Acta literal de los debates

Jueves 7 de septiembre de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. OUZKÝ
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.05 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Transferencias de créditos: véase el Acta

4. Utilización de los datos personales de los pasajeros - Acuerdo UE/EE.UU. sobre la utilización de los datos de los registros de nombres de los pasajeros (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la declaración de la Comisión sobre la utilización de los datos personales de los pasajeros

y

- el informe de la señora In 't Veld, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre las negociaciones para un acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la utilización de los datos de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) con miras a prevenir y combatir el terrorismo y la delincuencia transnacional, incluida la delincuencia organizada (2006/2193(INI)) (A6-0252/2006).

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, como usted sabe, el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado que la decisión del Consejo y de la Comisión sobre la transferencia de los datos del Registro de nombres de los pasajeros (PNR) a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos tiene por objeto proteger la seguridad pública y atañe a actividades públicas en el ámbito del Derecho penal. Por tanto, estas actividades están excluidas del ámbito de la Directiva europea sobre protección de datos y del artículo 95 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, aunque originalmente los datos procesados sirvieran para el suministro de servicios comerciales.

La situación general con respecto a los fundamentos jurídicos pone de manifiesto la necesidad de un sistema único de fundamentos jurídicos para asuntos de justicia, libertad y seguridad. Es lo que yo llamo la «comunitarización» del denominado tercer pilar; por ello, he pedido al Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior que establezca un marco jurídico claro para los asuntos de justicia, libertad y seguridad promoviendo el recurso a la llamada cláusula pasarela, el artículo 42. Sé que el Parlamento Europeo comparte el punto de vista de la Comisión sobre este asunto de gran importancia, que volveré a plantear durante la reunión informal del Consejo en Tampere dentro de unos días.

Pienso que este nuevo acuerdo que se está negociando con los Estados Unidos deberá tener el mismo contenido e incluir el mismo nivel de garantías en lo concerniente a la seguridad jurídica de las compañías aéreas, al respeto de los derechos humanos, en particular el derecho a la intimidad, y a los fines para los que se puedan utilizar los datos del PNR. Además, podría integrar los compromisos vigentes, tal y como se solicitó en el proyecto de recomendación adjunto a la decisión de la Comisión que se anuló, y que los Estados Unidos aplican actualmente.

Como saben, estos compromisos fijan las normas y procedimientos que restringen efectivamente la utilización de los datos del PNR por parte de las autoridades estadounidenses. Con el fin de no poner en peligro la seguridad pública, conviene hacer todo lo posible por garantizar que este acuerdo sustituya al que está actualmente en vigor en el momento en que expire, a más tardar el 30 de septiembre. La Comisión está haciendo todo lo posible por entablar negociaciones con los Estados Unidos cuanto antes. De conformidad con el artículo 24 del Tratado UE, las negociaciones corren a cargo de la Presidencia del Consejo, asistida por la Comisión. Está previsto que las negociaciones empiecen mañana en Bruselas. La Presidencia, que como he dicho se encarga de las negociaciones, ha transmitido a las autoridades estadounidenses un borrador de texto.

Conozco su solicitud de que la Presidencia ponga a su disposición el texto del proyecto de acuerdo. Por mi parte no tengo inconveniente y le puedo garantizar que la Comisión, a su vez, tiene la intención de cumplir las obligaciones que contrajo al amparo del Acuerdo Marco entre nuestras dos instituciones, por lo que mantendré informado al Parlamento a lo largo de las negociaciones. Es desde luego mi intención informar al Parlamento de forma regular sobre este tema y, como probablemente saben, participaré en la reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la semana que viene, el 12 de septiembre.

Por último, quiero recordarles que en el caso de que el 1 de octubre no haya nuevo acuerdo, las compañías aéreas que vuelan de Europa a los Estados Unidos podrían ser objeto de acciones legales por parte de los ciudadanos sobre la base de las legislaciones nacionales divergentes en materia de transmisión de datos del PNR a los Estados Unidos. Por ello, es extremadamente importante garantizar la seguridad jurídica mediante un acuerdo que podría alcanzarse a escala europea para el 1 de octubre, manteniendo un alto grado de seguridad así como la protección de la intimidad de nuestros ciudadanos.

  Sophia in ‘t Veld (ALDE), ponente. – (EN) Señor Presidente, hoy debatimos el acuerdo con los Estados Unidos sobre el Registro de nombres de los pasajeros (PNR). Somos plenamente conscientes del hecho de que este asunto solo se puede debatir en un contexto más amplio, particularmente a la luz de la información de anoche según la cual el Presidente Bush ha admitido finalmente que los campos secretos de detención de la CIA existen realmente. Debemos considerar este asunto en el contexto más general de los métodos utilizados para combatir el terrorismo, tanto los que queremos emplear en Europa en la lucha antiterrorista como los que utilizan nuestros amigos y aliados, los Estados Unidos.

El caso de los campos de detención y los vuelos de entrega extraordinaria de la CIA y el caso del acuerdo sobre el PNR demuestran claramente la necesidad urgente de que Europa hable con una sola voz. Necesitamos urgentemente una política europea común en este terreno. Acojo con satisfacción las palabras del Comisario Frattini, ya que, en mi opinión, una política europea común no es la que diseñan unos cuantos ministros reunidos a puerta cerrada en encuentros informales. Una política de la UE es una política establecida mediante un procedimiento democrático que implique un control parlamentario, es decir, por la vía de la codecisión con el Parlamento. Puede contar usted por tanto con mi apoyo incondicional a la propuesta sobre la cláusula pasarela. Espero que los Gobiernos también se den cuenta ahora de lo urgente que es este asunto.

En lo que respecta al PNR propiamente dicho, debemos distinguir tres fases. La primera es la renegociación a corto plazo del acuerdo vigente, que urge mucho y debe concluir antes de finales de mes. He oído rumores que parecen indicar que los Estados Unidos no tienen mucha prisa en concluir el acuerdo y en última instancia podrían preferir realmente los acuerdos bilaterales. Por ello es muy importante que todos los países europeos, así como las instituciones de la UE, cierren filas y adopten una postura unida.

Acojo con sumo agrado la actitud mucho más abierta que han mantenido esta semana el Consejo y la Comisión. Es la mejor manera de progresar. Sería catastrófico para la Unión Europea y para la protección de los datos personales de nuestros ciudadanos que no se llegara a ningún acuerdo.

En lo que se refiere a este acuerdo, todos parecemos coincidir en que sería preferible no tocar lo esencial del mismo. Hubiéramos preferido mejorar el acuerdo, pero los Estados Unidos prefieren ir en otra dirección. Pienso por tanto que lo mejor que podemos esperar en este momento es quedarnos con el mismo acuerdo pero basado en otro fundamento jurídico.

No obstante, durante las negociaciones deberán insistir ustedes en que los compromisos establecidos en el acuerdo vigente se cumplan sin demora, ya que las evaluaciones realizadas han demostrado que aunque exista un acuerdo, este no se aplica plena y correctamente. Yo señalaría en particular el paso del sistema «pull» de acceso directo al sistema «push» de transmisión, necesario desde hace tiempo; la necesidad de informar a los pasajeros, que es fundamental pero por lo visto aún no se cumple, y la limitación de los fines, cuestión que es más difícil aunque absolutamente crucial. Espero que hagan ustedes lo posible por que los compromisos se incluyan en el acuerdo y no en una especie de apéndice que no sea jurídicamente vinculante.

En lo que respecta al medio y largo plazo –es decir, la revisión posterior a 2007–, esperamos realmente que la cláusula pasarela se apruebe, que el Parlamento tenga asegurada la codecisión y que todo se lleve a cabo en el marco de un procedimiento democrático. En este punto, el Parlamento insistirá en la proporcionalidad, lo que significa que hay que compartir datos porque todos queremos un mundo más seguro y todos queremos luchar contra la plaga del terrorismo, pero guardando las proporciones. No debemos facilitar más datos de los estrictamente necesarios para conseguir nuestro objetivo. Huelga decir que debe haber una protección suficiente de los datos personales y garantías de procedimiento. Eso está muy claro.

Una de las propuestas del informe, que afortunadamente cuenta con el apoyo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, es que iniciemos un diálogo parlamentario transatlántico. Considero que hay que cerrar esta brecha en la relación con los Estados Unidos. Debemos luchar juntos contra el terrorismo. No puede ser que nosotros les llamemos «vaqueros» y ellos nos llamen «cobardes», y que estemos profundamente divididos.

Al mismo tiempo circulan propuestas relativas a una política europea de PNR. No me gusta nada que lo hayamos sabido a través de los medios de comunicación. Hemos oído que esa idea se formuló en una reunión informal en Londres hace un par de semanas. Esa no es la manera de avanzar. Si tiene que haber tal política, nos gustaría que se presentara aquí en el Parlamento.

Por último, quiero hacer un llamamiento muy urgente al Consejo para que adopte las disposiciones pertinentes para la protección de datos al amparo del tercer pilar, de acuerdo con las orientaciones expuestas por nuestra ponente, la señora Roure.

(Aplausos)

  Carlos Coelho, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PT) Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, tenemos el firme objetivo de prevenir y combatir el terrorismo, porque esa amenaza ya se ha materializado en algunos de nuestros Estados miembros y pende en todo momento sobre cada uno de nosotros. Queremos cooperar con otros países en la lucha contra el terrorismo, entre ellos los Estados Unidos de América.

En este momento, una de las mayores preocupaciones de nuestros ciudadanos es la seguridad y, a ese respecto, cuánto más unida esté la Unión, más efectiva será su respuesta. Por tanto, es preferible que haya un acuerdo entre la Unión y los Estados Unidos de América que no 25 acuerdos bilaterales. Esto otorgará más fuerza a la posición de la Unión en lo que respecta no solo a la prevención y la lucha contra el terrorismo, sino también a la protección de los derechos fundamentales.

Debemos garantizar que después del 1 de octubre de 2006 no haya ningún vacío legal a escala europea en lo que concierne a los datos de los pasajeros. El señor Frattini tomó la decisión correcta, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia, de denunciar el acuerdo vigente y entablar negociaciones sobre un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha apoyado sin vacilar la solicitud de la Comisión al Consejo de un mandato para reabrir las negociaciones. Sabemos que se trata de un acuerdo a corto plazo para llenar el vacío entre el acuerdo caduco y un nuevo acuerdo a largo plazo, que podrá y deberá realizarse tan pronto como sea posible.

En lo que respecta a las futuras negociaciones, deseo hacer hincapié en los acuerdos con Australia y Canadá, que consideramos aceptables en cuanto que son proporcionados, establecen límites adecuados con respecto al ámbito de aplicación, la duración y la cantidad de datos y están sujetos al control de una autoridad judicial.

Apoyo por tanto la idea de iniciar un diálogo antes de finales de año entre la UE y los Estados Unidos, Canadá y Australia con objeto de preparar conjuntamente la revisión de 2007 y establecer normas comunes para la transmisión de los datos de los registros de nombres de los pasajeros.

Asimismo, acojo con satisfacción el deseo expresado por el señor Frattini de mantener una estrecha colaboración con el Parlamento. Espero que ese deseo se plasme en medidas prácticas y no quede en mera retórica, y que el Consejo siga el ejemplo.

  Martine Roure, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, en primer lugar deseo prestar en nombre de mi Grupo, por supuesto, mi pleno y absoluto apoyo al informe de mi colega, la señora In't Veld.

Queremos una estrategia en dos etapas: la conclusión de un acuerdo intermedio antes del 30 de septiembre para garantizar la continuidad y no ocasionar molestias a los ciudadanos europeos que viajen a los Estados Unidos, y la negociación de un nuevo acuerdo mejor fundamentado durante la revisión inicialmente prevista para 2007. Por tanto, se requieren dos etapas.

No obstante, el acuerdo que se celebre antes de finales de mes no debe negociarse a toda prisa. El señor Frattini nos propone mantener el mismo texto cambiando únicamente el fundamento jurídico denunciado por el Tribunal. Solo podemos aceptarlo con dos condiciones. En primer lugar, el Parlamento Europeo debe estar plenamente informado de las conversaciones en curso con los norteamericanos, y participar en ellas políticamente. Por otra parte, también los Parlamentos nacionales deben estar informados. Después debemos tener la certeza de que todas las declaraciones de compromiso sean efectivamente respetadas y aplicadas por las autoridades estadounidenses. Pienso, en particular, en la posibilidad de pasar del sistema PULL al sistema PUSH, como prevé el Compromiso 13, y en la instauración de procedimientos de recurso judicial en caso de abuso, como prevén los acuerdos concluidos con Australia y Canadá. A más largo plazo, el nuevo acuerdo de 2007 ha de ofrecer a los nacionales europeos el mismo nivel de protección de su privacidad que el garantizado en Europa, y esto es en efecto un requisito mínimo.

Por último, el señor Frattini presentó, en la cumbre informal de Londres, varias propuestas concretas en relación con un PNR europeo y un sistema de perfil positivo biométrico sobre una base voluntaria. Quisiera saber cuál era el estatuto exacto de esa cumbre, en la que se debatieron importantes propuestas sin que el Parlamento fuera informado. Con respecto a un posible PNR europeo, está claro que no podremos aceptar propuestas que permitan eludir la legislación comunitaria ni las legislaciones nacionales sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos. Tampoco podremos aceptar un procedimiento que eluda el papel y la función democrática de los Parlamentos nacionales en este terreno. Por otra parte, les recuerdo que no se podrían aceptar propuestas de la Comisión sobre estos temas si no se adopta la decisión marco sobre la protección de los datos en el contexto del tercer pilar. Mi colega, la señora In't Veld, lo ha recordado, es un aspecto que no perdemos de vista.

  Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, no está claro que los datos del PNR se estén utilizando actualmente en los Estados Unidos para los fines previstos en el acuerdo original, es decir, por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, puesto que el sistema CAPPS II y el programa Vuelo Seguro ya no existen.

En su artículo de hace diez días, el Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Michael Chertoff, se quejaba de que se encontraba maniatado y de que no podía utilizar todos los recursos disponibles. Quiere cotejar los datos del PNR con los de los servicios de inteligencia, identificar a los viajeros de alto riesgo que suponen «amenazas indeterminadas» y compartir información de forma rutinaria con otros servicios de seguridad interior, como el departamento de inmigración, el FBI o, naturalmente, «nuestros aliados en Londres». Por tanto, no necesitamos un sistema europeo de PNR: nos llegará por la puerta trasera.

La visión del señor Chertoff consiste en buscar datos y elaborar perfiles sobre la base de conductas pasadas y supuestos comportamientos futuros así como de estereotipos de terroristas potenciales. Esto nos lleva mucho más allá de un simple cotejo de nombres en listas de control, para el que los datos APIS –es decir, el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el número de pasaporte– son más que suficientes. No hemos empezado a abordar aún los riesgos de esto, por lo que precisamos una explicación exhaustiva del uso que hacen los Estados Unidos de los datos del PNR y de las técnicas de elaboración de perfiles que se utilizan. Necesitamos disposiciones estrictas y jurídicamente vinculantes que limiten los fines y el acceso.

Se plantean preocupaciones similares en el contexto de los planes de la UE relativos a un PNR europeo y a la llamada «elaboración de perfiles positivos». Al amparo de la Directiva de la UE de 2004 sobre el sistema APIS, los Gobiernos se arrogaron el poder de utilizar datos personales con fines de mantenimiento del orden de acuerdo con su legislación nacional y conforme a las disposiciones sobre protección de datos contempladas en la Directiva 95/46/CE. La sentencia del Tribunal de Justicia sobre el Acuerdo PNR con los Estados Unidos ha demostrado sin duda que la Directiva 95/46/CE no puede ser el fundamento jurídico para el uso de datos personales con fines de seguridad. Por tanto, necesitamos la medida del tercer pilar. ¿Se lo ha planteado la Comisión?

Coincido con el Comisario Frattini y la señora In ´t Veld en que precisamos una política comunitaria coherente. Si examinamos este asunto del PNR, el escándalo SWIFT o las entregas de la CIA, veremos la pauta de una Europa desunida: los Estados miembros corretean por ahí como gallinas sin cabeza a merced de la política de «divide y vencerás» de los Estados Unidos. Ni siquiera somos un socio digno de confianza: no ratificamos acuerdos como los protocolos de Europol que permitirían la cooperación con el FBI. Somos ineficaces, no funcionamos y abandonamos a nuestros ciudadanos. Debemos poner fin a esta incoherencia y conseguir una competencia comunitaria clara y asertiva, que a la vez salvaguarde nuestra intimidad. ¿Podemos confiar en la Comisión a este respecto?

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, pienso que la gran mayoría de los diputados a esta Cámara no se oponen a que se refuerce la seguridad en los ámbitos que resulten necesarios, ni es hostil a los Estados Unidos o a una cooperación razonable con ese país en los ámbitos en los que hemos cooperado en el pasado y en los que tendremos que cooperar también en el futuro.

Los atentados ocurridos en grandes ciudades europeas nos confirman que la Unión Europea y los Estados Unidos deben cooperar, en particular en asuntos de seguridad, pero lo que pedimos –y esa es la crítica más importante que formularían la mayoría de diputados a esta Cámara– es que el acuerdo sobre la transmisión de los datos de los pasajeros, en el marco de la guerra contra el terrorismo, debe ser racional y coherente. Lo que se ha presentado en esta Cámara no puede describirse en esos términos.

Diputados de varios Grupos ya se han referido a los problemas esenciales que plantea el acuerdo, a saber, en primer lugar, la utilización que se hará de los datos y, en segundo lugar, el fundamento jurídico que sustentará la transmisión de los datos. Mi Grupo no es el único en albergar dudas importantes acerca de ambos temas. Los datos deberán utilizarse exclusivamente con el propósito de luchar contra el terrorismo y con ningún otro fin; por último, resulta extremadamente problemático, desde el punto de vista jurídico, que los ciudadanos de la Unión Europea no reciban el mismo trato que los ciudadanos estadounidenses. No podemos aceptar que nuestros ciudadanos disfruten de menos derechos que los ciudadanos estadounidenses.

Necesitamos un acuerdo coherente y ecuánime que garantice la protección de los datos y limite deliberadamente su utilización al combate contra el terrorismo. Los fines políticos no deben considerarse superiores a los derechos fundamentales. Lo que subyace a los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea es inalienable y vemos con gran preocupación cómo se van erosionando poco a poco.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, mañana comienzan las conversaciones y lo paradójico es que no conocemos siquiera el fundamento de las mismas. El Parlamento Europeo está excluido de esas conversaciones sobre un problema que afecta a todos los ciudadanos europeos. Esta es la primera paradoja del caso. Mi Grupo está totalmente acuerdo con lo que propone la señora In 't Veld, en especial la necesidad de pasar a un sistema push para un acuerdo a corto plazo y de evitar la transferencia directa de datos a las autoridades judiciales para un acuerdo a medio plazo.

Comprendo que es necesario utilizar como base el acuerdo anulado por el Tribunal, entre otras cosas porque los Estados Unidos aún piden más a Europa. Pero hay que reflexionar también sobre lo absurdo de algunas propuestas contenidas en el acuerdo anulado por el Tribunal. Pienso en los 34 datos que hay que transferir a los Estados Unidos, cuando sabemos perfectamente que en su mayoría son inútiles, por testimonio directo de las autoridades norteamericanas, que solo utilizan 7 o 8 de ellos. Así pues, habría que reflexionar también sobre la necesidad de instituir una protección real y jurídicamente vinculante de los datos de los pasajeros, porque proteger los datos de los ciudadanos europeos es un deber de las instituciones.

El control sistemático de los ciudadanos en nombre de la lucha contra el terrorismo constituye una distorsión autoritaria del Estado de Derecho y, paradójicamente, de ese modo contribuimos a lograr precisamente lo que quieren los terroristas. El control sistemático de los ciudadanos es fruto de la misma actitud autoritaria que las cárceles secretas de la CIA que el Presidente Bush por fin decidió ayer anunciar al mundo en vea de seguir negando la evidencia. Esperemos que también los países europeos dejen de tratar de superar a los Estados Unidos. Debemos evitar la adopción de la misma actitud en esta materia y el deseo de ser más extremistas que los Estados Unidos en el control de los ciudadanos en nombre de esta falsa guerra contra el terrorismo.

(Aplausos)

  Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, este informe señala que el Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en este ámbito se convertirá en la norma de referencia, tanto para la legislación europea como a escala mundial. ¡Pues vaya norma de referencia! Ya ha generado confusión. El Tribunal de Justicia Europeo ha anulado el acuerdo original, pero el acuerdo que lo sustituye solo difiere del anterior en su fundamento jurídico.

Este Parlamento se opuso al acuerdo original entre los Estados Unidos y la Unión Europea porque consideraba que su fundamento jurídico no era el correcto y porque tampoco lo aprobaba en cuanto al fondo. Sin embargo, a pesar de que el Parlamento ganó aparentemente el litigio ante el Tribunal de Justicia Europeo, en el fondo nada ha cambiado. Se cambiará el fundamento jurídico, pero puesto que el Tribunal de Justicia no hizo ningún comentario sobre el fondo, nada ha cambiado en términos reales, excepto, claro está, el hecho de que el Tribunal de Justicia no tendrá competencia alguna sobre el nuevo acuerdo.

Está claro que el Consejo seguirá adelante con este acuerdo en su forma original, cambiando simplemente el fundamento jurídico y haciendo caso omiso del Parlamento en este proceso. Por tanto, ¿por qué sigue dedicándose el Parlamento en vano a redactar, debatir y votar este informe? El Consejo no le hará caso.

La lucha interna en el seno de las instituciones europeas ha dado lugar a una cancelación prematura del acuerdo original. Todo este proceso ilustra la naturaleza caótica de la Unión Europea. Esto demuestra de nuevo claramente que el Reino Unido sacaría mayores ventajas si organizara estos acuerdos y arreglos internacionales sobre una base bilateral.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, resulta conmovedor, por supuesto, y al mismo tiempo correcto y adecuado que haya preocupación por las libertades civiles, como demuestra este debate, y quiero aprovechar este foro para decir que no veo que se defiendan mucho las libertades civiles cuando, por ejemplo en mi país, Bélgica, los servicios de seguridad del Estado pinchan los teléfonos de diputados al Parlamento elegidos democráticamente, como fue el caso de Filip de Winter, presidente de nuestro Grupo en el Parlamento flamenco.

Es lamentable que los mismos diputados a esta Cámara que aprovechan la oportunidad de pegar en los nudillos al «Gran Satán» de Washington no se hayan manifestado cuando se han violado los derechos civiles de parlamentarios electos, nada menos que en Bruselas, en el corazón de la Unión Europea; por tanto no nos hagamos las doncellas injuriadas.

Es evidente que deben salvaguardarse en la medida de lo posible los derechos de los europeos y de los pasajeros, pero los que aún dudan de la utilidad de un control más estricto del tráfico aéreo internacional después de los atentados terroristas frustrados de este verano, se comportan en realidad con una ingenuidad que podríamos calificar de casi criminal. Lamentablemente, ese es el precio que debemos pagar para una mayor seguridad y una mayor libertad.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, ahora que tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, nuestra prioridad es evitar el vacío derivado de la falta de acuerdo, ya que sus repercusiones serían negativas, no solo para las líneas aéreas, sino también para los pasajeros, en el sentido de que incluso podrían producirse denegaciones de aterrizaje o, en cualquier caso, tiempos de espera más largos para los pasajeros que vuelen a los Estados Unidos, ya que ahora deberán facilitar la información en el aeropuerto.

Por ello apoyamos –y yo lo hago personalmente– la intervención del Comisario Frattini en estas negociaciones, que deberán incluir un fundamento jurídico modificado de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia, pero manteniendo al mismo tiempo la esencia del acuerdo anterior, de forma que se incluya precisamente todo aquello que propusimos entonces y todo lo que se ha añadido.

Para los que no hayan leído el acuerdo, permítanme decirles que incluye la reducción de las unidades de datos a 34, la restricción de su utilización, la obligación de informar a los pasajeros, la obligación de transmitir los datos a un único departamento, a saber, el Departamento de Seguridad Interior, el derecho de revisión así como el derecho de presentar quejas y recursos, por no mencionar la obligación de notificar a la Unión Europea toda sospecha de actividad terrorista; en pocas palabras, nos aporta una mayor seguridad, y esto es lo que debemos aprovechar ante todo.

Esa es la razón por la que considero necesario apoyar al Comisario Frattini y alentarle a que se embarque en estas negociaciones, en las que, por supuesto, y de eso no cabe duda, deberá conseguir una solución para aquellos asuntos en los que nuestras exigencias aún no se hayan cumplido del todo, si bien lo fundamental es que no debemos irnos sin un acuerdo: digo fundamental y quiero decir en interés de la seguridad de nuestros ciudadanos, en interés de los que viajan en avión y en interés de las compañías aéreas.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, el tema de la transmisión de datos personales de los ciudadanos europeos mediante el PNR es un tema que, como es natural, preocupa enormemente al Parlamento. Teniendo en cuenta la seriedad con la que deben tratarse las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y a la lucha contra el terrorismo, ¿puede alguien decirnos exactamente en qué consistió la reunión informal que tuvo lugar en Londres a mediados de verano, a la que asistieron algunos Ministros de los Estados miembros e incluso la Comisión Europea y en la que, al parecer, se propusieron nuevas y estrictas medidas antiterroristas? ¿Con qué competencias se celebró? ¿Quién convocó la reunión? ¿Quién autorizó a los participantes a emitir un comunicado de prensa, «supuestamente» con las nuevas medidas europeas necesarias?

En segundo lugar, en lo que respecta al acuerdo sobre el PNR propiamente dicho, le ruego, señor Vicepresidente, que nos informe de su contenido como prometió expresamente. ¿Hay algún cambio concreto, y sobre todo, serán vinculantes los compromisos voluntarios de los Estados Unidos? Usted dijo aquí que «podrían» llegar a ser vinculantes y no que lo serían.

En los últimos días, los Estados Unidos parecen evitar la negociación y amenazar con no firmar un acuerdo bilateral para concluir en su lugar acuerdos bilaterales aún peores sobre los datos del PNR con los Estados miembros. En otras palabras, nos están chantajeando. ¿Por qué toleran ustedes ese chantaje por parte de un país que admitió hace poco tener cárceles secretas en todo el mundo, incumpliendo por todos los conceptos el Derecho internacional?

Por último, ¿podría hacer el favor de contarnos, señor Vicepresidente, la historia de los PNR europeos que, al parecer, debatieron ustedes en Londres? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es proporcionado? ¿Será una medida eficaz cuando incluso ahora los Estados Unidos se niegan a decirnos si la utilización de los datos PNR era necesaria o eficaz? ¿Cómo habría evitado que los ciudadanos británicos o daneses fueran acusados ahora de ser presuntos colocadores de bombas? ¿Cómo podría haber evitado el 11 de Septiembre o los atentados de Londres y Madrid?

Por todo ello, el Parlamento necesita ser informado inmediatamente. Nadie dice aquí que no sean necesarias una política y una cooperación antiterroristas. Pero la ley es clara: en una democracia, las medidas deben ser necesarias, efectivas y proporcionadas. Los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo tienen que poder opinar.

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Señor Presidente, estoy convencido de que el Consejo, que no está presente, aunque el Vicepresidente esté aquí en representación de la Comisión, se dará cuenta con el tiempo de que esta Cámara, cuyos Grupos se han unido para hablar con una sola voz, sí es consciente, aunque en diferentes grados, de que debemos negociar con los Estados Unidos, en igualdad de condiciones, sobre los acuerdos relativos a la protección de datos, y de hecho exige que se lleven a cabo tales negociaciones. Esto debería dar que pensar a las demás instituciones.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no nos ha ayudado mucho. Si bien nos dice que hemos elegido un fundamento jurídico equivocado, no nos dice cómo podríamos haberlo hecho mejor, aunque es cierto que este no es el cometido del Tribunal. Somos nosotros los que debemos ir con cuidado a la hora de actuar.

Quisiera comentar algo acerca de lo que debemos hacer para poner esto en práctica. Pienso que si seguimos actuando como lo estamos haciendo, se nos avecinan muchos problemas. Para empezar, aparte de que deberíamos actuar como Unión Europea en lugar de que los diferentes Estados nacionales actúen cada uno por su cuenta, quisiera expresar mis dudas acerca de nuestra competencia jurídica sobre este asunto. Debo decir honestamente que no estoy seguro de que tengamos tal competencia. Aunque así fuera, se trata de saber si podemos conseguirlo en el plazo previsto para su ejecución.

En realidad, tanto si optamos por el tercer pilar como por una combinación del segundo y el tercer pilar para seguir adelante con el proceso, nos encontraremos con dificultades de aplicación en la mayor parte de los Estados miembros. Tendremos problemas con sus constituciones; puedo decir que ese es el caso de Alemania, y estoy seguro de que la mayoría de los Estados miembros encontrarán obstáculos en su derecho constitucional a la hora de ejecutar este acuerdo, por lo que, ante todo, cada Estado miembro deberá establecer las condiciones necesarias.

Asimismo, tendremos problemas en lo que respecta a las leyes de protección de datos, ya que la Unión europea no tiene, exceptuando el primer pilar, medios efectivos de protección de datos, lo que significa que serán los Estados miembros los que tengan que preparar el terreno en cuanto se refiere a la protección de datos y al proceso legislativo.

Me temo, por consiguiente, que la entrada en vigor se verá un tanto demorada por los casos que se planteen, bien ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien ante el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, siempre que esta sea una posibilidad legal, lo que dependerá de la situación jurídica, o bien ante los tribunales constitucionales nacionales; por tanto, deberíamos, dejando de lado de momento las consideraciones sobre el fondo, tomar las máximas precauciones cuando tratemos los aspectos formales, a fin de ahorrarnos situaciones embarazosas que no nos podemos permitir en el ámbito internacional, y menos aún en relación con esta cuestión.

Para terminar, debemos tener en cuenta los daños económicos considerables que supondría el hecho de que los Estados Unidos denegaran el aterrizaje a nuestras compañías aéreas si no firmamos ese acuerdo; también quisiera preguntar por qué nadie en la Unión Europea ha pensado en recordar este dato a nuestros socios trasatlánticos.

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente, queremos afirmar alto y claro que esta Cámara hizo bien en pronunciarse en contra del acuerdo sobre los datos personales de los pasajeros de líneas aéreas; el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya señaló en su sentencia que el fundamento jurídico utilizado es erróneo y cabe lamentar que, por ello, no se haya pronunciado sobre el fondo. Añadiré que pienso que la directiva sobre la retención de datos podría muy bien sufrir idéntica suerte.

La sentencia de los jueces implica, o requiere, ahora la conclusión de un nuevo acuerdo, en un plazo muy corto, para evitar así que los veinticinco Estados miembros tengan que cerrar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, cada uno por su cuenta, lo que desde luego no contribuiría a que la ciudadanía europea disfrute de un nivel de protección alto y sobre todo uniforme.

En tan poco tiempo no podremos llegar, por supuesto, a un acuerdo totalmente nuevo, pero es preciso actuar si queremos conseguir, como se pretendía, un acuerdo para un plazo corto de un año. Pienso, por consiguiente, que la UE debe insistir de forma prioritaria en que los Estados Unidos cumplan por fin sus reiterados compromisos y estos se incluyan en el cuerpo del tratado.

Después de todo, la práctica llevada a cabo durante los dos últimos años ha demostrado que los estadounidenses no se toman particularmente en serio dichos compromisos, y de hecho sencillamente hacen caso omiso de ellos. Esto ocurre en particular con el principio de que los datos solamente deben utilizarse con propósitos específicos y, en interés de los ciudadanos europeos, convendría que no se permitiera la transmisión de sus datos personales según el único criterio de las autoridades estadounidenses de aduanas e inmigración.

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, es una pena que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no emitiera ninguna sentencia sobre la pregunta que le formuló el Parlamento Europeo y nos colocara así en esta situación complicada.

Ahora se nos pide que encontremos una solución deprisa y corriendo, ya que si no hemos encontrado una solución de aquí al 30 de septiembre, más de 100 000 pasajeros europeos pueden verse imposibilitados de volar a los Estados Unidos cada semana.

Entiendo que los recientes acontecimientos de Londres hayan incrementado el interés, en los Estados miembros, por la transmisión de los datos. No obstante, quisiera insistir en que es evidente que tenemos un objetivo común, a saber, salvaguardar la seguridad pública. Sin embargo, el método que apliquemos para conseguir este objetivo también definirá el producto de nuestras sociedades y demostrará el grado de madurez de nuestra civilización.

Debemos esforzarnos por conseguir que la información solicitada se limite a lo absolutamente necesario, excluyendo claramente los datos personales más delicados. No obstante y en todo caso, en un tema tan importante, debe existir una estrecha cooperación entre las instituciones, con la participación activa –repito, activa– del Parlamento Europeo, en particular de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en todos los niveles de la negociación.

Aceptamos la posición del señor Frattini de que nos mantendrá informado, pero eso no es suficiente. No se puede siempre pedir al Parlamento Europeo que respalde decisiones que ya se han tomado. El Parlamento tiene la obligación de tomar una parte activa en todos estos temas delicados.

Con estos comentarios, pienso que debemos votar a favor de la opinión expresada en el informe de mi honorable amigo.

  Edith Mastenbroek (PSE). – (EN) Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista expresado por nuestra ponente, la señora In ‘t Veld. Es muy normal que, como diputados al Parlamento Europeo, queramos defender los derechos de nuestros ciudadanos a la vez que luchamos contra el terrorismo. Estas dos posturas no son incompatibles; al contrario, son complementarias. También hago mías las demás críticas expresadas. Necesitamos por supuesto la plena participación parlamentaria y un debate libre, abierto y transparente. Si no podemos honrar los principios de la democracia ni siquiera cuando dictamos los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, entonces ¿cuándo lo haremos?

Admitámoslo: aunque todas estas cosas sean, como decimos en los Países Bajos, «puertas abiertas de par que par que no hace falta abrir a patadas», el asunto del PNR se está convirtiendo un poco en una farsa. De algún modo parece increíblemente difícil resolver los problemas y garantizar al mismo tiempo una protección suficiente de los derechos de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? ¿Es culpa del señor Frattini? ¿Es culpa del Consejo? Después del PNR, el caso Swift, el escándalo de la CIA y otros problemas recientes, pienso que es muy poco probable que se pueda persuadir al actual Gobierno de los Estados Unidos para que se muestre abierto a nuestras exigencias, que son muy simples y lógicas.

Quizás el Parlamento deba cambiar de táctica. Quizás debamos tratar el asunto directamente con el Congreso de los Estados Unidos, pues confío mucho más en nuestro homólogo democrático del otro lado del charco. Espero que tenga lugar una sesión conjunta del Parlamento Europeo y del Congreso de los Estados Unidos, pues estoy seguro de que los parlamentarios estadounidenses son más sensatos que el Gobierno de Bush.

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, soy bastante pesimista con el resultado de este Acuerdo. Apoyo en particular lo que ha dicho la ponente, la señora In 't Veld, pero el problema es que nosotros –la Unión Europea y la Comisión Europea– hemos renunciado a nuestra baza en la negociación: por esta razón debemos sentirnos pesimistas.

Renunciamos a nuestra baza en la negociación hace cuatro años, cuando durante año y medio se transfirieron de forma totalmente ilegal los datos de los pasajeros a los Estados Unidos. Se celebró un acuerdo, que después resultó ser ilegal, y de hecho solo sirvió para reconocer esa ilegalidad y corregirla en una pequeñísima parte. En realidad, podemos tener una baza de de negociación muy importante, pero se trata de decidir si Europa quiere que se respete nuestra ley en nuestro territorio, que es un principio del Estado de Derecho. Respaldándonos en este hecho podremos negociar con los Estados Unidos; en cambio, si renunciamos, los Estados Unidos podrán decir: «Bien, si dentro de 30 días no se llega a un acuerdo, haremos lo que nos parezca». El pequeño detalle es que, si estamos decididos, no pueden hacer lo que les parezca.

El razonamiento de quienes dicen que «lo que está en juego es la imposibilidad de volar de las compañías aéreas de los Estados Unidos» es totalmente falso desde el punto de vista jurídico: nuestras leyes en materia de privacidad no protegen en función de la nacionalidad de la compañía aérea, protegen en función del país en que se recogen los datos personales. Los datos recogidos con fines comerciales no pueden utilizarse sistemáticamente a efectos de seguridad, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni siquiera si quisiéramos utilizar de ese modo nuestros datos.

Por consiguiente, si empezamos a hacer cumplir nuestra ley, conseguiremos tener una baza de negociación para celebrar un acuerdo con los Estados Unidos. Un acuerdo de este tipo significa que deben transmitirse solo los datos de interés para la seguridad, y no datos absolutamente irrelevantes como sucede hoy.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, el debate sobre la protección de los datos personales nos recuerda en todo momento el teatro del absurdo. ¿Por qué? El Tribunal de Justicia Europeo anuló la decisión y tanto la Comisión como el informe nos están proponiendo básicamente el mismo acuerdo, exactamente el mismo acuerdo que el que se anuló.

En segundo lugar, al tiempo que se denuncia la transmisión de detalles de las transacciones SWIFT de millones de ciudadanos, se vota en el Pleno del Parlamento Europeo un informe que legaliza dicha transmisión.

En tercer lugar, la existencia de cárceles secretas es denunciada por los miembros de los mismos Gobiernos que firmaron acuerdos con los Estados Unidos de América y que luego vienen aquí al Parlamento Europeo a protestar.

En cuarto lugar, debatimos la protección de los datos personales y los derechos democráticos cuando, simultáneamente, el Parlamento aprueba la creación de una base gigante de datos electrónicos con datos biométricos conocidos como el sistema Schengen II, etc.

Para terminar diré que cuanto más hablan ustedes de proteger los derechos y las libertades individuales, más se ven masacrados estos derechos en el seno de la Unión Europea. Esto es burlarse de la gente. La llamada «campaña antiterrorista» solo tiene un objetivo: aterrorizar a la gente y someterla, pero estamos convencidos de que no lo conseguirá.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, señor Comisario, la lucha contra el terrorismo se ha intensificado. Está claro que resultaba necesario tras lo ocurrido este verano, pero debemos comprometernos efectivamente en esta lucha sin socavar las ideas y los valores democráticos fundamentales. Es importante que se establezcan procedimientos de seguridad estrictos, pero sobrepasar el límite y renunciar al equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y el respeto de los derechos fundamentales no nos beneficiará a largo plazo.

Debido a la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, adoptada en mayo, de anular el acuerdo sobre el registro de nombres de los pasajeros, ahora debemos concluir un nuevo acuerdo con el mismo contenido. Lamentablemente, el Parlamento no podrá aportar nada, por lo que los ciudadanos no podrán influir en asuntos que conciernen la manera en que se les sigue el rastro y se controla sistemáticamente su conducta.

El nuevo acuerdo deberá hacer más hincapié en la protección de las libertades individuales. Deseo subrayar que de acuerdo con el sistema PUSH, las autoridades estadounidenses deben formular solicitudes caso por caso. La protección jurídica que se brinda a los europeos es inferior a la que tienen los estadounidenses. Pido por tanto al señor Frattini que se proponga la innovación política como objetivo en el indispensable diálogo transfronterizo. De no ser así, es muy poco probable que consigamos progresar en este asunto.

La Unión Europea y los Estados Unidos son capaces de reducir la distancia que les separa. Los debates mantenidos entre los Grupos parlamentarios –o el diálogo interparlamentario– y entre nuestra Delegación para las relaciones con los Estados Unidos y su homóloga estadounidense lo han demostrado. Ese diálogo debe fomentar un progresivo aumento de la calidad, incluso en lo que respecta al contenido. Es importante que el Parlamento participe en este proceso.

En conclusión, deseo felicitar a la señora In't Veld por su mensaje claro y carente de ambigüedad. Ha dicho lo que había que decir. Apoyo encarecidamente su llamamiento a los Estados miembros para que no concluyan acuerdos bilaterales. Europa debe hablar con una sola voz.

  Michael Cashman (PSE). – (EN) Señor Presidente, ha sido un debate muy interesante y quisiera simplemente añadir una nota de realismo. Debemos recordar que no estamos hablando de viajar dentro de la Unión: estamos hablando de viajar a los Estados Unidos. Estamos hablando de cruzar el espacio aéreo estadounidense.

Pienso que es esencial llegar a un acuerdo si queremos defender los derechos fundamentales de la UE. Pero si queremos alcanzar dicho acuerdo, debemos estar dispuestos a negociar y a cambiar. Debemos reconocer que en ausencia de acuerdo, los estadounidenses harán de forma plenamente legal lo que han hecho en otras ocasiones: dirán a todos los pasajeros que viajen a los Estados Unidos: «queremos que firme un consentimiento para que sus datos puedan transmitirse a los Estados Unidos». Les diré, Señorías, que si eso ocurre habremos perdido en lo esencial toda noción de protección de datos a escala de la UE.

Además, les diré que el problema no son los Estados Unidos. Un atentado contra los Estados Unidos, un atentado en Alemania, un atentado en Dinamarca, un atentado en Madrid, un atentado en el Reino Unido, o intentos de atentado, son todos atentados contra cada uno de nosotros, porque compartimos los mismos valores. Los Estados Unidos quieren hacer del mundo un lugar más seguro. Debemos colaborar con los Estados Unidos para que esto se haga realidad. El problema no son los Estados Unidos: el problema son el terrorismo y el extremismo. Mi colega, el señor Coelho, ha citado algunos ejemplos brillantes de negociaciones y acuerdos vigentes. Debemos examinar esos acuerdos, debemos emularlos y garantizar a nuestros ciudadanos sus derechos y libertades fundamentales.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, el asunto relativo a la transmisión de datos personales de los pasajeros es uno de los temas más conflictivos a los que la Unión Europea debe enfrentarse. En efecto, ¿cómo podemos proteger a la gente de la violencia terrorista sin trastocar sus derechos fundamentales o su vida privada? Se trata en este caso concreto de que la UE solo debe concluir un acuerdo sobre el envío de los datos personales de los pasajeros que incluya, como componente esencial, la protección adecuada de dichos datos. El acuerdo que alcanzamos no cumplía dicho requisito y considero que la nueva versión tampoco lo hace.

No cabe la menor duda, por supuesto, de que es preciso intercambiar información en el marco de la lucha contra el crimen y el terrorismo, pero es preciso que haya disposiciones legalmente vinculantes que prevean quién puede acceder a los datos, dónde y de qué manera. Por ello, este acuerdo con los Estados Unidos debe renegociarse en su totalidad a lo largo del próximo año.

También es evidente que si el objetivo de la transmisión de los datos personales de los pasajeros es verdaderamente conseguir una mayor protección frente a los ataques terroristas, entonces no se puede limitar esta medida a los vuelos a los Estados Unidos, Canadá o Australia. Necesitaremos un acuerdo internacional que mejore la seguridad del transporte aéreo en todo el mundo, a través de la regulación de la protección de datos. Y en esto la UE puede asumir un liderazgo. Solamente así podremos garantizar que la libertad de viajar constituya una característica esencial de nuestra sociedad, sin imponer restricciones innecesarias.

