Acta literal de los debates

Jueves 6 de julio de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. ONYSZKIEWICZ
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.00 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Desarrollo y migración (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0210/2006) de la señora Carlotti, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre desarrollo y migración (2005/2244(INI)).

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, Señorías, en el mundo hay 175 millones de migrantes y su cifra casi se ha triplicado en cuarenta años. El fenómeno no es nuevo, pero se ha extendido particularmente en el marco de la globalización y, sobre todo, ahora nos confronta con dramas humanos. Cada día, decenas y decenas de africanos se ven empujados por la pobreza y la desesperanza hacia la orilla norte del Mediterráneo o a las Islas Canarias, y la única respuesta por parte de los Estados europeos consiste en multiplicar los controles y las patrullas, que obligan a las personas que intentan venir a correr cada vez más riesgos.

¡Esa política migratoria de la Unión, sin embargo, se basa en una ilusión! La ilusión de que podemos cerrar nuestras fronteras herméticamente, que obedece a una visión ante todo defensiva y preocupada por la seguridad y lleva a descargar toda la responsabilidad en los Estados del sur. Incluso la Conferencia euroafricana de Rabat, que se celebrará el próximo 10 de julio, abordará sin duda el tema desde la perspectiva de la represión y el control de las fronteras y seguiremos sin oír la voz de África. Esta visión unilateral y egoísta se recoge hoy en los discursos y las políticas de «inmigración selectiva» que hacen furor en Europa. Inmigración «selectiva» para el norte, pero inmigración cada vez más «sufrida» por el sur. Por tanto, a partir de ahora debe prevalecer otra lógica en Europa. Este es el espíritu en que he elaborado mi informe. En esta línea quiero proponer un nuevo enfoque, nuevos instrumentos y que la migración se convierta en una palanca del desarrollo.

En primer lugar, debemos utilizar mejor las herramientas existentes, pero sobre todo debemos cumplir nuestros compromisos en materia de ayuda al desarrollo y, como sabemos, el desarrollo conlleva en una primera fase una intensificación de las migraciones, más que una desaceleración. Por supuesto, el incremento de la ayuda no es la única respuesta: es una condición necesaria, pero no suficiente.

Seguidamente quisiera que nos ocupásemos realmente del programa AENEAS para centrarlo exclusivamente en el aspecto del desarrollo, al igual que el programa que le sucederá en 2007, pero esto todavía queda lejos. Actualmente, este programa se utiliza sobre todo para llevar a cabo acciones de protección de las fronteras en el norte. En 2005, por ejemplo, solo 7 de los 39 proyectos financiados afectaron a los países del Sur. Además, si se instituye un único instrumento financiero nuevo, pienso que habría que crear un fondo de garantía para asegurar la continuidad de microproyectos en los países pobres.

La Unión Europea debe actuar asimismo en el lugar en que se hallan los migrantes, en los lugares en que comienza la migración. En efecto, es fácil delimitar a las principales zonas de emigración –suelen ser las regiones más pobres– y financiar en ellas, mediante un apoyo presupuestario específico, la instalación de infraestructuras: agua potable, electricidad, carreteras, centros sanitarios y escuelas, a fin de disuadir a las poblaciones carentes de recursos de abandonar el lugar.

Asimismo es fácil localizar los polos de migración, los conocemos: son los Estados o las grandes ciudades que poseen medios de transporte y comunicación modernos y que actúan tanto como espacios de acogida como espacios de partida hacia las grandes rutas migratorias, que parten del Sahel hacia el norte, por ejemplo. Una vez localizados, se puede desarrollar en ellos, más de lo que se hace hoy, acciones encaminadas a apoyar a las poblaciones –en particular las más vulnerables, que son las mujeres y los niños– y ayudarlas a adquirir autonomía, a realizarse de un modo que no sea la movilidad. Se podría crear asimismo un programa de información en esas zonas dirigido a los migrantes.

Europa debe aprovechar también el potencial que representan las comunidades de migrantes en los países ricos, al servicio del desarrollo de sus países de origen. Pienso que es una vía prometedora, que tiene el potencial de convertir a los migrantes en agentes del desarrollo en nombre de la solidaridad y la ayuda mutua. Es lo que se denomina codesarrollo. En esta perspectiva hay que favorecer las transferencias de fondos a los países de origen, hacerlas más transparentes, menos caras y estudiar un nuevo producto financiero que podría adoptar la forma de un «plan de ahorro para el desarrollo».

La Unión, pero sobre todo sus Estados miembros, deben practicar políticas innovadoras, como asumir las diferencias salariales de determinados migrantes que deseen regresar a su país de origen, o los sistemas de doble cátedra para investigadores o médicos, en el marco de cooperaciones institucionales entre institutos de investigación, universidades y hospitales.

Hay que fomentar también la migración circular, que permite a los migrantes ir y volver, en concertación por supuesto con los países de origen y generalizando la transferencia de las prestaciones sociales. Creo que estas medidas permitirían sustituir la actual fuga de cerebros por una circulación de cerebros. Como sabemos muy bien, para muchos países del sur la migración significa la pérdida de los ciudadanos mejor formados y más emprendedores. Es un drama para los países pobres, pues este fenómeno afecta a menudo a sectores esenciales como la salud y la educación. Desde este punto de vista, celebro que la Comisión avance propuestas encaminadas a afrontar estos retos.

Pero lo que quiero ver, más en general, es que Europa cambie totalmente de mentalidad y que la defienda. Tenemos una oportunidad, puesto que en septiembre las Naciones Unidas abordarán por primera vez la cuestión de la migración y el desarrollo.

Quisiera dar las gracias a todos los diputados y diputadas que me han apoyado en la elaboración de este informe.

  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señora ponente, Señorías, quisiera felicitar a la Comisión de Desarrollo, y en especial a la señora Carlotti, por su trabajo.

Puedo asegurarles que la Comisión estudia muy atentamente esta cuestión, tan actual, de las relaciones entre inmigración y desarrollo, y puedo asegurarles también que tendrá muy en cuenta sus sugerencias. Se trata de un informe muy detallado, que aborda un abanico muy amplio de temas. Permítanme, por consiguiente, que me concentre, por falta de tiempo, en dos series de cuestiones realmente muy importantes.

La primera serie se refiere a la coherencia de la acción comunitaria. Quisiera recordar que, por primera vez, la Comisión ha establecido un vínculo muy claro entre migración y desarrollo. Ha querido dejar muy claro el valor añadido que puede obtenerse mejorando las interacciones entre fenómenos migratorios y desarrollo. Esta interacción, como señala justamente su informe, tiene dos dimensiones.

Por una parte, la política de desarrollo puede influir de modo importante en los flujos migratorios. El año pasado, la Unión Europea recordó firmemente su compromiso a favor de una política de desarrollo ambiciosa, destinada a promover el desarrollo económico y social y la gobernanza. Esa política puede contribuir a actuar sobre las causas profundas de la migración. Evidentemente, es un trabajo de largo alcance y no podemos esperar resultados a corto plazo. Por otra parte, he observado que su informe contiene algunas sugerencias interesantes en este ámbito y estudiaremos atentamente algunas de ellas. En concreto, la Comisión practica ya la integración de las cuestiones de migración en los documentos de estrategia nacionales.

Por otra parte, algunos fenómenos asociados a las migraciones pueden contribuir eficazmente al desarrollo de los países de origen. Así lo indicó la Comisión el año pasado en su Comunicación sobre migración y desarrollo. En este documento se presentan orientaciones que pueden aplicarse a nuestras relaciones con los países de origen interesados y que pueden acogerse al apoyo financiero de la Comunidad.

Celebro en especial su recomendación en materia de codesarrollo, ámbito que también ha sido objeto de reflexiones por parte de la Comisión. Cito: «El objetivo prioritario debe consistir en favorecer la “circulación” de los profesionales y científicos para compensar las incidencias negativas de su “fuga”. Una de las pistas más prometedoras en esta vía es la de los mecanismos de “doble cátedra”, en virtud de los cuales los investigadores, docentes y representantes del cuerpo médico del Sur puedan dedicar la mitad de su tiempo a un centro de su país». Pienso que es de una recomendación sumamente interesante. Considero que esta recomendación particular del informe, que versa sobre el modo de implicar a la diáspora en el desarrollo de su país de origen, es una sugerencia muy importante.

El informe de la señora Carlotti presenta, en este terreno, un verdadero valor añadido. La posición del informe es clara: un apoyo muy amplio a la experiencia de codesarrollo. En este campo, la Comisión tiene muy poca experiencia y estoy totalmente dispuesto a basar la reflexión de la Comisión en las experiencias y ejemplos de mejores prácticas desarrollados por determinados Estados miembros.

El informe propone crear dos fondos –estoy pensando en la recomendación 15– , el primero destinado a financiar el codesarrollo y el segundo consagrado a un mecanismo de garantía de la perennidad de los microproyectos. Si lo he entendido bien, su idea es crear esos fondos al amparo de las nuevas estrategias temáticas relativas a la migración. Yo personalmente estaría a favor de crear dos elementos de este tipo dentro del programa temático. No obstante, todavía tengo que hablar de ello con mis colegas, el señor Frattini y la señora Ferrero-Waldner.

Asimismo he de darles las gracias, en nombre de la Comisión, por la acogida favorable que dan en su informe a la mayoría de las orientaciones contenidas en la Comunicación de la Comisión sobre migración y desarrollo, relativas tanto a los traslados de migrantes como al papel de la diáspora como agente de desarrollo de los países de origen o a la facilitación de la migración circular y otras formas de «circulación» de cerebros. Quisiera precisar también que la Comisión solo prevé acciones en este ámbito dentro del más riguroso respeto del principio de un compromiso voluntario por parte de los migrantes y del carácter privado de dicho compromiso. En el mismo orden de ideas, es evidente que el dinero transferido por los migrantes no puede considerarse un sustituto de la ayuda oficial al desarrollo, que es más necesaria que nunca y que la Unión Europea se ha comprometido firmemente a aumentar.

Por último, quisiera confirmar la importancia que concede la Comisión a las políticas encaminadas a remediar los efectos de lo que se denomina la fuga de cerebros. A este respecto, quisiera recordarles que la Comisión adoptó, el pasado mes de diciembre, una Comunicación sobre la crisis de los recursos humanos en el sector sanitario de los países en desarrollo, que contiene también orientaciones muy precisas y concretas.

La Comisión se ha fijado un programa de trabajo muy ambicioso, que quiere poner en práctica en estrecha coordinación con los Estados miembros, algunos de los cuales han lanzado también iniciativas originales. Todas estas iniciativas se llevan o llevarán a cabo, por supuesto, en cooperación con los países de origen.

La segunda serie de cuestiones que quisiera abordar brevemente con ustedes –cosa que no les sorprenderá– es el lugar muy especial que ocupa África en esta reflexión. Es un punto que, por lo demás, se desprende muy claramente de su informe. Problemáticas como la fuga de cerebros, el alto coste de las transferencias de dinero o la debilidad de la infraestructura financiera existente tienen un significado muy especial en el África subsahariana. Y quizás sea en este terreno en el que la implicación de las diásporas, si se cumplen ciertas condiciones, sería la mejor forma de marcar la diferencia.

En sus conclusiones del pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo indicaba claramente que la mejora de los vínculos entre migración y desarrollo en las dos dimensiones complementarias que acabo de mencionar debe ocupar un lugar preferente en la cooperación que estamos construyendo con África en materia migratoria, y esto en todos los niveles de debate. Los vínculos entre migración y desarrollo ocupan por tanto un lugar preponderante en el orden del día de la Conferencia de Rabat, que reunirá a representantes de Europa, del Magreb y de países del África Central y Occidental para debatir la cuestión de la migración.

Los vínculos entre migración y desarrollo son también uno de los elementos clave del diálogo que la Comisión está manteniendo con una serie de países del África subsahariana sobre la base del artículo 13 del Acuerdo de Cotonú. La Comisión considera que estas conversaciones brindan la ocasión de entablar un diálogo sobre el apoyo concreto que la Comunidad puede prestar a sus socios africanos para ayudarles a gestionar mejor los flujos migratorios, y en particular a sacar provecho de los vínculos entre migración y desarrollo. Por último, esos vínculos ocupan también un lugar central en el diálogo que mantenemos con la Unión Africana y que debería desembocar en la celebración de una conferencia ministerial que reúna a representantes de la Unión Europea y de toda África.

Por tanto, multiplicando los canales de comunicación, la Comisión se esfuerza por desarrollar con África lo que consideramos una cooperación ejemplar en el ámbito migratorio. Sin duda, la Unión Europea puede aportar en este punto una contribución importante al diálogo de alto nivel sobre migraciones y desarrollo que las Naciones Unidas organizan para septiembre en Nueva York. La Comisión adoptará, dentro de unos días, una Comunicación que constituirá su contribución escrita a dicho acto.

  Ioannis Kasoulides (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (EN) Señor Presidente, antes que nada quiero dar las gracias a la señora Carlotti. La felicito por su informe y le doy las gracias por asumir la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, en cuyo nombre intervengo hoy, observando especialmente que el vínculo entre la inmigración y el desarrollo forma parte del programa de trabajo de la Unión Europea en materia de política exterior. Lo ha sido desde que se inició el Proceso de Barcelona, pero ha continuado en todos los demás ámbitos de nuestras relaciones con los países de origen y de tránsito. Es muy importante afrontar el problema de la inmigración para gestionar los flujos migratorios cuando conseguimos la comprensión y la cooperación de los países de origen y de tránsito.

Como ha indicado el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, las remesas de dinero que se envían de todo el mundo a los países en desarrollo ascienden a 232 000 millones de dólares cada año, el doble del importe de la ayuda exterior a los países en desarrollo por parte de todos los demás países. De ahí la importancia de simplificar las remesas de dinero, simplificar la cuestión de la migración circular, ganándonos así la confianza de los países con los que deseamos cooperar. Lo que pretendemos no es la fuga de cerebros que tanto le temen; no hablamos solo de la inmigración ilegal, pero sabemos cómo aprovechar mejor la inmigración teniendo en cuenta nuestra población envejecida y las necesidades a que nos enfrentamos.

Desearía concluir señalando que poniendo orden en las entidades financieras, tanto en el lado que realiza los envíos como en el que los recibe, podemos afrontar también el problema de la financiación del terrorismo, que se ha pensado que se canaliza a través de organizaciones benéficas y demás en Europa.

  Ona Juknevičienė (ALDE), ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (LT) Felicito a la señora Carlotti por este informe y agradezco a los colegas de mi comisión que hayan elaborado nuestra opinión.

Ayer por la tarde ya hablé de este asunto, aunque no me detuve en un elemento importante: los inmigrantes cualificados o la fuga de cerebros, que puede tener un efecto negativo en el desarrollo de un país. Sin embargo, creo que no necesitamos detener este proceso, sino tratar de que nos beneficie mutuamente. Por este motivo quisiera subrayar que a mi juicio es fundamental introducir un procedimiento claro y lo más sencillo posible para el reconocimiento de las titulaciones. Asimismo, necesitamos introducir un equivalente a la tarjeta verde de los Estados Unidos, ya que estimularía la migración circular. Debemos admitir que sin las condiciones adecuadas para la integración, la migración es dañina para ambas partes.

Señorías, ayer ganó la selección francesa. Quiero felicitarla y, en particular, aplaudir el hecho de que el honor de Francia fuese defendido en gran medida por jugadores que son o cuyos padres fueron inmigrantes. Ahora son franceses. Se trata de un ejemplo perfecto de integración. Enhorabuena.

  Feleknas Uca (GUE/NGL), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (DE) Señor Presidente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la señora Carlotti por su excelente informe, que yo apoyo plenamente.

El fenómeno de la migración es tan antiguo como la propia humanidad. Desde tiempos inmemoriales hemos buscado un lugar al que llamar hogar, que nos proporcione seguridad y paz. Aunque algunas personas abandonan su patria de forma voluntaria, la mayoría de los hombres, mujeres y niños huyen de la violencia, el hambre, la pobreza y la persecución. La pobreza es un motivo preponderante. Aunque construyamos muros alrededor de Europa, no podremos detener a la gente que busca una vida mejor lejos de casa.

Según las Naciones Unidas hay unos 191 millones de migrantes en todo el mundo. La mitad de ellos son mujeres. Las migrantes y refugiadas viven con el enorme riesgo de convertirse en víctimas de la explotación sexual y la violencia. Las correlaciones entre inmigración y comercio de esclavos a este respecto deben examinarse, sobre todo, desde una perspectiva de género. Cuando se reclama un fondo de garantía para microproyectos en que participan inmigrantes, se debe prestar especial atención a los proyectos específicos de género.

Me pregunto cómo podemos enorgullecernos de una Unión Europea en la que las mujeres que han huido de sus países de origen por culpa de la pobreza y la violencia se convierten en víctimas de la discriminación y la explotación. Los inmigrantes realizan una enorme contribución al desarrollo de su país de origen. Cada año transfieren 150 000 millones de euros a través de los bancos. Esta suma triplica la ayuda al desarrollo ofrecida en todo el mundo. Además, por otras vías se ingresan unos 300 000 millones de euros. A este respecto, pido en particular mayor transparencia y ayuda en lo relativo a las transferencias financieras a los países de origen.

En septiembre, por primera vez, la ONU desea abordar el tema de la inmigración y el desarrollo en el contexto de un diálogo de alto nivel. A través de su delegación, el Parlamento Europeo debería demostrar que esta silenciosa crisis de derechos humanos, como la ha denominado el señor Kofi Annan, nos avergüenza y que deseamos defender una situación más justa para los inmigrantes y refugiados.

  Fernando Fernández Martín, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, quiero agradecer a la señora Carlotti la excelente colaboración que hemos mantenido negociando numerosas enmiendas que van a permitir el apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo a este informe.

Sin embargo, sobre esta cuestión venimos hablando desde hace mucho tiempo –el Comisario nos ha recordado hoy las numerosas veces que nos hemos ocupado de ella– y, sin embargo, hasta ahora los logros son más bien escasos. Es un claro ejemplo de la parálisis que nos aqueja y define el momento que la política europea atraviesa en relación con uno de nuestros más graves problemas.

El Consejo no ha sido capaz de alcanzar una posición común, ni parece que vaya a hacerlo, mientras cada Estado miembro adopta medidas unilaterales, muchas veces contradictorias, y después pide ayuda al Consejo, como si el Consejo le fuera ajeno.

La Comisión manifiesta –lo hizo el señor Comisario aquí presente hace quince días en Viena– que hace lo que puede pero que esta es una competencia de los Estados miembros y, efectivamente, tiene toda la razón. Además, a fecha de hoy, carece de un presupuesto operativo y suficiente; trabajamos con la prórroga de un presupuesto que expiró hace ya casi un año. Mientras tanto, miles de inmigrantes irregulares atraviesan nuestras fronteras y en algunos países esto ocurre a diario.

No cabe duda de que podemos hacer muchas cosas, como pone de manifiesto el informe de la señora Carlotti. Las remesas de los inmigrantes triplican –no duplican, como se ha dicho– el volumen total de la ayuda oficial al desarrollo en todo el mundo y, sin embargo, estas inversiones no se convierten en una inyección económicamente productiva en los países de origen.

El artículo 13 del Acuerdo de Cotonú se aplica poco, a veces nada, en la mayoría de los casos. El artículo 42 del Tratado de la Unión Europea permitiría adoptar medidas en la lucha contra el tráfico de personas; después de tres años, la Comisión también nos dijo en Viena hace quince días que está evaluando la cuestión y que hará alguna propuesta en el futuro.

Podría seguir dando más ejemplos, pero estos son suficientes. Creo que es el momento de actuar y dejar para más adelante y para cuestiones menos graves las declaraciones de intenciones.

  Margrietus van den Berg, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, la inmigración es un fenómeno internacional. Europa se preocupa por los visados, la vigilancia de las costas, las políticas aduaneras, la lucha contra la trata de seres humanos, las políticas de mercado laboral y la integración: en términos generales, es lo que el Comisario Frattini está haciendo con el Programa Aeneas. Opinamos que los mecanismos de seguridad, que a menudo son contrarios a los inmigrantes o pretenden reducir la inmigración, deben financiar con cargo a su propio presupuesto independiente, en lugar de robar de los fondos para el desarrollo.

En realidad hoy abordamos la otra cara de la moneda, es decir, los aspectos de la migración relacionados con el desarrollo: la migración de una parte del sur a otra, la migración como causa de subdesarrollo e inestabilidad. Las cuestiones que se plantean son la educación, la asistencia sanitaria, además de las propuestas prácticas y positivas de la señora Carlotti; los inmigrantes que son arrastrados de un país a otro, los que son refugiados dentro de su propio país, ECHO, la coordinación del CDHNU, las ONG, las organizaciones regionales, que evitan que los grupos étnicos sean perseguidos o aislados, ya sea en Asia, América Latina o África; poblaciones desarraigadas, grupos vulnerables, entre ellos principalmente las mujeres y niños.

El Comisario tiene razón cuando apunta que estos asuntos se ajustan sorprendentemente bien a la política de desarrollo, al ser el destino habitual de la ayuda oficial al desarrollo, pero todas esas cosas que tienen que ver con la política de migración, sobre la base del interés perfectamente legítimo de Europa en que sea segura y se gestione bien, van sin lugar a dudas más allá de la ayuda oficial al desarrollo y no tienen el objetivo primordial de erradicar la pobreza. Aunque debemos velar por nuestros intereses, no debemos disponer nuestros propios asuntos o pagar por ello a costa de los países pobres de las regiones inestables, ya que ello afecta a las causas fundamentales de la pobreza.

La intención del informe Carlotti es que el nuevo instrumento geográfico y temático de desarrollo aborde precisamente esas causas subyacentes. Desde la India hasta Bangladesh, desde Bolivia hasta Ecuador, el nuevo instrumento puede suponer el medio por el que Europa haga una buena contribución. Por todo ello, es relevante que de los 17 000 millones que gastaremos en los próximos seis años vayamos a reservar al menos el 50 % para los famosos «Objetivos de Desarrollo del Milenio», y que vayamos a redoblar nuestros esfuerzos en favor de la educación básica y la asistencia sanitaria mediante el incremento del 20 % del total destinado a dichos fines. Como diría Bono: «Haz lo que dices; envía la pobreza a la historia». Creo que el Comisario no tiene intención de hacer otra cosa.

  Danutė Budreikaitė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) La migración, especialmente la económica, tiene una historia de más de tres siglos. No obstante, en la actualidad los países del mundo desarrollado están fomentando la migración de mano de obra cualificada procedente de países en desarrollo. Estamos intentando resolver el problema del envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en nuestros países a costa de terceros países. Esperamos satisfacer la demanda anticipada de mano de obra en el futuro, no mediante el fomento más activo de la innovación –una de las formas más importantes de aumento de la productividad laboral–, sino a través de la migración.

Por un lado, la Unión Europea apoya el crecimiento de la mano de obra cualificada en los países en desarrollo mediante la aplicación de una política de desarrollo y la entrega a dichos países de más del 55 % de la ayuda mundial. Por otro lado, sin embargo, se esfuerza por atraer a los mejores trabajadores con el objetivo de resolver sus problemas económicos. Muy a menudo, dichos trabajadores adquieren sus cualificaciones en Europa o con fondos de la Unión Europea.

Por consiguiente, parte de los fondos de la UE reservados para la ayuda al desarrollo se utilizan para financiar el mercado laboral de la propia UE. Aunque los inmigrantes ayudan a sus familias con dinero ganado en la UE, su contribución al desarrollo de sus países sería mucho mayor si trabajaran y crearan riqueza no en el extranjero, sino en sus propios países.

La política de inmigración no es solamente un asunto de la UE. Los acuerdos con terceros países y el establecimiento de una política de migración, sobre todo en terceros países, es uno de los requisitos del crecimiento económico de los países en desarrollo.

Al igual que la política de migración, las prioridades para los países en desarrollo deberían consistir en estrategias para el establecimiento y la expansión de su economía y la creación de puestos de trabajo para su mano de obra. Mientras tanto, la Unión Europea debe ayudar a implementar más estrategias. De lo contrario, los países en desarrollo seguirán siendo siempre pobres.

  Marie-Hélène Aubert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias a la señora Carlotti por este informe, que propone muchas iniciativas interesantes, aunque, como ha señalado el Comisario, se observa una falta de coherencia entre las distintas políticas que se aplican a escala de la Unión Europea. Nosotros mismos hemos examinado durante esta sesión una serie de informes sobre cuestiones como el asilo, la inmigración y el desarrollo, que a veces nos llevan en direcciones opuestas.

Hay que reconocer que hoy, en nuestros países, prevalece la tendencia a la seguridad. Se tiende demasiado a asociar inmigración y seguridad, y las políticas adoptadas se encaminan esencialmente a devolver a los inmigrantes, en especial a los ilegales, a sus países de origen. Da la impresión de que nos interesamos realmente por el inmigrante cuando desea volver a su país: de algún modo, es no reconocer la libertad de quienes quieren instalarse y vivir en un país distinto del que son originarios.

Como saben, la subsidiariedad es también muy importante en este terreno, y los Estados miembros aplican sus propias políticas, que difieren de un país a otro. Hoy, en Francia, el Gobierno practica una política encaminada a expulsar y devolver a los inmigrantes ilegales; hoy mismo, ante el Parlamento Europeo, se lleva a cabo el apadrinamiento de niños escolarizados amenazados de expulsión. En España y otros lugares no se han adoptado políticas de este tipo. Y otros países se preguntan cómo reaccionar ante la inmigración clandestina. Por consiguiente, la subsidiariedad es sumamente importante en este terreno.

Si el codesarrollo parece una idea interesante, creo que no puede sustituir a las necesarias políticas públicas de la Unión Europea, que son muy potentes, en materia de apoyo al Estado de Derecho y la democracia.

Más allá de las dificultades encontradas, ese es el objetivo de la acción llevada a cabo por la Unión en la República Democrática del Congo, que da prioridad a las políticas públicas de salud, educación, medio ambiente, aun cuando lamentablemente se haya visto perjudicada en los últimos años por otras políticas de la Unión y los Estados miembros, en particular en materia económica y comercial.

Necesitamos, pues, coherencia y un enfoque global a fin de vincular la inmigración a cuestiones de desarrollo sostenible y no tratarla como un mero problema de seguridad.

  Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siempre aparecen dos puntos de vista enfrentados en lo tocante a la migración. Por un lado, la perspectiva libertaria, que se centra en los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; por otro, el punto de vista predominante adoptado por los Ministros del Interior, quienes en cambio ven en ella una amenaza externa. En vista de los crecientes dramas actuales asociados a la migración, el debate en el seno de la UE está dominado, lamentablemente, por el Comisario Frattini y los Ministros del Interior. Los dispositivos de protección de las fronteras y los equipos de intervención forman parte de este cuadro. Sin embargo, su magnífico informe, señora Carlotti, analiza las causas y el estado de la inmigración en el siglo XXI con mucha más profundidad y además propone un gran número de medidas sensatas, aunque no puedo comentarlas aquí en los dos minutos que tengo disponibles.

Sin embargo, su llamamiento a una migración controlada no debería significar que en el futuro, por ejemplo, la UE convierta Lampedusa en una Isla Ellis o quizás algo todavía más terrible, a saber, que existan campos combinados de refugiados y de reclutamiento de la UE en el desierto libio, y que por tanto también operarían al margen de la normativa legal de la UE.

Naturalmente, también lamento la falta de propuestas para resolver la situación de los inmigrantes que viven sin estatuto jurídico oficial en la UE. El quid de la cuestión de la política de inmigración sigue siendo la creciente disparidad económica y social entre la Unión Europea y las regiones de África en proceso de depauperación, al que contribuye la propia UE con su objetivo de competir por el liderazgo en la economía mundial.

Ruego se tomen en serio el informe sobre comercio justo, que se debatirá más tarde en el Parlamento, si desean reducir la migración motivada por necesidades económicas. Combatan la contribución que Europa está haciendo a la inmigración de refugiados de guerra a través de las exportaciones de armas y reduzcan las emisiones de Europa y sus socios comerciales si desean reducir la migración, que es ante todo fruto del cambio climático y la expansión de los desiertos.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. Agradezco a la Comisión y a la ponente que hayan abordado este tema.

La estrategia propuesta, concebida sobre todo para facilitar las transacciones financieras y la transferencia de derechos de pensión, constituyen dos medidas viables en la práctica y que tendrían un efecto significativo en los precarios recursos de muchos inmigrantes. Sin embargo, la propuesta de encauzar los ingresos generados en medidas ideadas para promover el desarrollo en el país de origen me parece asimismo extremadamente importante y razonable.

Si es verdad, como afirma el informe, que una gestión mejor de las migraciones favorece el desarrollo, entonces de hecho es cierto que debemos asegurar que los recursos humanos más competentes encuentren a toda costa oportunidades atractivas en sus países de origen y estén motivados para llevarse de regreso a sus países los recursos acumulados, junto con su gran experiencia, en beneficio de sus comunidades. Me refiero en particular a los médicos, profesionales, maestros e investigadores.

Es de hecho bastante utópico hoy en día creer que, tras años de estudio y trabajo en Europa, un ciudadano de un país tercero decida de forma espontánea regresar a un país que no tiene las estructuras y los sistemas sociales adecuados.

Para ello, necesitamos por tanto prestar gran atención a la gestión de todos los fondos que se puedan generar, de modo que no se malgasten los esfuerzos de los individuos y de la comunidad internacional.

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, además de agradecer a la señora Carlotti su exhaustiva labor, deseo llamar su atención sobre tres puntos. La globalización implica también la ruptura de barreras por parte de personas que buscan condiciones de vida normales. Sin embargo, las diferencias en los niveles de desarrollo económico y los modelos políticos dificultan la libre circulación de personas. Si en el seno de la OMC no logramos ponernos de acuerdo sobre la libre circulación de mercancías, parece que con respecto a la libre circulación de personas es una tarea aún más complicada, aunque estos dos asuntos sean totalmente distintos.

A pesar de la falta de tal acuerdo, la gente migra, en particular a países más ricos. La Unión Europea, como destino de migrantes, se verá obligada cada vez con más frecuencia a encontrar soluciones a estos problemas. Actualmente tenemos el problema de Malta. Otro asunto problemático es el fenómeno de la inmigración selectiva, que beneficia principalmente a los países ricos. Estamos hablando de la fuga de cerebros, que es inmoral con respecto a los países pobres. Necesitamos una buena política que impida que la situación empeore en lugares como África debido al éxodo de gente con educación, y la necesitamos para ayudar a que esos países avancen. Ejemplos de tales políticas son los proyectos de reintegración, sobre los que he tenido el placer de hablar con el Comisario Michel.

Puesto que ya tenemos inmigrantes en la Unión Europea, en zonas como Escocia, que ya es un destino atractivo para polacos y eslovacos y es posible que sea todavía más atractiva para ciudadanos de países como Togo o Jamaica, debemos crear un programa educativo, social y jurídico para integrar a los inmigrantes con la mayor rapidez posible en los países de acogida. En efecto, los inmigrantes se han adaptado El periodo de integración es un factor tanto psicológico como económico. Cuanto más corto y sensato sea ese periodo, mejor resultado se obtendrá para ambas partes: para los inmigrantes y los ciudadanos del país de acogida. Gracias a estas acciones podremos evitar el fenómeno del «despilfarro de cerebros», es decir, la pérdida de cualificaciones. Por último, añadiré que el problema de la inmigración principalmente económica no solo afecta a Francia, Suecia o Malta. Es un grave problema común, al que se enfrentan los 25 Estados miembros de la Unión Europea.

  Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE). – (ES) Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar a mi compañera y colega señora Carlotti por el trabajo que ha realizado, sobre todo, porque creo que trae al centro de la política exterior la política de desarrollo, también cuando abordamos el fenómeno migratorio.

Seguramente, el futuro pasa no tanto por frenar la migración, sino por regularla, de manera que los movimientos humanos hoy, igual que lo han hecho siempre, beneficien a los países de origen, tránsito y destino.

Los Estados saben que sus objetivos e intereses pueden alcanzarse mejor si existe una colaboración y si coordinan sus acciones. La próxima semana tendrá lugar en Rabat la Cumbre Euroafricana sobre migración. La cooperación al desarrollo es una prioridad de su agenda.

Pedimos que esta oportunidad sea aprovechada para establecer medidas concretas dirigidas al desarrollo de los países africanos y hacemos un llamamiento a la Unión para que se comprometa decididamente con la democracia, la paz y la seguridad de los países de origen de la migración, quebrando la lógica muchas veces de la Realpolitik.

Tal vez lo que deberíamos hacer es fomentar la educación, que siempre trae libertad y desarrollo. Debemos mejorar y ampliar la presencia de la Unión a nivel político e institucional.

Pero el derecho al desarrollo es integral y significa intercambio económico, cultural, gestión de conflictos, lucha contra el terrorismo, protección del medio ambiente y políticas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

La migración produce beneficios, sin duda, pero los beneficios de la migración internacional, no solo para los migrantes sino también para las sociedades que los reciben, solo serán posibles si mantenemos el respeto por los derechos de los trabajadores, que son la garantía universal frente a la explotación. Deben protegerse los derechos de todos los trabajadores, los regulares y los que no lo son.

Las medidas que contemplemos deben respetar absolutamente los derechos de aquellos que se acercan a nuestras fronteras, incluyendo el derecho al asilo. En este sentido, la Unión Europea debería velar por que no se impida a los solicitantes de asilo alcanzar la protección internacional que necesitan.

Como todos sabemos, señor Presidente, la migración, los movimientos, son imparables. Asegurémonos del respeto a los derechos de los migrantes.

  Jan Jerzy Kułakowski (ALDE). – (PL) Señor Presidente, el hecho de que el Parlamento Europeo esté debatiendo sobre el desarrollo en relación con la cuestión de la migración demuestra que estamos abiertos a los problemas de los países en desarrollo. Queremos que la migración forme parte del proceso de desarrollo. Por desgracia, en la actualidad, esto es meramente un deseo piadoso. Si queremos que este deseo se convierta en realidad, hay que cumplir determinadas condiciones. Mencionaré dos de ellas. Primero, la migración ha de convertirse en cíclica para evitar el fenómeno de la fuga de cerebros en la medida de lo posible. Segundo, todos los Estados miembros deben ratificar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios.

Por último, el tema de la migración y el desarrollo afecta en gran medida a las relaciones entre la UE y los países ACP. Por este motivo, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de la cual soy miembro, debe investigar seriamente este asunto.

Para terminar mi intervención quiero expresar mi más sincera gratitud y felicitación a mi colega la señora Carlotti.

  Miguel Portas (GUE/NGL). – (PT) El informe Carlotti es un paso en la buena dirección. Constata que la ayuda al desarrollo es necesaria, aunque no suficiente. Propone nuevos instrumentos y medidas, que pueden mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes y su relación con los países de origen. Es un enfoque justo e inteligente, que sustituye la política actual centrada en el control de fronteras con una estrategia de flujos migratorios bidireccionales.

La Europa fortaleza ha fracasado, con su inevitable precio de muertes en el Mediterráneo. Lo que falta ahora es compromiso y una postura clara sobre los centros de detención, que son inaceptables. La ponente también reconoce que una frontera invisible sitúa a un lado a los ciudadanos y a otro a las demás personas que no tienen papeles y que se ven condenadas a recurrir a métodos ilegales. ¿Cuál es el resultado? ¿Inmigrantes sin papeles? No. ¿Autorizaciones temporales para buscar trabajo? Sí. Ahí es adonde nos lleva el principio de la ciudadanía.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señorías, incluso mientras se examinaba este informe en la Comisión de Desarrollo y Cooperación me di cuenta de lo que trataba y me sentí defraudado. Me pasa igual en esta Cámara durante este debate. Parece que nadie se está deteniendo a considerar las inevitables consecuencias sociales de la migración en los países de la UE, que ya están luchando con los problemas causados por la formación de guetos, la delincuencia, el desarraigo y el islamismo. Tras lo que sucedió en algunos barrios franceses el pasado otoño, me esperaba un poco de reflexión sobre todo ello, especialmente por parte de una ponente francesa.

En este debate no debemos alzar el dedo acusador contra las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor. No hacen otra cosa que lo que haría cualquiera. Pero Michel Rocard, quien por cierto es ex presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación de esta Cámara y miembro del mismo partido que la ponente, se percató de la magnitud de la situación cuando en su calidad de Primer Ministro socialista francés afirmó que «Francia no puede asumir todas las miserias de este mundo». Pues bien, tampoco Europa puede.

Además, son principalmente los más débiles de los países de origen africanos, los que no tienen los medios o la influencia para dejar sus países, las víctimas de los flujos migratorios y de las fronteras abiertas, ya que ellos quedan atrás, más pobres que nunca. Ideas como la movilidad de los cerebros y la migración circular pueden parecer atractivas, pero no son realistas y no ayudan a cambiar la situación. Por este motivo, más inmigración a nuestros países significa más miseria en el mundo en desarrollo, al contrario de lo que sugiere el informe.

Lo que Europa necesita es que se detenga categóricamente la inmigración; lo que los países en desarrollo necesitan es ayuda efectiva sobre el terreno.

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, en estas sesiones plenarias hemos debatido en particular asuntos relacionados con la migración. Nos hemos referido a numerosas dimensiones y aspectos que guardan relación principalmente con la gestión de los flujos migratorios en nuestras fronteras y dentro de los Estados miembros.

El informe de la señora Carlotti nos ofrece una dimensión nueva y muy importante, por lo que le doy las gracias. Es la dimensión, es la relación entre migración y desarrollo, la relación entre la Unión Europea y los países en desarrollo, que son principalmente países de origen de inmigrantes y refugiados políticos.

Nuestra acción exterior a escala comunitaria y nacional nos brinda muchas oportunidades para crear condiciones de desarrollo sostenible en países y comunidades que sufren la pobreza más absoluta, a fin de crear empleo, instituciones y estructuras democráticas, además de la protección de los derechos humanos y sociales. Estas condiciones darán esperanza a la población local y expectativas de una vida mejor en casa.

Los fondos regionales, la cooperación europea, los acuerdos de estabilidad, nuestra acción para el desarrollo dentro del marco de las Naciones Unidas, la positiva política de vecindad y todo lo demás que hemos mencionado constituyen herramientas excelentes, pero debemos hacer mejor uso de ellas, con mejor coordinación y una evaluación seria y adecuada de nuestras políticas y nuestros objetivos, tanto por parte de nuestros servicios centrales como de nuestros representantes, los cuales tienen responsabilidades reforzadas y descentralizadas y conocen mejor las necesidades locales.

Asimismo, necesitamos mejorar la cooperación con los factores locales en todos los niveles. También, señor Comisario, en relación con el nivel de transparencia y gobernanza, nuestros mecanismos de control deben situar a los administradores nacionales y locales de los países beneficiarios ante sus responsabilidades.

En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género quisiera subrayar la importancia de incluir la dimensión de género en todas nuestras políticas, ya que la mujer es la víctima más afectada por todas las formas de discriminación en los países en desarrollo y la primera víctima de la inmigración ilegal en cuanto llega a nuestras comunidades.

  Marie-Line Reynaud (PSE). – (FR) Señor Presidente, también yo quiero felicitar a la señora Carlotti por su excelente trabajo.

Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, me satisface mucho comprobar que la mayoría de nuestras propuestas se han integrado en el texto final, en particular la protección de las mujeres migrantes contra la discriminación y la violencia y la mejora de su acceso a los servicios sanitarios, a la educación y al empleo, así como la necesidad de prestar especial atención a los hijos de esas mujeres migrantes, o también el caso de las mujeres desplazadas a causa de los conflictos.

Lo único que lamento es que no se haya aceptado una de mis propuestas, consistente en permitir a las mujeres migrantes en situación ilegal tener acceso a asistencia médica, así como a un apoyo jurídico y psicológico. En efecto, esas mujeres en situación ilegal conforman una categoría especialmente vulnerable, cuyos derechos fundamentales deben ser protegidos, del mismo modo que los de las personas que están legalizadas. Espero que este punto pueda abordarse en el marco del informe de la señora Kratsa, específicamente consagrado a la situación de las mujeres migrantes.

  Toomas Savi (ALDE). – (ET) Señor Presidente, señora Carlotti, señor Comisario. La migración, especialmente la ilegal, ha sido hasta ahora un problema de países coloniales o metropolitanos, que ha llevado al establecimiento de estrictas exigencias de visado, ha forzado la promulgación de leyes sobre la migración y ha provocado un debate internacional sobre el tema. La complejidad del problema queda demostrada claramente por la situación actual, en la que 60 000 personas esperan en la costa norte de África la oportunidad de llegar a España. En conexión con la globalización, es también probable que el problema de la migración llegue a los nuevos Estados miembros.

Señor Presidente, Europa tiene la obligación moral de ayudar al menos a algunos inmigrantes a entrar en los países del mundo desarrollado, de forma que puedan superar con sus condiciones actuales y llevar una vida digna, que les permita adquirir una educación y profesión para después regresar a su país de origen, dando lugar de este modo a una migración circular.

A fin de implementar las sugerencias anteriormente mencionadas, será necesario actualizar y reformar la política de inmigración de los Estados miembros de la Unión Europea. La canalización de la inmigración legal exigirá la cooperación a largo plazo entre los países de origen y los de acogida, aunque la última propuesta exigirá un aumento de la financiación.

Por tanto, señor Presidente, no es imposible que pronto tengamos que hablar de la política común de inmigración de la Unión Europea, para no encontrarnos en la misma posición complicada en la que nos encontramos hoy en relación con la política energética común de la Unión Europea.

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, agradezco a la ponente su labor en torno a este informe y las claras conclusiones que ha extraído. Entre ellas se incluye el reconocimiento de que la Unión Europea no ha encontrado todavía una solución común y cohesionada al problema de la inmigración. Es un reto respetable a gran escala: el 3 % de la población mundial, es decir, 175 millones de personas, son emigrantes, y el 40 % de esas personas viven en países en desarrollo.

Algunas veces se critica a la Unión Europea por asignar muy pocos recursos a la integración de inmigrantes y refugiados. En los últimos siete años se han gastado 15 millones de euros. Esto equivale a medio euro por inmigrante. No obstante, parece que el uso eficiente de estos recursos no es menos un problema. Hemos visto demasiados signos alarmantes de ello y nos llegan informaciones sobre despilfarro y corrupción en la distribución de fondos.

La ayuda a los inmigrantes tiene una dimensión moral y también política, y necesitamos elaborar una política comunitaria nueva y transparente en este terreno. El hecho es que en los últimos 10 años la política migratoria de la Unión Europea ha sido más restrictiva que nunca. No nos engañemos pensando que esta política será menos restrictiva en los años venideros. Lo más probable es que suceda todo lo contrario.

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Señorías, en el mundo actual hay casi 10 millones de refugiados y 25 millones de desplazados en sus propios países, principalmente en los países del sur. Dado que una vez también fui refugiado y pasé por el sistema de acogida –un campo de refugiados–, dedicaré mi intervención a la situación de los inmigrantes en las zonas de recepción y de tránsito. No me cabe duda de que es preciso mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en los países de acogida y de tránsito, especialmente en los países del Sahel. Ha llegado la hora de crear diversos centros de información, centros de ayuda exterior y centros de asistencia jurídica. Hay que avanzar programas destinados a la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas las enfermedades de transmisión sexual y el sida. Los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres y los niños, deben ser los principales beneficiarios de la ayuda. Por tanto, insto a la Comisión a que desarrolle una estrategia integrada con vistas a apoyar a los países de acogida y de tránsito. Es preciso reforzar la capacidad de estos países meridionales y respetar el derecho de los mismos a seguir su propia política migratoria independiente.

  Francesco Enrico Speroni (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, deseo subrayar que el informe no está completo, ya que menciona los derechos de los inmigrantes sin hablar de sus obligaciones. Tampoco dice nada del peligro que algunas formas de creencias religiosas extremas traen a nuestra Europa.

No puedo ignorar que ha habido asesinatos de personas –la última fue Theo van Gogh– y que, debido a determinadas actitudes de los inmigrantes, nuestra libertad se ha visto limitada en gran medida, hasta el punto de que se ha hecho muy peligroso, por no decir imposible, llevar una camiseta con caricaturas como la que tengo hoy aquí conmigo. En el informe no figura ninguna referencia a esta cuestión.

  Kader Arif (PSE). – (FR) Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias de todo corazón a la señora Carlotti por su excelente trabajo, cuyo enfoque apoyo plenamente.

Demasiado a menudo, en el sur, la migración implica la partida de los ciudadanos mejor formados, una verdadera hemorragia de competencias que priva de ingresos a esos países y compromete la prestación y la calidad de servicios esenciales, indispensables para su desarrollo efectivo.

No nos equivoquemos: esta fuga de cerebros se ve alentada por las políticas de admisión selectiva de inmigrantes aplicadas en el norte con el nombre de «migración selectiva» o «inmigración selectiva». Inmigración selectiva en el norte es siempre sinónimo de inmigración sufrida en el sur, una política que equivale a negar al sur todo derecho al desarrollo.

Por oposición a este enfoque que tiene resultados tan nefastos, me parecen interesantes la filosofía general y las medidas concretas propuestas en este informe, como la inmigración circular para sustituir la fuga de cerebros por la «circulación» de cerebros. Este es el concepto de inmigración compartida, en que cada parte enriquece a la otra. Se trata de promover el codesarrollo, de consagrarlo en los textos europeos, sin olvidar su necesaria financiación, de reconocer y apoyar el papel de los migrantes al servicio del desarrollo de su país de origen, con una voluntad real de convertir la inmigración en palanca de desarrollo y ayuda mutua entre los pueblos.

Espero que esta solidaridad indispensable presida las conversaciones en la próxima Conferencia euro-africana de Rabat. Conocemos la historia de los muros levantados con la ilusión de protegerse del otro. Siempre han estado abocados a ser franqueados y finalmente destruidos.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, también yo felicito a la señora Carlotti por su informe, ya que ha llegado en el momento oportuno, en vista del hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas va a reunirse en septiembre y examinar la relación entre migración y desarrollo.

Opino que ha llegado la hora de actuar y pasar de las palabras y los deseos a los hechos. Todos hablamos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero no hay ninguna referencia expresa al problema de la migración. Creo que la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre brindará una excelente oportunidad para vincular de forma explícita los objetivos de desarrollo con la migración y, sobre todo, para que la respuesta a este problema global sea un objetivo cuantificable con un calendario concreto.

La Unión Europea debe acelerar la integración de la migración en todas las acciones exteriores y en la política exterior y sobre todo debemos examinar formas de incorporarla a la nueva estrategia de cooperación al desarrollo, la nueva estrategia de vecindad europea.

Creo que la cumbre euroafricana supondrá una oportunidad para debatir todos estos problemas. A pesar de ello, necesitamos sobre todo una estrategia comunitaria integrada y cohesiva.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente y llamar la atención sobre un aspecto del desarrollo y la migración que hace aumentar la riqueza y el potencial intelectual de los países ya prósperos y que provoca una sangría en los países en desarrollo. Me refiero a la fuga de cerebros.

Las políticas de desarrollo no darán resultado a no ser que este proceso como mínimo se desacelere. En este momento, la UE ofrece ayuda a los países en desarrollo con una mano, que es visible, y se la lleva con la otra, que permanece invisible. En primer lugar, propongo que arreglemos nuestras cosas aquí en la Unión Europea, donde estamos asistiendo a una fuga de cerebros similar de los nuevos Estados miembros a los antiguos. El proceso es incluso más doloroso, ya que las fronteras interiores y las barreras se reducen y desaparecen. La UE debe crear un fondo especial para regular la fuga de cerebros y suavizar su impacto.

Una vez arreglada la situación en casa, podría servirnos de base para la cooperación con los países en desarrollo y con los Estados Unidos, que se beneficia enormemente de la fuga de cerebros.

  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, desde luego estoy de acuerdo con lo esencial de lo que se ha dicho. Me limitaré, en el poco tiempo que tengo, a entresacar algunos elementos para definir de forma bastante clara mi posición respecto de una serie de cuestiones y propuestas.

En primer lugar, quisiera tranquilizar al señor Van den Burg en lo que respecta a su pregunta extremadamente importante sobre la necesidad de distinguir bien entre gastos relacionados con la seguridad y gastos relacionados con el desarrollo. Es evidente que no se puede contemplar el uso de recursos de desarrollo para financiar medidas de seguridad: no corresponde al presupuesto de desarrollo financiar esas medidas. Desde este punto de vista puede usted confiar en la Comisión.

Un segundo elemento que me parece importante es la famosa cuestión de la «fuga de cerebros». Como Comisario de Desarrollo, quisiera que no se pusiera en duda mi compromiso con esta cuestión. Me opongo a las políticas de algunos de Estados miembros, que realmente reclaman y tientan a las personas con la inmigración selectiva. Desde mi punto de vista, la inmigración selectiva es una concepción cínica del desarrollo y no la acepto. En este sentido, desconfío de las sugerencias e ideas que giran en torno al concepto de «tarjeta verde». Pienso que es muy peligroso jugar con conceptos que entran evidentemente en la lógica de esa «inmigración selectiva». No me gusta ese enfoque y me parece que he de decirlo claramente.

Debo decir, señora Aubert, que me complace mucho su llamamiento a favor de la inversión en políticas públicas. Habla usted de políticas públicas de la UE, pero hay que ocuparse sobre todo des políticas públicas de los Estados asociados y de los países en desarrollo. Esta es una de mis obsesiones, porque constituye la base misma de la reconstrucción y el desarrollo. Es extremadamente difícil alentar a los ciudadanos de los países en desarrollo, que viven sin perspectivas, que tienen la sensación de no tener perspectivas, que viven sin acceso a servicios básicos que cualquier sociedad normal debe prestar, a permanecer en sus países y contribuir a su desarrollo.

Por tanto, todo lo que gira en torno a la capacidad de los Estados para garantizar los servicios básicos: acceso a la educación, acceso a la sanidad, acceso a la administración, acceso a la justicia, acceso a la cultura, acceso a los bienes primarios, debe formar parte, fundamentalmente, de nuestras estrategias de desarrollo. No me cabe la menor duda de que ahí residen las respuestas definitivas al fenómeno de la inmigración. Es preciso desarrollar las funciones esenciales del Estado, tan queridas por quienes como yo creen en la primacía del carácter laico de los Estados. Creo que esto es importante.

Quisiera alabar a todos los que han intervenido sin citarlos a todos por su nombre. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Kulakowski, que ha hecho hincapié en los lazos sumamente estrechos que existen entre migración y desarrollo. La respuesta correcta a la migración es el desarrollo, lisa y llanamente. No es el cierre de las fronteras, no es la devolución, no es la «inmigración selectiva»: la respuesta correcta reside evidentemente en proyectos de desarrollo destinados a reforzar, mejorar o reconstruir los países en cuestión. En una serie de países en desarrollo se puede decir que ya no hay Estado y yo urgiría a la UE, a nuestras instituciones y a los países ACP especialmente afectados a que se reúnan alrededor de la mesa de negociación.

Por último, quisiera decir al señor Dillen que ha citado al señor Rocard totalmente fuera de contexto. Por supuesto que Europa no puede absorber toda la miseria del mundo. Pero quisiera decirle que el mundo rico podría hacerlo cómodamente, así que no hay excusa que valga.

Esto no es más que una cuestión de voluntad política, señor Dillen. Sé que en este terreno usted no la tiene.

PRESIDENCIA DEL SRA. KAUFMANN
Vicepresidenta

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy.

4. Comercio justo y desarrollo (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0207/2006) del señor Schmidt, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)).

  Frithjof Schmidt (Verts/ALE), ponente. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, con este informe sobre comercio justo y desarrollo, el Parlamento responde al notable éxito político y económico que constituye el comercio justo.

En los últimos años, la tasa de crecimiento del comercio justo en Europa ha aumentado, en promedio, un 20 %, y la tendencia sigue al alza. En determinados países tenemos cuotas de mercado de hasta el 20 %, como es el caso del café en el Reino Unido. Esto basta para demostrar el éxito de una iniciativa de la sociedad civil en condiciones de mercado, que hasta la fecha ha salido adelante sin financiación ni ayuda significativas por parte del Estado. Al mismo tiempo, representa también un éxito directo en la lucha contra la pobreza, ya que los precios justos garantizan unos ingresos justos. Además, para el desarrollo social de los países del sur es crucial que sus productores perciban unos ingresos justos.

Todo este asunto demuestra asimismo el alto nivel de concienciación de los consumidores europeos y su interés por la responsabilidad social en relación con el comercio internacional, además de la elevada calidad del producto. Por todo ello, este tema guarda además relación con la protección de los intereses del consumidor. Los precios justos, las condiciones de trabajo y de producción justas, el cumplimiento de las normas ecológicas; todos estos aspectos favorecen por igual la calidad de vida de los productores del sur y los consumidores del norte.

En la Comisión de Desarrollo hubo también un amplio consenso, cosa que me complace mucho. Por tanto, llegados a este punto, expreso mi agradecimiento a mis colegas de la Comisión de Desarrollo, los ponentes alternativos y los coordinadores por sus consejos constructivos. El informe se aprobó por unanimidad en comisión. Vino precedido de intensos intercambios entre el Movimiento por el Comercio Justo y numerosas asociaciones sobre los problemas del comercio justo. En comisión elaboramos y presentamos criterios que deberían cumplir los productos designados «de comercio justo», a fin de no engañar a los consumidores.

Por tanto, este informe exige a la Comisión que presente una recomendación relativa al comercio justo. Ello implica el fomento de un concepto político y económico y no, por ejemplo, la promoción de un nombre comercial, ni implica una normativa detallada jurídicamente vinculante ni una ley de comercio justo para toda Europa. Nuestra intención no es, ni debe ser, regular en exceso, lo que posiblemente obstaculizaría este floreciente y próspero mercado. No obstante, implica la definición de criterios que formen la sustancia del concepto de «comercio justo».

Los criterios clave que se han presentado a este fin en el informe incluyen, entre otros, precios al productor que garanticen su existencia; información a los consumidores sobre los precios mantenidos por los productores, con lo que se proporciona transparencia; observancia de las convenciones centrales de la Organización Internacional del Trabajo en lo relativo a la salud y seguridad en el trabajo y la mano de obra infantil en relación con la producción; respeto de la normativa ambiental; apoyo a la producción y el acceso al mercado por parte de organizaciones de productores y supervisión del cumplimiento de estos criterios. Es importante que estos aspectos se incluyan en la recomendación de la Comisión.

En este punto quiero expresar además mi agradecimiento a la Comisión. Especialmente en la Dirección General de Desarrollo y la Dirección General de Comercio, la actitud receptiva hacia este informe, e incluso añadiría que cierta vinculación con él, han sido evidentes. Los intercambios han sido muy constructivos.

