Acta literal de los debates

Martes 4 de julio de 2006 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

- Informe Cavada (A6-215/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, en vista de las verdaderas inundaciones de inmigrantes, la inmigración ilegal que llega a Europa y que está asociada a la delincuencia se está convirtiendo cada vez más en un problema candente. La única forma de que podamos impedir que esos inmigrantes ilegales perezcan miserablemente en el viaje o malvivan a duras penas en la Unión Europea en condiciones de esclavitud es realizar una labor educativa en su país de origen y ser estrictos con respecto a la devolución de personas ilegales de vuelta a sus casas. Esto es lo que se está pidiendo ahora, según se concluye del informe Cavada.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, es preciso actuar con decisión en contra del tráfico ilícito. Actualmente, los traficantes de inmigrantes ganan cantidades similares a los traficantes de drogas. La Unión Europea ha desplegado numerosas medidas para combatir el tráfico ilícito, pero no han sido suficientes. Por tanto, me complace que la Unión Europea esté ahora negociando con las Naciones Unidas y haya firmado un protocolo adicional por el que se garantiza que en el futuro también se adoptarán medidas conjuntas con otros países fuera de las fronteras de la Unión Europea para combatir esta actividad.

Por consiguiente, he apoyado la firma del protocolo adicional por parte de la Unión Europea porque crea otra arma en la lucha contra el tráfico ilícito y, por tanto, también en contra de la delincuencia organizada.

– Informe Cavada (A6-214/2006)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, mi declaración hace referencia al segundo tema, es decir, la trata de personas. Como en el caso del tráfico ilícito de migrantes, la Unión Europea también ha firmado un protocolo adicional sobre la trata de personas. Este es otro de los grandes delitos de nuestra época y genera millones de beneficios a expensas de particulares.

La Unión Europea adopta medidas adecuadas pero no puede resolver el problema por sí sola, de ahí la necesidad de buscar cooperación con países fuera de la Unión. El protocolo de las Naciones Unidas nos ofrece un nuevo instrumento de derecho internacional, que permite a todos los países afectados por el problema adoptar medidas más adecuadas que las adoptadas hasta ahora en sus esfuerzos por combatir la trata de personas. De esta forma, por un lado aprobamos un acto humanitario, mientras que por el otro luchamos internacionalmente contra la delincuencia organizada con un instrumento adicional muy eficaz.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) La trata de personas ha alcanzado proporciones alarmantes. Se calcula que todos los años alrededor de 700 000 personas son víctimas de este delito.

Es un fenómeno transnacional que precisa una respuesta conjunta de la comunidad internacional, coordinada entre las varias partes implicadas. Se precisa una cooperación efectiva en la lucha contra la delincuencia organizada, por medio de, por ejemplo, la armonización de definiciones de delitos concretos en los distintos sistemas jurídicos nacionales, en la asistencia letrada mutua y en las investigaciones conjuntas.

Con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, ratificada por 121 países, además de la Comunidad Europea, que es el primer instrumento mundial jurídicamente vinculante para combatir las redes criminales, la comunidad internacional dio un gran paso adelante.

Celebro el hecho de que Portugal sea uno de esos países y espero que los otros siete Estados miembros que todavía tienen que ratificarlo lo hagan lo antes posible.

Aplaudo la conclusión de este protocolo, que establece medidas estrictas para combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niños, protegiéndoles frente a la esclavitud, la explotación sexual y trabajos ilegales. También ofrece a las víctimas asistencia letrada y material y facilita su recuperación física y psicológica.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) La trata de seres humanos afecta a más de 800 000 personas al año. Vinculado a la delincuencia organizada, este «negocio» es tan lucrativo como el tráfico internacional de armas y estupefacientes. Con vistas a la explotación sexual o económica, la trata de personas representa una forma moderna de esclavitud que pisotea los derechos fundamentales de la dignidad humana. La represión de esta plaga es difícil y costosa, pues las redes suelen ser internacionales y los traficantes aprovechan las disparidades entre las legislaciones nacionales y las lagunas en el sistema de coordinación.

He votado a favor de la propuesta del Consejo relativa a la celebración de los dos protocolos adicionales a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional porque refuerzan la coordinación y la armonización de los procedimientos.

No obstante, aunque se han registrado progresos en materia de prevención y persecución de los traficantes, sigue siendo primordial mejorar la protección de las víctimas. El hecho de que estas personas sean víctimas y los derechos asociados al mismo han de estar mejor reconocidos y aplicados; es necesario ofrecer sistemáticamente medidas de asistencia jurídica, material y psicológica, así como la concesión de un permiso de estancia temporal o una ayuda a la repatriación. Hay que concederse una protección especial a las víctimas que tengan la valentía de denunciar a sus traficantes, pues a menudo viven en el temor constante a sufrir represalias.

– Informe Blokland (A6-0231/2006)

  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) Cada año se comercializan en la Unión Europea cerca de 800 000 toneladas de baterías para automóviles, 190 000 toneladas de pilas y acumuladores industriales y 160 000 toneladas de pilas portátiles. Esas pilas contienen metales pesados (mercurio, plomo, cadmio) que son nocivos para el medio ambiente y la salud humana.

Sin embargo, en la actualidad tan solo seis Estados miembros han implantado un sistema nacional de recogida de pilas usadas para su reciclado. Entre ellos, Bélgica es el mejor alumno: su tasa de recogida se acerca al 60 %.

Estoy a favor de la directiva sobre la que vamos a votar, destinada precisamente a organizar un sistema de este tipo en toda la UE de aquí a 2008.

Algunas de las medidas propuestas merecen especialmente nuestro apoyo: la prohibición general de comercializar pilas o acumuladores que contengan una proporción excesiva de metales pesados; la fijación de objetivos cifrados de recogida y reciclado; la obligación de mencionar la vida útil real en la etiqueta, a fin de informar al consumidor; y el apoyo a los trabajos de investigación encaminados a desarrollar pilas más respetuosas con el medio ambiente y nuevas técnicas de reciclado.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Puesto que en 2002 casi la mitad de todas las pilas portátiles vendidas en los 15 Estados miembros de la UE terminaron siendo incineradas o depositadas en vertederos, este informe es una contribución importante a la legislación medioambiental.

Los principales puntos que se plantean en él abarcan las medidas más importantes para reducir los efectos nocivos de los residuos de las pilas.

El informe exige a los Estados miembros asegurar que los fabricantes diseñen sus aparatos eléctricos de tal forma que las pilas y los acumuladores gastados puedan extraerse fácilmente y que los aparatos eléctricos se acompañen de instrucciones que contengan información para el consumidor. Ahora los productores tendrán que financiar cualquier coste neto relacionado con la recogida, el tratamiento y el reciclado de las pilas y acumuladores desechados, con independencia del tiempo que lleven en el mercado. El etiquetado de la capacidad de todas las pilas y acumuladores portátiles y de los automóviles se introducirá en un plazo máximo de 12 meses desde la fecha de transposición de la Directiva.

Estoy de acuerdo en que el informe debe promover la investigación para fabricar pilas menos nocivas para el medio ambiente y para promover el desarrollo de nuevas tecnologías de reciclado, y que debe fijarse un objetivo de un reciclado del 50 % para las pilas no peligrosas.

