Acta literal de los debates

Martes 16 de mayo de 2006 - Estrasburgo

11. Explicaciones de voto

- Informe: Daul (A6-0142/2006)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) La Comisión propone eliminar los aranceles para ciertas variedades de arroz sin pulir de la India y Pakistán, lo que nos parece excelente. Por tanto, los Conservadores suecos votamos a favor de la propuesta.

Al mismo tiempo, se han propuesto cuotas de contención para una serie de variedades de arroz de los Estados Unidos y Tailandia de conformidad con los acuerdos concluidos por la Comisión con los países individuales.

Creemos que deberían eliminarse todos los aranceles sobre el arroz, porque perjudican al país exportador, a los consumidores de la UE y al desarrollo económico en general.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El texto del Reglamento (CE) nº 1785 tiene que modificarse para incorporar las enmiendas a las disposiciones sobre la importación de arroz derivadas de los acuerdos entre la Comisión y la India (Decisión del Consejo 2004/617/CE del 11 de agosto de 2004), Pakistán (Decisión del Consejo 2004/618/CE del 11 de agosto de 2004), los Estados Unidos de América (Decisión del Consejo 2005/476/EC del 21 de junio de 2005) y Tailandia (Decisión del Consejo 2005/953/CE del 20 de diciembre de 2005).

Estos acuerdos establecían disposiciones arancelarias para las importaciones teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las cantidades importadas, autorizando a la Comisión a derogar el Reglamento (CE) n° 1785/2003 para un período de transición. Como esta derogación expiraba el 30 de junio de 2006, es urgente modificar el texto del Reglamento en vigor.

Por tanto apoyo la propuesta de la Comisión y apoyo el informe Daul.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado en contra del presente informe. Creemos que, en principio, el comercio del arroz debería ser libre, lo que reduciría el gasto de los consumidores.

- Informe: Guerreiro (A6-0133/2006)

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) En lo esencial, estoy de acuerdo con la aprobación de este documento.

El colapso del Acuerdo de Pesca entre la UE y Angola era inevitable dadas las obligaciones creadas cuando el nuevo marco legislativo entró en vigor en Angola, que es contrario a los principios de la UE en materia de acuerdos de pesca con países terceros.

Apoyo la idea de flexibilizar el actual Instrumento Financiero de Orientación Pesquera y las medidas derogatorias presentadas en esta propuesta. Pero también entiendo que, en nombre de la reciprocidad, la UE debería estar atenta a las actividades pesqueras de los armadores comunitarios que se benefician de estas medidas.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La propuesta de la Comisión difiere de la mayoría de propuestas relativas a los acuerdos pesqueros con países terceros porque, en lugar de ampliar el acuerdo o introducir un nuevo protocolo, la UE está cancelando el actual acuerdo pesquero con Angola. La Lista de Junio vota constantemente en contra de las ampliaciones de los acuerdos pesqueros y acoge con satisfacción la cancelación de este acuerdo. Por tanto, hemos votado a favor de este informe.

La razón por la que el acuerdo se va a cancelar es que la Comisión tiene ciertas opiniones sobre la legislación angoleña relativas a los recursos acuáticos biológicos. El ponente lamenta que la Comunidad y las autoridades angoleñas no hayan conseguido alcanzar un acuerdo. Nosotros lamentamos que la UE aún intente concluir nuevos acuerdos pesqueros destructivos y ampliar los existentes.

La Comisión y el Parlamento Europeo no entienden que los acuerdos pesqueros con países terceros tienen consecuencias negativas para las poblaciones de los países en cuestión. Nuestra perspectiva difiere bastante de la del ponente en relación a nuestro enfoque sobre los acuerdos pesqueros de la UE con países terceros.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Además de la pérdida de oportunidades pesqueras, de empleo y de valor añadido asociado con las actividades pesqueras, la denuncia del acuerdo implicará la reconversión de los barcos que dependen de la pesca en aguas angoleñas.

Aunque esta denuncia es lamentable, tenemos que examinar otras posibilidades viables para que los barcos en cuestión puedan faenar en otras zonas o bajo otros acuerdos pesqueros. Hay que negociar nuevas posibilidades de pesca u oportunidades ya existentes que no están siendo utilizadas. Otra posibilidad es que los barcos permanezcan en Angola a través de la creación de iniciativas conjuntas. De ese modo, se mantienen los puestos de trabajo y se evita el desguace de los barcos.

Por tanto es necesario aprobar medidas que faciliten la reconversión de esos barcos, por ejemplo dispensándoles de rembolsar la construcción o la ayuda a la modernización obtenida durante los diez años anteriores, y la ayuda temporal por los paros forzosos concedidos bajo el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera.

Las empresas mixtas u otro tipo de iniciativas conjuntas con un país tercero deben estar basadas en proyectos reales de cooperación mutuamente ventajosos. No debe fomentarse la deslocalización de la flota y de la industria pesquera de los países de la Comunidad, con las pérdidas de puestos de trabajo y actividad económica que implica, tanto aguas arriba como abajo.

- Informe: Karas (A6-0153/2006)

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el informe sobre el lugar de prestación de servicios se refiere a la fiscalidad de los servicios para las personas que no están sujetas a impuestos, y como es consecuencia del informe de la Comisión –presentado hace tres años– sobre la enmienda de las normas relativas a la fiscalidad de los servicios prestados a los contribuyentes, se refiere al sector del negocio entre empresas.

Hay una serie de razones por las que esta Cámara no ha hecho enmiendas sustanciales a dicho informe. La primera es que la propuesta de la Comisión constituye un marco coherente para las enmiendas a la sexta Directiva relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido que se propusieron hace tres años. En segundo lugar, este marco alcanza un buen compromiso entre la fiscalidad en el lugar de consumo y la capacidad de las empresas europeas para administrar ese impuesto. En tercer lugar, la propuesta es un importante paso adelante en la reforma del sistema de IVA europeo en un entorno cambiado. En cuarto lugar, esperamos que el Consejo apruebe este reglamento junto con la propuesta para el establecimiento de una ventanilla única para las empresas, que reducirá la burocracia a la que se enfrentan las empresas europeas.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) Tras el más bien infortunado episodio de la Directiva de servicios, un nuevo ataque contra del principio del país de origen, esta vez en relación con el IVA aplicable a los servicios, sería un paso más en la mala dirección. La materialización de las ideas recogidas en el informe Karas tendría repercusiones negativas y peligrosas. En efecto, la Comisión y muchos de los países del Consejo quieren que sea el lugar de consumo el factor determinante para la prestación de servicios y no, como ocurre ahora, el lugar desde donde se presta el servicio. Ahora bien, el abandono del principio del país de origen crearía un sistema complejo, burocrático, incontrolable y, por consiguiente, impracticable.

La consideración del lugar de consumo es contraria a los principios que regían hasta hace poco el sistema de IVA aplicable a escala comunitaria. Los Estados miembros necesitan estabilidad y previsibilidad para poder gestionar sus finanzas públicas. Dado que la legislación comunitaria se ha implantado muy recientemente en materia de comercio electrónico, por ejemplo, es bastante irracional querer trastocarlo todo.

En consecuencia, he votado en contra del informe Karas.