Una observación más personal: Comisario Mandelson, sé que le encanta el chocolate y veo a menudo que prefiere el chocolate de comercio justo de Oxfam. Son dos predilecciones que compartimos. Por ello, por sus hábitos de consumo, soy consciente de que tiene una mentalidad abierta sobre este tema.

Una vez más, deseo hacerle un llamamiento particular. En el programa de «ayuda al comercio», que ahora se debate en la OMC, habría que crear un «sector de ayuda al comercio justo». Si pudiéramos destinar solamente el 10 % de dichos fondos al sector del comercio justo, se proporcionaría un estímulo enorme a este concepto tan encomiable. Ayúdenos a dar un trato preferente a los productos de comercio justo en las licitaciones públicas e insufle aire fresco al artículo 23 del Acuerdo de Cotonú, otorgando al comercio justo, en colaboración con los países ACP (África, Caribe y Pacífico), un estatuto importante, además de apoyo.

La Unión Europea necesita una política de comercio justo bien coordinada. Hoy confío en que el Parlamento dé un paso importante en esta dirección y de la Comisión depende que se dé un gran paso más. Necesitamos esta recomendación, Comisario Mandelson.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, antes que nada quisiera dar las gracias al señor Schmidt por este informe y por llamar la atención sobre mis hábitos de consumo cada vez más ostentosos, los cuales, me temo, se van haciendo demasiado evidentes según voy avanzando en este puesto de Comisario de Comercio europeo. Quisiera darle las gracias de forma sincera y afectuosa por este informe, el cual considero que es muy valioso y que será bien recibido.

En mi opinión, el comercio justo es una de las herramientas clave para potenciar el desarrollo sostenible y equiparnos mejor para luchar contra la pobreza en el mundo, y como concepto está desarrollándose rápidamente. Sin lugar a dudas, es una práctica comercial muy popular. Va ganando adeptos y aumentando su atractivo entre la opinión pública, y contribuye a incrementar la sensibilización del público ante todos los asuntos relacionados con la sostenibilidad.

Uno no está realizando simplemente un acto de consumo que es bueno por el contenido de lo que consume. También es un estímulo para el cerebro. Le hace a uno pensar y, por ello, es si cabe más valioso. Los consumidores tienen en cuenta los factores relativos a las condiciones de producción. La gente no solo se alimenta, también se preocupa, y el comercio justo ha sido pionero en esto de una forma muy atractiva.

La Comisión apoya activamente el comercio justo. Asumimos compromisos con el comercio justo en el Acuerdo de Cotonú con los países ACP, así como en nuestra Comunicación sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo.

Numerosos proyectos de ayuda al comercio y desarrollo apoyan al comercio justo: proyectos de desarrollo con un valor superior a los 4 millones de euros en 2003, y que va en aumento. Consisten principalmente en el apoyo a las actividades de las ONG, pero también en la ayuda directa a la armonización de las normas laborales. También participamos en actos sobre comercio justo.

Uno podría argumentar que mientras el comercio justo ayuda a lavar la conciencia de los que compran dichos productos, otros continúan, no obstante, explotando a los necesitados. Este argumento no me convence. El comercio justo no es la panacea para todos los problemas de los productores pobres, ni implica necesariamente que por no comprar ni consumir productos de comercio justo esté uno explotando a los pobres.

Lo que hace falta para hacer frente a la pobreza y mejorar el desarrollo es un marco político general y coherente. Esto es lo que hemos de desarrollar y conceptuar, y este informe contribuirá a ello.

El comercio justo es privado y se limita a los productores participantes, mientras que los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU son para todos. Así, el comercio justo es particular y concreto, mientras que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son generales y amplios, pero existe una interrelación clara entre los dos. El objetivo es diferente para una persona y para la acción política de la UE.

Una persona hace una elección personal. Esta persona tiene derecho a realizar dicha elección. Esto no puede traducirse de forma automática en una política más amplia. El consumidor particular mira un paquete de café, como corresponde. Los responsables de la formulación de políticas, por otra parte, han de tener en cuenta al sector en su conjunto y nuestras obligaciones con el sector en su conjunto.

Necesitamos una solución completa y pública: una solución que no debe limitarse, por tanto, únicamente al comercio justo. Como el informe indica correctamente, hay otros operadores distintos de los del comercio justo y que pueden obtener resultados similares a los que obtienen los que sí lo hacen, que tienen el mismo potencial de crecimiento y que pueden influir en la elección del consumidor y los regímenes de comercio internacional. Deberíamos utilizar todo el potencial de todas las iniciativas creíbles para apoyar la sostenibilidad. Esa debería ser nuestra prueba de fuego. ¿Ayuda, contribuye, hace avanzar la sostenibilidad? Si la respuesta es sí, esto debería orientar nuestra respuesta y nuestra actitud al respecto.

Ampliando los compromisos adquiridos anteriormente, deseamos explorar con nuestros socios el uso de acuerdos de asociación económica con los países ACP, así como otros acuerdos comerciales, para incluir incentivos concretos destinados a mejorar el acceso al mercado de los productos de comercio justo. Ahí es donde creo que podemos defender nuestro interés y nuestro compromiso de la forma más beneficiosa.

Resulta muy útil, por tanto, que el informe señale el peligro de una legislación nacional inadecuada en el ámbito del comercio justo. Conozco algunas iniciativas en curso que pueden perjudicar la posición que ha alcanzado ya el comercio justo. Hemos de ser vigilantes con ellas y comprobar, por tanto, si no es mejor adoptar un planteamiento más coherente y común con el fin de obtener las mayores ventajas para el comercio justo.

A la inversa, una adhesión demasiado firme al planteamiento concreto que representa el comercio justo supondría el riesgo de discriminar otros sistemas, algunos de ellos identificados en su informe, que tienen resultados similares y que podemos y debemos apoyar.

Tiene usted razón en cuanto a la necesidad de proteger a los consumidores; la cuestión es cómo. Considero que el papel de la política es garantizar que los mensajes que se ofrecen a los consumidores sean precisos y transparentes, por lo que me alegra que esto también se destacara en el informe. Ya contamos con una protección frente a las afirmaciones engañosas, pero puede que nos planteemos ir más allá y contribuir a que el consumidor participe de forma activa en la ética de la producción.

Creo que se puede ofrecer mejor información sobre los regímenes de declaración en general, y ya se está trabajando al respecto. Voy a solicitar a mis colaboradores que estudien cómo se refuerza la sostenibilidad a través de diferentes sistemas de certificación y garantía, incluido el del comercio justo.

Estudiaremos todas las recomendaciones hechas en este informe y, por supuesto, mantendremos informado al Parlamento de los progresos futuros. Necesitamos dialogar con el Parlamento de forma continua. Por tanto, me alegra que este informe proporcione el marco, tanto para el diálogo como para el modo en que podemos, debemos y nos proponemos ampliar nuestro compromiso en este terreno.

Para concluir, quisiera dar nuevamente las gracias al ponente por la calidad de este informe.

  Jörg Leichtfried (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, antes que nada felicito al ponente, el señor Schmidt, quien ha tratado el problema de una forma muy objetiva y lo ha sometido a votación con buen resultado. Aunque este tema ha sido debatido en la Comisión y el Parlamento en numerosas ocasiones, siempre existe la necesidad de emprender más acciones con vistas a que el comercio justo pueda seguir avanzando eficaz y satisfactoriamente. Lo que importa es que se establezcan los criterios y normas centrales sobre cuya base debe desarrollarse el mercado. Sin embargo, en lo que respecta a este joven sector, hay que tener en cuenta el hecho de que las directivas precipitadas siempre implican el riesgo de comportar una armonización esquemática y un exceso de regulación.

Con un 60-70 % del total de ventas, Europa es el mayor mercado de venta de los productos de comercio justo y opino que ofrece mayores oportunidades de crecimiento. A este respecto, un asunto que me preocupa especialmente son los municipios, pueblos y ciudades, los Estados federados alemanes y otros organismos administrativos regionales, a los que se recuerda y solicita una y otra vez que consideren los productos de comercio justo en sus licitaciones públicas y que los utilicen en diversos actos.

A pesar de la escasa diversidad de productos de comercio justo, a menudo los consumidores no están seguros de si el producto designado como tal es, para empezar, verdaderamente de comercio justo. Cuanto más crezca este mercado, mayor será la incertidumbre. Por tanto, puede que debamos pensar en un logotipo europeo para el comercio justo en el futuro.

Para los productores de bienes de comercio justo solicito una estructuración de los precios que garantice su existencia, unas condiciones justas de producción y el cumplimiento de las normas ambientales en el contexto del desarrollo sostenible. El comercio justo debe estar indisolublemente vinculado a normas laborales clave. Ahora que hemos logrado crear unas condiciones generales positivas para el desarrollo y el fomento del comercio justo, como europeos podemos asumir la importante función de guía en este terreno.

  Filip Kaczmarek, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señora Presidenta, doy las gracias y felicito al señor Schmidt por este informe y por su intervención tan interesante sobre el comercio justo. El comercio justo puede representar una contribución positiva al desarrollo de los países pobres al asegurar mejores condiciones para los productores y sus familias, a la vez que facilita el acceso a los mercados mundiales y estimula el desarrollo sostenible. Deseo llamar su atención sobre algunos puntos del texto que son problemáticos, dado el contenido sustancial del informe.

Primero, en mi opinión, el informe confunde a veces la idea de comercio justo con el comercio leal en sentido general. Este texto será el primero en la historia de la legislación europea en abordar el sector del comercio justo con un informe sobre bienes etiquetados con el logotipo de comercio justo y comercializados como tales. El objeto del informe debería haber sido el etiquetado de productos para que los principios rectores del comercio justo no se vean distorsionados a costa de los consumidores que quieren comprar este tipo de productos.

El informe trata del sector del comercio justo. Sin embargo, y haré hincapié en esto, el informe que debatimos no es un informe sobre el comercio leal en el sentido de hacer que el comercio internacional sea más justo. Es evidente que el comercio leal es otra cosa. Existe el intento de hacer que todo el comercio sea más justo y este asunto ya se ha abordado en otras muchas resoluciones e informes del Parlamento Europeo.

Por este motivo, en mi opinión, referirse al Acuerdo de Cotonú en este contexto no es adecuado, ya que dicho acuerdo trata del comercio leal y no del comercio justo. Asimismo, creo que la fijación de precios es un asunto dudoso y los comentarios al respecto no nos ayudarán a evaluar el informe en su conjunto.

  Linda McAvan, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señora Presidenta, anoche me llevó a casa un taxista de Ghana. Creo que era uno de los pocos que estaban trabajando, a causa de la excitación provocada por la Copa mundial de Fútbol. Le pregunté si le gustaba vivir en Francia. Me contestó que estaba bien, pero que echaba de menos Ghana. Aquí en Francia, tres de sus hijos han podido ir a la universidad, cosa imposible de imaginar en Ghana.

El año pasado visité Ghana. Las palabras del taxista me confirmaron lo que yo había visto allí. Fui al norte de Ghana a reunirme con cultivadores de tomate y arroz. No podían ganarse el sustento diario y, por tanto, no podían enviar a sus hijos a la escuela ni tener acceso a asistencia médica. Al mismo tiempo, en los mercados del norte de Ghana había arroz subvencionado por los Estados Unidos y productos de tomate procesados en la UE más baratos que los productos locales.

En el mismo viaje visité a los cultivadores de cacao de comercio justo del centro de Ghana. Desde luego, no eran ricos, pero se les pagaba un precio sostenible y tenían un contrato de larga duración para su producto. Por tanto, podían acceder a la asistencia médica, había una escuela para sus hijos y la prima del comercio justo suponía que había una inversión para el agua en sus pueblos. Comprobé las mismas diferencias entre los agricultores de comercio justo y los que no lo eran en plantaciones de plátanos de la Comunidad de Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Queremos precios justos para los agricultores de los países en desarrollo. Esperamos que la OMC consiga un sistema más justo, pero mientras tanto necesitamos un comercio justo de verdad. Me complace escuchar que la Comisión va a apoyarlo.

Con respecto a las etiquetas, es cierto; se están desarrollando otras etiquetas éticas. Algunas de ellas son muy buenas, pero tenemos que tener mucho cuidado. No podemos tener un comercio justo de rebajas. A medida que el mercado crece, existe la tentación de que cada vez más participantes aspiren a una etiqueta ética sin querer pagar el precio real. Por tanto, hemos estar atentos sobre a quién apoyamos y hemos de asegurarnos de que las etiquetas sean realmente éticas. El comercio justo tiene que ver con el precio y la sostenibilidad. Tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de hacer frente a la pobreza.

  Sajjad Karim, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a nuestro ponente, el señor Schmidt, por elevar los criterios y con ellos nuestras ambiciones. Estoy convencido de que todos nos beneficiaremos mucho si seguimos sus recomendaciones. También acojo favorablemente las opiniones expresadas por la Comisión. Estoy seguro de que nuestro planteamiento de colaboración tendrá resultados muy positivos.

Es especialmente importante porque en la actualidad buena parte de nuestros alimentos y bebidas proceden de los países en desarrollo, en los cuales a los agricultores y trabajadores les resulta cada vez más difícil ganar un sueldo decente. En nuestro mercado mundial, el uso de marcas o etiquetas reconocidas internacionalmente, en las que los consumidores puedan confiar, es una contribución lógica y significativa a las mejoras económicas y sociales en todo el planeta. Gracias al uso de un etiquetado claro, las personas están empezando a darse cuenta de que pueden hacer algo para solucionar el problema de la pobreza internacional. La sencilla decisión de comprar productos con la marca de comercio justo puede tener un efecto enorme, garantizando que los productores y trabajadores reciban unos salarios más justos y sus condiciones laborales sean mejores, y puede marcar una diferencia crucial en su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus familias.

En los cinco últimos años, el Reino Unido ha demostrado contar con las estructuras de comercio justo más dinámicas de todos los Estados miembros, y es el mercado de comercio justo que más rápido crece del mundo. El 87 % de la población británica, una cifra impresionante, preferirían comprar productos de empresas que hacen algo positivo por la comunidad. Cuando se les preguntó por productos de esta categoría, el 27 % indicaron expresamente los productos de comercio justo. Esta cifra podría y debería ser mucho más alta, y es tarea de todos los diputados a esta Cámara responsables divulgar las ventajas de este proyecto necesario.

En mi circunscripción del noroeste estamos decididos a promover la igualdad y el desarrollo sostenible siempre que sea posible. Garstang, en Lancashire, fue la primera localidad en conseguir el reconocimiento de comercio justo en 2001. Trece localidades del noroeste, incluidas las importantes ciudades de Manchester, Lancaster y Liverpool, han seguido después. Kendal fue el primer distrito municipal de comercio justo y ahora el Consejo de Lancashire se ha propuesto convertirse en el primer condado de comercio justo.

Al igual que en el Parlamento Europeo, los productos de comercio justo están disponibles en muchas oficinas del Consistorio, el té y el café que se sirve en las reuniones es de comercio justo, y se han desarrollado jornadas de sensibilización para informar a los empleados sobre las ventajas del comercio justo.

  Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) En un momento en que las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio llegaron una vez más a un punto muerto, es positivo ver que esta Cámara debate un informe sobre el comercio justo. Sabemos que todavía es una gota en el océano desde el punto de vista de la economía mundial y que un millón de trabajadores rurales se benefician de él en la actualidad. Esta cifra puede parecer alta, pero la verdad es que tampoco son tantos. La Unión Europea debe comprometerse por ello a promover el comercio justo, aunque solo sea para aliviar su conciencia de una Política Agrícola Común que extiende el hambre y la pobreza en los países del sur. El comercio justo podría se un tanto a su favor, señor Comisario. Otras personas, agricultores, redes de comercialización y consumidores exigentes podrían insuflar nueva vida al comercio justo.

El señor Schmidt ha presentado algunas propuestas positivas, especialmente la reducción del IVA y la anulación de los derechos de importación, aunque el aspecto positivo del informe radica en otra parte: muestra el camino adelante y un principio de esperanza. Con el comercio justo, el mundo podría ser un lugar mejor.

  Eoin Ryan, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señora Presidenta, antes de nada quisiera dar las gracias al ponente por este informe excelente y que esperábamos desde hace tanto tiempo.

El comercio justo consiste en pagar a los productores pobres un precio justo y ayudarles a mejorar las aptitudes y el conocimiento necesarios para que desarrollen su negocio y logren salir de la pobreza. Coincido con el Comisario en que no es la única solución, sino parte de la solución.

Los consumidores que eligen productos con la certificación de comercio justo desempeñan un papel crucial a la hora de reducir la pobreza y apoyar a los productores marginados de una forma que promueva la dignidad y la autosuficiencia. Las nuevas cifras publicadas hoy muestran que las ventas mundiales de productos certificados de comercio justo alcanzaron los 1 100 millones en 2005. Esto supone un aumento del 37 % con respecto a 2004. El mensaje está claro: los consumidores están encantados de apoyar el comercio justo. Para generar mayores ventas de productos de comercio justo y beneficiar así a más productores marginados, es importante conseguir la participación de los fabricantes comerciales y fomentar el suministro de productos de comercio justo a los supermercados, donde hacen la compra la mayoría de las personas.

El notable crecimiento mundial del comercio justo en 2005 también muestra que cada vez más productores, comerciantes y proveedores confían en la marca que certifica el comercio justo y desean entrar a formar parte del sistema. Sin embargo, el próximo reto será garantizar que se mantengas el nivel de calidad de dicha certificación.

Hace poco estuve en Guatemala con Trocaire, una ONG irlandesa. Durante nuestra estancia visitamos el área de cafetales de Claremont, donde 50 familias que habían vivido y trabajado allí durante tres generaciones, en unas condiciones que solo pueden calificarse de feudales, fueron expulsadas de su tierra porque la propietaria, que además es cuñada del Presidente del país, decidió que no los quería allí y quería cambiar lo que estaban haciendo. Son un grupo de personas que desean crear una cooperativa para producir café conforme al sistema de comercio justo. Saben cómo producir café; como he señalado, llevan generaciones haciéndolo. Quiero que conste que he hablado en esta Cámara de la difícil situación de estas personas en Guatemala, porque creo que es del todo escandaloso que todavía hoy en día se pueda tratar a personas de esta forma.

El comercio justo no consiste únicamente en vender y comprar, consiste en hacer justicia a las personas de todo el mundo.

  Christofer Fjellner, (PPE-DE). – (SV) Señora Presidenta, señor Comisario, estoy a favor del comercio justo. Para mí significa comercio justo, comercio sin aranceles ni cuotas en un entorno en el que se respeta el espíritu de libre empresa y el derecho a la propiedad. En parte este informe tiene una perspectiva diferente a la mía, y en ocasiones parece que se esfuerza por lograr lo contrario.

Este informe combina dos tipos diferentes de comercio justo. Cuando las empresas y las organizaciones definen lo que piensan que es justo y ofrecen al consumidor productos elaborados según dichos criterios, estamos ante una demostración de poder del consumidor, lo que está muy bien.

El otro tipo de comercio justo es cuando los políticos intervienen en una relación comercial voluntaria y establecen condiciones y precios que consideran justos, de forma que puedan llamar a esto comercio justo. Para mí, esto es socialismo y algo muy negativo. El informe propone dar a las empresas de comercio justo un fundamento jurídico propio y establecer objetivos y criterios políticos. Esto significa tomar el poder del consumidor, que es tan importante, y convertirlo en algo parecido a una economía socialista planificada. Me sorprende que tantos diputados consideren este punto deseable.

A pesar del hecho de que el etiquetado de comercio justo sea una expresión del poder del consumidor y algo muy positivo, concluyo haciendo un llamamiento a todos, tanto políticos como ciudadanos, para que sigan siendo consumidores críticos, especialmente en lo relativo a los bienes que llevan la etiqueta de comercio justo. A menudo se destina más dinero e influencia a organizaciones controladas por la ideología de izquierdas y una oposición al libre mercado que a los países verdaderamente pobres y subdesarrollados. Los zumos de naranja Tropicana y Dole contribuyen probablemente más al desarrollo y a la lucha contra la pobreza que, verbigracia, el ejemplo que aquí tenemos de Oxfam.

El cariño irreflexivo del Parlamento Europeo por Oxfam representa en sí mismo un buen ejemplo del alocado curso que pueden tomar las cosas cuando no somos críticos al aceptar los productos de comercio justo. El zumo de naranja de Oxfam vendido aquí en el Parlamento, por ejemplo, viene de Cuba. Hasta que alguien me explique cómo se puede denominar comercio justo a un zumo producido por el Estado y cuyo dinero de su venta va a parar a manos de una dictadura comunista, exijo que todos los productos de Oxfam sean retirados de la gama de artículos ofrecidos en el Parlamento, porque eso no es comercio justo.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señora Presidenta, deseo transmitir mis felicitaciones al ponente, así como al ponente de opinión. Estamos ante un informe excelente. Con algunos oradores, tengo la impresión de que no han leído el informe y que están dando lecciones que han traído preparadas de sus foros políticos.

Independientemente de si se trata de comercio justo o de comercio leal, en mi opinión es muy importante que se preste atención al hecho de que la etiqueta «comercio justo», en las condiciones pertinentes, pueda ser un modelo para el mercado mundial. Me pregunto por qué algunas personas en esta Cámara tienen tanto miedo a la justicia en el mercado mundial. Si el sistema del comercio mundial estuviera estructurado de forma más justa, nos ahorraríamos numerosos debates sobre la política de inmigración y desarrollo.

Hace dos semanas mantuvimos conversaciones con empresarios de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) durante la celebración de una reunión parlamentaria en Viena. Los representantes de estos pequeños empresarios nos describieron la función tan fundamental que desempeña la etiqueta «comercio justo» en sus regiones. Asimismo, manifestaron que si el comercio internacional en su totalidad se moviera más en esta dirección, representaría un buen ejemplo y supondría una solución al problema en sus regiones. También se hizo referencia a la enorme influencia de la producción del comercio justo para combatir la pobreza en general y, en concreto, de las mujeres.

Es importante que dejemos esto claro. Espero que aprobemos el informe del ponente para apoyar de forma enérgica tanto la etiqueta de «comercio justo» como el comercio justo como tal.

  Fiona Hall (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, quisiera mostrar mi agradecimiento al señor Schmidt por su excelente informe. El comercio justo es todo un éxito. El valor de los productos de comercio justo vendidos en el Reino Unido se ha multiplicado por dos entre 2002 y 2004, y algunas marcas de café y té de comercio justo han pasado a ser nombres muy conocidos.

Se calcula que cada día en el Reino Unido se consumen tres millones de bebidas calientes con la certificación de comercio justo. Tradecraft, la mayor organización de comercio justo del Reino Unido, está establecida en Gateshead, en mi circunscripción. Estoy orgullosa del gran momento que vive el comercio justo actualmente en el noroeste de Inglaterra, donde cada vez más lugares se inscriben como localidades de comercio justo.

Sin embargo, aunque el comercio justo aumenta en muchos lugares, está mucho menos desarrollado en algunos Estados miembros que en otros. El apoyo que la UE brinda al comercio justo a través de campañas de sensibilización e información puede ayudar a que el comercio justo despegue en toda Europa. Una modesta promoción del comercio justo produciría un crecimiento importante en el mercado de los productos de comercio justo y una reducción importante de la pobreza en los países productores.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la distribución más justa de los beneficios de la globalización y la incorporación más eficaz de los países en desarrollo al sistema económico mundial constituyen los retos primordiales de la comunidad mundial.

A nadie le cabe duda de la aportación tan positiva que tienen las iniciativas de comercio justo y los programas para el desarrollo socioeconómico sostenible de los países en desarrollo.

Es un hecho bien conocido que la Unión es uno de los mercados más abiertos del mundo, especialmente gracias a la iniciativa «todo menos armas» en favor de los países menos desarrollados, además del trato preferente de otros países en desarrollo.

A pesar de ello, el libre acceso no es todo lo que se necesita. También necesitamos un acceso más equilibrado y una redistribución de los recursos entre los exportadores competitivos y los pequeños productores. Además, necesitamos combatir el dúmping social y ecológico.

Las concesiones realizadas por la Unión y su política de desarrollo deben dirigirse especialmente a países vulnerables, sobre todo los más necesitados. Resumiendo, no tiene sentido abrir el mercado europeo en beneficio de los grandes exportadores de los países en desarrollo en detrimento de los productores pequeños y medianos de Europa. El desarrollo de los sistemas de comercio justo y el fomento de productos que cumplan elevadas especificaciones sociales y ambientales son incluso más importantes, a la luz de la ausencia de estoas cuestiones en las negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio.

Para concluir, felicito al ponente, el señor Schmidt, por su contribución cualitativa al debate sobre la normativa relativa al comercio justo.

  Glenys Kinnock (PSE). – (EN) Señora Presidenta, me parece muy bien el compromiso mostrado con estos asuntos por parte del Comisario, así como sus intentos de hacernos entender claramente que va más allá de simplemente disfrutar de unos chocolates de Oxfam.

Quisiera señalar también que, al igual que la señora McAvan, tengo muchas experiencias con los países en desarrollo, como por ejemplo Uganda, donde el año pasado conocí a un agricultor que tenía un kilo de granos de café a la venta por 150 chelines ugandeses. Poco después, pagué 1 000 chelines ugandeses por una taza de café. Este el tipo de injusticia al que se enfrenta el movimiento del comercio justo.

Mi país, Gales, ha votado ya a favor de convertirse en un modelo de práctica de comercio justo. Esta semana, nuestro Primer Ministro anunció propuestas para convertir a Gales en la primera nación de comercio justo. Actualmente estamos esforzándonos por promover la sensibilización en torno a las cuestiones relacionadas con el comercio justo entre la población galesa. Esto implica trabajar en las universidades, las escuelas, el sector del voluntariado, en las asociaciones empresariales y en otros ámbitos, así como hacer que nuestra población se conciencie más.

Creo que en 2007 Gales se convertirá en una nación de comercio justo y, como otros han señalado, nuestro apoyo al comercio justo cambiará enormemente las vidas de infinidad de personas pobres y será nuestra contribución para hacer que la pobreza pase a la historia.

  Wiesław Stefan Kuc (PSE). – (PL) Señora Presidenta, apoyo sin reservas el informe del señor Schmidt y la propuesta de resolución del Parlamento Europeo.

Al resumir los documentos, puedo manifestar que el comercio justo no es simplemente lograr precios justos y acceso a los mercados. Tampoco implica exclusivamente tratar de aumentar los niveles de bienestar social, erradicar la pobreza, facilitar ayuda tecnológica y generar conocimientos. También implica prestar atención a la situación socioeconómica de los productores y sus comunidades locales. Por este motivo, en nombre de los miembros del grupo de trabajo del Parlamento sobre la destrucción de las reservas de plaguicidas obsoletos y las organizaciones no gubernamentales que colaboran con nosotros, deseo llamar su atención sobre el problema que suponen las docenas de miles de toneladas de plaguicidas obsoletos acumulados en países africanos, los antiguos Estados soviéticos, Estados miembros de la Unión Europea y países candidatos a la adhesión. Estos plaguicidas son una grave amenaza para el desarrollo. Restringen la producción de alimentos sanos y, debido a ello, afectan a la posibilidad de dichos países de participar en el comercio.

Ayudemos a esos países a eliminar la raíz de dicha amenaza.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, este ha sido un debate importante y esclarecedor que enviará un mensaje claro a los ciudadanos de toda Europa que desean que el comercio esté al servicio del desarrollo de una forma más eficaz.

Solo porque los sistemas de comercio justo no sean la panacea, esto no significa que no debamos apoyarlos. Solo porque no sean una solución completa, eso no debería ensombrecer el hecho de que suponen una contribución importante a la solución global que deseamos para que el comercio esté al servicio del desarrollo, para que podamos resolver la pobreza en el mundo. Por este motivo, este informe y este debate nos permiten adoptar una posición y enviar un mensaje, principalmente porque cada vez hay más interés y preocupación por parte del público en general. Creo que la intervención del señor Karim ha ilustrado especialmente bien el aumento de la actividad, la opinión pública y la concienciación. Nosotros, como políticos, tenemos que expresar y reflejar esa opinión y encontrar maneras para hacer que se extienda.

Por todas esas razones, porque los consumidores son cada vez más conscientes y desean tomar decisiones con conocimiento de causa, esto se traduce en una presión para que los operadores, productores y comerciantes dominantes se esfuercen por satisfacer las expectativas y la calidad que demanda el público. Y también se traduce en una presión para que los Gobiernos actúen para contribuir a elevar el nivel de calidad y aumentar la sensibilización y la información. Por tanto, este es un círculo «virtuoso» al que deberíamos contribuir.

Por supuesto, lo que funciona en el contexto privado y lo que funciona en una elección concreta de un consumidor no se traducen de forma clara o automática en una política pública recomendada. Eso es evidente. Como tampoco sucede que un sistema de comercio justo o una marca de comercio justo concretos otorguen a dicho sistema o dicha marca el derecho exclusivo de aprobación. Hay otras organizaciones y ONG, como por ejemplo Rainforest Alliance, que ofrecen muchas de las mismas ventajas ambientales y sociales trabajando en colaboración con empresas establecidas. El reto político clave consiste en obtener el máximo de todos estos esfuerzos, no en identificar algunos para discriminar a unos de otros de forma inconsciente e involuntaria.

Quisiera volver a comprometer a la Comisión a trabajar con las ONG en este ámbito y acogemos de buen grado el apoyo del Parlamento. Hay un trabajo más amplio dirigido por el señor Michel sobre el cambio en el abastecimiento de materias primas, mediante el cual planeamos apoyar la creación de un portal de Internet que sirva de centro de intercambio de información sobre los sistemas de garantía de consumo de todo tipo.

Hay otras ideas y propuestas que me gustaría volver a proponer en la Comisión y estudiar con mis colegas. Tenemos que establecer buenos modelos que proporcionen mayores niveles de calidad. Y eso es en lo que estamos todos comprometidos y en lo que espero seguir trabajando con el Parlamento.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy.

5. Resultados de las reuniones de la OMC a finales de abril en Ginebra y perspectivas futuras (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (0-0036/2006/rev.1 – B6-0314/2006) del señor Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, a la Comisión, sobre los resultados de las reuniones de la OMC celebradas en Ginebra a finales de abril y perspectivas futuras.

  Enrique Barón Crespo (PSE), autor. – (ES) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el resultado de la reunión ministerial de la OMC celebrada en Ginebra del 29 de junio al 1 de julio es una clara decepción. Fuimos a Ginebra la semana anterior a celebrar la reunión del Comité Director de la Asamblea Parlamentaria de la OMC que hemos creado con la Unión Interparlamentaria. El Director General, señor Lamy, nos dijo que era la hora de la verdad y nos hemos encontrado con que el resultado es, como él mismo ha dicho, que estamos en crisis.

Los chinos –y yo creo que puede aplicarse a la situación actual de la OMC– tienen un símbolo para designar la idea de crisis: la parte superior significa «peligro de muerte» y la parte inferior, «oportunidad». Creo que estamos en una situación en la que lo que está en juego es la continuidad de la OMC como una plataforma multilateral para consolidar el comercio mundial, el proceso de globalización, para no encontrarnos con que la OMC fracasa y volvemos a unos planteamientos bilaterales, que pueden ser interesantes en un marco multilateral, pero que, como alternativa, a largo plazo serían absolutamente destructivos.

Nos encontramos en esta situación y, además, el tiempo corre y se va agotando en relación con la autorización otorgada por el Congreso de los Estados Unidos al Presidente de este país para negociar, lo que se conoce con el nombre de Trade Promotion Authority.

Al respecto tengo que decir que creo que a estas reuniones se va a negociar. No es el mejor método el que escogió la recién nombrada señora Schwab, la US Trade Representative: reunirse en Capitol Hill y hacerse una foto antes de salir con 56 senadores y con los representantes de la American Farm Bureau Federation, que es el lobby agrícola más importante. Eso puede ser válido para ir a jugar el Mundial de fútbol pero no es el mejor método para ir a una negociación de este tipo. Creo que tenemos que recordárselo a nuestros colegas, los congresistas de los Estados Unidos.

El hecho es que nos encontramos en esta situación y se le ha dado un mandato al Director General, señor Lamy, para tratar de encontrar la concreción de las modalidades en relación con los acuerdos que se consiguieron en Hong Kong. En este sentido, entiendo que se le pide al señor Lamy que, a través de la diplomacia viajera –no de una misión de exploración– pueda encontrar una vía de salida mediante lo que en las instituciones de la Unión Europa conocemos como el sistema del confesionario, es decir, tratar, a través de encuentros bilaterales con los interlocutores, de hablar de las cosas que en una mesa, sea la de la green room o la de la reunión general, nadie se atreve a plantear. Sobre todo, porque, en el momento en que se pone algo encima de la mesa, ya no forma parte de la negociación, sino que es algo adquirido. En este sentido, creo que hay que continuar apoyando este proceso.

Desde el punto de vista del Parlamento, como sabe el Comisario, señor Mandelson, nosotros estamos siguiendo de una manera muy directa el proceso: una delegación del Parlamento viajó a Ginebra, después de hacerlo la semana anterior a la Asamblea.

Tengo que decir que hemos conseguido una entrevista con la Presidencia del Consejo, la saliente y la entrante, aunque no sea lo que conseguimos en Cancún, que fue hablar con la Comisión 133, y que nuestra colaboración con la Comisión ha sido muy positiva, tanto con el Comisario Mandelson, como con la Comisaria Fischer Boel. No solamente nos han dado informaciones importantes, sino que también hemos podido colaborar conjuntamente, tendiendo puentes y celebrando entrevistas. Tengo que señalar que incluso, en el edificio del Consejo, nos ofrecieron un café excelente.

Le toca ahora al Comisario explicarnos por qué no se pudo progresar, sobre todo, partiendo de la agricultura y del NAMA, los otros productos, y también en qué medida podemos avanzar en los servicios. Asimismo, creo que tendría interés que el Comisario nos explicara en qué términos se ha mantenido dentro del mandato, porque es una de las críticas que se le han hecho y que yo supongo que se le harán.

Creo que ha actuado bien, pero, en todo caso, señora Presidenta, estas son las preguntas que hago en nombre del Parlamento Europeo.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, entre los días 29 de junio y 1 de julio, la señora Fischer Boel y yo asistimos a las reuniones ministeriales en Ginebra sobre las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha. También nos reunimos y mantuvimos contactos con los diputados al Parlamento Europeo que estuvieron presentes en Ginebra durante esos días. Quisiera expresar mi agradecimiento a los distinguidos diputados a esta Cámara por su esfuerzo y su compromiso, algo que la Comisión aprecia enormemente.

En las reuniones ministeriales no se alcanzó ningún acuerdo sobre los principales parámetros de la reducción arancelaria y el recorte en las subvenciones en agricultura y bienes industriales, las denominadas modalidades del acuerdo que son necesarias para pasar a la siguiente fase de las conversaciones.

Nos reunimos en varias ocasiones con los Ministros del Grupo de los Seis, es decir, nosotros en Europa, los Estados Unidos, Brasil, la India, Japón y Australia. También nos reunimos según el formato de la «sala verde», con 30 Ministros, y en el Comité de Negociaciones Comerciales, en donde se dan cita la totalidad de los miembros de la OMC. A pesar del número de encuentros y reuniones ministeriales, los encuentros fueron francamente mejores que la calidad de las negociaciones que hubo en los mismos.

Asistimos a las conversaciones destacando la conformidad de la UE con el principio, expresado previamente por el señor Lamy, de que para llegar a un acuerdo son necesarios recortes reales en las subvenciones agrícolas por parte de todos, y recortes reales tanto en el acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas; reducciones arancelarias reales. A continuación, indicamos que para conseguir esa base de acuerdo, por nuestra parte estaríamos dispuestos a dar un paso y aproximarnos al nivel recortes medios en los aranceles agrícolas propuesto para países desarrollados por el G20, siempre y cuando otros actuaran de forma similar, con objetivos parecidos en otras áreas de negociación.

Dejamos claro a nuestros socios que no estaríamos dispuestos a aceptar todas las demandas del G20, especialmente la que se refiere a la estructura de los recortes. Presionamos duramente para establecer una correspondencia clara entre el esfuerzo que haríamos nosotros en el acceso a los mercados agrícolas y el esfuerzo que tendrían que hacer los Estados Unidos, por su parte, en el recorte de las subvenciones nacionales próximo a los niveles de recorte medio del G20 realizados por nosotros, y que coincidirían con los recortes cercanos al G20 de las subvenciones causantes de distorsión por parte de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos fueron el único de los principales interlocutores que se negó a considerar un avance en este sentido, y rechazaron que pudiera producirse algún avance en este punto de llegada. De hecho, exigieron nuevos avances importantes por parte de otros a fin de mantener solo su oferta actual, que todos los demás consideran insuficiente.

También dejamos claro que, si se identificase un punto de acuerdo en las negociaciones en cuanto a la agricultura, solo variaríamos nuestra posición hasta nuestro límite máximo de flexibilidad si obtenemos un resultado justo en el acceso a los mercados no agrícolas, lo que exige reducciones de los aranceles de los países desarrollados y los países en desarrollo avanzados. Esto es, desde el punto de vista económico, posible y, diría yo, hasta deseable para estos países en desarrollo, y esencial desde el punto de vista político tanto para nosotros como para otros países desarrollados. La falta de disposición de Estados Unidos para comprometerse desanimó a los países en desarrollo a hacer avance alguno o mostrar algo de flexibilidad por su parte.

Por tanto, las conclusiones de la reunión se centraron en el tratamiento político de nuestra incapacidad de alcanzar un avance significativo. Todos los miembros reiteraron su disposición a lograr un acuerdo durante este verano. Así las cosas, los miembros del G6 primero, con el apoyo después del resto de miembros del Comité de Negociaciones Comerciales, pidieron al Director General, Pascal Lamy, que intensifique las consultas y actúe como catalizador para crear una base para el acuerdo en las próximas semanas. No se le ha pedido que se convierta en autor del acuerdo final o que ofrezca un texto al estilo del de Dunkel, como el anterior Director General al término de la Ronda de Uruguay, sino que use sus buenas artes de intermediario para que aflore un acuerdo final. Esto exigirá un compromiso muy activo por nuestra parte, con él y con los principales interlocutores en los próximos diez o quince días.

En función de los progresos realizados, es posible que los Ministros tengan que reunirse de forma similar a finales de julio o antes para adoptar decisiones clave sobre las modalidades, así como para confirmar los avances producidos en otras áreas clave de la ronda, por ejemplo, el paquete de desarrollo, los servicios y las normas.

No se descarta la posibilidad de que haya una reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno, de una forma u otra, para sacar adelante las negociaciones en torno a de la fecha de la reunión del G8 de dentro de diez días. Hay mucho en juego aquí y tendremos que trabajar muy duro y muy rápido en los próximos días y semanas. El fracaso de la Agenda de Desarrollo de Doha tendría consecuencias graves, especialmente para los países en desarrollo. Se trata de una oportunidad que no va a repetirse para abrir más los mercados, reducir las subvenciones, reforzar las normas de comercio internacional y contribuir de forma verdadera al crecimiento de los países más pobres del mundo. Por ello, esas negociaciones multilaterales siguen siendo la principal prioridad comercial de la UE. Ningún otro acuerdo o acuerdos bilaterales tendrían los mismos efectos o ventajas para todos.

A pesar de ello, nuestra agenda comercial va más allá de lograr un buen acuerdo de Doha. En los próximos meses, la Comisión definirá su compromiso de impulsar nuestros resultados competitivos tanto dentro como fuera de la UE, y que quedará plasmado después del verano en una comunicación global de la Comisión sobre los aspectos externos de la competitividad de Europa. Esta examinará cómo la futura política comercial puede contribuir a nuestras políticas de competitividad interna y cuáles son las tareas prioritarias para que desarrollemos nuevos mercados mundiales seguros para nuestras inversiones y comercio.

Incluirá un planeamiento estratégico nuevo con respecto al acceso a los mercados, incluyendo las barreras no arancelarias y el examen de nuestras relaciones políticas y económicas con China. Sin embargo, no se trata de una alternativa a la Agenda de Desarrollo de Doha: es una prolongación del buen final de esta ronda. Nuestra prioridad inmediata sigue siendo, por tanto, lograr el compromiso político necesario por parte de los Gobiernos, para negociar un final equilibrado y ambicioso de la Agenda de Desarrollo de Doha.

Por supuesto que vamos a tener muy en cuenta la dimensión social de la globalización. Los sistemas sociales modernos y una mejor calidad de vida no son opciones adicionales: forman parte de una fórmula para ofrecer una respuesta política duradera a la globalización, y este objetivo, más que ningún otro, sigue siendo el alma de mi mandato.

  La Presidenta. Pido a sus Señorías un poco de silencio. Les informo de que vamos a interrumpir el debate. Tenemos muchísimas votaciones, por lo que les ruego tengan comprensión.

(Se suspende el debate para proceder al Turno de votaciones, y se reanuda a las 15 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. TRAKATELLIS
Vicepresidente

6. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

6.1. Simplificación del IVA y lucha contra la evasión y el fraude fiscales (votación)

6.2. Asociación EU - Caribe para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo (votación)

6.3. Protección del personal sanitario europeo contra infecciones transmitidas por la sangre a raíz de heridas de jeringuilla (votación)

Antes de la votación:

  Konrad Szymański (UEN), ponente. – (EN) Señor Presidente, el Reglamento relativo al Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación es sumamente importante. Constituye una base fundamental para el trabajo y la asociación de la Unión Europea con nuestros países vecinos para fomentar las reformas políticas y económicas y contribuir a las mismas.

La votación de hoy llega tras un largo proceso de negociaciones de muchos asuntos muy complejos y detallados, que todas las partes acogieron con un espíritu constructivo. Me complace informarles de que se han aceptado muchas de las importantes enmiendas propuestas por el Parlamento. En consecuencia, el Reglamento es ahora más completo y más exhaustivo.

Las enmiendas que he propuesto ahora junto con los ponentes alternativos de los Grupos del PPE-DE y del PSE reflejan el objetivo común de garantizar un acuerdo en primera lectura. El proceso habitual de verificación del lenguaje jurídico debería resolver cualquier variación textual que falte partiendo de esta base. Hay pequeñas variaciones al texto en el apartado 1 del artículo 3 y en algunas de las enmiendas. Estas se pueden considerar meramente lingüísticas o técnicas y no afectan a ningún aspecto sustancial.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras explicativas antes de la votación del informe en nombre de la ponente, la señora Beer, que no ha podido estar hoy aquí, por lo que les transmito sus disculpas.

La señora Beer me ha pedido que agradezca a los coordinadores de los diferentes Grupos políticos, así como al Consejo y a la Comisión, su buena cooperación en las fructíferas negociaciones para alcanzar un pacto. Hoy votaremos un acuerdo de compromiso en primera lectura. Sin embargo, hay cinco acuerdos importantes que hemos alcanzado durante las negociaciones y que no se reflejan en las enmiendas que tienen delante de ustedes, pero que, no obstante, forman parte integral del compromiso logrado.

De ellos se ha dado cuenta en una carta de la Comisaria Ferrero-Waldner. Las enmiendas 108 y 112 tienen en cuenta los diversos documentos relativos a los siguientes asuntos. En primer lugar, la Comisión respondió a la petición del Parlamento de una participación reforzada en el ámbito político, que está más cerca de la fase de ejecución. La Comisaria Ferrero-Waldner ofreció la garantía formal de que la Comisión participaría de forma periódica en un diálogo con el Parlamento sobre el contenido de los borradores de los documentos de estrategia temática de países y regiones, y se compromete a tomar debida nota de la postura del Parlamento al ejecutar las estrategias propuestas, la «declaración sobre el control democrático».

En segundo lugar, con respecto a las medidas excepcionales de ayuda, la Comisión ofreció la garantía de considerar al Parlamento Europeo al mismo nivel que el Consejo, lo que implica informar al Parlamento de forma puntual sobre las medidas excepcionales de ayuda que haya adoptado.

En tercer lugar, la Comisión dio su palabra de que las medidas antiterroristas se basarán en el respeto total a los derechos humanos y la legislación humanitaria, y de que la Comisión participaría para garantizar el cumplimiento de estos principios realizando un seguimiento cuidadoso.

En cuarto lugar, debido a la petición del Parlamento y de la sociedad civil de una mejor coordinación de las capacidades de construcción de la paz de la UE, la Comisión acordó crear una Asociación para la construcción de la paz. La explicación por escrito de la Comisión también refleja la antigua petición del Parlamento de avanzar en la idea de un Cuerpo civil europeo de pacificación.

Por último, dados los importantes recortes financieros que sufrió el Instrumento de Estabilidad durante el curso de las negociaciones para las nuevas perspectivas financieras, la Comisaria Ferrero-Waldner confirmó por escrito la participación de la Comisión para garantizar recursos adicionales si fueran necesarios, a través de diversas opciones presupuestarias, incluida la reserva para ayuda de emergencia y el instrumento de flexibilidad.

Nuestro servicio jurídico nos ha pedido que indiquemos que todavía hay un número pequeño de variaciones lingüísticas y técnicas entre los textos aprobados por el Consejo y el texto recomendado para su aprobación hoy. Se trata una cuestión puramente técnica ligada al hecho de que, en un acuerdo en primera lectura, el proceso normal de revisión jurídica y verificación solo puede realizarse tras la votación. Sin embargo, cualquier variación debería tener totalmente en cuenta las intenciones de la Cámara.

  István Szent-Iványi (ALDE), ponente. – (HU) Señor Presidente, el propósito del instrumento de preadhesión consiste en garantizar un marco eficaz y transparente para la ayuda financiera, y en proporcionar una auténtica perspectiva europea a los Estados candidatos.

Hemos tenido en cuenta la experiencia adquirida durante las anteriores rondas de ampliación, con lo que hemos considerado los intereses de la Unión Europea y los requisitos y problemas específicos de los países candidatos. La adopción de este instrumento es especialmente importante en estos momentos en que Europa sufre apatía ante la ampliación. La adopción de este instrumento enviará el mensaje de que la construcción no se ha detenido, sino todo lo contrario. De todas formas, un buen instrumento requiere un presupuesto adecuado. El marco presupuestario no es nada generoso con los países candidatos. Esperamos que la revisión de 2008-2009 cree una oportunidad para rectificar este hecho.

Agradezco a los coponentes, el señor Dimitrakopoulos, el señor Lagendijk y la señora De Keyser, su ayuda y cooperación constructiva, y también doy las gracias a la Comisión por su contribución práctica y constructiva. Les pido que aprueben este instrumento.

  Elmar Brok (PPE-DE), presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (DE) Señor Presidente, deseo resaltar un elemento importante sobre el resultado de las negociaciones y, siempre que no haya objeciones, me gustaría también que constara en acta.

La Comisión y el Consejo han acordado que estos tres instrumentos estén sujetos a revisión antes de las elecciones europeas en 2009. En lo relativo a esta revisión, todos los derechos del Parlamento, incluido su poder de codecisión, deben conservarse para, de ese modo, facilitar la gestión práctica y flexible sin retrasos y para garantizar que el Parlamento tenga la oportunidad de efectuar comprobaciones. No obstante, también debe garantizarse la influencia del Parlamento cuando haya un proyecto el cual, en total durante su periodo de financiación, incluido el instrumento para el desarrollo, suponga alrededor de 43 000 millones de euros.

Agradezco en especial a los ponentes, la Comisión, la señora Comisaria y sus ayudantes su actitud tan cooperadora.

(Aplausos)

6.4. Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (votación)

6.5. Instrumento de Estabilidad (votación)

6.6. Instrumento de Preadhesión (votación)

6.7. Competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (Acuerdo interinstitucional) (votación)

6.8. Competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (modalidades) (votación)

6.9. Información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (votación)

– antes de la votación:

  Alexander Alvaro (ALDE), ponente. – (DE) Señor Presidente, aprovecharé esta oportunidad para manifestar mi enorme agradecimiento al señor Bullmann y al profesor Lauk, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, quienes se aseguraron de que la cooperación con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior fuese muy positiva y fructífera, y a la vez extiendo también mi más caluroso agradecimiento al Consejo y a la Comisión por su cooperación.

En nombre de mi Grupo, reitero que, a pesar del contenido de este informe, nos abstendremos cuando sea sometido a votación. El motivo es que existe una conexión muy estrecha entre el asunto que estamos abordando aquí y el debate sobre SWIFT que se está manteniendo en la actualidad. En concreto, porque tantas personas están preocupadas sobre la interferencia con los derechos fundamentales y sobre programas de los que el público carece de información, me habría parecido políticamente aconsejable esperar y ver el resultado de la investigación del caso SWIFT y, por este motivo, recomiendo a mi Grupo que se abstenga.

En lo que respecta al propio informe, el señor Lauk y el señor Bullmann tienen mi apoyo, y les agradezco a ambos Grupos su positiva cooperación.

(Aplausos)

– sobre las enmiendas 20, 22, 24, 103, 124 y 125:

  Udo Bullmann (PSE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo también deseo agradecer al señor Alvaro y al señor Lauk su cooperación tan positiva. Estamos muy de acuerdo en la creación de una base jurídica correcta, aunque, en la Unión Europea, no tenemos la visión de que lo mejor es aprobar una legislación que todo el mundo tenga que cumplir y que cada ciudadano pueda comprender. Sobre este pequeño aspecto –el único que nos divide– vamos a votar hoy.

Solo deseo que no haya nada que objetar técnicamente de este procedimiento. Existe una cierta conexión con el informe Corbett, que se acaba de aprobar, sobre el que se aprobó una enmienda presentada por el señor Radwan, con miras a modificar un único detalle técnico similar al que vamos a votar ahora. Esto no cambia nada el resultado, pero las enmiendas relacionadas con la comitología tienen un punto en su contra en todas las listas de votación: todos estamos de acuerdo con ellas; no se debe permitir que caduquen, sino que se deberían votar.

Permítanme informar a la Cámara de cuáles son estas enmiendas; le pido que permitan que se voten, aunque todos los Grupos que las han considerado las han marcado con un menos. Incluso así, necesitamos un procedimiento limpio si se deben equiparar la comitología y el informe Corbett con el acto jurídico que estamos promulgando.

Las enmiendas en cuestión son: 20, 22, 24, 103, 124 y 125, que van a ser sometidas a votación, y serán sometidas a votación aunque tengan un punto negativo; se trata de un compromiso político que los ponentes han aceptado.

6.10. Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (votación)

6.11. Información mutua sobre medidas en materia de asilo e inmigración (votación)

6.12. Modificación del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades (votación)

6.13. Consecuencias económicas y sociales de la reestructuración de empresas en Europa (votación)

6.14. Supuesta utilización de países europeos, por parte de la CIA, para el transporte y la detención ilegal de presos (votación)

– antes de la votación sobre la enmienda 15:

  Jas Gawronski (PPE-DE). – (EN) Quisiera modificar el título que precede al apartado 6. En lugar de «la mayoría de los cuales son supuestamente», debería decir «algunos de los cuales son supuestamente». La versión original contenía un error lingüístico.

– (El Parlamento acepta la enmienda oral)

– antes de la votación sobre la enmienda 6:

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, si los demás diputados me permiten, presentaré una enmienda oral a la enmienda 6, presentada por nuestro Grupo. De hecho, solo ayer, tras finalizar el plazo para presentar enmiendas, nos enteramos de los avances tan graves en la investigación italiana sobre el secuestro de Abu Omar. Nos parece lógico, justo y necesario actualizar el texto de la enmienda. Por tanto, en la enmienda 15, después de:

«dado que la organización estaba organizada»

se debe añadir:

«con la implicación de dos funcionarios de alto nivel del SISMI y efectuado con la ayuda de un carabiniere, como muestran los recientes avances en la investigación judicial».

Ruego a los demás diputados, incluidos los que no están de acuerdo en este asunto, que no impidan presentar esta enmienda oral, como hicimos anteriormente con el señor Gawronski, ya que describe la situación jurídica actual.

– (El Parlamento rechaza la enmienda oral)

– antes de la votación sobre la enmienda 1:

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, aunque se prevé la traducción del documento original a todos los idiomas, la enmienda 1 propone que se reduzca al inglés y francés. Propongo, a modo de compromiso, que se traduzca a los idiomas de los Estados miembros de la UE afectados por las investigaciones.

En mi opinión, es justo que se haga de esta forma, no solo para esta Cámara, sino también para beneficio de otras comisiones de investigación en – por ejemplo – otros Parlamentos.

(Aplausos)

– (El Parlamento acepta la enmienda oral)

6.15. Vigilancia de las transferencias de datos bancarios del sistema SWIFT por los servicios secretos estadounidenses (votación)

6.16. Integración de los inmigrantes en la Unión Europea (votación)

6.17. Desarrollo y migración (votación)

6.18. Comercio justo y desarrollo (votación)

6.19. SIDA, es hora de reaccionar (votación)

  El Presidente. – El turno de votaciones queda cerrado.

7. Explicaciones de voto

- Informe Konrad (A6-0209/2006)

  Christoph Konrad (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, por medio de mi informe presentamos una propuesta importante para luchar contra el fraude del IVA en la Unión Europea, que estafa al contribuyente europeo unos 60 000 millones de euros al año. Considero que mi informe constituye un paso importante en la lucha contra este fraude, al incluir, como hace la propuesta para el procedimiento de cobro revertido, un acercamiento que sería también viable a escala nacional. Se trata de algo que deberá ser debatido, aunque en estos momentos es el turno del Consejo y la Comisión, ahora que esta Cámara ha mostrado una gran unanimidad en dar este paso, por lo que quiero dar las gracias al Parlamento.

- Informe Zimmer (A6-0211/2006)

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La cooperación entre la Unión Europea y el Caribe para el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo, una cooperación mutuamente beneficiosa basada en valores comunes, debe ser una oportunidad para ambas partes de trabajar juntas a favor de la democracia y los derechos humanos, pero también de luchar contra la pobreza y las amenazas para la paz y la estabilidad.

Apoyo la iniciativa de la Comisión Europea de ayudar a los países de la región, que ya han emprendido la vía de la integración regional a través del CARICOM, el CARFORUM y el MEUC.

Los países del Caribe, generalmente pequeños y económicamente vulnerables, han realizado importantes esfuerzos de diversificación económica, reestructuración y reformas, y hoy deben poder sacar provecho, con la ayuda de Europa, de las posibilidades ofrecidas por la globalización, evitando al mismo tiempo sus escollos.

Agradezco a los diputados al Parlamento Europeo que hayan aprobado mi enmienda encaminada a insistir en la necesidad de asociar estrechamente a los departamentos de ultramar franceses de la zona (Guyana francesa, Guadalupe, Martinica) al futuro diálogo político de cooperación entre la Unión y el Caribe, dado a su papel evidente de «cabeza de puente de Europa» en esta parte del mundo.