  Jeffrey Titford (IND/DEM), por escrito. (EN) En las profundidades de la más oscura East Anglia, ¿están los buenos ciudadanos pidiendo a gritos una directiva que haga obligatorio el reciclado de las pilas? No. Sospecho que la mayoría de las personas ni siquiera han pensado en ello y, aunque lleguen a tener conocimiento de esta última legislación excesivamente celosa de la UE, seguirán tirando a la basura las pilas gastadas de sus transistores.

En el preámbulo de esta directiva se dice: «Es deseable armonizar las medidas nacionales relativas a las pilas y los acumuladores». ¿Quién decide lo que es «deseable»? Se trata desde luego de una expresión extraña de utilizar en este contexto. Una mujer puede ser deseable, pero otro absurdo conjunto de reglas para armonizar la forma de procesar las pilas y los acumuladores no me lo parece.

Sin embargo, esta legislación carga sobre el productor toda la carga financiera de la introducción de estas nuevas medidas de reciclado y eliminación. Desde luego, en un mundo cuerdo, en decir, en un mundo sin la UE, cuando alguien compra un producto, es responsable de la eliminación segura de los desechos. El «principio de que el productor debe pagar por la eliminación de los desechos» forma parte de la mentalidad de la UE.

Dejen de imaginar nuevas formas de aumentar el coste de producir cualquier cosa. Las empresas no podrán permitirse el lujo de pagar estos costes adicionales.

– Informe Silva Peneda (A6-0220/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe que tenemos hoy ante nosotros aprueba la posición común del Consejo del 12 de junio de 2006 sobre el Fondo Social Europeo para 2007-2013. Existen algunos aspectos positivos en esta posición y otros a los que nos oponemos.

Entre los positivos queremos destacar la inclusión social y la igualdad de género. Sin embargo, la posición común se queda corta en ámbitos como la promoción de la calidad del trabajo y una contribución más activa en la reducción de las disparidades de los ingresos y la desigualdad social, con objeto de lograr una auténtica cohesión económica y social.

Es una posición que sigue reduciendo el ámbito de aplicación a políticas estrechamente relacionadas con las directrices y recomendaciones en el contexto de la Estrategia Europea de Empleo y la Estrategia de Lisboa, que sabemos ha servido para exacerbar las desigualdades y promover la desregulación del mercado laboral.

Corresponde a los Estados miembros definir sus prioridades y los ámbitos que van a financiarse; en otras palabras, existe mucho margen de aplicación correcta por parte de los Estados miembros.

De ahí nuestra abstención.

  Thomas Mann (PPE-DE), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe del señor Silva Peneda. El Consejo, por mayoría cualificada, y después la Comisión Europea, aceptaron tres cuartas partes de las enmiendas presentadas por nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. La Presidencia austriaca del Consejo desempeñó un papel crucial a la hora de alcanzar el compromiso; una vez más, su buen trabajo ha dado sus frutos. Ha insuflado vida al concepto de «flexiguridad», porque favorece los mercados laborales flexibles a la vez que defiende la seguridad social y consigue la aprobación de las personas que trabajan, así como de las afectadas por el desempleo.

El Fondo Social Europeo contribuye a la cohesión económica y social y es compatible con la nueva Estrategia de Lisboa. Promueve la ocupabilidad mediante la creación de asociaciones locales y empresas de creación de empleo, sobre todo en ámbitos estructuralmente débiles. Contribuye a combatir el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración, a superar la escasez de mano de obra cualificada y a reducir la exclusión y la discriminación sociales.

Celebro las señales de voluntad para implicar más a los órganos representativos de dirección y mano de obra en el diseño y ejecución de proyectos. El FSE ha de convertirse en una garantía de la calidad que complemente los programas nacionales eficazmente, en lugar de sustituirlos. Contribuye notablemente a los esfuerzos por afrontar los desafíos que plantea la globalización y el cambio demográfico, y a impulsar la reforma urgente de las políticas económica y social de los Estados miembros.

– Informe Fava (A6-0225/2006)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) En el último período de programación y ahora dentro de la Unión ampliada, se ha reconocido la creciente importancia de proteger el medio ambiente y al mismo tiempo asegurar el crecimiento económico y mejorar el acceso de los discapacitados a servicios públicos, para garantizar la igualdad de trato y eliminar la discriminación en todas sus formas.

Este informe ha dedicado una especial atención a los esfuerzos para conseguir que un mayor número de regiones desfavorecidas y subdesarrolladas alcancen a las más desarrolladas. El objetivo del empleo y la competitividad regional sigue siendo el elemento central de la política regional y una gran proporción de los recursos disponibles se destinará a esas prioridades.

El Parlamento Europeo ha cooperado en negociaciones tanto con la Presidencia como con la Comisión Europea y uno de sus grandes logros ha sido conseguir un aumento considerable de los recursos financieros dedicados a la cohesión territorial, un importante objetivo en el contexto de la ampliación.

Además de conseguir eso, el Parlamento Europeo ha logrado que su voz sea escuchada cuando defiende la asociación. En virtud del Reglamento General, se debe promover una mayor participación de la sociedad civil y de las ONG. La Comisión hará una declaración sobre el abuso de los Fondos Estructurales por parte de la delincuencia organizada.

– Informe Hatzidakis (A6-0224/2006)

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la recomendación del señor Hatzidakis sobre las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales y me complace observar que la nueva generación de programas podrá ponerse en marcha a comienzos de 2007, lo cual es esencial para la continuidad de las acciones en los Estados miembros.

No obstante, lamento que a raíz del acuerdo en torno a las perspectivas financieras, las sumas asignadas a la política estructural para 2007-2013 se queden por debajo de las peticiones iniciales del Parlamento y de la Comisión Europea.

Por lo que respecta más concretamente a los reglamentos, el Parlamento puede estar orgulloso de que el Consejo haya recogido muchas de sus peticiones, en especial una mayor consideración de las personas con discapacidad y del desarrollo sostenible.

Los nuevos reglamentos permitirán continuar la política de cohesión de la Unión Europea, consagrada al desarrollo de los territorios más pobres y a la mejora de la competitividad de la UE en su conjunto.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) La aprobación hoy del paquete legislativo sobre cohesión, en concreto la propuesta de Reglamento sobre las disposiciones generales de los Fondos Estructurales, es un factor vital en los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea que pueden concluir los marcos nacionales de referencia y programas operativos y empezar a utilizar los fondos europeos a partir de enero de 2007.

A raíz de las fructíferas negociaciones con el Consejo, el texto del Reglamento propuesto celebra casi todos los aspectos principales que el Parlamento ha aprobado en su informe provisional aprobado en 2005.

Es lamentable que no se haya conservado la cantidad originalmente propuesta por la Comisión, que contaba con el apoyo total del Parlamento, para la financiación específica de la integración de las regiones ultraperiféricas en el mercado interior, compensando sus dificultades específicas.

Además de la financiación adicional para estas regiones, se ha establecido un tipo máximo de cofinanciación del 85 % del gasto subvencionable.

Lo que es más importante, durante la fase de integración gradual del nuevo objetivo de Competitividad y Empleo Regionales para la región autónoma de Madeira se han establecido mecanismos de transición especiales y más beneficiosos.

Por lo tanto, votaremos a favor de esta recomendación.

  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) Si bien lamento que el Parlamento Europeo validara, el pasado 17 de mayo, las próximas perspectivas financieras 2007-2013, hoy debemos arreglarnos con las escasas sumas resultantes se queremos definir la función y determinar la cuantía de los Fondos Estructurales para los próximos años.