- Informe: Speroni (A6-0156/2006)

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señor Presidente, los agentes de policía Michaelis y Proske afirman que nuestro colega, el señor Pflüger, usó la palabra «gilipollas» o «Arschkopf» en relación con una manifestación en Múnich. El señor Pflüger asegura que esa palabra no está en su vocabulario. Por lo tanto, quiero decir que el señor Michaelis y el señor Proske son unos auténticos gilipollas –Arschköpfe– porque aseguran que nuestro colega usó dicho vocablo. Por esto he votado en contra de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La decisión que ha tomado la mayoría del Parlamento de levantar la inmunidad parlamentaria al señor Pflüger, diputado del Partido Demócrata Socialista alemán y miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica es muy significativa.

Se trata de una decisión política sin precedentes, que abre un grave precedente, porque surge en respuesta a la participación del señor Pflüger en un manifestación de protesta contra la denominada «Conferencia de Munich para la Seguridad», que se celebra anualmente en esa ciudad alemana.

Es la cuarta vez que el señor Pflüger se enfrenta a acusaciones ligadas a su participación en esa manifestación. En 1999 el Tribunal de Munich retiró sus acusaciones. En 2003, los procedimientos fueron cancelados. En 2004, la policía llegó incluso a pedir disculpas formales. Este caso se refiere a 2005, cuando el señor Pflüger participó en una manifestación por primera vez como diputado al Parlamento Europeo.

La solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria fue presentada por el Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania. En consecuencia, el Parlamento ha aprobado esta solicitud a través de la propuesta presentada por el señor Speroni de la Liga del Norte italiana. El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos revela que esta decisión era incomprensible y alarmante.

De ahí que votemos en contra.

- Informe: Poli Bortone (A6-0122/2006)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, aunque en principio acojo con satisfacción el compromiso que hoy hemos votado, no debemos olvidar que la principal responsabilidad del problema de la obesidad, en especial entre los niños, es del Estado. Por supuesto, para que los consumidores tomen las decisiones adecuadas tienen que ser maduros y estar bien informados, pero aun así, no podemos buscar refugio en un reglamento sin restricciones en el ámbito europeo y acabar imponiendo a las empresas y a la industria cosas que no pueden permitirse. Así pues, digamos «sí» a la información, pero, por favor, ¿puede el Estado tomar alguna medida para abordar el problema de la obesidad de forma racional?

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, esto seguro de que el deber de la Unión Europea o lo que sea esta Unión es hacer algo para contrarrestar la difusión de las enfermedades íntimamente relacionadas con la forma en que comemos, pero creo que la Unión Europea necesita hacer frente al escepticismo de los europeos respecto de la ingeniería genética y la reciente decisión de la OMC es impulsar estudios sobre el daño a medio y largo plazo que causan los alimentos modificados genéticamente, para que, por fin, la opinión pública los conozca.

Y ya que hablamos del tema, no podemos pasar por alto la contaminación radioactiva de algunos alimentos, que persiste incluso veinte años después de Chernóbil, y cuyos efectos aún no se han investigado suficientemente.

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) A los Conservadores suecos nos hubiese gustado que el Parlamento hubiese apoyado las propuestas más fuertes tanto en la propuesta original de la Comisión como en la posición común del Consejo. Pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo que contenga esas propuestas.

Creemos que el compromiso alcanzado es el mejor resultado que podemos conseguir en estos momentos. Refuerza considerablemente la protección al consumidor y simplifica la elección sana de alimentos, si eso es lo que el consumidor desea. Por tanto, hemos apoyado el compromiso y votado a favor de todos los aspectos que contiene.

  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) Hoy, tras una auténtica batalla campal, hemos podido llegar a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo para reglamentar las declaraciones que acompañan a los productos alimenticios y ello, en contra de lo esperado, en la fase de segunda lectura.

Esto me complace mucho.

El texto por el que hemos votado tiene cuando menos dos objetivos: impedir determinadas declaraciones o formas publicitarias indebidas y prevenir la obesidad.

La aprobación de este texto es un logro práctico que demuestra a los europeos, que parecen dudar cada vez más de la utilidad de nuestro proyecto de construcción europea, que Europa avanza cada día, que produce normas concretas que mejoran su vida cotidiana; en este caso, su capacidad para elegir conscientemente lo que comen. En pocas palabras, demuestra a los ciudadanos que Europa sirve para algo.

En efecto, un etiquetado adecuado es indispensable para los consumidores y, personalmente, me alegro de que, de ahora en adelante, el envase de un producto «bajo en grasas» pero con un «alto contenido en azúcar» deba llevar las dos menciones en la misma cara y con la misma visibilidad.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe aprobado hoy representa una mejora del texto aprobado en primera lectura, porque endurece las condiciones de utilización de las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. Una dieta variada y equilibrada es una condición previa para la buena salud, y los productos considerados individualmente tienen menos importancia que la dieta en su conjunto.

Pero las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos deben estar científicamente fundamentadas, teniendo en cuenta la totalidad de los datos científicos disponibles y las pruebas que se han realizado, que formaban parte de las propuestas aprobadas y que nuestro Grupo suscribe. Pero lamentamos la aprobación de una enmienda excepcional sobre los perfiles nutricionales.

A pesar de que el compromiso aprobado no cumple las expectativas en ciertos aspectos, ofrece cierta protección e información a los consumidores y procura salvaguardar los derechos de las PYME.

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Explicación de voto en relación con el informe de la señora Poli Bortone relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.

La propuesta de Reglamento de la Comisión sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos está basada en una serie de supuestos sobre los que tenemos algunas dudas: no solo los supuestos de que lo que es saludable es una cuestión de verdad absoluta y que los anuncios son perjudiciales y tienen que regularse, sino también que los hábitos alimenticios de las personas pueden controlarse mediante decisiones políticas. Por último, el supuesto de que la UE tiene que desempeñar una tarea política en este ámbito.

Ninguno de esos supuestos es válido. No existe una verdad absoluta sobre lo que es perjudicial o beneficioso. Se realizan nuevos descubrimientos y las viejas verdades vuelven a examinarse, por lo que es inadecuado usar las decisiones políticas para obligar a las personas a comportarse de una forma concreta. Las decisiones políticas no pueden garantizar que las personas tengan una dieta equilibrada ni determinar si un alimento es beneficioso. Cada uno tiene que aceptar la responsabilidad de su propia dieta teniendo en cuenta sus propios supuestos. Tenemos que dar una oportunidad en el mercado a los productos basados en nuevos descubrimientos para que puedan competir con éxito con los productos existentes.

En la actualidad no existe la oportunidad de votar en contra de la propuesta de la Comisión. Por eso elegimos votar a favor de la propuesta del Parlamento Europeo, que contiene menos reglamentos que la propuesta de la Comisión y la posición del Consejo.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El objetivo de esta propuesta de la Comisión es eliminar lagunas y proponer una estrategia europea para los próximos años en lo que respecta a la información a los consumidores en relación a los alimentos que consumen.

Una información más exacta, precisa y concisa puede ayudar a los consumidores a reducir problemas como las dolencias cardiovasculares y la obesidad.

Las enmiendas de compromiso aprobadas han mejorado sustancialmente una propuesta inicial que considero insuficiente y poco fundamentada.

La inclusión de productos importados, la especial atención a los productos destinados a los niños, el acceso facilitado para las PYME, la exclusión de los productos frescos vendidos sin embalaje y la prohibición de alegaciones en bebidas alcohólicas (con un volumen superior al 1,2 %) proporcionarán una directiva más fuerte y completa.

