratado CE y, en particular, la opción de imponerle sanciones en el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, el Consejo podría adoptar una nueva Recomendación en virtud del apartado 7 del artículo 104 del Tratado CE, basada en una Recomendación de la Comisión. Dicha Recomendación tendría en cuenta los acontecimientos recientes, como la presentación de una versión actualizada del programa de convergencia adaptado a más tardar el 1 de septiembre de 2006. La Comisión sigue muy de cerca la evolución de la política presupuestaria de Hungría.

Los acuerdos de Schengen y las decisiones del Gobierno británico con respecto a estos crean una situación dramática en la región de Calais. Un flujo permanente de más de 200 migrantes que huyen de las guerras y la miseria, víctimas de mafias internacionales que trafican con seres humanos, se concentra en la región de Calais, con la esperanza de pasar a Inglaterra. En primer lugar, esta situación es insoportable para los migrantes que sobreviven en condiciones lamentables, pero también plantea un grave problema a la población local, ya que causa perjuicios a la economía, con consecuencias muy negativas en materia de empleo. La responsabilidad de la Unión Europea en este asunto es total.

¿Qué piensa hacer la Comisión para poner fin a esta situación catastrófica, ayudar a los migrantes víctimas de todas las mafias y reparar el daño económico que afecta a la región de Calais?

(EN)La Comisión tiene que reconocer que la situación de los inmigrantes que permanecen ilegalmente en la zona de Calais, que destaca su Señoría, no es nueva.

Sin embargo, es necesario dejar absolutamente claro lo que se ha hecho para resolver esta situación, cuyas responsabilidades competen a las autoridades de migración, y la forma en que se puede resolver este problema a escala mundial como pide su Señoría.

Hace cuatro o cinco años, el albergue de Sangate ofrecía refugio temporal a inmigrantes. Esto explica por qué algunas personas se decidían a realizar peligrosas travesías a través de Europa. Algunas esperaban reunirse con amigos o parientes. Otros esperaban poder escapar de la pobreza. Algunos buscaban trabajo. Otros huían de la persecución y/o de la discriminación racial.

Las soluciones que se encontraron en ese momento –el cierre del albergue, conceder permisos para trabajar en el Reino Unido a algunos inmigrantes, devolver a algunos a sus países de origen y tramitar solicitudes de asilo para aquellos que pedían protección internacional– resultó eficaz a corto plazo. Sin embargo, estas soluciones no eran una panacea, pues no resolvían las causas iniciales de la migración ni ninguno de los motivos que llevan a los inmigrantes a abandonar su país y a los que se refiere su Señoría. La política de la UE en materia de inmigración intenta hacer frente a las causas fundamentales de migración y encontrar soluciones duraderas a los problemas a los que se enfrentan varios Estados miembros.

El Reino Unido no forma parte del espacio de Schengen y las inspecciones realizadas en sus fronteras son producto de una opción política autónoma y legítima. La Comisión carece de facultades y de competencias para obligar al Reino Unido a modificar su política en esta materia. Sin embargo, una cosa es evidente. No existe una relación entre el hecho de que el Reino Unido no participe en Schengen y el grave problema existente en Calais.

Estos problemas son complejos y tienen raíces profundas. Su solución requiere una serie de medidas y acciones exhaustivas, tanto a escala nacional como comunitaria.

La situación ha cambiado considerablemente para aquellas personas que necesitan protección desde la época de Sangatte. La UE ha adoptado una serie de medidas en materia de asilo para que se garantice a las personas que buscan protección en un Estado miembro unas condiciones mínimas de recepción, reconocimiento como refugiados y garantías procesales. Esta serie de medidas también determina qué país es responsable de examinar la solicitud de asilo.

Nuestra política común en materia de migración y asilo dio un paso más en 2004 con la adopción del Programa de La Haya: el plan de trabajo del Consejo Europeo en materia de Justicia y Asuntos de Interior adoptado en noviembre de 2004. El Programa de La Haya propone un planteamiento integral para completar el Sistema Común Europeo de Asilo, fomentar la migración legal con fines económicos, reforzar las medidas de integración e introducir importantes nuevas acciones destinadas a luchar decididamente contra la inmigración ilegal.

En respuesta al Programa de La Haya, el 1 de septiembre de 2005, la Comisión adoptó una serie de propuestas políticas que comprenden una Directiva relativa a normas comunes para la devolución de nacionales de terceros países e ideas destinadas a hacer frente a la inmigración ilegal y sus causas fundamentales mediante una mayor vinculación entre la migración y las políticas de desarrollo de los países de origen y tránsito.

En relación con las inquietudes de su Señoría respecto a las víctimas del tráfico de seres humanos, la UE ha intensificado sus esfuerzos para resolver el problema del tráfico de seres humanos, incluida la introducción ilegal de inmigrantes, en el diálogo político que sostiene con terceros países. Este planteamiento presta ayuda a las iniciativas contra este tráfico llevadas a cabo en terceros países mediante la cooperación al desarrollo y otros instrumentos.

En diciembre de 2005, el Consejo adoptó un Plan sobre buenas prácticas, normas y procedimientos para la lucha y prevención del tráfico de seres humanos.

Las líneas generales del enfoque a escala mundial que la Comisión propuso en septiembre de 2005 fueron aprobadas por el Consejo Europeo de diciembre de 2005 en un documento sobre acciones prioritarias que se concentra en África y el Mediterráneo.

Dicho documento recoge las siguientes prioridades:

Una mayor cooperación a nivel operativo entre los Estados miembros, sobre todo para hacer frente a la migración ilegal en la región mediterránea y para salvar vidas en el mar;

El desarrollo del diálogo y la cooperación con África a fin de luchar conjuntamente contra la inmigración ilegal, así como otras medidas para subsanar las causas fundamentales de la emigración;

La cooperación con los países vecinos, en particular de África del Norte, para evitar la inmigración ilegal y mejorar las capacidades de sus regímenes de asilo, y medidas para gestionar la migración legal de trabajadores a dichos países.

La Comisión trabaja actualmente en la aplicación de estas medidas en estrecha colaboración con los Estados miembros y la Agencia FRONTEX⁽¹⁾. Y elaborará un informe por escrito sobre estas medidas a más tardar a finales de 2006.

La Comisión tiene la intención de presentar esta primavera una nueva Comunicación, en la que evaluará las medidas aplicadas hasta ahora, estudiará la necesidad de adoptar nuevas iniciativas y formulará las prioridades futuras para luchar decididamente contra la inmigración ilegal.

Es obvio que la adopción y aplicación de estrategias y propuestas a largo plazo requieren tiempo, pero la UE puede ofrecer una asistencia más inmediata, concreta y tangible para corregir la situación existente en la región de Calais.

Francia dispone de fondos procedentes del Fondo Europeo para los Refugiados para tramitar las posibles solicitudes de asilo, y la UE ahora concede ayudas para la devolución de los inmigrantes ilegales a su país de origen.

Los Estados miembros pueden recurrir a los programas ERF, ARGO, AENEAS y las «Acciones preparatorias para la gestión del retorno de inmigrantes» para incrementar sus capacidades de gestión de la migración y cuestiones conexas.

La situación debería mejorar considerablemente a partir de 2007 con la adopción de los nuevos Fondos para Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios, que la Comisión propuso para el período 2007-2013, que comprenden el Fondo para las Fronteras Exteriores, un Fondo Europeo para los Refugiados, así como un Fondo europeo para el retorno y un Fondo de Integración.

Aparte del programa AENEAS se dedicará una parte de los instrumentos financieros comunitarios para las relaciones exteriores a cuestiones relacionadas con la migración.

En cuanto al remedio a los daños económicos que puede provocar la presencia de inmigrantes ilegales en la zona de Calais, primero sería necesario demostrar el carácter exacto de dichos «daños económicos» y establecer el vínculo con la inmigración ilegal que supone su Señoría. La Comisión tiene que subrayar lógicamente que la responsabilidad de las medidas operativas concretas para resolver el problema de la inmigración ilegal en su territorio y el problema del trabajo ilegal corresponde exclusivamente a los propios Estados miembros. La Comisión no participa en las operaciones policiales y judiciales sobre el terreno y ha pedido durante años a los Estados miembros, en el marco de la agenda de Lisboa, a hacer frente al problema del trabajo ilegal, que actúa no sólo como efecto de llamada sobre los inmigrantes, sino que también socava la credibilidad de las políticas de la UE en materia de migración.

Con la propuesta de directiva sobre la estrategia marina (COM(2005)0505 final), la Comisión persigue alcanzar un buen estado ecológico del medio marino de aquí al año 2021. No obstante, en dicha propuesta no se determinan en grado suficiente las medidas que deben adoptarse para lograr los objetivos de la estrategia.

Para que se aplique a escala comunitaria una política global sobre el medio marino, se necesitan indicadores comunes para determinar el buen estado ecológico. ¿Se ha logrado algún avance a este respecto? Además de los gastos administrativos, ¿se ha calculado el coste que supondrá para los Estados miembros la aplicación de la estrategia? ¿De qué modo podría garantizarse la aplicación de la estrategia en aquellos terceros países que comparten aguas marinas con los Estados miembros? ¿Se ha estudiado la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto para la aplicación de esta estrategia?

(EN) El objetivo de la propuesta de Directiva sobre la estrategia marina⁽¹⁾ es alcanzar un «estado ecológico satisfactorio» del entorno marino de la UE de aquí a 2021. Esta propuesta de Directiva no define medidas concretas para alcanzar dicho objetivo. Ello se debe a la diversidad de condiciones, problemas y necesidades de las distintas regiones marinas de la UE que requieren soluciones adaptadas, por lo que la planificación y ejecución de estas medidas se deja en manos de las autoridades regionales. Un efecto más preceptivo no tendría en cuenta la diversidad de las situaciones existentes en Europa.

En cuanto a los costes, la evaluación de impacto⁽²⁾ estima que los costes administrativos y de las políticas se elevarán a unos 90 millones de euros en la fase inicial y algo más de 70 millones tras dicho período. Habida cuenta de que los programas de medidas pueden variar considerablemente entre una región marina y otra, otro tanto sucederá con sus consecuencias, costes y ventajas. La propuesta de Directiva exige la realización de una detallada evaluación de impacto de las medidas introducidas para garantizar su rentabilidad.

Actualmente, la UE no se encuentra en una buena posición para negociar con los terceros países con los que comparte espacios marinos. Las relaciones con estos tienen lugar sobre todo en el marco de los convenios regionales de Derecho del Mar. A menudo, los Estados miembros no hacen todo lo posible para coordinar sus acciones en ausencia de una política comunitaria clara. La Estrategia Marina ofrece una plataforma a través de la cual la UE presentará con más eficacia sus puntos de vista ante terceros países. De este modo mejorará nuestra posición negociadora. La Estrategia pasará igualmente a ser parte del acervo al que deben aproximar su legislación muchos países terceros para integrarse a la Política Europea de Vecindad o para celebrar acuerdos bilaterales con la UE. Esperamos que esta Estrategia tenga un nuevo efecto positivo sobre el estado del medio ambiente marino de la UE.