- Informe Hughes (A6-0218/2006)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Las heridas causadas por agujas de jeringuillas ocurren cuando la piel se pincha de forma accidental con una jeringuilla que puede estar contaminada por la sangre de un paciente. Las jeringuillas contaminadas pueden contagiar más de 20 patógenos peligrosos que se transmiten por la sangre, incluidos el VIH y las hepatitis B y C. La mayoría de estas heridas las sufren los enfermeros y los médicos, pero el resto del personal sanitario también corre un riesgo importante, como por ejemplo el personal auxiliar, como los limpiadores y los empleados de lavandería y otros trabajadores intermedios.

Me parece muy positivo este informe, que establece las medidas preventivas que deberían adoptarse en la asistencia sanitaria y veterinaria para proteger a los trabajadores contra las heridas causadas por agujas de jeringuillas y otros instrumentos médicos punzantes. Entre estas se incluyen instrucciones escritas en los lugares de trabajo y la formación de todos los trabajadores, especialmente de los que realizan la canulación.

En el informe también se describe la respuesta eficaz y el seguimiento de los accidentes y percances, incluida una rápida profilaxis de postexposición. Además, a todo el personal que pueda haber entrado en contacto con jeringuillas y otros objetos médicos punzantes se le administrará la vacuna contra la hepatitis B.

- Informe Szymanski (A6-0164/2006)

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) Señor Presidente, aunque la confianza es hermosa, la confianza incondicional no es aceptable. A pesar de haber votado hoy varios paquetes de propuestas financieras, el instrumento para la estabilidad es el menos transparente de todos ellos. La complejidad queda reflejada en los objetivos de esta medida. Una definición tan general es capaz de cubrir prácticamente todo; por ejemplo, la justificación de la política de no compromiso en el caso de golpes de Estado de la derecha, como el perpetrado por el General Franco. Hace dos días, el señor Giertych indicó que, según la segunda parte de los objetivos de este instrumento, podría haber sido incluso posible apoyar al General Franco con fondos de la UE. Resaltó que estaba simplemente interesado en renovar y consolidar valores católicos tradicionales en España. Aunque este documento no contiene cifras, la Comisión ha prometido que las facilitará pronto. Por el momento, solo se puede decir una cosa: el Parlamento no está siendo informado de nada. En última instancia, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento hizo hincapié en esto durante el diálogo a tres bandas mantenido entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión e hizo un llamamiento a que tal estado de cosas cambiara. El Parlamento no debe dar carta blanca a nadie. Algunas partes de este documento son dudosas, ambiguas y claramente abiertas a posibles abusos. Por estos motivos, he votado en contra de la propuesta que tenemos sobre la mesa.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) Al igual que el ponente, acojo con agrado la propuesta de la Comisión de simplificar la gestión de la ayuda exterior de la UE, reduciendo los casi 30 instrumentos existentes a seis, entre los que se incluye el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA). Esto nos dará mayor eficiencia y efectividad y «tiene mucho sentido».

Apoyo muchas de las enmiendas propuestas en el informe, incluido el refuerzo del papel del Parlamento en la planificación y seguimiento de los programas del IEVA; la mayor participación de la sociedad civil en el proceso de consulta; y un mayor papel de socios como las autoridades locales y regionales y la sociedad civil.

Lamento, sin embargo, que el punto relativo a las regiones ultraperiféricas en el contexto de vecindad, como Cabo Verde, no fuera incluido dentro del ámbito de aplicación del IEVA. Se había propuesto un Plan de Acción de Gran Vecindad, con vistas a facilitar la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y sus países vecinos. Esto formaba parte de la estrategia de desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas, propuesta por la Comisión y que tenía el fin de dar continuidad a uno de sus ámbitos de acción prioritarios, a saber, integrar estas regiones en su propio entorno regional.

A pesar de esto, he votado a favor de este informe.

- Informe Beer (A6-0157/2006)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Como ponente de opinión del informe de la Comisión de Comercio Internacional sobre este informe relativo a las acciones exteriores para la ayuda financiera, económica y técnica a terceros países tras una crisis, me preocupaba que este Instrumento de Estabilidad ofreciera un auténtico valor añadido, proporcionando una respuesta eficaz, inmediata e integrada.

Aunque hubo algunas preocupaciones iniciales sobre el fundamento jurídico de este Instrumento, finalmente se acordó que debería basarse tanto en la cooperación al desarrollo como en la cooperación económica, financiera y técnica. Doy mi apoyo a los colegas de la Comisión de Desarrollo por su preocupación de que la inclusión en este Instrumento de medidas de apoyo a la paz no debería provocar una sangría en el presupuesto de desarrollo.

Y lo que es más importante, el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento sobre este informe refleja la iniciativa del Parlamento a favor de una cláusula de revisión, que posibilitará la modificación y una mejor forma de ofrecer la información: una consideración importante, si tenemos en cuenta que este es un instrumento nuevo y de gran alcance.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los llamados instrumentos de estabilidad forman parte de un paquete más amplio de instrumentos de financiación (cooperación al desarrollo y cooperación económica, ayuda de preadhesión, vecindad y colaboración), concebidos para formar una herramienta integrada para aplicar la política imperialista de la UE en los países candidatos, en países de vecindad inmediata y más amplia y en todo el planeta. Al prestar «ayuda económica» a terceros países, la Unión Europea está adquiriendo el derecho a intervenir en ellos so pretexto de abordar situaciones de desestabilización, «crisis» y «crisis en ciernes», situaciones que constituyen «amenazas» al Estado de Derecho, el orden público y la protección de los derechos humanos y al fomento de los principios de Derecho internacional, incluido el apoyo a tribunales especiales nacionales y tribunales penales internacionales.

Al mismo tiempo, dicha financiación servirá para coaccionar a terceros países para que se atengan a las ambiciones imperialistas de la UE e interferir abiertamente en los asuntos internos de países independientes, debilitando a los Gobiernos y financiando así a los candidatos a la UE. Todo ello gracias a la introducción de la posibilidad de utilizar la financiación para apoyar y organizar a la sociedad civil, incluida la promoción de medios de comunicación independientes, pluralistas y profesionales.

El Partido Comunista Griego ha votado en contra del informe porque favorece y en algunos puntos formula en un sentido incluso más reaccionario el tenor de la propuesta de reglamento de la Comisión Europea.

- Informe Corbett (A6-0237/2006)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, a pesar de mi recomendación en sentido contrario, el Parlamento ha aprobado la enmienda presentada por el señor Radwan, en nombre del Grupo del PPE-DE, a mi informe sobre comitología.

En su declaración del debate de anoche, la Comisión consideró que esta enmienda debilita bastante los acuerdos que hemos negociado. Puede que esta haya sido la intención del señor Radwan, no lo sé, pero la enmienda se refiere a una resolución aprobada por el Parlamento que prevé la aprobación de «cláusulas de suspensión» sobre la delegación de la legislación que se aplica de forma sistemática a toda la legislación que aprobamos con respecto al sector de los servicios financieros.

No obstante, insto a la Comisión a que no reaccione de forma exagerada. La enmienda aprobada, por mucho que me disguste, era solo una enmienda a un considerando en el que se hace referencia a una resolución pasada con la que está relacionado. Nosotros, como Parlamento, no reafirmamos nuestro apoyo de la resolución. Este matiz debería permitir a la Comisión aceptar nuestro texto y considerar que el acuerdo que hemos negociado sigue siendo válido.

  Ivo Strejček (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, me gustaría volver al informe Corbett. Solo puedo presuponer que mi solicitud de dar una explicación de voto se perdió entre la confusión causada por la salida de la Cámara de algunos diputados. Me gustaría decir algunas palabras sobre la cuestión de la comitología. Al igual que mis colegas del Partido Civil Democrático checo (ODS), he votado en contra de este informe. Y lo he hecho porque creo que es un tema controvertido en la medida en que transfiere más poder de los Estados miembros a la Comisión. Creemos que los votantes de Francia y de los Países Bajos expresaron con bastante claridad a las instituciones europeas lo que creían sobre la transferencia de esos poderes a la Comisión. Y no creemos que su decisión deba ser burlada por la puerta trasera.

  David Martin (PSE), por escrito. En 1993, conforme a un nuevo procedimiento de codecisión, se asignaron poderes legislativos al Parlamento y al Consejo (prácticamente) al mismo nivel. El Parlamento consideró que los actos de codecisión, en los que el Consejo y el Parlamento pueden delegar conjuntamente la aplicación de medidas, suponían la participación de ambos en la definición de los procedimientos de ejecución de los poderes delegados y que ambos deberían tener los mismos derechos de recuperación o avocación. Sin embargo, el Consejo argumentó que el artículo 202 del Tratado CE, que establece que (solo) el Consejo podrá reservarse el ejercicio de las competencias de ejecución, no había cambiado.

El paso adelante clave para el Parlamento que es posible ahora como resultado de las negociaciones entre el Consejo y la Comisión, es que el Parlamento pueda bloquear la aprobación de medidas de ejecución «cuasilegislativas» a las que se oponga. Si eso sucede, la Comisión puede realizar una nueva propuesta o presentar una propuesta legislativa.

Estoy de acuerdo con este informe, ya que amplía los poderes del Parlamento Europeo y le permite ser una institución mucho más eficaz y democrática.

- Informe Corbett (A6-0236/2006)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) ¿Debemos estar contentos o preocupados por el acuerdo alcanzado entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre las modalidades de ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión?

Podemos alegrarnos de ver refrenado, por poco que sea, el poder, exorbitante e inaudito en una democracia, que casi permite a los funcionarios de Bruselas modificar actos legislativos sin el legislador.

Pero hay también muchas razones para preocuparse. La primera es la constatación, una vez más, del vicio fundamental de la estructura institucional europea: la Comisión es la institución con menos legitimidad y la que tiene más poder. La segunda es que el cuerpo legislativo europeo no ha sido simplificado. La iniciativa «legislar mejor», sobre la que el Parlamento debatió el mes pasado por enésima vez –la cuestión peliaguda por excelencia para la «Eurocracia»–, no es más que pura apariencia. La tercera es que este acuerdo es una aplicación –sin duda parcial, pero real– de una disposición de la Constitución Europea, un documento del que sin duda esta Cámara está cansada de oír que está caduco desde que dos poblaciones europeas lo rechazaron masivamente en sendos referendos.

La mejor manera de refrenar a la Comisión es, en efecto, revisar los Tratados para construir la Europa de las naciones, que puede prescindir de esa institución en su forma actual.

- Informe Alvaro (A6-0196/2006)

  Alexander Alvaro (ALDE), por escrito. (EN) Desafortunadamente, el Grupo ALDE se inclina por abstenerse en la votación final de este informe. La petición del Grupo ALDE de posponer la votación no ha sido aceptada; pensamos que la aprobación de este informe es prematura, ya que no se han resuelto los interrogantes en torno al reciente escándalo de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT). La propuesta legislativa que nos ocupa debe ser aprobada sobre la base de un acuerdo internacional del GAFI, que sea firmado tanto por la UE como por los Estados Unidos. La postura de los Estados Unidos debe aclararse antes de que la UE proceda a cumplir su parte del acuerdo. La aclaración por parte del BCE y de los bancos centrales nacionales es también una condición previa a la aprobación.

A la luz de la preocupación cada vez mayor por los derechos civiles y la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos, el Grupo ALDE considera que se necesitan más garantías en este ámbito. Observamos que en los últimos años se ha adoptado una serie de medidas de seguridad, mientras que las medidas para fortalecer los derechos civiles y la protección de la privacidad se han estancado, y la toma de decisiones en este ámbito se está realizando sin ningún control parlamentario o revisión judicial significativos. El caso de SWIFT arroja dudas sobre la idoneidad de los instrumentos para la protección de datos en la UE. Antes que nada, debería celebrarse un debate.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) En la última década ha habido un enorme aumento de actos terroristas en todo el mundo. La lucha contra esta lacra se ha convertido por tanto en una de las prioridades políticas clave en Europa y en el mundo entero.

Esta propuesta forma parte de una serie de medidas adoptadas en la Unión con vistas a limitar el acceso de los terroristas a los recursos financieros y a otros recursos económicos. Su finalidad es transponer en la legislación de la Comunidad la Recomendación Especial VII del Grupo de Acción Financiera sobre transferencias electrónicas.

Está destinada a las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales y la financiación terrorista y establece normas sobre el requisito de facilitar información sobre los ordenantes de esas transferencias de fondos.

Constituirá una medida útil y eficaz para prevenir, detectar, investigar y procesar a terroristas y a otros criminales, así como también trazar sus activos.

Estoy de acuerdo con las derogaciones propuestas, destinadas a tener en cuenta la naturaleza específica de los sistemas de pago en los distintos Estados miembros.

Apoyo la postura del señor Brejc de que debe haber una cláusula de suspensión, por la cual este reglamento expire en el plazo de cinco años si no resulta útil. También apoyo el compromiso alcanzado entre el señor Brejc y el ponente.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. (EN) Nos abstenemos de votar sobre este informe, ya que presenta al Parlamento un dilema irresoluble. Por un lado, se trata de aplicar un tratado internacional, y votar en contra de él sencillamente reforzaría la posición de la Comisión. Por otro lado, no podemos apoyar la introducción de leyes que cada vez más afectan a la privacidad, sin tener más pruebas de que una vigilancia a escala masiva de ciudadanos inocentes incrementa la seguridad o contribuye a evitar actuaciones terroristas. Se ha demostrado que los flujos de dinero para la financiación del terrorismo están cada vez más ocultos, al emplear dinero en efectivo y enviarlo a través de mensajeros.

Además, independientemente de las medidas que se adopten para proteger la privacidad, la tentación de las autoridades de utilizarlas con otros fines sería muy grande, y hasta ahora nadie ha creado un registro del que no se haya filtrado información.

También estamos profundamente preocupados por las consecuencias de las ONG que fomentan la democracia y los derechos humanos en regímenes antidemocráticos. Un registro extenso, por mucho que se nos diga que no se usaría de esa forma, perjudicaría sin duda a sus actividades.

Al abstenernos, instamos también al Parlamento a que comience a debatir una política exhaustiva sobre la protección de la privacidad y las libertades civiles. El camino actual, en el que las libertades se recortan medida tras medida, tiene que acabarse.

- Informe Grässle (A6-0057/2006)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La finalidad de la enmienda al reglamento financiero es simplificar las normas sobre contratos y subvenciones externas y hacer que sean más transparentes. El texto carece actualmente de claridad y estructura y esto dificulta la lectura a los potenciales usuarios.

El compendio burocrático de normas, solo en el ámbito algunas Direcciones Generales de la Comisión, constituye un procedimiento muy costoso para los proveedores y organizaciones que solicitan tales subvenciones. Esto excluye a muchas microempresas y a pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones, institutos y ONG más pequeñas.

Además, la Comisión tiene facultades discrecionales en el proceso y, por tanto, hay muy pocas empresas y organizaciones –que siempre son las mismas– familiarizadas con la mecánica del proceso. En última instancia, esto puede conducir a una toma de decisiones basada en el apoyo político o de otra clase.

No obstante, como ha indicado el Tribunal de Cuentas, el informe que ha sido presentado no es suficiente para reducir la carga y simplificar los procesos tanto para la Comisión como para los posibles usuarios. Las propuestas del Parlamento mejoran la situación, pero se quedan cortas ante la urgente revisión necesaria del reglamento financiero en estos aspectos.

- Informe Gaubert (A6-0186/2006)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, durante los últimos debates sobre asilo e inmigración ya he tenido razones para plantear una serie de preguntas al Comisario Frattini, ya que me pregunto qué valor añadido supone este sistema a la hora de lidiar con la inmigración ilegal. No estoy diciendo que sea algo malo, pero sí creo que equivale a poner una tirita en una pata de palo.

El problema real es que, al fin y al cabo, la política de regularización adoptada por Italia, España y Bélgica ha dado pie a un flujo de entrada de cientos de miles de nuevos inmigrantes económicos, a quienes nuestra política de puertas abiertas está permitiendo que se extiendan sin dificultad por toda Europa. Si la Unión Europea realmente tiene intención de abordar el problema de la inmigración ilegal, entonces ha de empezar por el principio. Huelga decir que el rechazo práctico de las regularizaciones perniciosas es la única manera de neutralizar la fuerte atracción provocada por esta política, seguida inmediatamente de una política consistente en devolver a todos los inmigrantes ilegales y criminales al lugar de donde vinieron.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) Debemos instaurar una verdadera política común de asilo e inmigración. Es crucial que la Unión establezca mecanismos de intercambio de información entre los Estados miembros.

En efecto, si los Estados miembros conocen mejor sus legislaciones respectivas e intercambian periódicamente sus mejores prácticas, estarán más capacitados para identificar los ámbitos en los que es necesaria una legislación europea y encontrar así un acuerdo aceptable para todos.

Sería simplista y erróneo decir que este instrumento permitiría a los Estados miembros prohibir las regularizaciones. Las regularizaciones son necesarias en algunos contextos nacionales. Por tanto, un intercambio de información sobre estas medidas permitirá comprenderlas mejor. Por otra parte, un endurecimiento de la lucha contra la inmigración legal puede tener por efecto desviar los flujos hacia otro Estado miembro. Por consiguiente, también deberán comunicarse esas medidas de endurecimiento.

- Modificación del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades (B6-0275/2006/rev)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, el señor Gargani tiene razón al pedir que se consulte al Parlamento sobre la revisión del Protocolo de privilegios e inmunidades. Tiene razón también al pedir, en su informe, el derecho del Parlamento Europeo a recurrir ante el Tribunal de Justicia en caso en que los Estados miembros no respeten las inmunidades de los diputados, que se instauraron para defender los derechos del Parlamento y, en particular, para proteger a los diputados contra las diligencias que un poder ejecutivo hostil pudiera verse tentado a emprender a través de una fiscalía. Sobre todo tras el acto de alta traición –el término no es demasiado fuerte– cometida por el Tribunal de Casación francés en el asunto de nuestro antiguo colega, el señor Marchiani.

Pero también sería necesario, señor Presidente, que la propia Comisión de Asuntos Jurídicos respetase la norma fundamental de no examinar una solicitud de protección de la inmunidad parlamentaria por razones manifiestamente inadecuadas –en este caso, el artículo 9– cuando es de aplicación el artículo 10. Sería necesario que adoptase la misma jurisprudencia en materia de defensa de la libertad de expresión cuando el fumus persecutionis es manifiesto, como sucedió en mi caso. Sería necesario, por último, que los servicios jurídicos del Parlamento no se las ingeniasen, mientras se tramita un proceso ante el Tribunal de Justicia, para quitar hierro a las resoluciones del Parlamento Europeo o a los artículos que este ha incluido en su propio Reglamento.

- Consecuencias económicas y sociales de la reestructuración de empresas en Europa (B6-0383/2006)

  Alexander Alvaro, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Alexander Lambsdorff y Willem Schuth (ALDE), por escrito. (DE) Señor Presidente, los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Partido Liberal Democrático hemos votado contra la resolución sobre las consecuencias económicas y sociales de las operaciones de reestructuración de empresas en Europa porque estamos convencidos de que en las economías de mercado europeas, las empresas deberían estar libres de toda presión política para decidir dónde ubicar sus lugares de producción. En nuestro mercado único, la competencia –incluida la competencia entre regiones– desempeña un papel decisivo desde el punto de vista del desarrollo futuro de la empresa europea y de la forma en que esta puede mantenerse en forma. El efecto último de la presión política es impedir el funcionamiento del mercado y por esta razón no debería aplicarse como medio de disuadir a las empresas de actuar de acuerdo con sus propias decisiones.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado en contra por las siguientes razones:

- no hay mención alguna con respecto a la solidaridad con los trabajadores de Opel/GM, y en particular con los más de 1 700 trabajadores (y sus familias) de la fábrica de Opel en Azambuja, Portugal, cuyos puestos de trabajo se ven amenazados debido a la indiferencia del Consejo de Administración de GM ante las posibles consecuencias económicas, sociales y regionales. Esta posición ha sido impuesta por la derecha, con la complicidad del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que ha suscrito la resolución conjunta;

- la defensa del derecho de las empresas a adoptar decisiones de gestión con miras a asegurar su propio crecimiento económico al margen de sus posibles consecuencias sociales;

- no hay mención alguna del impacto económico y social de las deslocalizaciones de empresas, que la mayoría de las veces se producen con el único fin de reducir costes y maximizar beneficios, y en las que factores como la viabilidad económica y la productividad no forman parte de la decisión; estas deslocalizaciones a menudo no respetan las obligaciones contractuales, sino que del modo más mercenario las empresas afectadas gozan de ayuda pública local, nacional y de la Comunidad, mientras dejan atrás una estela de desempleo y socavan las economías locales. Solo el año pasado, las deslocalizaciones supusieron medio millón de despidos en la UE;

- la resolución se queda bastante corta con respecto a los resultados obtenidos en las resoluciones de marzo sobre el impacto de las deslocalizaciones y reestructuraciones sobre el empleo y el desarrollo regional.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El espíritu emprendedor y el papel de las empresas es vital para el crecimiento y el desarrollo económico, y los cambios económicos sustanciales que hemos visto implican que muchas empresas necesitan reestructurarse. Sin embargo, también es cierto que hay dos puntos muy pertinentes en estas propuestas que no deberían obviarse. El primero de ellos es la responsabilidad social de las empresas y el deber de respetar los acuerdos y contratos, especialmente cuando han recibido subvenciones y subsidios para una actividad concreta. Las consideraciones, preocupaciones y propuestas contenidas en esta resolución merecen mi apoyo.

Creo, sin embargo, que la propuesta de crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un recordatorio oportuno de la magnitud del problema, para el cual debemos hallar soluciones de largo alcance. El continuo proceso de reestructuración del sector textil europeo y no en menor medida el de la fabricación, con suerte tendrá consecuencias positivas, pero también un impacto social negativo, especialmente en sus fases iniciales. Europa, los Gobiernos individuales y las instituciones de la Comunidad tienen el deber de prepararse ahora para el futuro inminente. Además de este fondo, necesitamos discutir otras soluciones e invertir en otros mecanismos.

- Informe Fava (A6-0213/2006)

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que al votar a favor de este informe debemos destacar lo que es tal vez un cambio positivo, a saber, que el Parlamento Europeo, en lugar de echar la culpa constantemente a los Estados Unidos, está empezado a fijarse en la forma en que la Unión Europea y los Estados miembros cumplen la ley, pues con bastante frecuencia, al enfrentarnos con la ilegalidad y abusos que se producen, por ejemplo, con relación a la transferencia de datos personales y al tráfico aéreo de pasajeros, hemos ocultado en realidad nuestra propia ilegalidad –la incapacidad de cumplir nuestras propias normas– tras la de los Estados Unidos.

Es hora, pues, de aceptar nuestra responsabilidad y creo que el informe Fava es un primer paso en esa dirección.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Fava porque es un típico ejemplo de parcialidad de izquierdas. La Comisión Temporal ya lo ha decidido todo de antemano, de manera que todo lo que se requería era encontrar las pruebas.

Pero resulta que no se ha presentado prueba alguna de tortura u otras actividades ilegales por parte de la CIA en la Unión Europea, de modo que lo que hace este informe es tomar lo que son en realidad suposiciones e indicios y presentarlos sistemáticamente como hechos, y eso es intelectualmente deshonesto.

Esto tipifica una cierta mentalidad presente en esta Cámara. Hablando con franqueza, puede decirse que, en efecto, hay diputados a esta Cámara que no quieren que realmente se aborde la cuestión del terrorismo.

  Petr Duchoň (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi más profunda decepción por la aprobación del informe Fava. En total hay cuatro razones para decir esto. En primer lugar, el informe se basa en una información general sesgada y no en hechos expresados con precisión y verificados en distintas fuentes.

En segundo lugar, el informe está repleto de contradicciones. Si fueran hechos incontrovertibles que probaran que la CIA utilizó países europeos para el transporte y detención ilegal de prisioneros, el término «supuestos» debería haberse eliminado del título. En la otra cara de la moneda, el uso del término «supuesto» por parte del ponente en el título del informe, tras los esfuerzos de los miembros de la Comisión Temporal y otras partes interesadas, es un reconocimiento tácito de que dicha comisión ha sido incapaz de demostrar que tuvo lugar algún acto ilegal.

En tercer lugar, es posible que con el tiempo se demuestre que una serie de sospechas formuladas son contrarias a la ley o tal vez salgan a la luz nuevos casos. Dado el alcance y la complejidad de la lucha contra el terrorismo, esto no debería ser ninguna sorpresa. Lo más importante es que estaríamos hablando de detalles y no de errores en el sistema. Las personas que consideren que se han restringido sus derechos pueden acudir a los canales adecuados y que funcionan correctamente para hacer valer esos derechos y reclamar compensación.

En cuarto y último lugar, debemos fijarnos atentamente en cuánto tiempo dedica el Parlamento a investigar un supuesto problema y cuánto tiempo dedica al problema real del terrorismo. Al aprobar el informe del señor Fava, planteamos la duda abierta de si somos capaces de evaluar la importancia relativa de problemas individuales y de si lograremos abordar correctamente esos problemas.

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, hoy en esta sesión plenaria los diputados al Parlamento Europeo del Partido Civil Democrático checo (ODS) hemos optado por no apoyar el informe provisional del señor Fava sobre el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el traslado y detención ilegal de prisioneros. El informe se basa, desde nuestro punto de vista, en la actual tendencia al antiamericanismo, que no tiene en cuenta la seria amenaza del terrorismo internacional. Los Estados Unidos de América y sus aliados, entre los que se incluye la República Checa, han canalizado todos sus esfuerzos en los últimos cinco años para combatir esta terrible amenaza. Desde 2001 hemos sido testigos de atentados terroristas en los Estados Unidos, el Reino Unido, España y otros muchos países. Este es un peligro muy real y el informe Fava ignora por completo la necesidad de combatirlo. El informe también desestima totalmente el hecho de que este es el enfoque adoptado conjuntamente por los Estados Unidos y sus aliados entre una serie de países europeos, lo que nos ha permitido reducir sustancialmente el terrorismo internacional y ha proporcionado así mayor seguridad a los ciudadanos de Europa. En lugar de esto, el informe se centra en una serie de casos no fundamentados de dudoso comportamiento por parte de los servicios de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados, y extrae conclusiones demasiado generales de estos casos. Los diputados al Parlamento Europeo del ODS checo no pueden apoyar esta postura con sus votos.

  Jas Gawronski (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, a pesar del hecho de que se han aceptado algunas de nuestras enmiendas, el informe Fava, sobre el cual votamos hoy, sigue siendo tendencioso, sesgado e imbuido de ideas preconcebidas y pretende apoyar teorías totalmente infundadas.

Se trata de un texto parcial en su contenido e incluso es contrario a las posiciones del Gobierno italiano. Fue el mismo Primer Ministro Prodi quien, en una comunicación oficial, contradijo al señor Fava con respecto al asunto Abu Omar. Aunque el señor Fava ha rechazado una de mis enmiendas, que mantenía que no existían pruebas de la participación por parte del Gobierno y del servicio de inteligencia italiano, la oficina del Primer Ministro reafirmó anoche su fe en nuestros servicios secretos.

La actitud del señor Fava demuestra el grado de mala fe existente dentro de la izquierda italiana, que no quiere renunciar al antiamericanismo del pasado o dejar de utilizar las instituciones europeas con objeto de atacar a sus oponentes.

  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) He votado en contra de prorrogar el mandato de la comisión del Señor Fava para seguir investigando las denominadas «entregas extraordinarias», porque hasta la fecha no ha aportado pruebas sustanciales que justifiquen su continuidad. En su lugar, está siendo usado como un instrumento para el antiamericanismo virulento, dispuesto a dar cancha a determinados rumores y actuar al mismo tiempo bajo la presunción de culpabilidad de la CIA.

  Gerard Batten, Roger Knapman y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) ha votado a favor de la enmienda 13, porque hace hincapié en que el Alto Comisionado de la UE y el Alto Representante no tienen poder para solicitar información sobre este asunto a los Estados miembros. El UKIP rechaza la autoridad y se opone a la creación de ambos cargos y, por tanto, acoge con agrado el reconocimiento de la limitación de sus poderes.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe contiene elementos positivos que confirman lo que hemos sabido y expresado durante largo tiempo, a saber, que el CIS y otros organismos de los Estados Unidos «han sido directamente responsables del rapto, traslado, secuestro y detención ilegal» de ciudadanos –eufemísticamente denominados «entregas extraordinarias»– y el traslado de ciudadanos a terceros países para ser interrogados y sometidos a tortura, con lo cual han violado brutalmente el Derecho internacional y los derechos humanos.

Entre otros aspectos importantes, el informe considera «inverosímil» que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de estas actividades delictivas y «extremadamente inverosímil» que pudieran tener lugar cientos de vuelos a través del espacio aéreo europeo sin que las autoridades pertinentes tomaran ninguna medida.

El informe debería ayudar a desentrañar el verdadero significado de términos como «guerra preventiva» y «lucha contra el terrorismo» con los que los Estados Unidos y sus aliados han buscado enmascarar sus ataques contra las poblaciones y la soberanía de países, quebrantando el Derecho internacional y los derechos humanos.

El informe debería ayudar también a llegar hasta el fondo de lo que ocurrió y hacer que los responsables rindan cuentas, aclarando el contenido de los acuerdos de la OTAN y los acuerdos celebrados entre la UE y los Estados Unidos sobre esta cuestión. Además, asegurará así que los Parlamentos nacionales lleven a cabo sus propias investigaciones.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque considero que es un importante paso adelante en la forma en que el Parlamento Europeo quiere hacer frente ahora a las graves violaciones de los derechos humanos dentro de sus fronteras y a sus relaciones con los Estados Unidos. No podemos aceptar simplemente las garantías de Gobiernos amigos sobre la prohibición de la tortura y del trato cruel y degradante: tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestra actuación o la de nuestros aliados sea conforme con el Derecho internacional. En términos políticos, debemos examinar si la UE y sus Estados miembros tienen los instrumentos necesarios para averiguar la verdad sobre lo que está pasando en nuestro territorio y en nuestro nombre y las debidas salvaguardias para proteger a nuestros ciudadanos y residentes. Acojo con satisfacción la mayoría parlamentaria a favor de la continuación de la labor de esta comisión temporal.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) No he votado a favor de la propuesta de resolución de la Comisión Temporal sobre la supuesta utilización por la CIA de países europeos para el transporte y la detención ilegal de presos.

En primer lugar, considero que la creación de esta Comisión Temporal es totalmente superflua, dado que el Consejo de Europa ha procedido a una investigación en la materia en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué duplicarla? ¿Por qué entrometerse en las competencias y responsabilidades del Consejo de Europa?

¿Para qué encargar, incluso a un Primer Ministro, aunque sea de un pequeño país, que haga un gran informe sobre la colaboración entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, si, en la primera ocasión, derrochamos nuestro tiempo elaborando una resolución cuyo único objetivo aparente es caer en un antiamericanismo visceral?

Me sumo a la opinión minoritaria, que considera que esta Comisión Temporal es superflua, que no debería proseguir sus trabajos, que hasta ahora no ha aportado pruebas fehacientes de las supuestas violaciones del Derecho europeo y del Derecho internacional por Estados miembros de la Unión Europea.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) El debate de ayer en el Pleno sobre los vuelos secretos y los campos de prisioneros secretos estadounidenses sacó a la luz dos puntos de vista diametralmente opuestos. Existen Gobiernos que subordinan los derechos y las libertades de las personas a la campaña contra cualquiera que disienta y, por tanto, pueda ser sospechoso de terrorismo. Aquellos que piensan así tienen la ilusión de que la libertad y la democracia pueden protegerse limitándolas o incluso aboliéndolas y suelen tener un sentido de vinculación estrecha con los Estados Unidos, profesando especial lealtad al actual Gobierno estadounidense y sus políticas, que han llevado a la ocupación de Irán y Afganistán y a la aceptación de una situación insostenible en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Rechazo de plano este enfoque. El terrorismo no puede combatirse extendiendo, en vez de reduciendo en la medida de lo posible, la semilla de donde brota. Este enfoque solo consigue hacer que más y más gente desesperada simpatice con los fanáticos terroristas que afirman tener la mejor solución y la mejor forma de mejorar sus condiciones de vida.

Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es un abuso manifiesto de los derechos humanos. Evidentemente, las libertades de los seres humanos individuales ya no cuentan para nada en la lucha contra el terrorismo. Los Estados miembros de la UE deben reconocer su parte de responsabilidad en ello.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) El EPLP votará a favor del informe Fava porque creemos que sigue siendo importante que el Parlamento Europeo investigue el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para supuestos transportes y detenciones ilegales de prisioneros.

El informe intermedio es importante por dos razones. En primer lugar, a diferencia de los miembros del Consejo de Europa, los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente y son responsables ante sus electores. Investigamos todo tipo de asuntos en su nombre y no podemos ignorar las acusaciones de que algunos Estados miembros podrían haber incumplido las obligaciones derivadas del Tratado de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la UE, que subraya los principios básicos de la democracia, los derechos humanos y el respeto de la ley. El Parlamento Europeo es el único organismo que puede imponer sanciones a los Estados miembros que incumplen estas obligaciones derivadas del Tratado. El informe del Parlamento también es importante, pues a diferencia del Consejo de Europa, la comisión parlamentaria ha podido citar a testigos para testificar ante ella. La comisión escuchó firmes testimonios personales que aportaron pruebas convincentes en el informe.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe provisional sobre las actividades de la CIA, con secuestros, traslados, interrogatorios y tortura en países europeos confirma las informaciones reveladas por organizaciones y medios de comunicación.

La indignación resultante obligó a las fuerzas socialistas conservadoras a crear una comisión de investigación para reconocer hechos sabidos, de manera que puedan aparecer como «inocentes palomas» ante la opinión pública, engañando así al público sobre el papel de la UE.

Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista griego se han abstenido, negándose a participar en este esperpento interpretado en el Parlamento Europeo porque se ha suscrito un acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en Atenas por el que se permite a la CIA actuar con impunidad y ahora las fuerzas que lo apoyan «protestan» por sus resultados.

Los Gobiernos de los Estados miembros, tanto de derecha como de centro-izquierda, lo conocían y participaron en la orgía de la CIA y los miembros de los partidos que les brindaron apoyo, muchos de los cuales estaban al corriente, aparentemente los condenan. Se están burlando del mundo.

Los conservadores y los socialdemócratas se han puesto de parte de la estrategia «antiterrorista» de los Estados Unidos y han aceptado la «guerra preventiva» y la aniquilación de las libertades populares y los derechos democráticos y ahora se lavan las manos como Poncio Pilatos.

Ningún informe del Parlamento Europeo puede servir para lavar las responsabilidades políticas de los partidos que apoyan al imperialismo o para engañar a los ciudadanos y hacerles creer que la acción terrorista de los Estados Unidos y la UE cesará. Aumentará a medida que crezca el movimiento popular antiimperialista y haga cambiar la relación de fuerzas.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El contenido de este informe no puede ser abordado a la ligera. Los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, en tándem con las relaciones con nuestro principal aliado, requieren especial atención y consideración. Lo que se desprende de este informe provisional es una serie de dudas y sospechas que no han sido aclaradas, así como algunas declaraciones contradictorias procedentes de varios organismos. Por ello, es comprensible proseguir con el trabajo de la comisión, pero no es razonable presentar como conclusiones hipótesis no demostradas.

Pasando a cosas más serias, el rechazo de una serie de enmiendas destinadas a incluir en el informe algunos detalles relevantes que contrarrestaban algunas de las acusaciones e insinuaciones es indicativo del deseo de comportarse de modo beligerante hacia un aliado que prima sobre cualquier deseo de descubrir la verdad. No quiero verme relacionado con esta interpretación del papel del Parlamento y de las relaciones exteriores de la UE. Creo que tanto los países europeos como nuestros aliados son capaces de cometer errores y de cometer actos que quebrantan la ley. Estos actos deben reconocerse y castigarse, pero no estoy dispuesto a formular acusaciones sin una investigación o condenar sin pruebas.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo no podemos apoyar el informe Fava porque creemos que le sobran acusaciones y le faltan nuevos datos fehacientes o pruebas. Nosotros estuvimos desde el principio en contra de esta Comisión Temporal sobre la Supuesta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos y pensamos que es un despilfarro de dinero que duplica los esfuerzos del senador Marty en el Consejo de Europa.

Además, no existe ninguna prueba de la existencia de campos de detención de la CIA ni en Rumanía, ni en Polonia, ni creo que haya habido una política sistemática estadounidense de entregas extraordinarias para torturar a personas secuestradas en terceros países.

  John Whittaker (IND/DEM), por escrito. El UKIP (la delegación del Reino Unido en el Grupo IND/DEM) ha votado a favor de la enmienda 13 porque subraya que el Alto Comisionado y el Alto Representante de la UE no tienen poderes para pedir a los Gobiernos de los Estados miembros el tipo información a la que se refiere.

El UKIP se opuso a la creación de estos cargos y no reconoce su autoridad. Acogemos por tanto con satisfacción la enmienda 13, puesto que reconoce alguna limitación de sus poderes.

- Vigilancia de las transferencias de datos bancarios del sistema SWIFT por los servicios secretos estadounidenses (B6-0386/2006)

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, cuando se realizan transferencias bancarias en países extranjeros, en realidad dichas transferencias son transacciones comerciales y los datos personales resultantes de tales transacciones son datos que no deben usarse sistemáticamente con fines de seguridad.

Al confirmar mi voto a favor de esta resolución, me gustaría hacer hincapié en que el problema no consiste solo en que se transfieran ilegalmente datos a un tercer país, sino también que los datos que se recogen con fines comerciales se utilicen, en cambio, para fines de seguridad.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso se trata de una cuestión de vigilancia general, que incumple las directivas europeas y la legislación de los Estados miembros, y es también por esta última razón por lo apoyamos el informe SWIFT.

  Gérard Deprez y Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Hemos votado a favor de la resolución del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y rechazado en bloque la resolución común sobre el asunto de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT) debido al desequilibrio irremediable que han producido una serie de enmiendas.

Todos sabemos hasta qué punto es difícil trazar la frontera entre las prioridades de la lucha contra el terrorismo y el respeto igualmente fundamental de las libertades individuales. El debate se ha visto afectado regularmente por las noticias relativas a las condiciones de detención en Guantánamo, el asunto de los vuelos secretos de la CIA, los centros de detención en Europa... y hoy el asunto SWIFT. Es difícil saber dónde trazar la línea divisoria, pero este es un debate capital en un mundo en el que el terrorismo cruza las fronteras nacionales.

En Bélgica se ha abierto una investigación para determinar todo posible incumplimiento de las leyes de protección de datos. No creemos que esta resolución vindicativa –que es virulentamente antiestadounidense en su forma, angélica en el fondo (4 y 13: ¡qué idea más brillante: los servicios secretos deberán anunciar sus operaciones públicamente!) y a menudo ilegible– mejore nuestra imagen entre los europeos. Había otras formas de expresar nuestro deseo de arrojar luz sobre una posible infracción, recordando al mismo tiempo nuestro férreo compromiso con la lucha contra aquellos cuya ideología pisotea nuestros valores.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque hay ciertos aspectos en los que discrepamos, creemos que esta resolución debería contribuir a mostrar en toda su crudeza la llamada «lucha contra el terrorismo» y la tendencia a la primacía de la seguridad que la caracteriza.

Al amparo del «Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo», los Estados Unidos han tenido acceso, con ayuda de un acuerdo secreto, a todos los datos financieros almacenados por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), una cooperativa de 8 000 bancos e instituciones de 200 países, incluido el Banco Central Europeo.

Los Estados Unidos han logrado así acceso a una cantidad extraordinaria de datos sobre transferencias y transacciones bancarias efectuadas por ciudadanos y empresas de todo el mundo. El acceso a esta clase de información se ha concedido violando los procedimientos legales sobre protección de datos y sin ningún fundamento jurídico. Esto viola los derechos, libertades y garantías de las personas y la responsabilidad soberana de cada país con respecto a la protección de sus ciudadanos.

En consecuencia, debe sacarse a la luz la verdad y pedir explicaciones a los responsables de esta situación inaceptable, incluido el papel del Banco Central Europeo.

Este no es un incidente aislado, sino otra punta de iceberg del verdadero significado de la tendencia a la primacía de la seguridad que está minando derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El seguimiento de los movimientos en las cuentas de millones de inocentes por parte de los Estados Unidos, con el acuerdo de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros, muestra la profundidad y los objetivos de la llamada estrategia antiterrorista. Forma parte de la estrategia global e integrada de los imperialistas de registrar datos para así controlar, coaccionar y aterrorizar a cualquiera que se oponga a ellos.

Revela el papel del sistema bancario, las empresas privadas y las entidades públicas en los países capitalistas y el Banco Central Europeo, que incluso infringe sus propias normas en el interés general del sistema.

Las resoluciones y las peticiones de protección de la privacidad de los ciudadanos y de equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos por parte de los partidos conservadores y socialdemócratas que predominan en la UE y en los Gobiernos son una monumental hipocresía.

Ellos fueron quienes firmaron esos acuerdos. Es igualmente insultante que, al mismo tiempo, aprobaran un informe y una propuesta de reglamento destinado a registrar las transacciones bancarias financieras de todos los ciudadanos de la UE.

Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista griego se han abstenido y con ellos se niegan a formar parte de este intento de crear falsas impresiones y santificar a la UE y las fuerzas que la apoyan. El Partido Comunista griego contribuirá a desenmascarar el papel de la UE, que, por mucho que intente parecer sensible y democrática, va a adoptar medidas antipopulares y antidemocráticas y va a sentir cómo crece la resistencia popular.

- Informe Lambrinidis (A6-0190/2006)

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, por mucho que se afirme en el informe Lambrinidis que la integración es, en principio, un proceso bilateral, en el texto aprobado encuentro de hecho poco o nada de eso; por el contrario, se trata efectivamente de la misma la cantinela de siempre, muchos derechos y apenas deberes.

Una vez más, se insta a los Estados miembros europeos a que procuren discriminar positivamente a favor de los inmigrantes, cuya consecuencia lógica es que la población autóctona quedará en desventaja o discriminada. Además, deben concederse a los inmigrantes todos los derechos políticos sin preguntarles sobre su voluntad de integrarse. Incluso se afirma en un punto que determinadas costumbres religiosas y culturales no deben ser óbice para que los extranjeros gocen de derechos o se integren en la sociedad: esto pese a que todos sabemos perfectamente bien que se trata de una forma velada de hablar de las llamadas costumbres religiosas y culturales del islam, que son el auténtico punto en cuestión aquí y que, de hecho, son completamente contrarias a las cosas que nuestras democracias europeas han logrado y a los derechos que en ellas se disfrutan.

Por esta razón, entre muchas otras, he votado, por supuesto, en contra de la aprobación de este informe.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Lambrinidis por la simple razón de que no contiene ninguna solución a estos problemas, sino que, por el contrario, constituye por sí mismo parte del problema. El hecho de que diga, por ejemplo, que los 40 millones de extranjeros de la Unión Europea pueden considerarse el 26º Estado miembro es, por sí solo, una demostración suficiente de ello. Por enésima vez, los votantes europeos se convierten en chivos expiatorios y se pide veladamente otra restricción más del derecho a la libre expresión de opiniones.

El informe solicita que se establezca el sufragio para extranjeros y la discriminación positiva, que es otra forma de decir discriminación contra los europeos y a favor de los extranjeros. No se trata solo de una cuestión de experiencias prácticas por lo que estas normas poco realistas no funcionan, sino que tampoco se puede hallar ninguna base democrática para ellas. Esta clase de informe es el último de innumerables ejemplos del déficit democrático existente en Europa y de la interferencia desde el nivel europeo que solo puede erosionar aún más la confianza en Europa.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Si necesitáramos una prueba del colapso de las supuestas elites políticas europeístas, de la confusión mental en que viven, de la pérdida de referencias y de la inversión de valores que sufren, la tendríamos con el informe del señor Lambridinis. Lo que propone no es, ni más ni menos, que una preferencia generalizada e institucionalizada por los no europeos, una discriminación de los europeos en su propio suelo, acompañada, financieramente, de una especie de plan Marshall para lo que llama el «26º Estado de la Unión» y, políticamente, de la concesión unilateral de derechos que solo pueden corresponder a los nacionales de un Estado.

Despierte, señor Lambrinidis. La admisión oficial de 40 millones de inmigrantes de fuera de Europa marca el comienzo de la apertura de las esclusas. Los Estados miembros consagran cada año cientos de miles de euros a políticas denominadas de integración, que son otros tantos fracasos manifiestos, costes para su sociedad, desventajas para sus economías. Recuerden los enfrentamientos interétnicos en el Reino Unido. Recuerden las razones por las que murió Theo van Gogh. Recuerden los disturbios en Francia, esos jóvenes gritando su odio a nuestras instituciones, a nuestros valores, a todo lo que somos. Las sociedades multiculturales que quiere usted crear son explosivas.

Millones de europeos sufren desempleo, problemas sociales y dificultades para encontrar vivienda. Son ellos por los que deberíamos preocuparnos en primer lugar.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo acogemos con satisfacción el enfoque amplio del informe Lambrinidis y apoyamos los numerosos argumentos positivos y equilibrados de este informe a favor de la promoción de la integración de los inmigrantes en la sociedad europea.

Sin embargo, queremos reiterar que es preciso garantizar que el principio de subsidiariedad se respete plenamente en todos y cada uno de los aspectos de la política en este importante terreno.

Además, creemos que la política de asilo debe seguir siendo competencia de los Gobiernos nacionales y no creemos en un enfoque paneuropeo como se afirma en el considerando L.

Por estas razones hemos decidido abstenernos en la votación sobre este informe.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) En Europa hay actualmente unos cincuenta millones de inmigrantes, originarios en su mayoría de África o Asia, y su número aumenta al ritmo de uno a dos millones al año. La explosión de la violencia étnica, la islamización de varias de nuestras ciudades, el cuestionamiento de nuestros sistemas de seguridad social, que no pueden hacerse cargo de los que llegan, son las consecuencias más graves de esta inmigración, que aún resulta más difícilmente asimilable por provenir de culturas ajenas a nuestra civilización.

La integración que propone el ponente, lejos de resolver los problemas, los agrava. En Francia, tres semanas de disturbios en noviembre de 2005 redujeron a cenizas decenas de edificios construidos en el marco de esta política: salas de fiestas, gimnasios, centros escolares, etc. Las demás propuestas, como «promover la participación política de los inmigrantes», es decir, darles derecho de voto, como desea en Francia el señor Sarkozy, fracturarán aún más a nuestras sociedades.

En vez de absorber a miles de personas en una pseudointegración, nuestros Gobiernos deberían, por una parte, poner en práctica con los países de emigración una verdadera política de cooperación basada en la reciprocidad y, por otra, lanzar una firme política a favor de la familia para garantizar la supervivencia a largo plazo de nuestras naciones.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar al señor Lambrinidis por su excelente informe sobre estrategias y medios para la integración de inmigrantes en la UE, que apoyo plenamente.

A este respecto quiero destacar la necesidad de garantizar la implementación efectiva de las directivas de la Comunidad sobre la integración de inmigrantes.

A este fin, la UE debe controlar la transposición de directivas sobre integración y la efectividad de las prácticas administrativas que aplican la legislación vigente en la vida diaria de los inmigrantes.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Aunque comparto las preocupaciones del ponente, no puedo estar de acuerdo con todas las propuestas que formula para resolver uno de los problemas clave que plantea la inmigración, a saber, la integración.

Por citar tan solo unos ejemplos: el ponente confunde la inmigración procedente de los países en vías de adhesión (especialmente en el pasado) con la inmigración procedente de otros países, lo cual constituye un error de análisis que transluce en sus conclusiones; hace la afirmación errónea de que más de 40 millones de nacionales procedentes de terceros países conforman «el 26º Estado miembro de la UE (y su quinto Estado más grande)»; y por último la idea, puesto que ha sido abandonada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea, de que los Estados miembros deben conceder la ciudadanía a los inmigrantes, sin mencionar que esta cuestión está sujeta a distintas normativas y distintas razones de ser, es un enfoque simplista de un asunto complejo.

El hecho de que exista un problema en este momento con la integración de algunas comunidades inmigrantes en la UE muestra que en la actualidad ningún modelo europeo funciona plena y efectivamente. La integración es un proceso bidireccional. El país de acogida (las autoridades y los ciudadanos) debe facilitarla y los mismos inmigrantes deben quererla y ponerla en práctica. No reconocer esto equivaldría a entregar la iniciativa a los movimientos extremistas de ambas partes.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La inmigración es un tema demasiado serio para dejarlo exclusivamente en manos de los institutos de sondeo de opinión o limitarse a declararlo tema de importancia capital con ocasión de las elecciones nacionales. La inmigración es una realidad: más de 40 millones de inmigrantes viven en el territorio de la Unión Europea, que parece tener muchas dificultades para coordinar sus acciones. Debe dotarse rápidamente de una política de inmigración coherente y eficaz. La Presidencia finlandesa quiere hacer avanzar este espinoso asunto haciendo saltar el cerrojo de la unanimidad en el Consejo de Ministros, que paraliza cualquier avance en el ámbito sin embargo crucial de la cooperación judicial y policial, para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Espero sinceramente que esta voluntad nórdica se concrete pronto a través de la aplicación de una política humanista y común de derechos de asilo o también una cooperación entre los 25 para la asignación de cuotas a cada país. Otro reto que hay que superar es el de la integración de los inmigrantes. Como destaca el informe Lambrinidis, quedan por hacer grandes progresos en la Europa de los 25 para conseguir esta integración, principalmente en materia de acceso al empleo, no discriminación, educación de las mujeres, programas de lenguas y participación política. Si ganamos esta apuesta estaremos un paso más cerca de la paz social.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La política europea de inmigración no puede limitarse a la lucha contra la inmigración ilegal. Urge implantar una política europea de integración de los nacionales de terceros países.

La Comunicación de la Comisión sobre un programa común para la integración representa, pues, un paso importante. Y la creación de un Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países abunda en este sentido. Los inmigrantes deben beneficiarse directamente de este fondo, que por tanto ha de permitir una mayor participación de los mismos en todos los niveles de la vida educativa. cultural y política.

Debemos favorecer un intercambio de las mejores prácticas en materia de políticas de integración de los Estados miembros a fin de preparar la vía para una verdadera política de integración europea.

Por otra parte, apoyo la propuesta del ponente de implantar procedimientos rápidos y generosos para conceder permisos de residencia de larga duración y favorecer la reunificación familiar y la naturalización de los residentes de larga duración.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La UE aborda la cuestión de la inmigración exclusivamente en el marco de la Estrategia de Lisboa, para así aumentar la competitividad de su economía; en otras palabras, desde el punto de vista de incrementar la rentabilidad del capital europeo. Por eso, sus pronunciamientos sobre la integración social de los inmigrantes no son nada más que una lista general de deseos, sin ningún respaldo práctico para resolver la agravación de sus problemas. Son una hipocresía insultante, dado que los inmigrantes en toda la UE se encuentran sometidos a la peor de las explotaciones del capital, ocupando puestos de trabajo mal remunerados, no asegurados, sin acceso a los derechos sociales y políticos fundamentales, víctimas permanentes del marco reaccionario institucional de los Estados miembros y de la UE, que mantienen ilegalmente presos a millones de inmigrantes.

El Partido Comunista griego apoya a los inmigrantes en su justa reivindicación de un estatuto legal, la abolición de puestos de trabajo no declarados ni asegurados, mayores sueldos y salarios, pago igual para trabajos de igual valor, una educación mejor y servicios sanitarios públicos y gratuitos y plenos derechos políticos para todos. La manera de resolver sus problemas pasa por su integración en el movimiento de la clase trabajadora, la resistencia y el desarrollo de su lucha contra la política antipopular de la UE y sus Gobiernos, que es la responsable de la pobreza y del infortunio de los trabajadores locales e inmigrantes en la UE y en todo el mundo.

- Informe Carlotti (A6-0210/2006)

  Nirj Deva (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo acogemos con satisfacción el amplio enfoque del informe Carlotti y apoyamos los numerosos elementos positivos y equilibrados de este informe.

Sin embargo, estamos en contra de la idea de integrar la cuestión de la migración en la política exterior de la UE, tal como se afirma en el apartado seis. No creemos que una estrategia común sea la mejor manera de tratar esta cuestión. Creemos que la política en este terreno debe seguir siendo competencia de los Gobiernos nacionales y no creemos en un enfoque paneuropeo de la política de inmigración.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El principal fallo de la señora Carlotti, que encontramos en todos los informes del Parlamento Europeo sobre el tema, es considerar que la inmigración, rebautizada para la ocasión con el nombre de «movilidad humana», es un derecho humano. No, ninguno de nosotros tenemos el derecho inalienable de instalarnos de modo permanente en el país que se nos antoje: los Estados deben poder decidir quién puede entrar en su territorio, quién puede quedarse en él y durante cuánto tiempo.

El prejuicio filosófico, casi religioso, que preconiza la ponente la lleva a falsas soluciones. Existe, evidentemente, un vínculo entre desarrollo y migración. Cientos de miles de personas se ven empujadas a la emigración por la miseria y es evidente, como propone el Front National desde hace años, que hay que aplicar políticas de desarrollo que permitan que esas personas permanezcan en sus países porque encuentren en ellos los medios para vivir dignamente.

Uno de esos medios es organizar el retorno de las poblaciones inmigradas a sus países de origen, para que estos puedan beneficiarse de la experiencia y las competencias adquiridas por los emigrantes durante su estancia en la Unión Europea. Es la única opción que el informe de la señora Carlotti no contempla en absoluto. Por ello, votaremos en contra.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Apoyamos este informe porque contiene una serie de puntos que nos parecen positivos. Sin embargo, no critica la política de inmigración que se aplica en la UE ni condena las causas subyacentes que se hallan detrás de la migración de millones de hombres y mujeres en todo el mundo.

El informe no critica la política de inmigración de la UE, cuyo principal objetivo es explotar la mano de obra barata desprovista de derechos a la vez que implementar medidas represivas que tratan de criminalizar a los inmigrantes, hombres y mujeres que simplemente desean disfrutar de su derecho a vivir –es decir, a tener acceso a comida, servicios sanitarios, agua, vivienda, educación y cultura–, el derecho al trabajo y el derecho a una renta.