Apoyo la propuesta de la Comisión y apoyo el informe Poli Bortone.

  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. (DE) A pesar de los largos debates y del gran esfuerzo de persuasión, no hemos conseguido centrarnos en lo tangible. Lo que es crucial no es la composición de un alimento en particular, sino que cada persona tenga una dieta sana y equilibrada en relación con su actividad, edad y sexo.

Cualquier perfil debe tener todos estos elementos en cuenta pero, como esos factores cambian constantemente, tenemos que darnos cuenta de que no existen los perfiles nutricionales y que, en su lugar, la única posibilidad que tenemos es la educación, lo que las mujeres rurales alemanas llaman «aprender a manejar la vida cotidiana», y que se transmite a través de la familia, la escuela y la educación general. También espero que el etiquetado al estilo «semáforo» que todavía se está debatiendo no sea más que una broma estúpida.

¿Pero quién sabe qué se les puede ocurrir a esas «personas tan inteligentes»? Un ejemplo de que este enfoque está alejado de la realidad es que dicha información no aparece en las bebidas con un volumen de alcohol superior al 1,2 %, como el vino. Por una parte, se piden perfiles científicos mientras que por la otra se prohíbe la diseminación de conocimiento científico.

El vino también está gobernado por los reglamentos de la UE, y también debe aplicarse a este caso. Es posible que nuestros debates sean largos, pero el compromiso alcanzado demuestra que no han durado lo suficiente. He apoyado las enmiendas con la esperanza de que hagan tolerable este escuálido compromiso.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) Aunque apruebo el texto de compromiso sobre la Directiva relativa a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos, que contiene algunos avances –en especial, el artículo 4, que exige un estudio científico para cualquier declaración relacionada con la salud–, he querido votar en contra de todas las enmiendas (90, 66 y 17) que presentaban riesgos reales para la salud pública. Sería peligroso mantener declaraciones sobre los productos alimenticios que, por ser parciales, pudieran engañar a los consumidores.

Así, no es aceptable resaltar en un producto la mención «sin azúcar» si ese mismo producto es muy rico en materias grasas.

La obesidad no cesa de aumentar en Europa y afecta a cada vez más niños. Es esencial combatir esta plaga no alentando un consumo excesivo de alimentos y dejando de crear ilusiones en la mente de los consumidores. Es necesario, por el contrario, orientarlos hacia productos equilibrados.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe, que debe conseguir un etiquetado más fiable y comprensible de los alimentos. Debe hacer además que a las empresas les resulte difícil presentar sus productos de una manera que induzca a confusión.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) Es bueno querer controlar las declaraciones nutricionales a fin de evitar que los comerciantes de colesterol y diabetes vendan sus bebidas hiperazucaradas y sus alimentos hipergrasos al amparo de declaraciones exageradas con respecto a la energía que aportan.

Pero es inadmisible hacer lo que hizo ayer la Comisaria y apuntar contra el vino en este esfuerzo por fomentar la salud y combatir la obesidad y el alcoholismo. No, el vino no es una forma de alcohol producido mediante procesos industriales, sino una bebida nacida de la fermentación natural de uvas frescas. El vino no es, en Europa, agua con química y aromas, como ocurre en las autodenominadas wineries de California o Australia, sino un alimento a base de uvas fermentadas.

Por tanto, hay que poder decirlo. Hay que poder declarar sus ventajas aportes nutricionales y para la salud, con sus antioxidantes. Si no, ¿cómo explicar que la zona geográfica cubierta de viñedos sea también la zona geográfica en la que echó raíces la civilización, mientras que la zona geográfica de los países nórdicos obsesionados por la salud y con inclinaciones eugénicas es también el hogar de la embriaguez, los skinheads y las depresiones cíclicas y en ellos no se ha producido ningún milagro cultural importante?

  Linda McAvan (PSE), por escrito. (EN) Los diputados laboristas al Parlamento Europeo celebramos el acuerdo alcanzado hoy sobre las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. Aceptamos que se trata de un paquete de enmiendas de transacción y tenemos algunas reservas respecto a algunos de sus elementos, sobre todo la enmienda 66. Habríamos preferido el texto de la posición común, que no permitía derogaciones. Pero la nueva ley representa un importante avance en el etiquetado de los alimentos para los consumidores y mejora el marco reglamentario general. Por eso hemos apoyado el paquete de enmiendas de transacción.

  Angelika Niebler (PPE-DE), por escrito. (DE) Rechazo el reglamento sobre la información nutricional en la versión aprobada por los Estados miembros.

El reglamento dispone que, en el futuro, se recopilen perfiles nutricionales para todos los alimentos. Los alimentos tendrán que anunciarse con alegaciones relativas a su valor nutricional solo si estas han sido previamente comprobadas en un procedimiento tipificado en toda Europa.

No obstante, hay que decir que las normas destinadas a combatir los malos hábitos alimenticios representan una gran imposición técnica y burocrática para los fabricantes, y no llegan a la raíz del problema. La obesidad no puede combatirse con eficacia mediante una intervención normativa, sino solo con cambios en los hábitos alimenticios y en el estilo de vida; hemos de pasar menos tiempo frente al televisor o el ordenador y más tiempo en movimiento.

El reglamento en su conjunto trata a los consumidores como si estuviesen indefensos y no les otorga capacidad para tomar decisiones por sí mismos.

El procedimiento tipificado de la Autoridad Alimentaria Europea para la aprobación de las alegaciones nutricionales es cuestionable, porque se trata de un monstruo superfluo y burocrático y, sobre todo, de una carga para nuestras pequeñas y medianas empresas. A las grandes empresas les resulta mucho más fácil enfrentarse al esfuerzo adicional que representa solicitar la aprobación, pero los costes adicionales ponen en peligro la existencia misma de las pequeñas y medianas empresas.

Esta legislación frustra todos los esfuerzos por reducir la burocracia y las propuestas de «mejora de la legislación».

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Tuve ocasión de expresar mi punto de vista ayer por la tarde en el debate sobre el informe de la señora Poli Bortone. No obstante, quiero aclarar las cosas por lo que respecta a mi voto sobre la enmienda 66, la famosa cláusula de revelación.

Me he opuesto a cualquier reconsideración del artículo 4 y del perfil nutricional. Por tanto, ese compromiso es, en mi opinión, la peor de las hipocresías: autorizar las declaraciones nutricionales de alimentos ricos en azúcar, sal o grasas siempre que se anuncie también el alto contenido de esas sustancias. Para decirlo en plata, legaliza las falsas declaraciones.

Por ejemplo, los pirulíes «sin grasa» pueden describirse tranquilamente como tales, aunque sean también «azúcar puro». Y ¿a quién preocupa que produzcan caries en los niños?

Si me he abstenido, a pesar de esto, es por lo que contiene el resto del informe. En primer lugar, porque venimos de muy lejos después de la votación en primera lectura, que pura y simplemente acabó con el perfil nutricional. Además, porque se han resuelto muchas incertidumbres, en especial para las PYME. Asimismo, porque se mantiene la prohibición de las declaraciones de salud para los productos alcohólicos. Por último, porque estoy convencida de que no obtendremos nada mejor tras una conciliación larga y costosa. La política es en parte aceptar compromisos.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. (DE) Esta cuestión ha sido muy conflictiva desde que la Comisión presentó su propuesta, y las mayorías a favor han sido muy exiguas, por lo que ha vuelto a primera lectura. Me cuento entre la minoría que considera que la propuesta de la Comisión es muy buena y la he apoyado desde el comienzo del debate. La Posición de la Comisión también es muy buena, y el compromiso alcanzado en segunda lectura sobre los valores nutricionales es el mínimo común denominador capaz de ser apoyado.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. (EN) El Parlamento Europeo ha votado a favor de eliminar las declaraciones infundadas sobre las propiedades de alimentos y bebidas, sobre todo de productos dirigidos a los niños.