En relación con la puesta en marcha de un proyecto piloto para la aplicación de la Estrategia, dicho proyecto no ha sido estudiado hasta ahora. La Comisión seguirá estimulando actividades que fomenten el intercambio de ideas entre los convenios regionales de Derecho del Mar.

El Libro Verde sobre Política Marítima que la Comisión adoptará antes de que finalice el primer semestre de este año planteara preguntas y propondrá respuestas acerca de las acciones futuras para desarrollar actividades marítimas sostenibles basadas en la gestión de los ecosistemas que propone la Estrategia Marina.

Mediante carta de 3 de marzo de 2006, la Comisión contestó a la pregunta escrita E-4819/05. La respuesta, cuya elaboración requirió tres meses, no aporta ningún dato nuevo. Por ello se vuelve a plantear, ahora como pregunta oral:

¿Por qué se abrieron las mencionadas cuentas? ¿De cuántas cuentas que reúnan los criterios del formulario de verificación tiene ahora conocimiento la Comisión? ¿En qué direcciones generales, unidades y servicios se administraban esas cuentas? ¿Qué saldo acreedor tienen?, ¿de dónde procedían los ingresos?, y ¿qué tipo de gastos se sufragaban? ¿Quién tenía el poder de firma?, y ¿cómo se coordinaban las operaciones a nivel interno en la Comisión? ¿Por qué las cuentas se administraban al margen del presupuesto? ¿Se ha podido descartar la existencia de casos de enriquecimiento personal? Cómo tiene previsto proceder la Comisión cuando conozca todas las cuentas?

¿Cómo valora la Comisión estos hechos?

(EN) La Comisión está a punto de concluir un examen, iniciado a finales de octubre de 2005, de las cuentas bancarias abiertas u operadas por miembros del personal, excepto por su contable.

Este examen persigue dos finalidades:

confirmar la existencia de todos los activos y pasivos de la Comisión en forma de cuentas bancarias para su uso a los fines del presupuesto comunitario;

clarificar normas con los distintos departamentos de autorización de la Comisión relativas a la apertura y uso de estas cuentas bancarias, a fin de evaluar si siguen siendo útiles.

Para este ejercicio es necesario distinguir entre las cuentas bancarias abiertas dentro de las fronteras de la Unión Europea (UE) y las abiertas fuera de esta.

La mayoría de las cuentas abiertas fuera de la UE son gestionadas conjuntamente por los países signatarios del Acuerdo de Cotonú con la contrafirma de los Jefes de Delegación de la CE para los proyectos y programas del Fondo Europeo de Desarrollo (FES). El examen de estas cuentas aún continúa y su completa verificación requerirá algo más de tiempo.

Se han detectado 18 cuentas bancarias dentro de las fronteras de la UE. Estas cuentas sirven para varias finalidades:

para gestionar los ingresos procedentes de la venta de publicaciones;

para cumplir las obligaciones contempladas en la legislación nacional (un litigio sobre el depósito de garantía de un edificio alquilado por una Delegación, el pago de cotizaciones al fondo de pensiones del personal local, la impugnación de un procedimiento de recuperación de fondos);

ofrecer pequeños préstamos al personal que necesite urgentemente ayuda de conformidad con el Comité Interinstitucional de Acciones Sociales (en el que participan el Tribunal de Justicia, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y la Comisión, y que es presidido por el Jefe de Personal del Tribunal de Justicia);

gestionar las actividades de los restaurantes y economatos de Bruselas, Luxemburgo e Ispra.

Los titulares de estas cuentas son la Oficina de Publicaciones (4), Eurostat (2), la DG de Comunicación (2), la DG de Administración (1), la Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (5), la Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo (3), y el Centro Común de Investigación de Ispra (1).

Por consiguiente, de este examen no ha surgido nada imprevisto. No se han observado irregularidades y se ha corroborado que no se han devengado beneficios personales. El contable debería haber abierto formalmente una cuenta para el litigio sobre un depósito de garantía para el edificio de la Delegación en Praga, y esta cuenta debería haberse cerrado de no haberse producido el litigio. Esta cuenta sigue abierta en los libros de la Comisión. Sin embargo, ha sido tomada en consideración y no se han observado pérdidas financieras ni beneficios personales en este caso.

La Comisión ha presentado al Parlamento una lista completa de estas cuentas y de su estado al 30 de noviembre de 2005. Dicha lista recoge información sobre la base jurídica sobre la que fueron abiertas y operan. Las cuentas que ya no sean realmente indispensables se cerrarán en la medida de lo posible.

En 2002 ya se efectuó un examen similar, pero no tan detallado. Este examen se repitió en 2005 teniendo en cuenta la modernización de las cuentas y la adopción de un sistema contable basado en el principio de devengo para identificar todos los activos y pasivos de la Comisión.

Por último, la Comisión considera que este ejercicio de inventario ha sido útil y lo repetirá periódicamente. La Comisión espera confirmar a más tardar en abril de 2006 el carácter de las cuentas mencionadas por sus Delegaciones.

La Directiva 89/48/CEE⁽¹⁾ relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años se transpuso a la legislación española mediante el Real Decreto 1665/9991. Parece que ello se hizo de una manera incorrecta, por lo que la Comisión ha emitido una opinión motivada a la intención del Gobierno español.

¿Podría indicar la Comisión qué irregularidades han suscitado dicha opinión? ¿Se han solucionado ya estas cuestiones o remitirá la Comisión el asunto al Tribunal de Justicia?

(EN) La Comisión recibió varias denuncias en las que se indicaba que las autoridades españolas no aplicaban correctamente el Decreto real 1665/1991 de 25 de octubre de 1991, por el que se transpone la Directiva 89/48/CEE, en lo relativo al reconocimiento de títulos de ingeniería.

Después de que una universidad italiana reconociese sus títulos españoles, las personas afectadas pasaron el examen oficial italiano que les otorga el derecho a trabajar como ingenieros en Italia. Por consiguiente son titulares de un título profesional italiano y están plenamente cualificados para ejercer dicha profesión en Italia.

Su solicitud de reconocimiento de sus títulos profesionales en España no implica que intenten evitar la aplicación de régimen de reconocimiento establecido en la Directiva 89/48/CEE. La Comisión considera que la negativa a reconocer dicho título profesional italiano contraviene la Directiva.

Además, las autoridades españolas imponen la obligación del reconocimiento académico (por parte de las autoridades españolas) de los títulos adquiridos en otros Estados miembros para poder participar en los concursos del sector público. Esta obligación también es contraria a lo dispuesto en la Directiva 89/48/CEE que concede a los nacionales comunitarios plenamente cualificados y titulares del título perceptivo para ejercer una profesión en otro Estado miembro, el derecho a ejercer dicha profesión en ese Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de este último. En otras palabras, los ingenieros plenamente cualificados para ejercer la profesión de ingeniero en Italia y que han obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en España no deben obtener un nuevo reconocimiento académico de su título, si este no se exige a los nacionales españoles que ejercen dicha profesión.

La Comisión inició un procedimiento de infracción contra España y le remitió el 5 de julio de 2005 un dictamen motivado al que España respondió el 20 de septiembre de 2005.

La respuesta española está siendo examinada y el Colegio de Comisarios decidirá en su próxima reunión sobre casos de infracción las medidas que tomará en el futuro.

A la vista de las nuevas orientaciones de la UE para la ayuda regional, según las cuales la proporción de la población del Reino Unido que vive en zonas que reciben ayuda disminuirá del 30,9% al 23,9% ¿está de acuerdo la Comisión en que los niveles de desempleo deberían ser un indicador de las zonas que cumplen los requisitos para ser clasificadas como zonas susceptibles de recibir ayuda? Por otra parte, ¿qué planes tiene la Comisión para asegurar que las zonas que reciben ayuda sean verdaderamente zonas que necesitan ayuda? A este respecto, ¿no deberían tenerse en cuenta para el cálculo otros indicadores, como el valor añadido bruto por asalariado, la tasa de inactividad, el número de empresas por 1 000 habitantes y las unidades geográficas tales como las de la nomenclatura NUTS o las colectividades locales?

(EN) En el marco de las nuevas directrices sobre las ayudas regionales nacionales para 2007-2013 debería establecerse una distinción entre los indicadores utilizados para designar a las regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 (aquellas que necesitan más la ayuda comunitaria y que, por consiguiente, pueden recibir el mayor porcentaje de ayuda) y los indicadores utilizados para designar a las regiones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 (aquellas que, a pesar de que sufren un retraso en su desarrollo regional, presentan menos desventajas comparativas y, por lo tanto, pueden recibir un porcentaje inferior de ayuda).

La Comisión sigue seleccionando las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE en función del producto interno bruto (PIB) regional por habitante (en paridades de poder adquisitivo) con el fin de garantizar la coherencia con las propuestas en materia de política regional y de acuerdo con una muy amplia mayoría de los Estados miembros. La adopción de otro planteamiento implicaría que las normas en materia de ayudas públicas no se ajustarían de forma coherente a los Reglamentos relativos a los Fondos estructurales.

Por otra parte, los Estados miembros cuentan con un amplio margen de maniobra para designar las regiones subvencionables en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 87, siempre que existan las salvaguardias necesarias para garantizar que las ayudas tienen un destino adecuado. Cada Estado miembro está obligado a demostrar que las zonas propuestas tienen una mayor necesidad relativa de desarrollo económico que otras zonas, mediante indicadores reconocidos, como el PIB por habitante, las tasas de empleo o desempleo, la productividad local o los indicadores de cualificación. Los propios Estados miembros pueden determinar, dentro de los límites de la cobertura de la población total admitida para cada uno de ellos, tanto el método para designar las regiones subvencionables como los indicadores económicos que se usarán para estimar las diferencias regionales, incluso si dichas diferencias se encuentran muy localizadas.

La Comisión ha creado un Grupo de Alto Nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente, que agrupa a los cuatro comisarios competentes, a cuatro ministros en representación del Consejo, y a diversos representantes de grupos de intereses activos en los campos de la industria, la energía y el medio ambiente. He observado que ni uno solo de estos representantes procede de los nuevos Estados miembros. Por consiguiente, quisiera plantear a la Comisión las siguientes preguntas:

¿Cuál es el objeto del Grupo de Alto Nivel y cuáles son sus funciones?

¿Cuáles son las competencias del Grupo?

¿Considera la Comisión que no existen diferencias sustanciales entre los nuevos y los antiguos Estados miembros que exijan también una adecuada "composición geográfica" del Grupo?

¿En qué medida estará el Grupo capacitado para presentar iniciativas en favor de una actividad legislativa armonizada que tengan en cuenta la situación actual en la UE-25 y sean equitativas hacia los nuevos y los antiguos países, tanto a nivel de ventajas como de exigencias?

¿Cómo piensa la Comisión estimular las sinergias entre los Estados miembros de la UE-25 para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa? ¿Piensa la Comisión constituir otro grupo integrado por representantes de grupos de intereses de los antiguos Estados miembros?

