Acta literal de los debates

Martes 26 de septiembre de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DE LA SRA. ROTH-BEHRENDT
Vicepresidenta

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, tan solo quisiera informar al Parlamento de que esta mañana, a unos kilómetros de Kabul, se ha producido un atentado terrorista en el que ha sido asesinado un soldado italiano y otros dos soldados europeos –también italianos– han sufrido graves lesiones por las que han tenido que ser ingresados en un hospital de esa ciudad.

Creo que es justo que expresemos nuestra solidaridad con esos hombres y mujeres que participan en misiones de paz en Afganistán, Iraq y el Líbano.

  La Presidenta. Le estoy muy agradecida, señor Tajani. Así lo transmitiremos al Presidente, y estoy segura de que hará lo que proceda.

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden den día, se procede al debate del informe (A6-0275/2006) del señor Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (2005/2101(INI)).

  Bernhard Rapkay (PSE), ponente. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, señor Presidente de la Comisión, contar con la presencia del Presidente de la Comisión en un debate sobre un informe de propia iniciativa no sucede todos los días, ya que informes de este tipo no son exactamente un acontecimiento destacado, cuando lo nuestro es legislar; pero volveré sobre esto en unos instantes. Lo que demuestra su presencia aquí es que la Comisión tiene claro lo importante que es esta cuestión para el público, y por lo tanto también para los representantes de los ciudadanos en esta Cámara.

Por ese motivo quisiera remitirme a un ex Presidente de la Comisión, pero no a cualquiera de ellos, sino a Jacques Delors, quien hace unos meses trató de situar los servicios de interés general en el contexto del proyecto de integración europea, en una intervención que realizó en una reunión del Comité de las Regiones. Dijo al Comité de las Regiones que la labor de integración europea tenía tres principios como marco de referencia: la solidaridad, que une a las personas y tiene como objetivo la cohesión social, económica y territorial; la cooperación, por la que se pretende que se cumplan las aspiraciones transnacionales y europeas de los tratados y los programas de la UE; y la competencia, que pretende completar el mercado interior conforme a la base segura de las normas de la economía social de mercado y se rige por la ley de competencia democrática, destinada principalmente a limitar el abuso del poder económico y a garantizar a los consumidores la protección de la ley.

Aunque estos tres principios se refieren a servicios de interés general y a servicios de interés económico general, siempre existen tensiones inherentes en las relaciones de los ángulos de esta especie de triángulo y, en lo que respecta a los servicios de interés general e interés económico general, está claro dónde residen.

Los servicios públicos desempeñan un papel esencial en la calidad de vida que disfrutan los ciudadanos; asimismo tienen un papel fundamental en la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea. Los servicios públicos de calidad pueden ayudar a superar el estancamiento económico, la exclusión social y el aislamiento, reforzar la cohesión social y territorial, mejorar interna y externamente el funcionamiento del mercado único europeo y permitirle competir mejor. Sin embargo, cuando estoy en mi región de origen o visito otras y me siento a tratar estas cuestiones con los políticos locales y los proveedores de servicios de interés público, se me quejan de que estamos interfiriendo en sus competencias, dificultamos sus tareas y no dejamos claro en qué condiciones pueden operar. Su lamento es que realmente no saben en qué los condiciona la ley.

Por eso parece que es necesario contar con las iniciativas jurídicas adecuadas que les proporcionen dicha seguridad jurídica. Habrá quienes, durante este debate, preguntarán qué pretendemos realmente; después de todo, dirán, ¿acaso no tenemos a la Comisión para que emita comunicaciones y promulgue directrices y al Tribunal de Justicia para que establezca las leyes? Debo decirles que evidentemente no es suficiente, es más, esto contribuye de hecho a la actual inseguridad jurídica, ya que la Comisión, con sus comunicaciones y directrices, no hace nada por crear seguridad jurídica. Podría sugerir que lo hace, pero el hecho es que una comunicación no es el tipo de ley clara en la que uno puede basarse.

Realmente debemos tomar la iniciativa en cuestiones de derecho, y también planteamos propuestas sobre cómo hacerlo, aunque no quisiera debatir sobre todas y cada una de ellas, pero lo que sí quisiera decirle, señor Presidente de la Comisión, es que el derecho de iniciativa que usted posee es también un deber de iniciativa, y le insto a que haga uso del mismo. Los componentes básicos de dichas iniciativas legales deben encontrarse en la resolución sobre la que votaremos mañana, y también en las resoluciones que ya hemos aprobado en los informes Langen y Herzog, por ejemplo. No estamos prescribiendo un instrumento específico; eso le corresponde a usted. La labor que se nos ha asignado es la de hacer nuestra evaluación –cada Grupo por su cuenta– de las ideas legislativas de la Comisión y, tras debatirlo en mayor profundidad, daremos nuestra evaluación sobre la propuesta de directiva marco que ha impulsado nuestro Grupo. Otros deben hacer lo mismo con sus propias propuestas; posteriormente, mediante el trabajo conjunto en esta Asamblea, haremos avanzar el proceso legislativo, para lo que el proceso legislativo constituye un requisito absoluto. Dentro de este proceso necesitamos iniciativas legales, ya que no es usted ni su colega Comisario, conjuntamente con el altamente cualificado y muy motivado personal de la Comisión, ni los Gobiernos nacionales, sino nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, quienes tenemos la legitimidad que confiere la elección. Somos nosotros los que debemos dar la cara ante los ciudadanos de a pie y discutir estas cuestiones con los políticos locales a los que debemos rendir cuentas; somos nosotros los que asumimos la responsabilidad por lo que se hace. Por ese motivo es preciso aplicar el procedimiento de codecisión y por ese motivo esta Asamblea debe ejercer plenamente sus prerrogativas.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, los servicios de interés general están en el centro mismo de nuestro modelo social europeo. Engloban una vasta gama de actividades, que van desde los principales servicios de red –energía, telecomunicaciones, transportes y servicios postales– hasta los servicios sanitarios y sociales o el suministro de agua y la gestión de residuos.

Los denominados servicios de red, como los transportes, la energía, las telecomunicaciones y los servicios postales, representan en torno al 7 % de nuestro producto interior bruto colectivo y el 5 % del empleo total en la Unión Europea. Constituyen, pues, un elemento esencial de la vida diaria de todos los ciudadanos, pero también de las empresas de la Unión. El éxito de la estrategia europea para el crecimiento y el empleo, la Estrategia de Lisboa, que es capital para nuestra prosperidad, depende también de la calidad y la eficiencia de estos servicios.

Desde que la Comisión publicó su Libro Blanco sobre los servicios de interés general, se entabló un intenso debate sobre el papel que debería desempeñar en su caso la Unión Europea en relación con dichos servicios. Es un debate que celebro. Deseo dar las gracias al ponente, el señor Rapkay, y a sus colegas de las comisiones, que, con este excelente informe, han hecho avanzar el debate.

La realidad de los servicios de interés general es compleja. También está en constante evolución. El progreso técnico, las nuevas expectativas de la sociedad y de los consumidores, la presión financiera y la modernización de las administraciones públicas han transformado profundamente la forma en que se prestan estos servicios. En estos tiempos de rápidos cambios económicos y tecnológicos, los servicios de interés general reclaman un marco jurídico útil y eficaz, un marco que permita a los prestatarios alcanzar los objetivos que se les han fijado y adaptarse permanentemente a un entorno cambiante.

La Comisión está dispuesta a cooperar en la creación de un marco jurídico de este tipo sobre la base de cuatro principios esenciales. En primer lugar, el marco de los servicios de interés general prestados a escala nacional, regional y local sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, lo que nos permite respetar el importante principio de subsidiariedad. Simplemente no hay alternativa. Estoy firmemente convencido de que la Unión Europea debe respetar la diversidad de situaciones y prácticas establecidas en los Estados miembros. Esa diversidad es el reflejo de historias y culturas diferentes en relación con la intervención del Estado. Suscribo el punto de vista expresado en su informe según el cual no sería en absoluto oportuno adoptar definiciones uniformes a escala comunitaria. Los Estados miembros deben seguir siendo libres de definir sus servicios de interés general en función de sus diversas necesidades, estructuras y tradiciones.

El segundo principio es este: la promoción y la protección de servicios de interés general accesibles universalmente y una buena relación calidad/precio son compatibles con mercados abiertos competitivos. Para convencerse, basta observar sectores como las telecomunicaciones o el transporte aéreo, donde una actividad de servicio público se ha confiado con éxito a operadores privados salvaguardando plenamente los intereses de los consumidores. No obstante, conviene precisar que, en caso de conflicto irresoluble entre las normas del mercado interior o de competencia y un servicio de interés general, debe prevalecer el servicio de interés general. Es lo que prevé el Tratado y ha confirmado el Tribunal. La Comisión está dispuesta a aportar a este respecto cualquier consejo o precisión que resulten necesarios.

El tercer principio es que todo marco de la UE aplicable a los servicios de interés general debe responder a las diferencias y favorecer la modernización. Ha de basarse en objetivos de alta calidad, de buena relación calidad/precio y de acceso universal. En efecto, se trata de responder a las expectativas de los ciudadanos y las empresas, pero también de garantizar la cohesión social y territorial.

En cuanto al cuarto principio, la seguridad jurídica es esencial, como he dicho, tanto para los consumidores y los operadores como para las autoridades públicas. Corresponde a las autoridades públicas de todos los niveles precisar las normas aplicables a los servicios de interés general. A escala europea, habida cuenta de la diversidad de situaciones y sectores, está aún por determinar si el mejor modo de hacerlo pasa por un texto legislativo único o por acciones sectoriales específicas. He tomado nota de este interrogante en su informe.

Los cuatro principios que acabo de esbozar sirven de guía para la acción a escala comunitaria, que es una acción esencialmente pragmática. Estamos elaborando políticas sectoriales a escala de la Unión Europea en los sectores en que se observa claramente la necesidad o en los que pueden aportar un valor añadido real. Los problemas de índole más horizontal se abordan cuando surgen.

La Comisión se ha mostrado muy activa en esta materia, junto con esta Cámara y con el Consejo, y creo que puedo decir que hemos avanzado mucho en varios ámbitos. Hemos simplificado y aclarado las normas en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés general a través del paquete Altmark. Actualmente controlamos la aplicación de las nuevas normas relativas a los contratos públicos, que entraron en vigor en enero. Hemos realizado amplias consultas sobre el tema de las cooperaciones entre el sector público y el privado y hemos anunciado nuevas iniciativas para 2007. Hemos llegado a un acuerdo sobre los servicios de transporte público. Hemos adoptado una comunicación sobre los servicios sociales y emprendemos ahora una consulta sobre los servicios sanitarios. Hemos iniciado una amplia consulta sobre el sector energético, y presentaremos otras propuestas, inclusive –e insisto en este punto– propuestas legislativas, no simplemente comunicaciones. De hecho, revisamos actualmente el marco reglamentario aplicable a las comunicaciones electrónicas y propondremos una nueva directiva sobre los servicios postales de aquí a finales de año.

Estos avances recientes demuestran que la Unión Europea tiene iniciativa y ambición en el ámbito de los servicios de interés general. También ilustran el importante papel desempeñado por el Parlamento y el Consejo. Tras la adopción del informe Rapkay, que analizaremos atentamente, la Comisión está totalmente decidida a ir más lejos. Presentaremos una comunicación a este respecto de aquí a finales de año.

Señorías, el principal mensaje que he extraído de su informe es un doble llamamiento a la acción, por una parte, a favor de una mayor seguridad jurídica por lo que respecta a las normas de la Unión aplicables a los servicios de interés general y, por otra, por el respeto de la gran diversidad que presentan los sectores y situaciones en toda Europa. Creo que ha llegado el momento de que consolidemos el marco reglamentario aplicable a los servicios de interés general en la Unión Europea. Es la expectativa de nuestros conciudadanos. La Comisión tendrá plenamente en cuenta su informe cuando examine esta cuestión de aquí a finales de año.

  Gunnar Hökmark, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, es importante aclarar una cuestión en este debate: no hay mejor forma de garantizar un alto nivel de calidad y accesibilidad y precios bajos que ampliar la competencia y el espíritu empresarial en la economía europea. Todos hemos visto los resultados y logros conseguidos en varios sectores que hace 10 o 20 años eran considerados monopolios en relación con servicios típicos de interés general. Hemos visto logros en las telecomunicaciones y el sector de las compañías aéreas y veremos avanzar nuevas áreas, porque estamos hablando de servicios que son, por naturaleza, dinámicos y convergentes. Son una parte considerable e importante de la futura economía del conocimiento. Tenemos que abrirnos y, al mismo tiempo, respetar las soluciones concretas que cada Estado miembro necesita para lo que defina como servicios de interés general.

Me gustaría destacar en este debate que el informe no recoge ningún llamamiento a la adopción de una directiva marco o de un marco horizontal de ningún tipo, pero sí hace hincapié en la certidumbre jurídica basada en un enfoque sectorial y pide directivas específicas para cada sector, cuando sea necesario.

Señor Barroso, usted ha mencionado la asistencia sanitaria. Podemos echar la vista atrás y ver cómo el enfoque sectorial ha tenido bastante éxito en los últimos años. Así pues, estamos pidiendo claridad jurídica, basada en el enfoque sectorial, y esperamos ver pronto las futuras directivas sectoriales. Destacamos que no existe base jurídica en los Tratados para una propuesta que interferiría en el mercado interior, en las normas de competencia o en la contratación pública. Señalamos que se trata de un ámbito en el que se debe respetar a los Estados miembros y el principio de subsidiariedad.

En las próximas décadas, veremos surgir oportunidades para actividades en nuevos ámbitos con un carácter cada vez más transfronterizo. Creo que habrá oportunidades estupendas para que los pacientes tengan acceso a una mejor asistencia sanitaria en distintos países y que esto también podría revitalizar la economía europea. Sin embargo, estamos de acuerdo en la necesidad de respetar el mercado interior, al tiempo que respetamos la subsidiariedad.

Señor Barroso, espero que lea este informe y vea que es necesario seguir avanzando en la cuestión de las directivas y el enfoque sectoriales a fin de generar la claridad jurídica que respete el principio de subsidiariedad.

  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, para el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el informe de mi colega el señor Rapkay y la cuestión de los servicios de interés general constituyen el núcleo central de lo que pretende hacer en esta legislatura. Hemos tenido el atrevimiento –ha sido un logro extraordinario por nuestra parte– de elaborar nuestro propio proyecto de directiva, que incluye los aspectos esenciales de lo que recoge el señor Rapkay en su informe y que yo le he presentado a usted, señor Presidente de la Comisión, y al entonces Presidente del Consejo, el señor Schüssel. Lo que consideramos importante en el debate sobre los servicios –determinados elementos individuales fundamentales a los que me referiré brevemente– es que nuestra estrategia debería alcanzar un equilibrio entre las demandas del mercado interior, del que los socialdemócratas somos conscientes y que reconocemos, y la necesidad de proteger al público mediante el fortalecimiento de las instituciones locales y regionales, que siguen estando mejor adaptadas para mantener el principio de subsidiariedad en el suministro de servicios.

El mensaje esencial que debe transmitir este debate es «toda la flexibilidad necesaria, toda la protección posible». Después de los Consejos que ha habido –en Barcelona, Laeken, Niza– y después de todos los debates que hemos celebrado, consideramos que su presencia hoy aquí, señor Presidente de la Comisión, demuestra la importancia que otorga la Comisión a este debate, por lo que le estamos muy agradecidos. También por ese motivo intervengo en este debate como presidente de nuestro Grupo.

Lo más importante que debo hacer es suscribir en nombre de nuestro Grupo lo que ha dicho el señor Rapkay sobre este informe en calidad de ponente, pero hay dos cosas más que quisiera añadir. He escuchado con gran atención lo que ha dicho el señor Hökmark. Es interesante que un liberal convencido trate de tomar la curva en esta cuestión. Para que quede claro, todos estamos a favor del mercado interior y todos queremos que este haga lo posible por generar dinamismo económico; en eso estamos de acuerdo con usted, pero resulta más difícil cuando se trata del principio de subsidiariedad, en el que por otra parte insisten los defensores del mercado libre como cuestión de principio, pero cuando se utiliza para asegurar determinados criterios sociales indispensables, de pronto se convierte en un obstáculo. ¡Eso no vale!

No sé si es conveniente aspirar a que todos los servicios sanitarios estén realmente sujetos al libre mercado, ni tampoco si debemos sentarnos a esperar a que llegue el día en que cada cementerio municipal se gestione como un negocio. No creo que esto tenga sentido. Realmente seguimos necesitando que las autoridades locales y regionales nos permitan, dentro del marco de la subsidiariedad, prestar servicios de gran calidad que respondan directamente a lo que el público necesita y demanda. Esto constituye la esencia de nuestra política socialdemócrata, y no la abandonaremos, pero también queremos la oportunidad de que las autoridades locales y regionales mejoren la calidad mediante una mayor flexibilidad y apertura al mercado interior, con lo que, por libre elección, puedan garantizar la flexibilidad en el suministro de servicios buenos y rentables, ya que ambas cosas son posibles.

Señor Presidente, le hemos escuchado con gran atención cuando decía que quería consolidar el marco legal en su conjunto, ya que el hecho de que reconozca la necesidad de un marco legal constituye un gran paso adelante, y que ahora desee consolidarlo refleja su deseo de que el planteamiento sea general y no sectorial. Si así es como pretende proceder, puedo imaginar que pronto haremos causa común con usted.

En nombre de nuestro Grupo quisiera decir que nuestro empeño en elaborar nuestro propio proyecto de directiva, junto con lo que ha dicho el señor Rapkay y los comentarios del Presidente, también la convencerán a usted, señora Vicepresidenta, de que vamos por buen camino.

(Aplausos)

  Sophia in ‘t Veld, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señora Presidenta, quiero empezar felicitando al ponente por un trabajo magnífico. Aunque no siempre hemos estado de acuerdo, se ha mostrado muy paciente y abierto a la cooperación, por lo que le estoy muy agradecida.

Es muy importante que aclaremos nuestra posición de una vez por todas. Me preocupa que el informe que aprobamos en comisión se haya interpretado de tantas formas. Ha habido jubilosos comunicados de prensa en los que se decía que el Parlamento Europeo ha exigido finalmente una directiva marco, mientras que en otros se afirmaba que el Parlamento Europeo finalmente ha rechazado la directiva marco definitivamente. Tenemos que evitar una situación en la que suavicemos los compromisos que pueden interpretarse de formas distintas.

Puedo afirmar, en nombre de mi Grupo, que no queremos una directiva marco. No queremos una solución única para toda Europa, precisamente porque queremos subsidiariedad. Pero ¿qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad significa que las autoridades nacionales y locales pueden definir sus servicios de interés general y decidir cómo los organizan y los financian. La subsidiariedad no significa una exención automática de las normas del mercado. Por tanto, estamos hablando de dos tipos de subsidiariedad.

He escuchado atentamente lo que ha dicho el señor Barroso y, de nuevo, ha dejado cierto margen para la interpretación. Quisiera interpretar sus comentarios en el sentido de que lo que quiere son soluciones concretas para los problemas reales. Otra recomendación que me gustaría hacer a la Cámara es la siguiente: ¡si funciona, no lo arreglemos! En ese caso, no necesitamos legislación, sino soluciones para los problemas reales. He trabajado para una autoridad local, así que sé cuáles son los problemas reales. Las autoridades locales tienen preocupaciones muy legítimas. Sin embargo, tenemos que reconocer que también existe una tendencia al proteccionismo. Tendremos que encontrar el equilibrio correcto.

También tenemos que evitar el debate ideológico o, al menos, ser honestos y admitir que hay un cierto grado de ideología en todo este asunto. Algunos piensan, con motivo, que la autoridad pública también debería ser la que prestara los servicios. Estoy de acuerdo con mi colega, el señor Hökmark, en que el mercado puede prestar servicios excelentes. Algunos sectores han sido liberalizados y esto no ha significado que más personas vayan a quedar excluidas del acceso a estos servicios, sino todo lo contrario: muchos servicios están al alcance de más personas, lo que reviste una importancia social.

Un mercado no es una jungla: hay normas, porque si no hay normas, no es un mercado. Cualquier mercado –incluso el más sencillo, en la plaza misma– tiene normas y esto es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de la economía de mercado social que tenemos en Europa. Tenemos que reconocer la diversidad de los Estados miembros y permitirles decidir por sí mismo lo que ellos llaman «servicios de interés general».

Por ultimo, no deberíamos intentar definir qué son servicios de interés general y servicios de interés general económico, porque la palabra «económico» no se aplica a la naturaleza del servicio en sí, sino a la forma en que se presta. Por ejemplo: todos reconocerán que el agua es de interés general, pero este servicio podría ser prestado de un modo puramente comercial. Así pues, no nos perdamos en un debate sin sentido sobre las diferencias entre «interés general» y «interés económico general». El único interés que deberíamos tener en cuenta es el interés de nuestros ciudadanos y consumidores.

  Alain Lipietz, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señora Presidenta, señor Presidente, Señorías, me ha gustado mucho el contenido de la intervención del Presidente Barroso. Me ha gustado su declaración de intenciones sobre la presentación de uno o varios textos legislativos –volveremos sobre esta cuestión de uno o varios dentro de un momento– que deberán aprobarse en régimen de codecisión, así como los cuatro principios que ha invocado. Creo que era importante recordar esos principios.

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios descartó, cuando lo propusimos, la mera referencia al enunciado del artículo 122 del Tratado Constitucional y, lo que es peor, la mera referencia al artículo 86 del Tratado vigente. Un artículo que, como ha recordado, establece que en caso de conflicto entre el mercado y los imperativos de servicio público, de hecho o de derecho, deben primar los segundos. Creo que es extremadamente importante que el texto del Parlamento reafirme lo que votó en la época del Tratado Constitucional, a saber, el texto del artículo 122, y confirme que seguimos creyendo al menos en el artículo 86 del Tratado vigente.

Lo que desearíamos es ir mucho más lejos, en la certidumbre de lo que implica la votación que vamos a celebrar. Si hay un punto en el que estoy de acuerdo con la señora In't Veld, es que la declaración diplomática, muy juiciosamente calculada, del señor Rapkay sobre la necesidad de legislar puede interpretarse tanto en un sentido como en otro. Entonces le pediremos, tanto en virtud del Tratado de Amsterdam como del Acuerdo Interinstitucional, que nos presente un proyecto de directiva en nombre del derecho de iniciativa legislativa otorgado a este Parlamento. Y estamos totalmente de acuerdo con los cuatro principios que usted ha enunciado.

Si estamos en desacuerdo con la señora In't Veld, la manzana de la discordia es concretamente la subsidiariedad. Me parece una terrible torpeza hablar de subsidiariedad estricta cuando, a falta de una directiva específica sobre los servicios de interés general, el instrumento realmente aplicable es la Directiva de servicios. El caso es que hemos podido observar cómo el contenido y el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios han variado sin cesar de un día para otro y de una semana para otra. En un momento determinado estaba incluida la vivienda subvencionada. Después estuvo a punto de quedar excluida y finalmente se reintegró de nuevo, pero no del todo. Basta comparar el proyecto parlamentario con los de la Comisión y el Consejo para constatar la falta de acuerdo sobre los servicios públicos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios. Hoy tenemos que legislar para poner estas cosas en su sitio.

  Francis Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, el interés general, el bien público, el bien común y los servicios públicos son otras tantas referencias esenciales, que ocupan, como ha dicho el Presidente de la Comisión, un lugar central en el debate sobre el concepto de modelo social europeo.

Tocamos aquí una cuestión que forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, de su percepción del futuro y de nuestra concepción de la sociedad. Están en juego valores fundamentales, como la igualdad, la solidaridad, la democracia. Se trata de cuestiones demasiado importantes para abordarlas a base de definiciones vagas o compromisos insatisfactorios.

Mi Grupo quiere hacer especial hincapié en tres aspectos que hay que aclarar. El primero es la relación entre los servicios públicos y las normas que rigen el mercado interior, es decir, la competencia, los contratos públicos y las ayudas estatales, sin olvidar los poderes de la Comisión y del Tribunal de supervisar y de sancionar los abusos detectados.

A nuestro entender, necesitamos un fundamento jurídico radicalmente nuevo que permita que en Europa existan servicios públicos fuera de la lógica del mercado. Es cierto, como nos han recordado el señor Barroso y el señor Lipietz, que el Tratado da prioridad a la prestación de servicios públicos en caso de que dicha prestación entre en conflicto con las reglas de la competencia. Reconoce asimismo que los Gobiernos nacionales tienen derecho a definir el interés general, pero es la Comisión, y en última instancia el Tribunal, quienes deciden hasta qué punto pueden concederse excepciones. Así, se ha reprochado a un país que no se considera antiliberal –los Países Bajos– que cometiera un error manifiesto de concepción del servicio público porque las cooperativas de vivienda social subvencionadas tenían entre sus inquilinos a familias que no eran socialmente desfavorecidas. La verdad es que este régimen de excepciones tiende efectivamente a cercenar los servicios públicos.

Esto me lleva a precisar un segundo punto: ¿qué ambición tenemos en materia de servicios públicos? En nuestra opinión, estos servicios deberían abarcar simplemente los derechos fundamentales que corresponden a todos por igual en este siglo XXI, a saber, la educación, la sanidad, la vivienda y unas condiciones de vida dignas, la atención a la infancia, la información, la cultura, los transportes, las telecomunicaciones, los servicios postales, el abastecimiento de energía y agua, la eliminación de las aguas residuales y los residuos, así como necesidades que se han vuelto indispensables, como el acceso al crédito. Los servicios en estos sectores deben regirse pues por el imperativo de prestación social efectiva sin estar sometidos a las presiones de la competencia.

Es preciso plantear un tercer y último aspecto, que es la articulación entre subsidiariedad y proyecto de integración europea. Como se ha dicho, las experiencias en materia de gestión de los servicios públicos, de estructura de la propiedad y de modo de financiación varían de un país a otro. Cada país debe tener el derecho soberano a decidir en este terreno, con todas sus implicaciones.

Entonces, ¿necesitamos o no una directiva marco? El debate sobre esta cuestión ha comenzado en mi Grupo y, por mi parte, diría: ¡adelante! Que la Comisión elabore un instrumento de este tipo sobre la base de los principios que acabo de reafirmar. Algunos objetarán que este enfoque no es compatible con las normas del Tratado. Por eso precisamente, de hecho, queremos cambiar dichas normas.

Propongo, señora Presidenta, que situemos esta cuestión en el primer punto del orden del día del gran debate anunciado sobre el futuro de Europa, y veremos qué piensan realmente los europeos en esta materia.

  John Whittaker, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, uno puede entender el deseo de definir el ámbito de interferencia de la UE en la prestación de servicios públicos. Sirve de ayuda si uno dirige una empresa o un servicio público para saber cuáles son las normas, pero me horroriza que esto dependa de la definición de la distinción entre servicios de interés económico general y servicios de interés general no económico. Sin duda, todos los servicios son económicos en el sentido de que tienen un valor económico, ya que, de otro modo, probablemente no se prestarían. Temo que los intentos por contar con dicha definición simplemente causen más confusión, menos eficiencia y den lugar a sentencias ambiguas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En principio, el problema es que las autoridades nacionales y locales deben tener soberanía sobre la gestión de los servicios públicos, porque los pagan los Gobiernos nacionales en nombre de sus electores. Sin embargo, aquí estamos intentando que los servicios públicos obedezcan a una serie de normas comunes europeas. ¿Alguien se ha dado cuenta de la contradicción inherente? El señor Barroso ha expuesto un programa de trabajo ambicioso para la Comisión. Yo le pido una cosa: que no haga nada. Deje que lo hagan los Gobiernos nacionales.

  Françoise Castex (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. – (FR) Señora Presidenta, señor Presidente, Señorías, usted ha recordado, señor Presidente, que cada país de la Unión tiene una historia y una concepción propia de los servicios públicos. La construcción europea debe continuar, en efecto, dentro del respeto de esa diversidad, pero apoyándose en un conjunto de valores comunes en materia de justicia social, igualdad y solidaridad. Podemos elaborar un marco común para un servicio público europeo que no podrá definirse desde la perspectiva de la competencia, pues sabemos que los beneficios que obtiene la sociedad de los servicios públicos se miden en términos de educación, salud, seguridad y cohesión entre los Estados miembros y sus ciudadanos.

Como se ha recordado, vamos a aprobar en breve una directiva que abre el mercado de los servicios dentro de la Comunidad. Conocemos los retos del mercado de servicios en las negociaciones de la OMC. En la Comunidad, como a escala mundial, es imperativo que seamos capaces de distinguir jurídicamente entre servicios comerciales y servicios no comerciales y de establecer la libre circulación de los primeros y la regulación de los segundos. ¿Deben la sanidad, la educación, la vivienda social o también el suministro de agua regirse únicamente por la ley del beneficio? ¡Por supuesto que no! Solo hay un imperativo que valga, el del interés general y el del progreso social para todos. Y solo la autoridad pública, cualquiera que sea su nivel, es la garante de ese interés general.

Nuestros conciudadanos temen, con razón, que el proyecto europeo se diluya en la liberalización y la globalización. Debemos responder a sus exigencias de calidad, de accesibilidad, de responsabilidad social y de respeto del medio ambiente. ¿Qué mejor garantía, señor Comisario, que ofrecer a nuestros preocupados conciudadanos un marco jurídico europeo para los servicios públicos?

  Proinsias de Rossa (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (EN) Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al señor Rapkay por la ingente labor que ha realizado con este informe. De hecho, aplaudo la presencia esta mañana del Presidente Barroso en el debate de esta cuestión importante. Es una señal de la importancia que la Comisión confiere a este asunto.

En el Parlamento hay un consenso general sobre los servicios de interés general, interés económico y de su importancia. Las principales divisiones se encuentran en cuestiones de estrategia y, en algunos casos, de táctica. La Cámara se ha comprometido –y también por parte de la Comisión– a garantizar que cualquier legislación o movimiento en ese terreno se lleve a cabo mediante codecisión. Esto reviste una gran importancia para la credibilidad de lo que hacemos en ese ámbito y para nuestra legitimidad con respecto a nuestros ciudadanos en lo que hacemos en esa área.

Estoy a favor de una directiva marco. Esa fue una de las decisiones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en su opinión sobre el informe. Sin embargo, hace dos semanas el Parlamento dijo «no» a una directiva marco. Creo que se trata de un error intentar volver a intentar sacarlo adelante.

Tenemos que encontrar una forma pragmática de seguir adelante para garantizar la claridad y la afirmación del principio esbozado en la Cámara hoy: que cuando nos encontremos con un conflicto entre el derecho del ciudadano a disfrutar de servicios públicos y el mercado, la solución radique en la legislación. No deberíamos dejar esta cuestión en manos de los tribunales, que tendría que decidir caso por caso; si así fuera, terminaríamos con todo tipo de resultados contradictorios. Es en este contexto en el que defiendo una directiva marco. Tal vez, pueda hacerse de otro modo. Tenemos que seguir investigando esta cuestión.

Acojo con satisfacción que se haya comprometido a actuar en el ámbito de los servicios sociales y la sanidad. Es una cuestión de urgencia.

  Werner Langen (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. – (DE) Señora Presidenta, quisiera presentar ante el Parlamento no mi opinión personal, sino la resolución de la Comisión, aunque ambas coinciden en gran parte.

La comisión aprobó, por gran mayoría, un total de 18 puntos, que en lo esencial se han incorporado en el informe Rapkay, por lo que hemos podido aprobar esta resolución por amplia mayoría, además de adoptar una estrategia conjunta sobre la base de lo que ha resuelto esta Asamblea en anteriores ocasiones.

Me complace enormemente que el Presidente de la Comisión pueda estar aquí con nosotros, pero no me gusta ni mucho menos la idea de una nueva comunicación hacia finales de año, ya que desde el año 2000 hemos seguido una tortuosa ruta de comunicación en comunicación, de interpretación en documento de cumbre, sin que se aclaren las incertidumbres jurídicas que era necesario aclarar. La Comisión realmente debe superar la antipatía de la Comisaria de competencia –sí, ya sé que eso será una proeza– y resolver de una vez por todas una serie de cuestiones que de lo contrario deberán ponerse en manos del Tribunal de Justicia Europeo.

Esto no significa que seamos partidarios de una directiva marco, y la Comisión de Industria, Investigación y Energía ha dicho lo mismo, ya que no existe el fundamento jurídico pertinente, ni siquiera en el proyecto de Constitución. Pese a que es obvio que nos gustaría que la codecisión llegase al máximo número de áreas posible, no es correcto que aprobemos resoluciones que caen fuera de nuestras atribuciones.

Hemos estipulado varios principios que se adaptan a lo que ha dicho hoy el Presidente de la Comisión y pese a que el principio de subsidiariedad implica que cada nivel debe tomar decisiones por sí mismo, también debe cumplir las normas de la competencia, las ayudas deben ser transparentes y la Comisión tiene la responsabilidad de vigilar de cerca para detectar abusos.

Dentro de estos límites y basándonos en el informe Rapkay, hoy podemos aprobar una buena posición aconsejando a la Comisión cómo debe proceder. Ahora lo que hace falta es que la Comisión actúe.

  József Szájer (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. – (HU) Señora Presidenta, el señor Schulz tiene muy buena vista, ya que ve cosas en esta resolución que no están en ella.

Quisiera indicar que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor estuvo en gran parte de acuerdo con el Libro Blanco presentado al Parlamento por la Comisión. En este sentido, también estuvimos de acuerdo en que no es necesaria una directiva marco a escala comunitaria. Al mismo tiempo, respecto a estas cuestiones, desde mi punto de vista existen tres principios fundamentales.

El primero y más importante es el de la subsidiariedad. En Europa contamos con una gran diversidad de sistemas para prestar servicios públicos. Esta diversidad no puede reducirse a la uniformidad. Como consecuencia, si Europa no quiere asumir la responsabilidad del suministro de servicios públicos, entonces no puede hacer que estas perspectivas sean uniformes. Es decir, estas cuestiones deben permanecer dentro de la competencia de las autoridades locales.

El segundo principio es la cuestión del enfoque gradual. La Unión Europea y la Comisión Europea avanzan en la dirección correcta al optar por una regulación gradual, y esto conduce al tercer punto: un enfoque sectorial. Ya hemos conseguido un gran éxito en la regulación de diversos sectores del campo de las telecomunicaciones, entre otros. Deberíamos esforzarnos por seguir este ejemplo y realizar un control continuado.

Estoy de acuerdo, al igual que nuestra comisión, en que por supuesto es necesaria una mayor seguridad jurídica. Y como representante de un nuevo Estado miembro, también quisiera decir que, dado el principio de igualdad de acceso, la Unión Europea realmente debe garantizar una base común con la ayuda de los fondos de cohesión y armonización. En los nuevos Estados miembros, los instrumentos para imponer la competencia y la protección del consumidor son en ocasiones demasiado débiles Es esencial que esas se refuercen con precisión para que la igualdad de acceso y la competencia puedan materializarse en estos territorios.

Considero que el informe sobre los servicios de interés general es bueno y creo que el señor Rapkay y sus colegas han hecho un excelente trabajo. Pero quisiera pedir a todos que no lo malinterpreten y no vean en él elementos que no incluye. Es decir, en este sentido no podemos hablar de una directiva marco ni de una comunicación sobre una directiva marco.

Asimismo es muy importante que la cuestión de la directiva general de servicios esté estrechamente relacionada con esta cuestión. También en este caso debemos ver las cosas con claridad. En muchos aspectos la Directiva de servicios ha establecido el marco conforme al que podemos trabajar en este sentido.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. – (PT) Señor Barroso, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre el Libro Blanco sobre servicios de interés general, mi postura, y también la de la comisión, ha sido la de defender la exclusión total de los servicios de interés general (SIG) del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los servicios en el mercado interior, de acuerdo con la idea de que cada Estado miembro tiene competencia exclusiva para definir, financiar, evaluar y controlar estos servicios, tal como ha confirmado el Parlamento. Esto facilitará al funcionamiento del mercado, la solidaridad con los ciudadanos y el respeto de las competencias de las autoridades nacionales, regionales y locales.

En segundo lugar, creemos que deben describirse y definirse los SIG y que debe aclararse la distinción entre servicios de interés económico general (SIEG) y servicios de interés general no económico (SIGNE) en lo que respecta a su seguridad jurídica. En tercer lugar, es preciso adoptar una legislación marco para los SIG, los SIEG y los SIGNE, un marco jurídico general, como ya ha mencionado el señor Barroso, o una directiva marco, según lo que se prefiera. Hay que fijar requisitos mínimos para el desempeño de estas actividades, además de definir criterios generales para que los Estados miembros y las autoridades nacionales, regionales y locales los apliquen, organicen, evalúen y controlen.

El hecho de que esta legislación incluya los SIEG no impide que pueda haber una legislación específica sobre determinados sectores como el transporte. La mayoría de las ideas que defendemos están incluidas en el informe Rapkay y por ello lo respaldo, aunque puede que apoye determinadas enmiendas necesarias.

Por último, señora Presidenta, quisiera expresar mi decepción por el hecho de que no se haga referencia a las regiones más remotas, dado que los SIG, que no existen y puede que nunca existan en estas regiones, son necesarios en ellas. Espero que la Comisión y su Presidente se centren no solo en el informe, sino también en las cuestiones que he planteado.

  Markus Pieper (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, todos estamos de acuerdo en que aspectos como el transporte público local, la eliminación de residuos, los servicios sociales y el suministro de agua son cuestiones que deberían gestionarse a escala regional, y en un principio esta es la línea adoptada en gran medida en el informe del señor Rapkay, que acojo con agrado y que ha incorporado gran parte de lo que constituye la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional.

Pese a que exigimos que se respete la subsidiariedad, también reclamamos una mayor seguridad jurídica en aquellos casos en que los servicios de interés general estén en contradicción con la legislación europea en materia de competencia, a saber, con respecto a la legislación sobre subvenciones, las asociaciones entre los sectores público y privado y de hecho la definición de términos.

Por ejemplo, un francés tiene un concepto de los servicios de interés general distinto del de un polaco, un sueco o un alemán, y por ese motivo no debe haber una única directiva marco europea para todos como la que desean los socialistas. No queremos que se apliquen directamente las mismas normas en toda la UE. No tiene sentido imponer a las regiones de Grecia o la República Checa qué es lo que deben entender por servicios de interés general o público. Es lamentable que la izquierda en esta Asamblea haya conseguido introducir varias referencias en el texto del informe que podrían interpretarse en el sentido de que apuntan a ese tipo de directiva marco, y me pregunto qué se proponen. ¿Desean una directiva marco global que complique aún más de lo que están los ámbitos de inseguridad jurídica, o desean un lanzar insidioso ataque encubierto a la esencia de la legislación europea en materia de competencia para imponer sus ideas socialistas sobre los servicios públicos a las regiones de Europa? Sea como fuere, decimos firmemente «no». Allí donde existan incertidumbres jurídicas, estas deben erradicarse punto por punto y sector por sector.

Por supuesto, esto implica mucho más trabajo, pero estoy seguro de que solamente un enfoque sectorial puede hacer justicia al ideal europeo de subsidiariedad en el mercado único que todos compartimos. Este no es un ámbito en que Europa debería fijar criterios de costes o calidad. La definición de los servicios de interés general, su financiación y organización debe seguir estando en manos de las regiones, ya que son estas las que tienen la responsabilidad política sobre los mismos.

  Robert Goebbels (PSE). – (DE) Señora Presidenta, me gustaría preguntar si la Comisión de Desarrollo Regional está firmemente controlada por el Partido Popular Europeo, ya que lo que hemos oído decir al señor Pieper no es más que la línea del PPE y no la posición adoptada por la Comisión de Desarrollo Regional.

  La Presidenta. Estoy segura de que, a medida que el Parlamento se adentre en la segunda mitad de su mandato, tendremos que considerar nuevamente la necesidad de que los ponentes de las comisiones encargadas de elaborar los informes y los ponentes de opinión de las demás hagan lo que acaba de señalar el señor Langen. Independientemente del Grupo al que pertenezcan, reflejan la opinión y el resultado de la votación en comisión. Estoy convencida de que así lo han hecho hoy todos ellos y quien tenga dudas al respecto puede releer los informes. Debo decir que, como persona ajena y poco familiarizada con el tema, me ha asombrado oír algunas de las intervenciones, pero esto es algo que podremos retomar en el curso de la próxima legislatura, quizás en el marco de una reforma de esta Asamblea.

La señora Stauer tiene ahora la oportunidad de ser la última en expresar el punto de vista de su comisión.

  Gabriele Stauner (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. – (DE) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, Señorías, pese a que está consagrado en el Tratado de las Comunidades Europeas desde Maastricht, el principio de subsidiariedad lleva una existencia misteriosa, pero debe aplicarse siempre, excepto en aquellos casos en los que el poder reside exclusivamente en el plano europeo.

Sin duda este no es el caso con respecto a los servicios de que estamos hablando hoy, por lo que cualquier reglamento europeo en este campo constituiría una flagrante violación del principio de subsidiariedad y además de los principios de necesidad y proporcionalidad –propios del Estado de Derecho– si se produjera alguna interferencia en las estructuras de funcionamiento que han desarrollado los Estados miembros a lo largo de los años.

Sin embargo, si la UE no tiene poderes en este terreno, se deduce que tampoco puede existir una definición de estos servicios para toda Europa y que solamente aquellos que promulgan leyes nacionales o regionales pueden definirlos. Aparte de eso, las definiciones que intenta hacer el Libro Blanco –que considero artificiales y engorrosas– resultan ser poco prácticas e incomprensibles para el público.

Ninguna estrategia –ya sea la de Lisboa u otra– puede sustituir al fundamento jurídico, ya se trate de principios y objetivos como la competencia o de la cooperación económica y social.

Por lo tanto, el único resultado posible de este debate es un llamamiento a que no tenga que ver con ningún reglamento europeo sobre los servicios de interés general, simplemente porque carece de todo fundamento jurídico europeo. Quisiera pedirles que refrenden la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que preconiza una Europa cercana a sus ciudadanos, transparente y comprensible.

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, sabemos que en esta Asamblea siempre acabamos pisando terreno políticamente sensible si se toman decisiones con la intención de corregir al mercado o que tienen el efecto de hacerlo. Muy a menudo se pondrá el mismo grado de sensatez y el sesgo ideológico nunca está distante cuando queremos aplicar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en situaciones específicas. A pesar de esto, el señor Rapkay ha conseguido elaborar un informe equilibrado, por lo que quisiera felicitarle sinceramente.

Me complace saber que, en primer lugar, se destaca la importancia de la disponibilidad de los servicios de interés general y, en segundo lugar, que se ha confirmado la posición común sobre la Directiva de servicios, a saber, que corresponde a los Estados miembros determinar cuáles son los servicios de interés general. En tercer lugar, celebro el hecho de que la cuestión de la seguridad jurídica se sitúe en el centro del escenario.

No tengo problemas con lo que algunos denominan la ambigua redacción del ponente. Yo preferiría calificarlo de planteamiento sensato, si no diplomático, pero en cualquier caso puede ayudarnos a avanzar en nuestra búsqueda de soluciones. Una directiva marco no es concretamente lo que queremos. Este informe reconoce las diferencias sectoriales. Si se aprueba este informe, sin duda demostraremos que otorgamos más importancia al fondo de la cuestión que al debate sobre la forma que debería adoptar. Después de todo, esto debería ser lo esencial para todos nosotros.

Ciñámonos al informe del señor Rapkay, ya que la Comisión sabrá entonces hacia dónde se decanta la gran mayoría en el Parlamento y dónde persisten las diferencias, y entonces, a la espera de lo que se desprenda de la Comunicación de la Comisión, podremos avanzar más hacia el enfoque equilibrado que el público puede esperar de nosotros.

  Harlem Désir (PSE). – (FR) Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, creo que ha llegado la hora de la aclaración jurídica y política de esta cuestión de los servicios de interés general.

Desde el punto de vista político, porque el debate sobre los servicios públicos ha dominado el resto del debate europeo, ha envenenado el debate sobre el Tratado Constitucional y se ha visto desvirtuado por la propuesta inicial de directiva sobre los servicios en el mercado interior, dado que esta propuesta abarcaba una amplia gama de servicios sociales y servicios de interés económico general en su ámbito de aplicación.

La desconfianza suscitada por el riesgo que corren los servicios públicos debido a las medidas de la Comisión o a las intervenciones de la Unión Europea viene de lejos. En muchos aspectos, está fundada, por un lado debido a la incapacidad de establecer un buen equilibrio entre las normas del mercado interior y la preservación del interés público general; otra razón estriba en el efecto de cierto número de directivas sectoriales que no han dado los resultados prometidos o esperados. Pienso, por ejemplo, en la tendencia de los precios de la energía o en determinados temores que se han confirmado con respecto al sector postal.

También es necesaria una aclaración desde el punto de vista jurídico. Usted mismo lo ha destacado hace un momento, señor Presidente de la Comisión, al enunciar la lista de iniciativas legislativas que la Comisión ha emprendido en el último período para intentar estabilizar la interpretación del Derecho y de los Tratados en relación con la financiación pública y la regulación de las ayudas estatales, del transporte de pasajeros, la financiación y compensación, etc.

Creo, pues, que no debemos oponer hoy la necesidad de iniciativas sectoriales, por un lado, a la necesidad de un marco horizontal, por otro. Hacen falta iniciativas sectoriales –también usted las ha mencionado– en el ámbito, por ejemplo, de los servicios sanitarios o de los servicios sociales de interés general, y hacen falta también iniciativas horizontales. ¿Por qué? Porque, como ha dicho usted, uno de los principios en que debemos basarnos es el respeto del derecho de cada Estado miembro y de sus entidades locales a seguir definiendo qué entienden por servicios de interés general o servicios de interés económico general. En efecto, estos conceptos varían de un Estado miembro a otro. Las modalidades de organización y financiación, pero también el contorno, la delimitación, del servicio público no son los mismos en todos los países, a veces ni siquiera en todas las regiones o en todas las entidades locales.

A falta de legislación, ha correspondido al Tribunal de Justicia, y en ocasiones a la Comisión, interpretar los Tratados. Ahora bien, esta interpretación ha dado lugar a una jurisprudencia inconstante, fluctuante, que ha generado inseguridad jurídica para las entidades locales, para los operadores y para los usuarios. Ha suscitado asimismo el temor de que la prestación de servicios de interés general quedara puesta en entredicho por una especie de predominio de los intereses del mercado interior, de la competencia o de los operadores privados. Por esta razón, hemos realizado el ejercicio, un tanto original para un Grupo del Parlamento Europeo, de proponer, a título simbólico pero también como medida política, una iniciativa encaminada a la redacción de una directiva marco destinada a salvaguardar los servicios de interés económico general.

Hemos querido demostrar que si hay voluntad política se puede encontrar el fundamento en los Tratados y elaborar una directiva que responda a las cuestiones a que nos enfrentamos. Desde este punto de vista, quisiera responder a la señora In't Veld: creo que para proteger la subsidiariedad necesitamos precisamente este marco jurídico, y eso es lo que hemos demostrado con este proyecto de directiva marco. Invito a la señora In't Veld a que conozca esta iniciativa, que tiene por objetivo definir y proteger los servicios públicos y los servicios de interés general y asegurar su futuro a largo plazo.

Creo que ahora corresponde al legislador establecer las normas. Es normal que el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, y los Gobiernos, que representan a los Estados miembros, puedan decir abiertamente, a partir de un debate público, cómo se debe interpretar el artículo 86 de los Tratados, y delimitar la línea que salvaguarda el interés general de las fuerzas del mercado interior y la competencia. Los servicios públicos, como usted ha dicho, señor Presidente de la Comisión, están en el centro del modelo social europeo. Los ciudadanos los aprecian porque contribuyen no solo a la calidad de vida, al acceso a los derechos fundamentales y a la cohesión económica, social y territorial, sino también a incrementar la competitividad de nuestro continente y sus territorios.

Por tanto, es hoy un imperativo jurídico y también político demostrar que la Unión no es enemiga de los servicios públicos, no intenta obstaculizarlos, sino que busca, por el contrario, preservarlos, alentarlos y desarrollarlos.

PRESIDENCIA DEL SR. MAURO
Vicepresidente

  Bernard Lehideux (ALDE). – (FR) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, durante el debate sobre el modelo social apunté que nuestros conciudadanos desean una Europa que responda a sus preocupaciones urgentes y concretas. Entre esas preocupaciones se encuentra la garantía de la existencia de los servicios de interés general y de su calidad. Hoy, la situación jurídica de estos servicios es demasiado frágil en Europa. No es sano que unos servicios primordiales para la cohesión social de nuestras sociedades dependan exclusivamente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Los jueces, como todos sabemos, nunca tienen tanto poder como cuando los políticos dejan de asumir sus responsabilidades. Por tanto, es nuestro deber desarrollar un marco jurídico a escala comunitaria que establezca las modalidades y objetivos de organización de los servicios de interés general.

Señor Presidente de la Comisión, aunque no todo el mundo esté convencido, ello no impide precisar las cosas, sino todo lo contrario. Formo parte de los que piden a la Comisión que proponga, lo antes posible, una directiva marco sobre los servicios de interés general. Y permítame responder francamente a aquellos que se oponen a ella y defienden la solución del enfoque sectorial. No es una alternativa. Es una trampa. Nuestros conciudadanos no están ciegos. Entienden perfectamente que privilegiar este enfoque equivaldría a retrasar el establecimiento de la seguridad jurídica que tanto desean para los servicios de interés general y, en particular, para los servicios sociales de interés general.

Además, está claro que un instrumento marco no impide tener en cuenta las particularidades de determinados sectores, sino todo lo contrario. Definir un marco no significa evidentemente estandarizar. Señor Presidente, Señorías, no huyamos de nuestras responsabilidades. Nos espera un trabajo legislativo que demostrará que la Unión es la mejor garante de un alto nivel de solidaridad y cohesión social.

(Aplausos)

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, también yo quiero decir que estoy encantado de verle y agradecerle, señor Barroso, su presencia en este debate.

Hace años que debatimos sobre una legislación europea transectorial en materia de servicios de interés económico general. El Parlamento Europeo se expresó a favor de dicha legislación en 2001 y en 2004, y la Comisión Europea –se trataba entonces de la Comisión Prodi– no le dio curso, esgrimiendo el argumento jurídico de la ausencia de fundamento jurídico y el argumento político de la ausencia de la mayoría política en el Consejo necesaria para avanzar. Con respecto al último punto, la referencia al artículo 322 del proyecto de Tratado Constitucional indica como poco, de forma indiscutible, que en el Consejo Europeo había acuerdo político para avanzar.

Hoy nos encontramos ante una propuesta de directiva sobre el mercado interior de los servicios que abarca parcialmente los servicios de interés económico general, una directiva que muchos expertos predicen que no evitará numerosos recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo y que cabe temer comprometa la realización del objetivo de una mayor seguridad jurídica en materia de mercado interior de los servicios.

Hoy también, como han indicado otros colegas, nos encontramos ante una resolución del Parlamento Europeo sobre la que se votará mañana y que en realidad no va tan lejos como las resoluciones de 2001 y 2004. Por esta razón hemos presentado una serie de enmiendas encaminadas a aclarar las cosas.

Pero la verdadera novedad política, me parece, es que, además del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que ha encargado a expertos jurídicos la redacción de una propuesta de directiva marco, la Confederación Europea de Sindicatos también ha formulado una propuesta de texto. Otras asociaciones –pienso en especial en el Comité de enlace europeo sobre los servicios de interés general, que conoce el asunto a fondo– han elaborado asimismo propuestas de carácter jurídico que equivalen a decir: sí, una propuesta de directiva marco no es impensable, y además ha de ser coherente con los cuatro principios que ha mencionado usted en su intervención preliminar.

Por esta razón, señor Barroso, sobre la base del artículo 192 del Tratado vigente, le pedimos claramente que avance y no se contente con respondernos dentro de unos meses con un nuevo documento de consulta o un nuevo libro blanco.

Quisiera terminar con una cuestión más política. Pienso que no debemos subestimar la preocupación real o virtual de algunos de nuestros conciudadanos, que tienen la sensación de que existe un desequilibrio flagrante entre la aplicación del derecho de la competencia, por una parte, que en sus disposiciones generales es un derecho horizontal y, por otra, la defensa de los servicios de interés general a escala europea. Y como han dicho algunos diputados, señor Presidente, el significado de una directiva marco para el Consejo y para el Parlamento Europeo es que les brindará la posibilidad de decir a la Comisión y, a fin de cuentas, al Tribunal de Justicia Europeo, cuál es el tipo de disposiciones generales que desean para los servicios de interés general europeos. Pienso que esto es, por otra parte, lo que está en juego políticamente en todo este debate. Aunque me gustaría que las mayorías políticas fueran diferentes, son las que son por el momento.

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). – (DE) Señor Presidente, Señorías, la liberalización cruda e irresponsable está en el orden del día en Europa desde hace una década, sometiendo servicios fundamentales como el suministro de energía, gran parte del sector del transporte, por no hablar de la educación, la sanidad, la vivienda y los hospitales, a las leyes del mercado y del beneficio, en parte bajo los auspicios de la legislación desreguladora de Bruselas, en parte bajo la presión del Tribunal de Justicia Europeo y en parte por iniciativa de los Gobiernos neoliberales, las afirmaciones de que acarreará más empleos, haciendo que la competencia empuje a la baja los precios para los consumidores e induciendo a los inversores privados a hacer circular su dinero de modo más eficiente. El historial de liberalizaciones que han tenido lugar en la última década demuestra lo falsas que son las afirmaciones de los neoliberales; tan solo en el sector energético y postal han desaparecido cientos de miles de puestos de trabajo y aquellos que conservan su empleo por lo general lo hacen en peores condiciones. Pueden ustedes alegrarse de esto y denominarlo mejora de la eficiencia, o pueden llamarlo por su nombre: coacción y explotación. Han sido pocas las ocasiones en las que los consumidores se han beneficiado de la disminución descenso de los costes. Por ejemplo, en Alemania la electricidad nunca ha sido tan cara como lo es en la actualidad.

El hecho de que el informe del socialdemócrata señor Rapkay transforme este historial en un historial de éxito y pida la liberalización de más sectores demuestra su desconocimiento de la experiencia pasada y una actitud irresponsable hacia los que deben soportar las consecuencias.

Los que reclaman que los servicios de interés general se sometan a las normas del mercado interior pretenden convertir la sanidad, la educación y la movilidad en artículos comercializables que solamente podrán permitirse las personas acomodadas, ya que los mercados capitalistas no pretenden satisfacer la demanda, sino que solamente responden a los que demandan algo pero también tienen la capacidad para pagar, ya que este es el único modo de obtener un beneficio. Puede que este sea el tipo de Europa con el que sueñan los ricos y las grandes empresas, pero la izquierda tiene otros sueños y nosotros, junto con los movimientos sociales europeos, no dejaremos de resistirnos a este capitalismo desenfrenado.

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Señor Presidente, en el hogar de mi niñez no había libros académicos. Mi familia se dedicaba a la agricultura y el trabajo artesano. Los maestros competentes de mi escuela estatal y los préstamos gratuitos de libros de una biblioteca pública bien provista me abrieron las puertas del mundo de los libros. En este informe se hace referencia a los préstamos de libros, la educación, la asistencia, la enfermería, el agua, la seguridad, el tratamiento hospitalario y el bienestar como «servicios de interés general», por oposición a los «servicios de interés económico general», que son más específicos, como ir a la peluquería o adquirir una vivienda. La dentadura, las gafas y el cuidado personal se encuentran en algún punto intermedio. Mediante numerosas sentencias, el Tribunal de Justicia ha creado un mercado interior para muchos servicios. Sin embargo, en el núcleo del sistema de gobierno representativo yace la idea de no limitarse a votar con el bolsillo, como en el mercado, sino también elegir, a través del voto, qué servicios debe disfrutar la sociedad. ¿Queremos hospitales privados y costosas facturas médicas; queremos tener que pagar por los préstamos de libros; debería reducirse el precio del transporte público; deberían poder disfrutar las abuelitas su lavado diario en sus centros de asistencia; deberían ir nuestros bebés a guarderías económicas o bien ser educados por puericultores cualificados? El Movimiento de Junio respalda el mercado interior de productos y servicios y se opone a la discriminación nacional, pero también quisiera permitir que los votantes de cada Estado miembro definan los límites entre el mercado y la sociedad y determinen el nivel de calidad y servicio, además de los derechos de los consumidores.

Asimismo quisiéramos salvaguardar el «convenio modelo» danés por el que se establecen los salarios y las condiciones de trabajo en acuerdos que son respetados, así como nuestro modelo social, por el que pagamos elevados impuestos para que todos gocen de derechos civiles sociales. Este es un caso en el que el sistema de gobierno representativo debería poder controlar el mercado de forma que también haya servicios de interés general para los que no nacen en cuna de oro. Nos gustaría poder seguir cantando con Grundtvig «y así, en la riqueza hemos progresado, siendo pocos los que tienen demasiado y menos los que tienen demasiado poco».

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – (PL) Señor Presidente, el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general es sin duda necesario para crear un mercado común. En el futuro, estos servicios deberían definirse con mayor precisión, así como el modo en que se prestan. Deberíamos tener presente que, por el momento, la prestación de estos servicios se basa en gran parte en soluciones elaboradas por cada Estado y la legislación nacional. Solamente podemos incluir estos servicios en los reglamentos europeos comunes una vez que hayamos mejorado el sistema de servicios en la Unión Europea. Las medidas ulteriores deberían especificar el estatuto legal de los servicios de interés general y de las medidas destinadas a proteger los intereses de los consumidores.

El informe del señor Rapkay, por el que quisiera darle las gracias, describe de forma clara la actual situación jurídica y el ámbito de aplicación de las medidas ulteriores. Debemos aprovechar este informe.

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, el ámbito del que estamos tratando hoy es muy amplio. Aunque el señor Schulz ha optado por recordarnos el caso del cementerio municipal, las entidades municipales también pueden alcanzar el tamaño de grandes empresas, tan amplio es este espectro, y cabe preguntarse si unas estructuras tan grandes son siempre adecuadas.

Sin embargo ¿por qué discutimos esto realmente? El motivo es que estamos equilibrando las reglas del mercado, por una parte, con la subsidiariedad, por otra. Realmente esta puede ser una cuestión espinosa y el resultado final no siempre es riguroso. Soy muy partidario de la subsidiariedad, de las normas establecidas a escala local, pero una definición estandarizada en una Europa que –adelantándome a la decisión de hoy– bien podría acabar con veintisiete Estados miembros sería un desastre de potaje estandarizado, que yo rechazo. Sin embargo, en todo momento Europa debe preguntarse qué valor añadido se deriva de la acción a escala europea y en qué beneficia al público. ¿Por qué dedicamos entonces tanto esfuerzo a debatir la idea de una directiva marco cuando el propio ponente afirma que su informe no la reclama en este terreno? La impresión que tengo de algunos oradores es que lo que pretenden es ni más ni menos que tratar de aprovechar este debate para crear zonas libres de competencia que gozarán de una derogación de la Directiva de servicios. Aparte de la abolición de las reglas de mercado, corremos el riesgo de acabar con un concepto europeo estandarizado de lo que son los servicios de interés general, y Europa es demasiado heterogénea para que esta deba ser nuestra meta.

Sin embargo, lo que necesitan los ciudadanos, las comunidades y los políticos locales es seguridad jurídica. Quieren saber qué es posible y qué no, y es en este punto donde existe una gran confusión. Pongamos el ejemplo de Múnich, mi ciudad natal. En este momento se están agrupando allí cuatro grandes hospitales en una única empresa y nadie sabe qué debe someterse a la Comisión y qué no. Es en este caso en el que la Comisión debe colaborar con el Parlamento, ya que lo que resulta muy molesto, incluso para mi Grupo, es que la Comisión siga conservando cierto grado de «licencia», en el sentido de que siempre toma decisiones basándose en lo que considera adecuado y no consulta a los votantes ni a sus representantes de la manera a que estos tienen derecho. Lo que es fundamental respecto al último punto –y es en este sentido en el que deberían haberse celebrado hace tiempo estos debates en esta Asamblea– es que el público debe comprender por qué le beneficia lo que hacemos. En este campo concreto, no siempre lo tienen claro y lo que hacemos aquí se percibe de una forma bastante distinta. Este es un terreno en que la estrategia de comunicaciones podría conseguir algo.