A la UE le preocupaba que un alimento pudiera, por ejemplo, anunciarse como un producto «de bajo contenido de grasas» pero tuviera un elevado contenido de azúcares o sal, o por el contrario, se anunciara como un alimento «con poca sal» pero tuviera un elevado contenido de otras cosas.

El objetivo es la verdad en publicidad. En un mundo ideal eso sería factible, pero el problema es que los productores tienen que demostrar las declaraciones de propiedades saludables de sus productos. Las pruebas científicas, tal como se entienden en la legislación, requieren unas pruebas más costosas de lo que los pequeños productores se pueden permitir.

Otro problema es que aunque los perfiles nutricionales exigidos por ley en todos los productos serán un paso en la dirección correcta, no distinguirán entre la calidad de las grasas, azúcares y sales en los alimentos y las bebidas.

El perfil nutricional no distinguirá entre las grasas malas que nos perjudican y las grasas buenas necesarias para la salud y el crecimiento, y lo mismo ocurre con las sales y los azúcares.

Yo personalmente quiero una lista completa de ingredientes y la mención de cualquier proceso que pueda dañar los nutrientes, como irradiación, blanqueado, saturación, etc. al que se vean expuestos los ingredientes.

  María Sornosa Martínez (PSE), por escrito. (ES) La Delegación Socialista Española se congratula de la aprobación de este informe, que permitirá conciliar distintos requisitos de protección de la salud y de correcta información al consumidor con la pretensión de que la industria no soporte gastos excesivos.

Sin embargo, queremos poner de manifiesto que nuestra intención era votar a favor de la enmienda n° 49, que finalmente ha decaído, pues consideramos que se trata de una enmienda de singular importancia para la Delegación Socialista Española, por lo que supone para las bebidas fermentadas de origen agrario (cerveza y vino) y uso alimentario en un país como España.

  Marc Tarabella (PSE), por escrito. – (FR) Este informe, sobre el que hemos votado en segunda lectura, comporta mejoras en materia de salud, pero algunas enmiendas representan un auténtico paso atrás.

Este es claramente el caso de las enmiendas 17, 66 y 90, que no solo pretenden legalizar productos ricos en materias grasas, azúcar o sal, sino que además autorizan declaraciones engañosas para los consumidores.

Lamento de veras la aprobación de las citadas enmiendas, que socavan significativamente la relevancia del documento, y que hayan sido objeto de un compromiso que no vacilo en calificar de dudoso.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. – (NL) Cuando era una diputada inexperta, mi primera llamada de teléfono a la Comisión se refirió a una propuesta de legislación europea sobre alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Fue hace 14 años. Incluso entonces, nos dimos cuenta de que necesitábamos una legislación europea, así que un acuerdo sobre un texto legal específico varios años después no llega demasiado pronto.

Podemos sentirnos orgullosos del resultado, porque consigue el equilibrio justo entre, por una parte, los intereses del consumidor y el derecho a la protección de la salud y a la información y, por la otra, la exigencia de no poner una carga excesiva en la industria.

Tanto la solución respecto de los perfiles nutricionales como el procedimiento de notificación demuestran que lo hemos conseguido de forma civilizada.

En consecuencia, este resultado recibe mi apoyo incondicional.

- Informe: Scheele (A6-0078/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de las propuestas de compromiso en segunda lectura porque consideramos importante que haya un elevado nivel de protección del consumidor respecto de la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias en los alimentos, impidiendo que constituyan un peligro para la salud pública.

En diciembre de 2005, el Consejo no incorporó a la posición común que aprobó algunas importantes enmiendas aprobadas por el Parlamento el pasado mayo. Por tanto, creemos que es importante que se vuelva a consagrar la biodisponibilidad de las vitaminas y los minerales, es decir, que sean bioasimilables. De lo contrario, se estará engañando a los consumidores e incluso poniendo en peligro su salud.

Además, hay que fijar las cantidades máximas seguras de vitaminas y minerales y garantizar que la información a los consumidores sea comprensible y útil.

Lamentamos que no se hayan aprobado las otras enmiendas positivas, pero esperamos que al menos el Consejo las tenga en cuenta.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Respaldo la directiva sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias a los alimentos.

Creo que la armonización de las diversas normativas nacionales relativas a la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias a los alimentos es esencial. Con estos interminables debates se ha hecho evidente que los Estados miembros difieren enormemente entre ellos no solo respecto a la necesidad de añadir dichos nutrientes para conseguir una dieta equilibrada, sino también basándose en sus propias tradiciones diferentes.

Aunque este informe solamente trata la adición voluntaria de vitaminas y suplementos, es importante recordar que la única intención de los fabricantes al añadir vitaminas y minerales debe ser hacerlo teniendo presentes consideraciones nutricionales y sanitarias.

Las «demás sustancias» deben definirse de forma específica y con la idea de proteger al consumidor, por lo que también debe elaborarse una lista negativa.

Principalmente, lo que hace falta y seguirá haciendo falta es que los consumidores estén protegidos y se les mantenga informados, ya que son ellos los que, en caso de duda, se verán afectados mientras los fabricantes obtienen un beneficio.

- Informe: Maat (A6-0140/2006)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe sobre las medidas necesarias para proteger la industria de la anguila en Europa. Los gustos cambiantes y el agotamiento de las poblaciones han transformado lo que era una exquisitez estacional barata y local en un producto de lujo, casi exclusivamente para su exportación a Extremo Oriente. El ciclo de vida de las anguilas todavía no se conoce bien, alternando la superabundancia y la escasez de una manera que no se entiende bien. Pero el descenso de las poblaciones en las últimas décadas parece estar fuera del intervalo de variación normal. Si no se toman medidas, esta industria pequeña pero localmente importante puede morir. Apoyo la restricción de la pesca, aunque estoy de acuerdo con la Comisión en la necesidad de investigar el momento oportuno de imponer la veda, puesto que las capturas varían con el ciclo lunar y no con los días del mes. Apoyo también la imposición de límites a las exportaciones para proteger las poblaciones, que estoy convencido de que la OMC apoyará, así como la concesión de ayudas económicas de la UE para asegurar que los ríos sigan abiertos al paso de las anguilas. Puede que tengamos que reconsiderar esta cuestión en el futuro, pero al menos adoptamos por fin alguna medida.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) Celebro este informe, aunque considero que podría haberse propuesto objetivos más ambiciosos.

En primer lugar y por encima de todo, quisiera destacar el hecho de que existe una gran variación entre las cuencas fluviales de los distintos Estados miembros en los que existe esta especie. Por lo tanto, es preciso que existan estrategias y medidas distintas para garantizar la recuperación efectiva de estas poblaciones.

Por lo tanto, celebro el hecho de que se haya dejado a los Estados miembros proponer sus propios planes de recuperación.