(EN) La Comisión anunció la creación del Grupo de Alto Nivel de Competitividad, Energía y Medio Ambiente en su Comunicación del 5 de octubre de 2005, titulada «Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE – hacia un enfoque más integrado de política industrial». Este Grupo forma parte de las iniciativas transectoriales anunciadas o ya iniciadas destinadas a hacer frente a los problemas a que se enfrentan diversos grupos sectoriales con el fin de establecer condiciones marco estables para estos sectores. El Grupo fue creado por la Decisión de la Comisión del 23 de diciembre de 2005, de conformidad con lo contemplado en la Comunicación C(2005)2817 y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2005)1004, en el que se establecen las normas y procedimientos generales aplicables a los grupos de expertos de la Comisión (por ejemplo, en materia de estructura, composición y cometido).

La finalidad general de este Grupo de Alto Nivel es fomentar una mayor coherencia entre las políticas de competitividad, energía y medio ambiente. Su principal tarea es asesorar a la Comisión, así como a los responsables políticos y las partes interesadas, sobre cómo fomentar la coherencia de las políticas y/o iniciativas legislativas en el ámbito de las políticas de competitividad, energía y medio ambiente a través de una coordinación más estrecha. Asimismo les asesorará sobre la forma de crear un marco normativo más estable y previsible en dichos ámbitos.

Este grupo sólo tiene una función consultiva y carece de competencias. El Grupo de Alto Nivel no es un comité regulado por la comitología. No afectará la capacidad de los legisladores ni limitará el derecho de iniciativa de la Comisión. No se trata de un grupo de coordinación o negociación interinstitucional. La Comisión no pedirá una posición formal a las demás instituciones interesadas y no tiene la intención de transgredir los procedimientos interinstitucionales que contempla el Tratado.

Los miembros del grupo se designan ad personam por sus competencias y responsabilidades personales en los sectores de la industria, la energía y el medio ambiente. Incluso los Ministros que forman parte del Grupo no representan a sus Gobiernos. Lo que se busca es la contribución personal y voluntaria de conocimientos y no una distribución geográfica de los miembros del grupo. Además, la Comisión ha intentado reunir a personas con experiencia en sectores concretos para que la asesoren sobre la forma de establecer un equilibrio adecuado entre los intereses públicos y los privados, así como entre los intereses de la sociedad civil y los de la industria, en lugar de defender intereses nacionales o un equilibrio geográfico. Este grupo reunirá información acerca de la situación en la UE-25, entre otras cosas, a través de audiencias y la recopilación de literatura. De este modo, las opiniones del grupo se basarán en la situación real de la UE-25. La Comisión no tiene previsto crear otros grupos en este ámbito.

No existe un vínculo directo entre las actividades de este grupo y nuevas iniciativas legislativas. Asimismo, de conformidad con el Reglamento «Legislar mejor», las nuevas iniciativas deben ser objeto de una evaluación de impacto. Dicha evaluación puede indicar que es necesario cumplir los requisitos concretos de los nuevos Estados miembros, por lo que trascienden totalmente el ámbito de actuación de este grupo.

El Grupo de Alto nivel no repetirá los trabajos de otros grupos, comités y foros ya existentes, y sus actividades no se centrarán en la Estrategia de Lisboa. Por lo que respecta a la Estrategia de Lisboa, ya existen foros específicos en los que se debate la forma de alcanzar sus objetivos, incluida la revisión de los Planes Nacionales de Reforma. En cuanto a los objetivos de la Estrategia de Lisboa, ningún grupo estudia por separado los problemas a los que se enfrentan los nuevos y los antiguos Estados miembros.

Después de más de veinte años, la UE y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo sobre el comercio del vino entre ellos. Este acuerdo establece que se protegerán los nombres de los vinos europeos en el mercado de los Estados Unidos, como por ejemplo el champaña (champagne), el oporto y el jerez (sherry). También que la UE autorizará la importación de vinos estadounidenses producidos con métodos distintos de los autorizados por el Derecho comunitario. Como en última instancia se trata de importar a la UE vinos de los EE.UU producidos de forma más barata y esto suscitará una tormenta de reacciones entre los productores de vino de la UE, se prevé la necesidad de que el sector vinícola europeo admita los métodos estadounidenses.

¿Los métodos estadounidenses de producción de vino se darán a conocer por una indicación de advertencia en cada botella, de forma que el consumidor europeo pueda saber cada vez que compra que se trata de un vino producido con métodos de calidad inferior, que no corresponde a las normas europeas? Por otra parte, ¿entre los vinos cuyo nombre y características están protegidos en el mercado de los EE.UU, están incluidos el retsina y otros vinos griegos? ¿Qué controles se realizarán para evitar la exportación a los Estados Unidos de vinos falsificados con etiquetas europeas?

(EN) Por lo que respecta a las prácticas vinícolas, los vinos importados de los Estados Unidos y que se ofrecen a la venta a los consumidores europeos se etiquetan de conformidad con las normas comunitarias, al igual que los vinos de la UE. A continuación, el consumidor hace su decisión.

No sería en interés de la comunidad llevar a cabo una discriminación negativa injustificada contra los vinos de cualquier país tercero con el que la Comunidad haya negociado un acuerdo, sobre todo si las partes deben proseguir con dichas negociaciones para lograr nuevas ventajas recíprocas en el futuro.

En cuanto a la cuestión de las «denominaciones de origen» comunitarias (indicaciones geográficas comunitarias), como «Nemea», por una parte, y las 17 denominaciones de vinos europeos que en los Estados Unidos se conocen con denominaciones semigenéricas, como «Retsina», por la otra, la situación es la siguiente:

- Las «denominaciones de origen» comunitarias serán reconocidas y protegidas en los Estados Unidos mediante las disposiciones en materia de etiquetado de ese país.

- Cuando el Senado adopte el cambio de la situación jurídica de las 17 famosas denominaciones vinícolas comunitarias, que la legislación norteamericana actualmente denominaciones semigenéricas, estas 17 denominaciones comunitarias estarán reservadas para los vinos procedentes de la Comunidad.

Puesto que este cambio de la situación de estas denominaciones de vinos comunitarios en los Estados Unidos reviste una enorme importancia para el sector vinícola comunitario, las cláusulas más importantes del Acuerdo para los Estados Unidos han quedado condicionadas a este cambio, en particular la autorización de las demás prácticas vinícolas utilizadas en Estados Unidos. Esta condición constituye un incentivo para que el Congreso actúe.

El control será llevado a cabo por las autoridades estadounidenses encargadas de la política de etiquetado.

Del Informe sobre la aplicación por los Estados miembros de las Directivas 94/55/CE⁽¹⁾, 95/50/CE⁽²⁾ y 2003/28/CE⁽³⁾ relativas a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera (COM(2005)0430 final) se desprende que Grecia, Francia y Luxemburgo no han presentado ningún informe a este respecto. Las Directivas 111-112/2004 de la Comisión concedían a los Estados miembros el plazo de un año para ajustarse a las últimas disposiciones modificadas. ¿Qué Estados miembros han respetado dicho calendario? ¿Qué Estados miembros han facilitado, después de 2002, nuevos datos relativos al número total de controles efectuados y de infracciones constatadas, y cuáles eran las cifras?

El transporte de mercancías peligrosas por el puente sobre el Öresund se efectúa exclusivamente por la noche (entre las 22.00 horas y las 6.00 horas), pero durante ese horario la policía de Skåne no realiza control alguno. El puerto de Helsingborg dispone de un buzón nocturno, y se espera de los conductores que se detengan para depositar los informes en el mismo. Más de la mitad de los municipios suecos carecen de un consejero en materia de seguridad, y por desgracia esta no es la única situación anómala detectada en este aspecto en la UE.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión a fin de ayudar a los Estados miembros a proteger a sus ciudadanos frente al transporte transfronterizo de toneladas de mercancías peligrosas?

(EN) De conformidad con la Directiva 95/50/CE del Consejo⁽⁴⁾ relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera, los Estados miembros deben remitir a la Comisión cada año natural y a más tardar doce meses después de que termine el año un informe sobre los controles realizados al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

En aplicación de la Directiva 2004/112/CE⁽⁵⁾ por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 95/50/CE, los informes correspondientes a 2005 deberán utilizar el nuevo modelo uniforme sobre infracciones y sanciones. Los informes de los Estados miembros correspondientes a 2005 deberán remitirse a lo largo de 2006.

Se han recibido los siguientes informes basados en el modelo anterior, considerado por muchos insatisfactorio:

En 2003 de Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Irlanda, Suecia, Eslovenia y Reino Unido

En 2004 de Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Lituania, Eslovenia y Reino Unido

La Comisión espera recibir los informes pendientes en el plazo fijado.

Las normas comunitarias en materia de transporte de mercancías peligrosas por carretera vigentes desde 1992 se basan en acuerdos internacionales. Si se tiene en cuenta que se transportan aproximadamente 620 millones de toneladas de mercancías peligrosas por carretera (datos de la UE-15 - lo que representa en torno al 5 % del transporte por carretera), este modo de transporte presenta un buen historial.

La aplicación de la legislación de europea corresponde a los Estados miembros. La Comisión no tiene motivos para creer que las autoridades suecas no aplican esta legislación como es debido.

La Comisión desea señalar que la legislación no exige que los municipios designen asesores en materia de seguridad de mercancías peligrosas. Tampoco exige la realización de controles permanentes en puentes u otras infraestructuras.

Recientemente un grupo de diputados de las Islas Baleares de varios grupos políticos no pudo viajar al Sáhara debido, según argumentó la compañía aérea contratada para ello, a presiones de las autoridades marroquíes.

El caso de los diputados de Baleares se suma a otros similares de otras delegaciones de parlamentarios españoles ocurridos en los últimos meses, pero esta vez la gravedad es, si cabe, mayor porque el rechazo no se produjo al llegar al destino sino antes incluso de tomar el avión previsto en Las Palmas de Gran Canaria.

Es decir, Marruecos, según la explicación de la aerolínea, impidió el embarque de los diputados en territorio español y, por tanto, europeo.

¿Tiene la Comisión Europea información sobre estos hechos? ¿Piensa iniciar alguna investigación sobre lo ocurrido, o tomar alguna decisión respecto a Marruecos para que esta situación no se repita? ¿Recabarán información al Gobierno español, ante la pasividad demostrada sobre este hecho sin precedentes?

La Comisión no tenía conocimiento de este caso específico, pero ha recibido información sobre otros casos recientes en los que se ha prohibido visitar el Sáhara Occidental a delegaciones extranjeras.

La Comisión no está facultada para incoar una investigación en un caso como el que expone su Señoría. No obstante, la Comisión sigue de cerca los acontecimientos en la región. La Comisión y los Estados miembros han planteado en diferentes ocasiones la cuestión del Sáhara Occidental a las autoridades marroquíes a diferentes niveles en el marco del diálogo político UE-Marruecos.

La consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa no será posible sin unas redes europeas de transporte eficientes. El Consejo de Essen de 1994, y posteriormente las Decisiones de la Comisión 1692/96/CE⁽¹⁾ y 884/2004/CE⁽²⁾, así como el informe de los trabajos del grupo de alto nivel presidido por Karel van Miert, definieron una serie de orientaciones comunitarias para las redes transeuropeas de transporte e identificaron treinta proyectos prioritarios.