El informe también elude las causas subyacentes de la migración, que tienen sus raíces en una desigualdad cada vez mayor. Esta desigualdad nace de las políticas neoliberales y militaristas que tienen su origen en la globalización capitalista. Estas políticas de liberalización y privatización pretenden promover la concentración de riqueza y patrimonio en los grandes grupos económicos y financieros y manipular a los Estados miembros para que puedan satisfacer sus intereses, lo que demuestra que no necesitan las injerencias y la guerra para imponer sus ideas.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) En vísperas de la Conferencia de Rabat, es urgente recordar que la cooperación de la Unión Europea con los países de origen de las migraciones no puede limitarse a ayudarles a reforzar sus fronteras.

Debemos entablar un diálogo para atajar las causas profundas que impulsan a las personas a cruzar océanos poniendo en peligro sus vidas para encontrar una vida mejor en Europa. Debemos facilitar un codesarrollo más centrado en las personas, a fin de reducir la pobreza y las desigualdades, primeras causas de la migración. La creación de un fondo europeo para el codesarrollo perpetuará este principio.

Por último, debemos recordar que la migración debe representar una oportunidad para los países de origen. Podemos promover el compromiso de los migrantes con sus países a fin de optimizar su impacto sobre el desarrollo de los mismos.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Voto a favor de este informe porque no plantea una legislación y contiene numerosas propuestas sensatas. Hace hincapié en la igualdad, los derechos para los solicitantes de asilo y ayuda a la integración y la cooperación. Sin embargo, estoy en contra de las propuestas contenidas en el informe que estipulan un mayor poder para la UE en política de migración, puesto que esto tendría un impacto negativo tanto en términos prácticos como democráticos. Me opongo a los nuevos fondos ineficientes que se proponen y que la UE será incapaz de administrar efectivamente. También me opongo a la propuesta poco rentable de pagar la diferencia salarial a los trabajadores con altos salarios que regresan.

- Informe Schmidt (A6-0207/2006)

  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) Con el informe del señor Schmidt, el Parlamento Europeo ha querido pronunciarse sobre la necesidad de situar el comercio justo dentro de un verdadero marco político europeo.

Esta iniciativa era indispensable. En efecto, la presión que ejerce actualmente la creciente apertura de los mercados a escala mundial representa una grave amenaza para la viabilidad económica, ecológica y social de los distintos modelos agrícolas mundiales: al obligarles a producir a precios cada vez más bajos, pone en peligro a los agricultores, pues mina sus ingresos y contribuye a deteriorar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas, así como el medio ambiente.

El libre comercio puede y debe contribuir a ofrecer una alternativa a esta situación que, al favorecer el mínimo común denominador, mina los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta perspectiva, la Comisión debe transmitir hoy un firme mensaje político a favor de un sistema comercial que confiera a los productores unos ingresos dignos y contribuya a suprimir cualquier tentación de dúmping social y ambiental. La creciente popularidad de los productos del libre comercio entre los consumidores europeos no puede más que incentivar una iniciativa de este tipo.

Así, y aunque lamento que el Parlamento no haya querido abogar por medidas arancelarias especiales (un enfoque diferenciado similar al SPG+) a favor de los productos procedentes del libre comercio, votaré a favor del informe Schmidt.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque este informe tiene las mejores intenciones, finalmente no llega hasta la raíz del problema.

El productor debe recibir, por supuesto, unos ingresos justos –para poder sufragar los costes de producción y asegurarle un modo de vida sostenible– y debe, además, participar en el proceso de comercialización de sus productos, por citar tan solo dos de los muchos puntos positivos de este informe.

Pero esto no debe ocultar el hecho de que las ideas más generales que sostienen el llamado comercio justo están discrepan en gran medida de las políticas de liberalización del comercio mundial, por ejemplo en la OMC (por no mencionar los acuerdos de libre comercio promovidos por la UE y los Estados Unidos), que tratan de manipular los sistemas de producción de los países económicamente menos desarrollados para satisfacer las necesidades de expansión de los grandes grupos económicos y financieros de los países del «norte».

Lo que se necesita es una política que respete el derecho de las personas a usar los recursos naturales y a disfrutar de los beneficios económicos y de producción de su país para así mejorar sus condiciones de vida; una política que fomente la cooperación mutuamente beneficiosa y asegure la soberanía alimentaria; una política por la que los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía sigan siendo de propiedad pública y estando bajo control público.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe equilibrado que explora de qué modo la creciente popularidad y cantidad de productos de comercio justo en la UE puede contribuir a nuestro intento de acabar con la injusticia social y elevar los niveles de la producción de los países en desarrollo.

Apoyo algunas de las conclusiones de este informe, como la de que debe haber una adecuada información al consumidor, un precio justo para el productor y transparencia a lo largo de toda la cadena de distribución. He intentado enmendar el informe para garantizar que las condiciones de producción influyan de modo determinante en la noción de comercio justo a través de la necesidad de respetar las ocho convenciones centrales de la OIT.

También he presentado una enmienda pidiendo a la Comisión que mantenga un estrecho contacto con el movimiento del comercio justo para apoyar criterios claros y ampliamente aplicables con los que puedan evaluarse los mecanismos de protección del consumidor, para apoyar la confianza del consumidor en dichos mecanismos. Dada la existencia de varios mecanismos nacionales que el consumidor reconoce, no apoyo actualmente un mercado de comercio justo para toda la UE. Sin embargo, creo que debe considerarse esta opción si la proliferación de normas y marcas induce a confusión entre los consumidores.

- SIDA, es hora de reaccionar (B6-0375/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Es bien sabido que existen más de 65 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, cerca de 25 millones han muerto y unos 15 millones de niños han quedado huérfanos a causa del sida. Esto es especialmente grave en los países en desarrollo, donde de los 40 millones de personas que actualmente viven con el VIH, más del 95 % viven en países en desarrollo, con más del 70 % tan solo en el África subsahariana.

Sobre este espantoso telón de fondo, quiero destacar la difícil situación de las mujeres, que representan más de la mitad de todas las personas que viven con sida y un 60 % de quienes viven con sida en África, siendo las mujeres de dos a cuatro veces más vulnerables a la enfermedad que los hombres.

Aunque deseamos destacar la declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de junio de 2006, en particular sus referencias a la necesidad de favorecer el acceso de medicamentos para todos, lo que incluye la producción de antirretrovirales genéricos y otros fármacos esenciales para infecciones relacionadas con el sida, es lamentable que dicha declaración carezca de objetivos globales o calendarios establecidos sobre tratamientos, recursos y prevención, y tampoco establece un plan viable para respaldar el objetivo de proporcionar acceso universal para todos los afectados por el VIH antes de 2010...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

8. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

10. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

11. Resultados de las reuniones de la OMC a finales de abril en Ginebra y perspectivas futuras (continuación del debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral formulada por el señor Barón Crespo sobre los resultados de las reuniones de la OMC de finales de abril en Ginebra y las perspectivas futuras.

  Robert Sturdy (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, creo que la mayoría de nuestros oradores desean que el señor Mandelson esté presente cuando intervengan. ¿Sabe si va a venir?

  El Presidente. – Me indican que el Comisario está de camino y creo incluso que acaba de entrar en la Cámara. Por tanto, vamos a dejar que nuestro amigo el Comisario se instale tranquilamente mientras interviene el primer orador en nombre de su Grupo.

  Georgios Papastamkos, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, me gustaría añadir una propuesta seria a la que ha hecho acertadamente el presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el señor Barón Crespo. Los resultados del encuentro en Ginebra no deberían desviar nuestro compromiso con el multilateralismo, las relaciones económicas internacionales organizadas y una gobernanza equilibrada y justa del comercio mundial.

No obstante, no entiendo por qué la Unión continúa estando en desventaja en el sector agrícola. Todos sabemos que ha hecho gala de una postura negociadora constructiva. El énfasis negociador, con concesiones, viene dictado por otros agentes principales desarrollados y los que experimentan un desarrollo dinámico. Debemos acabar con los engaños que algunos de nuestros interlocutores en la negociación se esmeran en mantener.

En primer lugar, la liberalización agrícola no es la panacea para el desarrollo. Al contrario, previsiblemente solo beneficiará a algunos exportadores competitivos, como Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina. Todos los estudios económicos recientes coinciden en que los mayores beneficios de la actual ronda procederán previsiblemente de la apertura de los mercados de productos industriales y servicios comerciales.

En segundo lugar, la liberalización de los productos industriales y de los servicios no solo responde a un fuerte interés de los países desarrollados. La liberalización gradual, con la necesaria ayuda técnica, demostrará ser beneficiosa para los propios países en desarrollo.

En tercer lugar, es absolutamente positivo otorgar un trato especial a los países en desarrollo. Al mismo tiempo, sin embargo, solo mirando hacia fuera podrán estos países ayudarse a sí mismos para integrarse de manera más efectiva en el sistema de comercio mundial. Por lo que respecta al multilateralismo o al dilema entre bilateralismo y regionalismo, estamos absolutamente a favor de las relaciones comerciales multilaterales.

Por consiguiente, hay que seguir negociando, pero manteniendo intacto el principio de compromiso uniforme. Creo que aún queda margen para el acuerdo. La Ronda de Doha no debe fracasar. Viene acompañada de grandes ambiciones y expectativas.

Para concluir, me gustaría dar especialmente las gracias al Comisario Mandelson por su detallado informe sobre el encuentro de Ginebra y felicitarle sinceramente por su posición negociadora.

  Panagiotis Beglitis, en nombre del Grupo del PSE. – (EL) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias por sus informes al presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el señor Barón Crespo, y al Comisario, el señor Mandelson.

Creo que la ruptura de las negociaciones en Ginebra la semana pasada creó un clima de alarmismo; ese fue el clima cultivado. Sin embargo, creo que este clima en ninguna circunstancia debería presionar a la Comisión o al Comisario Mandelson a continuar haciendo concesiones, especialmente en el sector agrícola.

Señor Comisario, temo que la Unión Europea y la Comisión Europea han perdido la batalla por nuestras posiciones. Hemos perdido en el frente de la comunicación y creo que a este respecto debemos tener especial cuidado. Nuestro mensaje debe ser totalmente diáfano. Queremos un compromiso equilibrado y lógico que abarque todos los sectores de la Ronda de Doha. Sin embargo, un compromiso así no puede ir a costa del sector agrícola de la Unión Europea. De ahí que para nosotros la posición sea el mandato del Consejo de Ministros y la Política Agrícola Común revisada.

Por último, señor Comisario, me gustaría que nos explicara algo que recientemente ha dicho usted en numerosas ocasiones: ¿qué significa eso de que «la Comisión Europea demostrará flexibilidad condicional»? Me temo que esto está siendo explotado por nuestros socios comerciales con el fin de aumentar la ejercer presión sobre la Comisión Europea.

  Marian Harkin, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, doy la bienvenida al Comisario Mandelson.

He escuchado lo que ha dicho el Comisario esta mañana. Ha hablado de una reducción real de las subvenciones agrícolas para todos y ha empleado la expresión «operando hasta el límite de nuestra flexibilidad». Deseo preguntarle sobre esa flexibilidad y el mandato que tiene del Consejo de Ministros con respecto a las concesiones comerciales en materia agrícola. ¿Se ha reflejado el mandato negociador en las conclusiones del Consejo y ha cambiado el Acuerdo de Luxemburgo? Aunque no espero que me dé detalles precisos de su posición negociadora, quisiera saber cuáles son los parámetros generales de esa flexibilidad y si existe un límite.

El Comisario ha dicho también que había negociado junto a la Comisaria Fischer Boel en Ginebra, la semana pasada. ¿Está de acuerdo con la declaración de esta de la semana pasada de que si aceptásemos las propuestas del G20 en su conjunto perderíamos hasta medio millón de puestos de trabajo en la cadena de distribución, la supresión de la producción de carne de vacuno de Irlanda y Francia y la completa desaparición de la producción avícola?

Finalmente, pido sinceras disculpas al Comisario porque, como el debate se ha prolongado durante varias horas y tengo un avión que no va a esperar, tendré que escuchar sus respuestas en Internet.

  Carl Schlyter, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, está claro que la crisis de la OMC se está agudizando. Existe el riesgo de que el fracaso de la reunión ministerial de la OMC de la semana pasada en su intento de aproximar a los miembros a un acuerdo comercial represente otro paso hacia la traición definitiva a la idea misma de una Ronda del Desarrollo. Algunos han dicho incluso que la reunión fue contraproducente, con una atmósfera todavía más difícil que la anterior, pero quizás los aspectos positivos son que los países en desarrollo están unidos en la insistencia de que los países ricos sitúen por norma el desarrollo en el corazón del proceso y cumplan sus promesas de hace tantos años.

Más de dos tercios de los miembros de la OMC, los países en desarrollo y los países menos desarrollados, han declarado que estaban dispuestos a hacer un trato, pero que los países industriales deben hacer la mayor contribución para mostrar un liderazgo real. Me alegra que la UE haya señalado que estaba dispuesta a situarse más cerca de la posición del G20, particularmente reduciendo las ayudas nacionales, pero todavía existen vacíos legales en la oferta de la UE que socavarían el potencial de un auténtico acuerdo de desarrollo. La oferta de los Estados Unidos, por supuesto, está muy lejos de lo necesario para detener el dúmping y proteger la seguridad alimentaria.

Con respecto al trato especial y diferenciado en agricultura, la llamada caja del desarrollo, no está claro si la Comisión apoyará la petición del G33 de que se incluya un porcentaje importante de productos para garantizar la seguridad alimentaria. Estaría muy agradecido si el Comisario Mandelson nos expusiese la posición de la UE, distinguiéndola, ojalá, de las propuestas extremadamente nocivas de los Estados Unidos.

En lo referente a NAMA, la Comisión todavía pide una liberalización demasiado extrema, que amenazaría la supervivencia del sector productor local de algunos países en desarrollo y nada más alejado del espíritu de la Ronda del Desarrollo que pedir acciones sobre los niveles de los aranceles aplicados y no, como es habitual, sobre los niveles de los aranceles consolidados.

Parece muy improbable que tengamos un acuerdo en julio y el calendario también es demasiado precipitado. Necesitamos un período de reflexión sobre las razones del fracaso de la Ronda de Doha. Debemos extraer lecciones de ello, asegurar que las cosas se tramitan mejor en OMC reformada, clarificar el papel del comercio y lograr un desarrollo sostenible. Quizás de esa forma podamos llegar a una Ronda del Desarrollo que en líneas generales sea digna de ese nombre.

  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo del IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, lo que estamos debatiendo esta tarde no son tan solo los resultados del encuentro de la OMC en Ginebra, sino también el futuro de la OMC como institución. La crisis en el seno de la OMC hace más probable que esta institución no sea ya capaz de actuar más que como mero árbitro ni de tomar la iniciativa para proponer nuevas normas, con la consiguiente amenaza de que el comercio mundial sea de nuevo esclavizado por un sinfín de acuerdos bilaterales. Tengo tres preguntas que me gustaría hacer al Comisario Mandelson.

En primer lugar, ¿son todas las partes involucradas en las negociaciones comerciales plenamente conscientes de la urgencia de que la Ronda de Doha concluya satisfactoriamente? Mi segunda pregunta se deriva de la primera y es la siguiente: ¿cuál es la opinión del Comisario sobre el papel de los Estados Unidos y el G20, y hasta qué punto, señor Comisario, cree usted que están dispuestos a actuar? Mi tercera pregunta es la más urgente: ¿Tiene claro la Comisión qué va a hacer si fracasa la Ronda de Doha, y qué clase de plan de trabajo ha preparado ante tal eventualidad?

Quiero presentar a la Comisión dos propuestas con respecto a este plan de trabajo comercial. Por encima de todo, el camino que pasa por los acuerdos multilaterales debe mantenerse abierto durante el máximo tiempo posible. Los acuerdos bilaterales siempre someten el comercio mundial a innumerables clases de normas comerciales y lo hacen menos manejable y menos eficaz. Además de todo esto, también encierran la amenaza de un nuevo proteccionismo económico.

Mi segunda propuesta tiene que ver con el papel de los países en desarrollo, que no deben verse subyugados por el poder de cualquier acuerdo bilateral futuro. La Comisión debe ofrecer a estos países apoyo técnico para que en las negociaciones no salgan perdiendo ante los grandes.

  Robert Sturdy (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, doy las gracias al Comisario, no solo por venir hoy aquí a escuchar el debate, sino también por la ayuda que creo que prestó a los diputados en Ginebra la semana pasada. No pude estar allí, pero ellos expresaron su agradecimiento por la forma en que los mantuvo informados.

Tengo la impresión, señor Comisario, a partir de su intervención –que creo que ha sido bastante franca–, de que, escogiendo mis palabras cuidadosamente, aunque podría usar otras más fuertes, usted estaba bastante enfadado por la forma en que los Estados Unidos intervenían en las negociaciones. De hecho, parece que fueron bastante intransigentes. Aunque no siempre se puede creer lo que se lee en los periódicos, según un comunicado de prensa usted preguntó a la representante de comercio de los Estados Unidos, Susan Schwab, qué podría ofrecerle a cambio de que la UE les concediera todo lo que quisieran en relación con el acceso a los mercados. Parece que ella no pudo dar una respuesta. Me pregunto si los Estados Unidos tienen un mandato. Cuando estuvimos en Hong Kong, parecía que Rob Portman nunca podía negociar. Siempre que lo escuché, había un problema particular con el algodón de África Occidental. Sin duda, cuando los productores le presionaron en Hong Kong se molestó mucho y no pudo hacer ningún comentario. No era una cuestión importante para los Estados Unidos y no era una cuestión importante para el comercio, pero revestía gran importancia.

¿Cuál es la segunda opción si en el próximo mes no avanzan las negociaciones? ¿Adónde vamos? ¿Cuál es la situación?

En relación con una cuestión menor, la señora Harkin ha mencionado la agricultura. ¿Cuál es la posición? Existe una gran inquietud, sin duda en el Reino Unido, pero también, estoy seguro, en toda Europa, en torno a la llegada a la Unión Europea de carne de vacuno tratada con hormonas en el marco de una negociación comercial con los Estados Unidos. ¿Existe el riesgo real de que esto suceda, o podemos impedirlo?

  David Martin (PSE). – (EN) Señor Presidente, está claro que las conversaciones sobre el comercio mundial se encuentran en una grave crisis, pero espero que los diputados no nos lleven con sus intervenciones a un fracaso seguro. Está claro que el éxito de la ronda depende de que se encare la agricultura. Con más del 85 % de la población viviendo en zonas rurales, no sorprende que los países más pobres del mundo juzguen cualquier paquete a la luz de su efecto para sus agricultores.

Lo que me parece más incomprensible, francamente incluso inexplicable, es la noción de que las conversaciones pudieran tambalearse a causa de la posición de los Estados Unidos y en menor medida de la UE en relación con la agricultura. La agricultura representa solo el 2 % de nuestra riqueza y por ello me parece perverso hacer de esto un escollo cuando tenemos tanto que ganar de una mejora del acceso al mercado para productos no agrícolas y particularmente de la liberalización de los servicios.

Desde el inicio de la ronda de Doha, la UE ha llevado a cabo una reforma sustancial de la PAC. En Hong Kong ofrecimos acabar con las subvenciones a la exportación de productos agrícolas para 2013; nuestro mecanismo «Todo menos armas» ofrece acceso sin aranceles a los productos de los países más pobres. Si bien creo que podemos y debemos ir más allá y felicito al Comisario por su flexibilidad, particularmente la flexibilidad que mostró en Ginebra, es una flexibilidad de la que por desgracia carecen nuestros interlocutores y socios comerciales.

Lo que quiero preguntarle al Comisario, dados sus amplios contactos con otros negociadores, es si puede decir a esta Cámara qué tipo de paquete considera necesario que los Estados Unidos pongan sobre la mesa para salir de este atolladero.

Susan Schwab ha indicado que sigue estando firmemente a favor de un resultado efectivo. ¿Qué necesita poner en la mesa para mostrar que los Estados Unidos están dispuestos a hacer con las subvenciones agrícolas lo dicen que van a hacer?

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, parece que hemos perdido de vista el aspecto del desarrollo de la Ronda del Desarrollo de Doha a medida que se va atascando. No ha habido beneficios tangibles para las naciones menos desarrolladas. Ha habido pérdidas tangibles para países como Mauricio, que ahora corren el riesgo de ser relegados a la categoría de países más pobres.

También ha habido grandes pérdidas para la agricultura irlandesa. Hace poco un agricultor –un ganadero de ovejas de tercera generación– me llevó a ver su último rebaño de ovejas. En nuestra industria azucarera, hace tiempo floreciente, se han apagado las luces y se ha cerrado la puerta de nuestra última fábrica. Aunque me gustaría ver algún progreso tangible para las naciones más pobres, supongo que debo dar las gracias porque en la última ronda de conversaciones no se haya sacrificado más agricultura irlandesa.

Sin embargo, si el Comisario necesita una palanca para mover la posición de los Estados Unidos, le sugiero que trabaje a favor de la separación categorizada de los cultivos modificados genéticamente de sus equivalentes naturales. Esto nos daría a nosotros y a los países menos desarrollados una ventaja clara sobre los Estados Unidos, a quienes les resultaría muy difícil separar los cultivos modificados genéticamente de los equivalentes naturales. Cuando el Comisario haga esto, ¿podría hablar también con la Comisaria Fischer Boel sobre la posibilidad de que los países europeos se declaren libres de productos genéticamente modificados?

  Christofer Fjellner, (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, me gustaría empezar dando las gracias al Comisario Mandelson por la franqueza que mostró ante los cuatro diputados que formamos la delegación del Parlamento en Ginebra la semana pasada. Fue una experiencia muy satisfactoria y creo que cooperamos muy bien. Hay un valor intrínseco en el hecho de que hayamos obtenido un nuevo acuerdo de la OMC. Hacerlo requiere confianza, tanto en la OMC como en el propio multilateralismo. Es, al fin y al cabo, el único sistema que ha logrado liberalizar realmente el comercio mundial.

Sin embargo, creo que tenemos razón cuando exigimos más que un mero acuerdo entre todas las partes. Merecemos un acuerdo ambicioso, un acuerdo que proporcione mayor acceso al mercado tanto a los productos agrícolas como a los productos industriales para todos, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, sin dejar fuera a los servicios. Este es un aspecto crucial si queremos que los países pobres se desarrollen, pero también si queremos que nuestras empresas europeas puedan acceder a nuevos mercados. A largo plazo, nadie ganaría con un acuerdo descafeinado o un completo fracaso de la Ronda de Doha. Por lo tanto, no creo que exista ninguna justificación para las posiciones inamovibles que vemos tomar a muchas de las partes en estos momentos.

Es fácil ver los problemas que se plantean en las negociaciones. La realidad económica debería bastar para convencer a todas las partes de que hagan un pequeño esfuerzo adicional, especialmente el triángulo constituido por la UE, Brasil y los Estados Unidos, que tanto protagonismo ha tenido durante el pasado fin de semana en Ginebra. Todos estos países tienen fuertes razones prácticas para dar un paso más. En los Estados Unidos, por ejemplo, incluso los defensores más dogmáticos del proteccionismo agrícola deberían ser capaces de ver que es mejor renunciar a los subsidios agrícolas en el transcurso de las negociaciones y recibir a cambio el acceso al mercado de regiones cruciales, en lugar de verse obligados a renunciar a ellos por un organismo de resolución de conflictos tras un fracaso de las negociaciones y no recibir entonces absolutamente nada a cambio. El panel del azúcar que la emprendió contra nosotros y que nos hizo reformar nuestros subsidios a los productores de azúcar debería habernos llevado a la misma conclusión.

La UE debería entender asimismo que es absurdo no asegurar la apertura de mercados mucho más importantes para productos industriales y servicios por querer aferrarnos a un subsidio agrícola que todos sabemos que en el fondo es insostenible. Por tanto, me complace que la Comisión parezca inclinarse por aceptar la petición del G20, el grupo de los países en desarrollo avanzados, de reducir los elevados aranceles aduaneros impuestos sobre los productos agrícolas. Esto es crucial si queremos a salvar las perspectivas de llegar a un acuerdo. Ahora debemos asegurarnos de que mantengamos un enfoque flexible únicamente en relación con los productos verdaderamente vulnerables y no para satisfacer los intereses particulares de quienes hacen más ruido. Si alguien debería comprender la importancia del comercio sin aduanas y barreras, deberíamos ser nosotros, aquí en Europa. Nosotros, que vemos el beneficio que reporta cada día a través del mercado interior.

(Aplausos en varios escaños)

  Elisa Ferreira (PSE). – (PT) Yo formé parte de la delegación del Parlamento en Ginebra y me gustaría compartir un par de puntos positivos con ustedes: el primero fue la buena cooperación entre la Comisión y los diputados al Parlamento Europeo que se encontraban allí. Tal como han dicho otros oradores, hubo contactos diarios con el señor Mandelson y la señora Fisher Boel. Esto aseguró un flujo constante de información, y gracias a ello los diputados al Parlamento Europeo pudieron hacer más cosas. El segundo es la imagen de la UE como bloque activo que está dispuesto a negociar, en contraste con otros socios, en particular los Estados Unidos.

En el lado negativo, no hay duda de que las negociaciones no llegaron muy lejos, lo que no es bueno para el mundo y para Europa. En Europa necesitamos reforzar la competitividad, el crecimiento y el empleo. A este fin hemos de asegurar el acceso efectivo de las empresas industriales –el acceso a los mercados no agrícolas (NAMA)– y de servicios más dinámicos a los mercados; necesitamos garantizar el respeto de la propiedad intelectual y negociar en igualdad de condiciones ambientales y sociales que regulan la competencia internacional.

Tengo una o dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la capacidad real de Europa para hallar una solución, aunque sea parcial, a estos problemas de la Ronda de Doha? En segundo lugar, si como prevemos no se alcanza ningún acuerdo en julio, ¿qué estrategia adoptará la UE?

(EN) Usted ha hablado de un nuevo conjunto de propuestas en septiembre. ¿Puede darnos algunos detalles al respecto?

(PT) Tercera pregunta; ¿se debe la gran dificultad de lograr resultados en la actual Ronda de Doha a problemas rutinarios o bien es el modelo multilateral de la armonización mundial del comercio, que personalmente apoyo, el que debe renovarse por completo y quizá complementarse?

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, como sabe el Comisario Mandelson, el aumento del comercio y la prosperidad van de la mano. Aumentar el comercio y la prosperidad comporta una reducción de la migración, una sociedad más estable y paz. El tercer mundo necesita una porción del comercio mundial tan grande como los demás, pero el actual régimen de aranceles y subvenciones se lo impide. ¿Por qué no derribar las barreras frente al tercer mundo a cambio del progreso nacional, jurídico e infraestructural?

La UE no volverá a revisar los aranceles antes de 2013 y se perderá un tiempo precioso. Ahora hablaremos de la globalización. ¿Cómo es posible que se hayan puesto aranceles tan elevados para los zapatos procedentes de China? ¿Tenemos miedo de que la masiva población de China desplace la producción de Europa? Debemos pensarlo otra vez; el comercio es una vía bidireccional. Comprar de China significa que 500 millones de europeos tendrán acceso a un mercado de 1 300 millones de chinos. Es una oportunidad enorme para los fabricantes europeos.

Por ello quiero urgir al Comisario a que, por favor, tenga la valentía y la audacia de reducir drásticamente los aranceles y las subvenciones y estimule el comercio libre a nivel mundial. No hablemos simplemente de reducir la pobreza y hacer que pase a la historia; demos pasos concretos para promocionar el comercio, que ofrece la única solución real.

  Daniel Caspary (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, lo que quiero decir al Comisario Mandelson y a su personal es lo siguiente: ¡enhorabuena por el buen resultado de las negociaciones de las últimas semanas! Se ha demostrado, de una vez por todas, que es posible pasar la pelota al tejado de los Estados Unidos; la Unión Europea ha logrado por fin desprenderse de su papel asignado de obstruccionista, y ahora está claro para todos que ha llegado la hora de que sean los demás quienes han de mover ficha. Otro aspecto positivo es que las partes negociadoras se despidieron el fin de semana en un ambiente de calma y no como hicieron después de Hong Kong, discutiendo a voz en grito, así que esto constituye un motivo de esperanza para las próximas semanas. Desde un punto de vista realista, no cabía esperar resultados para antes de junio ni ningún punto final de esa fecha.

Sin embargo, habrá varias cosas importantes en las próximas semanas. Para empezar, nuestra economía necesita que los mercados estén realmente abiertos, especialmente en las economías emergentes. En segundo lugar, no deben producirse concesiones unilaterales con respecto a la agricultura. En tercer lugar, no debe haber, ni tan siquiera en las próximas semanas, ningún acuerdo político prematuro. En cuarto lugar, un mal resultado sería incluso peor que ninguno, pues sería un desastre para nuestras economías nacionales si ofreciéramos reducciones generalizadas de los aranceles aduaneros y de los subsidios agrícolas o del NAMA sin conseguir a cambio auténticas mejoras del acceso al mercado para los productos industriales. En quinto lugar, es absolutamente vital que los representantes europeos en la cumbre del G8 planteen el tema de la Ronda de Doha y la sitúen allí en el primer lugar del orden del día. Es vital para todas las partes interesadas que no fracase esta ronda, sino que en cambio rinda beneficios de prosperidad para todos los miembros de la OMC sobre la base de resultados claros y nada ambiguos.

Teniendo esto presente, a todos los negociadores de la UE les deseo tenacidad, suerte y éxito en las próximas semanas.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, gracias por este debate tan útil y constructivo. Quiero dar las gracias a aquellos que han apoyado a la Comisión en su postura negociadora y en su enfoque de la negociación. En última instancia, nunca es fácil juzgar con precisión cómo actuar mejor y cuál es el mejor momento para hacerlo, pero lo intentamos y creo que se puede afirmar que entre los socios negociadores clave la UE tiene un apoyo considerable para el enfoque que estamos adoptando. Todavía más importante es el apoyo que tenemos de nuestro lado, de nuestros propios Estados miembros y de los diputados a esta Cámara.

Haré inmediatamente una observación. Tenemos una serie de intereses en estas negociaciones, agrícolas y no agrícolas, sobre la liberalización de los servicios y la reglamentación. Nuestro trabajo como negociadores es obtener un resultado equilibrado en todos estos temas de negociación. Daremos en algunos aspectos más de lo que daremos en otros. Habrá un toma y daca, ganaremos en unas cosas y perderemos en otras.

Nadie puede hacer una evaluación definitiva de lo que Europa ganará en estas conversaciones hasta que todo termine, no solo cuando se apliquen las modalidades clave, como espero que se haga este verano, sino cuando se hayan celebrado las demás negociaciones sobre los mecanismos de cada país y cuando se apliquen todas las negociaciones sobre las normas.

Es muy importante que aquellos que están particularmente preocupados por la agricultura europea entiendan y acepten que no nos excederemos en la agricultura para pagar lo que queremos en otra parte en las conversaciones. Haremos lo que es justo. Haremos lo que es razonable. Haremos lo que está en nuestro mandato en lo que se refiere a la agricultura. Lo tengo muy claro. También deben tenerlo claro nuestros Estados miembros.

Dicho esto, es importante mantener una perspectiva razonable en estas negociaciones. Debemos tener cuidado de no dedicar tanta energía a la protección de nuestros intereses defensivos en agricultura en estas negociaciones, que no logremos dar la prioridad a nuestros intereses ofensivos en el acceso al mercado para productos no agrícolas y en los servicios. Debe haber realmente un sentido de la proporción y el equilibrio sobre cómo ponderamos los diversos intereses sociales y económicos que están en juego.

En lo que se refiere a los Estados Unidos, permítanme decir esto en respuesta a una intervención: en caso de que las conversaciones fracasen, no creo que nosotros, en nuestra calidad de negociadores europeos, debamos entrar en una carrera con los Estados Unidos para ver quién puede echar la culpa al otro de la forma más eficaz. Considero a los Estados Unidos un socio auténtico, un país y una economía que comparten algunos de nuestros intereses pero al mismo tiempo que pone un énfasis distinto del nuestro en varios aspectos de estas negociaciones. No lograremos una conclusión efectiva a menos que la UE y los Estados Unidos trabajen juntos como un equipo, no a costa de otros socios negociadores, ni a costa de otras negociaciones sensatas y vínculos y acuerdos que tendremos con nuestros interlocutores en varios ámbitos de las negociaciones.

Sin embargo, si al final la UE y los Estados Unidos difieren y, simplemente, no pueden ponerse de acuerdo en torno al fundamento sobre el que situarse juntos para concluir estas conversaciones de forma efectiva, entonces no habrá una conclusión efectiva de estas conversaciones. Nosotros perderemos, los Estados Unidos perderán, la economía mundial perderá y, particularmente, los países en desarrollo perderán.

Quiero dar las gracias a los diputados que han intervenido, incluidos los que han preguntado cuál es mi plan B por si las conversaciones fracasan. Me temo que no estoy preparado para el fracaso: voy a seguir negociando exclusivamente para que la ronda sea un éxito, ya sea en relación con la carne de vacuno tratada con hormonas, que no forma parte de estas negociaciones –no aceptamos la carne de vacuno tratada con hormonas de los Estados Unidos en la Unión Europea por razones de salud, no por razones comerciales–, o en relación con los OMG, que tampoco son tema de estas conversaciones y en los que nuestra política debe ajustarse primero al marco regulador que adoptamos en la UE hace algunos años y en línea con las normas de la OMC. Esto es lo que rige nuestro enfoque y no lo que estoy negociando en estas conversaciones.

Me complace que nosotros, la Comisión y los diputados a este Parlamento, podamos cooperar en Ginebra y en otros lugares. No coopero con el Parlamento como un acto de generosidad por mi parte. No tiene nada de altruista. La razón por la que coopero es porque quiero que los diputados al Parlamento Europeo estén presentes en esas ocasiones. Ustedes me dan planteamientos valiosos, ustedes recopilan información general y confidencial, tienen acceso a diversas fuentes de opinión a las que yo no siempre tengo fácil acceso y, en ocasiones, también pueden ayudarnos a enviar un mensaje a nuestros interlocutores. Por eso me complace que los diputados al Parlamento estén presentes y seguiré cooperando muy estrechamente con ustedes.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

12. Marca de origen de algunos productos importados (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión formulada por el señor Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la indicación del país de origen de determinados productos importados de terceros países («marca de origen») (O-0065-2006 – B6-0316/2006).

  Enrique Barón Crespo (PSE), autor. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, constatando lo que acaba de decir el Comisario acerca del excelente clima de cooperación y trabajo conjunto que mantenemos entre el Parlamento y la Comisión, me gustaría expresar, en este caso, mi pesar por un pequeño incidente relativo a la transmisión formal al Parlamento de esta propuesta para información, lo que nos ha impedido reaccionar oportunamente, aunque todavía estamos a tiempo.

Me consta que se remitió esta propuesta en los documentos de la Comisión 133, transmitidos, como es habitual, por la secretaría de la Comisión a la de la Comisión de Comercio Internacional. No obstante, me gustaría señalar que, tanto por razones prácticas como de principio, la transmisión informal no sustituye a la notificación formal del Parlamento para información. En cualquier caso, señor Comisario, quiero que quede claro que entendemos que la Comisión no ha actuado de forma intencionada, y, por lo tanto, podemos entrar a tratar el fondo de la cuestión, que es muy importante para los europeos.

En primer lugar, en relación con el fondo de la cuestión, quiero señalar que aprecio y agradezco su propuesta de establecer en la Comunidad Europea un sistema de marca obligatoria del país de origen. Creo que esta iniciativa va en la dirección adecuada. En pocas palabras, el sistema propuesto de marca de origen permitirá a los consumidores europeos saber exactamente cuál es el país de origen de los productos que compran. Y va en la línea de lo que ya hemos aprobado anteriormente, como, por ejemplo, la trazabilidad de los productos agrícolas.

La Comisión Europea considera, con razón, que los derechos de los consumidores son una prioridad importante, yo diría incluso constitucional. Sin embargo, no tiene mucho sentido disponer de derechos cuando no se dispone de la información necesaria para hacerlos efectivos. La libre elección no existe si los consumidores no están en condiciones de ejercerla adecuadamente.

Para tener confianza, los consumidores necesitan estar satisfechos de su nivel de información y protección. De hecho, no puede haber comercio sin confianza. La marca inequívoca de origen no beneficiará tan solo a los consumidores, ya que esta propuesta de Reglamento también tendrá efectos beneficiosos para la industria europea.

Nuestra producción, cada vez más, tiene que estar asociada a un alto nivel de calidad y de estilo. Esto es lo que nos puede permitir sobrevivir en el mundo globalizado, por ejemplo, en sectores tan cualificados como el textil, la confección, la joyería, el calzado e, incluso, el automóvil, en cuanto a diseño y calidad, pues este es otro sector sensible.

Con frecuencia, los consumidores de todo el mundo están dispuestos a pagar más cuando saben que el producto ha sido fabricado en la Unión Europea y esta es una de las ventajas «naturales» que podemos defender. Incluso –y lo digo en relación con las negociaciones de este fin de semana en la OMC– una cuestión tan sensible para Europa como las indicaciones geográficas entra dentro de esta filosofía: tenemos que defender aquello que nos caracteriza a nivel mundial.

Por lo tanto, es un punto en el que apoyamos claramente a la Comisión: no comprendemos la actitud de muchos de los Estados de la Unión Europea que, en este momento, están bloqueando la decisión en el Consejo. Creemos que este es un paso importante para mejorar nuestra capacidad de presencia y competitividad a nivel mundial y creo que esto forma parte de nuestras responsabilidades colectivas.

La Comisión y los Estados miembros no deberían escuchar solamente, por respetables que sean, a importadores, mayoristas o empresas que ya han deslocalizado su producción a otros continentes. También deberían escuchar las reivindicaciones legítimas de los consumidores y de la industria europea, que necesita afirmar esa característica que es la marca de origen. Además, se trata también de una cuestión de justicia. Nuestros principales socios comerciales nos imponen el «Made in Europe», ¿por qué nosotros, por nuestra parte, no contribuimos a prestigiar esta marca?

Globalizar no significa renunciar a nuestro patrimonio de experiencia y de capacidad, significa potenciarlo. Espero que los Estados miembros que se oponen en el Consejo a esta justa iniciativa lo comprendan.

  Peter Mandelson , miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero empezar diciendo que esta Comisión, y yo, en mi calidad de Comisario de Comercio, estamos firmemente decididos a trabajar estrechamente con el Parlamento, conforme al acuerdo marco que regula las relaciones entre las dos instituciones.

Como señala correctamente pregunta, el fundamento jurídico de esta medida, el artículo 133 del Tratado CE, no prevé específicamente la consulta al Parlamento Europeo sobre esta propuesta de un sistema de «marca de origen». Sin embargo, coherentes con nuestro compromiso de mantener totalmente informado al Parlamento Europeo, al igual que al Consejo, de la dirección y conclusión de las negociaciones internacionales, así como de las iniciativas legislativas, el 12 de enero de 2006 se comunicó la propuesta y la evaluación de impacto adjunta al Parlamento Europeo por medio de la Comisión de Comercio Internacional.

Me referiré al apartado 2 de la propuesta de resolución que tienen ustedes sobre la mesa. La redacción de ese apartado es un poco desafortunada, porque, tal como está escrito actualmente, podría entenderse que la Comisión no ha enviado ningún documento sobre la «marca de origen» al Parlamento. Como ya he dicho, lo enviamos en forma de documento basado en el artículo 133 a la Comisión de Comercio Internacional. Creo que sin duda sería más justo conmigo y con la Comisión, y más exacto, que se rectificara la redacción.

Nuestra intención ha sido, y sigue siendo, actuar de acuerdo con la letra y el espíritu del acuerdo marco. Para cumplir los compromisos sobre ese acuerdo, y además de los muchos contactos formales e informales que tengo con ustedes, la Comisión se esfuerza mucho por compartir toda la información posible con el Parlamento, como hice la semana pasada en Ginebra.

Particularmente enviamos a la Comisión de Comercio Internacional copias de todos los documentos políticos que se han debatido en la Comisión 133 del Consejo. Si debía haberse usado una vía interinstitucional más formal para informarles en esa ocasión, sin duda no se perdió la oportunidad intencionadamente.

Acojo con gran satisfacción el interés que ya han mostrado sus Señorías en esta propuesta mediante varias preguntas sobre el tema, a las que hemos respondido. Permítanme ahora pasar a nuestra propuesta.

Hemos propuesto un sistema de marca obligatoria de país de origen para crear transparencia sobre el origen de ciertos productos importados de acuerdo con una norma única mediante la que se determina el origen. El sistema permitirá a los consumidores tomar decisiones informadas; reducirá la incidencia de la indicación de origen fraudulenta o engañosa. Creemos que ayudará a mejorar la imagen de los productos europeos y ayudará a nuestra competitividad. Aunque está claro que la indicación «hecho en» como tal no contiene información sobre las condiciones sociales, laborales o ambientales del país de producción, la información sobre el origen ayuda al consumidor a elegir entre diferentes alternativas disponibles de acuerdo con sus preferencias y la información general que ya tienen.

Con respecto a la compatibilidad con las normas de la OMC, la Comisión cree que su propuesta se ajusta a las normas internacionales, especialmente al artículo 9 del GATT. Este prevé que los miembros de la OMC puedan aprobar y aplicar leyes y reglamentos sobre las indicaciones de origen en las importaciones, especialmente para proteger a los consumidores contra indicaciones fraudulentas o engañosas.

En lo relativo a la aplicación de la propuesta, la Comisión considera que las autoridades aduaneras están bien situadas para asegurar el respeto de las exigencias del sistema propuesto, al igual que hacen con muchas otras normas sobre cuestiones ambientales, sanitarias y técnicas. La parte del trabajo de la aduana es esencial para garantizar que nuestras empresas puedan comerciar con unas reglas de juego equitativas y que los consumidores obtengan todos los beneficios de la globalización.

Quiero añadir que además de los posibles controles realizados antes de permitir la entrada de los productos en el mercado interior, el reglamento prevé que los Estados miembros comprueben la indicación de origen de productos que ya están en el mercado. Esto debe permitir a los Estados miembros aprovechar otras experiencias en la aplicación de este sistema, por ejemplo colaborando con aquellos que aplican actualmente normas nacionales sobre el uso voluntario de la indicación de origen.

Como usted sabrá, señor Presidente, la propuesta de la Comisión está siendo debatida en el Consejo y por supuesto estoy dispuesto a mantenerles informados a medida que avancen los debates sobre la propuesta .

  Robert Sturdy, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario. Lo que nunca puedo entender en estas situaciones es por qué un país, y estoy pensando en uno en particular, porque tuvimos este problema en Hong Kong, tiene tanto miedo de que su nombre aparezca en un producto. Si vemos a Canadá, por ejemplo, está casi atemorizado de que su nombre aparezca en los productos. Estos países deberían estar orgullosos de ello y verlo como una oportunidad maravillosa. No se trata de proteger el comercio comunitario, de proteger los puestos de trabajo comunitarios; se trata de proteger a los consumidores de todo el mundo. Por ello me resulta difícil de entender la actitud de estos países no comunitarios.

Dicho esto, quizás debamos poner primero nuestra casa en orden y establecer la marca del país de origen en el interior de la UE, lo cual, al parecer, no es actualmente el caso. Esto ayudaría mucho.

El Comisario ha mencionado de pasada una cuestión particularmente importante: falsificación y fraude. La marca de origen sería de gran ayuda en este terreno. Pero vuelvo a decir que si bien es cierto que este asunto no forma parte de las negociaciones –y el Comisario tiene razón al decir que me equivocaba al suponer que la carne de vacuno tratada con hormonas formaba parte de las negociaciones comerciales–, todo esto está conectado con el comercio mundial y es el tipo de cuestiones que se van a plantear.

No quiero ver la marca de origen como una barrera no comercial. Quiero verla como una oportunidad para que los países que están fuera de la Unión Europea puedan estar orgullosos de lo que producen, siempre que lo produzcan –y en esto estoy totalmente de acuerdo con el Comisario– con las mismas normas que tenemos en la Unión Europea.

  Francisco Assis, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de reglamento sobre la indicación del país de origen en ciertos productos importados de terceros países es, sin duda, muy importante y representa un notable progreso a la hora de implementar los principios de juego limpio y transparencia en el comercio internacional.

La marca de origen contiene mucha información, que permite a los consumidores europeos tomar decisiones más informadas. Esto mejora considerablemente sus derechos. Estos nuevos mecanismos pueden y deberían tener un impacto adicional, en la medida en que permiten hacer una comparación más clara de la calidad esperada de un producto y de los procesos que intervienen en la fabricación de ese producto. En el punto de venta de los productos comprendidos en esta propuesta, los consumidores europeos estarán, entre otras cosas, en condiciones de comparar distintos enfoques de las cuestiones ambientales, sociales, de seguridad y de otros aspectos importantes.

Es plausible que esto pueda tener un efecto positivo en cadena sobre la producción europea, y especialmente en las PYME y en los sectores más vulnerables frente a la competencia exterior. Tales efectos no deberían considerarse fruto de una postura proteccionista, sino de un enfoque más estricto de la transparencia y el juego limpio.

Tomar una decisión firme para seguir este camino podría llevar, de acuerdo con los ciudadanos europeos, a la búsqueda de un proceso de liberalización gradual del comercio internacional, por el cual se asegure que no se vea seducido por el atractivo de la retórica proteccionista y antiliberal, que siempre puede salir a la superficie en todos los lados del espectro político.

Por lo tanto, se trata de una propuesta oportuna y ecuánime que debería implementarse lo antes posible. Aquellos que se oponen no han presentado argumentos convincentes en contra. La Comisión debería implementar aquellas iniciativas que ayuden a superar cualquier resistencia persistente, de modo que la UE pueda dar este paso de vital importancia para promover verdaderamente el comercio libre y leal.

  Gianluca Susta, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la marca de origen obligatoria propuesta por la Comisión debe ser apoyada por su doble finalidad: hacer que los europeos, como consumidores, estén mejor informados y optimizar el sistema industrial de los países europeos que invierten ingentes recursos en innovación con objeto de transformar su aparato productivo en un factor de excelencia.

Debemos tratar de restablecer normas iguales a las de las zonas comerciales –China, los Estados Unidos, Canadá, Japón– que ya han introducido la marca de origen en un nivel mínimo, sabiendo que dicha medida no comporta ningún riesgo de ilegalidad. Necesitamos un mercado más transparente y más controles, reducir la incertidumbre jurídica y acabar con las falsificaciones y la competencia desleal. La marca de origen obligatoria de productos importados puede ser directa o indirectamente útil en todo ello. Los productores, exportadores o consumidores europeos no incurrirían en costes adicionales, facilitando así el establecimiento de la igualdad de condiciones con los socios comerciales que ya han implementado la norma, en consonancia con la decisión política y cultural que tenía y tiene por objeto crear, ampliar y reforzar un mercado mundial cada vez más grande y libre.

La marca de origen obligatoria también permitirá promover la industria de fabricación de alta calidad, y subrayo alta calidad, en muchos países europeos, cosa que equivocadamente se considera intrascendental. Esta actitud es, en sí misma, también una cuestión social importante que Europa no debe pasar por alto si queremos realizar los objetivos de Lisboa en la práctica y no tan solo en declaraciones abstractas.

Finalmente, esta es una oportunidad para formular algunas preguntas a la Comisión: ¿Cuál es la estrategia de la Comisión con respecto al refuerzo de los aspectos externos de la competitividad europea, dada la relación extremadamente estrecha entre industria y comercio, entre producción y promoción? ¿Qué recursos pretende usar la Comisión para reforzar estos aspectos? ¿Por qué la Comisión se ha limitado a incluir en la propuesta únicamente productos procedentes de los sectores que solicitaron su inclusión y no la hace extensiva a todos los productos industriales, tal como han hecho en cambio los Estados Unidos? Estas son algunas preguntas que parece natural formular en un mundo cada vez más globalizado, que debe desarrollarse libremente, sin proteccionismo, pero que debe hacerlo a la vez en el respeto de las normas que regulan el interés general, sobre todo el de los ciudadanos y los consumidores.

  Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo del UEN. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate de hoy nos permite plantear a la Comisión dos observaciones contrapuestas.

Por una parte, en efecto, condenamos el hecho de que la Comisión no informase al Parlamento de las iniciativas emprendidas con respecto a la marca de origen. Esto constituye una violación del Acuerdo Marco Interinstitucional de 26 de mayo de 2005 y no creo que una justificación con referencia al artículo 133 del Tratado sea aceptable.

Por otra parte, sin embargo, el contenido de la propuesta, sobre la que el Parlamento ha conseguido hoy, a pesar de todo, emitir su dictamen, me permite expresar el apoyo de todo mi Grupo a una iniciativa muy esperada que ya ha sido muy elogiada en el pasado por el Gobierno italiano de centro-derecha. Pese a ello, se trata de una iniciativa que algunas personas aún insisten en no apoyar, lo que es señal de miopía política y falta de interés por los consumidores.

Algunas personas y ciertos sectores consideran erróneamente que la marca de origen para ciertas categorías de productos muy importantes, como el calzado o las prendas de vestir, es una medida que tiene el mismo efecto que las barreras comerciales. Esto no es así; solo hay que señalar precisamente el famoso artículo del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el artículo 9 del GATT y el reciente dictamen del Servicio Jurídico del Consejo.

Y todavía más, los principales socios y competidores comerciales de la Unión, como los Estados Unidos, China, Japón y Canadá, han legislado sobre esta materia. Adoptando un reglamento sobre la marca de origen, por fin también Europa se estaría situando en pie de igualdad con los países antes mencionados e impediría así una discriminación injustificada que podría castigar duramente no solo a los productores europeos, sino en especial a todos los consumidores, incluidos los no europeos.

La marca de origen de los productos representa una garantía para los consumidores, que a fin de cuentas se encuentran en condiciones de supeditar sus decisiones a una evaluación de la seguridad y la calidad, además de las condiciones sociales y ambientales que prevalecen en el país de origen de los productos. Necesitamos proceder con transparencia y calidad, criterios que todos exigen pero que luego son ignorados demasiado a menudo.

Instamos a la Comisión a que haga todo lo que esté en su poder para asegurar que los Estados miembros adopten un enfoque decidido en aras de la protección del consumidor, que solo podrán garantizar las normas vigentes dentro de la Unión, normas que protegen la calidad y la seguridad, y la etiqueta de origen, que asegura que nadie, ya sea dentro o fuera de la UE, pueda eludir estos criterios.

Pedimos también a la Comisión que controle posteriormente la aplicación de la normativa, por lo que respecta tanto a las etiquetas de origen como a la composición de los productos, y agradecemos a la Comisión su rápida actuación, porque cuanto más pronto actúe, mayor será la protección de nuestros conciudadanos.

  Christofer Fjellner, (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, los proteccionistas no quieren admitir que sus propuestas son proteccionistas y en su lugar suelen ocultar sus intenciones. La marca de origen obligatoria es un ejemplo de ello. Creo que ahora es el momento de acabar con algunos de los mitos que han extendido los proteccionistas con respecto a esta propuesta concreta.

El primer mito es que los consumidores exigen esta medida, cuando la verdad es que a la mayoría les trae sin cuidado. Los defensores de le medida aducen la consulta por Internet de la Comisión sobre esta cuestión, pero olvidan mencionar que el 96,7 % de las respuestas proceden de un único país, Italia, donde la industria es la principal fuerza motriz en esta cuestión.

El segundo mito es que la marca ofrece a los consumidores información relevante, cuando en el mercado mundial los productos y componentes tienen la mayoría de las veces múltiples países de origen. Puede ser directamente engañoso especificar un único país de origen.

El tercer mito es que la marca refuerza la competitividad europea, cuando las nuevas barreras técnicas al comercio para proteger la industria europea no tienen nada que ver con la competitividad, que solo sale reforzada con mercados abiertos dentro de un buen entorno empresarial.

El cuarto mito es que la marca obligatoria proporcionaría mayor protección al consumidor, como si la seguridad fuera una cuestión de geografía. Esto podría, a lo sumo, tener relevancia en el caso de los productos agrícolas, pero estos están exentos de esta propuesta.

El último mito es que se trata de una propuesta económica, cuando la evaluación de impacto de la propia Comisión afirma, por ejemplo, que la ropa importada sería, promedio, de 1 a 1,50 euros más cara y un par de zapatos costarían 2 euros más. Por tanto, el coste ascendería a millones, incluso tal vez a miles de millones de euros.

En mi opinión, la marca de origen es una forma de proteccionismo mal disfrazada que costará cara, y todo esto simplemente para imponer a los competidores extranjeros nuevas barreras al comercio que no pueden considerarse aranceles. ¿Por qué si no habría un rechazo tan claro a la idea de introducir la etiqueta de ‘Fabricado en la CE’, lo que se ha descartado se protexto de que generaría costes innecesarios para los fabricantes europeos? Actualmente está prohibido que otros Estados miembros exijan la marca de origen, pues se considera proteccionismo. Exigido ahora de terceros países sin reconocer que en este caso también se trata de proteccionismo, a mi juicio huele a hipocresía.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada quiero felicitar al señor Barón Crespo, que llama regularmente la atención sobre la falta de tacto del Consejo cuando no implica suficientemente al Parlamento en decisiones relativas al comercio internacional.

Podemos calcular así el camino que queda por recorrer para hacer comprender a los Gobiernos la necesidad de que los ciudadanos y, por tanto, sus representantes legítimos en este Parlamento, participen en las grandes decisiones relativas al comercio internacional. Felicito asimismo al señor Strudy, que ha tenido la sabiduría de contribuir a este compromiso. Votaré a favor de la resolución común, aun cuando lamento que se limite a tomar nota del proyecto de reglamento relativo a la marca de origen. En el futuro será necesario un apoyo político más claro ante las evidentes divisiones en el seno del Consejo Europeo.

El texto del proyecto de reglamento presenta, por desgracia, algunos errores de redacción y saldría beneficiado con algunas aclaraciones operativas. Por ejemplo, el apartado 2 del artículo 3 del proyecto de reglamento hace alusión al Estado miembro «en el que las mercancías deben ser objeto de un marcado». Está claro que hay que hablar del Estado miembro de destino, pues el marcado se efectúa en el país de origen de fabricación y no en el Estado de consumo. En cuanto a las precisiones operativas, es absolutamente necesario, por ejemplo, aclarar el concepto de «última transformación sustancial», que determina el origen de las mercancías cuando varios países intervienen en la producción industrial, en aplicación del artículo 24 del Código Aduanero Comunitario. Por último, hay que garantizar la coherencia con la reglamentación aduanera, en particular en el marco de los procedimientos de control previstos en la futura reforma del Código Aduanero Comunitario, sobre la que la Comisión de Comercio Internacional tiene un gran interés en ser consultada, señor Presidente.