Concluiré con un último comentario dirigido al Consejo. Dadas las actuaciones desconcertantes del Consejo y la Comisión ante nuestra comisión parlamentaria el lunes, considero muy lamentable la ausencia hoy del Consejo, teniendo en cuenta que estos temas deben negociarse bajo su presidencia. El Consejo se ha comportado de modo vergonzoso.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido de modo importante a este debate, pero hay una primera cuestión sobre la que quiero llamar la atención de todos, con la franqueza que se merece este Parlamento.

En algunas intervenciones he percibido una lectura completamente equivocada de la sentencia del Tribunal de Justicia, que de hecho cuestionó el acuerdo. Algunos diputados se han referido a esa sentencia como si representara una victoria. Esa sentencia rechazó el acuerdo: alguien ha dicho exactamente esto.

Señorías, esa sentencia fue una gran derrota para los intereses de la Comunidad; fue una gran derrota para este Parlamento y para la Comisión Europea. Dicha sentencia establece que esta materia no es de la competencia de la Comunidad; no es una materia que pueda negociar la Comisión, tanto es así que las negociaciones las dirige la Presidencia; a esta materia no se aplica la Directiva sobre la privacidad, señor Cappato, –no se aplica, nos guste o no–, pero tenemos que acatar esa sentencia aunque haya sido una derrota para todos nosotros. Hay que decirlo francamente, no podemos dar las gracias a la sentencia que ha anulado el acuerdo. Esa sentencia, como ha dicho el señor Alvaro, representa un paso atrás para los intereses comunitarios.

Este es nuestro punto de partida y en él debemos basarnos. Está claro que cuando hablamos de que tenemos que llegar a un acuerdo con urgencia, antes del 30 de septiembre, y negociar después, en 2007, otro acuerdo con los Estados Unidos de América, debemos adoptar la visión realista, precisa y pragmática que acaba de exponer el señor Cashman.

El verdadero problema es que si no se llega a un acuerdo, millones de ciudadanos europeos aceptarán una reducción de las garantías de protección de sus datos personales para seguir volando a los Estados Unidos. Se verán obligados a hacerlo mediante declaraciones individuales, y Europa habrá perdido toda su capacidad de protegerlos adecuadamente. El verdadero problema es este: cada uno de nosotros que ha intentado cumplir con su deber ni siquiera puede pensar en desafiar a los Estados Unidos.

Hay una interpretación emitida por el Tribunal; personalmente no me ha gustado esa interpretación, pero tengo el deber de acatarla y hacer que se cumpla. Debo decir también con toda sinceridad que si hay acuerdo la protección de los derechos individuales de nuestros ciudadanos al menos no quedará en manos de cada compañía aérea; la negociación bilateral entre los Estados Unidos y cada compañía reducirá el nivel de protección, desde luego no lo aumentará. Esta es la visión realista que debemos aceptar como punto de partida.

La segunda consideración –estoy nuevamente de acuerdo con los señores Cashman y Coelho– es que nuestro problema no reside desde luego en los Estados Unidos, sino en los terroristas. La amenaza del terrorismo es real: lo que sucedió este verano en Londres no constituyó una reunión semiclandestina o semiinformal de los Ministros de Asuntos de Interior con la Comisión Europea.

Fuimos informados –hablaré después de la información al Parlamento– de lo que sucedía en el Reino Unido y tomamos nota con preocupación de que la amenaza era real y evidente. Evidentemente, cuando asistimos a una importante operación de la policía y los servicios de seguridad de Dinamarca, hace tan solo unos días, nos convencimos de que el peligro y la amenaza son reales y se ciernen sobre el territorio de la Unión Europea.

¿Qué necesitamos? Necesitamos más cooperación entre nosotros, entre los Estados miembros de la Unión Europea; necesitamos más cooperación entre las instituciones de la Unión Europea. Por esta razón, en mi introducción he dicho que el Parlamento será informado, políticamente informado, aunque debido al «fundamento jurídico» (empleo las comillas a propósito) institucional y legalmente no puede participar en la decisión. En todo caso, el Parlamento será políticamente informado por la Comisión Europea. También necesitamos una colaboración más estrecha con los Estados Unidos.

En este momento debemos colaborar más, no menos, pero en pie de igualdad, por supuesto. La Unión Europea insiste orgullosamente en este principio y estoy especialmente de acuerdo con la señora Roure, que ha hecho referencia a los Parlamentos nacionales.

Como ven, Señorías, si conseguimos llegar a un acuerdo –las conversaciones se realizarán en dos partes y empezamos mañana; no puedo decirles si llegaremos a un acuerdo, pero espero que sí– necesitaremos que el acuerdo entre en vigor pronto, incluso mientras se llevan a cabo ciertos procedimientos de ratificación que en algún país requerirán tiempo, como ha señalado el señor Alvaro. Dado que invocaremos una norma de los Tratados que prevé la entrada en vigor inmediata –de otro modo todo sería inútil–, es justo que los Parlamentos nacionales estén informados desde ahora, del mismo modo que informaremos al Parlamento Europeo, dado que a muchos de ellos se les pedirá que intervengan cuando se inicie la ejecución transitoria inmediata del acuerdo. Es también una cuestión de colaboración y, como saben, la Comisión Europea está en principio de acuerdo con esto.

La tercera y última consideración es esta: ¿cuáles son los aspectos sobre los que hay que trabajar en los próximos días, si no en las próximas semanas?

El primero es convencer al Consejo –empezaremos en el Consejo del mes que viene– de que apruebe la decisión marco sobre la protección de los datos personales; es un compromiso que he contraído y que el Parlamento ha apoyado. Hago un nuevo llamamiento al Consejo para que, cuando en las próximas semanas, en el próximo Consejo de Ministros, se debata una vez más la cuestión de la decisión marco, desaparezcan las reservas de algunos países y por fin se presente un documento que demuestre la voluntad de la Unión Europea de garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos.

El segundo objetivo que debe realizarse a muy corto plazo es lo que la ponente, a quien doy las gracias, ha llamado el sistema «push», sobre el que puedo aportar alguna información detallada. Algunas empresas de servicios técnicos que asisten a las compañías aéreas europeas más grandes han presentado ya las soluciones técnicas disponibles para aplicar el sistema «push». Algunas de ellas –citaré solo algunas: British Airways, Air France, Iberia, Lufthansa, Alitalia y KLM, de hecho casi todas– han presentado propuestas concretas a las oficinas competentes de la Administración estadounidense. Según los acuerdos a que habíamos llegado también con los Estados Unidos, el sistema «push» podría empezar a funcionar sin necesidad de modificaciones dentro de unas pocas semanas. Técnicamente hay ya una propuesta, que ha sido presentada y en algunos casos también formalizada. Esta es la información más reciente de que dispongo, que demuestra que se está avanzando justamente en la dirección que todos queremos.

El otro punto es la «descripción positiva»: la señora Roure ha pedido una información general sobre la reunión de Londres; se la daré con gusto la semana que viene en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, donde entraré en muchos más detalles. La «descripción positiva» es una iniciativa que no nace hoy ni nació ayer, sino hace algunos meses. Se trata de una iniciativa encaminada a identificar procedimientos de control acelerado en las fronteras aeroportuarias. Comprende dos elementos: uno, exclusivamente reservado a los vuelos internacionales, no afecta por tanto al intercambio de datos para los vuelos internos europeos, en los que tendremos problemas insuperables con la libre circulación, el espacio Shengen, etc. El sistema contempla los vuelos internacionales desde la Unión Europea, hacia la Unión Europea y a través de la Unión Europea, solo para los viajeros que de forma voluntaria e individual acepten facilitar sus datos, sobre todo biométricos, a cambio de poder utilizar un canal de identificación automática, que evidentemente requerirá menos tiempo en los controles. Esto se realizará sobre una base individual y voluntaria, utilizando datos biométricos.

¿Por qué pensamos en un sistema como este? Para evitar todo lo que se ha dicho a propósito de la «descripción negativa», que se basa en la etnia o la religión. Está claro que no podíamos aceptar ningún sistema de ese tipo, pero sí podemos imaginar, dado que el Consejo lo ha pedido, que de forma voluntaria cada uno de nosotros pueda facilitar a una base de datos respetuosa con la privacidad los propios datos biométricos y a cambio acelerar los procedimientos de embarque. Piensen en los viajeros frecuentes. Es un mecanismo que estamos estudiando, y pensamos presentar una propuesta dentro de pocos meses, quizás antes de finales de año.

Concluiré diciendo que tendré mucho gusto en informar a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de todo lo que se ha dicho en Londres sobre los procedimientos para intensificar la búsqueda a fin de descubrir explosivos, en especial líquidos, sobre el uso de Internet, sobre la «descripción positiva» y sobre todo lo demás.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

El Presidente. – El debate conjunto queda cerrado. La votación tendrá lugar hoy a mediodía.

5. Patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en zonas rurales e insulares (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6–0260/2006) del señor Sifunakis, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en zonas rurales e insulares (2006/2050(INI) .

  Nikolaos Sifunakis (PSE), ponente. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es un día importante para mí, para mis colegas y para la Comisión de Cultura y Educación, porque tras un proyecto que ha durado alrededor de un año tengo el placer de presentar en el Pleno mi informe sobre la protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en zonas rurales e insulares.

Durante siglos, con ayuda de materiales y medios sencillos, las poblaciones del medio rural y de las zonas insulares de Europa, obedeciendo a reglas humanas básicas y gracias a la bondad del entorno natural, han conseguido crear un patrimonio de enorme valor estético.

Este humilde legado, cuya protección y promoción no solo constituyen un deber cultural, sino también una necesidad de desarrollo, se ha visto alterado considerablemente en muchos países de Europa por los cambios sociales y tecnológicos, el hiperdesarrollo y la explotación económica desenfrenada, los cuales, por una parte, han deteriorado el paisaje, en particular en las islas pequeñas, destruyendo el maravilloso equilibrio entre el medio natural y la actividad humana y, por otra, han destruido tierras agrícolas muy productivas.

El propósito de mi informe consiste en formular propuestas concretas de protección, promoción y gestión a largo plazo de este rico patrimonio de las zonas rurales e insulares de Europa, en beneficio de la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos.

Las propuestas contenidas en mi informe están dirigidas a la Unión Europea, a los Estados miembros, a las autoridades locales y regionales y a los ciudadanos europeos; hago un llamamiento a todos ellos para que tomen medidas concretas destinadas a mantener y promover dicho patrimonio. Puesto que dispongo de poco tiempo, comentaré solamente algunas de estas propuestas.

Ante todo, la Unión debe elaborar una estrategia global en materia de patrimonio cultural. Esto se conseguirá si la Comisión Europea, a la hora de elaborar sus propuestas legislativas, examina minuciosamente las repercusiones de las propuestas relativas a la cultura, al patrimonio cultural y, sobre todo, al patrimonio arquitectónico popular que los artesanos han creado con sus manos a lo largo de los siglos. De esta manera se podrán integrar en las políticas europeas acciones beneficiosas para el patrimonio.

Dado que los programas comunitarios en el ámbito cultural no ofrecen la financiación adecuada, se deben encontrar fondos adicionales y otros recursos comunitarios para mantener el legado: en el marco de la política agrícola común, en los Fondos Estructurales y en las iniciativas comunitarias LEADER, URBAN e INTERREG, que se han de incorporar, el próximo ejercicio financiero, en los nuevos instrumentos de cohesión política y de financiación de la PAC.

De forma similar, en su utilización de los fondos comunitarios, los Estados miembros deberán fomentar un turismo alternativo, sostenible, que contribuya a la protección y la promoción del patrimonio arquitectónico de las comunidades, que en su mayoría han conservado su fisonomía.

El programa «Cultura», con un presupuesto limitado, también ha aportado una ayuda considerable a los proyectos de legado cultural, aunque ha excluido los proyectos de restauración.

No obstante, podrían financiarse otras acciones en el marco del nuevo programa «Cultura 2007».

En particular, en el marco de los proyectos de cooperación plurianuales, se podría crear, en varios Estados miembros, una red de importantes comunidades arquitectónicas con una población de menos de 1 000 habitantes.

Estas comunidades llevarán a cabo actividades de carácter cultural según las tradiciones de cada zona, a fin de reforzar la cooperación entre importantes comunidades arquitectónicas y culturales de Europa y facilitarles el desarrollo de sus características, usos, costumbres y tradiciones locales.

Sin embargo, además de todo esto, también pedimos a la Comisión que cree una nueva institución europea en favor de las pequeñas comunidades tradicionales, a semejanza de la institución de las capitales culturales, que permitiera la elección cada año de una o dos comunidades interesantes, en las que se llevarían a cabo intervenciones de restauración y renovación y donde se celebrarían eventos culturales a lo largo del año.

Tomando como criterio el desarrollo de comunidades importantes desde un punto de vista arquitectónico, también proponemos que se cree una nueva categoría de premios, en el marco del Premio de la Unión Europea para el patrimonio cultural, destinados a la mejor rehabilitación global de una comunidad tradicional.

Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el entorno creado por el hombre en Europa, que consiste en diversas formas y estilos arquitectónicos, está cambiando considerablemente debido al desarrollo desenfrenado y a la existencia de estructuras incompatibles con las características históricas y arquitectónicas particulares de la localidad donde se encuentran.

En consecuencia, los Estados miembros deberán proporcionar incentivos para la demolición total o parcial de tales edificaciones; por otra parte, los proyectos que a todas luces destruyen y alteran elementos importantes del legado cultural no deben financiarse con fondos comunitarios.

Por último, el informe también propone la declaración de un «Año europeo del patrimonio cultural», cuyo objetivo será sensibilizar a la opinión pública europea sobre la importancia del legado cultural, independientemente de su dimensión local, nacional o europea.

A modo de conclusión, quisiera dar las gracias a la secretaría de la Comisión de Cultura, a los expertos que han trabajado conmigo y, por supuesto, a mis colegas de la Comisión de Cultura.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, me gustaría comenzar expresando mi gratitud y la del Comisario Figel' al ponente y a la Comisión de Cultura y Educación por la constructiva labor que han llevado a cabo al redactar este excelente informe. Este informe destaca la importancia que se concede al patrimonio cultural. Interés que la Comisión comparte plenamente.

Queda mucho por hacer en este terreno. Sin embargo, la Comisión ya ha demostrado su implicación tanto a través del actual Programa Cultura 2000, como mediante otros programas e instrumentos financieros europeos. La Comisión ya ha tenido en cuenta algunos de los puntos que plantea el informe. No obstante, es un informe sumamente útil que nos ofrece la oportunidad de recalcar una vez más que es necesario utilizar todas las posibilidades existentes para proteger el patrimonio cultural y arquitectónico.

La Comisión invita a los Estados miembros, en el marco del Tratado, a aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los instrumentos financieros europeos –por ejemplo, los Fondos Estructurales– para invertir en proyectos a favor del patrimonio cultural. Estas inversiones son medios importantes para crear oportunidades de empleo y para el crecimiento económico. Por lo tanto, contribuyen al desarrollo regional y a la regeneración de las regiones.

A este respecto, la Comisión Europea y los servicios del Comisario Figel', en particular, realizan un seguimiento de todos los programas europeos y aseguran que los instrumentos financieros incorporen aspectos culturales en sus objetivos. Gracias a ello hemos observado una mejora ostensible en los últimos años. Me complace mucho esta evolución y podría citar algunos ejemplos de Estados miembros que, como Grecia o Portugal, han aprovechado las oportunidades que ofrecen los marcos comunitarios de apoyo para introducir programas operativos a favor del patrimonio cultural.

Asimismo, la Comisión fomenta la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural a través del programa Cultura 2000. En un futuro próximo, esta labor continuará mediante el programa Cultura 2007-2013, recientemente propuesto.

Gracias a la cooperación entre las tres instituciones –y quisiera aprovechar esta ocasión para dar las gracias una vez más al ponente, el señor Graça Moura, en nombre del Comisario Figel’– esperamos que este nuevo programa para el período 2007-2013 se adopte antes de que termine el año. En este contexto, los acuerdos de cooperación como los que propone el informe podrían recibir financiación en un futuro cercano.

Como reconoce igualmente el informe, la Comisión Europea se esfuerza activamente por difundir la importancia del patrimonio cultural a través de sus acciones, como el Premio Europeo para el Patrimonio Cultural y la acción conjunta emprendida con el Consejo Europeo en favor de las Jornadas del Patrimonio Europeo. Más adelante podríamos examinar la manera de ampliar su ámbito y de que las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo se reflejen mejor en dichas acciones.

A modo de conclusión, yo destacaría que este informe se debate en el momento preciso. Nos encontramos en un momento en el que nuestro nuevo programa Cultura está a punto de ser aprobado, en el que la Comisión lleva a cabo una reflexión sobre sus acciones para los próximos años y en el que numerosos temas son objeto de debate. Sin duda, este informe revestirá un gran interés en este marco.

  Vasco Graça Moura, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si queremos reconocer la importancia del patrimonio cultural de las zonas rurales e insulares de Europa, debemos ir más allá de las meras declaraciones de principios que gustan tanto a los políticos y aprobar con urgencia un amplio abanico de medidas destinadas a proteger, rehabilitar y promover este legado.

Además de los intereses culturales en juego, cabe subrayar que para tomarnos en serio estas ideas debemos tener en cuenta también los intereses humanos, sociales y económicos. El informe Sifunakis acierta en proponer una serie de prioridades políticas con vistas a alcanzar estos objetivos. Propone, por ejemplo, un estudio y examen sistemáticos de este patrimonio y el reconocimiento de su variedad y versatilidad, la creación de un marco legislativo que garantice su protección, incentivos para la conservación de las edificaciones tradicionales, ayuda económica, el mantenimiento de actividades como la agricultura, las artes aplicadas y la artesanía, la preservación de profesiones tradicionales y de conocimientos locales, la rehabilitación de hábitats naturales y arquitectónicos, la formación de artesanos, la adopción de nuevos métodos y técnicas, la promoción de iniciativas dentro de los programas comunitarios destinados a crear un inventario del patrimonio europeo y, por último, el fomento de todos los elementos tangibles e intangibles que componen dicho legado. El documento que tenemos ante nosotros es una tapicería amplísima y abarca muchos más aspectos de los que he mencionado.

Defender de esta manera el patrimonio de las zonas rurales e insulares es también una forma de invertir la tendencia hacia el abandono de muchos de estos lugares, de crear focos de empleo y de generar bienestar y desarrollo sostenible. Las autoridades de mi país han hecho hincapié en que la política relativa al patrimonio del mundo rural debe basarse en tres ejes principales: acción integrada, es decir, una cooperación real entre los diversos niveles de autoridad y las poblaciones locales y un diálogo constante con la población local, es decir con las partes interesadas que mejor conocen sus propias necesidades.

La Comisión ya ha propuesto algunos de los temas mencionados para el período 2007 a 2013 y esperamos que una política equilibrada en materia de patrimonio rural e insular pueda contribuir a invertir las actuales tendencias negativas. La Carta de Cracovia de 2000 promueve principios basados en la pluralidad de valores y la diversidad de los patrimonios que se pueden aplicar perfectamente a este ámbito; por ejemplo, las ciudades y asentamientos históricos representan, en su contexto, una parte fundamental de nuestro patrimonio universal y deben contemplarse en su totalidad, con las estructuras, espacios y factores humanos presentes en el proceso de constante evolución y cambio.

  Christa Prets, en nombre del Grupo PSE. – (DE) Señor Presidente, Comisario, no cabe la menor duda de que la preservación y protección del patrimonio cultural europeo es sumamente importante y constituye una labor de primer orden; tampoco debemos pasar por alto que existen varios convenios, como por ejemplo los de la UNESCO y el Consejo de Europa, que recogen estos esfuerzos y ponen de relieve los progresos positivos conseguidos.

Ahora bien, a la hora de debatir la protección de nuestro patrimonio cultural, que se centra principalmente en la preservación de los logros culturales del pasado, debemos tener en cuenta que la cultura es un proceso dinámico y variado, por lo que, si bien es cierto que la política cultural debe ocuparse de la preservación y mantenimiento de nuestro legado cultural, también debe hacerse cargo de la creación de redes culturales que incluyan la cultura contemporánea y las corrientes artísticas y que sirvan de base para el legado cultural del futuro.

Es muy importante que la opinión pública europea sea consciente de los tesoros culturales de su propio país y de Europa, por lo que un Año europeo del patrimonio cultural sacaría sin duda a la luz algunos de estos tesoros y reforzaría la conciencia de la gente sobre su importancia. Se puede y se debe hacer un mayor uso de los recursos que aporta la Unión Europea, en forma de Fondos Estructurales (URBAN, LEADER, INTERREG y otros) destinados al patrimonio cultural, pero esto incumbe a los Estados miembros y son los Estados miembros los que deben concienciarse de que las inversiones en materia de patrimonio cultural tienen repercusiones positivas para la calidad de vida de las regiones y, por supuesto, para el turismo. Debemos por tanto iniciar esta labor teniendo en mente todos sus beneficios.

Sin embargo, no estoy de acuerdo en que se recurra tanto a los presupuestos de «Cultura 2000», o de su programa sucesor «Cultura 2007», ya que la suma de 400 millones de euros repartidos entre 27 países durante un período de siete años, no proporciona margen suficiente para el arte contemporáneo y la inversión estructural. Estos recursos deben destinarse a la sensibilización del público mediante la organización de seminarios y la concesión de contratos de investigación, determinando el grado de intercambio de experiencia e información y la situación de otros países en este ámbito y elaborando proyectos para la protección de las regiones. Eso es lo que puede y debe hacer este programa.

Se nos insta a que consideremos nuestro legado cultural como un todo indivisible, y lo hacemos, pero esta herencia, de ahora en adelante, debe ir a la par de lo contemporáneo.

  Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Comisario Frattini, Señorías, yo también quiero empezar mi intervención diciendo que me parece fundamental que la política cultural europea signifique no solo preservar el patrimonio cultural y poner de relieve nuestra diversidad cultural, sino también promover, de forma activa, la causa del arte contemporáneo, subrayando que la fuerza de la política cultural pasa inevitablemente por considerar todas estas cosas en su globalidad.

Sin embargo, considero que este informe es importante porque pretende despertar la conciencia sobre la diversidad de la cultura europea y del patrimonio cultural europeo. Cualquiera que haya viajado por Europa, bien sea a islas como Madeira, Canarias, Chipre o Malta, bien visitando zonas rurales en la Toscana, Escocia, Letonia, Finlandia, Polonia o Provenza, conoce la belleza y diversidad de este patrimonio cultural europeo y sabe lo fácil que resulta convencer a la gente de que proteja este legado.

Por ello, la protección de este tesoro cultural es un deber político, y no solo me refiero a la elaboración de una política a escala europea, con sus diversos programas, sino también al ámbito nacional. Pienso asimismo que es muy importante que no tengamos solamente en cuenta, a la hora de tratar la diversidad europea, el programa «Cultura 2007» y que entendamos esto como una tarea horizontal y como una política en red que incluya también la política agrícola y estructural; debemos recurrir a diversos programas como URBAN, LEADER e INTERREG, puesto que es preciso dejar claro que este objetivo no solo es importante desde el punto de vista de la política cultural, sino que tiene que ver con la preparación de personas para desempeñar oficios –por ejemplo, restauradores– y con nuevos fenómenos en las zonas rurales. Por tanto, se trata de una política verdaderamente polifacética, en el mejor de los sentidos, para los diversos programas europeos.

  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, el informe del señor Sifunakis es muy importante porque subraya la necesidad de abordar la base de la cultura nacional, es decir, la cultura tradicional que aún está viva, en particular en las comunidades rurales e insulares.

Hasta ahora, la Unión Europea, incluidas esta Cámara y la Comisión Europea, se han esforzado principalmente por establecer una cultura europea universal, una cultura para todos. Nadie ha conseguido ni conseguirá jamás imponer esta visión, porque la cultura nace del conjunto de valores desarrollado por personas que se unen para formar grupos nacionales. La cultura une a una nación, pero también sirve para distinguirse de otras naciones a través de su belleza, su riqueza, su individualidad cultural y sus tradiciones que unen a la gente y a menudo denominan su patrimonio.

Por tanto, en la Unión Europea debemos fomentar la diversidad lingüística porque la lengua es la base de la cultura, y también la cultura popular, que a su vez es el fundamento de la cultura nacional. Además, debemos preservar los monumentos culturales y los valores espirituales, como el folklore, la artesanía y los oficios tradicionales, que están desapareciendo a medida que avanzan la civilización y la tecnología y que se impone la producción masiva.

Preservar la riqueza de las culturas individuales así como la belleza del paisaje y del entorno natural fomenta el desarrollo intelectual de la gente y una mayor conciencia del mundo circundante. Es una oportunidad para la comprensión, el respeto mutuo y la integración natural a través de valores y no por influjo del poder económico y cultural dominante.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, no conozco a muchas personas que no estén a favor de la protección del patrimonio cultural, arquitectónico o cultura. De hecho, gran parte de mi circunscripción, el Este de Inglaterra, es zona rural. Siempre, por supuesto, que podamos detener algunos de los insensatos e insostenibles planes de desarrollo del señor John Prescott, nuestro Viceprimer Ministro.

Gran Bretaña es una isla que posee un amplio patrimonio natural y arquitectónico. Sin embargo, a pesar de que a primera vista este informe abriga nobles intenciones, representa una amenaza para el patrimonio británico. Las propuestas que figuran en el informe tienen por objeto subsumir la cultura británica distinta y diversa en el cuento de hadas federalista de una cultura común europea. Tristemente, muchos diputados al Parlamento Europeo consideran que la cultura no es más que una herramienta para promover la integración europea y llevar a cabo un proyecto ilusorio denominado «Estados Unidos de Europa». ¿Por qué los presentes no pueden comprender que no existe una cultura común europea, ni una historia común, ni un patrimonio común, como no existe una arquitectura común o una lengua común? Europa es un continente formado por Estados nacionales que tienen historias y patrimonios muy distintos. Y es eso lo que hace que Europa sea tan interesante y atractiva.

La única manera de realizar la ambición declarada de este informe –convencer a los ciudadanos europeos de que comparten la misma cultura– sería contándoles mentiras. Y eso es lo que me asusta. La elite política de nuestros días no parece tener reparos en llevar a cabo este engaño. Hemos visto cómo sucesivos Gobiernos británicos han logrado deliberadamente mantener al público del Reino Unido en la ignorancia acerca del «proyecto Europa». Hay que reconocer que la agenda de integración de la Unión Europea es una de las mayores amenazas que hemos visto en muchos años para el patrimonio de todos y cada uno de los países europeos. Desgraciadamente, informes como este no pueden ver su propia gran contradicción.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe del señor Sifunakis puede apoyarse sin duda en sus intenciones, aunque a mi entender lo que dice en el primer apartado sobre la identidad europea debe cambiarse para reconocer el hecho de que los ciudadanos europeos ya comparten sin duda el mismo mosaico de culturas. A lo sumo no comprenden algunos de los mecanismos farragosos de intervención de la UE, que demasiado a menudo solo pretenden regular y armonizar.

Quizá en vez de patrimonio cultural, natural y arquitectónico sería más apropiado hablar de arquitectura, de paisaje y de bienes históricos y paisajísticos, términos que en conjunto definen la integración que puede buscarse en la sinergia entre paisaje natural y paisaje humano. Aun así, sin duda desempeña un papel vital en la difusión del bienestar social, económico y ambiental, especialmente en las zonas de Europa en que no solo el paisaje es vulnerable, sino también el tejido socioeconómico y demográfico. Me habría gustado también una definición más precisa del concepto de pequeñas comunidades tradicionales: el término «tradicionales» es demasiado genérico y se presta a una posible utilización indiferenciada de los recursos y los compromisos.

Las comunidades rurales no solo son parte de nuestra memoria colectiva, son la cuna fundamental de nuestros valores, la forja de unas relaciones sociales a menudo bastante más equilibradas que las de las comunidades urbanas, aparte de ser absolutamente esenciales para la salvaguardia de la cultura y del medio ambiente.

Este patrimonio cultural no solo está amenazado, como nos advierte el ponente, sino que en muchas partes de Europa está amenazada su misma supervivencia funcional: aparte de instrumentos de conservación y salvaguardia del territorio y las culturas, la Unión debería establecer –junto con los Estados miembros– políticas adecuadas para prevenir el despoblamiento rural, sobre todo en las zonas montañosas, pues de otro modo nos arriesgamos a invertir dinero para recuperar configuraciones arquitectónicas abandonadas, pintar casas viejas que seguirán deshabitadas y reparar calles adoquinadas que nadie pisará.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Comisario, en primer lugar quiero dar las gracias a mi compatriota Nikos Sifunakis por su excelente trabajo. Señor Comisario, el patrimonio cultural es un elemento importante de la identidad y del desarrollo histórico de los pueblos de Europa.

En consecuencia, preservar y mantener ese legado es particularmente importante para la educación de las nuevas generaciones y el respeto de la identidad europea, mientras que, independientemente de su dimensión europea, su dimensión local es un valor fundamental para los ciudadanos europeos. Todos sabemos que los focos están dirigidos hacia las grandes ciudades, donde se encuentran los monumentos más conocidos.

Sin embargo, el hecho es que el medio rural europeo, que ocupa el 90 % del territorio, sufre abandono y estancamiento económico. Por tanto, debemos prestar especial atención a la protección y promoción del patrimonio natural y arquitectónico de las zonas insulares y otras zonas rurales de Europa, porque conservan intactas gran parte de sus características.

Respetando el espacio rural tradicional y luchando por encontrar un equilibrio entre la población y el medio natural, todos los factores que entran en juego en el ámbito cultural deben garantizar que se preserve el patrimonio cultural europeo y se desarrolle y refuerce la conciencia de su importancia por parte de los ciudadanos.

La restauración y conservación de los monumentos olvidados de las regiones periféricas de los Estados miembros también pueden contribuir al desarrollo del turismo rural y, por ende, a aumentar la población en el campo.

Por último, el reconocimiento y la preservación de la herencia cultural común son un legado importante para las generaciones futuras.

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero felicitar al ponente de este informe, señor Sifunakis, por su trabajo, que subraya la naturaleza específica y la importancia del patrimonio cultural, natural y artístico europeo, generador de numerosos beneficios, tanto en términos sociales y culturales como medioambientales y económicos.

El rápido crecimiento urbano, el progreso social y tecnológico, los modernos métodos de cultivo agrícola y la explotación económica y urbanística, plantean importantes desafíos a las comunidades rurales e insulares, que, como se ha dicho aquí, forman la mayor parte del territorio de la Unión Europea ampliada.

Así, en un momento en el que, por un lado, el abandono del campo, la despoblación y la crisis económica y, por el otro, los incendios y la proliferación de catástrofes naturales, ponen en evidencia la necesidad imperiosa de profesionales agrícolas que trabajen y cuiden nuestro entorno y que velen por la sostenibilidad y el futuro de nuestro territorio y de nuestro paisaje, este informe es muy oportuno, porque pone énfasis en la necesidad de desarrollar una política efectiva basada principalmente en un equilibrio sostenible entre la población y el medio ambiente, y en un enfoque integrado de las zonas agrícolas tradicionales, especialmente de los medios rurales.

La elaboración de un marco legislativo para conservar el patrimonio cultural, la concesión de la financiación necesaria para su restauración, la formación de profesionales de la conservación de la naturaleza y el apoyo a los artesanos y proveedores de materiales tradicionales son, todas ellas, propuestas que van en la buena dirección.

Y, en este sentido, me gustaría subrayar que promover encuentros internacionales para exponer e intercambiar experiencias y buenas prácticas en el terreno de la conservación paisajística y de la protección del patrimonio en la Unión Europea, constituiría un elemento muy positivo de esta política a nivel comunitario.

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero acoger con agrado este excelente informe y dar las gracias al ponente por su labor. La conservación del entorno natural es uno de los principales objetivos de la Unión Europea. Nuestra tarea actual y futura consiste igualmente en conservar el patrimonio arquitectónico y cultural de Europa, algo sumamente importante para las islas pequeñas.

Realmente es importante conservar los recursos naturales, pero en los ecosistemas pequeños, el entorno, los asentamientos humanos y el patrimonio están estrechamente interrelacionados. Yo soy originario de Ibiza, una isla que sufre los efectos de la construcción de dos autopistas desproporcionadamente amplias. Estas obras han destruido varios elementos importantes del patrimonio cultural. Se han destruido sitios arqueológicos y hogares tradicionales para poder construir estas autopistas.

Las organizaciones de la sociedad civil han condenado en repetidas ocasiones esta situación, y yo mismo la he denunciado ante la Comisión Europea y en esta misma Cámara. Si este Parlamento y las instituciones europeas en su conjunto toman en consideración las propuesta que figuran en el informe del señor Sifunakis, podrían evitarse daños como estos y podrían conservarse como es debido las islas pequeñas, las zonas rurales y el patrimonio cultural. Y esa es actualmente nuestra principal meta.

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, quisiera expresar mi apoyo y agradecimiento al señor Sifunakis por su informe y unirme a todos los comentarios expresados hoy con respecto a este documento.

Con este informe, el Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por el patrimonio arquitectónico de la Europa rural. Es un legado importante, pero lamentablemente a menudo poco apreciado y olvidado. Estamos viviendo en un mundo que cambia muy deprisa. Las regiones rurales que poco habían cambiado a través de los siglos están viviendo transformaciones drásticas en los últimos decenios. Los métodos y herramientas agrícolas han cambiado, la naturaleza del trabajo agrario ha cambiado radicalmente así como también ha cambiado la arquitectura rural.

Hasta los años sesenta, las edificaciones de las zonas rurales de Polonia eran principalmente de madera. Luego llegó un periodo de rápido desarrollo. Las nuevas casas pueden haber resultado más cómodas, pero no siempre más atractivas que las antiguas. La arquitectura rural tradicional desapareció rápidamente y muy poco queda de ella hoy, lo que significa que debemos hacer todo lo posible por garantizar la conservación de este legado.

El informe del señor Sifunakis hace hincapié en lo importante que son estos asuntos e indica vías concretas para apoyar actividades que preserven la valiosa arquitectura rural europea. Es un paso en la buena dirección mientras aún quede algo que preservar para las generaciones futuras.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que estamos viviendo tiempos de grandes cambios económicos y sociales, que hacen que busquemos cada vez más estabilidad, seguridad y orientación. Nuestro patrimonio intelectual, cultural y arquitectónico puede ofrecernos esta seguridad, muestra de ello es el creciente interés popular, la creciente conciencia y respeto por este legado.

Este respeto es el que puede evitar que vuelva a ocurrir una destrucción, deliberada, del patrimonio intelectual, cultural y arquitectónico que se vivió durante el infierno de dos guerras mundiales en el siglo XX, o como la que se pretendió y se planificó en la Europa del Este durante el «socialismo realmente existente», el estalinismo y el comunismo, y que lamentablemente practica actualmente al modernismo brutal apoyado por la izquierda política.

También pienso que el patrimonio histórico y cultural, en particular en las zonas rurales, no debe considerarse exclusivamente un valor económico ni debe servir solamente a los intereses del turismo.

Opino que convendría extender a las zonas rurales proyectos como la «Capital Europea de la Cultura». El caso de Sibiu, antes llamada Hermannstadt, en Transilvania, que fue el tema de una exposición de fotografías ayer en esta Cámara, es un ejemplo de la manera en que la Unión Europea puede promover y apoyar nuestro patrimonio cultural.

  Ljudmila Novak (PPE–DE). – (SL) La preservación del patrimonio cultural arquitectónico en el ámbito rural y en las regiones insulares también significa la preservación de la diversidad cultural europea y las raíces de las naciones individuales. Cuando destruye ese legado, una nación daña sus lazos ancestrales y arranca sus raíces.

Los intentos de conseguir una interconexión cada vez mayor hacen que las zonas de nuevo crecimiento de las ciudades europeas se parezcan cada vez más. Esa es la razón por la cual resulta tan extremadamente importante que cada nación preserve las características que le confieren su identidad distintiva.

Sin lugar a dudas, el patrimonio cultural y natural más genuino se encuentra en las zonas rurales. Es preciso mantenerlo, pues de otro modo se dilapida y se deteriora. Este es nuestro mayor desafío, ya que la rehabilitación de los edificios catalogados y de los núcleos rurales es una tarea muy costosa en tiempo y en dinero. Por otra parte, las condiciones de vida en estos edificios están lejos de cumplir los criterios normales que requieren las circunstancias actuales, por lo que muchos propietarios ven el patrimonio cultural como una carga y no como una fuente de alegría y orgullo. De la misma manera, nuestros antiguos oficios están desapareciendo porque no pueden proporcionar una fuente de ingresos.

Si miramos el patrimonio cultural y natural solamente a través del prisma del dinero y el beneficio, entonces lo único que nos puede aportar es pérdidas económicas. Debemos buscar continuamente un equilibrio entre la conservación y el desarrollo ulterior.

Estoy de acuerdo con la propuesta de un Año europeo del patrimonio cultural, que sensibilizará a nuestros ciudadanos sobre la importancia del legado cultural. Pero también apoyo la propuesta de que dediquemos partidas de los Fondos Estructurales para preservar el patrimonio natural y cultural en los pueblos más pequeños, puesto que esto permitirá despertar el interés de los propietarios y de las comunidades locales por la restauración. Verán así también las oportunidades de desarrollo y nuevos puestos de trabajo.

Las perlas son pequeñas y difíciles de encontrar. Las pequeñas comunidades también merecen una oportunidad de recibir incentivos y financiación.

  Antonio López-Istúriz White (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Nikolaos Sifunakis, por el espléndido informe que ha elaborado. Gracias a ese informe, podemos tener un debate extraordinariamente interesante, porque vuelve a subrayar algo que para mí, y para muchos de los presentes, es absolutamente esencial en la Unión, sobre todo en los últimos años: se ha ido tomando, por fin, conciencia del impacto de la insularidad sobre el desarrollo de las regiones insulares.

Por ello, aplaudo la especial mención que el informe de hoy dedica a la protección y promoción del patrimonio cultural, natural y arquitectónico de las regiones insulares en Europa. En este sentido, la procedencia del ponente, la isla de Creta, cuna de la civilización minoica, la más antigua de Europa, o la mía propia, las Islas Baleares, donde se encuentra la Naveta des Tudons, considerada como la edificación también más antigua de toda Europa, aproximadamente del 1 500 antes de Cristo, nos hacen especialmente sensibles a la hora de alentar a la Unión Europea a adoptar medidas para proteger y rehabilitar el patrimonio cultural europeo.

En este sentido, el Gobierno de las Islas Baleares trabaja en la elaboración y puesta en marcha de políticas de desarrollo sostenible sustentadas en la convergencia de los objetivos de sostenibilidad y competitividad de la actividad turística, y especialmente en la salvaguarda y mejora del patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Ese es el camino que ha de seguirse, un camino marcado por una sociedad civil sensible a la especial fragilidad de las regiones insulares y con una alta conciencia ambiental.

Es este un buen punto de partida para, como se pide en este informe, comenzar desde hoy la puesta en común y el intercambio de experiencias en este importante ámbito que es la protección del patrimonio europeo, asunto de enorme importancia, pues no solo concierne al ser humano, sino que, además, constituye un elemento importante de la identidad y el desarrollo histórico de las regiones de Europa.

  Giuseppe Castiglione (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el Tratado de Maastricht, la Unión Europea se convirtió en la Unión de los pueblos, se dotó de una identidad cultural propia respetando las diferencias regionales y locales, que, en oposición a una globalización cultural que no deja de aumentar, representan la auténtica riqueza subyacente de nuestro patrimonio común. La cuna de ese patrimonio se halla en las zonas insulares y rurales, con sus tradiciones, su arquitectura, su artesanía local y sus paisajes naturales y humanos.

Es prioritario, por tanto, proteger ese vasto patrimonio, elaborar un proyecto de desarrollo local encaminado a poner en marcha e impulsar la mejora de la cultura y los recursos ambientales, para hacer de ellos un instrumento de crecimiento de una economía hoy en dificultades. Esto significa en primer lugar una valorización global del territorio, en la que –junto con la recuperación y la conservación de la arquitectura entendida tanto desde el punto de vista monumental como pasajístico– es necesario tener en cuenta también a las personas que viven y comparten la realidad de los pequeños núcleos rurales.

Esto implica combatir el éxodo rural, incentivar la formación de los jóvenes, recuperar la artesanía local y las prácticas agrícolas tradicionales, dar un nuevo impulso a los oficios antiguos y a nuevas profesiones, entre otras cosas financiando la investigación y el uso de nuevas tecnologías, así como garantizar el mantenimiento del paisaje, entendido no solo como conservación de los espacios verdes, sino sobre todo como uso de las especies autóctonas para no alterar la cultura del lugar.

Hay que dar a las poblaciones que viven en esos territorios todos los instrumentos necesarios para desarrollar sus tradiciones en sus aldeas, pueblos o islas. Hay que reforzar y potenciar los programas dedicados a ello. Es necesario que la estrategia global relativa al patrimonio cultural de la Unión Europea se convierta realmente en un elemento transversal de las demás políticas, al igual que la sostenibilidad ambiental, y todas las políticas deben integrarse entre sí a este respecto.

Estoy convencido de que una explotación equilibrada, racional, coherente, coordinada y sobre todo más eficaz de los recursos, también desde el punto de vista financiero, permitirá superar este doble desafío. Salvaguardar el patrimonio cultural local y regional significa permitir un desarrollo socioeconómico equilibrado en el mundo rural.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias de todo corazón a todos los que han hecho una importante contribución a este debate, en forma de ideas y sugerencias francamente interesantes, y desde luego pienso informar de ello al señor Figel'. Quisiera abordar dos puntos solamente: el de la financiación del proyecto Cultura 2000 y el de la propuesta, avanzada en particular por el ponente, de hacer de 2009 el Año europeo del patrimonio cultural.

Con respecto al primer punto, como saben mucho mejor que yo, el proyecto Cultura 2000, que contaba con un presupuesto de 167 millones de euros, recibirá ahora 400 millones de euros. Se trata, pues, de un aumento sustancial, obtenido gracias a la contribución y al apoyo político del Parlamento Europeo.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, es decir, el año europeo, la Comisión se toma muy en serio la propuesta, que evaluaremos en el contexto de nuestros objetivos y de los planes prioritarios para los próximos años. Es una propuesta que merece ser cuidadosamente analizada. Aprovecho, por otra parte, para recordarles que mi colega el señor Figel' presentó recientemente una propuesta importante con vistas a hacer de 2008 el Año del diálogo intercultural, propuesta que la Comisión ha adoptado. Me atrevo a esperar que el dictamen que emita el Parlamento siga la misma línea.

Dicho esto, como he afirmado, informaré al señor Figel' de los resultados de este debate, en el espíritu de una cooperación constructiva entre la Comisión y el Parlamento.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a mediodía.

(La sesión, interrumpida a las 11.55 horas en espera del Turno de votaciones, se reanuda a las 12.00 horas)

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Casi el 90 % de la UE ampliada se compone de tierras agrícolas que incluyen parques nacionales con una valiosa fauna y flora y con restos históricos que pertenecen al patrimonio cultural europeo.