La propuesta de la Comisión para redes transeuropeas de transporte en el marco de las Perspectivas Financieras 2007-2013 (con un presupuesto limitado a un total de 20 300 millones de euros), así como el nombramiento de coordinadores para seis de los treinta proyectos TEN-T, suscita temores en cuanto a la futura puesta en marcha de los restantes veinticuatro proyectos.

¿Cómo piensa la Comisión financiar estos otros proyectos, incluido el eje ferroviario 23 (Gdańsk-Varsovia-Brno/Bratislava-Viena), de importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico de la Europa central? ¿Y cómo se financiará el proyecto Galileo, teniendo en cuenta la falta de recursos al efecto en el presupuesto TEN-T y la disminución de fondos en la propuesta de presupuesto para el séptimo Programa-Marco de la UE?

(FR) Actualmente, se están celebrando negociaciones para establecer las condiciones de un acuerdo sobre las nuevas perspectivas para el período 2007-2013 a nivel interinstitucional.

La Comisión sacará las conclusiones pertinentes de los resultados finales. Tendrá en cuenta los fondos disponibles e intentara proponer prioridades para las secciones de mayor valor añadido, en particular las secciones transfronterizas.

El nombramiento de seis coordinadores de la red transeuropea de transporte no tendrá efecto negativo alguno sobre la financiación de determinados proyectos prioritarios. La principal tarea de estos coordinadores será de hecho ayudar a que avancen algunos proyectos que se encuentran estancados por falta de seguridad.

La Comisión desea asimismo señalar que los trabajos sobre las redes transeuropeas de transporte en el territorio de los nuevos Estados miembros, por ejemplo, la mayor parte del proyecto Gdanzk – Varsovia – Brno/Bratislava – Viena (PP 23), podrían recibir financiación del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Por último, la Comisión comunica a su Señoría que no establecerá un título especial para la financiación futura del proyecto Galileo. Por consiguiente, los fondos correspondientes al título de las redes transeuropeas de transporte o del título presupuestario del Séptimo Programa marco de investigación y desarrollo no se tomarán en consideración para el despliegue y las fases de explotación comercial de este proyecto.

La Comisión ha decidido hoy introducir aranceles para los zapatos procedentes de China y Vietnam.

El Gobierno danés ha llevado a cabo un estudio que demuestra que los costes para los consumidores de la Unión Europea son ocho veces superiores a las ganancias que obtienen los fabricantes, y que, en total, la Unión perderá más de 2,4 millones de euros si la Comisión introduce dichos aranceles. En resumen, los consumidores suecos deberán desembolsar casi 60 millones de coronas más por la compra de sus zapatos.

¿Ha realizado la Comisión un cálculo distinto al del Gobierno danés? Si es así, ¿cuáles son los resultados de dicho cálculo y cómo se ha llevado a cabo? Si el cálculo de la Comisión es similar al del Gobierno danés, ¿cómo puede la Comisión afirmar que ha tenido debidamente en cuenta los intereses de los consumidores?

(EN) La Comisión ha de tener en cuenta, en el marco de la legislación comunitaria antidumping, los intereses comunitarios más amplios a la hora de determinar su respuesta a las prácticas de dumping. La Comisión es consciente de que las medidas que toma pueden representar un coste –por pequeño que sea– para los importadores y consumidores europeos, y que el principio del interés comunitario exige que pondere detenidamente este coste y que su actuación se base en el interés europeo más amplio.

La Comisión tiene conocimiento de que el Gobierno danés ha llevado a cabo estudios sobre las repercusiones que estas medidas tienen sobre los consumidores y otros agentes económicos. Sin embargo, la Comisión no puede hacer comentarios sobre sus resultados, sobre todo porque no ha recibido información detallada sobre dichos estudios.

Lo que la Comisión sí puede hacer, no obstante, es comunicar a su Señoría las conclusiones a las que llegó sobre las repercusiones que han tenido estas medidas sobre los consumidores de la Unión Europea en general.

A la hora de valorar los efectos de las medidas sobre los precios al consumo es preciso tener en cuenta el margen considerable que existe entre los precios de importación sobre los que se aplican estas medidas y los precios al consumo.

Las medidas provisionales propuestas contemplan un impuesto de tan sólo 1,5 euros sobre un precio medio de importación de 9 euros por par. Este impuesto de 1,50 euros, sin embargo, sólo representa una pequeña parte del precio al consumo, puesto que estos zapatos se venden entre 30 y 120 euros en el comercio minorista.

En vista de los márgenes existentes en la cadena de suministro, la Comisión considera igualmente que el sector aún puede absorber un impuesto reducido sobre el coste de importación si lo reparte entre las gamas de productos y la cadena de distribución. Por ello, este impuesto no representará de media más de un euro por par en términos reales. Y cabe subrayar que este caso se refiere únicamente a un 9 % de los zapatos que adquieren los consumidores europeos, es decir, una pequeña parte de la gama de productos.

Por supuesto, el efecto acumulado de estas medidas debe considerarse también a la vista del considerable volumen del mercado europeo del calzado. A nivel mayorista, este representa 13 000 millones de euros, y probablemente más del doble a nivel de los consumidores.

Por último, cabe destacar que los precios a la importación de los zapatos procedentes de China y Vietnam han bajado más del 20 % en los últimos cinco años, mientras que existen pruebas evidentes de que los precios minoristas de estos zapatos se han mantenido estables o han subido ligeramente.

En conclusión, la Comisión considera que las medidas propuestas constituyen una solución equilibrada, pues corrige los daños, pero permite que los importadores cuenten con la mayor previsibilidad posible, y repercute costos adicionales mínimos a los consumidores.

El procedimiento relativo a la celebración de contratos públicos de obras, suministros y servicios se incluye, desde 2004, en un nuevo marco europeo de coordinación más sencillo, más transparente y más competitivo. La eficacia de dicho marco se ve dificultada por largas e infructuosas acciones y recursos de los interesados, de carácter procesal, administrativo y judicial tanto a escala nacional como europea que, a la postre, no conducen a nada y sólo provocan que las obras de infraestructura con financiación europea no se ejecuten a tiempo.

¿Tiene intención la Comisión de adoptar una iniciativa legislativa, por lo menos en lo que respecta a las obras públicas y los servicios relacionados con las redes transeuropeas, para pasar del marco legislativo de coordinación a un marco reglamentario más estricto en aras de una integración administrativa más eficaz de la gobernanza a distintos niveles, a saber, europeo, nacional y regional y, en última instancia, de una mayor eficacia de gestión y del valor añadido de la intervención comunitaria?

(EN) El marco legislativo en materia de contratación pública ha sido objeto de una modernización, simplificación y clarificación profundas gracias a la adopción en 2004 del paquete legislativo formado por las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE⁽¹⁾. El plazo para transponer estas directivas a la legislación nacional expiró el 31 de enero de 2006, por lo que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si es necesario modificar dichas Directivas.

¿Podría indicar la Comisión si ha recibido respuestas completas de los ocho Estados miembros a los que envió cartas de emplazamiento por no aplicar correctamente la Directiva «Hábitats» de la UE en lo que se refiere a la protección de las ballenas, los delfines y las marsopas?

En caso afirmativo, ¿está la Comisión satisfecha con esas respuestas o tiene previsto seguir adelante con este asunto?

(EN) La Comisión inició en diciembre de 2005 un procedimiento de infracción contra ocho Estados miembros por no haber cumplido sus obligaciones en virtud del artículo 11 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres⁽¹⁾. La Comisión estima que estos Estados miembros no han adoptado las medidas necesarias para vigilar el estado de conservación de los cetáceos.

Las autoridades nacionales de los Estados miembros interesados ya han respondido a la notificación formal. Los servicios de la Comisión están estudiando estas respuestas a fin de evaluar si se ha creado un sistema de vigilancia eficaz.

Se acerca la tercera temporada de recogida de frutos rojos desde la fecha de adhesión de Polonia a la Unión Europea. Pese a que los diputados polacos al Parlamento Europeo llevamos insistiendo, desde ese mismo momento, en la situación de extrema dificultad del mercado de frutos rojos polaco, la Comisión sigue sin proponer ninguna solución al problema. El 11 de mayo de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución relativa a la simplificación de la organización del mercado de frutos rojos en la cual, entre otras cosas, pide a la Comisión que apoye más firmemente a las organizaciones de productores y que introduzca restricciones a la importación de frutos rojos. Pero la Comisión no adoptó medidas en este sentido en 2005, y nada parece indicar que lo vaya a hacer tampoco en 2006. Así las cosas, ¿deberá afrontar el mercado polaco de frutos rojos una situación dramática por tercera vez?

(EN) La Comisión es consciente de que el sector de las frutas blandas de Polonia ha experimentado problemas en las dos últimas campañas de comercialización debido a los bajos precios de varios productos.

De conformidad con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo relativas a la simplificación de la organización común del mercado de frutas y hortalizas, adoptadas en noviembre de 2004, la Comisión ha elaborado un análisis del mercado comunitario del mercado de frutas blandas destinadas a su procesamiento. Dicho análisis se encuentra en su fase final y contribuirá al debate sobre la reforma de la organización común del mercado de frutas y hortalizas. La Comisión tiene previsto adoptar las propuestas correspondientes antes de que finalice el año.

Además, la Comisión ha iniciado una investigación sobre las importaciones de fresas congeladas en respuesta a la petición polaca de julio de 2005. La Comisión inició en enero de 2006, a petición de la Unión de la Industria de los Productos Congelados de Polonia, una investigación antidumping acerca de las importaciones de ese mismo producto procedentes de la República Popular de China. Ambas investigaciones aún están en curso y, por el momento, no es posible sacar conclusiones.

El día 20 de marzo comenzó en el Tribunal Militar del Líbano la vista del proceso incoado por la Fiscalía Militar contra el Dr. Muhamad Mugraby por las declaraciones efectuadas por este abogado y activista de los derechos humanos ante el Parlamento Europeo el día 4 de noviembre de 2003.

En opinión del anterior Comisario Chris Patten y de los diputados al Parlamento Europeo, la información facilitada por el Dr. Muhamad Mugraby fue importante, oportuna y en ningún caso difamatoria.

¿Puede confirmar la Comisión que mantiene la posición defendida anteriormente por el Comisario Chris Patten? ¿Puede explicar la Comisión qué medidas ha adoptado para hacer que se respeten las cláusulas relativas a los derechos humanos en el Acuerdo de asociación con el Líbano? ¿Puede explicar la Comisión qué pasos ha dado para obtener la anulación del proceso contra el Dr. Muhamad Mugraby desde que se conoció la decisión de llevarlo a juicio?

(EN) La Comisión conoce perfectamente los detalles del caso del Dr. Mugraby, tema que se toma muy en serio.

La Delegación de la Comisión en Beirut sigue de cerca la evolución de este caso en estrecha coordinación con los Estados miembros y el Parlamento, y a través de sus contactos con organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Delegación se ha reunido con el Dr. Mugraby en anteriores ocasiones para escuchar sus puntos de vista y lo seguirá haciendo.

La Comisión considera que es totalmente inaceptable que se procese judicialmente a una persona por expresar libremente sus opiniones, en particular frente a una institución de la UE como es el Parlamento.