También creo que la UE debe respaldar las medidas que cada Estado miembro considere adecuadas para repoblar las diversas cuencas fluviales. Esto incluye, por ejemplo, la construcción y/o adaptación de mecanismos de transposición de obstáculos a lo largo del curso de los ríos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El principal objetivo de la Comisión para presentar esta propuesta de reglamento para recuperar las poblaciones de anguila tiene como objetivo establecer planes nacionales de gestión de la anguila.

La propuesta va dirigida a garantizar una tasa de fuga del 40 % de las anguilas plateadas adultas de cada cuenca fluvial, objetivo que será difícil de alcanzar. La propuesta también trata a todos los Estados miembros del mismo modo, sin tener en cuenta sus particularidades.

También se proponía una prohibición de la pesca de anguila durante los primeros 15 días del mes, lo cual es excesivo y tendría un importante impacto socioeconómico. Estas medidas deberían cumplirse para julio de 2007, un período de tiempo relativamente corto.

En este sentido, las propuestas del Parlamento consiguen un mayor equilibrio y rectifican algunos de los aspectos más negativos de la propuesta de la Comisión, contribuyendo así a la recuperación de las poblaciones de anguila.

El informe sustituye la prohibición de pescar en la primera mitad de cada mes por una temporada en la que el esfuerzo pesquero se reduce a la mitad. También eleva el objetivo de la tasa de fuga del 40 %. Da a los Estados miembros la oportunidad de operar de forma exclusiva en las correspondientes cuencas fluviales. Por otra parte, la fecha límite para la aplicación se ha ampliado a 2008. Todo esto otorga mayores poderes a los Estados miembros.

- Informe: Varela Suanzes-Carpegna (A6-0163/2006)

  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) He votado hoy en contra del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y Marruecos porque no creo que se hayan tomado todas las medidas que podrían y tendrían que haberse tomado para proteger la soberanía y los derechos del Sáhara Occidental. En su lugar, prevalece la ambigüedad para facilitar el abuso por parte de Marruecos de las aguas del Sáhara Occidental y evitar enfrentarse a su reivindicación ilegal de ese territorio.

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hoy el Parlamento Europeo ha votado a favor de que la UE formalice acuerdos pesqueros con Marruecos. Los social-demócratas hemos votado en contra de este acuerdo. Creemos que este no debería ampliarse para incluir el territorio del Sáhara Occidental, ya que Marruecos lo ocupa desde 1975.

Creemos que el acuerdo es contrario al derecho internacional ya que no existen garantías de que beneficiará a la población del Sáhara Occidental, que no ha contribuido al diseño del acuerdo.

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Manuel António dos Santos y Sérgio Sousa Pinto (PSE), por escrito. (PT) El Acuerdo de asociación pesquero entre la Comunidad Europea y Marruecos establece los principios, las normas y los procedimientos que rigen la cooperación económica, financiera, técnica y científica en las «zonas de pesca marroquíes» (Articulo 1).

El Artículo 2(a) define el término «zona de pesca marroquí» como «las aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos».

La votación a favor de los diputados que han firmado el informe que tenemos ante nosotros se basa naturalmente en la definición del Artículo 2.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) En lo esencial, estoy de acuerdo con la aprobación de este documento.

El nuevo acuerdo prevé una importante reducción del número de licencias de pesca concedidas a los Estados miembros. Se ha pasado de 500 a aproximadamente 100, con la pérdida de algunas categorías importantes de peces, como son los crustáceos y los cefalópodos.

En cualquier caso, sigo creyendo que es importante que la flota comunitaria, y concretamente la portuguesa, sigan pudiendo pescar en Marruecos conforme a un acuerdo de asociación.

En este sentido también se salvaguardan los intereses generales de la política pesquera común en el área de la pesca internacional, y se han formalizado varios compromisos importantes en el área de la gestión de los recursos pesqueros y la lucha contra la pesca ilegal.

  Ana Maria Gomes (PSE), por escrito. (PT) Quisiera votar a favor de un Acuerdo pesquero entre la Comunidad Europea y Marruecos, pero debo votar en contra. Esto se debe a que no se han aprobado las enmiendas dirigidas a excluir del ámbito de aplicación del Acuerdo las aguas y los recursos pesqueros del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo conforme a las Resoluciones 1514 y 1541 de las Naciones Unidas, ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1974. Por ese motivo, el Acuerdo –y la correspondiente propuesta legislativa de la Comisión– a mi entender viola el Derecho Internacional.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La UE una vez más va a celebrar un acuerdo pesquero con un Estado africano. En numerosas ocasiones hemos señalado lo perjudiciales que son estos acuerdos. Los países con los que la UE celebra este tipo de acuerdos se ven privados de la oportunidad de desarrollar una eficiente industria pesquera propia. Es más, la flota pesquera de la UE en parte es responsable de la reducción de las poblaciones de peces, algo que han señalado las autoridades suecas y las organizaciones ambientales. Por otra parte, estos acuerdos son costosos para los contribuyentes de los Estados miembros de la UE. En la práctica representan ayudas directas a la industria pesquera.

Este acuerdo concreto es especialmente cuestionable, ya que Marruecos ha ocupado el Sáhara Occidental de forma ilegal durante años. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha llamado la atención sobre este hecho. Esto significa que Marruecos no tiene control completo sobre sus recursos naturales, incluidos los pesqueros.

Al celebrar un acuerdo pesquero con Marruecos la UE está reconociendo indirectamente esta ocupación y las violaciones de los derechos humanos que constantemente comete Marruecos en el Sáhara Occidental.

Hemos votado en contra del informe en la votación de hoy.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lamentamos que se hayan rechazado dos enmiendas que, en conformidad con el derecho internacional, excluían específicamente las aguas frente al Sáhara Occidental del acuerdo pesquero que tenemos ante nosotros, limitándolo a las aguas situadas al norte del paralelo 27°40' N''.

Lo que es aún más preocupante de este rechazo es el hecho de que los Comisarios implicados y algunos diputados consideren que Marruecos administra de facto el Sáhara Occidental, un punto de vista contrario al derecho internacional. Por otra parte, la experiencia de Acuerdos anteriores ha demostrado que los puertos del Sáhara Occidental han sido capturados y utilizados sin que se respetasen los derechos e intereses del pueblo saharaui.

Al igual que ha hecho el Frente Polisario, quisiera destacar que, en su dictamen legal sobre el Sáhara Occidental de 29 de enero de 2002, Naciones Unidas reiteró su condena de la explotación y el saqueo de los recursos naturales, así como toda actividad económica que se produzca en detrimento de las comunidades en territorios colonizados o no autónomos en los que a dicho pueblo se le denieguen sus derechos legítimos a sus recursos naturales. En cuanto a las Naciones Unidas se refiere, esta explotación y saqueo es ilegal y constituye una amenaza para la integridad y prosperidad de estos territorios.

De ahí que votemos en contra.

  Mary Honeyball (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo está preocupado por la repercusión que puede tener el acuerdo pesquero propuesto en la situación del Sáhara Occidental y en las perspectivas de resolver ese conflicto que tanto dura.

Por esa razón, los diputados laboristas al Parlamento Europeo hemos apoyado las enmiendas encaminadas a excluir el Sáhara Occidental del ámbito de aplicación del acuerdo y hemos votado en contra del acuerdo al rechazarse las enmiendas de exclusión.