A pesar de ello, muchas soluciones políticas no tienen en cuenta como es debido sus características específicas y sus necesidades reales. Por ejemplo, el medio rural constituye el 85 % del territorio de Eslovaquia y acoge al 48 % de su población. No obstante, la gente joven tiende a abandonar el campo, la densidad de la población rural se ha reducido, nuestro patrimonio cultural está en peligro y la alta tasa de desempleo es preocupante.

Encuentro que este informe es de gran actualidad, ya que analiza la situación actual y busca soluciones que sirvan de apoyo a las regiones rurales e insulares de Europa. También trata el futuro de las pequeñas comunidades tradicionales con poblaciones inferiores a 1 000 habitantes. Se centra en la ayuda a las microempresas, los agricultores jóvenes, las artes y oficios tradicionales, las costumbres y tradiciones locales, ayudando a asegurar la creación de puestos de trabajo y una vida en el campo mejor y más atractiva.

El patrimonio cultural requiere más atención y en particular más financiación. La UE debería establecer un enfoque exhaustivo para sostener el patrimonio cultural y garantizar que en todas las políticas se incluyan disposiciones relativas a la ayuda. Acojo con satisfacción la iniciativa de las «Jornadas del patrimonio europeo» y el intercambio de experiencias en este terreno mediante conferencias internacionales.

Al debatir este informe, el Parlamento Europeo ha confirmado que se toma en serio el desarrollo sostenible de las zonas rurales de Europa.

  John Attard-Montalto (PSE). – (EN) Puesto que Malta y Gozo son el país más pequeño de la Unión Europea, es lógico que su arquitectura y su patrimonio cultural se aborden de forma conjunta. Con los escasos recursos disponibles y un enorme patrimonio arquitectónico y cultural resulta imposible conservarlo únicamente con recursos propios. Por ello tenemos que recurrir a la UE en busca de ayuda. Pocos saben que los edificios singulares más antiguos del mundo han sido descubiertos en Malta. No obstante, requieren una atención inmediata. El impresionante complejo religioso de Ggantija en Gozo requiere una atención profesional inmediata. La Valeta, una de las más bellas capitales culturales de Europa, aún se encuentra en estado desastroso. La Segunda Guerra Mundial terminó hace más de cincuenta años y aún así la capital aún muestra sus cicatrices de guerra, sobre todo las ruinas de la otrora magnífica ópera. Hago un llamamiento a los Gobiernos alemán e italiano para que hagan un gesto de buena fe para la reconstrucción de la ópera que fue destruida por los bombardeos aéreos y contribuyan así a mejorar la arquitectura de La Valeta y su patrimonio cultural.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

6. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

7. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas, véase el Acta)

7.1. Adhesión a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (votación)

7.2. Relaciones UE-China (votación)

- después de la votación sobre el apartado 53 :

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, me gustaría proponer la siguiente enmienda oral: «pide a las autoridades chinas que revelen el paradero del abogado defensor de los derechos humanos, Gao Zhisheng, y que lo dejen en libertad a menos que se le impute un delito tipificado; pide, asimismo, la liberación de Chen Guangcheng, que ayudó a ciudadanos a intentar denunciar a las autoridades locales por haber realizado esterilizaciones y abortos forzados, así como la de Bu Dongwei, a quien se le han impuesto dos años y medio de “reeducación por el trabajo” y se encuentra privado de libertad en paradero desconocido; insta por tanto a las autoridades a garantizar que todos los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo actividades pacíficas y legítimas sin miedo a ser detenidos de forma arbitraria, torturados o sometidos a malos tratos, y que dispongan de asistencia jurídica adecuada en caso de ser detenidos;».

(Se acepta la enmienda oral)

- Después de la votación sobre la enmienda 2

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, nosotros también habríamos querido apoyar este importante informe sobre China, pero dado que no acepta el concepto de «una China – dos sistemas», no podemos votar a favor. No obstante, puesto que expresa muchas preocupaciones justificadas sobre los derechos humanos, no votaremos en contra, sino que nos abstendremos de votar.

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, con el fin de cortar de raíz un posible mito, permítanme decir que esta Cámara, por amplia mayoría, aprobó la enmienda 33, que parece referirse a dicho concepto, por lo que su justificación, señor Swoboda, no es válida y deberían ustedes por tanto votar a favor del informe.

(Aplausos)

  El Presidente. – No vamos a reabrir el debate. Continuaremos con la votación.

- Después de la votación sobre la propuesta de resolución en su conjunto:

El Presidente. – Señora Muscardini, ¿con referencia a qué artículo del Reglamento desea intervenir?

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Reglamento prevé que las explicaciones de voto se efectúen después de haber votado, y no antes. Si hay que cambiar el Reglamento, estoy a favor, pero la norma debe valer para todos los Grupos y no solo para uno de ellos.

  El Presidente. – Tomo buena nota, señora Muscardini.

7.3. Sistemas de etiquetado de los productos pesqueros (votación)

7.4. Situación en Oriente Próximo (votación)

7.5. Incendios forestales e inundaciones (votación)

- Antes de la votación:

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Señor Presidente, antes de proceder a la votación, deseo hacer un comentario en virtud del apartado 6 del artículo 150 del Reglamento junto con una pregunta al señor Poettering. Quisiera comentar que el señor Hatzidakis presentó una enmienda, la enmienda 5, en la que menciona la necesidad de enviar una delegación a las zonas particularmente afectadas. Estamos hablando ahora tan solo de regiones particularmente afectadas en España, aunque hubo incendios en Portugal, Grecia, Francia y también en otros países.

Se plantea la pregunta de si esto es un error, ya que, en ese caso, deberíamos hacer lo sugerido y suprimir la referencia a España, de forma que quede en «Delegación a las zonas particularmente afectadas», o alternativamente deberíamos añadir a España «Portugal, Grecia y Francia». Esto parte del supuesto de que no hay ningún motivo político subyacente, si bien no podemos descartar del todo esa posibilidad. Pediría, por tanto, que no se utilice la difícil situación de las víctimas en Grecia, Portugal y otros países como una oportunidad de hacer política partidista, por lo que, o suprimimos la referencia a España, o bien incluimos a todos los países afectados por los incendios.

Agradecería que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos clarificara este punto antes de proceder a la votación.

  Gerardo Galeote (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, el señor Schulz, naturalmente, no estuvo presente el lunes pasado, cuando intervino aquí la Comisión Europea. En su declaración, el Comisario Dimas dijo que el único país en el que se aplicó el mecanismo europeo de protección civil este verano fue España.

Y eso tiene su lógica porque el 50 % de los incendios acaecidos este verano han tenido lugar, lamentablemente, en mi país. Ahora, sí sabrá el señor Schulz que en el Parlamento Europeo, el próximo día 6 de octubre, tendremos una audiencia pública, justamente sobre el cuerpo europeo de protección civil, propuesta por nuestro amigo el ex Comisario señor Barnier.

Por lo tanto, como queremos que esa delegación viaje antes del 6 de octubre, es físicamente imposible visitar todos los países que él ha mencionado. Yo propongo que se mantenga el viaje a España antes del 6 de octubre y, si su Grupo quiere que visitemos otros países después del 6 de octubre, tenga la seguridad de que yo le daré mi voto positivo.

  El Presidente. – Tengo otras peticiones de uso de la palabra, pero no quisiera reabrir el debate.

Dicho esto, si he comprendido bien, llegado el momento el señor Schulz presentará una enmienda oral. La Cámara podrá pronunciarse entonces, y cada cual podrá expresar lo que piensa a través de su voto.

- Antes de la votación sobre la enmienda 5:

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Señor Presidente, habíamos supuesto que las cosas se interpretarían como lo ha dicho el señor Galeote en su esclarecedora declaración, por lo que pido que, tras las palabras «en España» se añadan las palabras «en Portugal, Grecia, Francia y en los demás países particularmente afectados».

(Aplausos)

(No se acepta la enmienda oral)

7.6. Suspensión de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (votación)

7.7. Falsificación de medicamentos (votación)

7.8. Derecho contractual europeo (votación)

7.9. Participación del Parlamento Europeo en los trabajos de la Conferencia de La Haya a raíz de la adhesión de la Comunidad (votación)

7.10. Acuerdo UE/EE.UU. sobre la utilización de los datos de los registros de nombres de los pasajeros (votación)

7.11. Patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en zonas rurales e insulares (votación)

- Antes de la votación sobre el apartado 19 :

  Nikolaos Sifunakis (PSE), ponente. – (EL) Señor Presidente, quisiera proponer un cambio en la segunda parte del apartado 19 con la siguiente enmienda oral:

«realizar proyectos plurianuales destinados a promover comunidades tradicionales bien conservadas, con una población inferior, digamos, a 1 000 habitantes;»

(Se acepta la enmienda oral)

El Presidente. – Queda cerrado el Turno de votaciones.

8. Explicaciones de voto

– Informe Wallis (A6-0250/2006)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – Al adherirse a la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, cuyo mandato es trabajar por la «unificación progresiva» de las normas de Derecho internacional privado, el Parlamento da un paso, por una vez realista, hacia la armonización de las normas jurídicas propias de cada Estado miembro.

En efecto, hay dos formas de llegar a la armonización jurídica. La preconizada por los eurofederalistas furiosos, que consiste en uniformizar con carácter vinculante las normas sustanciales del Derecho de cada uno de los veinticinco Estados miembros. Y la segunda, que satisface a la vez la exigencia fundamental de seguridad y eficacia jurídicas, que consiste en uniformizar solamente las normas de conflicto de leyes y de jurisdicción, es decir, determinar tanto el tribunal competente como la ley nacional aplicable a una relación jurídica. En esta lógica, los Estados preservan sus propias normas, sistemas y tradiciones jurídicos, pero quedan muy atenuadas las incertidumbres que pudieran derivarse de la aplicación y la confrontación de leyes nacionales en diferentes regiones de la Unión.

Por esta razón estamos a favor del informe y de la adhesión de la Comunidad Europea a la Conferencia de La Haya.

– Informe Belder (A6-0257/2006)

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado a favor del informe del señor Belder y quiero felicitarle por la labor que ha realizado. La actitud del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo es de hecho un argumento en sí mismo a favor de la aprobación de este informe, dado que criticaron lo que calificaron de atención excesiva en el mismo a la situación de los derechos humanos en China.

Sea como fuere, el hecho es que la situación en ese país no ha mejorado en los últimos años, ni siquiera después de los acontecimientos de la plaza Tienanmen, y está claro que tanto Gobiernos como empresas y otras instancias de la Unión Europea están muy deseosos de hacer negocio con un régimen comunista en China, sin imponerle ninguna obligación en cuanto a la mejora de la situación de los derechos humanos.

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen e Inger Segelström (PSE), por escrito. (SV) Consideramos correcto que se inste al Parlamento Europeo a que haga más cosas con respecto a los derechos humanos en China. Lo que echamos de menos en este informe, no obstante, son referencias a los esfuerzos bilaterales y al comercio, que deberían ocupar un lugar central. Puesto que China es el segundo socio comercial más importante de la UE, los contactos eficaces son importantes.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Belder quiere recoger de forma exhaustiva todas las violaciones cometidas por la República Popular de China, tanto por lo que se refiere a sus compromisos comerciales internacionales en la OMC (dúmping de todas clases, falsificaciones y piratería, obstáculos al acceso al mercado chino para sus socios comerciales, etc.), como en lo concerniente a los derechos humanos. Sobre este último punto, la letanía es muy larga: campos de concentración (los laogais), trabajo forzoso, tráfico de órganos de condenados a muerte ejecutados, persecuciones religiosas, en especial de la minoría católica, mártires del Tíbet, etc.

Lo que sorprende es que el informe Belder consigue deplorar todas estas situaciones sin mencionar nunca que China es un país comunista, una dictadura marxista, que se reivindica, en el plano político, de la ideología más asesina del siglo XX.

Lo que es más extraño aún –¿pero es realmente extraño en esta casa?– es que el informe no concluye con una petición de sanciones, ni siquiera con una condena, ¡sino con la necesidad de un mercado libre, competitivo y transparente en China! Decididamente, en la Europa que nos tienen reservada, el dinero será siempre más importante que las personas.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) China es un socio comercial muy importante para la Unión Europea. La UE y China han mantenido durante el último decenio una estrecha relación comercial. El informe debe tomarse como un paso hacia la mejora de las condiciones sociales y ambientales en China. La Lista de Junio considera que las exigencias de mejoras en estos ámbitos condicionan una cooperación comercial larga y sostenible.

Por tanto, voto a favor del informe en su conjunto.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como era de esperar, el Parlamento ha aprobado por mayoría una resolución sobre las relaciones entre China y la UE, que apenas contiene, en sus muchos apartados, referencia alguna a relaciones bilaterales y que opta por una política de injerencia descarada.

Entre los muchos puntos que cabría comentar, quisiera simplemente poner de relieve el apoyo del Parlamento a que se relegue las relaciones entre China y la UE a un lugar secundario, detrás de la «iniciativa estadounidense de entablar con Europa un diálogo estratégico sobre el auge de China, un elemento nuevo fundamental en la política del “nuevo” mundo respecto del “viejo”», y de alentar a Europa y a sus Estados miembros para que desarrollen, junto a los Estados Unidos, un consenso estratégico para las relaciones con China.

Además, «expresa su preocupación por el desarrollo de las desigualdades y la distribución injusta de la riqueza, el desempleo masivo y la urbanización descontrolada, la creciente tasa de delincuencia y corrupción e, igualmente, por los problemas medioambientales de China.» Estas preocupaciones revelan la hipocresía de personas que, la verdad sea dicha, no tienen ningún derecho moral a señalar esas preocupaciones; recordemos por ejemplo la brutal política antisocial dirigida por la UE y el espantoso deterioro social en los Estados miembros.

De ahí nuestro voto en contra.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El tema de las relaciones con China requiere, como mínimo, que se formulen preguntas a los que supervisan la política exterior de los Estados miembros de la UE.

Por una parte, es un Estado totalitario que no muestra el menor respeto por los derechos humanos, ni la menor preocupación por asuntos humanitarios, por el medio ambiente, el desarrollo integrado, el fomento de la libertad o el respeto de los valores mínimos de la especie humana. Es a la vez e indudablemente una economía significativa en constante crecimiento. Existen indicios de que el progreso económico, al que ha contribuido el refuerzo de las relaciones entre China y la UE, ha producido el efecto deseado de desarrollar una clase media urbana, que esperemos que aporte con el tiempo un impulso a la democracia.

Mientras tanto, y ese es un punto que propusimos nosotros, la experiencia de Macao y de Hong Kong, que la UE ha seguido de cerca, demuestra que es posible establecer un sistema mejor que el de la China continental.

Por último, lamento la actitud del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que intentó retirar el informe anticipándose a un resultado que no satisfacía sus intereses. Eso no son maneras.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. (EN) Me opongo a la política china que solo permite tener un hijo y a otros abusos de los derechos humanos. No apoyo la política de una China única.

– Informe Fraga Estévez (A6-0219/2006)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hemos votado hoy a favor del informe relativo al lanzamiento de un debate sobre un enfoque comunitario relativo a sistemas de etiquetado ecológico de los productos pesqueros. Estamos a favor de que la UE establezca normas mínimas comunes para el etiquetado ecológico de los productos pesqueros y a favor de que cumplan las actuales normas internacionales.

Contrariamente al informe, pensamos sin embargo que es bueno que existan varias etiquetas privadas y que todo el etiquetado ecológico de los productos pesqueros se lleve a cabo por agentes privados. Tampoco compartimos la convicción de la ponente de que la política pesquera común sea en su mayoría respetuosa con el medio ambiente. Por el contrario, estamos convencidos de que la Política Pesquera Común es en gran medida responsable de la sobrepesca y de los problemas ambientales.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) Debemos acoger con satisfacción las medidas destinadas a luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada. No obstante, pongo en duda la necesidad de que la UE introduzca un sistema centralizado de etiquetado ecológico de los productos pesqueros. El establecimiento de un sistema común de etiquetado ecológico podría ocasionar un exceso de burocracia y limitar la posibilidad de que las empresas, las organizaciones pesqueras y los Estados miembros elaboren sus propios sistemas de etiquetado ecológico.

Voto por tanto en contra de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como demuestra el debate, la creación de un sistema de etiquetado ecológico de los productos pesqueros plantea cuestiones importantes.

La ponente afirma que uno de los criterios podría consistir en factores objetivos como el análisis científico, que se deriven de la aplicación de las normas comunitarias que garantizan la sostenibilidad de todas las pesquerías de los Estados miembros.

Dicho esto, el establecimiento de otro tipo de criterios, como por ejemplo métodos de producción más selectivos, llevaría a aplicar un criterio a posteriori. Esto iría en contra del principio de que las repercusiones sobre los recursos deben analizarse sobre la base del examen de la decisión sobre medidas técnicas, no a la inversa.

También existen criterios relacionados con la seguridad alimentaria, lo que plantearía la cuestión del peligro de que productos pesqueros salvajes no sean aptos para el consumo humano. En cuyo caso ya no se trata de una cuestión de etiquetado. Esos productos pesqueros no deben, bajo ningún concepto, capturarse y mucho menos ponerse a la venta. Eso es lo que ocurre cuando se piensa que existe algún tipo de contaminación marina que da lugar a una prohibición de pesca.

Mantenemos por tanto lo expresado en nuestra intervención.

– Situación en Oriente Próximo (B6-0469/2006)

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, simplemente quería resaltar que, a pesar de haber apoyado la resolución sobre el Líbano, he oído hablar demasiado a menudo en esta Cámara, incluido el Alto Representante, el señor Solana, de la «Unión Europea» y «Estados miembros de la Unión Europea» como sinónimos y se dice que la Unión Europea está desempeñando y ha desempeñado un gran papel en la crisis del Líbano y también en el envío de la FPNUL. Esta no es verdad, pues son algunos Estados miembros, algunos países, los que están desempeñando un papel.

Por desgracia, la Unión Europea ha renunciado incluso a utilizar los modestos y efímeros instrumentos de política exterior que podría haber empleado. El papel que podría desempeñar la Unión Europea consiste en abrir una perspectiva de adhesión a los Estados de la otra orilla del Mediterráneo, a Turquía, a Israel, pero también a las demás democracias de la otra parte del Mediterráneo. En cambio, la política de los Estados nacionales hacia Israel y Palestina es una política perdedora.

  Romano Maria La Russa (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, sin cuestionar mi plena aprobación de la misión FPNUL 2, he de expresar mis reservas con respecto a la movilización real de los Estados europeos, que, con excepción de Italia, Francia y España, se limitarán a prestar una contribución más o menos simbólica.

Hasta ahora, los llamamientos de Europa han sido débiles; las palabras del Alto Representante para la Política Exterior, el señor Solana, pidiendo una respuesta firme por parte de todos los países de la Unión, se han evaporado en el aire de Bruselas. Aunque quisiera pasar por alto una velada orientación propalestina que impregna a las instituciones europeas, que a veces parece desembocar en antisemitismo, no podría dejar de subrayar una vez más la incapacidad de Europa, que, movida por la habitual búsqueda de lo políticamente correcto, no ha querido tomar una posición clara y nítida.

No obstante, me pregunto cómo es posible hablar de equidistancia.

(El Presidente interrumpe al orador)

  Adamos Adamou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Durante 34 días el mundo ha sido testigo de una operación militar por parte de un ejército superequipado que, gracias a la ayuda de los Estados Unidos y a los misiles supermodernos que envió hasta el final, arrasó e invadió el sur del Líbano, matando a cientos de civiles, desplazando a un tercio parte de la población y haciendo retroceder veinte años la economía del país. Israel es culpable de muchos crímenes de guerra, tal como han confirmado los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El arresto de soldados israelíes por parte de Hezbolá fue el pretexto para aplicar un plan preparado. Como chipriotas, tenemos nuestra particular experiencia de intervención militar y rechazamos la filosofía de mirar los toros desde la barrera que defiende la propuesta de resolución del Parlamento y cualquier posibilidad de situar a las víctimas en el mismo nivel que los autores de los delitos.

Apoyamos el embargo sobre los envíos de equipamiento militar a Israel para interrumpir el funcionamiento de esa máquina militar y enviar el mensaje de que la comunidad internacional no está de acuerdo con el genocidio del pueblo palestino y de sus vecinos. Pedimos la creación de una zona libre de armas nucleares en nuestra región, incluido Israel.

Tenemos que condenar rotundamente la política de Israel hacia Palestina y regresar de inmediato a la mesa de negociaciones con el fin de encontrar rápidamente una solución definitiva.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Es lamentable que el Parlamento esté de acuerdo con este informe, es decir, con poner a Israel y a Palestina, o sea, al agresor y a la víctima, en igualdad de condiciones, cuando lo que hace falta es una condena clara de los crímenes de guerra cometidos por Israel en el Líbano, y de los ataques y el terrorismo de Estado que Israel sigue practicando en los territorios ocupados de Palestina, incluida Gaza. Es un mal comienzo.

En un momento particularmente peligroso y complejo, la UE debería exigir que Israel cumpla las decisiones de la ONU relativas a la ocupación de los territorios palestinos, el cese inmediato de las actividades de Israel en los territorios palestinos ocupados, el levantamiento inmediato del bloqueo de Gaza, es decir, la reapertura de la frontera con Egipto y la autorización de la libre circulación de personas y mercancías, la restitución de los Altos del Golán a Siria y de Chebaa al Líbano, la liberación inmediata de los Ministros y diputados palestinos, la apertura de las negociaciones para el intercambio de prisioneros y, por último, que Israel reanude la devolución de los ingresos tributarios y aduaneros palestinos.

Una paz duradera en Oriente Próximo depende del respeto del derecho de los pueblos de Palestina, Siria y el Líbano a su soberanía.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) En este debate sobre la situación en Oriente Próximo, quiero recordar a sus Señorías que el 31 de mayo de 2005 el Parlamento aprobó una resolución titulada «La comunidad asiria y la situación en las prisiones iraquíes».

Me temo que he de informarles que la situación de los cristianos en Iraq, y en particular la de los asirios, sigue deteriorándose. Acabamos de enterarnos de que el doctor Donny George, Director del Museo de Iraq y uno de los asirios más destacados que quedaba en el país, ha huido a Siria junto con su familia.

El embajador saliente del Reino Unido, William Patey, ha señalado que Iraq ya se encuentra en una guerra civil no declarada.

¿Qué debemos hacer? Debemos apoyar plenamente a los dirigentes de esta iglesia y la campaña «Salvemos a los asirios», que yo respaldo y que me respalda a mí, en la misión que emprenderán al norte de Iraq este mismo mes.

Europa y las Naciones Unidas deben presionar para que esta comunidad indígena de Iraq tenga, al igual que los kurdos, los sunitas y los chiítas, su propia zona administrativa dentro de un Iraq unido, como se señala en la Constitución de ese país. De lo contrario, lo más probable es que la comunidad cristiana de Oriente Próximo, que alguna vez representaba el 20 % de la población, será totalmente expulsada del país.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) En mi intervención del 6 de septiembre en el Pleno solicité una evaluación equilibrada de la situación antes, durante y después del conflicto israelo-libanés, sus consecuencias para las poblaciones afectadas y el futuro de la región.

La propuesta de resolución común no me parece que responda a ese deseo de equilibrio, a la vista, entre otras cosas, de los considerandos A y B, así como de los apartados 17, 20 y 25.

En consecuencia, he votado en contra de esta resolución.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio lamenta profundamente la situación actual en el Líbano. En una guerra, los indefensos y los inocentes siempre pagan el precio más alto. El conflicto en el Líbano es un ejemplo de la manera en que la violencia engendra violencia, y rechazamos cualquier forma de violencia perpetrada por ambos bandos. El informe en su conjunto contiene muchas propuestas e ideas buenas, pero creemos que las Naciones Unidas deberían ser el organismo con la máxima autoridad en la zona. El informe también habla de una delicada cuestión de política exterior con la que discrepan los Gobiernos de los Estados miembros. Creemos que corresponde al Gobierno de cada Estado miembro adoptar una posición sobre esta cuestión. Creemos que la cuestión en su conjunto compete a las Naciones Unidas y no a la UE.

Por tanto, la Lista de Junio se abstiene de votar.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Entre otros aspectos que merecen ser criticados, una vez más el Parlamento, lamentablemente, se ha lavado las manos de las responsabilidades de Israel por sus crímenes, procurando confundir al agresor, Israel, y sus crímenes con sus víctimas, el pueblo palestino y libanés y su legítimo derecho a la resistencia frente a la agresión y la ocupación.

Asimismo mezcla las resoluciones 1701 y 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, subrayando en su lugar que el «objetivo último debe ser el desarme de todas las milicias, incluida Hezbolá». Además, se limita a mencionar las resoluciones 242, 338, 426 y 520.

No obstante, dada la evidencia de la gravedad de la situación en Oriente Próximo, en vista de la brutal agresión de Israel contra los pueblos palestino y libanés y, en particular, dada la firme y valiente resistencia de los ciudadanos de esos países, el Parlamento reconoce que: «una solución justa y duradera del conflicto israelí-palestino es imperativa para restablecer la paz y la seguridad en toda la región», una «solución global, sostenible y viable» para la región basada en las «resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».

  David Martin (PSE), por escrito. Acojo con agrado la resolución del Parlamento Europeo sobre Oriente Próximo. Solo se avanzará hacia una paz duradera en Oriente Próximo cuando la comunidad internacional respete y apoye la coexistencia de un Estado israelí y un Estado palestino dentro de fronteras seguras y reconocidas. A la vista de ello pido a la UE que haga todo lo que esté a su alcance para contribuir a esa conclusión.

Durante el conflicto del Líbano, la atención internacional ignoró los 250 ataques aéreos, los 1 000 proyectiles de artillería y los más de 200 homicidios que sufrió la población de Gaza, así como los 300 niños palestinos presos en las cárceles israelíes, según el recuento más reciente. Creo que no puede haber una solución militar a esta crisis y que la UE debería pedir a Israel que abandone las ofensivas militares en la región y libere de inmediato a los menores palestinos detenidos por el ejército de ese país.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) La catástrofe humanitaria que hemos presenciado en el Líbano, en la que centenares de personas de ambos bandos han muerto o sufrido heridas, infraestructuras vitales han sido dañadas y centenares de miles de personas han sido desplazadas, no ha terminado con el alto el fuego. Está claro que una solución justa y duradera del conflicto entre israelíes y palestinos es indispensable para lograr la paz y la estabilidad en toda la región.

Se requiere un liderazgo firme y positivo para volver a situar el proceso de paz en Oriente Próximo entre las prioridades de la agenda política mundial. La Unión Europea puede desempeñar un papel ejerciendo en parte ese liderazgo, si revisa, por ejemplo, su posición con respecto a la ayuda a los palestinos y sus relaciones con Hamás.

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), por escrito. (ES) Nos pronunciamos hoy sobre una propuesta de resolución sobre la crisis en Oriente Próximo, lo cual demuestra que el Parlamento, a diferencia del Consejo Europeo, está a la altura de las circunstancias. Mi voto es favorable ya que en esta resolución se recogen algunas claves para afianzar la frágil tregua entre el ejército de Israel y la milicia de Hezbolá. La solución a este conflicto, tal como recoge el texto, no puede ser otra que el diálogo político, nunca la vía militar.

A pesar de ello, quedan algunos interrogantes sobre la mesa, como, por ejemplo, la impunidad con la que sale Israel del conflicto. La UE debería ser valiente y encabezar la demanda de corresponsabilidad de Israel en los gastos de la reconstrucción de la devastación causada por sus bombardeos sobre infraestructuras y objetivos civiles.

Sobre todo porque no podemos olvidar que la ocupación y las agresiones a Palestina continúan, se hace imprescindible una Conferencia Internacional para la solución de la crisis de Oriente Próximo, donde se prevean las medidas sancionadoras al Estado de Israel y el retorno de este a la legalidad internacional, y donde se clarifique la «Hoja de Ruta» para la solución del conflicto.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista griego ha votado en contra de la inaceptable propuesta conjunta firmada por delegados de todos los partidos políticos,

porque se identifica con la posición de la UE que aprobó el nuevo plan de la OTAN/Estados UNidos para Oriente Próximo, cuya consecuencia fue la guerra contra el Líbano, que denomina «conflicto» para absolver así a Israel.

Al intentar presentar a la UE como imparcial, sitúa a las víctimas y a los autores de los delitos en el mismo nivel, implicando a la resistencia de los pueblos contra la política imperialista de Israel y los Estados Unidos.

Aprueba la resolución 1701, apoya el envío de fuerzas de ocupación europeas y presiona por el desarme de las fuerzas que heroicamente han resistido la guerra injusta y agresiva. De ese modo aprueba la aplicación de los planes imperialistas. Responsabiliza a los palestinos sin condenar el genocidio de Israel.

No hace referencia al reconocimiento del Gobierno palestino o a la liberación de miles de detenidos libaneses y palestinos en las prisiones israelíes.

Acoge con satisfacción la presencia de la UE en Oriente Próximo, que no garantiza la paz en beneficio de los pueblos, sino que avivará una escalada de la situación en un intento de aplicar el plan de la OTAN para controlar la zona.

Las fuerzas políticas que han firmado tienen una enorme responsabilidad hacia los ciudadanos y las fuerzas populares y las organizaciones que han estado luchando durante muchos años con ríos de sangre.

El Partido Comunista griego expresa su solidaridad con esa lucha, y pide a los pueblos que intensifiquen la lucha contra el imperialismo europeo y estadounidense.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) El acuerdo de enviar tropas al Líbano demuestra ignorancia de las normas de intervención.

Si bien es positivo que esta Cámara apoye la convocatoria de una conferencia de paz para Oriente Próximo, es lamentable que el voto de los diputados a favor de enviar tropas al Líbano se haya basado en un mandato poco claro; no han recibido instrucciones ni información sobre las normas de compromiso de la FPNUL, que aún son secretas.

La resolución de esta Cámara dice acoger con agrado un «mandato fuerte» para las fuerzas que se envíen al Líbano; no excluye de forma explícita la posibilidad de que los soldados de la FPNUL, y por tanto los soldados de los Estados miembros de la UE, tengan que desarmar a Hezbolá. Es temerariamente perverso defender una acción militar de ese tipo, y el efecto de hecho es dar luz verde a que las tropas europeas se usen para hacer la guerra en el Líbano.

Es vergonzoso que la resolución del Parlamento Europeo califique la guerra en el Líbano de «reacción exagerada» de Israel a los ataques de Hezbolá, y no es otra cosa que cinismo para las muchas víctimas civiles del Líbano.

Es evidente que algunos nunca tienen suficientes víctimas, porque la resolución afirma que «la presencia de una fuerza multinacional en Líbano podría tomarse como modelo y ejemplo para el proceso de negociación en busca de una solución del conflicto entre israelíes y palestinos». Por el contrario, lo que hace falta es una solución política en lugar de enviar cada vez más tropas.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) A veces es necesario hablar solo de paz. No es momento de recriminaciones, confrontación o ajuste de cuentas. La paz en Oriente Próximo solo se construirá entre pueblos, países y Estados libres y democráticos, responsables de sus propios actos y capaces de administrar su propio territorio. La democracia, la libertad y el desarrollo son el mejor antídoto contra las ideologías a cuyo amparo algunos desgraciados se convierten en rehenes del terrorismo y el extremismo.

Ahora también es necesario hablar de seguridad, sin la cual no puede construirse la paz. Por eso el envío de una fuerza militar significativa con capacidad operativa al sur del Líbano es una solución que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos y podría evitar la repetición de los ataques y las guerras.

Pero somos conscientes de los riesgos. No todos tenemos buenas intenciones, y no todos los regímenes desean una conciliación. Eso no supondrá un obstáculo para la paz, solo hará que la gente deje de ser inocente.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Apoyo el texto de compromiso sobre Oriente Próximo. No hay solución militar a los problemas de esa región. No solo debemos condenar el uso deliberado e indiscriminado de la fuerza por parte de Israel, en forma de bombardeo de objetivos civiles, uso de armas ilegales, destrucción a gran escala de la infraestructura civil y el grave daño causado en la línea costera, sino también los ataques indiscriminados con cohetes por parte de Hezbolá.

Los Estados miembros tienen que impedir una nueva carrera armamentística, aplicando estrictamente el código de conducta de la UE sobre exportación de armas a todas las armas que suministra. Ahora que la política de los Estados Unidos en ese terreno ha demostrado ser un fracaso, es esencial que se celebre una nueva conferencia de paz regional –un Madrid II– para encontrar una solución completa, sostenible y alcanzable basada en el derecho del Estado de Israel a existir dentro de unas fronteras seguras y reconocidas y en el derecho de los palestinos a un Estado propio viable, basado en los territorios ocupados, prestando mucha atención a la seguridad y al desarme.

La UE tiene que recuperar el diálogo con Siria e implicar a ese país en los esfuerzos de paz, entre otras cosas, firmando el acuerdo de asociación conjunto como un paso muy importante para abordar los derechos humanos de una forma más eficaz.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Durante 34 días el mundo ha sido testigo de una operación militar por parte de un ejército superequipado que, gracias a la ayuda de los Estados Unidos y a los misiles supermodernos que envió hasta el final, arrasó e invadió el sur del Líbano, matando a cientos de civiles, desplazando a un tercio parte de la población y haciendo retroceder veinte años la economía del país. Israel es culpable de muchos crímenes de guerra, tal como han confirmado los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El arresto de soldados israelíes por parte de Hezbolá fue el pretexto para aplicar un plan preparado. Como chipriotas, tenemos nuestra particular experiencia de intervención militar y rechazamos la filosofía de mirar los toros desde la barrera que defiende la propuesta de resolución del Parlamento y cualquier posibilidad de situar a las víctimas en el mismo nivel que los autores de los delitos.

Apoyamos el embargo sobre los envíos de equipamiento militar a Israel para interrumpir el funcionamiento de esa máquina militar y enviar el mensaje de que la comunidad internacional no está de acuerdo con el genocidio del pueblo palestino y de sus vecinos. Pedimos la creación de una zona libre de armas nucleares en nuestra región, incluido Israel.

Tenemos que condenar rotundamente la política de Israel hacia Palestina y regresar de inmediato a la mesa de negociaciones con el fin de encontrar rápidamente una solución definitiva.

– Incendios forestales e inundaciones (B6-0460/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución común presentada por seis grupos políticos sobre el tema de los bosques y las inundaciones. En primer lugar, me alegra que, además de los incendios, se hayan añadido las inundaciones al texto inicial. En el fondo, nos hacemos conscientes, con el paso del tiempo, de que la magnitud creciente de las catástrofes naturales y otros desórdenes que afectan a los territorios y las poblaciones sobrepasan a veces la capacidad de gestión de algunos Estados miembros y requieren la intervención de la Unión Europea. Ahora bien, la Unión Europea parece insuficientemente presente en el tratamiento de estos problemas y lamento que la resolución no apoye más clara y firmemente la idea de crear una fuerza europea de seguridad civil. No se trata de contratar funcionarios encargados de la seguridad civil, sino de disponer de un Estado Mayor de alto nivel a escala europea que tenga el poder de coordinar determinadas fuerzas de seguridad civil en el territorio de la Unión, y ello a petición de un Estado miembro que no pueda hacer frente a una situación concreta.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy hemos votado en contra de la resolución conjunta sobre incendios forestales.

Lamentamos el gran número de incendios forestales e inundaciones que han asolado Europa. Creemos que en algunos casos la UE tiene que prestar ayuda económica a los países y las regiones afectadas cuando se produzcan catástrofes naturales extremas. Pero dicha ayuda no puede dar lugar a que los incendios forestales se conviertan en una fuente de beneficio económico.

No obstante, creemos que los incendios y las inundaciones que ocurren cada año en las mismas regiones no justifican instrumentos comunes para combatir esos acontecimientos ni una financiación común para compensar a los afectados. Por el contrario, creemos que la tarea más importante para combatir esos incendios y sus causas tiene que iniciarse, financiarse y llevarse a cabo a escala local y nacional.

  Den Dover (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos nos solidarizamos con las víctimas de los incendios forestales del verano. Sin embargo, esta resolución no contempla plenamente que la mayoría de estos incendios parecen haber sido provocados deliberadamente por pirómanos. Incluso la Ministra de Medio Ambiente del Gobierno Español indicó que algunos de los incendios podrían haber sido provocados por trabajadores forestales enfadados por no haber sido contratados para las brigadas regionales de combate contra el fuego durante el verano. Es imperativo que cada Estado miembro adopte más medidas preventivas para impedir que se repitan estos actos deliberados. Por este motivo, los conservadores británicos no votarán por la propuesta de resolución común.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor del informe, pero lamentamos que se haya rechazado nuestra propuesta en la que solicitamos a la Comisión que ofrezca ayuda financiera extraordinaria a Portugal, con vistas a apoyar la recuperación de las zonas forestales quemadas en los Parques Nacionales de Peneda-Gerês y Serras d’Aire e Candeeiros, en virtud de su incalculable interés ecológico, paisajístico y económico.

No obstante, acogemos con satisfacción que el Parlamento haya vuelto a pedir a la Comisión una aplicación flexible del Fondo de Solidaridad Europeo para facilitar su aplicación en casos como las tragedias derivadas de catástrofes provocadas por los incendios forestales. Los incendios forestales no solo provocan enormes pérdidas, sino que también afectan al modo de vida de la población, en especial en las zonas menos ricas que tienen que hacer frente a los efectos adversos en la infraestructura, el potencial económico, el empleo, el patrimonio natural y cultural, el medio ambiente y el turismo, lo que se refleja de forma negativa en la cohesión económica y social.

También creemos que es positiva la insistencia en la necesidad de que el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural y el Eje Bosques canalicen sus esfuerzos hacia la prevención de los incendios forestales en los países del sur.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio acoge con satisfacción la solidaridad internacional cuando un país se ve afectado por incendios forestales o inundaciones. No obstante, lamentamos que las instituciones de la UE estén intentando usar esos trágicos acontecimientos para reforzar su influencia en varios ámbitos políticos. Compete sobre todo a los Estados miembros tomar medidas para reducir la probabilidad de, por ejemplo, la propagación de incendios. Pueden coordinarse los recursos y tomar una acción conjunta fuera del contexto de la cooperación de la UE.

Por eso voto en contra de esta resolución.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Señor Presidente, por desgracia la propuesta solo contiene una referencia limitada a la posibilidad de no reforestar zonas privadas que pueden calificarse de zonas forestales. La recalificación de los bosques que ocasiona cambios en el uso del suelo y la legalización de infracciones graves son, al menos para Grecia, la principal causa de los incendios, en gran parte provocados.

Las políticas de comercialización, privatización y explotación de las tierras arboladas para otras actividades ayudan y fomentan esos crímenes, sacrificando así esos importantes pulmones de vida en aras del beneficio económico y dañando gravemente el medio ambiente.

En Grecia se propone incluso modificar el artículo relevante de la Constitución que protege los bosques, o al menos lo que queda de ellos, en especial cerca de las grandes ciudades y en zonas turísticas y residenciales, para que no haya obstáculos a la aplicación de esa política antipopular y perjudicial para el medio ambiente.

Dichas políticas criminales se benefician de una falta de recursos y de personal, lo que pone de manifiesto la responsabilidad política de la UE y de los Gobiernos y las consecuencias inhumanas y perjudiciales para el medio ambiente de las políticas que aplican.

Es necesario indemnizar a las víctimas de inmediato. No obstante, existe la necesidad aún más importante de cambiar de política.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Acabamos de volver de nuestras vacaciones. Normalmente nos sentiríamos descansados y con energía.

Pero este año hemos vuelto agotados tras los incendios que se han cobrado vidas humanas, devastado bosques y arrasado casas. Estamos cansados de excusas y nos sentimos muy desilusionados.

En los últimos años se ha repetido sin excepción el mismo escenario de sequía, veranos calurosos e incendios. No podemos contentarnos con asegurar un cálculo exacto de cuándo golpearán las crisis. Es posible y necesario hacer mucho más.

Los Estados miembros son responsables de la gestión de emergencia en sus territorios y hay que pedirles cuentas cuando no hacen todo lo que está en su mano para prevenir dichas catástrofes. Por eso condeno que mi Gobierno no haya limpiado, como es su obligación, la maleza en el Parque Nacional Peneda-Gerês. Este fallo es incomprensible. Este fallo ha sido incendiario.

Quiero expresar mi tristeza por la pérdida de vidas humanas en varios incendios en mi país y en otros países europeos. Si necesitábamos razones para ser más eficaces, las medidas tomadas en nuestros países y las medidas de ayuda de la Unión se entrelazan con la pérdida de vidas humanas. Tenemos que ser implacables en la lucha contra los incendios, en la lucha contra la destrucción de la propiedad y de nuestros bosques, y en la preservación del futuro.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, he apoyado esta resolución a regañadientes, a pesar de haber votado en contra de la idea que contiene de enviar una misión completa del Parlamento a observar los daños provocados por los incendios en distintos lugares. No considero que esta medida sea proporcional a los problemas a que nos enfrentamos, y creo que los fondos que se destinarían a dicha misión podrían tener un mejor uso.

– Suspensión de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (B6-0465/2006)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Es una tragedia que el fracaso se haya debido a la agricultura, cuando esta representa menos del 5 % del PIB de la Unión Europea y de los Estados Unidos y resulta tan importante para los países en vías de desarrollo. Al tiempo que la India ofrecía poner fin a sus subvenciones agrícolas en 2013, los Estados Unidos parecen empeñados en aumentar estas subvenciones. No nos queda más que esperar que la sensatez vuelva a estas negociaciones, que son tan importantes y vitales para tantas personas.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lo que se desprende de las declaraciones de UNICE y del señor Mandelson es que los que más perderán con la suspensión de las negociaciones de la OMC son los países menos desarrollados. Las declaraciones pasan por alto el contenido del Programa de Doha, que intenta fomentar la liberalización de las mercancías y los servicios, insistiendo en la idea de que el desarrollo se promueve mediante el comercio libre de cualquier obstáculo para las grandes multinacionales y que hay una contradicción entre los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales regionales. Nada más lejos de la verdad.

La OMC está al servicio de los intereses de las grandes multinacionales, proporcionándoles mercados y ampliándolos, potenciando sus beneficios, dándoles acceso a las materias primas y despejando el camino a la continua explotación de la periferia capitalista.

Con la actual limitación de la expansión del mercado y el fortalecimiento de las potencias emergentes se intensifican las rivalidades centrales y resulta más difícil aceptar ciegamente la periferia. Además, ha aumentado la resistencia a las políticas destructivas del FMI, el Banco Mundial y la OMC y al dominio avasallador de las multinacionales.

De ahí la presión en la mesa de negociaciones para que la periferia acepte el Programa, como ocurrió con la Ronda de Uruguay, que tardó 8 años en concluirse.

Por eso hemos votado en contra.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Espero que esta resolución sobre la suspensión de la Ronda de Doha señale con toda claridad a las partes negociadoras que este Parlamento ha asumido un firme compromiso con el multilateralismo como impulsor del desarrollo a escala mundial.

Es cierto que los países no negocian en pie de igualdad en el ámbito del comercio internacional. Esto significa que debemos cumplir los compromisos que asumimos en Doha en materia de «no reciprocidad plena» respecto a los NAMA, trato especial y diferenciado, y ayuda al comercio para los países más pobres. Significa en particular que no podemos seguir permitiendo que la agricultura, que tan solo representa un 2 % de nuestra economía, siga siendo un escollo en estas conversaciones.