Desde esta perspectiva, me complace la claridad de la manera en que se ha estructurado ahora la nueva política regional europea, centrada en particular en tres nuevos objetivos, que son más coherentes y más fácilmente identificables.

Me complace asimismo que las reducciones significativas del importe de los fondos que están ahora disponibles para la UE no tengan consecuencias catastróficas para las regiones ultraperiféricas, cuyos impedimentos específicos, así como su subdesarrollo, hacen que les resulte crucial recibir la ayuda aportada por los instrumentos comunitarios destinados a fomentar la solidaridad.

Así, las regiones ultraperiféricas seguirán pudiendo acogerse al objetivo de «Convergencia, competitividad y cooperación territorial» (antes el Objetivo 1). La dotación específica adicional de 35 euros par habitante permitirá además afrontar, en parte, sus necesidades. Por último, el objetivo de «Cooperación territorial europea» permitirá a las regiones ultraperiféricas prolongar el trabajo ya efectuado para el desarrollo de sinergias con Estados vecinos del Océano Índico y del Caribe.

Por todas estas razones, he votado a favor del informe del señor Hatzidakis.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La posición común aprobada hoy establece el acuerdo interinstitucional que da forma palpable al marco financiero para 2007-2013, donde el Fondo Estructural suma 28 000 millones de euros menos que en la propuesta de la Comisión, una reducción del 0,41 % del PIB de la Comunidad en el marco financiero actual al 0,37 %. Esto minará la cohesión económica y social eficaz, la verdadera convergencia y el efecto de la redistribución del presupuesto de la Comunidad.

Se ha producido un cambio importante en los objetivos de los Fondos Estructurales, gracias al cual se acentúan la competitividad y los intereses de las empresas, de acuerdo con la agenda neoliberal de Lisboa, a expensas de la cohesión. Por tanto, los objetivos cruciales de los Fondos son las asociaciones público-privadas, la comercialización de los conocimientos y la investigación y la adaptabilidad y la movilidad de los trabajadores.

Se ha conservado la norma n+2 y no hay garantía alguna, al menos por parte del Consejo, de que el dinero de los Fondos Estructurales que se ha recortado y no se ha aplicado siga utilizándose exclusivamente en este ámbito.

Asimismo, quiero señalar que ahora pueden ampliarse a los restantes Estados miembros las concesiones concedidas en el Consejo Europeo de diciembre de 2006, con respecto a los criterios de subvencionabilidad para los países de cohesión, a cambio de un recorte de los fondos.

Por tanto, hemos votado en contra.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El aumento de los Fondos Estructurales, que, entre 2007 y 2013, representarán el 35,7 % del presupuesto de la Unión Europea, es decir, 307 900 millones de euros, representa para Francia una impostura por tres razones.

Cuando más del 16 % de los ingresos presupuestarios de Bruselas proceden de los contribuyentes franceses, el porcentaje de los gastos regionales europeos concedido a Francia no cesa de disminuir, pasando del 10 % en 1994 a menos del 8 % hoy. Así, desde hace seis años, los cantones de la región francesa de Hainaut, a pesar de padecer un desempleo masivo, no pueden acogerse ya a los Fondos Estructurales correspondientes al Objetivo 1.

Además, el aumento de la parte del presupuesto regional se realiza a expensas de la Política Agrícola Común, de la que Francia sigue siendo el principal país beneficiario.

La política regional europea es, ante todo, una impostura económica. Los Fondos Estructurales se destinan en Francia principalmente a las regiones industriales en declive y a la reconversión del mundo rural, es decir, a las víctimas de la política de Bruselas, que tiene una grave responsabilidad en la ruina de nuestra agricultura y en la destrucción de segmentos enteros de nuestra industria.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) No he votado (me he abstenido) el informe Hatzidakis modificado, porque en él el Parlamento básicamente parte de sus posiciones iniciales en torno a todas las cuestiones y refrenda la posición común del Consejo, que debilita las políticas de cohesión regional y social.

En otras palabras:

- los recursos disponibles se han reducido del 0,41 % para el período 2000-2006 al 0,37 % para el período 2007-2013. Los recursos han disminuido 28 000 millones en comparación con la propuesta inicial de la Comisión, que para el Parlamento ha sido la mínima financiación necesaria destinada a apoyar la cohesión y el medio ambiente.

- abandona la posición del Parlamento en materia de reciclaje de créditos hace tiempo debidos a favor de la aplicación estricta de la norma n+2 para la política regional. Por tanto, los créditos perdidos, que se espera sean altos, volverán a los presupuestos nacionales de los Estados miembros más ricos, a expensas de los Estados y regiones más pobres.

- acepta claramente ayuda financiera menor, tanto para las 16 regiones, que han sido víctimas de la llamada «convergencia estadística», entre ellas tres regiones griegas (Ática, Macedonia central y Macedonia Occidental) y para las 12 regiones de «convergencia natural», entre las que se incluyen dos regiones griegas (Grecia Continental y Egeo Meridional);

- acepta la extensión de la norma n+2 a los proyectos de los Fondos de Cohesión, lo que causará más dificultades y pérdidas.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 163 del Reglamento)

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Estos fondos solo deberían destinarse a las zonas más pobres de Europa. Tal y como están las cosas, el dinero va a parar a regiones que son relativamente ricas. Esto es inaceptable.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La Decisión marco sobre los Fondos Estructurales es utilizada por la Unión Europea y los Gobiernos de centro derecha y centro izquierda para acelerar los objetivos comprendidos en la Estrategia de Lisboa, que es contraria a las clases más bajas de la sociedad, para fortalecer la competitividad y aumentar la rentabilidad de capital, que se promueven a través de las reestructuraciones capitalistas y de los recortes de los salarios y derechos sociales de los trabajadores.

Los recursos de los Fondos Estructurales se canalizan a sectores que son de interés para la rentabilidad de capital y, al mismo tiempo, se dan «migajas» para calmar la indignación de las bases y controlar el movimiento de la clase trabajadora y de las bases.

Mientras las desigualdades sociales y regionales se agravan en la Unión Europea, el peso de los Fondos Estructurales en su presupuesto para el período 2007-2013 se está reduciendo del 0,41 % al 0,37 %. Al mismo tiempo, se está utilizando la ampliación de la Unión Europea y la estadística urbana para eximir de financiar áreas que tienen grandes problemas económicos y grandes déficit de infraestructura.

El Grupo del Partido Comunista Griego en el Parlamento Europeo votará en contra de la Decisión marco.

– Informe Andria (A6-0226/2006)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Al amparo de la posición común del Consejo sobre el Reglamento del Fondo de Cohesión, al igual que el anterior marco financiero, los Fondos Están supeditados al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a los criterios de convergencia nominales. Es decir, a un país de cohesión con un nivel inferior de desarrollo económico se le penaliza por partida doble. Si se encuentra en situación de crisis no conseguirá cumplir los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y también correrá el riesgo de que se le retire su dinero del Fondo de Cohesión. Esto equivale a chantaje, algo inaceptable.