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dice textualmente: «Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado». Es lo que llamamos el principio de subsidiariedad, cuya importancia acaba de resaltar el Presidente Barroso.

Ahora bien, es evidente que el objetivo común de cohesión social, en particular, exige una acción política constante para ofrecer servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. Los que están más cercanos a los ciudadanos son los ayuntamientos, las entidades territoriales. Los representantes electos locales son los más capacitados para juzgar los servicios necesarios para el bienestar de sus conciudadanos y, en particular, de los más débiles entre ellos.

En buena lógica, y durante decenios, la Unión no se ocupó de los servicios públicos, pero con la realización del gran mercado interior ha habido cada vez más acciones judiciales por parte de competidores privados contra las ciudades y las autoridades locales. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo no siempre ha sido afortunada y a veces incluso ha sido contradictoria. En descargo del Tribunal hay que subrayar que el concepto de servicio público no es fácil de definir.

Hay notables diferencias entre las prácticas nacionales en los veinticinco Estados miembros. El Presidente Barroso acaba de destacar la necesidad de respetar la diversidad de situaciones nacionales, regionales y locales. Por esta razón, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo pelea desde hace años por un marco jurídico claro que permita el pleno desarrollo de los servicios de interés general.

Es todo lo que quiere el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Queremos la mayor seguridad posible para todos los operadores de los servicios públicos universales. Los jueces de Luxemburgo no deben convertirse en los árbitros de la calidad de los servicios públicos. Según el Presidente Barroso, estos representan el 7 % del PIB europeo y el 5 % de los puestos de trabajo, lo que permite poner de relieve su eficiencia. Corresponde a los electores, a los ciudadanos, decidir los servicios universales que quieren. El ex Comisario Lord Cockfield, que fue, junto con el Presidente Jacques Delors, uno de los artífices del mercado interior, solía decir:

(EN) «La Comisión ha de ayudar a los Gobiernos a ahorrar dinero de los contribuyentes.»

(FR) Estaba equivocado. No es la Comisión quien debe decidir sobre el uso de los fondos públicos, sino, a fin de cuentas, el propio contribuyente. Corresponde al elector soberano decidir si su municipio o región hace un buen uso de su dinero o no. Esto se llama democracia.

Los que creen en el libre mercado a ultranza objetarán que los Tratados imponen a la Comisión eliminar las ayudas públicas que falsean la competencia, pero el artículo 87 del Tratado dispone claramente que esas ayudas solo estarán prohibidas, y cito: «en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre los Estados miembros». Es difícil defender que unos servicios públicos prestados localmente por entidades públicas distorsionen el comercio entre los Estados miembros.

Señor Presidente, acaba de anunciar usted una comunicación para antes de finales de año. Comparto la opinión de mi colega del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Langen, de que hemos visto demasiados textos bien escritos, pero sin consecuencias políticas reales. Por favor, Presidente Barroso, preséntenos una o todas las propuestas legislativas que quiera, pero permita por fin que el Parlamento realice su trabajo de colegislador en un ámbito que se halla, según sus propias palabras, en el centro mismo del modelo social europeo.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señor Presidente, Señorías, hoy nos encontramos debatiendo el Libro Blanco sobre servicios de interés general, publicado por la Comisión Europea hace más de dos años. Es lamentable que hasta el momento la liberalización del mercado de servicios haya sido realmente insuficiente. El Libro Blanco solamente aporta una definición muy abstracta de los servicios de interés general y los servicios de interés económico general. El concepto de servicios públicos no se ha definido en absoluto y, por lo tanto, no se utiliza en el Libro, que en su lugar hace referencia a «obligaciones de servicio público» que abarcan el sector del transporte aéreo, ferroviario y por carretera, además del sector energético, que también se denominan servicios de interés económico general Por lo tanto, es difícil comprender exactamente de qué estamos hablando, mientras que el resultado principal que se esperaba del Libro Blanco era la redacción de un acto jurídico que regulara y permitiera la realización de una de las principales libertades del mercado interior de la UE, la de la libre circulación de servicios.

La situación respecto a los servicios de interés general es muy próxima a la directiva de servicios, que originalmente pretendía abarcar los servicios de interés común y económico, lo cual, con varias excepciones, en la actualidad excluye los servicios de transporte y postales, y declara exento del principio de origen el suministro de electricidad, gas y agua. Por lo tanto, la mayoría de los servicios de la UE difícilmente pueden considerarse compatibles con los principios del mercado interior, la competitividad, la representación de los intereses de los consumidores y la libre circulación de servicios. El proteccionismo de mercado no solo atenuará la competitividad de la economía, sino que actualmente está impidiendo y seguirá impidiendo que se proporcione a los consumidores servicios de calidad adecuada en el momento oportuno. Esto es evidente cuando se viaja por los países de la Unión Europea.

Respecto a los servicios de interés general, la primera tarea es definirlos claramente; esto pretende evitar las «interpretaciones libres» en cada Estado miembro con el fin de proteger los mercados. Es necesario redactar un acto jurídico que abarque estos servicios, considerando adecuadamente el principio de subsidiariedad y abriendo los mercados de servicios a la competencia en beneficio de los propios ciudadanos de cada país y para mejorar la competitividad de la UE. Admito que la gobernanza local regional constituye un factor importante en el suministro de servicios; sin embargo, a menudo esto se utiliza para disfrazar el proteccionismo de mercado, mientras que los servicios son básicamente «grandes empresas».

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, los servicios de interés general constituyen el núcleo del modelo social europeo. Puede que el señor Barroso haya dicho esto en su primera frase, pero inmediatamente ha alabado la eficiencia del mercado –en lugar de la solidaridad, el acceso universal o los derechos fundamentales– como principal motivo de dichos servicios.

Sin embargo, lo que el público espera de la Unión Europea es la certeza de que se les prestarán los servicios que necesitan para vivir como un derecho garantizado y fundamental y de forma universal, es decir, independientemente de su condición social o de dónde vivan. Solamente podremos ganarnos la confianza de los ciudadanos si los servicios de interés general se protegen intrínsecamente de los intereses de mercado y se mantienen separados de ellos. Debo decir al señor Barroso que si pretende combinar los servicios públicos con la eficiencia del mercado, acabará disolviendo la esencia del modelo social europeo. Puede que usted, señor Barroso, se alegre de las peticiones formuladas en esta Cámara de un enfoque sectorial, que le otorgaría todo el poder que necesita para liberalizar servicios básicos, pero con los últimos ejemplos mencionados en su comunicación queda muy claro que redefine los servicios sociales básicos como actividad económica, de modo que lo que usted hace es reinterpretar las definiciones dadas en las sentencias del tribunal europeo.

Sus propuestas sobre los servicios sanitarios, en los que hay que dar más importancia a la movilidad de los pacientes que a los cuidados básicos, ya lo dicen todo; demuestran lo ilusorio que es creer que el mercado puede garantizar los derechos fundamentales. El único modo de garantizar estos servicios de interés general pasa por una directiva marco explícita que no imponga las normas de la legislación europea en materia de competencia sobre servicios básicos, siendo estos el tipo de servicios que de forma evidente deberían poder recibir ayudas estatales, que existen para garantizar los servicios públicos básicos y que no deberían dar prioridad a las exigencias del mercado. Estos servicios de interés general de naturaleza económica también pueden satisfacer necesidades básicas, y el acceso universal a los mismos también debe primar sobre los intereses del mercado.

De ello se deduce que cualquier directiva marco de este tipo debe ir de la mano de la Directiva de servicios, precisamente para garantizar dicha protección. Tal como están actualmente las cosas, esta es la única forma de encontrar una solución, ya que, a raíz de la Directiva de servicios, los servicios ya están en el mercado, por lo que este es un debate ficticio organizado por la Derecha, que cree que solamente se puede mirar atrás y que la cuestión se resolvería mediante la adopción de un enfoque sectorial o sin contar con una definición para toda Europa.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Señor Presidente, cuando los servicios de interés general se eliminaron del ámbito de aplicación de la controvertida Directiva de servicios olimos la victoria. El sector público iba a quedar a salvo del señor Bolkestein, pero puede que esto no fuese más que una victoria pírrica; después de todo, es ahora cuando se van a definir los servicios de interés general. Cuando se negocia una directiva de servicios de este tipo es necesario establecer qué pertenece al dominio del mercado y qué no, además de –y sobre todo– la cuestión de quién está mejor situado para decidir al respecto.

Lucharemos con uñas y dientes por nuestra interpretación del interés general y contra la liberalización y las fuerzas del mercado en ámbitos como la educación, la atención sanitaria y la cultura: tenemos experiencia en ellas y las conocemos muy bien. Cuando se liberalizan aspectos que en sentido estricto no pertenecen al mercado, Europa se nos representa como un cerdito avaricioso que, si se le brinda la ocasión, se aferrará a cualquier oportunidad.

Esto ya se observa en el nuevo ataque de la Comisión a la asistencia. Desde nuestro punto de vista, esta directiva se convertirá principalmente en un instrumento para que los ciudadanos, los alumnos, los pacientes y los consumidores se enfrenten a este cerdito avaricioso que es la Unión que todo lo liberaliza. La directiva debe explicar en detalle el hecho de que son los Estados miembros y sus ciudadanos los que determinan cuáles son los servicios de interés general, ya que si lo hacen acercarán de nuevo la política al público, que es donde debería estar.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, en el siglo XIX los Gobiernos supervisaban numerosas tareas que originalmente no estaban incluidas entre sus competencias, como la educación, el acceso a la atención sanitaria y la regulación de las horas de trabajo; esto era necesario para responder a las deficiencias del mercado y sigue siéndolo siempre que el mercado falle.

La distinción entre los servicios de interés general y los servicios de interés económico general es académica. Hacer esta distinción tiene por lo tanto el objetivo de hacer que los servicios sean públicos y limitar la interferencia de los Gobiernos. Refrenar la interferencia de los Gobiernos es un objetivo encomiable en los ámbitos en que cabe esperar que los ciudadanos sean autosuficientes y responsables. Sin embargo, hacer esta distinción no debería significar que el acceso público esté restringido.

Por lo tanto, quisiera pedir cautela a la hora de hacer que los servicios de interés económico general se abran al mercado. La sociedad está bien servida con un Gobierno que hace justicia a los débiles y garantiza el acceso a servicios que son esenciales para la vida cotidiana.

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, creo que en este debate nos dedicamos a luchar con fantasmas y no mostramos suficiente respeto por la ley y el público.

Tomémonos nuestras propias leyes en serio; conforme al Tratado Constitucional, la Unión Europea está unida en la diversidad, y una expresión de esta diversidad se encuentra en las diversas formas que adoptan los servicios de interés general. Estamos unidos en el mercado interior, así que no hagamos que la diversidad y el mercado único sean mutuamente contradictorios.

En segundo lugar, dado que no consideramos el mercado un fin en sí, estamos a favor de la economía de mercado social. El mercado posee la sostenibilidad y su propia responsabilidad social; dónde residen exactamente sus límites es una cuestión que deben decidir las personas que tienen responsabilidades políticas. En aquellos casos en que el mercado no puede hacer todas las cosas que requiere el bien común o garantizar que se hagan, debe permitirse que los servicios de interés general desempeñen su papel. Estos no funcionan contra la corriente del mercado; muchas organizaciones de interés general compiten entre sí y se adaptan a los criterios de mercado.

En tercer lugar, afirmamos nuestra creencia en la subsidiariedad. Lejos de ser contraria a la Unión Europea, la subsidiariedad constituye un elemento esencial del modelo de esta. El motivo por el que los servicios de interés general no están incluidos en la directiva de servicios es que su definición se delega en otros mediante la subsidiariedad, y ahora estamos debatiendo si esta cuestión puede solucionarse simplemente diciendo «sí» o «no» a una directiva marco. Estamos a favor de la seguridad social, de la seguridad del suministro y de que se garantice calidad al público a precios rentables, además de que los responsables políticos asuman la responsabilidad sobre las relaciones entre el mercado y la esfera privada, entre los que es necesario que exista una nueva asociación, expresada en forma de servicios de interés general.

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Señores Presidentes, Señorías, quiero ensalzar el trabajo realizado por el ponente, el señor Rapkay, que ha contribuido a relanzar el debate sobre los servicios de interés general. Me sumo totalmente a sus propuestas de crear más seguridad jurídica para los servicios sociales de interés general. Me sumo también a las propuestas relativas a la prestación de servicios de alta calidad en todo el territorio y al mejor precio, respetando el equilibrio social y garantizando de forma duradera la seguridad del suministro.

En cambio, soy mucho más escéptica cuando se trata de pedir a la Comisión explicaciones sobre la aplicación a los servicios públicos de las normas que rigen la competencia y el mercado interior. El señor Barroso, a quien quiero agradecer su presencia en esta Cámara, acaba de confirmarnos el supuesto beneficio de esta competencia para los consumidores.

Como le ha recordado el ponente, al carecer los servicios públicos de un marco jurídico preciso, su financiación y su gestión dependen de las inciertas circunstancias que nos brindan por turno la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo, que cambian de gorra según les parece y actúan ora de juez, ora de legislador, ora de ejecutivo.

Hace al menos quince años que el Parlamento pide a la Comisión que legisle. ¿Qué hemos conseguido? La Comisión nos propone la alternativa entre una mera comunicación para reforzar la seguridad jurídica de dichos servicios y una multitud de directivas sectoriales.

Personalmente estoy a favor de una directiva marco. Un marco jurídico que otorgue un estatuto positivo, y no simplemente de excepción, a los servicios de interés general. Un estatuto que las normas de competencia deberán respetar. Ámbitos esenciales como la educación, la salud o el agua no deben ser liberalizados, y hay que tener en cuenta las situaciones mixtas, en las que se imbrican lo social, la economía y la ecología.

Los servicios de interés general refuerzan el vínculo de pertenencia de los ciudadanos a Europa. Son un elemento esencial de la solidaridad y participan en la realización de los derechos sociales. No quiero una Europa en la que el modelo europeo solo descanse en la competencia fiscal y social entre los territorios. Con esta directiva marco deseo llevar a Europa más allá del mero mercado, hacia una sociedad en la que todos los servicios públicos estén garantizados como factor esencial de la cohesión social y territorial.

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, antes de ser elegido diputado a este Parlamento, encabecé una autoridad local escocesa que fue, si se me permite decirlo, un gran éxito porque fue rentable y también logró satisfacer las expectativas locales en relación con la prestación de servicios públicos en el condado de Angus.

En aquel entonces, al igual que en la actualidad, el principal interés del gobierno local era proteger su derecho de autogobierno. Por tanto, es importante que en cualquier iniciativa comunitaria pongamos fin a esta incertidumbre. No nos debemos dar por satisfechos con meras palabras en relación con el servicio público. No debemos interferir en modo alguno con el principio de autogobierno local. Tenemos que distinguir claramente entre empresa privada, que está sujeta a la legislación comunitaria en materia de competencia, y servicio público: los servicios de naturaleza local prestados para el bien público, que tengan poco o ningún efecto transfronterizo y que deberían ser prestados de forma independiente a las normas comunitarias de la competencia.

La fijación de normas en los servicios de interés general también debería se objeto de decisión local. Algunas autoridades locales se muestran escépticas con respecto a la necesidad de contar con nuevas normas comunitarias. Yo digo que si vamos a aprobar una directiva marco, hagamos una que nos ofrezca garantías sólidas de que las autoridades locales tienen derecho a definir, organizar y financiar los servicios públicos de la forma más adecuada.

Reconozco que al eliminar las barreras a la prestación de servicios comerciales estaremos creando beneficios económicos importantes para las empresas, pero no debemos confundir a la opinión pública interfiriendo en la prestación de servicios públicos locales esenciales o socavándolos.

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, Señorías, si hay algo que refleja la existencia de un modelo social europeo son precisamente los servicios, que debemos salvaguardar porque son elementos de ciudadanía. Se nos ha pedido que digamos si debería haber servicios de interés general que beneficien a todos los europeos y, en este caso, cómo deberían hacerlo.

Tras la Directiva Bolkestein se produjo cierta confusión respecto a la diferencia entre servicios comerciales y servicios generales. Por lo tanto, ahora debemos aclarar qué se incluye bajo la rúbrica del mercado, por una parte, y bajo la de los derechos, por otra. Para ello, en una serie de enmiendas hemos incorporado propuestas presentadas por la Confederación Europea de Sindicatos, que sostienen que todos los servicios de interés general, incluidos los económicos, es decir, aquellos por los que los europeos pagan directa o indirectamente –o sea, prácticamente todos–, deberían incluirse dentro de la esfera pública, estatal, y caracterizarse por su universalidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad. En otras palabras, deberían ser servicios, no mercancías, es decir, deberían ser Europa, no los Estados Unidos.

Pedimos a todos ustedes que respalden estas enmiendas, que defienden la postura de los sindicatos. También les pedimos que las respalden para aclarar cuál es el objetivo de una posible directiva marco, a saber, comprender qué piensa Europa de su modelo social y qué propone a sus Estados miembros en relación con los servicios de interés general, ya se trate de servicios de interés económico general o de otro tipo.

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Señor Presidente Barroso, señor Presidente, Señorías, este informe se refiere, con razón, al principio de subsidiariedad como fundamento jurídico para las cuestiones relativas a los servicios de interés general. Su definición es vaga. De un principio de sustitución hemos pasado a un principio de delegación. Así, la definición de los servicios de interés general solo puede elaborarse a expensas de las singularidades y las necesidades nacionales.

Una vez más, debemos deplorar que el aviso enviado por los pueblos francés y neerlandés sea tratado con tanto desprecio. Recordaré que los servicios de interés general solo conciernen a la Unión Europea desde la perspectiva, muy discutible, de la competencia. Se atenta aquí gravemente contra la libertad de los Estados miembros de definir las tareas que desean confiar al servicio público, conforme a los deseos de sus pueblos.

No, no corresponde a países que no tienen históricamente una cultura de servicio público impedir a los que sí la tienen disponer de tales servicios cuando lo estimen justificado. Si respetasen el principio de subsidiariedad en su verdadero sentido, admitirían que los servicios públicos, esenciales para la vida de nuestras sociedades, deben ser definidos, organizados y gestionados desde el nivel más cercano a los ciudadanos en el marco nacional.

Pensamos que solo un poder público fuerte es capaz de asegurar un futuro, que no se puede medir solo por la rentabilidad trimestral de las acciones, sino por decenios en materia de educación, salud, transporte, energía y ecología.

(El Presidente pide al orador que concluya)

La única norma que necesitamos es la soberanía, que significa que cada Estado debería ser libre de decidir sus servicios públicos y que las obligaciones de servicio público priman sobre el Derecho comunitario en materia de competencia.

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, me gustaría que en este debate volviéramos a hablar, como ha dicho el señor Karas, de las personas que realmente son importantes en toda esta cuestión: nuestros ciudadanos que se benefician de los servicios públicos. Sabemos que en muchos casos estos servicios públicos no son demasiado buenos, ni suficientemente eficaces y que se prestan a un coste muy elevado.

El señor Barroso, al que nos complace ver esta mañana en la Cámara, ha defendido el fomento de la buena calidad de los servicios prestados. Ha mencionado el factor crucial de cómo la tecnología actualmente permite que estos servicios se transformen y que se mantengan nuevos modelos de organización y prestación. Es de esto de lo que tendríamos que estar hablando. Deberíamos estar pensando sobre la diversidad que supone recurrir a los mejores talentos, la mejor tecnología, las mejores personas y los mejores gestores que participan en la prestación de estos servicios.

Sin embargo, el debate que hemos tenido, principalmente desde ese lado de la Cámara, se ha centrado básicamente en los modelos organizativos y el proteccionismo. Con la Directiva de servicios adoptada, gracias a nuestros esfuerzos, podrán liberarse más talentos para dedicarlos a la prestación de servicios. Tenemos trabajo por hacer en el ámbito de la adjudicación pública, como se desprende de las audiencias que se han celebrado recientemente en nuestra comisión. Tenemos que dedicar esfuerzos a la legislación en materia de competencia. Si esto está incluido en la idea de consolidación del señor Barroso, entonces perfecto. Sin embargo, no queremos una directiva del tipo que estamos debatiendo, que no es más que una directiva carente de carácter político. Se han retratado en sus intervenciones. La señora Schroedter dijo que nos protegerá de la liberalización. ¡De esto se trata, señor Barroso! No tiene nada que ver con ello. Díganos hoy que lo eliminará de su agenda. He preguntado en mi comisión, sin obtener respuesta, qué problemas de nuestros ciudadanos se pretende resolver con esta directiva. Cuando los de la izquierda nos presenten un análisis exhaustivo de estos problemas, podríamos considerarlo, pero tenemos cosas bastante más importantes que hacer hoy que hablar de su declaración política.

(Aplausos)

  Ieke van den Burg (PSE). – (EN) Señor Presidente, en calidad de coordinadora de los diputados del PSE en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, pedí ser la última oradora del Grupo del PSE precisamente para eliminar algunos de los prejuicios y malentendidos en torno a este debate. Así que espero poder subsanar algunos de dichos malentendidos.

En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Barroso por su discurso y decirle que en el Grupo del PSE entendemos plenamente sus cuatro principios y su opinión de que es necesario reforzar la seguridad jurídica para los proveedores de servicios, ya sean públicos o privados o una mezcla de ambos, para los Estados miembros y las autoridades públicas descentralizadas y para los ciudadanos. Como ha dicho con razón el señor Harbour, este es el elemento crucial.

Creo que el señor Barroso ha interpretado correctamente el informe elaborado por el señor Rapkay en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a favor del cual votamos la gran mayoría en la comisión. No hemos expresado ninguna preferencia por ningún tipo particular de instrumento jurídico, pero hemos dejado claro que hacen falta iniciativas legislativas y un proceso político completo de toma de decisiones a este respecto, en el que el Parlamento y el Consejo puedan participar plenamente. La codecisión es la forma correcta de tratar estas cuestiones políticas. Ese es el mensaje del informe. El informe no dice que se solo deba haber un instrumento horizontal o instrumentos específicamente sectoriales; deja la puerta abierta a otras opciones y señala que ambos métodos pueden utilizarse paralelamente.

Los debates evidenciarán que las preferencias difieren, pero también que existen muchos prejuicios en torno a las opciones y preferencias que promovemos. En mi Grupo político he presidido un grupo de expertos jurídicos que han redactado un texto. Por desgracia, tengo la impresión de que muchos no han leído ese texto, porque si el señor Harbour lo hubiera leído habría visto que no es una declaración política, sino un claro intento de reconciliar las reglas del mercado y de la competencia, la subsidiariedad que queremos garantizar a las autoridades locales, los aspectos de calidad y la importancia del servicio público y de los servicios de interés general y de interés económico para los ciudadanos de Europa. Esto no es ideología; es un intento concreto de reconciliarlos. El borrador está abierto al debate y esperamos que ustedes participen en el mismo. Pero corresponde a la Comisión presentar verdaderas propuestas, tras lo cual podremos empezar a trabajar en torno a los métodos legislativos y las formulaciones.

Con respecto a la votación sobre este informe, de nuevo señalo que hemos acordado discrepar en la cuestión de qué instrumentos serían preferibles. Ahora hay enmiendas de ambos lados, del Grupo ALDE y del Grupo Verts/ALE, para intentar de nuevo forzar una decisión sobre la preferencia. No me parece prudente. Estoy plenamente de acuerdo con la señora Thyssen de que es más prudente atenerse al acuerdo que teníamos y dejar este asunto abierto. La Comisión es quien debe decidir, y si se aprueba una de esas enmiendas el único resultado será el rechazo de la totalidad del informe. Eso sería una pena, porque, como han dicho todos, el señor Rapkay y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han presentado un buen informe.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – (CS) Quisiera dar las gracias al señor Rapkay por su informe. Debo decir que, después de haber leído mucho sobre el tema y tras el extenso debate en la materia, apoyo firmemente la idea de establecer una directiva general sobre servicios de interés económico general (SIG). Acojo con agrado la creación de esta directiva, que garantizará los SIG como uno de los principales pilares del modelo social europeo. La directiva también debería aportar seguridad jurídica mediante un fundamento jurídico establecido sobre principios generales como igualdad de acceso, servicios de alta calidad, costes razonables, universalidad y seguridad. Hay que conseguir un equilibrio entre el mercado, por una parte, y las autoridades públicas responsables de los servicios públicos, por otra. Además, el informe plantea cuestiones nuevas. ¿Realmente podremos garantizar que la directiva marco tenga sustancia suficiente para mantener los principios antes mencionados? ¿Protegerá la directiva realmente los servicios de interés general?

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, para comenzar quisiera felicitar al ponente por su buena cooperación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que espero que continúe en el futuro. Asimismo tengo motivos para estar agradecido por el modo en que se ha destacado la importancia de este informe como elemento determinante del futuro de los servicios municipales o, dicho de otro modo, de los servicios de interés general. Esto también ha quedado reflejado en el largo espacio de tiempo dedicado al debate.

Los que hemos dedicado muchos años a la política local y regional somos conscientes de que, en cuanto al público se refiere, la política comienza en nuestra propia casa, por lo que la subsidiariedad requiere que no se obstaculice el derecho de las comunidades a gestionar sus propios asuntos y, por lo tanto, tampoco los poderes de las autoridades locales, pese a la complejidad de las estructuras europeas. De ahí se deduce que los municipios deben desempeñar un papel fundamental en la definición y la organización de los servicios de interés general, y esto debe implicar esencialmente el intento por todas las vías disponibles de ofrecer estos servicios al público a un precio tan razonable como sea posible y, por supuesto, también significa que los proveedores de servicios públicos y privados deben participar como socios.

Deberíamos seguir instando a todas las partes interesadas a que adopten la línea de que la actividad de mercado limitada dentro de las competencias de las autoridades locales no debería estar sometida a todas las normas y reglamentos europeos de forma que no se impida a las autoridades locales celebrar asociaciones del sector público y privado que de hecho son beneficiosas para los ciudadanos. Lo que hace falta es el tipo de seguridad jurídica que anima a las autoridades municipales a ser creativas en la prestación de sus servicios, que no las sobrecarga de burocracia y permite planificar a largo plazo. La creatividad y el derecho garantizado, basado en la seguridad jurídica, para que los ayuntamientos se autogobiernen, puede ser esencial para facilitar las contribuciones de base local al crecimiento económico de Europa.

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, el texto de la resolución establece el equilibrio exacto respecto a la libertad que deberían conservar los Estados miembros en el futuro, por una parte desde el punto de vista de la organización y definición de sus funciones públicas, y por otra del de la observancia de las normas del mercado interior. Europa debe centrarse en la clarificación jurídica y en un enfoque sectorial en los casos en que la ambigüedad cree problemas; el texto de la resolución no deja lugar a dudas en este sentido.

Exigimos seguridad jurídica, siempre que no se interfiera en la competencia y el proteccionismo. También reclamamos seguridad jurídica para ayudar a las autoridades locales y regionales, pero deberíamos ser muy conscientes de que esas mismas autoridades locales desean conservar su libertad de elección y no quieren que desde arriba les impongan normas adicionales.

Sobre todo debemos dar cabida a la diversidad y evitar congelar esta diversidad en un marco regulador horizontal. Si Europa pretende estar preparada para la batalla debe conservar su dinamismo. Presidente Barroso, aprecio mucho que haya asistido personalmente a este debate. Le pedimos claridad, pero usted puede esperar la misma claridad de nuestra parte. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos votará por lo tanto en contra de la enmienda de los socialistas que solicita una legislación marco.

La señora Van den Burg ha mencionado los prejuicios e ideas falsas con respecto a las intenciones del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el propio presidente de su Grupo, el señor Schulz, está alimentando estos prejuicios al decir que debemos garantizar a escala europea las normas sociales, las normas de calidad y la calidad de los servicios. Considero que eso es llevar las cosas demasiado lejos y por lo tanto votaré en contra de la legislación marco y, lo que es lo mismo, en contra un marco regulador horizontal.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe y darle las gracias por su considerable disposición a negociar y debatir. Gracias al planteamiento del ponente, este informe constituye un compromiso equilibrado entre varias alternativas políticas. El informe constituye un importante paso adelante hacia la definición del estatuto legal de los servicios de interés general.

Cabe destacar que desde el punto de vista de la legislación de la Unión Europea no hace falta una directiva marco sobre los servicios de interés general. Estos servicios deberían abordarse centrándonos en sectores específicos y no con carácter general. Deberíamos permitir a los Estados miembros que definan qué consideran servicios de interés general conforme a sus características regionales. Sin embargo, este derecho no debe ser utilizado por los Estados miembros para infringir las disposiciones del Tratado, especialmente desde el punto de vista de la libre competencia, las ayudas estatales o la contratación pública.

Por lo tanto, los Estados miembros deberían poder definir los servicios de interés general dentro de sus territorios, pero no deberían poder abusar de este derecho, tal como ocurre a menudo. Muchas veces los servicios de interés general sirven de argumento para proteger el interés público de los principios del mercado interior. En mi opinión, una directiva marco no aportará una solución satisfactoria ni para la economía europea ni para los consumidores, es decir, los ciudadanos de Europa. Deberíamos tratar el problema mediante un enfoque sectorial.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) La globalización nos confronta con una mayor apertura del mercado, una mayor competencia y una innovación cada vez más rápida, y todo esto demanda una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. Los servicios públicos, que forman parte del modelo social, necesitan por lo tanto adaptarse constantemente a los nuevos avances de la globalización, a los cambios democráticos y a los avances de la ciencia.

El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de servicios en primera lectura y definió su ámbito de aplicación. Los servicios de interés económico general se incluyeron en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios. El proyecto de directiva aprobado no se aplica a los servicios de interés público, los servicios de atención sanitaria y los servicios de transporte. En los 25 Estados miembros de la Unión Europea, los servicios de interés público han evolucionado de forma que reflejan las distintas tradiciones regionales. Por ese motivo, me gustaría subrayar que es totalmente imprescindible cumplir el principio de subsidiariedad. Conforme a este principio, cada Estado miembro decidirá por sí mismo qué servicios prestarán las instituciones públicas y qué sectores serán liberalizados.

En Eslovaquia, las autoridades locales y regionales elegidas y controladas por el público han hecho un buen trabajo en la prestación de servicios en el bien común y pueden seguir garantizando los derechos relativos a la codecisión, la protección de los consumidores y el bienestar público. Las autoridades públicas competentes deberían tener instrumentos adecuados a su disposición de forma que puedan fomentar la competencia y garantizar la protección de los consumidores. Es importante reforzar los poderes de los Estados miembros para controlar el cumplimiento eficiente de los objetivos de política pública, como son los precios asequibles y las normas de alta calidad.

Teniendo esto en cuenta, estoy convencida de que no es necesario conferir competencias adicionales a la Unión Europea en el ámbito de los servicios prestados en beneficio del público. Mi posición es clara: no existe fundamento jurídico para una directiva marco sobre servicios de interés público. En conclusión, me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Rappkay, por su trabajo.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, para empezar quisiera manifestar mi agradecimiento a los diputados cuya contribución ha sido crucial para el proceso de elaboración de esta cuestión, a saber, el señor Szájer de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, el señor Rapkay como ponente principal de la Cámara y nuestro ponente alternativo, el señor Hökmark.

Lo que usted ha dicho esta mañana, señor Presidente de la Comisión, me ha parecido una respuesta totalmente adecuada a las preocupaciones que manifiesta el Grupo Socialista en esta Asamblea al presentar su propio proyecto de directiva marco. Pese a que opinábamos y seguimos opinando que esta directiva marco no es necesaria, hay que decir que aborda tres ámbitos en que existe un conflicto entre los intereses básicos de las comunidades de base por una parte y los intereses de un mercado interior europeo efectivo, por otra. Independientemente de lo claras que deban ser las líneas de demarcación del mercado interior de acuerdo con los diputados a esta Asamblea, hay que decir que en determinados ámbitos no es algo absolutamente negativo, ya sea en los concursos para la adjudicación de contratos, en la legislación en materia de competencia o en los subsidios para los municipios. Sin embargo, lo que hace falta es crear una mayor seguridad jurídica en estos ámbitos. Queda por ver si la comunicación, cuya posibilidad ha expresado usted, será suficiente para este fin, pero en cualquier caso creo que una comunicación es una forma más adecuada de afrontar el problema que una directiva marco, desde el punto de vista de sus efectos.

El hecho es que –como ya ha dicho el señor Radwan –debemos considerar el dilema entre mercado y subsidiariedad mucho más desde el punto de vista del ciudadano y también el modelo social europeo– aunque siempre me pregunto cómo la gente puede seguir invocándolo sin tener nada que decir sobre lo que es realmente– prevé que se ofrezca a ciudadanos y consumidores el mejor servicio posible dondequiera que se encuentren en Europa; es en este caso en el que el señor Hudghton está realmente en lo cierto al hablar tan bien de las autoridades locales escocesas que pueden ofrecer sus servicios a precios muy razonables que se ajustan al mercado. Si desean seguir haciendo esto en el futuro deberán contar con la seguridad jurídica que les permita hacerlo, pero esto no significa que se trate de un ámbito del que debería excluirse el mercado.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quiero comentar tres cuestiones.

En primer lugar, me parece que los servicios deberían estar abiertos a la competencia. Para eso estamos aquí y para eso tenemos una integración europea. Es evidente que los Estados miembros no pueden sostener sus sistemas de bienestar sin la ayuda del sector privado. Todo este debate versa sobre la disponibilidad de servicios públicos específicos de interés general. Y se ha producido en un país cercano al mío, Finlandia, antes la Unión Soviética. Es absurdo pensar que solo el sector público puede prestar servicios de interés general. Por tanto, quiero promover las asociaciones del sector público y privado. Deberíamos aprender algo del debate que tuvimos sobre la Directiva de servicios.

Y la segunda cuestión es: ¡no a la directiva marco! No tiene ninguna base. No quiero que la Comisión venga con nada, ni siquiera con un documento de consolidación. Es competencia de los Estados miembros. No añade ningún valor. Afrontemos los hechos: el estudio de la Comisión establece que existen grandes diferencias entre lo que consideramos un servicio de interés general en Finlandia, por ejemplo, y lo que se considera un servicio de interés general en Francia. Este debate es una cortina de humo para los monopolios y el proteccionismo. Esto, a mi parecer, es completamente antieuropeo.

Por último, quiero secundar las palabras de mi colega polaca, la señora Handzlik. ¿Cuál es la solución correcta? Es evidente que hemos de adoptar un enfoque específicamente sectorial. Hemos de ir sector por sector, centrarnos en la cooperación y tener prioridades claras: la asistencia sanitaria, los servicios postales, los servicios del agua y del gas, etcétera, pero sin una directiva. Apartémonos de ese rumbo.

  Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, ha mencionado usted útilmente, señor Barroso, los cuatro principios fundamentales que deben guiar nuestra reflexión sobre los servicios de interés general. Paradójicamente, se podría pensar que ha reabierto el debate sobre la necesidad de una directiva marco sobre los servicios de interés económico general o la opción de iniciativas sectoriales sobre los servicios sociales o los servicios sanitarios.

La votación de la directiva sobre los servicios alteró los parámetros a favor de la segunda solución, puesto que la verdadera frontera no se sitúa entre los servicios de interés general económicos y no económicos, sino, dentro de los servicios de interés económico general, entre los servicios sociales y sanitarios y los demás. Esta evolución se consolidó con el trabajo fino y jurídicamente minucioso del ponente, el señor Rapkay, y de nuestro colega, el señor Hökmark, que tendieron un puente jurídico entre la Directiva de servicios y los instrumentos sectoriales.

En efecto, una directiva marco sobre los servicios de interés económico general plantea tres dificultades. En primer lugar, el Tratado de la Unión Europea no ofrece ningún fundamento jurídico, como se ha recordado en numerosas ocasiones. Además, esta directiva sería incompatible con el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios, tal como fue votada en primera lectura el 29 de mayo. Por último, no responde en absoluto a la necesidad de seguridad jurídica expresada por los operadores y, al mismo tiempo amenaza la subsidiariedad reclamada por los Estados y las entidades territoriales.

En todo caso, cualquiera que sea el instrumento elegido y las opciones ideológicas que guíen nuestra elección, lo esencial está en otra parte. Hay que continuar el trabajo de clarificación jurídica en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios de interés general. Este es, señor Presidente de la Comisión, el problema que se plantea concretamente a los operadores sobre el terreno.

  Eoin Ryan (UEN). – (EN) Señor Presidente, este debate es muy interesante. Como ya saben, la Comisión publicó un Libro Blanco sobre el mismo, en el que recomendaba la aprobación de una directiva marco que abarcara los servicios de interés general. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ese enfoque; me parece que deberíamos preconizar reglamentos para sectores económicos específicos. En principio yo estaría sin duda de acuerdo con la idea, pero creo que una directiva general provocaría una gran confusión en el debate, especialmente en los Estados miembros. Podría llegar a la histeria si no se entiende exactamente qué significa. Por este motivo me parece que hemos de ser más concretos y examinar la directiva sector por sector y a los proveedores de servicios existentes. Lo que intentamos hacer aquí es mejorar los servicios para los ciudadanos de Europa, de forma que entiendan exactamente qué se ha propuesto; para que los consumidores no teman que una directiva procedente de Europa pueda privatizar o minar los servicios existentes en su país. Es muy importante enfocarlo con claridad para que los ciudadanos conozcan con exactitud lo que han propuesto la Comisión y el Parlamento.

La Unión Europea tiene competencia sobre cuestiones como las telecomunicaciones, el transporte y la energía, pero no al amparo de los Tratados de la Unión Europea de legislar con amplios poderes asuntos que rigen el funcionamiento de servicios sociales, de la sanidad y la educación en los diferentes Estados miembros. El debate se reduce a los poderes de las instituciones de la Unión Europea frente a la competencia de los Estados miembros. Hemos de ser muy cuidadosos con respecto a esta cuestión.

Me sorprende que algunos diputados estén en contra de esto y que estén muy a favor de la armonización fiscal entre los Estados miembros. En mi opinión todo esto parece contradecir lo que dicen en este debate. No creo en la armonización fiscal. Creo que los Estados miembros deberían controlar sus propios sistemas fiscales. Esto promovería la competencia dentro de la Unión.

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, la enseñanza, la sanidad, los servicios postales, el agua y el transporte están en el corazón de la vida en sociedad. Lo esencial de la gestión de los servicios públicos concebidos para beneficiar al público es un régimen jurídico público.

Fue en Europa donde países como Francia inventaron esta forma solidaria de gestionar las partes comunes de la copropiedad social. Ahora bien, justo en el momento en que esta técnica inteligente para poner los servicios al alcance de la generalidad, de hecho de la totalidad, del público podría inspirar soluciones audaces a los problemas planetarios del agua, de los medicamentos básicos, de la enseñanza y de todos los bienes de las partes comunes de la copropiedad planetaria, justo en ese momento la Comisión Europea reduce, si no destruye, este instrumento de dirección de las sociedades humanas.

La razón de este estropicio, consistente en destruir lo que funciona desde hace un siglo, es la creencia de que el mercado es supremo, el conocimiento es su profeta y hay que privatizar todos los servicios, como quiere la Organización Mundial del Comercio. Estos servicios incluyen los servicios de los auxiliares de sesión, es decir, esa ocupación social que hemos fabricado en el Parlamento Europeo, donde 300 hombres trabajan sin papeles sociales.

Señor Barroso, al margen de los problemas técnicos expuestos por nuestros colegas, como por ejemplo el señor Désir hace un momento, el problema es un problema cultural, un problema de elección. O gestionamos las sociedades humanas a partir de la ley del mercado, o lo que es lo mismo, de la ley de la selva, o las gestionamos a partir de la ley de la razón.

Señor Barroso, ¿prefiere seguir usted dejando todo en manos del azar, encomiando para siempre el mercado mientras corteja al Fondo Monetario Internacional en un momento dado y a la Organización Mundial del Comercio en otro, o quiere sentarse tranquilamente y abordar razonablemente problemas que tienen solución razonable?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. (FR) En primer lugar, me gustaría decirles, señor Presidente, Señorías, que me ha gustado mucho este debate. Me ha parecido realmente muy interesante y creo que será muy útil. No hemos perdido el tiempo, he podido formarme una idea mucho más precisa de sus sentimientos sobre el tema, pero también de las dificultades que conlleva hacer avanzar este asunto.

Es verdad que el debate ha confirmado las ambigüedades que siguen existiendo, que algunos de ustedes han mencionado. El informe Rapkay es obviamente un informe sabio e inteligente y trata de establecer un equilibrio. Pero es cierto también que no responde por completo a algunas cuestiones. Y esto debe hacerles comprender mejor las dificultades que ha tenido la Comisión durante años para circunscribir el tema y aportar definiciones más precisas. Y es que la materia es compleja. Reconozcamos este hecho. Incluso considerada en un determinado marco espaciotemporal, las cuestión es ardua, porque se trata de conciliar unos principios que a veces parecen contradictorios. Así sucede con los principios del mercado interior y de la competencia, unos principios esenciales para nuestra Comunidad, que están inscritos en los Tratados y que la Comisión debe respetar absolutamente –dicho con franqueza–, al igual que los principios de la intervención estatal y del interés general.

Pero si el asunto es ya difícil en sí mismo, resulta aún más complejo cuando se sitúa en un espacio y un tiempo que evolucionan. El tiempo –esta es una realidad que algunos de ustedes han destacado– está en constante transformación: cambios estructurales en nuestros mercados, aumento de la presión de la competencia internacional y cambios tecnológicos muy importantes. Pero en términos de espacio también es grande la variedad entre los Estados miembros: en efecto, el nivel de intervención puede presentar notables diferencias a escala nacional, regional o incluso local. La cuestión es, pues, extremadamente compleja y justifica que sea tan difícil, incluso imposible, dar una respuesta uniforme en nombre del principio evocado de «talla única».

¿Quiere esto decir que no se puede hacer nada a escala europea? No estoy de acuerdo. Al contrario. Pero ¿cómo debemos proceder? Veamos primero lo que no hay que hacer. Creo que hay dos enfoques extremos que debemos descartar absolutamente. El primero, que consiste en decir: «Europa no tiene nada que ver con los servicios de interés general. No es asunto suyo», es falso. Es también asunto nuestro, porque los servicios de interés general ocupan un lugar central en nuestro modelo de sociedad y queremos preservarlos. Por tanto, Europa tiene su palabra que decir al respecto.

El otro enfoque radical consiste en decir: «reglamenten, pues, porque así podremos oponernos –y esto se ha dicho con una gran franqueza–, alzarnos contra lo que dicen los Tratados», porque se piensa que la visión de los Tratados tiende más bien a la liberalización y que ha llegado la hora de reconsiderarla estableciendo una reglamentación opuesta a las normas del mercado único y a las normas de competencia. No podemos aceptarlo. El mercado interior es nuestra fuerza. Es uno de los grandes éxitos de la construcción europea.

Pero si descartamos estas dos posiciones extremas, es decir, la posición de reducir al mínimo absoluto la intervención europea y la posición que defiende un altísimo grado de intervención para contrarrestar los efectos del mercado, ¿qué podemos hacer? Me parece, tras haber seguido este debate, que los principios que planteé al principio y que por lo demás recoge el informe Rapkay nos dan la solución. Por tanto, les hago la siguiente sugerencia, Señorías: en vez de concentrarnos en un debate teológico sobre la utilidad o la falta de utilidad de una directiva marco, que –el debate lo ha demostrado– no cuenta evidentemente con consenso, por qué no centrarnos en lo sustancial, como parece querer la mayoría en el Parlamento. ¿De qué trata el acuerdo? De la subsidiariedad, que todos aceptamos. Creo que hay que respetar el nivel nacional y el nivel local en esta materia. Hay que garantizar la compatibilidad entre el mercado interior y el interés público, y esto en todos los casos en los que se observa una contradicción manifiesta.

Por otra parte –y este es quizás, en mi opinión, el punto más importante–, está la esencia misma de los servicios públicos. Todos queremos que sean de alta calidad, que presenten una buena relación calidad-precio, que sean accesibles a todos. Podemos aceptar, pues, el principio de la modernización de los servicios públicos, pero sin olvidar estos factores esenciales. Por último, hay que citar la necesidad de una mayor seguridad jurídica.

Si estamos de acuerdo en estos cuatro puntos, y tras haberme reunido con los distintos Grupos, tras haber escuchado la intervención del señor Rapkay, la de la señora Thyssen y la de muchos otros, creo poder decir que existe con todo un fondo común de consenso, de perspectivas de compromiso. Me parece que es posible hacer avanzar este expediente manteniendo al mismo tiempo nuestros principios en materia de mercado interior, respeto de las normas de la competencia y defensa del interés general, que definen el modelo europeo. La comunicación que vamos a presentar irá en este sentido y creo que el debate y mi presencia aquí hoy nos ayudarán a precisar nuestro pensamiento. Propondremos algo que demostrará que hemos avanzado en nuestra reflexión y, espero, en nuestras decisiones, en una materia tan importante que está en el centro mismo de las preocupaciones de Europa y de nuestros conciudadanos.

(Aplausos)

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Señor Presidente, creo que todos estamos más o menos de acuerdo con lo que acaba de decir el Presidente Barroso. Nos promete una comunicación. La esperamos con impaciencia. Pero ¿puede decirnos el Presidente si va a pedir a sus servicios que propongan asimismo textos legislativos para que, por fin, el Parlamento pueda debatirlos como colegislador?

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, lo que puedo decir en estos momentos, después de haber escuchado las opiniones de unos y otros, es esto.

Como he dicho, vamos a presentar antes de finales de año una comunicación que representará un avance con respecto a las reflexiones anteriores.

Por lo que respecta a los textos legislativos, a mi entender el debate ha puesto claramente de manifiesto que estamos lejos de un consenso sobre una directiva marco. Dicho esto, por supuesto, habrá iniciativas legislativas para diferentes sectores. Dicho esto también, pienso que debemos reflexionar, y yo mismo voy a reflexionar con mis servicios –en efecto, la Comisión no es solo un conjunto de servicios, también el Colegio y el Presidente tienen ideas–, sobre qué puede hacerse en un plano más general. En este momento no puedo prejuzgar nuestra propuesta, pero me parece por el debate que sería posible –y adelanto sin comprometer a la Comisión, porque es un asunto que yo mismo debo presentar al Colegio– adoptar un enfoque que englobe los principios que hemos evocado aquí, teniendo en cuenta la necesidad, que muchos de ustedes han expresado, de no dividir hoy al Parlamento y a Europa sobre la conveniencia de la reglamentación, en especial poniendo en entredicho el principio de subsidiariedad.

Creo que es posible, y quisiera terminar con una observación de índole política. Me dirijo a ustedes como los europeos convencidos que son. Es esencial, si queremos que este asunto avance, evitar una polarización como la que vivimos con la Directiva de servicios. Me parece que, del mismo modo que el Parlamento, junto con las instituciones, consiguió encontrar un equilibrio político positivo en relación con esta directiva, necesitamos el mismo tipo de enfoque en este tema. Si entramos en una división tajante entre dos posiciones extremas –sí o no a una reglamentación global sobre el tema– me parece que entraremos en una confrontación que no irá en el interés global de Europa tal como la entendemos.

Por tanto, concentrémonos en la esencial. Por lo demás, en el informe Rapkay hay bastante materia que es objeto de acuerdo. Después encontraremos una solución sobre los instrumentos de decisión.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

4. Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - PROGRESS (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se precede al debate de la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social – PROGRESS ((06282/3/2006 – C6-0272/2006 – 2004/0158(COD)) (Ponente: Karin Jöns) (A6-0300/2006).

  Karin Jöns (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, merece la pena esperar cuando el final es feliz; hoy aprobaremos el mayor programa de acción de la Unión Europea en los ámbitos del empleo y la política social. Tal y como indica su nombre, el programa PROGRESS apoya el progreso y la solidaridad social, y por ese motivo esta Asamblea considera importante que se ponga en marcha a principios de enero de 2007, conforme a lo previsto, y con la votación de hoy conseguiremos que así sea, ahora que el Consejo ha dado cabida a nuestros deseos.

Por ello quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a hacer del programa PROGRESS lo que ahora es, a saber, un instrumento estratégico completo y, sobre todo, bien financiado que realmente permita luchar contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social sobre una base más sostenible.

Sin embargo, también debo reiterar mi agradecimiento a nuestros especialistas presupuestarios de todos los Grupos que, en las negociaciones a tres bandas, tuvieron que librar una dura batalla para conseguir aumentar la financiación de PROGRESS en casi un 20 %, un triunfo prácticamente imposible de lograr.

En el pasado habíamos oído lamentar repetidamente que los anteriores programas plurianuales –dedicados al mercado laboral, la integración social, la lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades– no serían suficientes para impulsar nuestra agenda social conforme a lo previsto, es decir, para facilitar un auténtico intercambio rápido de enfoques, planteamientos y medidas de carácter político entre los Estados miembros y conseguir que desarrollasen conjuntamente nuevos indicadores y medidas más eficaces.

Era un hecho aceptado que lo más necesario era organizar el intercambio de un modo distinto y estructurarlo mejor, estableciendo a la vez una cooperación más rigurosa, y este es precisamente el enfoque que adopta PROGRESS, que no se limita a agrupar los programas ya existentes, sino que también mejora las estructuras de cooperación y promueve la participación de los responsables políticos en todos los ámbitos. Lo cual incluye, por ejemplo, el fomento del trabajo en red y del aprendizaje mutuo no solo a escala europea, sino también de carácter transfronterizo y a escala nacional, regional y local.

Me alegra mucho que finalmente hayamos logrado convencer a la Comisión y al Consejo para que continúen impulsando el intercambio transfronterizo de experiencias, pues ¿de qué otro modo podemos obtener el valor añadido europeo que reclamamos constantemente? Sin embargo, a fin de que los resultados de los estudios y análisis, la experiencia adquirida y las buenas prácticas puedan circular con mayor rapidez, en el futuro también se establecerá un foro encargado de evaluar y aplicar la agenda de política social, que participará asimismo en el desarrollo ulterior de estrategias y en la definición de nuevas prioridades.

Además, me parece de fundamental importancia que hayamos logrado otorgar a los interlocutores sociales y a las organizaciones no gubernamentales un papel notablemente más destacado que el inicialmente previsto por la Comisión, de manera que ahora participarán en la supervisión constructiva y el desarrollo ulterior de las estrategias, en lugar de ver limitada su función a la consecución de los objetivos europeos.

Asimismo, hemos ampliado la influencia del Parlamento, que no solo participará activamente en la ejecución, sino también en la evaluación, y, por primera vez, los informes de la Comisión sobre la ejecución del programa no se presentarán únicamente al comité, sino también a esta Asamblea.

Por último, quisiera manifestar mi especial agradecimiento al Comisario Špidla, sin cuyo apoyo no habríamos logrado incorporar de manera tan satisfactoria en todas las versiones lingüísticas el concepto, aunque de hecho es más que un simple concepto, de la integración de la igualdad entre las mujeres y los hombres en todas las políticas.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, el acuerdo del mes de junio sobre las perspectivas financieras generó la expectativa de una conclusión rápida y satisfactoria de las negociaciones sobre el Programa Comunitario de Empleo y Solidaridad Social, Progress, que es el principal instrumento político de apoyo al desarrollo de los ambiciosos objetivos que se marcó la Unión en la Estrategia de Lisboa. La realidad ha confirmado esta expectativa. Hoy ustedes se disponen a anunciar la decisión en la que se apoya dicho programa.

Quiero aprovechar la oportunidad para manifestar mi especial agradecimiento a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por el excelente trabajo que han realizado y por sus esfuerzos a lo largo de todo el proceso de negociación. Sobre todo quisiera expresar mi más cordial agradecimiento a la señora Jöns, la ponente del Parlamento para estas cuestiones, así como a todos los ponentes de la oposición, sin quienes no habría sido posible alcanzar un desenlace tan positivo.

El texto utiliza conceptos basados en el acuerdo alcanzado entre las instituciones. Se han incorporado las cuestiones que planteó el Parlamento en 2005 cuando examinó la propuesta en primera lectura. La distribución del presupuesto entre ámbitos políticos relacionados con nuestro programa satisface sus expectativas. Hemos respondido a su deseo de que se concediera un lugar más destacado al ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Lo mismo ha ocurrido también en el caso con la inclusión y la protección sociales. El Parlamento participará activamente cada año en la aprobación de los montantes necesarios para ejecutar las acciones que se deriven del programa. Un aspecto en el que el Parlamento y la Comisión comparten el mismo parecer. Ambos consideramos que el procedimiento debe ser totalmente transparente. Me complace poder señalar que el Consejo adoptó finalmente este enfoque, con lo cual también allanó el camino para una rápida conclusión de las negociaciones.

Por último, quiero dar las gracias a los diputados al Parlamento Europeo que han contribuido a hacer posible este excelente resultado con sus esfuerzos y su firmeza.

  Robert Atkins (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ¿podría explicarme o justificar por qué se ha aplazado arbitrariamente la votación a las 11.40, cuando se había anunciado previamente para las 11.30? No había necesidad de iniciar este debate a la hora en que ha empezado. Sin embargo, la administración de este Parlamento antepone la conveniencia de la Presidencia a los intereses de los diputados. No me vale.

  El Presidente. El debate prosigue debido a un retraso del proceso de votación.

  Jan Andersson , en nombre del Grupo del PSE. – (SV) No tengo la intención de alargar demasiado el debate. En primer lugar, quiero manifestar mi especial agradecimiento a la señora Jöns, que ha realizado una labor extraordinaria en relación con el programa Progress. Gracias a su trabajo hemos podido conseguir una rápida solución y que esta se haya trasladado a la práctica con gran celeridad, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior ocasión. Progress es un programa importante, un programa combinado destinado a abordar los problemas sociales y del empleo, promover la igualdad y combatir la discriminación. Por nuestra parte, hemos respaldado esta idea de un programa combinado. Una de las soluciones era procurar conseguir desde el Parlamento Europeo una mayor asignación presupuestaria para el programa en el marco del presupuesto a largo plazo, puesto que se trata de una cuestión que afecta a la Europa social de la que tanto hablamos. El acuerdo para aumentar la dotación del programa Progress también facilitó el acuerdo sobre el conjunto del programa. Hubo un cierto desacuerdo en relación con las cuestiones de la igualdad y la integración social, pero estos aspectos ya se han resuelto. Dichos ámbitos del programa han recibido recursos adicionales con objeto de alcanzar una mayor igualdad e integración y protección sociales, sin que ello vaya en detrimento de otros ámbitos. Los recursos se han obtenido, por el contrario, de la reserva. Creo que resultará ser una excelente solución y Progress contribuirá a la construcción de la Europa social del futuro. Quiero dar las gracias una vez más a la señora Jöns por su excelente trabajo.

Se interrumpe el debate sobre este tema para proceder al turno de votaciones. Está previsto reanudarlo a las 21.00 horas.

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

5. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones.

(Para los resultados detallados de las votaciones, véase el Acta)

5.1. Vivienda y política regional (votación)

5.2. Vivienda y política regional (votación)

5.3. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Jannis Sakellariou (votación)

5.4. Medios de comunicación y desarrollo (votación)

5.5. La dimensión europea en los programas escolares nacionales (votación)

Antes de la votación:

  Christopher Beazley (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, quiero hacer una breve aclaración textual con referencia al apartado 1. La última oración dice lo siguiente: «… para asumir» –los alumnos– «su cometido como futuros ciudadanos y miembros de la Unión Europea». Propongo borrar la palabra «futuros» para que diga lo siguiente: ‘... «para asumir su cometido como ciudadanos y miembros de la Unión Europea».

(El Parlamento acepta la enmienda oral)

5.6. Calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa (votación)

(La sesión, interrumpida a las 11.55, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

6. Sesión solemne - Liberia

  El Presidente. Señora Presidenta, el Parlamento Europeo se complace en recibirla en su sesión plenaria, y es para mí un honor dar la bienvenida a la primera mujer elegida Presidenta en un país de África, a usted y a la delegación de ministros y parlamentarios que la acompañan.

(Aplausos)

Debo decir a los colegas miembros del Parlamento Europeo que en la delegación de la señora Presidenta hay más parlamentarios que ministros.

Quiero recordar a esta Cámara que usted fue también la primera mujer que asumió la cartera de Ministra de Hacienda en su país en 1979, hace ya 27 años.

Desgraciadamente, el año siguiente su país sufrió un golpe de Estado: 1980 marca el inicio de un cuarto de siglo de violencia en Liberia, una guerra civil de 14 años, un pillaje sistemático de los recursos del país y una violación masiva de los derechos humanos de sus habitantes.

El balance de esta guerra terrible y larga −tan larga como las viejas guerras de religión europeas− no puede ser más trágico: 250 000 víctimas en un país de tres millones de habitantes supone casi un 10 % de la población, un millón de personas tuvo que abandonar sus viviendas −algunas están volviendo ahora−, se produjo una violación masiva de mujeres −más de 25 000−. En aquella época tres cuartas partes de la población "vivía" −si se puede decir vivía− con menos de 1 dólar al día y el desempleo alcanzaba el 85 % de la población, es decir, no existía una economía como la entendemos en las sociedades desarrolladas occidentales.

Señora Presidenta, en estas condiciones no debe ser tarea fácil para ningún gobernante asumir la presidencia de un país.

Nuestro Parlamento se felicita del papel que la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS) ha desempeñado en los diálogos de paz de 2002 que desembocaron en las elecciones presidenciales que usted ganó el pasado mes de noviembre.

El Parlamento Europeo envió observadores a esas elecciones, y el jefe de la delegación, nuestro compañero Max van den Berg, señalaba claramente en su informe que, a pesar de algunos pequeños incidentes, las elecciones se habían producido de acuerdo con las normas que las regían.

Por eso, la acogemos hoy como un símbolo del Estado de Derecho, de la paz, de la democracia, de los derechos de la mujer y de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Si ustedes leen la biografía de la Presidenta de Liberia, verán cuántas veces ha dimitido de sus puestos de responsabilidad por no estar de acuerdo con la forma en que los Gobiernos se enfrentaban al problema de la corrupción en su país.

Recordarán también que el pasado mes de abril, aquí en el Pleno, tuve la ocasión de manifestar mi satisfacción por el arresto y la extradición de Charles Taylor, que el Parlamento Europeo había solicitado en varias resoluciones, y que se llevó a cabo, al fin, a petición de la Presidenta. Esto representa un avance en la lucha contra la impunidad de los criminales de guerra en todo el mundo que saludamos aquí, entonces, y que hoy quiero recordar en su presencia.

Después de tanto sufrimiento, queremos ofrecerle nuestro apoyo.

Es bueno que las armas hayan callado. Pero a partir del momento en que las armas callan, empieza la tarea de reconstruir el país −una tarea seguida con menos interés por las cámaras de televisión−, y el riesgo que se corre es que, una vez abandonados los escenarios bélicos, se caiga en el olvido.

No sería el primer caso en que, después de haber conseguido la paz, la sociedad no haya encontrado el camino de la reconciliación ni la economía el camino del desarrollo. En ese camino, señora Presidenta, encontrará usted la ayuda europea para que Liberia siga siendo ese símbolo de libertad que fue en sus orígenes.

Esperamos y deseamos que usted construya un futuro de esperanza para todos los habitantes de su país que sea un símbolo para toda África.

Señora Presidenta, tiene usted la palabra.

(Aplausos)

  Ellen Johnson Sirleaf, Presidenta de la República de Liberia. (EN) Señor Presidente, Señorías, mi delegación y yo nos unimos a ustedes hoy con motivo de su sesión formal con un profundo sentimiento de gratitud. En nombre del Gobierno y del pueblo de Liberia les envío un cálido saludo y felicitaciones a todos ustedes, Señorías, y a través de ustedes a sus respectivos Gobiernos y pueblos. Me siento honrada de tener la oportunidad de decir unas palabras.

Apenas han pasado ocho meses desde que se nos concedió la plena responsabilidad de reconstruir Liberia después del conflicto, a raíz de nuestra victoria en las elecciones democráticas de 2005. Aceptamos la responsabilidad siendo plenamente conscientes de la magnitud de los desafíos que afronta nuestro país después de 14 años de guerra civil y destrucción. Los daños y las consecuencias negativas han sido enormes y han agravado la situación de pobreza en todo el país. Hoy, el PIB per capita de 163 dólares estadounidenses (2005) representa una descenso del 90 % en comparación con los niveles de preguerra, anteriores a 1980, debido a sanciones y recortes de las actividades de sectores productivos, como la agricultura, la silvicultura y la minería.