Espero que este período de balance en la OMC permita a las partes reflexionar no solo sobre la manera en que debe cambiar esta organización, sino también sobre los méritos de esta organización, que no tiene parangón en el Derecho internacional. El bilateralismo –con su desigualdad de condiciones– no es un remedio para los países en vías de desarrollo, que se verán forzados a aceptar condiciones menos favorables en materia de acceso a los mercados y de derechos de propiedad intelectual. He votado a favor de renovar el compromiso con esta ronda de la OMC, por tratarse de una ronda ambiciosa, pero también una ronda de desarrollo, como estaba previsto desde un principio.

  Jean-Claude Martinez (NI), por escrito. – (FR) En la sesión de Ginebra de junio de 2006, Europa se mostró flexible hasta la sumisión en las negociaciones comerciales de la OMC. Tras aceptar, el 18 de diciembre de 2005 en Hong Kong, el abandono de nuestras restituciones a la exportación agrícola a partir de 2013, el señor Mandelson, nuestro Comisario, jefe de la negociación, hizo un magnífico regalo en Ginebra para que tuviera lugar un acuerdo planetario: la reducción hasta el 50 % de la protección aduanera de nuestro mercado agrícola.

Pero Brasil, que tiene elecciones presidenciales, y los Estados Unidos, que tienen elecciones al Congreso, no asumieron el más mínimo riesgo: disminuir las ayudas internas en el caso de los Estados Unidos y abrir el mercado industrial en el de Brasil.

Las negociaciones acabarán por reanudarse, pero ya sabemos que la Comisión Europea ha cedido en las ayudas a la exportación y en la protección de nuestra agricultura y nuestra viticultura contra el dúmping social de terceros países en los que multinacionales producen sin Derecho laboral y sin Derecho social.

La solución para 2007 y para salir del punto muerto es tener la imaginación de inventar derechos de aduana flexibles, reembolsables y bonificables, es decir, derechos de aduana deducibles.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Quien crea que el comercio es una de las fuerzas impulsoras del desarrollo económico y de aproximación entre los pueblos solo puede lamentar profundamente la decisión tomada en julio de suspender las negociaciones de la Ronda de Doha indefinidamente. El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto es una pésima noticia.

No se trata de defender la apertura total e inmediata de todas las fronteras ni de suspender de inmediato todas las ayudas estatales. En economía, las utopías suelen ser peligrosas y las conductas precipitadas se pagan caras. No obstante, es del todo deseable que el comercio mundial se abra, que permita un volumen cada vez mayor de intercambios entre el norte y el sur, entre países del sur y entre los países más y menos desarrollados. Esto debe hacerse de forma justa y equilibrada, beneficiando a los productores más competitivos, a los exportadores que más trabajan y, lo que a menudo se olvida pero es igualmente importante, al consumidor.

La UE tiene que ser capaz de avanzar, de alcanzar un acuerdo satisfactorio entre sus Estados miembros y de desempeñar un papel protagonista en la OMC. Un mundo con un comercio más libre es un mundo más libre.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, las cuestiones comerciales deben abordarse a escala mundial, siempre que sea posible, y vale la pena seguir intentándolo si en estos momentos no podemos llegar a un acuerdo. La alternativa sería un cúmulo de pactos bilaterales desiguales que generalmente irán en detrimento del mundo en desarrollo, pues ya observamos que esta tendencia empeora. Es evidente que se necesitará más tiempo para llegar a un acuerdo, aunque a corto plazo contamos con otras armas en nuestro arsenal. El programa de «Ayuda para el comercio» constituye un medio útil para trabajar a favor de un desarrollo efectivo, y me gustaría que avanzara, si bien espero que la Comisión mantenga sus presiones para lograr avances sustanciales en la OMC.

– Falsificación de medicamentos (B6-0467/2006)

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) La prensa francesa ha publicado en varias ocasiones durante los últimos meses reportajes sobre los perjuicios que genera para la economía la falsificación de productos y marcas. Prueba de ello es que, con la globalización, este fenómeno adquiere proporciones muy preocupantes, de las que los poderes públicos y los ciudadanos son cada vez más conscientes. Se cifra así en 100 000 el número de puestos de trabajo perdidos en Europa debido a la fabricación y la puesta en circulación de productos falsificados.

Pero más allá de la protección de la propiedad intelectual, las consecuencias pueden ser dramáticas también para la salud. Es el caso de la falsificación de medicamentos y vacunas, que pone en peligro la vida de millones de personas, en especial en los países en desarrollo, y sobre todo en África.

La protección de los consumidores es una misión importante de la Unión Europea. Por tanto, debe armonizar y mejorar la legislación con vistas a luchar contra esta plaga, que adquiere proporciones preocupantes. También debe contribuir a mejorar la reglamentación en los terceros países.

He votado, pues, con gran interés a favor de la resolución sobre la falsificación de medicamentos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) No he tenido problema alguno en votar a favor de esta resolución. La falsificación de medicamentos es la forma más grave e inmoral de falsificación, ya que pone en peligro la salud de millones de consumidores. Este problema está particularmente extendido en los países en vías de desarrollo en los que circulan medicamentos sin principios activos (en algunos países, hasta en un 50 % de los medicamentos disponibles) que se utilizan para el tratamiento de dolencias mortales como el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria.

No existe motivo alguno para que la falsificación de medicamentos y su distribución a escala nacional o transfronteriza no sea considerado un delito penal en el Derecho internacional. Yo y mis colegas deseamos una mayor coordinación de los organismos nacionales e internacionales que luchan contra la piratería. Asimismo, estoy de acuerdo con que la UE asuma un papel destacado en el refuerzo de la capacidad reglamentaria y de control de calidad en materia de medicamentos y equipos médicos comercializados en países con pocos recursos.

Pediría a las autoridades y empresas farmacéuticas que siguieran garantizando el origen y la calidad de los medicamentos y reconocieran que es sumamente importante luchar contra esta peligrosa forma de piratería.

- Derecho contractual europeo (B6-0464/2006)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, observamos hoy en este Parlamento un enfoque un tanto contradictorio. Por un lado tenemos un informe, el de la señora Wallis, que nos propone la adhesión a la Conferencia de La Haya para unificar las normas sobre los conflictos de ley, lo cual me parece un ejercicio excelente. Y por otro tenemos esta tendencia a querer unificar la norma de fondo del contrato europeo. Pienso que el primer ejercicio es el bueno, mientras que el segundo es mucho más discutible.

Por lo que respecta al contrato europeo, me parece que bastaría con decidir, por ejemplo, que la ley aplicable es la elegida por las partes y, si no han elegido ley aplicable, es la del lugar en que se haya celebrado el contrato y, por último, si el contrato ha sido celebrado entre partes que se encuentren en lugares diferentes, que la ley aplicable al contrato es la del lugar de ejecución del mismo. El enunciado de esta norma, muy simple, bastaría para responder a la legítima necesidad de seguridad jurídica, sin tener que unificar necesariamente y de una forma un tanto arbitraria y autoritaria el Derecho nacional de cada Estado miembro.

– Informe In 't Veld (A6-0252/2006)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las compañías aéreas que operan vuelos de pasajeros a los Estados Unidos suministran a las agencias de seguridad de ese país datos personales de los Registros de Nombres de los Pasajeros (PNR), a petición de las autoridades, con el pretexto de la llamada «guerra contra el terrorismo». Estos datos incluyen 34 categorías de información, por ejemplo: reservas de hotel y de viaje, números de teléfono, dirección de correo electrónico, direcciones privadas y profesionales, alimentos preferidos, números de tarjetas de crédito y muchas otras.

El Parlamento ha declarado que ese acuerdo entre la UE y los Estados Unidos es ilegal. Ha criticado la falta de claridad jurídica y su carácter excesivo respecto de la protección de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos, así como de la protección de los datos personales consagrada en la Convención Europea de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia ha corroborado la opinión del Parlamento respecto del fundamento jurídico, anulando la decisión del Consejo con efecto a partir del 1 de octubre de 2006.

Se trata de otra situación inaceptable que debe terminar, porque socava derechos, libertades y garantías y forma parte de la tendencia actual a la primacía absoluta de la seguridad. También significa que la soberanía de los Estados Unidos prevalece sobre la de los Estados miembros individuales, porque el acuerdo declara aplicable la legislación actual y futura de los Estados Unidos en este ámbito.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Necesitamos con urgencia un acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre el uso de los datos del Registro de nombres de los pasajeros, en vista del inminente vacío jurídico a partir del 1 de octubre de 2006. Por eso tenemos que ser claros sobre los principios que llevamos a la mesa de negociaciones.

La protección de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos es, sin duda, el pilar de cualquier negociación en ese ámbito. Pero no podemos ignorar que el mundo es un lugar aterrador en el que la prevención y la lucha contra el terrorismo constituyen valores y objetivos cada vez más importantes.

Aunque la mundialización ha abierto nuevos mundos y nuevos tipos de comercio y ha permitido a los ciudadanos explorar nuevos territorios, también ha creado nuevos monstruos que nos enseñan sus garras. El terrorismo y el crimen organizado son ejemplos de ello.

Hay que aplicar con rapidez medidas basadas en principios claros y precisos que protejan a nuestros ciudadanos de cualquier ataque contra sus vidas, su propiedad y sus derechos fundamentales. Por eso, no me cabe duda de que estos son los mismos principios que guiarán a nuestros socios en la mesa de negociaciones y que el acuerdo se negociará con el fin de proteger a nuestros ciudadanos.

- Informe Sifunakis (A6-0260/2006)

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) Quisiera ensalzar el notable trabajo de mi colega, el señor Sifunakis, sobre la protección del patrimonio cultural, natural y arquitectónico europeo en las zonas rurales e insulares.

Soy representante elegida de una zona rural que tiene un patrimonio natural protegido, un patrimonio arquitectónico antiguo y un rico patrimonio cultural, y por tanto aprecio la importancia de este informe.

Creo también que son el carácter polifacético y la fuerte identidad del patrimonio de nuestras regiones rurales e insulares los que las diferencia y enriquece.

Suscribo plenamente lo que preconiza el informe sobre medidas encaminadas a proteger, rehabilitar y promover debidamente las pequeñas comunidades tradicionales.

Es preciso movilizar los recursos necesarios, procedentes tanto de los Fondos Estructurales como de los créditos reservados para el medio ambiente y de los créditos nacionales.

Todas las iniciativas europeas, como el «Premio al patrimonio cultural de la Unión Europea» y las «Jornadas del patrimonio europeo» deben alentarse y conocerse mejor a fin de revalorizar la diversidad y la riqueza del patrimonio europeo, factor de cohesión social.

Por otra parte, pienso que habría que conceder más importancia a la conservación y la transmisión de las lenguas regionales, los dialectos y hablas regionales de nuestras regiones rurales e insulares, que también forman parte de nuestro patrimonio.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Sifunakis sobre la protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en zonas rurales e insulares porque creo que tenemos que fortalecer el patrimonio cultural e incorporarlo plenamente en las políticas y los recursos financieros de la UE, por ejemplo a través de los Fondos Estructurales.

Dado que las zonas rurales abarcan cerca del 90 % del territorio de la Europa ampliada y constituyen una preciosa reserva de vida natural y capital cultural, es fundamental apostar más por el desarrollo de las economías locales, para invertir la tendencia a la disminución gradual de las poblaciones rurales, fomentar y apoyar un «turismo alternativo y sostenible», y salvaguardar el conocimiento local y los oficios tradicionales.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Sifunakis (Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Grecia) sobre la protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en zonas rurales e insulares porque creo que el patrimonio histórico y cultural de las regiones rurales e insulares debería contribuir de forma significativa al desarrollo social y económico de dichas regiones.

También creo que el aspecto positivo de este informe reside en la promoción del concepto de desarrollo sostenible, capaz de conseguir un equilibrio vital entre las comunidades locales y el medio ambiente, y en la actitud integrada que propone para las zonas tradicionalmente agrícolas. Respecto de la participación cívica de la sociedad civil, creo que es importante subrayar que el señor Sifunakis concede mucha importancia a la necesidad de implicar a la población local en la elaboración y aplicación de las políticas, algunas de las cuales se encuentran en el informe, de la siguiente manera: un estudio sistemático del patrimonio cultural y la creación de un marco jurídico para su protección; financiación para restaurar monumentos locales y métodos agrícolas tradicionales; recuperación exhaustiva de los hábitats tradicionales y las formas de arquitectura tradicionales; y saber hacer y oficios tradicionales transmitidos de generación en generación.

Por consiguiente, mi voto a favor está basado en la calidad del informe. Por eso quiero felicitar al señor Sifunakis.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) A pesar de que el informe contiene algunas contradicciones y uno o dos puntos con los que discrepamos, hemos votado a favor de la resolución final porque consideramos que es importante apoyar la protección y la conservación del patrimonio cultural a través de los Fondos Estructurales y de las iniciativas comunitarias existentes, como LEADER +, URBAN II e INTERREG III, que se integrarán en los nuevos instrumentos financieros de la PAC en el próximo período presupuestario (2007-2013).

También acogemos con satisfacción la idea de pedir a la Comisión que adopte medidas para mejorar la accesibilidad e incentivar a las pequeñas empresas, los oficios y comercios tradicionales y las tradiciones y costumbres locales mediante una campaña a gran escala que promueva las aldeas y comunidades situadas en los Estados miembros para contribuir de forma decisiva al desarrollo de la economía local y frenar el éxodo rural.

También pide a Comisión y a los Estados miembros que cooperen con el Consejo de Europa para seguir promoviendo las comunidades tradicionales y el patrimonio arquitectónico en el ámbito rural y en las regiones insulares como parte de la iniciativa «Jornadas del Patrimonio Cultural Europeo» a fin de sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre el valor de las identidades culturales locales y regionales.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que de conformidad con el principio de subsidiariedad, son los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales quienes pueden y deben proteger el patrimonio natural, arquitectónico y cultural.

Rechazamos la creación artificial, a escala de la UE, de un patrimonio cultural común de la UE. La idea de crear un marco jurídico a escala de la UE para proteger el patrimonio cultural en las zonas rurales es poco realista. Esto es responsabilidad de cada Estado miembro.

Como siempre, la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo se ha embarcado en fantasías. El apartado 21 de su proyecto de informe propone medidas sistemáticas a favor de las pequeñas comunidades tradicionales, en la misma línea que el sistema de las capitales culturales. Eso añadiría nuevos costes al presupuesto de la UE.

El apartado 24 del proyecto de informe propone realizar esfuerzos por declarar un Año europeo del patrimonio cultural. El Parlamento Europeo propone a menudo dedicar determinados años a un tema u otro. Pero en la práctica sería imposible organizarlos todos.

Voto en contra del informe en su conjunto.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar al señor Sifunakis por su importante y oportuno informe sobre la protección del patrimonio natural y arquitectónico europeo en las zonas rurales e insulares de Europa, que apoyo. Acojo con especial satisfacción la referencia a la necesidad de que la UE tome medidas conjuntas para proteger el patrimonio, lo que incluye tanto la arquitectura como el patrimonio natural de las regiones, marcado por el modo de vida humana a lo largo del tiempo.

La conservación de los numerosos elementos del patrimonio cultural constituye la base de un mayor desarrollo social y económico, lo que permite mejorar la protección ambiental, las oportunidades de empleo y la integración europea, y ayuda a evitar el abandono y la disminución gradual de la población.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. MAURO
Vicepresidente

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

11.1. Sri Lanka

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Sri Lanka.⁽¹⁾

  Jean Lambert (Verts/ALE), autor. – (EN) Señor Presidente, agradezco la oportunidad de intervenir esta tarde, pero lamento que sea necesario hacerlo porque no hace mucho este Parlamento adoptó una resolución sobre la situación en Sri Lanka. Desde entonces hemos sido testigos de una vuelta a la destrucción, o su continuación, las muertes, el desplazamiento de poblaciones y, de hecho, el derramamiento de sangre que en esta Cámara esperábamos que hubiera cesado.

Estoy seguro de que cada uno de los diputados a esta Cámara desea que se detenga el derramamiento de sangre y una solución pacífica en Sri Lanka. Podemos no estar de acuerdo en la vía para lograrlo, pero estamos unidos en torno al objetivo que formula esta resolución. Como dice nuestra resolución, no se ha llegado a una solución pacífica debido a la intransigencia de ambas partes, que pisotean las aspiraciones de la mayoría y están preocupados por su propio papel, su propio futuro, su propia visión de Sri Lanka, que no están dispuestos a que las fuerzas que desean la paz trabajen para conseguirla.

Ahora, la Unión Europea debe decidir el camino a seguir. Para algunos de nosotros, la inclusión de los LTTE en la lista de organizaciones terroristas ha dado lugar a una respuesta totalmente previsible y la SLMM ya no puede operar con toda su fuerza o con la eficacia que desearíamos. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Tenemos que intentar que se reanuden las negociaciones de paz. Tenemos que participar plenamente en ellas y con todos los contactos que tenemos a fin de avanzar, a fin de poder seguir distribuyendo adecuadamente la ayuda a las víctimas del tsunami y lograr un futuro pacífico para todos.

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, no es la primera vez que abordamos esta cuestión, y somos conscientes de que Sri Lanka ha sido a menudo objeto de debate en esta Cámara.

Ya hemos hecho referencia a cuestiones históricas, y recientemente he hablado de las dificultades relacionadas con nuestra necesidad de opinar sobre la situación de las partes del conflicto. Por una parte, tenemos el perjuicio continuo que sufren las víctimas de esos conflictos, y por otra no podemos olvidar que las circunstancias específicas del pasado afectan al presente. No podemos suponer sin más que esas personas son sencillamente desgraciadas y están abocadas a un destino cruel.

Es necesario aceptar una definición sobre quién –y dudo en recurrir a términos tan controvertidos, pero lo diré– es el anfitrión original en Sri Lanka y quién el huésped que tiene tantos humos, y qué actividad va en detrimento del anfitrión. No deseo nombrar a individuos o hacer referencia a ningún partido en particular, pero quiero señalar que no podemos juzgar la situación actual sin hacer un análisis específico y formular un juicio de los acontecimientos anteriores y sin una base que distinga entre agresores y víctimas. Después de todo, no podemos sencillamente declarar inocente a cada víctima y culpable a cualquiera que esté arriba en un momento determinado. Por supuesto, como organización internacional debemos garantizar, en primer lugar, que cese el sufrimiento de los ciudadanos lo antes posible, pero no podemos hacerlo sin tener en cuenta el contexto histórico ni tener alguna idea de quiénes son los buenos y quiénes los malos. Creo que esta Cámara debe tomar más medidas de las que ha tomado hasta ahora.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, tras décadas de guerra y de intensa mediación por parte de los noruegos, los sucesivos Gobiernos de Sri Lanka han declarado su voluntad de trabajar a favor de un acuerdo con los rebeldes Tigres Tamiles, con la posibilidad de una confederación que impida al Gobierno central intervenir en la administración democrática del noreste autónomo alrededor de Jaffna. Por desgracia, esas buenas intenciones han sido objeto de disputas políticas en el seno de la población ceilandesa, que en parte cree que los rebeldes tamiles deberían contentarse con menos, y la división de la población mayoritaria socava la fe de la minoría en la posibilidad de una resolución pacífica.

Mientras la minoría tamil no pueda confiar en un acuerdo político en el seno de la mayoría ceilandesa o en sus anteriores promesas, no podemos pretender que se sienten pacientemente y esperen a que les ofrezcan algo. Mientras tanto, ambas partes han vuelto a la violencia. Europa tiene que ser coherente y mostrarse imparcial, y hacer todo lo posible por fomentar la paz y la conciliación.

Aunque la organización rebelde LTTE no está prohibida en Sri Lanka, desde mayo de 2006 se encuentra en la lista de la UE de organizaciones terroristas, cosa que debemos lamentar porque dificulta las negociaciones y fomenta la perpetuación de la violencia. Incluir a una entidad en la lista de organizaciones terroristas indica que no se puede negociar con ella y que hay que hacer todo lo posible por eliminarla.

Hace años que sabemos que por mucho que quisiéramos acabar con el LTTE o excluirlo, no podríamos. Por eso llevamos tantos años negociando con ellos. Les necesitamos si queremos que haya paz y reconciliación. Tenemos que hacer todo lo posible por acabar con la desesperación que les ha llevado a recurrir a la violencia.

  Neena Gill (PSE), autora. – (EN) Señor Presidente, quiero condenar firmemente el reciente brote de violencia en Sri Lanka. Durante el fin de semana, las patrulleras gubernamentales entablaron un combate con los rebeldes tamiles en los mares del norte. Este es un nuevo estallido de la violencia entre las fuerzas gubernamentales y el movimiento rebelde, pero, como bien sabemos, la violencia no es la vía para resolver conflictos complejos y delicados.

Desde que el Consejo incluyó a los LTTE en la lista de organizaciones terroristas, la situación en Sri Lanka ha empeorado. La calificación de este grupo ha hecho que este movimiento se aleje aún más de la mesa de negociaciones. Mi planteamiento, en calidad de Presidenta de la Delegación del Parlamento para las relaciones con los países de Asia Meridional y la Asociación del Sudeste Asiático para la Cooperación Regional, es que ambas partes deben sentarse a negociar y son responsables por partes iguales de los recientes actos de violencia. Ninguna parte está libre de culpa y ambas deben aceptar su responsabilidad.

El Gobierno de Sri Lanka no ha adoptado una respuesta proporcional a la amenaza de los rebeldes. Debe evitar las actitudes terroristas que se asocian actualmente al movimiento rebelde que combate con tanta violencia.

Los ataques contra escuelas y hospitales en el norte de Sri Lanka no reflejan la acción de un Gobierno responsable, democrático y deseoso de paz. Como todos sabemos por otros focos terroristas en el mundo, las causas profundas de los conflictos deben ser objeto de un detenido análisis. Necesitamos abordar las causas del conflicto. La mano dura que ha adoptado el Gobierno no ayuda a resolver estas causas profundas.

No olvidemos que muchas personas han perdido la vida, entre ellas 17 ciudadanos de la UE que trabajaban como monitores. No podemos seguir tolerando la violencia contra personas inocentes, agencias de ayuda, ONG y monitores en esa región. Ha llegado el momento de que el sentido común y las negociaciones se impongan en Sri Lanka.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), autor. – (EN) Señor Presidente, Sri Lanka es un hermoso país situado en una encrucijada económica muy importante, cuya población es emprendedora y trabajadora. Es una pena que el terrorismo haya echado por tierra las esperanzas y las ambiciones de toda una generación de singaleses. Sri Lanka ha avanzado en los últimos años; ¿cuánto más desarrollo económico y social se habría podido lograr si hubiera habido estabilidad y seguridad?

No quiero subestimar el sentimiento de injusticia que abrigan muchos ciudadanos tamiles, pero podemos estar seguros de que el terrorismo no ha mejorado en nada sus oportunidades. La población de habla tamil es muy variada. De una población de cuatro millones de personas, una cuarta parte más o menos son tamiles de las montañas, que nunca se han asociado a los LTTE, mientras que otra cuarta parte son musulmanes, que sin duda se sienten muy poco atraídos por esta organización. La mayoría de la población tamil de Sri Lanka vive en el centro y el sur de la isla, fuera de las zonas que han estado bajo control de los LTTE. Aquellos que viven en esas zonas no han tenido la oportunidad de expresar sus verdaderas opiniones sobre los terroristas que dominan su vida.

No me cabe la menor duda de que se han producido abusos contra los tamiles y que en algunas ocasiones las fuerzas de seguridad no han tenido la debida consideración por los tamiles que viven en las zonas de conflicto. Por ello quiero felicitar al Gobierno de Sri Lanka por el compromiso que ha asumido de investigar las atrocidades y las graves violaciones de los derechos humanos y juzgar a sus autores. Por supuesto, los mayores violadores de los derechos humanos son los terroristas.

Diversos Gobiernos de Sri Lanka han intentado mejorar la situación de la población tamil y han ofrecido diversas propuestas de autogobierno que darían a los tamiles una autonomía considerable y mantendrían, al mismo tiempo, la unidad del país. Cada una de esas propuestas ha sido rechazada por la intransigente dirigencia de los LTTE.

En la resolución que debatimos hoy, pedimos a todas las partes del conflicto de Sri Lanka que se alejen del abismo. Pedimos un fin inmediato, total y verificable, de las hostilidades, el respeto de los derechos humanos, el acceso sin restricciones a todo el país para los trabajadores de las organizaciones humanitarias, y que el Gobierno y la oposición de ese país hagan urgentemente un gesto valiente de reconciliación, que incluya una revisión constitucional.

Entretanto, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros deben redoblar esfuerzos para contribuir a una paz estable y justa en Sri Lanka, y restaurar la seguridad y la prosperidad, lo que incluye luchar firmemente contra los agentes del terrorismo.

  Elizabeth Lynne (ALDE), autora. – (EN) Señor Presidente, el final de la violencia parece estar más lejos que nunca. Una de las causas de esta situación es que no se haya celebrado una segunda ronda de negociaciones de paz en Ginebra, a la que no asistieron los LTTE. La inclusión de los LTTE en la lista de organizaciones terroristas por parte del Consejo, que tuvo lugar el 29 de mayo de 2006, no ha contribuido a la celebración de nuevas negociaciones. Me alegro de que se haya presentado una enmienda a este respecto y lamento que no se haya incluido en la resolución. La prohibición de los LTTE solo producirá un mayor aislamiento. No se les permite viajar, por lo que no será posible una nueva conferencia en Ginebra.

Deberíamos mostrarnos realistas en este aspecto. Por mucho que condenemos, como lo hacemos, los atentados terroristas de los LTTE, el Gobierno tampoco es inocente. Basta recordar a los 17 cooperantes franceses que fueron asesinados el 4 de agosto de 2006. Las pruebas apuntan a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad gubernamentales, aunque aún no lo sabemos a ciencia cierta. Este incidente y todos los demás actos cometidos por los LTTE y el Gobierno deben ser investigados por un experto independiente en derechos humanos. Lo que me parece más censurable es que ni las fuerzas de seguridad gubernamentales ni los Tigres Tamiles se preocupen de proteger a la población civil. La constante incertidumbre sobre los hechos y las personas responsables de presuntos crímenes de guerra y otras violaciones del Derecho internacional exacerban el miedo y el pánico entre la población civil. Necesitamos una operación de seguimiento firme y eficaz, pero esta debe contar con el apoyo del Gobierno, los LTTE, las Naciones Unidas y sus países miembros.

  Thomas Mann, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, el alto al fuego vigente en Sri Lanka desde 2002 se ha roto en varias ocasiones; a mediados de junio, 60 personas fueron asesinadas en el peor ataque hasta la fecha, y el Gobierno ha responsabilizado al LTTE. Trabajadores de la organización francesa «Acción contra el hambre», que se ocupaban del daño causado por el tsunami, fueron asesinados a principios de agosto, y más de 100 personas resultaron heridas y 61 muertas a mediados de ese mismo mes –todos eran niños y jóvenes– en una masacre presuntamente cometida por las fuerzas de seguridad del Estado.

Este año 2006 me recuerda a 2001, cuando estuvimos con la delegación SARC en Jaffna y vimos los resultados de la guerra civil, en forma de pueblos destruidos, tierras quemadas y decenas de miles de refugiados asustados y desesperados. En nuestras conversaciones con el Gobierno y la oposición, activistas de derechos humanos, budistas y musulmanes siempre hemos defendido la iniciativa de paz de los noruegos, quienes este año también han intentado –en vano– mediar en el conflicto.

No podemos pasar por alto este hecho. El LTTE es responsable de los bombardeos a civiles, de los bloqueos de agua potable durante un mes y de su negativa a dejar de reclutar niños soldados.

Pero también hay buenas noticias. Dos partidos tamiles han decidido unirse al Gobierno de coalición. El Presidente está dispuesto a permitir que se investiguen las violaciones de derechos humanos por parte del ejército y la policía, y muchos responsables políticos se dan cuenta de que la población tamil tiene que dejar de considerarse de segunda categoría. Esperemos que cada vez haya más buenas noticias y menos historias de terror, porque es lo que se merece Sri Lanka, una de las democracias más antiguas de Asia.

  Robert Evans, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, este punto del orden del día, como sabemos, trata de las violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. La situación en Sri Lanka en estos momentos es trágica, y no cabe duda de que se han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos. Esta propuesta de resolución se refiere a la labor de la Misión de Supervisión de la Tregua en Sri Lanka. Este organismo independiente ha acusado a los LTTE del ataque del 15 de junio y, como ha señalado la señora Lynne, ha culpado al Gobierno de Sri Lanka del asesinato de 17 cooperantes en Muttur a principios de agosto.

Esto muestra la gravedad de la situación. Lamentablemente, algunos de los que participan en este debate –y no solo el de esta tarde, sino también otros– tratan de atribuir la culpa a una u otra parte. Tenemos que aceptar que en toda situación de conflicto se cometen actos graves en ambos bandos y que las respuestas militares han sido desproporcionadas en muchos casos. Lo que comenzó como una pequeña disputa local sobre el suministro de agua ha costado centenares de vidas, ha desplazado a miles de personas y ha llevado al país al borde de la guerra civil.

Todas las partes –los LTTE, el coronel Karuna y el Gobierno de Sri Lanka– deben darse cuenta de que la solución militar no es viable y que el único camino a seguir son las negociaciones de paz sin condiciones previas. De ahí que la enmienda 5 intente mantener abiertas las negociaciones. Todos aceptan que los LTTE son una de las partes en este conflicto y, aún así, la UE se ha lavado las manos de las negociaciones al proscribirlo.

Dejemos una cosa clara. El hecho de que yo diga esto, y de que la señora Lynne haya dicho algo similar, al igual que la señora Lambert y el señor Meijer, no nos convierte en terroristas o en apologistas del terrorismo, que desde luego condenamos. Simplemente significa que necesitamos mantener abiertas las negociaciones. De forma similar, debemos hacer todo lo posible, como se indica en la enmienda 4, por ayudar a la población de Sri Lanka, que viene sufriendo desde hace tanto tiempo y necesita una solución pacífica.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, es una tragedia que continúe el derramamiento de sangre en Sri Lanka y la responsabilidad de ello corresponde tanto al Gobierno como a las fuerzas tamiles. Las pruebas presentadas por la Misión de Supervisión de la Tregua muestran que fuerzas gubernamentales mataron a 17 cooperantes, que los LTTE bombardearon un autobús, matando a 64 civiles, y que la Fuerza Aérea de Sri Lanka ha bombardeado un campamento en el norte, en el que murieron 51 jóvenes.

Si bien urge que una comisión independiente investigue las recientes desapariciones, secuestros y ejecuciones extrajudiciales, a largo plazo debemos repetir el llamamiento que hizo esta Cámara en su última resolución, de que las partes implicadas en la guerra civil concierten un amplio acuerdo sobre derechos humanos y que una misión internacional independiente controle su aplicación. Las lecciones que hemos aprendido de las deficiencias de la Misión de Supervisión de la Tregua demuestran que para que los derechos humanos formen parte de una solución justa y duradera del conflicto, ese organismo debe tener mecanismos ejecutivos reales y acceso sin restricciones a las zonas controladas tanto por el Gobierno como por los LTTE.

Esperemos que pronto se encuentre una solución política que sea aceptable para las minorías de Sri Lanka y que una paz duradera ocupe el lugar de la violencia y la pobreza.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, los ceilandeses y los tamiles han vivido juntos en Sri Lanka –también llamada Ceilán– durante más de dos mil años. Antes del ascenso de Roma, antes de los Césares, antes del nacimiento de Jesucristo había reinos ceilandeses en Sri Lanka junto con colonias de reinos tamiles en el sur de la India, y esto es lo que hace tanto más trágico que en pleno siglo XXI, la época en que vivimos, la situación sea tan explosiva, aunque hay que decir que los europeos contribuimos a empeorar las cosas durante la época colonial con nuestra política de asentamientos, a través de los intereses de los dueños de las plantaciones y muchas cosas más.

Hoy, lo más importante es que ayudemos a alcanzar una solución pacífica, y esto solo será posible si hacemos una distinción entre los terroristas y lo que realmente importa. Los terroristas no desean una solución, como tampoco la desean los extremistas ni las personas en el poder, porque derivan su poder del conflicto étnico, que en sí mismo puede resolverse perfectamente.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta sesión presidida por un italiano para decir que un buen modelo es lo que han conseguido los italianos y los ciudadanos del sur del Tirol trabajando juntos, ya que ha beneficiado a ambas partes. Dicho modelo de autonomía beneficia no solo a la minoría, sino también a la mayoría.

Creo que es hora de que empecemos a trabajar por un modelo similar de autonomía para Sri Lanka, donde la situación es muy peligrosa, y por eso acojo con satisfacción esta resolución equitativa, aunque también apoyo la enmienda de nuestro Grupo. No obstante, creo que es lamentable que en cierta medida estemos malgastando el tiempo en una guerra ideológica entre los Grupos en lugar de hacer un frente común y abordar esta espinosa cuestión política, lo que nos permitiría tener mucho más peso en las negociaciones con las partes contendientes en la guerra civil de Sri Lanka.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, en la últimas semanas han vuelto a producirse estallidos de violencia en Sri Lanka entre las guerrillas tamiles y las fuerzas gubernamentales. Solo este año han muerto más de 800 personas a consecuencia de esos brutales actos de violencia. El débil sistema judicial en Sri Lanka no ha reaccionado ante las violaciones generalizadas de los derechos humanos, el asesinato de representantes de organizaciones humanitarias y el reclutamiento de niños soldados.

Ambas partes –el Gobierno en Colombo y los Tigres Tamiles– se acusan de haber roto el acuerdo. Existe el riesgo de que estalle una guerra civil a resultas de los choques cada vez más frecuentes. Los representantes de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se vieron obligados a retirarse del país el 1 de septiembre porque los Tigres Tamiles no podían garantizar su seguridad. El hecho de que el creciente conflicto esté perjudicando el desarrollo económico al impedir que llegue ayuda a las víctimas del tsunami es motivo de preocupación.

Por eso hay que apoyar la aplicación del plan de ayuda humanitario de las Naciones Unidas que complemente la financiación que ya se había destinado a tal fin. Frente a este creciente conflicto, la comunidad internacional tiene que pedir a ambas partes que abandonen las armas y comiencen las negociaciones para alcanzar un acuerdo. No podemos seguir tolerando ataques que cada día se cobran víctimas inocentes.

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Señorías, como miembro de la delegación de nuestro Parlamento para los países del sur de Asia, la pérdida de lo que ya se ha conseguido en Sri Lanka me parece nefasta. El acto de terror perpetrado por los Tigres Tamiles el 15 de junio es muy lamentable, así como el asesinato de trabajadores humanitarios en Muturi por parte de fuerzas gubernamentales.

Si quieren ser dignas de confianza, ambas partes tienen que impedir dichos incidentes. La única salida a este punto muerto es respetar los derechos humanos y situar el bienestar de la población por encima de todo. El restablecimiento del alto al fuego es ahora la tarea más urgente, pero congelar el conflicto no es una solución. Como jefe de la delegación parlamentaria para Moldova, lo compruebo todos los días. El conflicto enquistado –me refiero al régimen ilegal de Transdniéster– ha hecho de Moldova el país más pobre de Europa.

A pesar de los contratiempos, la Unión Europea no puede perder de vista sus objetivos a largo plazo. Añadir los Tigres de Liberación de Tamil Elam (LTTE) a la lista de organizaciones terroristas ha sido técnicamente correcto, pero un error desde el punto de vista práctico. En consecuencia, la Misión de Supervisión en Sri Lanka (SLMM) ha perdido la mayor parte de su capacidad. La Unión Europea tiene que hacer todo cuanto esté en su mano para garantizar que las conversaciones en Sri Lanka se lleven a cabo usando palabras en lugar de balas. Está en nuestras manos, tiene que estarlo.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) La Comisión Europea se encuentra profundamente preocupada por el incremento de la violencia que amenaza seriamente la vigencia del acuerdo de alto el fuego y el proceso de paz en Sri Lanka. La intensificación de las hostilidades entre los Tigres de Liberación de Tamil Eelam y el ejército de Sri Lanka en los últimos meses es motivo de gran inquietud. Es necesario evitar a toda costa una guerra declarada, y las partes deben comprometerse de nuevo a cumplir el acuerdo de alto el fuego.

La Comisión ha pedido en repetidas ocasiones a ambas partes que hagan todo lo posible por evitar una nueva escalada de la violencia y la pérdida de vidas humanas. La Comisión y los copresidentes de la Conferencia de Donantes de Tokio sobre Sri Lanka han declarado en numerosas ocasiones que la violencia no es el camino para resolver el conflicto étnico de Sri Lanka. El sufrimiento causado a la población civil resulta intolerable.

El deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país preocupa seriamente a la Comisión Europea. Compartimos las inquietudes que se expresan en el proyecto de resolución respecto a las recientes violaciones y nos preocupa el clima de impunidad y desprecio de los derechos humanos en ambos bandos.

La Comisión se encuentra especialmente afectada por el atroz asesinato de 17 cooperantes de la ONG «Action Contre la Faim» y ha pedido a las autoridades de Sri Lanka que investiguen estos asesinatos de forma inmediata y exhaustiva, y que hagan todo lo posible para garantizar la labor de las agencias humanitarias en el país. El reciente petición del Presidente Rajapakse de que se cree una comisión internacional independiente –iniciativa que apoyamos– constituye un paso positivo que deberá ir seguido de medidas concretas.

Seguimos muy de cerca la situación en Sri Lanka y nos felicitamos del interés que muestra el Parlamento en esta propuesta de resolución para instar a ambas partes a que respeten plenamente los derechos humanos.

Estos nuevos acontecimientos revisten gran importancia para la Unión Europea en su función de copresidenta de la Conferencia de Donantes de Tokio. Una reunión de los copresidentes tendrá lugar el 12 de septiembre en Bruselas, y la Comisión Europea participará activamente en ella para lanzar un firme mensaje a ambas partes, invitándolas a aceptar una solución pacífica negociada del conflicto y el pleno respeto de los derechos humanos.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término del debate.

(1) Véase el Acta.

11.2. Solicitantes de asilo procedentes de Corea del Norte, en particular en Tailandia

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre los solicitantes de asilo procedentes de Corea del Norte, en particular en Tailandia.⁽¹⁾

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, después de más de 60 años de aislamiento, Corea del Norte ha desarrollado un modelo de gobierno y un modo de vida que no se parece en nada a cualquier otro. También es evidente que piensa más en misiles y bombas atómicas que en la producción de alimentos. Los ciudadanos que viven en unas condiciones de vida intolerables están atrapados, porque la frontera con Corea del Sur está permanentemente cerrada.

Su vecino, China, no les ofrece ninguna solución, porque repatría a todos los refugiados, que sin duda se enfrentan a un grave castigo por su delito; no vuelve a saberse nada de ellos. Por eso hay que encontrar una alternativa para los que quieren escapar. En este momento, acaban en países pobres como Vietnam y Camboya, pero también cada vez más en Tailandia, que es un país mucho más próspero y debería poder acomodar a pequeños grupos de personas de forma temporal.

Aunque su estatuto de refugiados está reconocido por la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, el Gobierno tailandés considera que han cruzado la frontera ilegalmente y, por tanto, tras todas las penurias que han tenido que sufrir, les condena a una pena de 30 días en prisión además de una multa considerable en relación con sus circunstancias. Tailandia tiene que atenderles y permitir que los que quieran pasar a Corea del Sur o a cualquier otro país puedan hacerlo.

Esperamos que Tailandia aplique las normas que son habituales en Europa, aunque hay que decir que se han aplicado de forma muy poco coherente, pero que sin embargo son las tradicionales. Si Tailandia desea ser una democracia –lo que, para ser francos, entraña bastantes dificultades–, así es como debe de tratar a esos refugiados.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, incluso antes de 1989 tanto el señor Deß como yo luchamos juntos contra el Telón de Acero y la división de Alemania y Europa.

En aquella época, muchos pensaron que éramos unos ilusos, igual que hoy piensan que la idea de reunificación coreana es una ilusión. Eso parece cuando una dictadura profundamente arraigada –y, además, con armas nucleares a su disposición– oprime de forma brutal a sus ciudadanos, pero no por eso dejaremos de defender una Corea libre y reunificada. Pero hasta que llegue ese momento, tenemos que proteger a los ciudadanos que están siendo perseguidos.

Ahí es donde Tailandia tiene que mantenerse fiel a su gran tradición, que demostró por primera vez hace varias décadas en su trato a millones de camboyanos. Muchos pierden de vista que la mayoría de los camboyanos sobrevivieron al terror del Jemer Rojo solo porque Tailandia –con ayuda europea, pero fue un esfuerzo tailandés– les ofreció ayuda y protección, y si fue posible hacerlo por millones de camboyanos, también tiene que ser posible hacerlo por unos miles de norcoreanos perseguidos por el comunismo. Teniendo esto en cuenta mi Grupo apoya esta resolución.

  Marcin Libicki (UEN), autor. (PL) Señor Presidente, no cabe duda de que aún existen dos dictaduras comunistas. Por su naturaleza, los regímenes comunistas solo pueden ser dictaduras. Me refiero a Cuba y a Corea del Norte. El mundo tiene que hacer todo lo posible por eliminar ambos regímenes.

Hoy estamos debatiendo la situación de los refugiados de Corea del Norte. No son inmigrantes económicos. Somos perfectamente conscientes de que los países a menudo desean protegerse de esa clase de inmigrantes. La repatriación de inmigrantes económicos, aunque dolorosa, solo significa devolverles a su desafortunada situación económica. Pero la repatriación de refugiados políticos les expone al mayor de los peligros. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional es impedir la repatriación de un solo refugiado norcoreano. El destino que les espera allí es tan cruel que desafía toda imaginación. Ese tiene que ser el objetivo principal de todas nuestras actividades.

  Paulo Casaca (PSE), autor. – (PT) Estamos ante una de las peores dictaduras del mundo, una dictadura que amenaza al mundo entero con su programa nuclear, y que ha conseguido transformar al país en un enorme campo de concentración.

En este contexto espero, junto con el señor Posselt y todos nosotros, por supuesto, que la frontera deje de existir y Corea del Norte deje de existir en su forma actual, pero no podemos esperar que eso ocurra antes de expresar toda nuestra solidaridad con los refugiados de Corea del Norte.

Por eso pedimos a las autoridades tailandesas un mínimo de justicia, de humanidad y de dignidad, que no criminalicen a las víctimas de una dictadura brutal y que ofrezcan toda la ayuda que puedan. También pedimos a las instituciones europeas que cooperen en los esfuerzos por ayudar a los refugiados norcoreanos.

  Marco Cappato (ALDE), autor. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, se trata en efecto de un episodio muy grave, señal de una situación de un enorme alcance, como ya han destacado mis colegas y se afirma en el texto de la resolución. Por tanto, solo me queda preguntar al Comisario, al Vicepresidente Frattini, por los medios y las posibilidades de resolver este problema, en particular con ocasión de la Reunión Asia-Europa (ASEM).