Además, nos oponemos totalmente a la ampliación de la norma n+2 (n+3) al Fondo de Cohesión, teniendo en cuenta la naturaleza específica y los objetivos de este fondo. Debería tenerse en cuenta que esta norma, impuesta por Alemania en el Marco financiero anterior 2000-2006 sobre los Fondos Estructurales restantes, implica un recorte de los fondos que no se hayan ejecutado en dos años (tres años). Esto es absolutamente contrario al objetivo de los Fondos Estructurales. Esta nueva condición podría tener un impacto aún mayor que el Fondo de Cohesión, teniendo en cuenta la financiación de grandes proyectos, causando mayores dificultades en la aplicación y la financiación.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. (EN) Hoy hemos celebrado el debate sobre los Fondos Estructurales y de Cohesión y la cooperación transfronteriza. En lo que respecta a esta última, hemos tenido esa experiencia en Irlanda del Norte durante muchos años y ha funcionado. Pero en los últimos tiempos no ha sido así. El ICBAN, una de las entidades financieras establecidas desde hace más tiempo, se ha desequilibrado debido a su composición. El consejo del ICBAN está formado por veinte miembros, solo tres de los cuales representan ahora a la comunidad sindicalista. El consejo ha dejado de estar equilibrado y ahora discrimina en contra de la comunidad sindicalista. Ya no cuenta con el apoyo de los sindicalistas en la región. Esta entidad es responsable de un gasto de 25 millones de euros en los próximos años. Esta es una situación inaceptable a la que se le debe poner fin. Si continúa esta discriminación, los fondos del ICBAN tendrán que congelarse hasta que haya equidad total.

– Informes Hatzidakis (A6-0224/2006) y Andria (A6-0226/2006)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de dos informes dirigidos a reformar la Política Estructural de la Unión Europea. La labor actualmente en curso para reformar este ámbito político es un paso importante en la dirección correcta.

Sin embargo, en general defendemos una posición más restrictiva de la ayuda regional de la Unión Europea. No apoyamos contribuciones regionales utilizadas para financiar actividades relacionadas con las viviendas o el turismo. Ni tampoco apoyamos el enfoque propuesto de la investigación, que ampliaría una única área de investigación a varias sedes de aprendizaje, en lugar de concentrarse en un número menor de centros.

– Informe Wortmann-Kool (A6-0217/2006)

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. (EN) Apoyo las enmiendas presentadas en nombre del Grupo Verts/ALE que tratan de adoptar directrices sobre competencia legal, niveles de bienestar social y protección del medio ambiente para los servicios de tramp. Estas enmiendas piden también que se tenga especialmente en cuenta la situación específica de los armadores con buques de pequeño y mediano tamaño.

Lamentablemente, estas enmiendas han sido rechazadas. Globalmente, el informe resultante es contrario a las propuestas de la Comisión dirigidas a terminar con los cárteles en el transporte marítimo. Por tanto he votado en contra del informe final, porque creo que en muchos aspectos la propuesta original de la Comisión estaba mejor capacitada para reducir los costes del transporte marítimo sin poner en peligro la fiabilidad de los servicios.

  Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) El transporte marítimo representa alrededor del 45 % del comercio exterior de la Unión Europea en valor y casi el 75 % en volumen. La aplicación de las normas generales del derecho de la competencia a los sectores del tramp internacional y el cabotaje no plantea en realidad ningún problema, pues esas actividades están ya desreguladas y funcionan sobre la base de una competencia leal.

Solo la supresión de la exención de las normas de la competencia, concedida en 1986 a las conferencias marítimas, ha sido objeto realmente de duras discusiones entre todos los agentes del sector. Las soluciones presentadas en mi informe y en el de la señora Wortmann-Kool me parecen a este respecto perfectamente equilibradas y respetuosas con los intereses en juego.

En efecto, hoy no hay ninguna prueba de que el sector de las conferencias marítimas necesite estar protegido de la competencia para prestar sus servicios.

Además, y para preservar la seguridad jurídica del sector marítimo, ha parecido necesario establecer unas directrices que permitan a los operadores adaptarse al nuevo marco reglamentario y contribuir a una transición suave hacia un régimen competitivo. Si se respetan todas las precauciones que ha tomado el Parlamento en este asunto, no hay duda de que el transporte marítimo saldrá ganando.

– Informe Lamassoure (A6-0223/2006)

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, quiero explicar por qué he votado en contra del informe Lamassoure sobre el sistema de la Unión Europea de recursos propios. He votado así con otros diputados al Parlamento Europeo del Partido Democrático Cívico (ODS) checo. Creo firmemente que la reforma del sistema de la Unión Europea de recursos propios acordado entre el Consejo y la Comisión es un compromiso decente, que el Parlamento no debería haber torpedeado. Por el contrario, hubiera sido mejor que el Parlamento demostrara su apoyo a este progreso. Sobre todo, celebramos que en el futuro próximo no se introduzca ningún impuesto europeo. Hablando en sentido amplio, el sistema actual funciona y garantiza la debida financiación de la Unión europea. Por tanto, no hay motivo alguno para deshacerse de él y sustituirlo por un nuevo sistema. Por consiguiente, no acepto la posición crítica del informe Lamassoure.

  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) Incluso después de tener en cuenta el cheque británico, la UE costará al Reino Unido 4 298 millones de libras esterlinas en 2006. Considerando que el coste neto ha sido de ese orden todos los años, es asombroso ver la cantidad de nuestros recursos nacionales que han acabado en los bolsillos sin fondo de Europa. ¿Y para qué? Piensen en el cambio real de infraestructuras que ese enorme volumen de dinero podría haber conseguido si se hubiera destinado internamente a atender las necesidades reales del Reino Unido desde 1973.

Aunque ahora seamos 25 Estados miembros, el Reino Unido contribuirá este año con un octavo (12,4 %) de los ingresos presupuestarios totales de 83 000 millones de libras esterlinas que son necesarios para financiar a la UE en 2006. No es sorprendente que la marea del euroescepticismo siga subiendo. En un momento de gran presión sobre nuestro servicio de salud y el importantísimo sector de la educación, es sorprendente que estemos gastando tanto dinero del contribuyente en una unión política fracasada. Habiendo aceptado Blair la retirada progresiva del cheque británico y a medida que aumenten los costes reales de la ampliación, la situación no hará más que empeorar.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, el señor Lamassoure, sobre la propuesta de Decisión del Consejo Europeo relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas. Para avanzar en la construcción de la Unión Europea necesitamos reformar urgentemente su marco presupuestario. El difícil acuerdo en torno a las perspectivas financieras 2007-2013 a que llegó el Consejo Europeo en diciembre de 2006 y las propuestas de la Comisión no aportan transparencia a la financiación de la Unión, pues parece que nos alejamos del principio de la equidad presupuestaria que subyace actualmente a la contribución de los Estados miembros a las actividades de la Unión. El debate sobre los recursos propios en la perspectiva de una Europa federal será probablemente una de las cuestiones políticas más espinosas que deberemos abordar en el futuro. Sin embargo, en el futuro inmediato y a la vista de los actuales déficit de las finanzas europeas y de la mayoría de los Estados miembros contribuyentes netos, me pregunto si ha llegado la hora de establecer un gran préstamo de inversión europeo con miras a financiar todas las principales infraestructuras (espacio, autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, tecnologías de la comunicación, puertos, aeropuertos, etc.) necesarias para el desarrollo económico y el progreso social.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy hemos votado en contra del informe del señor Lamassoure sobre la Decisión del Consejo relativa a los recursos propios de las comunidades europeas. Si bien es importante crear para la Unión Europea un proceso presupuestario más eficaz y transparente, rechazamos la noción de un futuro impuesto europeo sobre productos como la energía, el IVA o los ingresos de las empresas.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) He decidido abstenerme en la votación del informe relativo a la propuesta de Decisión del Consejo relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas.