La Comisión colabora con los Estados miembros y cuenta con el apoyo del Parlamento para reforzar el diálogo con Líbano en materia de cooperación sobre derechos humanos y democratización en el marco del Acuerdo de asociación y de la Política Europea de Vecindad (PEV).

La Comisión está a punto de comenzar las negociaciones con el Gobierno del Líbano sobre un Plan de acción de la PEV, en las que abordará de forma prioritaria temas como los derechos humanos y la democracia. Este Plan de acción abordará igualmente la necesidad de desarrollar un poder judicial independiente e imparcial. Estamos convencidos de que el Plan de acción será un instrumento útil para ayudar al Gobierno a emprender las importantes reformas que se precisan en estos ámbitos.

A través del Acuerdo de asociación y el Plan de acción de vecindad podremos seguir ayudando a que Líbano respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con sus obligaciones internacionales.

La Comisión ha planteado en varias ocasiones el caso del Dr. Mugraby ante el Gobierno libanés. Entre otras cosas, la troika de la UE llevó a cabo una gestión ante las autoridades libanesas para expresar la inquietud de la UE por los cargos que se le han imputado.

La Comisión seguirá muy de cerca este caso a través de su Delegación en Líbano, en colaboración con los Estados miembros y el Parlamento, y continuará sus gestiones y su diálogo con el Gobierno a fin de lograr el pleno respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

¿Podría la Comisión presentar inmediatamente una enmienda a la Directiva 2002/95/CE⁽¹⁾ para hacer una excepción respecto a los tradicionales tubos de órgano?

(EN) La Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos⁽²⁾ – Directiva REEE prohíbe, entre otras cosas, el uso de plomo en los nuevos equipos eléctricos y electrónicos que se comercialicen en el mercado comunitario a partir del 1 de julio de 2006.

El ámbito de aplicación de la Directiva REEE comprende los equipos que dependen de corrientes eléctricas o campos electromagnéticos o que los generen, transporten o midan, así como el equipo contemplado en el Anexo I A de la Directiva 2002/96/CE (sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) que no excedan los límites de tensión mencionados en el apartado 1 del artículo 3 de esta Directiva. En su documento «Preguntas frecuentes» publicado en el sitio «Europa»⁽³⁾, la Comisión ofrece a los Estados miembros orientaciones (sin carácter vinculante) sobre la interpretación del ámbito de aplicación de esta Directiva.

En estos momentos, la Comisión analiza hasta qué punto y de qué manera los órganos de cañones están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva REEE. Para ello, la Comisión ha consultado, en una primera fase, a expertos de los Estados miembros del Comité de Adaptación Técnica, con el fin de hacerse una idea general de la situación en los Estados miembros. Una vez que la Comisión haya concluido su evaluación, publicará los resultados en el documento de Preguntas Frecuentes antes mencionado.

La Comisión desea clarificar que incluso si los órganos de cañones estuvieran incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva REEE, esta no sería aplicable a los órganos de cañones comercializados andes del 1 de julio de 2006 o a su reparación incluso después de esta fecha. En este caso, los productores de los «nuevos» órganos de cañones que se comercialicen en el mercado después del 1 de julio de 2006, podrían solicitar una excepción.

Por último, cabe señalar que la Comisión se ha comprometido a revisar la Directiva REEE antes de 2008 a fin de simplificar y clarificar sus dispuestos, si así conviniese. A fin de preparar esta revisión, la Comisión ha iniciado un ejercicio de investigación sobre los problemas de aplicación que encuentra esta Directiva, incluido su ámbito de aplicación.

En su respuesta escrita a la pregunta H-0066/06 de 15 de febrero de 2006, la Comisión ha reaccionado con evasivas a la pregunta relativa al abandono de la reglamentación de precios y accesos específica del sector.

Con ello todavía no se ha respondido a la pregunta de si la Comisión aprovechará la oportunidad que brinda la inminente revisión del marco jurídico existente para las telecomunicaciones para poner en práctica, en su proyecto de directiva, el abandono de la reglamentación de precios y accesos específica del sector o para mencionar, por lo menos, una fecha clara para el fin de la reglamentación.

Además, en particular en lo que respecta a la comparación a nivel europeo de la situación del mercado en el ámbito de la banda ancha, ¿es cierto que en varios Estados europeos se ha incrementado la demanda de conexiones de banda ancha mediante incentivos fiscales y el recurso masivo a ayudas regionales con cargo a los fondos de la UE? ¿Qué papel desempeña esta evolución con vistas a la valoración de la situación del mercado y cómo tiene en cuenta la Comisión esta evolución en las comparaciones entre los mercados?

(EN) En relación con la primera parte de la pregunta de su Señoría acerca del abandono de la reglamentación sobre precios y acceso, la Comisión no considera adecuado proponer una opción de exclusión voluntaria de la normativa sobre precios y acceso para algunos sectores como parte de la próxima revisión. Un principio fundamental de la normativa vigente es que dicha reglamentación deberá retirarse una vez que exista una competencia eficaz en el mercado correspondiente. Por este motivo no es posible fijar un plazo para el abandono de esta reglamentación. El respeto de dicho principio exige que se haya alcanzado el nivel necesario de estabilidad y previsibilidad, que es indispensable para la inversión y la innovación en el sector de las comunicaciones electrónicas.

En cuanto a la segunda pregunta, cabe señalar que la banda ancha ha experimentado el mayor avance entre las tecnologías de la comunicación en los últimos años. El número de líneas de banda ancha se ha cuadriplicado en los últimos tres años y su tasa de penetración en la UE-25 alcanzó al 13 % de la población en enero de 2006.

Resulta difícil medir el impacto que han tenido las intervenciones públicas en el avance de la banda ancha por varias razones. En primer lugar, no es fácil distinguir el impacto de las intervenciones públicas del impacto de la competencia y de otros factores socioeconómicos. En segundo lugar, las intervenciones públicas a menudo se realizan a escala regional y local, mientras que las estadísticas sobre la banda ancha normalmente se publican a escala nacional. Un ejemplo de impacto considerable se observa en Italia, país en el que los incentivos financieros (75 euros para el acceso a la banda ancha para particulares y empresas) permitió la creación de más de 350 000 conexiones en 2004.

Se han concedido ayudas regionales en las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, sobre todo en zonas rurales. De hecho, los servicios de banda ancha escasean en las zonas poco pobladas y alejadas, ya que estas características conllevan un elevado coste de instalación. En enero de 2005, los servicios de banda ancha alcanzaban a más del 90 % de los hogares y empresas de las zonas urbanas, pero tan sólo al 62 % en las zonas rurales. Únicamente un 8 % de los hogares se suscriben a servicios de banda ancha en las zonas rurales, en comparación con una media del 18 % en las urbanas.

Por lo general, en las zonas rurales existe una relación directa entre la disponibilidad de servicios de banda ancha y su demanda, y su adopción es mayor en aquellos países en que estos servicios se encuentran más extendidos. Esto significa que la falta de acceso a estos servicios limita el número de posibles usuarios, y que las intervenciones públicas para ofrecer servicios de banda ancha en estas zonas probablemente tendrán un efecto positivo sobre su uso.

La Comisión lleva a cabo comparaciones de mercado en varios contextos. En primer lugar, la Comisión analiza la adopción de servicios de banda ancha en el Informe sobre aplicación⁽¹⁾. Este informe examina el impacto que tiene la reglamentación sobre la adopción de servicios en los mercados correspondientes. Los análisis de mercado se realizan a escala nacional con el fin de evaluar el potencial de mercado del operador de que se trate. Este análisis no hace distinciones entre la adopción del servicio gracias a ayudas regionales y su adopción provocada por fuerzas de mercado.

En segundo lugar, la Comisión compara los mercados en relación con la disponibilidad de servicios de banda ancha. El informe acerca del Foro sobre la brecha digital presenta una descripción de varios ejemplos de ayudas regionales, pero este análisis no es exhaustivo⁽²⁾. No todas las ayudas regionales se notifican a la Comisión.

Hace poco, la Comisión adoptó la Comunicación titulada «Bridging the broadband gap»⁽³⁾, como parte de la aplicación de su iniciativa i2010. Esta Comunicación recuerda las lagunas en materia de servicios de banda ancha y los instrumentos de que dispone la UE para colmarlas (herramientas normativas, política de competencias, fondos de cohesión), que proponen reforzar el intercambio de buenas prácticas y de estrategias nacionales. Un sitio en Internet recopilará información regional y presentará otros ejemplos, junto con las estrategias nacionales en materia de servicios de banda ancha que deberían facilitar información sobre medidas y acciones concretas. Esperamos que esta información contribuya al seguimiento de las diferentes iniciativas regionales y locales y facilite el análisis de sus efectos.

Es evidente que la Comisión reconoce la necesidad de fomentar una mayor asociación público-privada en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin embargo, ¿tiene intención de facilitar suficiente financiación a largo plazo para demostrar el reconocimiento político de la gravedad cada vez mayor de este problema así como para establecer y mantener una estrategia coherente y sostenible, en lugar de un enfoque incierto, año por año, tanto en lo que respecta a la estrategia como a la financiación, que es lo que ha venido haciendo hasta la fecha?

(EN) En primer lugar, la Comisión quiere dar las gracias a su Señoría por su interés y participación en los Trabajos de la Comisión de cooperación entre el sector público y el sector privado contra la delincuencia organizada y el terrorismo.

El proyecto del Programa marco de seguridad y defensa de las libertades para el período 2007-2013 indica claramente que el desarrollo de la colaboración entre el sector público y el privado será un instrumento a largo plazo para mejorar la seguridad en Europa. Además, el estímulo, promoción y desarrollo de estrategias, diálogos y asociaciones para la prevención de la delincuencia es uno de los tres ámbitos principales para la prevención y la lucha contra la delincuencia en la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la delincuencia que la Comisión presentó en abril de 2005 y que tendrá vigencia durante el período 2007-2013.

La Comisión está elaborando un Plan de acción sobre la cooperación entre el sector público y el sector privado contra la delincuencia organizada y el terrorismo, que contemplará la creación de una plataforma estratégica permanente pública y privada en este ámbito. Obviamente, la Comisión tiene la firme de intención de planificar sus actividades a fin de mantener y mejorar constantemente esta plataforma, garantizando así una estrategia de cohesión en el ámbito de la colaboración del sector público y el privado.

La organización cooperativa de tercer grado griega PASEGES reclama, a sugerencia y contando con el acuerdo del Gobierno griego, el pago de una suma equivalente al 3 % aproximadamente de los derechos de los agricultores griegos para la recepción de las solicitudes de activación de los derechos de estos últimos que se derivan del régimen de ayuda única. Esta exigencia, además de suponer un chantaje, es ilegal y abusiva, ya que constituye en esencia una retención sobre las ayudas inmediatas, cuando, de conformidad con el correspondiente reglamento, está prohibido cualquier tipo de retención puesto que los gastos de gestión de la ayuda constituyen un gasto público.

¿Está informada la Comisión de este asunto? ¿Qué medidas va a tomar para poner fin a este chantaje del que son víctima los derechos de los agricultores y para impedir una retención ilegal?