Las exportaciones también han disminuido en torno al 95 % en el mismo período. Nuestra enorme deuda externa, cifrada en unos 3 700 millones de dólares, representa el 800 % del PIB y el 3 000 % de los ingresos de exportación, mientras que la deuda interior y los atrasos no salariales se cifran en 700 millones dólares. Nuestro presupuesto, aprobado hace poco, es de 129 millones de dólares y aunque ha aumentado un 50 % con respecto al anterior año fiscal, todavía representa menos del 30 % del de hace dos décadas.

Cuando tomamos posesión no había electricidad ni agua. Las escuelas y las clínicas estaban destrozadas, las carreteras eran intransitables. Las instituciones de gobierno se habían venido abajo y la corrupción campaba a sus anchas. El VIH/sida se disparó. Muy pocos niños iban a la escuela y muchos morían a causa de enfermedades curables. Hoy día, más de tres cuartas partes de nuestra población viven por debajo del umbral de pobreza de un dólar al día. Una amplia mayoría de este sector de la población, principalmente jóvenes, está en el paro o trabaja en la economía sumergida.

Sin embargo, me complace decirles que los liberianos son un pueblo resistente. Incluso a pesar de todo lo que ha pasado, el pueblo de Liberia tiene fe en un nuevo comienzo. Confían en mí y en nuestra administración para crear las condiciones que garanticen la realización de sus sueños.

Sus sueños no son complicados. Solo quieren las cosas sencillas que para la mayoría de las personas no son nada del otro mundo: vivir su vida en paz, recibir una buena educación y poder satisfacer las necesidades de sus familias. No son sueños imposibles para los liberianos.

Pero el tiempo apremia. Como ya saben todos ustedes, el riesgo de recaída en la guerra en sociedades que acaban de sufrir un conflicto es elevado cuando el Gobierno y la comunidad internacional no logran hacer grandes esfuerzos en los momentos cruciales y mantenerlos en el tiempo.

Hoy día, Liberia se encuentra en uno de esos momentos cruciales. Nuestros esfuerzos, a los que se unirán nuestros socios en los próximos meses, el año que viene y después, determinarán el futuro de nuestra nación. Si esperamos demasiado tiempo para introducir los cambios políticos y las reformas que hacen falta, o si nuestros socios internacionales esperan demasiado tiempo para redoblar su apoyo, entonces podemos perder la mejor oportunidad que haya tenido Liberia en una generación de poner fin al conflicto de forma permanente y de sentar las bases para el crecimiento y la prosperidad. No podemos permitir que eso ocurra.

(Aplausos)

Es preciso consolidar rápidamente los posibles dividendos de la paz de Liberia que tanto ha costado conseguir y detener la hemorragia económica y financiera. Hemos de responder a las profundas heridas que ha dejado la guerra civil y mejorar la gobernanza nacional, a la vez que introducimos rápidamente nuevas medidas de reforma estructural. Tenemos que basar nuestro enfoque en los principios centrales de democracia, responsabilidad, libre empresa, gobernanza, respeto de los derechos humanos y distribución equitativa de nuestros recursos naturales.

Por tanto, una vez que está todo dicho, ¿por dónde empezamos? Las estrategias de reducción de la pobreza son esenciales para impedir el regreso al conflicto y para sentar las bases de un desarrollo sostenido. Basamos nuestra estrategia en cuatro pilares de reconstrucción y desarrollo.

El primer pilar es mejorar la seguridad y consolidar la paz en nuestro país. Sin paz y seguridad no puede haber desarrollo o prosperidad. Debemos redoblar nuestros esfuerzos por formar a nuestras fuerzas, no solo en materia de seguridad, sino también a la hora de ser responsables ante los ciudadanos. Durante años, nuestras fuerzas de seguridad han sido bastante corruptas y han funcionado mal. No tenían la confianza de la población y han sido utilizadas para aterrorizarla e intervenir en procesos políticos sin respetar los procedimientos reglamentarios o la ley. Todo eso queremos cambiarlo. Hemos de desarrollar una estrategia nacional clara que tenga en cuenta la retirada gradual de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Ya hemos iniciado el proceso. Hemos completado la desmovilización de miembros de nuestras fuerzas armadas y vamos camino de reclutar un nuevo ejército formado por 2 000 soldados debidamente entrenados y equipados. Con la ayuda material de agencias de las Naciones Unidas y otros socios hemos facilitado la vuelta de 70 000 refugiados y 50 000 personas desplazadas en el interior del país desde la inauguración. Estamos reestructurando y formando a nuestra fuerza policial y otros cuerpos de seguridad. Es importante que encontremos los medios para dedicarlos a tareas productivas.

En segundo lugar, tenemos que revitalizar nuestra economía. Hemos de centrarnos en la agricultura, tanto en alimentos como en cultivos comerciales, haciendo hincapié en la rehabilitación de nuestra tradicional industria del caucho. Asimismo esperamos un rápido crecimiento de nuestra silvicultura, minería y otras industrias basadas en los recursos, basadas en políticas encaminadas a crear un clima de inversión que promoverá inversiones en actividades en las que Liberia pueda competir a escala internacional. Estas actividades crearán puestos de trabajo a fin de abordar un desempleo del 80 %, especialmente entre nuestros jóvenes.

En este sentido, cancelaremos todos los acuerdos de concesión forestal disconformes y estamos a punto de establecer un nuevo marco de concesiones para nuestros productos de recursos naturales, con objeto de garantizar el fuerte crecimiento de estos sectores. Hemos adoptado una actitud enérgica con respecto al cobro de rentas adeudadas al Estado, cuyos ingresos ya han aumentado más del 20 %. Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en torno a un Programa de Supervisión del Personal y en todos los aspectos nuestra actuación hasta la fecha ha sido buena. Estamos concluyendo nuestra Estrategia provisional de reducción de la pobreza, que articula intervenciones prioritarias durante el período que va de julio de 2006 a diciembre de 2007. Esta estrategia se basa en nuestro Plan de Acción de 150 días, gracias al cual se logró el 70 % de los resultados que queríamos.

El tercer elemento de nuestra visión es mejorar la gobernanza democrática. La excesiva concentración de poder y un sistema político cerrado generaban corrupción, restringían el acceso a los procesos de toma de decisiones, limitaban las posibilidades de participación de la sociedad civil en los procesos de gobierno y a la larga alimentaban las animosidades y rivalidades étnicas y de clase. Nos esforzamos por efectuar cambios legales y políticos a fin de replantear esos límites impuestos a la democracia y al desarrollo.

Estamos decididos a luchar contra la corrupción, que se ha comido el tejido nacional y social de nuestro país. Vamos a desarrollar una enérgica estrategia de lucha contra la corrupción y un marco de apoyo legal y reglamentario. Se está reformando y fortaleciendo nuestro débil sistema judicial. Tratamos de descentralizar la toma de decisiones y asignar recursos adecuados a los Gobiernos provinciales y municipales para apoyar sus propios programas y proyectos identificados. Hacemos hincapié en la capacitación de los ciudadanos, especialmente los pobres y vulnerables, para que participen en el proceso de desarrollo.

(Aplausos)

El cuarto y último pilar de nuestra agenda es revitalizar nuestra infraestructura social y física. La educación es básica para la renovación y la reconciliación. Nuestra visión de la educación para todos, jóvenes y ancianos, exige que establezcamos la educación primaria universal completa y que introduzcamos programas de alfabetización en comunidades de todo el país, principalmente dirigidos a nuestras resistentes mujeres comerciantes.

(Aplausos)

Reconocemos que ninguna nación puede desarrollarse con un índice de analfabetismo del 70 %. Hemos de responder en particular a nuestra juventud afectada por la guerra, brindándole oportunidades escolares y de participación en programas de formación.

Además, hemos de rehabilitar las instalaciones sanitarias que han sido parcial o completamente destrozadas. Solo el 10 % de nuestra población tiene hoy día acceso a la asistencia sanitaria. Esta tasa ha de aumentar hasta el 50 % como mínimo a medio plazo. Debemos afrontar el creciente problema del VIH/sida, y luchar contra la malaria, los parásitos, la desnutrición y otras enfermedades que matan a tantos de nuestros niños.

El estado de nuestras carreteras es terrible. Sin una red de carreteras decente será casi imposible consolidar la seguridad, promover una nueva actividad económica y fortalecer la gobernanza local. Además, también debemos mejorar otras infraestructuras sociales, como las instalaciones de agua e higiene. En lo que consideramos uno de nuestros mayores logros, en julio de este año pudimos hacer llegar la electricidad y el agua a zonas de nuestra capital, Monrovia, por primera vez en 15 años.

(Aplausos)

Estamos orgullosos de haber conseguido en seis meses lo que anteriores Gobiernos no habían logrado durante tantos años. Nos gustaría agradecer a la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, todo lo que ha hecho por apoyarnos en estos primeros pasos. Pero este logro es solo el principio.

Nuestra misión es que el Gobierno de Liberia vuelva a funcionar y sea más responsable en la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos de Liberia. Los desafíos asociados son tan sobrecogedores y las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos tan masivas que nuestro Gobierno no puede por sí mismo responder satisfactoriamente. Urge forjar y construir cooperaciones estratégicas sólidas. En este sentido, permítanme aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento por la ayuda continua que hemos recibido durante años del conjunto de la Comunidad Europea, así como de determinados Estados miembros.

(Aplausos)

El Gobierno y el pueblo de Liberia agradecen esta ayuda concertada y nos complace utilizarla para la recuperación, reconstrucción y desarrollo de nuestro país. Estamos interesados en proseguir las reformas en curso al amparo de la ayuda al desarrollo de la Unión Europa a países africanos, así como el nuevo consenso europeo en torno al desarrollo para la erradicación de la pobreza. Nuestro deseo es colaborar con nuestros socios para concluir las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Económica, teniendo en cuenta la necesidad de llegar a un consenso en torno a un equilibrio equitativo de los imperativos de desarrollo derivados de dichos acuerdos de cooperación. Además, la celebración anticipada del Día del Desarrollo Europeo sin duda alguna mejorará el contenido y los resultados de su cooperación con nuestros países. Celebramos esta iniciativa innovadora y esperamos con impaciencia sus buenos resultados.

Resumiendo, nos hemos puesto en marcha hacia un nuevo comienzo. Por ello estamos agradecidos al pueblo liberiano y a la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y la Comisión Europea, que son socios fundamentales a este respecto. Solo es el comienzo. En los próximos meses nos dedicaremos a planificar seriamente nuestra Conferencia de cooperación, que se celebrará el primer trimestre del año que viene, y a desarrollar nuestra estrategia de reducción de la pobreza y de crecimiento a medio plazo. Seguiremos con nuestro enérgico despegue en el proceso presupuestario y aprobaremos los reglamentos fiscales apropiados en el marco de GEMAP.

Pero es crucial que en los próximos meses los liberianos empiecen a ver avances firmes y tangibles. Me gustaría pedir a todos nuestros socios que colaboraran con nosotros en las próximas semanas para asegurar que las numerosas actividades que deben desempeñarse durante la próxima estación seca estén listas a tiempo. No podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo y en numerosos proyectos hemos de acelerar el proceso de desembolso y ejecución. Les pedimos específicamente su apoyo para este objetivo a través de la Comisión Europea.

Asimismo, quiero asegurarme de que durante la transición entre la reducción paulatina de nuestros programas de emergencia y la puesta en marcha de programas de desarrollo a más largo plazo no tengamos que echar en falta un apoyo básico. En demasiados países esta transición choca con problemas y puede perderse el empuje crucial.

Por último, quiero asegurarme de que los esfuerzos del Gobierno y de los socios están totalmente sincronizados y armonizados. Para preparar mejor la Conferencia de socios hemos de estar seguros de que los socios apoyan las iniciativas más importantes, de que no existe una superposición y una duplicación indebidas, y de que con una planificación sólida y una ejecución rápida y eficaz podemos garantizar el aprovechamiento de este empuje crucial en la historia de Liberia a fin de dejar a un lado el conflicto y acelerar el proceso de reconstrucción y desarrollo.

Nos complace que nuestra nación haya sido bendecida. Liberia no es un país pobre, sino un país que ha estado mal gobernado. Nos comprometemos a cambiar esto; a conseguir los objetivos que nos trasladarán de la crisis del pasado a la oportunidad del presente. Nuestro pueblo se ha comprometido a construir una nueva Liberia sobre las cenizas de un pasado turbulento mirando a un futuro prometedor y lleno de esperanza. Formamos parte de asociaciones estratégicas que se basan en el respeto y los beneficios mutuos. Les agradecemos a todos, colectiva y bilateralmente, el apoyo prestado hasta la fecha. Le agradecemos a usted, señor Presidente Borrell Fontelles, la oportunidad de estar aquí y deseamos trabajar con todos y cada uno de sus países en los próximos meses y en el futuro. Gracias.

(La Asamblea, puesta en pie, aplaude a la oradora)

  El Presidente. Señora Presidenta, solo unas palabras para agradecer las suyas.

Estoy seguro de que su presencia en el Parlamento Europeo y las palabras que nos ha dirigido servirán para que Europa entera tome conciencia de los problemas de su país y se comprometa con el desarrollo de África.

Sabemos todos hasta qué punto Europa está hoy preocupada por la inmigración proveniente de África y todos sabemos que solamente superando los problemas que usted nos ha descrito podremos establecer esta relación de cooperación de la que usted nos ha hablado hoy.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

(Se levanta la sesión solemne a las 12.30 horas).

7. Turno de votaciones (continuación)

  El Presidente. Reanudamos el turno de votaciones.

7.1. Aprobación de la gestión 2004: Sección I, Parlamento Europeo (votación)

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

7.2. Carta Europea de Calidad para la Movilidad (educación y formación) (votación)

7.3. Competencias clave para el aprendizaje permanente (votación)

7.4. Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (votación)

7.5. Estrategia temática para el medio ambiente urbano (votación)

Antes de la votación:

  Gyula Hegyi (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, quiero pedir una votación nominal de las próximas dos enmiendas, la enmienda 3 (apartado 7) y la enmienda 4 (apartado 25), porque son totalmente contrarias al espíritu de mi informe.

  Renate Sommer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, a mi parecer es del todo incorrecto solicitar una votación nominal justo antes de que esta se inicie. Aunque no nos preocupa que nuestro nombre figure, me parece que es sentar un precedente y, por lo tanto, creo que existen motivos fundamentales para considerarlo incorrecto.

(El Parlamento rechaza la solicitud)

7.6. Marco europeo de cualificaciones (votación)

  El Presidente. Con esto concluye la votación.

8. Explicaciones de voto

- Informe Mavrommatis (A6-0264/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Mavrommatis sobre el importante tema de las relaciones entre los medios de comunicación y el desarrollo. La libertad de expresión y de información, integrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 por las Naciones Unidas, está reconocida como un derecho fundamental. La libertad de los medios de comunicación es indispensable para la gobernanza de las entidades públicas o privadas y para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con miras a lograr, en 2015, un mundo seguro y sin pobreza.

La libertad de los medios de comunicación es una condición del acceso al conocimiento y a la transparencia y debe ser totalmente independiente. Contribuye en gran medida a luchar contra la ignorancia, antiquísima plaga de la humanidad, y previene la corrupción. Aunque lamento que no se haya desarrollado la cuestión de la responsabilidad de los autores, titulares, usuarios y difusores de información, acojo con agrado la contribución significativa de este informe a la libertad, la paz y la democracia en el mundo.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El ponente examina en su informe la importante función que desempeñan los medios de comunicación en el desarrollo de un país. Una democracia precisa libertad de expresión y de prensa. Asimismo, para que una sociedad funcione debidamente es necesario que todos los grupos sociales puedan acceder a ellos sin problemas.

El informe incluye, no obstante, algunos aspectos que rechazamos rotundamente. Desde luego, seguimos sosteniendo sin fisuras que la ayuda externa no se debe gestionar a escala comunitaria. Es competencia de los Estados miembros. Además, la Unión Europea tampoco debería desarrollar campañas informativas en los Estados miembros.

Aun así, el contenido del informe nos parece razonable en su conjunto. Por eso, hoy lo hemos votado afirmativamente.

  Daniel Strož (GUE/NGL), por escrito. (CS) Quisiera hacer algún comentario sobre el informe Mavrommatis, que se ha votado sin un debate previo. Aunque este ofrece una serie de ideas y conclusiones sin duda interesantes, también contiene mucha palabrería vacía y superflua que no solo no refleja la situación real en los Estados miembros de la Unión Europea, sino que tampoco contribuye a resolver los problemas que la Unión debería abordar en este ámbito.

Asimismo, quiero destacar que en algunos Estados miembros no existen medios de comunicación que se puedan considerar ni siquiera remotamente independientes o profesionales. En dichos países, los medios de comunicación desde luego no constituyen un «proceso vital y fundamental para el desarrollo humano», por citar las palabras del informe. En la República Checa, por ejemplo, son meros componentes del mercado y un instrumento evidente de manipulación política que se utiliza para desinformar a la población. No es un secreto que los principales medios de comunicación de la República Checa son propiedad de sociedades extranjeras y que la prensa regional pertenece a una empresa editora alemana.

Esta situación se caracteriza por la marginación de las opiniones de izquierda, en particular, el tratamiento de sectores enteros de población como criminales y parias, y la degradación del papel de los periodistas al de mero personal contratado, que está obligado a respetar y defender ciegamente la plataforma política del editor. No se aplican restricciones a los editores con respecto a la concentración de poder de los medios de comunicación.

La invocación sin fundamento de la ética y a la humanidad es sin duda de una gran ingenuidad y equivale a cerrar los ojos a los verdaderos problemas con que se enfrenta el sector de los medios de comunicación en la Unión Europea.

- Informe Beazley (A6-0267/2006)

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Apoyo el Informe Beazley sobre el apoyo a iniciativas que complementen los programas escolares nacionales ofreciendo medidas adecuadas de apoyo para la inclusión de la dimensión europea. Es evidente que la inclusión de la historia europea, la herencia cultural común y una comprensión de los asuntos europeos de actualidad han de ir unidos al desarrollo de otros ámbitos, como puede ser el apoyo al plurilingüismo. Celebro que el señor Beazley haga referencia al portal educativo de la Red de Escuelas Europeas y sus actividades. También quisiera destacar el proyecto eTwinning, que se encarga de establecer contactos entre las instituciones educativas de diferentes países europeos con el fin de poner en marcha proyectos conjuntos. Más de 17 000 escuelas europeas se han adherido a dicho proyecto. Este informe de propia iniciativa constituye un buena medio para ayudar a los Estados miembros a incorporar los temas europeos a sus sistemas educativos.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Beazley sobre iniciativas que complementen los programas escolares ofreciendo medidas adecuadas de apoyo para la inclusión de la dimensión europea. A medida que avanza la construcción europea, todos percibimos cuán indispensable es destilar la cultura europea entre los ciudadanos, en especial los jóvenes: es una condición del éxito del proyecto europeo destinado a crear una civilización humanista. Aparte del aprendizaje de lenguas, también la historia y la geografía de la Unión Europea, junto con las artes y la ciudadanía, deben ser disciplinas en las que se favorezca la dimensión europea. Comparto plenamente las propuestas presentadas en este informe, en especial en cuanto asocia a los docentes a la integración de la dimensión europea en la enseñanza. A mi entender, deberíamos proceder del mismo modo con las universidades y el aprendizaje permanente.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Si bien, por un lado, aceptamos que existen diferencias entre los Estados miembros y dentro de cada uno de ellos en lo que respecta a la inclusión de la dimensión europea en la educación, y que los programas COMENIUS y LINGUA deberían recibir un mayor apoyo financiero comunitario, dada la importancia fundamental de los idiomas, por el otro lado, no estamos de acuerdo en que exista una visión única de lo que se designa como la historia y los valores europeos.

Cada país tiene sus características particulares y cada pueblo, su propia historia, e incluso estas se pueden ver de un modo distinto según cuál sea el punto de vista de cada cual.

Consideramos que la riqueza de Europa procede de su diversidad de culturas y lenguas, la cual se debe preservar. Es preciso evitar cualquier estandarización.

Por consiguiente, aunque el informe destaca algunos aspectos positivos en lo que se refiere a las competencias lingüísticas y de otro tipo, y desarrolla los informes anteriores y los programas comunitarios existentes, nos oponemos a que pueda tener como resultado cualquier intento de estandarización. Por esto nos hemos abstenido.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio ha señalado en anteriores ocasiones en el Parlamento Europeo, como vuelve a hacerlo ahora, que la organización de la enseñanza y el contenido de sistemas educativos son competencia exclusiva de los Estados miembros. El Parlamento Europeo ya había manifestado en otros casos su deseo de ocuparse, entre otras cosas, de la formación lingüística y la adaptación de los sistemas educativos en aspectos como las nuevas tecnologías y la digitalización. Ahora se trata de la incorporación de la dimensión europea a los programas escolares.

Pero, ¿cómo se va a definir la dimensión europea en el contexto de la historia común y del legado cultural de Europa? ¿Y quién debería hacerlo?

Hemos de actuar conforme al principio de subsidiariedad. Corresponde a los propios Estados miembros promover la democracia y la tolerancia en Europa cuando diseñan sus programas escolares y se dirigen a sus ciudadanos. Estas cuestiones no deben se regularse a escala de la Unión Europea.

Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Este informe de propia iniciativa no pretende interferir en las competencias nacionales en educación. Básicamente, este informe pretende pedir aclaraciones con respecto a lo que es la «dimensión europea».

Hay una serie de programas para el intercambio de profesores y para estudiantes como el programa ERASMUS/SOCRATES. Sin embargo, en el Reino Unido existe un número más elevado de estudiantes que no conocen estas oportunidades y el Reino Unido se está quedando a la zaga de otros países a la hora de enviar estudiantes al extranjero.

Desde que el Gobierno laborista no obliga a estudiar idiomas para el bachillerato, el número de alumnos que estudia francés y alemán tan solo este año ha sido un 14 % inferior al del año anterior.

Debido a la ambigüedad del lenguaje de la enmienda oral, los conservadores británicos no han podido aceptar este informe en su totalidad.

  Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) Nuestro apoyo al informe Beazley refleja nuestro deseo de que se haga hincapié en la enseñanza de idiomas para inculcar una cultura multilingüe en nuestros sistemas educativos en Irlanda. También creemos que todos los ciudadanos deberían tener acceso a información detallada e imparcial sobre la Unión Europea y cómo afecta a sus vidas.

El apoyo por parte del Sinn Féin al informe Beazley (A6-0267/2006) «La dimensión europea en los programas escolares nacionales» no implica la aprobación de un mayor papel de la Unión Europea en el sistema educativo de los Estados miembros. La educación es responsabilidad de cada uno de los Estados miembros y así debe seguir siendo.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El debate sobre la dimensión europea en las escuelas podría haber pasado desapercibido fácilmente. No obstante, es un debate que plantea algunas cuestiones básicas.

No debemos olvidar que cualquier decisión que adoptemos en el ámbito de la educación influirá de manera decisiva sobre las generaciones futuras, y sobre su vida y su visión del mundo.

Los comentarios del señor Beazley sobre las aptitudes lingüísticas me parecen, por lo tanto, muy pertinentes y quiero reiterar que el indicador europeo de competencia lingüística no se debe interpretar de manera equivocada: impulsar el aprendizaje masivo de solo unos pocos idiomas europeos sería contraproducente.

Es vital que promovamos otros idiomas europeos de fuera de Europa. Estos constituyen un tesoro oculto de conocimientos que toda Europa debería promover.

En este aspecto deberíamos seguir el ejemplo de algunos países, como Austria, España, Portugal y Eslovenia. La dimensión europea ocupa un lugar bien establecido en sus sistemas educativos y se anima a los ciudadanos a aprender idiomas europeos.

No se debe descuidar la dimensión europea en las escuelas, sobre todo teniendo en cuenta el lugar que ocupa Europa en el mundo, los nuevos desafíos del crecimiento económico que afrontamos y los objetivos de las políticas de cooperación con el resto del mundo.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Felicito a nuestro ponente por su iniciativa. La educación es y debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. De hecho, en Escocia controlamos nuestro propio sistema educativo y lo hemos hecho durante siglos. Sin embargo, nuestro ponente puntualiza con mucha razón que a menudo nuestros jóvenes salen del colegio mal preparados para participar como ciudadanos, y a menudo saben poco sobre la Unión Europea u otros Gobiernos que trabajan para ellos. Las medidas contempladas en este informe realizan tareas interesantes para los profesores de toda la Unión Europea.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) Si bien apoyo las iniciativas encaminadas a mejorar el estudio de idiomas extranjeros, mejorar el conocimiento de la cultura e historia de muchos países europeos y estimular el verdadero debate sobre la naturaleza de la Unión Europea, incluidas sus numerosas deficiencias fundamentales, me opongo firmemente a las medidas concebidas para inculcar el apoyo al proyecto de la Unión Europea de integración política y de construcción de cierta falsa identidad de ciudadanía «europea». El informe confunde estos aspectos diferentes. Por ello me he abstenido.

- Informe Krahmer (A6-0234/2006)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, sin duda alguna es cierto que la limpieza del aire es una cuestión vital para todos nosotros y también tenemos que tener en cuenta la realidad de que el gasto que comporta la mala calidad del aire en Europa es a los costes de aplicación para las empresas y la industria, pero las derogaciones y posibles ampliaciones recogidas en el documento de compromiso son demasiado complejas y es probable que planteen serios problemas administrativos, y por eso la delegación del Partido Popular de Austria ha rechazado la mayor parte de dichos compromisos. Estos de han de considerar también desde la perspectiva de una «reglamentación más adecuada», resultado que no se puede decir que consigan. Por eso consideramos que todo el paquete merecía ser rechazado; por nuestra parte, preferiríamos la posición del Consejo.

  Joseph Muscat (PSE). – (MT) Mi voto con respecto a los informes Krahmer y Corbey ha sido en apoyo de unos niveles más altos de calidad del aire y unos controles más rigurosos en este ámbito. El motivo principal de mi decisión es el trato que reciben actualmente los ciudadanos malteses y gozitanos por parte de las autoridades del país. En estos momentos no solo no se respetan las normas europeas, sino que los ciudadanos ni siquiera reciben la información a la que tienen derecho para poder proteger su salud y el medio ambiente. Un ejemplo concreto fue el hecho de que las autoridades solo admitieron públicamente tras una intervención por mi parte que se estaban incumplimiento las directivas europeas en lo que se refiere a las emisiones de las centrales eléctricas del país. Además, hemos llegado al extremo de que los equipos de medición de la contaminación procedente de las centrales eléctricas de Marsa y Delimara llevan meses sin funcionar desde que, según se informó, se vieran afectados por un rayo. El periódico maltés l-orizzont reveló ayer que todavía no estamos adoptando las medidas suficientes, dado que aún no se han comprado nuevos aparatos. Esto es inadmisible y las autoridades responsables y la Comisión Europea deben seguir más de cerca este incumplimiento.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Krahmer relativo al proyecto de resolución legislativa en primera lectura sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Esta propuesta de directiva sustituirá a cinco instrumentos jurídicos diferentes y contribuye a la iniciativa «legislar mejor», y esto es un paso muy positivo. Combatir la contaminación atmosférica es un deber para con las generaciones futuras, y era normal, a la vista de la evolución reciente de la ciencia y de las cuestiones de salud, revisar, simplificándolos, los textos actuales. Hemos de acoger con agrado los esfuerzos realizados por los industriales y las empresas de transportes, que han aplicado una normativa cuya severidad está a la altura de los retos, en particular en materia de salud de nuestros conciudadanos. Tendremos que asegurar que los Estados miembros incorporen las normas y las apliquen rigurosamente.

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), por escrito. (DA) Apoyamos unas normas mínimas comunes relativas a la contaminación del aire. La directiva tiene un fundamento jurídico suficientemente sólido en los artículos 175 y 176, que establecen que los Estados miembros pueden mantener o aprobar disposiciones encaminadas a garantizar una protección más amplia. Sin embargo, el artículo 176 también establece que dicha protección se debe notificar a la Comisión y no debe ser contraria a los Tratados. Los valores límite en materia de contaminación atmosférica pueden entrar en contradicción con el mercado interior y, por consiguiente, consideramos que una directiva que tenga como fundamento jurídico los artículos 175 y 176 no puede garantizar por si sola la potestad de los Estados miembros para mantener o aprobar disposiciones encaminadas a conseguir unos niveles de protección más elevados.

Aun así, votaremos afirmativamente ya que nos parece deseable contar con unas normas mínimas comunes y, por consiguiente, durante la segunda lectura en el Parlamento vamos a presentar propuestas que doten a la directiva de un fundamento jurídico que salvaguarde el derecho de los Estados miembros a aprobar disposiciones más estrictas y deje claro que tienen ese derecho.

  Anne Ferreira (PSE), por escrito. – (FR) Una atmósfera limpia para los ciudadanos, su salud y su calidad de vida es una buena intención.

Por desgracia, el informe que acabamos de aprobar no está a la altura del reto.

Este texto no se sitúa a la altura de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no ejerce la presión necesaria.

Las PM 2,5 son las partículas más finas y peligrosas para el organismo, por lo que su valor límite no debería exceder de 12 microgramos.

Además, los plazos de aplicación, que se extienden hasta 2015, no reflejan la gravedad del problema, y no es aceptable que también pueda haber excepciones.

Lamento asimismo que esta primera lectura haya sido objeto directamente de un compromiso entre los Grupos políticos, lo que ha impedido que Parlamento trabajara como es debido y nos ha encerrado en una posición que se queda muy por debajo de nuestros objetivos políticos.

Por último, este informe no se corresponde con la ambición que sin embargo hemos declarado abiertamente en materia ambiental, tanto en la escena internacional como ante los ciudadanos europeos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El elevado nivel de contaminación del aire, sobre todo en las regiones y centros urbanos de la Unión Europea con una gran densidad de población, es uno de los factores responsables de incontables afecciones respiratorias y causa graves daños a los ecosistemas. Las personas que están expuestas a un mayor riesgo son los niños, los ancianos y los residentes de las ciudades más pobladas o de zonas próximas a las carreteras más transitadas.

Los valores límites de contaminación presentados en la primera propuesta de la Comisión constituían un retroceso con respecto a lo acordado en 1999, es decir, en la Directiva 1999/30/CE. En este contexto, quisiera destacar especialmente los límites relativos a las partículas finas (PM2.5), que son muy elevados y superiores a los fijados por la Organización Mundial de Salud.

Lamentablemente, en el debate en el Parlamento se rechazaron las propuestas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

En consecuencia, el documento que se acaba de aprobar tiene un alcance limitado, si bien contiene algunas propuestas que son de agradecer, encaminadas a conseguir un cierto equilibrio en el ámbito del control de la contaminación, pero bajo una forma atenuada. Por esto nos hemos abstenido.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) Me he abstenido sobre el informe Krahmer porque sus principales elementos resultan incomprensibles para el común de los mortales, incluido el legislador que se supone que hace la ley. Si el Parlamento quiere comprometerse a favor de la calidad del aire ambiente, debería contentarse con fijar los principios y el marco general, y dejar a los expertos la tarea de fijar los límites.

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. (PT) La calidad del aire ambiente es un factor vital para la salud y la calidad de la vida de los ciudadanos europeos.

Por lo tanto, esta propuesta es de suma importancia. Como parte del esfuerzo por simplificar la legislación ambiental, reúne en una sola directiva cinco de las disposiciones existentes sobre calidad del aire. También propone objetivos más ambiciosos que aquellas.

Por consiguiente, apoyamos la introducción de nuevos objetivos para las PM10 y, sobre todo, el establecimiento de valores de objetivo para las PM2.5, consideradas las partículas más nocivas para la salud humana, pero que la legislación de ámbito europeo aún no contempla.

Hemos presentado una serie de enmiendas que introducen medidas, como una revisión quinquenal de la directiva con objeto de que puedan tenerse en cuenta las conclusiones científicas más recientes, garantías en materia de calidad del aire, la exclusión de determinadas zonas que no consideramos significativas dado su escaso acceso público o que ya son objeto de controles adecuados y, por último, la simplificación de los criterios de medición en los bordes de las carreteras.

Los diputados socialdemócratas portugueses al Parlamento Europeo apoyan el informe Krahmer, con las enmiendas mencionadas.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) La elevada incidencia de afecciones respiratorias y la importante pérdida de vidas humanas debido al alto nivel de contaminación atmosférica demuestran la necesidad urgente y acuciante de contar con otra medida legislativa comunitaria de protección de la salud que limite todavía más las emisiones nocivas para las personas.

Los porcentajes anormalmente altos de taras congénitas en algunas regiones industriales de la Unión Europea son motivo de especial preocupación.

Las plantas petroquímicas sicilianas constituyen un caso típico: de los 13 000 bebés nacidos entre 1992 y 2002 casi 1 000 tienen defectos cardiacos, en las extremidades y en el tracto digestivo, y la tasa de mortalidad entre los hombres con cáncer de estómago es un 57 % superior a la media nacional italiana.

Asimismo, la situación se ha vuelto insostenible en algunas zonas urbanas, como la ciudad de Messina, que absorbe día y noche el tráfico de vehículos que salen de Sicilia con destino al continente europeo y viceversa.

La posición favorable al informe Krahmer del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones constituye otro incentivo para intensificar la lucha contra la contaminación atmosférica en Europa en los próximos años.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La contaminación atmosférica es un problema importante de salud pública. A modo de ejemplo, las partículas finas emitidas por determinadas actividades humanas provocan por lo visto una reducción de la esperanza de vida de los europeos de unos nueve meses. Solo en Bélgica son casi 13 000 las personas que mueren cada año prematuramente debido en particular a las partículas emanadas por los motores diesel. Otras tantas enfermedades respiratorias evitables, que deberían llevar a los legisladores a enviar un mensaje simple: una atmósfera limpia para Europa pasa necesariamente por unas normas estrictas en materia de contaminación.

No es el mensaje que transmite hoy el Parlamento Europeo al adoptar el informe del señor Krahmer sobre la directiva CAFE. Lamento que en una temática ciudadana primordial, como es la repercusión de la contaminación sobre la salud humana, mis colegas hayan carecido de ambición, ante todo para no enfrentarse con determinados sectores industriales. Tengo la esperanza de que en segunda lectura el Parlamento Europeo rectifique, se muestre más receptivo a los argumentos de los especialistas en salud ambiental y evite el escollo de una reglamentación con normas menos vinculantes que las que prevalecen actualmente. Con este voto, California nunca me ha parecido tan lejana.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Es absolutamente escandaloso que el Parlamento debilite de forma considerable las regulaciones existentes en materia de calidad del aire. Por primera vez, esta Asamblea ha adoptado incluso adopta una posición más laxa que el Consejo. Aun así, existen suficientes datos científicas que indican que las partículas finas suponen la pérdida de 3,6 millones de años de vida perdidos, lo que se traduce en 348 000 fallecimientos prematuros.

Para 2020 la contaminación ambiental causada por el ozono y las partículas finas costará a Europa entre 189 000 y 609 000 millones de euros anuales. La posición de esta Asamblea es bastante menos ambiciosa que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y se ha demostrado que dichos niveles son alcanzables en grandes ciudades de países industrializados. Peor aún, el Parlamento brinda a los Estados miembros la oportunidad de ampliar de 35 a 55 el número de días durante los cuales puede rebasarse el valor límite de partículas PM10 en un año natural, lo que equivale a esconder la cabeza bajo la arena. Los Estados Unidos han demostrado que un enfoque más riguroso es viable, con el valor límite anual de 15 µg/m3 anuales para las PM2.5 establecido desde 1997. Dicho límite se debe alcanzar antes de 2010 como muy tarde. El Estado de California, dicho sea de paso, está yendo más lejos, toda vez que desde 2003 viene aplicando un valor límite de 12 µg/m3. El Parlamento Europeo mantiene su promesa de alcanzar los 20 µg/m3 en … 2015! Si el Consejo no ofrece un contrapeso suficiente que contrarreste esta medida desvirtuadora, la Comisión no tendrá más opción que retirar la propuesta.

- Informe Ferber (A6-0280/2006)

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos señalan con aprobación la observación del Tribunal de Cuentas de que se ha avanzado con respecto a la integración de las cuentas de la Unión Europea. Sin embargo, estamos consternados porque los auditores han indicado que constantemente existen lagunas en los sistemas de supervisión y control y apoyamos la opinión del ponente de que esas deficiencias deberían abordarse con la máxima prioridad.

Con respecto al arrendamiento por parte del Parlamento Europeo de los edificios de Estrasburgo, reconocemos y aprobamos que el informe señale que la autoridad parlamentaria actuó con corrección, pero que el ayuntamiento de Estrasburgo no ha actuado de buena fe. No obstante, creemos que la ocupación continua de dos sedes por parte del Parlamento Europeo es una mala inversión para el contribuyente europeo y, por tanto, no podemos apoyar ninguna propuesta de comprar los edificios de Estrasburgo.

Por estos motivos, los conservadores británicos nos hemos abstenido en la votación final sobre el informe Ferber.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la aprobación de la gestión, pero me he abstenido sobre la resolución porque la Comisión de Control Presupuestario se obstina en mezclar cuestiones que son reales con otras que no lo son. El Parlamento no puede cambiar, mediante una simple resolución, una sede fijada en el Tratado.

Con respecto al tema de los alquileres pagados y el precio de compra de los edificios de Estrasburgo, la Comisión de Control Presupuestario se equivoca en todo. En una economía de mercado es imposible hablar de un alquiler justo, ya que todo alquiler o todo precio de compra es resultado de una negociación entre el propietario y el arrendatario o el comprador. Aunque se puede considerar que el modo de proceder del ayuntamiento fue poco elegante, no había ninguna ilegalidad o malversación. Justamente eso es lo que han pretendido algunos diputados y medios de comunicación, evidentemente sin la más mínima prueba. Quiero distanciarme de esos individuos desagradables.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio opina que no debería concederse al Presidente la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2004, por dos motivos principales.

El primero es que, a nuestro parecer, la dirección del Parlamento Europeo es tan responsable como el ayuntamiento de Estrasburgo de que, durante años, se haya pagado un alquiler excesivo por las instalaciones de esa ciudad. Lo cual ha costado a los contribuyentes de la Unión Europea grandes sumas de dinero y el Parlamento debería adoptar en este caso una postura firme para conseguir la devolución del exceso de alquiler. Puesto que hasta el momento todavía no se dispone de información con respecto al montante pagado en exceso (véase el quinto guión del apartado 19 del proyecto de informe), consideramos, además, que todavía no hemos llegado al fondo del asunto.

El segundo motivo es que, a nuestro parecer, no debería responsabilizarse al Parlamento Europeo como institución por las deficiencias del plan de pensiones adicionales de los diputados al Parlamento Europeo. Los derechos de pensión de los diputados al Parlamento Europeo deben estar vinculados al rendimiento de las inversiones de su fondo de pensiones. Así sucede en el caso de los ciudadanos de a pie en toda la Unión Europea y los diputados al Parlamento Europeo no deberían gozar de un privilegio especial en este sentido.

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), por escrito. (DE) La votación del informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2004 (Parlamento Europeo) se aplazó con objeto de examinar las circunstancias relativas al alquiler del edificio de Estrasburgo. Posteriormente, el Parlamento Europeo ha pagado al ayuntamiento de Estrasburgo un total de 60 millones de euros adicionales y no es posible obtener una compensación por las pérdidas sufridas.

Además, se ha observado una falta de honestidad, transparencia y capacidad de decisión. Aún así, deberíamos adoptar una decisión con respecto a la compra del edificio de Estrasburgo. El FDP en el Parlamento Europeo opina que el Parlamento no debe comprar el edificio de Estrasburgo, porque sería una irresponsabilidad por su parte vincularse a largo plazo a esta ciudad.

En consecuencia, hemos rechazado las enmiendas correspondientes. El FDP apoya el establecimiento de la sede del Instituto de Tecnología Europea en Estrasburgo y aboga por que el Parlamento tenga una sede única en Bruselas.

  Kartika Tamara Liotard y Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) El informe va más allá de la mera aprobación de trámite de la factura correspondiente al ejercicio 2004. Si se suprime la enmienda 9, además concede a la Mesa licencia para dedicar la reserva a la compra de edificios en Estrasburgo.

No tenemos nada que objetar al cálculo que demuestra que una compra resultaría más favorable a largo plazo que una prórroga del contrato de alquiler. Votaríamos a favor si ese fuese el único tema de debate. Una consideración más importante es que ello contribuiría significativamente a que podamos continuar celebrando mensualmente los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo de manera sostenible.

Estas nos cuestan ahora 200 millones de euros anuales o más. En septiembre de 1999, el Parlamento neerlandés se pronunció por unanimidad en contra de que el Parlamento Europeo siguiera reuniéndose en dos ciudades diferentes. Como resultado, se instó a los representantes neerlandeses de todos los órganos de la Unión Europea a que acabasen con dicha práctica en cuanto se presentase la oportunidad. Esto corresponde a las manifestaciones de los medios de comunicación neerlandeses y a la opinión pública que prevalece desde hace años.

Si bien los Países Bajos consideran la compra de los edificios de Estrasburgo como una de las decisiones cruciales de esta Asamblea, el problema que subyace a la autorización de la compra no se aborda por separado a continuación. Por esto vamos a votar en contra.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) La principal cualidad del informe Ferber es que cierra una polémica que solo ha durado demasiado. Por esta razón, he votado a favor de la aprobación de la gestión.

Sin embargo, algunas de las cosas que dice no me satisfacen. Si está establecido que la ciudad de Estrasburgo no ha cometido ninguna irregularidad jurídica, la inelegancia de que ha dado muestras es una acusación demasiado cómoda por parte de algunos diputados, felices de aprovechar la ocasión para volver a plantear la cuestión de la sede.

Habiendo seguido el asunto de los edificios en todos sus detalles, me parece claro que ha estado dominado por la mala fe. Cuando el Parlamento Europeo, cuyos diputados estaban mal informados sobre un entramado jurídico complejo, afirma no haber estado al corriente del subarriendo de los edificios, es simplemente una mentira. Nunca ha sido la intención del ayuntamiento de Estrasburgo «desplumar» a esta Cámara.

Finalmente, la compra proyectada de los tres edificios es una buena noticia para el contribuyente europeo.

Observo con tristeza que el fondo de pensiones de los diputados ha sido objeto de ataques injustificados, según el principio de «calumnia, que algo queda».

  Cecilia Malmström y Anders Wijkman (PPE-DE) , por escrito. (SV) Hoy hemos decidido votar a favor del informe del señor Ferber sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2004. No se ha podido confirmar que se haya desarrollado ninguna actividad ilegal en relación con el alquiler de dos de los edificios que utiliza el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Al mismo tiempo, parece evidente que no se ha respetado plenamente el principio de «buena gestión financiera», tal como se define en el Reglamento financiero.

La compra de los edificios actuales es un buen negocio a largo plazo desde un punto de vista estrictamente financiero. Aun así consideramos que, dada la situación actual, sería deseable retrasar dicha decisión, sobre todo teniendo en cuenta que la doble sede del Parlamento constituye un tema muy debatido. Un millón de ciudadanos de la Unión Europea han firmado la iniciativa encaminada a acabar con el continuo ir y venir entre Bruselas y Estrasburgo. Apoyamos sinceramente la petición de que el Parlamento tenga una única sede, concretamente en Bruselas.

El informe también se ocupa de cuestiones importantes, como las dietas de los diputados al Parlamento Europeo, las dietas de secretariado y el plan de pensiones voluntario. Por nuestra parte, hemos optado por no adherirnos al plan de pensiones. No nos parece razonable que los contribuyentes europeos tengan que contribuir a financiar un plan sin tener en cuenta si es o no rentable.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) No podemos sino estar contentos por la firma del acuerdo marco que permite al Parlamento adquirir en plena propiedad los edificios WIC, SDM et IPE3 por la suma de 143 125 millones de euros. No obstante este acuerdo, será difícil borrar la sospecha y la pérdida de confianza que han manchado las relaciones entre Estrasburgo y el Parlamento.

Cabe extraer varias lecciones. En primer lugar, no debe haber transmisiones de la propiedad que impliquen a varios actores, pues entraña montajes jurídicos y financieros muy complejos, que son contrarios a los principios de transparencia. Del mismo modo, hay que revisar en profundidad la política inmobiliaria del Parlamento, incluso de todas las instituciones europeas, creando una Oficina europea de gestión de inmuebles, con tareas y competencias claramente definidas.

Por lo que respecta al debate actual sobre la sede única, conviene recordar que la referencia al respecto sigue siendo el Tratado de Amsterdam y su Protocolo nº 12 y que, por consiguiente, el Parlamento es incompetente en la materia.

Por último, me parece primordial que el uso del subsidio de secretaría sea más transparente y, sobre todo, que se proponga rápidamente un estatuto para nuestros colaboradores, a fin de regular sus condiciones de trabajo y las cuestiones fiscales y de seguridad social. La Europa social comienza con nosotros.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El tema de la ubicación de las sedes de las instituciones no es una cuestión meramente geográfica, logística o económica. Cuando se elige una ciudad concreta como sede de una institución comunitaria, siempre intervienen también factores políticos, lo cual está totalmente justificado, aunque esto no significa que cualquier decisión política sea válida, independientemente de su justificación económica o logística.

En el caso del Parlamento Europeo, la elección de Estrasburgo se basó en factores históricos, pero actualmente ya no es viable desde un punto de vista económico y práctico. Aunque no es el tema que nos ocupa, merece la pena tenerlo presente.

Habría sido de esperar que el ayuntamiento de Estrasburgo retirase todos los impedimentos con el fin de contribuir a que el Parlamento se estableciese en la ciudad, asumiendo incluso una parte de los costes, como suelen mandar las normas de hospitalidad en tales circunstancias. En cambio, vemos –o más bien sospechamos, dado que las autoridades en cuestión no están ayudando a aclarar del todo el asunto– que la presencia del Parlamento en Estrasburgo es solo un negocio inmobiliario que permite obtener a las autoridades un beneficio inmerecido. Debemos condenar claramente la ausencia de buena fe, hospitalidad y juego limpio que todo ello revela y tenerlas en cuenta cuando se adopten decisiones con respecto a la ubicación del Parlamento.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado en contra de la propuesta de que el Instituto Europeo de Tecnología se establezca en Estrasburgo, porque me parece una idea absurda. Las propuestas del IET proceden de la Comisión y, siendo como son merecedoras de un análisis profundo, no deberían servir de excusa para resolver nuestro propio dilema de salir de Estrasburgo. El Parlamento debería tener una sede, en Bruselas, y la idea del IET debería seguir madurando. Son cuestiones distintas y es una irresponsabilidad intentar vincularlas de este modo.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Hay que celebrar la petición de un millón de firmas a favor de una única sede para el Parlamento Europeo en Bruselas. Como es el único Parlamento del mundo que no puede decidir dónde se reúne, el Consejo de Ministros debe poner fin a esta situación de una vez por todas. Los ciudadanos de Europa han hablado. Y hay que respetar lo que dicen. El Parlamento Europeo ha de tener una sede, que debería estar en Bruselas.

En otro orden de cosas, quiero que conste en acta mi oposición al segundo plan de pensiones. Como la enmienda 5 ha sido rechazada, no puedo apoyar el informe y tendré que votar en contra del mismo.

  Jeffrey Titford (IND/DEM), por escrito. (EN) Dado que el informe califica a este Parlamento de «órgano representativo democrático de la Unión Europea», todo el mundo debe tener claro lo poco que merece este calificativo.

No tenemos debates en esta institución, sino tiempos de intervención totalmente controlados y orquestados, sin la oportunidad de responder. Simplemente tramitamos las propuestas en lo que es un pálido simulacro de un parlamento.

No puede haber mejor ejemplo que la petición, respaldada por un millón de firmas, de que se ponga fin a una absurda peregrinación mensual a Estrasburgo, que resulta grotescamente cara. Ignorando este ruego de las personas que se supone que representamos, este Parlamento está considerando seriamente adquirir estos edificios y hacer permanente este acuerdo tan inusual.

Está muy bien que este informe ponga en duda la «buena fe» del ayuntamiento de Estrasburgo, pero la realidad es que este ayuntamiento logró el mejor acuerdo que podría haber logrado. Este Parlamento lo firmó obedientemente, sin preocuparse de verificar las cláusulas o intentar negociar condiciones más favorables. En otras palabras, ¡nos vieron venir!

  Helga Trüpel (Verts/ALE), por escrito. (DE) Hoy hemos votado a favor del informe Ferber, aunque constituye un fundamento para la compra del edificio de Parlamento en Estrasburgo. Sin embargo, nuestra aprobación no supone una decisión previa con respecto a la ubicación de la sede del Parlamento Europeo. Hemos apoyado la iniciativa OneSeat.eu junto con más de un millón de europeos y vamos a seguir defendiendo, junto con los ciudadanos, el traslado de las actividades del Parlamento de Estrasburgo a Bruselas.

  Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Hay muchos motivos para criticar algunas de las actividades del Parlamento Europeo. Sin embargo, no ha sido posible demostrar que se haya cometido ningún acto ilegal.

Los planes de pensiones voluntarios de los diputados al Parlamento Europeo son una forma de seguro de pensiones suplementario, además de la pensión básica de los diputados. Con este sistema, los contribuyentes europeos tienen que pagar dos terceras partes del total de aportaciones (actualmente 2 088 euros al mes por cada diputado al Parlamento Europeo que haya optado por adherirse a este plan). La tercera parte restante se ha pagado hasta ahora con cargo a las dietas de secretariado de los diputados al Parlamento Europeo, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ya criticó en 1999 este procedimiento, con el argumento de que las aportaciones deberían ser de carácter totalmente privado con el fin de evitar acusaciones de «uso de fondos públicos para financiar aportaciones a pensiones privadas». Esta observación misma ya resulta curiosa, puesto que el sistema se basa en que dos terceras partes de todas las aportaciones se realicen con cargo al presupuesto de la Unión Europea. A mi parecer, habría que comenzar a suprimir debería gradualmente todo el sistema lo antes posible.

Por otra parte, he votado a favor de las enmiendas que impedirán que el Parlamento compre el edificio de Estrasburgo. Dicha compra supondría un ahorro financiero a corto plazo, pero en tal caso el objetivo debería ser financiar la compra mediante la venta del edificio parlamentario de Bruselas. Lo más importante es que la Unión Europea tenga su sede en una sola localidad.

- Informe Prets (A6-0255/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, el estudio en el extranjero y el aprendizaje a distancia son cada vez más populares, no solo gracias a los millones de euros de las subvenciones de la Unión Europea. Por un lado, esto beneficia mucho a los propios estudiantes, que tienen la oportunidad de desarrollar sus aptitudes personales, además de obtener una cualificación especializada, pero, por otro lado, las universidades nacionales cuentan con un número creciente de estudiantes extranjeros. No obstante, me parece bastante sorprendente que, en Austria por ejemplo, a pesar del bajo porcentaje de la población que posee una titulación, esas personas constituyen una alta proporción de los desempleados. En este contexto, merecería la pena considerar la conveniencia de ofrecer mayor apoyo para la realización de prácticas en el extranjero y de ampliar asimismo las oportunidades de formación en el empleo y de aprendizaje a distancia. Por esto he votado a favor del Informe Prets.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) He apoyado el informe sobre movilidad transnacional por la influencia que tiene esta actividad en lo que respecta a las aptitudes y competencias adquiridas por estudiantes, y también porque es una condición previa importante para una aplicación satisfactoria de dichas aptitudes y competencias en el empleo. Celebro que el informe incluya algunos principios que, si se aplican debidamente, mejorarán la eficacia de todas las formas de movilidad organizada en el ámbito de la educación. Mediante el Europass, las instituciones educativas y los empresarios obtendrán información transparente sobre el progreso y la calidad de la experiencia laboral y las prácticas especializadas del estudiante. El informe constituye una aportación que es muy de agradecer a favor de un mayor apoyo a la formación general y especializada.

  Christopher Beazley (PPE-DE), por escrito. Dada la importancia del informe de la señora Prets con respecto a la movilidad transnacional en la Comunidad con fines educativos y de formación, la delegación de los conservadores británicos en el Grupo del PPE-DE votará a favor del informe.

Sin embargo, la delegación mantiene su oposición a la expresión «integración política» a que se refiere la enmienda 3 del considerando 1a (nuevo), porque implica un ordenamiento constitucional en la Unión Europea que no refleja la posición actual y que no cuenta con el consentimiento de los 25 Estados miembros.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del Informe Prets (A6-0255/2006) sobre la Carta Europea para la Movilidad porque soy una firme defensora de la adopción de medidas encaminadas a conseguir un aumento significativo de la movilidad, que es parte integrante de la ciudadanía europea.

La Carta Europea para la Movilidad debería contribuir a mejorar los niveles de calidad generales de la movilidad europea, impulsar el reconocimiento de periodos dedicados a la educación o la formación profesional y el reconocimiento de títulos, cualificaciones y derecho a prestaciones de seguridad social, y establecer una confianza mutua que permita mejorar y fortalecer la cooperación entre las autoridades, las organizaciones y todas las partes interesadas en la movilidad.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio está firmemente a favor de una mayor movilidad en Europa, en particular en el sector de la educación y la formación. Sin embargo, siempre hay que hacerse preguntas cuando los círculos oficiales se interesan por una buena causa. Vamos a votar a favor del compromiso, pero estamos en contra de la enmienda 47, que añade lo siguiente: «Las autoridades, organizaciones y otras partes interesadas que intervienen en la movilidad en los países de origen y de acogida deben suministrar la Carta, en los idiomas correspondientes de los beneficiarios, a todos los estudiantes y personas que reciben formación, y esta se deberá considerar como un marco de referencia básico.»

Consideramos que la ejecución de las tareas que se han comprometido a realizar es competencia de cada Estado miembro.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar a la señora Prets por su oportuno informe sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: la Carta Europea de Calidad para la Movilidad, a la cual doy todo mi apoyo. En particular, celebro las enmiendas encaminadas a animar a las autoridades públicas europeas a aplicar medidas que mejoren la movilidad en Europa y faciliten la circulación de investigadores, estudiantes y profesores en la Unión Europea.

La movilidad en el ámbito de la educación y la formación profesional contribuirá sobre todo a que los ciudadanos sientan que forman parte de Europa y desarrollen, así, una conciencia europea. También dará un impulso de la ciudadanía europea y a la creación de una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y el espíritu de empresa.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) Que los ciudadanos europeos se interesen por un proyecto de la Unión Europea es una señal de su éxito. Así ha ocurrido claramente en el caso de los programas destinados a fomentar la movilidad entre los estudiantes. Han sido tantos los participantes que ya se habla de la «generación Erasmus» y las cifras siguen aumentando de año en año.

De hecho, es la clase de éxito que permite creer en el concepto de ciudadanía europea.

Dicho esto, lo cierto es que el éxito de dichos programas comunitarios pronto dejó rezagada a la iniciativa política de la Unión Europea. Ahora es necesario recuperar el tiempo perdido y aprobar una serie de medidas que tienen por objeto suprimir los últimos obstáculos (jurídicos, administrativos y financieros) y conseguir, así, que la movilidad en el ámbito de la educación y la formación reporte el máximo beneficio.

Acojo con satisfacción este informe porque recomienda la aprobación de una Carta Europea de Calidad para la Movilidad, que no solo hace hincapié en el aumento de la movilidad, sino también en la mejora de su calidad y, con ello, en el máximo desarrollo de los recursos humanos.

No hay duda alguna de que mejorar la movilidad en la educación y la formación ayudará a conseguir una economía basada en el conocimiento que propicie la creación de puestos de trabajos y el desarrollo sostenible, piedras angulares de la Estrategia de Lisboa.

- Informe Trüpel (A6-0262/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, me he abstenido en la votación del Informe Trüpel porque la adquisición de las llamadas competencias clave exige como requisito previo algunas aptitudes básicas como la lectura, la escritura, el cálculo, y el razonamiento lógico y crítico. Sin embargo, tenemos problemas en ese ámbito, como demuestra el estudio PISA. La presencia de una elevada proporción de extranjeros en las aulas causa problemas importantes para la adquisición de esas aptitudes básicas.

Si no imponemos pronto un límite máximo con respecto al porcentaje de extranjeros en las aulas, el alumnado no solo se seguirá viendo afectado por los conflictos preexistentes entre los diversos grupos y culturas, sino que también le será cada vez más difícil adquirir las competencias clave.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Trüpel sobre la propuesta de Recomendación en primera lectura del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. En efecto, es esencial para los ciudadanos europeos disponer, a través de la formación, de una seguridad razonable en su empleabilidad en una sociedad basada en conocimiento, tal como se define en la Estrategia de Lisboa. Observo con satisfacción que el espíritu de empresa figura entre las ocho competencias clave de las que todos los ciudadanos europeos deberían disponer. En efecto, cualquiera puede darse cuenta de que si los títulos son necesarios, ya no son suficientes y es importante que se transmita el «espíritu de empresa», que será una baza considerable para aquellas y aquellos que lo hagan suyo gracias a la aplicación que los Estados miembros hagan de esta recomendación.

  Christopher Beazley (PPE-DE), por escrito. (EN) Dada la importancia del informe de la señora Trüpel relativo a las competencias básicas para el aprendizaje durante toda la vida, la delegación de los conservadores británicos en el Grupo del PPE-DE votará a favor del informe.

Sin embargo, independientemente de su apoyo al informe en general, en cuanto a la enmienda 1 del considerando 4, la delegación no está de acuerdo en que la fijación de objetivos porcentuales para niveles de empleo sea un ejercicio eficaz a la hora de contribuir a lograr índices de empleo más altos, sino que es consciente de que esta enmienda es una simple repetición de la posición del Consejo Europeo.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar a la señora Trüpel por su informe relativo a la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que cuenta con mi apoyo. Acojo con especial satisfacción la referencia a la necesidad de aumentar la inversión en educación y formación.

En ese sentido, también me parece muy importante que se ofrezcan a los ciudadanos europeos las herramientas necesarias para poder adaptarse al tipo de mercado laboral que es característico de una sociedad basada en el conocimiento.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. (SK) La globalización plantea cada vez más nuevos retos para la Unión Europea, que exigen que todos los ciudadanos europeos perfeccionen continuamente sus conocimientos y aptitudes, y amplíen sus competencias, tanto en el ámbito privado como en la vida pública y profesional. La necesidad de acceder a las competencias clave que constituyen la base del desarrollo personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo viene dictada por el desarrollo de la sociedad basada en el conocimiento en el contexto del Proceso de Lisboa y está asociada a la incorporación al mercado laboral

Por esto he votado a favor del Informe Trüpel, incluidas las recomendaciones de la Comisión, ya que constituye un instrumento de referencia europeo con respecto a las competencias clave y propone métodos para garantizar el acceso de todos los ciudadanos europeos a las mismas a través del aprendizaje permanente. Este documento contribuye notablemente a la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo de la Estrategia de Lisboa y, en particular, al desarrollo del programa de trabajo Educación y Formación 2010.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) Dada mi procedencia de un país con unos niveles todavía elevados de analfabetismo y desempleo de larga duración, y donde el 50 % de los alumnos no terminan la enseñanza secundaria, he apoyado este informe, que sitúa el aprendizaje permanente en un lugar prioritario dentro del programa de reforma de los mercados laborales.

La presión de la globalización y de las nuevas tecnologías ha puesto de manifiesto claramente diversas deficiencias en una serie de competencias clave, que dificultan más la adaptación de los trabajadores a unos mercados laborales cada vez más flexibles.

La aprobación de un marco de referencia europeo, opera en un doble sentido, mediante el apoyo a la educación y formación de los jóvenes para dotarles de los conocimientos fundamentales necesarios para iniciar su vida laboral, a la vez que desarrolla y actualiza las competencias clave de los trabajadores por medio del aprendizaje permanente. Por lo tanto, la acción tiene como objetivo la adquisición de competencias y también el desarrollo y posterior actualización de las mismas.

La iniciativa forma parte de los objetivos de inversión en el crecimiento y el empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa y se financiará a través de la nueva generación de programas comunitarios (2007-2013), como el Fondo Social Europeo, entre cuyas prioridades se cuenta el aprendizaje permanente.

Acojo con satisfacción este informe, ya que promueve una política social moderna, que tiene en cuenta las nuevas realidades de la sociedad en la que vivimos y trabajamos.