A medida que los problemas y las oportunidades van adquiriendo un carácter más transfronterizo, la Unión Europea se convierte cada vez más en un foro importante para resolver dichos problemas y explotar mejor esas oportunidades. Aunque espero que el proceso de legislar mejor pueda esclarecer un montón de cuestiones que en mi opinión deberían tratarse en el ámbito nacional, y, de hecho, por qué no incluso en el ámbito regional, me parece que la mayoría de los ámbitos que son tan importantes para los ciudadanos europeos precisan un enfoque común.

Estos ámbitos son, entre otros, el medio ambiente, la investigación y el desarrollo y la energía, en los que podemos crear entornos más saludables con más empleos y un crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, en principio estoy a favor de un nuevo sistema de financiación para la Comunidad. Por otro lado, no creo que las contribuciones actuales de los Estados miembros, que son más un reflejo de la capacidad de negociar descuentos y no lo que los Estados miembros consideran necesidades en la Unión Europea, deban sustituirse por una nueva forma de recursos propios basados en la energía, el IVA o los ingresos de las empresas, tal y como propone la Comisión. No sería un sistema más equitativo. Sin embargo, estoy a favor de una gran parte del informe que estamos votando. Sin duda alguna, celebro la simplificación y una mayor transparencia.

  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) Aparte del acuerdo político sobre las perspectivas financieras 2007-2013, las negociaciones que marcaron las reuniones del Consejo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005 confirmaron la necesidad de un cambio en el sistema de recursos propios.

En un momento en que la construcción europea parece estancada, debido en especial a una tendencia al repliegue a los egoísmos nacionales y una desconexión entre los ciudadanos y las instituciones comunitarias, la opacidad de las negociaciones y la voluntad de cada Estado miembro de concebir la cuestión presupuestaría solo desde el punto de vista de su interés particular pusieron de manifiesto la urgencia de disponer de un sistema de recursos propios claro e inequívoco, que libere a la UE en la medida de lo posible de las actuales contingencias en relación con los presupuestos nacionales.

Es crucial que el Parlamento Europeo, como representante de las naciones, participe derecho en este proceso. El informe del señor Lamassoure, que se somete hoy a votación, forma parte de este ejercicio, y sus conclusiones, que coinciden en gran parte con las preocupaciones anteriormente expresadas, van en el sentido correcto, el de una Europa dueña de sus recursos financieros y más cercana a los ciudadanos.

Por ello, aunque habría deseado que se mencionara ya la posibilidad de un impuesto de sociedades europeo como nuevo recurso propio de la UE, he votado a favor de este texto.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Disponer de unos recursos propios que estén a la altura de las aspiraciones de la UE y sean comprensibles y no recurrir a las contribuciones de los Estados miembros, todo esto de aquí a 2008, por supuesto, y sin esperar la cita de la programación plurianual del presupuesto: esto es lo esencial del informe del señor Lamassoure. De todo ello hay que deducir que el Parlamento quiere un impuesto europeo, y pronto.

¿De quién nos burlamos? Es un auténtico asalto a la democracia en el que las reglas del juego básicas que acaban de adoptarse para los próximos seis años van a cambiarse en tan solo dos años, justo después de los esperados cambios de Gobierno en varios Estados miembros, en particular aquellos cuyos pueblos rechazaron la Constitución. Se realiza manifiestamente un intento subrepticio de crear efectivamente un Estado. Puede que no tenga una Constitución y puede que carezca de legitimidad, pero es un Estado de todos modos, autorizado, al igual que los Estados miembros, para presionar a los contribuyentes.

La Unión Europea ha tenido recursos realmente propios y coherentes con sus competencias en materia comercial, a saber, los derechos de aduana. Desde que existe, la UE se las ha ingeniado para destruir esos recursos. Por tanto, lo que tiene que hacer es restablecerlos. Sería un acto de sentido común, aumentando sus recursos y protegiendo las economías europeas de la competencia desleal.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Con respecto al sistema de propios recursos para 2007-2013, el Consejo optó por mantener el cheque británico (excepto para el gasto de la ampliación) y extender privilegios similares a los demás contribuyentes netos, a saber, Alemania, Austria, los Países Bajos y Suecia, reduciendo los tipos de IVA y las contribuciones directas de la renta nacional bruta y el mayor índice de retención de recursos propios tradicionales, así como «cheques» con cargo a los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural.

Estas reducciones las pagarán los demás Estados miembros, incluidos los países de cohesión, que serán penalizados por partida doble. Pagarán contribuciones más altas al presupuesto comunitario y se reducirán los Fondos Estructurales y de Cohesión.

La situación es injusta e inaceptable y por sí misma justifica nuestro voto en contra.

Dicho esto, hay quienes defienden un nuevo sistema de recursos propios basado en impuestos europeos, a lo que nos oponemos.

Nos parece que un sistema justo de recursos propios ha de basarse en la renta interior bruta y en la riqueza relativa de cada uno de los Estados miembros, por lo que el esfuerzo de la contribución presupuestaria debería ser el mismo para todos los ciudadanos de toda la Unión Europea. Esto conllevaría solidaridad y redistribución, además del gasto, teniendo en cuenta el objetivo de la auténtica convergencia y la cohesión económica y social.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Me he abstenido en la votación del informe Lamassoure sobre el sistema de recursos propios a pesar de que contiene algunas ideas buenas para mejorar el sistema actual. No puedo estar de acuerdo con la opinión del ponente sobre la corrección presupuestaria británica. Sigo convencido de que eso se justifica con el sistema actual y que es preciso emprender reformas más amplias antes de realizar más cambios en el cheque británico.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) Teniendo en cuenta que el presupuesto de los Estados Unidos, solo para un año, es de 2,5 billones de dólares, evidentemente es una situación insostenible que la UE disponga, para todos, de un presupuesto inferior a un billón de euros de 2007 a 2013.

En un primer momento, para dotarse de cierto margen sin incrementar el presupuesto, la Comisión Europea suprimió poco a poco la PAC y a los pequeños campesinos europeos a fin de recuperar el grueso de los 45 000 millones gastados anualmente con cargo al presupuesto agrícola. De ahí la posición inverosímil adoptada por los negociadores europeos, que en la reunión de la OMC del 30 de junio de 2006, aceptaron entre bastidores una reducción de nuestros derechos de aduana del 50 %, dejando así el monopolio alimentario en manos de Brasil. Pero el problema de fondo sigue ahí. Todo el mundo sabe que a partir de 2014 la Europa de Bruselas está abocada a aumentar su presupuesto y crear un impuesto europeo.

Por tanto, los recursos propios del informe Lamassoure encierran, tras una cortina de humo técnica, la cuestión política que se arrastra ahora desde 1951 y que se refiere a la emergencia efectiva, a través del mercado único y después la moneda única, de un Estado político. Lo que el euro no ha hecho, lo que la Constitución no ha podido hacer, porque las naciones se despertaron ante lo que estaba ocurriendo, es lo que está llamado a realizar el impuesto entre 2014 y 2019. Los contribuyentes están avisados.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El debate sobre el presupuesto de la Unión Europea se ha centrado hasta ahora y exclusivamente en el aumento constante del tamaño del presupuesto y en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. En lugar de pedir automáticamente a gritos un impuesto europeo, deberíamos someter la estructura del gasto a un riguroso examen. Miles de millones de euros de nuestro presupuesto común siguen filtrándose por canales dudosos o se desperdigan sin objetivo alguno.