Señorías, la trazabilidad de los productos y, más en general, los elementos intangibles son elementos que añaden valor a los productos, son necesarios para luchar contra el fraude y la falsificación y, por último, constituyen una herramienta indispensable en la batalla económica y social que nos espera. Esta batalla económica y social y también ambiental, como saben, es la del respeto de nuestros valores. Si queremos hacer respetar nuestras convicciones, tanto en materia de cláusulas sociales como de cláusulas ambientales, en los acuerdos de comercio internacional, debemos imponer la trazabilidad de las producciones importadas, y nuestro mercado interior será un arma importante en esa lucha.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, me complace que casi todos los diputados que han participado en este debate hayan apoyado la propuesta original hecha por la Comisión. Se han planteado, muy adecuadamente, algunas cuestiones importantes sobre nuestra capacidad para cumplir los nuevos códigos aduaneros, etc. Son cuestiones técnicas importantes que seguiremos tratando y debatiendo con los diputados a esta Cámara.

Sin embargo, hay un apoyo abrumador a la esencia, el principio, de nuestra propuesta. Si podemos superar nuestro desacuerdo sobre el método, la manera o el canal para plantear esta propuesta junto con el Parlamento, nos beneficiaríamos al poder concentrarnos posteriormente en la sustancia de esta propuesta.

En términos muy simples, se trata de restablecer unas reglas de juego equitativas con nuestros socios comerciales, muchos de los cuales ya han establecido formas de marca de origen. Crea transparencia sobre el origen de las mercancías y establece una norma única para determinar el origen. Permite las decisiones informadas del consumidor. Reduce potencialmente la incidencia de marcas de origen fraudulentas o engañosas y contribuye a mejorar la competitividad.

Para que el consumidor sea el rey, o la reina, necesita toda la información, o tanta información como sea posible. Pienso que es razonable que entre la información que los consumidores reciben figure el lugar de origen de la producción o suministro de los productos concretos.

Permítanme acentuar que esto no es una campaña para impulsar el «compre europeo». En los productos no se pondrá el sello «esto es extranjero, no lo compre». Esto no está entre mis motivos ni los de la de la Comisión. De hecho, cuantas más personas conozcan el origen de los productos y asocien ese origen con determinadas características o con la calidad de esos productos, puede alentarlos a comprar esos productos de aquellas fuentes y lugares de origen. ¿Por qué no?

Sin embargo, ese no es el tema. No se trata de si queremos alentar a las personas a comprar productos de determinados lugares de origen o desanimarlos a hacerlo, sino de darles información para permitirles hacer un juicio objetivo sobre dónde compran los productos.

Espero que los diputados a esta Cámara vean la propuesta de la «marca de origen» como una alternativa a los instintos y medidas proteccionistas y no como una forma de allanarles el camino. No creo que corramos el riesgo de establecer nuevas barreras no comerciales al comercio. Sin duda yo sería muy reacio a ello.

Los ciudadanos de Europa tienen derecho a expresar o mostrar sus preferencias, cualesquiera que sean. Esas preferencias incluirán el origen o la fuente de producción de esos productos. Esto no es más que una simple forma de permitirles hacerlo.

  El Presidente. – De conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento, al término del debate he recibido siete propuestas de resolución.⁽¹⁾

Quiero señalar que la Comisión de Comercio Internacional ha retirado su propuesta de resolución B6-0381/2006.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.

(1) Cf. Acta.

13. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho

13.1. Somalia (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Somalia.⁽¹⁾

  Alyn Smith (Verts/ALE), autor. – (EN) Señor Presidente, me complace iniciar este debate que estoy seguro de que, como de costumbre, contará con un acuerdo significativo de todas las partes de esta Cámara. Me atrevo a decir que también tendremos un acuerdo considerable con el Comisario, aunque yo señalaría que la Comisión suele estar de acuerdo con nosotros y esto es alentador.

Como diputado originario de las Islas Británicas, aunque procedo de la tradición política europea escocesa y no de la anglosajona, pido al Comisario Mandelson que participe en algún debate con nosotros hoy, a diferencia de sus colegas de la Comisión. ¿Puede señalar particularmente qué piensa la Comisión de los apartados 8 y 6 de esta propuesta de resolución y, sobre todo, qué va a hacer con respecto a ellos?

Es difícil mirar a Somalia y no sentir otra cosa que tristeza y frustración. Nos presenta un dilema fundamental. Si los ciudadanos de ese país, abandonados a sus propios recursos, hacen las cosas mal, al menos en opinión nuestra, ¿qué podemos hacer realmente para intervenir y gobernar su país?

La intervención militar no es nuestro estilo. No tenemos el estómago o las ganas para hacerlo, ni de hecho tampoco los medios para una acción de ese tipo. ¿Qué podemos hacer? En mi calidad de escocés, admiro el papel que Suecia y Noruega, pequeños países independientes del norte de Europa, han desempeñado en la promoción del diálogo en Somalia y entre los partidos existentes. Como persona humanitaria, me enorgullece la ayuda humanitaria que hemos dado. Las conversaciones en el Grupo de Contacto internacional para Somalia, formado recientemente, serán cruciales para la estrategia que contempla esta propuesta. Las conversaciones en ese grupo son la única vía abierta para encontrar una solución. La continuidad del diálogo, dulcificado por la ayuda a aquellos que más la necesitan, es la forma europea y, a largo plazo, es de lejos la más efectiva.

Somalia acaba de dar un giro a peor. Esperemos que el Parlamento, junto con la Comisión y el Consejo, pueda ayudarle a situarse en la senda correcta. Estoy muy interesado en escuchar a nuestro Comisario sobre el modo en que la Comisión va a encabezar esos esfuerzos, y le aseguro el apoyo de esta Cámara.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señor Presidente, al examinar el caso de Somalia creo que vale la pena echar la vista atrás a su historia. Lo que Occidente ha hecho a Somalia ha sido aplicar todas las malas políticas imaginables. Recordemos la intervención de 1993, que terminó en un fiasco. Alemania había estacionado tropas en el país, que supuestamente iban a apoyar a las tropas indias, pero estas en realidad nunca aparecieron por allí. Tenemos que admitir que tan pronto como se retiraron las tropas dejó prácticamente de haber interés alguno por Somalia.

Las cosas en Somalia se han reorganizado ahora por sí solas. La coalición, cuyos miembros son calificados de islamistas, han logrado, sin prisa pero sin pausa, el predominio militar, y las tropas que según la prensa reciben el apoyo de los Estados Unidos –la Alianza de los Señores de la Guerra– se han visto obligadas a retroceder cada vez más. Está claro que el Gobierno de los Estados Unidos, en particular, ha apostado por el caballo equivocado y ahora ve cómo sus políticas están haciendo agua. La pregunta que se plantea ahora es qué puede hacer la Unión Europea en esta situación. Sería un completo error apoyar a una de las partes del conflicto sobre el terreno, pero sobre todo conviene subrayar que puesto que en este momento Etiopía y Eritrea tienen un interés manifiesto y considerable en utilizar territorio somalí para saldar sus diferencias mediante la fuerza de las armas, es muy importante que la Unión Europea, a través de los canales diplomáticos, deje bien claro a ambas partes que esto no es aceptable.

Tal como están las cosas en la actualidad, no le veo ningún sentido a una intervención militar extranjera en Somalia, donde algunas regiones son estables; una de ellas es Somalilandia. Por este motivo no hay que enviar tropas ni prestar apoyo alguno para su despliegue, pues de lo contrario acabaremos de nuevo en lo que ha sucedido ya en demasiadas ocasiones, a saber, la creación de un monstruo de Frankenstein por el hecho de haber apoyado a uno u otro grupo que luego termina haciendo aquello que precisamente debería evitarse. Por tanto, pido que cualquier acción que se emprenda allí por parte de la Unión Europea sea de carácter diplomático.

  Simon Coveney (PPE-DE), autor. – (EN) Señor Presidente, Somalia no ha tenido un Gobierno efectivo desde hace más de 15 años. En su lugar hemos visto una cruel y trágica guerra civil entre las facciones enfrentadas, las milicias islámicas y los grupos controlados por los señores de la guerra rivales.

El 4 de junio de 2006, para sorpresa de muchos, la milicia de los Tribunales Islámicos se hizo con el control de gran parte del sur de Somalia, incluida la capital, Mogadiscio, ahora parcialmente destruida, expulsando a los poderosos líderes de la facción que venía controlando Mogadiscio desde 1991, cuando fue derrocada la administración central. Esto ha cambiado dramáticamente el panorama político de la región y el traspaso de poder ha dejado al mundo exterior en la incertidumbre sobre con quién debe o puede negociar y desarrollar una relación.

Lo que hace falta es que la UE reconozca lo que ha pasado y apoye la labor que ha venido realizando hasta la fecha la Liga Árabe, por ejemplo, que emprendió un diálogo en Jartum el 22 de junio entre las instituciones del Gobierno Federal de Transición y la Unión de Tribunales Islámicos, que controla el sur. Han acordado hasta ahora no luchar entre sí y comprometerse a dialogar por la paz y la reconciliación.

También tenemos que apoyar los esfuerzos de la Unión Africana para supervisar y, si es preciso, imponer la paz para proteger a los civiles.

La verdad es que existe una honda preocupación en varios aspectos. La primera preocupación es qué hacer con la Unión de Tribunales Islámicos. ¿Es un órgano en el que se puede confiar y un interlocutor para el debate pacífico? Sé que los Estados Unidos han abierto hace poco un diálogo con varias partes sobre posibles medidas de creación de confianza. La otra preocupación, más real, es que para lograr la estabilidad y el final de la violencia, gran parte de la población se verá sometida a una ley islámica estricta y fundamentalista. Esto es muy preocupante y la inquietud está fundada.

Los informes de los medios de comunicación de ayer sobre una campaña contra el cine en la región somalí de Galgadud, donde dos personas murieron acribilladas tras unas protestas en respuesta al cierre de una sala de cine, son alarmantes. También ayer, los Tribunales Islámicos juraron practicar la ley sharía en todo el país y, particularmente, en Mogadiscio.

El jeque Abdula, uno de los cofundadores de la Unión, dijo ayer: «El que no reza será considerado un infiel y nuestra ley sharía nos ordena matar a esa persona.» Ese tipo de lenguaje es incendiario y peligroso. La UE debe seguir de cerca lo que está pasando y sopesar cuidadosamente a quiénes apoya.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, señor Comisario, hace ya muchos años el pueblo de Somalia viene sufriendo la plaga de la guerra civil y esta Cámara, muy preocupada por la violación de los derechos humanos, ha aprobado en el pasado una serie de resoluciones sobre ese país.

La ausencia prolongada de un Gobierno efectivo en ese país ha generado un vacío anárquico con respecto al poder central. Debido a ello, las milicias de los Tribunales Islámicos y varias facciones radicales están luchando por el control de partes de Somalia, a costa, como es inevitable en estos casos, de la seguridad y el bienestar de civiles inocentes.

Especialmente preocupantes y dignos de condena han sido los recientes combates en Mogadiscio y sus alrededores y en la región de Chouhar. Si bien expresa su apoyo a las iniciativas de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga Árabe y la IGAD para llevar la paz y la reconciliación a Somalia, esta propuesta de resolución conjunta hace un llamamiento a todas las partes implicadas en la devastadora guerra fratricida de esa nación para intentar buscar el sendero del diálogo y la paz y ofrecer la cooperación necesaria al Gobierno federal de transición y al Parlamento en su calidad de autoridades centrales legítimas, regidas en el marco de la Carta Federal de Transición. Al mismo tiempo, urge a la comunidad internacional y a la UE a incrementar su ayuda, especialmente a través de la ayuda humanitaria a Somalia.

Esperamos que finalmente este pobre país en vías de desarrollo comience gradualmente a encontrar un camino decidido hacia la paz y prosperidad que tanto urgen en beneficio de todos sus ciudadanos.

  Ana Maria Gomes (PSE), autora. – (EN) Señor Presidente, el Cuerno de África es víctima de desastrosos fracasos políticos, no solo en lo que atañe a la formación de los poderes locales, sino también debido a una serie de acciones internacionales descaminadas y sobre todo a la inacción.

La trágica situación de Somalia es tan solo el ejemplo más flagrante. La dilación por parte del régimen etíope de la resolución de la cuestión fronteriza con Eritrea y el terrible historial de derechos humanos, democracia y desarrollo de los regímenes tanto en Asmara como en Addis Abeba son otro triste ejemplo del abandono internacional de la región. Por eso no es de extrañar que los terroristas internacionales estén sacando ventaja de tanto conflicto en una región tan anárquica. Parece que están obteniendo más de lo que desean para sus propósitos asesinos.

Se rumorea que el Gobierno del Primer Ministro Meles Zenawi está llevando a la IGAD a violar el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Somalia. Está enviando cientos de miles de tropas a Baidoa. La semana pasada estuve en Washington y Nueva York y fuentes importantes de la administración y de las Naciones Unidas me confirmaron que el ejército etíope se está preparando para marchar incluso más allá, hacia Mogadiscio. Cuentan con el respaldo y el beneplácito de los Estados Unidos en una política muy descaminada. Es como si no se hubiese aprendido la lección del último fiasco que llevó a los Tribunales Islámicos al poder en Mogadiscio.

Esto proporcionará todavía más razones para las acciones terroristas de Al Qaeda. Podría reavivarse el conflicto fronterizo entre Eritrea y Etiopía, no solo en Somalia, sino en toda la región. Podría haber más rebeliones en el interior de Etiopía, con peligro de desintegración de este país. La UE debe intervenir y yo quisiera urgir al Consejo y a la Comisión a desaconsejar enérgicamente esta interferencia y asegurar que el Grupo de Contacto sobre Somalia reciba todo el apoyo que necesita para trabajar a favor de una solución política que no fracase como lo han hecho los 14 intentos anteriores.

  Cristiana Muscardini (UEN), autora. – (IT) Señor Presidente, Señorías, Europa no ha mostrado suficiente convicción a la hora de apoyar los esfuerzos por reestablecer la paz y la democracia en el seno de las instituciones creadas por la Conferencia para la Reconciliación Nacional, celebrada en septiembre de 2003 en Nairobi. Fue en esta Conferencia donde se adoptó la Carta Federal de Transición.

La toma de posesión del Parlamento federal; la elección del Presidente del Parlamento y de sus Vicepresidentes; el nombramiento por el Parlamento, el 10 de octubre de 2004, de Abdullah Yusuf Ahmed como Presidente de la República y el nombramiento del Primer Ministro del Gobierno federal fueron pasos importantes, pero la ayuda y el apoyo que prestó la Unión fue demasiado vacilante y la falta de acción inmediata para ayudar a la población dejó el camino expedito para el resurgimiento del fundamentalismo radical, lo que supone un riesgo cada vez mayor porque está asociado con el terrorismo.

Desde 1991, la guerra civil ha bañado de sangre Mogadiscio y las zonas adyacentes, con consecuencias devastadoras para la población. En el pasado, el terrorismo mundial y regional, con campos de entrenamiento en Somalia, ha organizado los atentados de Nairobi, Dar es Salaam y Mombasa, y en los últimos días, en Mogadiscio, la Unión de Tribunales Islámicos ha ejecutado al menos a 350 civiles.

Nosotros, en este Parlamento, hemos seguido durante muchos años insistiendo en la necesidad de que Europa preste más atención a los problemas de Somalia y a su deseo de convertirse de nuevo en un Estado democrático. Una gran mayoría del Parlamento federal ha dado su apoyo en los últimos días a las fuerzas internacionales de paz que intervienen en Somalia en el marco del plan de seguridad nacional. Se trata de un intento de responder a los tribunales islámicos.

Necesitamos permanecer alertas ante el peligro que supone el plan de desestabilización política implementado en toda África por la amplia red de extremismo internacional y el que comporta el mensaje de Osama Bin Laden, que apoya al Consejo Supremo de Tribunales Islámicos de Somalia y que se opone al presidente legítimo de la República. La Unión y la comunidad internacional deben apoyar y proteger el papel que desempeña el Presidente Abdullah Yusuf Ahmed en su país a través del diálogo constante entre las instituciones y la sociedad civil, cuyo objetivo es establecer el federalismo en Somalia, a la vez que se respetan las identidades y derechos de las minorías.

Pedimos que el Consejo de Seguridad levante parcialmente el embargo de armas en Somalia para que así pueda haber un refuerzo legítimo de las fuerzas de seguridad nacional y para que la comunidad internacional consolide la iniciativa antiterrorista de los presidentes de África Oriental, creada en 2003. También deben aplicarse medidas encaminadas a contrarrestar el peligroso efecto dominó del terrorismo en todo el Cuerno de África.

La Unión debe nombrar un enviado especial para el Cuerno de África y establecer formalmente una representación diplomática somalí en Bruselas. Existe la necesidad urgente de acelerar nuestros esfuerzos por apoyar al Presidente, al Parlamento, al Gobierno, al sistema judicial y a las fuerzas de seguridad, así como para proteger la salud y las vidas de la población somalí.

  Józef Pinior, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, en el sur de Somalia impera el Gobierno de la Unión de Tribunales Islámicos. Desde principios de julio de este año, las fuerzas radicales han ido ganando cada vez mayor influencia en el territorio controlado por la Unión. El nuevo líder del Consejo de Tribunales Islámicos es el jeque Hasán Dahir Aueys, clérigo musulmán radical de 60 años de edad. El jeque Aueys es sospechoso de colaborar con Al Qaeda. Tras el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos incluyeron al jeque Aueys a su lista negra de terroristas internacionales.

El jeque Aueys no reconoce al Gobierno de Somalia auspiciado por la ONU, con el que el jeque Sharif Ahmed, primer líder del Consejo de Tribunales Islámicos y considerado un moderado relativo, firmó un tratado de paz tras asumir el poder en Mogadiscio. Las facciones islamistas han anunciado su intención de hacerse con el poder en toda Somalia y existe el peligro real de que la Unión de Tribunales Islámicos ataque la parte norte del país, que hasta ahora se ha considerado una región relativamente pacífica. Dicha región está formada por provincias que están divididas en dos regiones autónomas, Somalilandia y Puntlandia, que cuentan en sus costas con puertos estratégicos. Estas acciones significarían que Somalia podría convertirse en otro Afganistán gobernado por los talibanes.

La situación de los derechos humanos en el territorio controlado por la Unión de Tribunales Islámicos se ha deteriorado hasta un punto dramático. La semana pasada, Martin Adler, periodista independiente sueco, fue asesinado en un mitin organizado por los partidarios del jeque Aueys. Uno de los primeros decretos aprobados por los radicales islámicos en Mogadiscio fue una orden de cerrar los cines y espacios donde se iba a mostrar la Copa mundial de Fútbol. Las agencias de prensa informan de que la policía militar islámica disparó a dos personas e hirió a otras cuatro durante el partido Alemania-Italia. El propietario del cine y una joven fueron asesinados cuando el cine donde se estaba mostrando el partido fue atacado con armas de fuego.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, si queremos evitar la radicalización del conflicto en Somalia, sería conveniente que los Tribunales Islámicos desempeñaran un papel dentro de las instituciones de transición del país. Es crucial reforzar las instituciones de Somalia reconociendo que los Tribunales han apoyado el sistema, al menos hasta ahora, para acabar con los llamados señores de la guerra, que los Gobiernos de los Estados Unidos han tolerado y posteriormente apoyado.

La Unión Europea debería volver a tener un papel preponderante en África, al igual que Italia debería tenerlo en Somalia y en todo el Cuerno de África en virtud de sus precedentes históricos. Por ejemplo, deberíamos levantar la prohibición sobre los inmigrantes somalíes que entran en Italia, que es algo que quiso el señor Dini. La prohibición debilitó meramente las buenas relaciones entre Italia y Somalia e hizo que los somalíes se dispersaran por países de toda Europa excepto Italia, adonde los vínculos y responsabilidades históricas deberían haberles animado a ir. Italia acoge a inmigrantes de muchos países con los que ni comparte responsabilidades históricas que se remonten a la época colonial ni afinidades culturales, mientras ignora a Somalia.

Tendría mucho más sentido que cada país europeo asumiera las necesidades de sus antiguas colonias respectivas, y también debería otorgarse obviamente a cada país un mandato de protectorado internacional sobre esos países.

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, me gustaría expresar mi gran preocupación ante la incesante guerra civil en Somalia.

Somalia no ha tenido un Gobierno nacional efectivo desde hace más de 15 años. Esta situación es una grave amenaza para el proceso de paz y reconciliación en ese país. También constituye una amenaza para la seguridad y estabilidad en toda la región del Cuerno de África. Debemos condenar de forma inequívoca los recientes enfrentamientos en Mogadiscio y los sucesos en Johwar y en otras partes del país, que se han cobrado las vidas de muchos somalíes. Al mismo tiempo, debemos apelar para que no se adopten medidas que puedan provocar una escalada de las tensiones. Debemos llamar a que continúe el diálogo y para que el Gobierno federal provisional y el Parlamento, que son las autoridades centrales que gobiernan Somalia sobre la base de una ley federal temporal, participen en los esfuerzos de cooperación.

Tampoco debemos olvidar el suministro de ayuda humanitaria al pueblo somalí, destinada a ayudar a los desplazados y a las comunidades necesitadas. Por tanto, deberíamos apoyar todas las medidas adoptadas en apoyo del Derecho humanitario internacional y para garantizar el acceso de las agencias de ayuda humanitaria a las comunidades que requieren esa ayuda, así como la seguridad del personal que trabaja para las organizaciones humanitarias.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión (EN) Señor Presidente, este Parlamento y la Comisión coinciden sin duda en la necesidad de buscar una existencia pacífica y democrática para el pueblo de Somalia. Esto es lo que se ha dicho esta tarde en el debate, tras la original introducción del señor Smith sobre este tema. Espero poder responder a los apartados 6 y 8 en particular, sobre la gobernanza y la creación de instituciones en Somalia y la protección de la ayuda humanitaria y de los trabajadores de la ayuda humanitaria, como me ha solicitado.

El debate de hoy sobre Somalia es oportuno, pues la situación del país y de la región en su conjunto sigue siendo muy frágil. La Comisión está muy preocupada por el riesgo de que Somalia vuelva a caer en la guerra y el caos.

Desde la creación de las Instituciones de Transición en 2004, la Comisión ha venido encabezando los esfuerzos de la comunidad internacional por apoyar a las Instituciones Federales de Transición somalíes. Mi colega, el señor Michel, sigue la situación muy de cerca y está en contacto regularmente con el Presidente Yusuf y el Primer Ministro Ghedi, de Somalia, así como con los líderes de la región.

Quiero centrar mi intervención en tres aspectos principales: en primer lugar, la situación actual del diálogo entre las Instituciones Federales de Transición y el Consejo de los Tribunales Islámicos; en segundo lugar, la dimensión regional de la crisis de Somalia y, en tercer lugar, el alcance del apoyo de la Comisión al proceso de paz como el medio más valioso para fomentar el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En lo que respecta al primero, es decir, la situación actual del diálogo entre las instituciones y los Tribunales Islámicos, el 22 de junio el Gobierno Federal de Transición y los representantes de la Unión de Tribunales Islámicos se reunieron en Jartum y lograron un acuerdo de principio para entablar un diálogo, reconocerse mutuamente y reunirse para futuras conversaciones sustanciales el 15 de julio, nuevamente en Jartum. Este acuerdo fue acogido con satisfacción por el Alto Representante Solana y por la Comisión. La Comisión opina que existe una oportunidad para un diálogo político intersomalí y es crucial incluir a los Tribunales Islámicos con el objetivo de lograr un solución política en el marco de las Instituciones Federales de Transición.

Enfrentarse a los Tribunales Islámicos no es la solución: no solo radicalizaría las posiciones de todos los implicados, sino que además ofrecería una oportunidad a los extremistas para impulsar su plan de creación de un Estado islámico, introducir la ley sharía y dar cobijo a las células de Al Qaeda.

En segundo lugar, la dimensión regional de la crisis de Somalia es crucial. Es esencial que todos los socios regionales muestren unidad de propósito y se comprometan constructivamente en el proceso de paz somalí. Las intervenciones desestabilizadoras en los asuntos somalíes por parte de otros países de la región deben rechazarse y condenarse.

Nos hemos comprometido a colaborar estrechamente y apoyar las iniciativas de la IGAD, la Unión Africana y la Liga de Estados Árabes para encontrar una solución política a la crisis, tal como nos ha pedido el señor Coveney. La Comisión pretende incluir a Somalia en una estrategia regional más amplia a favor de la paz, la seguridad y el desarrollo del Cuerno de África. El Comisario Michel presentó el borrador de esa estrategia a los Jefes de Estado de la IGAD el pasado mes de febrero.

Finalmente, la Comisión es la principal donante de ayuda a Somalia, con un programa global en curso de 300 millones de euros. Hemos apoyado la Conferencia de Reconciliación Nacional de Somalia y la creación de las Instituciones Federales de Transición y ahora tratamos de seguir mejorando el funcionamiento de las Instituciones de Transición.

El 28 de mayo de 2006, el Presidente Barroso y el Comisario Michel firmaron un Memorando de Entendimiento con el Gobierno Federal de Transición. Puedo confirmar que la Comisión pretende facilitar inmediatamente 22 millones de euros en pro de las prioridades a corto plazo en materia de gobernanza y creación de capacidad fijadas por el Gobierno Federal de Transición.

Seguimos apoyando de forma inequívoca el proceso de paz. El brazo humanitario de la Comisión, ECHO, también presta ayuda humanitaria directa a la población civil afectada por los combates, así como por las consecuencias de la sequía. Todos tienen la responsabilidad de garantizar la entrega segura de esa ayuda humanitaria y la custodia y seguridad de los trabajadores humanitarios, todos ellos dedicados a esta valiosísima labor.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.

(1) Cf. Acta.

13.2. Mauritania (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Mauritania.⁽¹⁾

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), autora. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a pesar de ser un Estado ACP, Mauritania forma parte de los países olvidados del planeta. Los países europeos cerraron durante demasiado tiempo los ojos ante la dictadura del Presidente Uld Taya, que encarcelaba, torturaba y desterraba a los oponentes al régimen. El Parlamento y las instituciones europeas permanecieron en silencio cuando pedimos el envío de una misión de observación con ocasión de las elecciones presidenciales de 2003, a pesar de que habían encarcelado a candidatos. La Unión se mostró temerosa tras los acontecimientos del 3 de agosto de 2005, en los que el dictador resultó derrocado sin que se derramara ni una gota de sangre, cuando sabíamos que el país estaba al borde de la explosión. Celebro haber organizado en 2004, en el Parlamento Europeo, la primera plataforma de debate que reunió, en terreno neutral, a mauritanos de la sociedad civil, partidos políticos y representantes oficiales para preparar el camino hacia la democracia.

Hoy nos congratulamos de que la Unión apoye el proceso democrático en que se ha embarcado Mauritania, en torno al consenso popular que respalda al Consejo militar para la justicia y la democracia. Esta autoridad de transición ya ha empezado a realizar sus promesas con la creación de una comisión electoral nacional independiente, la abolición de la censura en los medios de comunicación, la organización de un referendo, el pasado 25 de junio, cuyo buen desarrollo ha sido alabado por los observadores internacionales. Asimismo me complace que la Unión se haya comprometido a enviar una misión de observación a largo plazo para las elecciones de noviembre de este año, garantizando así que cada ciudadano mauritano pueda ejercer su derecho de voto.

Por último, los dividendos de la explotación del petróleo deben utilizarse para la educación, la salud y el desarrollo de los pueblos mauritanos. La explotación del petróleo, que no será eterna, no debe hacerse en detrimento de la biodiversidad marina y costera, sino preservando, por ejemplo, el Banco de Argüín de toda contaminación y asegurando una gestión sostenible de los recursos pesqueros que tanto necesitan los mauritanos.

Me complace que las autoridades hayan entablado con la Unión un debate más abierto sobre los acuerdos pesqueros a fin de llegar a un acuerdo equitativo. La prohibición de los buques factoría, como el «Atlantic Dawn», por ejemplo, es una condición necesaria para ello. Por último –y con esto concluyo–, el proyecto de cooperación en materia de lucha contra la inmigración debe favorecer el desarrollo del empleo en Mauritania y aportar a los migrantes una acogida digna de los valores europeos.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señor Presidente, la prensa habla ahora de Mauritania como modelo de democracia en África y la UE ha restablecido oficialmente las relaciones con ella, pero ¿es realmente tan boyante la situación? ¡Por supuesto que no! Que vaya a haber un referendo en Mauritania sobre una nueva constitución y, en particular, que los poderes del Presidente se vean limitados por ella, son cosas que hay que acoger positivamente, pero de acuerdo con la información disponible todavía existe la esclavitud en Mauritania, y eso es totalmente inaceptable y hay que hacer algo al respecto, en especial por parte de la UE. El nombre de Mauritania también surge siempre que se discute cómo trata la Unión Europea la cuestión de los refugiados, ya que un gran número de ellos se envían allí, donde quedan abandonados a su suerte. La UE está militarizando progresivamente sus defensas contra los refugiados y la agencia Frontex es un ejemplo de ello.

Recientemente han tenido lugar en Cabo Verde importantes maniobras militares; el plan originalmente era que deberían realizarse en Mauritania, y la razón de que esto no fuera así fue que Francia se opuso. He podido ver el guión de esas maniobras, que en efecto tienen algo que ver con el rechazo de refugiados. Desde entonces, el ACNUR ha observado que no se efectúan controles del estatuto de refugiado en lugares como Lampedusa, donde residen refugiados de Mauritania, y que se está introduciendo el concepto de lo que se denominan «terceros países seguros», cuyo efecto final será que los refugiados no puedan entrar en la Unión Europea.

Por tanto, debemos insistir en que se preste ayuda a las personas necesitadas. Lo que actualmente está haciendo la UE es crear lo que equivale a un aparato de deportaciones, y no debemos permitir que lo consiga. También es preciso prestar ayuda a la democratización en curso de Mauritania.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, Mauritania, junto con Marruecos, constituye una cultura antigua, una cultura que durante siglos ha comerciado abundantemente con Europa y puede alardear de una literatura altamente desarrollada y un largo historial de comercio bien organizado, agricultura a gran escala y formas muy tempranas de producción industrial y artesanal. Siempre ha gozado de una cultura floreciente, que en gran parte todavía puede percibirse allí hoy en día.

Esto agrava aún más que algunos europeos hayamos olvidado completamente este país. Espero que ahora prestemos más atención a Mauritania, y no solo por la situación de los refugiados, pese a ser efectivamente difícil, o por la suspensión del acuerdo de pesca.

Creo que este es un país que merece nuestro pleno apoyo. El referendo fue un claro indicador de una tendencia democrática en un país que es un puente importante entre el Mediterráneo y África Occidental y que tiene bastante que lidiar con esta situación en forma de catástrofes naturales y retos que afrontar, y así ha desarrollado un talento sorprendentemente innovador en la agricultura.

También soy uno de los que defienden que este país, con sus reservas naturales y recursos marítimos, debe gestionarse con sumo cuidado, pero que esto, por el contrario, no significa que queramos saquear los tesoros de sus aguas, de los que depende el país, al igual que de determinadas materias primas que se producen allí y constituyen prácticamente su única fuente de ingresos.

La política que apliquemos a este respecto, entonces, debe ser muy cuidadosa: una política que ayude a desarrollar las capacidades de Mauritania para ayudarse por sí sola, que le permita emerger del estado de ser un país a menudo claramente explotado para volver a su antigua y orgullosa tradición de independencia de una forma nueva y democrática. Esto solo puede lograrse limitando los poderes del Presidente, mejorando los registros de votantes y residentes y celebrando elecciones verdaderamente democráticas en la que todo el pueblo de Mauritania participe en igualdad de condiciones.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, finalmente parece que la República de Mauritania comienza a avanzar gradual y suavemente hacia la restauración completa de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Hasta ahora, parece que las autoridades de transición del país han cumplido sus promesas con respecto al calendario electoral y el referendo celebrado el mes pasado, a pesar de los graves problemas prácticos, mostró que una mayoría aplastante del electorado está a favor de cambios constitucionales urgentes y cruciales.

Los partidos políticos de reciente creación y la sociedad civil apoyan plenamente la transición a la democracia y parece existir, al menos en principio, un acuerdo para permitir el retorno de los refugiados de los países vecinos a los que habían huido por temor justificado por su seguridad.

Si se gestionan de forma adecuada y se mantiene a raya la corrupción, los nuevos recursos petrolíferos que se explotan en Mauritania ofrecen la posibilidad de generar riqueza económica en beneficio del conjunto de la población, especialmente en ámbitos como la salud y la educación.

Esta propuesta de resolución pretende en primer lugar ofrecer apoyo al pueblo de Mauritania en su difícil y tan esperada transición a la democracia, con la esperanza de que este valioso objetivo se logre de forma consensuada, pacífica y en el marco de los plazos acordados previamente con todas las partes implicadas.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), autora. – (FR) Señor Presidente, el 3 de agosto de 2005, el régimen del ex Presidente Uld Taya fue derrocado y un Consejo militar declaró que pondría fin a las prácticas totalitarias e instauraría la democracia. Cabía pensar que solo fueran declaraciones destinadas a justificar lo que la comunidad internacional denominó golpe de Estado.

Pronto nos dimos cuenta de que no se había vertido ni una gota de sangre, de que las autoridades de transición habían emprendido un diálogo con todos los partidos políticos y la sociedad civil, habían fijado un calendario electoral y, cosa excepcional, habían decidido presentarse ellas mismas a las próximas elecciones. Se dijo entonces que algo pasaba en Mauritania y que quizás fuera la ocasión para liberar al país de la dictadura.

Ahora, nuestro papel consiste en apoyar el proceso democrático en curso respetando el calendario que los propios mauritanos han fijado. A este respecto, me complace la celebración de las última elecciones constitucionales. Apoyo a la CENI, que sin embargo debe hacer que todos los mauritanos y mauritanas puedan obtener sus documentos de identidad para poder votar en las próximas citas electorales y que los residentes en el extranjero puedan participar en los futuros comicios, apoyando también a los partidos políticos para que tengan los medios de expresarse y hacer campaña en torno a plataformas electorales que transmitan propuestas para mejorar la situación de la población mauritana.

  Michael Gahler, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, cuando se oye otra vez que ha habido un golpe de Estado en África, se tiende a pensar que se trata de un autócrata que reemplaza a otro y continúa el saqueo del país; afortunadamente, sin embargo, lo que sucedió en Mauritania tras el golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 parece ser algo distinto.

No es tan solo que las cosas ocurrieran conforme a un calendario, con un referendo constitucional en el mes de junio siguiente al golpe, y que ahora se espere la celebración de elecciones en noviembre, sino también que todo se haya efectuado de común acuerdo con todos los sectores políticos interesados, el Consejo Militar, el Gobierno de transición y con las instituciones –como la comisión electoral independiente– que han sido creadas. Eso en sí mismo ya lo considero bastante notable, y una delegación conjunta de la ACP y la UE fue allí para examinar lo que sucedía, dando un buen ejemplo de cómo el norte y el sur pueden reunirse para examiner problemas y situaciones de conflicto.

Ahora que hemos completado el proceso del artículo 96 con Mauritania, me gustaría ver cómo conseguimos que la ayuda vuelva a estar allí plenamente disponible, pero tenemos que vigilar que los ingresos procedentes de las reservas de petróleo expoliadas debido a un contrato con una empresa australiana, aparezcan como ingresos en el presupuesto del país, de manera que los recursos que este posee puedan ponerse a disposición de la población.

Ya hemos escuchado cuáles son las cuestiones clave. Hay refugiados que deben encontrar su camino de vuelta a casa. Hay otros que deben volver a sus actividades económicas en distintos sectores, y espero que nos unamos en apoyo de este país mientras siga este rimbo. Ahora en particular, en un momento en que parecer ir por buen camino, no debemos perder de vista la necesidad de animar a las partes interesadas a no desviarse de él.

  Alain Hutchinson, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, a riesgo de repetir lo que han dicho otros antes que yo, yo también quisiera resaltar, en nombre de mi Grupo, la importancia de lo que está pasando en Mauritania y recordar que desde el golpe de Estado, del que varios han hablado aquí, el Parlamento no se ha ocupado nunca de la situación de este país, abandonado un poco por todos nosotros. Pienso, por tanto, que esta resolución llega en el momento justo, cuando acaba de iniciarse allí un proceso de democratización importante.

Lo que hay que subrayar ante todo hoy, con esta resolución, es la voluntad de la Unión Europea, y de nuestro Parlamento en particular, de estar atenta a la situación de Mauritania y su evolución, y contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, al establecimiento y la continuación del proceso de democratización, dado que, en efecto, el pasado 25 de junio pudo celebrarse el referendo constitucional. Todavía quedan, por supuesto, una serie de deberes que cumplir del lado mauritano; como ha señalado la señora Carlotti hace un momento, falta, en particular completar las listas electorales, tarea a la que hacemos alusión en la resolución. Queda también, por parte del Parlamento, apoyar una petición de las autoridades mauritanas, a saber, el envío por parte de la Comisión de una misión de observación electoral a Mauritania para las próximas elecciones: las elecciones legislativas y municipales del mes de noviembre y las elecciones presidenciales del próximo mes de marzo. Creo que es importante y que tanto el Parlamento como la Comisión deben tomar las iniciativas necesarias en esta materia.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión (EN) Señor Presidente, tras el golpe de Estado del año pasado, la UE decidió iniciar consultas con la República Islámica de Mauritania de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú revisado.

La reunión inaugural fue cordial y constructiva. Asistieron representantes de los partidos políticos mauritanos y de la sociedad civil, quienes tuvieron la oportunidad de manifestar sus puntos de vista, y un grupo de embajadores de los países ACP. Mauritania contrajo 23 compromisos en los ámbitos del respeto de los principios democráticos, las libertades y derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la gobernanza. También adquirió otro compromiso en materia de supervisión e información.

En la reunión inaugural, la Comisión alentó a las autoridades mauritanas a asegurar el registro de votantes más amplio posible en el país y en el exterior, así como la participación en el referendo constitucional y en las diversas elecciones que deben celebrarse durante el período de transición.

La Comisión también ha alentado la consecución de la igualdad de condiciones en materia electoral con la adopción de mecanismos equitativos para la financiación de los partidos políticos y la garantía de un comportamiento imparcial por parte del ejército, el Gobierno de transición, la administración y los jueces. La Comisión ha invitado a las autoridades de transición a tener en cuenta los problemas del pasado, sobre todo la pervivencia de la esclavitud y las consecuencias de la violencia interétnica de 1989-1990, que produjo la pérdida de vidas y bienes y la huida a países vecinos de decenas de miles de ciudadanos mauritanos.

Reconociendo que la duración del período de transición no permitirá a las nuevas autoridades resolver todos los problemas, la Comisión los alienta a actuar de forma decidida en todos esos ámbitos. Los compromisos adquiridos por Mauritania abordan, en opinión de la Comisión, todos los problemas principales a los que se enfrenta el país. Su formulación por parte de las autoridades se basó en gran medida en las conclusiones de los Talleres de Consulta Nacional de octubre de 2005, en los que participaron todos los actores y fueron reflejo de un amplio consenso nacional.

El progreso en la aplicación de los compromisos por parte de Mauritania permitió a la UE reconocer que se había avanzado claramente y a dar por concluidas las consultas a finales de mayo de 2006. Sin embargo, en vista de las medidas que quedan todavía por aplicar, la UE celebrará un diálogo político más intenso con el Gobierno durante un período de seguimiento de 18 meses. En ese contexto se prevé el despliegue de misiones de observación electoral para las próximas elecciones; de hecho, la semana que viene la Comisión realizará una primera misión de evaluación.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.

(1) Cf. Acta.

13.3. Libertad de expresión en Internet (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre la libertad de expresión en Internet.⁽¹⁾

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señor Presidente, quiero comenzar recordando la declaración de la Cumbre Mundial de la Información, que tuvo lugar en Túnez en noviembre de 2005, en la que se concedió gran importancia a la sociedad de la información con relación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, a la libertad de expresión y de opinión, así como a la libertad de recibir y tener acceso a la información.

Por ello resulta tan triste y lamentable que hoy tengamos que recordar que decenas de personas se encuentran en prisión en varios países del mundo, aunque sobre todo en China, por la simple y única razón de querer comunicarse y expresarse a través de la Red.

No obstante, aunque la responsabilidad principal ciertamente recae en los Gobiernos censores, hay que recordar también que, en muchos casos, son empresas occidentales, muchas de ellas europeas, las que proporcionan a esos Gobiernos los instrumentos y las capacidades para poder llevar a cabo el control y la censura. Este es el caso, entre otras, de empresas como Yahoo, Google, Microsoft, Cisco Systems, Telecom Italia, Wanadoo y alguna subsidiaria de France Telecom.

Por todo ello, con esta Resolución queremos condenar, sin fisuras, las restricciones a la libertad de expresión que algunos Gobiernos imponen a través de Internet y, especialmente, aquellos actos de persecución y detenciones que algunos llevan a cabo. Por ello, pedimos expresamente al Consejo y a la Comisión que aborden esta cuestión en sus encuentros bilaterales con los países mencionados en la Resolución y, especialmente, con China.

En segundo lugar, queremos también hacer un llamamiento al Consejo y a los Estados miembros para que hagan público, en un comunicado conjunto, su compromiso con la protección de los derechos de los internautas y con la libertad de expresión en el marco de la red de Internet.

En tercer lugar, pedimos que se pongan límites a ciertas compañías que obtienen beneficios en ciertos países a costa de menoscabar los derechos humanos.

En suma, en el mundo de hoy, una forma de promover y respetar los derechos humanos es, precisamente, garantizar la libertad de expresión en Internet y evitar censuras, persecuciones y encarcelamientos. Por eso, debemos pedir a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta, también a la hora de establecer sus programas de ayuda, la necesidad de prestar atención a estas cuestiones particulares.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señor Presidente, no en todas partes todo el mundo tiene acceso a todos a los distintos medios de comunicación; a menudo resulta que Internet brinda a miembros de la oposición la única posibilidad de hacer llegar al público su punto de vista, y el considerando C de esta resolución expresa esto muy bien, aunque naturalmente debemos preguntarnos por qué esto es así. Esto tiene mucho que ver con la concentración de los medios de comunicación; por ejemplo, hay muchas personas a quienes les resulta absolutamente imposible acceder a la televisión o a la prensa.

La resolución es crítica con la censura de Internet que se produce en determinados países, y esa es en gran medida la cuestión, pero es otro ejemplo de lo que sucede en esta Cámara muy a menudo, a saber, que apuntamos con el dedo a los demás sin tener en cuenta la situación en la misma Unión Europea. La censura de Internet no es buena en ninguna parte, ni tan siquiera en los Estados miembros de la Unión Europea.

Permítanme citar algunos ejemplos de lo que estoy hablando. En Alemania, el Chaos Computer Club ha sido objeto de una represión recurrente en los últimos años y existen, por ejemplo, sectas como la Cienciología que han emprendido acciones legales para cerrar sitios que las examinaban críticamente.

Los dos pretextos concretos que se adujeron para su censura son, por una parte, la pornografía infantil y, por otra, el extremismo de derechas, pero aunque ambos son totalmente condenables, la pornografía infantil está penalizada en todo el mundo, y aquellos que, estén donde estén, accedan a esos sitios se convierten así en susceptibles de ser procesados judicialmente, mientras que el extremismo de derechas –uno de cuyos ejemplos es lo que dijo hace unos días en esta Cámara el señor Giertych – es algo que tenemos que tratar políticamente.

También es muy importante señalar, cuando se examina Internet, que los motores de búsqueda adaptan ahora su poder a las normas, de modo que al utilizarlos ya no aparezcan determinados materiales. Lo que está ocurriendo aquí es una comercialización gradual, de manera que solo puedan encontrarse en las páginas web ciertos contenidos, por los que se ha pagado. Lo que hay que decir bien claro es que no debe haber censura de Internet en la Unión Europea, y eso significa, también, que la Comisión debe hacer algo al respecto y desterrar esta censura de la Unión Europea.

  Simon Coveney (PPE-DE), autor. – (EN) Señor Presidente, esta resolución tiene carácter amplio con ánimo de tratar el acceso mundial a Internet, que es una cuestión muy vasta. Acoge con satisfacción la declaración de la cumbre mundial de Túnez de noviembre pasado sobre la importancia primordial de la sociedad de la información para la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y de opinión, así como la libertad de recibir y facilitar información.

La realidad es, por supuesto, que Internet es un vehículo fantástico para el cambio en los países que hasta ahora han suprimido la libertad de expresión y frustrado la democracia. Por esta razón, Internet es un auténtico quebradero de cabeza para los dictadores totalitarios y los Gobiernos que hacen todo lo posible por limitar e impedir su libre uso. Esta resolución emplea un lenguaje enérgico y condena a una serie de países que están intentando abiertamente restringir y censurar la información en Internet, calificándolos de enemigos de la libertad de expresión.

Muchos de estos países siguen encarcelando a las personas llamadas «ciberdisidentes» y nosotros pedimos su inmediata liberación. Esto ocurre particularmente en China, con respecto a la cual hemos nombrado a toda una serie de personas afectadas.

La resolución trata también de plantear la cuestión más sensible de la implicación de tecnologías y empresas occidentales, y específicamente estadounidenses y europeas, en el suministro de capacidades a algunos Gobiernos con vistas a censurar y filtrar el material de Internet. El gran cortafuegos de China es quizás el ejemplo más crudo de esa censura. Las autoridades chinas han logrado convencer a empresas como Yahoo y Google a dejarles filtrar sus motores de búsqueda. Por ejemplo, si uno escribe Tiananmen Square en China, lo más probable es que el resultado sea una historia arquitectónica de los edificios que rodean la plaza.

Pedimos a la Comisión que elabore un código de conducta voluntario, colaborando con las empresas que operan en los países represivos, sin pretender darles lecciones, para reducir la capacidad de restricción de la libertad de expresión.

  Jules Maaten (ALDE), autor. – (NL) Señor Presidente, países como China y Cuba, Birmania y Belarús –y la resolución cita docenas de otros países– adoptan restricciones cada vez más rigurosas sobre el uso de Internet, y es comprensible que lo hagan, porque si hay algo que vehiculice la libre expresión de opiniones, que sirva a la oposición y al desarrollo de la oposición frente a los Estados totalitarios, es justamente Internet, y los proveedores de servicios de Internet siempre han dado gran importancia a la libertad, especialmente de información, que permite Internet.

Sin embargo, a menudo son proveedores estadounidenses y europeos los que facilitan la interferencia en la libre expresión de opiniones, permitiendo por ejemplo que los servicios sean censurados. Empresas estadounidenses como por ejemplo Google, Microsoft y, en especial, Yahoo, han causado en China un gran revuelo. Por supuesto, una serie de otras empresas han estado haciendo lo mismo: Secure Computing y Fortinet en Túnez y Birmania, Cisco Systems también, pero también entre ellas empresas como por ejemplo Telecom Italia en Cuba y Wanadoo –que pertenece a France Telecom– en Túnez.

Por supuesto, es intolerable que empresas occidentales ayuden a Gobiernos represivos a pisotear los derechos humanos. Lo primero que hay que hacer es que las instituciones europeas elaboren un código de conducta por el que se comprometan a no entrometerse en acciones que pretenden reprimir las actividades en Internet. También conviene destacar que las empresas que ofrecen servicios de búsqueda, chat, publicación u otros servicios en Internet deben hacer todo lo posible por asegurarse de que los derechos de los usuarios de Internet están plenamente salvaguardados.

En China hay en la actualidad 48 ciberdisidentes entre rejas, lisa y llanamente porque se desviaron del camino trazado para ellos en Internet por las autoridades. A mi juicio, es impensable que empresas occidentales presten ayuda activa a estos regímenes represivos y autoritarios manteniendo la censura. Este tipo de colaboración va en contra de los valores europeos fundamentales, como son la libre expresión de opinión y la libertad de información. La libre expresión de opinión debe seguir siendo una prioridad en Internet, desde luego, especialmente en Internet. Los legisladores estadounidenses están trabajando en la llamada Global Online Freedom Act, y huelga decir que Europa no pueden quedarse al margen.

Aunque insistamos en la legislación, preferiría ver cómo se hace algún intento de elaborar un código de conducta para ver qué podemos solventar con las empresas en cuestión. También debemos dejar perfectamente claro lo que defendemos. Al final del día, naturalmente, el problema no reside principalmente en las compañías de Internet, sino en los mismos regímenes represivos. El comercio y la comunicación con estos países puede tener a menudo una influencia beneficiosa, y por lo general estoy a favor de eso, aunque no, por supuesto, si permitimos que estos regímenes nos hostiguen con respecto a lo que comerciamos o comunicamos.

  Catherine Trautmann (PSE), autora. – (FR) Señor Presidente, en esta sociedad globalizada, Internet es un medio rápido y fácil de utilizar para comunicarse entre individuos o en grupo, para comerciar, informarse o crear. Internet se ha convertido en un espacio público mundial abierto, en el que cada cual es, en principio, libre de circular y expresarse.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información ha situado los derechos fundamentales de la persona en el centro de la sociedad de la información. Ahora bien, no todos somos iguales ante la libertad de expresión en Internet, y algunos Estados han censurado la expresión de ciudadanos, periodistas y otros. Lo que es peor, Periodistas sin Fronteras ha hecho un hallazgo alarmante con respecto a la represión en Internet y ha informado de un número muy elevado de internautas encarcelados, particularmente en China.

Nuestra resolución tiene por objeto expresar nuestra enérgica oposición a estos atentados a las libertades y condenar a los Estados que las practican.

Pedimos al Consejo y a la Comisión que den muestras del mismo rigor en sus relaciones internacionales y sus programas de ayuda y cooperación. Pero deseamos también apelar a la responsabilidad de las empresas, en particular europeas, que, mediante el suministro de tecnologías o servicios, están más o menos implicadas en estos actos y que deberían comprometerse a suscribir un código de conducta que les impidiera participar en la censura, la represión y la persecución. No podemos predicar la libertad de comercio y negarnos a preservar las libertades individuales.

El Foro de Atenas sobre la gobernanza de Internet, el próximo mes de noviembre, deberá permitir a la Unión Europea poner en práctica las recomendaciones de esta resolución.

  Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, la resolución que va a aprobar hoy el Parlamento Europeo es realmente una resolución sobre la defensa de la libertad de expresión, que forma la base de cualquier sociedad democrática.

Podemos atrevernos a decir que Internet protege esta libertad mejor que cualquier otro medio. Sin embargo, los Gobiernos de muchos Estados están intentando influir en el contenido de Internet. Internet es vista como un río salvaje y peligroso y existen iniciativas legislativas en muchos Estados encaminadas a regular su corriente. Del mismo modo, sin embargo, estos Estados corren por desgracia un grave riesgo de restringir la libertad de expresión. Al fin y al cabo, un PC y una impresora pueden convertirse en una imprenta que podría usarse para publicar panfletos, anuncios públicos o incluso libros enteros para distribución no oficial. Un ordenador conectado a Internet no es más que una radio sintonizada a Radio Free Europe. Además, es una radio interactiva, donde cualquiera puede expresar sus puntos de vista y hacer comentarios. Es una grave amenaza para cualquier país totalitario o cualquier país que restrinja el acceso hasta cierto punto a la información.

En Internet solo pueden censurarse páginas individuales. Resulta imposible censurar la red entera, aunque la tentación o amenaza de hacerlo aún existe. El Gobierno chino, por ejemplo, ha creado una policía para Internet que controla si cualquiera de los casi doce millones de usuarios chinos de Internet han infringido las normas de uso de la red. Cualquier violación de estas puede castigarse con 10 años de trabajos forzados. Los propietarios de cafés de Internet emplean personal para controlar si aparece algún contenido prohibido en las pantallas de los usuarios. Este contenido se filtra mediante el uso de palabras clave. Si aparecen las palabras «Tíbet», «disidente» o «China y derechos humanos», la página entonces se bloquea.

Internet, que tiene un carácter fundamentalmente anárquico, es la piedra en el zapato de Gobiernos y burócratas, que también están presentes en cunas de la democracia como Europa y los Estados Unidos. Deberíamos recordar que la eterna lucha entre libertad y censura nunca tiene fin y que es también una batalla entre el bien y el mal. Y también tenemos que recordar que la libertad que nos otorga Internet también comporta el peligro de propagar información antidemocrática e inmoral.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, la libertad de expresión y de opinión son valores fundamentales englobados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de expresión debería garantizarse, independientemente de la forma en que se expresen las opiniones. Internet se ha convertido, en los últimos años, una forma nueva y universal de comunicación. De acuerdo con cálculos actuales, hay cerca de 600 millones de usuarios de Internet y esta cifra está aumentando a diario. Internet es un medio que permite libertad de expresión. Esta libertad también se extiende a grupos como los que hacen campaña a favor de los derechos humanos, activistas defensores de la democracia, disidentes políticos y periodistas independientes.

Como se trata de un foro abierto, también contribuye al crecimiento de la democracia, como se observó durante la Cumbre Mundial en Túnez en noviembre del año pasado. Sin embargo, a no todo el mundo le gusta un medio tan abierto. Los Gobiernos acostumbrados a controlar la prensa, la radio o la televisión quieren ahora controlar el único medio independiente que se les sigue escapando de las manos, es decir, Internet. China, Irán, Corea del Norte, Siria, Nepal, Cuba y Belarús están utilizando métodos cada vez más sofisticados para controlar y restringir la libertad de expresión. Lo que es peor, compañías como Yahoo, Google y Microsoft están de acuerdo con la censura a petición de los Gobiernos, como es actualmente el caso de China.

Esta situación es inaceptable. La libertad de expresión es un derecho inalienable. Tenemos que actuar para prevenir impedir intento de restringirla, incluso en Internet. Tenemos que crear un sistema de gestión de redes donde solo queden restringidas las actividades ilegales, como la distribución de pornografía infantil u otras formas de abuso. Restringir la libertad de expresión en Internet es amordazar a aquellos que dicen verdades incómodas que forman parte precisamente de los valores que tenemos que defender especialmente.

  Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, creo que hay controles y controles. Cada mes aprobamos leyes sobre controles y límites que protegen a los más vulnerables. La restricción de la pornografía infantil o destinada a los niños no debe verse como una afrenta a la auténtica libertad. Como madre, creo que robar a los niños su inocencia es un delito. De hecho, el evangelio cristiano dice que esto merece colocar al culpable una piedra de molino alrededor del cuello.

Para un niño, el abuso sexual, ya sea por mano de un adulto lascivo o en Internet, se convierte en una piedra de molino psicológica que arruina al niño de por vida. Con el uso de tecnologías como la MRI y la criba química, sabemos hoy que la pornografía altera los cerebros en desarrollo de los niños y estimula la producción de sustancias químicas cerebrales altamente adictivas. Los investigadores han vinculado incluso el uso prolongado de pornografía en Internet con los efectos devastadores de la heroína.