- Informe Corbey (A6-0235/2006)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, apoyo la estrategia que ha elaborado la ponente, pero quisiera hacer dos críticas. En primer lugar, la estrategia europea sobre la contaminación atmosférica no incluye unos objetivos obligatorios, que debería tener, y en segundo lugar, la Comunidad debería permitir que los Estados miembros y las regiones decidan cómo van conseguir dichos objetivos. Un enorme número de disposiciones comunitarias limitan esa libertad de elección; piensen, por ejemplo, en la directiva sobre los costes de infraestructuras, que no permite cobrar peajes a los vehículos pesados de transporte por carretera en algunas zonas con una grave contaminación ambiental y atmosférica.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) En su informe, la ponente examina la estrategia temática de la Comisión en materia de contaminación ambiental.

La Lista de Junio considera que los problemas ambientales transfronterizos son un asunto que se debe abordar a escala comunitaria. La contaminación atmosférica constituye un ejemplo de esa clase de problemas.

En el apartado 25 se pide al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo que alcancen un acuerdo interinstitucional que exprese su compromiso con los objetivos de la calidad del aire. La Lista de Junio también desea ciertamente una legislación más adecuada, pero nos parece que será difícil conseguirla si los poderes legislativo y ejecutivo han acordado de antemano el tipo de reglamentaciones que se van a aplicar en el futuro. Por esto hoy hemos votado en contra del informe.

- Informe Hegyi (A6-0233/2006)

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, dos tercios de la población de mi país, Hungría, viven en ciudades. Esas personas son las que están más expuestas a los daños ambientales causados por la industria y el transporte. Lo cual ya es motivo suficiente para que hagamos un esfuerzo especial para mejorar el ambiente urbano.

La situación de Budapest es especialmente mala y, por tanto, me ha parecido importante apoyar el informe, aunque este contiene varios aspectos objetables. El señor Hegyi espera que se establezcan normas europeas en un número significativo de ámbitos que son de la competencia exclusiva de los Estados miembros o de las autoridades locales. Comprendo sus motivos porque, como yo, vive en Budapest, donde en los últimos años no se ha hecho nada para mejorar la calidad del medio ambiente.

Las exigencias de la Unión Europea pueden actuar de hecho como un incentivo importante y su cumplimiento debe ser objeto de un riguroso seguimiento. Sin embargo, no podemos esperar que la Unión resuelva los problemas ambientales de las ciudades europeas mediante unas normas que definan unos programas detallados y específicos. Eso es tarea de las autoridades territoriales locales y Estrasburgo o Bruselas no pueden compensar sus fallos.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Hegyi (A6-0233/2006) sobre la estrategia temática relativa al medio ambiente urbano porque es vital mejorar la actuación general de las ciudades de Europa en materia medioambiental mediante una reducción de la burocracia, una aplicación más eficiente de la política ambiental y el fomento de la planificación ambiental a largo plazo.

Alrededor del 80 % de los ciudadanos europeos viven en zonas urbanas, pero sus necesidades e intereses suelen estar subrepresentados en los fondos, proyectos, iniciativas y estrategias de la Unión. En consecuencia, con objeto de mejorar la calidad de vida de los residentes urbanos de Europa, el derecho comunitario debe llegar más lejos mediante la adopción de planes de gestión urbana y de transporte sostenibles.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe que acaba de aprobar el Parlamento tiene algunos aspectos positivos que apoyamos; por ejemplo, la utilización más generalizada de medios de transporte más ecológicos, el fomento del uso del transporte público, la reducción de la densidad de construcción, más espacios verdes en las zonas urbanas, la renovación de los edificios ruinosos y, lo que es más importante, de los centros históricos, y unos edificios con unos efectos ambientales más favorables desde el punto de vista del aislamiento térmico y del uso de fuentes de energía renovables.

También es importante, tal y como señala el informe, promover el intercambio a escala comunitaria de buenas prácticas en lo que respecta a la estrategia de gestión urbana sostenible y su planificación, y a una mayor participación de los ciudadanos en su discusión pública en la fase de la planificación.

Sin embargo, todo esto exige como requisito previo una mayor financiación comunitaria que, lamentablemente, no se ha aprobado. En realidad, ocurre lo contrario; la Unión Europea ha introducido más obligaciones y requisitos sin crear los recursos financieros apropiados, un hecho que puede exacerbar las desigualdades entre los países y regiones más ricos y otras zonas más rezagadas.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La accesibilidad es un factor básico para el desarrollo sostenible y, en ese sentido, el transporte ocupa un lugar central en cualquier debate sobre política urbana.

Dado que el gran número de propuestas encaminadas a resolver los problemas ambientales y la congestión que sufren nuestras ciudades, creo que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en sus repercusiones sobre la salud pública y la calidad de vida, desde el punto de vista del dinamismo socioeconómico.

La idea de unos planes de transporte urbano sostenible es sin duda importante, pero no debemos pasar por alto la necesidad de utilizar dicho instrumento con flexibilidad y de un modo que se adecue a las características específicas de cada ciudad.

La utilización de medios de transporte y tecnologías ecológicos es un factor fundamental para conseguir un entorno más limpio. Sin embargo, su uso solo se generalizará si las autoridades locales y nacionales intercambian experiencias y buenas prácticas.

Por lo tanto, me parece evidente que para impulsar un enfoque integrado de la política urbana es fundamentalal promover la cooperación entre los sectores privado y público, y gestionar con eficacia los instrumentos comunitarios de apoyo a la política urbana existentes.

Solo con unas medidas que resulten adecuadas para la situación real de cada uno de los Estados miembros podremos lograr un futuro sostenible para nuestras ciudades y el crecimiento armónico de nuestras sociedades.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Voy a votar a favor del informe a pesar de que contiene algunos aspectos negativos, como por ejemplo la determinación de zonas verdes per cápita y de los medios para reducir la música procedente de fuentes domésticas en el medio entorno, que son claramente asuntos de competencia local que se deberían decidir en el ámbito local. Sin embargo, los aspectos positivos del informe, como el cobro de tasas de congestión, la reducción del uso del coche y los planes de sostenibilidad local, superan a los negativos, y es muy posible que los Gobiernos conservadores necesiten que la Unión Europea les empuje cuando se trata de estas cuestiones.

Dicho esto, el contenido del informe debería mantener un carácter orientativo y no dar lugar a una legislación exhaustiva.

  Renate Sommer (PPE-DE), por escrito. (DE) En mi calidad de ponente de la oposición en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos para el informe sobre la estrategia temática para el medio ambiente urbano, he invitado a los miembros de mi Grupo a abstenerse en la votación final de hoy.

Este intenta destruir el principio de subsidiariedad.

Sin embargo, me ha parecido injustificado rechazarlo de plano, dado que en su mayor parte describe regulaciones ya existentes, solicita el intercambio de experiencias entre ciudades y se limita a pedir a la Comisión Europea que elabore directrices. Es absolutamente esencial mejorar el medio ambiente urbano mediante dichas medidas, sobre todo en los nuevos Estados miembros.

  Gabriele Stauner (PPE-DE), por escrito. (DE) Por mi parte, me he abstenido en la votación del informe relativo a la estrategia temática para el medio ambiente urbano.

Este intenta destruir el principio de subsidiariedad.

Sin embargo, me ha parecido injustificado rechazarlo de plano, dado que en su mayor parte describe regulaciones ya existentes, solicita el intercambio de experiencias entre ciudades y se limita a pedir a la Comisión Europea que elabore directrices. Es absolutamente esencial mejorar el medio ambiente urbano mediante dichas medidas, sobre todo en los nuevos Estados miembros.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado en contra del informe, no por ninguna voluntad de denigrar el trabajo del señor Hegy, sino porque trata la subsidiariedad con menosprecio y porque la Unión Europea y sus instituciones interfieren en los asuntos nacionales. Esto no me parece justificado. Esta tendencia a que Europa interfiera continuamente en la vida cotidiana de sus ciudadanos, incluso cuando no es necesario, es uno de los principales motivos por los que estos comienzan a estar tan desencantados con respecto a Europa.

- Informe Thomas Mann (A6-0248/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Un marco europeo de cualificaciones puede resultar favorable dada la importancia del reconocimiento mutuo de cualificaciones entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea para los ciudadanos que desean trasladarse a otros países.

Coincido con el ponente en que se debe rechazar el establecimiento de criterios preceptivos en lo que respecta a las trayectorias de aprendizaje o la duración y localización de los cursos educativos y de formación. También acogemos con satisfacción la idea de que la organización y reconocimiento del aprendizaje permanente son competencia de los Estados miembros y su inscripción en el ámbito del marco europeo de cualificaciones no resulta sencilla.

Sin embargo, debemos centrar la atención en el modo en que se desarrollará el marco europeo de cualificaciones, los fundamentos en los que se basa y los objetivos que se pretende alcanzar.

En este sentido, el informe contiene algunas contradicciones, como por ejemplo los intentos de adecuar el marco europeo de cualificaciones al llamado proceso de Bolonia y a la llamada Estrategia de Lisboa, cuya finalidad principal, como es sabido, es servir a los intereses de los grupos económicos y financieros. Por esto nos hemos abstenido.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) Por mi parte, apoyo el informe porque creo firmemente que la creación de un marco europeo de cualificaciones contribuirá a las posibilidades de empleo y a la movilidad geográfica de los trabajadores de la Unión Europea.

Acojo con satisfacción el enfoque europeo, como en este caso, porque responde a los nuevos desafíos que plantea una sociedad basada en el conocimiento e intenta atender a las nuevas exigencias del mercado laboral europeo. En efecto, el planteamiento de fondo que inspira el marco europeo de cualificaciones es el de mejorar la competitividad de la economía europea y la cohesión social, conforme a los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Celebro las iniciativas destinadas a otorgar prioridad a la facilidad de empleo de los ciudadanos a través del fomento de la movilidad profesional por medio del reconocimiento, la comparabilidad y la transferibilidad de cualificaciones profesionales en el espacio comunitario.

Sin embargo, lamento que la iniciativa no refleje suficientemente lo que en verdad está ocurriendo en el mercado laboral y no conceda la debida importancia a la formación profesional para centrarse, en cambio, sobre todo en la formación académica.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.05, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Adhesión de Bulgaria y Rumanía

  El Presidente. El siguiente punto es la Comunicación de la Comisión sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

  José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión acaba de aprobar su informe final sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Nuestra conclusión es que ambos países están en condiciones de asumir los derechos y obligaciones de la pertenencia a la Unión Europea el 1 de enero de 2007.

(Aplausos)

La adhesión de Bulgaria y Rumanía marcará un logro histórico: la conclusión de la quinta ampliación de la Unión Europea, que en última instancia pretende la reunificación de nuestra familia europea.

En esta ocasión quiero felicitar a los ciudadanos y a las autoridades de Bulgaria y Rumanía por todos los esfuerzos que han realizado por cumplir las condiciones de adhesión a la Unión Europea. Asimismo, quiero agradecerles a ustedes, Señorías, el papel constructivo que ha desempeñado el Parlamento. El Parlamento Europeo siempre ha sido un defensor incondicional de los beneficios políticos, económicos y culturales de la ampliación. Su apoyo nos ha ayudado a extender la paz, la estabilidad y la prosperidad en Europa.

La ampliación más reciente, como otras antes, ha resultado tener un gran éxito. Ha confirmado que la ampliación de la Unión, bien gestionada, crea una situación en la que todos ganan, tanto los Estados miembros existentes, como los que se adhieren. La ampliación estimula el crecimiento económico y la cohesión social y refuerza el papel y la influencia de la Unión Europea en el mundo.

Que Bulgaria y Rumanía estén preparados es resultado directo del progreso sostenido que ambos países han logrado a través de los últimos años y en particular desde nuestro último informe en mayo. La Comisión asume muy seriamente su responsabilidad de guardiana de los Tratados. En primer lugar, debemos proteger el funcionamiento de la Unión Europea. Esta aplicación de la fecha de adhesión de 2007 para Bulgaria y Rumanía se basa en una evaluación objetiva rigurosa, justa y objetiva, tal y como explicará con todo lujo de detalles el Comisario Rehn en breves momentos.

Bulgaria y Rumanía han hallado la respuesta correcta a nuestra estricta condicionalidad abordando las áreas cuestiones que señalamos en mayo. De este modo han logrado avanzar considerablemente. No obstante, el informe de hoy también perfila algunos aspectos donde ambos países deben proseguir su avance manteniendo el impulso reformador actual hasta la adhesión y después de esta. La Comisión ha perfilado una serie de medidas para acompañar la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

En particular, la Comisión establecerá un mecanismo de cooperación y verificación de progresos en los ámbitos de la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y del crimen organizado. El mecanismo contiene evaluaciones comparativas específicas que han de satisfacerse. La Comisión informará con regularidad al Parlamento y al Consejo sobre los avances alcanzados. Sobre esta base, la Comisión, si lo estima necesario, puede invocar medidas de salvaguardia previstas en el Tratado de Adhesión.

La Comisión puede disponer de más medidas de acompañamiento para garantizar el debido funcionamiento de la Unión hasta la adhesión de ambos países y más allá de ella. Las normas de la Unión Europea nos proporcionan un conjunto completo de medidas que nos permiten luchar contra posibles riesgos de la adhesión y en los Estados miembros actuales, así como abordar cuestiones preocupantes como la seguridad alimentaria o la gestión del dinero del contribuyente europeo.

La aplicación rigurosa de estas medidas de acompañamiento llama la atención sobre nuestra insistencia en la condicionalidad en todos los preparativos de la adhesión para esos países. Por tanto, estamos convencidos de que, una vez más, la ampliación avanzará sin problemas fortaleciendo, y no comprometiendo, el funcionamiento de la Unión Europea.

Es importante garantizar que a medida que nos ampliamos podamos funcionar de forma eficaz. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer mi posición con respecto a futuras ampliaciones. Una vez concluida esta quinta ampliación, con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, creo que cualquier futura ampliación debería venir precedida de un arreglo institucional. Así aseguraremos que nuestra Unión ampliada funcione de forma eficaz y armoniosa. En cualquier caso, el Tratado de Niza ya nos exige que adaptemos nuestro sistema institucional tras la adhesión del miembro número 27. Las conclusiones del Consejo Europeo del pasado mes de junio han puesto en marcha el proceso de ese arreglo institucional, y espero que para finales de 2008 lo consigamos. Ajustándonos a ese calendario respetaremos nuestros compromisos con los países a los que hemos ofrecido la posibilidad de adherirse y de lograr nuestro objetivo estratégico de consolidar la paz, la democracia y la prosperidad en nuestro continente.

Esperamos con ansiedad que Bulgaria y Rumanía logren el éxito histórico de entrar en la Unión Europea en 2007.

(Aplausos)

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero unirme al Presidente Barroso para felicitar a Bulgaria y Rumanía por su logro histórico. Durante los pasados meses, ambos países han demostrado su disposición a entrar en la Unión Europea. La clave de este éxito ha sido una combinación de notables esfuerzos por parte de búlgaros y rumanos y el enérgico aliento y apoyo de la Unión. Permítanme unirme también al Presidente Barroso para agradecer al Parlamento Europeo su apoyo continuo al proceso de adhesión, que ha sido cuidadosamente dirigido.

La evaluación de la Comisión se basa en un sistema de condicionalidad aún más riguroso que el aplicado en el pasado. En los dos últimos años, en particular, Bulgaria y Rumanía han respondido muy bien a nuestro sistema de condicionalidad. Esto ha propiciado una notable transformación, y ha sido en los últimos tres a cuatro meses cuando han culminado las reformas. Por tanto, la estrategia que concebimos juntos el pasado mes de mayo ha funcionado bien, en beneficio de Europa, Bulgaria y Rumanía.

El informe de hoy se centra en los ámbitos que en mayo exigían un mayor progreso. Para entonces, la mayor parte de los preparativos generales de Bulgaria y Rumanía ya estaban listos.

Desde el punto de vista de los criterios políticos, Bulgaria ha continuado con la reforma de la judicatura. El marco jurídico ha mejorado, por ejemplo, mediante la aprobación de normas que establecen procedimientos objetivos para la designación y evaluación de magistrados, lo que es muy importante para la independencia de los sistemas judiciales. En este sentido, acogemos también con sumo agrado los preparativos en curso de la reforma constitucional.

Los esfuerzos por luchar en contra de la corrupción han propiciado que más funcionarios tengan que declarar su activos personales y en el establecimiento de cuerpos internos de inspección del fraude. El Fiscal General ha seguido presentando peticiones de levantamiento de la inmunidad de diputados al Parlamento.

En la lucha contra la delincuencia organizada han sido contratados más especialistas y se han registrado algunas medidas efectivas contra redes criminales. Sin embargo, en estos momentos el número de acciones judiciales efectivas sigue siendo bajo y el grado de aplicación aún debe mejorar.

Rumanía ha avanzado más en la reforma de su sistema judicial y los resultados son tangibles y positivos. La interpretación y la aplicación de la ley se están armonizando aún más y los niveles de dotación de personal del sistema judicial va en aumento.

Se ha producido un progreso definitivo y tangible en la lucha contra la corrupción. La responsabilidad penal se ha hecho extensiva a personas jurídicas y se han endurecido las normas sobre financiación de los partidos políticos. Todo ello ha dado lugar a investigaciones imparciales y acusaciones de corrupción de alto nivel.

El informe presenta un número limitado de ámbitos donde se precisa avanzar más en los meses previos a la adhesión y después de la misma. Por tanto, este informe también explica medidas de acompañamiento que la Comisión pondrá en marcha tras la adhesión, a menos que se hayan solucionado las demás preocupaciones.

La Comisión establecerá un mecanismo de cooperación y verificación de progresos en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Para ello, tal y como ha dicho el Presidente Barroso, se han establecido referencias comparativas que tienen en cuenta las circunstancias particulares de cada país. El mecanismo permite a la Comisión ayudar a los países a proseguir las reformas con vigor y con rigor, y comprobar que se produzcan los avances esperados sobre el terreno.

Además, la Comisión pedirá a Bulgaria y Rumanía que informen con carácter bianual sobre los avances con respecto a esas referencias comparativas específicas hasta que alcancen el objetivo. El primer informe debería presentarse para finales de marzo de 2007. Después, en junio de 2007, informaremos al Parlamento Europeo y al Consejo. La Comisión también aplicará las medidas de salvaguardia del Tratado de Adhesión si alguno de los dos países no logra abordar como es debido las referencias comparativas. Asimismo, el informe subraya que las normas de la UE contienen las garantías suficientes para la debida gestión de fondos agrícolas y estructurales de la UE.

El nuevo Reglamento sobre Fondos Estructurales prevé mecanismos para garantizar que esos fondos, que son, por supuesto, dinero de los contribuyentes europeos, se gasten debidamente. Los pagos pueden interrumpirse, suspenderse o cancelarse si la Comisión sospecha o detecta casos de irregularidades o fraude, inclusive prácticas de corrupción. Además, aparte de esta batería de medidas de salvaguardia con respecto a los fondos de la UE, pueden realizarse correcciones financieras si se hallan irregularidades aisladas o sistemáticas en los controles financieros regulares.

Sigue habiendo un riesgo de que los preparativos para la gestión de los fondos agrícolas no hayan concluido en el momento de la adhesión. Como medida cautelar hemos aprobado disposiciones específicas con vistas a garantizar la buena gestión de esos fondos por parte de Bulgaria y Rumanía.

Esto da tiempo a ambos países para completar los preparativos en 2007. Del mismo modo, si no lo consiguen, la Comisión podrá reducir los pagos en 2007. Por supuesto, esperamos no tener que recurrir a este mecanismo, que debería considerarse un incentivo para Bulgaria y Rumanía.

En cuanto a la tercera medida de salvaguardia, la seguridad alimentaria, actualmente hay algunas medidas en marcha debido a enfermedades veterinarias. Esas medidas se mantendrán tras la adhesión. Es posible que en el momento de la adhesión sea preciso establecer también restricciones del consumo de ciertos subproductos animales. A los establecimientos alimentarios de los sectores lácteo, cárnico y de pesca que no cumplan las normas se les negará el acceso al mercado interior, pero podrán producir para el mercado nacional con una etiqueta específica. Al cabo de tres años tendrán que cumplir las normas de la UE o cerrar.

He presentado las garantías suficientes que ofrece el acervo y el Tratado de Adhesión. Por tanto, confío en que Bulgaria y Rumanía van a enriquecer la Unión sin comprometer el buen funcionamiento de las políticas e instituciones de la UE. Los intereses de la UE y de nuestros ciudadanos están garantizados y el dinero de los contribuyentes de la UE está protegido.

En general, Bulgaria y Rumanía deberían recibir elogios por sus amplios esfuerzos y grandes logros con respecto a la adaptación de sus leyes y administración a las leyes y normas de la Unión Europea. Basándose en los avances realizados, nuestro informe demuestra que ambos países estarán listos para entrar en la Unión en 2007. Las medidas de acompañamiento propuestas garantizarán la continuidad y la irreversibilidad de las reformas en ambos países.

Confío en que podamos contar con su apoyo para facilitar una ratificación rápida y efectiva del Tratado de Adhesión en los demás Estados miembros. Bulgaria y Rumanía han realizado notables esfuerzos por unirse a nosotros en la Unión Europea y merecen nuestra enhorabuena y una bienvenida muy cálida.

(Aplausos)

  Paula Lehtomäki, Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, Señorías, Bulgaria y Rumanía forman parte esencial de la quinta ampliación de la Unión Europea. Como es bien sabido, nuestro objetivo ha sido acoger a ambos países como Estados miembros el 1 de enero de 2007. En este sentido, podemos acoger con satisfacción la comunicación de la Comisión.

Durante todo el proceso de ampliación se han tenido en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo sobre el grado de preparación de Bulgaria y Rumanía para la adhesión a la Unión. En nombre de la Presidencia, deseo agradecer al Parlamento Europeo sus considerables aportaciones en lo que respecta a la adhesión de ambos países a la Unión.

La Unión Europea ha seguido atentamente los progresos realizados por ambos países con la adopción final de reformas y el cumplimiento de las obligaciones que comporta la adhesión conforme a lo que establece el Tratado de Adhesión. Si bien el Consejo Europeo, en su reunión de junio, felicitó a Bulgaria y Rumanía por las medidas de reforma introducidas recientemente, también instó a ambos países a hacer intensificar sus esfuerzos para resolver, con decisión y sin demora, los problemas que aún subsisten y que señalaba el último informe de situación elaborado por la Comisión en el mes de mayo.

La Presidencia finlandesa ha animado a ambos países a abordar las cuestiones pendientes. Entre estas figuran, en particular, la reforma de la judicatura, la delincuencia organizada, la corrupción e iniciativas administrativas en varios ámbitos fundamentales. Las reuniones del Consejo de Asociación han brindado una oportunidad para evaluar los progresos realizados con respecto al acervo comunitario y han demostrado con toda claridad que las reformas necesarias se han de aprobar de una vez y de deben aplicar de inmediato. Las reuniones de las comisiones interparlamentarias también han desempeñado un papel fundamental en esta tarea.

La Presidencia toma nota de las recomendaciones en los informes de la Comisión. Queremos felicitar tanto a Bulgaria como a Rumanía por sus esfuerzos para cumplir los requisitos de la adhesión. Ahora deben abordar sin demora todos los problemas que aún quedan pendientes. Sé que ya están intentando resolverlos.

El Consejo toma nota de los planes de la Comisión con respecto a las medidas de salvaguardia y una mayor supervisión que se podrían adoptar con el fundamento de los artículos 37 y 38 del Tratado de Adhesión, si los progresos en esos ámbitos resultan insuficientes.

Ahora el Consejo se propone examinar detenidamente la Comunicación y las recomendaciones de la Comisión y una valorar de manera exhaustiva las cuestiones principales. En el desarrollo de estas tareas, el Consejo va a tener debidamente en cuenta, como es obvio, las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo.

El proceso de ratificación del Tratado de Adhesión está ya muy avanzado y confiamos en que se completará a tiempo.

Señor Presidente, aunque la futura ampliación de la Unión guarda más relación con el siguiente punto del orden del día, quiero manifestar en este contexto que el Consejo Europeo confirmó en junio de 2006 que cumpliría los compromisos existentes. La Presidencia finlandesa va a actuar conforme a dichas decisiones.

(Aplausos)

  Hans-Gert Poettering, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Comisario Rehn, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos celebra la propuesta de la Comisión de que Bulgaria y Rumanía se adhieran a la Unión Europea el 1 de enero de 2007. Bulgaria y Rumanía son dos grandes países de cultura europea y tras la adhesión pasarán a formar parte de nuestra familia europea. Nuestro Grupo, como los demás, ya cuenta con la presencia de diputados nacionales de Bulgaria y Rumanía: los búlgaros están representados por la señora Cappone y los rumanos por el señor Marinescu, y durante los últimos meses hemos desarrollado un buen nivel de cooperación.

En nombre del Grupo del PPE-DE, quiero expresar nuestro agradecimiento tanto a Bulgaria como a Rumanía, a sus Gobiernos, pero en particular a los ciudadanos de ambos países, por los enormes esfuerzos que han realizado desde la caída del comunismo. Cuando un país ha estado gobernado por el comunismo durante cuarenta o cincuenta años, sin un Estado de Derecho, sin ninguna administración que se rigiera por sus principios y sin un sistema judicial independiente, cuando consideramos todos estos hechos queda patente el enorme esfuerzo que han debido realizar ambas poblaciones, al igual que las de otros países ex- comunistas. Cuando en la llamada «vieja» Europa criticamos a esos países, a veces pienso que deberíamos recordar los grandes logros de sus pueblos y agradecerlos.

(Aplausos)

En conjunto, consideramos equilibrada la propuesta que han presentado ustedes, señor Barroso y señor Rehn, y en particular quiero agradecer los sinceros esfuerzos que ha realizado el señor Rehn durante los últimos años. La adhesión está prevista, por un lado, para el 1 de enero de 2007, pero por el otro lado no debemos perder de vista que quedando mucho por hacer. Minimizar todo el trabajo que aún queda pendiente sería una irresponsabilidad, no solo con respecto a los ciudadanos de la actual Unión Europea, sino también con respecto a Bulgaria y Rumanía.

Tanto el señor Barroso como el señor Rehn han señalado que subsisten grandes déficit en lo que respecta a la utilización de los fondos europeos, que existe el riesgo de corrupción y que todavía subsisten problemas importantes en relación con la lucha contra la delincuencia organizada y en el ámbito de la seguridad interna. De hecho, el Comisario Rehn ha manifestado específicamente que es necesario mejorar la ejecución de los procesos penales En otras palabras, las leyes existen pero todavía se han de aplicar. Además, también es preciso que los incumplimientos graves de la ley se persigan a través de los tribunales y que los responsables rindan cuentas. Lo recordaremos, entre otras cosas, porque ambos países deberán presentar un informe de situación dentro de seis meses.

El Comisario Rehn obró muy prudentemente, en mi opinión, cuando manifestó que esperaba que no fuese necesario apelar a las «cláusulas de salvaguardia», que se podrían calificar también de disposiciones transitorias. Que se invoquen o no dependerá de los progresos realizados en relación con las reformas. Si dichas reformas, que se deben seguir desarrollando con pleno compromiso después del 1 de enero de 2007, no se llevan a cabo, se aplicarán las cláusulas de salvaguarda entrarán en vigor. Tenemos que tenerlo presente en todo momento.

A los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía quiero decirles, en este momento de gran alegría por la adhesión, que la Unión Europa a la que van a unirse el 1 de enero de 2007 no es un paraíso. Ya hemos visto decaer notablemente el entusiasmo tras la adhesión en otros países que han pasado a ser miembros de la Unión Europea. Evidentemente, no están obligados a sentirse entusiasmados con Europa, pero deben apoyarla siempre y todos debemos ser conscientes de que en la Unión Europea solo podremos compartir un futuro común en el siglo XXI como una Unión basada en unos valores compartidos y que sea capaz de actuar. Espero que esta conciencia nunca se pierda en los dos países que van a adherirse, Bulgaria y Rumanía, ni tampoco en los demás países de la Unión Europea.

El señor Barroso se ha referido, con toda la razón, a la consolidación institucional de la Unión Europea que debe preceder a cada una de las ampliaciones. En nombre del elemento del sector de nuestro Grupo que corresponde al Partido Popular Europeo quiero decir manifestar que estamos de acuerdo con la consolidación institucional, pero tenemos grandes aspiraciones en ese aspecto. Queremos que los principios y el fondo del tratado constitucional, incluidos sus valores, lleguen a ser una realidad jurídica y, por tanto, política. Esa es nuestro programa principal para los meses y los años venideros; por lo tanto, trabajemos juntos para alcanzar ese fin. Con este ánimo, queremos dar una cálida bienvenida a Bulgaria y Rumanía.

(Aplausos)

  Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, cuando los ciudadanos de mi circunscripción me preguntan por qué apoyo la adhesión de Bulgaria y Rumanía a pesar de que existen tantos problemas, de que todavía no hemos podido asimilar la ampliación anterior, de que no se ha aprobado la Constitución y de que quedan tantos asuntos sin resolver en dichos países, no intento responder refiriéndome a cada uno de los diferentes problemas. Eso es tarea del Comisario Rehn, y hoy la ha cumplido. En Bulgaria y Rumanía todavía quedan varios asuntos por resolver. Es preciso describir varios problemas que exigen que ambos Gobiernos se pongan manos a la obra para hallar una solución y convencer a los ciudadanos de que las reformas son necesarias. Todo esto se está haciendo y todo esto es necesario. Es preciso subsanar las deficiencias.

Sin embargo, este no es momento ni lugar para debatir los diferentes problemas. La adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea el 1 de enero de 2007 continuará con una integración europea sin parangón en el mundo. Nuestros abuelos y abuelas se sentían orgullosos de la integración de Europa Occidental. ¿Por qué no podemos estar orgullosos de la integración paneuropea que estamos impulsando con el debate de hoy? Bulgaria y Rumanía forman parte de Europa y estoy de acuerdo con el señor Poettering cuando dice que debemos darles la bienvenida. En nombre de mi Grupo, digo que «sí, son bienvenidos».

(Aplausos)

Lo que está en juego es nada más y nada menos que el fin de la división de nuestro continente, contraria a su evolución histórica y que se convirtió en una amarga realidad tras la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en Europa Occidental. Nací en un país dividido, que estalló de alegría cuando consiguió restaurar su unidad; y con razón, porque Alemania se lo merecía.

Lo que Alemania merecía, también lo merecía todo el continente. Los hombres y mujeres que lucharon en contra de las dictaduras comunistas en Bulgaria y Rumanía, los pueblos que, en los últimos dieciséis años, han tenido que pasar por un proceso de transformación más duro que la carga que han tenido que asumir los ciudadanos de Europa Occidental en los últimos años. Por todo ello, ambos países se merecen la recompensa de una buena acogida en la Unión Europea. Después de todo, ¿existe algún problema que se pudiera resolver más fácilmente si permanecieran fuera? ¿Acaso alguna de nuestras preocupaciones encontraría más fácil respuesta si no se adhirieran? La respuesta es que nada iría mejor si los excluyéramos. Al contrario, Si no permitiéramos su adhesión, aumentaría la incertidumbre en dichos países y en toda la región del Mar Negro. Por esto también es de sentido común que les acojamos con agrado.

Todo lo que se ha logrado a lo largo de la historia europea, todo aquello por lo que ha habido que luchar, se ha conseguido plantando cara al escepticismo. Tengo casi la plena seguridad de que a los jefes de Estado o de Gobierno de Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Francia no les aguardaba una ovación cuando, en 1950-52, comunicaron a sus ciudadanos la necesidad de incluir a Alemania en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, tal como era entonces. Muchas personas dijeron: Alemania ha destruido nuestro país dos veces y ahora se espera que les demos la bienvenida a nuestra Comunidad. ¿Ahora les tenemos que dar dinero? Sin embargo, los jefes de Estado o de Gobierno estaban firmemente convencidos de que la integración de Alemania en la Comunidad Europea traería la paz y el crecimiento económico, y la integración contribuiría a la superación del odio y la enemistad, y así ha sido.

Lo que ahora estamos haciendo no es tan diferente. Los ciudadanos de todos nuestros países se preguntan si no estamos asumiendo demasiadas cosas, si no estamos gastando demasiado dinero, si todo esto no nos está costando demasiado, si todo no es demasiado incierto. Solo podemos responderles que nuestro objetivo es aumentar la fortaleza económica y la cohesión social, y exportar la integración de la cultura y de los puebles como un proyecto para construir la paz. Se trata de hacer extensivo lo logrado internamente en la vieja Europa a los países que no han podido beneficiarse de ello hasta ahora. Todo esto no se puede conseguir firmando un tratado, sino que hay que luchar y trabajar por ello, y tenemos que empezar por algún punto. Lo cual también requiere tener el valor de decir en voz alta, en medio del escepticismo y de la oposición, que la integración europea es el camino correcto para Europa oriental y occidental, porque esta integración trae paz, crecimiento económico y un mayor potencial de desarrollo económico en el mercado interior. Cada país que acogemos en la Unión Europea enriquece nuestro mercado interior. Crea cohesión social y contribuye a que Europa adquiera las dimensiones que precisa como espacio económico para hacer frente a la competencia internacional a largo plazo.

En general, hay muchísimos detalles que podríamos criticar: No se ha enmendado tal o cual cosa, en ese lugar se precisan más reformas, en aquel otro se requiere una reforma administrativa, en otros son necesarias reformas del sistema judicial, de la policía y de la agricultura. Todo eso es cierto y todo se debe hacer, pero eso no modifica el hecho de que debemos dar la bienvenida a Bulgaria y Rumanía, porque los necesitamos.

(Aplausos)

  Graham Watson, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, un proverbio rumano dice: unde-s doi puterea creste, que significa que la unión hace la fuerza. Pues bien, Bulgaria y Rumanía se dan cuenta de que serán más fuertes en la Unión Europea y que la Unión Europea será más fuerte con Rumanía y Bulgaria.

El tamaño importa. Con los retos supranacionales que plantea el mundo actual, cuantos más países compartan nuestros valores y practiquen el buen gobierno y la democracia dentro de nuestra Unión, más capaces seremos de promover esos valores en ella. Por eso, saludo a los pueblos de Rumanía y Bulgaria. Saludo a sus Gobiernos, en los que los liberales y demócratas están orgullosos de desempeñar un papel fundamental. Y saludo, en particular, a Meglena Kuneva y Anca Boagiu, que han manejado los pormenores de la negociación en nombre de sus países como dos cisnes: deslizándose con aparente serenidad sobre la superficie del agua, pero remando por debajo con los pies a toda velocidad.

Quiero dar las gracias a la Comisión Europea y, en particular, al Comisario Rehn por la difícil tarea que ha sabido llevar a cabo con diligencia e imaginación bajo la Presidencia finlandesa.

Todos sabemos que queda trabajo por hacer. La Unión Europea es una meta móvil, con un acervo comunitario en constante evolución. Bulgaria y Rumanía también están evolucionando. No hay duda de que a veces las democracias se conducen a base de gestionar crisis: a menudo los problemas no se resuelven hasta que hay que resolverlos. Sabemos que en la gestión de los asuntos públicos la elasticidad es limitada. Y sabemos que, al igual que en anteriores ampliaciones, también hará falta prever períodos de transición y cláusulas de salvaguardia.

Ruego encarecidamente a los Gobiernos y a las poblaciones de ambos países a proseguir con sus reformas, y a los que duden de su disposición les pregunto si creen que estarán mejor así y si nosotros estaremos mejor con ellos fuera. ¿Debemos decir «no» o «todavía no»? Como dijo una vez el comentarista estadounidense Mencken, «todo problema complejo tiene una respuesta clara, sencilla y equivocada». Dejarlos fuera de la Unión sería la respuesta equivocada.

Sin embargo, me complace que la Comisión llame la atención en su informe acerca de la necesidad de incrementar la lucha contra el crimen y de acentuar los esfuerzos por mejorar la situación de la minoría romaní en ambos países. El Estado de Derecho y la integración social son principios fundamentales de nuestra Unión. Los Gobiernos de los dos países deben tomar más medidas al respecto, que la Comisión ha de supervisar en nuestro nombre.

La salud de una sociedad depende no tanto de su riqueza como de la dirección a la que se encamina. A mí me parece que la dirección de esos dos países es la correcta. Citando el himno a San Cirilo y San Metodio: «Avanza, pueblo renacido, marcha hacia tu futuro, forja tu destino de gloria…». Fórjalo con nosotros.

Queda trabajo por hacer en Rumanía y Bulgaria para que la Unión Europea sea una realidad. Juntos construimos la Unión Europea. Nunca podrá construirse solamente de arriba abajo, sino que debe hacerse desde la base. Lo sintetizó de alguna manera el escritor rumano Adrian Marino, cuando dijo: «Sa aducem Europa, din nou, la noi acasă»: «Debemos meter a Europa en nuestros hogares».

Pero queda trabajo por hacer en la Unión Europea, también, para convencer a nuestros ciudadanos de que el coste que pagan por la adhesión de Rumanía y Bulgaria no es un negativo neto. Hay que explicarles, como demuestra el informe Špidla, que los países que aceptan a nuevos países como socios obtienen beneficios económicos. Hay que aclararles que a menos que permitamos que la mano de obra barata acuda adonde está la inversión, la inversión irá adonde está la mano de obra barata. Admitir a países como Rumanía y Bulgaria en la Unión es un negocio en que todos salen beneficiados. Todos saldremos ganando.

Hay quien pregunta si esta será la última ampliación. Yo creo que nuestros Estados miembros deben afrontar los retos institucionales de Europa antes de que entren nuevos países. Espero que eso sea lo que ha querido decir el Presidente de la Comisión al afirmar que esta podría ser la última ampliación. Debemos a nuestros ciudadanos y a los de estos dos futuros Estados miembros la tarea de sacar adelante la Constitución Europea antes de admitir a nuevos miembros. En conclusión, demos hoy la bienvenida a Rumanía y Bulgaria, pero no con espíritu triunfal, sino de satisfacción por el trabajo bien hecho.

(Aplausos)

  Daniel Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, Señorías, pocas veces he visto en este Parlamento un debate más hipócrita que el de hoy.

En primer lugar, en cualquier caso, este Parlamento no tiene nada más que decir. Hace un año decidimos decir sí. Pueden decirme: «nos han entregado 150 páginas». Les aseguro que con las 100 páginas que tenemos aquí, habrían dicho no hace un año, pero hoy deben decir sí, puesto que ya han dicho sí de todos modos. Este Parlamento tiene, pues, las manos atadas, y ellos están contentos por ello. ¡Bravo, la pelota está en su tejado!

En segundo lugar, el señor Barroso acaba de decir una cosa extraordinaria: «toda futura ampliación deberá ir precedida de un arreglo». Eso ya lo dijimos cuando éramos diez. ¡Lo dijimos cuando éramos quince! Lo dijimos siendo 17, siendo 25, siendo 27 y estoy seguro de que cuando seamos 30, 35, 40 o incluso 45 Estados miembros diremos que será la última vez, y estaremos todos muertos y será la última vez, el año que viene en Jerusalén.

¡Ya basta! Ya basta de oír semejantes mentiras, porque, con los argumentos del señor Schultz, con los argumentos poéticos del señor Watson, ¿cómo podrán decir no a los Balcanes? Han hablado de paz, pero es evidente que los Balcanes tienen un futuro en la Unión Europea, es evidente que Rumanía y Bulgaria tienen un futuro en la Unión Europea. Deben hacerse europeos. El problema es cómo. Y en qué condiciones, a qué ritmo y de qué manera. La poesía no organizará la política cotidiana, la poesía no, y hoy les pido una cosa: sean serios. Se lo digo seriamente, si este informe hubiera sido para Turquía, ¡todos habrían dicho no!

Aunque los argumentos de la paz, el futuro, el mercado, mi abuela, mi abuelo, habrían sido los mismos, pero no... porque tienen ustedes un sesgo ideológico muy simple, y que es correcto: la Unión Europea tiene que ampliarse. Y hay un efecto de embudo. La Comisión y el Consejo deciden, el Consejo decide, la Comisión le sigue, el Parlamento da su aprobación incondicional, es un embudo y se desliza, se desliza, se desliza hasta que pasa. Y ya nadie es capaz de nada, porque, cuando tienen un efecto de embudo, ya no son capaces de pararlo... y no tienen ustedes ninguna posibilidad de plantear problemas políticos.

Basta que lean: por lo que respecta a los medios de comunicación, no están garantizadas las condiciones de equidad, pero no importa, todo llegará. Siendo así, la justicia no es independiente, pero no importa, todo llegará. En cuanto a los mecanismos de protección de las minorías, todavía no se han establecido, pero no importa, todo llegará. ¿Cuándo llegará y cómo? ¿Cómo pueden saber que va a llegar? El caso es que nosotros tenemos problemas.

Además, por lo que respecta a los problemas de la inmigración, el Consejo es incapaz de sacar adelante la política de justicia y de derecho, de sacarla adelante en el primer pilar. No se requiere la unanimidad. ¡Con 27 va a ser mucho más fácil! Ya verán, va a ser mucho más fácil, por unanimidad, hacer que se apruebe todo.

¡Y el Gobierno alemán nos promete que vamos a arreglar esto gracias a la Constitución! Pero ¿cómo? ¿Cómo hacer que se apruebe la Constitución en los 27 Estados miembros? Nadie lo sabe, absolutamente nadie; pero van a ver lo que van a ver.

Por mi parte, creo que somos unos hipócritas. Sí, Rumanía y Bulgaria tienen una perspectiva europea. Sí, los Balcanes, pero nosotros somos incapaces de hacer de Europa una verdadera Europa y, lo que es peor, y termino con esto, con la ampliación, tal como la hacemos, vamos hacia una renacionalización del pensamiento de los Estados, de la política y de las prácticas. Ya lo han visto en el último Consejo; pues bien, yo les digo: ¡somos impotentes, pero como Parlamento, estamos orgullosos de serlo!

(Aplausos)

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, en 2004 se consideró que Rumanía y Bulgaria estaban menos preparadas que los diez Estados que se unieron entonces. Pero no había dudas de que, antes o después, recibirían el mismo trato que ellos. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica siempre los ha apoyado en su esfuerzo, guiado por el principio de que esos países no debían ser evaluados primordialmente por sus privatizaciones, los recortes, sus buenas relaciones con grandes empresas internacionales o su pertenencia a la OTAN. Por el contrario, nosotros damos preferencia a los derechos humanos, a la gobernanza democrática y a la buena política ambiental.

En 2005 voté en principio a favor de la futura adhesión de Bulgaria y Rumanía. La cuestión entonces era cuándo y cómo tendría lugar finalmente esa ampliación. Esta Cámara ha insistido en que Rumanía tenía derecho al aplazamiento, mientras que para Bulgaria la aplicación de esa posibilidad quedaba totalmente en manos del Consejo. Eso era en un momento en que las circunstancias en Rumanía alcanzaban su punto más preocupante y se esperaba que Bulgaria fuera la que menos problemas diera. Pero desde entonces Bulgaria ha sido causa de creciente preocupación.

En ambos países, la situación de la minoría romaní es peor que en la mayoría de los Estados que se nos han unido recientemente. En muchos casos, los lugares que han sido el hogar de esas personas durante mucho tiempo han sido declarados ilegales y sus habitantes han sido expulsados. La minoría húngara en Rumanía y la minoría turca en Bulgaria también atraviesan dificultades, si bien en un grado menor que en el pasado reciente. Los Gobiernos ya no desfavorecen a esos pueblos de forma deliberada, pero sí que hay una actitud de apatía con respecto a la discriminación que sufren por parte de los ultranacionalistas. Y tampoco ha desaparecido el problema del antisemitismo.

Durante los anteriores debates sobre esta materia, mi Grupo presentó propuestas de mejora, entre otras, con respecto a los pagos ilegales que se exigen a residentes de la UE de origen turco para cruzar Rumanía. Lamentablemente, no logramos una mayoría en esta Cámara para apoyar esas demandas, pese a que sí se expresó mayoritariamente la preocupación por el uso de una peligrosa toxina en preparados de la minería en Rosia Montana. En un comunicado emitido por Rumanía el 23 de septiembre, se dijo que se había iniciado la elaboración de un informe de impacto ambiental y que la vecina Hungría había sido consultada al respecto sobre los riesgos de las aguas residuales tóxicas que fluían hacia el país. Dado que hasta ahora no conocemos los resultados, desgraciadamente no podremos incorporarlos al veredicto final de esta Cámara el 11 de octubre sobre la adhesión de Rumanía.

Mi Grupo teme que, tras la adhesión, muchos problemas sigan pendientes de solución y que, al menor contratiempo, la opinión pública de algunos Estados miembros ponga más reparos a nuevas ampliaciones de la Unión Europea. A pesar de esto, parece que la mayoría de mi Grupo votará, tras los debates preparatorios, a favor de la adhesión el 1 de enero de 2007, siendo una de las razones que ya otros Estados miembros se han incorporado a la Unión a pesar de sus problemas pendientes y que un año más de demora no puede aportar mejoras significativas.

Por ultimo, quiero comunicar a sus Señorías que el Partido Socialista Neerlandés, al que pertenezco, ha decidido, en vista de todos estos problemas, unirse en el Parlamento de los Países Bajos a los demócrata- cristianos y expresarse en contra de la adhesión en 2007. Creemos que aún deben resolverse muchos problemas, pero la auténtica votación tendrá lugar el 11 de octubre.

  Brian Crowley, en nombre del Grupo UEN. – (EN) Señor Presidente, quiero dar la bienvenida al Presidente Barroso, al Comisario Rehn y a la Presidenta en ejercicio del Consejo, la señora Lehtomäki, y unirme a mis colegas para acoger con agrado la muy sabia decisión acerca de la adhesión de Rumanía y Bulgaria el 1 de enero de 2007.

A pesar de todas las dificultades, es sensacional lo que se ha conseguido en esos dos países en los últimos doce o trece años: el cambio de cultura, el cambio de actitud, la voluntad de implicarse, la apertura y la transparencia. El mismo cambio legislativo profundo para cumplir el acervo comunitario es algo que ningún Estado miembro actual podría lograr en tan poco tiempo.

Podemos hablar de la importancia teórica de esta ampliación y de los argumentos abstractos y políticos. Pero el argumento más importante de todos es dar a los 7,5 millones de habitantes de Bulgaria y a los 22 millones de Rumanía las mismas oportunidades que tenemos en la Unión Europea hoy en día, que adquirimos cuando éramos países más débiles y más pequeños, con economías más pobres y aparatos judiciales y sistemas económicos y educativos menos desarrollados.

Por supuesto, queda mucho por hacer. Son necesarias reformas a largo plazo, así como una vigilancia constante, dada la capacidad humana para interferir, perturbar o corromper la vida pública. Para eso están las cláusulas de salvaguardia. Pero celebremos lo que se ha logrado hasta ahora.

Tan solo tengo una duda, y esta se refiere a las continuas dificultades en ambos países con los niños abandonados y huérfanos y los niños y jóvenes con discapacidades. Aún no cuentan con los niveles de ayuda, independencia y protección que necesitan.

Hace muchos años, un irlandés mucho más importante que yo dijo: «Ninguna persona y ningún grupo tienen derecho a detener la marcha de una nación». No tenemos derecho a detener la reunificación de Europa para corregir los errores de la historia. Como todas las buenas familias, tenemos que animar a aquellos miembros de la nuestra que intentan alcanzar mayores cotas en busca de ideales, metas y pautas comunes.

Debemos dar la bienvenida a Rumanía y Bulgaria, felicitar a sus funcionarios, a sus Gobiernos y a sus pueblos por lo logrado hasta ahora, recordar los horrores por los que han pasado y mirar adelante, hacia el brillante futuro que se tiende ante ellos y ante nosotros.

(Aplausos)

  Vladimír Železný, en nombre del Grupo IND/DEM. – (CS) Señor Presidente, los países excomunistas que somos ahora miembros de la Unión nos encontramos ante esa tentación que tantas veces ha resultado irresistible para los antiguos, originarios y avanzados –llámense como se quiera– países occidentales. Nosotros estamos ya dentro, desde donde podemos mirar desde lo alto con condescendencia cómo los recién llegados intentan penetrar en el castillo de la UE con el que tanto han soñado. Los miramos de soslayo y les damos lecciones. Por suerte, en la República Checa tenemos experiencia directa y reciente de esta degradante y condescendiente conducta y de haber tenido que soportar una continua sucesión de absurdas condiciones y cuotas y de restricciones unilaterales. Por este motivo, expresamos nuestra solidaridad con esos dos países. También sabemos que muchos de los problemas que sufren Rumanía y Bulgaria no son culpa de ellos, sino el resultado de medio siglo en que, como nosotros, se les privó de su desarrollo natural, de la economía de mercado y de una democracia libre y representativa. Como nosotros, les tocó en suerte la mitad mala de Europa en el reparto que hicieron las potencias de la posguerra, y la población de ambos países sufrió el infierno de la dictadura comunista.

Creemos que este es el motivo por el que la República Checa se ha resistido a la tentación de imponerles restricciones más humillantes en materia de circulación, empleo y servicios. Eso es lo que están buscando claramente los Estados miembros occidentales de la UE. Sé que nuestra relación con ellos será la misma que nosotros esperábamos de los quince países occidentales cuando nos convertimos en Estados miembros de pleno derecho. Aún somos miembros de segunda clase, y por este motivo, espero, no haremos que los dos nuevos países pasen a ser miembros de tercera clase. Aunque solo sea por el hecho de que, mientras la UE da lecciones a Rumanía y Bulgaria, dos países de tradición, cultura y valores europeos, al mismo tiempo está jugando un peligroso juego con respecto a la adhesión de Turquía, haciendo la vista gorda ante la actitud de ese país en términos de respeto de las minorías, democracia, pluralismo religioso, derechos de la mujer y también de su propia historia de brutalidad. Creo que estos dos países plenamente europeos, Rumanía y Bulgaria, pronto serán también miembros de pleno derecho de la UE junto a todos nosotros.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Estoy muy satisfecha de que tanto los Gobiernos de Bulgaria y Rumanía, por un lado, como la Unión Europea, por otro, hayan alcanzado un consenso tras las constructivas negociaciones sobre las condiciones de adhesión de esos dos países a la UE.

Como diputada en representación de Eslovaquia, un país que hace solo dos años que se unió a la UE, me complace saber que el 1 de enero de 2007 Rumanía y Bulgaria serán miembros de la Unión Europea, y respaldo plenamente su adhesión. Es asimismo mi deseo que nadie en la Unión trate de inferiores a estos dos nuevos Estados miembros y que sus firmes instituciones económicas y democráticas sigan mostrando un fuerte crecimiento.

En cuanto a las deficiencias a que tantas veces se ha aludido al hablar de esos dos países, quisiera centrarme en la nueva legislación rumana que prohíbe las adopciones internacionales. Se trata de un asunto de alcance mundial y de naturaleza ética. Traficar con niños bajo el erróneo concepto de que es en beneficio de ellos es inaceptable en la Unión Europea. Un país que trafica con sus propios ciudadanos, que representan su futuro potencial, hace el juego al crimen internacional organizado. Un país que hace eso debería revisar sus prioridades, y no solo sobre el papel, sino con hechos. Debería meditar profundamente sobre cómo alcanzar esos objetivos. La venta de niños supone un despilfarro del potencial de un país y un atentado contra el significado último del apoyo familiar.

Como miembro de pleno derecho de la Unión Europea con todos los derechos que de ello se derivan, Rumanía estaría en condiciones de cuidar de sus ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte, tal como ha afirmado el Primer Ministro rumano la semana pasada. Es necesario mejorar la labor social y formar profesionales cualificados como asistentes sobre adopciones en Rumanía, así como simplificar las adopciones nacionales.

A pesar de los muchos y conocidos problemas que atañen a la aplicación de esta ley, creo que su promulgación es un gran paso en la buena dirección. Esta ley se puede considerar sin duda que cumple plenamente con los requisitos de una legislación europea.

Nuestros amigos rumanos y búlgaros son sinceramente bienvenidos aquí.

PRESIDENCIA DEL SR. TRAKATELLIS
Vicepresidente

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, señora Presidenta en Ejercicio del Consejo, poco a poco se va acercando el final de un largo periodo de debate en la Comisión de Asuntos Exteriores sobre estos dos países, cuya adhesión a la UE hemos apoyado desde el principio. No debemos olvidar que hemos tenido reparos acerca de muchas adhesiones, pero todas ellas han acabado siendo éxitos políticos y económicos. Todos hemos salido ganando. También hay ciertas reglas transitorias en beneficio de ambas partes, dirigidas a que la adhesión tenga lugar sin excesiva controversia desde el punto de vista de la UE. Se trata, por ejemplo, de reglas sobre la libre circulación de trabajadores, o el hecho de que no se hayan suprimido los controles fronterizos de personas, pues esos países no son aún miembros de Schengen.

Al dar la bienvenida a los nuevos Estados miembros, sin embargo, debemos dejar claro que la adhesión solo funcionará si se cumplen las normas. Es muy importante la declaración de hoy de la Comisión de que los procesos de referencia y control pretenden afrontar los asuntos de los sistemas jurídicos, la corrupción, el blanqueo de dinero y el crimen organizado. Habrá que esperar y ver si, dado el caso, es necesario aplicarlos. Lo mismo hay que decir de las condiciones legales y los controles de los Fondos Estructurales y los fondos agrícolas, así como para la apertura de los mercados de la alimentación.

La Comisión tiene una gran responsabilidad en este momento, pues solamente si esto funciona y si la Comisión hace un uso transparente de sus mecanismos se asegurará el futuro de la UE, y solo entonces podremos pensar en nuevas ampliaciones. Es extremadamente importante que acojamos a estos países, y también lo es que ellos respeten las normas, pues si no es así nos acabaremos encontrando con graves problemas. Por este motivo, yo observaré muy de cerca la forma en que la Comisión pone en práctica las posibles medidas que hoy ha mencionado.

Lo último que deseo decir es que el Tratado Constitucional se redactó para que la Unión de 25 o, tras esta ampliación, de 27, incluya a los países que padecieron de forma tan terrible el comunismo. No es el tamaño de la UE lo que le ha de permitir jugar un papel en el mundo, sino su fuerza interior. El tamaño no es un signo de fuerza. Por tanto, quisiera recordar a la Cámara que la UE aún no ha hecho sus deberes a este respecto.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, el Comisario Rehn y el equipo de la Dirección General de Ampliación, en especial el señor Summa y la señora Czarnota, merecen toda nuestra gratitud por la profesionalidad y dedicación con que han realizado su trabajo respecto a Bulgaria durante muchos meses y años. No cabe duda de que Bulgaria y Rumanía han sido sometidas a un escrutinio que probablemente no tiene parangón en la historia de la UE. Las causas de esto no residen únicamente en los países afectados, sino que son reflejo también del creciente escepticismo que ciertos sectores políticos muestran hacia la ampliación. Es una pena. La ampliación es, espero, un vehículo para la reforma y el cambio en la Unión Europea.

Celebro sinceramente la confirmación de la Comisión de que la adhesión de Bulgaria tendrá lugar el 1 de enero de 2007. Un aplazamiento no habría servido para nada. No obstante, no se nos escapa que aún queda mucho por hacer. Bulgaria precisa profundas reformas, no solo a causa de la adhesión a la UE, sino por el bien del país y de su población. La actual palabra clave es «transparencia» en todos los sectores, ya sea en la contratación pública, en el nombramiento de funcionarios y jueces o con respecto a los motivos por los que una investigación concreta de repente se detiene y queda en vía muerta. Los ciudadanos necesitan poder confiar en que los que mandan están actuando abiertamente en su favor e interés.

Por supuesto, las autoridades búlgaras aún están poniendo en práctica muchas medidas, de las cuales celebro especialmente la reciente noticia de que el anterior Fiscal General de los Países Bajos va a prestar su asistencia al excelente Fiscal General de Bulgaria, y sugiero que otros países ofrezcan también una ayuda similar.

En cuanto al tema de la emigración de trabajadores, algunos de nuestros países, incluido el Reino Unido, han conocido las consecuencias de una década o más de una política de inmigración fallida y catastrófica, que en gran medida no guarda relación con la Unión Europea. Es lamentable que ahora Bulgaria y Rumanía vayan a sufrir las consecuencias.

Para Bulgaria ha sido una tarea descomunal superar los efectos de cincuenta años de comunismo. Ahora vemos una democracia estable, una economía boyante, una tasa de crecimiento del 5 %, niveles desconocidos de inversión extranjera, un factor de estabilidad regional y un miembro de la OTAN. Buen trabajo, Bulgaria, y sea bienvenida.

(Aplausos)

  Jan Marinus Wiersma (PSE), suplente del ponente. – (NL) Señor Presidente, hablo en nombre del señor Moscovici, nuestro ponente sobre Rumanía, quien desgraciadamente no puede estar aquí en este importante momento. Quisiera comenzar felicitando sinceramente a los dos países por las conclusiones que la Comisión ha presentado hoy sobre la fecha de adhesión de Rumanía y Bulgaria. Y deseo dar la bienvenida a ambos países, pero especialmente a Rumanía. Después de todo lo que ha pasado, la historia de ese país, cincuenta años de dictadura, quince años de arduo trabajo, ahora recibe el premio de la Unión Europea en forma de adhesión.

Mi Grupo ha estado siempre a favor de la incorporación de ambos países. No solo el actual Gobierno, sino también los diferentes Gobiernos anteriores han desencadenado en Rumanía la dinámica que ha llevado a que la Comisión llegue a la conclusión que hemos oído. Es un gran logro por parte de Rumanía y de Bulgaria y un día histórico en Bucarest y Sofía.

También me satisface la observación del Presidente de la Comisión en el sentido de que, a la luz del permanente progreso de esos dos países, ahora es posible tomar una decisión en contra de la opción de aplazamiento y a favor de comenzar el 1 de enero de año que viene. La Comisión ha indicado que existe un gran margen de cooperación con estos dos nuevos Estados miembros para asegurar que los asuntos pendientes queden totalmente resueltos en los próximos años en un proceso de verificación y cooperación entre ellos y la Comisión, basado en unos objetivos clara e inequívocamente formulados, con los que se han de comprometer ambas partes. El tratado ofrece plenas garantías de que la Comisión pueda proteger los intereses de la UE en ese proceso. Un año de espera probablemente significaría que ambas partes dejaran de hacer el esfuerzo, y eso llevaría a una adhesión automática de algún tipo. Por el contrario, estamos aprovechando el progreso y la dinámica actuales de ambos países a fin de lograr lo que falta en el proceso de adhesión, sin prisa pero sin pausa, y de poner las cosas en orden lo antes posible.

En definitiva, felicidades y gracias a la Comisión, gracias al Comisario Rehn, por todo el trabajo realizado en los últimos años y felicidades una vez más a Rumanía y Bulgaria.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

12. Progreso de Turquía hacia la adhesión (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Eurlings, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión [2006/2118(INI)] (A6-0269/2006).

  Camiel Eurlings (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, llegamos al debate final de este informe sobre Turquía en un momento muy especial. Este informe precede al informe de situación de la Comisión Europea, por lo que supone una oportunidad única de influir y enriquecer la postura de la Comisión.

Sin embargo, esto no significa que sea tan necesario influir en la Comisión a este respecto, pues el informe, tal como lo he presentado a la Comisión de Asuntos Exteriores y tal como lo presento ahora en esta sesión, ha sido elaborado en un clima de estrecha colaboración con la Comisión Europea y con el propio Comisario Rehn. También pienso en las palabras del señor Rehn cuando presenté el informe a la Comisión de Asuntos Exteriores, palabras de inequívoca satisfacción.

La Comisión de Asuntos Exteriores aprobó el informe por amplia mayoría: 54 votos contra 6. Es un informe que ha sido calificado de justo pero severo: justo, porque está basado en hechos y es constructivo; severo, porque, por desgracia, hay motivos para la crítica o al menos una fuerte reprimenda del Parlamento.

La principal conclusión del informe es que el Parlamento Europeo lamenta que las reformas estén renqueando. Al inicio de las negociaciones en 2004, cuando tomamos la decisión, esperábamos que continuaran las espectaculares reformas de 2002-2004. Sin embargo, el ritmo ha decrecido significativamente. No es que no se haya hecho nada. De hecho, debo felicitar a los políticos turcos por su noveno paquete de reformas legislativas y por las muchas propuestas aprobadas por el Parlamento. Y felicito también a los funcionarios turcos por su profesionalidad en las negociaciones, que han facilitado el cierre provisional del primer capítulo.