Por este motivo, lo primero que necesitamos es un excelente sistema contra el fraude; en segundo lugar, necesitamos frenar el gasto administrativo con medidas como el abandono de una de las sedes del Parlamento y la valoración de los gastos sobre la base de los costes reales en los que se ha incurrido; en tercer lugar, pueden ahorrarse miles de millones sin endilgar el coste de las ampliaciones a nuestros ciudadanos, que no están por la labor.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Al margen del informe muy técnico de mi colega el señor Lamassoure sobre los recursos propios de la Unión, me parece esencial recordar la idea avanzada por Bélgica y Guy Verhofstadt hace algunos años: dotar a la Unión de una verdadera autonomía financiera pasando por lo que se ha denominado la instauración de un impuesto europeo.

¿Un impuesto más? Sin duda, no. Simplemente, en vez de pagar al Estado nacional lo que se debe pagar a Europa, hacer posible una financiación directa por el ciudadano europeo, a semejanza del ciudadano estadounidense con el Estado federal. Este proyecto sería, pues, totalmente neutro desde el punto de vista económico para el ciudadano europeo, pero importante desde el punto de vista simbólico, puesto que todos serían conscientes así de la parte de sus impuestos consagrada a la construcción europea. Recuerdo de paso que Europa cuesta 26 céntimos de euro al día a cada europeo.

Si el proyecto es bien acogido por algunos Estados miembros (en particular, Austria, Luxemburgo), otros siguen temerosos de un instrumento que sin embargo se destina a acercar Europa a los europeos. También permitiría superar el estéril debate entre Estados contribuyentes netos y beneficiarios netos. Entontes Europa tendría sin duda recursos acordes con sus ambiciones.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) El método actual de financiación del presupuesto comunitario se ha quedado obsoleto, y en los últimos años han salido a la luz las deficiencias.

Los últimos debates presupuestarios se han convertido en un ejercicio humillante en el que acabamos discutiendo, uno por uno, quién es y quién no es contribuyente neto. El sistema actual, con tantas excepciones y derogaciones, se ha vuelto complejo y opaco.

En este contexto, la Unión Europea necesita con urgencia reformar su sistema de financiación.

Por tanto, celebro el hecho de que el Parlamento haya logrado introducir una revisión intermedia programada para 2008/2009 en las negociaciones sobre la última perspectiva financiera para 2007-2013. Esto brindará una oportunidad única para una valoración completa del sistema de los recursos propios.

Tal y como el señor Lamassoure ha dicho en su informe, estoy a favor de un sistema de financiación del presupuesto comunitario que sea transparente, justo y equitativo, que proporcione a la Unión Europea un marco financiero que satisfaga sus prioridades actuales y sus ambiciones legítimas.

El principio rector de toda reforma debería ser la independencia financiera de la Unión Europea en relación con las transferencias actuales de los Estados miembros, y el fortalecimiento del carácter europeo del presupuesto. Así se garantizará que el debate futuro no descienda una vez más al campo de batalla de los intereses nacionales de los Estados miembros.

– Informe Muscat (A6-0170/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) En 2003, las cinco mayores multinacionales no financieras desde 1990 de entre las 7 principales han tenido activos por un valor de alrededor 1 280 000 millones de dólares en otras palabras, más del 3 % de la renta interior bruta del mundo. Solo la mayor multinacional financiera, Citibank, ha tenido esa cantidad en activos, lo que demuestra el poder del sector financiero en la economía real.

El verdadero objetivo de lo que se considera como consolidación del sector de servicios financieros es consolidar el mercado interior de los servicios financieros e integrar los mercados financieros, con vistas a lograr abolir las barreras de la libertad de movimiento del capital que todavía existen, e impulsar las fusiones y adquisiciones de empresas, en sectores como la banca, para permitirles competir en el mercado globalizado.

Nos oponemos a esta tendencia, expresada en la Resolución que hoy tenemos ante nosotros, en la cual el euro es un instrumento y cuyos objetivos se establecen en el plan de acción de servicios financieros.

La financiación gradual de la verdadera economía no solo ha propiciado importantes pérdidas de trabajo, sino que también ha contribuido a convertir la verdadera economía en una economía parásita desviando la inversión manufacturera, así como a promover la crisis financiera, y por consiguiente económica, debido a la naturaleza extremadamente volátil de los mercados financieros y las burbujas especulativas que crean. Esta economía de casino solo ha incrementado los beneficios de las grandes empresas de correduría, especialmente en el sector bancario.

De ahí que votemos en contra.

– Informe Szejna (A6-0229/2006)

  Malcolm Harbour (PPE-DE), por escrito. (EN) La Delegación Conservadora del Reino Unido se ha abstenido en la votación final de este informe. Apoyamos muchas de las propuestas contenidas en el informe Szejna sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades, en particular, la necesidad de aplicar mejores principios de regulación, la necesidad de tener en cuenta las necesidades de las PYME y la importancia de establecer mejores prácticas que respeten las diferentes tradiciones y sistemas de los Estados miembros. Apoyamos también muchas de las propuestas detalladas para mejorar la transparencia y los derechos de los accionistas.

Pero existen una serie de propuestas que no podemos apoyar, porque introducirían una mayor regulación de la UE en ámbitos en donde no se conseguirían beneficios demostrados para la evolución de un mercado interior eficaz para los servicios financieros. Apoyamos también los beneficios que pueden obtener las empresas favoreciendo la participación de sus empleados en la toma de decisiones en el lugar de trabajo, pero rechazamos la imposición de un modelo estatutario de participación «válido para todo». Por eso hemos votado en contra del apartado 3 y el considerando F.

– Informe Lucas (A6-0201/2006)

  Ivo Strejcek (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, quiero explicar mi voto sobre el informe Lucas, que, al igual que los demás diputados al Parlamento Europeo del Partido Democrático Cívico (ODS) checo, ha sido en contra. El transporte aéreo ha sufrido un rápido desarrollo en los últimos 40 años, comportando una disminución superior al 40 % de las emisiones y del ruido. No existen pruebas científicas de que necesitemos el tipo de regulación excesiva propuesta en el informe Lucas. Elevar los impuestos del combustible reducirá la competitividad de las compañías aéreas de Europa y aumentará los precios para el usuario final. El debilitamiento de la competitividad del transporte aéreo supondrá un obstáculo más para la Unión Europea en el escenario mundial. Simplemente es una prueba más de la moda actual de las preocupaciones ambientales, y por ello hemos votado en contra.

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señor Presidente, he votado a favor del informe Lucas en apoyo de las medidas para reducir el impacto sobre el cambio climático. Es fundamental que todos los sectores contribuyan, entre ellos el sector de la aviación.

Pero tenemos que asegurarnos de que las medidas propuestas sean tan sensatas como prácticas. Simplemente aumentando los impuestos no conseguiremos reducir las emisiones. Tampoco puede el sector de la aviación comerciar consigo mismo derechos de emisión: necesita hacerlo en cooperación con otros sectores.