(EN) El artículo 28 del Reglamento del Consejo 1782/2003 establece claramente que, a menos que dicho Reglamento disponga otra cosa, la totalidad de los pagos efectuados en el marco de los principales sistemas de pagos directos, que define el propio Reglamento, deben realizarse a los beneficiarios.

De hecho, tanto la Comisión como el Tribunal de Cuentas han observado algunos casos como los mencionados por su Señoría en auditorías anteriores realizadas en Grecia.

La Comisión ha llegado a la conclusión a este respecto de que, mientras la totalidad del pago se abone a las cuentas bancarias de los beneficiarios, es admisible que el beneficiario pague una comisión a la organización cooperativa por los servicios administrativos que esta le ha prestado, siempre que esta comisión sea un acuerdo privado voluntario entre cada beneficiario y la organización cooperativa de que se trate.

Dichos acuerdos no son contemplados en los textos legales que regulan la Política Agrícola Común.

La nueva doctrina turca adoptada recientemente por el Consejo nacional de seguridad de Turquía indica que la extensión de las aguas territoriales griegas en el Mar Egeo a 12 millas náuticas es motivo de conflicto. Asimismo, menciona que es necesario mantener la presencia del ejército turco en Chipre, que es un Estado miembro de la Unión Europea.

¿Son compatibles la doctrina turca de defensa y las posiciones anteriormente mencionadas, tal como las ha manifestado el Gobierno de Ankara, con los principios y valores europeos y con el comportamiento político que debería tener un país candidato a la adhesión como es Turquía en relación con dos Estados miembros de la Unión, como la República Helénica y la República de Chipre? ¿Esta posición política de Turquía dificulta acaso el progreso hacia la adhesión de Turquía a la Unión Europea?

(EN) La Comisión tiene entendido que la doctrina de defensa de Turquía figura en el Documento sobre política de seguridad nacional que el Consejo Nacional de Seguridad de ese país adoptó en octubre de 2005. Asimismo entiende que dicho documento no es de dominio público y la Comisión no ha recibido un ejemplar del mismo.

La Comisión no tiene conocimiento de un cambio reciente de la política de seguridad respecto a países vecinos.

En su Informe de 2005 sobre los avances realizados por Turquía hacia la adhesión, la Comisión señalaba que, si bien el Presidente del Parlamento y el Ministro de Asuntos Exteriores Gül habían indicado la posibilidad de abandonar la referencia al «casus belli» en relación con la posible extensión de las aguas territoriales en el Mar Egeo, dicha posibilidad aún no se había concretado.

En relación con Chipre, el Gobierno turco ha declarado en varias ocasiones que mantiene su compromiso con la solución general del conflicto que recoge el plan presentado por el Secretario General de Naciones Unidas.

La Comisión desea recordar que estas cuestiones figuran igualmente en las prioridades de la Asociación de adhesión revisada con Turquía (adoptada mediante la Decisión del Consejo de 23 de enero de 2006) relativas a la solución pacífica de los litigios fronterizos y a Chipre⁽¹⁾.

En muchas regiones de Europa, en particular en aquellas que tienen tierras pobres, se han abandonado las explotaciones agrícolas porque no son rentables. Dichas tierras podrían utilizarse para producir biomasa y vegetales, a partir de los cuales podrían obtenerse biocombustibles. La producción y venta de dichos productos podría proporcionar una valiosa fuente de ingresos a los agricultores. De esta forma se podrían alcanzar dos objetivos: la biomasa, la energía del futuro, podría gozar de un apoyo vital, en tanto que las regiones rurales tendrían un futuro financiero estable. No obstante, reestructurar las explotaciones agrícolas para dicho fin entrañaría costes. En Polonia, este problema constituye una preocupación, entre otras, para el voivodato de Świętokrzyskie y para las regiones del sur. Habida cuenta de los limitados recursos de que disponen las regiones, ¿podrían optar dichos agricultores, si produjeran biocombustibles y biomasa, a una financiación con cargo al Programa para el desarrollo de fuentes de energía renovables?

(EN) La Comisión coincide con su Señoría en que es necesario fomentar un mayor uso de los cultivos agrícolas para usos energéticos, como señala en su reciente Plan de acción sobre la biomasa⁽¹⁾ y la Estrategia de la UE para los biocarburantes⁽²⁾.

Para llevar adelante este objetivo promueve la investigación y el desarrollo, elabora normas técnicas y establece un marco adecuado para los intercambios de biomasa.

Además, la Unión Europea ha adoptado la Directiva relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte⁽³⁾ y la Directiva relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad⁽⁴⁾. De conformidad con estas Directivas, los Estados miembros deben promover las energías renovables y establecer objetivos indicativos para su uso. La energía procedente de la biomasa es la fuente dominante de las energías renovables en el sector del transporte y también debe desempeñar un papel destacado – junto con la energía eólica – en el sector de la electricidad.

Los Estados miembros aplican estas Directivas mediante medidas como exenciones fiscales para los biocarburantes, la obligación de expender biocarburantes para los proveedores de carburantes, tarifas de alimentación a la red para los productores de electricidad procedente de energías renovables y certificados de compatibilidad medioambiental. Estas medidas estimulan la demanda de energías renovables. La Comisión está estudiando medidas similares para la calefacción, si bien hay que tener en cuenta que los problemas son diferentes en este sector y posiblemente sean más difíciles de resolver mediante la legislación comunitaria.

Por lo que se refiere a la oferta, la Comunidad no cuenta con un programa de apoyo a las energías renovables, pero sí existen instrumentos de apoyo, que formarán parte igualmente del próximo período de programación y que los Estados miembros podrían utilizar en mayor medida. Los instrumentos más importantes de la Comisión para prestar asistencia a los proyectos de energías renovables son los fondos regionales y de desarrollo rural. En este contexto, la Comisión ha propuesto la eficiencia energética, la promoción de las energías renovables y el transporte sostenible como prioridades para el próximo período presupuestario. Por ejemplo, las directrices estratégicas comunitarias para el desarrollo rural en el próximo período de programación⁽⁵⁾ sitúan la atenuación del cambio climático entre los objetivos destacados de esta política, y el Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural⁽⁶⁾ contempla diversas medidas para contribuir a la consecución de este objetivo. La Comisión invita a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que pongan en marcha iniciativas en estos ámbitos.

En el marco de la Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 2003 se introdujo una ayuda específica para los cultivos energéticos. La cuantía de esta ayuda es de 45 euros por hectárea para una superficie máxima garantizada de 1 500 000 hectáreas en los 25 Estados miembros. Sin embargo, este régimen de ayudas no es aplicable de conformidad con las normas vigentes en los ocho nuevos Estados miembros (incluida Polonia) que han optado por la aplicación del régimen de pago único por superficie (RPUS). Sin embargo, estos Estados miembros pueden conceder a sus agricultores pagos nacionales directos complementarios para cultivos energéticos previa autorización de la Comisión. Polonia hizo uso de esta posibilidad en 2005 y se le autorizó a conceder un pago de 55,46 euros por hectárea de monte bajo de ciclo corto con una superficie de 5 500 hectáreas, con cargo al presupuesto nacional. Según la información de que disponemos, Polonia tiene previsto conceder igualmente pagos nacionales directos complementarios para los cultivos energéticos en 2006.

La Comisión presentará antes del 31 de diciembre de 2006 un informe al Consejo sobre la aplicación del régimen de ayudas para los cultivos energéticos, que irá acompañado, en su caso, de propuestas que tomen en consideración la aplicación de la iniciativa comunitaria sobre biocarburantes. Estas propuestas podrían conllevar nuevas modificaciones de dicho régimen.

En una pregunta anterior a la Comisión (H-0052/06), evoqué la reducción de los fondos destinados a las redes transeuropeas de transporte (de 20 000 millones de euros a 7 000 millones de euros) en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013 y expresé mi preocupación por los retrasos que experimentaría la ejecución de los 30 proyectos prioritarios. Por desgracia no he recibido una respuesta clara sobre las nuevas perspectivas financieras.

¿Dispone la Comisión de alguna evaluación acerca del estado de realización de los proyectos prioritarios y, en particular, de los proyectos que afectan a Grecia, a saber, el proyecto n° 7, referente al eje viario Igoumenitsa - Patras - Sofía - Budapest que incluye el enlace Vía Egnacia - Pathe; el proyecto n° 21, referente al eje marítimo de la Europa sudoriental (mar Adriático - mar Jónico - Mediterráneo oriental - Chipre); el proyecto n° 22, referente a la red ferroviaria Atenas - Sofía - Budapest - Viena; y el proyecto n° 29, referente al eje ferroviario mar Jónico - mar Adriático?

¿Incidirá un posible recorte de los fondos en la realización de los proyectos prioritarios que afectan a Grecia? En caso afirmativo, ¿cuáles son las soluciones alternativas que prevé la Comisión a fin de garantizar la continuidad en la realización de las redes transeuropeas de transporte?

(FR) La Comisión desea señalar que una vez que se hayan adoptado las perspectivas financieras para el período 2007-2013, la autoridad presupuestaria se encargará de fijar los importes anuales y el desglose de los créditos entre las diversas partidas del presupuesto comunitario.

Asimismo desea señalar que la iniciativa y la responsabilidad de realizar los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transporte corresponde a los Estados miembros interesados. El programa presentado por las autoridades griegas contempla el siguiente calendario para los proyectos prioritarios en ese país:

Proyecto prioritario 7: se prevé que la vía Egnatia esté terminada a finales de 2008 y que el eje de Pathe lo esté en 2013;

Proyecto prioritario 21: se prevén obras en algunos importantes puertos griegos en el período 2007-2013;

Proyecto prioritario 22: la terminación de la línea férrea entre Atenas y Promahonas está prevista para 2013;

Proyecto prioritario 29: la construcción de la sección entre Kozani y Igoumenitsa está prevista para 2007-2012 y la sección entre Ioannina y Kalamata para 2009-2014.

Durante el período2000-2006, Grecia hizo uso de los créditos destinados a la red transeuropea de transporte para cofinanciar estudios, en tanto que las obras han sido cofinanciadas por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de cohesión. Los proyectos prioritarios griegos son financiados en gran parte por los Fondos estructurales, por lo que cualquier reducción de los créditos para la red transeuropea de transporte tendría un efecto relativamente limitado sobre el desarrollo de estos proyectos.

Durante su comparecencia el pasado 14 de marzo, el Comisario Oli Rehn respondió de manera parcial a la pregunta Η-0098/06⁽¹⁾ acerca de las adopciones internacionales y se limitó a señalar los progresos en el caso de Rumanía, pero no dio respuesta alguna sobre las condiciones en Bulgaria.

¿Podría la Comisión informar de manera concreta acerca de la situación de las adopciones iniciadas desde países miembros y que aún quedan pendientes en Bulgaria? Sabemos que Bulgaria ratificó en el 2002 el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional y en julio de 2003 entró en vigor el Nuevo Código de Familia y se adaptó la normativa interna sobre adopciones. Sin embargo, a fin de evitar el quebrantamiento de los principios de seguridad jurídica y no retroactividad, Bulgaria debería cumplir con sus compromisos y solucionar los expedientes de adopción gestionados antes de la entrada en vigor de la nueva legislación. ¿Piensa la Comisión reclamar a Bulgaria que cumpla con el acervo comunitario garantizando la buena gobernanza y el respeto de los derechos de los niños?