El problema afecta a Corea del Norte, naturalmente también a Tailandia, y por supuesto a nosotros, la Unión Europea, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tengo la impresión –no sé qué piensa el Comisario– de que demasiado a menudo en esa región del mundo, y no solo en ella, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene miedo de tomar posiciones que puedan resultar, por así decir, políticas –por ejemplo, en el caso de las minorías montañesas de Vietnam. Además, son muchos los casos en que la ONU parece prudente a la hora de garantizar el respeto efectivo del estatuto de refugiado, porque tiene miedo de que pueda ser entendido como algo negativo por los Gobiernos o los regímenes de la zona.

A este respecto, la Unión Europea puede desempeñar un gran papel alentando a las instituciones internacionales, y en especial a las Naciones Unidas, para garantizar, asignar y autorizar el estatuto de refugiado allí donde existan las condiciones. Obviamente, en el caso de Corea del Norte –estoy de acuerdo con lo que decían sus Señorías antes– se trata claramente de migraciones no solo económicas, sino del resultado o el producto de una de las peores y más violentas dictaduras que aún permanecen sobre la faz del planeta.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, Corea del Norte se ha convertido en un símbolo del Estado comunista anacrónico con la vista puesta en el pasado. El grave deterioro del nivel de vida resultante y la insoportable represión de la población por parte de un régimen totalitario cada vez más brutal, han hecho que decenas de miles de norcoreanos huyan de su patria para buscar un destino mejor.

Tailandia se ha convertido en un importante destino de tránsito para los refugiados norcoreanos. Por desgracia, recientemente hemos observado que las autoridades tailandesas dan un trato inaceptable a los solicitantes de asilo procedentes de Corea del Norte, que se caracteriza por detenciones, abultadas multas, encarcelamiento y repatriación. Dicha conducta contraviene la tan envidiada tradición de hospitalidad tailandesa e infringe las violaciones que la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 impone a Tailandia.

Pedimos al Gobierno de Tailandia que respete los derechos de los solicitantes de asilo norcoreanos y colabore plenamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, exhortamos al Consejo y a la Comisión a que sigan muy de cerca la situación de los refugiados norcoreanos.

  Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, Corea del Norte es uno de los regímenes más represivos del mundo. Este Estado carcelario está, a nuestro juicio, regido con la peor tradición estalinista, que se caracteriza por el hambre, el terror y el adoctrinamiento. Conocemos los horrores de los regímenes de Pol Pot y Stalin, y me obsesiona la idea de que esa misma situación existe actualmente en Corea del Norte.

Como es lógico, la gente arriesga la vida para escapar del país. Si miles lo han hecho, ¿cuántos miles más han perdido la vida en el intento? La mayoría de la población norcoreana reúne las condiciones para que se le reconozca el estatuto de «personas con problemas especiales». Si logran escapar, deben recibir la ayuda y la protección que necesitan. Tailandia ha gozado de la solidaridad mundial recientemente, tras el tsunami. Debe mostrar la misma solidaridad y no acosar a los norcoreanos que se han abierto camino hasta sus fronteras, pero también debe recibir ayuda para soportar esta carga.

La UE y los países europeos deben mostrarse dispuestos a acogerlos y facilitar recursos. Me gustaría recordar a esta Cámara que después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa Occidental permitimos que los soldados polacos que se encontraban en los campamentos de prisioneros de guerra alemanes fueran devueltos a las fauces de Stalin, quien los devoró inmediatamente o lentamente en el Gulag siberiano. En la atroz situación de Corea del Norte, tenemos la oportunidad de corregir la terrible injusticia cometida con los prisioneros polacos. Al ayudar a los solicitantes de asilo norcoreanos a que no sean devueltos a su país para ser encarcelados en campos de trabajos forzosos o ejecutados, pagaremos una vieja deuda y tomaremos la decisión correcta.

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, no es la primera vez que abordamos la cuestión de Corea del Norte, y por desgracia lamento tener que decir que en los últimos años pocas cosas han mejorado en ese país. Sigue habiendo violaciones a gran escala de los derechos humanos.

Hoy estamos debatiendo la cuestión de los refugiados, que se ven obligados por el hambre y la represión en su país a tomar la decisión más difícil en la vida de una persona, que es abandonar su país, a menudo poniendo en peligro su propia vida. Tailandia en particular se está convirtiendo en el centro de tránsito de muchos de ellos, pero las autoridades tailandesas, que tienen buenas relaciones con Corea, quieren aplicarles la ley de los inmigrantes ilegales, y así lo hacen.

Pido al Gobierno de Tailandia, conocido por su hospitalidad, que no repatríe a esos refugiados a su país, porque les expone a una persecución implacable, sino que los envíe a otro país.

No permitan que esas personas caigan presas del régimen.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, usted conoce muy bien la triste historia de los numerosos solicitantes de asilo norcoreanos y los recientes casos ocurridos en Tailandia.

La Comisión lamenta profundamente que estos refugiados no sean tratados de acuerdo con el Derecho humanitario internacional e insta a las autoridades tailandesas a respetar el principio de no devolución, que generalmente respetan, y garantizar el libre tránsito a terceros países en los que estos refugiados puedan establecerse. Esperamos que las conversaciones en curso entre Tailandia, las autoridades de Corea del Sur y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dé lugar al traslado de estas personas a Corea del Sur u otros países en los próximos días. En este contexto me gustaría destacar igualmente que la situación de los refugiados h’mong procedentes de Laos y que viven en Tailandia es motivo de gran preocupación.

En el caso de los norcoreanos, la búsqueda de asilo es el síntoma y no la causa de un problema muy conocido, a saber, el régimen antidemocrático de la República Popular Democrática de Corea, donde reina la pobreza, la economía está colapsada y no se respetan los derechos humanos.

La Unión Europea mantiene una política de ayuda humanitaria para Corea del Norte –345 millones de euros desde 1995– y una política de contactos personales y a nivel de directores de la troika, que comprende cuestiones sobre derechos humanos. Las Naciones Unidas adoptaron una resolución sobre derechos humanos en noviembre de 2005. Esta aborda, entre otras cosas, la devolución de ciudadanos norcoreanos a su país. Esta resolución enfadó a los norcoreanos, que suspendieron la ayuda humanitaria, que tan solo se ha reanudado hace unos pocos meses.

La Unión Europea continuará apoyando las negociaciones a seis bandas y su política de implicación para lograr mejoras prácticas y resolver la causa del problema.

Puedo asegurar a sus Señorías, en nombre de la Comisaria Ferrero-Waldner, que la Comisión continuará el estrecho seguimiento de los acontecimientos relacionados con los refugiados en Tailandia, en el marco –como acaba de decir el señor Cappato– del diálogo UE-Asia.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término del debate.

(1) Véase el Acta.

11.3. Zimbabue

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre Zimbabwe.⁽¹⁾

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), autor. – (CS) Señorías, Zimbabue es la antigua Rodesia del Sur. El régimen en el poder está considerado en toda Europa como una dictadura de línea dura. Tras la entrega del poder a los gobernantes actuales, los agricultores fueron inmediatamente expulsados de sus tierras, y el país se encuentra constantemente al borde de la hambruna. El Gobierno de Mugabe invitó a los descendientes blancos de los colonialistas a que regresaran al país y les devolvió sus tierras, y la situación mejoró rápidamente. Hoy están volviendo a expulsarlos gradualmente, incluso los asesinan, aunque el Gobierno ni siquiera ha comenzado a formar a los trabajadores agrícolas para que cultiven la tierra de forma racional. Asimismo, no se ofrece apoyo a las cooperativas ni para comprar el equipamiento adecuado. Estos son los problemas principales que afectan a la economía.

La propuesta de resolución aborda los problemas políticos y contiene una serie de propuestas insatisfactorias y discutibles. Me opongo al ridículo emplazamiento a Sudáfrica para que boicotee a Zimbabue en la Copa del Mundo de la FIFA. ¿Puede que no haya que tomárselo en serio? Tampoco entiendo por qué, al apoyar el punto D, los autores dicen que la oposición política se dividió lamentablemente en octubre de 2005 en dos facciones. Si esta observación culpa a Mugabe, no entiendo la esencia de la acusación. Si realmente queremos hacer el ridículo, podemos llamar a los chamanes locales para que sequen los ríos y hagan desaparecer las cataratas Victoria.

Quiero hacer un último comentario sobre el punto 5. En algunos Estados miembros de la UE la participación de las elecciones ha sido extremadamente baja. ¿Acaso no reconocemos la legitimidad de los representantes elegidos, diputados al Parlamento, senadores y algunos de nuestros colegas diputados al Parlamento Europeo? Tengo que decir que ese punto de la resolución me asombra. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica se abstendrá en la votación sobre la aprobación de la resolución.

Concluiré con una pregunta para el Comisario. Señor Comisario, ¿cómo apoyamos al Gobierno sudafricano, al que estamos pidiendo que mejore el trato que da a los refugiados de Zimbabue?

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), autor. – (EN) Señor Presidente, durante más de seis años el Parlamento ha pedido reiteradamente medidas firmes para promover un cambio en Zimbabue, pero seguimos presenciando la desesperada situación de millones de habitantes de ese país, que sufren diariamente una intensa opresión política, el colapso de la economía y escasez de alimentos básicos, agua y medicamentos. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas prevé prestar ayuda a casi cuatro millones de personas malnutridas este año, es decir, una tercera parte de la población.

El VIH/sida tiene un efecto devastador sobre este país, pues uno de cada cinco adultos está infectado por el VIH y más de un millón de niños han quedado huérfanos a causa del sida. El desempleo afecta al 70 % de la población. La situación política y económica de Zimbabue se encuentra en su punto más bajo en los 26 años de independencia de este país. Las medidas adoptadas por la comunidad internacional han sido poco entusiastas y han carecido de la firmeza necesaria para tener consecuencias reales sobre la situación de Zimbabue.

Sudáfrica debería encontrarse a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para presionar al régimen de Mugabe a hacer concesiones democráticas, pero me temo que la diplomacia discreta del Presidente Mbeki no ha logrado nada concreto. Gracias a su suministro de electricidad, maíz y créditos, Sudáfrica podría ejercer una enorme presión sobre el régimen de Mugabe. Pero no lo ha hecho.

Ahora China a recuperado su interés por muchas partes de África, entre ellas Zimbabue. El Gobierno chino no parece tener reparo alguno en reforzar regímenes tiránicos y proporcionarles armas de opresión a cambio de acceder a sus recursos naturales. No observo que la UE o los Gobiernos de los Estados miembros hagan un gran esfuerzo por cerrar esas fuentes internacionales de apoyo que mantienen a Mugabe en el poder. La UE ha mostrado muy poca firmeza a la hora de aplicar estrictamente sus propias sanciones. Por ello no resulta sorprendente que Mugabe no las haya tomado en serio.

Si la comunidad internacional quiere realmente poner fin a las terribles condiciones reinantes en Zimbabue, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe investigar de inmediato la situación de ese país. A menos que demos prioridad absoluta a Zimbabue, el régimen de Mugabe seguirá tambaleándose hasta el hundimiento total del país, incapaz de resurgir sin una inmensa ayuda internacional. Si la comunidad internacional actúa ahora podría contribuir a evitar esta situación.

  Karin Scheele (PSE), autora. – (DE) Señor Presidente, no es la primera vez que debatimos una resolución sobre Zimbabue, pero debo admitir que el contenido de las anteriores es mejor que el de esta.

Nuestra cooperación con los Estados ACP, la falta de democracia y las violaciones masivas de los derechos humanos en Zimbabue, junto con la grave crisis económica y la escasez de alimentos, el desempleo y la inflación que le acompaña, a menudo han sido objeto de crítica y debate. Cuando examinamos todos los problemas de un país antaño llamado «el granero de África», no podemos sino hablar de las personas valientes que, en un ambiente de gran opresión, tienen el coraje de seguir denunciado los abusos.

Al adoptar resoluciones, nuestro objetivo debe ser ayudar a las personas que luchan por la libertad, la democracia y el desarrollo. Tengo la impresión de que algunas partes de la resolución de hoy no les ayudarán, y me parece un error que una resolución sobre un asunto de urgencia mencione la Copa del Mundo que se celebrará en 2010.

A partir del 13 de septiembre –así pues, se trata de un asunto de máxima urgencia– se celebrarán manifestaciones en toda la nación, organizadas por los sindicatos y otras organizaciones, para llamar la atención sobre la creciente miseria de los ciudadanos y exigir un salario mínimo por encima del umbral de pobreza y responsabilidad social por parte del Gobierno. El Presidente Mugabe ya ha hecho saber que todas las manifestaciones serán reprimidas.

Es importante que nos aseguremos de que estas manifestaciones pacíficas, que ponen de manifiesto las horribles condiciones de vida del país, puedan celebrarse sin acoso por parte de la policía, y quiero señalar al Comisario que deberíamos pensar, teniendo en cuenta las estructuras de la región, cómo podemos enviar a observadores que garanticen el derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones libremente.

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, Zimbabue es un ejemplo de cómo puede prevalecer la cara fea de la descolonización. Como ha afirmado la oradora que acaba de intervenir, hubo un tiempo en que Rodesia del Sur o el actual Zimbabue era el granero de una gran parte de África. Hoy no puede ni siquiera alimentar a su propia población.

Hemos visto la cara negativa de la descolonización en muchos países, en particular en los países africanos, donde la transferencia de poder a fuerzas políticas irresponsables y perversas ha tenido consecuencias muy negativas para los Estados que se suponía tenían que alegrarse de haberse librado del poder colonial. En su lugar, sus propios habitantes están condenados al desastre. La propuesta actual del dirigente zimbabuense de devolver las tierras a sus antiguos propietarios llega demasiado tarde, y no inspira la más mínima confianza.

Creo que debemos consagrar todos nuestros esfuerzos a la ayuda humanitaria y educativa, porque no veo otra salida a la situación ni otra acción posible.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señor Presidente, la situación de crisis política y la de los derechos humanos en Zimbabue siguen siendo un asunto grave y preocupante. A ello también hay que sumar el deterioro de las condiciones de vida y la creciente pobreza. Pero me querría centrar, sobre todo, en un aspecto concreto que también se menciona y que, además, es un tema de actualidad que tratamos a menudo en estas sesiones de urgencia, y que tiene que ver con la libertad de expresión.

Ayer mismo, hablábamos de China y lamentábamos el alto grado de control gubernamental que, en estos momentos, existe sobre los medios de comunicación, y sobre Internet en particular. Pues bien, parece que en Zimbabue se han inspirado en la fórmula china para desarrollar su propia ley relativa a la interceptación de comunicaciones, que se añade a un sistema legislativo ya de por sí altamente restrictivo en términos de libertades.

La inspiración china no es menor, ya que, como «Human Rights Watch» manifestó recientemente en un informe, el sistema de control chino, llamado en inglés great firewall, es el más avanzado del mundo.

Así, según esta ley, el ejército, los servicios de inteligencia, la policía e incluso la oficina del Presidente podrán controlar e interceptar correos electrónicos, escuchar conversaciones telefónicas y censurar Internet, todo ello sin necesidad de un mandato judicial. Ello afectaría a la relación entre los doctores y sus pacientes, por ejemplo, entre los abogados y sus clientes, entre los periodistas y sus fuentes, y supone, sin duda, un riesgo enorme para la privacidad, las ONG y la gente que trabaja en favor de los derechos humanos.

Por todo ello, creo nuestra obligación solicitar que dicha ley sea retirada. Pero, en cualquier caso, deseo dejar muy claro que esta preocupación no me viene solo por el hecho de que hablemos de Zimbabue, ni tampoco exclusivamente con relación a China. Se trata de una preocupación que debemos entender como universal y sobre la que debemos alertar tanto respecto de estos países mencionados como, por ejemplo, también de los Estados Unidos y la propia Unión Europea.

El respeto a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad deben ser elementos fundamentales de cualquier sociedad moderna. Hoy hablamos de Zimbabue, pero, insisto, este es un tema que no podemos reducir solamente a este país.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, desgraciadamente, una grave y larga crisis humanitaria, política y económica sigue sacudiendo a esta antigua colonia británica, sin que se observen señales o esperanzas de una pronta mejora. El ineficiente y corrupto régimen dirigido por Robert Mugabe sigue oprimiendo a la población y mantiene el acoso generalizado contra la oposición política, los activistas sindicales, los agricultores, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los periodistas y las autoridades judiciales.

Pedimos al Gobierno de Zimbabue que comience a mostrar el necesario respeto de los convenios internacionales y de los derechos humanos, y que garantice la independencia del poder judicial. Además, consideramos que un paso importante para salvar al país de cosas peores en el futuro consiste en que el señor Mugabe renuncie finalmente al poder lo antes posible. Dicha medida, que se vería facilitada por la apertura de negociaciones para la transición entre los partidos Zanu-PF y MDC y los demás movimientos de oposición, daría lugar a la tan necesaria recuperación de la sociedad, la política y la economía de Zimbabue, y brindaría paz y prosperidad a su pueblo en la traumática transición de la colonización británica a la independencia y la libertad.

  Michael Gahler, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, una constante de esta Cámara durante los años en que he sido diputado han sido los debates sobre Zimbabue y el deterioro constante de sus condiciones sociales, económicas y políticas. Los llamamientos a Mugabe no han surtido efecto, ni tampoco los llamamientos a sus vecinos –Sudáfrica en particular– para que se comprometan más a hacer algo al respecto, y las medidas que hemos tomado en la UE tampoco han tenido mucho efecto.

¿Cómo están las cosas? Según los cálculos, unos dos millones de personas han huido a países vecinos, la mayoría de forma ilegal. La llamada «Operación Restablecer el Orden» desarraigó, en el sentido literal del término, a 700 000 personas; cuatro millones de personas no tienen qué comer; la tasa de desempleo es del 70 % y la tasa de inflación la más alta del mundo. Una consecuencia de los reasentamientos forzosos es que dificulta la lucha contra el sida; 3 200 personas mueren cada semana a consecuencia de esta enfermedad. Hay más legislación sobre el control y la opresión de los ciudadanos que antes de la independencia.

¿Qué podemos hacer? Debemos procurar que las agencias internacionales que trabajan sobre el terreno en nombre de las Naciones Unidas ayuden directamente a la población y que la Cruz Roja realice su trabajo con el mínimo de interferencias.

Quiero –y digo esto en particular a la Comisión– que la partida presupuestaria de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos ayude a la sociedad civil zimbabuense, a todas las personas valientes, ya sea en los sindicatos, en las organizaciones de derechos humanos, en las iglesias o en los medios de comunicación independientes. Preguntemos a los chinos con quién quieren establecer relaciones a largo plazo en Zimbabue: ¿con el Gobierno o con el pueblo? Y aprovechemos cualquier oportunidad para decir a nuestros socios sudafricanos que su negativa a actuar no les facilita las cosas a ellos mismos ni hace un favor a la población de Zimbabue.

  Józef Pinior, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, en los últimos años hemos presenciado el deterioro de la situación política, social y sanitaria de Zimbabue.

La dictadura política del señor Mugabe ha venido acompañada del desastre social. La operación Muramba-tsvina ha dejado sin hogar a 700 000 personas. Cerca de cuatro millones de personas en Zimbabue corren peligro de inanición y aumenta el número de afectados por el sida. El resultado es un situación en la que cada semana mueren más de 3 000 personas. Los recientes intentos del régimen del señor Mugabe de controlar a la Cruz Roja son motivo de preocupación.

En este momento, la Cámara tiene que centrarse en las actividades de los sindicatos en Zimbabue, y en particular en las manifestaciones que celebrarán en las próximas semanas. Los sindicatos en Zimbabue merecen todo nuestro apoyo.

  Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, no es necesario describi9r de nuevo la terrible situación autoinfligida que reina en Zimbabue. Muestra los límites de nuestro poder. Suspender la ayuda solo dañaría a los más vulnerables y, no obstante, es el único medio que tenemos en esta Cámara contra el régimen de Zimbabue.

¿Podemos encontrar otros medios? A este respecto, me gustaría hacer referencia al apartado 8 de la propuesta de resolución, en la que se sugiere excluir a Zimbabue de la Copa del Mundo de 2010. A diferencia de otros diputados a esta Cámara, me parece una buena idea. Y me gustaría oír la opinión de la Comisión al respecto.

Esta semana hemos presenciado la fraternidad y amistad que emana del fútbol internacional. El equipo de mi país –Escocia– visitó hace poco Lituania y estoy seguro de que se trabaron numerosas amistades. Sin embargo, la participación es un privilegio, no un derecho. La exclusión de la Copa del Mundo de 2010 destacaría el rechazo internacional que despierta el régimen de Mugabe sin causar daño a la población de Zimbabue, aunque se notaría en todo este país tan aficionado al fútbol. Me parece que se trata de una idea positiva y útil. Y me gustaría oír la opinión del Comisario sobre ella.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, Señorías, hace algún tiempo que la terrible situación de los derechos humanos en Zimbabue es motivo de preocupación, y no es la primera vez que se incluye en el orden del día de la Cámara. ¿Cuánto tiempo lleva el dictador marxista Mugabe aplicando sus políticas racistas en contra de los agricultores blancos de su país? Ha salido impune de una política de limpieza étnica, cuyas principales víctimas son la gran mayoría de la población negra de Zimbabue.

Después de todo, hubo un tiempo en que Zimbabue fue un país agrícola, uno de los pocos al sur del Sahara capaces de exportar sus productos agrícolas. Mugabe, en su locura, ha reducido a su pueblo a la miseria. La agricultura se derrumba y la hambruna se extiende.

Es hora de que tomemos medidas en contra del dictador. La comunidad internacional debe dar a Mugabe el mismo trato que dio a Charles Taylor de Liberia, ya que ha cometido crímenes contra la humanidad y tiene que responder de ello. África es otro lugar en el que no puede aplicarse una política de doble rasero.

  John Attard-Montalto (PSE). – Señor Presidente, me parece que a medida que pasa el tiempo la Unión Europea se muestra cada vez menos efectiva ante ciertas dictaduras.

Es una gran pena que se haya permitido que un país tan maravilloso como Zimbabue fuera cayendo en la situación en que se encuentra ahora; y seguimos sin hacer nada, excepto las contadas medidas que hemos adoptado para luchar contra la dictadura del señor Mugabe. Hablamos de lo que sucede y limitamos la capacidad de viajar de los responsables y sus familiares próximos y con eso creemos que hacemos algo por ayudar a las personas más afectadas: que no son solo los blancos, sino también una parte considerable de la población negra. Ya es hora de nos pongamos en pie y empecemos a actuar en lugar de limitarnos a hablar.

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, nuestro colega austriaco está en lo cierto al afirmar que no es la primera vez que debatimos sobre Zimbabue en esta Cámara. Zimbabue se ha convertido en una especie de historia interminable, y en muchos aspectos es imbatible: un 70 % de desempleo, la mayor tasa de inflación del mundo, 3 200 muertes a causa del sida cada semana, y el menor índice de participación electoral en el mundo, el 15 %.

Cuatro millones de personas están en peligro de muerte por inanición. La situación es un reto para el mundo, incluida la Unión Europea. Espero que esta vez vayamos más allá de las palabras, y estoy de acuerdo con lo que nuestro colega español, el señor Rueda, ha dicho recientemente sobre la necesidad de no aplicar un doble rasero. Hablemos sobre todo de Zimbabue, por supuesto, pero vayamos más allá, porque los derechos humanos fundamentales están siendo violados en otros países y constantemente tenemos que evitar la política de doble rasero. Es positivo que la Cámara vuelva a debatir esta cuestión, pero esperemos que sea la última vez.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea sigue con la máxima atención los sucesos de Zimbabue y estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación política, y sobre todo de la económica y social, que afecta a las personas: civiles, ciudadanos.

Basándonos en las condiciones actuales –no hay medidas adecuadas, el Gobierno de Zimbabue no ha adoptado ninguna medida para afrontar seriamente la crisis democrática, la protección de los derechos y la trágica crisis económica–, está fuera de discusión cualquier posible aligeramiento o revocación de las medidas adoptadas por la Unión Europea con respecto a Zimbabue. En otras palabras, ni siquiera vamos a hablar de ello.

Con respecto a Zimbabue, la Unión Europea no cambia de actitud, y su firmeza ha sido recientemente resaltada por mi colega Louis Michel en sus contactos con las autoridades de Gobierno de Zimbabue, en los que ha subrayado que la Comisión está absolutamente decidida a desempeñar un papel activo para intentar desbloquear la situación. Al mismo tiempo, no podemos renunciar a ninguna de las condiciones que hemos puesto, ante todo la restauración de normas democráticas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Todo lo que se ha dicho confirma nuestra inquietud.

He escuchado con atención y gran interés la idea de excluir a Zimbabue de la Copa del Mundo de Fútbol de 2010. Sus Señorías saben que una decisión como esta debe tomarla la Federación Internacional de Fútbol, pero, dicho esto, personalmente me parece una idea que hay que tomar en serio y debatirla con los Estados miembros y con la Federación Internacional. No puedo decir hoy si el resultado será el que algunos diputados esperan, pero puedo decirles que informaré a mis colegas Louis Michel y Ferrero-Waldner de esta expectativa: la cuestión merece realmente que se tome muy en serio.

Sin duda hay otro aspecto: como he dicho antes, Europa espera que Zimbabue reemprenda una trayectoria de restablecimiento de las condiciones de vida democrática y progreso económico. Obviamente, estamos dispuestos a mostrar algunos caminos, por ejemplo en el marco del décimo programa de prioridad para el Fondo Europeo de Desarrollo, en el que existen posibilidades concretas, pero no podemos renunciar hoy a poner una condición muy clara a Zimbabue: si no emprende en serio el camino de la democracia, no podremos cambiar nuestra actitud de firmeza.

Al mismo tiempo, la Comisión mantiene un diálogo muy estrecho con países vecinos a Zimbabue, en especial con los países miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y con el Gobierno de Sudáfrica. Estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado: insistiremos cada vez en pedir a esos países vecinos que hagan aún más.

Apoyamos las iniciativas de las Naciones Unidas y, a mi entender, es muy importante que acreditados jefes de Estado y de Gobierno africanos presionen sobre el Gobierno de Zimbabue para conseguir que mejoren por fin la situación política y humanitaria y se abra la vía hacia la reconciliación nacional.

Al mismo tiempo, nos preocupa la población: es evidente que si la actitud frente al Gobierno de Zimbabue es de absoluta firmeza, con respecto a la población, en cambio, que no tiene culpa de tener un régimen que la priva de libertad y también de medios económicos, debemos ocuparnos de una ayuda directa. Puedo confirmar que el Comisario Michel está decidido a mantener la ayuda y también la financiación de proyectos relativos a los sectores socioeconómicos, la asistencia médica y el papel de las organizaciones sobre el terreno. Les recuerdo que es preciso facilitar y alentar la labor de la Cruz Roja, así como los proyectos relativos a la gobernanza, la democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En nuestra opinión, la ayuda directa a la población de Zimbabue debe mantenerse en todos estos sectores.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar de inmediato.

(1) Véase el Acta.

12. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)

12.1. Sri Lanka (votación)

Antes de la votación sobre el apartado 5:

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quiero proponer una fórmula alternativa, a saber:

(EN) Sustituir las palabras «comisión para investigar los recientes asesinatos, desapariciones y secuestros» por el texto correcto, a saber: «grupo de personalidades independientes para observar las investigaciones de secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales».

Creo que es el término correcto que debemos usar en este momento.

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre el apartado 15:

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Creo que el texto lo expresa erróneamente cuando dice: «borrar dos veces las palabras y INGO». Solo se trata de un cambio formal.

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la enmienda 1:

  Geoffrey van Orden (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, me gustaría modificar la última frase de nuestra enmienda para que diga lo siguiente: «podrá considerarse el levantamiento de restricciones si hay un alto el fuego efectivo, se pone fin al terrorismo y se reanudan las negociaciones de forma constructiva». Este texto sustituiría la última frase que figura actualmente en la enmienda.

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la enmienda 5:

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señor Presidente, se trata de una enmienda técnica. Considero que la parte final de la enmienda 5, que se refiere a que «... la Comisaria Ferrero-Waldner comparte esta preocupación», quedaría mejor si dijera «... numerosos organismos internacionales comparten esta opinión».

(No se acepta la enmienda oral)

12.2. Solicitantes de asilo procedentes de Corea del Norte, en particular en Tailandia (votación)

12.3. Zimbabue (votación)

Antes de la votación:

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, acabo de darme cuenta de que si bien el Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, o dicho de otro modo, la vertiente ejecutiva o gubernamental, está incluido entre aquellos a los que se dirige la resolución sobre Zimbabue, hemos omitido incluir al Parlamento Panafricano. Puesto que estamos intentando establecer contacto con ellos, quiero proponer una enmienda oral para que el Parlamento Panafricano se incluya en la lista.

  El Presidente. Con esto concluye el Turno de votaciones.

13. Composición del Parlamento: véase el Acta

14. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

15. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

16. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

17. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

18. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

19. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. Declaro interrumpida la sesión del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.20 horas)

En respuesta a mi pregunta de junio (H-0462/06)⁽¹⁾, la Presidencia en ejercicio del Consejo indicó que los policías expertos procedentes de los Estados miembros del G-6 que estaban siendo integrados en unidades de refuerzo para prestar ayuda en caso de ataque terrorista grave (la Comisión Europea estaba representada en el almuerzo del G-6) estarían facultados para entrar en acción en el territorio de cualquiera de los seis miembros del G-6, con independencia de su nacionalidad, pero no podrían intervenir en ningún Estado miembro que no perteneciera a dicho grupo.

¿Quién ejercerá el control político de estas unidades de policía? ¿Qué atribuciones tendrán? ¿Llevarán el mismo uniforme? ¿Estarán facultadas para efectuar detenciones?

(FI) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no fue presentada durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I del Parlamento de Estrasburgo celebrado en el mes de septiembre de 2006.

Los equipos policiales que menciona su Señoría se han constituido dentro del grupo G-6 y por consiguiente no operan en el marco de la UE.

Sin embargo, podemos dar la siguiente respuesta de carácter general basada en la experiencia obtenida con las actividades policiales transfronterizas.

Los equipos policiales se encuentran bajo el control del Estado en cuyo territorio operan. Tanto en el caso de los equipos conjuntos de investigación como en el de la asistencia mutua policial entre Estados miembros.

De este modo, el Estado en que opera el equipo policial asume en principio la responsabilidad política de las actividades de dicho equipo.

Las competencias del equipo están definidas en la legislación nacional del Estado en el que operan. En cuanto a los equipos conjuntos de investigación, el marco jurídico para la vigilancia transfronteriza y la persecución transfronteriza forma parte de la legislación de la Unión.

El uniforme que debe llevar el equipo se decide conjuntamente de conformidad con la legislación nacional del Estado en que operan y la legislación del Estado que envía los agentes de policía.

Por ejemplo, para la lucha contra el vandalismo en el fútbol se acostumbra que los equipos extranjeros de apoyo lleven el uniforme de su país.

Los miembros del equipo que opera en su propio país tienen las mismas competencias para realizar detenciones que los agentes de la policía nacional.

La posibilidad de que los miembros extranjeros del equipo puedan realizar detenciones depende de la legislación del Estado en que opera el equipo.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue ratificada por la Comunidad Europea y forma parte del acervo comunitario. Los 10 nuevos Estados miembros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del acta referente a las condiciones de adhesión de los nuevos Estados miembros, ratificaron la Convención sobre el Derecho del Mar, tal como debían. Cabe señalar que todos los Estados miembros de la Comunidad se han beneficiado de lo dispuesto en dicha Convención, extendiendo sus aguas territoriales hasta los límites que fija la misma. Sin embargo, Grecia tiene problemas para aplicar la Convención, porque Turquía ha declarado de la forma más oficial que una posible aplicación de la misma por parte de Grecia constituiría un motivo de guerra (casus belli). Nos encontramos, pues, ante la situación «paradójica» de que un Estado miembro de la UE se vea amenazado de guerra por un país candidato a la adhesión en el caso de que aplique el acervo comunitario.

¿Tiene intención el Consejo de indicar a Turquía que la amenaza de guerra contra un Estado miembro en el caso de que aplique el acervo comunitario referido al Derecho del Mar constituye una situación intolerable? ¿Qué medidas piensa adoptar para que Turquía retire su amenaza de guerra?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Su Señoría hace alusión a las relaciones de Turquía con la vecina Grecia. En relación con este asunto me gustaría recordar las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 1999 y las del Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2004. En su condición de país candidato, Turquía debe asumir los valores y objetivos de la Unión Europea que figuran en los Tratados. Debe asumir sin condiciones el objetivo de mantener buenas relaciones de vecindad y de resolver los diferendos fronterizos con arreglo al principio de la solución pacífica de disputas contemplada en la Carta de las Naciones Unidas. En vista de ello, debe evitarse cualquier acto que pueda tener un efecto negativo sobre la solución pacífica de disputas, como se señala en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio.

Estas cuestiones, que se incluyen igualmente en el marco de las negociaciones, forman parte de los ámbitos clave a corto plazo de la Asociación para la adhesión modificada, y la UE las planteará de forma sistemática en las reuniones que celebre con las autoridades turcas en el marco del diálogo político. Eso fue lo que sucedió en la última reunión del Consejo de Asociación UE-Turquía celebrada en Luxemburgo el 12 de junio de 2006, cuando la UE deploró concretamente el reciente incidente que había tenido lugar en el Mar Egeo, sobre todo por haber causado la pérdida de vidas humanas, e señaló que casos como este solo podían tener un efecto negativo sobre las relaciones de buena vecindad.

Por ello, el Consejo puede asegurar a su Señoría que estas cuestiones seguirán siendo objeto de un estrecho seguimiento y seguirán siendo planteadas, en caso necesario, a todos los niveles, ya que las relaciones de buena vecindad son uno de los criterios con los que se evaluará el avance de Turquía hacia la adhesión a la UE. Obviamente, los avances en este ámbito influirán positivamente sobre el proceso de negociación.

¿Considera el Presidente en ejercicio del Consejo que la UE debe revisar su apoyo a la adhesión de Rusia a la OMC?

(FI) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no fue presentada durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I del Parlamento de Estrasburgo celebrado en el mes de septiembre de 2006.

El Presidente desea agradecer a su Señoría que haya formulado esta pregunta.

En mi opinión, la UE no tiene motivos para reconsiderar el apoyo que concede al ingreso de Rusia a la OMC. Este ingreso sería beneficioso para ambas partes, pues tanto la UE como Rusia saldrían beneficiadas. Daría lugar a condiciones previas más abiertas y firmes para el comercio y la inversión, y ofrecería a la UE un foro favorable para resolver sus diferendos comerciales con Rusia. El posible ingreso a la OMC daría a Rusia un motivo más para ratificar el Protocolo de Kioto. Además, el proceso de negociación permite a la UE influir sobre Rusia en lo relativo a las problemáticas relaciones entre este país y la UE, que incluyen problemas de sanidad y cuestiones fitosanitarias, los derechos de vuelo sobre Siberia, la eliminación de las discriminaciones para el transporte ferroviario con origen o destino en países extranjeros y las tasas de despacho de aduana.

Por ello sería contrario a los intereses económicos y comerciales de la UE retirar su apoyo al ingreso de Rusia a la OMC.

En mayo de 2001, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, en relación con los polémicos homicidios perpetrados por el Gobierno, incluido el del miembro del Sinn Fein, Patrick Shanaghan, asesinado por unionistas en el norte de Irlanda, que el Gobierno británico no respetó el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Dado que el gabinete del Ministerio Fiscal, antiguo DPP, sigue sin asumir la responsabilidad del proceso decisorio en lo que concierne a la ausencia de acusación en asuntos en los que existen pruebas prima facie, hasta cuarenta procesos de investigación sobre polémicos homicidios de Estado han quedado aplazados, en algunos casos durante más de diez años, se ha introducido la Ley relativa a las investigaciones para proteger los intereses del Estado y suprimir cualquier información que pudiera aparecer sobre el asesinato del abogado especialista en derechos humanos Pat Finucane en 1989. No se ha conferido al gabinete del mediador de la policía la autoridad legislativa o los recursos adecuados para llevar a cabo investigaciones eficaces sobre la conducta de los funcionarios de la policía y el Historical Enquiries Team (HET) no respeta lo dispuesto en el artículo 2, en la medida en que depende del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI), del NIO y del antiguo inspector jefe de la policía del Ulster (RUC) Sir Ronnie Flangan, en su calidad de miembro del cuerpo de inspectores de Su Majestad.

¿Está de acuerdo el Consejo en que el Reino Unido sigue sin respetar el artículo 2 a este respecto? ¿Qué medidas puede tomar el Consejo para garantizar que dicho Estado respete el citado artículo lo antes posible?

(FI) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no fue presentada durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I del Parlamento de Estrasburgo celebrado en el mes de septiembre de 2006.

El Consejo no ha debatido esta cuestión por no tener competencias al respecto.

En julio, el Parlamento aprobó en primera lectura un informe sobre el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA - COM(2004)0628 final). De 2007 a 2013 se van a liberar anualmente unos 700 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). A partir del 1 de enero de 2007 se van a poder apoyar los programas transfronterizos.

Para la cooperación transfronteriza se va a prorrogar el método descentralizado de los programas Interreg. De las regiones fronterizas de la Unión Europea llegan noticias según las cuales los Estados miembros participantes en la elaboración de los programas aún topan con problemas considerables en la preparación de los programas desde un planteamiento ascendente (bottom up). En el pasado ha quedado demostrado que la composición de plantillas y la formación de personal para la gestión conjunta de los proyectos son esenciales de cara al éxito final de los programas en las fronteras interiores.

¿Qué iniciativas prevé la Presidencia para el desarrollo de los recursos humanos con vistas a los proyectos transfronterizos en el contexto del IEVA?

¿Qué seguimiento de los progresos se prevé al respecto para el periodo 2007-2013?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

El Consejo admite que el empleo de un único instrumento para asistir a la cooperación transfronteriza y local constituye todo un reto, sobre todo para aquellos países que no son miembros de la Unión Europea y que tienen menos experiencia con el plan del programa. Se recurrirá ampliamente a la experiencia que el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación ha obtenido de la aplicación de los programas de vecindad basados en las normas para el período 2004-2006. La formación de personal y el intercambio de experiencias han permitido el buen funcionamiento de los programas.

Cuando se ultimen las disposiciones para el proceso de seguimiento para el período 2007-2013, las comisiones debatirán los resultados de la evaluación de los programas de cooperación transfronteriza, de conformidad con el artículo 24 de la propuesta de Reglamento relativo al Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. Sus opiniones influirán sobre el plan del programa y la asignación de créditos.

Cada vez que un viajero atraviesa una frontera entre dos Estados miembros de la UE puede llevar consigo para su consumo privado un total de 230 litros de alcohol, entre cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas. La cantidad de bebidas alcohólicas es tanta, que con ellas casi se podría llenar una camioneta y equivale al consumo de alcohol de dos años y medio. A modo de comparación, en un caso similar sólo se permite importar 800 cigarrillos, lo que equivale al consumo de tabaco de 40 días.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2002 murieron 600 000 europeos a causa de daños para la salud relacionados con el consumo de alcohol, lo que significa un aumento del 15 % en dos años. 7 700 000 niños crecen en hogares en los que se consume demasiado alcohol y el alcohol es también el motivo de un alto porcentaje de accidentes de circulación. No cabe duda de que el alcohol no es un producto normal.

Habida cuenta de que el Consejo prevé examinar la cuestión de los impuestos mínimos sobre el alcohol, ¿prevé examinar también la revisión de las cuotas a la importación durante su mandato?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Como señala su Señoría, el cobro de un impuesto directo mínimo sobre el alcohol es uno de los principales temas de la Presidencia finlandesa en el ámbito tributario.

Desde el establecimiento del impuesto indirecto mínimo sobre las bebidas alcohólicas en 1992, dicho impuesto no ha sido modificado desde la entrada en vigor del mercado interior. Si consideramos que la tasa media de inflación en la UE durante el mismo período ha sido superior al 25 %, el impuesto directo mínimo ha disminuido desde un punto de vista proporcional.

Los volúmenes permitidos que menciona su Señoría son los niveles orientativos que se indican en la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales.

Estos niveles orientativos se establecieron únicamente para que las autoridades tributarias de los Estados miembros pudieran comprobar que dichos productos estaban destinados al consumo personal y no a su venta.

La Comisión ha propuesto al Consejo la modificación de esta Directiva. Según la propuesta, entre otras cosas, los Estados miembros ya no podrían hacer uso de estos límites.

Los órganos competentes del Consejo han debatido la propuesta de la Comisión sin llegar a un acuerdo.

En relación con otros aspectos de este tema, quisiera apuntar que uno de los problemas de salud que se menciona en el Programa de acción del Consejo para 2006, elaborado por Austria y Finlandia, es el consumo de alcohol.

En la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Política del Consumidor que se celebrará el 30 de noviembre de 2006, la Presidencia finlandesa propondrá un debate interministerial sobre la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la UE para el alcohol, que preste especial atención al incremento del consumo de alcohol entre los jóvenes. Esta estrategia tendrá por finalidad reducir el daño que el alcohol causa a la salud y a la sociedad, y su efecto sobre los objetivos de Lisboa.

A este mismo respecto, el Consejo tiene la intención de tomar buena nota del informe de la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo, de 5 de junio de 2001, sobre el consumo de alcohol por parte de los jóvenes y, en particular, de los niños y adolescentes⁽¹⁾, tanto en los Estados miembros como a escala comunitaria.

La Presidencia finlandesa del Consejo, en su programa de trabajo en el sector de la política energética, se dispone a poner un mayor énfasis en las relaciones con los terceros países, especialmente en el diálogo UE-Rusia. Esto es comprensible debido a la dependencia de la UE de las importaciones de recursos energéticos. En el programa se indica que se debe procurar una aplicación más efectiva del mercado interior del gas y la electricidad, lo que permitirá a la UE ser más competitiva y más segura.

Finlandia sabe, no obstante, que, al intentar crear una mercado interior común de la energía, el grupo de instituciones europeas en el ámbito de la electricidad y del gas natural que aconseja a la Comisión Europea ha decidido crear cuatro proyectos regionales del mercado de la energía (noreste, norte, sur, suroeste) Sin embargo, ninguno de éstos engloba a los cuatro países bálticos, a saber, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. ¿Qué acciones prevé adoptar la Presidencia finlandesa en favor de la creación de un verdadero mercado común, y no fragmentado, de la energía?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

El desarrollo del mercado comunitario de la energía y la mejora de la fiabilidad del abastecimiento se encuentran entre los ámbitos clave para las actividades del Consejo durante la Presidencia finlandesa. La cooperación regional en materia de energía es un paso útil para alcanzar un mercado único plenamente integrado en la UE. Cabe destacar que estos mercados regionales deben considerarse una etapa intermedia.

En sus conclusiones del 9 de junio de 2006 sobre el mercado único de la energía, el Consejo señaló con toda claridad que el desarrollo coordinado de la cooperación regional en materia energética debe acelerarse, al tiempo que se facilita la integración de los mercados energéticos regionales en el mercado interior de la UE y el desarrollo de este último. Para ello es necesaria una interconexión adecuada y coherente, así como el acceso a las capacidades de interconexión, prestando especial atención a los países y regiones que cuentan con redes energéticas que están en gran parte aisladas de la red energética de la UE. Así pues, esto comprendería igualmente la zona que menciona su Señoría en su pregunta.