Por supuesto, los viajes en avión han aumentado con los años, puesto que ya no se limitan únicamente a la clase media y a los más adinerados. Por ejemplo, solo en el Reino Unido, 30 millones de personas –esto es, la mitad de la población– viajan en avión al menos una vez al año. Todas estas personas acogieron con satisfacción las iniciativas europeas que fomentaban las líneas aéreas de bajo coste y obligaban a las grandes compañías aéreas a reducir sus tarifas. Así pues, los ciudadanos europeos no comparten el deseo de algunos colegas en esta Cámara de proscribir las líneas aéreas de bajo coste u obligarlas a abandonar el negocio.

Pero esos mismos ciudadanos están también preocupados por el cambio climático. Quieren un sistema fiscal justo y sensato y medidas que tengan que tomarse en cooperación entre Gobierno e industria. Todas estas medidas deben considerarse en relación con las necesidades y los deseos de los consumidores, de tal forma que se tenga la seguridad de que los problemas ambientales recibirán la máxima prioridad.

  Liam Aylward (UEN), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción la Comunicación de la Comisión de septiembre de 2005, que empieza por explicar las formas más eficaces de luchar contra el aumento internacional de las emisiones de efecto invernadero en un 73 % entre 1990 y 2003.

La extensión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la UE al sector de la aviación puede ser la mejor forma de limitar estas emisiones y asegurarse de que la aviación, como todos los demás sectores, contribuya a reducir los nocivos gases de efecto invernadero.

La cuestión más importante que tenemos delante es examinar la eficacia de los aspectos del diseño técnico para que la política pueda ofrecer todo su potencial de eficiencia ambiental y económica, prestando asimismo una especial atención a la situación de Irlanda y de otros territorios aislados, que dependen tan especialmente de los servicios de transporte aéreo, tanto capitales como regiones.

Además, el impacto en los precios y la asignación de los derechos de emisión tienen que examinarse más a fondo. Dadas las circunstancias geográficas de Irlanda, la aviación es un elemento crítico de nuestra infraestructura, teniendo los servicios aéreos una vital importancia por motivos económicos y sociales. En consecuencia, se necesita un mercado competitivo entre los operadores del transporte aéreo para la competitividad económica de Irlanda.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Los Conservadores suecos queremos que se incluya la aviación en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Sería una forma eficaz y justa de asimilar los costes ambientales que causa la aviación, de acuerdo con el principio de «quien contamina, paga».

Lamentamos el hecho de que el Gobierno sueco haya elegido aplicar un mecanismo especial para los impuestos sobre los vuelos en Suecia. Con ello se distorsiona la competencia y se debilita la competitividad de Suecia, al mismo tiempo que solo proporciona pequeños beneficios al medio ambiente, o ninguno en absoluto, en comparación con la introducción del régimen de comercio de derechos de emisión para la aviación.

El hecho de que el informe defienda la introducción de un régimen de comercio de derechos de emisión aparte supone que los Conservadores suecos no podemos apoyarlo. Un régimen aparte implica que corremos el riesgo de lograr una reducción total de las emisiones de gases de efecto invernadero menor y, más aún, a un coste bastante más elevado del necesario. Los Conservadores suecos creemos que el régimen de comercio de derechos de emisión debería introducirse, pero de forma correcta.

La drástica reducción del precio de los vuelos en Europa es básicamente un desarrollo positivo que ha comportado prosperidad, libertad de movimiento e interacción entra las personas. Lamentamos el hecho de que la ponente y la mayoría de esta Cámara parezcan opinar lo contrario, y, por tanto, no respaldamos las llamadas que se hacen en el informe para aumentar los diversos impuestos fiscales en la aviación.

  Robert Evans, Mary Honeyball y Linda McAvan (PSE), por escrito. (EN) Los diputados laboristas en el Parlamento Europeo apoyan plenamente la acción para combatir el impacto de la aviación sobre el cambio climático. Apoyamos el principio de inclusión de las emisiones de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) y pedimos a la Comisión que presente propuestas viables. Nos hemos abstenido en algunos párrafos de este informe que eran contradictorios o cuyas implicaciones no han sido debidamente estimadas o valoradas en términos de costes.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a votar a favor de este informe sobre la reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático. La aviación es una de las fuentes de gases de efecto invernadero que están creciendo más deprisa.

En lo que se refiere a la manera de plantear esta importante cuestión, estoy casi totalmente de acuerdo con la ponente. No obstante, algunas de sus propuestas, como la introducción inmediata de un impuesto sobre el queroseno y del IVA en todos los vuelos intracomunitarios o el establecimiento de un régimen distinto de comercio de derechos de emisión para la aviación, no se han evaluado en términos de costes ni de impacto.

Igualmente, los problemas de la ubicación periférica en mi región del sudoeste de Inglaterra, hacen que tenga que prestarse una especial atención a las zonas más aisladas, como Cornualles y las Islas de Scilly en mi región. En el caso de Gibraltar, la actitud de las autoridades españolas ha causado una situación especial de aislamiento geográfico y político. Por tanto, pido a la Comisión que utilice este informe como base para presentar propuestas de acción factibles y cuyos costes se conozcan.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Sí, la aviación contribuye al cambio climático. Aunque en los últimos 40 años la eficiencia del carburante aéreo no ha dejado de aumentar, al mismo tiempo, el consumo total de carburante se ha incrementado debido a un crecimiento importante del tráfico aéreo. Hay que evitar que las emisiones de la aviación se conviertan a largo plazo en un contribuyente importante al cambio climático.

No existe una solución técnica rápida. Por ello, es indispensable apostar simultáneamente tanto por la integración de las repercusiones de la aviación en el sistema comunitario de intercambio de derechos de emisión como por la investigación y la mejora de la gestión del tráfico aéreo o la fiscalidad de la energía.

Pero este nuevo capítulo de lucha contra el cambio climático no debe realizarse a cualquier precio.

El sistema que se implante no debe penalizar a las compañías aéreas europeas en el mercado mundial, y habrá que evitar también cualquier competencia desleal con las demás modalidades de transporte.

Las opciones que tome la Comisión próximamente en su propuesta legislativa son, pues, esenciales. Las distintas opciones deberán estudiarse con lupa.

Insisto en que la Comisión proponga soluciones racionales tanto en términos económicos como ambientales. Hay que evitar a toda costa crear un sistema perverso en el que el peso de la burocracia deje a nuestra aviación fuera de combate en el mercado internacional.

  Caroline Jackson y Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos hemos votado a favor de este informe porque reconocemos el impacto que las emisiones de la aviación tiene sobre el cambio climático. Representan cerca del 40 % de la emisiones de carbono en la UE y está previsto que los movimientos de tráfico aéreo se dupliquen de aquí a 2020, frente a los de 2003.

Estamos a favor de la inclusión de las emisiones de la aviación en el régimen de intercambio de derechos de emisión, ya sea mediante su incorporación al régimen actual o posiblemente a un régimen más limitado. Eso permitiría a las líneas aéreas cooperar con las autoridades nacionales y europeas en la aplicación de normas que logren sus objetivos de conseguir los niveles más altos de protección medioambiental sin una penalización indebida de los viajeros de la UE y, de aplicarse a los vuelos que entran y salen de la UE, los operadores pagarían no más que los competidores de fuera de la UE. Cualquier régimen de la UE funcionará al final mejor como parte de un sistema mundial.