La Comisión sigue de cerca regularmente la protección de la infancia en el caso de Bulgaria: los avances se expondrán en el próximo informe global de seguimiento de mayo de 2006. La Comisión siempre ha señalado que deben mejorarse las condiciones de vida en los centros institucionales, preverse servicios alternativos como familias de acogida y fomentarse una verdadera política de bienestar infantil en Bulgaria. La Comisión seguirá transmitiendo este mensaje a las autoridades búlgaras, en particular mediante un estricto seguimiento de los acontecimientos en el marco del citado informe global.

De los datos más recientes que obran en poder de la Comisión se desprende que en 2005 continuó descendiendo el número de niños búlgaros adoptados en el extranjero. Además, se ha incrementado ligeramente el número de adopciones nacionales en Bulgaria. No obstante, resulta difícil verificar esos datos y, por consiguiente, ofrecer una información fiable, pues Bulgaria no cuenta con un sistema de recopilación estadística a escala nacional en materia de adopciones nacionales.

La Comisión seguirá animando a las autoridades búlgaras a mejorar la transparencia de los procedimientos, en particular en lo relativo a las adopciones internacionales.

Desde la adhesión de China a la OMC, la industria textil y de otros productos chinos acaba de destruir la industria de algunos países de la UE. La UE limita las importaciones a 10 categorías de productos textiles chinos exclusivamente. Sin embargo, las importaciones de productos como calcetines y leotardos, abrigos, cazadoras, chaquetas y tejidos de lino aumentan peligrosamente. Eso significa un desplazamiento de la producción de estos artículos fuera de la UE. Como las importaciones procedentes de China aumentan, las importaciones comunitarias no lo hacen, porque se elimina del mercado europeo a países en desarrollo como Indonesia, Bangladesh, etc. La Comisión se comprometió políticamente a dejar de imponer a China medidas de protección del mercado de acuerdo con las disposiciones especiales relativas a la industria textil adoptadas cuando China se adhirió al protocolo de la OMC. No obstante, existe otro mecanismo, como, por ejemplo, el Mecanismo de salvaguardia transitorio aplicable a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular de China (TPSSM). ¿No se plantea la Comisión aplicar estas medidas?

Un estudio realizado por la Comisión sobre la industria textil y del vestido y sobre las posibilidades de expansión de sus mercados pone de manifiesto la cada vez mayor amenaza que representan las exportaciones chinas, las ayudas estatales a las empresas chinas, la existencia de sectores financiados por el Estado y las violaciones del acuerdo de la OMC contra las subvenciones. En las conclusiones del estudio, se pone en tela de juicio la posibilidad de atribuir a China la condición de economía de mercado. ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre la atribución a China de la condición de economía de mercado?

(EN) Una de las razones por las que las cuotas de mercado de China han aumentado en todo el mundo y en la UE en los últimos años son sus ventajas comparativas, como el bajo costo de la mano de obra, que ha atraído inversiones en sectores que hacen un uso intensivo de este recurso (China cuenta con el 60% de la maquinaria textil del mundo). Así pues, el éxito que ha tenido China en el sector textil y de la confección no se debe a que este país sea miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al contrario, al ser miembro de la OMC, China está obligada a cumplir las normas comerciales acordadas a nivel internacional, es decir, las prácticas comerciales equitativas.

No puede considerarse que la política comunitaria esté acelerando la deslocalización y la externalización en el sector textil. Las importaciones de productos textiles y prendas de confección a la UE en 2005 aumentaron ligeramente, reflejando así una tendencia similar a la de años anteriores.

La Comisión comparte la preocupación que el estado de la economía mercado de China despierta en su Señoría. Esta cuestión resulta pertinente en el marco de la política de defensa del comercio. La Comisión aborda esta cuestión, entre otras, en el Grupo de Trabajo de Economía de Mercado UE-China, creado en 2004. Si bien debemos reconocer que se han hecho avances en algunos ámbitos, en otros queda mucho por mejorar. La Comisión ha expresado en repetidas ocasiones sus preocupaciones, junto con otros miembros de la OMC, en el Comité de Subsidios de este organismo sobre las distorsiones comerciales que provocan las subvenciones chinas y ha recordado a este país sus obligaciones en materia de transparencia en este ámbito con arreglo a las normas de la OMC.

En relación con la política concreta en el sector textil y de la confección, la Comisión reitera la lógica del acuerdo que alcanzó en 2005, que recibió el respaldo de los Estados miembros en la reunión del Coreper de 7 de septiembre. El compromiso alcanzado en los meses de junio y septiembre de 2005 (Memorando de acuerdo de 10 de junio, completado el 5 de septiembre) es un acuerdo definitivo. La Comisión estima que este acuerdo global establece un equilibrio razonable entre las necesidades de protección de la industria comunitaria y la concesión de un período para que se adapte a un mundo sin contingentes. Asimismo refleja el difícil equilibrio que hubo de encontrar la Comisión entre los intereses de los minoristas, importadores, productores y consumidores de los Estados miembros de la UE.

La Comisión considera que un acuerdo global de este tipo es preferible a la imposición unilateral de restricciones cuantitativas, como lo permite el mecanismo especial de salvaguardia de China en la OMC. La Comisión desea evitar llegar a una situación de negociación permanente en nuestras relaciones generales con China. Este acuerdo global MA ofrece claridad y previsibilidad a los operadores, entre ellos a los comunitarios. Cualquier otra opción sería perjudicial para ambas partes. Además, este acuerdo abarca los productos más sensibles para la UE (las diez categorías mencionadas). Es el acuerdo más favorable en vista de que más de la mitad de los Estados miembros han hecho amplias concesiones al aceptar límites cuantitativos que son perjudiciales para sus minoristas en muestra de solidaridad. La reapertura de negociaciones no es una opción viable. En vista de ello, es el mayor límite de las exportaciones que podría haberse obtenido de China en el marco de sus obligaciones ante la OMC.

Otros Estados miembros (como los Estados Unidos y Brasil) han adoptado el planteamiento estratégico de la UE en su estrategia y han celebrado acuerdos similares. Los acuerdos con los Estados Unidos y Brasil abarcan hasta 2008, aunque cabe señalar que entraron en vigor tan sólo en 2006 (y en el caso de Brasil, aún no lo ha hecho), y no abarcan el año 2005, a diferencia del acuerdo con la UE.

Recientemente, la Unión Europea ha elaborado una lista negra de compañías aéreas extranjeras que al parecer no cumplen las normas de seguridad y quedan excluidas del espacio aéreo europeo. En dicha lista también figuran prácticamente todas las compañías aéreas congoleñas, excepto Hewa Bora Airways. Esta compañía lleva explotando la línea Kinshasa-Bruselas desde hace cuatro años sin el menor incidente y al parecer cumple todas las normas aéreas internacionales.

¿Puede comunicar la Comisión sobre la base de qué criterios se han incluido estas compañías congoleñas en la lista negra de compañías que se han de evitar? En su caso, ¿puede modificarse la lista? ¿Se vuelve a evaluar regularmente dicha lista?

(FR) La Comisión y el Comité de Expertos en Seguridad de la Aviación consideran que, a pesar de sus recientes esfuerzos, las autoridades de aviación civil de la República Democrática del Congo (RDC) siguen teniendo problemas para cumplir las normas de seguridad aplicables. Estas deficiencias se encuentran entre los criterios comunes que la Comisión tiene que tomar en consideración a la hora de decidir si una compañía aérea debe ser objeto de una prohibición total o parcial.

Anteriormente ya se habían observado otros defectos por parte de Hewa Bora Airways (HBA). Estos problemas forman parte, una vez más, de los criterios que debe tomar en consideración la Comisión. Sin embargo, Bélgica y HBA han presentado información que demuestra que estas deficiencias han sido corregidas en gran parte en una de las aeronaves de esta compañía. Asimismo, Bélgica ha comunicado a la Comisión que tiene la intención de someter a HBA a inspecciones sistemáticas.

Por consiguiente, la Comisión ha decidido incluir todas las compañías aéreas registradas en la RDC, excepto HBA, en la lista de compañías aéreas sometidas a una prohibición total de explotación (Anexo A del Reglamento (CE) 474/2006). HBA podrá seguir desarrollando sus actividades en la Comunidad, pero únicamente con el equipo mencionado en el Anexo B del Reglamento antes citado.

Esta lista comunitaria se actualiza en caso necesario. Al menos cada tres meses se lleva a cabo una inspección. El proceso de actualización de la lista permite eliminar de la lista a aquellas compañías aéreas que han corregido las deficiencias que llevaron a su inclusión.

En mi reciente pregunta E-4745/05 hacía referencia al problema del elevado coste de los servicios de telefonía móvil en Grecia (aplicación de unas tarifas elevadas por minuto de llamada). En su respuesta, la Comisión, después de confirmar este hecho, indica que ha pedido a las autoridades de reglamentación griegas (Comisión Nacional de Correos y Telecomunicaciones - EETT) que aborden este problema con mas energía y que pidan a los operadores de telefonía móvil que reduzcan sus tarifas en un plazo de 18 meses. El problema en Grecia es enorme ya que, según informaciones, en este país la media de las telecomunicaciones oscila entre los 15 y los 18 céntimos por minuto de llamada, mientras que en la Unión Europea dicho coste oscila entre los 9 y los 11 céntimos.

Teniendo en cuenta que ya se ha aprobado la Ley 3431/2006, por la que la situación de Grecia se armoniza a la legislación comunitaria, ¿podría informar la Comisión del modo concreto en que tiene la intención de intervenir ante la EETT para acelerar este proceso, de manera que, sin pérdida de tiempo, las tarifas de las llamadas se reduzcan en un plazo inferior a los 18 meses?

(EN) La Recomendación relativa a «mercados pertinentes»⁽¹⁾ (que forma parte del marco normativo de la UE para las comunicaciones electrónicas⁽²⁾) considera que el mercado de terminación de llamadas en las redes de telefonía móvil es un mercado que podría requerir una reglamentación previa. La Directiva marco⁽³⁾ impone a las autoridades nacionales de regulación la obligación de examinar este mercado.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Grecia (EETT) observóo el problema de altas tasas de terminación incluso antes de la entrada en vigor de la legislación nacional por la que se transpone el marco normativo comunitario. En julio de 2007, la EETT notificó el proyecto de las medidas destinadas a los mercados de terminación de llamadas de telefonía móvil. Como señala su Señoría, la Comisión invitó a la EETT a reducir aún más los cargos por terminación de llamadas.

Puesto que la Ley 3431/2006 griega por la que se transpone el marco normativo antes citado entró en vigor hace poco, la Comisión espera ahora que la EETT haga lo necesario para aplicar las medidas previstas a este mercado, como lo anunció en su comunicado de prensa de 23 de marzo de 2006. Estas medidas incluyen una reducción de las tarifas mayoristas de terminación de llamadas que cobran los operadores griegos de telefonía móvil, así como una reducción de la trayectoria de descenso.