  Jamila Madeira (PSE), por escrito. (PT) Tras el informe sobre el Acuerdo de asociación entre la UE y el Reino de Marruecos sobre recursos pesqueros, quisiera votar a favor de la regulación más adecuada para la sostenibilidad ambiental de la región. El acuerdo es esencial en este sentido. Sin embargo, tanto para la UE como para mí personalmente la cuestión de los derechos humanos también es crucial. Siendo así, las resoluciones de las Naciones Unidas siempre deben prevalecer en este sentido. Par mí está claro que el objeto de este Acuerdo es abarcar zonas y territorios marítimos que no están bajo disputa y respecto a los cuales no existen problemas de soberanía ni de otro tipo, ya que a ningún Estado se le permitiría hacer uso de recursos que no están bajo su soberanía o jurisdicción, en detrimento de la autodeterminación de otros grupos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado en contra del acuerdo pesquero CE-Marruecos porque la población del Sáhara Occidental sigue bajo la ocupación marroquí y no ha tenido ni voz ni voto en el acuerdo que permite la pesca en sus aguas territoriales. Creo que el pueblo saharaui debería tener derechos sobre sus aguas territoriales. Por este motivo el acuerdo pesquero CE-Marruecos no debería incluir las aguas del Sáhara Occidental, ya que el pueblo no tiene poder para decidir si quiere entrar o no en el mismo. No puedo respaldar un acuerdo comercial que viole los derechos de otras comunidades para determinar el uso de sus propios recursos.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) A la hora de votar sobre este informe me preocupa especialmente el efecto del acuerdo pesquero propuesto sobre la situación del Sáhara Occidental y las posibilidades de resolver este prolongado conflicto. Se trata de una batalla en la que algunos de mis electores londinenses han estado bregando conmigo, bajo la dirección de la organización benéfica War on Want, del Reino Unido. Por este motivo he respaldado las enmiendas que excluirían el Sáhara Occidental del ámbito de aplicación del acuerdo y he votado en contra del acuerdo cuando quedaron rechazadas las enmiendas de exclusión.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Quisiera dar dos breves explicaciones relativas a esta votación.

Para empezar quisiera hablar sobre el Sáhara Occidental. Conscientes del hecho de que este acuerdo aborda la cuestión de la forma habitual, es decir, siguiendo la tradición de no presentar ninguna enmienda a la postura europea, y el hecho de que los servicios legales de la Comisión han decidido que cumple con el derecho internacional, creo que es inadecuado plantear aquí objeciones relativas a la situación del Sáhara Occidental.

Respecto a la pregunta que estamos abordando, cabe celebrar el hecho de que finalmente haya sido posible alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión, aunque debo decir que me decepciona que el resultado final no sea demasiado favorable para los intereses portugueses. No obstante, de todas formas todo apunta a que esta es la mejor solución, ya que es viable. Por eso he votado a favor.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. (DE) Al omitir del acuerdo pesquero toda referencia a los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, el Parlamento Europeo está enviando un importante mensaje político. He presentando enmiendas en este sentido pero, dado que no se han adoptado, he votado en contra del informe.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. (EN) Dado que se han rechazado todas las enmiendas que habrían impedido la pesca ilegal por parte de Europa en las aguas del Sáhara Occidental, he votado en contra de esta resolución.

Me preocupa que este acuerdo, tal como ha quedado sin dichas enmiendas, permita que los barcos europeos (incluidos los irlandeses) pesquen en las aguas del Sáhara Occidental, territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. Si el acuerdo se aplica, la UE violará el Derecho internacional y contribuirá a prolongar un conflicto que ya dura 30 años.

El Tribunal Internacional de Justicia y varias resoluciones de las Naciones Unidas han dejado claro que el Sáhara Occidental es la última colonia de África y que su población tiene derecho a la autodeterminación. Marruecos no ha sido reconocido como poder administrativo. Se ha declarado sin ambigüedad que ningún otro país tiene derecho a explotar los recursos saharauis sin el permiso de su pueblo.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, la difícil situación del pueblo del Sáhara Occidental no mejorará con la exportación de nuestra desastrosa política pesquera a su territorio, ocupado ilegalmente por Marruecos. Es lamentable que la UE, habitual defensora del Estado de Derecho, utilice en este caso tecnicismos y eufemismos para justificar que en la práctica nos convirtamos en cómplices de una ocupación ilegal. He votado en contra de este lamentable informe y siento que la Asamblea lo haya aprobado.

- Informe: Frassoni (A6-0089/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega, la señora Frassoni, sobre los últimos informes de la Comisión Europea relativos al control de la aplicación del Derecho comunitario. Era un informe muy esperado en la estela del Acuerdo Interinstitucional de diciembre de 2003. Conocido por el nombre de «legislar mejor», el acuerdo era reducir el volumen de legislación comunitaria y al mismo tiempo simplificarla, con vistas a asegurarse de que la legislación se aplique normalmente en todas partes, porque es una condición necesaria para la creación de un espacio de justicia. Por desgracia, hemos de constatar que los Estados miembros transponen mal la legislación comunitaria; peor aún, aplican mal la legislación comunitaria con una impunidad de la que es cómplice la Comisión Europea. Hay que recordar que los Estados miembros son los encargados de controlar la aplicación del Derecho comunitario. Cualquiera puede comprobar hasta qué punto no funciona el sistema actual y es un factor de fractura entre la construcción europea y los ciudadanos, que pueden valorar cada día la injusticia de esta situación. Este diputado se pregunta si no ha llegado el momento de reflexionar sobre la creación de un cuerpo europeo de inspectores independientes que tenga la tarea de controlar la aplicación de la legislación comunitaria en los Estados miembros.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Los informes sobre los que hemos votado hoy revelan un aumento creciente de las dificultades de aplicación del Derecho comunitario y la proliferación de casos remitidos al Tribunal de Justicia Europeo.

Del 21º informe de la Comisión se desprende que a 31 de diciembre de 2003 se encontraban en curso de examen 3 927 casos de infracción, frente a 2 270 en 1999 y tan solo 124 en 1978. Las razones estriban en la abundancia del Derecho comunitario, pero también en el gran número de sanciones que puede imponer la Comisión Europea a los Estados miembros que se muestren reacios a aplicar la legislación comunitaria.

La cuestión de la aplicación del Derecho comunitario es ante todo una cuestión política, y no jurídica o tecnocrática, como piensan y afirman algunos. En efecto, se trata esencialmente de enmascarar el problema de los conflictos existentes entre las soberanías nacionales y el poder europeo. A este respecto, la reciente sentencia de 13 de septiembre de 2005 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que por primera vez y al margen de todo fundamento jurídico convierte el Derecho penal en competencia de la Comunidad, es sintomática de la evolución de esta institución. Así se entiende la reticencia de los Estados miembros a aplicar un Derecho comunitario que no han elegido.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) El control de la aplicación de la legislación comunitaria recae en la Comisión como «guardiana de los Tratados». La Comisión es informada de todo caso de incumplimiento de los Tratados comunitarios y advierte y sanciona a los Estados miembros responsables.

Los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación de la legislación comunitaria indican los avances realizados por los Estados miembros en la transposición de las directivas, con el objetivo de garantizar un control eficiente de la aplicación de la ley. Este control no consta solamente de una evaluación de la transposición en términos cuantitativos, sino también de una evaluación de la calidad de la transposición.