No estamos a favor de un impuesto sobre el queroseno ni de la inclusión de los viajes en avión dentro del sistema del IVA. No queremos perjudicar al sector del transporte aéreo de la UE ni queremos defraudar las razonables expectativas de los ciudadanos de unos viajes en avión más baratos.

Esperamos que la Comisión aprenda de sus primeros errores en el sistema de comercio de emisiones y experimente con un ETS en el sector de la aviación.

  Caroline Lucas (Verts/ALE), por escrito. (PT) El transporte aéreo es el método más comúnmente utilizado para viajes de largo recorrido, y ha tenido un grave impacto ambiental desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Me parece que el cobro de las emisiones y las licencias de comercio de derechos de emisiones es una forma apropiada de abordar el problema. También celebro la inclusión en esta propuesta de los vuelos interiores y vuelos que empiezan o acaban en la Unión Europea, y la creación de un espacio aéreo único europeo, que permita reducir las rutas aéreas.

Sin embargo, creo que es preciso prestar atención al caso especial de las regiones remotas y periféricas a las que es difícil acceder y, por tanto, que son muy dependientes del transporte aéreo.

Así, yo solo respaldo el informe porque se ha aprobado la enmienda que reivindica que se preste una atención especial a las regiones más exteriores y remotas. La aplicación uniforme en toda el área europea de las nuevas tasas de aviación habría perjudicado gravemente a esas regiones.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) El transporte aéreo es el método más comúnmente utilizado para viajes de distancias largas, a pesar de que las emisiones de la aviación van en contra del objetivo global de reducir las emisiones.

Las medidas propuestas en este informe, especialmente las tasas de emisiones y las licencias de comercio de derechos de emisiones, me parecen una forma apropiada de abordar el problema del impacto de la aviación.

Otra propuesta relevante del informe es la inclusión de los vuelos interiores y todos los vuelos que empiezan o acaban en la Unión Europea, a fin de impedir los desequilibrios del mercado. El informe también propone que se cree un único espacio europeo, lo que posibilitará recortar las rutas aéreas, dado que a más vuelos directos, menos emisiones de gases.

Sin embargo, existe un detalle que hay que tener en cuenta, el contexto único de las regiones remotas y periféricas. Así, respaldo el informe porque se ha aprobado la enmienda que reivindica prestar atención especial a las regiones más exteriores y remotas. La aplicación uniforme en toda el área europea de las nuevas tasas de aviación habría perjudicado gravemente a esas regiones. Dado que el acceso a esas regiones es difícil y lleva tiempo, el transporte aéreo es muy importante para ellas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Lucas relativo al impacto de la aviación sobre el cambio climático. Apoyo plenamente la iniciativa para reducir el impacto de la aviación sobre el cambio climático. Apoyo también el principio de la inclusión de las emisiones de la aviación en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y espero que la Comisión presente una propuesta viable. Me he abstenido en una serie de apartados simplemente porque no creo que se haya evaluado plenamente el impacto de las propuestas. Por ejemplo, me he abstenido de votar la propuesta de poner fin a la exención del IVA para el transporte aéreo porque no está claro si eso ayudará a reducir el impacto sobre el cambio climático o simplemente perjudicará a los viajeros menos acomodados.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) Apoyo plenamente la iniciativa para reducir el impacto de la aviación sobre el cambio climático. Apoyo el principio de inclusión de las emisiones de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) y apoyo la petición a la Comisión de presentar propuestas viables. Me he abstenido en algunos apartados de este informe que eran contradictorios o cuyas implicaciones no se han considerado plenamente.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Hace más de un año firmé, junto con trece diputados belgas al Parlamento Europeo, una petición en La Libre Belgique en la que pedíamos a los 25 Jefes de Estado o de Gobierno que fueran más allá de los objetivos del Protocolo de Kyoto.

Entre las propuestas avanzadas, la que era prioritaria se refería a la inclusión de las emisiones de los sectores de la aviación y el transporte marítimo en los próximos planes en materia de protección del clima.

En este sentido, celebro hoy la ambiciosa votación sobre el informe Lucas, que prevé toda una batería de medidas para luchar contra las repercusiones ambientales de la aviación y, en particular, el final de la exención de IVA para el carburante de aviación.

La situación actual es preocupante: las emisiones procedentes de la aviación anulan una cuarta parte de los modestos resultados obtenidos en la lucha contra los gases de efecto invernadero. Quiero que quede claro: no se trata de gravar de forma indiscriminada, sino de poner fin a una distorsión que no incita suficientemente al sector de la aviación a invertir en nuevas tecnologías y cuya primera víctima es el medio ambiente. El calentamiento del planeta es el mayor desafío del siglo XXI, Europa debe seguir dando ejemplo con insistencia.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) Estoy de acuerdo con el planteamiento general de este informe, pero creo que siguen existiendo problemas considerables con el resultado de la votación de hoy: primero, que las medidas propuestas tienen unos costes en su mayoría desconocidos y un impacto desproporcionado; segundo, que el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) debe incluir el transporte aéreo, pero sin que exista un régimen diferente funcionando en paralelo. Eso debilitaría al ETS actual.

Una parte de este informe se contradice con las propuestas muy factibles de la Comisión y como tal tiene poco sentido.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) Aunque el objetivo de reducir la repercusión de la aviación sobre el cambio climático, en particular las emisiones de CO2 es altamente recomendable, me parece indispensable que el Parlamento tenga en cuenta la situación de las regiones más remotas de la Unión.

La supresión de la exención del IVA de que goza el transporte aéreo y la instauración de un impuesto sobre el queroseno, de aplicarse realmente, tendrían efectos desastrosos para la economía de las regiones más aisladas, así como sobre la movilidad de sus poblaciones.

Así sucede, en particular, en las regiones insulares, cuyos territorios no disponen ni de la carretera ni del ferrocarril para acceder al resto de la UE, y más aún en las regiones ultraperiféricas, en las que la circulación de las personas depende exclusivamente del transporte aéreo.

Agradezco a los diputados al Parlamento Europeo que hayan adoptado aprobado enmienda que pide que la legislación comunitaria preste atención especial a los territorios más aislados, que dependen sobremanera del transporte aéreo, especialmente las islas y las regiones ultraperiféricas, donde las alternativas al transporte aéreo son extremadamente limitadas, o incluso del todo inexistentes.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. (EN) Apoyo plenamente la acción para combatir el impacto de las emisiones de la aviación sobre el cambio climático en el régimen de comercio de derechos de emisión y pido a la Comisión que presente propuestas viables.

Me he abstenido en algunos párrafos de este informe que eran contradictorios o cuyas implicaciones no han sido debidamente evaluadas en términos de coste o impacto.

- Informe Lamassoure (A6-223/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora Korhola, sobre el compromiso con el Consejo Europeo sobre el proyecto de resolución del Parlamento Europeo y del Consejo en el ámbito de la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Me complace que se haya abordado con sensatez esta difícil cuestión, cuya complejidad legal ha retrasado enormemente su adopción política. La transparencia conseguida en los programas financiados por el Banco Europeo de Inversiones es excelente. El papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) se ha definido muy bien en esta medida cuando se habla de ONG «responsables». El compromiso alcanzado por la delegación del Parlamento encabezada por el señor Vidal-Quadras es fundamentalmente satisfactorio y equilibrado. La aprobación en tercera lectura es, al fin y al cabo, un éxito para el Parlamento Europeo.