El Consejo remite a su Señoría a la decisión que adoptó recientemente sobre las directrices para las Redes Transeuropeas de Energía. Estas redes de energía incluyen, como ejemplo de proyectos de energía eléctrica en interés europeo, la conexión entre Polonia y Lituania, que incluye la modernización de la red eléctrica polaca y la sección entre Polonia y Alemania que es necesaria para la participación en el mercado interior de la energía.

El Consejo desea recordar en general que es el sector privado el principal responsable de la inversión en estas redes. Es necesaria una cooperación más eficaz entre las empresas, los Gobiernos, las instituciones financieras internacionales y la Comisión en el ámbito de la realización de inversiones. La Comisión ha comenzado la redacción de una comunicación, que presentará en enero de 2007, sobre un plan prioritario para la conexión de las redes. La Presidencia opina que estos trabajos deberían concentrarse en los enlaces que son más importantes para la Unión en su conjunto, entre ellos los enlaces procedentes de fuentes de energía situados fuera de la Unión. Asimismo, la Presidencia considera prioritarios aquellos enlaces con regiones situadas fuera de la red europea común.

Además, uno de los puntos que se mencionan en las conclusiones del Consejo de 2006 es una mayor cooperación y coordinación, sobre todo entre las autoridades reguladoras, los operadores de los sistemas, los mercados de energía y los Gobiernos.

El Consejo intentará aplicar estos principios y objetivos en los meses venideros, con la colaboración de la Comisión.

En su primera lectura sobre el 7º Programa Marco, el PE expresó su apoyo a los planes de la Comisión sobre el futuro en materia de I&D de la UE y presentó una enmienda para adaptar el presupuesto de dicho programa al Acuerdo sobre las perspectivas financieras: 50,521 miles de millones de euros para 2007-2013. El 7º PM está destinado a ser el principal programa de I&D de la UE, y las expectativas de la comunidad de investigadores de la UE a este respecto son muy elevadas. Lamentablemente, la Comisión no ha logrado elaborar nuevos reglamentos financieros para el 7º PM y la UE no puede ejecutar el 7º PM utilizando antiguos reglamentos financieros. Todo ello podría retrasar considerablemente el anuncio de las convocatorias de propuestas, incluso hasta finales de 2007, obstaculizará notablemente el desarrollo de la ciencia y la investigación en la UE y entrará en contradicción con los objetivos previstos en la estrategia de Lisboa.

¿Cuál es la posición del Consejo con respecto a esta situación? ¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para que el 7º PM sea eficaz e innovador y para que se ejecute a su debido tiempo?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

La preocupación de su Señoría en el sentido que «la Comisión aún no ha logrado elaborar nuevos reglamentos financieros para el Séptimo Programa marco», lo que podría tener por resultado un retraso considerable en la aplicación del programa marco debe ser situada en la perspectiva correcta.

Remitimos a su Señoría a la propuesta que presentó el 6 de julio de 2005 al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, al Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de las disposiciones del nuevo Reglamento financiero, COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS). La Comisión presentó el 18 de mayo de 2006 su propuesta modificada COM(2006) 213 final – 2005/0090 (CNS), que incluía las opiniones de las demás instituciones y tomaba en consideración las preocupaciones expresadas por la sociedad civil. La Comisión indicó que, para que el Consejo pudiera adoptar el Reglamento de modificación (en la acepción que figura en la Declaración conjunta de 4 de marzo de 1975), el Consejo y el Parlamento Europeo debían negociar las modificaciones, con la asistencia de la Comisión, de conformidad con el artículo 184 del Reglamento financiero, si así lo desea el Parlamento.

Remitimos igualmente a su Señoría al Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, celebrado en mayo de 2006, sobre la disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera. Con arreglo a la Declaración sobre la revisión del Reglamento financiero que figura en dicho Acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo se comprometen firmemente a finalizar las negociaciones sobre el Reglamento financiero a fin de que este pueda entrar en vigor, de ser posible, el 1 de enero de 2007.

Tras la conclusión de las seis rondas de negociaciones entre delegaciones de Serbia y de Kosovo, ¿qué balance y evaluación de los resultados realiza el Consejo? ¿Opina el Consejo que ya se dan las condiciones para iniciar las negociaciones políticas sustanciales sobre el estatuto definitivo de Kosovo? ¿Considera el Consejo que es realista el plazo de finales de 2006 fijado por la comunidad internacional para la conclusión de las negociaciones? ¿Cuál es el grado de materialización de las condiciones (standards) previsto en las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 1244/99)?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

En las conclusiones del Consejo de 17 de julio de 2006, este confirmaba su pleno apoyo al Enviado Especial de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, y a su labor de dirección del proceso político para determinar el estatuto final de Kosovo. El Consejo consideró igualmente que su intención de iniciar negociaciones políticas directas sobre dicho estatuto constituía una buena señal e invitó a ambas partes a asumir una actitud constructiva en esta fase de las conversaciones. El Consejo tomó nota del informe sobre la aplicación de determinadas normas para Kosovo, que el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad de este organismo el 20 de junio de 2006. El Consejo manifestó que resultaba sospechoso que se hubiesen hecho tan pocos avances, y volvió a recalcar que la aplicación de las normas constituía una prioridad importante que debería acelerarse y realizarse con mayor eficacia. El Consejo instó a Belgrado a que invitar a los serbios de Kosovo a participar en los trabajos de las instituciones de Kosovo, ya que es en ellas donde mejor pueden defender sus propios intereses.

La proliferación de armas es un problema global para el que es necesaria una solución global de carácter vinculante. Hay ya cerca de 640 millones de armas ligeras y de pequeño calibre y cada año se fabrican ocho millones. Se calcula que estas armas, que se han convertido en armas de destrucción masiva en los países en desarrollo, provocan la muerte de medio millón de personas cada año. Sus repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo sostenible son incuestionables. El Consejo de octubre de 2005 acordó la necesidad de un tratado internacional sobre el comercio de armamento. El Consejo de diciembre de 2005 adoptó una estrategia de la UE de lucha contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas ligeras y de pequeño calibre y de sus municiones. Toda vez que la Conferencia de las Naciones Unidas para la revisión del Programa de acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y para la adopción de un tratado internacional sobre el comercio de armamento no pudo llegar a un acuerdo sobre un documento final debido a la intransigencia de una serie de países pequeños, ¿podría indicar el Consejo qué medidas tiene intención de adoptar para garantizar la realización de los objetivos de la UE?

(FI) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no fue presentada durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I del Parlamento de Estrasburgo celebrado en el mes de septiembre de 2006.

La Unión Europea ha asumido el compromiso de defender un multilateralismo efectivo, y se sintió muy decepcionada por el hecho que no se hubiesen logrado mejores resultados en la Conferencia de Revisión celebrada en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio de 2006, en la que se pasó revista a los avances den la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos. Esta decepción fue comunicada a la conferencia en la intervención final que realizó la Presidencia de la UE en nombre de los Estados miembros y países en vías de adhesión.

La UE reconoce la importancia de la Conferencia de Revisión en la medida en que ha reafirmado el compromiso de la UE con los principios, medidas y objetivos del programa de acción. Ahora, este compromiso deberá convertirse en acciones prácticas a escala nacional, regional y mundial.

A pesar de estos decepcionantes resultados, la UE tiene la intención de mantenerse a la vanguardia de los trabajos destinados a prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, incluso en la práctica.

En vista de ello, ya se han puesto en marcha los preparativos de una acción conjunta para que la UE participe en medidas destinadas a luchar contra la concentración y el comercio ilícitos de armas pequeñas y ligeras y su munición en el África subsahariana. El objetivo de esta acción común es luchar contra la concentración y el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras y su munición en el África subsahariana, por lo que respecta tanto a la oferta como a la demanda. De este modo se enviará un firme mensaje político a la parte del mundo más afectada por los suministros ilegales de armas pequeñas y ligeras y por su excesiva concentración.

Aparte de ello, la UE tiene la intención de que otros países reconozcan que se requieren directrices a escala mundial para la transferencia de armamentos que se basen en el consenso alcanzado en la Conferencia de Revisión. Otros ámbitos prioritarios para la acción de la UE son el marcaje y seguimiento, el comercio de armas, municiones, la integración de las cuestiones relacionadas con las armas pequeñas y ligeras en los programas de desarrollo y lucha contra la pobreza, las armas en poder de civiles, las cuestiones de género, los actores no estatales, la administración de almacenes de excedentes, los sistemas antiaéreos portátiles y las cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Por último se recuerda a su Señoría que la UE ha apoyado desde un principio la iniciativa para un convenio sobre el comercio internacional de armas, si bien la redacción de dicho convenio no formaba parte de los objetivos de la Conferencia de Revisión. La UE desempeñará un papel activo en la redacción y adopción de una resolución sobre un convenio relativo al comercio de armas. Esta resolución será examinada en una de las próximas reuniones del Primer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde hace años, los Estados miembros no hacen plenamente uso de los recursos disponibles en el marco de los Fondos Estructurales.

En una respuesta reciente, el Consejo ha manifestado a este respecto que no tiene previsto crear un fondo especial para encuadrar recursos no utilizados de la rúbrica 1 b. ¿Qué propuestas puede hacer el Consejo en ese caso con miras a conseguir un mayor grado de utilización de los créditos presupuestarios disponibles en el marco de los Fondos Estructurales, que, año tras año, no son utilizados de forma completa? ¿Qué solución puede proponer para asegurar que los recursos no gastados se utilicen convenientemente en favor del desarrollo de las regiones?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Aparte del hecho de que las normas vigentes sobre la liberación de oficio de créditos (artículos 11 y 157 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas) siguen siendo de aplicación, el Consejo quisiera destacar el nuevo régimen, es decir, el punto 17 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 139, de 14.6.2006, p. 1), según el cual el porcentaje de los gastos no absorbidos por el subtítulo 1 B pueden utilizarse para compensar los efectos de los ajustes de las cantidades asignadas con cargo a los fondos de cohesión a cualquier Estado miembro que registre una diferencia de +/-5 % respecto al producto interno bruto calculado en el momento de la elaboración del Acuerdo.

Además, el Consejo ha aceptado la petición del Parlamento de mejorar la absorción de créditos al permitir que la aplicación de los compromisos presupuestarios asumidos durante los tres primeros años del próximo período de programación (2007-2010) prosigan del año n+2 al año n+3. Este régimen se aplicará los Estados miembros de economía débil cuyo PIB por habitante sea inferior al 85 % de la media de la UE. El incremento del porcentaje de cofinanciación para estos Estados miembros probablemente reducirá también los problemas relacionados con la capacidad para hacer uso de los fondos (artículos 93 y 53 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006).

¿Cuál es la razón por la que Finlandia, que en la actualidad ocupa la Presidencia en ejercicio del Consejo, no desea convocar un referéndum sobre la Constitución europea y prefiere que se adopte mediante una decisión del Parlamento finlandés? ¿No se trata de una actitud contraria al Plan «D» («D» de «democracia») anunciado por la Comisión?

(FI) Esta respuesta, elaborada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no fue presentada durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de septiembre I del Parlamento de Estrasburgo celebrada en el mes de septiembre de 2006.

Con arreglo al apartado 3 del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, las modificaciones a dicho Tratado entrarán en vigor una vez ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivos ordenamientos constitucionales. De forma similar, el artículo IV-447 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, dispone que «El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales».

Cada Estado miembro decide si desea someter la Constitución a referendo de acuerdo con lo establecido en su legislación nacional. Esto se aplica tanto al Estado que ocupa actualmente la Presidencia, como a los demás Estados miembros. Así pues, la cuestión que plantea su Señoría en su pregunta concierne únicamente al Estado miembro de que se trate. La Presidencia no puede responder a la pregunta porque no forma parte del ámbito de competencias del Consejo.

El 28 de junio de 2006, la Comisión propuso aplicar el voto por mayoría cualificada a los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. La Comisión justifica su propuesta aduciendo que, en su forma actual, el derecho de veto de los Estados miembros frena el proceso de toma de decisiones y edulcora las decisiones. La Comisión considera que decidir por mayoría cualificada permitirá aumentar la eficacia del proceso de toma de decisiones.

La soberanía de un Estado tiene en el Derecho penal uno de sus componentes esenciales y esta propuesta preconiza un enfoque extremadamente federalista.

La propuesta presentada por la Comisión forma parte de los elementos controvertidos del proyecto de Constitución europea que los franceses y neerlandeses rechazaron en referéndum.

¿Considera el Consejo que es democráticamente concebible aplicar los componentes esenciales de una Constitución europea que los electores de dos Estados miembros han rechazado por amplia mayoría? ¿Considera la Presidencia del Consejo que es legítimamente democrático intervenir activamente en este ámbito?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Con arreglo al artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión o los Estados miembros tienen derecho a proponer acciones en los ámbitos mencionados por su Señoría para su inclusión en el Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Dicha decisión requiere el acuerdo unánime del Consejo y una recomendación a los Estados miembros para que adopten dicha decisión con arreglo al ordenamiento constitucional de cada uno de ellos.

Esto no implica la aplicación del Tratado constitucional, puesto que este procedimiento se basa en el Tratado vigente. El artículo 42 se incluyó en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht y se amplió en el Tratado de Amsterdam para incluir la cooperación policial y penal. Los Parlamentos de todos los Estados miembros han ratificado ambos tratados tras la celebración de debates o referendos democráticos.

La Presidencia desea manifestar que el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006 pidió a la futura Presidencia finlandesa que «en estrecha colaboración con la Comisión, explore las posibilidades de mejorar la toma de decisiones y las actuaciones en el espacio de libertad, seguridad y justicia basándose en los tratados existentes».

Dos semanas más tarde, la Comisión hizo pública su comunicación titulada «Ejecución del Programa de La Haya: el camino a seguir». En ella, la Comisión propone utilizar la pasarela en el artículo 42 del TUE a fin de permitir la transferencia de la cooperación policial y judicial en materia penal del Título VI del Tratado de la Unión Europea al Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

La Presidencia se ha comprometido a llevar a cabo este mandato del Consejo Europeo y propone esta actuación se base en la propuesta de la Comisión.

Además, la Presidencia desea señalar que el uso de la cláusula de la «pasarela» no implica en sí mismo que ya no sea necesario el consenso. El Consejo puede determinar que las decisiones en algunos ámbitos delicados sigan adoptándose por unanimidad de los miembros del Consejo. Incluso si se mantiene el principio de unanimidad, la transferencia del Título IV del Tratado de la Unión Europea al Título VI presentaría varias ventajas, una de las cuales sería una participación más estrecha del Parlamento Europeo en el proceso decisorio. De este modo se aceptarían mejor las decisiones sobre cuestiones que son importantes para los ciudadanos de la Unión de todos los Estados miembros.

En el contexto de los continuos conflictos armados en Oriente Próximo resurge con intensidad en los Estados miembros el debate sobre la cuestión de la neutralidad y la libertad de alianzas.

¿Sigue dando por hecho la Presidencia finesa del Consejo la neutralidad austriaca? ¿Qué opina la Presidencia finesa del Consejo con respecto a la neutralidad austriaca en caso de que entre en vigor la actual Constitución de la UE? ¿Refuerza o debilita la nueva Constitución de la UE la neutralidad de Austria?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Las disposiciones vigentes en materia de seguridad y defensa que figuran en los Tratados entraron en vigor junto con el Tratado de Amsterdam en 1997. En ellas se establece, entre otras cosas, que la política de la Unión no prejuzga el carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa recoge varios artículos consagrados a la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) (por ejemplo, la cooperación estructurada y la Agencia Europea de Defensa), que han adoptado todos los Estados miembros. Este Tratado reitera las disposiciones vigentes de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSF), que no adopta una posición sobre el carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.

No corresponde al Consejo hacer comentarios sobre este carácter específico o sobre la medida en que se verá afectado por los compromisos que se asuman en el marco de los diversos acuerdos de la Unión Europea en el futuro.

En septiembre de 2006 se celebrará en Viena la conferencia general anual de la OIEA, junto con un acto especial sobre la seguridad del suministro nuclear y la no proliferación de armas nucleares; en este marco, varios Estados miembros de la OIEA han presentado propuestas para crear un ciclo seguro del combustible nuclear a nivel mundial bajo la égida de la OIEA (entre ellos se encuentran los Estados Unidos, con su asociación mundial para la energía nuclear (Global Nuclear Energy Partnership), Rusia, Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido). Entre las responsabilidades de Euratom se encuentra la seguridad nuclear sobre la base de las garantías de la OIEA, en el marco de acuerdos trilaterales entre los Estados miembros, la Comunidad y la OIEA.

¿Tiene el Consejo una posición común sobre las iniciativas internacionales para crear un ciclo seguro del combustible nuclear a nivel mundial que actualmente se desarrollan en la OIEA?

¿Estudia establecer en el futuro una posición uniforme de negociación de la UE con la OIEA en lo que se refiere a los temas que inciden en las competencias del Tratado Euratom?

¿Cuál es la posición del Consejo sobre la revisión del Tratado Euratom que proponen diversos Estados miembros y la Comisión, con el fin de adaptarlo a la realidad actual energética y geopolítica?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Las iniciativas para promover garantías multilaterales sobre combustibles nucleares pueden revestir una importancia vital para crear incentivos que ayuden a prevenir la continua diseminación de tecnologías nucleares sensibles. El Consejo sigue muy de cerca la evolución en este ámbito, sobre todo en el marco del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Todos los Estados miembros de la UE asistirán a un evento especial que se organizará en paralelo a la Conferencia General del OIEA de este año, en el que se debatirá el tema de las garantías multilaterales sobre combustibles nucleares. El Alto Representante ha sido invitado para presentar una de las principales ponencias, aunque será su representante personal quien se encargue de esta tarea.

Ya se han iniciado las deliberaciones entre los Estados miembros y la Comisión, así como dentro de los grupos de trabajo competentes del Consejo a fin de que la UE adopte un planteamiento común acerca de estas garantías. Sea cual sea el planteamiento que finalmente se adopte, este deberá ser coherente con lo dispuesto en el Tratado Euratom y deberá garantizar la viabilidad de los mercados comerciales de energía nuclear, tanto dentro de la UE como fuera de esta.

Con arreglo al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, el Gobierno de un Estado miembro o la Comisión pueden presentar al Consejo propuestas para modificar los Tratados en los que se basa la Unión. Como actualmente no existen propuestas para modificar el Tratado Euratom, el Consejo no ha adoptado una posición sobre este tema.

Con vistas a la reunión del G8 en San Petersburgo, que reúne a los dirigentes de los ocho países capitalistas más poderosos, el Presidente Putin y su Gobierno han llevado a cabo operaciones de represión violenta y de terror contra los trabajadores, con el fin de impedir las manifestaciones antiimperialistas de los trabajadores y de la juventud de Rusia y de otros países contra la explotación, contra las guerras imperialistas, a favor de la paz y de la prosperidad de los pueblos. Esta decisión reaccionaria del Gobierno de Putin prohíbe las concentraciones y las manifestaciones en San Petersburgo durante la cumbre del G8, del 15 al 17 de julio de 2006, además de la movilización de las fuerzas especiales de represión y a la detención de 21 jóvenes en Leningrado y otros 60 en otras ciudades de la región, constituye una violación evidente de las libertades públicas y los derechos de los trabajadores. Todos los dirigentes del G8 tienen una participación y responsabilidad directas en esta situación inaceptable.

¿Qué posición piensa tomar el Consejo en relación con estas inadmisibles actuaciones de violencia y terror estatal por parte del Gobierno ruso en contra de los trabajadores y la juventud?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

Si bien el Consejo no ha adoptado una opinión definitiva sobre los incidentes que menciona su Señoría, expresa periódicamente sus preocupaciones a las autoridades rusas sobre las evidentes deficiencias en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular en las conversaciones sobre derechos humanos que se celebran cada semestre y en el diálogo político. Además se han celebrado reuniones de ONG junto con estas conversaciones, y los representantes de la sociedad civil han tenido la oportunidad de expresar en dichos eventos sus preocupaciones y opiniones. Durante la Presidencia finlandesa, las conversaciones sobre temas relacionados con los derechos humanos entre la UE y Rusia tendrán lugar en el mes de noviembre. La Presidencia ha reiterado en varias ocasiones que la sociedad civil y una democracia pluralista son elementos esenciales para la prosperidad y bienestar de un país.

Un informe del Gobierno de los Estados Unidos, que se ha publicado en parte, prevé las medidas a tomar para la transición de Cuba a la democracia, entre las que se encuentran el derrocamiento del Gobierno socialista de Cuba, las medidas inmediatas a tomar en caso de muerte de Fidel Castro, la financiación de acciones subversivas hasta un importe de 80.000.000 de dólares, la eliminación de miles de cargos y miembros del Partido Comunista de Cuba y la ayuda a sus huérfanos.

¿Tiene intención el Consejo de condenar este nuevo acto de provocación por parte de los Estados Unidos contra Cuba y su pueblo, que constituye una flagrante injerencia en los asuntos internos de este país?

(FI) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de septiembre de 2006.

La cuestión que plantea su Señoría se refiere a las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y Cuba. La Unión Europea es muy consciente de su posición común sobre Cuba, por lo que no es necesario repetirla aquí.

En los Estados miembros se escucha una y otra vez el deseo de que se prevea para los vehículos de intervención de las fuerzas de seguridad y rescate (policía, bomberos, protección civil y similares) una identificación o matrícula unitaria europea, algo que es habitual desde hace tiempo en el caso de la Cruz Roja.

¿Considera la Comisión que podría presentar propuestas o iniciativas legislativas al respecto?

(EN) La legislación comunitaria no contempla disposiciones destinadas a unificar las marcas y logotipos de identificación para los vehículos de servicios de emergencia.

La situación que existe en los Estados miembros varía de forma considerable. Únicamente unos cuantos Estados miembros cuentan con legislación en esta materia. Por lo general, cada cuerpo tiene sus propias marcas de identificación, las cuales se determinan bajo el control de las autoridades competentes.

La armonización en estas condiciones de la legislación de los Estados miembros parece sumamente compleja y ofrecería muy poco valor añadido. La adopción de medidas de armonización generaría importantes problemas ya que:

sería necesario sustituir todas las marcas y logotipos existentes en todos los vehículos de servicios de emergencia;

sería necesario «reeducar» al público para que responda a las nuevas señales;

por último, sería necesario eliminar los textos en la lengua del Estado miembro destinados a facilitar la identificación de la mayoría de estos vehículos.

El valor añadido de las marcas y logotipos armonizados no parece muy grande, ya que la Convención de Viena de 1968 sobre Tráfico de Carreteras establece las condiciones para el uso de luces especiales de advertencia. Los vehículos de servicios de emergencia están equipados con sistemas luminosos que emiten una luz azul, que debe encenderse cuando el vehículo se encuentra en una misión prioritaria. Esto ha llevado a una práctica uniforme que permite comprender en toda la Comunidad que dichos servicios de emergencia están de misión prioritaria, a pesar de que las marcas y logotipos de los diferentes cuerpos no se hayan armonizado.

De este modo, en virtud del principio Legislar mejor, no parece existir una justificación para que la Comisión presente propuestas o introduzca medidas legislativas en este ámbito.

El 8 de junio de 2006, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras Públicas comunicó al Parlamento griego el transporte por mar a Alemania de los lodos de depuración de Psittalia en sacos estancos, con vistas a reducir al mínimo las posibilidades de contaminación marina. Sin embargo, la administración provincial de El Pireo ha denunciado que el barco que iba a realizar este transporte, después de ser cargado, se encontraba en un astillero de Perama para realizar trabajos de remodelación. El prefecto de El Pireo habla de un «barco bomba», que pondría en peligro toda la zona del golfo Sarónico.

¿Puede indicar la Comisión cuál es la situación actual en lo referente a la organización del traslado de estos lodos de depuración? Teniendo en cuenta que la opción del transporte de estos residuos no parece segura ni resuelve de forma definitiva el problema de la gestión de los lodos de depuración, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria, en particular el Reglamento sobre traslado de residuos y el Tratado de Basilea, así como una protección eficaz del medio ambiente y la salud pública?

(EN) El funcionamiento de la depuradora de Psyttalia genera cantidades considerables de lodos de depuración que se destinan al vertedero de Ano Liosia en el continente, en contravención de lo dispuesto en las Directivas 2006/12/CE⁽¹⁾ y 91/271⁽²⁾.

La Comisión invitó al Gobierno griego a presentar sus observaciones sobre las medidas adoptadas para que el tratamiento de estos lodos se ajuste a la legislación medioambiental comunitaria. Grecia expuso que para resolver este problema se construiría una planta de secado que se espera entre en funcionamiento en julio de 2007.

Como solución provisional, las autoridades griegas finalmente decidieron transferir los lodos fuera del país para su reciclaje o incineración en instalaciones autorizadas a tal fin en Alemania. Un contratista ha iniciado el transporte de los lodos a Alemania. Hasta ahora se han enviado 10 000 toneladas a Magdeburgo y están en curso otros transportes. No se han observado problemas técnicos.

El transporte de lodos de depuración para su reciclaje o eliminación entre Estados miembros está contemplado en el Reglamento (CEE) n° 259/93 relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea⁽³⁾. Este Reglamento transpone el Convenio de Basilea y se basa en el principio de consentimiento previo informado, tras el procedimiento de notificación y autorización correspondiente. En su respuesta a la carta de notificación formal de la Comisión, las autoridades griegas señalaron que el transporte de lodos de depuración se llevaría a cabo de conformidad con el Reglamento relativo al tratamiento de residuos. Extremo que figura igualmente en una cláusula del contrato firmado.

La Comisión continuará siguiendo esta situación y adoptará todas las medidas necesarias, incluyendo la continuación del procedimiento de infracción para asegurarse del cumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria.

¿Puede la Comisión confirmar que el procedimiento de evaluación científica de organismos modificados genéticamente (OMG) para los que se ha solicitado una autorización de comercialización es suficientemente rigurosa como para tranquilizar a los consumidores garantizándoles de manera categórica e inequívoca que los cultivos OMG no presentan ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de conformidad con el «principio de precaución» inscrito en la legislación en materia de medio ambiente?

(EN) La Comisión desea agradecer a su Señoría su pregunta tan pertinente en un momento en que la Comisión intenta mejorar la manera en que se aplica el marco legislativo sobre organismos modificados genéticamente (OMG), que debe garantizar al público en general, a las partes interesadas y a los Estados miembros que las decisiones de la Comisión en esta materia se basan en evaluaciones científicas rigurosas que ofrecen un alto nivel de protección tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

La Comisión considera que la evaluación científica de los OMG debe ser impecable y que todos debemos tener la confianza necesaria en los procedimientos de evaluación de riesgos en los que se basan nuestras decisiones. Es en este espíritu que la Comisión ha elaborado una serie de medidas para mejorar la coherencia científica y la transparencia de los procedimientos de evaluación de riesgos, haciendo que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), los Estados miembros y los organismos notificadores participen en los debates sobre estas cuestiones científicas.

La AESA y los Estados miembros tuvieron una respuesta muy constructiva al paquete de propuestas durante la reunión técnica de 19 de junio de 2006, así como en la reunión del Consejo de Medio ambiente del 26 de junio. En particular, la AESA ha anunciado una serie medidas de inmediata aplicación, entre las que se encuentra la convocatoria de reuniones periódicas con los Estados miembros para tratar cuestiones específicas de la evaluación de riesgos, como los efectos a largo plazo, las evaluaciones de impacto ambiental y la alergenicidad. Una colaboración más intensa en el proceso de evaluación de riesgos deberá contribuir a generar un consenso y confianza más amplios sobre el estricto marco normativo comunitario en materia de OMG. El principio de cautela es una pieza fundamental de este ordenamiento jurídico, en particular en la evaluación caso por caso antes de la diseminación. Un OMG que represente un riesgo para la salud humana o el medio ambiente durante el procedimiento de evaluación de riesgos sin duda no sería autorizado. Nuestra legislación toma en cuenta los efectos potenciales a largo plazo sobre el medio ambiente y la biodiversidad durante la fase de evaluación de riesgos, así como parte de la gestión de riesgos que se lleva a cabo mediante planes de seguimiento tras su venta.

La Comisión se ha comprometido a que las autorizaciones de comercialización sigan un procedimiento de evaluación de riesgos muy estricto y que todas las decisiones de autorización vayan acompañadas de las debidas medidas de gestión de riesgos.

El mar Báltico es uno de los más contaminados del mundo. ¿Qué tipo de medidas prevé adoptar la Comisión para evitar que los Estados miembros y Rusia sigan contaminando dicho mar? ¿En qué consiste la participación de la Comisión en la elaboración del Plan de acción del mar Báltico de la Comisión para la Protección del Medio Marino de la zona del Mar Báltico (HELCOM)? ¿Qué expectativas y objetivos tiene la Comisión con relación al mencionado plan?

(EN) El entorno marino del Báltico se encuentra bajo grandes presiones. A pesar de algunas mejoras importantes en algunos ámbitos logradas bajo la égida de la Comisión de Helsinki (HELCOM), por desgracia, en los últimos años se han seguido acumulando evidencias de deterioro en el Mar Báltico.

La Comisión adoptó el pasado otoño una Estrategia marina de la UE. Por primera vez, la Unión Europea está adoptando un marco político –que incluye una propuesta de Directiva que se está debatiendo en el Consejo y el Parlamento– que aborda concretamente la vital protección integral de los mares y océanos europeos, teniendo en cuenta todas las presiones y efectos. El objetivo la estrategia marina es alcanzar un «estado ecológico satisfactorio» del entorno marino de la UE de aquí a 2021. Esta estrategia promueve la cooperación con los organismos de los convenios marinos de ámbito regional, como HELCOM. El largo historial de competencias científicas y técnicas de HELCOM, junto con la cobertura de todo el Báltico y su capacidad para trabajar con eficacia a escala regional la convierten en un socio de gran valor para la ejecución de la Estrategia. De hecho, la cooperación entre todos los países es una condición indispensable para que la protección del entorno marino tenga éxito.

La Estrategia marina de la UE se complementa perfectamente con la labor que realiza HELCOM, en particular el Plan de acción para el Mar Báltico (Baltic Sea Action Plan - BSAP) que actualmente se encuentra en fase de elaboración. La Estrategia complementará y reforzará los trabajos en curso para proteger el Mar Báltico realizados bajo los auspicios de HELCOM al ofrecer un marco jurídico vinculante a escala comunitaria. El BSAP es la piedra angular de todas las acciones futuras en la región del Báltico.

El BSAP convierte a HELCOM en pionera y modelo entre los organismos de los convenios marinos en Europa. La Comisión apoya firmemente el proceso contemplado en el BSAP y participa activamente en su desarrollo.

Estudios sobre las consecuencias potenciales de la construcción de dos terminales de gas en el golfo de Trieste y en el área costera adyacente muestran claramente que estos proyectos previstos en Italia tendrán numerosos efectos transfronterizos.

El Gobierno esloveno ha establecido que Italia no cumple las disposiciones del artículo 7 de la Directivas 2001/42/CE⁽¹⁾ relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, del artículo 3 del Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo y del artículo 7 de la Directiva 85/337/CEE⁽²⁾, modificada por la Directiva 97/11/CE⁽³⁾, relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Por otra parte, Italia no ha respetado el artículo 4 del Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales.

¿Cómo responde normalmente la Comisión a tales infracciones de las Directivas de la UE? ¿Qué medidas se propone adoptar en este caso de construcción de terminales de gas en el golfo de Trieste sin consultas transfronterizas, sin una evaluación previa del impacto sobre el medio ambiente y en infracción del Derecho internacional?

(EN) Como se indicó en la respuesta a la pregunta escrita P-2700/06 sobre el mismo tema formulada por el señor Drčar Murko en julio de 2006, la Comisión tiene conocimiento de los dos proyectos de terminales de gas en el golfo de Trieste, si bien no posee información detallada sobre los mismos ni sobre el estado actual del procedimiento de autorización correspondiente. Asimismo la Comisión sabe que ha habido contactos directos entre los Ministerios de Medio Ambiente de Eslovenia e Italia, incluso a nivel ministerial, con el fin de resolver este problema de la forma más adecuada.

Aunque, como señala su Señoría, existen varios convenios internacionales que podrían ser de aplicación –cada uno de los cuales tiene su propio mecanismo para la resolución de diferencias entre los signatarios– algunas Directivas comunitarias podrían aplicarse al presente caso, en concreto la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente⁽⁴⁾, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo⁽⁵⁾, y la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ⁽⁶⁾–denominada Directiva Seveso II– modificada por la Directiva 2003/105/CE del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2003⁽⁷⁾.

Estas Directivas establecen mecanismos para la información de los Estados miembros vecinos que puedan verse afectados por determinados proyectos.

Conviene recordar a este respecto que los Estados miembros tienen derecho a presentar cuestiones como la de este caso ante el Tribunal Europeo de Justicia, de conformidad con el artículo 227 del Tratado, tras presentarlas ante la Comisión.

La Comisión examina actualmente la información que recibió de las autoridades italianas. Sin embargo, es necesaria más información para evaluar plenamente la situación relativa a las obligaciones de las autoridades italianas previstas en la legislación comunitaria. En caso de que la Comisión llegase a la conclusión de que se está infringiendo la legislación comunitaria, no dudará en tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la apertura del procedimiento de infracción contemplado en el artículo 226 del Tratado para garantizar el pleno acatamiento de dicha legislación en este caso.

En la isla de Ibiza (Baleares, España) se está ejecutando un proyecto de autovías impulsado y financiado por el Gobierno de las Islas Baleares junto con el Consejo Insular de Ibiza y Formentera, que está causando un profundo rechazo social debido a su falta de justificación, a su irracionalidad y a sus sobredimensionadas proporciones. Diversas asociaciones ciudadanas han denunciado ante la Comisión las infracciones a la normativa medioambiental comunitaria.

¿Puede la Comisión informar del estado de tramitación de esta denuncia?

¿Qué acciones piensa llevar a cabo para garantizar el respeto de la normativa de la UE en materia medioambiental y de contratos públicos?

En respuesta a la pregunta P-2048/06 formulada en relación a los graves hechos que se están produciendo en Ibiza (Islas Baleares-España), como consecuencia de la ejecución de un macroproyecto de autovías que podría vulnerar el acervo comunitario en materia de medio ambiente, la Comisión respondió que instaría a las autoridades españolas a que investigaran a fondo todo lo acontecido. Diversas asociaciones ciudadanas han denunciado también ante la Comisión dichas infracciones. En este caso la respuesta fue que se había puesto en marcha un procedimiento de oficio.

¿Ha recibido ya alguna respuesta la Comisión del Gobierno español? ¿En qué consiste un procedimiento de oficio y cuándo van a conocerse los resultados del mismo?

La Comisión tuvo conocimiento de esos proyectos por la pregunta escrita P-2048/06, presentada por la Sra. Miguélez Ramos. Poco después se puso en marcha una investigación a fin de obtener la información necesaria para elucidar si se había respetado el Derecho ambiental de la CE en ese contexto, en el que podrían ser relevantes diferentes directivas ambientales de la CE, en materia de medio ambiente, en particular las relativas la protección de la naturaleza y a la evaluación de impacto ambiental.

La Comisión examina el asunto en la actualidad y a primeros de septiembre de 2006 pedirá oficialmente a las autoridades españolas que faciliten la información pertinente, con vistas a evaluar adecuadamente las cuestiones ambientales planteadas por sus Señorías.

En lo relativo a las normas comunitarias en materia de contratación pública, la Comisión no posee información que pudiera hacer pensar que no se han respetado esas normas. Si su Señoría posee información que apunte en otro sentido, la Comisión estaría encantada de poder examinarla.

En resumen, si de la investigación realizada por la Comisión se desprendiera que no se han respetado plenamente las disposiciones comunitarias, la Comisión adoptaría todas las medidas necesarias para velar por su total cumplimiento, incluida la incoación de procedimientos oficiales de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE.

Los plaguicidas forman parte de uno de los grupos de productos químicos más tóxicos a los que está expuesto el ser humano. Es este caso, se trata de sustancias tóxicas que actúan no solamente sobre los organismos dañinos sino también en organismos útiles.

Numerosos análisis demuestran que el ser humano y todos los organismos vivos están expuestos a los efectos de los plaguicidas en concentraciones diversas. La descomposición de los plaguicidas depende principalmente de la bioquímica (acción de las bacterias), pero también puede ser desencadenada por reacciones fotoquímicas (descomposición bajo la influencia de la luz solar) y químicas. Por otra parte, conviene subrayar que los efectos de la desintegración de los componentes pueden ser más tóxicos que los componentes primarios. Por ello, la destrucción rápida de los plaguicidas antiguos y caducados, peligrosos para el ser humano y la fauna, y susceptible de envenenar las aguas subterráneas, es un problema que es preciso abordar urgentemente, especialmente en los nuevos Estados miembros.

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para acelerar la destrucción de las antiguas existencias de estas sustancias extremadamente tóxicas?

(EN) Las antiguas existencias de plaguicidas se consideran residuos y la legislación comunitaria en materia de residuos es de plena aplicación. Estos residuos deben ser objeto de un estricto control desde su generación hasta su eliminación final de acuerdo con su peligrosidad. Los Estados miembros deben elaborar planes de gestión de residuos que incluyan centros o instalaciones de eliminación adecuados.

Además, el Reglamento 2004/850/CE sobre contaminantes orgánicos persistentes regula los plaguicidas obsoletos más tóxicos. Recientemente se adoptaron los límites de concentración en virtud de este Reglamento, por encima de los cuales los contaminantes orgánicos persistentes deben destruirse por medio de incineración o tratamiento fisicoquímico.

La Comisión estima que la legislación comunitaria vigente es suficiente para una gestión segura de las existencias antiguas de plaguicidas. Además, las actividades relacionadas con la eliminación de existencias de plaguicidas obsoletos pueden recibir financiación comunitaria. Los Estados miembros también desempeñan un importante papel en la correcta eliminación de estas existencias en la práctica. Los gastos de eliminación deben asignarse de acuerdo con el principio «el que contamina paga» como se dispone en el apartado 2 del artículo 174 del Tratado CE.

Los griegos de Chipre han dado una muestra más de su buena voluntad y han aceptado que se realicen exportaciones de mercancías desde el sector ocupado, con la única condición de que estas exportaciones se realicen a través de puertos reconocidos internacionalmente, en concreto el de Limassol. Sin embargo, la llamada «Cámara de Comercio turcochipriota» y las autoridades de ocupación confunden sistemáticamente a la Comisión y al Parlamento Europeo con sus acusaciones contra las autoridades de la República de Chipre, a pesar de que son ellos quienes obstaculizan la aplicación del «Reglamento de la Línea Verde», como denuncian la asociación turcochipriota «Ciprus-UE Association» y su representante, Ali Erel, en una declaración distribuida a los diputados europeos el 24 de junio de 2006. En esta declaración se indica que 7 500 toneladas de limones se están pudriendo en los árboles en la zona ocupada y que los productores turcochipriotas de patatas sufren grandes pérdidas debido a la táctica de esta «Cámara de Comercio» y de las autoridades de ocupación.

¿Por qué insiste la Comisión en la existencia de un supuesto «embargo» contra los turcochipriotas, cuando ellos mismos denuncian la táctica de las autoridades de ocupación?

(EN) El Consejo ha pedido a la Comisión que elabore medidas destinadas a poner fin al aislamiento de la comunidad turcochipriota y a facilitar la reunificación y la integración económica de la isla por medio del desarrollo económico de dicha comunidad. La Comisión nunca ha utilizado el término «embargo» para describir la situación de la comunidad turcochipriota.

La Comisión lamenta la cancelación del comercio de patatas previsto recientemente a través de la «línea verde» para su posterior exportación. Sin embargo, señala que en agosto de 2006 se produjo un pequeño comercio de patatas por primera vez para su consumo en las zonas de la isla controladas por el Gobierno.

La Comisión continuará su seguimiento de la aplicación del Reglamento nº 866/2004 («Reglamento de la línea verde») y adoptará medidas para generar condiciones que permitan a los agentes económicos beneficiarse de las oportunidades comerciales que contempla dicho Reglamento.

¿Puede la Comisión informar de sus expectativas con relación a la libre circulación de trabajadores búlgaros y rumanos, en caso de que sus respectivos países se conviertan el próximo mes de enero en miembros de pleno derecho de la Unión Europea?

Teniendo en cuenta que tan sólo Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido han concedido a los ciudadanos de los actuales 25 Estados miembros pleno acceso a sus mercados laborales, ¿espera la Comisión que estos países extiendan su acogida a los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía? ¿Cuál es la situación a este respecto por lo que se refiere a los Estados miembros cuyas fronteras siguen cerradas?

¿Qué indicaciones le han proporcionado a la Comisión los 25 Estados miembros sobre la actitud que prevén adoptar cuando el próximo mes de enero se produzca la prevista adhesión de Bulgaria y Rumanía?

(EN) La Comisión está en principio a favor de la plena aplicación de las cuatro libertades en la UE, incluyendo la libre circulación de trabajadores. Esta libertad es uno de los principios fundamentales del Tratado de Roma.

La Comisión adoptó el 8 de febrero de 2006 un informe sobre el funcionamiento de las medidas transitorias previstas en el Tratado de adhesión de 2003. Los datos que figuran en este informe, así como los resultados de las amplias consultas realizadas a las autoridades e interlocutores sociales de los Estados miembros muestran que no existe riesgo de desequilibrio en el mercado de trabajo. Al contrario, los Estados miembros que no han impuesto dichas medidas han obtenido un resultado favorable para sus mercados de trabajo y sus economías. Algunos efectos secundarios negativos, como el trabajo no declarado, son en gran parte consecuencia de medidas restrictivas.

En relación con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, el régimen transitorio en materia de libre circulación de trabajadores acordado para estos dos países se ajusta a los mismos principios que los aplicados en la ampliación anterior. En principio, los 25 Estados miembros de la UE aplicarán medidas nacionales a la circulación de trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumanía. Los Estados miembros no necesitan notificar por adelantado la decisión que tomen a la Comisión.

Hasta ahora, la Comisión solo conoce la posición de Finlandia, que ha señalado que no aplicará el régimen transitorio a los trabajadores de Bulgaria y Rumanía. En cuanto a los demás países, el Reino Unido e Irlanda han manifestado su intención de aplicar el régimen transitorio en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió con los ocho países de Europa Oriental, al igual que la República Checa, entre los nuevos Estados miembros.

La Comisión espera que otros Estados miembros, aparte de Finlandia, le comuniquen su posición una vez que se fije la fecha de adhesión de Bulgaria y Rumanía. Sin embargo, incluso entonces los Estados miembros tendrán hasta la víspera de la adhesión para formular su posición.

¿Es cierto, como se reseña en la prensa este verano, que Croacia se ha puesto por delante de Turquía en la cola de países que esperan la adhesión?

(EN) Las negociaciones formales con Croacia y Turquía comenzaron el 3 de octubre de 2005. La primera fase de las negociaciones se inició el 20 de octubre de 2005, cuando la Comisión puso en marcha el denominado proceso de examen de ambos países. Este proceso abarca los 33 capítulos temáticos de negociación y se prolongará hasta octubre de 2006. Hasta ahora se han examinado 29 capítulos.