Respecto a los objetivos de mejorar la política europea haciéndola más transparente, la Comisión ha manifestado que su objetivo es reducir el volumen de legislación y deshacerse de los actos legislativos ineficaces, lo cual no equivale a liberalizar.

Estoy de acuerdo con la ponente en que los servicios de la Comisión necesitan más recursos humanos y financieros si se pretende mejorar su capacidad para hacer frente a las infracciones. Asimismo celebro la creación de puntos de coordinación en cada Estado miembro para cuestiones relativas a la transposición, la aplicación de la legislación comunitaria y la coordinación con los ministerios nacionales y las autoridades regionales y locales.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Aunque existe una enorme cantidad de legislación comunitaria en vigor y en fase preparatoria, cuya necesidad en ocasiones es dudosa, es posible controlar la fase de transposición y la de entrada en vigor de legislación nueva.

Como afirma el informe, a las instituciones comunitarias, especialmente a la Comisión, les lleva demasiado tiempo controlar la aplicación de la legislación comunitaria. Esto es especialmente lamentable dado que reduce la efectividad del mecanismo y lo priva de virtudes tan importantes como permitir a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones dentro de los plazos concedidos.

Otro importante aspecto de este proceso es que el minucioso control de las dificultades de transponer/aplicar el derecho debería constituir una oportunidad para mejorar la calidad de la legislación comunitaria, especialmente dado que este proceso ya está en curso, tal como subraya el informe.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Dado el número de casos en los que la transposición de la legislación comunitaria en la nacional se ha visto retrasada o no se ha producido, el legislador necesita garantizar que su aplicación se controla de forma adecuada y, lo que es más importante, simplificarla y garantizar que se mantiene el principio de subsidiariedad.

Creo que la aplicación de la legislación comunitaria seguirá siendo inadecuada hasta que esta sea clara y comprensible, y hasta que el acervo comunitario en su conjunto sea fácil de comprender. Sin una buena legislación comunitaria será muy difícil aplicar el Derecho comunitario adecuadamente.

Me complace enormemente la propuesta del Presidente de la Comisión de promover una importante iniciativa para reducir la cantidad de legislación y hacer que la elaboración de leyes sea más eficiente por parte de las instituciones comunitarias. En ocasiones menos es más.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega de Grupo, la señora Frassoni, por su excelente informe que, a pesar de no estar tal vez en boca de todos, trata un aspecto fundamental de la competencia de la Unión. Contiene una serie de propuestas sensatas para hacer que nuestra labor legislativa sea más efectiva desde el punto de vista de cómo afecta realmente a nuestros ciudadanos, aspecto al que a menudo no se presta la suficiente atención en esta época de creciente escepticismo respecto a las cosas que hace la UE, y me complace haberla apoyado hoy.

- Informe: Doorn (A6-0082/2006)

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (FR) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de este informe, si bien expresando mis dudas ante la enmienda que se refiere al Tratado por el que se instituye una Constitución Europea.

En realidad, dicho Tratado no ha sido aprobado, sino que fue rechazado en los referendos populares de Francia y los Países Bajos, con la venia del señor Napolitano, recién elegido Presidente de la República Italiana, que en su discurso inaugural abanderó la causa de este Tratado, olvidándose de que debe estar por encima de las partes. En efecto, dicho Tratado fue aprobado, sí, por el Parlamento italiano, pero no por unanimidad. Quien declara estar por encima de las partes no debería apoyar algo que ha dividido al Parlamento italiano.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, el señor Doorn, sobre una propuesta de resolución del Parlamento Europeo relativa a la aplicación del principio de subsidiariedad. La forma en que se aplica la legislación europea abre continuamente una brecha entre la integración europea y las naciones. Urge, por tanto, introducir la coherencia absolutamente indispensable entre la legislación comunitaria, su transposición por los Estados miembros y su aplicación concreta. Conviene revocar toda legislación inútil y aplicar debidamente la que es necesaria. Defiendo la idea de que el Parlamento Europeo participe estrechamente en el seguimiento de la aplicación de la legislación europea por los Estados miembros.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) De todas las cuestiones planteadas en este informe, la que es merecedora de una mayor atención es la evaluación del impacto del Derecho comunitario.

Como ya he dicho, pese a una producción legislativa constante y quizás excesiva, es posible controlar de cerca la producción legislativa de las instituciones comunitarias y, lo que es aún más importante, el impacto de la misma. Esta es una cuestión que siempre debería tener un papel relevante en la agenda.

En este sentido, la subsidiariedad realmente es un factor importante que, en su aspecto más amplio, debería ser una de las claves de la legislación en la UE. Esto es perfecto para la subsidiariedad, por la cual se tienen presentes las necesidades de cada país y se mantienen vínculos estrechos entre el poder y los ciudadanos.

Dicho esto, obviamente este principio es inadecuado para muchas situaciones que deberían afrontarse en el ámbito comunitario. Sin embargo, también esta es una característica fundamental de dicho principio. Por último quisiera mencionar la importancia de reconocer el papel de los Parlamentos nacionales, que es esencial para un buen resultado legal. Sin perjuicio de los restantes elementos, estos son esenciales para legislar mejor.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Como ya he tenido oportunidad de decir con respecto al principio de subsidiariedad, además de haber sido durante mucho tiempo un requisito vital y al que debería dársele mayor relevancia, se trata del pilar que distingue a los verdaderos europeístas, fieles no solo en su discurso, también en la práctica, con la idea y el lema del proyecto de tratado constitucional: «unidos en la diversidad».

La UE debe otorgar la máxima importancia a la toma de decisiones al nivel más próximo al ciudadano, debe evaluar las nuevas leyes que aprueba y garantizar que las existentes se simplifican basándose en criterios de inteligibilidad, idoneidad y proporcionalidad.

Creo que la UE se beneficiará si apuesta por legislar basándose en la calidad y no en la cantidad, e implica adecuadamente en el proceso a los Parlamentos nacionales, así como a cualquier parte directamente interesada, de forma que pueda hacer que sus opiniones se escuchen en el momento adecuado y pueda presentar propuestas alternativas.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Me gustaría felicitar al señor Doorn por su informe, ya que creo que la subsidiariedad, aplicada de forma adecuada, puede hacer que el trabajo de la UE sea mucho más transparente para el ciudadano. Viniendo de Escocia, me entristece que el Parlamento escocés sea responsable de tantas facetas de la vida y sin embargo esté efectivamente excluido de las deliberaciones de la UE, ya que la definición de subsidiariedad con demasiada frecuencia se detiene en la capital del Estado miembro. Creo que este informe constituye un paso adelante, pero en la UE todavía queda mucho por hacer.

- Informe: McCarthy (A6-0083/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora McCarthy, sobre una propuesta de resolución del Parlamento Europeo relativa a la aplicación, las consecuencias y las repercusiones de la legislación vigente sobre el mercado interior. La forma en que se aplica la legislación europea abre continuamente una brecha entre la integración europea y las naciones. Urge, por tanto, introducir la coherencia absolutamente indispensable entre la legislación comunitaria, su transposición por los Estados miembros y su aplicación concreta. Conviene revocar toda legislación inútil y aplicar debidamente la que es necesaria. Defiendo la idea de que el Parlamento Europeo participe estrechamente en el seguimiento de la aplicación de la legislación europea por los Estados miembros. Dados los problemas existentes en materia de aplicación del Derecho comunitario, también me pregunto si no ha llegado el momento de reflexionar sobre la creación de un cuerpo europeo de inspectores independientes, directamente contratados por la Unión Europea, que tendría la misión de controlar la aplicación de la legislación comunitaria en los Estados miembros, a fin de asegurar que el mercado interior funcione como es debido.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Una de las causas de la falta de aplicación de las directivas y los textos europeos por los Estados miembros de la Unión, y que curiosamente no se plantea en ninguno de los informes, reside, en particular, en la forma en que se adoptan. En efecto, es un efecto perverso de la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo: los Estados que, estando en minoría, hayan rechazado la adopción de un texto por sus propios motivos tendrán naturalmente dificultades para aplicarlo en su territorio.