Debemos hacer todo lo posible por lograr que Internet sea más segura. Si Yahoo y Google pueden censurar Internet para complacer a un Gobierno chino totalitario, entonces también pueden censurarla en beneficio de nuestros niños.

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Al hablar de la censura en Internet, es fácil y placentero poder condenar a casi una docena de países repartidos por varios continentes. Sin embargo, me temo que aparte de hacernos sentir mejor, nuestras acciones siguen siendo puramente simbólicas.

Tal vez deberíamos fijarnos en los hechos, en particular los relacionados con países y empresas europeas. Tomemos a Belarús como ejemplo. Es un país vecino de la Unión Europea y un enemigo tradicional de la libertad en Internet. Si mencionamos Belarús en el mismo contexto que las Maldivas o Nepal, en la práctica no ayudaremos a ninguno de estos países.

Si la empresa italiana Telecom Italia es la operadora de redes en Cuba, entonces el régimen comunista censura la libertad de expresión con el acuerdo de esta empresa europea. Si una filial de France Telecom decide introducir servicios de banda ancha junto con un operador tunecino, esta operación sucede en un momento en que el Gobierno de Túnez está cortando el acceso a todos los sitios de la oposición en Internet en ese país.

Estos son los hechos. No utilicemos tácticas elusivas como debatir cuestiones que solo pueden ejercer una influencia moral. Centrémonos en temas que puedan influir en la práctica.

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, gracias a la ciencia y a la tecnología, la humanidad ha empezado a conquistar el espacio y ha puesto un pie en la Luna. También hemos creado herramientas de comunicación maravillosas como Internet. Sin embargo, deberíamos recordar que esa tecnología también se ha utilizado para cometer millones de asesinatos, actos de corrupción moral y actos que destruyen la dignidad humana. Por eso, aunque la ciencia y la tecnología son de por sí positivas, deberían estar, como todas las actividades humanas, sujetas a supervisión, estableciendo límites y respetando principios éticos. Estos principios nos permiten distinguir el bien del mal, que no tiene que significar forzosamente limitar la expresión.

Los problemas tecnológicos modernos se extienden más allá del ámbito de la tecnología y se convierten en problemas morales. Deberíamos fomentar la libertad real, es decir, la libertad frente al mal, y no fomentar la obstinación y la anarquía que destruyen y degradan al género humano. Hay muchos ejemplos de peligros que son consecuencia de Internet. Los que provocan más indignación y son más graves son aquellos sitios de Internet que muestran pornografía infantil y los que tienen un contenido de orientación pedófila. Estos sitios reflejan lo rápido y bajo que puede caer la humanidad.

  Peter Mandelson, miembro de la Comisión (EN) Señor Presidente, las propuestas de resolución sobre la libertad de expresión en Internet proponen medios para promover el acceso a Internet sin restricciones por parte de las autoridades nacionales. Estas sugerencias se centran en medidas encaminadas a mejorar la gobernanza de Internet y en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre de 2005 ha reafirmado los vínculos entre el desarrollo de la Sociedad de la Información y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y de opinión así como la libertad de recibir información y acceder a ella.

Este consenso alcanzado durante la cumbre es una base para que prevengamos y contrarrestemos las amenazas, los riesgos y las limitaciones de los derechos humanos que plantea el abuso de las tecnologías de la información y la comunicación, como señala la Comunicación de la Comisión de abril de 2006 sobre los resultados de la cumbre.

En esta Comunicación, la Comisión alienta a las empresas afectadas a elaborar un código de conducta sobre esta cuestión crucial, en cooperación estrecha con las ONG. Este código de conducta supondrá un paso adelante importante que favorecerá que estos países establezcan unas normas éticas correspondientes.

La defensa de la libertad de expresión es una de las máximas prioridades de los correspondientes programas de ayuda exterior de la Comunidad, en particular de la Iniciativa para la Democracia y los Derechos Humanos. Esto no cambiará en los próximos años con el nuevo instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos.

Además, tenemos una política destinada a colmar la brecha digital entre los países ricos y pobres. Cuanto más se extiende el uso de Internet, más difícil resulta controlarlo por parte de los Gobiernos represivos, a pesar de toda la panoplia de métodos de censura. La Comisión promueve activamente las recomendaciones de la cumbre en este terreno.

Antes de concluir, permítanme añadir algunas palabras sobre la gobernanza de Internet. La Agenda de Túnez solicita la creación de un foro de diálogo político entre los diversos sectores interesados, el Foro de Gobernanza de Internet, que se reunirá por primera vez a finales de octubre en Atenas.

Europa debe desempeñar un papel central en ese proceso. Por ello espero que el Parlamento Europeo aproveche esta oportunidad para iniciar este diálogo con los representantes de la sociedad civil europeos antes del Foro de Atenas.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde, es decir, dentro de un momento.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) En primer lugar, me gustaría elogiar esta propuesta por ser tan oportuna. A medida que se extienden rápidamente las comunicaciones electrónicas, es realmente importante centrar la atención en la libertad de expresión también en Internet. La libertad de expresión es una cuestión importante. Debe prevalecer en todas las circunstancias, aunque al mismo tiempo debemos recordar que la libertad de expresión comporta una responsabilidad especial. Debemos asegurarnos de que Internet no contenga material que entre en contradicción con la humanidad, los derechos humanos y la democracia.

Debemos preocuparnos especialmente por los niños y los jóvenes, que son el activo más valioso de nuestra sociedad. Representan hoy en día y los responsables políticos deben intentar y asegurar que puedan usar Internet para obtener la información apropiada y pertinente y evitar cualquier cosa que vaya en contra de los valores que son perdurables y que protegen la vida humana.

La libertad comporta una responsabilidad. Y eso vale la pena recordarlo en un momento en que el tema principal en la sociedad parece ser la falta de valía.

(1) Cf. Acta.

14. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)

14.1. Somalia (votación)

– Antes de la votación sobre el considerando C :

  Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, con mi enmienda oral pretendo evitar una ambigüedad en el considerando C. Propongo insertar la palabra «desafortunadamente» entre «considerando que» y «Somalia» y sustituir las palabras «con vistas a restablecer el orden» por las palabras «con vistas a asumir la autoridad». Es un intento de asegurar que nadie interprete que el considerando C justifica la creación de tribunales islámicos radicales con vistas a restablecer el orden.

Espero que los demás Grupos coincidan con el Grupo del PPE-DE en esta cuestión. Creo que es una enmienda oral sensata y comprensible.

(El Parlamento acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre el apartado 11 :

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, eso tiene que ver con el último apartado, en relación tanto con Somalia como con Mauritania. Me gustaría pedir que las resoluciones que aprobemos se remitan, en la medida que se relacionen con África, también al Parlamento Panafricano.

(El Parlamento acepta la enmienda oral)

14.2. Mauritania (votación)

– Antes de la votación sobre el apartado 26 :

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, lo que se acaba de decir de Somalia debería ser exactamente aplicable de la misma forma a Mauritania.

(El Parlamento acepta la enmienda oral)

14.3. Libertad de expresión en Internet (votación)

14.4. Marca de origen de algunos productos importados (votación)

– Antes de la votación sobre el apartado 2:

  Enrique Barón Crespo (PSE). – (FR) Señor Presidente, después de haber escuchado las explicaciones del Comisario y para demostrar la buena voluntad del Parlamento y la voluntad de cooperación de la Comisión de Comercio Internacional, se trata de suprimir, en el apartado 2, donde se habla de la Comisión, el adjetivo, lo digo en inglés, que es la lengua original,

(EN) «even».

Asimismo queremos insertar la palabra «formalmente», de modo que el texto en cuestión rece: «(...) la Comisión no haya enviado formalmente la propuesta de Reglamento al Parlamento (...)».

(FR) Por tanto, se añade el texto «formalmente al Parlamento». Creo que esto mejorará nuestras relaciones con la Comisión.

(El Parlamento acepta la enmienda oral)

Con esto concluye la votación.

15. Explicaciones de voto

- Indicación del país de origen de determinados productos importados de terceros países («marca de origen») (RC-B6-0384/2006)

  Luca Romagnoli (NI), por escrito. (IT) La marca de origen de un producto representa la fuerza y la transparencia del producto, una garantía para el consumidor y un acto necesario de protección con respecto al trabajo de una nación y sus empresas.

La protección de productos europeos (al menos cuando esta se confía a la claridad de las marcas, de los procesos de producción y de todas aquellas garantías sobre los productos que un consumidor tiene derecho a conocer y que, si se quiere, también son éticamente necesarias) es también crucial para la «competencia leal» que precisamente exigen los criterios dominantes del «mercado libre» (que deberían ser, por tanto, libres pero debidamente competitivos).

La marca de origen no es en sí misma garantía suficiente de lo anterior, pero sí al menos representa un primer paso en este sentido.

Hacer que la marca de origen sea obligatoria, tal y como se prevé por lo que estamos debatiendo aquí, es tan solo un primer paso crucial para protegerse de los productos que están inundando el mercado europeo, compitiendo de manera desleal con nuestros productos y ocasionando daños a nuestras empresas y nuestro trabajo. La trazabilidad de un producto –la completa transparencia del proceso de producción sería mejor– y un apropiado reconocimiento de la calidad y las investigaciones, así como de las tradiciones artesanas e industriales de las naciones de Europa, son también garantías concebidas para proteger a los consumidores, así como a empresas e industrias europeas.

Por ello he votado a favor del nuevo reglamento, aunque debo subrayar que considero esto un mero primer paso.

16. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

17. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

18. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria: véase el Acta

19. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

20. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

21. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

22. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

23. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. – Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 17.20 horas)

¿Puede exponer el Consejo Europeo sus planes para fomentar, bajo la Presidencia finlandesa de la Unión Europea, unas mejores relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y los EE.UU.?

(FI) Los Estados Unidos son un socio de especial importancia para la UE. Gracias a que el diálogo transatlántico es sumamente intenso, la colaboración entre la UE y los Estados Unidos ha arrojado resultados concretos en muchos ámbitos. La relación transatlántica no se limita únicamente a las cuestiones bilaterales, sino que la cooperación intenta dar respuesta a diferentes problemas de orden mundial. El objetivo de la Presidencia finlandesa es intensificar aún más esta cooperación en la práctica, así como profundizar el diálogo estratégico entre la UE y los Estados Unidos.

La agenda transatlántica de la Presidencia finlandesa se basa en gran parte en los resultados de la Cumbre entre la UE y Estados Unidos que tuvo lugar en Viena el 21 de junio de 2006. En Viena, la UE y los Estados Unidos firmaron una declaración común que está formada por cuatro elementos distintos:

promover la paz, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo,

hacer frente a los problemas de orden mundial, entre ellos, la seguridad,

promover la prosperidad y las oportunidades,

promover la cooperación estratégica en materia de energía y seguridad energética, cambio climático y desarrollo sostenible.

La puesta en práctica de esta declaración adoptada en Viena constituye un fundamento para el desarrollo de las relaciones entre la UE y los Estados Unidos durante la Presidencia finlandesa. Las prioridades en dichas relaciones serán en particular:

la política sobre el cambio climático,

la realización de la iniciativa económica,

la promoción de la democracia y la estabilidad, la resolución de conflictos y el apoyo a la buena gobernanza, en particular en Europa Oriental y Sudoriental.

En cuanto a la política sobre cambio climático, la Cumbre de Viena dio un importante paso adelante. En la declaración, la UE y los Estados Unidos se comprometen a reflexionar sobre las posibilidades para luchar contra el cambio climático. Además, la UE y los Estados unidos acordaron reunirse en Helsinki en el otoño para iniciar un diálogo de alto nivel sobre el clima y las energías limpias y sostenibles. Se está organizando una reunión de la troika a nivel ministerial en Helsinki basada en el mandato salido de esta Cumbre.

En el ámbito de la cooperación económica, uno de los resultados tangibles de la cumbre fue el programa común de trabajo sobre derechos de propiedad intelectual (DPI). La cooperación en materia normativa, que reviste tanta importancia para la asociación económica, también avanzó durante el año pasado. La declaración menciona igualmente que se celebrará una reunión oficiosa de los Ministros de Hacienda durante la Presidencia finlandesa. Los temas del orden del día de la reunión de Ministros de Hacienda podrían ser, por ejemplo, la cooperación normativa, las innovaciones, la competitividad y la energía. Otro punto que figurará en el orden del día serán los avances en la realización de la iniciativa económica UE-Estados Unidos.

Una asociación transatlántica eficiente permite un diálogo eficaz sobre temas en los que los puntos de vista parecen muy alejados. La Presidencia finlandesa mantendrá el diálogo con los Estados Unidos sobre todos los temas de la agenda transatlántica. La cooperación se seguirá ampliando. Aparte del diálogo sobre el cambio climático, uno de los resultados más importantes de la Cumbre de Viena fue que el aumento a nivel estratégico de la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en materia de energía.

¿Puede indicar el Consejo Europeo a cuánto ascenderá la contribución de la UE a la promoción del Programa de Paz de la UE en Irlanda entre 2007 y 2013, y especificar cómo se asignará dicho importe?

(FI) El Consejo adoptó el 5 de mayo de 2006 una Posición Común sobre una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las normas comunes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. El Parlamento aún no ha emitido su dictamen sobre esta propuesta. Este Reglamento desarrolla las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005 y concede un total de 200 millones de euros al programa Peace para el período comprendido entre 2007 y 2013. Con arreglo al Reglamento, este será un programa transfronterizo destinado a promover la estabilidad social y económica, en particular a través de medidas para fomentar la solidaridad entre las comunidades. La región subvencionable abarca toda Irlanda del Norte y las zonas fronterizas de la República de Irlanda. Como se prevé en la propuesta de Reglamento para el FEDER, el programa se llevará a cabo como parte del objetivo europeo de cooperación regional y se ajustará al principio de adicionalidad que rige las ayudas de los Fondos estructurales. La asignación de fondos y el contenido del programa serán decididos por Irlanda y el Reino Unido, que elaborarán una propuesta conjunta para el programa Peace para el período 2007-2013. La Comisión aprobará la propuesta de programa antes de su puesta en marcha.

¿Puede el Consejo formular una declaración sobre la actual situación de Montenegro tras la reciente votación de un mayoría de este país a favor de la independencia y exponer en términos generales cual es la evolución política de los Balcanes en la actualidad?

(FI) El Consejo sigue muy de cerca y permanentemente la situación en los Balcanes.

Tras el referendo de independencia, el Consejo adoptó en su reunión de 12 de junio de 2006 una serie de conclusiones sobre Montenegro. En ellas destacaba que el Parlamento de ese país había declarado la independencia de Montenegro, y que el Parlamento serbio había declarado que Serbia sería el Estado sucesor de la Unión de Estados de serbia y Montenegro.

En estas conclusiones, la UE y sus Estados miembros decidieron «desarrollar más sus relaciones con la República de Montenegro como Estado soberano e independiente, teniendo plenamente en cuenta el resultado del referendo y los actos consecutivos del Parlamento de Montenegro. Los Estados miembros tomarán las posteriores medidas de aplicación de esta decisión a escala nacional, de conformidad con el Derecho internacional y las prácticas internacionales». Tras esta declaración, varios Estados miembros reconocieron bilateralmente la independencia y soberanía de Montenegro y manifestaron su intención de establecer relaciones diplomáticas con ese país. Otros Estados miembros se preparan para hacer otro tanto.

En las conclusiones la UE instó igualmente a Serbia y Montenegro a «que en sus futuras relaciones continúen un diálogo directo y constructivo». El diálogo entre ambos países ha tenido un inicio alentador.

En una declaración adoptada en la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006, la UE presentó una sinopsis de la situación en la región. el Plan de acción de Salónica sigue siendo la base de la política comunitaria para los Balcanes Occidentales. Asimismo, el Consejo Europeo resumió las cuestiones que en el futuro deberán recibir especial atención para poder encontrar soluciones. Las negociaciones sobre la estabilización y el Acuerdo de asociación con Serbia se reanudarán inmediatamente, una vez que este país comience a colaborar plenamente con el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. La UE seguirá apoyando las conversaciones en curso sobre el futuro estatuto de Kosovo y está dispuesta a intensificar su papel, una vez se haya determinado el estado de la región (en estos momentos la prioridad son los planes para una posible operación futura de la UE en materia de Estado de derecho). Tiene la intención de desarrollar sus relaciones con el Montenegro independiente, tanto a nivel comunitario como de cada uno de los Estados miembros. Bosnia y Herzegovina tiene que continuar con las reformas necesarias y ser capaz de adoptar decisiones difíciles, por ejemplo, en el ámbito de la reforma constitucional. Ahora que se ha firmado el Acuerdo de estabilización y asociación, Albania debe proseguir con las reformas. La creación de una zona de libre comercio es indispensable para esta región. Las negociaciones sobre la facilitación de visados y de los acuerdos de readmisión contribuirán en gran medida a consolidar las relaciones con la UE. La UE seguirá respaldando sus políticas para los Balcanes Occidentales con recursos económicos. El nuevo Instrumento de Preadhesión (IPA) se introducirá el año próximo.

¿Podría proporcionar el Consejo información actualizada y exhaustiva sobre la situación política actual en la región sudanesa de Darfur e indicar qué papel está desempeñando actualmente la Unión Europea para promover la paz en esta región?

(FI) El Gobierno sudanés y uno de los grupos que forman el Movimiento y Ejército para la Liberación de Sudán (Sudan Liberation Movement/Army - SLM/A) firmaron el acuerdo de paz para Darfur el 5 de mayo. El Movimiento para la Justicia e Igualdad (Justice and Equality Movement - JEM), que es otro de los principales elementos del SLM/A y el segundo mayor movimiento rebelde en Darfur, sigue negándose a firmar este acuerdo. Sin embargo, numerosos representantes de las otras dos facciones han indicado que apoyan el acuerdo de paz. Y el 8 de junio firmaron una declaración en la que aceptan el acuerdo, a iniciativa de la Unión Africana.

Desde la firma del acuerdo de paz, la situación de la seguridad en Darfur parece estar bastante tranquila y haber mejorado respecto a los meses anteriores, pero sigue siendo sumamente delicada y volátil.

La UE ha dado su bendición al acuerdo de paz, al que considera una condición indispensable para una paz duradera y para la seguridad en Darfur. La Unión ha instado a todas las partes a que apliquen rápida y plenamente el acuerdo. Ha manifestado que está dispuesta a apoyar la aplicación del acuerdo de paz de Darfur ya promover la reconstrucción y reconciliación en esta región. El Consejo tiene previsto adoptar las siguientes medidas para ayudar a la aplicación del acuerdo:

a través de un Representante Especial, la UE seguirá apoyando los esfuerzos para convencer a las fuerzas insurgentes que no han firmado el acuerdo, para que lo acepten.

La UE está dispuesta a asumir las tareas que le asigna el acuerdo de paz para Darfur, en particular la vicepresidencia de la comisión de cese el fuego y de la comisión para preparar el diálogo y las negociaciones entre las partes implicadas en la crisis de Darfur.

Asimismo, la UE ha declarado su disposición a participar en la reconstrucción y desarrollo de esta región.

La UE continuará apoyando la operación (AMIS) que la Unión Africana realiza en Darfur mediante nuevas ayudas (en materia financiera, logística, de planificación y de equipo) hasta que expire el mandato de dicha operación. Ha destinado una dotación especial de 50 millones de euros para el Mecanismo de Paz en África, lo que hace que las ayudas concedidas a través de este canal se eleven a 212 millones de euros. Actualmente, la UE intenta determinar, en colaboración con la UA, los ámbitos en que podría prestar a AMIS ayuda militar y/o política complementaria teniendo en cuenta las nuevas tareas que el acuerdo de paz para Darfur asigna a AMIS y para permitir que esta operación pase a estar bajo control de Naciones Unidas en condiciones más favorables.

A raíz de que el personal de limpieza del aeropuerto descubriera que se estaba trasladando a un prisionero maniatado y esposado a través del aeropuerto de Shannon, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno irlandés no cuenta con disposiciones o protocolos adecuados a tales prácticas. Se ha sabido además que, en la ocasión citada, las autoridades de los EE.UU. trasladaban a un marine estadounidense preso en un avión civil a través del aeropuerto de Shannon sin permiso de las autoridades irlandesas, que no se enteraron del incidente hasta que se lo notificó la embajada estadounidense al día siguiente. ¿Está satisfecho el Consejo y considera que hay medidas adecuadas en vigor para asegurar la conformidad con la legislación comunitaria e internacional que rige los derechos de los prisioneros bajo custodia de las fuerzas armadas de los EE.UU. y trasladados a través de aeropuertos de la UE?

(FI) Por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, el Consejo siempre intenta promover un absoluto respeto de los derechos humanos universales y la observancia incondicional de todas las normas del derecho humanitario internacional. Esta actitud se refleja claramente en cada uno de los actos y programas que ha adoptado.

La UE y sus Estados miembros plantean periódicamente estas cuestiones en su diálogo con los Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo; en tales ocasiones subrayan la necesidad de observar plenamente el derecho humanitario internacional y de respetar los derechos humanos.

En relación con las presuntas violaciones de derechos fundamentales en territorio de los Estados miembros, el Consejo desea señalar que solo puede actuar a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión, tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo, ya que en otras condiciones no está facultado a determinar que un Estado miembro ha violado de forma «grave y persistente» los derechos fundamentales (apartado 2 del artículo 7 del TUE).

El proyecto de código de conducta del soldado elaborado por el Pentágono omite el artículo 3 del Convenio de Ginebra, que prohíbe explícitamente «los tratos humillantes y degradantes», ya que la Administración de Bush se niega a estar vinculada por los Convenios de Ginebra en la llamada «guerra contra el terrorismo», y algunos ex detenidos han declarado a Human Rights Watch y a la Cruz Roja internacional que los funcionarios de los EE.UU. encargados de los interrogatorios profanaron el Corán e inflingieron humillaciones de carácter religioso a los musulmanes detenidos en Guantánamo, Kandahar y Bagram.

¿Qué opina el Consejo de esta derogación de los principios fundamentales de las leyes internacionales en materia de derechos humanos? ¿No teme que, en el marco de la cooperación con los Estados Unidos en cuestiones de seguridad internacional, el personal militar de la Unión Europea y de sus Estados Miembro se vea obligado a asociarse a las prácticas ilegales del personal militar de los Estados Unidos? ¿No preocupa al Consejo que el recurrir a los atentados contra la dignidad humana como técnica de interrogatorio «bien rodada» conduzca, no solo a falsos testimonios obtenidos bajo coacción, sino también a reforzar la división entre el mundo occidental y algunas comunidades islámicas y, por consiguiente, a acrecentar la «guerra contra el terrorismo» en vez de poner fin a la misma?

(FI) El Consejo no conoce el contenido del código de conducta de los soldados de los Estados Unidos, debido a que las autoridades de ese país no lo han publicado.

Tal como ha venido sucediendo de forma sistemática de cuatro años a esta parte, tras las ofertas negociadoras europeas al régimen iraní se han producido una aceleración del ritmo del programa nuclear iraní, declaraciones triunfalistas de sus dirigentes, un recrudecimiento del terrorismo en los países vecinos y un brutal aumento de la represión sobre los iraníes.

En particular, tras la última visita del Alto Representante PESC a Irán se ha producido una nueva oleada de secuestros de mujeres y niños de disidentes de la minoría árabe de Ahvaz por parte de los servicios secretos iraníes así como de condenas a muerte, como puede comprobarse por la lista nominativa compilada por la resistencia árabe de Ahvaz disponible en el siguiente sitio de Internet:

http://www.ahwazstudies.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=685&Itemid=47&lang=EN.

¿Por qué motivo sigue insistiendo el Consejo en su vieja política, sin tener en cuenta sus desastrosos resultados?

(FI) En su última reunión, celebrada los días 15 y 16 de junio de 2006, el Consejo Europeo confirmó que estaba intentado encontrar una solución política a los problemas que plantea el programa nuclear de Irán, que tenga en cuenta las causas de inquietud manifestadas por la comunidad internacional respecto a dicho programa, pero que al mismo tiempo confirme el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear de conformidad con el Tratado de no proliferación de armas nucleares.

El Consejo ha pedido a Irán a que responda rápida y positivamente a la iniciativa comunitaria sobre el programa nuclear iraní, que el Alto Representante de la UE, el Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia y los Estados Unidos (el denominado grupo UE3+3) presentó a Irán. Además, Irán debe crear condiciones favorables para el inicio de las conversaciones sobre cooperación y colaborar plenamente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

En relación con los derechos humanos, el Consejo ha declarado en numerosas ocasiones su preocupación por la discriminación que sufren las minorías religiosas y étnicas en Irán.

El Consejo sigue muy preocupado por la situación de los derechos humanos en Irán, ya que este país no cumple los principios universales ni sus obligaciones particulares. En su reunión del 15 de mayo, el Consejo manifestó su inquietud por el aumento del número de ejecuciones, detenciones arbitrarias, el aumento de las restricciones para acceder a la información y el incremento de las violaciones de la libertad de expresión y de credo. Hizo alusión en particular a la intimidación y acoso de que son objeto los defensores de los derechos humanos, abogados y grupos minoritarios. La UE tiene la intención de plantear en el futuro cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como el trato que reciben las minorías étnicas, tanto directamente ante Irán como ante los organismos internacionales.

El Consejo espera igualmente poder reanudar pronto las reuniones en el marco del diálogo sobre derechos humanos entre la UE e Irán, para deliberar sobre el estatuto de las minorías en Irán, entre las que se encuentra la minoría Ahvaz mencionada en la pregunta de su Señoría.

Según un estudio de opinión reciente, tan solo el 22 % de los finlandeses respalda la ratificación en el Parlamento finlandés de la Constitución europea. Sin embargo, el Gobierno del país que ejerce la Presidencia propone su ratificación. ¿Podría indicar el Consejo qué trata de conseguir el país que ejerce la Presidencia con la ratificación, cuando su Gobierno la justifica con el hecho de ejercer la Presidencia de la UE?

Varios dirigente de la UE, entre los que figura Wolfgang Schüssel, Canciller Federal de Austria, se han expresado a favor de la idea de celebrar un referéndum sobre la Constitución europea el mismo día en el conjunto de los Estados miembros y de que en una consulta de esas características el factor decisivo sea la voluntad expresada por la mayoría tomada en su conjunto. ¿Podría indicar la Presidencia en ejercicio si apoya esta posibilidad? ¿Considera la Presidencia en ejercicio que este procedimiento es compatible con la práctica democrática, teniendo en cuenta que los pueblos de Francia y de los Países Bajos votaron en contra de la Constitución europea en mayo y en junio del pasado año, respectivamente?

(FI) En el apartado 3 del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea se establece lo siguiente en relación con la modificación de los Tratados: «Las enmiendas entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales». De forma similar, el artículo IV-447 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, dispone que «El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales». Así pues, cada Estado miembro debe decidir el procedimiento para la ratificación del Tratado relativo a una Constitución para Europa, que puede ser un referendo, de conformidad con su constitución nacional.

Además, el Consejo recuerda a su Señoría que el punto 43 de las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio señalaba que, desde junio 2005, cinco Estados miembros habían ratificado el Tratado constitucional, con lo que el número de Estados miembros que lo habían hecho se elevaba a 15. Dos Estados miembros no han ratificado el Tratado, y ocho aún no han concluido el procedimiento de ratificación. Uno de ellos inició hace poco dicho procedimiento. Se señalaba que cabía esperar que este procedimiento concluiría en junio de 2005, de conformidad con las conclusiones adoptadas. Cada Estado miembro ratifica el Tratado a nivel nacional. La propuesta del Gobierno finlandés relativa a la ratificación del Tratado constitucional no hará referencia alguna a la Presidencia que acaba de comenzar.

Teniendo en cuenta que algunos de los actores principales en el proceso de paz en Sri Lanka tienen prohibida la entrada en el territorio de la UE, ¿tiene el Consejo la impresión de que Europa todavía puede desempeñar un papel importante en dicho proceso?

(FI) Los principales actores del proceso de paz de Sri Lanka son el Gobierno de este país y los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Eelam - LTTE). A petición de ambas partes, Noruega ha desempeñado un papel de mediador desde la década de los noventa. La Unión siempre ha apoyado a Noruega en su función de mediación y sigue prestándole todo su respaldo.

En su calidad de copresidente de la Conferencia de Tokio de 2002, la UE desempeña un importante papel a la hora de contribuir a los esfuerzos de mediación de Noruega y de instar a ambas partes a que acuerden un cese al fuego y reanuden las negociaciones de paz. La prohibición de viajar que la UE impuso a los LTTE, por figurar en la lista de organizaciones terroristas, se aplica a la acogida de delegaciones oficiales de los LTTE en los Estados miembros de la UE. Esta prohibición no impide que miembros o simpatizantes de los LTTE viajen al territorio de la UE. Sin embargo, puede prohibirse la entrada a estas personas –al igual que a cualquiera– si no cumplen los requisitos normales de entrada o visado. De forma similar, la prohibición no obsta para el diálogo con los LTTE. La Alianza Nacional Tamil (ANT), por ejemplo, que representa oficialmente a los tamiles del norte y el noreste en el Parlamento de Sri Lanka, representa en la práctica a los LTTE y sus intereses, pero no existen trabas para la recepción oficial de delegaciones de la ANT en los Estados miembros de la UE. Una delegación parlamentaria del ANT se encuentra actualmente visitando varios países europeos con la intención de convencer a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros que ejerzan presión sobre el Gobierno de Sri Lanka para que mantenga su promesa de un cese al fuego.

Según la investigación europea de temática social en la que tomaron parte 22 países de la UE y sus servicios estadísticos nacionales, Europa parece atravesar una crisis de valores y orientaciones generales. Los ciudadanos europeos no confían, al parecer, ni en las personalidades políticas nacionales ni en las instituciones políticas y económicas de su país y de la UE. En lo que concierne a las instituciones comunitarias, la relación es inversamente proporcional: si los ciudadanos de un Estado miembro parecen desconfiar de las instituciones parlamentarias nacionales, muestran una mayor confianza en las comunitarias, y viceversa. De este modo, en los países que registran un mayor nivel de confianza en las instituciones parlamentarias nacionales, como Suecia, Finlandia y los Países Bajos, hay falta de confianza frente al Parlamento Europeo y las restantes instituciones de la UE.

¿Puede indicar el Consejo cómo aborda la falta de confianza de los ciudadanos europeos tanto en lo que concierne a las instituciones políticas y económicas nacionales como a las instituciones de la UE? ¿Es posible que los datos citados constituyan uno de los motivos más serios de rechazo del Tratado constitucional?

(FI) En su reunión de los días 15 y 16 de junio de 2006, el Consejo Europeo examinó una vez más la cuestión que plantea su Señoría, que se refiere al grado de compromiso de nuestros ciudadanos con la Unión Europea.

A pesar de las preocupaciones manifestadas en los debates públicos en los Estados miembros, el Consejo Europeo cree que la opinión pública sigue apoyando el proyecto común europeo.

El Eurobarómetro especial de la Comisión sobre el futuro de Europa, cuyos resultados se publicaron en mayo, muestra que la imagen de la Unión Europea es mayoritariamente positiva. Sobre todo se considera que es democrática, moderna y protectora. Por supuesto, el público también criticó a la UE por considerarla tecnocrática e ineficaz hasta cierto punto.

Para responder a este tipo de críticas, el Consejo Europeo pretende entablar un diálogo más estrecho con el público y alcanzar resultados concretos. La conclusión del Presidente del Consejo Europeo fue que el público espera que la Unión muestre que contribuye valor añadido y responda, con acciones, a los desafíos de nuestra época y con el potencial que ofrece: una garantía de paz, bienestar y solidaridad, mayor seguridad, desarrollo sostenible y la rápida promoción de los valores europeos en un entorno globalizado.

El Consejo Europeo estimó que una de las condiciones necesarias para que aumente la confianza de los ciudadanos consiste en facilitar al público información de primera mano sobre la labor de la Unión. La Unión Europea ha acordado diversas medidas para que la labor de la Unión resulte más eficaz mediante un aprovechamiento integral de los Tratados vigentes y las posibilidades que estos ofrecen, en particular, hacer más transparente los trabajos del Consejo.

Esto significa, en términos concretos, que a partir de ahora todos los debates del Consejo en procedimientos de codecisión se celebrarán en público, lo que equiparará la transparencia del Parlamento y del Consejo, cuando estas instituciones colaboren en calidad de colegisladores.

Asimismo, el Consejo recordó que si el valor añadido que representa la Unión Europea se transmitiera con mayor claridad en la legislación comunitaria, aumentaría la confianza del público en el proyecto común europeo. Invitó a las instituciones de la Unión a que comprobarán el debido cumplimiento de los principios y directrices que se recogen en el Protocolo relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Por último, quisiera añadir que la voluntad de la Unión, expresada en el Consejo Europeo, de ser más democrática, transparente y eficaz no se limita al actual «período de reflexión» sobre el futuro de la UE. Durante su Presidencia, Finlandia intentará promover la aplicación en la práctica de estos principios en los trabajos de la UE.

En la reunión del Consejo Europeo de junio se propuso que se estableciera un Comité europeo de reacción ante situaciones críticas que tendría que estar «operativo el 1 de julio de 2006». ¿Se ha puesto en práctica dicha propuesta?

(FI) Como sabe su señoría, el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio aprobó el informe de la Presidencia titulado «Fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias y crisis». Este informe hacía referencia a las «disposiciones en materia de crisis y emergencia» de la UE, que contemplan, entre otras cosas, la creación de un Grupo Director ad hoc de Crisis. Estas disposiciones entraron en vigor el 1 de julio de 2006.

¿Establecerá el Consejo un plazo de tiempo para la posible formulación de una política europea de defensa común?

(FI) La Unión está haciendo todo lo que está a su alcance para aplicar y desarrollar la política europea de seguridad y defensa, en concreto en estos momentos mediante la realización de varias operaciones de gestión de crisis civiles y militares. El Consejo Europeo no ha tomado una decisión en relación con la transición a una defensa común.

El 14 de junio se celebró en Letonia, contando con la participación de los más altos dirigentes estatales, el denominado «Día de las víctimas del genocidio comunista», para conmemorar el día en que se expulsó a 15 000 letones del territorio de la URSS.

Sin embargo, los expulsados el 14 de junio de 1941 (apenas una semana antes del ataque de la Alemania nazi contra la URSS) eran miembros de organizaciones fascistas y filofascistas que preparaban una sublevación pronazi.

Es sabido que las autoridades letonas han llevado a cabo acciones de justificación histórica del nazismo, concediendo condecoraciones oficiales y pensiones a los nazis de los letones denominados «Waffen SS», construyendo monumentos de decenas de miles de euros y publicando libros históricos al respecto, prologados por el Presidente del país, en los que, entre otras cosas, los campos de concentración nazis aparecen como «centros de rehabilitación».

¿Cuál es la postura del Consejo ante la intensificación de la política pronazi de las autoridades letonas con esta nueva operación de justificación histórica del nazismo en Europa?

(FI) El Consejo no ha debatido el tema que plantea su Señoría.

El Consejo desea señalar que el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece lo siguiente: «La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros».

El Presidente, el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores de Letonia han condenado en repetidas ocasiones todas las formas de totalitarismo. El señor Pabriks, Ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, proclamó el 14 de febrero de 2006 que su Gobierno condenaba enérgicamente el Holocausto y el genocidio, así como los actos de aquellos que aún mantienen estas ideologías. El aumento de los delitos racistas y xenófobos en diversos países europeos evidencia que las ideologías totalitarias no han desaparecido. También en Latvia es necesario que las instituciones de la sociedad y las del orden social continúen su labor para acabar con los movimientos extremistas.

Desde hace años, los Estados miembros de la UE no utilizan totalmente los recursos que ponen a su disposición los Fondos Estructurales.

¿Qué dirección ha tomado en el seno del Consejo el debate sobre la creación de lo que se ha venido en llamar el Fondo de reciclaje, que podría financiarse con los recursos no utilizados? ¿Cuáles serían los principios en los que se basaría el funcionamiento de este Fondo? ¿Cuál sería su principal objetivo? ¿Sobre qué base se asignarían los recursos?

(FI) El Consejo no estudia la posibilidad de crear un fondo especial formado por recursos no utilizados del Título 1b.

Según se ha denunciado recientemente en un informe de la asociación británica Save the Children, numerosas niñas, de entre 8 y 18 años, son explotadas sexualmente en los campos de refugiados en Liberia por los mismos cascos azules y personal humanitario encargado de su protección. Estos hechos parecen afectar casi al 50% de las menores.

A pesar de las iniciativas para limitar la explotación sexual y los abusos, puestas en marcha por las Naciones Unidas en 2002, pocas cosas han cambiado y los hombres siguen abusando de su poder impunemente frente a la situación de necesidad en la que se encuentran las menores y sus familias.

¿Ha considerado el Consejo poner en marcha medidas que sirvan para que los hombres que practican estos abusos puedan ser denunciados, destituidos y juzgados? ¿Considera el Consejo oportuno aumentar sus ayudas para apoyar a las niñas y a sus familias en los campos de refugiados de Liberia y permitirles vivir dignamente?

El respeto de los derechos humanos forma parte de los objetivos de la política exterior de la UE. El Consejo considera especialmente importante que se respeten las normas de conducta de las Naciones Unidas para la protección contra la explotación sexual. Además, en las Naciones Unidas se están considerando varias iniciativas relativas a la cuestión en su conjunto. Deben investigarse eficazmente las declaraciones que acusan de explotación sexual al personal de las Naciones Unidas y, en caso necesario, deben tener como resultado las medidas disciplinarias oportunas. No resulta sorprendente que las graves acusaciones mencionadas por la diputada en su pregunta hayan generado una gran preocupación en la UE.

Como señala la diputada, las Naciones Unidas cuentan con unas normas de conducta para la protección contra la explotación sexual. En estas normas, que se aplican a todo el personal de las NN.UU., se define la explotación sexual como un delito grave que puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido inmediato.

La UNMIL (Misión de las Naciones Unidas en Liberia), a la que se refiere en particular la diputada, tiene como tarea, entre otras, la protección y la promoción de los derechos humanos en Liberia, sobre todo en el caso de los grupos en situación más débil, como las mujeres y los niños. Cuando las organizaciones no gubernamentales informaron de las declaraciones en las que se acusaba al personal de la UNMIL de explotación sexual, la UE trató el asunto con el Representante Especial de las Naciones Unidas, Alan Doss, quien informó de que en este asunto se aplica una política de tolerancia cero y de que las acusaciones de explotación sexual se investigan de acuerdo con las normas vigentes de las Naciones Unidas.

Posteriormente se publicó, con fecha de 7 de junio de 2006, un informe de la UNMIL, según el cual se habían aplicado medidas disciplinarias en seis casos investigados hasta la fecha. Las investigaciones continúan en otros 18 casos dados a conocer en 2005 y en 17 casos de 2006.

El Consejo confía en que la UNMIL prosiga sus esfuerzos para poner fin a todo tipo de abusos. El Consejo continuará además realizando un seguimiento de la situación.

Por lo que respecta a la ayuda al desarrollo concedida a Liberia, el Consejo decidió recientemente reanudar íntegramente la cooperación al desarrollo con Liberia. Liberia recibirá de esta forma financiación con cargo al Noveno Fondo Europeo de Desarrollo hasta finales de 2007 y, posteriormente, con cargo al Décimo Fondo Europeo de Desarrollo. La justificación de esta decisión ha sido la evolución política, muy positiva, del país tras la celebración de las elecciones democráticas y la elección de la Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, que está trabajando con determinación en aras de un futuro mejor para el país.

En los últimos tiempos se observa un importante movimiento en las políticas relacionadas con los transportes urbanos. El 9 de junio, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre el reglamento relativo a los servicios públicos de transporte con objeto de ofrecer a las autoridades (estatales, regionales y locales) unos medios más adecuados para organizar mejor sus transportes públicos, teniendo en cuenta sus necesidades y con la seguridad jurídica pertinente. Asimismo, la Comisión había presentado varios meses antes una propuesta de directiva cuyo objeto es que las autoridades públicas destinen una parte menor de su dotación a la adquisición de vehículos públicos «limpios», al tiempo que se siguen creando programas innovadores para el desarrollo de transportes urbanos limpios (CIVITAS, CUTE).

El Comisario de Transportes, Jacques Barrot, ha declarado recientemente, en el Salón de la Movilidad celebrado el 15 de junio en París, su intención de proponer la realización de una consulta en todos los Estados miembros en relación con los transportes públicos. ¿Comparte el Consejo esta afirmación y la idea del Comisario de elaborar un Libro Verde sobre este tema? ¿Piensa tomar el Consejo iniciativas para concretizar las ventajas políticas de la promoción de unos medios de comunicación y de transporte urbanos eficaces?

(FI) El principal objetivo de la política comunitaria de transporte es producir unos servicios de transporte de pasajeros seguros, eficientes y de buena calidad, que tengan en cuenta los factores sociales, regionales y ambientales. Otro de sus objetivos consiste en ofrecer tarifas especiales a eterminadas categorías de pasajeros o a todos los pasajeros, y eliminar las diferencias entre empresas de transporte de diferentes Estados miembros que puedan distorsionar la competencia. Por este motivo, el Consejo apoyará plenamente todas las iniciativas que propongan plataformas públicas para los participantes en los sistemas de transporte urbano, a fin de que se impliquen estrechamente en la definición y aplicación de esta política.

El Consejo ha adoptado varias propuestas de la Comisión destinadas a promover la eficiencia del transporte interurbano y urbano por distintos medios de transporte. La más reciente de ellas figura incluso en la pregunta de su Señoría. Se trata del acuerdo político alcanzado el 9 de junio en el Consejo sobre la propuesta de Reglamento sobre servicios de transporte público por ferrocarril y carretera, que pretende actualizar una legislación parcialmente desfasada y liberalizar los mercados de estos sectores en Europa. Los estudios sobre este tema y las experiencias de los países en los que ha existido competencia en el sector del transporte público durante muchos años muestra que una competencia controlada entre las empresas de transporte, acompañada de los mecanismos de protección adecuados, generan unos servicios más atractivos e innovadores y unas tarifas más bajas, sin impedir que los proveedores de servicios públicos cumplan las responsabilidades que se les han confiado.

El Consejo Europeo de 28 de marzo de 2006 adoptó igualmente este planteamiento en relación con el denominado Proceso de Lisboa, en el que se pide a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros que aceleren, en el marco de sus competencias, la liberalización del mercado del sector del transporte, entre otros sectores.

El Consejo no ha comenzado aún el debate sobre la Comunicación de la Comisión sobre transporte sostenible («Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001»), y por ese motivo no puede hacer comentarios sobre las propuestas que recoge. En el Consejo de Transportes del mes de octubre se celebrará un debate político sobre esta Comunicación.

El debate sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para promover el transporte limpio por carretera todavía se encuentra en sus fases iniciales.

La seguridad energética ha sido siempre uno de los principales problemas económicos y políticos de la UE. La dependencia energética del petróleo y el gas ruso se ha convertido en un asunto candente de debate en la UE, sobre todo este año, y la UE ha comprendido claramente que en la próxima década el suministro energético desempeñará un papel político mucho más evidente que hasta ahora. La falta de una política energética comunitaria eficaz de cara a Rusia permite al Kremlin enfrentar a las empresas y a los Gobiernos europeos los unos con los otros para lograr acceso a las oportunidades en materia de combustible y de inversión. El Libro Verde sobre la energía está lleno de recomendaciones, pero no prevé ningún poder de ejecución por lo que respecta a los asuntos vitales de la diversidad energética. ¿Cuál es el programa de la Presidencia finlandesa en relación con la coordinación de la política energética? ¿Prevé la Presidencia finlandesa la posibilidad de contar con una política energética comunitaria común en un futuro próximo? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar la Presidencia? ¿Está la Presidencia finlandesa preparada para contribuir a la seguridad de la reciprocidad y a una mayor transparencia del sector ruso de la energía?

(FI) Desde hace algún tiempo, el Consejo ha estado elaborando una política energética más coordinada mediante la redacción por etapas de un paquete legislativo en materia energética que abarca tanto la promoción de las fuentes renovables de energía, como paquetes para liberalizar una serie de mercados, a fin de que los mercados comunes de energía hayan sido totalmente liberalizados de aquí al mes de julio de 2007.

El Consejo se reunió en marzo de 2006 y presentó sus conclusiones al Consejo Europeo en forma de un documento titulado «La nueva política energética para Europa». El propio Consejo Europeo examinó esta cuestión en sus conclusiones del mes de marzo sobre una política energética para Europa. En ellas invitaba al desarrollo de una política europea en materia de energía que fuera eficaz, permitiera la coherencia entre las medidas de los Estados miembros y la coherencia de las diferentes políticas, y que tuviera como resultado un equilibrio entre los objetivos de fiabilidad de abastecimiento, competitividad y sostenibilidad medioambiental. La fiabilidad de abastecimiento deberá mejorarse, por ejemplo, mediante el desarrollo de un enfoque común para la política exterior que haga avanzar el diálogo en materia de energía entre la UE y sus principales socios, y a través de una diversificación eficaz de las fuentes de energía, proveedores y rutas de transporte externos e internos.

La reciente Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las redes paneuropeas de energía será un paso importante para lograr la diversificación de las fuentes de energía y de las rutas de transporte. El Tratado de la Comunidad de la Energía celebrado con los países de Europa Sudoriental servirá para alcanzar esta meta, pues el enfoque energético aplicado al mercado interior se extenderá a los países vecinos.

Para conocer algunos ejemplos de la manera en que se están reforzando estas estrategias de diversificación, el Consejo destaca ante su Señoría la asociación estratégica con Argelia que actualmente es objeto de negociaciones, y la estrategia de cooperación en materia de energía con los países del Mar Negro y el Mar Caspio. Se trata de respuestas concretas al mandato del Consejo Europeo de abrir nuevas rutas de abastecimiento de gas, sobre todo procedentes de la región del Caspio y de África del Norte.

El Consejo Europeo de junio de 2006 confirmó hace poco su planteamiento para esta política común de la energía y consolidó su posición, en particular respecto a las consideraciones externas relativa a la fiabilidad del abastecimiento energético, haciendo referencia, entre otras cosas, a un documento elaborado conjuntamente por la Comisión y el Secretario General del Consejo y Alto Representante titulado «Una política exterior para servir a los intereses energéticos de Europa». El Consejo, junto con la Comisión y el Alto Representante y Secretario General del Consejo, tiene la intención de encontrar la manera de hablar con una sola voz en cuestiones exteriores relacionadas con la energía y de hacer uso de todos los instrumentos disponibles, incluyendo la Política Exterior y de Seguridad Común, la Política Europea de Seguridad y Defensa, y la política comercial de la UE.

En relación con Rusia, el Consejo pretende aprovechar las estructuras ya existentes y colaborar con la Comisión Europea para intensificar el diálogo energético entre la UE y Rusia. Lo que implicará igualmente la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía y llevar a buen término las negociaciones sobre el Protocolo sobre tránsito, como ha pedido el Consejo Europeo. El marco jurídico que establecen estos instrumentos promoverá la apertura de los mercados de la energía, incrementará la competencia y contribuirá a crear un entorno operativo favorable a la inversión en los países signatarios de dichos acuerdos. Además, el Consejo tiene la intención de cooperar con la Comisión para la elaboración de un acuerdo bilateral en materia energética para cuando se debatan los acuerdos que sustituirán a los acuerdos de asociación y cooperación. A este respecto podrían debatirse temas relacionados con la reciprocidad y la transparencia en los foros correspondientes, como el diálogo energético entre la UE y Rusia. De hecho, estas importantes cuestiones se plantearon hace poco en una carta que el Comisario Andris Piebalgs y el Presidente del Consejo de Energía, señor Martin Bartenstein, remitieron al Ministro de Energía ruso, señor Viktor Jristenko. La Presidencia tiene igualmente la intención de resolver estos problemas con Rusia en el Consejo Permanente del Acuerdo de asociación de energía y, más adelante, en la Cumbre UE-Rusia del mes de noviembre. Las relaciones exteriores en materia de energía y, en particular, las relaciones con Rusia, serán uno de los temas de la reunión informal que los Jefes de Estado y de Gobierno celebrarán en Lahti en el mes de octubre. Si desarrollamos una política exterior común en materia de energía en nuestras relaciones con Rusia, tendremos la posibilidad auténtica de establecer una asociación energética que sea segura y predecible para ambas partes, y que garantizaría un acceso justo, recíproco, transparente y no discriminatorio a los mercados y las infraestructuras.

Por último, quisiera puntualizar que durante la Presidencia finlandesa, el Consejo tiene la intención de elaborar la contribución correspondiente para la revisión estratégica de la política energética que la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Europeo en 2007, y que expondrá en particular los objetivos y medidas necesarias para establecer una política exterior en materia de energía, y los niveles de diversificación a medio y largo plazo que considere oportunos.

Recientemente han salido a la luz pública, mediante una grabación de vídeo que desmiente la versión oficial estadounidense de los hechos, nuevos casos de asesinato de civiles a manos de los ejércitos de ocupación de Iraq en la ciudad de Ishaqi. Se trata de ejecuciones a sangre fría de civiles, entre ellos 5 niños, por parte de soldados estadounidenses. Esta acción, que viene a añadirse a la matanza de civiles en la ciudad de Haditha así como a una serie de otras acciones inhumanas contra la población civil, los prisioneros y los rehenes, plantea directamente la cuestión del papel que juegan los ejércitos de ocupación en Iraq y la vulneración del Derecho internacional y los convenios internacionales así como la necesidad de que se retiren dichos ejércitos.

¿No condena el Consejo estos nuevos casos de asesinatos perpetrados por el ejército estadounidense, cuya impunidad sustancial refuerza la bárbara actuación de los ejércitos de ocupación? ¿Se propone solicitar la retirada de todos los ejércitos extranjeros de Iraq?

(FI) La UE lamenta profundamente todas las pérdidas civiles en Iraq.

En cuanto a la fuerza multinacional, el Consejo desea declarar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió acerca de la presencia militar en Iraq y su mandato a petición expresa del Gobierno de ese país (véase la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1637 (2005) de 8 de noviembre de 2005). Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad se declaró dispuesto a revisar dicho mandato a propuesta del Gobierno iraquí.

El Consejo estima que los sucesos mencionados en la pregunta son objeto de una investigación tanto por parte de las fuerzas norteamericanas como de las autoridades competentes iraquíes, y por consiguiente no puede adoptar una posición al respecto.

El Consejo es responsable de la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo. A ese respecto, debería concederse una gran importancia a la independencia de los candidatos y al abandono por los mismos de toda actividad política y profesional.

Ahora, el Miembro belga del Tribunal de Cuentas Europeo, Sr. Karel Pinxten, admite ser aún de facto alcalde en Bélgica y pertenecer al consejo de administración de una gran empresa química. Además, se le acusa de pasar en Luxemburgo solo un día laborable al mes.

¿Tiene conocimiento el Consejo de estos hechos y de estas críticas? ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo? ¿Puede el Consejo entender que los coordinadores de la Comisión de Control Presupuestario deseen recurrir a ese respecto al Tribunal de Justicia Europeo (sobre la base del artículo 247 del Tratado) y puede el Consejo asociarse a este procedimiento?

(FI) Los miembros del Tribunal Europeo de Cuentas se seleccionan entre quienes son o han sido miembros organismos de auditoría externa en su propio país o que cuentan con una cualificación especial para esta tarea. Su independencia debe ser indiscutible. Previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo adopta la lista de miembros que se elabora de acuerdo con las propuestas que hace cada Estado miembro.

Como su Señoría sabe, los miembros del Tribunal de Cuentas ejercen sus funciones con total independencia y se abstienen de cualquier acto que sea incompatible con sus obligaciones (apartado 4 del artículo 247 del Tratado CE). Durante sus mandatos no pueden ejercer ninguna otra actividad profesional, sea retribuida o no (apartado 5 del artículo 247 del Tratado CE).

El Consejo no tiene conocimiento de la situación en relación con el caso de Karel Pinxten ni de las críticas que menciona su Señoría. El Consejo desea recordar a su Señoría que, en virtud del apartado 7 del artículo 247 del Tratado CE, los miembros del Tribunal de Cuentas solo podrán ser relevados de sus funciones si el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declara que han dejado de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo.

El pueblo de Crimea frustró unas maniobras navales de la OTAN programadas en el Mar Negro y alejó a los infantes de marina estadounidenses que habían sido invitados a participar en las mismas. Esta reacción del pueblo de Crimea constituye una manifestación más de resistencia a las insoportables presiones que ejercen los imperialistas sobre el país citado así como sobre los pueblos de la región en general y que se plasman en declaraciones autosuficientes e intervenciones de carácter provocador de los EE.UU. y la UE.

¿Tiene intención el Consejo de distanciarse de toda injerencia en los asuntos internos de Ucrania y respetar el derecho innegociable del pueblo ucraniano y de todos los pueblos en general de decidir y determinar su futuro?

(FI) El Consejo colabora con Ucrania para aplicar los Planes de acción de la Política Europea de Vecindad adoptados de mutuo acuerdo. Las relaciones entre Ucrania y la OTAN conciernen únicamente a Ucrania y la OTAN.

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para aumentar la seguridad del medio ambiente en la región del Mar Báltico?

(FI) El Consejo delibera actualmente una estrategia temática comunitaria para la protección y conservación del entorno marino y, en particular, una Directiva relativa al marco para una política comunitaria para el entorno marino. Esta Directiva pretende proteger el medio ambiente marino, incluido el de la región del Mar Báltico. El Mar Báltico es una de las principales zonas en las que los Estados miembros deberán aplicar las obligaciones que les impone la Directiva.

Tenemos que recordar que la Conferencia de Partes Interesadas de la Comisión para la Protección del Medio Marino en el Báltico (Baltic Marine Environment Protection Commission - HELCOM) que puso en marcha este debate, aprobó recientemente las primeras medidas para elaborar un Plan de acción para el Mar Báltico con el fin de proteger y estimular en medio marino de este mar. Este Plan de acción implica la cooperación entre los Gobiernos de los países ribereños del Báltico, a saber: Letonia, Lituania, Polonia, Suecia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Rusia y Estonia. La finalidad del Plan de acción para el Mar Báltico es aplicar la estrategia marina de la UE en dicho mar con la cooperación de todos los países ribereños. El Plan seguirá un modelo operativo basado en los ecosistemas en función de las necesidades del Mar Báltico. Define lo que constituye un buen estado medioambiental para el Mar Báltico y reitera los objetivos y medidas medioambientales que deberán establecerse. Así pues promoverá una aplicación eficaz de la estrategia marina de la UE en la región. La reunión ministerial del HELCOM que tendrá lugar en el otoño de 2007 tiene la intención de adoptar el Plan de acción para el Mar Báltico.