¿Por qué las críticas, pues? Porque nos habría gustado ver un mayor progreso en la mayoría de las reformas políticas. Mencionaré solo unas pocas áreas, pero que son significativas. En primer lugar, en cuanto a la libertad de expresión, este Parlamento ya ha criticado algunos aspectos del nuevo código penal. Aunque se ha producido una gran mejora, ciertos artículos despiertan dudas; sobre todo, el artículo 301. Algunas personas han sido liberadas, pero la confirmación de la sentencia del señor Hrant Dink demuestra, tal como ha afirmado también con toda claridad el famoso periodista Ali Birand, que el artículo 301 debe ser modificado o derogado. Pido al Gobierno turco y al pueblo de Turquía que reconozca esta necesidad. Es importante para la libertad del pueblo turco y para la imagen de Turquía en Europa y en el resto del mundo.

En segundo lugar, queda mucho por hacer en materia de libertad religiosa. Estuve en Turquía hace algunas semanas. Hasta hace muy poco se confiscaban iglesias y monasterios, y la nueva propuesta de ley sobre fundaciones, como ha dicho el Comisario, deja bastante que desear. Así que pedimos que esto termine. Devuelvan sus propiedades a las minorías religiosas y cambien la propuesta de ley sobre fundaciones de manera que, si no es posible la devolución, al menos se dé una buena compensación a las iglesias minoritarias.

También debe restablecerse la formación del clero. Desde 1971 están cerrados los seminarios, y para un país que quiere ser europeo es fundamental que, al menos, sea tan fácil construir una iglesia cristiana en Turquía como lo es construir una mezquita turca en el resto de la Unión Europea.

Dijimos que estas reformas eran prioritarias porque en ellas está el espíritu de Europa. Lo pedimos como Parlamento, y Turquía firmó, en la asociación para la adhesión revisada, un compromiso de cumplir las prioridades inmediatas antes de finales de 2007, y entonces este Parlamento pidió a Turquía que cumpliera lo pactado.

Un tercer aspecto preocupante es la situación del sudeste. Condenamos firmemente el PKK y toda forma de terrorismo. Lo condenamos firmemente –nunca hay excusas para el terrorismo–, pero al mismo tiempo pedimos a Turquía que intente buscar interlocutores pacíficos, que busque una salida política e invierta en el desarrollo social y económico del sudeste.

Y un último punto crucial: Chipre. Al principio de las negociaciones se acordó que no habría una ceremonia de reconocimiento formal de Chipre por parte de Turquía, pero que habría un Protocolo de Ankara que sirviera de normalización de las relaciones. El protocolo se firmó, el Consejo pidió que se pusiera en práctica antes de acabar 2006 y es una cuestión de credibilidad –también de nuestras instituciones– que Turquía se atenga a sus compromisos y cumpla el protocolo antes del finales de 2006. Este Parlamento como tal también quiere dejar muy claro que esperamos ver mayores esfuerzos en la parte septentrional de la isla en materia de regulación del comercio. Pero, una vez más, Turquía no puede limitarse a firmar: debe cumplir lo prometido.

Concluiré con un último comentario, e intentaré ser breve. En la comisión ha habido una amplia mayoría a favor de la orientación básica del informe, y doy las gracias a sus Señorías porque con ello enviamos un mensaje muy importante. Sin embargo, ha habido cierto malestar debido a una enmienda sobre el genocidio armenio. Dos frases me bastarán para dejar claro mi punto de vista. Como ponente, he intentado presentar en el apartado 50 del informe una postura que sea firme pero realista. Dice que el reconocimiento no es en sí un requisito formal, pero que sí es indispensable que un país que se acerca a Europa salde sus cuentas con el pasado y, por lo tanto, queremos comités, investigación, debate abierto. Creo que es una postura firme pero ecuánime y aceptable.

Sé que con la enmienda de la señora De Keyser se ha aprobado también otro texto. Lógicamente, es responsabilidad de cada diputado al Parlamento votar lo que le parezca, pero si me piden mi opinión, el texto del apartado 50 es el mejor posible y el que nos lleva más lejos.

He hablado demasiado hoy y quiero dar las gracias de nuevo a sus Señorías por su apoyo hasta ahora, y solo añadiré que espero, como ponente sobre la adhesión de Turquía, que este mensaje –severo pero justo– sea percibido por los políticos turcos y el pueblo turco como un mensaje de ánimo para reanudar el proceso de reformas, para respaldar con vigor a quienes lo desean, de modo que, como ponente, pueda ser más positivo en mi próximo informe de lo que he sido hoy.

(Aplausos)

  Paula Lehtomäki, Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Presidencia finlandesa deseo dar las gracias al Parlamento Europeo y, en especial, al señor Eurlings por su exhaustivo informe sobre el progreso de Turquía en el camino hacia la adhesión.

Todo debate es una buena ocasión para saber más sobre este proceso, para invitar a los ciudadanos tanto de los Estados miembros como de Turquía a participar activamente en él y para apoyar al Gobierno turco en sus objetivos de adhesión. Finlandia, el país que actualmente preside el Consejo, tendrá en cuenta lógicamente las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo.

A principios de noviembre, la Comisión emitirá su informe anual sobre el progreso de Turquía en las negociaciones sobre su adhesión, y el Consejo Europeo estudiará detenidamente ese informe. En el debate de hoy quisiera centrar la atención en algunos puntos de las negociaciones.

La Presidencia comparte la preocupación de esta Cámara en cuanto al proceso de reformas en Turquía. En ese país debe acelerarse la aplicación de las reformas políticas y del proceso de reforma en general. Una aplicación plena y efectiva es fundamental para garantizar la continuidad y vigencia de las reformas. Necesitamos resultados concretos.

Compartimos la preocupación del Parlamento respecto al lento avance de Turquía en las cruciales áreas de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Aunque la situación en Turquía es mejor en comparación con unos años atrás, el país necesita seguir haciendo reformas tangibles, sobre todo en el campo de la libertad de expresión y de religión, en los derechos de la mujer y en la lucha contra la tortura y los maltratos. La mayor parte de esos asuntos han sido designados como prioritarios en la Asociación para la adhesión revisada, y Turquía debe tomar las medidas oportunas sin más demora.

En este momento, la Presidencia está esperando la aprobación del noveno paquete de reformas legislativas en Turquía, cuyo propósito es responder a algunos de los problemas que acabo de mencionar. La nueva ley debe ser totalmente acorde con los patrones comunitarios.

El Consejo espera que Turquía tome medidas inmediatas especialmente en relación con la libertad de expresión, de manera que en el futuro cesen las actuaciones legales emprendidas contra personas por expresar opiniones contrarias a la violencia. En cuanto a la libertad religiosa, esperamos que la legislación sobre los derechos de las minorías no musulmanas se aplique sin demora, de acuerdo con los patrones europeos.

Al igual que el Parlamento, nos preocupa la situación en el sudeste de Turquía. La Presidencia ha condenado los recientes atentados con bombas en diferentes lugares del país y los considera actos terroristas sin sentido. Nunca se puede justificar el terrorismo. Este es un asunto que afecta a diversas áreas y que estamos observando minuciosamente como parte del proceso de reformas. Turquía necesita desarrollar rápidamente un amplio proyecto para reducir las desigualdades regionales. Su objetivo debería ser dar más oportunidades a todos sus ciudadanos, incluidos los kurdos, y fortalecer el potencial económico, social y cultural del país.

Además de los criterios de Copenhague, el progreso de Turquía en el proceso de adhesión está siendo juzgado en el contexto de los requisitos del Marco de negociación, que incluye la aplicación del Protocolo adicional al Acuerdo de Ankara. El progreso aquí es esencial para que sigamos hablando. Turquía debe aplicar plenamente el Protocolo a todos los Estados miembros de la Unión Europea y eliminar los obstáculos a la libre circulación de bienes, incluidas las restricciones al transporte. El inicio de conversaciones relacionadas básicamente con este asunto dependerá de la forma en que Turquía cumpla con sus obligaciones contractuales frente a los Estados miembros. Cualquier deficiencia en este sentido tendría graves repercusiones en el proceso de negociación.

Se está ejerciendo una estrecha vigilancia del progreso de todos los asuntos fundamentales citados en la declaración de 21 de septiembre de 2005 por la Comunidad Europea y los Estados miembros.

Será necesario que persistan el espíritu emprendedor y la determinación si queremos que se cumplan las pautas de la UE y los requisitos de adhesión. Tal determinación no solo se exige al país aspirante, sino también a la Unión. Por eso queremos decir rotundamente que el proceso de adhesión de Turquía es muy importante para nosotros y que la Presidencia finlandesa hará todo lo posible para asegurar el progreso de las negociaciones.

La Unión respalda a Turquía en sus aspiraciones de adhesión, pero el avance de las negociaciones depende en gran medida de lo que haga Turquía. El proceso de adhesión seguirá adelante mientras Turquía continúe con su proceso de reformas y cumpla con sus obligaciones debidamente.

  Olli Rehn, miembro de la Comisión. (FI) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar pido disculpas porque voy a tener que abandonar este debate a la mitad debido a que debo asistir a una rueda de prensa con el Presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, a las 16.00 horas, es decir, dentro de diez minutos. Justo después, ambos partiremos hacia Sofía, en Bulgaria, y Bucarest, en Rumanía, para comunicar la decisión de hoy y el contenido del debate del Parlamento a esos dos futuros Estados miembros. Lamento tener que dividirme, pero el último debate se ha extendido algo más de lo esperado y me temo que no me queda otra alternativa.

(EN) Señor Presidente, en el debate anterior la señora Lehtomäki ha hecho una declaración en nombre del Consejo sobre el futuro de la ampliación. Igual que el Presidente Barroso, yo también acojo con satisfacción la declaración y reitero el compromiso de la Comisión y nuestra política de establecer un plan de ampliación consolidado que abarque el sudeste de Europa excepto Bulgaria y Rumanía. Abarca Turquía y Croacia y los demás países de los Balcanes Occidentales. Somos prudentes con respecto a todo nuevo compromiso, pero mantenemos los ya adquiridos con los países del sudeste de Europa: pacta sunt servanda. Estos pretenden incorporarse a la Unión Europea una vez hayan cumplido las condiciones, tal como se prometió a los países de los Balcanes Occidentales en la Cumbre de Salónica en 2003. Mientras nos preparamos internamente para un nuevo acuerdo institucional, con esos países del sudeste de Europa continúa el gradual y esmerado proceso de adhesión. No podemos desentendernos de nuestras responsabilidades con la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia.

Esperamos que los Estados miembros de la UE sean capaces de llegar a un nuevo acuerdo institucional en 2008, de modo que ya deberíamos contar con él en el momento en que, según se espera, se incorpore el siguiente miembro. Si Croacia, que probablemente sea ese próximo miembro, lleva a cabo las reformas con rigor y eficacia, deberá poder incorporarse a la Unión a finales de esta década.

Quiero dar las gracias al señor Eurlings por su informe, que contiene elementos útiles para la evaluación del progreso de Turquía hacia la adhesión. También quiero agradecer sus contribuciones a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores.

La adhesión de Turquía es objeto de constante debate. No hay duda de que el ritmo de las reformas en ese país disminuyó en el curso del año pasado. Sin embargo, tampoco debemos olvidar los progresos observados en el último decenio ni de nuestros compromisos con Turquía. El objetivo de las negociaciones iniciadas el 3 de octubre de 2005 es que alcance la plena condición de miembro, y por su propia naturaleza es un proceso abierto, sin automatismos.

Este compromiso se basa en la firme convicción de que la integración de Turquía en la UE será beneficiosa para todos. Por su propio interés, la Unión Europea necesita una Turquía democrática, estable y cada vez más próspera. La relevancia estratégica de Turquía ya ha quedado de manifiesto con su decisión de participar en la misión de la FPNUL en el Líbano.

En los últimos doce meses las reformas no han avanzado. Es necesario que se adopten nuevas medidas y que haya un progreso palpable antes de que la Comisión presente su informe el 8 de noviembre.

En primer lugar, la libertad de expresión es la piedra angular de las reformas. Periodistas, escritores, editores y activistas de los derechos humanos aún se enfrentan a procesos por infracción del célebre artículo 301 del Código Penal, por la vaga razón de «insulto a la identidad turca». En julio, la resolución definitiva del Tribunal Supremo en el asunto de Hrant Dink sentó jurisprudencia sobre el mencionado artículo 301, que es incompatible con las normas europeas. Así, a pesar de la absolución del novelista Elif Shafak la semana pasada, la libertad de expresión continúa amenazada en Turquía.

Los procesos judiciales tienen un efecto amedrentador y perjudicial en la importante labor que desempeñan periodistas, intelectuales y activistas. Yo he expresado reiteradamente mi preocupación al respecto, la última vez hace una semana al Ministro de Exteriores Gül. Francamente, estoy cansado de repetirlo una y otra vez, pero seguiré haciéndolo hasta el final de mi mandato o hasta que se subsane esta anomalía. No puedo ni imaginarme un Estado miembro en la Unión Europea que no respete un principio fundamental como el de libertad de expresión. Es hora ya de que Turquía reforme los artículos restrictivos de su código penal y los adapte de verdad al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esto también tiene importancia en lo que respecta al debate interno sobre Turquía, al que se ha referido el ponente, el señor Eurlings. En Turquía es necesario un intercambio de puntos de vista abierto y constructivo y que englobe los aspectos más sensibles. Es preciso tanto para el proceso democrático del país como para hacer frente a los retos del futuro, así como para la reconciliación de Turquía con sus vecinos, incluida Armenia. La reconciliación es un concepto que está tanto en el origen como en el final del proceso de integración europea. Por eso, conmino a Turquía a que siga dando pasos concretos en esa dirección.

En segundo lugar, en relación con la libertad religiosa, estoy plenamente de acuerdo con el ponente y con el Consejo. La Ley de fundaciones que se está debatiendo en la Gran Asamblea Nacional turca debería corregir las deficiencias. Deben eliminarse las restricciones que afectan a los derechos de propiedad, a la gestión de las fundaciones y a la formación del clero.

Y también hay minorías musulmanas que sufren discriminación. Los alevíes, una comunidad de quince a veinte millones de personas, han de afrontar restricciones legales para establecer sus lugares de culto y en la recepción de apoyo económico de las autoridades religiosas oficiales.

En el sudeste, la espiral de violencia socava los avances registrados cuando se levantó el estado de emergencia hace algunos años. El terrorismo es nuestro enemigo común. Turquía y la UE condenan sin matices el PKK, y yo lamento profundamente la pérdida de vidas inocentes en los atentados que han tenido lugar a lo largo del año en el país.

Sin embargo, una política basada en meras consideraciones de seguridad no es suficiente para resolver los problemas de la región. El Sudeste atraviesa una situación socioeconómica agravada no solo por las amenazas a la seguridad, sino también por el desempleo y la pobreza. Esperamos que Turquía adopte pronto una amplia estrategia encaminada a afrontar todos los problemas de la región: económicos, sociales y culturales.

Y volviendo a las obligaciones que Turquía debe respetar, esperamos que cumpla íntegramente el Protocolo Adicional del Acuerdo de Ankara. Esto significa que Turquía debe eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidos los que afectan a los medios de transporte, con los que se está incumpliendo el Acuerdo de Asociación. Por tanto, Turquía debe abrir sus puertos a las embarcaciones con bandera de cualquier Estado miembro, incluido Chipre. Tal como se estableció en el marco de negociación, el avance de las negociaciones también depende de que Turquía cumpla sus obligaciones. Quisiera reiterar que las que están recogidas en el Protocolo de Ankara no están vinculadas al final del aislamiento económico de la comunidad turcochipriota.

El proyecto de informe hace bien en exhortar al Consejo a que renueve sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre el reglamento de facilitación del comercio en relación con la parte septentrional de Chipre. La Comisión respalda plenamente los serios esfuerzos de la Presidencia finlandesa por desbloquear el reglamento comercial, ayudando así al Consejo y a los Estados miembros a cumplir sus compromisos. También conviene destacar el mantenimiento del constructivo compromiso de Turquía por alcanzar un amplio acuerdo sobre la cuestión de Chipre, que sea aceptable tanto para los grecochipriotas como para los turcochipriotas, basado en los principios fundacionales de la UE.

Para terminar, redunda en nuestro mutuo interés que Turquía continúe su transformación democrática, social y económica con el propósito de ingresar en la UE. Si lo logra, con nuestro constante apoyo, puede convertirse en un puente cada vez más robusto entre civilizaciones, en un momento en que las relaciones entre Europa y el islam son el mayor desafío de nuestro tiempo. Turquía es un importante referente a este respecto y de ella depende nuestro propio futuro, el futuro de nuestros hijos y nietos.

Aunque la Comisión está dispuesta a apoyar a Turquía en todo el proceso, es a ella a quien corresponde llevarlo adelante. La sesión extraordinaria parlamentaria aprobada la semana pasada para acelerar la adopción del noveno paquete de reformas es un encomiable paso en la dirección correcta, pero aún hace falta un proceso de reformas más decidido para que Turquía avance en su camino hacia la adhesión. En este proceso, debemos recordar que –tal como ha sugerido el Primer Ministro Erdogan– los criterios de Copenhague deberían llamarse criterios de Ankara, pues están ahí sobre todo por el bien de los ciudadanos turcos y sus derechos, no meramente para complacer a la UE.

(Aplausos)

  Emine Bozkurt (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (NL) Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al señor Eurlings por su duro trabajo, que no siempre ha discurrido por caminos llanos. Por desgracia, el informe en su forma actual, debido a los que se oponen a la adhesión de Turquía a la UE, se ha convertido en un motivo de disgusto para muchos de nosotros, incluidos los turcos reformistas, los europeos que quieren a Turquía como aliada y, desde luego, las mujeres turcas.

Como ponente sobre los derechos de las mujeres, he comprobado que Turquía sin duda está avanzando en esta materia, en parte a raíz de la presión de la UE en general y del Parlamento Europeo en particular. La estrategia de ampliación es eficaz para incentivar las reformas en los Estados candidatos, pero solo funciona si tales reformas también se reconocen. Tal como suele repetir el partido del señor Eurlings en los Países Bajos, «después de lo agrio hay que tomar dulce», es decir, necesitamos luz tras la oscuridad.

El informe Eurlings no reconoce los logros de Turquía hasta el momento. Es negativo no solo en el fondo, sino también en el tono. Eso es una buena forma de sabotear las reformas en Turquía minando su apoyo popular y facilitando a los euroescépticos turcos una poderosa arma para las próximas elecciones en Turquía. Lo que sin duda queremos es que esas críticas se traduzcan en hechos, pues eso beneficiará a todos.

Podríamos dar la vuelta a las cosas y citar las reformas que se han realizado con éxito, ser conscientes de los primeros pasos dados por Turquía para saldar cuentas con su pasado, y promover nuevos esfuerzos, pero insto a sus señorías a que retiren el reconocimiento de genocidios como condición de adhesión, porque eso no forma parte de los criterios de Copenhague y, siendo justos, nunca se le ha impuesto a ningún otro Estado miembro. Debe eliminarse toda referencia a un estatuto privilegiado, pues el objetivo de las negociaciones es que una Turquía reformada llegue a ser Estado miembro. Si hacemos esos cambios, podremos contar con los turcos en Europa, dar la bienvenida a ese Estado secular con su población musulmana como un aliado en la lucha contra el terrorismo y el extremismo. En caso contrario, estaremos abandonando a su suerte a los reformistas turcos, millones de hombres y mujeres.

  Elmar Brok, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en Ejercicio del Consejo, en la última intervención no me ha quedado claro si se trataba de una opinión personal o de la postura de la comisión competente.

Quiero dar las gracias sinceramente al señor Eurlings por el equilibrado informe que ha presentado. Buena parte de las críticas expresadas hoy por algunos Grupos fueron introducidas en el informe precisamente por miembros de esos Grupos. Esto no se ha de olvidar, por ejemplo, en relación con el asunto de los medios de comunicación.

Es importante dejar claro que las negociaciones están en marcha y que ambas partes deben contribuir a ellas de forma constructiva. Estamos de acuerdo en que Turquía ha de tener expectativas de pertenecer a la UE, pero hemos de dejar claro, como ha dicho el propio Comisario, que el ritmo de las reformas se ha frenado desde el 3 de octubre. Es justo y necesario hacer esta puntualización, y lo es en atención a cuestiones concretas relativas a los derechos humanos, a los derechos de las minorías y a las libertades de expresión y religión. También es importante dejar claro que se trata de condiciones previas para seguir avanzando.

Al empezar las negociaciones, el Parlamento manifestó en una decisión que habrían de cumplirse los criterios al inicio y no al final del proceso de negociación.

Me están molestando algunas cosas de este debate (lo cual es casi un problema de mentalidad), como por ejemplo el hecho de que no se permita mencionar asuntos que los turcos puedan ver como críticas o interpretar de forma errónea. Pero no se puede seguir con las negociaciones sin llamar a las cosas por su nombre. Solo así se puede avanzar. Después de todo, nuestra tarea es llevar a nuestros ciudadanos por ese camino. Si no se cumplen las condiciones y no se habla con claridad de las cosas, tendremos un grave problema.

Solo puede unirse a la UE quien cumpla todos los criterios, incluidos los criterios políticos y las condiciones previas de negociación. Esto significa que el cumplimiento del Protocolo de Ankara debe llevarse a cabo de una vez por todas, algo que aún no ha sucedido. El asunto de Chipre se debe resolver este año, tal como se había pactado, y no puede ser objeto de más dilaciones, pues así nadie nos va a tomar ya en serio.

Por lo demás, también debe quedar patente la primordial importancia que tiene la capacidad de ampliación de la UE. Esto significa que las perspectivas financieras en función del mandato de negociación no permiten negociaciones con repercusiones financieras antes de 2013. Debe quedar constancia de este hecho, pues tales disposiciones del mandato de negociación demuestran que la UE actualmente no tiene capacidad financiera para soportar una ampliación.

  Jan Marinus Wiersma , en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, nos encontramos hoy debatiendo un asunto que nos preocupa a todos nosotros: las negociaciones con Turquía y el futuro de este país en relación con la Unión Europea. Turquía es un socio clave en una región crucial. Más que nunca, ahora es evidente que debemos ligar Turquía a la Unión Europea y que hemos de apoyar las reformas en ese país. Turquía forma parte de una operación de las fuerzas de las Naciones Unidas en el Líbano. Ahí debemos apoyar a Turquía para que desempeñe un papel positivo y constructivo en la región. Es primordial contar con un socio allí.

El proceso de negociación es la mejor forma de desarrollar una relación mejor y más fuerte con Turquía y, aunque sabemos que esto llevará cierto tiempo, seguimos creyendo que un diálogo crítico pero constructivo es la mejor manera de llevar el proceso a buen puerto. Por consiguiente, el informe de esta Cámara debe ser equilibrado y no perder la perspectiva del objetivo final: la adhesión. Debemos construir a partir del progreso logrado en los últimos años, reconociendo no obstante que las demoras lo han dificultado.

Nuestro Grupo ha intentado, mediante una serie de enmiendas, hacer el informe más equilibrado en unos cuantos aspectos y, en respuesta al señor Brok, nuestro Grupo no tiene por qué aceptar automáticamente lo que salga de la Comisión de Asuntos Exteriores. No ayuda al proceso la especulación con formas alternativas de asociación: esa es nuestra constante objeción al artículo 71 del informe. No queremos que haya ninguna duda al respecto.

Las negociaciones tienen por objeto la plena adhesión. Afortunadamente, esto queda claramente formulado en el informe Eurlings, en lo cual estamos de acuerdo y desde luego no dudo de las intenciones del señor Eurlings. Lo que es cierto, sin embargo –y en esto comparto la opinión del señor Brok– es que los actuales marcos institucionales no permitirán la incorporación de nuevos Estados miembros tras la adhesión de los dos que hemos estado debatiendo hoy. También esto ha quedado inequívocamente plasmado en el informe. Sin las necesarias reformas en el marco del proceso institucional, no aceptaremos ninguna nueva decisión sobre ampliaciones.

Hablaré ahora de los dos temas clave del informe. En primer lugar, con respecto al genocidio armenio, estoy de acuerdo con la postura adoptada por el señor Eurlings. El compromiso que alcanzamos en las negociaciones es exactamente el que necesitamos. Es una invitación al Gobierno turco a que reconozca su genocidio y a que se celebre un debate interno en Turquía, aun sin imponerlo como condición para la adhesión a la UE. Espero que mañana consigamos eliminar este apartado del informe. Todo este asunto, en sentido estricto, no forma parte de los criterios de Copenhague, y así debe seguir siendo.

Por último, en cuanto a Chipre, estamos de acuerdo en que ha de ratificarse el Protocolo de Ankara. Al mismo tiempo, también creemos que tenemos que hacer algo para ayudar más a los turcochipriotas en Chipre. Esta tarde nuestro Grupo volverá a debatir la lista de votaciones y, en función de eso y de la votación de mañana, aprobaremos nuestra valoración final.

  Andrew Duff, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, sin duda estoy de acuerdo con la señora Bozkurt y el señor Wiersma en que la resolución como tal está desequilibrada. El especial papel del Parlamento en el proceso de adhesión es promover el desarrollo de la democracia parlamentaria en Turquía. Nuestra crítica debe ser constructiva, tratando de alentar a Turquía en su camino hacia la modernización, no a bloquearlo.

Hacemos bien en denunciar las restricciones actuales a la libertad de expresión, pero no debemos bloquear ilegítimamente la continuación del proceso que hemos iniciado. Debemos medir nuestra reacción, ser coherentes y, sobre todo, ser justos, particularmente en cuanto a Chipre y Armenia.

La candidatura turca es una cuestión determinante para la Unión. Si hubiera un choque de trenes en Chipre, haría dos trenes implicados. En uno de ellos viajan los esfuerzos de Turquía por crear una forma viable de islam europeo, donde el Profeta se cruza con la Ilustración. El éxito de esa misión apartaría tanto al islam como al cristianismo de las terribles certezas del siglo XIV. En el segundo tren viajan los esfuerzos de Europa por desarrollar una sólida Política Europea de Seguridad y Defensa, una tarea a la que Turquía puede hacer una extraordinaria contribución.

Quizá la participación de tropas turcas bajo mandato francés en el Líbano señale un punto de inflexión en la vida de la PESC.

La adhesión de Turquía será un proceso bidireccional.

  Joost Lagendijk, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, el informe Eurlings, tal como está, me causa un gran problema. No me refiero a los muchos pasajes críticos en que se urge al Gobierno turco a que haga más y a que se apresure en aplicar las reformas. Hay buenos motivos para exhortar al Gobierno turco para que retire lo antes posible del código penal el tristemente célebre artículo 301, que ha sentado en el banquillo de los acusados a decenas de escritores y periodistas.

Mi problema con el informe son los pocos párrafos en que el informe pierde todo el control, especialmente el párrafo en que el reconocimiento del genocidio armenio se considera en cierto modo una condición para la adhesión, y los párrafos sobre Chipre, en que Turquía aparece como la única culpable. El informe original, tal como fue presentado por el ponente, era crítico, pero justo, y en la Comisión de Asuntos Exteriores conseguimos alcanzar buenos acuerdos durante nuestros debates, lo que significa que el informe puede mejorar con las oportunas enmiendas.

Donde nos hemos equivocado es en las fases finales de esos debates, añadiendo cláusulas al informe por medio de toda clase de enmiendas orales, lo que ha dado al traste con el equilibrio inicial del documento. Aunque esto puede ser considerado como todo un éxito por algunos grupos de presión, el resultado es un claro empeoramiento del informe. Lo que mi Grupo quiere al presentar una amplia serie de enmiendas es volver al informe original del señor Eurlings, que era, a nuestro juicio, tan crítico como justo.

Por eso me complace oír y leer en las entrevistas de la prensa turca al ponente que él, entendiendo que un error admitido está ya medio enmendado, está dispuesto a apoyar los intentos de recuperar la forma original del informe. Por lo tanto, cuento con su respaldo en las votaciones de mañana.

¿Por qué es tan importante que el informe sea crítico y justo a la vez? Yo deseo profundamente que el Parlamento Europeo siga desempeñando un papel en el debate de las reformas en Turquía, al apoyar a los grupos y a las personas que, día a día, luchan por las mismas cosas que nosotros. Son las mismas personas que en las últimas semanas se han dirigido a nosotros para decirnos que el informe, en su forma actual, no les sirve. Solo sirve para los turcos que se han opuesto a las reformas, y yo no deseo que el Parlamento ayude a quienes no quieren que Turquía progrese.

Si no se cambia el informe, si permanece en su forma actual, nosotros mismos nos estaremos echando de la escena, pues todos los aspectos válidos del informe ya no se tomarán en serio, y yo no creo que sea ese el papel del Parlamento. Por eso son necesarios los cambios, y cuento con el apoyo de sus Señorías y del ponente. Realmente espero que la mayoría de esta Cámara esté dispuesta a elegir esta vía: constructiva y crítica, pero justa, antes que el callejón sin salida que es actualmente el informe.

  Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha votado a favor de iniciar las negociaciones con Turquía, pero creemos que esas negociaciones se deben centrar en el respeto de los derechos humanos y la democracia, y que esto debe ir inexcusablemente ligado a la solución política y diplomática de la cuestión kurda.

La semana pasada participé en la visita de la Subcomisión de Derechos Humanos a Turquía, y he vuelto con una impresión muy distinta de lo que me esperaba. En concreto, nos encontramos con una trágica situación en el Kurdistán turco: es una zona totalmente militarizada. Una cosa es la necesaria condena del terrorismo y otra cosa muy distinta es considerar terroristas a todos los habitantes de una región, encarcelar a menores de edad tan solo por hacer el signo de la victoria, insistir en la lógica de la tortura y apartar a los jueces que investigan a los policías sospechosos de actos violentos.

Como Parlamento debemos respaldar el llamamiento de alto el fuego por el DTP y exhortar al PKK a que responda positivamente. Tenemos que apelar al Gobierno turco para que entable de inmediato conversaciones con el DTP a fin de alcanzar una solución política, ya que no hay otra alternativa posible.

Sin embargo, los problemas no solo se refieren al Kurdistán: a todos nos complació la solución alcanzada para Elif Shafak, al igual que sucedió previamente con Orhan Pamuk, pero existe el riesgo de que esto sea tan solo una cortina de humo para Occidente. De hecho, quedan al menos otros ochenta escritores y periodistas enjuiciados en virtud del artículo 301.

Al mismo tiempo, el Parlamento turco ha aprobado la ley antiterrorista con su texto original, pese a la oposición no solo de Europa, sino también de la ONU. Además, hemos podido comprobar que en la provincia de Hakkari, también en la región kurda, 7 000 de los 250 000 habitantes son guardias rurales, de modo que hay una situación en que las fuerzas policiales, cuya disolución lleva tiempo demandando la Unión Europea, responden directamente ante el Gobierno.

El compromiso que pedimos al Parlamento, a la Comisión y al Consejo es seguir por la vía de la negociación con Turquía, pero centrándose en los derechos humanos en vez de en debates ideológicos e intereses económicos. Creemos que el futuro puede llevarnos a una Europa multiétnica y multirreligiosa, pero siempre con respeto a los derechos humanos de todos.

  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, es cierto que el tono del informe sobre Turquía es frío muchas veces, pero eso es lo que lo hace sincero. Durante más de cuarenta años, ese país, que solicita ser miembro de la Unión Europea, ha tenido una actitud hostil con sus vecinos, incluidos los Estados miembros de la UE.

También es nuestro derecho y nuestra obligación no solo pedir explicaciones por las injusticias pasadas, sino también exigir que Turquía afronte la situación, cada vez más deteriorada, de los derechos humanos de la minoría cristiana. Esta minoría depende únicamente de nosotros para defender su causa. Y no pueden dejarse de mencionar también las escandalosas declaraciones de representantes del Gobierno turco en relación con el discurso pronunciado por el Papa Benedicto XVI en Ratisbona. Al ceder a las corrientes más extremistas de la opinión pública musulmana, el Gobierno ha dado dos pasos hacia atrás. Con esto y con todo, no debemos dar la espalda a Turquía, pero estoy seguro de que otras formas de cooperación distintas a la pertenencia pueden aportar frutos económicos y políticos.

También hay que recalcar las grandes desigualdades en nuestra actitud ante futuras ampliaciones. Se han hecho importantes progresos en el proceso político hacia la adhesión de Turquía a la UE, mientras que ha quedado suspendido el proceso de Ucrania, un país que no pierde 250 casos cada año ante el Tribunal de Derechos Humanos. No son oleadas de ucranios las que nos solicitan asilo político. No es Ucrania quien perpetúa las tensiones con sus vecinos a raíz de conflictos pasados y presentes. Mientras persistan estas desigualdades de trato en las relaciones políticas, Ucrania seguirá aprisionada por la camisa de fuerza que hace sesenta años le impusieron los decretos de la Rusia comunista de Stalin.

(Aplausos)

  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, el informe elaborado por el señor Eurlings contiene información valiosa y plantea dos cuestiones al Consejo y a la Comisión acerca del fenómeno del llamado «Estado profundo» (derin devlet) y la total falta de libertad religiosa en la República de Turquía. Fuerzas antieuropeas en Turquía se unen en opacas estructuras estatales, círculos nacionalistas del ejército, la policía, la gendarmería y los servicios de seguridad. ¿Hasta qué punto obstaculizan esas fuerzas, denominadas conjuntamente «Estado profundo», las actuales negociaciones de adhesión?

Hay continuas especulaciones sobre la vinculación de este siniestro «Estado profundo» con el asesinato del sacerdote italiano Andrea Santero en Trabzon el pasado febrero, y me recuerdan la humillante situación de la iglesia cristiana en Turquía, cuyos miembros religiosos y seglares son considerados extranjeros. De hecho, los contactos entre las iglesias y el Gobierno tienen lugar por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Quisiera que el Consejo y la Comisión hicieran algo al respecto. ¿O acaso el temor a la movilización islámica en Turquía les disuade de insistir en la plena libertad religiosa en el país de Atatürk?

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, estamos pagando ahora que la Comisión haya hecho la vista gorda de manera tan evidente con respecto a Turquía. Las reformas de Turquía han de existir solo en el papel para recibir nuestro aplauso. Por ejemplo, el cumplimiento de la obligación de aprobar las convenciones internacionales sobre derechos humanos, que se ha exigido a Turquía durante más de cincuenta años por su pertenencia al Consejo de Europa, fue celebrado en 2004 como un gran éxito. En 1999, el Consejo Europeo decidió que los criterios de Copenhague debían cumplirse antes del inicio de las negociaciones. Además, se establecieron otras condiciones políticas relacionadas con el conflicto Grecia-Chipre. Como si no fuera suficiente la gran generosidad con que la Comisión ha interpretado hasta el momento los asuntos turcos, ahora quiere demorarse una vez más el reconocimiento de Chipre, con la vana esperanza de que alguna vez Turquía lo cumpla.

Turquía está haciendo caso omiso a la exigencia de que cumpla efectivamente los criterios, con la excusa de que son irreales y politizados, y parece también considerar que la decisión del Parlamento no es vinculante. Siguiendo su estilo, Turquía pide ahora a los Diputados europeos que den muestra de sentido político y sigan barriendo debajo de la alfombra. Pero la realidad es muy diferente, pues Turquía sencillamente no está preparada para pertenecer a Europa. No hay un reconocimiento real de Chipre, no hay la menor conciencia de haber hecho nada malo con el genocidio armenio y no hay voluntad real de tratar adecuadamente al pueblo kurdo. Solo hay una posible respuesta ante esto –que, por cierto, es la que hace tiempo que piden los ciudadanos de Europa–: demos todo nuestro apoyo a las fuerzas reformistas de Turquía, pero digamos claramente que no a su adhesión a la Unión Europea.

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, quisiera centrarme especialmente en un aspecto del informe del señor Eurlings: el diálogo entre religiones. Se trata de un tema de máxima actualidad mundial a raíz de la polémica desatada recientemente por las palabras del Papa Benedicto XVI en Alemania y las reacciones del mundo islámico.

Ayer tuvo lugar un importante encuentro que demostró el papel que para todos nosotros puede desempeñar un diálogo constructivo y positivo entre representantes de diferentes religiones –cristianos y musulmanes–. El encuentro se basó en el principio de reciprocidad, según el cual ambas partes tienen derecho a mantener sus propias ideas, a defender sus propios valores y a manifestar su propia fe, y se aplica tanto a los musulmanes en los lugares de mayoría cristiana como a los cristianos en los lugares de mayoría musulmana.

El embajador turco también estuvo presente ayer en Castel Gandolfo en una reunión con el Papa. Conversaron largamente de estos asuntos, y por eso creo que la próxima visita de Benedicto XVI a Turquía será de extrema relevancia. Será un acontecimiento singular porque, en mi opinión, alentará el diálogo entre cristianos y musulmanes, entre la mayoría musulmana y las minorías cristianas –católica, protestante y ortodoxa– de Turquía.

Por ese motivo hemos presentado una enmienda, junto con el señor Eurlings y el señor Tannock, y la sometemos a la atención de toda la Cámara, incluidos los otros Grupos políticos. Con ella pretendemos animar al diálogo entre cristianos y musulmanes, entre la cristiandad y el islam, también mediante un claro mensaje del este Parlamento. Dejemos de lado el extremismo, aislemos a los fundamentalistas y mantengamos un diálogo con los que realmente quieren construir la paz en Oriente Próximo y África.

Para terminar, la defensa de las reformas y del diálogo entre cristianos y musulmanes es en el propio interés de Turquía. El progreso que ese país está haciendo en su camino hacia la Unión Europea se puede medir principalmente por los resultados logrados en el diálogo entre religiones, en el respeto a los derechos de las minorías y en el respeto a los derechos civiles de todos los habitantes de Turquía.

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Señor Presidente, quisiera adherirme a lo expresado por el señor Tajani. Estamos sin duda de acuerdo con él en la gran importancia del diálogo interreligioso, sobre todo entre los credos cristianos y el Islam. Por ese motivo no nos resultaron gratas las palabras del Papa. Sin embargo, he de agradecer que se disculpara por ellas y su iniciativa, acordada ayer con los embajadores de los países islámicos, de reavivar el diálogo. Esa es la razón principal por la que es tan importante para nosotros que Turquía tenga la perspectiva de la adhesión, una vía abierta hacia la UE, pues es un medio para contribuir a este diálogo.

Turquía es también un socio de importancia estratégica en el proceso de paz de Oriente Próximo, que sin duda sufrirá un gran impulso con el camino de Turquía hacia la pertenencia a la UE. Sin embargo –y en esto estoy plenamente de acuerdo con el ponente, el señor Eurlings, a quien agradezco sus esfuerzos–, debemos criticar todo lo que sea criticable. Hace años, yo mismo fui ponente del Parlamento. Me complace que haya continuado el proceso, que estemos negociando con Turquía y que ya se hayan producido cambios en ese país. Pero, por otro lado, estoy decepcionado con el escaso avance realizado por Turquía en muchos aspectos. Uno de ellos, la libertad de expresión. A pesar de la absolución de muchos autores, el escándalo es que sean perseguidos por sus opiniones en primer lugar. Esto es algo inaceptable que hay que atajar.

En cuanto a la cuestión kurda, tal como ya se ha dicho, nadie en esta Cámara tiene la menor simpatía por el terrorismo, y el PKK debe declarar su apoyo duradero al proceso de paz de una vez por todas. Sin embargo, el Gobierno debe poner también de su parte: económica, social y políticamente. Debe desmarcarse de las fuerzas –el ejército y el aparato de seguridad– que no desean un diálogo pacífico, especialmente respecto a la cuestión kurda.

En este sentido, aunque todavía quedan algunas cosas más que quisiéramos cambiar, el ponente ha hecho verdaderos esfuerzos para dejar claro que realmente deseamos ver a Turquía avanzar en su camino hacia la UE, pero por eso mismo no vamos a cejar en nuestras legítimas exigencias, que también redundan en interés de Turquía, pues la principal beneficiaria del proceso de reformas no es la UE, sino la propia Turquía.

PRESIDENCIA DEL SR. ONYSZKIEWICZ
Vicepresidente

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, el informe Eurlings tiene un misterio. Pero ese misterio no es el que se dice. No se trata de la dureza o de endurecer el informe. En realidad, al leer este informe, uno se da cuenta de que repite lo que hemos dicho, con razón, desde siempre. Se dice que los derechos humanos y la libertad de expresión no se respetan de forma satisfactoria en Turquía. Se dice que las minorías religiosas no tienen derecho a poseer, publicar y enseñar, como en todas partes en la Unión Europea. Se dice que, cuando se entra en un club, lo mínimo es dar la mano a todos los miembros y no mostrarse belicoso con uno de ellos. Y se dice, por último, que ha habido un genocidio armenio, que no se construirá nada sin el reconocimiento de ese genocidio, y todo esto no es nuevo. Lo dijimos en 2004, pedimos el reconocimiento del genocidio en 2004, y en 2005 dijimos que debía ser una condición imprescindible. No votar el apartado 49 supondría un retroceso de este Parlamento.

Pero el verdadero misterio, el verdadero misterio del informe Eurlings, reside en su coherencia. He aquí una institución que sigue diciendo, algunos años más tarde, lo que decía antes. Ahora bien, en el clima de degeneración general del que ha hablado tan críticamente el señor Cohn-Bendit hace un rato, es una cosa insólita. Es insólito que hoy digamos que lo que decíamos ayer debe seguir ocupando un lugar central en nuestras preocupaciones. El misterio del informe Eurlings es comprobar que, por primera vez en la historia de las negociaciones, tenemos un Estado en regresión antes de la adhesión, y no después, y que nos explica que la adhesión debe hacerse con sus condiciones y no con las nuestras. El misterio del informe Eurlings es que esta institución, a diferencia de la Comisión en su informe sobre Bulgaria y Rumanía, ha decidido decir la verdad, ser veraz, decir los hechos, y si bien sé –Guy Béart lo dijo hace algún tiempo– que el primero que dice la verdad debe ser ejecutado, espero que no sea el caso del señor Eurlings y su informe, que apoyo de todo corazón.

(Aplausos)

  Cem Özdemir (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su intento de captar el sentir de esta Cámara y plasmarlo en una mayoría. Sin embargo, creo que, con su decisión, la Comisión de Asuntos Exteriores tiende a ser el enemigo de lo bueno.

Y lo voy a demostrar con dos ejemplos. En primer lugar, el asunto que mi distinguido colega acaba de aludir al final de su intervención: la cuestión armenia. Yo asistí e intervine en la conferencia sobre la cuestión armenia en Estambul, que muchos ahora describen como «histórica». Fue la primera conferencia de este tipo en que se debatieron todas las cuestiones de este asunto, incluidas las voces más críticas, en Estambul. Todos los participantes, desde Taner Akçam hasta Halil Berktay y Hrant Dink –quien se ve ahora inmerso en una dura batalla con el artículo 301–, me pidieron que dijera en esta Cámara explícitamente que nadie que desee asistir al debate en Turquía debe hacer del reconocimiento del genocidio una condición previa para la adhesión a la UE. Por este motivo, quisiera hacer un llamamiento a sus Señorías: el que desee ayudar a que continúe el debate, el que desee contribuir a los cambios en Turquía, debe escuchar todas las voces de la oposición en el país. Quisiera que la frontera entre Turquía y Armenia algún día se pareciera a la que separa Alemania de Francia, pero eso requiere nuestra ayuda.

En segundo lugar, con respecto a Chipre, también estamos todos de acuerdo en que Turquía debe cumplir su parte del trato y aplicar el Protocolo de Ankara. Pero las obligaciones tienen también un aspecto político, que se refiere al hecho de que los habitantes del norte de la isla de Chipre, los turcochipriotas, esperan que nosotros cumplamos nuestra parte del trato y pongamos fin al aislamiento económico y educativo de esa población. Turquía debe aplicar el Protocolo de Ankara, pero nosotros debemos terminar con el aislamiento de los habitantes de origen turco del norte de Chipre.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, para avanzar sin trabas por este camino hacia la adhesión, Turquía tiene que hacer lo mismo que los anteriores países candidatos y cumplir sus obligaciones contractuales, como abrir sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones chipriotas, o levantar su veto a la participación de Chipre en organizaciones internacionales y tratados multilaterales.

Su continua negativa a hacer todo esto constituye una clara infracción del acuerdo de asociación, de la unión aduanera y del protocolo adicional, que son sus obligaciones contractuales frente a la Unión Europea. Por tanto, Turquía no tiene razón al vincularlas con el problema de Chipre.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno chipriota para el uso común del puerto de Famagusta bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el control simultáneo de la Comisión Europea, combinada con la devolución de la zona vallada de Famagusta a sus legítimos residentes, podría ayudar a superar el actual estancamiento.

Nosotros, el Partido Progresista del Pueblo Trabajador de Chipre, estamos luchando por la resolución del problema de Chipre y por el respeto a los derechos humanos de todos los chipriotas, tanto turcos como griegos. No pretendemos poner piedras en el camino de la adhesión de Turquía. Pero al mismo tiempo no podemos obviar la infracción de las obligaciones contractuales de Turquía frente a la Unión Europea a costa de Chipre ni aceptar la falta de respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de Turquía ni la negativa a reconocer el genocidio de los armenios.

Para concluir, no podemos entender las razones para las enmiendas que pretenden eximir a Turquía de sus obligaciones. Esta innecesaria actitud nos llevará a complicaciones no deseadas.

  Mogens N. J. Camre (UEN). – (DA) Gracias, señor Presidente. El nombre es «Unión Europea». Señor Erdogan, ¿tiene usted un mapa, quizá? Así de fácil es contestar a la pregunta de si Turquía debe ser aceptada en la UE. Turquía no es un país europeo y, por tanto, no puede ser miembro de la Unión Europea. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han prometido que sí puede, bajo ciertas condiciones, ser miembro de la UE, pero esos Jefes de Estado y de Gobierno no cuentan con el respaldo de sus pueblos al respecto. Dos terceras partes de los ciudadanos europeos no quieren que Turquía pertenezca a la Unión, y los Jefes de Estado y de Gobierno terminarán por renunciar a sus deseos si quieren conservar la confianza de sus electores.

El informe del señor Eurlings es una excelente ilustración de cómo los ciudadanos de la UE basan sus opiniones en hechos y no en sentimientos. Quiero recomendar el voto a favor del informe, a pesar de que algunos de sus pasajes se podrían interpretar en el sentido de que consideramos la adhesión de Turquía como un objetivo, aunque difícil de alcanzar. El Gobierno de Turquía ha demostrado una y otra vez que no reconoce los valores europeos, a la vez que exige que nosotros respetemos inaceptables valores turcos e islámicos. Lo vimos en el caso de las famosas caricaturas danesas de Mahoma en el diario Jyllands-Posten y también en la airada reacción turca contra el discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona. Turquía ocupa ilegalmente el norte de Chipre y cree que puede forzar a la UE a aceptar esta situación. Desea coartar la libertad de Europa, nuestra libertad de expresión, y su adhesión supondría la formación de una sociedad paralela opuesta a la cultura europea. Es hora de que se diga la verdad.

  Bogusław Rogalski (IND/DEM). – (PL) Señor Presidente, Europa tiene una larga historia de relaciones con Turquía. Por desgracia, esa historia se compone casi totalmente de acontecimientos desdichados y actos de injusticia. Es una historia de continuas invasiones, guerras, masacres y la ocupación del centro y el sur de Europa. Tal ha sido la experiencia sufrida por los europeos durante siglos.

Hoy poco ha cambiado y Turquía sigue amenazando a sus vecinos. Persiste en ejercer un embargo ilegal sobre Armenia y en amenazar a Grecia, cuestionando su derecho a definir los límites de sus propias aguas territoriales. Continúa discriminando a los kurdos y se niega a reconocer la plena independencia de Chipre, un Estado miembro de la Unión Europea. Es una situación intolerable. Turquía representa una amenaza a la estabilidad en esa región y, nosotros, aparentemente ciegos a ese hecho, nos hallamos en negociaciones con Turquía a fin de incorporarla a la Unión Europea. Turquía tampoco respeta los valores que nosotros consideramos irrenunciables. Viola e infringe los derechos humanos y las libertades y restringe el acceso a estas; persigue a los grupos de la oposición política, incluida la familia de Leyla Zana, a quien el Parlamento Europeo galardonó con el Premio Sajarov. Turquía limita también la libertad de culto, lo que ha conducido al asesinato de un misionero italiano.

Esta es toda la verdad sobre Turquía. Yo no creo que Turquía pueda desempeñar el papel de puente entre Europa y el mundo musulmán. Por el contrario, estimo que se convertiría en una vía de entrada del terrorismo. Turquía es parte de un mundo ajeno a nosotros en cultura y tradiciones. Tenemos que reconocer este hecho y preguntarnos: ¿Quo vadis, Europa? ¿La Unión ha de ser europea o eurasiática?

Aceptar a Turquía en la Unión Europea sentaría un peligroso precedente y supondría el final de Europa tal como la conocemos. Las negociaciones de adhesión con Turquía deben cesar lo antes posible.

  Francesco Enrico Speroni (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Primer Ministro turco, el señor Erdogan, criticó aceradamente el discurso del Papa en la Universidad de Ratisbona, un discurso de índole religiosa y de base teológica, no política.

El hecho de que fuera el Primer Ministro turco y no un portavoz religioso turco quien criticara al Papa demuestra que lo sagrado y lo secular –la política y la religión– siguen estando inaceptablemente mezclados en ese país. La separación a la que estamos acostumbrados en la Unión Europea allí no existe.

Esta confusión es una razón más por la cual Turquía no debe incorporarse a la Unión Europea, a pesar de que no se ha de olvidar el principal motivo: que, geográficamente, Turquía no está en Europa.

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al señor Eurlings por su excelente trabajo y por su informe. Aprovecharé esta oportunidad, desde luego, para reiterar que estamos a favor de la perspectiva de una Turquía europea.

En el fondo, el informe Eurlings no es solo una advertencia, un mensaje para Turquía sobre los pasos que debe dar y los deberes que ha de cumplir para continuar en su avance hacia Europa. También, y al mismo tiempo, es la confirmación de los principios sobre los que se construye la Unión Europea, principios de los que no nos podemos desviar, ya que, cuando el señor Eurlings habla de respeto a los derechos humanos y de las minorías, está reiterando un principio europeo. Lo mismo se puede decir cuando habla de las reformas institucionales y de la resolución pacífica de las diferencias y cuando apela a la firma del Protocolo de Ankara y a su inmediato cumplimiento.

Señor Presidente, Señorías, como saben, todo país, toda nación que olvida o no salda cuentas con su historia tendrá problemas en algún momento. Así, el párrafo 50, referido a los trágicos episodios de los armenios, de los griegos del Ponto y de los asirios, hace precisamente eso: pide a Turquía que salde sus cuentas. Ese párrafo es el resultado de un amplio consenso y debe permanecer como está. No debe ser modificado en un sentido o en otro mediante las enmiendas que se han presentado.

Por último, deseo recordar a aquellos que consideran demasiado estricto el informe, que en Turquía hay ciudadanos demócratas que desean una Turquía moderna, una Turquía desarrollada y progresista que mire hacia Europa, y que están luchando en contra del conocido régimen establecido. Ellos necesitan un mensaje y nosotros se lo podemos dar votando a favor del informe Eurlings.

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la valoración del progreso de Turquía en el proceso de adhesión a la UE debería centrarse más en los resultados concretos de la evaluación según los criterios de Copenhague y según los expedientes del acervo comunitario.

No deseo introducir distracciones, nuevos criterios que no ayuden a un proceso de por sí difícil y que exige que seamos transparentes, coherentes y objetivos. En ese sentido, estoy de acuerdo con el apartado 50, sobre el genocidio armenio, tal como lo propuso el ponente.

Turquía desempeña un papel crucial en una zona geopolítica que va desde el Mashrek hasta el Sudeste asiático y el Cáucaso. Eso nos conduce a apoyar los esfuerzos de todos los que están trabajando por una Turquía democrática y pacífica. Dicho esto, debemos ser estrictos en nuestras valoraciones y exigir que el Gobierno turco, junto con toda su maquinaria estatal, sus instituciones y la sociedad turca, adquiera un firme compromiso con las áreas en que el progreso ha de ser más intenso y constante. Me refiero a los derechos civiles, políticos y sociales, a la libertad de expresión y, especialmente, a los derechos de las minorías, sobre todo la minoría kurda y las mujeres, que en realidad son mayoría.

Esperamos una firme condena del terrorismo y la aplicación del protocolo de Ankara en los plazos fijados.

Para terminar, debemos conservar la perspectiva y seguir influyendo, de forma creíble y eficaz, en el desarrollo de los acontecimientos internos de ese país y de su papel exterior en el logro de la paz y la estabilidad en un área explosiva donde se concentran las más graves amenazas para la paz.

  Lapo Pistelli (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, quienes han votado a favor de iniciar las negociaciones con Turquía ya han explicado varias veces las buenas razones para lograr su adhesión en un futuro próximo, de manera que no es necesario que las reitere.

Este debate anual sobre el progreso logrado, sin embargo, es un barómetro que registra concretamente las reformas efectuadas y el estado de la opinión pública, y creo que todos podemos ver que en los últimos tiempos se ha producido un enfriamiento en ambos frentes.

Estamos en contra de los matrimonios concertados: para casarse, los contrayentes deben conocerse y amarse mutuamente, y lo mismo sucede con la ambiciosa meta de Turquía. El Gobierno turco, por tanto, debe acentuar los esfuerzos reformistas y difundir el mensaje entre su propia sociedad.

El informe es muy duro en este sentido, pero es justo que las negociaciones sean rigurosas y leales. Sin embargo, en Europa sigue creciendo el escepticismo también respecto a nuevas ampliaciones tras Bulgaria y Rumanía si no cambian las reglas. Un escepticismo que también afecta a los Balcanes Occidentales.

Por lo tanto, no debemos detener la ampliación, sino promover la reforma de las reglas. La cuestión de Turquía es, de hecho, también una cuestión sobre nosotros mismos y lo que queremos ser.

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, la semana pasada visité con otros colegas de la Subcomisión de Derechos Humanos la provincia de Akari, en el extremo sudoriental de Turquía, a algunas cumbres montañosas de distancia de Iraq e Irán. En esta región conocimos a padres desesperados que no podían impedir que sus hijos jóvenes se fueran a las montañas. Nos dijeron que en las últimas semanas más de 200 jóvenes se han unido a los grupos armados del PKK. Conocimos también a chicas jóvenes que luchan contra el feudalismo familiar, que luchan contra el aislamiento económico y social y la violencia cotidiana. Muchos nos hablaron del suicidio de chicas jóvenes.

En Akari, como en otros lugares, no hemos encontrado esperanza en el futuro, y menos aún entusiasmo. Hay muchos hechos muy precisos que rinden testimonio de la violencia de las fuerzas de seguridad, incluso contra campesinos, pero también de detenciones extrajudiciales y actos de tortura inflingidos a jóvenes, como en Diyarbakir este año. La dimisión forzada del fiscal de Van por haber demostrado la responsabilidad de miembros del ejército en el atentado de Semdinli es también muy traumática. Aparte de los actos de guerra sucia que pone de manifiesto, no es admisible que se frustre la independencia de la justicia.

Todo el mundo dice y todo el mundo sabe que no hay respuesta militar a la cuestión kurda y, sin embargo, con los controles, los tanques, los soldados, los ataques armados, es la única que parece efectiva. El PKK debe declarar un alto el fuego unilateral. Si este llamamiento es atendido y se cumple, como esperamos, deberá seguirle una propuesta política de gran alcance. La atención y el apoyo de la Unión Europea serán decisivos. La degradación de la situación en el sudeste altera la situación de los derechos humanos en todo el país. La ley antiterrorista ha sido unánimemente criticada por nuestros interlocutores no gubernamentales. No es conforme al Derecho internacional, incluso anularía algunos de los avances realizados en las últimas reformas legislativas.

La situación en el sudeste provoca, por otra parte, una reavivación de la llama nacionalista, que se opone claramente y, a veces con virulencia, a las aspiraciones democráticas. La escritora Magden Perihan habla de incendio forestal. Habla de abogados gamberros. Hay que aplicar medidas inmediatas, en particular la supresión del artículo 301 del Código Penal, el ajuste de la ley antiterrorista al Derecho internacional, la lucha contra la impunidad –en 2005 solo 2 agentes de 305 acusados fueron condenados–, la aplicación de la ley de compensación – 2 000 expedientes tramitados de 3 000 en la provincia de Akari– y, por último, la supresión del umbral nacional electoral del 10 %, que impide la expresión democrática de la población.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, los miembros del Partido Comunista Griego votaremos en contra del informe Eurlings. En primer lugar, porque nos oponemos a la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y por las mismas razones por las que nos opusimos a la adhesión de Grecia, que no son culturales.

En segundo lugar, porque este informe, como otros anteriores, es como la goma: se adapta a cada ocasión en función de las objeciones de la Unión Europea, y unas veces parece más estricto y otras más indulgente.

En tercer lugar, porque en ciertos aspectos muy graves relativos a la situación de Turquía desde el punto de vista del Derecho internacional, el informe no es más que una lista de propósitos que repite los mismos deseos sin proponer medidas concretas, para abordar, por ejemplo, la presencia de 40 000 soldados turcos de ocupación en Chipre, o el hecho de que Turquía desoiga descaradamente las decisiones y resoluciones de la ONU, con el punto culminante en la negativa a reconocer la República de Chipre. Por lo tanto, preguntamos: entre el anterior informe y este, ¿se ha hecho algo concreto en estos campos? No, Turquía mantiene su actitud provocativa al desoír todas estas decisiones, y sus Señorías siguen haciendo exactamente lo mismo de siempre.

En cuarto lugar, porque estamos en total desacuerdo con la indirecta referencia al párrafo 51 sobre las dificultades fronterizas entre Grecia y Turquía y con las conclusiones de Helsinki que las remiten al Tribunal Internacional...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (EN) Señor Presidente, comenzaré diciendo que como miembro del Grupo de Contacto de Alto Nivel del Parlamento para las relaciones con Chipre del Norte, soy perfectamente consciente de la sensación de aislamiento que tienen los turcochipriotas a raíz del rechazo del Plan Annan. De hecho, creo que la Unión Europea, junto con las Naciones Unidas, debería continuar trabajando en pro de la paz y la reconciliación en la isla de Chipre.

Sin embargo, Turquía también tiene importantes obligaciones. Por ejemplo, debe abrir sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones chipriotas. Esta es una obligación que Turquía deberá cumplir conforme a las negociaciones de adhesión. Y también pienso que Turquía debe plantearse la derogación del artículo 301 de su Código Penal, que sirve para inculpar a decenas de escritores turcos por insultar a la identidad turca.

Está claro que hacen falta grandes esfuerzos en el terreno de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país. Son asuntos serios. En conclusión, he de recalcar que el Gobierno turco tendrá que afrontarlos efectivamente más pronto que tarde, pues estas cuestiones políticas son un elemento esencial de las negociaciones de adhesión.

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, quisiera saber por qué motivo desea Turquía realmente unirse a la Unión Europea. Quizá quiera engrosar las nutridas filas de naciones parásitas que ya viven a expensas de los contribuyentes británicos y alemanes. Quizá crea que es una oportunidad para exportar algunos de sus parados y delincuentes al Reino Unido. Pero los turcos deberían pensar en las repercusiones para su propia sociedad.

Ayer mismo, el Jefe del Estado Mayor del Ejército turco, el General İlker Başbuğ, avisó del peligro que representan los extremistas islámicos partidarios de politizar la religión y prometió que las fuerzas armadas velarían por la naturaleza laica de la República Turca. Pero en el pasado los turcos no han tenido que competir con la Unión Europea. Puede que tengan que experimentar cómo sus extremistas islámicos son capaces de sacar provecho de la legislación contra la discriminación y en pro de la igualdad y los derechos humanos de la UE. Los turcos van a tener que sufrir en carne propia que ser miembro de la Unión Europea perder el control de su propio destino.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, el comienzo de las negociaciones con Turquía fue un error histórico, pues la Unión Europea, como su nombre indica, es un proyecto europeo. Ahora nos vemos obligados a contemplar pasivamente el triste desarrollo de los hechos. Turquía es un país islámico con una cultura predominantemente autoritaria y patriarcal. Lo mejor que puede hacer la UE es demostrar quién manda en el proceso de negociación, pero el hecho es que, por el momento, parece suceder lo contrario. Turquía se niega a cumplir sus obligaciones respecto a Chipre e incluso osa exigir que Europa abra el camino al llamado aislamiento de la parte ocupada de la isla. Turquía es quien dicta las normas.