Las negociaciones propiamente dichas sobre cada capítulo empezarán una vez que el país candidato de que se trate esté suficientemente preparado para asumir el acervo comunitario. Los avances en general se basarán en los méritos de cada país y en su capacidad para cumplir las obligaciones de la adhesión. El ritmo de las reformas políticas y económicas en los propios países candidatos, los avances en la adaptación al acervo y su capacidad para aplicarlo darán lugar a diferentes velocidades en este proceso.

La Comisión ha presentado al Consejo una serie de informes de examen de capítulos concretos en los que recomienda: a) la apertura de las negociaciones, o b) el establecimiento de valores de referencia para su cumplimiento previo. A partir del 31 de julio de 2006 se ha formulado a Croacia una invitación para que presente una posición negociadora en dos casos y a Turquía en un caso. Además, el Consejo ha establecido valores de referencia para Croacia en cuatro casos y para Turquía en 1 caso.

Hasta ahora solo se han abierto negociaciones efectivas sobre un capítulo con cada uno de estos países (ciencia e investigación). En ambos casos, los avances se han considerado suficientes para cerrar provisionalmente de este capítulo.

¿Es cierto que la Comisión va a colaborar con la Presidencia finlandesa para lograr la retirada del ejército turco de la ciudad cerrada de Famagusta y la devolución de esta ciudad a sus legítimos habitantes en el marco de la aplicación del Reglamento relativo al comercio de la comunidad turcochipriota con la Unión Europea?

(EN) La propuesta de Reglamento sobre comercio directo que la Comisión presentó en julio de 2004 sigue sobre la mesa del Consejo, por lo que la Presidencia tiene la tarea de llevar a cabo conversaciones que allanen el camino para su pronta adopción. La Comisión apoya los esfuerzos que realiza la Presidencia finlandesa a tal fin.

La devolución de Varosha ha estado ligada anteriormente a las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas sobre una solución integral del problema de Chipre. Por consiguiente, corresponde a las partes implicadas decidir si desean mantener esta cuestión en el marco de una solución integral o si desean negociarla por separado.

¿Por qué motivo en las misiones de observación electoral de la Comisión se prohíbe la participación de observadores mayores de 70 años? ¿No se trata de una discriminación que obvia el hecho de que muchas personas mayores de 70 años poseen una rica experiencia y ejercerían perfectamente la labor de observador? Haciendo abstracción, quizás, de un incremento de los costes en materia de seguros, ¿accederá la Comisión a flexibilizar esta política y a escoger a los observadores sobre la base de su competencia y experiencia en lugar de hacerlo con arreglo a un criterio de edad?

(EN) Anteriormente, la Comisión aplicaba un límite de edad de 70 años a los miembros de sus Misiones de Observación de Elecciones (MOE) de la UE, de acuerdo con las restricciones impuestas por la póliza de seguro contratada para dichas misiones.

La compañía aseguradora acordó, a petición de la Comisión, flexibilizar su póliza, razón por la cual la Comisión ha decidido levantar el límite de edad, si bien ha introducido –de acuerdo con lo establecido en la Decisión 8728/99 del Consejo– la obligación de realizar un examen médico para los observadores electorales.

De conformidad con esta Decisión del Consejo y en particular con su apartado 4 «condición física adecuada», la Comisión decidirá en el futuro el examen médico necesario para cada MOE (por ejemplo, capacidad para trabajar en un país tropical, capacidad para trabajar a grandes altitudes, capacidad para trabajar en condiciones agotadoras, como condiciones climáticas concretas, horarios prolongados, necesidad de realizar viajes largos o elevado nivel de estrés psicológico, para asegurarse que todos los observadores enviados estén en condiciones para su despliegue en el contexto concreto de la MOE de que se trate).

Los Estados miembros que propongan observadores deberán obtener el certificado médico correspondiente del candidato expedido por un médico, y declarar si el observador les ha presentado el certificado médico exigido.

Por lo tanto, la Comisión no aplicará un límite de edad a los observadores de estas misiones.

Existen pruebas procedentes del Reino Unido que sugieren que 500 000 personas mayores son a menudo víctimas de malos tratos; la mayoría de los casos se desarrollan en el propio hogar de estas personas, aunque también provocan preocupación los centros de asistencia privados. Una parte importante de estos malos tratos los cometen asistentes remunerados, familiares o amigos.

¿Puede la Comisión proporcionar información de otros Estados miembros de la UE acerca de la naturaleza de los malos tratos a las personas mayores y la frecuencia con la que éstos ocurren?

¿Qué medidas propondría la Comisión en el marco del programa DAPHNE y dentro de su mayor ámbito de competencia para hacer frente a esta violación de los derechos humanos dentro de los Estados miembros?

(EN) La lucha contra la violencia en todas sus formas, contra todos los ciudadanos europeos, es una prioridad importante para la Comisión. El programa Daphne II (2004-2008) para luchar contra la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños constituye un elemento importante del compromiso de la Comisión para luchar contra la violencia, y las mujeres mayores son un grupo importante entre los beneficiarios de este programa. El programa apoya los acuerdos transnacionales de cooperación entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos públicos de ámbito local para hacer frente a todas las formas de violencia de género desde la perspectiva de la prevención, protección, apoyo y rehabilitación.

En el ámbito de los abusos contra personas mayores, el programa Daphne ha financiado varios proyectos dedicados a este problema y ha hecho mayor hincapié recientemente en este tema. De hecho, tres de los 57 proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria de propuestas de 2005 estaban destinados a los abusos contra mujeres mayores. En la propuesta de selección para 2006 se incluyen igualmente proyectos dedicados a los abusos contra mujeres mayores (la decisión de concesión aún no se ha adoptado).

Los proyectos del programa Daphne para luchar contra los abusos contra personas mayores confirman que:

Existen grandes lagunas en los servicios destinados a prestar asistencia a las mujeres mayores y muy poca información en la UE sobre este problema o la forma de ayudar a las víctimas.

No existe un marco jurídico comunitario, nacional o local para hacer frente al problema de los abusos o la violencia contra mujeres mayores o la protección de las personas mayores vulnerables o que sufren demencia.

Las estadísticas penales a menudo no registran la edad o el género de la víctima por lo que los datos de la población de mayor edad se pierden en las estadísticas sobre delincuencia.

Las mujeres mayores corren un mayor riesgo de sufrir abusos, que es incluso mayor entre las mujeres mayores con problemas cognitivos.

Las investigaciones han puesto de manifiesto que no existen servicios concretos para las mujeres mayores que han sido víctimas de actos violentos, por lo que suelen acudir a otros organismos de ayuda.

No existe un registro sistemático de la información relativa a los usuarios de servicios, como la edad, los motivos de acudir al servicio, lo que significa que no existen cifras concretas sobre el número de mujeres mayores que acuden a estos servicios de ayuda tras ser víctimas de alguna forma de violencia.

En 2000, el programa Daphne financió un proyecto de investigación para estudiar el reconocimiento, prevención y tratamiento de los abusos sufridos por mujeres mayores⁽¹⁾. Este estudio pasó revista a los datos actuales de prevalencia y llegó a la conclusión de que la prevalencia del maltrato entre la población mayor puede estimarse en torno al 4 % (cifra que confirmaron más tarde los datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2002, que indican que entre un 4 % y un 6 % de las personas mayores sufrieron algún tipo de abuso en el hogar). Las tasas de prevalencia de los subtipos de maltratos a personas mayores dentro de todos los casos de maltrato calculadas de forma aproximada por el proyecto son las siguientes: abusos físicos: 31 %, abusos psicológicos: 40 %, negligencia: 31 % , y abusos financieros: 27 %. Un 19 % de las víctimas puede ser objeto de más de un subtipo de maltrato. El proyecto confirmó igualmente que las mujeres mayores generalmente corren un mayor riesgo de sufrir todas estas formas de maltrato que sus homólogos masculinos, pues las mujeres representan hasta el 70 % de las víctimas de este grupo de edad.

Actualmente se están elaborando estadísticas comunitarias en materia de delincuencia y justicia penal en el marco del Plan de acción quinquenal, que será el tema de una Comunicación que la Comisión presentará en las próximas semanas al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Durante el período del Plan de acción se examinará la inclusión de tipos de delitos concretos, incluyendo la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

La Comisión adoptó en junio de 2006 una Comunicación titulada Acciones para una Europa más segura y una propuesta de recomendación del Consejo relativa a la prevención de lesiones y la promoción de la seguridad sobre la base del artículo 152 del Tratado CE. En ambos documentos se identifica como área prioritaria las lesiones intencionales en forma de violencia entre personas, a las que pertenecen los abusos contra personas mayores. La Comisión prevé en el Plan de acción comunitario, junto con los Estados miembros, la adopción de medidas para recopilar datos fiables en este delicado ámbito y para desarrollar en el futuro acciones conjuntas de prevención basadas en los datos disponibles y en los modelos de buenas prácticas definidos.

El 12 de mayo pasado, la empresa DBA (Dim Branded Apparel) comunicó al Comité de Empresa Europeo su intención de suprimir 950 empleos en Europa. Francia (450 personas), España (300 supresiones) e Italia (140 puestos de trabajo) son los países más afectados. Los sindicatos denunciaron una (primera) serie de medidas destinadas principalmente a la búsqueda de costes bajos mediante un mayor uso de la contratación externa y las deslocalizaciones. Según la información de que dispone el autor de la pregunta, al parecer DBA o algunas de las empresas con las que fusionó en 2006 recibieron ayudas europeas. ¿Podría decir la Comisión en qué consistían dichas ayudas? ¿Podría informar asimismo si, en caso de deslocalización de las actividades de DBA, tiene la intención de recuperar estos importes si el reembolso puede obtenerse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1260/1999⁽¹⁾ de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales?

(FR) La Comisión investiga ante las autoridades nacionales responsables de la gestión de los Fondos estructurales con el fin de descubrir si el Grupo DBA o las empresas pertenecientes a este han recibido ayudas comunitarias. Según la información incompleta recibida hasta ahora, la sociedad DIM S.A., con domicilio en Bourgogne, recibió ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) por un total de 95 012 euros para un proyecto de adquisición y formación de cualificaciones básicas en 2004-2005. Además, según la información recibida de las autoridades de la Región del Lazio, la Comisión puede confirmar que DBA no recibió contribuciones del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo 2000-2006.

La Comisión trasladará al Parlamento cualquier otra información que reciba de las autoridades nacionales.

Si se descubre que DBA o sus filiales han recibido ayudas de los Fondos estructurales y no han cumplido las condiciones de concesión o ejecución de dichas ayudas, la Comisión podría pedir a las autoridades nacionales competentes que tomen las medidas necesarias para efectuar las correcciones financieras correspondientes o recuperar las cantidades pagadas irregularmente.

Queremos señalar que las disposiciones relativas a la deslocalización de empresas han sido reforzadas para el período de programación 2007-2013 de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. A propuesta de la Comisión, las empresas tendrán que garantizar que las inversiones realizadas o los puestos de trabajo creados se mantengan durante un período de cinco años a partir de la fecha de finalización de la operación cofinanciada, lo que en ocasiones es varios años después de la decisión de concesión de las ayudas⁽²⁾, garantizándose así un período mínimo durante el cual la región que reciba la ayuda pueda beneficiarse de los rendimientos económicos de las inversiones correspondientes.

Asimismo se establece que podrá obligarse a las empresas que trasladen sus actividades dentro del mismo Estado miembro o a otro Estado miembro a rembolsar las ayudas comunitarias recibidas para dichas actividades y, en tal caso, estas empresas no podrán recibir contribuciones de los fondos.

Las relaciones comerciales entre las Islas Baleares y China se han afianzado a lo largo de los últimos años, como es el caso del comercio de calzado fabricado en las islas.

A pesar de la evolución en las relaciones bilaterales UE - China, los empresarios mallorquines siguen enfrentándose a trabas burocráticas a la hora de abrir sus comercios o empresas hoteleras en China, ya que el Gobierno Chino sigue manteniendo múltiples impedimentos para que los inversores extranjeros establezcan allí sus negocios.

¿Qué medidas va a adoptar la Comisión Europea para reforzar y facilitar las relaciones empresariales UE-China y las relaciones entre los empresarios de los Estados miembros y China?

¿Cómo pueden favorecer estas medidas al sector empresarial hotelero de las Islas Baleares y mejorar sus relaciones empresariales con China y facilitarles el acceso al mercado Chino en estos campos?

¿En qué va a consistir la nueva Estrategia anunciada por la Comisión relativa a las relaciones comerciales y de inversión entre la UE y China?

Puesto que, además de los intercambios comerciales, el flujo de turistas en los dos sentidos (turistas chinos hacia Europa y turistas europeos hacia China) también crece considerablemente cada año y presenta un enorme potencial de negocio para ambas partes, ¿piensa promover la Comisión Europea alguna medida para fomentar este tipo de turismo?

La Comisión está de acuerdo con su Señoría en que el turismo entre China y Europa en ambas direcciones registra un importante crecimiento anual y aún alberga mayor potencial de negocio para las dos partes.

En líneas generales, los proveedores de servicios de la CE se benefician de los compromisos contraídos por China en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) desde la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio en noviembre de 2001. En lo relativo a los servicios hoteleros y de restauración, las empresas de la CE han obtenido acceso al mercado chino desde la fecha de su adhesión, si bien en asociación con empresas chinas. Desde noviembre de 2005 ya no es necesario contar con un socio chino y los hoteles y restaurantes de la CE pueden ser dueños al 100 % de sus dependencias en China. Las agencias de viaje y los operadores turísticos de la CE también se benefician de los compromisos contraídos por China en virtud del AGCS y pueden ofrecer servicios a los turistas extranjeros que visitan China con arreglo a determinadas condiciones. Esas restricciones desaparecerán en noviembre de 2007 y a partir de esa fecha las empresas extranjeras podrán poseer el 100 % del capital. Huelga decir que las Islas Baleares y su sector turístico podrán beneficiarse de tal circunstancia, pues son parte de la CE.

Además, la CE también trata de conseguir nuevas medidas de liberalización chinas para los servicios del sector turístico, junto con otros sectores de servicios, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el AGCS en el marco de las conversaciones de la OMC conocidas como Agenda de Desarrollo de Doha.

Igualmente, los prestadores de servicios de la CE se benefician del importante crecimiento del turismo chino hacia Europa desde la aplicación en 2004 del Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Administración Nacional de Turismo de la República Popular de China sobre el Régimen de Destino Aprobado (ADS).

Según indica su Señoría, la Comisión prepara actualmente una comunicación al Parlamento y al Consejo sobre las relaciones comerciales y de inversión entre la UE y China. Esa comunicación es una revisión estratégica que servirá de guía a la Comisión en sus relaciones con China durante los años venideros. Su publicación está prevista para otoño de 2006. En este contexto, la Comisión ha celebrado consultas en línea, dos consultas públicas convencionales y una conferencia a gran escala. Se mantendrá plenamente informado al Parlamento de todo nuevo acontecimiento en este ámbito.

Hasta mayo de 2004, en virtud de acuerdos bilaterales con el Reino de Noruega, renovados periódicamente, Polonia tenía acceso a la Zona Económica Exclusiva de este país, donde pescaba principalmente carbonero (Pollachius virens). ¿Cabe la posibilidad de que Polonia siga disfrutando de sus derechos históricos de pesca en dicha zona marítima? ¿En qué fase se encuentran las negociaciones entre la UE y Noruega? ¿Contemplan estas negociaciones la posibilidad de participación de Polonia en las actividades pesqueras desarrolladas en la citada zona?

(EN) La Comisión tiene conocimiento de la celebración de un acuerdo bilateral de pesca entre Noruega y Polonia.

Noruega denunció este acuerdo en 2004, justo antes de la adhesión de Polonia a la UE.

La Comisión había planteado recientemente la cuestión de la prórroga de este acuerdo con Noruega. La posición oficial de Noruega no ha variado, pues considera que dicho acuerdo ha dejado de ser válido debido a la denuncia del mismo.

En el marco de las negociaciones anuales con las autoridades noruegas, la Comisión intenta tener en cuenta las solicitudes de oportunidades de pesca de los Estados miembros. Este ejercicio tiene lugar antes de las negociaciones anuales con Noruega.

Las próximas negociaciones están programadas para el mes de noviembre de 2006. La primera ronda se celebrará del 6 al 10 de noviembre, y la segunda del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006.

El anuncio de la bolsa NYSE de Nueva York sobre la adquisición de la plataforma paneuropea de transacciones bursátiles Euronext y el surgimiento previsto de un colosal mercado bursátil transatlántico originan una nueva situación en relación con el fenómeno de las adquisiciones y fusiones en el sector de los mercados bursátiles.

La trayectoria de hiperconcentración de las bolsas internacionales, que se hizo patente por primera vez de manera marcada con la adquisición del 25,1 % de la Bolsa de Londres por el mercado NASDAQ estadounidense, se promueve por razones de ahorro de gastos. No obstante, paralelamente a esta hiperconcentración, se crea el peligro de una concentración de la actividad inversora en determinados mercados únicamente, no sólo en detrimento de los pequeños mercados denominados regionales que pueden resultar afectados, sino también de los grandes.

Teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias, ¿hasta qué punto tiene la Comisión intención de promover medidas comunitarias de supervisión y transparencia del funcionamiento de los colosos bursátiles que han de crearse? ¿Considera oportuno prever medidas para proteger el mercado europeo de inversiones contra un posible desplazamiento de su intensa actividad inversora hacia determinados mercados?

(EN) La Comisión y los Estados miembros han adoptado una sólida normativa en materia de competencia para evitar concentraciones que impidan una competencia eficaz. Toda fusión o adquisición de mercados regulados internacionales que cumpla los umbrales de notificación contemplados en el Reglamento sobre controles de fusiones de la CE o en la legislación nacional debe cumplir estas normas de competencia.

La Comisión considera que las fuerzas del mercado deben determinar la configuración óptima de las bolsas europeas, siempre que se resuelvan correctamente las cuestiones normativas y de competencia. El sector europeo de las bolsas de valores y derivados se encuentra actualmente sumamente fragmentado a pesar de la evolución observada en los últimos años. La Comisión no cree que una mayor concentración de los mercados bursátiles tenga resultados adversos para los usuarios de dichos mercados, entre ellos los inversores y emisores. De hecho, la Comisión considera que en el mercado interior podrían producirse importantes incrementos de eficiencia mediante una consolidación de las bolsas que, con las salvaguardias normativas adecuadas, deberían beneficiar a sus usuarios al ofrecer liquidez, bajos costes por transacción y servicios de asesoramiento, lo que sería beneficioso para la economía europea. Además, el acceso a mercados de capitales más profundos y con más liquidez sería ventajoso para las empresas en expansión situadas en mercados de menor tamaño y, por consiguiente, para las economías de menor envergadura.

La Comisión acaba de finalizar un amplio programa de modificaciones legislativas que aborda, entre otras cosas, la transparencia de las negociaciones de acciones y las obligaciones de transparencia de los emisores de títulos admitidos a cotización en un mercado regulado. Según las partes, se prevé que la entidad surgida de la fusión NYSE/Euronext cotice en Nueva York y en Euronext, por lo que estas obligaciones de transparencia se aplicarían a dicha entidad. La Comisión sigue estando dispuesta a considerar la posibilidad de introducir modificaciones a la arquitectura de supervisión que sean necesarias para hacer frente a los retos del futuro.

El lunes 12 de junio cerca de una centena de militantes feministas iraníes se manifestaron en Teherán para exigir la modificación de las leyes que discriminan a las mujeres en el país. La policía disolvió brutalmente la manifestación, que se saldó con la detención de 70 personas.

¿Qué condenas políticas y qué medidas concretas tiene intención de adoptar la Comisión en sus contactos bilaterales en respuesta a los violentos ataques del régimen iraní contra las militantes feministas y la violación de los derechos humanos de las mujeres que se registra en Irán?

(EN) La Comisión comparte plenamente las preocupaciones de su Señoría respecto a la violenta represión de la manifestación pacífica a favor de los derechos humanos que tuvo lugar en Teherán el 12 de junio de 2006.

La Comisión cree que estas ofensivas son contrarias a las obligaciones internacionales de Irán, como el respeto del derecho de reunión pacífico que garantiza el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP). Como señala su Señoría, unos 70 manifestantes –entre mujeres y hombres– fueron detenidos en esa ocasión. Los informes señalan que una fuerza policial femenina especialmente entrenada se mostró especialmente violenta contra las mujeres que se manifestaban.

En las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relacione Exteriores (CAGRE) de 17 de julio de 2006, la UE prestaba especial atención a los acontecimientos del 17 de julio de 2006 y a la discriminación que siguen sufriendo las mujeres en Irán bajo el Gobierno de Ahmadineyad.

De este modo, la UE y la Comisión son muy conscientes de la situación y siguen con gran atención su evolución. De hecho, en mayo de 2006 y justo antes de estas manifestaciones, el CAGRE destacó «... el incremento de las violaciones de la libertad de expresión y la libertad religiosa […] así como la intimidación y acoso de que son objeto los defensores de los derechos humanos, abogados y grupos minoritarios».

El seguimiento no es suficiente y por ello la UE sigue planteando sus preocupaciones por los derechos humanos y el deterioro de la libertad de expresión a través de sus canales diplomáticos en Teherán. A este respecto se sigue planteando toda una serie de casos individuales ante las autoridades iraníes. La Comisión participa activamente en estas actividades y sigue recordando al Embajador iraní su firme condena. Al mismo tiempo, las organizaciones no gubernamentales internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la Premio Nobel Shirin Ebadi y su red siguen trabajando incansablemente contra una tendencia general lamentablemente muy negativa en el ámbito de los derechos humanos en Irán.

No obstante, la Troika de la UE mantiene desde diciembre de 2002 un diálogo directo sobre derechos humanos con las autoridades iraníes, con la participación de representantes de la sociedad civil tanto de parte europea como iraní. Los derechos de la mujer han sido debatidos como parte de este diálogo. Lamentablemente y a pesar de que hemos insistido en su continuación, este diálogo no ha podido tener lugar desde el verano de 2004, debido a la renuencia de las autoridades iraníes. A pesar de la negativa de Irán a entablar un diálogo constructivo, la UE sigue dispuesta a hablar sobre derechos humanos, incluso a través del proceso de diálogo.

La prohibición comunitaria de los cajones para terneros será efectiva en 2007, cuando se sustituirán por una estabulación en grupo. La ciencia demuestra, no obstante, que estas normas son aún demasiado bajas y serían ilegales en el Reino Unido. También hay pruebas claras de que los terneros británicos son exportados clandestinamente a países tales como los Países Bajos en condiciones horribles.

¿Tiene intención la Comisión de examinar esta situación y modificar las normas para los terneros con el fin de elevarlas a un nivel más aceptable?

(EN) La Directiva 91/629/CEE del Consejo⁽¹⁾ establece las normas mínimas para la protección de las terneras. Esta Directiva prevé que la Comisión presente al Consejo y al Parlamento un informe sobre los sistemas intensivos de engorde de terneras. Este informe se basará en un dictamen científico y tendrá en cuenta las implicaciones socioeconómicas correspondientes.

A solicitud de la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) adoptó el 7 de junio de 2006 un dictamen científico sobre esta cuestión⁽²⁾.

La Comisión está analizando el dictamen de la AESA y tiene previsto recopilar otros datos sobre aspectos socioeconómicos y recibir las contribuciones de las partes interesadas.

Estos elementos serán de gran importancia para abordar de forma exhaustiva este tema tan delicado con el objetivo de lograr las normas necesarias para el bienestar de los animales.

El artículo 6 de la Directiva (modificada por la Directiva 97/2/CE del Consejo) preveía que este debía presentarse en 2006. Sin embargo, debido a la necesaria contribución de la AESA y a la necesidad de proceder a efectuar la debida evaluación de impacto, la Comisión decidió en el Plan de acción comunitario para la protección y el bienestar de los animales 2006-2010fn que no presentaría este informe al Consejo y al Parlamento antes de 2008. Este retraso permitirá además a la Comisión considerar más detenidamente en su propuesta el empleo de indicadores normalizados de bienestar para el seguimiento directo de las distintas normas de bienestar de los animales en las explotaciones.

En las últimas semanas se han vuelto a intensificar las acciones de la policía aduanera alemana destinadas a expulsar a las empresas constructoras polacas del mercado alemán. Con la excusa de la lucha antidumping, a las empresas se les confisca toda la documentación y ordenadores para imposibilitar su normal funcionamiento. Para hacer frente a posibles sanciones futuras se embargan masivamente las cuentas de las empresas, lo que obviamente impide su liquidez y puede incluso llevarlas a la quiebra caso de las acusaciones no se confirmen. Más aún, pese a que las acusaciones se refieren únicamente a cuestiones de pagos, los trabajadores de estas empresas son tratados como delincuentes peligrosos: entre otras medidas, se les somete a cacheos humillantes en busca de posibles armas, hecho que incluso documentó el rotativo alemán Braunschweiger Zeitung. ¿Podría la Comisión tomar medidas inmediatas para poner fin a todas estas prácticas?

Las autoridades alemanas, incluida la policía, han sometido recientemente a medidas discriminatorias y, con frecuencia humillantes, a empresas constructoras polacas que trabajan legalmente en Alemania. Las medidas adoptadas violan la legislación alemana, las reglamentaciones polaco-germanas en el ámbito de la construcción y las libertades de la UE. ¿Qué va a hacer la Comisión con respecto a esta situación?

(EN) La Comisión ha recibido varias cartas y preguntas parlamentarias en las que se mencionan presuntas infracciones de las disposiciones del Tratado CE en materia de libre prestación de servicios durante las comprobaciones e inspecciones que realizan las autoridades alemanas de empresas polacas en Alemania, entre otras. A este respecto, el Comisario encargado del Mercado Interior y de Servicios remite a su Señoría a su respuesta más reciente en nombre de la Comisión a la pregunta escrita formulada por el señor Szymanski (E-4639/05) a finales de 2005.

La Comisión se muestra preocupada por las dificultades que encuentran las empresas de algunos Estados miembros a la hora de prestar sus servicios en Alemania. Es indispensable que las empresas de todos los Estados miembros puedan disfrutar de los mismos derechos fundamentales que sus competidoras establecidas en los demás Estados miembros y, en particular, del derecho a prestar servicios.

Por este motivo, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades alemanas. En su respuesta, estas hacen mención de las excepciones de que gozan en virtud de las disposiciones transitorias contempladas en los Tratados de adhesión en lo referente a la libre prestación de servicios que impliquen el traslado de trabajadores de determinados sectores. Además, las autoridades alemanas insistían en que todas las medidas de supervisión se llevan a cabo sin discriminaciones y son proporcionadas. A falta de pruebas concretas de discriminación o infracción sistemáticas del Tratado de adhesión, las empresas pueden presentar los problemas de trato discriminatorio de que sean objeto en casos concretos ante SOLVIT o iniciar una acción ante los tribunales nacionales. La Comisión seguirá muy de cerca esta situación y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de la legislación comunitaria.

Las consultas periódicas con las autoridades responsables de la prestación transfronteriza de servicios, en Polonia, entre otras, podrían ofrecer una buena oportunidad para hablar de estos presuntos problemas y resolverlos.

La Comisión Europea declara que, debido a la falta de recursos, se ha producido un cambio en las prioridades del "Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud y la protección del consumidor (2007-2013)" y menciona que se han excluido las enfermedades más comunes en la Unión Europea. ¿De qué manera va a tratar la Comisión las enfermedades más comunes en la UE si no están incluidas en el programa de acción? ¿En qué se ha basado la Comisión para decidir a favor de una política de los denominados "factores determinantes de la salud" en lugar de una política de "enfermedades más comunes" y qué razones tiene la Comisión para considerar que este enfoque será más efectivo?

(EN) La Comisión no tiene la intención de ignorar enfermedades en la futura acción comunitaria en materia de salud. La promoción de la salud para ayudar a evitar enfermedades sigue siendo un aspecto clave de nuestra propuesta para este programa.

La Comisión tuvo que reducir el alcance de este programa en vista de la considerable reducción del presupuesto que acordaron el Consejo y el Parlamento. Al hacerlo no tenía la intención de alterar las acciones en curso, sino que propone no iniciar acciones completamente nuevas sobre enfermedades y sistemas sanitarios.

Esto no significa que no se tenga en cuenta a algunas enfermedades. Este programa contribuirá a reducir las enfermedades de la siguiente forma:

En primer lugar haciendo frente a sus causas; si las acciones contra el tabaquismo previstas en el objetivo de promoción ayudan a reducir el cáncer;

y en segundo lugar, mediante las acciones de información e intercambio de buenas prácticas incluidas en el objetivo de conocimiento.

La realización de proyectos de protección del medio ambiente financiados por el Fondo de Cohesión sufre un estancamiento en los nuevos Estados miembros de la UE. Algunos países absorben eficazmente los fondos asignados mientras que otros difícilmente lo hacen. Lituania no es una excepción, dado que los recursos asignados para tales proyectos son absorbidos lentamente. La causa principal es el medio técnico desfavorable: los proyectos son ambiciosos y complejos; Lituania carece de expertos capaces de elaborar proyectos en el ámbito de la protección del medio ambiente; el sistema de absorción de los fondos apenas está establecido y, además, ciertas colectividades locales frenan el proceso.

Es interesante observar que, en comparación con otros sectores, los importes asignados por la UE a los proyectos de protección del medio ambiente son los que se absorben más difícilmente. ¿Podría la Comisión indicar qué nuevos Estados miembros de la UE absorben eficazmente los fondos asignados a la protección del medio ambiente y qué nuevos Estados los absorben peor, y explicar por qué observamos tales diferencias? ¿Por qué se ha producido especialmente esta situación en el ámbito del medio ambiente? ¿Que cambios se propone introducir la Comisión para que la absorción de los fondos sea más eficaz y de que manera se propone llevar a cabo dichos cambios?

(EN) Todos los nuevos Estados miembros han logrado presentar suficientes proyectos medioambientales, en el marco del Fondo de Cohesión, para absorber los créditos de compromiso disponibles para el sector del medio ambiento previstos en el Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (IPEP) y, desde 2004, en el Fondo de Cohesión. Se espera que a finales de 2006 se alcance en todos los casos el objetivo de que las cuotas destinadas al sector del transporte y del medio ambiente presenten cuotas más o menos equivalentes.

En relación con la absorción de los créditos de compromiso del IPEP y del Fondo de Cohesión a través de pagos (anticipos o reembolso de pagos provisionales basados en los gastos realizados sobre el terreno), los avances varían de un Estado miembro a otro. En el cuadro a continuación se ilustra una reciente comparación de la absorción de los créditos de compromiso disponibles por parte de los nuevos Estados miembros expresada en porcentajes desembolsados por la Comisión. Estas cifras pueden variar considerablemente en poco tiempo, en particular en el caso de los Estados miembros de menor tamaño, en función de la presentación y tramitación de las solicitudes de pago.

Porcentaje de absorción del IPEP / Créditos de compromiso del Fondo de Cohesión en 2000-2006 por sector:

Medio ambiente

Transporte

Chipre

0 %

29 %

República Checa

25 %

55 %

Estonia

29 %

38 %

Hungría

25 %

35 %

Letonia

20 %

45 %

Lituania

19 %

43 %

Malta

0 %

48 %

Polonia

17 %

42 %

Eslovaquia

20 %

58 %

Eslovenia

20 %

45 %

Las diferencias en la absorción de los créditos de compromiso por los gastos de los proyectos sobre el terreno pueden variar por muchas razones. En relación con experiencias anteriores, la Comisión publicó en 2005 un informe de evaluación ex-post que examinaba detalladamente la experiencia de los 200 proyectos del Fondo de Cohesión que recibieron ayudas en el período 1993-2002 en los cuatro Estados miembros beneficiarios de dicho fondo. Este informe ha sido publicado en Internet⁽¹⁾

Los motivos de los retrasos y las dificultades para la ejecución de los proyectos que figuran en el informe e identificados por la Comisión son los siguientes: deficiencias en la planificación y diseño de los proyectos, la legislación y procedimientos nacionales en materia de planificación y evaluación medioambiental, las deficiencias técnicas de los organismos ejecutores, problemas en materia de contratación pública, incertidumbre presupuestaria o institucional o dificultades técnicas para la realización física del proyecto. Algunos de estos factores varían en función del contexto jurídico, administrativo e institucional concreto de cada país o en función de deficiencias específicas de los beneficiarios.

Las posibles deficiencias en la ejecución del proyecto que se mencionan más arriba se aplican al sector del transporte y al sector del medio ambiente por igual. Sin embargo, en el sector del medio ambiente se observa una evidente tendencia en muchos Estados miembros a dividir la responsabilidad de los servicios medioambientales entre un mayor número de organismos ejecutores, lo que tiene por resultado proyectos de menor envergadura, una coordinación más difusa, la fragmentación de los conocimientos técnicos y una amplia variedad de competencias de los organismos ejecutores. Sobre todo en comparación con la relativa concentración de los organismos ejecutores y los conocimientos técnicos en los principales sectores de transporte.

Cuando las responsabilidades se encuentran tan difusas, los conocimientos técnicos se encuentran muy repartidos, resulta más difícil difundir buenas prácticas y, por ende, la incidencia de estos defectos es mayor. Asimismo, la mayoría de los Estados miembros tienen más experiencia en la construcción de infraestructuras de transporte.

La Comisión desea que los créditos de compromiso facilitados se utilicen rápidamente. El retraso relativo de la absorción de los créditos destinados al medio ambiente es motivo de preocupación. La Comisión fomenta, mediante el diálogo que mantiene con los Estados miembros, una evaluación crítica de los sistemas de creación, identificación, selección y seguimiento de los proyectos, tanto en el ámbito político como técnico. Sin embargo, corresponde en primer lugar a los Estados miembros aprovechar lo mejor posible la oportunidad que les concede la financiación comunitaria y garantizar una asignación óptima de responsabilidades a escala nacional, regional y local.

A fin de promover la eficiencia en la gestión de los proyectos, la Comisión presentó en 2004 un documento a todos los beneficiarios del fondo de Cohesión sobre la Capacidad de Aseguramiento de la Calidad en la fase de preparación del proyecto. La finalidad de ese documento era entablar un diálogo con cada uno de los Estados miembros y destacar la importancia de crear una serie de proyectos de calidad para lograr una absorción más previsible. A nivel bilateral, la Comisión ha destacado ante los Estados miembros aquellos cambios que podrían mejorar los resultados y la absorción de los proyectos.

El Estudio de Síntesis ex-post de 2005 hace una serie de recomendaciones de carácter general basadas en experiencias pasadas para mejorar la gestión de los proyectos nacionales. Estas conclusiones fueron transmitidas y debatidas con todos los Estados miembros durante 2005.

Para el período 2007-2013, la Comisión puso en marcha recientemente la iniciativa JASPERS (Joint Assistance for Supporting Projects in European Regions) en estrecha colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Su objetivo es prestar asistencia técnica a las autoridades nacionales de gestión para preparar proyectos de alta calidad que puedan recibir ayudas comunitarias, tengan un efecto multiplicador gracias a la difusión de buenas prácticas y ofrezcan modelos que los países beneficiarios puedan reproducir. La Comisión prevé que el sector del medio ambiente será objeto de una atención especial en aquellos Estados miembros que serán prioritarios para recibir ayudas de la iniciativa JASPERS.

En la actualidad, ni los Estados miembros de la UE ni las cadenas europeas de televisión están legalmente obligados a ofrecer el subtitulado de sus emisiones, un recurso que facilitaría en gran medida el acceso a los servicios de televisión a las personas con dificultades auditivas.

¿Revisará la Comisión en este sentido su decisión de no exigir que las sociedades de radiodifusión televisiva europeas ofrezcan servicios de subtitulado de conformidad con las disposiciones de la Directiva «Televisión sin Fronteras» revisada?

(EN) La legislación europea no obliga a las emisoras de los Estados miembros a ofrecer servicios, como subtítulos o descripción sonora. De hecho, la prestación de servicios de asistencia es regulada por la normativa en materia de contenidos que es competencia de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad. En el fondo, la Directiva «Televisión sin fronteras» (en lo sucesivo la «Directiva») es una directiva de mercado interior. El objetivo de la Directiva es facilitar la libre circulación de las emisiones de televisión dentro de la Comunidad Europea. La Directiva pretende alcanzar este objetivo mediante el establecimiento de normas mínimas que deben cumplir las emisoras que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado miembro, y prohibiendo en general que los Estados miembros sometan las emisiones procedentes de otros Estados miembros a controles antes de su recepción o transmisión. La igualdad de acceso a los programas de televisión o a los servicios audiovisuales tiene una enorme importancia. Sin embargo, la igualdad de acceso no tiene repercusiones sobre el funcionamiento del Mercado Interior y, por consiguiente, la Directiva no es el instrumento adecuado para resolver este problema.

La meta de la Comisión es promover el diálogo en los grupos de reguladores y del sector con el fin de difundir buenas prácticas. La Comisión ha debatido las cuestiones de acceso en el seno del Comité de Contacto previsto en la Directiva. Se debatió en particular el enriquecimiento de contenidos por medio de descripciones sonoras, subtítulos sonoros, subtítulos escritos y lenguaje gestual. La Comisión presentó a los Estados miembros dentro del Comité de Contacto un cuestionario relativo a las «Medidas relacionadas con el acceso a los programas de televisión por parte de personas con deficiencias visuales y auditivas». Las respuestas de los Estados miembros se encuentran en el sitio web de la Comisión:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm

La Comisión seguirá deliberando sobre estas cuestiones en el marco del Comité de Contacto.

La promoción de la igualdad de acceso para las personas con deficiencias a la Sociedad de La Información es la meta de las acciones propuestas en la Comunicación titulada «La accesibilidad electrónica»⁽¹⁾. Esta meta comprende, entre otras cosas, el acceso a los programas de televisión para personas con deficiencias visuales y auditivas. Varias acciones en curso están destinadas a esta cuestión. La Comisión siempre ha apoyado la labor de normalización en materia de posibilidad de acceso a la televisión que realizan las organizaciones europeas de normalización. La Comisión apoya, en el marco del programa Sociedad de la Información, varios proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) dedicados al acceso a los programas de televisión. Por ejemplo a través de la generación automática de subtítulos para programas de televisión, el desarrollo de avatares para generar lenguaje gestual automático para sordos y el desarrollo y ensayo de servicios de descripción sonora para ciegos.

Como señala en su Comunicación «La accesibilidad electrónica», la Comisión seguirá promoviendo un enfoque coherente de las iniciativas voluntarias de accesibilidad electrónica en los Estados miembros y seguirá fomentando la autorregulación del sector. Se prevé la publicación de una evaluación sobre la situación de la accesibilidad electrónica dos años después de la comunicación. En ese momento, la Comisión podrá considerar la necesidad de adoptar otras medidas, incluso legislativas, si lo considera necesario.

La Comisión colabora actualmente con los Estados miembros y efectúa consultas con las partes interesadas con el fin de definir mejor la agenda europea de inclusión electrónica que contiene igualmente un componente de accesibilidad electrónica.

¿Puede proporcionar la Comisión información exhaustiva sobre la situación actual en cuanto a las importaciones de carne de bovino brasileña en la Unión Europea, a la vista de que la UE ha comprobado que la carne de bovino brasileña no ofrece garantías básicamente? ¿Podrían facilitarse las cifras más recientes sobre el volumen de las importaciones de carne de bovino brasileña en la Unión Europea?

(EN) La Comisión se toma muy en serio las inquietudes manifestadas por su Señoría y concede prioridad a la protección de la salud de los consumidores europeos y al estado de la salud animal en la Comunidad. La Comisión ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que las importaciones de carne de vacuno procedentes de Brasil no impongan un riesgo innecesario a la UE.

La Comisión aplica en permanencia el principio de regionalización reconocido a escala internacional por la Oficina Internacional de Epizootías (OIE), por considerarla la respuesta más adecuada para estos peligros. Es sobre la base de este principio que exige a los terceros países que respondan ante casos similares surgidos en la UE.

En este contexto y en respuesta al brote de fiebre aftosa registrado en Brasil en octubre d 2005, la Comisión suspendió inmediatamente las importaciones de todos los tipos de carne de vacuno (excepto la carne sometida a tratamiento térmico) procedentes de los Estados brasileños de Mato Grosso do Sul, Paraná y Sao Paulo. En un principio, la enfermedad surgió en el Estado de Mato Grosso do Sul y se extendió posteriormente a Paraná. El Estado de Sao Paulo no se vio afectado por la fiebre aftosa, pero en vista de los movimientos de ganado y los vínculos epidemiológicos entre estos tres Estados, la Comisión decidió, junto con los Estados miembros, suspender igualmente las importaciones procedentes de este estado como medida de cautelar. Únicamente los productos cárnicos sometidos a tratamientos térmicos (a más de 80º C) siguen estando autorizados, ya que este tratamiento asegura la inactivación del virus. La Comisión desea recordar a su Señoría que no se han producido brotes de fiebre aftosa dentro de las regiones aprobadas para la importación de carne a la UE.

Tan solo las importaciones procedentes de las zonas no infectadas de Brasil siguen siendo objeto de las condiciones permanentes de importación aplicables a este país. En vista de que dichas condiciones limitan la importación de carne de vacuno deshuesada y madurada (lo que garantiza la inactivación del virus de la fiebre aftosa) libres de despojos, en estos momentos se considera que esta medida es suficiente y proporcionada para mantener nuestro nivel de protección. Además, la CE ha pedido a Brasil garantías adicionales en el marco del certificado sanitario acerca de la vacunación y el contacto con animales de estado inferior debido a las deficiencias observadas en las últimas misiones de inspección efectuadas en este país. La Comisión desea señalar que está decidida a que las autoridades brasileñas cumplan todas estas garantías. De lo contrario, la Comisión adoptará las medidas pertinentes.

La Comisión sigue muy de cerca la evolución de la situación de la salud animal en Brasil y hace poco se llevó a cabo una nueva misión de inspección. El resultado de esta misión revestirá una gran importancia a la hora de evaluar la situación existente en ese país. La Comisión desea asegurar a su Señoría que adoptará todas las medidas necesarias para proteger completamente el mercado comunitario contra cualquier riesgo que pueda surgir en este contexto.

Las cifras más recientes correspondientes a las cantidades de carne de vacuno importadas de Brasil hacia la Unión Europea (UE-25) fueron de 168 004 toneladas en 2004 y 175 833 toneladas en 2005.

La Comisión Europea ha tomado tres decisiones de principio sobre los derechos de radiodifusión de partidos de fútbol. En primer lugar, la Comisión Europea ha autorizado a los clubes a vender conjuntamente los derechos de emisión, a pesar del riesgo de que los clubes de fútbol aumenten los precios excesivamente. En segundo lugar, la Comisión Europea ha intervenido para limitar la medida en que un solo comprador puede adquirir todos los derechos válidos para una competición determinada. En tercer lugar, la Comisión Europea ha insistido en que los derechos de radiodifusión deben dividirse y venderse por separado a diferentes compradores.