La Comisión ha presentado una propuesta sobre el «Tercer Paquete de Seguridad Marítima», que comprende seis propuestas de directiva y una propuesta de reglamento. El Consejo está debatiendo actualmente dos propuestas de directiva. Se delibera acerca de una modificación de la Directiva sobre control del Estado del puerto, y una enmienda a la Directiva sobre seguimiento del tráfico marítimo. Estas propuestas tienen por finalidad impedir accidentes y aumentar la seguridad ecológica, tanto en el Mar Báltico como en otras aguas.

En la mayor parte de los Estados miembros de la UE es evidente la crítica del hecho de que el Parlamento Europeo se reúna tanto en Estrasburgo como en Bruselas. Según una encuesta a la que se refiere el periódico Financial Times del 30.5.2006, el 68 % de los encuestados recomienda que el Parlamento Europeo tenga una sola sede y el 76 % considera que Bruselas debe ser la sede definitiva. Los presidentes de los Grupos políticos han pedido al Presidente del Parlamento Europeo que examine la cuestión de la sede con los Estados miembros de la UE.

Teniendo en cuenta la opinión de la población, los costes y la pérdida de tiempo que la actual situación implica, ¿considera el Consejo que es razonable que el Parlamento Europeo se reúna tanto en Bruselas como en Estrasburgo? ¿Cuál es la posición del Consejo respecto a esta cuestión?

(EN) Con arreglo al artículo 289 del Tratado CE, la sede de las instituciones de la Comunidad es decidida de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros.

Este acuerdo fue adoptado por vez primera el 12 de diciembre de 1992, cuando los Gobiernos de los Estados miembros adoptaron la Decisión de Edimburgo, en la que se establece que la sede del Parlamento Europeo es Estrasburgo. Esta Decisión fue ratificada en el Protocolo sobre las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios de la Unión Europea, que fue adoptado por los representantes de los Estados miembros y se anexó al Tratado de Amsterdam. Con arreglo a este Protocolo, la sede del Parlamento Europeo es Estrasburgo, donde se celebran los 12 periodos parciales de sesiones plenarias, incluyendo la sesión presupuestaria. Las comisiones del Parlamento Europeo se reúnen en Bruselas. Los períodos de sesiones plenarias extraordinarias se celebran en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europea y sus servicios se encuentran en Luxemburgo.

La sede del Parlamento Europeo o de cualquier otra institución solo puede modificarse de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros. El Consejo no ha debatido este tema, ni ningún Estado miembro ha propuesto trasladar la sede del Parlamento Europeo.

¿Podría proporcionar la Comisión Europea un informe exhaustivo indicando cuántos fondos ha destinado la Unión Europea a promover la paz en Iraq desde la caída del régimen de Sadam Hussein en 2003 y si la UE ya se ha comprometido a financiar actividades en Iraq en el futuro?

(EN) El año de 2006 será el cuarto año que la Comisión destina recursos financieros para la reconstrucción de Iraq tras la caída de Sadam Husein. En la Conferencia de Madrid, la CE se comprometió a hacer una contribución de 200 millones de euros para poner en marcha el esfuerzo internacional para la reconstrucción de ese país. Entretanto se ha destinado un total de 718,5 millones de euros para Iraq hasta el final de este año con cargo al presupuesto comunitario.

Esta cantidad comprende:

En 2003, 100 millones de euros procedentes de la ECHO, más 42 millones de euros financiados por el presupuesto para la reconstrucción de Iraq,

En 2004, un total de 176,5 millones de euros,

En 2005 se asignaron 200 millones de euros a Iraq,

Y por último, 200 millones en 2006, de los cuales 120 millones se desembolsarán en los próximos días.

De acuerdo con la evaluación de necesidades que realizaron el Banco Mundial y Naciones Unidas en agosto de 2003, y con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Iraq, la aportación de la UE se ha concentrado en las necesidades básicas. Casi la mitad de la ayuda comunitaria se ha destinado al desarrollo de servicios básicos (educación, sanidad, agua y salubridad). Otro 25 % se ha dedicado a actividades generadoras de ingresos para los más desfavorecidos.

De este modo, un 75 % de los fondos asignados ha ido a parar a actividades que mitigan las dificultades cotidianas que sufre la población iraquí. El resto se dedicó a ayudar a las actividades que realiza Naciones Unidas para promover la democracia y los derechos humanos.

Aunque la mayoría de los fondos prometidos hasta ahora ya han sido asignados, contratados y en gran parte desembolsados, ahora como en años anteriores, su ejecución depende en gran parte de: 1) la estabilidad política, y 2) la compleja situación en materia de seguridad que dificulta gravemente la promoción de la paz en el país.

La Comisión mantiene su compromiso de seguir contribuyendo a la reconstrucción política y económica de Iraq en años venideros. A tal fin ha presentado una nueva Comunicación con miras a un nuevo compromiso de la UE en Iraq; está a punto de iniciar la negociación de contratos y seguirá dedicando recursos financieros a dicha reconstrucción.

Durante los últimos dos meses se ha registrado una afluencia dramática de refugiados tamiles que han llegado a las costas meridionales de la India en circunstancias desesperadas y peligrosas. Más de 2 000 personas han llegado a Rameswaram y otras 10 000 personas están esperando en Mannar para abandonar la isla, afrontando los peligros del mar y el control naval para evitar que huyan de la isla. Huyen de los ataques sistemáticos tanto de las fuerzas armadas del Gobierno de Sri Lanka y de los LTTE como de las fuerzas paramilitares de ambos contendientes. El acuerdo de alto el fuego parece incapaz de evitar este conflicto de baja intensidad, que está desestabilizando enormemente las posibilidades de paz y causando víctimas que son civiles en un 90 %.

Como copresidenta del proceso de paz, ¿qué está haciendo la Comisión para garantizar la seguridad de la población civil en el noreste de Sri Lanka y asegurar un pasaje seguro, así como alojamiento, para aquellas personas que quieren refugiarse en la India? ¿Ha pedido la Comisión a ambas partes que establezcan zonas seguras tales como el antiguo Centro Abierto de Acogida de Madhu, donde se prohíban las actividades militares, salvando así las vidas de centenares de inocentes?

(EN) La CE sigue muy de cerca la situación existente en Sri Lanka y se encuentra muy preocupada por la escalada del conflicto. La Unión Europea, en su calidad de Copresidente de la Conferencia de Tokio sobre el proceso de paz en Sri Lanka, mantiene su compromiso de contribuir a una solución pacífica de este conflicto.

En cuanto a la ayuda prestada a las personas que esperan en Mannar y a la población civil del noreste de Sri Lanka a través de la ECHO, la Comisión facilita fondos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), que llevan a cabo tareas de protección. Otras organizaciones no gubernamentales financiadas por la ECHO suministran materiales de ayuda.

Al igual que la ACNUR, la Comisión no presta ayuda ni está asociada con la idea de los Centros Abiertos de Ayuda, ya que estos generan un efecto de llamada y otros complejos problemas relacionados con la protección y la asistencia. Propugna en cambio el uso de Centros de Asistencia Social y otras instalaciones públicas y municipales, así como del sistema tradicional de acogida en familias. Sin embargo, la asistencia en materia de alojamiento se basará en la evaluación de la localidad de que se trate.

El 4 de mayo 2006, unidades de policía atacaron con extrema brutalidad la población de San Salvador Atenco en el Estado Federado de México en México. En las razzias fueron detenidas, maltratadas y expulsadas también tres ciudadanas de la Unión: Cristina Vals Hernández y María Cortés Torrida de España, así como Samantha Dietmar de Alemania. ¿De qué informaciones dispone la Comisión sobre la detención y la expulsión de las tres ciudadanas de la UE? ¿Se ha consultado a las autoridades mexicanas sobre la intervención policial y la detención de las tres citadas ciudadanas de la Unión? ¿Cómo va a intervenir la Comisión ante el Gobierno mexicano para que se aclaren rápidamente estos casos? ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para instar al Gobierno mexicano a evitar en el futuro incidentes semejantes?

(EN) La promoción de los derechos humanos es un elemento esencial de los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y terceros países. La protección de los derechos humanos y su promoción han quedado institucionalizados en la denominada «cláusula sobre derechos humanos y democracia», que constituye un elemento fundamental del Acuerdo de asociación UE-México.

El en marco de la asociación entre la UE y México, la Comisión ha entablado un intenso diálogo sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos de acuerdo con lo que hacen otras Instituciones Europeas y, en particular, el Parlamento y en coordinación con estas actividades. Las autoridades mexicanas nos mantienen informadas en el marco de este diálogo sobre sus avances hacia una promoción más intensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en México, así como sobre todos los problemas y deficiencias que en ocasiones encuentra dicha promoción.

La Comisión apoya los esfuerzos que realiza México para proteger de forma más eficaz los derechos humanos, tanto dentro como fuera del país, mediante programas de cooperación destinados específicamente a ayudar a México a hacer frente a los problemas que tiene en este ámbito.

Este planteamiento ha arrojado buenos resultados. México ha firmado y apoya activamente todas las principales iniciativas y convenios destinados a promover los derechos humanos. El nuevo papel internacional que desempeña México en el ámbito de la promoción de los derechos humanos ha sido reconocido por la comunidad internacional e hizo que México fuera nombrado Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de reciente creación. Ahora bien, la Comisión tiene que reconocer que la batalla no se ha ganado aún, sobre todo a nivel de los entes federativos y locales.

Los lamentables hechos acaecidos en Atenco, las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad que señalan algunos de los manifestantes ponen de relieve, como ha reconocido el propio Gobierno mexicano, que la profesionalidad y la formación de las fuerzas policiales sigue siendo un problema pendiente en México. El contexto en que tuvieron lugar los sucesos de Atenco es complejo. Algunos policías fueron tomados como rehenes; se produjeron disturbios civiles. Sin embargo, nada justifica el trato humillante que recibieron los detenidos, en especial las mujeres.

El Gobierno mexicano ha informado por escrito a la Comisión acerca de los incidentes y, desde entonces, la Comisión mantiene un diálogo con las autoridades mexicanas sobre los sucesos de Atenco y otros casos en los que los derechos humanos no fueron debidamente protegidos en México. La Comisión ha recibido igualmente información de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales interesadas, cuyas contribuciones han permitido comprender mejor los hechos y considerarlos desde distintas perspectivas.

Las investigaciones administrativas y judiciales siguen su curso en México. Algunos policías han sido despedidos, otros han sido suspendidos, 23 han sido objeto de órdenes de detención y serán juzgados. La sociedad y el Estado mexicano tuvieron una reacción saludable. La Comisión seguirá atentamente el caso de Atenco, así como de otros casos en que estén en juego los derechos humanos, en el marco de su diálogo político con las autoridades mexicanas.

Los cristianos de Egipto (los coptos) son victimas de discriminación en numerosos ámbitos: en el mercado de trabajo, en la administración pública, en la enseñanza, en la construcción y restauración de lugares de culto, etc.

Según determinadas informaciones, la policía ha protegido a hombres que han violado a jóvenes cristianas como el primer paso para obligarlas a convertirse al Islam.

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para atraer la atención sobre la situación de la comunidad cristiana de Egipto y mejorar las condiciones de vida de los coptos?

(EN) La Comisión, junto con las embajadas de los Estados miembros en El Cairo, ha expuesto en varias ocasiones al Gobierno egipcio protestas formales por problemas relacionados con los derechos humanos en los que se ha visto implicada la comunidad copta de Egipto.

La Comisión colabora con las autoridades egipcias con miras a ampliar este diálogo y esta colaboración al ámbito de los derechos humanos y de la gobernanza. El Plan de acción conjunto de la Política Europea de Vecindad entre la UE y Egipto (cuya negociación se encuentra en sus últimas etapas) recoge compromisos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, para el diálogo entre las culturas y las religiones, y para promover el respeto de las religiones y culturas. Este Plan de acción prevé un ámbito adecuado para plantear el tema de la comunidad copta ante las autoridades egipcias.

Se espera que el diálogo entre la UE y Egipto venga a reforzar los esfuerzos que lleva a cabo el propio Gobierno egipcio para propugnar y aplicar los principios de los derechos humanos a través, entre otras vías, de las oficinas del Consejo Nacional de Derechos Humanos con sede en El Cairo. Hace poco, la Comisión firmó un proyecto de subvención por 5 millones de euros para contribuir a los derechos humanos y la democracia en Egipto mediante la colaboración con organismos públicos y la sociedad civil. Uno de los temas incluidos en este proyecto será la lucha contra la discriminación y a favor de la tolerancia religiosa.

La Comisión y, en particular, su Delegación en El Cairo, sigue de cerca la situación de la comunidad copta de Egipto y continuará planteando este tema a las autoridades egipcias en caso necesario, en coordinación con las embajadas de los Estados miembros.

El Gobierno chino sigue aplicando medidas discriminatorias contra las comunidades religiosas de China. Así, la comunidad católica de la provincia de Hebei ha sufrido el acoso de las autoridades incluso durante la celebración de la Pascua, en forma de redadas policiales y detenciones arbitrarias de seminaristas y feligreses.

¿Tiene la Comisión la intención de plantear esta cuestión al Gobierno chino?

(EN) La Comisión comparte la inquietud que manifiesta su Señoría por las limitaciones que se imponen a la libertad de credo en China. Se trata de un tema al que la Comisión concede gran importancia, y que plantea y seguirá planteando ante el Gobierno chino.

La UE ha intentado concentrar su diálogo sobre derechos humanos con China en los derechos civiles y políticos, instando a la ratificación del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos (PIDCP), pero también en ámbitos concretos –como la libertad de credo– con la mayor profundidad posible.

La Comisión ha manifestado con toda claridad sus preocupaciones y ha recalcado la importancia de que se respeten las libertades fundamentales. Entre esas libertades se encuentra la libertad de las personas para expresar sus creencias y opiniones, y para practicar la religión de su elección sin restricciones.

La Comisión puede asegurar a su Señoría que seguirá planteando este tema tan importante ante el Gobierno chino, y que presionará por lograr avances, sobre todo a través del diálogo sobre derechos humanos, pero también por otros canales si lo considera oportuno.

El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos que sustituirá a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra a partir del 19 de junio de 2006. Se afirma que la resolución que establece el Consejo de Derechos Humanos es de conformidad con el mandato concedido a la Asamblea General por los dirigentes mundiales en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005.

¿Cómo concibe la Comisión el papel de la UE en la aplicación de los objetivos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Ha preparado la Comisión un programa para la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Cuáles son los principales aspectos de dicha cooperación?

(EN) La UE se esforzará por alcanzar los objetivos del Consejo de Derechos Humanos con el fin de demostrar, en la medida de lo posible, que es una mejora respecto a la Comisión de Derechos Humanos. Esta labor comprenderá a más largo plazo una tentativa de crear una nueva cultura de los derechos humanos en Naciones Unidas y un nuevo planteamiento en esta materia. Esto implica que se pondrá más énfasis en una mayor cooperación, entendimiento y asistencia técnica, aparte de las declaraciones de carácter político. A corto plazo, esta tarea conllevará una ardua labor para que la revisión de los mandatos, mecanismos y funciones transferidos desde la Comisión de Derechos Humanos durante el primer año de existencia del Consejo produzcan mejoras en la práctica. Nada de ello será fácil y mucho dependerá de la dedicación de los recién elegidos miembros del Consejo, pero la UE está decidida a trabajar para alcanzar estos objetivos.

No existe un programa formal de cooperación entre la UE y el Consejo, y la resolución por la que se crea el Consejo tampoco prevé dicha cooperación formal con otras organizaciones intergubernamentales. No obstante, los Estados miembros de la UE que han sido elegidos para formar parte del Consejo fomentarán la cooperación entre el Consejo y la UE como parte de sus funciones como miembros de este.

Además, la Comisión estará estrechamente asociada a la labor del Consejo en su calidad de observadora formal en este último. Su política en materia de derechos humanos y sus prioridades de financiación reflejarán las prioridades del Consejo cuando resulte oportuno y posible. Asimismo, la Comisión seguirá colaborando estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que es un colaborador clave del Consejo dentro de Naciones Unidas.

Con ocasión de la reciente Recomendación del Consejo de Europa sobre las reglas penitenciarias europeas (Rec(2006)2) y teniendo en cuenta el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales, ¿se propone la Comisión promover un marco común de medidas de apoyo para las personas encarceladas que tienen hijos, haciendo especial hincapié en asegurar las condiciones adecuadas de reclusión de las madres con hijos pequeños? ¿Considera que la provisión de medidas semejantes en la Unión Europea garantizaría un enfoque más positivo del desarrollo y mantenimiento natural de las relaciones familiares de los reclusos?

(FR) En la actualidad no existe una legislación de la Unión Europea destinada a ayudar a los padres y madres de familia encarcelados ni relacionada con el problema concreto de las condiciones de detección de las mujeres que tienen hijos pequeños. No se tiene previsto elaborar dicha legislación.

Esto se debe a que las acciones destinadas a armonizar las normas nacionales en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal solo pueden adoptarse en caso de resultar necesarias para mejorar la cooperación entre los Estados miembros.

No obstante, la Comisión se interesa por las condiciones de detención en general y participa en diversos grupos de trabajo sobre este tema en el marco del Consejo de Europa. En particular, la Comisión participa en los trabajos del grupo de expertos encargado de poner al día la recomendación sobre las normas penitenciarias europeas, que se ocupa indirectamente de esta cuestión. Esto es lo que sucede en particular con el artículo 36, que trata sobre la posibilidad de autorizar a niños de corta edad para que residan en prisión con uno de sus padres, y en caso afirmativo, sobre la duración de esa estancia. Lo ideal sería que los padres de niños pequeños no fueran encarcelados, algo que no siempre resulta posible. La solución que adopta este artículo es subrayar que la decisión debe tomarse en interés del niño. Sin embargo, debe reconocerse la patria potestad de la madre, si no le ha sido retirada, al igual que la del padre. Cabe recalcar que los niños que residen en prisiones no deben considerarse presos. Deben mantener todos los derechos que tienen los niños que viven en libertad en la sociedad. Este artículo no define un límite de edad en la que los niños deban ser separados de su padre o madre detenido. A este respecto existen diferencias culturales muy amplias. Además, las necesidades de cada niño varían considerablemente, y el interés del niño puede llevar a decidir que el niño siga viviendo con su padre o madre en prisión tras cumplir la edad establecida.

¿Es consciente la Comisión de que los países vecinos de la Unión Europea están siendo cantera de prostitución para gran parte de los países de la Unión Europea? ¿Qué medidas están previstas para luchar contra la trata de mujeres para su explotación sexual proveniente de estos países vecinos y qué fondos se están dedicando?

En su Comunicación «Lucha contra la trata de seres humanos - enfoque integrado y propuestas para un plan de acción»⁽¹⁾, de 18 de octubre de 2005, la Comisión subrayó la necesidad de un enfoque integrado para luchar contra la trata de seres humanos, teniendo en cuenta el carácter global del delito y abogando por una respuesta coordinada que incluya los ámbitos de las relaciones exteriores y de la cooperación al desarrollo.

En este contexto, programas tales como TACIS (para Europa oriental y Asia central), CARDS (para Europa sudoriental), AENEAS (sobre proyectos de terceros países en materia de asilo y migración) y EIDHR (Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos) se utilizan para apoyar financieramente los proyectos destinados a prevenir y luchar contra la trata de seres humanos. Estos proyectos incluyen la protección de las víctimas, así como la ayuda a las mismas, el reforzamiento de las autoridades responsables del cumplimiento del Derecho, el apoyo a la creación de capacidades en los ámbitos de la redacción, aplicación y supervisión de la eficacia de la legislación nacional y de sistemas de gestión en materia de lucha contra las actividades delictivas, así como para la prevención de la trata de seres humanos mediante campañas de concienciación y medidas basadas en el mercado de trabajo.

Además, las organizaciones de Bulgaria, Rumanía, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro pueden participar en proyectos apoyados por el programa de acción comunitario sobre medidas para ofrecer apoyo en toda la Comunidad a las acciones de los Estados miembros para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres (DAPHNE II) como organizaciones asociadas. Sin embargo, para que las organizaciones de estos países puedan optar a fondos de la CE para un proyecto DAPHNE, estos países tienen que celebrar acuerdos específicos con la Comisión por lo que respecta a la participación financiera en el programa. Ninguno de estos países ha celebrado ningún acuerdo semejante. Por tanto, y por el momento, las organizaciones de estos países solo tienen derecho a participar en el marco de DAPHNE sin financiación comunitaria.

Además, los proyectos sobre lucha contra la trata de seres humanos que gozan de apoyo financiero en el marco del programa AGIS⁽²⁾, aunque este último se centra en la cooperación dentro de la Unión, implican a menudo a terceros países vecinos de la Unión Europea, especialmente de la Europa oriental y sudoriental.

Además, la Comisión, en su reciente comunicación sobre la hoja de ruta de la igualdad entre hombres y mujeres para el período 2006-2010, corroboró su compromiso de eliminar la trata de seres humanos, como se explica en la acción de la UE sobre la trata de seres humanos, y de promover el uso de todos los instrumentos existentes, incluyendo el Fondo Social Europeo, para la reintegración de las víctimas.

Los Parlamentos de algunos Estados miembros han tardado demasiado en ratificar los protocolos de l Convenio de Europol, lo que es imperdonable, ya que dicho retraso ha entorpecido la lucha contra el crimen organizado internacional, que se ceba sin encontrar obstáculos en nuestras sociedades. La Comisión tuvo la amabilidad, en respuesta a mi pregunta E-4029/05, de mandarme una lista de los Parlamentos nacionales que no habían ratificado el Convenio.

¿Qué progresos se han realizado con respecto a la ratificación del Convenio desde entonces?

(FR) En respuesta a la pregunta de su Señoría, para la Comisión será un placer remitirle un cuadro en que se ilustra la situación actual de las notificaciones de ratificación de los tres Protocolos por los que se modifica el Convenio Europol, si así lo desea su Señoría. Si comparamos la situación actual con la respuesta a la pregunta escrita E-4029/05, que formuló igualmente su Señoría, el aspecto positivo es que ahora Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo y Suecia han llevado a buen término sus respectivos procedimientos de ratificación de los tres Protocolos.

La ratificación de estos tres Protocolos ha sido debatida en numerosas ocasiones en las estructuras del Consejo, y en dichas ocasiones todos los Estados miembros que todavía no han notificado formalmente dicha ratificación han señalado que esperan que estos procedimientos concluyan antes de que finalice 2006.

RATIFICACIÓN DEL CONVENIO EUROPOL Y SUS PROTOCOLOS

Convenio de 26 de julio de 1995

Protocolo de 30 de noviembre de 2000

(Blanqueo de dinero)

Protocolo de 28 de noviembre de 2002 (ECI)

Protocolo de 27 de noviembre de 2003

Austria

30/01/1998

04/04/2005

29/04/2004

25/07/2005

Bélgica

12/06/1998

16/03/2005

16/03/2005

26/09/2005

Chipre

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

República Checa

28/05/2004

28/05/2004

28/05/2004

22/07/2005

Dinamarca

17/11/1997

14/01/2005

14/01/2005

14/01/2005

Estonia

10/03/2005

10/03/2005

10/03/2005

10/03/2005

Finlandia

30/12/1997

06/10/2004

06/10/2004

25/01/2005

Francia

06/01/1998

30/04/2001

29/06/2005

Alemania

03/02/1998

18/12/2002

25/03/2004

31/05/2006

Grecia

11/06/1998

02/07/2002

24/12/2004

24/12/2004

Hungría

28/05/2004

28/05/2004

28/05/2004

28/05/2004

Irlanda

11/03/1998

Italia

30/04/1998

26/11/2004

06/06/2006

06/06/2006

Letonia

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

Lituania

27/05/2004

27/05/2004

27/05/2004

27/05/2004

Luxemburgo

12/06/1998

26/04/2006

26/04/2006

26/04/2006

Malta

30/06/2004

30/06/2004

30/06/2004

30/06/2004

Países Bajos

24/12/1997

13/06/2005

13/06/2005

Polonia

29/07/2004

29/07/2004

29/07/2004

29/07/2004

Portugal

29/12/1997

02/04/2002

Eslovaquia

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

20/05/2005

Eslovenia

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

31/05/2004

España

09/06/1997

17/05/2002

05/03/2004

25/07/2005

Suecia

05/12/1997

13/06/2002

1

Reino Unido

10/12/1996

03/09/2004

03/02/2005

21/12/2004

La Directiva 2003/86/CE⁽¹⁾ del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar entró en vigor el 22 de septiembre de 2003, mientras los Estados miembros debían tomar las medidas legales, reglamentarias y administrativas adecuadas para transponer la Directiva a su ordenamiento jurídico interno a más tardar el 3 de octubre de 2005.

Dada la seriedad de la cuestión para el logro de los objetivos de la política migratoria común y los objetivos específicos del Libro verde sobre la inmigración económica, ¿puede facilitar la Comisión los primeros datos en cuanto a la valoración y evaluación de la transposición por los Estados miembros de la Directiva en cuestión, teniendo en cuenta también que debe presentar un informe de evaluación al respecto?

¿Dispone ya de datos comparativos, desglosados por Estado miembro, acerca de los procesos de integración de los miembros de la familia (principalmente de las mujeres y los niños), en especial en cuanto a su estatuto (autónomo - dependiente), sus derechos (acceso al trabajo, derechos sociales) y una serie de cuestiones sensibles como los matrimonios de conveniencia y forzados, la poligamia o la pérdida del estatuto de inmigrante legal en casos de divorcio o muerte del cónyuge?

(EN) El plazo para la transposición por parte de los Estados miembros de la directiva 2003/86 sobre el derecho a la reagrupación familiar expiró el 3 de octubre de 2005. Esto significa que la legislación de todos los Estados miembros contemplados en la Directiva debería reflejar lo dispuesto en ella a más tardar en esa fecha. La Directiva es vinculante para 22 Estados miembros, es decir, todos excepto Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.

A pesar de las claras obligaciones contempladas en el artículo 20 de la Directiva, hasta ahora únicamente 12 Estados miembros han notificado medidas por las que se transpone la totalidad de la Directiva. Ante tal situación, la Comisión ha iniciado los procedimientos ordinarios que prevé el Tratado. En el mes de diciembre, la Comisión remitió cartas de notificación formal en las que pedía a los Estados miembros que comunicaran sus medidas de transposición.

Los diez Estados miembros que siguen infringiendo esta Directiva recibirán en breve dictámenes motivados en los que se les instará a comunicar en un plazo de dos meses las medidas por las que transpone esta Directiva. Si no lo hicieran, la Comisión estudiará la posibilidad de incoar acciones ante el Tribunal Europeo de Justicia contra todos estos Estados miembros.

Cabe subrayar, además, que la Directiva solo será aplicable durante un período relativamente breve. Por este motivo sería prematuro presentar un análisis comparativo de la forma en que los Estados miembros han aplicado la Directiva, a pesar de que no han comunicado sus medidas de transposición. Este ejercicio requiere un examen exhaustivo tanto de las prácticas adoptadas por los Estados miembros, como de la aplicación en la práctica de la Directiva por parte de sus autoridades.

El artículo 19 de la Directiva obliga a la Comisión a elaborar un informe sobre la aplicación de este acto legislativo en los Estados miembros a más tardar en octubre de 2007. Dicho informe se presentará al Parlamento y al Consejo. Este documento presentará toda la información necesaria para valorar el nivel y la adecuación de las medidas utilizadas para transponer la Directiva por parte de todos los Estados miembros interesados. El informe recogerá también información sobre los temas planteados en la pregunta de su Señoría.

La Directiva 2004/58/CE⁽¹⁾ del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, ¿afecta a los ciudadanos de la UE que han sido objeto de condena penal en un Estado miembro de acogida y han cumplido su sentencia entera?

¿Es necesario que los Estados miembros notifiquen a la Comisión cualquier derogación de la provisión de la «protección contra la expulsión» recogida en el Artículo 28 (3) de la Directiva mencionada? Si es así, ¿cuál es el procedimiento a seguir para la notificación.?

Finalmente, de acuerdo con el Artículo 28 (3), la derogación basada en «motivos imperiosos de seguridad pública», ¿pueden dichos ciudadanos continuar detenidos legalmente después del cumplimiento de su condena mientras están en curso las investigaciones del departamento de inmigración y las deliberaciones para expulsarlo a otro Estado miembro?

(EN) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros⁽²⁾ se aplica a los ciudadanos de la Unión que son beneficiarios de esta Directiva y que han sido condenados por un delito penal en un Estado miembro de acogida y han cumplido la totalidad de su condena.

En particular, el artículo 33 de la Directiva 2004/38/CE establece que el Estado miembro de acogida no podrá cursar órdenes de expulsión como sanción o resultado legal de una pena de prisión, a menos que estas se ajusten a los requisitos que contempla la Directiva. Este artículo dispone igualmente que si una orden de expulsión se cumple cuando han transcurrido más de dos años desde su expedición, el Estado miembro deberá comprobar que la persona interesada sea en esos momentos una amenaza real para la seguridad o el orden público, y deberá evaluar si se han producido cambios significativos de circunstancias desde la expedición de la orden de expulsión.

Los Estados miembros no pueden hacer excepciones a esta Directiva.

Con arreglo al apartado 3 del artículo 28 de la Directiva 2004/38/CE, no podrá expedirse una orden de expulsión en contra de un ciudadano de la Unión salvo si la decisión se basa en motivos imperativos de seguridad pública si ha residido en el Estado miembro de acogida durante los últimos diez años, o bien si es menor de edad, excepto si la expulsión resulta necesaria en interés del menor, como lo establece la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989.

Como señala el Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de febrero de 2005 en el asunto C-215/03, Oulane, una orden de detención solo puede fundarse en una disposición expresa de excepción, como el artículo 8 de la Directiva 73/148 (reemplazada actualmente por el artículo 27 de la Directiva 2004/38/CE), que permita a los Estados miembros imponer restricciones al derecho de residencia de los nacionales de otros Estados miembros, en la medida en que dichas restricciones estén motivadas por razones de orden, seguridad o salud públicos.

En el caso de los ciudadanos de la Unión que gozan de una protección especial contra la expulsión, contemplada en el artículo 3 del artículo 28 de la Directiva 2004/38/CE, las órdenes de detención con vista a su expulsión deben basarse necesariamente en motivos imperativos de seguridad pública, y cumplir las garantías formales y procesales que establece la Directiva, en particular las contempladas en el artículo 33 relativas a la expulsión como sanción o resultado legal de una sentencia de prisión.

En relación con la recomendación de la Comisión al Consejo de autorizar a la Presidencia a iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo con los Estados Unidos sobre los datos de los expedientes de los pasajeros (PNR), ¿por qué no se hace ninguna referencia a la estrategia de dos fases propuesta por el Parlamento Europeo y aprobada por el miembro de la Comisión Franco Frattini, según la cual se debería renegociar un nuevo acuerdo para el periodo posterior a 2007, con la participación del Parlamento Europeo y mediante la activación de la cláusula pasarela del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea?. ¿Cuál es la razón de que no se hayan integrado los compromisos de los Estados Unidos en el texto, para hacerlos vinculantes y para garantizar un nivel adecuado de protección de datos, tal y como consideran necesario el Grupo de trabajo del artículo 29 y el Parlamento Europeo?

(EN) La Comisión sigue un doble planteamiento basado, entre otras cosas, en la opinión emitida por el Parlamento y el Grupo de Trabajo del artículo 29.

A corto plazo, su Recomendación al Consejo se refiere a la situación actual, es decir, proponer una solución al Consejo para el período de vigencia del actual acuerdo (noviembre de 2007).

La Comisión está estudiando la manera de mantener el contenido del actual paquete relativo a los expedientes de los nombres de los pasajeros (PNR) en un nuevo acuerdo que ofrezca la misma protección de datos y seguridad jurídica, incluyendo una referencia a los compromisos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.

Esta Recomendación no es el lugar adecuado para mencionar posibles soluciones, ya que solo debe referirse a lo que deseamos lograr en un futuro inmediato.

Esto no impide que se comience a pensar en formas para avanzar a medio plazo, pues la Comisión tiene la intención de limitar la duración del acuerdo que se negociará en breve hasta el final de noviembre de 2007. Una de las opciones que podría considerarse sería el empleo del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, pero es necesario tener en cuenta el tiempo necesario para que entre en vigor dicha decisión, en particular la necesidad de cumplir las disposiciones constitucionales nacionales.

La derogación, por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Acuerdo UE-EE.UU. alegando el fundamento jurídico, sobre la obligación para las compañías aéreas de presentar a las autoridades estadounidenses los datos personales completos de los pasajeros en sus vuelos con destino a los EE.UU., da la razón a los que afirmaban que dicho acuerdo viola claramente los derechos democráticos fundamentales. Sin embargo, existen otros acuerdos similares firmados por los EE.UU. y la UE que siguen estando en vigor y mediante los cuales se intercambian datos personales, con total desconocimiento de los interesados.

¿Piensa adoptar la Comisión medidas efectivas para asegurarse de que se pone punto final a la recopilación y envío a los servicios estadounidenses de datos personales confidenciales no solo por parte de las compañías aéreas sino también de otras entidades públicas y privadas?

(EN) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictaminó el 30 de mayo de 2006 que la transferencia de los datos de los expedientes de nombres de pasajeros (PNR) relacionados con la protección de la seguridad pública y de las actividades públicas en materia penal a la Oficina de Aduanas y Protección de Aduanas de los Estados Unidos, no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE.

Por esa única razón, el Tribunal anuló la Decisión de la Comisión relativa a la adecuación de la transferencia de los datos PNR a los Estados Unidos y, por el mismo motivo, la Decisión del Consejo por la que se autoriza la celebración de un acuerdo internacional con los Estados Unidos, que no pudo adoptarse sobre la base del artículo 95 del TCE.

Por lo tanto, la Comisión no comparte el punto de vista de su Señoría según el cual este Acuerdo constituiría una flagrante violación de los derechos democráticos fundamentales. Al contrario, la Comisión, al igual que el Abogado General del Tribunal, estima que cumple plenamente los principios aplicables a la protección de los datos personales y derechos fundamentales. De hecho, en su sentencia, el Tribunal no aborda el contenido de la Decisión de la Comisión ni el del Acuerdo, que se mantendrá en vigor hasta su denuncia con noventa días de antelación. Por consiguiente, el Tribunal permitió que la Decisión de la Comisión siguiera en vigor hasta el 30 de septiembre de 2006 a fin de conceder tiempo suficiente para la aplicación de su sentencia.

En cumplimiento de esta sentencia en el plazo establecido, el Consejo adoptó el 27 de junio de 2006 dos iniciativas, como lo recomendó la Comisión el 16 de junio de 2006:

denunciar el Acuerdo internacional vigente con los Estados Unidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Tratado CE, y

autorizar la apertura de negociaciones para la celebración de un Acuerdo basado en los artículos 24 y 38 del TUE.

La finalidad de la Recomendación es dar cumplimiento a la sentencia del TEJ relativa a la base jurídica correcta para el Acuerdo internacional, ya que el Tribunal dictaminó que el acceso a datos de las autoridades policiales y judiciales en el marco de la protección de la seguridad pública y de las actividades públicas en materia penal no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva y del artículo 95 del TCE.

El artículo 38 del TUE es la referencia correcta para la celebración de un Acuerdo internacional que tenga este contenido. El artículo 38 se refiere al procedimiento contemplado en el artículo 24 del TUE. Por consiguiente, la Comisión recomendó al Consejo que autorizara a su Presidencia, asistida por la Comisión, a iniciar las negociaciones para celebrar un Acuerdo con los Estados Unidos para utilizar los datos de los PNR.

Las directrices de negociación prevén la celebración de un acuerdo que tenga el mismo contenido que las medidas que anuló el Tribunal y que ofrezca salvaguardias del mismo nivel en lo relativo a la seguridad jurídica para las compañías aéreas, el respeto de los derechos humanos, en especial el respeto de la vida privada, y las finalidades para los que pueden utilizarse los datos de los PNR.

La Comisión no tiene conocimiento de que existan acuerdos similares con los Estados Unidos.

Los días 2 y 3 de junio se celebraron en la República Checa elecciones generales en un clima profundamente anticomunista, que se inició con los intentos del Gobierno por penalizar a la Juventud Comunista de Chequia y prosiguió con la agresión física al vicepresidente del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (de Chequia) y diputado por este partido, Jirí Dolejs. A ello se sumaron la distribución de camisetas con lemas ofensivos como «Mata a un comunista y contribuye a la paz», con el respaldo del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, y la campaña de «independientes» en la que se invitaba a los checos a sustraer o destruir las papeletas electorales del Partido Comunista de Bohemia y Moravia enviadas por correo a los electores y se ofrecían descuentos para diversos artículos a todos aquellos que demostraran que no habían votado al Partido Comunista.

¿Condena acaso la Comisión estas prácticas que violan las reglas básicas de unas elecciones libres e independientes y constituyen un ataque directo contra los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la actividad política?

(FR) La Comisión concede una enorme importancia a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como al Estado de derecho. Estos principios figuran claramente en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Además, la Carta de los derechos fundamentales de la UE consagra los derechos de expresión, reunión y asociación (artículos 11 y 12).

El derecho al voto es un derecho humano fundamental. La universalidad, igualdad, libertad y secreto del voto son principios consagrados en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros.

Sin embargo, en el ámbito de los derechos electorales, la Unión Europea solo tiene competencias sobre algunos aspectos de las elecciones municipales y de las elecciones europeas en la medida en que la legislación comunitaria, por una parte, garantiza a los ciudadanos de la Unión el derecho a participar en estas elecciones en su Estado miembro de residencia, y por la otra, establece un marco general para las elecciones europeas.

Por ello, la Comisión no puede opinar sobre el caso que menciona su Señoría. Corresponde, así pues, a las autoridades nacionales competentes –en su caso– garantizar el respeto de los principios a que hace referencia su Señoría.

La mayor movilidad de la mano de obra alcanzada como consecuencia de la suavización de las restricciones al acceso de trabajadores migrantes de la Europa oriental a una serie de Estados miembros repartidos por la UE se ha revelado como uno de los aspectos positivos de la última ampliación.

Habida cuenta de la posible explotación de estos trabajadores por empleadores sin escrúpulos, y con miras asimismo a la próxima adhesión de Bulgaria y Rumanía, ¿ve la Comisión algún motivo de preocupación por la suficiencia de la acción de los Estados miembros en relación con la protección de los derechos de estos trabajadores en sus respectivos territorios, por cuanto atañe, concretamente, al salario mínimo, el número máximo de horas de trabajo y una adecuada protección social?

(EN) La Comisión ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por las cuestiones que señala su Señoría, en particular en su Informe sobre el funcionamiento de las disposiciones transitorias contempladas en el Tratado de adhesión de 2003 (periodo del 1 de mayo de 2004 al 30 de abril de 2006), que adoptó el 8 de febrero de 2006⁽¹⁾.

En este informe, la Comisión hace hincapié en la necesidad de evitar la erosión de las normas laborales y el «dúmping social», y observa que las restricciones al acceso al mercado de trabajo pueden tener como resultado un incremento del trabajo no declarado. En las conclusiones y recomendaciones de este informe, la Comisión insta igualmente a los Estados miembros a incrementar sus esfuerzos para una correcta observancia de la legislación comunitaria, las normas laborales y, en particular, las disposiciones de la Directiva sobre trabajadores en desplazamiento, mediante el correspondiente refuerzo de la cooperación administrativa, en los casos que así lo justifiquen. Además observa que las lagunas en la aplicación de la legislación comunitaria y nacional vigente por parte de las autoridades nacionales podrían haber dado, en algunos países, una impresión negativa y errónea de la ampliación y de las ventajas de la libre circulación de trabajadores.

¿Será el próximo año –el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos– un buen momento para aumentar la concienciación acerca de la discriminación a que se enfrentan los ciudadanos de la UE que abandonan sus países de origen para vivir y trabajar en otro lugar de la UE? Resulta cada vez más evidente que ninguna de las diversas políticas nacionales para integrar a los inmigrantes funciona bien. La Comisión, al menos, reconoce los potenciales futuros problemas derivados de la falta de una estrategia de ámbito europeo y se la debe elogiar por tratar de encontrar soluciones con los Gobiernos nacionales. Ahora bien, ¿tiene conocimiento también la Comisión de que cientos de miles de ciudadanos de la UE sienten también aislados?

¿Con qué planes cuenta la Comisión para abordar la discriminación que sufren los hombres y las mujeres que se desplazan a otro Estado miembro para vivir y trabajar? ¿Está de acuerdo en que ha llegado el momento de reafirmar su magnífico balance en materia de lucha contra la discriminación modificando la Carta de los Derechos Fundamentales y otorgando a cada ciudadano el derecho a votar y a presentarse como candidato en las elecciones nacionales?

(FR) El Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, que se celebrará en 2007, pretende fomentar la diversidad y luchar contra la discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión y credo en virtud del artículo 13 del Tratado CE. No se ocupa directamente de los problemas relacionados con la movilidad de los ciudadanos de la Unión a través de las fronteras.

La Comisión es consciente de los problemas a los que deben enfrentarse los ciudadanos de la UE cuando se trasladan a otro Estado miembro. Por ello, la Comisión propuso que 2006 fuera el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores con el fin de hacer frente a las situaciones que menciona su Señoría.

Este Año persigue tres objetivos:

Informar a los ciudadanos de la Unión sobre los derechos, oportunidades e instrumentos existentes en el ámbito de la movilidad geográfica y laboral;

Identificar nuevos medios para mejorar el entorno de los trabajadores migrantes;

Eliminar los obstáculos restantes que se oponen a la movilidad.

La versión revisada de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, así como la Estrategia Europea de Empleo consideran que la movilidad de los trabajadores constituye un instrumento fundamental para crear empleo y contribuir a la creación de un verdadero mercado laboral en Europa. Además, el portal EURES permite a todos los ciudadanos la UE acceder directamente a todas las vacantes que publican las oficinas públicas de empleo, es decir, en torno a un millón de puestos de trabajo en cada momento. Asimismo contiene información sobre las condiciones de vida y de trabajo en la UE. EURES cuenta igualmente con una red de más de 750 asesores que prestan asistencia a los trabajadores y a sus familias sobre temas relacionados con la movilidad laboral transfronteriza.

En su condición de guardiana de los Tratados, la Comisión ha asumido el firme compromiso de que tanto los Estados miembros, como las autoridades públicas nacionales, regionales y locales respeten los derechos que conceden el Tratado y el Derecho derivado a los ciudadanos de la UE en materia de libre circulación e igualdad de trato.

En su cuarto informe sobre la ciudadanía de la Unión, la Comisión menciona las frecuentes peticiones que recibe de ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro que no es su país de origen para tener el derecho de votar o ser votado en las elecciones nacionales del Estado miembro en que residen (excepto en el caso de los nacionales irlandeses que residen en el Reino Unido y viceversa).

La Comisión admite que esta situación no es ideal, ya que los ciudadanos de la Unión pueden verse privados de algunos de sus derechos políticos si hacen uso de su derecho de libre circulación.

Asimismo desea destacar que cualquier decisión futura para ampliar el ámbito de los derechos otorgados a los ciudadanos de la Unión deberá ser objeto de una minuciosa reflexión que tome en cuenta el proceso decisorio contemplado en el artículo 22 de la Parte Segunda del Tratado CE, que trata sobre la ciudadanía, así como el carácter específico de las sensibilidades y sus diferencias a este respecto.

A partir de la próxima temporada de fútbol, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) va a aplicar la denominada norma sobre jugadores de formación interna (home grown) que obligará a los clubes a incluir en su núcleo un número mínimo de jugadores formados en el propio club o en la competición en la que participa el club.

La UEFA aprobó esta norma el año pasado y está debatiendo el asunto con la Comisión.

También en el Parlamento Europeo se ha abordado el tema en varias ocasiones. Durante la audiencia sobre el fútbol que el Parlamento organizó el 3 de mayo, se constató que la mayoría de los clubes respalda la norma, pero teme la inseguridad jurídica.

¿Puede comunicar la Comisión si comparte el punto de vista de que esta norma ha de ser proporcional? Además, por motivos sociales (incitar a los clubes a que inviertan en la formación de los jóvenes), ¿considera que la norma es extremadamente recomendable? Por estos motivos, ¿respalda la medida referente a la norma sobre jugadores de formación interna (home grown)?

(EN) La Comisión está llevando a cabo una evaluación de la compatibilidad entre las nuevas medidas de la UEFA⁽¹⁾ sobre jugadores de cantera y la legislación comunitaria. La Comisión sabe que se trata de una cuestión delicada y considerará detenidamente los puntos de vista de todas las partes interesadas con el fin de establecer un equilibrio entre la necesidad de cumplir la legislación comunitaria y la autonomía de las organizaciones del deporte, a la vista de la Declaración aneja al Tratado de Amsterdam y la Declaración del Consejo Europeo de Niza de 2000.

Por otra parte, en vista de que no existe una información comparativa completa sobre las escuelas de fútbol de los Estados miembros y sobre los jugadores de cantera, la Comisión ha puesto en marcha un estudio sobre las escuelas deportivas en los Estados miembros, que abordará el tema de los jugadores de cantera.

¿Cómo prevé la Comisión promover el bienestar mental en el lugar de trabajo y cómo conseguirá que las empresas presenten informes anuales acerca de dicho asunto?

(FR) Como se señala en la Comunicación de la Comisión titulada «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)»⁽¹⁾, la política comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo debe adaptarse a las nuevas necesidades a fin de fomentar el «bienestar en el trabajo».

Por bienestar en el trabajo se entiende el bienestar físico, moral y social, y por consiguiente trasciende la protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Las enfermedades de reciente aparición, como el estrés, la depresión, la ansiedad, la violencia en el trabajo, el acoso y la intimidación, que representan un 18 % de los problemas relacionados con la salud en el trabajo, están relacionadas con una amplia gama de posibles factores (como la organización del trabajo, los horarios de trabajo, las relaciones jerárquicas, la fatiga provocada por el transporte), por oposición a la exposición a un riesgo determinado.

Estos principios se han integrado en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la introducción de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta Directiva contempla principios generales para la prevención de los riesgos profesionales, la protección de la seguridad y la salud, la eliminación de factores de riesgo y accidente, la información, consulta y formación de los trabajadores y sus representantes de conformidad con las leyes y/o prácticas nacionales.

De conformidad con el principio de subsidiariedad, esta Directiva establece responsabilidades claras. El bienestar de los trabajadores es responsabilidad de todas las partes interesadas (Estados miembros, empresas y trabajadores), aunque en distinto grado. Por ejemplo, el considerando 8 de la Directiva establece que incumbe a los Estados miembros fomentar en su territorio la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores a través de medidas adoptadas de conformidad con las leyes y/o prácticas nacionales.

En relación con las obligaciones de notificación y seguimiento, la Directiva prevé que las autoridades nacionales deben informar a la Comisión sobre la aplicación en la práctica de la Directiva, tras consultar a los interlocutores sociales. A continuación, la Comisión informa al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Consultivo de Salud y Seguridad en el Trabajo, y presenta un informe periódico sobre la aplicación de la Directiva al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

Dos aspectos, el estrés laboral y la violencia en el lugar de trabajo, pueden influir en el bienestar psicológico de los trabajadores.

Respecto al primero, la Comisión desea destacar ante su Señoría que los interlocutores sociales europeos firmaron un Acuerdo marco en esta materia el 8 de octubre de 2004⁽²⁾. En cuanto al segundo aspecto, conviene recordar que en su comunicación «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)», la Comisión ya anunció que «estudiará la conveniencia y el ámbito de aplicación de un instrumento comunitario sobre el acoso psicológico y la violencia en el trabajo».

La Comisión adoptó el 23 de diciembre de 2004 el documento relativo a la primera fase de la consulta de los interlocutores sociales sobre la violencia en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138 del Tratado, teniendo en cuenta que los interlocutores sociales habían incluido el tema del acoso en su programa conjunto de trabajo para el período 2003-2005. Los interlocutores sociales decidieron iniciar sus deliberaciones a fin de negociar un acuerdo voluntario sobre este tema. Esas deliberaciones comenzaron en febrero de 2006 y se espera que prosigan hasta finales de 2006.

La importancia de los aspectos del bienestar mental relacionados con el trabajo fue destacada igualmente en el Libro Verde de la Comisión titulado «Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental»⁽³⁾, así como en reuniones de consulta posteriores. Las consultas sobre este Libro Verde concluyeron el 31 de mayo de 2006. Actualmente, la Comisión esta analizando sus resultados.

En Polonia viven aproximadamente 5.5 millones de personas con discapacidad, de los que 202.000 son niños. De estos niños, uno de cada tres vive en zonas rurales, donde es difícil el acceso a la asistencia médica, a las terapias de rehabilitación y a la escolarización.

La gran mayoría de las personas con discapacidad (el 84 %) vive principalmente de las prestaciones sociales, las pensiones de jubilación, las prestaciones por invalidez y de otras prestaciones adicionales. Solo para un 8 % de dicha población la fuente principal de ingresos es el trabajo, mientras que el 8 % restante está a cargo de terceras personas, al no poseer medios propios para mantenerse. Casi la mitad de las personas con discapacidad ha realizado, como máximo, estudios primarios, lo que les dificulta aún más el acceso al mercado laboral.

Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿tiene la Comisión intención de aumentar la subvención en el marco de los fondos estructurales para facilitar el acceso a la formación profesional y mejorar la educación de las personas con discapacidad? ¿Tiene intención de aumentar la subvención de los centros de educación especial para preparar a los jóvenes para el mercado laboral, ayudándoles así a encontrar trabajo?

(EN) La plena integración y participación de las personas con discapacidades en todos los aspectos de la sociedad es un elemento clave de las políticas comunitarias. El artículo 16 de la propuesta de Reglamento general de los Fondos estructurales prohíbe la discriminación en la ejecución y acceso a los fondos por motivos de discapacidad. Además, «la posibilidad de acceso para las personas con discapacidades será uno de los criterios que deberá observarse al definir las operaciones cofinanciadas por los Fondos y que deberá tomarse en consideración durante las distintas fases de ejecución».

Una de las finalidades del Fondo Social Europeo (FSE) es ofrecer oportunidades de empleo para todos. En vista de que las personas con discapacidades constituyen un grupo especialmente vulnerable con una baja tasa de empleo, es de suma importancia prestar especial atención a su integración en el mercado laboral. La promoción de la inclusión social de las personas desfavorecidas, entre ellas, las personas con discapacidades, es uno de los principales ámbitos para las ayudas del FSE. El proyecto de Directrices Estratégicas Comunitarias para la Política de Cohesión destaca igualmente la importancia de satisfacer las necesidades de empleo de las personas con discapacidades y pide a los Estados miembros que presten especial atención a la hora de satisfacer las necesidades de formación de los grupos desfavorecidos.

Las medidas para mejorar el acceso a la formación vocacional de las personas con discapacidades y las ayudas para preparar a los jóvenes con discapacidad para el trabajo constituyen áreas importantes en los que el FSE puede intervenir y cofinanciar actividades. Dichas actividades deben programarse dentro de las estrategias nacionales (Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia) y en los Programas Operativos que elaboran los Estados miembros y se concertan con la Comisión. Los créditos financieros son elaborados asimismo por los Estados miembros, que los acuerdan con la Comisión únicamente a nivel de ejes prioritarios, que generalmente es un nivel más amplio. No obstante, la Comisión estima que los programas nacionales deben prestar la debida atención a la integración de las personas con discapacidades en el mercado de trabajo y elevar su nivel educativo.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para acelerar el descenso del paro en jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años en los países de la «nueva» Europa? En efecto, este es el grupo de edad en el que el paro causa más estragos en los ocho países de Europa Central y Oriental que han entrado en la Unión Europea. Esta situación afecta especialmente a los titulares de un diploma universitario.

(EN) La Estrategia para el empleo y el crecimiento y las Directrices de Empleo de la UE establecen el marco político para luchar contra el desempleo juvenil. Las Directrices piden que se hagan mayores esfuerzos para desarrollar vías de empleo para los jóvenes, así como una mejor y mayor inversión en la educación y la formación. Asimismo, las Directrices subrayan que no basta con aumentar el nivel de la inversión, sino que es necesario adaptar y crear capacidades en los sistemas educativos y de formación para mejorar su pertinencia para el mercado de trabajo, su respuesta a las necesidades de la economía basada en el conocimiento y de la sociedad, y su eficiencia.

Durante el Consejo Europeo de primavera de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su compromiso de luchar contra el desempleo juvenil ofreciendo a los jóvenes parados la oportunidad de un nuevo comienzo en forma de formación, reciclaje, trabajo en prácticas, empleo u otras medidas de empleabilidad en un plazo de seis meses tras haber quedado desempleados. La Comisión prestará especial atención a los aspectos relacionados con el empleo juvenil como parte de su seguimiento de los Programas Nacionales de Reforma que los Estados miembros le presentan cada año.

El empleo juvenil ocupa igualmente un lugar destacado en las Directrices Estratégicas para la Política de Cohesión de la Comisión para el período 2007-2013, así como en el nuevo Reglamento sobre el Fondo Social Europeo (FSE). El FSE ofrece ayudas financieras a los Estados miembros para luchar contra el desempleo juvenil y mejorar los sistemas de educación y formación. La Comisión prestará especial atención a estas cuestiones en todos los países en los que la situación del desempleo juvenil sea crítica en el contexto de los próximos Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia de los Estados miembros y de los Programas Operativos para los Fondos estructurales, de los que forma parte el FSE.

El 12 de mayo de 2006, la sociedad DBA (Dim Branded Apparel) anunció al comité de empresa europeo su intención de suprimir 950 puestos de trabajo en Europa, 450 de ellos en Francia, 300 en España y 140 en Italia. La dirección se comprometió a informar al comité de empresa europeo, pero rechaza cualquier consulta a nivel europeo. Este caso ilustra la importancia del derecho a la información y a la consulta de los trabajadores para la aplicación de medidas complementarias en caso de reestructuración.

¿De qué manera vela la Comisión por que el derecho a la consulta de los trabajadores se respete en la práctica?

¿Tiene intención la Comisión de llevar a cabo una revisión de la Directiva 94/45/CE⁽¹⁾ del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria?

(FR) La legislación comunitaria recoge diversas disposiciones destinadas a garantizar la información y la consulta de los trabajadores en caso de reestructuración, en particular las directivas sobre despidos colectivos⁽²⁾, la cesión de empresas⁽³⁾ y la Directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores⁽⁴⁾. El derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en empresas y grupos de ámbito comunitario figura igualmente como uno de los objetivos del artículo 1 de la Directiva 94/45/CE relativa a los comités de empresa europeos⁽⁵⁾.