La Comisión y el Consejo han hecho creer a los electores europeos que las negociaciones se pueden interrumpir en cualquier momento si Turquía no coopera. Ahora, sin embargo, van dando bandazos de un lado para otro para no tener que actuar. En primer lugar, trataron de someter al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el asunto de Chipre; ahora quieren organizar las negociaciones de manera que los episodios conflictivos no se traten hasta el final. Todo esto se hace a fin de ganar tiempo y para poder decir después que ya no hay marcha atrás posible. ¿Dónde está la credibilidad de la UE en todo esto?

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, este informe es excelente, y lo apoyamos, pues marca un hito en la toma de conciencia por el Parlamento Europeo de la realidad de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea.

Es el más crítico de todos los que se han elaborado en este recinto en los últimos decenios. En particular, contiene tres puntos decisivos para nosotros: la mención de la capacidad de absorción de la Unión Europea como criterio; la necesidad absoluta de normalizar la actitud de Turquía hacia Chipre, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, y el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para la adhesión. Me permito recordar a mis colegas diputados franceses del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo que esto formaba parte de su programa para las elecciones europeas de 2004.

La aprobación de este informe –que deseamos ver aprobado– debe tener consecuencias políticas. Pido en primer lugar a la Comisión que no juegue más al escondite y presente, el 8 de noviembre, un verdadero informe y no un cuento infantil como acostumbra a hacer en este ámbito. Pido al Consejo de Ministros que contemple la situación con lucidez y coraje y que estudie la posibilidad de hacer una parada en unas negociaciones que no tienen sentido hoy para el común de los mortales.

Al margen del caso de Turquía, es todo el proceso de ampliación el que está en juego. No hay que emprender ninguna nueva ampliación mientras no hayamos dotado a la Unión Europea de unos mecanismos de decisión eficaces y un presupuesto suficiente. Permanecer en la ilusión y la hipocresía comprometería el proyecto europeo, es decir, la construcción de la unión política, y ahondaría aún más el abismo existente entre el sentido común de los pueblos y la ceguera de los dirigentes.

(Aplausos)

  Véronique de Keyser (PSE). – (FR) Señor Presidente, se ha dicho que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha dado un giro de 180 grados en su posición con respecto a Turquía. Déjenme que les recuerde nuestra posición, que ha sido clara desde el comienzo. Nuestro propósito a largo plazo es que Turquía se adhiera, porque creemos –y este es un verdadero proyecto político– en una Europa multicultural, laica pero multiconfesional, pacífica y abierta al resto del mundo.

Si en la Comisión de Asuntos Exteriores enviamos señales claras a Turquía por lo que respecta en particular a los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías y el reconocimiento de Chipre, es con el mismo espíritu constructivo. Es para materializar una Europa en proyecto, que no será la que desean el señor Sarkozy, la señora Merkel o probablemente el Papa. El reto es inmenso y tropieza ya con el informe Eurlings, que, en su nueva versión, está desequilibrado.

El informe destaca, con razón, que el proceso de democratización actual de Turquía no es tan rápido como deseábamos, pero olvida algunos progresos esenciales realizados por Turquía, en especial en materia de asuntos exteriores. Pienso en su participación en la FPNUL y también en el hecho de que no participara en la guerra de Iraq. Las enmiendas del Grupo del PSE pretendían, pues, introducir algunos ajustes, o en otras palabras, suavizar el tono.

Por lo que se refiere a Armenia, el señor Eurlings me ha interrumpido hace un momento, y quisiera ser muy clara. El Parlamento ha reconocido el genocidio armenio y nunca habrá revisionismo en esta Cámara. Tenemos un deber de memoria para con el millón y medio de armenios que fueron masacrados en 1915, es decir, antes de que naciera la República Turca bajo Atatürk. Este deber de memoria no solo lo tenemos en Europa, lo tenemos a escala mundial, y por ello hemos pedido que las Naciones Unidas envíen una comisión de expertos internacionales en este tema a Turquía.

Pero servirse de esta tragedia, como hacen algunos, para oponerse a la candidatura de Turquía, o entreabrir la puerta a una forma vulgar de islamofobia, es una trampa en la que no queremos caer. Por esa razón, tras unos debates muy difíciles, unas negociaciones realmente muy sensibles en mi Grupo, hemos adoptado la línea que han escuchado en varias ocasiones y que yo asumiré. Les puedo asegurar que es una línea difícil: no pediremos el reconocimiento del genocidio armenio como requisito previo, pero, Señorías, está claro que en el momento de hacer cuentas antes de la adhesión, este delicado punto pesará mucho en la balanza, y Turquía lo sabe. Por el momento, esperamos de Turquía que cumpla ese deber de memoria, que consolide de su papel estabilizador en Oriente Próximo y avance en relación con...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, nuestra Unión Europea existe porque está firmemente basada en la estricta adhesión a nuestros principios y valores europeos. Estos principios y valores no son negociables, cosa que deben entender con toda claridad los miembros de la UE y los que deseen serlo. Turquía es bienvenida a nuestra Unión y espero sinceramente que se incorpore, pero debe aceptar y acatar los principios y valores europeos. Es Turquía la que ha de efectuar los cambios necesarios para la adhesión, no nosotros, y debemos ser francos al plantear nuestra postura a Turquía. No intentemos engañarla para que se una a la UE. Turquía solamente debe adherirse si de veras quiere hacerlo y sabe perfectamente qué se le exige. El informe Eurlings es, en ese sentido, claro, firme y sincero.

Es fruto de largas discusiones y debates, y en la Comisión de Asuntos Exteriores se han votado muchas enmiendas de transacción para lograr finalmente el tan deseado equilibrio. Les ruego que lo respalden y que se resistan a la tentación de introducir enmiendas sobre aspectos básicos en esta fase, pues podría causar más mal que bien. Permítanme recordar a algunos diputados que podremos conseguir reformas en Turquía diciendo la verdad al pueblo turco, no ocultándosela.

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Los representantes de la Lista de Junio en el Parlamento Europeo votaron en contra del inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía. Nuestro voto negativo no vino motivado por el hecho de que Turquía esté situada fuera de Europa ni porque sea un país musulmán. Nosotros argumentamos que Turquía distaba mucho de cumplir los requisitos establecidos para ser miembro de la UE. También expresamos nuestro temor de que el comienzo de las negociaciones fuera a reducir la presión sobre el país para establecer un Estado democrático y de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos de mujeres, kurdos, cristianos, sindicatos y escritores. Y es lo que ha sucedido. El prometedor desarrollo inicial se ha estancado y, en ciertos aspectos, ha sido compensado con medidas retrógradas. Ahora nos encontramos en una situación vergonzosa en que la UE empieza a imponer exigencias sobre el sistema electoral y una nueva constitución en el Estado soberano de Turquía. Esa no es tarea de la UE. Es Turquía quien debe elegir cómo cumplir con las exigencias de la UE, quien debe decidir sus propias soluciones. Las negociaciones de adhesión deberían suspenderse hasta tanto se produzcan esas reformas.

  Paweł Bartłomiej Piskorski (NI). – (PL) Señor Presidente, nuestro debate sobre el asunto de Turquía está siendo mucho más crítico y, por tanto, sensiblemente más abierto que en ocasiones anteriores. Sin embargo, no olvidemos que nos hemos de preguntar a nosotros mismos cuáles son nuestros principales intereses.

Basándonos en los criterios básicos de adhesión, que no hace falta repetir aquí, Turquía no está lista para ser miembro de la Unión Europea. Se ha mencionado el asunto de Chipre, de los derechos humanos y civiles, de la religión y de la comunidad armenia. No obstante, los principales intereses de la Unión residen en que países como Turquía y Ucrania se acerquen a ella. En este sentido, la Unión Europea no ha sido totalmente sincera. No hemos expresado abiertamente que la adhesión de países como Turquía, de hecho, pondrá fin a ciertas políticas comunitarias, en concreto las económicas, estructurales y agrarias.

Debemos explicar abiertamente los efectos que tendrá la adhesión de esos grandes países en la Unión Europea, dado que esta falta de sinceridad no pasa inadvertida a nuestros socios, incluida Turquía.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Turquía no es un país europeo. Su adhesión supondría estirar, forzar, debilitar y quizá poner en peligro la UE. Quien diga esto se expone a ser acusado de negar su apoyo al proceso de reformas y a la consecución de los criterios. Pero incluso una asociación privilegiada exige cumplir los criterios de Copenhague y llevar a cabo reformas, sobre todo en beneficio de la propia población turca.

Debemos plantearnos cuestiones fundamentales. Quienes desean que Turquía adquiera la plena condición de miembro quizá estén buscando una Turquía diferente, pero lo que se van a encontrar es una UE diferente: un área de libre comercio decorada con elementos políticos. En lo que respecta a Turquía misma, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿Es el laicismo realmente compatible con la democracia si se trata de una mera minoría, un proyecto elitista? ¿Es la libertad de religión realmente compatible con un Islam controlado por el Estado en un fingido laicismo? ¿Son los derechos de las minorías realmente compatibles con el kemalismo, que no es sino una forma turca de jacobinismo? Todas ellas son preguntas serias, bien fundamentadas, que tenemos que responder. Debemos dejar de avanzar por este callejón sin salida a cuyo fin podemos encontrarnos con el rechazo a la adhesión de Turquía por parte de los Estados miembros y los ciudadanos de la UE, con terribles consecuencias para la estabilidad interna de Turquía.

A Turquía, sobre todo porque es un importante socio, le debemos nuestra sinceridad y el establecimiento de unos criterios dignos para una asociación adecuada, hecha a medida, acorde con los intereses mutuos, en vez de seguir pintando nuestro propio cuadro de Turquía, el cual carece de toda semejanza con la realidad. Por este motivo, no podemos cometer el error de quedar por debajo de la línea trazada en el informe Eurlings, que yo ya rechacé en la comisión por estimarlo insuficiente. Sin embargo, esa línea debe representar nuestro consenso, pues en caso contrario el mensaje enviado a Turquía sería desastroso.

  Vural Öger (PSE). – (DE) Señor Presidente, en diciembre de 2004 este Parlamento tomó una clara decisión, por 402 votos a favor: abrir las negociaciones de adhesión con Turquía. Con ello dimos una señal inequívoca. Hoy estamos debatiendo el informe sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión, un informe cuyo propósito debería ser realmente un control constructivo de las negociaciones con Turquía y de su proceso de adhesión. Sin embargo, me da la impresión de que el informe Eurlings pierde de vista nuestro objetivo: que Turquía sea miembro de la UE. Yo me pregunto qué es lo que queremos. ¿Debe continuar Turquía su camino de reformas –en cuyo caso deberíamos tratarla con justicia– o queremos decirle que, haga lo que haga, nunca pertenecerá a la UE? Nuestros socios turcos son valorados a través de toda una retahíla de malos ejemplos. Por el contrario, los logros alcanzados y los buenos ejemplos apenas se tienen en cuenta.

Esto no es justo. Es cierto que Turquía debe seguir trabajando en su proceso de reformas, y que debe cumplir con sus obligaciones del Protocolo de Ankara: los derechos humanos, la democracia y la protección de las minorías son condiciones para la adhesión a la UE.

Si Turquía cumple los criterios establecidos y continúa avanzando en su proceso de reformas, nosotros por nuestra parte deberemos mantener el objetivo de su adhesión. Debería quedar constancia de esto en el informe. Con ello, creo, daríamos una clara señal. Si el ponente o el Parlamento no están de acuerdo, debe plasmarse en un informe sobre Turquía, pues las medias verdades minan la credibilidad del Parlamento. En octubre de 2005 decidimos en Estrasburgo iniciar las negociaciones con Turquía, y hoy debemos mantener nuestra postura.

Yo siempre he dicho que Turquía aún no estaba preparada para la adhesión, pero sí para empezar las negociaciones. Europa debe demostrar comprensión y solidaridad al reconocer y respaldar este hecho.

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Señor Presidente, este debate me sorprende realmente. Da la impresión de que el informe Eurlings hubiese sido aprobado solo por una pequeña mayoría en la comisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo respaldó el informe, que fue aprobado en comisión por 54 votos a favor. El mismo Grupo Socialista –la señora De Keyser, el señor Wiersma, diputados muy respetados– se opone ahora por completo a aquello que apoyó recientemente en comisión. Me sorprende mucho. He de decir a la señora De Keyser que este no es el concepto que yo tengo de «claridad».

Debemos hacernos algunas preguntas críticas, siendo la más importante la cuestión de si los ciudadanos nos acompañan en este viaje de la ampliación, en este viaje de negociación con Turquía. La respuesta es un «no» rotundo, ya que la gente se muestra bastante crítica al respecto. Me dirijo de manera explícita a la Comisión y al Consejo. ¿De dónde creemos que se deriva este debate acerca de la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a la ampliación? ¿A qué creen que se debe este cambio de actitud en el Parlamento? Todos nosotros solemos debatir este tema con los ciudadanos con bastante frecuencia y podemos apreciar el escepticismo, la reticencia y, en algunos casos, el rechazo a gran escala que origina la adhesión de Turquía. Con esto quiero advertir al Consejo y la Comisión de que hay que evitar asumir nuevos compromisos o ampliar nuevas perspectivas hasta que se reforme la Unión Europea. Todos estamos de acuerdo en algo: es preciso un desarrollo institucional. Quiero añadir que considero que este debate se debería estar celebrando en Bruselas, y no en Estrasburgo.

  Renate Sommer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, los problemas no se pueden resolver si no se les hace frente. Pasar por alto un problema no tiene sentido alguno. El señor Eurlings describe de forma muy precisa aquellos aspectos relativos a Turquía que resultan contrarios al espíritu de Europa. Le doy las gracias por su informe. En realidad, se siguen sin registrar avances notables en casi todos los ámbitos relevantes desde el punto de vista político – y en algunos casos la situación incluso ha empeorado. Hasta la fecha no se ha cumplido ninguno de los criterios políticos de Copenhague. Sin embargo, y contra toda norma, se entablaron las negociaciones. Nuestros temores del año pasado se han hecho realidad. Al iniciar las negociaciones de adhesión, hemos dejado escapar uno de los últimos recursos para ejercer presión en pro de la reforma. El proceso de reforma se ha ido desvaneciendo, ya sea porque los organismos gubernamentales no han logrado implementar en absoluto o de forma correcta los cambios ya aprobados, o bien porque dichos cambios han sido anulados por decisiones parlamentarias, como sucedió hace poco. Por ejemplo, el Parlamento turco aprobó la nueva ley antiterrorismo a pesar de las vehementes protestas de la Comisión, ocasionando así una reducción mayor de la ya limitada libertad de expresión y de la prensa.

El Primer Ministro de Turquía aprovecha el proceso de la Unión Europea para lograr sus propios fines y trata de islamizar el país de una manera furtiva. Con esta actitud, se lo está poniendo en bandeja a los nacionalistas, quienes se oponen con intensidad a la europeización. Quizás el Primer Ministro Erdogan ni siquiera desea que el país se incorpore a la Unión Europea. De cualquier modo, su negativa a reconocer Chipre subraya el hecho de que no acepta la Unión Europea. ¿Resulta aceptable un candidato de este tipo? La cuestión de Chipre constituye una prueba de fuego. Si los políticos turcos no ceden, habrá que suspender las negociaciones. Turquía tiene ahora una obligación contractual – ante la que no se admiten salvedades ni el planteamiento de nuevas condiciones o demandas. La Comisión debe considerar esto como una misión, al tiempo que el Consejo de Ministros ha de exigir e imponer a Turquía que cumpla con su obligación de una vez por todas. Todo lo demás resultaría injusto para los ciudadanos turcos, cuyas esperanzas están depositadas en nosotros. El cambio solo será posible con nuestra presión. Si los europeos volvemos a fracasar, seremos para siempre el hazmerreír y nadie nos tomará en serio. Si fracasamos, nada cambiará en ese país.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señor Presidente, Señorías, estaremos cometiendo un grave error en las relaciones entre la UE y Turquía tanto si restamos importancia al significativo avance realizado, exagerando los aspectos negativos sobre Turquía, como si pintamos un panorama idílico ocultando la verdad. En Europa existen fuerzas que exponen motivos propios para justificar una postura u otra. No obstante, con la fatiga posterior a la ampliación y la crisis institucional que atraviesa la Unión Europea, no necesitamos enviar más mensajes contradictorios a Turquía. Es hora de que nuestro mensaje sea claro y coherente con las decisiones tomadas. Es preciso que el noveno paquete de reformas aprobado por el Gobierno turco se considere un elemento positivo. Sin embargo, al analizar sus aspectos básicos se puede comprobar que no cumple con las especificaciones europeas. De hecho, la declaración en el Turkish Daily News del Viceprimer Ministro del Gobierno turco, el señor Mehmet Ali Sahin, en la que anuncia que su Gobierno no piensa permitir que se vuelva a abrir la Escuela de Teología de Halki, es motivo de ansiedad y preocupación. Según me temo, las demandas del Patriarca Ecuménico en Estambul y las de la minoría griega en Imbros y Ténedos siguen sin tener respuesta.

Como ha afirmado antes el Comisario Rehn, hay que respetar el principio de Derecho internacional de que pacta sunt servanda. Sin duda, esto se aplica a Turquía, pero también a la Unión Europea. Debemos permanecer constantes en nuestro apoyo al objetivo estratégico de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Al mismo tiempo, no obstante, es imperante que este país ratifique y aplique de forma inmediata el Protocolo adicional conforme al plazo previsto.

El camino hacia Europa puede garantizar la estabilidad y el desarrollo de Turquía, siempre y cuando este Estado supere las fobias y los síndromes del pasado. El síndrome del Tratado de Sèvres. Por este motivo, creo que la reconciliación con la historia no debe ser un foco de inseguridad y riesgo, sino que se ha de considerar como un indicador de la madurez democrática y la confianza en sí mismo de un país. La petición de que se reconozca la historia traumática de enfrentamientos con los armenios y los griegos de Pontos no debería tener un efecto desestabilizador en los estereotipos nacionales de Turquía.

Nuestra enmienda específica no impone a Turquía nuevas condiciones previas. Estamos en contra de que se reconozca el genocidio de los armenios y los griegos de Pontos como un requisito político.

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en mi opinión este informe y este debate demuestran que Europa se está encerrando en sí misma. Por lo menos, algunos diputados son lo bastante valientes como para decirlo de manera más abierta: consideran que Europa es una zona y una entidad religiosa, lo que significa que la Europa política está acabada.

Yo, en cambio, pensaba que el sueño –la inspiración, la creación y el sueño de una Europa federalista– consistía precisamente en expandir el área sujeta al Estado de Derecho y la democracia.

Esta es la gran oferta que habría que hacer a Turquía y, en un momento en que el fundamentalismo islámico se extiende por todo el mundo, tendríamos que insistir en ella y ponerla en práctica en un informe con vistas a acelerar el proceso de adhesión. Dadas las circunstancias, las críticas tienen sentido, incluso las más severas.

En realidad, es evidente que aquí se están presentando soluciones diferentes: rechazar la integración política plena de Turquía y firmar en su lugar acuerdos de cooperación mejorados, propuestas que no incluyen la fuerza del mensaje político o de la plena adhesión.

Si seguimos este camino –también sugerido, lamentablemente, por el Presidente Barroso en su declaración de ayer– tendremos que asumir la responsabilidad no solo de abandonar a Turquía, sino también de abandonar a la Europa política.

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, la postura declarada de la UE y la de mi partido es apoyar la adhesión de Turquía a la UE. No obstante, no se pueden menospreciar las dificultades que supondrá la integración de Turquía en la UE, dada la influencia política que adquirirá el país al unirse a la UE con su enorme población, además de su relativa pobreza y la consiguiente demanda de Fondos Estructurales, y también por su identidad cultural y religiosa diferenciada.

A la vista del actual debate sobre la inmigración masiva y, en especial, sobre los retos que plantea la integración de las minorías musulmanas que ya viven en nuestros países, es inevitable que la libre circulación sin cortapisas de trabajadores turcos despierte una gran inquietud. La pertenencia de Turquía a la Organización de la Conferencia Islámica complicará sin duda la PESC. Recientes estudios del German Marshall Fund sobre Turquía han demostrado que este país es el más antiestadounidense y antiisraelí de todos los países miembros de la UE y candidatos, pero lo que más me preocupa es el amplio apoyo turco al teocrático Irán.

Está claro que Turquía deberá acatar todas las cláusulas económicas, políticas y de derechos humanos de los criterios de Copenhague antes de adherirse, y existen claros ejemplos de constante discriminación contra los derechos minoritarios de los cristianos, incluidos los ortodoxos griegos y los sirios, y de continuos obstáculos a la libertad de expresión, como el artículo 301 del Código Penal, que prohíbe insultar a la identidad turca.

Desde mi punto de vista, el hecho de que Turquía no salde las cuentas de su pasado, incluido el genocidio armenio de 1915 y el bloqueo a la República de Armenia, es profundamente lamentable. Pero la negativa a reconocer la República de Chipre, donde Turquía mantiene tropas desde la invasión de 1974, y el incumplimiento del Acuerdo de Ankara sobre la unión aduanera ampliada para permitir a los barcos chipriotas atracar en los puertos turcos, son en estos momentos problemas críticos que tiene que afrontar la Unión Europea. Tampoco es cierto que se haya erradicado totalmente la tortura, a pesar de su prohibición oficial: aún se sigue denunciando su uso contra los insurgentes kurdos, como nos ha informado la señora Flautre. Por lo tanto, podemos estar seguros de que las negociaciones de adhesión a la UE llevarán mucho tiempo, y yo respaldo plenamente el informe Eurlings.

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Doy las gracias al señor Eurlings por su informe. Los miembros del Grupo socialdemócrata sueco estamos a favor de que Turquía se adhiera una vez que se cumplan los criterios que se han exigido a todos los demás. Hay que evitar imponer a Turquía unos requisitos más rigurosos o someter a este país a un trato especial, tal y como se ha sugerido hoy en este debate. En este momento, la Unión Europea se ha convertido en garante del progreso en Turquía, no solo por el ánimo que damos, sino también por nuestras reivindicaciones en relación con cuestiones como los derechos humanos. Un antiguo diputado al Parlamento Europeo, ahora diputado socialdemócrata al Parlamento sueco, se ha dirigido al embajador turco en conexión con el hecho de que las aduanas turcas hayan impedido el paso de 1 200 libros infantiles, escritos por autores infantiles suecos, utilizados en las escuelas suecas y financiados por la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia (SIDA) y el Centro Olof Palme. Creo que esto resulta incomprensible y, por este motivo, he formulado una pregunta al Consejo al respecto. Estoy a favor de la democratización de Turquía, por lo que insto a que se resuelvan los problemas de este tipo. Comparto las críticas sobre el informe expresadas por los demás oradores del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Debemos fomentar el progreso y solucionar los problemas, pero manteniendo firme nuestra postura de que la Unión Europea desea que Turquía se convierta en un Estado miembro cuando llegue el momento oportuno y se haya rectificado el déficit.

  Ioannis Kasoulides (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, el Comisario Rehn, dirigiéndose a la Comisión de Asuntos Exteriores, dijo que las reformas han perdido impulso, que continúa la represión de la expresión de opiniones sobre la base del Código Penal, que hay noticias de ingerencias del ejército en la justicia, que existen restricciones a los derechos de propiedad de las fundaciones religiosas no musulmanas y que se ha deteriorado la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía. Esa es la esencia del asunto y del informe Eurlings.

Algunos Grupos desean presentar enmiendas para corregir la situación. ¿Cómo? Introduciendo una docena de enmiendas contra Chipre, pensando que esa es la forma de recuperar el equilibro. ¿Ayudamos a Turquía si la animamos a no prorrogar el Protocolo introduciendo vínculos condicionales? ¿La estamos ayudando si eliminamos el párrafo que solicita la retirada de sus tropas? ¿Pueden imaginarse lo que sucedería si Turquía voluntariamente retirase algunas tropas de Chipre y cuánto favorecería eso a Turquía? ¿O qué sucedería si elimináramos el párrafo que pide a Turquía no vetar la participación de Chipre en organizaciones internacionales, etcétera? Además, estamos limitando a los dos líderes de Chipre, que ya se han puesto de acuerdo sobre los métodos de trabajo para buscar una solución, al sugerirles la base de unas conversaciones que ninguno de ellos ha presentado como condición previa. ¿Ayuda eso a Turquía? Yo no lo creo.

Por último, en cuanto a nuestro deber moral hacia la comunidad armenia en Europa, debemos exigir el reconocimiento del genocidio armenio.

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señor Presidente, si Turquía no se integra en la Unión Europea, aumentará la desconfianza entre el mundo occidental y el musulmán, se intensificarán las tendencias fundamentalistas y se reavivarán aquellas profecías catastróficas que predecían un choque de civilizaciones. Es preciso que Turquía lleve a cabo las reformas necesarias y que haga frente a su propio pasado del mismo modo que han hecho y siguen haciendo otros países europeos. Sin embargo, el Parlamento Europeo no puede establecer criterios de adhesión para Turquía basados en factores históricos y morales cuando nunca se han aplicado criterios de este tipo a otros países candidatos a la Unión.

Cargamos con una responsabilidad política especial. Quisiera centrar su atención en las últimas encuestas y sondeos de opinión realizados por el German Marshall Fund acerca de la elite europea. Según estos sondeos, Turquía ha perdido el entusiasmo en su relación con los Estados Unidos y Europa, y se está dejando atraer por Irán. Al mismo tiempo, se explica que estas tendencias no se reflejan en las actitudes más críticas de la generación más joven de Turquía, la cual mantiene una postura muy positiva hacia ambos frentes. No debemos desperdiciar este potencial europeísta.

  Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, la semana pasada estuve en Turquía con miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos. Fuimos allí para evaluar el progreso en materia de derechos humanos y los efectos de las reformas sobre el terreno. En resumen, el señor Eurlings ha hecho un trabajo excelente al elaborar un informe severo pero justo sobre el proceso de adhesión de Turquía hasta este momento.

En cuanto a la cuestión armenia, creo que debería mencionarse en el informe, pero no debe imponerse como condición para la adhesión, pues debemos mantenernos fieles a los criterios originales para no perder credibilidad.

Estoy de acuerdo en principio con la adhesión de Turquía a la UE, pero reconozco que será un camino largo y difícil. Con este informe debemos enviar un claro mensaje de que, aunque la adhesión de Turquía es factible, exigirá un compromiso de reforma serio y constante.

Los dos aspectos que me preocupan en materia de derechos humanos, y en los que me quiero centrar brevemente, son la libertad de expresión y el problema kurdo, que precisa un nuevo enfoque. Sobre la libertad de expresión, a pesar de los paquetes de reformas –ya van nueve–, los periodistas y escritores no son libres de hacer abiertamente comentarios y críticas sobre Turquía y o sus gobernantes. Permanece en vigor el artículo 301 del Código Penal, que castiga a los responsables de «la denigración pública de la identidad turca o de las autoridades del Estado». Pueden imponerse penas de prisión de hasta tres años. Hay en este momento nada menos que sesenta causas abiertas contra escritores por la fiscalía del Estado. A pesar del famoso caso del novelista Elif Shafak, que fue expulsado del tribunal la semana pasada, la autocensura de la prensa continuará hasta que sea derogado totalmente el artículo 301.

En cuanto a la cuestión kurda, en el sudeste –la región kurda de Turquía– las guerrillas siguen usando el terrorismo, cosa que debemos condenar. El terrorismo del PKK y la contundente respuesta militar están causando gran sufrimiento a la región y su población. Es necesario un nuevo enfoque presidido por la diplomacia y la política en lugar de la fuerza.

  Glenis Willmott (PSE). – (EN) Señor Presidente, hace un año los diputados laboristas al Parlamento Europeo saludamos la apertura de las conversaciones de adhesión. Esperamos que Turquía llegue a ser miembro de la UE.

Entendemos que, ahora que ha comenzado la fase activa de las negociaciones, el Parlamento ha de ser franco en sus informes sobre los avances. Hay graves problemas, sobre todo en cuanto al respeto de la libertad de expresión. Es esencial que prosiga la reforma de los servicios de seguridad y del sistema judicial y que haya nuevos avances en la aplicación de las nuevas leyes de derechos humanos. Sin embargo, nuestras críticas deben ser siempre equilibradas, justas y sinceras y debemos reconocer tanto los logros como las deficiencias.

La perspectiva de adhesión ya ha dado un impulso a los modernizadores y a los defensores de los derechos humanos en Turquía para forzar los cambios necesarios. Debemos prestarles todo nuestro apoyo. No podemos imponer nuevas condiciones de adhesión que no sean aplicables a otros potenciales miembros, y debemos tener presente que las negociaciones sirven para que Turquía sea miembro de pleno derecho y que ese es nuestro único objetivo.

Una UE con Turquía reafirmaría los valores del multiculturalismo y de la comprensión entre diferentes religiones, fortaleciendo así todas las comunidades.

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

  Ville Itälä (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, para empezar doy las gracias a Camiel Eurlings por su excelente trabajo y por elaborar un informe bastante atrevido, en el cual se sugiere, de un modo particular, que la ampliación se está produciendo demasiado rápido. Todavía queda tanto por hacer en relación con Turquía que ni siquiera podemos plantearnos la idea de su adhesión en el plazo de 10 años.

Me ha alegrado leer en el periódico de esta mañana que el Presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, ha declarado que resulta poco sensato continuar con la ampliación sin haber solucionado antes la cuestión de la Constitución. Estoy totalmente de acuerdo con él. No podemos pretender dar un impulso tan grande a la ampliación con la adhesión de Turquía y, al mismo tiempo, tratar de concluir el asunto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Sería aconsejable que prestáramos más atención a la opinión pública y a las ideas de los ciudadanos. Al recordar el resultado de los referendos francés y neerlandés, convendría tener en cuenta lo que piensa la gente al respecto.

Asimismo, es preciso recapacitar acerca del alcance y del ritmo de expansión de la Unión Europea. Si nuestros ciudadanos no obtienen respuesta a la pregunta sobre la velocidad a la que se va a producir la ampliación, serán incapaces de confiar en la Unión Europea actual. Es una pena que el Comisario Rehn se haya marchado. Le habría preguntado cuál es el Plan B en caso de que se produzca un avance rápido, Turquía se incorpore a la Unión dentro de un plazo de 10 años y se produzca un referendo en Francia, por ejemplo. Si la respuesta de la gente es «no», no podremos apoyar la adhesión de Turquía. ¿Cuál es el plan y cómo deberíamos actuar para no decepcionar a los turcos y evitar que fracase todo el proyecto debido a la posible e inesperada repetición del voto negativo en un referendo? No obstante, puede que recibamos la respuesta a esta pregunta más adelante.

(Aplausos)

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, es preciso que continúen las negociaciones de adhesión en curso con Turquía. Este país debe recibir el mismo trato que cualquier otro con el que hayamos negociado en el pasado. El proceso de armonización del derecho turco y europeo permitirá a Turquía modernizar y liberalizar su economía y aproximarse a los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea.

Turquía es un país que ha asumido la increíblemente complicada tarea de separar el Islam de las estructuras gubernamentales. Merece la pena fomentar la naturaleza laica de este país musulmán, algo que deberíamos apoyar de un modo especial en un mundo en el que se manifiesta con mayor frecuencia la cara extremista y fanática del Islam. No obstante, Turquía ha de saber que no puede contar con recibir un trato diferente. Ankara no puede esperar que la Unión baje sus estándares o que suavice unas normas y requisitos basados en tratados comunitarios.

En particular, quisiera centrar la atención en el problema de las libertades y los derechos civiles. No basta con cambiar las leyes y las disposiciones legales. Es preciso que la administración pública y el poder judicial se concentren de manera constante en las libertades civiles, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Los progresos en este ámbito se evaluarán sobre la base de los hechos concretos. Ankara tiene que entenderlo y no mostrarse ofendida cuando formulemos preguntas, valoremos la situación y comprobemos si se respetan los derechos de la minoría kurda, y si esta disfruta de los mismos derechos que el resto de las minorías étnicas de la Unión Europea. Entre estos derechos se incluye la posibilidad de disponer de escuelas propias en las que se imparta enseñanza en el idioma kurdo en cada etapa del sistema educativo, empezando desde preescolar. Hay que evitar que la nueva legislación antiterrorista se utilice para limitar las libertades civiles y discriminar a las minorías.

La Unión Europea también examinará las libertades de la comunidad cristiana, la cual sigue sin poder reabrir una escuela de teología cerrada hace años. Si no se permite que las escuelas cristianas desarrollen su actividad sin trabas, será imposible que Turquía se convierta en un Estado miembro de la Unión Europea. Por último, aunque este debate se centre en Turquía, no debemos olvidar que para Europa resulta igualmente importante el inicio de las negociaciones de asociación con Ucrania en el futuro.

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, dado que este debate está a punto de concluir, he de recordar a la Cámara una vez más que el señor Eurlings ha presentado un informe extraordinario y constructivo, a pesar de la diferencia de opinión y las críticas de Turquía.

El hecho de que el resultado de las negociaciones esté aún pendiente y pueda – y, en mi opinión, deba – ser diferente a la adhesión plena no es nada nuevo, sino que es objeto de debate en el Consejo y el Parlamento. He de contradecir de manera expresa la declaración realizada aquí por el Comisario Rehn en su intervención inicial, en la que espera que el cierre de las negociaciones y la adhesión se produzcan a finales de la década. Esto nos deja un plazo inferior a cuatro años.

Ninguno de los partidarios de la plena adhesión de Turquía es capaz de afirmar que este país pueda incorporarse en su estado actual, sino que es preciso introducir algunos cambios fundamentales. Turquía debe reconocer y respetar los derechos humanos, la libertad religiosa y los derechos de las minorías. Es preciso que solucione el problema armenio y que reconozca activamente a Chipre. ¿Acaso hay alguien en Turquía que crea en realidad que su país podría incorporarse a la Unión Europea sin reconocer a otro Estado miembro? Un informador turco afirmó recientemente que Chipre solo será reconocido cuando Turquía se convierta en un Estado miembro de pleno derecho o cuando interrumpa las negociaciones de forma voluntaria. Si la Unión Europea, incluida la Comisión, tolera este hecho, dejará escapar todas las posibilidades de mantener unida a Europa.

En relación con el tema de la libertad religiosa, resulta sorprendente que las autoridades turcas –el número dos del partido, el máximo representante de la autoridad religiosa, un funcionario del Estado– juzgaran el discurso del Papa antes incluso de leerlo. Se comparó al Papa Benedicto XVI con Hitler y Mussolini, un episodio vergonzoso que demuestra y documenta la intolerancia y el islamismo de aquellos con quienes mantenemos negociaciones. En vista del floreciente nacionalismo y de la actitud inflexible del Gobierno de Erdogan, tengo dudas considerables acerca de la voluntad política de ceder la soberanía a la Unión Europea.

Por este motivo, considero que el informe Eurlings resulta acertado y necesario. Sería recomendable que Turquía entendiera los consejos y los requisitos como una oportunidad en lugar de como una amenaza.

  Paula Lehtomäki, Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, Señorías, durante este minucioso y loable debate se han descrito de forma muy clara los retos y los problemas asociados a las negociaciones de adhesión de Turquía. Por otro lado, ha quedado patente que el papel estratégico que juega Turquía en relación con la Unión Europea es de suma importancia.

En calidad de país que ostenta la Presidencia, promoveremos las negociaciones sobre la adhesión de acuerdo con los principios generales de la ampliación, entre los que se incluyen el trato uniforme de los países candidatos y el progreso basado en méritos propios. Merece la pena repetir que el Consejo Europeo confirmó en verano de 2006 que cumpliría con los compromisos existentes relativos a la ampliación, y el trabajo se sigue desarrollando en esta línea. Turquía se enfrenta a numerosos retos, si bien es obvio que las negociaciones para la adhesión contribuyen a la continuación del proceso de reforma turco, lo cual redunda en los intereses de todos.

Una de las cuestiones principales es que Turquía debe ratificar e implementar el Protocolo adicional al Acuerdo de Ankara. En la actualidad nos esforzamos por encontrar una solución que, por un lado, permita el comercio directo entre la Unión Europea y el norte de Chipre y, por otro, asegure la apertura de los puertos turcos a los buques chipriotas.

Al tiempo que se desarrollan las negociaciones de adhesión, es fundamental encontrar una solución global al problema de Chipre en el marco de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, Señorías, les doy las gracias por este dinámico y encomiable debate.

  Louis Michel, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente por el trabajo que ha realizado. Se trata, evidentemente, de una contribución importante. Es una evaluación extremadamente interesante, que sin duda contribuirá a fundamentar el informe de la Comisión del 8 de noviembre. Aunque no estamos necesariamente de acuerdo en todo lo que contiene el informe, creo que es importante que el Parlamento se ocupe de esta cuestión y clarifique con su contribución nuestro propio punto de vista.

Creo que el debate que acaba de tener lugar ha puesto claramente de manifiesto las cuestiones implicadas en el proceso de adhesión de Turquía, iniciado ahora hace casi un año. Por supuesto, la Comisión tendrá en cuenta este debate cuando presente su propio informe el 8 de noviembre. Dicho informe será como siempre riguroso, objetivo y no complaciente. Se apoyará en un amplio abanico de fuentes de información, incluidos tanto los datos oficiales del Gobierno como los análisis de las organizaciones no gubernamentales, turcas o no, o incluso de grandes instituciones internacionales. También tendrá en cuenta los informes de las comisiones de este Parlamento, así como el informe Bozkurt.

Señor Toubon, con todo el aprecio que le debo y tengo por usted, quisiera tranquilizarle. No será un cuento infantil. Por lo demás, la Comisión no acostumbra a hacer eso de lo que de pronto la acusa usted. Tampoco tiene el propósito, de hecho, aunque solo fuera por darle gusto, elaborar un informe unilateral y sin matices o incompleto.

Por tanto, es importante tener siempre presente lo que está en juego en este proyecto. La decisión adoptada el 3 de octubre de 2005 refleja ciertamente el deseo de respetar nuestros compromisos, pero traduce también un gran interés mutuo. Alguien ha dicho aquí hace un momento que Turquía tiene más que ganar que Europa. No estoy del todo convencido. Creo que Turquía necesita, evidentemente, a Europa para seguir modernizándose, democratizándose, apoyando el desarrollo de su economía, pero creo que Europa también necesita a Turquía a su lado, como polo de paz, de estabilidad, de democracia y de prosperidad.

La actualidad, como alguien ha dicho también, basta para demostrar todos los días el valor estratégico de este ejercicio. Ya se trate de Irán, de Iraq o de Oriente Próximo en general, del diálogo entre civilizaciones o de la crisis energética, siempre aparece Turquía como un país clave, una baza indispensable para Europa. Claro que ello no exime en ningún caso a Turquía de las obligaciones que debe cumplir todo país candidato a la adhesión y la Unión Europea vela por ello. Al hacerlo, no se erige tampoco en maestro que imparte tiránicamente sus lecciones.

Recordemos que fue Turquía la que presentó su candidatura. Dio ese paso. Aceptó, pues, afrontar las dificultades de la integración europea, porque veía en ello la clave de su propio futuro y del de sus ciudadanos. En virtud de ello, debe continuar ahora y reforzar sin flaquear el proceso de reformas que ella misma emprendió valientemente. Por nuestra parte, vamos a seguir alentándola sin cesar en este sentido. Turquía aspira a unirse a Europa. Pienso que hay que darle una oportunidad. Es una oportunidad que debe ser justa, obedecer a unas reglas claras y transparentes establecidas desde el comienzo, que no cambien según el humor de cada día.

Quisiera añadir algo. A veces tengo la sensación, y no solo en esta Cámara, de que cuando se debate esta cuestión es como si debiésemos evaluar a Turquía hoy por una adhesión que tendrá lugar mañana. Ni que decir tiene que la adhesión no es para mañana, y que el proceso puede durar aún cierto tiempo. Por tanto, se trata tan solo de una evaluación intermedia. Juzgamos los progresos, juzgamos los avances, que a veces llevan demasiado tiempo, juzgamos también las regresiones. Es evidente que se trata de un proceso evolutivo. Por tanto, es muy injusto congelar la imagen. Esto no es la adhesión. Por lo demás, tampoco corresponde a ningún proceso de ampliación que hayamos conocido en el pasado. ¿Por qué, pues, habría que tratar a Turquía de un modo diferente?

Y antes de concluir en 20 segundos paso a la cuestión armenia. Quisiera recordar con todo que esta cuestión –y estoy muy atento a ella, Europa está muy atenta, porque obedece al deber de memoria, que forma parte de nuestro patrimonio de valores– no es ni ha sido nunca una condición aprobada por el Consejo Europeo para la apertura de negociaciones ni para la adhesión propiamente dicha, ya sea en el caso de Turquía o de cualquier otro país candidato. Imponerla hoy equivaldría a cambiar las reglas del juego a mitad de partida, cosa que en Turquía se sentiría muy intensamente como una maniobra de la Unión Europea para plantear nuevas condiciones a fin de impedir a cualquier precio la adhesión.

En contrapartida, es esencial asegurarse de que la libertad de expresión, también sobre los temas delicados, relacionados con la historia de Turquía, sea plenamente respetada en ese país. La experiencia de nuestros propios países demuestra que el debate sobre el pasado, por doloroso que sea, nace siempre de una toma de conciencia interna de la sociedad y rara vez, incluso nunca, de una orden, de una imposición del exterior. Todo este debate se relaciona con el principio de reconciliación, que es una de las principales fuerzas motrices del proyecto europeo.

La Comisión siempre ha sido clara a este respecto. Las relaciones de Turquía con Armenia deben mejorar, lo que empieza por el establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de la frontera terrestre, actualmente cerrada. La perspectiva de adhesión de Turquía debe conducir a una mejora de las relaciones bilaterales y a una reconciliación, también en relación con el pasado. Esperamos, por supuesto, de Turquía que trate este tema como parte integrante de un debate público libre y abierto en el que puedan intercambiarse todos los puntos de vista.

Esta es, señor Presidente, Señorías, la respuesta de la Comisión y mi impresión después de haber seguido este debate extremadamente interesante. Por supuesto, informaré de todo esto al señor Rehn, que conoce estas cuestiones mejor que yo. No duden de que su contribución al informe del 8 de noviembre será bien acogida.

(Aplausos)

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, simplemente quiero protestar por la ausencia del Comisario Rehn en este importante debate. Considero que el motivo que ha dado resulta inaceptable. No creo que resulte justo para esta Cámara, ya que podría haber contestado a los numerosos comentarios realizados en respuesta al informe Eurlings.

  El Presidente. Puedo informarle de que el señor Rehn tenía otros compromisos y no podía estar presente en esta sesión. Señor Michel, vuelve a tener la palabra.

  Louis Michel, miembro de la Comisión. (NL) Señor Presidente, he de recordar al señor Claeys que el Comisario Rehn ya ha explicado en detalle que le iba a ser imposible quedarse. Aunque su ausencia ha resultado desafortunada de cara al debate, he tratado de sustituirle aclarando argumentos y contestando preguntas. Por supuesto, informaré de todo al señor Rehn, y estoy convencido de que en las próximas sesiones es probable que venga y responda a dichas preguntas en persona.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

13. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0429/2006).

Se han presentado a la Comisión las siguientes preguntas.

Primera parte

  El Presidente.

Pregunta nº 33 formulada por Avril Doyle (H-0756/06)

Asunto: Régimen de comercio de derechos de emisión 2008-2012 - Planes nacionales de asignación

En relación con el régimen de comercio de derechos de emisión 2008-2012, ¿qué opinión le merece a la Comisión el que la fecha límite del 30 de junio de 2006 en la que todos los Estados miembros debían presentar sus Planes Nacionales de Asignación y la Comisión emitir un informe al respecto haya pasado sin que dichos requisitos se hayan cumplido, puesto que menos de la mitad de los Estados han presentado sus Planes? ¿Cómo piensa la Comisión proceder para garantizar que el segundo régimen de comercio de derechos de emisión esté funcionando a tiempo para 2008?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, a día de ayer eran 13 los Estados miembros que habían comunicado oficialmente a la Comisión sus planes de asignación. Aunque esto significa que casi la mitad de los planes siguen pendientes, es importante resaltar el hecho de que los planes notificados ya representan más de un 60 % de los derechos de emisión aprobados por la Comisión para el primer período de comercio. Los Estados miembros que han comunicado sus planes son Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido. Sin duda alguna, los demás Estados miembros deben notificar sus planes.

La mayoría de estos planes –con su redacción preliminar– están siendo sometidos a un procedimiento de consulta pública en algunos Estados miembros como Austria, Chipre, Finlandia, Italia, los Países Bajos, Portugal y España. Varios de estos Estados ya han registrado avances significativos en dicho procedimiento y se espera que notifiquen sus planes a la Comisión en las próximas semanas. La Comisión cree que es fundamental que los Estados miembros restantes presenten sus planes para el segundo período lo más pronto posible. Ya se han enviado cartas instando a los Estados miembros a que centren su atención en sus obligaciones. Si se producen más retrasos, la Comisión estudiará la posibilidad de iniciar procedimientos por infracción contra aquellos Estados miembros demorados, sobre la base del artículo 226 del Tratado. No obstante, de acuerdo con la información de que dispone, la Comisión calcula que a finales de 2006 ya habrán notificado sus planes los últimos Estados miembros.

La Comisión ya ha comenzado a evaluar los planes de asignación nacionales comunicados y pretende tomar decisiones al respecto en otoño, es decir, en el plazo de tres meses desde la conclusión de los planes establecido en la Directiva relativa al comercio de derechos de emisión. Esto permitirá a la Comisión decidir sobre la mayoría del mercado de derechos de emisión antes de Navidad y finalizar el procedimiento de evaluación en primavera de 2007. De este modo, se garantizará el comienzo puntual y sin problemas para 2008, en todos los Estados miembros, de la segunda etapa del mecanismo de comercio de la Unión Europea.

Por supuesto, la Comisión no puede tomar decisiones en relación con las evaluaciones en curso, pero utilizará todos los medios políticos y legales a su alcance para asegurar que todos los planes estén en consonancia con los compromisos de Kyoto y los datos confirmados sobre emisiones para 2005, en un intento por garantizar unas condiciones idénticas de competencia a las empresas.

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) El verdadero fin de los planes nacionales de asignación es garantizar que los sistemas de intercambio de derechos de emisión de la UE sean lo más beneficiosos posible para el clima. La falta de transparencia de la mayor parte de los Estados miembros en sus procesos de establecimiento de los primeros planes nacionales de asignación ha dado lugar a legítimas dudas sobre la validez de los datos de la primera serie de planes.

En el primer año, 2005, las emisiones efectivas de dióxido de carbono en 21 países fueron 44 millones de toneladas inferiores a la cantidad total de emisiones asignadas en esos países. El resultado es la falta absoluta de presión para reducir las emisiones, además de un mercado de bonos de carbono muy volátil. ¿Insistirá usted en que la información y las fuentes de datos empleadas para fijar los objetivos en la segunda ronda de planes nacionales de asignación estén disponibles al público, a fin de permitir una verificación independiente y asegurar un máximo beneficio para el clima y la competencia leal en todo el mercado único?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Los criterios de elaboración de los planes nacionales de asignación para el segundo período comercial figuran en la directiva. Hay doce criterios, dos de ellos muy importantes. El primero es si los Estados miembros están en vías de conseguir el objetivo de reducción de las emisiones y cómo van a contribuir a la consecución de este las asignaciones para el sistema de intercambio de derechos de emisión, junto con otras medidas. El segundo es la publicidad de los datos relativos a las emisiones. Para el segundo período comercial tenemos la ventaja de conocer las emisiones efectivas de 2005, que son las anteriormente indicadas. Por lo tanto, estos dos criterios serán fundamentales para que los planes nacionales de asignación logren la escasez necesaria en el mercado a fin de incentivar a empresas e instalaciones a invertir en la reducción de sus emisiones de dióxido de carbono.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) ¿Puede decirnos algo el señor Comisario sobre la validez y la lógica de una política que obliga a los Estados miembros a reducir radicalmente sus emisiones, dando pie a unos precios energéticos más altos en la UE y una menor producción industrial cuando, al mismo tiempo, estamos promoviendo el comercio con China, el mayor contaminador del mundo, sin requisitos imperativos de supresión de las emisiones por su parte? No tengo nada en contra de comerciar con China, pero sí contra la falta de presión sobre ellos para que reduzcan sus emisiones.

En realidad, no estamos comerciando con puestos de trabajo y emisiones...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) En nuestros planes para el período posterior a 2012 consideramos muy importante incorporar a los grandes emisores de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

Dice su Señoría bien que China es uno de los principales emisores, pero olvida que el mayor son los Estados Unidos, que emiten en torno al 25 % de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. China va en segundo lugar, con un 14 %, junto con la Unión Europea, pero para lograr el equilibrio necesario en la contribución de cada país a la lucha contra el cambio climático debemos tener en cuenta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esto es, que cada país debe contribuir de forma común pero diferenciada, lo que significa que países como China, la India y otros países en rápido desarrollo, que históricamente han contribuido en menor medida a la aparición del efecto invernadero y presentan solamente una fracción de la renta per cápita de los países desarrollados, deben contribuir de forma diferente, de acuerdo con su capacidad y sus posibilidades, sin obstaculizar su desarrollo económico y sin generar competencia desleal con otros países.

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señor Presidente, Comisario, a consecuencia del comercio de derechos de emisión, el precio de la electricidad en Europa ha experimentado una subida general. Es más, cabe decir que el precio de la electricidad ha subido con independencia de dicho comercio, lo que significa que el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica ha aumentado, proporcionando unos beneficios inesperados a sus productores.

En los países nórdicos, existen mercados de la electricidad comunes, donde el operador Nordic Power Exchange ha cargado el precio de los derechos de emisión directamente sobre el coste de la electricidad. Dicho precio también se ha transferido al coste de la energía nuclear e hidroeléctrica, generando así unas ganancias sorprendentes para los productores de estos sectores. A la hora de reorganizar estos derechos, ¿la Comisión pretende tomar medidas con respecto a estos beneficios obtenidos por los productores del comercio de emisiones?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Tiene razón. Hay unas cuantas compañías eléctricas que tienen beneficios imprevistos porque han incluido el coste de las cuotas gratuitas en los precios de la electricidad. Hay, por consiguiente, beneficios imprevistos en toda Europa.

Hay dos maneras de luchar contra esto. Una es subastar alguna de las concesiones en lugar de asignarlas libremente. Esta es una posibilidad para el segundo periodo de negociación. Los países pueden subastar aproximadamente el 10 % de las asignaciones y las ganancias podrían utilizarse para promover la innovación o para reducir la carga de los impuestos laborales, por ejemplo, o con otros fines. La segunda manera es liberalizar el mercado del gas y la electricidad en la Unión Europea.

  El Presidente.

Pregunta nº 34 formulada por Danutė Budreikaitė (H-0760/06)

Asunto: Ampliación del espacio Schengen

La Unión Europea se prepara para la ampliación del espacio Schengen. Sin embargo, según algunas fuentes será imposible renunciar a los controles de las fronteras interiores en 2007 debido a problemas técnicos en relación con la base de datos central para la protección de las fronteras exteriores.

¿Podría indicar la Comisión cómo se está desarrollando la preparación para la ampliación del espacio Schengen y cuándo podrá tener realmente lugar esta ampliación? ¿En qué medida están preparados los países candidatos para aplicar las condiciones del espacio Schengen?

  Franco Frattini , Vicepresidente de la Comisión. (EN) En primer lugar, el SIS II reviste una importancia capital porque es una condición indispensable, si no la única, para la ampliación del espacio de Schengen, que es un auténtico espacio europeo de libre circulación de las personas.

En segundo lugar, la ampliación del espacio de Schengen es y seguirá siendo una prioridad política fundamental para la Unión Europea. Puedo confirmar el pleno compromiso de la Comisión y mi compromiso personal para conseguir este objetivo tan pronto como sea posible.

Han surgido algunos problemas técnicos en esta primera fase de la aplicación técnica de este sistema tan complejo que, como saben, conectará la parte central aquí en Estrasburgo con todos los sistemas nacionales de los Estados miembros. Hay problemas y retrasos debido a algunos litigios. Hubo problemas técnicos en la preparación del centro de Estrasburgo, pero esos problemas ya se han resuelto totalmente en estrecha cooperación con las autoridades francesas. Una gran mayoría de Estados miembros han pedido por lo menos tres meses más para probar las conexiones necesarias entre el sistema central y los sistemas nacionales.

La cuarta cuestión es que el acuerdo sobre el fundamento jurídico todavía no se ha alcanzado. Estamos trabajando muy duramente. Hace unos días hubo una conversación a tres bandas muy fructífera para tratar de garantizar un acuerdo entre el ponente, la Presidencia del Consejo y yo mismo.

La aplicación de los proyectos nacionales se ha retrasado en todos los Estados miembros que han pedido unirse al espacio de Schengen, excepto uno. Todos los expertos de todos los Estados miembros, incluidos los nuevos, eran y son perfectamente conscientes de la situación actual. Por eso, los expertos nacionales han propuesto que haya un nuevo calendario para la aplicación del SIS II.

La semana que viene el Consejo de Ministros del Interior aprobará probablemente un nuevo calendario para el SIS II. Aprobará una propuesta de nuevo calendario, que será clara, pragmática y realista, y también decidirá establecer un grupo de trabajo formado por expertos nacionales de los Estados miembros para controlar de modo continuo la aplicación de los sistemas nacionales.

Después de esto, habrá una posibilidad concreta de discutir un calendario realista. Por una parte, es un compromiso político, pero por otra es extremadamente complejo desde un punto de vista técnico. El retraso no se ha producido por problemas políticos, sino técnicos, y todos los Estados miembros han sido conscientes de ellos a través de sus expertos nacionales que cooperan en el Comité Técnico.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Comisario, gracias por su respuesta. Durante el debate sobre Schengen celebrado la semana pasada en Tampere entre los Ministros del Interior y de Justicia, se realizaron comentarios acerca de la naturaleza política de la cuestión y se explicó que todos los países no se unirán a la vez al nuevo sistema, sino que lo harán cuando estén preparados. Los antiguos Estados miembros se unirán al sistema en primer lugar, y luego lo harán los nuevos. Quisiera pedirle que confirmara, o mejor dicho, que negara lo anterior, puesto que así el panorama resultaría más atractivo. Esperamos una respuesta rápida, en la que se ofrezca una agenda y una fecha realista para la ampliación.

  Franco Frattini , Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, mi respuesta es un «sí» rotundo: la aplicación del proyecto SIS II es uno de los requisitos previos a la unión y la ampliación del espacio Schengen.

Considero que la agenda en cuestión, la cual deberá ser aprobada la semana que viene por el Consejo de Ministros, establecerá unas fechas muy concretas para la unión de los nuevos Estados miembros a Schengen.

Como se ha indicado anteriormente, existe un segundo requisito, en virtud del cual se exige que cada uno de los nuevos Estados miembros se encuentre preparado para adaptar sus medidas de seguridad nacional y de control fronterizo, tal y como se estipula en el propio Acuerdo de Schengen. Si se cumplen estas dos condiciones, la fecha fijada por el Consejo de Ministros para la unión a Schengen se considerará inamovible.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, para empezar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Comisario por el compromiso mostrado en conexión con la realización de Schengen.

Tengo dos preguntas. Según se ha comentado, se supone que «Schengen Plus» se va a implementar antes que Schengen II, en un período de transición. ¿Acaso «Schengen Plus» es un requisito necesario para la implementación de Schengen II? Estoy pensando en el caso de Eslovenia, donde parece que ya se ha puesto en práctica Schengen II.

Mi segunda pregunta es esta: ¿qué tipo de vinculación adicional de archivos se prevé en Schengen II?

  Franco Frattini , Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, una de las delegaciones ha planteado la posibilidad de adoptar una solución intermedia: Schengen 1+. En mi opinión, merece la pena estudiar con detenimiento dicha solución, siempre que nos garantice el valor añadido que sin duda ofrecerá Schengen 2.

He de recordar a sus Señorías que fue la propia Comisión la que presentó esta idea hace aproximadamente un año. ¿Por qué no buscar una solución intermedia entre Schengen 1 y Schengen 2? Una solución tal como Schengen 1+.

En aquel momento, una gran mayoría de los Estados miembros rechazó esta idea intermedia argumentado que no resultaría lo suficientemente segura, a diferencia de Schengen 2. Ahora, como saben, la idea ha vuelto a ser sugerida por la delegación portuguesa. Volveremos a estudiarla, pero todo depende del valor añadido que proporcione.

La siguiente pregunta es: ¿qué entendemos por valor añadido? Schengen 2 ofrecerá una conexión inmediata, en tiempo real, a través de una parte central en Estrasburgo, una segunda parte en Salzburgo y los sistemas nacionales, los cuales estarán conectados mediante el intercambio directo de información en tiempos mucho más cortos y con una protección de los datos personales mucho más segura que la actual.

Esta es la principal característica que me lleva a creer que Schengen 2 constituye la propuesta más avanzada presentada hasta la fecha.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (EN) Señor Comisario, quisiera preguntarle sobre la seguridad. No me cabe duda de que la Comisión está muy interesada en la seguridad y la fiabilidad de estas fronteras de Schengen, pero como sabe, los nuevos países han invertido millones de euros en la creación de este sistema de información y, con el aplazamiento de su entrada en el sistema de Schengen, se teme que estos sistemas se queden anticuados y no se ajusten a las nuevas demandas.

  Franco Frattini , Vicepresidente de la Comisión. (EN) Esta es una cuestión muy importante. Muchos colegas y Ministros han planteado exactamente esta cuestión en Tampere. Mi respuesta ha sido, y la repito aquí, que soy consciente del efecto del retraso y del posible coste adicional. Por eso he prometido a todos los Ministros estudiar con sumo cuidado la posibilidad de tener por lo menos parcialmente en cuenta el coste adicional del aplazamiento del funcionamiento efectivo del SIS II. Por ejemplo, puedo tener en cuenta los sistemas de escala informática. Ya he postergado la posibilidad de gastar dinero hasta finales de 2007. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de aplazarla de nuevo, o intentar tener financiación adicional para este coste añadido? No puedo, por ejemplo, cofinanciar los salarios de los funcionarios de policía, pero sí considerar seriamente las infraestructuras de seguridad.

  El Presidente. Quisiera señalar que la cuestión de la ampliación del espacio de Schengen se debatirá en la sesión plenaria de octubre. En efecto, entonces tendremos la oportunidad de volver sobre la cuestión en presencia del señor Frattini.

Pregunta nº 35 formulada por Proinsias de Rossa (H-0769/06)

Asunto: Lectores de lengua extranjera en Italia

En vista de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de julio de 2006 en el asunto C-119/04, ¿examinará la Comisión la posibilidad de solicitar una revisión de la sentencia dado que no se facilitó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas información importante sobre la situación real de trabajo de los lectores de lengua extranjera en Italia?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, en su sentencia de 18 de junio de 2006 sobre el caso C-119/04, el Tribunal de Justicia declaró que, en el plazo establecido en el dictamen motivado, la República Italiana no había reconocido los derechos adquiridos por los antiguos lectores que se habían convertido en especialistas y profesores de lengua extranjera, a pesar de que dicho reconocimiento se había garantizado a todos los empleados del país. Asimismo, declaró que no había cumplido con todas las medidas derivadas de la sentencia de 26 de junio de 2001 en el caso C-212/99 de la Comisión contra Italia y que, en consecuencia, había incumplido con las obligaciones estipuladas en el artículo 228 del Tratado CE. No obstante, el Tribunal de Justicia decidió que no había motivos para imponer la multa reclamada por la Comisión. Tras examinar los hechos en cuestión, consideró que no disponía de información suficiente para determinar que las autoridades italianas estuviesen incumpliendo con sus obligaciones. La Comisión quiere llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que el Tribunal de Justicia también señaló que en virtud de la Ley 2/2004, en la cual no se descarta la posibilidad de renovar la carrera de los antiguos lectores de lengua extranjera con condiciones mejoradas, cada una de las universidades en cuestión podría renovar con efecto retroactivo la carrera de dichos lectores. Por otro lado, el Tribunal de Justicia también declaró que era preciso determinar si se estaban aplicando o no las medidas adoptadas a raíz de la aprobación legítima del reglamento. En la actualidad, los servicios de la Comisión están analizando los aspectos fundamentales y el impacto de esta sentencia, así como el mejor modo de proceder. Una de las principales cuestiones que hay que resolver a este respecto es confirmar si los derechos adquiridos se han reconocido y renovado por completo, incluida la implementación de los pagos retrospectivos a sus respectivos receptores, tal y como han informado las autoridades italianas.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) ¿No está de acuerdo el Comisario en que es escandaloso que el Tribunal de Justicia Europeo no haya impuesto ninguna multa a las autoridades italianas, teniendo en cuenta que ya hace casi 20 años desde que el asunto se puso por primera vez en conocimiento de la Comisión, y que en todas las ocasiones en que el Tribunal ha decidido sobre este asunto, lo ha hecho contra Italia? ¿Y que incluso hoy, a mi entender, en la Universidad La Sapienza todavía no se cumplen los criterios establecidos?