¿Puede indicar la Comisión Europea qué impacto económico tendrán realmente estas decisiones? De no poder hacerlo, ¿se comprometerá la Comisión a llevar a cabo un análisis económico global de las consecuencias de la aplicación, las consecuencias y los efectos de estas tres decisiones?

(EN) En la primera parte de la pregunta, su Señoría enumera tres principios relacionados con los derechos de transmisión de partidos de fútbol que su Señoría extrajo de decisiones de la Comisión y sobre los que esta desea hacer un breve comentario.

En primer lugar, es cierto que la Comisión ha permitido a los clubes vender colectivamente los derechos de transmisión en determinadas condiciones. Las razones por las que la Comisión consideró que dicha venta cumplía la legislación comunitaria en materia de competencia (y que era favorable para los consumidores) se pueden encontrar, por ejemplo, en la Decisión de la Comisión relativa a la venta conjunta de los derechos comerciales de la Liga de Campeones de la UEFA⁽¹⁾. La Comisión quisiera apuntar igualmente que el riesgo de que los «clubes de fútbol suban sus precios excesivamente» que menciona su Señoría, existe igualmente cuando los clubes de fútbol comercializan individualmente sus derechos (como en España), en particular en el caso de los derechos de transmisión de los principales clubes de fútbol.

En segundo lugar, la Comisión solo ha impuesto la norma que impide la compra de todos los derechos por un único comprador que cita su Señoría en el caso de la FA Premier League (y no, por ejemplo, en el caso de la Liga de Campeones de la UEFA) debido a las particularidades de dicho caso. Por lo tanto, esta regla no constituye un principio general.

En tercer lugar, es cierto que la Comisión insiste en que los derechos de transmisión de partidos de fútbol se dividan en varios paquetes a fin de permitir que un gran número de competidores los adquieran.

En la segunda parte de la pregunta, su Señoría se pregunta cuál ha sido el impacto económico que han tenido las decisiones de la Comisión sobre los derechos de transmisión de los partidos de fútbol y pregunta si la Comisión se compromete a realizar un análisis económico de estas decisiones. La Comisión considera que estas decisiones han tenido importantes repercusiones económicas. Si bien la Comisión no puede comprometerse en estos momentos a realizar nuevos análisis económicos ex-post de las decisiones, es importante señalar que tuvo en cuenta el efecto económico de estas decisiones antes de adoptarlas. Asimismo, la Comisión y las autoridades nacionales de defensa de la competencia mantienen un estrecho seguimiento del sector de los derechos comerciales de transmisión de partidos de fútbol y pueden intervenir si así lo consideran necesario. Por último, la Comisión se ha comprometido a poner un mayor énfasis en el análisis económico de su proceso decisorio en los casos relacionados con la legislatura comunitaria en materia de competencia como lo refleja, por ejemplo, la creación en 2003 de la Oficina del Economista en Jefe.

Numerosas organizaciones que trabajan en favor de los refugiados han enviado una carta abierta a la Comisión (con fecha de 27 de junio de 2006) criticando el Convenio de Dublín. Las organizaciones opinan que la situación actual en la UE pone en peligro la vida de los refugiados y provoca sufrimientos innecesarios. En este contexto, se formulan cuatro exigencias a la Comisión, a saber, garantizar un procedimiento de asilo justo para todos los solicitantes de asilo, mejorar las garantías de reunificación familiar, evitar a los niños sin familia su desplazamiento de un país a otro de la UE si no existe un motivo evidente y garantizar que todos los solicitantes de asilo sean acogidos en circunstancias razonables.

¿Hasta qué punto está la Comisión dispuesta a abordar las graves infracciones del Convenio de Dublín y a satisfacer las exigencias formuladas por las organizaciones?

(EN) La Comisión está llevando a cabo una amplia evaluación del sistema de Dublín, que abarcará la evaluación tanto de los Reglamentos de Dublín como de los Reglamentos de Eurodac. Este examen concluirá a finales de 2006. Esta evaluación incluirá igualmente consideraciones y recomendaciones para mejorar el sistema. A este respecto se prestará especial atención a las cuestiones mencionadas en la carta enviada a la Comisión por un grupo de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados, que ha mencionado su Señoría.

Algunas de estas cuestiones podrían resolverse a corto plazo mediante clarificaciones concretas sobre la correcta aplicación del sistema vigente o la introducción de mejoras técnicas para su funcionamiento, en particular en lo relativo a la reunificación familiar y los menores no acompañados.

Sin embargo, otras cuestiones deberán considerarse en el contexto más amplio de la evaluación y desarrollo de la Política Europea de Asilo en su conjunto. La evaluación del sistema de Dublín representa un primer paso en un debate más amplio sobre el futuro de la Política Europea Común de Asilo que será objeto de un Libro Verde sumamente exhaustivo, cuya publicación está prevista para 2007.

¿Puede describir la Comisión, en líneas generales, los éxitos que ha conseguido hasta ahora el nuevo proyecto experimental de aplicación del principio de imposición según las normas del Estado de residencia que anunció el pasado mes de enero?

(EN) La imposición según las normas del Estado de residencia solo puede aplicarse mediante acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros. La Comisión ha presentado esbozos para los acuerdos en esta materia, y ahora corresponde a los Estados miembros tomar la iniciativa para celebrar dichos acuerdos. Hasta ahora la Comisión no tiene conocimiento de que se haya aplicado un régimen de esa naturaleza. Sin embargo, la Comisión tiene entendido que un Estado miembro está estudiando la posibilidad de adoptar una iniciativa para aplicar este proyecto piloto con los Estados miembros vecinos.

A medida que se incrementa el número de visitas realizadas por ciudadanos comunitarios a otros Estados miembros, tanto a corto como a largo plazo, se produce una incidencia cada vez más elevada de falta de pago por parte de los visitantes de multas por aparcamiento indebido y de impuestos de circulación, lo que entraña para los ciudadanos locales un coste en forma de impuestos adicionales. ¿Podría proponer la Comisión un mecanismo para recaudar estas deudas pendientes, algo que sería recibido con entusiasmo unánime por el Consejo de Ministros?

(EN) La Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias⁽¹⁾ aplica el principio de reconocimiento mutuo de la ejecución de sanciones financieras en un Estado miembro distinto de aquel en el que sea haya impuesto dicha sanción. En otros términos lo que pretende es facilitar el reconocimiento y ejecución transfronterizos en la UE de las decisiones, dentro del ámbito de aplicación del artículo I de la Decisión marco, que impongan una sanción financiera con la condena por la comisión de un delito.

Por consiguiente, las multas de aparcamiento y/o los impuestos de circulación que no puedan ejecutarse en el Estado miembro en que hayan sido impuestos pueden ejecutarse en el Estado miembro en que la persona contra la cual se ha adoptado la decisión tenga propiedades, rentas o resida normalmente, o en el caso de las personas jurídicas, tenga su domicilio social, siempre que entren en el ámbito de aplicación del artículo I de la Decisión marco.

No obstante, la obligación de ejecutar una sanción financiera incluida en el ámbito de aplicación de la Decisión marco no tiene carácter absoluto, ya que contempla motivos optativos para la no ejecución o el no reconocimiento por parte de los Estados miembros ejecutores. Por último, el artículo 20 contempla posibilidades para limitar temporalmente el ámbito del instrumento en lo relativo a las decisiones y a su aplicación a las personas jurídicas.

La Comisión desea informar igualmente a su Señoría que los Estados miembros están obligados a transponer las obligaciones de la Decisión marco en su ordenamiento jurídico nacional a más tardar el 22 de marzo de 2007. En vista de ello, la Comisión se encontrará en mejores condiciones para estudiar si es necesario proponer nuevas medidas legislativas para resolver el problema de las multas impagadas en la UE una vez que la Decisión marco relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias haya sido transpuesta por los Estados miembros.

El deporte constituye un ámbito de desarrollo muy importante, no sólo de la salud y del físico, sino también de la formación de los niños, los jóvenes y las personas adultas. Juega, pues, una función social, y sus valores sociales y pedagógicos desempeñan un papel esencial. Entre estos valores, el deporte debe transmitir también el de la igualdad —por motivos de raza, de origen, de religión o de género— y el de la no discriminación, especialmente cuando se trata de deportes-espectáculo, que se convierten en el centro de atención de la opinión pública.

El Torneo de Tenis de Wimbledon es un gran slam donde no existe la igualdad entre hombres y mujeres. Se trata del único torneo donde los premios que perciben unos y otros aún difieren, en un sentido discriminatorio para ellas, que ganan 42 000 euros menos.

De acuerdo con los artículos 2 y 3 del TCE sobre la integración de la dimensión de género, así como del artículo 141 sobre igualdad entre hombres y mujeres en materia de trabajo o empleo y del artículo 13 sobre la discriminación por motivos de sexo en el lugar de trabajo o fuera, ¿no cree que la UE debería tomar medidas para poner fin a esta desigualdad que se produce en un Estado Miembro de la Unión, teniendo en cuenta que refleja una discriminación no digna de ser reproducida socialmente?

El artículo 2 del Tratado establece que uno de los objetivos de la Comunidad es promover la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 3 consagra el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de acción de la Comunidad. Estos principios también se consagran en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el deporte está regulado por el Derecho comunitario cuando existe una actividad económica en el sentido de las libertades económicas del Tratado⁽¹⁾ y a la luz del artículo 2 del mismo. Por ello, en opinión del TJCE⁽²⁾, la participación de un atleta de alto nivel en una competición internacional puede implicar la prestación de uno o varios servicios diferentes, regulados por el artículo 59 del Tratado, aunque estos servicios no los paguen sus beneficiarios.

Por otra parte, el artículo 141 del Tratado CE impone a los Estados miembros la obligación de garantizar «la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor». El Derecho comunitario también incluye una serie de Directivas cuyo fin es la aplicación del principio de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras⁽³⁾.

Sin embargo, la situación que expone la señora diputada no parece incidir en el ámbito de aplicación del artículo 141 ni del Derecho derivado del mismo, pues los jugadores de tenis no tienen una relación laboral con los organizadores de torneos y su actividad corresponde más bien a la prestación de servicios.

Por último, el Consejo adoptó el 13 de diciembre de 2004 la Directiva 2004/113, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y a su suministro. El objeto de esta Directiva es crear un marco para combatir la discriminación por razón de género en el acceso a bienes y servicios y su suministro, con vistas a que entre en vigor en los Estados miembros el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

De conformidad con el artículo 4 de la Directiva, el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres significa que: a) no habrá discriminación directa por razones de género, como el trato menos favorable a las mujeres por razón de embarazo y maternidad y b) no habrá discriminación indirecta por razones de género. El considerando 16 de la misma Directiva precisa que solo podrán admitirse diferencias de trato cuando estén justificadas por un propósito legítimo. La Directiva 2004/113/CE deberá transponerse en los Estados miembros como muy tarde el 21 de diciembre de 2007.

En conclusión, la situación expuesta por la señora diputada no incide en la aplicación del artículo 141 del Tratado y el derecho derivado del mismo, sino solamente en la Directiva 2004/113/CE. Sin embargo, teniendo en cuenta que el plazo para la transposición de la Directiva no ha concluido, la situación expuesta deberá examinarse a la luz del derecho nacional aplicable.

Cada vez que un viajero atraviesa una frontera entre dos Estados miembros de la UE puede llevar consigo para su consumo privado un total de 230 litros de alcohol, entre cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas. La cantidad de bebidas alcohólicas es tanta, que con ellas casi se podría llenar una camioneta y equivale al consumo de alcohol de dos años y medio. A modo de comparación, en un caso similar sólo se permite importar 800 cigarrillos, lo que equivale al consumo de tabaco de 40 días.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2002 murieron 600 000 europeos a causa de daños para la salud relacionados con el consumo de alcohol, lo que significa un aumento del 15 % en dos años. 7 700 000 niños crecen en hogares en los que se consume demasiado alcohol y el alcohol es también el motivo de un alto porcentaje de accidentes de circulación. No cabe duda de que el alcohol no es un producto normal.

¿Opina la Comisión que hay motivos para revisar las cuotas a la importación de bebidas alcohólicas?

(EN) En su pregunta, su Señoría se refiere al traslado por viajeros dentro de la Comunidad de productos sujetos a derechos especiales en los que dichos impuestos han sido liquidados en un Estado miembro. Este tipo de traslado está regulado por la Directiva 92/12/CEE⁽¹⁾ la cual, para fines fiscales, hace una distinción entre el movimiento de productos sujetos a impuestos especiales por parte de particulares que los adquieren para su consumo personal, y el movimiento con fines comerciales. Con arreglo a los principios por los que se rige el mercado interior, los particulares que adquieren productos sujetos a impuestos especiales en un Estado miembro para su consumo personal, y el transporte de dichos productos a otro Estado miembro, solo deben pagar estos impuestos en el Estado miembro en el que fueron comprados.

La Directiva contempla algunos criterios, como niveles orientativos para cada tipo de producto, con el fin de distinguir entre movimientos comerciales y transacciones para consumo personal. Estos niveles orientativos, sin embargo, no deben compararse con las cuotas de importación que menciona su Señoría, y se utilizan únicamente como una forma de prueba o «límite indicativo» para hacer la distinción antes citada. En el caso de los movimientos dentro de la Comunidad, no se aplican contingentes de importación, ya que cualquier persona puede comprar, poseer o transportar productos alcohólicos sin restricción alguna siempre que estén destinados a su consumo personal.

Puesto que no existen contingentes de importación entre los Estrados miembros, la Comisión no puede hacer comentarios sobre la posibilidad de revisar o reducir los contingentes de productos alcohólicos. Sin embargo, la Comisión ha presentado una propuesta para simplificar y liberalizar las normas relativas al movimiento de productos (en particular alcohólicos) dentro de la UE sobre los que ya se ha cobrado el impuesto especial en un Estado miembro⁽²⁾, en la que propone la abolición de los niveles orientativos antes mencionados. La Comisión considera que dichos niveles, por sí solos, no puede utilizarse como prueba de que estos productos están destinados a fines comerciales, ni deberían interpretarse como un «umbral» de exención fiscal (o contingente de importación). Los Estados miembros tienen facultades para establecer directrices para que sus agentes determinen la situación al realizar inspecciones de movimientos de productos sujetos a impuestos especiales.

En cuanto al problema sanitario derivado del consumo de alcohol, la Comisión presentó en 2004 su informe sobre los tipos impositivos aplicados al alcohol y las bebidas alcohólicas⁽³⁾, en el que llegaba a la conclusión de que la mayoría de los Estados miembros normalmente no tienen en cuenta consideraciones sanitarias a la hora de fijar sus tipos, incluso si la legislación comunitaria vigente, que fija únicamente tipos mínimos, les ofrece un amplio margen de maniobra para integrar dichas consideraciones en sus políticas tributarias.

La Comisión concede una gran importancia a los daños que causa el consumo abusivo de alcohol. Este año, la Comisión adoptará una comunicación sobre alcohol y salud, en la que establecerá una estrategia comunitaria para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol. Esta comunicación expondrá los efectos negativos que tiene para la salud el consumo nocivo y peligroso de alcohol, así como las consecuencias sociales y económicas relacionadas con este fenómeno. Se prevé que el informe se centrará en los siguientes temas: protección de los jóvenes, niños y nonatos, reducción de las lesiones y muertes causadas por accidentes de carretera relacionados con el alcohol, prevención de los daños relacionados con el alcohol en adultos, información y educación sobre los efectos del alcohol y desarrollo de una base común de evidencias científicas a escala comunitaria.

Cada vez hay más pruebas de que el consumo del tabaco es un factor que produce degeneración macular relacionada con la edad, la principal causa de ceguera. En las advertencias de los paquetes de cigarrillos en Australia figura que «fumar produce ceguera».

¿Tiene intención la Comisión de añadir dicha advertencia a la lista de advertencias gráficas permitidas actualmente en la UE?

¿Hay algún elemento en la legislación comunitaria que impida a un Estado miembro permitir «por su cuenta» dicha advertencia en su territorio?

(EN) La Comisión conoce perfectamente los estudios sobre la relación entre tabaquismo y ceguera. Y está de acuerdo en que una advertencia sobre la posible pérdida de la vista debido al tabaco puede ser un mensaje muy eficaz para luchar contra el tabaquismo.

Gran parte de la utilidad de las advertencias sanitarias se debe a su visibilidad y novedad. Eso fue lo que hizo la Directiva sobre productos del tabaco en 2002 al introducir un gran número de nuevos mensajes y aumentando considerablemente el tamaño de las advertencias.

Ahora, la Comisión vuelve a buscar un efecto novedoso mediante un cambio radical, a saber, el paso de las advertencias de texto a las advertencias gráficas adoptado en 2005. Bélgica será el primer Estado miembro que introducirá advertencias gráficas a partir del mes de junio de 2007. El Reino Unido será el siguiente en el otoño de ese año. Varios Estados miembros están estudiando esta medida.

La Comisión sabe que será necesario revisar las advertencias en el futuro a fin de mantener y aumentar su eficacia y para tener en cuenta los nuevos descubrimientos científicos.

En el marco de esta revisión, una advertencia sobre la ceguera estará sin duda entre los primeros mensajes en ser considerados.

Hasta entonces, los Estados miembros tienen la obligación de utilizar las 14 advertencias sanitarias que figuran en la Directiva sobre productos del tabaco.

La Comisión espera que el Parlamento colabore con ella para promover la adopción de advertencias gráficas en todos los Estados miembros.

«Las competencias de la Comunidad deben ser ejercidas respetando el Derecho internacional».⁽¹⁾ Entre estas competencias figuran la celebración y la aplicación de los acuerdos internacionales y la financiación de las acciones ejecutadas por terceros fuera de la UE.

Toda vez que se han presentado ante el Parlamento distintas propuestas de reglamento por las que se autoriza la creación de varios instrumentos nuevos en materia de relaciones exteriores, se ha planteado la oportunidad de introducir disposiciones que impedirían específicamente una aplicación tal por parte de terceros de los acuerdos celebrados y de las medidas financiadas sobre la base de dichos instrumentos que pudiera suponer una violación de las normas y de las reglas de Derecho internacional consideradas por la Comunidad como consuetudinarias y no derogables.

¿Considera la Comisión que la legislación comunitaria exige ya que la Comunidad impida una aplicación tal por parte de terceros de los acuerdos comunitarios y de las medidas financiadas por la Comunidad que suponga una violación de dichas normas y reglas en aquellos casos en que también se haya constatado que la aplicación de los acuerdos y la ejecución de las medidas en cuestión permite que terceros cometan sistemáticamente actos irregulares desde el punto de vista internacional?

Al celebrar acuerdos internacionales o adoptar un instrumento financiero, la Comunidad debe respetar la legislación internacional, incluidas las normas consuetudinarias del Derecho internacional. La Comisión vela por que sus propuestas de instrumentos comunitarios se ajusten a las normas aplicables del Derecho internacional; antes de ser transmitidas al Consejo y al Parlamento, todas las propuestas de la Comisión se someten a un examen jurídico. En la fase de aplicación, la Comisión solo puede financiar proyectos cuando sus objetivos se corresponden con lo previsto en el acuerdo o instrumento financiero de que se trate. Si un tercer país ejecutara esos proyectos violando el Derecho internacional y, por ende, el acuerdo o instrumento financiero de base, la Comisión estaría plenamente facultada, con arreglo al Derecho comunitario, para suspender el proyecto y reclamar el reembolso de los importes que hubieran sido utilizados de manera distinta a lo previsto en las condiciones del proyecto.

Por tal motivo, en las condiciones generales de los acuerdos de financiación celebrados con terceros países en el marco de la ayuda exterior financiada con cargo al presupuesto de la Comunidad Europea se indica explícitamente que la Comisión podría suspender el acuerdo de financiación si el beneficiario incumpliera sus compromisos en materia de respeto de los derechos humanos, principios democráticos y normas del Estado de derecho, así como en los casos graves de corrupción. Por consiguiente, la Comisión puede decidir suspender el acuerdo de financiación.

La situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo se aborda directamente en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, en el que se prevén un procedimiento especial de consulta y medidas apropiadas en materia de derechos humanos, principios democráticos y Estado de derecho.

La Comisión ha previsto incluir entre las acciones prioritarias del segundo semestre de 2006 una reforma del sistema antidumping. Se prevé, en el marco de las investigaciones antidumping, tener en cuenta los intereses de las empresas que han deslocalizado su producción fuera de las fronteras de la UE.

¿No considera la Comisión que tales acciones contradicen la Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE – hacia un enfoque más integrado de la política industrial» respecto a las cuestiones de competencia y las medidas de reglamentación del mercado común?

¿Ha estudiado la Comisión cuál será el efecto de las medidas antidumping sobre los productores de la UE, especialmente en los sectores del textil, del cuero, del calzado, del mobiliario y de la electrónica?

Por medio de qué medidas se propone aumentar la competitividad de la industria de la UE?

(EN) No se ha adoptado decisión alguna sobre el sistema de defensa comercial, sino que tan solo se ha puesto en marcha un proceso de reflexión. El objetivo de dicho proceso sobre los instrumentos de defensa comercial es verificar que estos instrumentos produzcan los mejores resultados posibles para la competitividad de la UE, incluso para los productores comunitarios que se han trasladado fuera de Europa. Otro de sus objetivos es comprobar que no tengan un efecto desproporcionado sobre los operadores económicos y las personas que no llevan a cabo prácticas comerciales desleales, como las familias pobres de los países en desarrollo.

La Comunicación de la Comisión titulada «Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE –hacia un enfoque más integrado de política industrial»⁽¹⁾ indica que «en la mayoría de sectores de la industria manufacturera la deslocalización internacional de puestos de trabajo de la UE a países con bajos costes de producción ha sido limitada». Por consiguiente, la Comisión no considera que abordar el tema de la deslocalización en el marco del proceso de reflexión sobre los instrumentos de defensa comercial contradiga lo expuesto en la citada comunicación.

Habida cuenta de que la Comisión se encuentra en medio de un proceso de reflexión aún no está claro si propondrá medidas para reformar el sistema de defensa comercial y, en caso afirmativo, cuáles serán dichas medidas. Todavía no se han llevado a cabo estudios sobre las consecuencias de las posibles medidas sobre los sectores económicos.

Gracias a un informe de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la UE se ha sabido que Brasil exporta ilegalmente productos agrarios a Europa.

Según la Oficina Veterinaria de la UE, desde principios de 2005 Brasil exporta carne de cerdo a Europa a pesar de que en aquel país no hay ni una sola empresa con licencia de exportación para este producto. En el caso de la miel, que se importa en grandes cantidades, las autoridades brasileñas no pueden garantizar que las mercancías estén libres de residuos de sustancias perjudiciales, ya que no se efectúan controles de ninguna clase. Muchas de las irregularidades señaladas por la Oficina Veterinaria ya fueron detectadas en 2003.

¿Qué medidas ha adoptado ya la Comisión para detener estas importaciones ilegales de productos agrarios? ¿Piensa tomar la iniciativa para que de una vez por todas los estándares de la UE se apliquen también a los productos alimentarios de importación?

(EN) En el momento de llevarse a cabo la inspección correspondiente de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) aún estaba permitida la importación de miel a la UE. Tras la identificación de las deficiencias, en particular, las relativas a los límites de residuos, las importaciones de miel se prohibieron a partir del 17 de marzo de 2006.

En cuanto a la carne de porcino, la OAV descubrió que esta carne estaba destinada a buques que navegan en aguas internacionales, lo que no está prohibido por la legislación comunitaria. La OAV no encontró pruebas de importación ilegal de carne de porcino a la UE procedente de Brasil. Como consecuencia, no ha sido necesario emprender acción alguna hasta la fecha. Cabe señalar a este respecto que la legislación comunitaria impone a los Estados miembros la obligación de recoger y destruir los residuos de alimentos procedentes de los medios internacionales de transporte, como buques o aeronaves.

La Comisión desea asegurar a su Señoría que las normas de seguridad alimentaria vigentes en la UE han sido diseñadas para garantizar que los productos importados cumplan las mismas normas que los producidos en la UE y se ajusten igualmente a las normas internacionales aplicables.

Cualquier incumplimiento de estas normas hará que la Comisión adopte las medidas adecuadas.

El Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 decidió, a propuesta del Presidente de la Comisión, el Sr. Barroso, crear un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. La importancia económica y social que reviste dicha decisión para hacer frente a las repercusiones negativas de la globalización en el empleo se ve rebajada por la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión (COM(2006)0091 final) y, en especial, su artículo 2 (Criterios de intervención).

Sobre la base de los criterios propuestos, ¿qué regiones concretas de los Estados miembros cumplen, según las condiciones económicas y sociales actuales, los criterios del artículo 2? Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas griegas en número de empleados, ¿en qué casos concretos podría beneficiarse Grecia de los recursos del Fondo? ¿Estudia la Comisión la posibilidad de redefinir los criterios, suavizándolos, de modo que puedan lograr un acceso equitativo a los recursos del Fondo todos los Estados miembros y sus regiones?

(EN) El artículo 2 de la propuesta de Reglamento relativo a un Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización contempla los criterios de intervención para este fondo. En virtud de la letra a) del artículo 2, Grecia, al igual que cualquier otro Estado miembro, podría beneficiarse de los Fondos en aquellos casos en que, debido a cambios estructurales de las pautas comerciales mundiales, 1 000 trabajadores sean despedidos de una empresa, incluyendo los proveedores y los productores situados más abajo en la cadena de producción. En vista de la relación entre el número de puestos de trabajo en las grandes empresas y las empresas proveedoras y compradoras, es posible que la pérdida de aproximadamente 350 puestos de trabajo en una gran empresa permita solicitar asistencia con cargo al Fondo; este cálculo se basa en la hipótesis de que en las empresas proveedoras y compradoras puede perderse el doble de empleos, incluyendo las pequeñas y medianas empresas (PYME).

En virtud de la letra a) del artículo 2, el Fondo solo intervendrá en aquellos casos en que los despidos tengan lugar en una región en la que el nivel de desempleo sea superior a la media comunitaria o nacional. Los datos de Eurostat correspondientes a 2004 indican que 44 (de los 54) departamentos (nomos) griegos quedarían incluidos en este criterio de subvencionabilidad, con la notable excepción de Atenas, Rodopi, Karditsa, Fthiotida, Corintia, Laconia, Messinia, Cicladas, Heraclion y Jania.

Con arreglo a la letra b) del artículo 2, el Fondo podrá intervenir cuando en un sector determinado se hayan producido 1 000 despidos durante un período de seis meses, y cuando estos despidos representen al menos un 1 % del empleo regional a nivel de NUTS II. En virtud de dicho artículo serán especialmente los trabajadores de PYME los que podrán recibir ayudas con cargo al Fondo.

El proyecto de dictamen de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento sobre el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización propone la introducción de una «cláusula de salvaguardia» que incluiría los casos en que no se cumplan en su totalidad los criterios previstos en las letras a) y b) del artículo 2, pero en los que se produjesen consecuencias muy graves para la economía local. La Comisión estudiará esta propuesta en las futuras negociaciones.

En referencia a su contestación de 8 de febrero de 2006 a mi pregunta escrita E-4979/05, ¿qué respuestas recibió la Comisión de las autoridades irlandesas respecto a la correspondencia mantenida sobre la aplicación de la Directiva del Consejo 98/59/CE⁽¹⁾, de 20 de julio de 1998, sobre despidos colectivos por medio de la Ley de Protección del Empleo de 1977 (versión consolidada)? ¿Cuál es la situación actual de la correspondencia de la Comisión con Irlanda y qué medidas se propone adoptar sobre este asunto?

(EN) Mediante carta de 14 de febrero de 2006, la Comisión pidió a las autoridades irlandesas que le informasen si los resultados del Tribunal Europeo de Justicia en el asunto C-188/03 (Junk c. Kühnel) se habían incorporado en el artículo correspondiente de la legislación irlandesa de transposición. Hasta ahora, la Comisión no ha recibido información a este respecto de las autoridades irlandesas.

El 2 de agosto de 2006, la Comisión recordó a las autoridades irlandesas que debían presentar la información solicitada.

Para hacer frente a la profunda crisis que afecta al sector del calzado europeo, la Comisión ha publicado el Reglamento (CE) n° 553/2006⁽¹⁾ por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam. No obstante, el calzado para niños y el denominado STAF (Special Techonology Athletic Footwear) quedan excluidos de dicho Reglamento.

En Italia, la progresiva pérdida de competitividad está poniendo en peligro unos 5 000 puestos de trabajo, con una pérdida de exportaciones del 10,8 % con respecto a 2004 y un aumento de las importaciones del 29 % con respecto al mismo año, con graves perjuicios económicos y en términos de empleo, sobre todo en algunas regiones y, en particular, en Las Marcas.

¿Qué piensa hacer la Comisión para que las medidas antidumping actualmente vigentes se apliquen cuanto antes al calzado para niños y al denominado STAF?

(EN) La Comisión adoptó el 30 de agosto de 2006 una propuesta de derechos antidúmping definitivos sobre determinados zapatos de cuero procedentes de China y Vietnam. La Comisión propuso un derecho del 16,5 % para determinados zapatos de cuero producidos en China y un derecho del 10 % para los producidos en Vietnam, que reflejan la comisión de dúmping y los daños causados a los productores comunitarios.

Esta propuesta pasará ahora a los Estados miembros en el seno del Consejo, que tendrán un mes para considerar su adopción. El plazo obligatorio para la publicación de las medidas definitivas en el Diario Oficial de la Unión Europea vence el 6 de octubre de 2006.

La Comisión conoce perfectamente las cuestiones relacionadas con el calzado infantil y el calzado deportivo de tecnología especial (Special Technology Athletic Footwear - STAF). La propuesta de medidas definitivas antes citada incluye el calzado infantil. Esta decisión se adoptó a la vista de los numerosos comentarios recibidos de las partes interesadas sobre las medidas provisionales (que no incluían el calzado infantil). Existen razones imperativas para incluir el calzado infantil, entre ellas el hecho de que en la Comunidad existe una gran producción de este calzado. Cabe señalar a este respecto que durante la vigencia de las medidas provisionales muy probablemente se realizaron declaraciones aduaneras falsas y se cometieron fraudes en la importación de calzado infantil a fin de evitar la aplicación del derecho provisional antidúmping.

La decisión de excluir el calzado STAF de las medidas provisionales se mantiene en la propuesta mencionada más arriba, ya que este tipo de calzado no se produce en la Comunidad.

¿Cuántos funcionarios se acogieron a la jubilación anticipada por incapacidad laboral en el período comprendido entre el año 2000 y el año 2004?

¿Cómo han evolucionado los costes relativos a las jubilaciones anticipadas de funcionarios de la UE por incapacidad laboral en el período comprendido entre el año 2000 y el año 2004?

¿Cómo ha evolucionado la media de edad de los funcionarios de la UE que se acogieron a la jubilación anticipada por incapacidad laboral en el período comprendido entre el año 2000 y el año 2004?

(FR) El número de funcionarios que ha pasado a la jubilación anticipada por razones de invalidez entre 2000 y 2005 fue el siguiente:

Año Número de jubilaciones anticipadas por invalidez

2000 191

2001 203

2002 258

2003 307

2004 260

2005 121

El coste anual medio de la invalidez aumentó en promedio un 2,96 % anual entre 2000 y 2005.

La edad media de los funcionarios comunitarios que se jubilan anticipadamente por invalidez durante el período 2000-2005 se situó entre 50 y 52 años:

Año Edad media

2000 52,67

2001 51,94

2002 52,4

2003 52,7

2004 51,9

2005 50,38

En junio, los ministros de Energía de los cinco Estados que participan en el proyecto firmaron en Viena una declaración de intenciones sobre la construcción del gasoducto Nabucco. El Comisario de Energía, Andris Piebalgs, también asistió a la firma y manifestó que la realización del proyecto reviste una importancia fundamental. Tanto desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento de energía como de la diversificación de las posibilidades de tránsito y de las fuentes de aprovisionamiento, la construcción del gasoducto, de una capacidad de entre 20 a 30 mil millones de metros cúbicos anuales, podría significar un beneficio enorme para la Unión Europea, la cual tiene que hacer frente a los desafíos que plantea el sector de la energía. Debido a que actualmente el proyecto Nabucco no tiene ningún competidor por lo que se refiere a la diversificación de las fuentes de gas natural de la Unión Europea, ¿qué tipo de ayuda prevé la Comisión conceder para garantizar que el gasoducto Nabucco se construya lo antes posible? ¿Cuál es el calendario preliminar de la Comisión para la realización del proyecto? En comparación con otros proyectos para abastecer de gas a Europa, ¿qué opina la Comisión de la probabilidad de que se construya el gasoducto Nabucco?

(EN) En relación con las ayudas financieras concedidas a Nabucco, en 2003 y 2005, la Comisión ya aceptó cofinanciar los estudios de viabilidad y de ingeniería del proyecto con un importe de 6,5 millones de euros. El Consejo y el Parlamento adoptaron el 24 de julio de 2006 nuevas directrices para las redes transeuropeas de energías, en las que diez proyectos de gas fueron declarados proyectos de interés europeo. Nabucco se encuentra entre esos proyectos.

En cuanto al calendario, el segundo estudio comenzó a principios de 2006 y deberá concluir a finales de 2007. La empresa Nabucco prevé comenzar la construcción del gasoducto en 2009.

La Comisión no está en condiciones de hacer comentarios sobre los riesgos que presenta la construcción del gasoducto Nabucco; sin embargo, considera que la ruta de este gasoducto es indispensable para la conexión de la UE con nuevas fuentes en el mar Caspio y Oriente Próximo.

En relación con las cuestiones normativas, la Comisión presta apoyo a todos los proyectos que aumenten considerablemente la seguridad de abastecimiento, y está elaborando un marco general para asistir a los promotores en el marco del Tratado de la Comunidad de la Energía.

En su Comunicación relativa a una revisión intermedia del Libro Blanco sobre los transportes publicado en 2001 (COM(2006)0314 final), la Comisión declara su intención de elaborar una estrategia integrada para los transportes marítimos mediante la creación –por primera vez– de un espacio marítimo europeo común y la publicación de un libro verde sobre esta cuestión en 2008.

¿Ha establecido ya la Comisión un calendario para el inicio de las negociaciones y la elaboración de ese libro verde? ¿Conoce la Comisión los principales ejes en torno a los cuales se estructurará esa estrategia integrada para los transportes marítimos y ha identificado los retos a que se enfrentará? Según sus previsiones, ¿qué valor añadido se conferirá a la política de transportes proyectada en el marco de la revisión intermedia del Libro Blanco sobre los transportes de 2001? ¿Qué relaciones y sinergias existen entre un instrumento de esas características (el espacio marítimo europeo común) y la estrategia integrada promovida en el Libro Verde sobre la futura política marítima de la Unión, así como su dimensión internacional?

(FR) En su revisión intermedia del Libro Blanco sobre la política de transporte de 22 de junio de 2006⁽¹⁾, la Comisión anunció que tenía la intención de presentar un Libro Blanco en 2008 en el que propondría un espacio marítimo común europeo.

El objetivo de esta iniciativa será reducir los retrasos y gastos resultantes de los numerosos controles administrativos y comunicaciones impuestos a la navegación de cabotaje para el transporte entre puertos de los Estados miembros de la Unión Europea. Este modo de transporte está efectivamente sometido casi a las mismas obligaciones que el transporte procedente de terceros países, por lo que se encuentra en desventaja respecto al transporte terrestre equivalente.

A fin de asegurarse de que trabaja con datos reales, la Comisión no dejará de consultar a las partes que se beneficiarán de estas medidas, como los agentes de carga y los operadores de servicios de transporte, así como a las autoridades administrativas de distinto nivel que son responsables de los controles y del uso de sus resultados.

La Comisión no ha definido aún los principales puntos de su planteamiento, pero una contribución importante a este objetivo provendrá posiblemente del uso sistemático de tecnologías avanzadas de ubicación y comunicación armonizadas entre operadores y administraciones. Estas tecnologías permitirán una reducción considerable de costes y retrasos. El número de controles se reducirá sustancialmente, pero su fiabilidad mejorará mucho al concentrarlas únicamente en cifras identificadas previamente mediante mejores análisis.

De acuerdo con lo expuesto en la Comunicación de 22 de junio de 2006 sobre la política de transporte, dicha iniciativa no puede limitarse al transporte marítimo, sino que tiene que tomar en consideración toda la cadena logística de la que forma un eslabón. Al reducir y armonizar las limitaciones impuestas a los diferentes modos de transporte, el espacio marítimo común europeo contribuirá a crear un mayor equilibrio entre las modalidades de transporte.

En vista de que un importante número de autoridades administrativas participará en su aplicación, esta encaja perfectamente en la estrategia integrada que se recomienda en el Libro Verde sobre política marítima de 7 de junio de 2006⁽²⁾.

Las sentencias C-212/04 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y 18/2006 del Tribunal Supremo de Grecia consideran ilegal y abusiva la conclusión de contratos temporales sucesivos por los organismos del sector público griego. Asimismo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo consideró que la petición en este sentido de la Asociación de Editores de Diarios de Macedonia y Tracia (ESIEM-TH) estaba plenamente justificada. Al mismo tiempo, se critican duramente las disposiciones recogidas en las Leyes 3301/2004 y 3388/2005, que confieren al Estado el derecho a negarse a cumplir las decisiones judiciales. Basándose en los Decretos Presidenciales 81/2003 y 164/2004, distintos Gobiernos del PASOK y de ND han violado flagrantemente los derechos de los trabajadores y han convertido en rehenes a millares de trabajadores de los sectores público y privado con contratos que se renuevan constantemente, si bien cubren necesidades «fijas y permanentes». La Comisión ha contribuido a aumentar la confusión y perpetúa el problema con sus declaraciones sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE.⁽¹⁾

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para velar por que el Estado y las empresas públicas griegas garanticen el respeto de las decisiones judiciales y el cese de las violaciones de los derechos de los trabajadores?

(EN) Grecia ha comunicado a la Comisión que la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada⁽²⁾ fue transpuesta mediante los Decretos Presidenciales 81/2003, 164/2004 y 180/2004.

La Comisión ha estudiado la compatibilidad de estos Decretos con la Directiva. El Decreto 81/2003 no contiene medidas suficientes para evitar el abuso de contratos de trabajo sucesivos de duración determinada. Sin embargo, se han adoptado las normas necesarias a partir de la entrada en vigor de los otros dos Decretos. Cabe subrayar que la Directiva no obliga a convertir los contratos de duración determinada en contratos de duración indeterminada cuando existan otras medidas que permitan evitar el abuso de los contratos sucesivos de duración determinada. La sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2006 en el asunto C-212/04 confirma la evaluación de la Comisión.

La evaluación hecha por la Comisión tiene en cuenta igualmente las cuestiones planteadas en una serie de reclamaciones y peticiones, entre ellas la mencionada por su Señoría. La Comisión ha cerrado todas las reclamaciones tras indicar que las demandas surgidas durante el período comprendido entre el plazo para la transposición de la directiva y la entrada en vigor de las normas nacionales de transposición deben presentarse ante los tribunales nacionales competentes.

La Comisión no tiene indicios de que existan nuevas circunstancias que le obliguen a cambiar su posición respecto a la transposición de la Directiva 1999/70/CE en Grecia. Por ello, la Comisión no tiene intención de adoptar medidas a este respecto.

En cuanto a las complejas cuestiones que plantean las Leyes 3301/2004 y 3388/2005 relativas a la ejecución de las sentencias provisionales, la Comisión se remite a su respuesta a la pregunta H-0537/06. La Comisión sigue investigando este asunto.

En las cárceles griegas un vidrio separa a los detenidos de los abogados encargados de su defensa y la comunicación se lleva a cabo a través de teléfonos sometidos a control.

Esto constituye una flagrante violación del derecho fundamental del detenido de comunicar libre y confidencialmente con su abogado, derecho recogido en la Constitución griega, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho procesal penal griego. Al mismo tiempo, se ultraja la dignidad de la función del abogado y de todos los abogados en general.

¿Qué opina la Comisión de la violación del derecho fundamental del detenido de comunicar libre y confidencialmente con su abogado, así como de su derecho a una defensa plena y eficaz?

(EN) Al parecer, su Señoría se refiere a la situación anterior al juicio («derechos fundamentales de los detenidos acusados»). Sin embargo, muchos de los aspectos que la Comisión abordará en su respuesta a esta pregunta son relevantes para la situación posterior al juicio.

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el respeto del derecho a la defensa es uno de los elementos principales para garantizar la protección de los derechos individuales. Además, una Recomendación del Consejo de Europa adoptada recientemente (Reglas Penitenciarias Europeas) ha reforzado el derecho de confidencialidad en la relación entre los detenidos y sus asesores jurídicos.

Cabría añadir que en el marco del Plan de acción del Consejo y de la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya: Consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea se prevé efectuar un estudio sobre los derechos mínimos en el procedimiento anterior al juicio.

La UE concede una importancia especial al respeto de los derechos fundamentales.

Sin embargo, la cuestión concreta que plantea su Señoría no está contemplada actualmente en la legislación comunitaria.

La persecución del lucro, la política de competencia y la intensificación del trabajo desposeen de valor a la propia vida humana. En Grecia, cada dos o tres días los trabajadores lloran a otra víctima de la impunidad de los patronos; así, en el primer semestre de 2006 perdieron la vida en el lugar de trabajo más de 65 trabajadores. Las medidas de seguridad e higiene indispensables en el lugar de trabajo son casi inexistentes y apenas se cuenta con especialistas en medicina del trabajo. A ello se añade que, para mantener bajos los salarios, se contrata personal no especializado y falto de formación.

Teniendo en cuenta que en Grecia, según fuentes oficiales, en los tres años y medio últimos se han contado más de 450 víctimas de accidentes de trabajo mortales ¿piensa la Comisión tomar las medidas necesarias para poner fin al sacrificio de vidas humanas y a la impunidad de los patronos y promover el establecimiento de un marco jurídico que garantice unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo y unos controles eficaces de su cumplimiento?

(FR) La Comisión comparte la inquietud de su Señoría por el inaceptable número de muertes provocadas por accidentes laborales. Como señalaba la Comisión en su comunicación titulada «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)»⁽¹⁾, la estrategia destinada a reducir el número de accidentes laborales se basa en la consolidación de una cultura de prevención de riesgos, en la combinación de una serie de instrumentos políticos –legislación, diálogo social, medidas progresivas y definición de buenas prácticas, responsabilidad social de la empresa e incentivos económicos– así como en la constitución de acuerdos de cooperación entre todos los actores en el ámbito de la seguridad y la salud.

Existe una importante legislación comunitaria en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, en particular la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo⁽²⁾, así como las directivas específicas derivadas de esta.

Los Estados miembros deben transponer las directivas comunitarias a su legislación nacional. Grecia ha comunicado las medidas para la transposición de la Directiva 89/391/CEE y las directivas específicas en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Corresponde a los Estados miembros, en este caso a la Inspección de Trabajo griega, garantizar el control y seguimiento de la aplicación de las disposiciones nacionales que transponen la legislación comunitaria en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.

La Directiva 89/391/CEE y sus directivas específicas no contemplan disposiciones sobre la organización de las autoridades nacionales competentes. Corresponde a los Estados miembros establecer la organización necesaria para garantizar el control de las disposiciones nacionales por las que se transpone la legislación comunitaria.