Compete a los Estados miembros garantizar la correcta y eficaz aplicación de estas directivas. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su plena efectividad, en particular mediante la aplicación de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de que se viole la legislación comunitaria. En su condición de guardiana de los Tratados, la Comisión es responsable de velar por la aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. La Comisión se ocupa de las denuncias relativas a actos u omisiones de personas físicas y organismos en caso de que estén implicadas autoridades públicas o que estas no hayan actuado en respuesta a dichos actos u omisiones.

De conformidad con el artículo 138 del Tratado CE, la Comisión debe consultar por dos veces a los interlocutores sociales antes de presentar propuestas en materia social. La Comisión inició el 20 de abril de 2004 la primera fase de consulta a los interlocutores sociales sobre la revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos. El 31 de marzo de 2005, la Comisión inició la segunda fase de la consulta a los interlocutores sociales sobre cuestiones relacionadas con los comités de empresa europeos y con las reestructuraciones, en el marco de su Comunicación titulada «Reestructuraciones y empleo»⁽⁶⁾. En dicha comunicación, la Comisión invita a los interlocutores sociales a intensificar su colaboración y a llevar a cabo negociaciones para mejorar el funcionamiento y la eficiencia de los comités de empresa europeos, en particular en lo referente a su función para prever y gestionar los cambios.

En la Cumbre Social Tripartita celebrada el 23 de marzo de 2006, los interlocutores sociales europeos presentaron su programa de trabajo para el período 2006-2008, en el que señalan que «completarán los estudios nacionales sobre los cambios económicos y sociales ocurridos en la UE de los 10, los extenderán para incluir a los otros quince Estados miembros, y sobre esa base promoverán y evaluarán las orientaciones de referencia para la gestión de los cambios y sus consecuencias sociales, y las lecciones sacadas del funcionamiento de los comités de empresa europeos». La Comisión llevará a cabo una evaluación permanente de los resultados de estos trabajos y, en caso necesario, adoptará las medidas necesarias.

En una pregunta anterior (H-0501/04)⁽¹⁾ había planteado el problema de los desodorantes de interior, de la protección de los consumidores en relación con las informaciones engañosas sobre las supuestas propiedades de los productos y los peligros ocultos que suponen. A continuación, en un estudio científico especial, la Comisión justificó todas estas interrogaciones y propuso continuar investigando el tema. La Comisión Europea ha lanzado recientemente una iniciativa para la mejora de los productos de protección solar para emitir una recomendación dirigida a las industrias europeas, de forma que un etiquetado normalizado impida que el consumidor reciba informaciones falsas o no demostradas (como por ejemplo, una protección del 100 %), que producen una falsa sensación de seguridad.

¿Se prevé una campaña paralela de información a los consumidores en relación con los productos de protección solar, para completar de forma adecuada esta medida, incluida la cuestión extremamente importante y sensible de la protección contra el sol? En relación con esta iniciativa, ¿qué medidas adicionales piensa tomar la Comisión Europea para el control de calidad de estos productos y el seguimiento del etiquetado, teniendo en cuenta que en el caso de los desodorantes de interior tardó en iniciar el estudio?

(EN) La Comisión es consciente de que el etiquetado de productos no es suficiente para ofrecer a los consumidores la información necesaria en materia de seguridad.

Por este motivo, la Comisión facilitó en el mes de mayo de 2006 a la prensa europea una información pormenorizada con el fin de informar plenamente al público en general. Será necesario facilitar más información al público una vez que se hayan revisado los productos de protección solar a la vista de las nuevas recomendaciones, cuya elaboración está en curso. Las autoridades de los Estados miembros deberán facilitar al público información complementaria.

El control de la calidad y exactitud de las etiquetas de los productos cosméticos corresponde en primera línea a los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión prestará especial atención a que la legislación comunitaria se aplique como es debido en este sector y abordará la situación de los productos de protección solar durante las reuniones periódicas que celebra con las autoridades competentes de los Estados miembros.

Durante el periodo 2000-2006, la región francesa de Henao (zonas de Valenciennes, Sambre-Avesnes y Douai) dispuso de una dotación total de 405 millones de euros con cargo a los fondos del Objetivo 1, denominado ahora «convergencia». Para el mismo periodo, la región belga de Henao dispuso de 644 millones de euros.

En la cumbre europea del mes de diciembre, se asignó un importe de 70 millones de euros para compensar la conclusión del Objetivo 1, en tanto que la región belga de Henao dispondrá, para el periodo 2007-2013, de 577 millones de euros con cargo al Objetivo «convergencia».

Las cuentas no salen. En efecto, con las mismas ratios que la Henao belga, la Henao francesa debería percibir 360 millones de euros.

¿Va a confirmar la Comisión esta decisión y a acentuar de esa forma la diferencia de trato entre la Henao francesa y la belga y a instaurar una competencia distorsionada entre los territorios y a comprometer los esfuerzos de asociación entre las dos regiones, o va a hacer que la Henao francesa se beneficie, con carácter excepcional, de los fondos de «convergencia», como ocurrió en 2000?

(FR) El único criterio estadístico para que una región pueda recibir subvenciones del objetivo de «convergencia» es su PIB per cápita calculado al «nivel 2» del sistema de clasificación de las regiones europeas conocido como «NUTS»⁽¹⁾. Este debe ser inferior al 75 % de la media comunitaria. Ninguna región metropolitana de Francia satisface este criterio.

El cálculo del PIB per cápita se realiza únicamente a nivel regional (nivel 2 de la NUTS). Este cálculo constituye la base para los créditos financieros para cada Estado miembro. Los niveles inferiores al de región, como las provincias (nivel 3 de la NUTS) o incluso inferiores, como las comarcas, no pueden en ningún caso constituir territorios sometidos a sus propias normas de subvencionabilidad.

No puede trazarse un paralelismo con la región belga de Hainaut, ya que esta región, a diferencia de la región francesa de Hainaut, es una región de nivel 2 de la NUTS y cumple el criterio de subvencionabilidad del futuro objetivo de «convergencia» para las regiones afectadas por el efecto estadístico de la ampliación.

En el período 2007-2013, los Fondos estructurales no solo participarán en las regiones menos desarrolladas que sean subvencionables en virtud del objetivo de «convergencia», sino también todas las demás en el marco del objetivo de «competitividad y empleo regional». En virtud de una propuesta de las autoridades francesas, la región Nord-Pas-de-Calais recibirá en su conjunto un paquete en torno a los 926 millones de euros en el marco del objetivo de «competitividad y empleo regional». Así pues, seguirá siendo la región metropolitana de Francia que reciba la mayor cantidad de fondos durante un tercer período de programación sucesivo. Por consiguiente, la región francesa de Hainaut podrá recibir fondos europeos dentro de este marco regional. Este paquete incluye una cantidad adicional de 70 millones de euros para la región francesa de Hainaut, como decidió el Consejo Europeo, que aumentará los efectos de palanca de los Fondos estructurales en el territorio de sus tres distritos.

Corresponderá a la región Nord-Pas-de-Calais definir durante la programación sus prioridades para el futuro período de programación. Por consiguiente, corresponderá a la asociación regional decidir la manera en que utilizará estos fondos.

La Comisión garantizará, en el marco de la negociación de los programas operativos, que los recursos financieros se utilicen de conformidad con las diferencias relativas dentro de cada región.

La Comisión no tiene competencias para modificar los créditos destinados a cada objetivo decididos por el Consejo y el Parlamento.

Hoy por hoy, en Europa, al contrario que en Estados Unidos, las lentes de contacto cosméticas no correctoras no están sometidas a la legislación relativa a los productos sanitarios. Sin embargo, las lentes correctoras y las lentes de colores sin finalidad correctora encierran los mismos riesgos sanitarios y entrañan las mismas consecuencias para el ojo si no han sido fabricadas adecuadamente y si se utilizan sin consultar a un profesional de la salud ocular y sin su supervisión.

¿Cuál es la posición de la Comisión frente a una mayor reglamentación de las lentes de contacto no correctoras en el marco de la Directiva relativa a los productos sanitarios, a la luz de lo mencionado anteriormente?

¿Cómo se propone la Comisión garantizar una fabricación y un uso seguros de las lentes de contacto no correctoras y asegurar la protección del consumidor en el ámbito de la salud ocular?

(EN) Las lentes de contacto cosméticas no corrigen la vista y su única finalidad es cambiar la apariencia de los ojos. Estas lentes de contacto se consideran decorativas.

La definición de «productos sanitarios» que figura en la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios⁽¹⁾ exige que tales productos estén destinados principalmente a usos sanitarios. Es el fabricante el que asigna al producto dicho uso sanitario. El fabricante determina su uso sanitario a través de la etiqueta, las instrucciones de uso y el material relacionado con un producto determinado.

Por lo tanto, los productos destinados a un uso puramente estético no son productos sanitarios.

Durante la redacción del documento orientativo sobre la definición de los productos sanitarios (MEDDEV 2.1) se consultó a todas las partes interesadas y se llegó a la conclusión de que no puede establecerse un uso médico «para las lentes de contacto sin función correctiva y destinadas a dar otro color a los ojos».

En conclusión, estos productos no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

La normativa aplicable a estos tipos de lentes es la Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos⁽²⁾. Es esta normativa la que se ocupa de la seguridad en el uso de estas lentes de contacto.

El artículo 174 del Tratado CE señala, entre otros, como objetivo de la política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, la utilización prudente y racional de los recursos naturales.

En relación con la situación de la población de anchoa en el Golfo de Bizkaia, el pasado año la Comisión decidió la paralización de esta pesquería. Los informes del CIEM aconsejaban que la pesca de anchoa no se abriera hasta junio de 2006 y siempre que las investigaciones acústicas y de las huevas que se llevaran a cabo demostrasen una fuerte recuperación del stock. La Comisión, ante un dictamen similar del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, tenía intención de que el cierre permaneciera hasta que se dispusieran los informes científicos de evaluación del estado de las reservas en junio de 2006.

¿Por qué se abrió la pesquería de anchoa en 2006 sin esperar al mes de junio y a disponer de los correspondientes informes científicos de evaluación? ¿Es conocedora la Comisión del informe del Centro Tecnológico Vasco de Investigación Marina y Alimentaria (AZTI) que estima que la biomasa de anchoa se encuentra por debajo de los indicadores de “riesgo de colapso”, establecidos en 21 000 toneladas? ¿Por qué no se ha paralizado ya esta pesquería, como están pidiendo los pescadores vascos del sector, cuando existe un acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca de la UE en diciembre previendo la parada en el caso de que la biomasa estuviera por debajo de las 28 000 toneladas?

Como sabe su Señoría, en diciembre de 2005 la Comisión propuso la paralización de la pesca de la anchoa en 2006 hasta que las investigaciones científicas no indicasen una mejora del estado de las poblaciones que justificara una reapertura. El Consejo de Ministros, sin embargo, rechazó esta propuesta. En consecuencia, y a petición de Francia y España, se brindó la oportunidad de una pesca limitada en 2006, si bien sujeta a reevaluación en ese mismo año.

La Comisión conoce el informe del AZTI⁽¹⁾ relativo al cálculo provisional de la biomasa de anchoa en mayo de 2006 mediante el método de producción diaria de huevas. Las informaciones contenidas en dicho informe, junto con otras pertinentes, están siendo examinadas por el Comité científico, técnico y económico de la pesca. Este Comité creó un subgrupo que se reunió entre el 14 y el 16 de junio de 2006. En cuanto el Comité emita el dictamen definitivo sobre el estado de las poblaciones de anchoa la Comisión tomará las medidas necesarias y cumplirá con sus obligaciones de gestión de la anchoa, de conformidad con las decisiones adoptadas en el Consejo de Agricultura y Pesca de diciembre de 2005.

La UE invierte en medidas políticas, recursos humanos e instrumentos financieros con miras a mantener la seguridad en el mundo. Determinadas medidas e iniciativas de la PESD en tres continentes constituyen aportaciones efectivas de índole creativa a la acción exterior de la Unión en regiones que atraviesan crisis de seguridad. ¿Puede indicar la Comisión cuál es la credibilidad que reclama la eficacia de la Unión de cara al exterior, cuando en el interior de la Unión un Estado miembro (Grecia) se ve amenazado por un país candidato (Turquía) con convertirse en consumidor de seguridad? ¿Qué postura adopta la Comisión ante un país candidato que vulnera manu militari los derechos de soberanía de un Estado miembro, en violación de las normas del Derecho internacional y del acervo comunitario? La proyección hacia el exterior y la aceptación de pautas de seguridad presupone un espacio europeo seguro combinado con la estrategia de la ampliación II de la UE. ¿Se propone elaborar la Comisión un proyecto integrado de estrategia de seguridad que abarque el ámbito territorial de la UE e incluya también el territorio de la ampliación II?

(EN) La Comisión considera que el proceso de ampliación, que es objeto de una minuciosa gestión, constituye un poderoso instrumento para extender la paz, la estabilidad y la prosperidad por toda Europa. Tras generaciones de divisiones y conflictos, la UE crea una Europa unida por medios pacíficos.

El marco de negociación con Turquía acordado en octubre de 2005 prevé en su apartado 6 que los avances de las negociaciones de adhesión se valorarán en función de diversos requisitos. Uno de esos requisitos es precisamente su «compromiso inequívoco para mantener relaciones de buena vecindad y su disposición para resolver los litigios fronterizos pendientes, de conformidad con el principio de solución pacífica de los diferendos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y, de ser necesaria, la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia».

Además, la Asociación para la adhesión con Turquía, adoptada el 17 de enero de 2006, señala que una de las prioridades de Turquía es «comprometerse inequívocamente con las relaciones de buena vecindad, abordar toda fuente de fricción con los vecinos y abstenerse de toda acción que pueda afectar negativamente al proceso de resolución pacífica de litigios fronterizos».

Además, en el contexto del proceso de adhesión, Turquía deberá alinearse con la política exterior, de seguridad y de defensa de la UE. La Comisión recuerda, en este contexto, la Estrategia Europea de Seguridad que el Consejo Europeo aprobó el 12 de diciembre de 2003.

¿Puede indicar la Comisión cuáles son sus proyectos para los próximos seis meses con vistas a promover las nuevas políticas e iniciativas de la UE ante los ciudadanos europeos en el marco del programa «Comunicar Europa al ciudadano»?

(EN) La Comisión adoptó el 1 de febrero de 2006 el Libro Blanco sobre una política europea de comunicación⁽¹⁾, en el que propone un planteamiento fundamentalmente nuevo para las actividades de información y comunicación sobre temas europeos. En particular, el Libro Blanco propone un planteamiento centrado en los ciudadanos para las comunicaciones acerca de Europa, e invita a todas las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a otras partes interesadas para que unan fuerzas a fin de resolver a la «falta de comunicación» con los ciudadanos.

Actualmente se lleva a cabo una consulta pública (cuyo plazo para la presentación de contribuciones se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2006) con el fin de recoger las reacciones que han despertado las propuestas de la Comisión y de introducir nuevas ideas en este proceso. La Comisión solo propondrá medidas y acciones concretas para los años venideros al final de la consulta y sobre la base de las contribuciones que haya recibido de las demás instituciones.

La conexión de los ciudadanos con Europa forma parte del núcleo del Plan D para la democracia, el diálogo y el debate⁽²⁾. Con su presentación, la Comisión ha puesto de manifiesto su voluntad de cumplir la «función especial» que le asignaron los Jefes de Estado y de Gobierno en junio de 2005. Muchas de las 13 acciones previstas en el marco del Plan D revisten especial importancia para acercar Europa a los ciudadanos.

Actualmente, estas iniciativas están comenzando a arrojar resultados en este ámbito: El foro de Internet titulado «DebateEurope» ha recibido contribuciones de más de 10 000 ciudadanos de todos los países en todas las lenguas de la UE. Los Miembros de la Comisión han realizado numerosas visitas a los Estados miembros, y a sus Parlamentos nacionales. Las Representaciones de la Comisión, junto con las oficinas de información del Parlamento, han realizado actividades de acercamiento a los ciudadanos (se han efectuado varios centenares de proyectos).

Sin embargo, cabe recordar que son los Estados miembros los principales responsables de la organización de los debates a escala nacional, regional y local. El papel de la Comisión en el marco del Plan D es ayudar a estructurar el debate, facilitando a los Estados miembros ayuda en materia de organización y, en caso necesario y de ser posible, ayudas económicas.

La Comisión siempre ha tenido la intención de continuar el diálogo y el debate después de junio de 2006, y de promover un verdadero ejercicio de escucha de larga duración entre los ciudadanos y las instituciones europeas. A fin de pasar a la segunda fase del Plan D, la «fase de explicación», la Comisión realizará algunas nuevas acciones. A tal fin, estas acciones en curso proseguirán y se intensificarán con vistas a los resultados del Consejo Europeo de junio de 2006 y del Parlamento. Algunas de estas iniciativas, como el apoyo a los proyectos transnacionales de los ciudadanos, se desarrollarán durante el segundo semestre de 2006.

Las dos comunicaciones de la Comisión al Conejo Europeo de junio de 2006 destacan estos temas: «Una agenda ciudadana para Europa» y «El período de reflexión y el Plan D». Por ello, la Comisión tiene previsto concentrarse en los próximos seis meses en la realización de aquellas acciones del Plan D que incrementan la participación ciudadana y hayan tenido éxito. Además, el Plan D se ampliará para incluir iniciativas entre ciudadanos.

¿Puede indicar la Comisión Europea qué programas audiovisuales que tengan respaldo comunitario existen para promover el uso de la lengua irlandesa en Irlanda?

(EN) La acción comunitaria para el sector audiovisual dentro de la Unión Europea adopta la forma de los programas MEDIA Plus y MEDIA Formación. El programa MEDIA se prolonga desde 2001 hasta 2006 y cuenta con un presupuesto de 513 millones de euros. Cofinancia iniciativas de información para profesionales del sector audiovisual, el desarrollo de proyectos de producción (películas, obras dramáticas para televisión, documentales, dibujos animados y nuevos medios) y la distribución y promoción de obras audiovisuales europeas. Los proyectos piloto se aprovechan para prestar apoyo al uso de nuevas tecnologías en las fases de desarrollo, producción y distribución.

Uno de los objetivos del programa MEDIA Plus es el respeto y la promoción de la diversidad lingüística y cultural en Europa. Una de las medidas adoptadas a tal fin es la concesión de subvenciones para el doblaje o los subtítulos de películas a petición de sus distribuidores. Sin embargo, el programa concede al solicitante la posibilidad de elegir la lengua, y la promoción del uso del gaélico no es uno de los objetivos del programa MEDIA.

Por último, cabe señalar que el servicio de información por televisión de la Unión Europea, Europe by Satellite (EbS), ya cuenta con los equipos técnicos para transmitir en lengua gaélica si es necesario.

¿Puede la Comisión proponer un calendario para una posible reiniciación de las conversaciones sobre el comercio mundial y formular una declaración sobre cuáles pueden ser, desde un punto de vista europeo, los principales impedimentos para cualquier futuro acuerdo de la OMC?

(EN) El equipo negociador de la Comisión se encuentra actualmente en Ginebra para participar en las negociaciones comerciales a nivel ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Comisión estará en condiciones de informar y evaluar los resultados de las reuniones, una vez que estas hayan concluido el 2 de julio de 2006.

Como explicó el Comisario encargado del Comercio en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del 29 de mayo de 2006, existe una oportunidad para llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Sin embargo, para ello es necesario que todos los principales actores lleven a cabo un difícil pero necesario ajuste de sus posiciones a fin de hacerlas converger a medio camino y ofrecer ventajas suficientes a todos.

La Comisión dejó claro, en nombre de la UE, que estamos dispuestos a encontrar maneras para mejorar su oferta sobre acceso al mercado agrícola a fin de acercarse a las solicitudes formuladas por el Grupo G-20 y mantener al mismo tiempo dentro del mandato que le confirió el Consejo. Pero solamente aceptaremos una nueva oferta si al mismo tiempo los demás presentan ofertas satisfactorias en el sector de las ayudas agrícolas internas y los aranceles industriales. Actualmente persiste una cierta incertidumbre acerca de la posición de los Estados Unidos, lo que no resulta sorprendente en vista del cambio de USTR (Representante Comercial de Estados Unidos).

La Comisión espera que los Estados Unidos puedan dar una respuesta positiva a la petición que hizo el Director de la OMC a los principales actores para que dieran muestras de una mayor flexibilidad. La Comisión que podría llegarse a un acuerdo si los Estados Unidos se acercaran algo más a lo que buscan los países en vías de desarrollo del G-20 en materia de reducción de subvenciones agrícolas – al igual que nosotros en materia de acceso al mercado.

Otra condición para ello es que los países en vías de desarrollo más avanzados se muestren dispuestos a reducir los aranceles industriales que aplican a un nivel que ofrezca más acceso real al mercado a los exportadores europeos, norteamericanos y de otros países.

Como es lógico, las contribuciones a la Ronda deben basarse en la capacidad de cada país en vías de desarrollo, pues esta sigue siendo una Ronda de Desarrollo. Antes que nada, tenemos que tomar en consideración que los países más pobres tienen otras prioridades en estas negociaciones, como los aranceles sobre productos agrícolas, la erosión de las preferencias, la protección de las economías débiles y de pequeño tamaño, y la capacidad comercial, aspectos que también nosotros debemos tener en cuenta.

Por último, recordemos igualmente que el resultado de las modalidades para la agricultura y los bienes industriales se verá muy influenciado por los avances que hagamos en la liberalización del sector de los servicios y el refuerzo de las normas de la OMC, incluyendo las indicaciones geográficas. En las negociaciones sobre agricultura necesitamos alcanzar un «paralelismo» para la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación.

Un elector de mi circunscripción se ha dirigido a mí para quejarse de haber sido interpelado y multado con 1 200 euros por un agente que actuaba en nombre de las autoridades austriacas cuando regresaba de transportar de Inglaterra a Austria artículos de uso doméstico pertenecientes a su hijo. Según le indicaron, el vehículo en cuestión, que era alquilado, debía haber estado equipado con una «caja electrónica» instalada en el salpicadero, ya que en Austria es ilegal conducir sin dicho dispositivo. Dado que se trata de un pensionista de edad avanzada, pudo hacer frente a la multa con dificultad. Además, la empresa de alquiler del vehículo afirmó no saber nada de esa legislación.

¿Por qué motivo existen tales reglamentaciones unilaterales en el contexto de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, prevista en el Tratado de Roma?

(EN) En relación con la aplicación de gravámenes a vehículos pesados de transporte de mercancías, la Directiva relativa a la Euroviñeta⁽¹⁾ entró en vigor en un momento en que los hechos ocurridos dieron lugar al marco jurídico para el cobro de peajes o gravámenes por el uso de autopistas. La Directiva se aplicaba a los vehículos pesados de transporte de mercancías de al menos 12 toneladas de peso, pero los Estados miembros estaban facultados a aplicar gravámenes por el uso de carreteras a vehículos con un peso inferior. Austria cobra estos gravámenes a vehículos de 3,5 toneladas de peso o más que usen las autopistas y exige que estos vehículos estén provistos de una pequeña caja autoadhesiva de plástico en la cabina del conductor. Al igual que sucede con el peaje para evitar los embotellamientos en Londres, el hecho de que el uso de las autopistas austriacas es objeto de un peaje aparece claramente indicado en los letreros situados antes de la entrada de las secciones de pago. La caja obligatoria puede comprarse en 220 puntos de venta situados tanto dentro como fuera de Austria, como las estaciones de servicio situadas a lo largo de las principales carreteras austriacas de tránsito y solo cuesta 5 euros. Al devolver la caja a un punto de venta se reembolsa el precio de compra.

La Comisión lamenta que esta persona no haya sido informada por la sociedad que le alquiló el vehículo.

En cuanto a la cuantía de la multa, siempre existe la posibilidad de presentar una queja oficial ante las autoridades austriacas que hayan cobrado la multa y de recurrir a los tribunales si se considera que la multa impuesta no es proporcionada.

Como consecuencia de la eficacia de los controles que se llevan a cabo, en Dinamarca se registran muy pocos casos de intoxicación por salmonella debido al consumo de carne producida en el país. No obstante, como consecuencia de las normas de la UE relativas a la libre circulación de mercancías, las autoridades alimentarias danesas no pueden realizar en sus fronteras controles aleatorios de la carne de origen extranjero, si bien la mayor parte de los casos de intoxicación se deben al consumo de carne importada.

En este contexto, ¿podría explicar la Comisión la razón por la que Dinamarca no puede adoptar normas especiales en virtud de las cuales la carne infectada con salmonella no pueda entrar en el país, toda vez que Suecia y Finlandia cuentan con disposiciones de este tipo?

(EN) La Comisión sabe que la situación de la salmonella en Dinamarca es satisfactoria y se felicita de los esfuerzos que han realizado las autoridades y productores nacionales para alcanzar un alto nivel de protección para los consumidores daneses.

La Comisión desea clarificar que la legislación comunitaria autoriza a los Estados miembros a llevar a cabo inspecciones aleatorias de la carne procedente de otro Estado miembro que se comercializa en su mercado.

Por lo que se refiere a las garantías especiales contra la salmonella que se aplican en Suecia y Finlandia, la Comisión puede confirmar a su Señoría que la legislación comunitaria contempla la posibilidad de extender dichas garantías a otros Estados miembros que tengan un programa de control considerado equivalente al aprobado para Suecia y Finlandia. Habida cuenta de ello, cuando un Estado miembro, incluida Dinamarca, logre el mismo nivel de prevalencia de salmonella que Finlandia y Suecia, podrá obtener una garantía similar.

La Comisión estudia conjuntamente con Dinamarca otros enfoques, como por ejemplo, un criterio nacional oficial para limitar la salmonella.

El catedrático «Jean Monnet» y experto externo de la Comisión europea D. José Antonio Jáuregui falleció el 5 de junio de 2005 durante una estancia en Sibiu (Rumanía). El viaje fue convenido entre la Dirección C de la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea y el Gobierno rumano. El profesor Jáuregui se encontraba en la referida ciudad rumana cumplimentando un proyecto de la Comisión Europea como Presidente del Jurado que había de evaluar la candidatura de esta ciudad como Capital Cultural Europea para 2007.

Teniendo en cuenta que el fallecimiento del profesor Jáuregui se produjo en el ejercicio de sus funciones como experto de la Comisión Europea, ¿qué ha hecho un año después la Comisión por la familia del profesor Jáuregui? ¿Qué seguros cubrían su viaje? ¿Qué indemnizaciones tiene previstas la Comisión para casos semejantes?

La Comisión ha expresado su profundo pesar por el inesperado fallecimiento del profesor José Antonio Jáuregui, que participó activamente en algunas actividades comunitarias.

En efecto, la Comisión invitó como experto al profesor Jáuregui a Bruselas en dos ocasiones (el 14 de mayo de 2003 y el 5 de abril de 2004). Esta invitación se cursó con arreglo a la Reglamentación relativa al reembolso de los gastos de viaje y estancia, así como de los gastos incurridos durante el viaje de las personas ajenas a la Comisión convocadas en calidad de expertos⁽¹⁾.

Sin embargo, la visita del profesor Jáuregui a Sibiu (Rumanía) el 5 de junio de 2005, a la que su Señoría hace referencia, se efectuaba a petición de las autoridades rumanas.

Por otra parte, la Comisión desea destacar que, incluso en el caso en que la Comisión hubiera invitado al profesor Jáuregui en calidad de experto de conformidad con la reglamentación mencionada anteriormente, quedaría excluida cualquier indemnización en virtud del artículo 3, que dispone lo siguiente: «Ningún perjuicio moral, material o corporal sufrido por la persona convocada durante el viaje o la estancia en el lugar de reunión podrá ser objeto de recurso contra la Comisión si no es imputable a esta. [… ]»

ES

COMISIÓN EUROPEA

OFICINA DE GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES

SECTOR « EXPERTOS »

REGLAMENTACIóN SOBRE EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE,

ESTANCIA Y OTROS GASTOS DE VIAJE DE LAS PERSONAS AJENAS

A LA COMISIÓN CONVOCADAS COMO EXPERTOS

I. DISPOSICIONES GENERALES

A. Gastos de viaje

Articulo 1

Las personas ajenas a la Comisión que tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje por haber sido convocadas par la Comisión son las siguientes:

a) los miembros, sus suplentes y los expertos que les acompañen, de los Comités permanentes previstos en los Tratados o creados específicamente par un acto de la Comisión o del Consejo, con excepción de los miembros del Comité consultivo previsto en el articulo 18 del Tratado CECA;

b) las miembros, sus suplentes y los expertos que les acompañen. de los Comités consultivos;

c) cualquier persona convocada individualmente para emitir un dictamen profesional y puntual.

Articulo 2

1. El reembolso de 1os gastos de viaje se efectuará según los siguientes principios:

- el itinerario habitual más corto y más económico en ferrocarril en primera clase entre el lugar de partida mencionado en la convocatoria y el lugar de la prestación;

- si el viaje incluye un trayecto nocturno de al menos dos horas de duración entre las 22 h. y las 7 h. se reembolsará el wagon-lit en clase doble;

- precio de las reservas de plazas y del transporte del equipaje necesario, así como suplementos por trenes rápidos.

2. Los gastos de los viajes por barco se reembolsan previa presentación de los justificantes.
No se reembolsan los gastos de transporte de vehículos por barco.

3. Cuando la persona convocada utiliza un vehículo para desplazarse, los gastos de viaje se
reembolsan con arreglo al precio del ferrocarril en primera clase, excluyendo wagon-lit y
cualquier otro suplemento. Si dos o varias personas convocadas con derecho a reembolso
de los gastos de viaje utilizan el mismo vehículo, solo se reembolsará a la persona a cargo
del mismo, en un 150%.

4. Si la distancia por ferrocarril es superior a 400 Km. o si el interesado debe atravesar el
mar, se reembolsan los gastos de viaje en avión en clase turista o, en su defecto, en
business class.

5. No se reembolsan las gastos de taxi.

Articulo 3

Los perjuicios morales, materiales o corporales que sufra la persona convocada en el curso del viaje o la estancia en el lugar de reunión no podrán ser objeto de un recurso contra la Comisión si no son imputables a esta.

La persona convocada que utilice su propio vehículo para sus desplazamientos será plenamente responsable de los accidentes que puedan producirse.

B. Indemnización por estancia

Articulo 4

1. Las personas a que se metiere el artículo 1 podrán recibir una indemnización por gastos de estancia siempre que esté prevista en la convocatoria y que justifiquen no percibir indemnización ni tener derecho a una indemnización similar de otra organización o persona en concepto de la misma estancia. Esta indemnización se pagará directamente a las personas físicas contempladas en el articulo 1.

2. La indemnización por gastos de estancia cubre globalmente todos los gastos en el lugar de la reunión, incluidos los gastos de alojamiento, comidas y desplazamientos.

3. El importe de esta indemnización por jornada de reunión es el mismo que el de las dietas de misión vigentes en Bruselas/Luxemburgo para los funcionarios de los grados A4 a A8 y de categoría B.

4. Si el lugar de partida mencionado en la convocatoria se sitúa a una distancia igual o inferior a 100 Km., no se concederá indemnización.

Articulo 5

1. La indemnización por gastos de estancia también podrá concederse en las casos siguientes:

- cuando la persona convocada no pueda volver a su lugar de partida debido al intervalo entre dos reuniones;

- cuando por razones excepcionales no pueda abandonar el lugar de la reunión

- si la persona convocada ha viajado con un billete de tarifa reducida que le obliga a permanecer un cierto número de días en el lugar de la reunión.

2. El importe global de esta indemnización no podrá ser superior al precio del viaje de ida y vuelta contemplado en el artículo 2.

II. Disposiciones PARTICULARES

Articulo 6

1. Cuando el experto convocado sea de muy alto nivel, si Director General ordenador, por decisión especial y debidamente motivada, podrá autorizar el rembolso de les gastos de wagon-lit en categoría “single’ o, en su defecto, •especjal”, los gastos de avión en primera clase o el reembolso del doble de los gastos de estancia previstos en el articulo 4.

2. El Director General ordenador podrá autorizar, excepcionalmente y previa presentación de los justificantes, el reembolso de los gastos a que deba hacer frente la persona convocada en función de las instrucciones especiales recibidas, para las que la dieta prevista seria insuficiente.

III DISPOSICIONES PARTICULARES APLICASLES A L “EXPERTOS DE REUNIONES DE COMITÉS INSTITUCIONALIZADOS’•

Articulo 7

1. Se consideran ‘expertos de reuniones”, las personas contempladas en las letras a) y b) del artículo 1.

2. Los “expertos de reunión” contemplados en el presente artículo se les reembolsarán los gastos de viaje o estancia en las condiciones previstas para el Comité de que formen parte, en uno de 109 grupos siguientes:

Grupo 1: Expertos gubernamentales y no gubernamentales con derecho a reembolso de las gastos de viaje y estancia;

Grupo 2: Expertos no gubernamentales con derecho a reembolso de los gastos de viajey estancia.

Grupo 3: Expertos gubernamentales y no gubernamentales con derecho a reembolso de los gastos de viaje.

Grupo 4: Expertos gubernamentales con derecho únicamente al reembolso de los gastos de viaje y expertos no gubernamentales con derecho a reembolso de los gastos de viaje y estancia.

3. La Secretaría General, en e marco de sus funciones de coordinación de comités y grupos de expertos, designará el. grupo del que forma. parte el comité.

4. Los Comités solo podrán formar parte del Grupo 1 con la autorización expresa de la Secretaria General de la Comisión y de la Dirección General de Presupuestos.

Articulo 8

1. El número máximo de personas con derecho al reembolso de los gastos es de dos expertos por Estado miembro convocados en calidad de expertos gubernamentales y de 25 expertos convocados a titulo privado⁽²⁾

2. El Director General ordenador suspender la aplicación de esta norma en los casos siguientes:
- organización de una reunión conjunta por decisión motivada;

- reunión de Comité con un número de miembro de miembros. estatutarios superior a dos personas por Estado miembro.

Salvo en los casos mencionados, la suspensión de la norma requerirá el dictamen favorable de la S.G.

3. La convocatoria de funcionarios nacionales, regionales o locales a titulo privado solo podrá hacerse en casos particulares debidamente motivados por el Director General ordenador. La convocatoria deberá ir acompañada del justificante.

IV. LIQUIDACION Y PAGO

Articulo 9

Los créditos consignados en las partidas abiertas en el presupuesto para cubrir los gastos objeto de la presente reglamentación podrán ser gestionados par la propia Dirección General ordenadora del gasto o por la Dirección General de Personal y Administración.

Articulo 10

La orden de pago irá acompañada de un justificante consistente en la solicitud de reembolso firmada por una de las personas contempladas en el articulo 1, que deberá declarar no recibir ninguna indemnización o no tener derecho a ninguna indemnización similar de otra organización o persona en concepto de la misma estancia o del mismo viaje. La solicitud también irá firmada por el Secretario de la reunión -representante del ordenador-, que certificará el número de días de presencia y los gastos de las personas contempladas en et articula 1.

Artículo 11

1. El servicio gestor podrá verificar en todo momento las declaraciones incluidas en las solicitudes de reembolso dirigiéndose a los depositarios de las mismas.

2. Se procederá al cobra de todas las cantidades indebidamente pagadas –

Artículo 12

1. El reembolso de los gastos de viaje se efectuará en ecus, al tipo vigente el primer día del mes de la reunión.

2. Et reembolso de la indemnización por estancia se efectuará en ecus al tipo del primer día del mes siguiente e la decisión de adaptaci6n de las indemnizaciones de misión de funcionarios.

V. DISPOSICIONES FINALES

Articulo 13

1. La presente reglamentación deroga et Reglamento relativo a los gastos de viaje y estancia de las personas ajenas a la Administración, convocadas en calidad de expertos (doc. PV 688 SEC(83)298), vigente desde el 12 de abril de 1983.

2. La presente reglamentación entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de siguiente al de su aprobación por la misión.

Los agricultores suecos me señalan las dificultades que encuentran en la aplicación de la legislación comunitaria y de las normas suecas en materia de pesebres para los cerdos (Directiva 91/630/CEE)⁽¹⁾. Debido a la complejidad del sistema actual, sería conveniente privilegiar un ajuste de la Directiva relativa a la protección de cerdos y simplificar, en el marco del programa Legisla Mejor, el registro de los animales. ¿Ha previsto la Comisión actuar en este sentido?

(EN) La legislación comunitaria para la protección de los cerdos⁽²⁾ exige desde enero de 2003 que los cerdos tengan acceso a materiales como la paja para permitir la conducta exploratoria y mejorar su bienestar.

Los resultados científicos destacan la importancia de dichas medidas.

La Comisión estudia, sobre la base de un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la revisión de algunas provisiones relativas a los tipos de suelos y el espacio para los cerdos de engorde, como se indica en el Plan de acción comunitario para la protección y bienestar de los animales.

La Comisión podría considerar en este contexto la adaptación de los requisitos para el material manipulable.

En cuanto al registro de cifras de mortalidad y tratamientos médicos, existe un amplio consenso en que esta actividad es indispensable para comprobar la correcta aplicación de los requisitos en materia de bienestar, salud y seguridad alimentaria de los animales.

La Comisión concede una gran importancia al proceso «Legislar mejor» y acoge favorablemente todas las contribuciones a tal fin. Sin embargo, en el caso concreto que menciona su Señoría, la Comisión necesitaría información más precisa sobre los aspectos del registro que, en opinión de su Señoría, deberían simplificarse.

¿La legislación de la UE establece la obligación enterrar los cables de alta tensión en las zonas incluidas o que se incorporen por primera vez al llamado «proyecto de ciudad»? En caso afirmativo, ¿qué texto jurídico comunitario establece esta obligación?

(EN) Actualmente no existen normas comunitarias sobre los requisitos técnicos de las redes de transmisión de electricidad. La cuestión a la que hace referencia su Señoría, el tendido de cables de alta tensión, es competencia nacional.

El Consejo adoptó el 12 de julio de 1999 una Recomendación relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)⁽¹⁾.

En este texto se recomienda que los Estamos miembros adopten un marco de restricciones básicas y niveles de referencia para ofrecer un alto nivel de protección de la salud pública.

Esta Recomendación se basa exclusivamente en los efectos comprobados sobre la salud humana. En respuesta a un cuestionario enviado por la Comisión, la situación de la aplicación de la Recomendación en los Estados miembros fue objeto de un informe en 2002⁽²⁾.

A fin de tener en cuenta los nuevos descubrimientos científicos, la Comisión ha pedido a su Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados (CCRSERI)⁽³⁾ que lleve a cabo una amplia revisión del dictamen⁽⁴⁾ del Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente (CCTEMA)⁽⁵⁾ de 30 de octubre de 2001 sobre los posibles efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos, los campos de las frecuencias de radio y las radiaciones de microondas. En vista de la considerable cantidad de nuevas informaciones científicas que han aparecido desde 2001, se prevé que el CCRSERI emita su dictamen en septiembre de 2006.

Por lo tanto, la aplicación de medidas de protección contra los campos electromagnéticos producidos por los cables de alta tensión es un problema que deben resolver las autoridades nacionales competentes utilizando como base la Recomendación comunitaria antes mencionada.

En la Unión Europea la cuestión energética gana importancia no solamente en el debate político sino también por lo que respecta al crecimiento económico, al empleo y al logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. La energía nuclear representa el 30% del consumo de electricidad de la Unión Europea, no produce gases de efecto invernadero y reduce la dependencia de las importaciones. La energía nuclear puede constituir un elemento muy importante de las opciones energéticas de Europa en el futuro, a condición de que se garantice el grado de seguridad nuclear más alto posible y la formación apropiada de los recursos humanos.

Aunque el Parlamento Europeo no participa en la toma de decisiones sobre la utilización pacífica de la energía nuclear, el intercambio de información en el debido momento sobre este ámbito de acción reviste gran importancia. ¿Qué actividades lleva o llevará a cabo la Comisión relativas a la utilización pacífica de la energía nuclear? ¿Prevé la Comisión nuevas medidas? ¿Cómo piensa cooperar con el Parlamento Europeo en este ámbito y para la elaboración de las medidas previstas para lograr una colaboración lo más eficaz posible?

(EN) Corresponde a cada Gobierno nacional evaluar y decidir el papel que debe desempeñar la energía nuclear para satisfacer las preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos. El papel de la Comisión consiste en velar por que todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones contempladas en el Tratado Euratom y el Tratado CE, así como los acuerdos internacionales relativos a la protección radiológica y otros temas relacionados con la energía nuclear, como la seguridad de las personas y las instalaciones, y la no proliferación.

La Comisión considera que la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos de la Unión revisten una enorme importancia para el uso pacífico de la energía nuclear. La asistencia a la investigación y desarrollo en esas materias se lleva a cabo a través del Programa marco de Euratom, tanto mediante acciones directas realizadas por el Centro Común de Investigación, como mediante acciones indirectas realizadas con la colaboración de organizaciones nacionales de investigación.

Por esa razón, la Comisión se mantiene en estrecho contacto con el Parlamento e informa periódicamente a su comisión competente (ITRE) sobre las medidas legislativas vigentes y propuestas relativas a las actividades nucleares con el objetivo común de proteger el bienestar de la UE y de sus ciudadanos.

En relación con el uso de recursos financieros destinados al desmantelamiento de centrales nucleares, la Comisión ya ha elaborado un proyecto de informe anual para 2005 que ha sido presentado al Parlamento.

La Comisión ha transmitido al Parlamento su propuesta de Directiva del Consejo relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado⁽¹⁾.

De forma similar, la Comisión informa periódicamente al Parlamento sobre los avances que ha hecho en sus negociaciones sobre acuerdos para el uso pacífico de materiales nucleares con terceros países.

El Programa de Trabajo de la Comisión para 2006 prevé el denominado informe «PINC», que se basa en las obligaciones que el Tratado Euratom impone a la Comisión⁽²⁾.

¿Describirá la Comisión sus planes para corregir la tendencia al empeoramiento del porcentaje de conformidad con los valores imperativos en las zonas de baño interiores, que este año descendió casi cuatro puntos porcentuales hasta situarse en el 86 %, según revela el último informe de la UE sobre la concesión de banderas azules a las playas?

(EN) Como se explica en el informe anual sobre las aguas de baño de 2006, la tasa de cumplimiento de los centros de baño interiores se incremento en un 3,8 % respecto a los resultados del informe de 2005 (del 85,6 % al 89,4 %). Estas cifras no incluyen los centros de agua dulce eliminados de la lista. En Internet pueden encontrarse estadísticas pormenorizadas que figuran en los informes anuales sobre las aguas de baño⁽¹⁾.

Las cifras del informe señalan que el descenso del 3,8 % en las tasas de cumplimiento para la UE-25 en relación con la temporada anterior se debe en su totalidad al aumento en 3,8 % de centros sobre los que no se tenían muestras suficientes. Habría que señalar que las tasas de cumplimiento de los centros interiores de los 15 antiguos Estados miembros se mantuvieron a un nivel relativamente alto (91.4 %) y estable en comparación con el año anterior. Sin embargo, la situación en los diez nuevos Estados miembros es completamente distinta.

El problema de la falta de muestras de muchos centros de baño se debe a que algunos nuevos Estados miembros redujeron la frecuencia de la toma de muestras en función de los resultados de la calidad del agua antes de su adhesión a la UE. El año pasado, la Comisión informó a los Estados miembros que son necesarios al menos 2 años consecutivos de cumplimiento de las normas en materia de aguas de baño después de la adhesión para poder proceder a una reducción de las muestras. La Comisión espera que se introduzcan cambios en la temporada de baño de 2006.

Un nuevo examen de todos los centros interiores, incluyendo aquellos que no fueron objeto de muestras suficientes, pone de manifiesto que únicamente un 51,3 % de los 731 centros de los cuatro nuevos Estados miembros que presentaron su primer informe este año cumplen con los valores mínimos para la calidad del agua. Por lo tanto existe también un problema en los centros de los nuevos Estados miembros que no cumplen con las normas de calidad del agua.

Cabe señalar que los nuevos Estados miembros no contaron con un periodo transitorio para la aplicación de la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño. Por ello se exigió el cumplimiento de dicha Directiva en la fecha de adhesión.

La Comisión remitirá una carta detallada a los Estados miembros que presentan un porcentaje importante de centros que no cumplen las normas mínimas de calidad del agua y/o centros que no toman suficientes muestras. Se pedirá a los Estados miembros que indiquen las medidas que adoptarán: i) para localizar y eliminar las fuentes de contaminación, y ii) para proteger la salud de los bañistas en aquellas aguas que no cumplen las normas mínimas. De ser necesario, la Comisión estudiará más adelante el inicio de procedimientos de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE.

El bienestar en el trabajo constituye un ámbito central cuyo desarrollo conviene suscitar en la Unión Europea. Las cuestiones relativas a la salud mental han adquirido mayor importancia como factor del bienestar general en el trabajo. Con arreglo a un estudio realizado en los Estados Unidos de América en 1991, el 11 % de los abogados que participaron en el estudio habían pensado en alguna ocasión en el suicidio. En otro estudio realizado ese mismo año se indicaba la tendencia de personas pertenecientes a cien profesiones distintas a contraer una depresión. En este estudio los abogados también eran los más propensos a la depresión.

Según tengo entendido, en la Unión Europea tan solo el Colegio de Abogados de Suecia ha realizado un estudio en el que se examina el bienestar en el trabajo en el sector de la abogacía. Los resultados de ese estudio se publicaron en el nº 3 de 2006 de la revista profesional Advokaten. ¿Se cuenta en la Unión Europea con un estudio análogo sobre la incidencia de los desequilibrios mentales en las diferentes profesiones a escala de la Unión? ¿Se poseen datos estadísticos, en particular, sobre las cuestiones relativas a la salud mental de los trabajadores en el sector jurídico?

(EN) La solución a la falta de datos completos y comparables sobre salud mental y trastornos mentales en la Unión Europea es uno de los retos que menciona el Libro Verde de la Comisión sobre salud mental publicado en octubre de 2005.

En estos momentos, la Comisión no tiene información sobre el nivel de los problemas de salud mental que existen en las diversas profesiones y, en particular, en la jurídica.

Sin embargo, la Comisión desea recordar a su Señoría la aparición de un informe titulado «Tipos de empleo y salud en la Unión Europea». Otro estudio, «El estrés laboral», de 2005 identificaba siete sectores que sufren un mayor riesgo de estrés. Los sectores con mayores niveles de estrés fueron los servicios sanitarios y sociales, y la educación. Estos dos estudios fueron publicados por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de 2002 y aparecen en su sitio web.

Además, en 2007 un módulo ad hoc sobre accidentes en el trabajo y problemas de salud relacionados con el trabajo de la Encuesta sobre Población Activa de Eurostat incluirá algunas variables sobre problemas de salud mental relacionados con el trabajo. De este modo será posible establecer un vínculo entre esta información y la profesión del encuestado. Los resultados de la encuesta se publicarán en 2008.

De forma similar, la futura Encuesta Europea de Entrevistas sobre Salud, que es un instrumento en el ámbito de las estadísticas sobre salud pública, recopilará en los próximos años datos sobre la angustia psicológica y el bienestar mental que puedan relacionarse con distintas profesiones.

Por último, la Comisión está analizando las 250 respuestas que recibió en la consulta sobre el Libro Verde sobre salud mental.

A la hora de decidir el curso que se dará al Libro Verde será necesario evaluar qué acciones deben llevarse a cabo para mejorar las estadísticas sobre salud mental en la UE.

La continua mejora del bienestar en el trabajo es una de las principales preocupaciones de la Unión Europea, como se señala en la Comunicación de la Comisión titulada «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)»⁽¹⁾. En el concepto de bienestar en el trabajo se han incluido las dimensiones físicas, morales y sociales, por lo que no es algo que simplemente pueda medirse a través de la falta de accidentes o enfermedades profesionales. Esto implica que las enfermedades de «nueva aparición», como el estrés, la depresión, la ansiedad, la violencia en el trabajo, el acoso y la intimidación son responsables del 18 % de los problemas relacionados con la salud en el trabajo, y un 25 % de ellos tienen como resultado dos o más semanas de ausencia del trabajo.

¿Cuáles son las conclusiones a las que ha llegado la Comisión con respecto a la utilización de los recursos derivados de la política de cohesión en los países más pobres de la UE durante el último período de programación (2000-2006)?

¿Considera la Comisión que tendría sentido reducir su propia contribución, que a menudo constituye un obstáculo para la utilización de los recursos existentes en los países más pobres?

(EN) La Comisión presentará una primera evaluación de los resultados obtenidos durante el período de programación 2000-2006 en el cuarto informe sobre la cohesión económica y social que publicará en 2007. Este análisis se basará sobe todo en las actualizaciones de las evaluaciones intermedias realizadas por los Estados miembros y la evaluación estratégica puesta en marcha a iniciativa de la Comisión. Las evaluaciones ex-post correspondientes comenzarán en 2007 y terminarán en 2009 en estrecha colaboración con los Estados miembros.

Durante las tres generaciones de programas de cohesión realizados desde 1989 se ha realizado un importante esfuerzo de inversión a escala comunitaria para fomentar el crecimiento, la convergencia, la competitividad y el empleo. A este esfuerzo a escala comunitaria se han añadido recursos, tanto públicos como privados, a nivel nacional, ya que las normas prevén que los programas europeos siempre deben ser cofinanciados por los Estados miembros. Si no se hubiesen llevado a cabo programas comunitarios de cohesión, es muy poco probable que se hubiese mantenido un esfuerzo semejante con la misma coherencia y determinación a lo largo de los años.

La experiencia señala, más bien, que la debilidad de los presupuestos nacionales de los Estados miembros más pobres, el inferior desarrollo de los mercados de capitales, un nivel más bajo de cualificaciones de la población activa y la falta de infraestructuras habrían hecho mucho más difícil mejorar los resultados económicos. El resultado probable habría sido un crecimiento de las diferencias dentro de la Unión.

Ahora bien, la cofinanciación nacional sigue siendo un principio clave de la política de cohesión para velar por la titularidad común sobre las estrategias y programas, y por la responsabilidad de los Estados miembros y regiones participantes de gestionar correctamente los fondos comunitarios. La Comisión desea señalar que los porcentajes máximos de cofinanciación para los programas del próximo período 2007-2013 aumentarán considerablemente respecto al período actual. Por ello, la Comisión considera que no es oportuno reducir aún más la movilización obligatoria mínima de recursos nacionales para cofinanciar la política de cohesión.

¿A cuánto asciende el salario que recibe por término medio un funcionario de la Unión Europea, jubilado de conformidad con el artículo 22 del anexo XIII del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea?

¿A cuánto asciende el salario que recibe por término medio un funcionario de la Unión Europea, jubilado de conformidad con el artículo 23 del anexo XIII del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea?

¿Cuántos funcionarios han sido cesados de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de los funcionarios?

(FR) En 2005, el número de pensiones de jubilación pagadas al 31 de diciembre era de 7 472⁽¹⁾. De estas 7 472 pensiones, 6 942 corresponden a funcionarios que se han jubilado al alcanzar la edad de jubilación establecida en el artículo 22 del Anexo XIII del Estatuto de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas. La pensión media de estas personas se sitúa en torno a 4 800 euros netos⁽²⁾ y a 5 120 euros con subsidios familiares incluidos.

A la misma fecha, 530 pensiones, corresponden a funcionarios que se han jubilado antes de alcanzar la edad de jubilación establecida en el artículo 23 del Anexo XIII del Estatuto de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas. La pensión media de estas personas se sitúa en torno a 3 100 euros netos⁽³⁾ y a 3 480 euros con subsidios familiares incluidos.

A ningún funcionario se le aplicó lo establecido en el artículo 41 del Estatuto.

Me he dirigido a la Comisión en varias ocasiones y a través de distintos procedimientos sobre el tema de la solución que, de manera urgente, hay que darle al problema de los frutos rojos. Los diputados Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski y Janusz Wojciechowski también han emprendido acciones semejantes.

La Comisión ha visitado Polonia en dos ocasiones para estudiar la situación sobre el terreno. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural viajó a Polonia del 9 al 12 de mayo de 2006.

Por desgracia, los agricultores polacos no han recibido ayuda alguna hasta el momento, ni nosotros, diputados del Parlamento Europeo, el informe de los representantes de la Comisión que viajaron a Polonia.

Tenemos la impresión de que la Comisión no tiene intención de resolver el problema de los productores europeos de frutos rojos, e incluso de que se están protegiendo los intereses de los productores chinos y marroquíes.

En relación con lo expuesto, ¿tiene la Comisión intención de tomar medidas proteccionistas, y, en caso afirmativo, cuáles y cuándo?

(EN) De conformidad con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Ministros relativas a la simplificación de la organización común del mercado (OCM) de frutas y hortalizas, la Comisión adoptó el 28 de junio de 2006 un informe que contiene un análisis del mercado comunitario de frutas blandas destinadas a su procesamiento.

La elaboración de este análisis requirió el envío de misiones a los Estados miembros interesados para recopilar la información pertinente. Se enviaron misiones a Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Polonia (dos misiones) y Reino Unido.

Este análisis abarca cuatro importantes subsectores comunitarios: el de la grosella negra, el de la cereza, el de la frambuesa y el de la fresa.

La Comisión ha identificado los tres principales factores que han provocado problemas en este sector:

Las importaciones de fresas congeladas - están en curso investigaciones antidúmping sobre las importaciones provenientes de China. Aún no es posible decir algo sobre el resultado de estas investigaciones.

El exceso de producción respecto a las necesidades del mercado (grosella negra, cerezas ácidas). Los programas de desarrollo rural pueden utilizarse para facilitar la reconversión de explotaciones hacia otras actividades. Por lo que respecta a la demanda, se puede recurrir a la promoción y medidas de desarrollo rural para incrementar el consumo y las posibilidades de exportación.

La competitividad del sector es limitada debido a la fragmentación de las cadenas de producción. En particular, la fragmentación de la producción y la comercialización a la industria constituye una pesada carga. Los instrumentos con que cuentan las OCM de frutas y hortalizas, y los programas de desarrollo rural pueden movilizarse para promover la competitividad de este sector.

A fin de mejorar el seguimiento de la situación económica del sector a escala comunitaria podría preverse la celebración de reuniones periódicas de expertos en Bruselas, como ya se hace en el caso de otras frutas y hortalizas.

Los resultados del informe se tendrán debidamente en cuenta en el marco de la reforma de las OCM de frutas y hortalizas.