Cientos de miles de estudiantes, alumnos de enseñanza media y trabajadores han invadido las calles de las ciudades francesas, manifestando su oposición a la ley del primer empleo, que otorga el derecho a los empleadores a despedir a los jóvenes de hasta 26 años de edad durante los dos primeros años de trabajo sin indemnización ni motivo. Semejantes medidas incívicas ya han sido tomadas o pueden serlo por Gobiernos de otros Estados miembros de la UE en el marco de la Estrategia de Lisboa, con objeto de fomentar la flexibilidad de los mercados laborales y aumentar los beneficios de las empresas monopolísticas.

Estas importantes y continuas movilizaciones demuestran que la clase trabajadora y la juventud de Francia y, de manera más general, los trabajadores de los Estados miembros, no están dispuestos a aceptar el negro porvenir de la empleabilidad y del trabajo sin derechos que les reserva la política del gran capital.

¿Considera la Comisión que la Estrategia de Lisboa es contraria a los intereses de los trabajadores y hace frente a una movilización masiva en su contra? ¿Tiene intención de revisar sus posiciones al respecto?

(EN) En relación con el debate que tiene lugar en Francia sobre la introducción de contratos laborales más flexibles para jóvenes (a saber, el «Contrat Première Embauche»), la Comisión remite a su Señoría a su análisis de la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo.

La Comisión ha considerado, en el marco de la renovada Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, que la actual relación entre flexibilidad y seguridad que existe en muchos Estados miembros ha provocado una creciente segmentación de los mercados laborales, lo que implica el riesgo de incrementar la precariedad del empleo, de dificultar una integración sostenible en el empleo y de limitar la acumulación de capital humano. Por consiguiente debería prestarse más atención a crear condiciones eficientes de «flexiguridad».

Al reconocer que el punto de partida es distinto en cada Estado miembro, la Comisión ha definido cuatro elementos que considera indispensables para un buen equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo.

En primer lugar, la existencia de contratos que permitan la flexibilidad necesaria tanto a los trabajadores como a las empresas. Debería evitarse la proliferación de distintas formas de contratos y mantenerse la suficiente homogeneidad entre estas formas a fin de facilitar la transición de una a otra.

En segundo lugar, deberían emplearse políticas activas de mercado de trabajo para facilitar la transición entre empleos, así como del desempleo y la inactividad al empleo.

En tercer lugar, los sistemas de aprendizaje permanente deberían permitir que los trabajadores mantuvieran su empleabilidad durante toda su vida laboral.

En cuarto lugar, los sistemas modernos de seguridad social deberían prestar la debida asistencia a los trabajadores durante su ausencia del mercado laboral y facilitar la movilidad y transición en el mercado de trabajo.

La Comisión remite asimismo a su Señoría a las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006, en las que se reitera que es urgente mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo y reducir considerablemente el desempleo juvenil.

¿Cuántos funcionarios de la UE han accedido a la jubilación en virtud del Anexo XIII, artículo 22, del Estatuto de los funcionarios de la UE? ¿Cuántos funcionarios se han jubilado hasta ahora con arreglo al Anexo XIII, artículo 23, del Estatuto de los funcionarios de la UE? ¿Cuál es el importe de la pensión mínima de un funcionario de la UE que resida en Austria o en Alemania?

(FR) Desde el 1 de mayo de 2004⁽¹⁾, fecha en que entró en vigor el nuevo Estatuto, 908 funcionarios comunitarios se han jubilado con arreglo al artículo 22 del Anexo XIII de dicho Estatuto. Esta cifra comprende todas las instituciones, a saber, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y las agencias ejecutivas. Cabe señalar que esta disposición simplemente establece las normas para la jubilación ordinaria de los funcionarios en servicio antes del 1 de mayo de 2004.

Un total de 239 funcionarios se han jubilado con arreglo al artículo 23 del Anexo XIII (jubilación anticipada).

El Estatuto contempla una pensión mínima. Sin embargo, no existe un importe uniforme para el importe mínimo pagadero para una pensión.

De conformidad con el apartado 4 del artículo 77 del Estatuto, la pensión mínima individual se calcula en función del período trabajado en una institución europea. Este importe mínimo corresponde a un 4 % del salario de base de un funcionario de grado 1, escalón 1 por año de servicio en las instituciones europeas, y actualmente equivale a 2 393,13 euros.

En los casos de jubilación anticipada, con arreglo al artículo 23 del Anexo XIII del Estatuto, este importe se reduce de conformidad con las normas establecidas en el artículo 9 del Anexo VIII y el artículo 23 del Anexo XIII del Estatuto, y en todos los casos hasta un máximo del 70 % del último sueldo de base, de conformidad con el apartado 2 del artículo 77 del Estatuto.

Además, se puede aplicar un coeficiente corrector a la pensión, vinculado al país de residencia y que tiene en cuenta el coste de la vida en los distintos países, si bien este coeficiente corrector se aplica únicamente a una parte de la pensión basada en la proporción de los derechos a pensión adquiridos antes del 1 de mayo de 2004. En el caso de Alemania y Austria, este coeficiente corrector asciende a 101 y de 107,1 respectivamente, en relación con 100.

El Mediterráneo constituye el destino turístico más importante a escala mundial, y su patrimonio natural es objeto de múltiples actividades de gran importancia económica y social para todos los Estados miembros de la Unión y países de la región.

La constante degradación del medio ambiente, que registran cada año los estudios de la Agencia Europea de Medio Ambiente, debida principalmente a los residuos urbanos e industriales así como a las actividades marítimas, ha acarreado, entre otras consecuencias, una desvalorización de su patrimonio natural así como una gestión de los recursos pesqueros inviable en términos ecológicos. Considerando lo anterior, ¿qué medidas tiene intención de tomar la Comisión, además de fomentar la cooperación regional plasmada en el «Plan de acción para el Mediterráneo» del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por una parte, para aplicar eficazmente la legislación comunitaria en el territorio de los Estados miembros de la Unión y, por otra, para promover la aplicación del acervo comunitario en materia de protección del medio ambiente y de las aguas en los países del Mediterráneo? ¿Por qué no propone la Comisión la inclusión de medidas o cláusulas expresas y vinculantes en los acuerdos de asociación con los países del Mediterráneo así como en el Proceso de Barcelona?

(EN) La Comisión ha puesto en marcha una serie de importantes iniciativas para mejorar su cooperación con los países asociados del Mediterráneo, contribuyendo de esta manera a una mayor protección del medio ambiente de este mar.

La ampliación de la Unión en 2004 llevó a la Comisión a proponer la ya adoptada Política Europea de Vecindad (PEV), en cuyo marco se han acordado planes de acción con cinco países asociados del Mediterráneo, al tiempo que continúan las consultas con otros dos.

Estos Planes de acción de la PEV prevén una cooperación concreta para mejorar la gestión medioambiental en dichos países, resolver problemas medioambientales de determinados sectores (por ejemplo, gestión del agua y de los residuos, medio ambiente marino, desertización, protección de la naturaleza, calidad del aire, transporte marítimo sostenible), así como una vigorosa continuación de la cooperación internacional y regional en el ámbito medioambiental (como la ratificación y aplicación de acuerdos medioambientales multilaterales, entre ellos el Protocolo de Kioto, el Convenio de Barcelona y los Protocolos de este último).

La ejecución de estos planes se lleva en el marco de los Subcomités de Medio Ambiente y Transporte creados en virtud de los Acuerdos de asociación. En este contexto apoyaremos y supervisaremos la aplicación de las acciones acordadas en los Planes de acción, como la aplicación de las obligaciones que los países asociados han asumido en virtud del Convenio de Barcelona y otros acuerdos medioambientales legalmente vinculantes. Otro aspecto importante será la futura financiación con cargo a los presupuestos para el período 2007-2013.

La Décima Cumbre del Proceso de Barcelona, que tuvo lugar en noviembre de 2005, aprobó un Plan Quinquenal de cooperación selectiva con los países asociados. Uno de sus objetivos es la «descontaminación del Mediterráneo para el año 2020». La Comisión elabora actualmente una propuesta de calendario para las acciones previstas para alcanzar dicho objetivo. Está previsto que la iniciativa resultante, «Horizonte 2020», promueva la financiación de las infraestructuras medioambientales en la región. Esta también podrá intentar incrementar las capacidades de las administraciones de protección del medio ambiente de los países asociados, así como promover la investigación medioambiental en la medida en que estas cuestiones no formen parte ya de la ejecución de los Planes de acción de la PEV. La iniciativa Horizonte 2020 intentará reunir todos los instrumentos importantes del sector medioambiental del Mediterráneo, como el Plan de acción para el Mediterráneo, para alcanzar una meta común. Una Comunicación que se publicará en 2006 informará al Consejo y al Parlamento sobre este programa de trabajo.

La Comisión ha hecho de la protección del medio ambiente marino una de sus prioridades a través de la adopción de la Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino⁽¹⁾, que constituirá el pilar medioambiental de una futura política marítima. Esta estrategia, que incluye una propuesta legislativa, pretende poner en marcha un proceso de cooperación entre los Estados miembros y entre estos y estados extracomunitarios para desarrollar y aplicar estrategias regionales para la protección y conservación del medio ambiente marino. Dicha cooperación se basará necesariamente en un mayor uso y una mejor aplicación de todas las políticas medioambientales comunitarias (aguas de baño, Directiva sobre hábitats, Directiva marco sobre el agua, etc.), así como de las correspondientes políticas regionales (por ejemplo, las desarrolladas en el marco del Plan de acción para el Mediterráneo).

El Libro Verde sobre Política Marítima que la Comisión adoptará antes de que finalice el primer semestre de este año planteará preguntas y propondrá respuestas acerca de las acciones futuras para desarrollar actividades marítimas sostenibles en el Mediterráneo basadas en la gestión de los ecosistemas que propone la Estrategia Marina.

Asimismo, las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona adoptaron en 2005 una estrategia ad hoc como resultado del Protocolo de prevención y respuesta a la contaminación, adoptado en enero de 2002, que entró en vigor en marzo de 2004. Esta estrategia será llevada a cabo por el Centro Regional de Respuesta a Situaciones de Emergencia de Contaminación Marina en el mar Mediterráneo (CERSEC), que funciona en el marco del Plan de acción para el Mediterráneo (PAM). Contribuirá a reducir las diferencias existentes entre los países extracomunitarios del Mediterráneo y los Estados miembros de la UE mediante la aplicación coherente, eficaz y uniforme de los convenios y normas internacionales en la materia destinados a proteger el medio ambiente marino de la región del Mediterráneo a través de la prevención de la contaminación provocada por los buques. A tal fin se puso en marcha, en enero de 2006, el proyecto SAFEMED⁽²⁾ (con un presupuesto de 4,5 millones de euros financiados en el marco del MEDA⁽³⁾) con el fin de alcanzar los objetivos antes citados.

La propuesta de legislación, así como el hecho de que la aplicación de estas estrategias requiere la cooperación de los Estados extracomunitarios, hace que este proceso sea una plataforma sumamente útil para la cooperación medioambiental a escala regional.