Todo esto crea evidentemente una auténtica incertidumbre jurídica para todas las instituciones, países y pueblos. Por tanto, hay que dar prioridad no solo a una codificación rápida de la legislación comunitaria vigente, sino también a la definición y limitación de las competencias de los distintos órganos de la Unión, incluido el Tribunal de Justicia Europeo, que han creado esos enormes volúmenes de Derecho, para que los Estados miembros no tengan que sufrir durante más tiempo las consecuencias de unas normas legales o jurisprudenciales demasiado numerosas o indebidamente restrictivas.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La iniciativa de la Comisión de «Legislar mejor» constituye un factor vital para obtener la confianza de los ciudadanos, consumidores y empresas de la UE. Esta confianza se basa en su experiencia o en su comprensión del derecho comunitario y el impacto del mismo en sus vidas cotidianas. Por lo tanto, en el contexto del mercado interior esto debe traducirse en legislación efectiva y de gran calidad que no obstaculice la innovación ni provoque distorsiones y costes innecesarios, especialmente para las PYME, las autoridades públicas o los grupos de voluntarios.

Por lo tanto nuestra legislación debería contribuir a abrir oportunidades comerciales para las empresas, ampliar las opciones de consumidores y ciudadanos y proteger los derechos ambientales, sociales y de los consumidores. Si no lo hacemos estaremos nadando contracorriente, contra la Estrategia de Lisboa, contra el crecimiento y el empleo y contra el mercado interior.

Por lo tanto, he votado a favor del informe McCarthy.

- Informe: Gargani (A6-0080/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Estamos de acuerdo con la revocación de las leyes irrelevantes y obsoletas del derecho comunitario, cuyo objeto es simplificar el marco regulador, de forma que las decisiones sean adecuadas, claras y efectivas y no socaven el principio de subsidiariedad. Considero que debería otorgársele una mayor importancia al principio de subsidiariedad en este informe, de forma que no quepa duda que se defiende en todo el proceso.

Sin embargo, confiamos en que este objetivo no se empleará para socavar determinados principios que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los derechos sociales y los de los trabajadores.

También defendemos una modificación de los actuales acuerdos interinstitucionales que rigen la calidad de la legislación de la Unión.

Por lo tanto hemos votado a favor del informe, aunque tenemos ciertas reservas respecto a determinados aspectos y actualmente nos oponemos a otros debido a su ambigua redacción, tal como ya se ha mencionado.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) En términos generales, celebro el informe que estamos debatiendo y sobre el que votaremos, así como la comunicación de la Comisión en la que se basa.

El esfuerzo de análisis y revisión del marco legislativo comunitario es una propuesta que debe promoverse con el objetivo de simplificar el entorno regulador, un requisito esencial para una mayor seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los operadores judiciales. También constituye una oportunidad de simplificar el entorno regulador, factor crucial para el desarrollo de la actividad económica.

Hay un punto del informe y de la comunicación de la Comisión con el que no estoy totalmente de acuerdo. No acepto la noción planteada en ambos textos de que la legislación a través de los reglamentos es más virtuosa que a través de las directivas. Al contrario, pese a las dificultades que implica la transposición de directivas, considero que existen formas de legislar que respetan la idea de comunidad que tanto valoro. Este punto de vista no significa que rechace los reglamentos ni que no reconozca su utilidad obvia.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Me abstendré en la votación. El informe cuenta con aspectos realmente positivos, por ejemplo su llamamiento para que el Consejo sea más abierto, pero por otra parte se centra demasiado en el crecimiento y la reducción de los costes, cuando debería destacar el desarrollo sostenible y una mayor rentabilidad. La reducción de costes no constituye un fin ya que puede provocar el constante debilitamiento de los presupuestos públicos. La rentabilidad es un objetivo mejor.

- Informe: Kaufmann (A6-0143/2006)

  Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Es magnífico que los textos legislativos inútiles y perjudiciales que se contradicen con otras disposiciones comunitarias o que, sobre todo, son incompatibles con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, puedan eliminarse del mundo legislativo. Pero esta satisfacción cede rápidamente ante la descripción de los exorbitantes poderes legislativos de la Comisión. En efecto, esta institución –que les recuerdo no tiene absolutamente ninguna legitimidad democrática o electoral– puede, si lo desea y en el momento que decida, retirar o modificar una propuesta legislativa, informar o no al Parlamento de las razones de su decisión y tener en cuenta o no la opinión de este. En resumen, puede hacer lo que le dé la gana.

Lo peor es que este Parlamento está contento con este estado de cosas y lo reconoce. Admito que amenaza vagamente con censurar a la Comisión en caso de que vaya realmente demasiado lejos. Pero sabemos que incluso en los peores momentos de los escándalos que salpicaron a la Comisión Santer, nunca tuvo la valentía política de desautorizar a la «institución símbolo» del superestado europeo. El hecho de que una tecnocracia se ejerza con el acuerdo tácito de una asamblea parlamentaria no cambia la naturaleza de dicha tecnocracia.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos optado por abstenernos en la votación final sobre esta resolución ideada para mostrar una opinión.

Nuestro punto de vista básico consiste en que el Consejo de Ministros debería ser una fuerza política más fuerte que las restantes instituciones de la Unión, ya que este representa a los Estados miembros en una UE que consideramos como una forma de cooperación intergubernamental. Esto significa que, también desde nuestro punto de vista, el Consejo de Ministros debería tener derecho a plantear propuestas legislativas, al igual que la Comisión.

Tampoco compartimos la idea expresada en el apartado B del proyecto de informe que solicita a la Comisión que recapacite antes de retirar 68 propuestas legislativas que no se consideran por ejemplo acordes a los objetivos de los principios diseñados para producir una mejor legislación. Por principio creemos que es bueno que la Comisión trate de reducir este enorme catálogo de propuestas legislativas en el ámbito de la Unión.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La cuestión suscitada por la comunicación que tenemos ante nosotros merece una atención más amplia y no debería limitarse al tema del fundamento jurídico y los límites de la Comisión sobre la retirada de propuestas legislativas.

Creo que la cuestión principal que tenemos ante nosotros es que la situación anterior dio lugar a una serie de procesos legislativos en el limbo que no tenían más razón de ser que el hecho de que no habían sido revocados.

Además de un debate sobre los poderes de las distintas instituciones, hace falta que se investigue qué hay de rutinario y burocrático en los procesos legislativos comunitarios. Es más, la constatación de que entre el Parlamento y el Consejo hay más de 500 documentos pendientes de la atención de los legisladores es una cuestión que merece nuestra atención y preocupación. La UE no necesita legislar mucho para ser relevante, sino legislar bien para ser útil.