¿No está de acuerdo también con que es extraordinario que el Tribunal pueda afirmar que la Comisión ha aportado pruebas insuficientes para permitirle tomar una decisión en relación con la imposición de multas?

¿Se comprometerá el Comisario, incluso en esta fase, a que se revise la decisión del Tribunal y se obligue a las autoridades italianas...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor De Rossa, en su debate sobre el caso, la Comisión ratificó la declaración realizada ante el tribunal y sobre la cual este pronunció su fallo. Desde esta perspectiva, ambos estamos implicados de manera formal y clara en el juicio en cuestión. Por lo tanto, la Comisión es responsable de resolver este asunto y de evaluar si la sentencia se ha aplicado por completo, si ha ocasionado la realización de los pagos retrospectivos y si se han renovado las carreras. Esto es lo que tenemos que hacer y la dirección en la que nos movemos. Aún queda por ver cuál será el resultado de las medidas propuestas. En mi opinión, lo esencial es que se debe respetar el marco jurídico de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, una máxima siempre presente en el trabajo de la Comisión, la cual dejó clara su postura al respecto durante las negociaciones.

  Glyn Ford (PSE). – (EN) Me complace que usted va a controlar si el fallo se aplica como es debido. Creo que ahora se cumplen 21 años desde que este asunto fue planteado por uno de mis antiguos colegas, el señor McMahon, así como por el señor De Rossa. Me pregunto si podíamos pensar en dar una fiesta de cumpleaños con motivo de su 21º aniversario cuando llegue a su mayoría de edad, porque parece que avanza demasiado lentamente.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Ford, a lo largo de este confuso proceso, la Comisión ha sostenido de manera constante que la obligación de alcanzar resultados procede de la sentencia de 2001 aplicable a la liquidación definitiva de los salarios y a las contribuciones a la seguridad social debidas a los antiguos lectores. Se pusieron en duda los criterios utilizados en el reglamento en virtud de la Ley 2/2004 sobre la renovación de las carreras de los lectores. En aquel momento, por supuesto, el tribunal decidió o declaró que no había motivos razonables para determinar que la sentencia no se hubiese aplicado plenamente. Tomó en consideración el hecho de que las universidades italianas les habían informado de que se habían efectuado los pagos, o al menos parte de ellos. El tribunal no tuvo en cuenta que fueron las universidades las que habían facilitado dicha información, y no los lectores.

Señorías, en esta situación, la decisión del tribunal es definitiva, y la Comisión debe ahora examinar los hechos relevantes y decidir cómo actuar a continuación. Queda por ver si el siguiente paso será reabrir el proceso o tomar una medida diferente. Solo puedo asegurarles que, personalmente, el tiempo dedicado a este proceso me parece excesivo. Creo que uno de los pilares de la seguridad jurídica, uno de sus componentes esenciales, es que la satisfacción se obtiene en última instancia cuando los plazos son razonables. Esto no quiere decir que la solución deba ser inmediata, dada la complicación de algunos casos, pero sí que se debe producir en un plazo de tiempo apropiado.

Segunda parte

  El Presidente.

Pregunta nº 36 formulada por Esko Seppänen (H-0738/06)

Asunto: Gastos administrativos de la Comisión

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2007, el Consejo propone importantes ahorros en los gastos administrativos que se alcanzarían suprimiendo puestos en la Comisión. ¿Cuáles serían, en los próximos años, las consecuencias de estas posibles reducciones para el número de funcionarios de la Comisión y para el personal de las agencias?

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) La pregunta que ha formulado es muy importante para la Comisión y todas la instituciones europeas. La propuesta que hemos recibido del Consejo consta de dos partes: una parte se refiere directamente al presupuesto de 2007 y la otra se refiere directamente al periodo septenal de 2007 a 2013. Quisiera desarrollar las consecuencias de su pregunta en los dos elementos de la propuesta que nos ha dado el Consejo.

En primer lugar, con respecto al presupuesto de 2007, el Consejo ha recortado los créditos en 56 millones de euros. Esto significa que la Comisión ni siquiera podrá mantener el nivel actual de personal, mientras que el Consejo ha aprobado 801 nuevos puestos para los nuevos miembros de la ampliación. Sin embargo, se ha negado a conceder las asignaciones correspondientes para pagar los salarios de esos puestos. Esto impedirá cualquier contratación, ya sea de nuevos o de antiguos Estados miembros. Tampoco permitirá que la Comisión sustituya al personal que se jubile en 2007. Eso significa que la plantilla real se reduzca en unas 420 personas. Con esta propuesta para 2007 no habrá ninguna contratación en absoluto.

La pregunta se refería también a las agencias. Para 2007, el Consejo también ha propuesto recortar las asignaciones de las agencias en aproximadamente 29 millones de euros.

La segunda parte de la propuesta consiste en reducir los puestos para el periodo de siete años. La propuesta del Consejo consta de dos partes. En primer lugar, cada segundo puesto que se quede vacante se suprimirá del plan de establecimiento de cada institución. Me han llegado rumores de que esto se propone para las tres instituciones: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En segundo lugar, la Comisión tendrá que suprimir 500 puestos adicionales, que el Consejo justifica por la concentración de programas y nuevos enfoques de gestión. Para la Comisión esto podría costar hasta 2 000 puestos durante el periodo de siete años; para otras instituciones, como el Consejo y el Parlamento, unos 200 puestos.

A petición de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, a comienzos de septiembre firmé el documento de trabajo con todas las explicaciones técnicas detalladas y las cifras financieras sobre la propuesta. Si quiere, les puedo dar hoy toda la oferta para su información, de modo que puedan estudiar la cuestión con más detalle.

Las consecuencias solo para la Comisión serán una pérdida de cerca de 2 000 puestos, lo que significa cerca de cuatro Direcciones Generales. Es también aproximadamente la mitad de los puestos que se han concedido para la ampliación durante los años anteriores. No tiene en cuenta para nada el hecho de que la Comisión ya emprendió la reforma administrativa en sus propios centros en 2002 y su reforma en curso. Tampoco tiene en cuenta que las instituciones europeas no son Gobiernos nacionales y las tareas específicas que llevan a cabo el Parlamento y el Consejo son diferentes. Por ejemplo, la Comisión Europea, como administración pública, es la administración pública más barata del mundo. En nuestro presupuesto, las tres instituciones –el Consejo, el Parlamento y la Comisión– solo destinan aproximadamente el 5 % del presupuesto al gasto administrativo, mientras que en la mayoría de nuestros Estados miembros destinan cuatro o cinco veces más.

No podemos estar de acuerdo porque la propuesta no tiene en cuenta el equilibrio geográfico. Tenemos que ajustarnos a las peticiones del Consejo. No tiene en cuenta la diversidad lingüística, que también tenemos que mantener. Ninguna de estas cosas se tiene en cuenta.

Finalmente, para nosotros esto supone un intento de reabrir el debate sobre el acuerdo interinstitucional, que acabamos de firmar hace cuatro meses.

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señor Presidente, Comisaria, gracias por una respuesta tan minuciosa. He de decir que, tras presentar la pregunta, la Comisión facilitó a los miembros de la Comisión de Presupuestos una serie de documentos sobre la materia con vistas a ayudar a aclarar el asunto.

Quisiera hacer una pregunta adicional: ¿la Comisión tiene libertad para reubicar a su antojo al personal entre las diferentes secciones administrativas principales, sin que sea necesario que las autoridades presupuestarias en el Consejo del Parlamento tomen una decisión presupuestaria aparte? ¿Tiene la Comisión libertad para cambiar los puestos de una Dirección General a otra?

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Llevamos a cabo cambios de destino todos los años; cada año cambiamos de destino aproximadamente a 400 personas. Pero aquí estamos hablando de puestos sin los preparativos para pagar salarios. Dentro está parte de nuestro denominado programa de aumento de la productividad, que se presentó en 2002 como parte de la reforma. Si las prioridades cambian, cambiamos de destino internamente: esta es la práctica anual normal.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señora Comisaria, quisiera saber qué medidas se aplicarán para tomar en cuenta a los nuevos Estados miembros durante la asignación de los puestos de funcionarios de la Comisión y para evitar que esto suponga un aumento del gasto administrativo.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Sí, en 2003 el Parlamento y el Consejo aceptaron asignar 3 400 puestos nuevos para la ampliación en el periodo cuatrienal entre 2004 y 2008. Todos los años hemos venido recibiendo estos puestos, junto con los pagos para los salarios. Este año el Consejo nos ha ofrecido de nuevo 801 puestos, sin añadir nada para los salarios. No somos magos y no podemos pagar por arte de magia 800 puestos de la nada.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, Comisaria, espero que esta pregunta sobre la administración de la Comisión me ofrezca la oportunidad de formular otra pregunta relativa a un asunto sobre el que se me ha vuelto a contactar en los últimos años.

En la práctica administrativa de la Comisión se sigue dando el lamentable caso de que las órdenes de pago correspondientes a los proyectos científicos llegan con demasiado retraso. Esto sucede especialmente cuando un investigador o científico es invitado por la Comisión a venir a Bruselas, por ejemplo, para evaluar proyectos científicos y de investigación. Los investigadores asumen sus gastos de desplazamiento y alojamiento, realizan su intervención y tienen que esperar varios meses a que la Comisión les pague el trabajo realizado y los costes incurridos. Hoy he descubierto que dicha espera puede llegar a ser de cinco meses.

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Afecta fundamentalmente al Reglamento Financiero y a las reglas de aplicación financieras. La Comisión ha elaborado los procedimientos de simplificación aprobados en mayo. Este nuevo paquete legislativo está en la mesa del Consejo y en la mesa de la Comisión de Presupuestos, concretamente en manos de la señora Grässle, que es la ponente sobre esta cuestión. Ella puede confirmar que hemos aceptado alrededor del 80 % de las propuestas del Parlamento. El paquete es muy bueno, pero ahora dependerá mucho de si la Presidencia finlandesa lo aprueba y de las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento, aunque sigue siendo una decisión del Consejo. Así que espero de verdad que haya mucha más simplificación a partir de 2007, especialmente con referencia a los procedimientos para pagar esa clase de proyectos. Pero ese es otro asunto.

  El Presidente.

Pregunta nº 37 formulada por Ingeborg Grässle (H-0758/06)

Asunto: Correcciones financieras en el contexto de la modernización de la contabilidad y cuestionario relativo a las cuentas de la Comisión en su ámbito de actividades

¿Por qué trata la Comisión de efectuar las correcciones financieras en el contexto de la modernización de la contabilidad antes de que se publique el informe del Tribunal de Cuentas europeo el 23 de octubre de 2006?

¿Cuántas cuentas afectadas por la sección 1.3.1 del anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 5 al presupuesto 2006 están incluidas en la lista de propias cuentas bancarias desconocidas por la Comisión, comunicada por la misma el 2 de junio de 2006 en respuesta a una pregunta parlamentaria (S-46, complemento a las preguntas E-4819/05 y H-0212/06)? ¿Qué importe global alcanzan las 377, como mínimo, cuentas desconocidas por la Comisión? ¿Qué número de cuentas y qué importes respectivos se refieren a los tipos de operaciones "bancos en quiebra", "diferencias de caja" y "peso del pasado" mencionados en el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 5? ¿A qué se deben las diferencias de caja? ¿Son consecuencia de la apertura de cuentas al margen del presupuesto? ¿Qué se entiende por "peso del pasado" y cómo ha surgido?

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Dentro de esta pregunta hay siete preguntas subordinadas, y quisiera ser tan precisa y técnica como sea posible porque las preguntas son muy concretas y precisas desde un punto de vista contable.

Su pregunta se refiere fundamentalmente a nuestro presupuesto de personal, en el que pedimos crear una línea presupuestaria que permita a la Comisión, cuando se justifique debidamente, cancelar partidas de cuentas pendientes y cancelar pérdidas que inevitablemente se producen en los fondos de un administrador en cuentas de 145 países, a veces con un débil sector bancario y otros problemas políticos.

La creación de esta línea presupuestaria refleja la política de la Comisión de transparencia y rigor administrativo, para liquidar todos los expedientes antiguos, relativos en su mayor parte a los años anteriores a 2000. Esto se debe principalmente a que estamos introduciendo ahora un nuevo sistema contable basado en el devengo, que nos permite y nos obliga a ser más transparentes y más rigurosos con nuestro sistema contable.

Esta propuesta de nueva línea presupuestaria se presentó en el Presupuesto modificado 5, para la línea presupuestaria 40, y enumera los cinco tipos siguientes de operaciones que estudiaremos. La primera son los ajustes para cubrir los importes depositados en cuentas en bancos de fuera de la Unión Europea que han quebrado durante el año anterior. La segunda son las diferencias de tesorería en las administraciones de anticipos. La tercera es la liquidación de algunas operaciones antiguas llevadas a cabo principalmente por delegaciones y representaciones con arreglo a los sistemas de anticipos en el extranjero. La cuarta son los reembolsos del principal o los intereses de demora y si se han compensado, y la compensación de importes irrecuperables del IVA.

Todos los años, la Comisión incluirá esta línea presupuestaria en su propuesta de anteproyecto de presupuesto, igual que ahora es práctica común cancelar gastos irrecuperables y no dejarlos indefinidamente en cuentas pendientes, como sucedía en el pasado. La definición de una cuenta pendiente es que no es simplemente una cuenta bancaria, sino apuntes contables en los que las cuentas anuales de la Comisión se relacionan fuera de las cuentas del presupuesto de la Unión Europea porque corresponden a operaciones que están en espera de ser regularizadas desde un punto de vista contable, pero que no pueden atribuirse a ninguna línea presupuestaria de la Unión Europea por varias razones explicadas anteriormente. No hay por consiguiente ninguna relación con las cuentas bancarias mencionadas en mi respuesta del 2 de julio de este año, cuando las cuentas se abrían o gestionaban por personal distinto del funcionario contable, tanto dentro como fuera del territorio de la Unión Europea.

Con respecto al informe anual del Tribunal de Cuentas de 2005, esta propuesta tampoco guarda ninguna relación con esa publicación, aparte del hecho de que el Tribunal presiona constantemente a la Comisión para que liquide esas cuentas pendientes. Se ha presentado oportunamente para que las cuentas pendientes se liquiden antes de que finalice el presente año financiero. Lo hemos hecho con el presupuesto modificado.

Con respecto a los principales tipos de operaciones en una serie de cuentas sobre las que usted pregunta y las cantidades de dinero implicadas, le puedo dar hoy algunos ejemplos. Por ejemplo, los fondos perdidos a causa de las quiebras ascienden a aproximadamente 1,3 millones de euros, de los que 1 millón de euros se perdieron en Kazajstán en 1996. Los fondos perdidos por cargas del pasado, por ejemplo, ascienden actualmente a 3,5 millones de euros de cuentas de anticipo mantenidas fuera de la Unión Europea y únicamente 100 000 euros de cuentas de anticipo mantenidas por representaciones. Esto se debe a muchas circunstancias diferentes en las que los documentos acreditativos que se necesitan para justificar el gasto por lo demás regular no se pueden localizar, a pesar de largas búsquedas. Todas estas cantidades se refieren a años anteriores a 2000.

Por último, solo quiero decir que la creación de esta partida presupuestaria no es solo parte del proceso actual para modernizar el sistema contable de la Comisión; refleja también la política de la Comisión de transparencia y rigor administrativo para liquidar los antiguos expedientes, que se convertirá en práctica común desde 2006, que seguiremos todos los años.

A pesar del riguroso inventario, quiero confirmar que no se han encontrado cuentas bancarias que no fueran conocidas por la Comisión en este momento.

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Doy las gracias a la señora Comisaria por su respuesta. Ha habido momentos en los que se ha cortado la interpretación, ya que el intérprete no podía seguir las palabras de la Comisaria. He tratado de entender sus comentarios y me he dado cuenta de que no ha contestado a una de mis preguntas, la relativa a las 377 cuentas extrapresupuestarias enumeradas en mi pregunta del 2 de julio. Esta es la segunda vez que la pregunta sobre la suma total en cuestión queda sin respuesta. A esto hay que añadir que existe una cuenta de 7 millones de euros correspondiente al supermercado Economat. Insto a la Comisaria a que nos explique en qué se ha gastado esa cantidad.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) No les puedo dar en este momento una respuesta sobre estas cifras concretas, porque no ha quedado claro en la carta ni en la pregunta oral. Hemos entendido la pregunta principal relativa a la propuesta de enmienda del presupuesto, a la que intentamos responder. Si quiere una explicación sobre cantidades concretas, se la daremos por escrito.

  El Presidente.

Pregunta nº 38 formulada por Justas Vincas Paleckis (H-0700/06)

Asunto: Fuga de cerebros y de mano de obra cualificada de los nuevos Estados miembros de la UE

Se están suprimiendo en la UE las fronteras y los obstáculos internos y, dentro de unos años, habrán desaparecido por completo. La integración cada vez más profunda de los antiguos Estados miembros y los nuevos favorece un proceso de fuga de cerebros y de mano de obra cualificada que se acelera de manera creciente. Los nuevos Estados miembros van perdiendo, en beneficio de los países más antiguos de la Unión, netamente más ricos, una gran parte de sus ciudadanos más dinámicos, que han adquirido en su país natal una formación de calidad o buenas cualificaciones. Parece que la UE, con una mano, de manera visible, otorga ayudas a los nuevos Estados miembros a título de los diversos Fondos, mientras que, con otra mano invisible, los despoja seduciendo a los jóvenes especialistas.

Considero que una manera de poner remedio a esta situación sería la creación de un Fondo comunitario específico que tuviera por objeto limitar las consecuencias de la fuga de cerebros y de la mano de obra cualificada (una especie de «Fondo de globalización»). La contribución a este Fondo se incrementaría para los países que acogen a especialistas cualificados. Los fondos reunidos se podrían utilizar para reforzar el sistema educativo de los países que sufren el éxodo de su mano de obra, con objeto de crear nuevos empleos.

¿Qué pensaría la Comisión de esta propuesta o de otras propuestas equivalentes? ¿Está la Comisión de acuerdo en que un proceso básicamente positivo -la creación de un mercado laboral común- genera asimismo un problema crucial de fuga de cerebros y de mano de obra cualificada que conviene resolver por medio de esfuerzos comunes de la UE y del conjunto de sus 25 Estados miembros?

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. (EN) La pregunta de su Señoría trata de la cuestión de la fuga de cerebros o de personal cualificado de los Estados miembros que entraron en la Unión el 1 de mayo de 2004. Propone que la Comisión cree un nuevo fondo especial para reducir el efecto de la fuga de cerebros.

La libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales garantizada por el Derecho comunitario. Tras la ampliación de 2004, después de los acuerdos de transición para la libre circulación de trabajadores de ocho países nuevos, la UE ha experimentado un incremento de la movilidad procedente de los nuevos Estados miembros. Sin embargo, en el informe que hemos publicado recientemente sobre el funcionamiento de los acuerdos de transición, la Comisión ha señalado que los flujos de los diez nuevos Estados miembros han sido bastante limitados en relación con el conjunto de la población en edad de trabajar y que se equilibran, por lo menos en parte, con la movilidad procedente de los 15 Estados miembros originales.

El informe demuestra que los flujos migratorios son impulsados por factores relacionados con las condiciones de la oferta y la demanda, tanto en los países de origen como en los de destino. Es más –y esto es más importante, como se señala en el informe–, en lugar de buscar un empleo permanente en otro país, un porcentaje significativo de trabajadores migrantes únicamente permanecen en el país de acogida durante un periodo limitado. Por consiguiente, los trabajadores migrantes vuelven a menudo a su país de origen, que se aprovechará entonces de las experiencias acumuladas en el extranjero, especialmente por los trabajadores altamente cualificados. A este respecto, podemos hablar del concepto de llegada de cerebros.

Cabe señalar también que aunque los «antiguos» Estados miembros atraen personas de talento de los nuevos Estados miembros, los Estados Unidos de América resultan ser el destino más popular entre los estudiantes de enseñanza superior o las personas instruidas de los nuevos Estados miembros. El problema de la fuga de cerebros, en la medida en que existe, parece más relacionado con las diferencias salariales entre el país de origen y los países de destino que con la calidad del sistema educativo de los países de origen de los emigrantes. Los nuevos Estados miembros alcanzan resultados bastante buenos en la mayoría de indicadores del programa Educación-Formación 2010, en el que tenemos referencias comparativas y objetivos muy concretos.

La respuesta a la cuestión está en el buen uso de las oportunidades significativas que brindarán los Fondos Estructurales para el periodo de 2007 a 2013. Los Fondos Estructurales supondrán una contribución sustancial a las economías de los nuevos Estados miembros y, si se usan bien, facilitarán los medios para garantizar el crecimiento continuo y la creación de empleo.

La convergencia progresiva de las economías de los nuevos Estados miembros con las de los Estados miembros más antiguos reducirá las diferencias salariales existentes y eliminará por consiguiente una causa importante de la fuga de cerebros.

La Comisión, en lugar de apoyar la creación de un fondo especial o esforzarse por regular la migración, debería animar por ello a los nuevos Estados miembros a hacer un uso efectivo de los Fondos Estructurales. El Fondo Social Europeo, en particular, seguirá apoyando un enfoque amplio de la educación y la formación en el periodo de programación que comienza en 2007, prestando concretamente su apoyo a medidas encaminadas a desarrollar la empleabilidad y mejorar la relevancia en el mercado laboral de la educación y la formación inicial y profesional, con vistas a fomentar la innovación y en el marco de la economía basada en el conocimiento.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Comisario, muchas gracias por su minuciosa respuesta. No obstante, debo admitir que no ha logrado disipar mis temores. Aunque el uso de los fondos es, sin duda, una cuestión de suma importancia para la libertad de circulación, a los nuevos Estados miembros se les acabará «chupando la sangre» con el traslado de sus ciudadanos más preparados a los antiguos Estados miembros más ricos. Quisiera preguntarle si no opina que esta situación resulta injusta. ¿No cree que se podría estar violando el principio de solidaridad?

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. (EN) Yo no hablaría de injusticia; preferiría hablar de libertad, que tenemos, y de responsabilidad, que es la mejor parte de la libertad, o la otra cara de la misma moneda.

Cuando hablamos de la «fuga de cerebros», no nos referimos solo a los nuevos Estados miembros frente a los antiguos Estados miembros. Lo mismo sucede en la Unión frente a los socios más competitivos del mundo. Cuando estuve en Francia y Alemania, allí hablaban de la fuga de cerebros a los Estados Unidos. Así que, o bien somos conscientes de los problemas y la falta de competitividad, la falta de prestigio del conocimiento o la falta de respeto por el conocimiento en Europa, y mejoramos las condiciones de la propiedad intelectual para las patentes en este continente, asociadas en tantos aspectos a la innovación y la transferencia de conocimientos a la vida real, la economía real, la producción y los servicios, o lo comentaremos y lamentaremos posteriormente, y puede que todavía más, porque el tiempo pasa rápidamente y la globalización influye realmente en nuestras vidas.

Todas nuestras políticas, programas y estrategias apuntan hacia este objetivo. No quiero anticipar acontecimientos en la Comisión, pero en unas pocas semanas quisiéramos proponer, por ejemplo, el establecimiento de un instituto europeo de tecnología. O abrimos espacio para una dimensión europea del conocimiento y de la transferencia del conocimiento y mejoramos conjuntamente o, como he dicho antes, perderemos tiempo e impulso. No quiero discutir ahora esto en profundidad, puede que la próxima vez diga más. La Cumbre de Lahti en octubre debería abordar los diez puntos para mejorar la innovación en Europa. Los dos primeros puntos son la educación y las universidades y un instituto de tecnología, y después hay otros.

Creo que políticamente se es consciente del problema. Si existe también la voluntad política de cumplir lo prometido, podremos encontrar mejores respuestas y mejores situaciones en el futuro. Tenemos que trabajar en esa dirección.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Señor Comisario, teniendo en cuenta las declaraciones sobre Rumanía y Bulgaria, ¿nos podría decir algo sobre los indicios de que el Reino Unido e Irlanda no abrirán sus mercados a los trabajadores de esos dos Estados miembros? ¿Estaría de acuerdo con que muchos de los países anfitriones necesitan una política de integración de trabajadores de los nuevos Estados miembros, respondiendo a sus necesidades, y que hemos de permitir que los trabajadores emigrantes cualificados progresen en las profesiones para las que están cualificados en los Estados miembros anfitriones?

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. (EN) Gracias no solo por la pregunta, sino por los ánimos para que sigamos siendo abiertos. Políticamente pienso que Europa es sinónimo de apertura. Cuando esto es así, entonces tendemos habitualmente a solucionar problemas. Cuando nos cerramos, cuando nos aislamos, entonces los problemas habitualmente se vuelven incluso peores con el tiempo. Las decisiones internas y la apertura del mercado laboral son, por supuesto, competencia de los Estados miembros. La Comisión ha estado siempre a favor de la apertura o por lo menos de la apertura gradual en lugar de las moratorias. El informe sobre el segundo aniversario de la ampliación ha demostrado que los que han abierto sus mercados se han beneficiado, lo que confirma que hasta ahora la integración en Europa ha resultado ser una situación en que todos salen ganando. Por supuesto que tiene que llevarse a cabo de acuerdo con ciertas reglas y criterios y en este caso los beneficios los seguirán fluyendo a los que sean más abiertos.

Una de las contribuciones más importantes en materia de cualificación e integración llegará este mes de la mano de la Comisión. La última noche hubo un debate en esta Cámara sobre el marco europeo de cualificaciones que debe crear la matriz básica para la comparación y la transferencia de cualificaciones entre diferentes sistemas nacionales autónomos de cualificación o marcos de cualificación. En este sentido, el valor de los títulos será mayor porque los haremos más legibles y transferibles y autorizaremos a la gente a utilizarlos más adecuadamente. Esta es una de las principales respuestas legales y políticas para convertir a los habitantes de la misma Unión en ciudadanos más que en turistas.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) El año pasado, la Comisión aprobó el Libro Verde sobre la gestión de la migración económica en la Unión Europea, en el que se proponía compensar a terceros países, es decir, a los países en desarrollo, los costes de la fuga de cerebros. El caso de estos inmigrantes económicos es el mismo que el de los ciudadanos lituanos que se trasladan a otros países de la Unión Europea, con la diferencia de que a este fenómeno se le denomina libre circulación de personas en lugar de migración económica. Sugiero a la Comisión que aplique al mercado interior las mismas medidas propuestas para terceros países.

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. (EN) No fomentamos o proponemos una fuga de cerebros, pero tratamos de movilizar a los cerebros. Hay muchos ejemplos de cómo o bien actuamos conjuntamente para liberar el potencial que tenemos en nuestros Estados miembros y en nuestras universidades, en las nuevas generaciones de estudiantes e investigadores, o bien nos perdemos en la falta de crecimiento y la falta de nuevos y mejores empleos. Ni siquiera en los programas de los que soy responsable estimulamos o motivamos a los ciudadanos de terceros países para que abandonen sus Estados, sino más bien para que vuelvan y construyan sus sociedades y economías en estrecha asociación con los países europeos, las instituciones europeas o las universidades.

En lugar de lamentarnos de lo poco que hemos hecho para parar la fuga de cerebros y para la recuperación del potencial europeo, deberíamos centrarnos en la aplicación creíble de nuestra próxima generación de programas. Queremos tener más movilidad incluso combinada, por supuesto, con libertad. También yo soy de un Estado miembro nuevo, y respondo habitualmente que en lugar de lamentar que salgan más jóvenes de los que vuelven, necesitamos crear condiciones que creen u ofrezcan una verdadera perspectiva europea de vuelta a Eslovaquia, Lituania o Letonia. Después de dos años de asociación con la Unión, es cada vez más evidente que se da la europeización de las condiciones y las perspectivas para los jóvenes, pero es un proceso que lleva su tiempo. Los muy citados y milagrosos ejemplos de Irlanda o Finlandia no son sino resultados lógicos de políticas estratégicas a largo plazo en las que la educación, la formación, el conocimiento y la investigación están en el centro y siguen estando en el centro. Es un buen ejemplo para que todos lo sigamos.

  El Presidente.

Pregunta nº 39 formulada por Gyula Hegyi (H-0701/06)

Asunto: Educación - Aprendizaje de lenguas

Tanto la Unión Europea como sus Estados miembros invierten enormes cantidades de dinero en la enseñanza de lenguas, con unos resultados mediocres sin embargo, pues las investigaciones realizadas al respecto muestran que tan sólo la mitad de los ciudadanos de la UE pueden mantener una conversación en una lengua extranjera.

¿Piensa actuar la Comisión para pedir a los Estados miembros que evalúen sin prejuicios la eficacia de los diferentes métodos de enseñanza de lenguas, incluyendo asimismo las nuevas técnicas?

¿Por qué no se traducen las publicaciones de la Unión Europea a las lenguas de los nuevos Estados miembros?

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, esto sucede todos los meses. Los diputados han formulado preguntas que debe responder la Comisión, se sientan aquí mientras usted concede una pregunta complementaria tras otra y deja que los Comisarios se explayen a discreción, de modo que después no queda tiempo para nuestras preguntas. Es un escándalo la manera en que se trata a los diputados a esta Cámara, es absolutamente escandaloso. Protesto enérgicamente por ello.

  El Presidente. Entiendo perfectamente su indignación y, en cierta medida, la comparto, pero no es del todo cierto que no se vaya a contestar a las preguntas, ya que se les dará respuesta por escrito. No soy responsable del Reglamento. Soy un mero árbitro que interpreta las normas y, como podrá apreciar, la sesión no se puede alargar indefinidamente. Señor Figel, vuelve a tener la palabra.

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. (EN) Aunque estimar la efectividad de cualquier inversión en educación es siempre difícil, la Comisión no conoce ningún estudio que demuestre que la recuperación de la inversión en enseñanza de lenguas sea menor en comparación con otras formas de educación. Por el contrario, está comúnmente aceptado que el dinero gastado en adquirir habilidades lingüísticas garantiza un buen rendimiento para la persona, su familia, las empresas y la sociedad en general en términos de salarios más altos, mejores empleos e incremento de las oportunidades de negocio.

De acuerdo con un estudio reciente del eurobarómetro, más del 50 % de los ciudadanos europeos han señalado que pueden mantener una conversación en una lengua extranjera. Este porcentaje es estimulante, aunque está lejos de nuestro objetivo de dar a todos los ciudadanos europeos la capacidad de comunicarse en dos lenguas por lo menos, además de la materna. Para conseguir este objetivo, la Comisión promueve la enseñanza de idiomas y la diversidad lingüística a través de sus programas de educación y formación, así como a través de muchos otros programas de intercambio.

La acción Lingua 1 al amparo del Programa Sócrates tiene el objetivo de desarrollar y divulgar técnicas innovadoras y ejemplos de buena práctica en la enseñanza de lenguas. Además, cada año la Etiqueta Europea de proyectos innovadores en la enseñanza y aprendizaje de lenguas se concede a proyectos de enseñanza de lenguas de cada Estado miembro. La Comisión tiene la obligación legal de traducir a todas las lenguas oficiales la legislación comunitaria y los documentos correspondientes que son necesarios para permitir a los ciudadanos, empresas y demás interesados disfrutar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Con respecto a los demás documentos, se traducen de acuerdo con las necesidades reales, teniendo en cuenta la capacidad disponible. Este principio se aplica a todas las lenguas oficiales.

  Gyula Hegyi (PSE). – (EN) Según mi experiencia, muchos ciudadanos aprenden lenguas extranjeras, pero no muchos de ellos saben hablarlos en la vida cotidiana. Me parece que esta es la razón por la que es muy importante tener un criterio a escala comunitaria para comparar los diferentes métodos de enseñanza de lenguas. Esto sería muy útil.

En cuanto a su otra observación, señor Comisario, de acuerdo con las cifras de InfoPoint Bruselas, hay aproximadamente un 25 % más de publicaciones de la Unión Europea en lenguas de los antiguos Estados miembros que publicaciones en lenguas de los nuevos Estados miembros. Así que a mi juicio estas cifras son correctas.

  Ján Figeľ, miembro de la Comisión. (EN) En respuesta al primer comentario, trabajamos en esto en términos reales, especialmente en la creación de un indicador europeo de competencia lingüística, que nos ayudará a valorar e influir en la situación más efectivamente y obtener información y mejoras en la enseñanza y aprendizaje de idiomas.

En cuanto a la publicación, el coeficiente refleja la producción total, pero el efecto de las nuevas lenguas ha sido incrementar la diversidad lingüística de la Unión. Necesitamos, por consiguiente, funcionar completamente en este entorno multilingüe, porque nos define y nos proporciona un vínculo con los ciudadanos. Esto hay que impulsarlo más, no solo en la Unión en su conjunto, sino también, y especialmente, en las instituciones. Estamos trabajando en ello. No quiero hablar mucho de esto, ya que me han pedido que acorte mis respuestas. Quizás en respuesta a otras preguntas pueda hablar de las maneras en que queremos promover el multilingüismo en nuestras instituciones.

  El Presidente. Las preguntas 40 a 43 serán contestadas por escrito.

  El Presidente.

Pregunta nº 44 formulada por Ignasi Guardans Cambó (H-0694/06)

Asunto: Retraso en la construcción de la línea de alta velocidad Perpiñán-Montpellier

Como ya indicó el Consejo de Essen, la Decisión n° 1692/96/CE ⁽¹⁾ y el grupo «van Miert», la Comisión ha recogido, entre los 30 proyectos prioritarios de la RTE-T la realización del eje ferroviario de alta velocidad Lisboa-Madrid-Barcelona-Perpiñán-Montpellier. La Decisión n° 884/2004/CE⁽²⁾ establece que los trabajos sobre la línea Perpiñán-Montpellier deberían acabar en 2015. Recientemente Francia ha manifestado que pospone la finalización de esta línea hasta el 2030. Tolerando que Francia contemple esta obra pública en clave interna, la UE permitiría el aislamiento ferroviario de dos Estados miembros y perjudicaría la movilidad de ciudadanos y transporte de mercancías.

¿Ha recibido la Comisión alguna comunicación oficial del Gobierno francés para modificar el calendario de la construcción de la línea de alta velocidad Perpiñán-Montpellier? ¿Qué opina la Comisión de dicho retraso? ¿Qué medidas ha previsto tomar la Comisión para impulsar que las decisiones europeas sobre grandes infraestructuras no sean ignoradas por un Estado miembro en defensa de sus supuestos intereses y en perjuicio de sus vecinos?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Guardans Cambó, el 20 de julio de 2005 la Comisión nombró al señor Davignon coordinador europeo para dinamizar el desarrollo del eje prioritario n° 3 del Tren de Alta Velocidad Sur, del que forma parte la sección Perpiñán-Montpellier.

El primer informe anual del coordinador, señor Davignon, hecho público el 13 de septiembre, indica posibles retrasos en la ejecución de esa sección, que ha resultado más difícil debido a la presencia de zonas protegidas y un hábitat muy concentrado. De las comprobaciones efectuadas ante las autoridades francesas se desprende que los retrasos deberían ser muy inferiores a lo que usted indica. Si es probable que no se pueda respetar la fecha de 2015, la fecha de 2020 para la puesta en servicio de esta infraestructura parece totalmente realista y cabe pensar incluso que pueda tener lugar antes.

Dentro del marco financiero plurianual 2007-2013, la Comisión quiere concentrar una parte significativa de los recursos comunitarios disponibles en los treinta proyectos prioritarios. Señor Guardans Cambó, en su propuesta modificada de reglamento sobre las normas generales para la concesión de ayuda financiera comunitaria, la Comisión tiene previsto prestar atención especial a los proyectos que contemplen la supresión de cuellos de botella, las zonas transfronterizas y también las vías navegables.

Me permito insistir en que el Parlamento, señor Presidente, señor Guardans Cambó, haga posible una adopción rápida de este reglamento financiero, de modo que podamos acelerar la financiación y la ejecución tanto de este eje prioritario n° 3 como de otros proyectos.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (FR) Gracias, señor Comisario. ¿Qué credibilidad le queda a la Unión Europea ante los ciudadanos cuando declara que un proyecto es de interés europeo, cuando fija una fecha para su realización y permite después a las autoridades de los Estados miembros considerar dicho proyecto un proyecto interno y afirmar en conferencia de prensa que no lo van a llevar a cabo?

Dice usted que la fecha que he dado es exagerada; es la fecha dada por las autoridades francesas en conferencia de prensa. Son las autoridades francesas las que dicen 2030. Permítame, pues, que confíe más en las autoridades francesas, que son las responsables de la ejecución. ¿Qué acaba de decirnos? ¿Qué credibilidad le queda a la Comisión, que debe hacer cumplir las decisiones europeas, si después todo es inútil?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) He dicho 2020 después de haber consultado con las autoridades francesas. Tiene razón, señor Guardans Cambó, soy el primero en desear que la ejecución de las grandes redes europeas se lleve a cabo en plazos aceptables. No obstante, ello depende también de la intervención de los Estados miembros y, por lo demás, usted sabe que en vez de los 20 000 millones de euros que esperábamos al amparo de las perspectivas financieras 2007-2013, hemos obtenido solamente 8 000 millones.

Dicho esto, ni el señor Davignon, coordinador, ni yo mismo tenemos la intención de dejar que las autoridades francesas, de algún modo, comprometan el futuro de este gran corredor que es objeto del proyecto prioritario. Tengo, pues, un compromiso personal, señor Guardans Cambó, y lo haremos todo para que las cosas cambien. Si desafortunadamente se ha anunciado un calendario que, por mi parte, considero totalmente excesivo, pues bien, estoy aquí para decirle que el Comisario de Transportes peleará para que no sea así y podamos disponer de un calendario mucho más razonable.

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). – (ES) Señor Comisario, elegidos los treinta proyectos prioritarios, resulta alarmante que la actitud retardataria de algunos Estados miembros convierta estos proyectos en proyectos fantasmas. En concreto, el coordinador del proyecto número tres ha denunciado que, en cuanto a la planificación del tramo Figueras-Perpiñán, hay que lamentar unos retrasos enormes.

En consecuencia, señor Comisario, ¿en qué medida está dispuesto a instar a los Gobiernos francés y español a que cumplan las obligaciones que les corresponden en aras de esta prioridad en el tramo al que nos estamos refiriendo?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Los programas nacionales, señor Grandes Pascual, serán examinados por la Dirección General de Transportes y por mí mismo, y tendremos la ocasión, tanto en las negociaciones con Francia como con España, de recordar las prioridades. No es cuestión de dispersar el dinero europeo entre todos los proyectos sin contar, por parte de los Estados miembros, con una contribución significativa a nuestras prioridades. Por tanto, en esta negociación tendremos, me parece, medios para convencer.

Y después pienso que será bastante fácil recordar a los Estados miembros el enorme interés de estos corredores, que van a modificar por completo el transporte en Europa, tanto el de pasajeros como el de mercancías. Por consiguiente, creo que no hay que tener una visión demasiado negativa y pesimista de estos problemas. Es cierto que habrá que convencer, pero una vez más tengo la firme intención, con el apoyo del Parlamento, de actuar de forma que esos proyectos avancen, pues después de todo fueron definidos, por cierto, por los propios Estados miembros.

  El Presidente.

Pregunta nº 45 formulada por Marc Tarabella (H-0697/06)

Asunto: Incorrecta aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros aéreos

En su respuesta a mi pregunta E-1422/06 sobre este mismo tema, la Comisión señala que los Estados miembros no están obligados a notificarle la tramitación de las quejas recibidas ni la solución aplicada por las compañías en caso de sobreventa, retrasos importantes o anulaciones de vuelos.

¿Puede precisar la Comisión sobre qué datos reales tiene intención de presentar el informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 261/2004⁽³⁾ a 1 de enero de 2007? ¿Cómo piensa garantizar una interpretación y una aplicación homogéneas del Reglamento si los Estados miembros no le informan del curso que dan a las quejas?

¿Cómo piensa impedir la Comisión que las compañías aéreas aduzcan motivos que los usuarios no pueden comprobar para no aplicar dicho Reglamento y transformarlo en ejercicio de estilo?

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) La Comisión ha respondido ya en el contexto de una pregunta escrita. Los Estados miembros no están obligados a comunicar la información relativa a la tramitación de las quejas de los pasajeros aéreos o a las sanciones impuestas a las compañías aéreas. Pero, por supuesto, la Comisión organiza periódicamente reuniones con los organismos nacionales de control, a fin de armonizar la aplicación del reglamento e intensificar los contactos entre dichos organismos para que compartan los datos relativos a la tramitación de las quejas.

En este marco, la Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros en la elaboración de una guía de interpretación de las disposiciones reglamentarias. Recuerdo que se trata del Reglamento (CE) no 261/2004. En el mes de enero de 2007 presentaré una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento y la aplicación de este reglamento.

La Comisión ha lanzado una licitación para elegir un consultor externo que recabe los datos cuantitativos y cualitativos sobre la aplicación de este reglamento.

La Comisión desea examinar, en particular, qué sucede con la denegación de embarque, las anulaciones, los retrasos y la aplicación del reglamento en esos casos. Los resultados de ese estudio se incorporarán a mi comunicación.

Quiero decirle, señor Tarabella, que la Comisión ha registrado más de 5 500 cartas relacionadas con los derechos de los pasajeros aéreos y que esas cartas son cuidadosamente procesadas. Permiten detectar ciertas tendencias. Todo este ejercicio de seguimiento se utilizará en el marco de los procedimientos de infracción que la Comisión lanzará contra los Estados miembros que no respeten sus obligaciones para con los ciudadanos y sus derechos como pasajeros aéreos.

Pero antes de lanzar esos procedimientos, hay que disponer de suficientes elementos. Durante los 18 meses de aplicación de este reglamento, la Comisión habrá recogido una masa crítica de información y podrá actuar en el momento adecuado.

Le agradezco su pregunta porque estoy realmente muy atento, por mi parte, a que los derechos de los pasajeros se hagan realidad en el espacio europeo.

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Señor Comisario, ¿puede darme la Comisión algunas indicaciones complementarias sobre las modificaciones que tiene previsto introducir en el reglamento sobre los derechos de los pasajeros, a fin de tener en cuenta, ante todo, los centenares de quejas registradas, por ejemplo, en los centros regionales de consumo y que testimonian ya sea graves lagunas, ya sea una mala aplicación de la reglamentación vigente sobre los derechos de los pasajeros?

En segundo lugar, ¿cómo piensa definir con precisión la fuerza mayor, argumento sistemáticamente utilizado por las compañías para no aplicar el reglamento? Por último, me gustaría preguntar a la Comisión cómo piensa tener en cuenta en el futuro problemas como los registrados por los cientos de viajeros franceses recientemente bloqueados en Turquía e Israel debido a incumplimientos de los organizadores de vuelos de mero asiento, que no están amparados por ninguna reglamentación europea.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) La Comisión ha celebrado tres reuniones con los organismos nacionales de control –el 19 de mayo de 2005, el 17 de febrero de 2006 y el 14 de septiembre de 2006, que es muy reciente– para intensificar la coordinación entre los Estados miembros y armonizar la aplicación de las disposiciones de este reglamento.

Entre tanto, elaboramos un documento de información en forma de preguntas y respuestas, que va a facilitar la tramitación cotidiana de los organismos nacionales de control. Este documento fue difundido en el mes de julio de 2006.

Le he dicho, señor Tarabella, que gracias a esa masa crítica de información yo podría proponer realmente, con la comunicación que voy a presentar al Parlamento, una serie de mejoras encaminadas a velar por la buena aplicación de la nueva legislación que hemos creado en beneficio de los pasajeros. Se lo repito, la Dirección General de Transportes ha procesado 5 623 cartas, que nos permiten detectar ya ciertas tendencias.

Debo decir, por ejemplo, que hemos observado con satisfacción una clara regresión de la práctica de la sobreventa.

Pero lleva usted razón, los incidentes de este verano también deben tenerse en cuenta. Cuando disponga realmente de una visión global de las cosas, espero poder venir a este Parlamento y rendirle cuentas tanto de las mejoras aportadas como de lo que nos queda por hacer para garantizar una aplicación efectiva de estas nuevas normas.

Le agradezco que haya formulado esta pregunta, que también me sirve de incentivo para mostrarme más vigilante aún.

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) Es solo una pregunta sobre operadores aéreos. Entiendo que son los que tienen que decir a los pasajeros cuáles son sus derechos, pero en varias instancias, en particular en Air France, se nos dice que no corresponde al operador aéreo. ¿Qué hace la Comisión para estar segura de que los operadores aéreos se toman sus responsabilidades en serio? He tenido que intervenir a favor de varios pasajeros porque se les dijo que no tendrían alojamiento para pasar la noche, por ejemplo. Les dije que eso no era cierto y que la nueva ley decía que tenían derecho a esa compensación.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Sí, señora Lynne, he declarado que vamos a pedir a un organismo de auditoría que examine la situación con respecto a las denegaciones de embarque, las anulaciones y los retrasos, la aplicación del reglamento por las compañías aéreas y las autoridades nacionales y el grado de independencia de los organismos nacionales de control con respecto a las autoridades nacionales de aviación civil.

Tiene usted toda la razón. No solo es necesario que los pasajeros tengan derechos, también hace falta que las compañías aéreas y las autoridades nacionales den realmente a conocer esos derechos a los interesados. Por otra parte, el estudio se realizará en colaboración con las compañías aéreas, las asociaciones de consumidores y pasajeros y las autoridades nacionales.

Pienso, personalmente, que a la luz de ese estudio podremos supervisar mucho mejor en el futuro la información dada a los pasajeros, que es en efecto una condición indispensable para la aplicación de las nuevas normas.

  El Presidente. Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

Las preguntas 63, 64 y 77 no serán contestadas porque abordan temas incluidos en el orden del día del actual período parcial de sesiones.

Con esto concluyen las preguntas a la Comisión.

(La sesión, suspendida a las 19.50, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

(1) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1.

(2) DO L 167 de 30.4.2004, p. 1

(3) DO L 46 de 17.2.2004, p. 1

14. Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - PROGRESS (continuación del debate)

  El Presidente. (EN) Continuamos ahora con el debate sobre el informe de la señora Jöns sobre el establecimiento de un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social.

  Jan Jerzy Kułakowski, en nombre del Grupo ALDE. – (PL) Señor Presidente, el hecho de que las instituciones europeas hayan adoptado finalmente una posición común sobre el programa PROGRESS, relativo al empleo y la solidaridad social, representa un paso importante hacia la preparación e implementación de una política social coherente y transparente en la Unión Europea, y hacia su transferencia a las políticas sociales nacionales de los Estados miembros. El programa PROGRESS no solo simplifica y ordena los elementos específicos de esta política, sino que además los integra en un único marco, algo que no sucedía anteriormente. Por este motivo, se puede considerar como el resultado clave de nuestro debate conjunto.

Es conveniente que el programa se divida en cinco partes. El empleo es el reto principal al que se enfrentan en estos momentos la Unión Europea, sus responsables en materia de toma de decisiones y sus ciudadanos. La seguridad social y la integración social se pueden tratar como dos ámbitos separados, si bien es probable que resulte apropiado incluirlos en una misma sección, ya que la seguridad social se puede considerar como uno de los requisitos necesarios para lograr una integración social satisfactoria. La reivindicación de unas buenas condiciones laborales complementa una política que pretende mejorar el empleo no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. La lucha contra la discriminación y el fomento de la diversidad representan la implementación práctica del principio de tolerancia positiva y pluralismo, el cual debe ser, y creo que lo es, uno de los distintivos de la Unión Europea. La instauración de una plena igualdad de género supone la aplicación práctica de un principio aprobado en el Tratado de Roma, cuya implementación total no se ha producido hasta la fecha.

Quisiera realizar dos comentarios más. En primer lugar, el empleo es nuestro reto principal y se debe considerar prioritario en términos de financiación. Por otro lado, la igualdad de género resulta tan importante como la lucha contra la discriminación y el fomento de la diversidad. Asimismo, he de señalar que no hemos prestado suficiente atención al diálogo social, sin el cual es imposible implementar el programa PROGRESS. En lo que respecta al acceso al programa, resulta acertado indicar las instituciones y organizaciones que tienen derecho al mismo. El programa PROGRESS contribuirá de manera esencial a la consecución de los objetivos de nuestra agenda social.

  Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, nosotros también acogemos con satisfacción este informe sobre el programa PROGRESS. Esperamos que se convierta en el viento de cola que se necesita con urgencia para impulsar la política de igualdad de género de la Unión Europea. Tras el decepcionante programa sobre igualdad de género de la Comisión, resulta fundamental que se destine la mayor cantidad de dinero posible al desarrollo de análisis y actividades de relaciones públicas en relación con la política comunitaria de igualdad de género en los Estados miembros de la Unión. Me complace que mis colegas diputados hayan puesto freno a la presión de racionalización ejercida por la Comisión, o que hayan empezado a ponerlo, así como que hayan insistido en el aumento de la financiación de PROGRESS. Los recursos destinados al empleo y la solidaridad social han aumentado gracias a la tenacidad del Parlamento.

Como todos sabemos, los políticos no pueden actuar sin dinero. Por lo tanto, es preciso que el objetivo de la política de igualdad de género consista en proporcionar los recursos necesarios, ya que es imposible continuar esta política sin fondos. Es todo un triunfo que el Parlamento haya conseguido que se apruebe la integración obligatoria de la perspectiva de género en todos los ámbitos del programa. Aunque hay que admitir que no logramos que se aprobara un programa de acción independiente, al menos pudimos aprobar una tarea trascendental.

  Mary Lou McDonald, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EN) Señor Presidente, el programa PROGRESS desempeña un papel importante en la promoción del empleo y la solidaridad social y eso es lo más importante, ya que, cada vez más, dar prioridad a los beneficios sobre las personas excluye y margina a muchos.

Nos disgusta que las propuestas del Parlamento no se aceptaran en su totalidad y que el Consejo decidiera debilitar el programa en los ámbitos de la igualdad, los derechos de los emigrantes y, sobre todo, en relación con el presupuesto. Sin embargo, creemos que es importante no retrasar la aplicación del programa, porque de otro modo podría no producirse mucho trabajo importante. Quisiera dar las gracias a la ponente por sus esfuerzos por fortalecer el programa y espero que en el futuro podamos trabajar conjuntamente para dar prioridad a la acción de la Unión Europea con miras a combatir la exclusión social.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a todas aquellas actividades de las instituciones europeas destinadas a impulsar el desarrollo en materia de empleo y seguridad social, y en especial, a las actividades relacionadas con PROGRESS, el nuevo programa comunitario sometido a debate. Confío en que este programa no acabe siendo otro instrumento ineficaz que tan solo sirva para consumir nuestros recursos conjuntos. En su lugar, espero que contribuya de manera directa a cambiar la complicada situación a la que se enfrentan muchos países de la Unión Europea en este ámbito.

He de resaltar el hecho de que lo que está en juego es la protección del modelo social europeo en medio de una crisis demográfica que se extiende por toda Europa. La situación en los países escandinavos demuestra que es posible implementar este modelo y mantener al mismo tiempo un nivel razonable de crecimiento económico. Por supuesto, la clave del éxito en Escandinavia se encuentra en la elevada tasa de empleo, la cual se sitúa normalmente por encima de un 70 %, tanto para hombres como para mujeres. Mientras tanto, sabemos que los porcentajes son mucho más bajos en la mayoría de los Estados miembros. En Polonia, por ejemplo, la tasa de empleo se sitúa en apenas un 51 % para hombres y un 46 % para mujeres. Parece muy evidente que resulta absolutamente esencial prestar apoyo al ámbito del empleo, sobre todo en los nuevos Estados miembros.

El problema de la pobreza y la exclusión social constituye otro asunto de gran importancia. No podemos permitir que se mantenga una situación donde la gente vive en la miseria o pasa hambre en el seno de Europa, una de las zonas más ricas del planeta. En Polonia, aproximadamente el 10 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Espero que el programa PROGRESS ayude a mejorar la situación.

La acaudalada Europa debería mostrar más solidaridad hacia los grupos sociales inmersos en unas circunstancias financieras difíciles.

  Kathy Sinnott, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente por su trabajo en PROGRESS, una estructura nueva y exhaustiva para la solidaridad social.

Durante muchos años, los cooperantes sociales han considerado los fondos sociales, los recursos humanos e incluso la clientela como un pastel por el que ellos, como niños hambrientos, estaban obligados a competir. Con suerte, PROGRESS anulará la competencia en la concesión de fondos y otros recursos a los cooperantes sociales que representan a personas que, debido a su situación en la vida –desde el punto de vista físico, mental, social, étnico, económico, laboral, etc.– necesitan el apoyo de la comunidad en sentido más amplio.

Quisiera subrayar una vez más que dentro de PROGRESS tiene que haber sitio para las pequeñas y nuevas ONG. Hay que alentarlas para que sobrevivan y prosperen. No puede ser que sean únicamente las mayores y más antiguas ONG, sindicatos y organizaciones las que se reconozcan e impliquen. Se necesita un cambio y surgen nuevas necesidades. Debemos recordar que los grupos establecidos también fueron pequeños alguna vez.

  Proinsias de Rossa, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, con suerte llegará igualmente a tiempo. Acojo con satisfacción este nuevo programa comunitario, que reúne cuatro programas anteriores y trata de racionalizarlos y dar más dinero para su aplicación. Quisiera dar las gracias a la ponente, la señora Jöns, a mi Grupo, al Comisario Špidla y al Consejo por aceptar en gran parte las enmiendas planteadas por el Parlamento y por las que la Comisión ha luchado duramente. Es importante que haya más dinero disponible, pero también es importante que tratemos de realzar aquí la Europa socialmente integradora que los ciudadanos sin duda desean.

Me agrada particularmente que hayamos logrado incluir la integración de la cuestión de género en este nuevo programa. Espero compartir experiencias con los demás a través de organizaciones de toda Europa en conferencias y actos por el estilo. Es un hecho triste que la Unión Europea, durante muchos años, haya participado en muchos proyectos piloto, pero que muchas de las lecciones que se han aprendido en esos proyectos y programas no se hayan integrado. Con suerte la consecución de la igualdad de género, por lo menos en este programa, garantizará que la integración de la cuestión de género forme parte de todas las políticas que desarrollen la Unión Europea y los Estados miembros.

  Jacek Protasiewicz, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, la implementación de la Estrategia de Lisboa es un objetivo muy ambicioso fijado por los líderes de la Unión Europea a los Estados miembros. La magnitud de dicho objetivo queda demostrada por las diferentes experiencias vividas por cada Estado miembro en ámbitos como el empleo.

En algunos casos los niveles de empleo han alcanzado los indicadores establecidos. Les recuerdo que los porcentajes fijados son de un 70 % para hombres, un 60 % para mujeres y un 50 % para la franja de edad de 55 a 64 años. No obstante, en algunos países, sobre todo entre los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, aún queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar los objetivos de esta estrategia. Teniendo esto en cuenta, aplaudo una vez más la iniciativa de crear PROGRESS, el nuevo programa comunitario para el empleo y la solidaridad social.

Como miembro del Grupo PPE-DE, he de resaltar en este momento que desde que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales inició su trabajo, mi Grupo ha estado a favor de aumentar la financiación de algunos ámbitos de actuación específicos y, al mismo tiempo, de disminuir la reserva del 10 % estipulada en el borrador del programa. El Grupo del PPE-DE ha hecho hincapié de manera expresa en la necesidad de reducir las contribuciones propias de los beneficiarios. Por este motivo, celebro que la financiación del programa PROGRESS haya ascendido a la cantidad de 743 millones de euros. Por suerte, este incremento ya se ha aprobado en el marco de un acuerdo interinstitucional y se ha incluido en las perspectivas financieras del período 2007-2013.

Por último, me complace que la posición común del Consejo dé cabida a la mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. Esto constituye un paso positivo en lo que se refiere a un mejor aprovechamiento de los recursos con vistas a garantizar un nivel mayor de actividad de las mujeres y las personas con discapacidad en el mercado laboral. La baja tasa de empleo, sobre todo entre las personas con discapacidad, representa un problema especial en mi país, el cual espero que podamos solucionar en los próximos siete años gracias al programa PROGRESS.

  Evangelia Tzampazi (PSE). – (EL) Señor Presidente, felicito a la ponente, la señora Jöns, por la eficacia de la iniciativa.

El programa comunitario PROGRESS es un mecanismo muy importante para la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de empleo y política social. La magnitud de este mecanismo se refleja en el acuerdo de todas las instituciones de la Unión Europea.

Es preciso hacer hincapié en que la referencia al acceso pleno y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a todas las actividades financiadas por PROGRESS contribuye a lograr los objetivos básicos del programa, es decir, a combatir la discriminación y a fomentar la integración social.

Al mismo tiempo, he de resaltar que considero que la disposición en virtud de la cual se ordena contrarrestar los gravámenes económicos y de otro tipo causados por la discapacidad resulta de gran importancia con vistas a garantizar la igualdad de participación de las personas con discapacidad en las actividades del programa.

Por último, hace falta que las organizaciones no gubernamentales que representan a las personas con discapacidad participen en el nivel regional, nacional y europeo en los trabajos previstos en los programas, los cuales se han diseñado para transferir las mejores prácticas, intercambiar información y despertar la conciencia pública en relación con los problemas de integración y protección social.

  Alejandro Cercas (PSE). – (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi felicitación a la ponente Karin Jöns, al señor Comisario y al Consejo, por haber trabajado tan rápido y tan bien. Gracias a ellos, Europa podrá contar desde el uno de enero con este instrumento, que yo espero que sea, como decimos, un salto adelante en cuanto a la mejora de la coherencia y de la complementariedad de los programas ya existentes.

En segundo lugar, quiero expresar, señor Presidente, mi satisfacción, porque parece que nos vamos tomando en serio el Proceso de Lisboa en su totalidad. Este proceso nos obliga a una reforma económica y, sin duda, a una modernización de Europa, pero, al mismo tiempo, a recordar que, para que la reforma económica tenga éxito, tenemos que construir una sociedad más cohesionada, más inclusiva. Creo que con PROGRESS hoy encima de la mesa podemos decir que se equivocan aquellos que dicen que la Europa social es una cuestión solo de los Estados miembros.

Europa tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer y, aunque, como es obvio, son los Estados miembros los que siguen construyendo su Estado de bienestar, Europa da un valor añadido de coherencia y de inteligencia y ayuda a nuestros Estados miembros a abordar las inmensas cuestiones que tenemos planteadas como retos en esta era de la globalización.

Espero por ello que la Comisión actúe con inteligencia porque es un instrumento pequeño financieramente, pero debe ser utilizado con mucha inteligencia. Deseo que mantengamos este rumbo de trabajar juntos, de no perder las prioridades y hacer que nuestra Agenda sea la Agenda de los ciudadanos.

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Señor Presidente, para empezar, quiero felicitar a la señora Karin Jöns por su excelente programa. En vista de la Estrategia de Lisboa, considero que es muy importante adoptar estas iniciativas, cuyo objetivo consiste en mejorar el empleo y aumentar la solidaridad social para lograr así una Unión Europea más competitiva.

Es preciso establecer objetivos ambiciosos: la restauración del pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad laboral, y el aumento de la solidaridad social. A este respecto, quiero destacar en particular la parte del programa que dedica especial atención a la integración de la perspectiva de género, la implementación del principio de igualdad de género en la política social.

Asimismo, me complace que el informe trate de tomar en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Por otro lado, considero que la cooperación con otras comisiones en el desarrollo y la aplicación del programa resulta de igual importancia. En mi opinión, convendría que la protección de las minorías, y en particular de las minorías romaníes, se contemplara en una sección separada del informe. Además, sería aconsejable destinar una cantidad de recursos proporcionalmente mayor a la financiación de la igualdad de género.

Para alcanzar los objetivos fijados, la implementación de PROGRESS requerirá el uso compartido de la información en el nivel europeo y la difusión de las mejores prácticas por toda la Comunidad. En general, tenemos ante nosotros un programa que solo se podrá llevar a la práctica con la colaboración de toda Europa, una idea que merece nuestro apoyo en todos los aspectos.

  Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Señor Presidente, voy a referirme únicamente a las acciones para la igualdad entre hombres y mujeres.

Señorías, cuando a mediados del año 2004 todas y todos esperábamos que la Comisión Europea lanzara un nuevo plan de acción para la igualdad de hombres y mujeres, tuvimos las sorpresa de que, en su lugar, la Comisión propuso PROGRESS, un programa de fomento del empleo y la solidaridad, que incluía las acciones a favor de la igualdad entre hombres y mujeres pero dentro de un marco más amplio de acción social.

Con el convencimiento de que todavía era necesario prestar una atención mayor y más diferenciada a la igualdad entre hombres y mujeres, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se opuso desde un primer momento a subsumir bajo PROGRESS el programa de igualdad entre hombres y mujeres, a la vez que reclamaba mayores recursos presupuestarios e insistía en la necesidad de que la igualdad entre hombres y mujeres debía manifestarse como algo común a todas las políticas comunitarias.

Se inició así una negociación importante y positiva, que se ha mantenido a lo largo de toda la tramitación parlamentaria que hoy termina, con unos resultados que podemos calificar de más que razonables. Las acciones para la igualdad entre hombres y mujeres se mantienen dentro de PROGRESS y esto no nos satisface. Logramos la separación del Programa DAPHNE y aquí no ha sido posible.

Seguimos reclamando una mayor visibilidad para las políticas de igualdad, pero debemos felicitar a la ponente, la señora Jöns, a las ponentes de opinión y también a la Comisión y al Consejo, porque su trabajo conjunto sí ha permitido mejorar sustancialmente la propuesta inicial en cuanto a contenidos y financiación y en cuanto a la integración de la perspectiva de género en todas las acciones del programa.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señorías, quiero volver a dar las gracias a la ponente y a todos aquellos que han participado en este informe, el cual, según se desprende del debate, se considera un triunfo conjunto de las instituciones europeas. El debate deja claro que el programa presenta una organización razonable y que se encuentra dotado de los recursos suficientes. Asimismo, es evidente que el modo en que se ha presentado el informe se considera adecuado a la situación – en este punto debo hacer hincapié en el hecho de que el informe se presentará directamente al Parlamento. Señorías, tenemos que aprovechar la oportunidad para garantizar que, a partir de enero de 2007, nos esforcemos por llevar a cabo una implementación efectiva y satisfactoria de todos los objetivos planteados en el programa. De este modo, lograremos cumplir las expectativas que seguramente habrán surgido a raíz del éxito de esta etapa.

  El Presidente. (EN) Quisiera dar las gracias a quienes han intervenido, que en el 50 % de los casos han sido mujeres.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana.

15. Protección del euro contra las falsificaciones de moneda (programa «Pericles») - Protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (ampliación a los Estados miembros no participantes) (debate)

  El Presidente. (EN) De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre

- el informe del señor Díaz de Mera García Consuegra, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica y amplía la Decisión 2001/923/CE, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles») (COM(2006)0243 – C6-0179/2006 – 2006/0078(CNS)) (A6-0276/2006), y

- el informe del señor Díaz de Mera García Consuegra, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se amplía a los Estados miembros no participantes la aplicación de la Decisión 2006/…/CE por la que se modifica y amplía la Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación (programa «Pericles») (COM(2006)0243 – C6-0180/2006 – 2006/0079(CNS)) (A6-0277/2006).

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, permítame en primer lugar expresar mi sincera gratitud al ponente, el señor Díaz de Mera García Consuegra, por su apoyo a la propuesta de la Comisión de ampliar los programas Pericles. Pericles, un programa de la Comunidad en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda, se estableció mediante una decisión del Consejo en 2001 y está concebido para ayudar y complementar las medidas emprendidas por los Estados miembros para proteger el euro contra la falsificación de moneda.

Con una duración inicial de cuatro años –de 2002 a 2005–, contaba con un importe total de referencia de 4 millones de euros. El programa Pericles comprende un amplio abanico de acciones organizadas no solo dentro de la Unión Europea, sino también en terceros países o en países candidatos. Su acción incorpora una diversidad de grupos destinatarios y participantes, que comprenden todos los aspectos de la protección del euro –policial, judicial, financiero y técnico– y promueven la creación de redes útiles para conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el delito de falsificación. Además, Pericles ayuda a aumentar la eficacia de la cooperación entre los agentes de policía y los representantes de las instituciones judiciales y financieras. No obstante, la falsificación de euros sigue siendo un problema serio y especialmente simbólico, aunque sus proporciones no sean alarmantes.

Desde comienzos del verano de 2003, el número de billetes de euro falsificados cuya circulación se ha detectado es de aproximadamente 50 000 al mes, un nivel inferior a los niveles de antes del euro, más bajo que el dólar estadounidense y extremadamente bajo en comparación con los 9 millones de billetes auténticos en circulación. El número de monedas de euro falsificadas también es bajo de acuerdo con las pautas históricas. Recientemente, las fuerzas de policía han dirigido con éxito varias operaciones para desmantelar talleres e incautarse de grandes cantidades de monedas y billetes falsificados antes de que entraran en circulación.

El programa Pericles desempeña un papel significativo para conseguir resultados en la protección del euro y en la lucha contra el delito de falsificación. Existe una clara necesidad de que continúen los esfuerzos conjuntos para combatir esta forma de delito.

El programa Pericles se ha evaluado recientemente. Los evaluadores han concluido que el programa ha mejorado realmente el conocimiento, ha llegado a sus grupos destinatarios, especialmente los agentes de policía, y sus actividades e intercambios de información se han considerado de interés para los objetivos del programa.

Basándose en la evaluación positiva de Pericles y en el hecho de que sigue siendo necesario, la Comisión propuso en 2005 la ampliación del programa. Pendiente de un acuerdo sobre las perspectivas financieras de la Comunidad para el periodo 2007-2013, el Consejo decidió ampliar inicialmente el programa Pericles únicamente por un año, hasta 2006, pero se comprometió políticamente a continuar el programa. Así pues, añadiéndose al éxito que el programa había demostrado, en mayo de 2006 la Comisión presentó una propuesta de decisión del Consejo relativa a la ampliación del programa Pericles para el periodo 2007-2013. La cantidad anual permanece sin cambios, aproximadamente 1 millón de euros, lo que lleva a una cantidad de referencia global de 7 millones de euros. La propuesta de la Comisión de ampliacción hasta 2013 también refleja la conveniencia práctica de encajarla en la duración del marco financiero de la Comunidad.

Quisiera dar las gracias una vez más al Parlamento, y en particular al ponente, por ocuparse de la protección de este elemento importante de la identidad y herencia común europeas que es su moneda común. Las autoridades públicas a escala nacional y europea, así como la industria, tienen que mantener sus esfuerzos y continuar la cooperación y el intercambio de conocimientos. Mediante nuestros esfuerzos combinados será como podamos proteger los intereses de los comerciantes, los consumidores y la economía en general contra la ganancia ilícita mediante la falsificación de nuestro dinero.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE), Ponente. – (ES) Señor Presidente, la lucha contra la falsificación del euro es muy importante para la confianza de los ciudadanos en la moneda única. Comparto todas y cada una de las manifestaciones del señor Kallas.

La introducción del euro como moneda única supuso todo un reto. El dólar, como moneda de carácter transnacional, de reserva y de transacción mundial, es, en la actualidad, la divisa más falsificada.

Desgraciadamente, el euro comparte con el dólar, aunque en menor cuantía, esas mismas características, motivo por el que, desde su nacimiento, se han debido adoptar y adaptar numerosas medidas para impedir su falsificación.

El programa Pericles tiene por objeto apoyar y completar las acciones iniciadas por los Estados miembros y por los programas existentes en materia de protección del euro mediante el intercambio, la asistencia y la formación en la lucha contra la falsificación de nuestra moneda única.

El programa fue establecido, como se sabe, por Decisión del Consejo de 17 de diciembre de 2001, en la que se contemplaba la necesidad de presentar informes de evaluación del programa acompañados de una propuesta sobre la continuación o la adaptación del mismo.

El primer informe se emitió y fue presentado al Parlamento y al Consejo el 30 de noviembre de 2004. Posteriormente, el 8 de abril, la Comisión presentó una propuesta sobre cuya base el Consejo prorrogaba el programa para el ejercicio 2006, dotándolo de un presupuesto de un millón de euros y exigiendo la presentación de un informe detallado al Parlamento y a la Comisión sobre los resultados del programa.

En cuanto a la evaluación, Pericles ha aportado una contribución netamente positiva en materia de protección del euro y lucha contra la falsificación, que justifica plenamente su continuación: se ha mejorado, en particular, la percepción de la dimensión comunitaria del euro y se ha permitido a los participantes comprender mejor la legislación y los instrumentos de que se dispone; se ha alcanzado un nivel global de compromiso del 80 % del importe de referencia inicial en el período 2002-2006; se han desarrollado 64 proyectos en los que están implicados 76 países; se ha puesto de relieve la eficaz complementariedad de los niveles nacionales y comunitarios −48 de las 64 iniciativas emanan de los Estados miembros, mientras que 16 procedían de la Comisión o de la OLAF; se ha obtenido una proyección internacional del programa, con implicación no solo de todos los Estados miembros y de los de próximo ingreso, sino también de otros Estados extracomunitarios en los que hay una gran incidencia de producción de billetes falsos, como, por ejemplo, Colombia; se han realizado notables mejoras estructurales, con la creación e instauración en varios países de oficinas centrales nacionales encargadas de la lucha contra la falsificación de la moneda; se ha producido una implicación sistemática del Banco Central Europeo y de otras organizaciones, como Europol, OLAF e Interpol.

Los resultados que, por el momento, ofrece el programa Pericles son esperanzadores, tal y como se pone de manifiesto en el informe semestral del Banco Central Europeo sobre la falsificación del euro.

Cada vez es más difícil falsificar nuestra moneda. Los datos relativos al primer semestre del presente año muestran cómo la proporción de billetes falsos disminuye en relación con el incremento del número de billetes auténticos puestos en circulación. Como ya ha dicho el Comisario, 50 000 billetes de nuestra moneda son falsificados mensualmente, mientras que el total de billetes auténticos en circulación es de 9 000 millones de billetes.

Entre enero y junio de este año, se retiraron de la circulación 300 000 billetes falsos. Del total de billetes falsos decomisados en el primer semestre de este año, un 44 % eran billetes de 20 euros y un 36 % de 50 euros, lo que supone un importante incremento en la falsificación de los primeros. Por su parte, los billetes de 100 euros representan el 12 % del total de billetes falsificados, mientras que los de 500 solo representan el 1 %.

En definitiva, señor Presidente, me muestro muy solidario con la propuesta. Es de trascendental importancia que el legislador comunitario vele por que la ampliación del programa se vincule adecuadamente tanto a las perspectivas financieras como a la introducción del euro en los nuevos Estados.

Una vez adoptado un acuerdo final sobre las perspectivas para el período 2007-2013, el Consejo pospone la decisión Pericles; estamos plenamente de acuerdo con hacerla coincidir con las perspectivas financieras, con un presupuesto anual de un millón de euros.

Por todo ello, propongo al Parlamento Europeo que apruebe, en estas condiciones, las propuestas de la Comisión, por una parte, modificando y prorrogando el programa Pericles.

Me gustaría decir una cosa más, señor Presidente, protesto por el cambio de horario de este debate. Ni he sido consultado ni he recibido explicaciones. Yo tenía que estar ahora con las víctimas del terror de mi país, pero estoy aquí por respeto a todos ustedes. Cuando termine mi exposición, me ausentaré para estar con ellas y les expreso a todos ustedes y sobre todo a usted, señor Kallas, las disculpas que merecen y que a mí no me ofrecieron.

Les ruego que comprendan las razones por las que me tengo que ausentar.

  El Presidente. Según parece, no ha habido cambios en el calendario efectivo. Sin embargo, el debate sobre el informe Rapkay se ha iniciado esta mañana y después se ha reanudado conforme a lo previsto en el orden del día. No obstante, le agradezco sus comentarios. Lamento que esto le haya originado algunas complicaciones.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE), Ponente. – (ES) Señor Presidente, hablo con conocimiento de causa y creo que usted debe ser bien informado.

Tengo en mi poder el orden del día, con el horario y la previsión de la votación de los dos Pericles para esta mañana. Es decir, los dos Pericles debían haberse votado esta mañana y está aquí en letra impresa, señor Presidente.

Por eso, ofrezco las disculpas que a mí no me dieron, para abandonar la sala en estos momentos.

  El Presidente. Comprendemos su postura. Le haremos llegar una carta en la que se explique lo sucedido, desde esta perspectiva. Gracias por sus comentarios y lamento las molestias ocasionadas.

  Hubert Pirker, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Comisario, el euro es una de las monedas más seguras del mundo, y así debe seguir siendo. No obstante, hay que evitar dar este hecho por sentado, ya que para mantener esa seguridad es preciso aplicar una serie de medidas permanentes. Se trata de medidas técnicas cuya aplicación sigue en curso en lo que respecta a la renovación, por un lado, y la formación y los intercambios, por otro. Pericles –cuyo éxito hasta la fecha ha sido extraordinario, con 64 proyectos y unos 3 000 participantes de 76 países– demuestra el enorme interés depositado en este programa de acción secundario. La falsificación y las pérdidas se han visto reducidas. Sirva de ejemplo el caso de mi país, Austria, donde el año pasado las incautaciones se redujeron en más de un 40 % y las pérdidas en más de un 50 %. El programa puede asumir parte del mérito.

No obstante, la evaluación llevada a cabo por la OLAF ha puesto de manifiesto algunos puntos débiles. Doy las gracias a la Comisión y al ponente por aprovechar esta oportunidad para poner en marcha el nuevo programa Pericles, cuya duración se extiende hasta 2013. Creo que es especialmente importante fijar las nuevas prioridades, por ejemplo, en el ámbito de la formación práctica y de los intercambios de personal y, de cara a la nueva generación de billetes de euro, en lo que respecta a la formación específica en el campo de las novedades técnicas. Por otro lado, celebro la ampliación a aquellos países que desean introducir el euro, es decir, a los países asociados donde la falsificación es una realidad, y también, de un modo específico, a aquellos grupos de personas que hasta ahora no han tenido la misma cobertura que con la primera parte, cuando el programa se destinaba en particular a las autoridades responsables del cumplimiento de la ley.

Debemos instar ahora a los Estados miembros a que hagan un uso óptimo del programa, de manera que podamos afrontar el futuro con optimismo y hacer que el euro sea la moneda más segura del mundo.

  Donato Tommaso Veraldi, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, doy mi apoyo a la decisión del Consejo de 30 de enero de 2006 por la que se modifica y amplía la Decisión 2001/923/CE, en virtud de la cual se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda, de la cual soy ponente alternativo.

Esta decisión también contempla la ampliación del programa a los Estados miembros no participantes. El objetivo principal del programa consiste en garantizar, a través de los intercambios, la asistencia y la formación, la protección uniforme del euro en todos los Estados miembros, tomando en consideración al mismo tiempo la situación concreta de cada país.

En mayo de este año, la Comisión presentó un documento de evaluación que resultó favorable en general, dada la importante contribución del programa en relación con la protección del euro y la lucha contra la falsificación. El programa Pericles nos ha permitido identificar determinadas zonas geográficas, como Colombia, por ejemplo, en las que se suelen fabricar billetes falsos sin problemas. Esto ha sido posible porque se han creado mejores estructuras con el establecimiento de centros nacionales dedicados a la lucha contra la falsificación de nuestra moneda.

Por lo tanto, es importante garantizar la cooperación constante entre las instituciones europeas –la Comisión, OLAF, el Banco Central Europeo y Europol– con vistas a conseguir la identificación de las zonas donde la falsificación es más frecuente.

La ampliación del programa permitirá continuar con la vigilancia, la formación y la asistencia técnica, unas actividades esenciales para mantener la protección del euro frente a la falsificación. Asimismo, el programa asegura una mayor eficacia mediante la ampliación de la asistencia técnica e incluso la prestación de asistencia financiera para la cooperación en las operaciones transfronterizas, gracias a la participación de Europol.

Los nuevos Estados miembros merecen una atención especial, sobre todo aquellos que van a introducir el euro como moneda única.

Para finalizar, estoy a favor de continuar con el programa, como propone el Consejo, y de ampliarlo a los Estados miembros no participantes, de modo que se puedan aprobar las medidas necesarias para garantizar un nivel uniforme de protección del euro, incluso en los Estados miembros que todavía no lo han adoptado como moneda oficial.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, estamos de acuerdo con la decisión del Consejo de alargar la duración del programa Pericles. La ampliación de este programa a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro resulta necesaria y aconsejable. Después de todo, es fundamental que la confianza en el euro no se vea debilitada por la falsificación. Existen dos aspectos que, en estos momentos, nos plantean dudas en relación con el euro.

El primero de ellos tiene que ver con el uso del euro como moneda de curso legal en países fuera de la zona del euro. En particular, nuestra moneda tiene una aceptación general en Montenegro y Turquía. ¿Podría el Comisario Kallas indicar el modo en que participan estos países en el programa con vistas a luchar contra la falsificación y la puesta en circulación de monedas de euro falsas? En 2004, el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre las medallas y monedas similares a las monedas de euro. Se produjo un gran aumento del fraude con este tipo de monedas. Comisario, ¿podría decir si el reglamento del Consejo sobre este asunto ha tenido algún impacto?

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, desde que se tomó la decisión de crear una moneda común en la Unión Europea en el marco del Tratado de Maastricht, ha sido necesario lidiar con los peligros surgidos en relación con el proyecto. La falsificación ha existido desde que la gente tomó conciencia del valor de los bienes falsos. Es de extrema importancia luchar contra la fabricación de euros falsos con el fin de mantener la confianza de los ciudadanos en la moneda común.

Por el momento, resulta esencial para la legislación comunitaria asegurar que a la hora de ampliar el programa se tengan en cuenta el plazo de introducción del euro en los nuevos Estados miembros y la entrada en circulación de una segunda serie de billetes de euro. Asimismo, es preciso evitar la superposición de las competencias en este proceso fundamental y garantizar que todas las actividades conjuntas de las diferentes instituciones sean complementarias y compatibles. Es imprescindible que la Comisión Europea y Europol evalúen de manera conjunta los nuevos proyectos que vayan a recibir financiación en el marco del programa Pericles.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, Comisario, Señorías, reconocemos que es preciso proteger el euro por medio de una serie de medidas integradas y eficaces que impliquen una estrecha cooperación en el nivel europeo e internacional. Por lo tanto, acogemos con satisfacción la creación del programa Pericles.

Apoyamos el minucioso informe presentado al Parlamento relativo a la implementación y los resultados de este programa, y destacamos el hecho de que los resultados han sido claramente satisfactorios. En el segundo semestre de 2003, el número de billetes falsos en circulación se había estabilizado. Las cifras fueron favorables en comparación con las registradas antes de la introducción del euro y con los niveles de falsificación del dólar estadounidense. Aunque el número de monedas de euro falsas sigue creciendo, esta cifra es baja si se la compara con el nivel de falsificación de las anteriores monedas. En otras palabras, el nivel de falsificación es bajo, debido en gran parte a la intensa cooperación de los servicios pertinentes. Se han aplicado medidas destinadas a desmantelar las operaciones de falsificación y a confiscar cantidades importantes de monedas y billetes falsos antes de su puesta en circulación.

Por consiguiente, este programa ha alcanzado gran parte de sus objetivos y ha permitido identificar los lugares, tanto dentro como fuera de la Comunidad, donde la fabricación de billetes falsos es mayor. Asimismo, ha contribuido a lograr una serie de mejoras estructurales considerables. En algunos países, por ejemplo, se han establecido organismos centrales responsables de luchar contra la falsificación del euro.

Por tanto, apoyo el excelente informe del señor Díaz de Mera, cuyo objetivo es ampliar el programa hasta finales de 2013 para así equiparar su período de vigencia con el de las perspectivas financieras. Además –y quiero hacer hincapié en este punto– propone la ampliación de su aplicación a los Estados miembros no participantes.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, la ampliación del programa Pericles es indudablemente importante. No es bueno proclamar que el euro es infalsificable y dotarle de una serie de medidas de seguridad si nuestros ciudadanos y cajeros desconocen esas medidas o son incapaces de utilizarlas correctamente. Es cierto que ahora existe un mayor concienciación y que se examinan los billetes de 100 euros y de mayor cuantía, pero puesto que la falsificación de billetes de 20 y 50 euros constituye actualmente en torno al 80 % de las falsificaciones, tenemos que concienciarnos todavía más de la existencia de estos problemas. Lamentablemente, la gran extensión del territorio donde se utiliza el euro hace particularmente atractiva la producción de moneda falsa de gran calidad para los falsificadores. Además, el progreso realizado en el ámbito de la tecnología de impresión ha hecho cada vez más difícil a los legos en la materia distinguir entre billetes verdaderos y falsos. Con aproximadamente 600 000 billetes falsos retirados de la circulación todos los años, sigue quedando todavía mucho trabajo por hacer, sobre todo porque, además del número creciente de billetes falsos, las monedas atraen cada vez más la atención de los falsificadores.

La única forma de hacer frente al aumento de las falsificaciones es concienciando más a los ciudadanos del problema, siendo esta la idea que estaba detrás de la organización de más seminarios sobre el tema, también en o por los centros de información de la UE. Sería lógico aumentar el suministro de información sobre todo en las regiones donde se ha observado un aumento del número de falsificaciones o de moneda falsa. Sería también lógico ampliar el proyecto de búsqueda por medio del envío de mensajes de texto entre las empresas para poder detener a los culpables, algo que ya se está haciendo en Austria con un cierto éxito.

En cualquier caso, convertir la zona del euro en un espacio con una moneda infalsificable debería ser para todos nosotros una preocupación importante.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) En primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, señor Díaz de Mera García Consuegra, por su trabajo en este ámbito. Puede que no sea un ámbito muy apasionante, pero es muy importante. El señor Díaz de Mera García Consuegra ha redactado un excelente informe, algo que quiero subrayar, puesto que yo misma fui ponente sobre esta cuestión cuando fue uno de los temas del día durante la última campaña electoral. En aquel entonces, las opiniones estaban un poco más divididas, sobre todo con respecto a los billetes que podrían falsificarse. La postura adoptada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos resultó posteriormente ser la correcta. Muchas personas pensaron que los billetes de 500 euros serían los más falsificados, pero en el Grupo del PPE-DE opinamos que correrían mayor riesgo los billetes más pequeños, como los de 20 euros y los de 50 euros. Celebro ver que el señor Díaz de Mera García Consuegra está a favor de la idea de vigilar estrechamente la situación también en países en los que no se ha introducido todavía el euro. El riesgo de falsificaciones suele ser mayor en estos países, puesto que sus ciudadanos no han tenido el mismo nivel de preparación que en los países de la zona del euro. Los ciudadanos de esos países tienen mayor dificultad para diferenciar entre billetes verdaderos y falsos y, en muchos casos, son también menos desconfiados. Por fortuna, la falsificación ha sido un problema mucho menor del que se había temido, posiblemente debido al propio programa Pericles que estamos debatiendo hoy, y especialmente debido a la extensa aplicación que ha recibido. Este es otro ejemplo de algo bueno que ha hecho la UE. Se trata de un ámbito en el que ya no tenemos tanto conflicto, pero existen muchas razones para informar a los ciudadanos de este programa, que nos protege a todos en nuestras vidas cotidianas.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Doy las gracias a los diputados por sus comentarios y por su apoyo al programa Pericles, que trata de combatir la falsificación. Desde el punto de vista político, la falsificación constituye un delito muy grave que, de algún modo, humilla a las autoridades. La lucha contra este fenómeno es eterna.

La protección contra la falsificación de las monedas de euro en la Unión Europea ha resultado relativamente satisfactoria. Asimismo, la cooperación entre el Banco Central Europeo, Europol y la OLAF ha sido relativamente eficiente. La calidad de los billetes de euro es bastante buena. Pero esto no resta importancia a la lucha contra la falsificación. En mis ocupaciones anteriores he tenido la ocasión de enfrentarme a esta cuestión. El principal problema se encuentra siempre en las calles y en los bajos fondos en los que se ponen en circulación los billetes falsos. Esto explica por qué entre los billetes falsificados no se encuentran los de 500 euros.

Una cuestión específica tiene que ver con Turquía y Montenegro. Montenegro plantea un problema específico, ya que tiene el euro como moneda oficial. No tiene tanto que ver con la falsificación como con la política monetaria de la Unión Europea. Sé que mis colegas estudian la manera de solucionar esto.

Tras visitar Turquía y debatir este tema con las autoridades turcas, este país ha prometido retirar progresivamente de circulación aquellas monedas que se parecen mucho a las monedas de euro. Cambiar el proceso de producción lleva algún tiempo, pero al menos se han comprometido a hacerlo.

  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana.

16. Consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros con motivo de un nuevo proceso penal (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Demetriou, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS)) (A6-0268/2006).

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, ante todo doy gracias al ponente por la calidad de este informe y por su excelente colaboración. En la actualidad se presta muy poca atención, por no decir ninguna, a las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados miembros. Esto resulta inaceptable en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Por esta razón, el objetivo de la Unión Europea es doble: en primer lugar, convendría que los datos relativos a las resoluciones condenatorias circularan de manera eficiente entre los Estados miembros y, en segundo lugar, debería estar permitido utilizar dicha información fuera del territorio del Estado miembro que dicta la sentencia.

El objetivo principal de la propuesta consiste en definir las condiciones en las que se podrán considerar en un nuevo proceso penal, en relación con hechos diferentes, las resoluciones condenatorias dictadas en otro Estado miembro. Dado que los efectos vinculados a la existencia de una resolución anterior pueden variar enormemente de un Estado a otro, la propuesta no persigue armonizar dichos efectos. El principio básico –con el que estoy plenamente de acuerdo– es, en cambio, un principio de asimilación cuyo objetivo pasa por garantizar que los efectos sean equivalentes a los de una condena nacional anterior.

En conexión con este principio, la propuesta no se limita al propio juicio, sino que abarca las diferentes fases del proceso penal a las que el derecho nacional pueda aplicar los efectos de una condena anterior. Abarca la fase previa al proceso, donde la existencia de una resolución condenatoria anterior puede, por ejemplo, influir en las decisiones sobre una detención provisional, así como la fase posterior, donde puede afectar de manera notable a la ejecución de la sentencia.

La Comisión apoya plenamente este informe y espera mantener una cooperación estrecha con el ponente.

  Panayiotis Demetriou (PPE-DE), ponente. – (EL) Señor Presidente, la propuesta de tener en cuenta las condenas anteriores pronunciadas en la Unión Europea forma parte de las normas institucionales que está proponiendo la Comisión en el marco de la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Tampere y quiero elogiar al Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini, por los esfuerzos que está haciendo para poner en práctica esas conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Tampere.

La propuesta es otro paso en la dirección de aumentar la cooperación judicial y reforzar la confianza entre los Estados miembros en el ámbito de la justicia. Es otra medida para promover el principio del reconocimiento mutuo de las sentencias civiles y penales, que se considera el pilar de la cooperación judicial en la Unión.

Se tiene que crear una institución que tenga en cuenta las resoluciones condenatorias anteriores para combatir más eficazmente la delincuencia, sobre todo porque los convenios europeos existentes de 1959 y 1970 han resultado ser ineficaces.

La propuesta, tal como está formulada, se limita a regular cuestiones de Derecho material. La regulación de cuestiones de procedimiento queda relegada al marco de otra propuesta que está pendiente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la que se ocupa nuestro honorable amigo y ponente Díaz de Mera. Esa propuesta es la otra cara de la misma moneda. En la propuesta pendiente de votación quedan excluidas las decisiones administrativas de la definición de condena, porque en la mayoría de los Estados miembros no se recogen en el registro de penados y porque no existe una definición uniforme de lo que constituye una condena administrativa. Lo que se pretende es asimilar la importancia y la gravedad de una condena pronunciada por un tribunal en otro Estado miembro a la condena pronunciada en el Estado miembro en el que tiene lugar el nuevo proceso penal. Por tanto, las resoluciones condenatorias pronunciadas en otro Estado miembro podrán no considerarse si los hechos en los que se basa la condena no constituyen una infracción penal en la legislación del Estado miembro que juzgue el nuevo caso. La propuesta evita así la confusión y la incertidumbre que existirían si se hubieran aprobado las disposiciones de la propuesta original para tener en cuenta selectivamente las condenas y delitos anteriores, pero mantiene la obligación del Estado miembro de no tener en cuenta las resoluciones condenatorias pronunciadas en otro Estado miembro que incumpla los principios del non bis in idem, la limitación estatutaria y la amnistía.

Nosotros opinamos que, tal como se ha formulado la propuesta que votaremos en breve, sirve adecuadamente tanto al principio del reconocimiento mutuo de las sentencias judiciales como a la política de la asimilación gradual del Derecho.

Debe insistirse una vez más en que la medida actual, como otras medidas similares, se basa en los principios de la confianza y el reconocimiento mutuo. Pero es importante que el Consejo proceda a la mayor brevedad posible con la aprobación de la propuesta drástica para los criterios mínimos en los procesos penales, que el Parlamento Europeo votó hace muchos meses y que reforzará los anteriores principios.

¿Por qué se está retrasando el Consejo en una cuestión tan importante?

Por último, celebro la declaración que hizo el otro día la Presidencia finlandesa sobre la intensificación de la actividad legisladora y el seguimiento de la aplicación de las decisiones relativas a asuntos penales. Esperemos que esa declaración se lleve a la práctica.

  Ioannis Varvitsiotis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, en los últimos siete años hemos sido testigos de la creación de herramientas, como la orden de detención europea o el traslado de presos, que están pensadas para reforzar la confianza mutua entre las autoridades judiciales nacionales y la formulación de una política que conduzca a la convergencia del Derecho penal.

Ahora estamos aprobando la decisión de la Comisión de establecer un nuevo sistema, sobre la base del cual los Estados miembros podrán tener en cuenta, en procesos penales, las condenas anteriores pronunciadas contra la misma persona en otro Estado miembro de la Unión Europea. Las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros tendrán la misma fuerza que las pronunciadas en el Estado miembro en el que tenga lugar el nuevo proceso penal. Quiero añadir algo a los otros argumentos sobre la necesidad de la medida expuesta por el señor Demetriou: que esto es absolutamente lógico, porque las condenas anteriores conforman la personalidad del delincuente e influyen en la evaluación de la pena.

Para terminar, quiero felicitar al ponente, que ha conseguido con sus enmiendas reconciliar las opiniones del Consejo y de la comisión, que diferían considerablemente en algunos puntos básicos. Finalmente, espero que la declaración realizada por la Presidencia finlandesa no se quede en meras palabras, sino que se empiece a poner en práctica. Tenemos que adoptar medidas más rápidas para unificar el Derecho penal.

  Andrzej Jan Szejna, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, teniendo en cuenta la diversidad actual de los sistemas judiciales nacionales, sería muy conveniente promover el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Tal y como ya ha apuntado el Consejo Europeo de Tampere, el principio del reconocimiento mutuo constituye la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales. Por lo tanto, es sumamente importante establecer un fundamento jurídico adecuado, de forma que una resolución condenatoria dictada en un Estado miembro pueda ser tenida en cuenta en un nuevo proceso penal contra la misma persona en relación con hechos diferentes en otros Estados miembros.

Es preciso aprobar la propuesta de la Comisión de una Decisión marco en su versión modificada. El objeto del principio del reconocimiento mutuo es conferir a las resoluciones condenatorias promulgadas en otros Estados miembros la misma validez y el mismo efecto que a las condenas nacionales anteriores. Conviene establecer de forma explícita que no es necesario que el Estado miembro ejecute la decisión dictada en un Estado miembro diferente, sino que basta con extraer las conclusiones pertinentes del caso anterior y aplicarlas al nuevo proceso.

Además, los efectos de las condenas anteriores seguirán rigiéndose por los derechos nacionales en cada Estado miembro. Conviene establecer un principio de equiparación de las sentencias pronunciadas en otros Estados miembros y las condenas nacionales, dejando que sea la legislación nacional la que determine las conclusiones oportunas del principio. No obstante, considero que es necesario que se tengan en cuenta las sentencias anteriores, siempre y cuando su importancia en la otra evaluación sea equivalente a la sentencia dictada por el Estado miembro en el que se haya iniciado el proceso.

Por otra parte, en el caso de los procesos penales en un Estado miembro, no deben tenerse en cuenta aquellas sentencias definitivas relativas a actos no punibles en dicho Estado miembro.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, en este informe podemos ver otro ejemplo de la denominada crisis beneficiosa, que ofrece a la Unión Europea la oportunidad de ejercer aún más presión en materia de integración política. No hay duda de que estamos ante una situación problemática. En Londres, la policía metropolitana reconoce que la mayor parte del crimen organizado se encuentra actualmente en manos de una variedad de bandas étnicas, la mayoría de ellas procedentes de países de la Unión Europea. Esto no tiene nada que ver con los delincuentes individuales que se han trasladado a Gran Bretaña para ejercer su profesión.

El problema real se encuentra en la política británica de apertura de fronteras y en el derecho de los ciudadanos de la Unión a entrar sin obstáculos en el Reino Unido, así como en la completa abdicación del Gobierno de todo control sobre quién puede y quién no puede acceder desde cualquier parte del mundo. Pero lo que distingue a este informe es la referencia al Consejo Europeo de Tampere, que pretende establecer un sistema de justicia europeo en el Reino Unido y el comentario de que «queda un largo camino por recorrer hasta que la justicia se administre, desde el punto de vista de los procedimientos, las pruebas y el fondo de cada asunto, de un modo más o menos similar en todos los Estados miembros».

Sí, no hay duda de que queda un largo camino, y conviene que así sea. En Gran Bretaña aún se aplica el habeas corpus –el derecho a un juicio con jurado y a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad– y algunos británicos pretendemos, y deseamos, conservar estas salvaguardias. La respuesta del Partido por la Independencia del Reino Unido a este informe es «no gracias».

  Marek Aleksander Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, la decisión marco que estamos debatiendo es especialmente importante para la asimilación y armonización de la legislación. Coincido con el ponente en que el Derecho nacional debe ser el único criterio que determine si y en qué medida las condenas anteriores pronunciadas en otro país deben tener efectos judiciales.

Pero no debemos olvidarnos de principios básicos como el non bis in idem, la limitación estatutaria, la amnistía o la exclusión del registro nacional de penados. Por tanto, creo que debemos mantener el artículo 4. Debemos insistir también en que no podemos dejar que en un proceso penal iniciado en un Estado miembro influyan las condenas pronunciadas en otro país por hechos que no constituyen delito en el Estado miembro en cuestión.

Coincido con el ponente en que el mejor lugar para las disposiciones contenidas en el artículo 6 es la propuesta relativa a la decisión marco del Consejo sobre el intercambio entre los Estados miembros de información relativa al registro de antecedentes penales y su contenido.

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Señor Presidente, como ocurre con numerosas propuestas sobre armonización en la Unión Europea, se realiza cierto llamamiento simplista y plausible al reconocimiento mutuo de las condenas penales en el seno de la Comunidad. Pero no nos confundamos: forma parte de un plan grandioso para lograr un sistema judicial integrado y bajo control comunitario que exige la inevitable sumisión de los sistemas nacionales.

En mi opinión, los asuntos de justicia penal son intrínsecamente asuntos nacionales y así debe seguir siendo. Por lo tanto, celebro la resistencia a renunciar al veto nacional en la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes. Espero que se mantenga.

Rechazo esta propuesta, no solo por mi oposición al grandioso plan del que forma parte, sino porque merma la protección de mis electores frente a las injusticias.

La salvaje experiencia vivida por ciudadanos británicos en el extranjero confirma mi opinión de que hay mucho que perder con la integración de la justicia penal. No hay más que recordar el espectáculo en que se convirtió el caso de los observadores de aviones en Grecia o la terrible condena de Kevin Sweeney en los Países Bajos. ¿Qué razones hay para permitir que una condena inapropiada, amparada por unas normas menos estrictas que las aplicables en el Reino Unido, se alegue contra ciudadanos del Reino Unido en su propio país? Considero que no hay motivos para ello y, por tanto, rechazo esta propuesta.

En cuanto a la protección de mis electores se refiere, mi lema es «normas británicas para ciudadanos británicos».

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana.

17. Directrices estratégicas en materia de cohesión (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación de la Comisión de Desarrollo Regional sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (11807/2006 – C6 0266/2006 – 2006/0131(AVC)) (Ponente: Constanze Angela Krehl) (A6-0281/2006).

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, para empezar diré, en nombre del Comisario Špidla y también en el mío propio, que acogemos con enorme satisfacción el informe sobre las directrices estratégicas en materia de cohesión aprobado por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento el 11 de septiembre. En particular, doy las gracias a la señora Krehl por su gran esfuerzo en la elaboración del informe, así como por su grata colaboración en la realización del expediente el pasado año.

Durante este período me he sentido agradecida por el apoyo y las ideas de la Comisión de Desarrollo Regional y el Parlamento en la que quizás sea la parte más importante e innovadora de la nueva política de cohesión para 2007-2013. A través de las directrices pretendemos garantizar una integración más plena de las prioridades comunitarias en los programas nacionales y regionales respaldados por la Unión. Las directrices tratan de ofrecer un enfoque claro y coherente en lo que respecta a los ámbitos de crecimiento y empleo al amparo de la Estrategia de Lisboa renovada. Considero que la contribución del Parlamento ha beneficiado en gran medida a estas directrices.

Pasaré a centrar la atención en aquellos considerandos agregados al documento desde que el Parlamento presentó su informe el pasado mes de mayo, ya que resultan importantes en el sentido de que revelan la orientación política que subyace tras las directrices. Estos considerandos se inspiran en gran parte en las sugerencias del informe elaborado por la señora Krehl. Por ejemplo, subrayan la importancia de la colaboración (considerando 16), de la contribución de las infraestructuras a la convergencia (considerando 11), de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación (considerando 15), de un desarrollo que resulte sostenible desde el punto de vista del medio ambiente (considerando 14), de la cohesión territorial y de la dimensión urbana (considerando 12).

Cabe señalar que al aprobar estos considerandos, el Consejo y los Estados miembros lo que hacen en realidad es anotar un recordatorio acerca del modo en que se deberán ejecutar los próximos programas. Está claro que esto resulta fundamental para nosotros dado el interés con que esperamos las negociaciones de los programas.

Además de los considerandos, el texto de las directrices se ve reafirmado en determinados ámbitos clave que son importantes para el Parlamento. En particular, hemos prestado mayor atención a la cohesión territorial, redactando con palabras más enérgicas la parte referente a la cuestión urbana. Asimismo hemos desarrollado el texto sobre tres iniciativas –Jaspers, Jeremie y Jessica– que sus Señorías han apoyado de modo rotundo. Entre otras cosas, esto debería contribuir a fomentar el uso de asociaciones del sector público y privado en nuestros programas, idea que constituye una de las recomendaciones de su informe sobre las directrices. Hay otros muchos aspectos en los que creo que apreciarán los intentos de la Comisión de dar cabida a los deseos del Parlamento.

No es necesario que vuelva a resumir el contenido del documento, pero quizás merezca la pena que recordemos la visión de la nueva política de cohesión, a cuya consecución pueden ayudar las directrices estratégicas. La visión se centra en el desarrollo económico, el cual se gestiona cada vez más a través de recursos locales y regionales, ya sean pequeñas y medianas empresas innovadoras, capacidades humanas locales o instituciones académicas. Esta visión tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema único de gobernanza en todos los niveles a través de un acercamiento de la política a los niveles locales y regionales, a los ciudadanos y al lugar donde se generan el crecimiento y el empleo.

Sé que algunos de ustedes han manifestado su deseo de que se prolongue el debate sobre las directrices estratégicas, por lo que espero con interés escuchar sus opiniones.

  Constanze Angela Krehl (PSE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con el debate que se celebra hoy y el que se celebrará mañana, el Parlamento Europeo está colocando la piedra angular del trabajo realizado durante dos años y medio en la preparación del paquete legislativo sobre la política de cohesión para los años 2007-2013. Se trata de una política de cohesión que debe funcionar con 25 o 27 Estados miembros por primera vez, siendo todos los nuevos Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión, los cuales esperan obtener grandes beneficios de las futuras políticas estructurales y de cohesión. Queremos que la votación de mañana allane el camino para la conclusión, presentación y aprobación por la Comisión de los programas operativos en las regiones, con el fin de asegurar un rápido inicio de los proyectos en las regiones menos favorecidos de la UE el año que viene.

Mirando hacia atrás, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la colaboración que he recibido durante la elaboración del informe sobre las directrices estratégicas. La propuesta de la Comisión es buena; ha sido una iniciativa conjunta de la Comisión y el Consejo y quiero mencionar expresamente aquí que hemos mantenido numerosos contactos directos con las regiones. Las visitas que he podido realizar a Lisboa, Madrid, Bratislava, Praga, Estocolmo y Helsinki como ponente han contribuido considerablemente a la calidad del informe que fue después aprobado conjuntamente en comisión y en sesión plenaria.

Celebro que las otras prioridades que el Parlamento Europeo quería introducir en las directrices hayan quedado reflejadas en su mayoría en el documento sobre el que decidió el Consejo en agosto.

Probablemente, el punto más importante es la firme declaración de que queremos que la UE se desarrolle de una forma sostenible, que no nos importan únicamente los objetivos económicos a corto plazo, sino que aspiramos a realizar mejoras sostenibles, también en las condiciones de vida y de trabajo, sobre todo en las regiones menos favorecidas y subdesarrolladas de la UE. Por eso era tan importante para nosotros que no existiera ningún tipo de discriminación en el acceso a los fondos de cohesión. El documento definitivo que ahora se presenta dice una vez más que las personas discapacitadas y de edad avanzada y las personas con antecedentes migrantes deben tener exactamente el mismo acceso a los fondos que cualquier otro ciudadano. Esta es una señal importante para la población en las regiones.

Hemos atribuido gran importancia a la necesidad de insistir en que la UE está tratando de crear no solo cualquier tipo de empleos, sino empleos mejores y sostenibles. Esto está estrechamente vinculado a una mejora en la formación y en las oportunidades para crear organizaciones de investigación, y también a la oportunidad de poner en práctica más deprisa y en mayor medida los resultados producidos por esas organizaciones de investigación a las pequeñas y medianas empresas. Hemos reflejado todo eso más aún en las directrices estratégicas.

Para nosotros es muy importante –después de un largo y detallado debate– el ámbito de la ayuda a los pueblos, las ciudades y las zonas urbanas, puesto que allí es donde reside el 80% de la población europea. Por eso tenemos que concentrar los recursos en ese ámbito, no solo para promover la creación de empleo, sino también, por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras de transporte o la mejora de la situación del medio ambiente en los pueblos y las ciudades.

Hemos insistido en un punto en particular, y es que la cooperación territorial es más importante que nunca en una UE ampliada para que podamos aprender los unos de los otros y emprender proyectos conjuntamente. La semana pasada, la visita de un grupo de trabajo a Hungría me dio por primera vez la oportunidad de ver por mí misma el tipo de visiones e ideas estratégicamente inteligentes que se están generando también en los nuevos Estados miembros. Posiblemente algunas de las regiones que han estado recibiendo durante años fondos de cohesión de la UE deberían seguir el ejemplo de los nuevos Estados miembros. Pero para eso tenemos que promover más aún la cooperación territorial.

Otro punto –sobre el que hablaré particularmente en calidad de coordinadora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo– concierne a la promoción de la igualdad de oportunidades en la UE, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. En el nuevo período de ayudas, la Comunidad debe seguir aprovechando el éxito que ha tenido con EQUAL y seguir gestionando las redes. Esto ha quedado también reflejado en las directrices. En conjunto, nosotros, el Parlamento Europeo, podemos considerar todo un éxito los resultados de la negociación, no solo para el Parlamento, sino también para los ciudadanos.

Ningún éxito o compromiso puede sobrevivir sin un «pero». Estas directrices tienen también, por supuesto, un «pero». El Parlamento ha atribuido gran importancia a reforzar la cooperación con los agentes sociales y la sociedad civil, y eso se ha reflejado en las directrices, en el informe aprobado finalmente por el Consejo, pero lamentablemente solo de una forma muy diluida. Nosotros, el Parlamento Europeo, debemos esforzarnos porque se nos vuelva a escuchar con ocasión de la revisión intermedia del período de ayudas estructurales y revisar conjuntamente estas directrices. Para ello hará falta cooperación, y tendremos que examinar también con mucho detenimiento si la dotación presupuestaria consignada fue realmente una buena idea por parte del Consejo o si solo ha servido para aumentar la carga burocrática para los afectados. De ser así, deberíamos insistir claramente en su eliminación, puesto que el Parlamento tiene una responsabilidad y una obligación con los ciudadanos, un deber que trata de cumplir.

  Jan Olbrycht, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, antes de nada quiero agradecer a la señora Krehl no solo su informe, sino también lo mucho que ha trabajado en la formulación de la postura del Parlamento Europeo. El informe del Parlamento trata sobre las directrices estratégicas comunitarias y es un excelente ejemplo de cooperación entre las instituciones.

El Parlamento Europeo, a través del trabajo de su Comisión de Desarrollo Regional, ha tratado de definir sus expectativas durante el curso del proceso legislativo y hoy podemos decir que casi todas esas expectativas han sido tenidas en cuenta. Es cierto que existe una discrepancia entre las directrices estratégicas tal como se presentan hoy y la lista anteriormente publicada en la que se detallaban los gastos de la Estrategia de Lisboa y que más tarde se incluyeron como un anexo al reglamento. No obstante, sus Señorías creen que debemos apoyar la versión definitiva de las directrices estratégicas, puesto que satisfacen nuestras expectativas.

Podría decirse que, para los Estados miembros, las directrices estratégicas constituyen una base internamente coherente para planificar la aplicación de la política de cohesión. Habiendo aprobado primero estas directrices por medio de una directiva del Consejo, esperemos que los respectivos Estados miembros estén dispuestos a incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales. Un indicador de la resolución de los Gobiernos nacionales será, por ejemplo, el uso que hagan de la directriz sobre el reforzamiento del papel de las ciudades en la etapa de planificación y en la ejecución de los programas de regeneración integral. Las directrices estratégicas son indispensables en la creación de un marco para la aplicación de la política de cohesión entre 2007 y 2013. Por eso creo que la Cámara debe apoyar esta propuesta que tiene en cuenta las sugerencias del Parlamento Europeo.

  Stavros Αrnaoutakis, en nombre del Grupo del PSE. – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no puedo más que expresar mi satisfacción y mi más cordial felicitación a la ponente por el hecho de que cuestiones importantes en las que había insistido el Parlamento Europeo hayan sido aceptadas tanto por el Consejo como por la Comisión. Podría referirme, en relación con el texto inicial, a las directrices mejoradas sobre el principio del desarrollo sostenible en las intervenciones del Fondo Estructural y el Fondo de Cohesión, la igualdad de trato para hombres y mujeres y la no discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, religión o discapacidad, con hincapié en el acceso de las personas con discapacidades a todas las etapas de la preparación y ejecución de los programas y trabajos, la importancia de la dimensión urbana y la conexión entre las zonas urbanas y rurales y la asociación en general.

Un factor de éxito esencial para los programas en lo que a nosotros respecta es el grado en que todos los organismos interesados –a escala regional y local– participarán en su planificación y ejecución, sobre todo los agentes sociales y las administraciones locales. El logro del objetivo de la cohesión económica y social durante el nuevo período de programación constituye, de hecho, un difícil reto en un momento en el que las desigualdades en la Europa ampliada están aumentando y los fondos para aplicar la política de cohesión se están restringiendo.

Las directrices estratégicas son un importante medio de conseguir una distribución más eficiente y selectiva de los fondos. Al mismo tiempo, refuerzan el contenido estratégico de la política de cohesión y crean el marco para la sinergia entre dicha política y la Estrategia de Lisboa.

Señorías, estamos iniciando una nueva era para la política de cohesión. En el nuevo período de programación y tras considerar la revisión intermedia, la política de cohesión tendrá que demostrar –si me permiten decirlo así– su razón de ser y la necesidad de que continúe. Todo lo anterior, junto con otros factores de calidad introducidos por el Parlamento en los reglamentos o las directrices, será lo que nos ayude a conseguir sus objetivos. Los Estados miembros y las regiones deben tenerlos en cuenta cuando preparen sus marcos estratégicos nacionales de referencia y sus programas operativos. La correcta aplicación y supervisión de estos programas en lo que respecta a su aplicación nos afecta a todos.

  Jean Marie Beaupuy, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero sumarme a mis colegas para agradecer a la señora Krehl el trabajo realizado y para darle las gracias, señora Hübner, por la calidad de las relaciones que hemos mantenido con usted y todos sus servicios durante estos meses que nos han conducido a la votación de mañana. Nadie se sorprenderá ante el sentido del voto de mi Grupo, pues aprobaremos este texto, por supuesto, y ello al menos por dos razones. En primer lugar, no solo recoge la mayoría de las peticiones de nuestro Grupo, sino también, creo, las peticiones de la mayoría de nosotros. En segundo lugar, este asunto se ha arrastrado durante más tiempo del previsto y por tanto es importante que aprobemos este texto.

Quisiera hacer cuatro observaciones. En primer lugar, recordarle –como han hecho ya otros colegas en varias ocasiones– que en el artículo 1 del texto que adoptó el Consejo el 18 de agosto, está escrito negro sobre blanco, señora Comisaria, que ha de servir de marco indicativo a los Estados miembros. Sé que, en el contexto actual, es de mal gusto querer imponer a los 25 Jefes de Estado unas directrices procedentes de la Comisión o del Parlamento. No obstante, quiero señalar que nos habría gustado encontrar en este texto elementos algo más vinculantes. Como han dicho algunos de mis colegas, entre ellos la señora Krehl, nos aseguraremos de que, a mitad de camino, formulemos los puntos de vista pertinentes para corregir las desviaciones que puedan producirse.

Segundo punto: me permitiré insistir en la motivación de estas directrices estratégicas. Los contactos que mantengo actualmente me remiten a una «tecnoestructura» de Bruselas y a un Parlamento que decide sobre directrices estratégicas. Todo esto es muy complicado. La gente olvida demasiado pronto, con excesiva rapidez, que, de hecho, gracias a los Fondos Estructurales y a esas directrices obtuvimos en años pasados importantes resultados en Portugal, España e Irlanda, y ello en beneficio de los seres humanos que viven situaciones desfavorables en regiones desfavorecidas. Olvidan que nuestra voluntad de solidaridad, que se expresa hoy en esta política de cohesión, tiene por objeto que todas las comunidades y cada uno de los habitantes de las regiones desfavorecidas puedan acceder a las mismas ventajas que los habitantes de las regiones más favorecidas.

Quisiera decir en una palabra que acojo con sumo agrado el enfoque flexible anunciado de entrada en este texto. Es un enfoque que permitirá dar prioridad, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de cada región, al transporte, al medio ambiente y a la energía, en particular.

Por último, al igual que nuestros colegas del intergrupo, que ya han subrayado esta cuestión, apreciamos la importancia concedida en el texto a las ciudades. Yo mismo me encontraba hace unos días en Alemania y puedo decir –y mis colegas alemanes pueden corregirme si me equivoco– que el 90 % de la población alemana vive en ciudades de más de 2 000 habitantes. En el texto que se nos presenta se destaca la importancia de la ciudad. Lo que quisiera decir es que, más allá de las palabras, más allá de los importes financieros que se van a consagrar al Fondo de Cohesión, habrá medios para de servirse de él.

Señora Comisaria, en su Comunicación sobre la política de cohesión y las ciudades, reserva usted un lugar especial al enfoque integrado. Quisiera decir, en esta fase del debate, que debemos permanecer muy atentos y, sobre todo, hacer de modo que el enfoque integrado no solo se aplique a las ciudades en el sentido más estricto de la palabra, sino también a las comunidades que rodean a las ciudades. Hemos hablado de ello con mi colega, la señora Bourzai, aquí presente, durante el almuerzo; no solo cuenta la ciudad, sino todo el territorio que la rodea, en un radio de 10, 20, 50 o 100 km, donde muchas personas viven juntas todos los días. Y para que las personas vivan juntas en armonía, es necesario que los distintos aspectos del transporte, los servicios sociales y la educación estén efectivamente enlazados unos con otros.

Terminaré diciendo que es necesario también que los agentes estén bien enlazados entre sí: agentes nacionales, regionales, locales y otros. Y como para hacer una buena orquesta con sus violines y sus pianos, hace falta un director de orquesta, haremos que para todos estos mecanismos haya un buen director de orquesta, capaz de hacer de este Fondo de Cohesión un éxito.

PRESIDENCIA DEL SR. FRIEDRICH
Vicepresidente

  Bairbre de Brún, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (La oradora habla en gaélico)

(EN) Doy las gracias a la Comisaria por venir con tanta frecuencia al Parlamento para debatir sus propuestas con nosotros. En particular, doy las gracias a la señora Krehl por su labor en la introducción de algunas mejoras en la propuesta original de la Comisión, en concreto en relación con la colaboración, el papel de las ciudades y sus interiores, la sociedad civil, la accesibilidad para las personas con discapacidad y el medio ambiente. No obstante, hago hincapié en algunas inquietudes que ya he mencionado en repetidas ocasiones con respecto a la asignación de fondos, cuestión que sigue siendo fundamental en las directrices de la Comisión. Ha sido y seguirá siendo utilizada en el nivel de los Estados miembros para restar importancia a gran parte de los objetivos perseguidos por el Parlamento y a aquello sobre lo que se ha estado hablando aquí esta tarde. Antepone Lisboa a Gotemburgo y da más prioridad a algunos elementos de Lisboa que a otros.

En la actualidad existe otro motivo de preocupación en Irlanda que quisiera mencionar, aunque no guarda relación con las directrices. Se trata de que los fondos del futuro «Programa PEACE» se distribuirán de manera contraria a las medidas y a las disposiciones de igualdad. Espero poder hablar en más profundidad de este tema con la Comisaria.

(La oradora continúa en gaélico)

Es preciso recordar las razones originales que justifican estos fondos y estos programas y volver a analizarlas en el examen intermedio. Tal y como ha señalado el señor Beaupuy, en Irlanda, tanto en el norte como en el sur, la ayuda de estos fondos nos ha aportado grandes ventajas y grandes progresos. Debemos tener presente nuestra solidaridad y permitir que se haga lo mismo en otras áreas en el futuro.

  Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, quiero felicitar a la señora Krehl por su trabajo. Hoy, en el Parlamento Europeo, hemos celebrado un debate sobre la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea. Con relación a esa ampliación, quiero insistir en una declaración contenida en la introducción a la decisión del Consejo. Dice así: «La ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros es una oportunidad sin precedentes para reforzar tanto la competitividad económica como la cohesión interna de la Unión Europea».

Por supuesto, todos debemos ser muy conscientes de que por el momento siguen existiendo divergencias importantes en la riqueza y la velocidad del desarrollo en algunas regiones. No obstante, apenas 28 meses después de la adhesión a la Unión Europea de 10 nuevos Estados miembros, ya podemos ver que incluso las regiones más pobres se están desarrollando a un ritmo significativamente más rápido y que ahora tienen unas tasas de crecimiento relativamente altas. Hablo como ciudadano de una de esas zonas, la región de Podkarpacie, en el sudeste de Polonia.

La palabra cohesión no significa homogeneidad ni uniformidad, sino que describe un estado en el que una cierta estructura constituye un todo intrínseco sin tensiones ni fisuras internas. Esa es mi forma de entender la política de cohesión de la Unión Europea. Las actividades desarrolladas en el marco de las iniciativas para promover la solidaridad entre países y naciones dentro de nuestra Comunidad conseguirán un éxito más rápido y mayor si existe un mayor grado de estabilidad macroeconómica y se introducen cambios estructurales esenciales de una manera más efectiva.

Por tanto, es fundamental que se definan los principios de la cohesión para toda la Unión Europea y que se vinculen a los marcos estratégicos de referencia creados por los respectivos países. En consecuencia, debemos acoger con satisfacción el hecho de que, entre 2007 y 2013, la política de cohesión se orientará a la concesión de ayuda económica a las zonas menos desarrolladas y a la promoción del crecimiento económico y la creación de empleo. Celebro ver que se ha hecho hincapié en la dimensión territorial de la política de cohesión, puesto que trata de crear un equilibrio entre el desarrollo de las zonas urbanas y rurales, así como de regiones con características específicas.

Es muy importante que se haga un buen uso de los instrumentos financieros, razón por la cual la evaluación intermedia tendrá tanta importancia. Debemos adoptar una visión a largo plazo de nuestras actividades en Europa. Por eso creo que tenemos que instilar nueva vida a la Estrategia de Lisboa. Tenemos que promover la innovación en todos los ámbitos posibles, tenemos que basar nuestra economía en el conocimiento y la educación y tenemos que promover la iniciativa empresarial, con independencia del tamaño de las empresas en cuestión. Estos son los enfoques que garantizarán el éxito. No obstante, recordemos que en todas nuestras actuaciones debemos tratar a las personas como individuos, como miembros de una misma familia, como miembros de las comunidades locales y regionales, como nacionales de países específicos y como ciudadanos de la Comunidad en su conjunto. Esto también se aplica a las personas discapacitadas. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la dimensión demográfica de la política de cohesión.

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, con el informe de la señora Krehl, a la que quiero felicitar por su trabajo, estamos acabando la legislación relativa a los Fondos Estructurales para el período 2007-2013 y pasando a la práctica, en otras palabras, a la aplicación de la legislación.

Pero surge la siguiente pregunta: ¿es la legislación que hemos votado la mejor? Yo creo que no. En mi opinión, podría haber sido mucho mejor. Pero teniendo en cuenta los equilibrios que existen en esta Unión, de la que nuestros países son Estados miembros, esta Unión Europea de veinticinco estados, puedo decir que es la mejor legislación posible. En consecuencia, ahora nos enfrentamos al reto de ver no solo y simplemente cómo los 308 000 millones de euros del presupuesto de cohesión irán a parar a los Estados miembros y a las regiones, sino también qué uso harán de ese dinero. Dentro de este marco, las directrices estratégicas que estamos debatiendo hoy son importantes, porque se refieren precisamente al contenido de la política de cohesión: cuál será el destino de los fondos y qué sectores recibirán prioridad. Por supuesto, es absolutamente correcto que la política de cohesión se vincule a la Estrategia de Lisboa y eso queda claramente expresado en las directrices. Pero quizá hubiera sido mejor que ese vínculo fuera más claro o más específico, o que la Estrategia de Lisboa tuviera una definición más restringida, con el fin de abarcar algunos sectores realmente importantes para la economía de la Unión Europea.

En cualquier caso, ha llegado el momento de la responsabilidad. El momento de la responsabilidad para la Comisión, el momento de la responsabilidad para los Estados miembros, especialmente para los diez nuevos Estados miembros que tienen que aprender las lecciones más deprisa para saber cómo funciona el marco comunitario de apoyo, y para nosotros en lo que se refiere al control.

Nuestro trabajo no termina hoy. Yo diría que es hoy cuando empieza.

  Bernadette Bourzai (PSE). – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestra colega, la señora Krehl, y felicitarle por su informe y, en especial, por su primer informe de iniciativa, que ha permitido al Parlamento Europeo expresar su opinión sobre las directrices para la cohesión suficientemente temprano para ser escuchado e influir en la segunda versión propuesta por la Comisión, que hoy debatimos.

En efecto, hay que resaltar que el procedimiento ha sido un tanto sorprendente. Cuando a escala comunitaria no habíamos adoptado aún las directrices estratégicas, los Estados estaban preparando ya su adaptación nacional. Hay que admitir que los Estados miembros estaban motivados por el legítimo deseo de utilizar los nuevos Fondos Estructurales a partir de 2007, pero esto a riesgo de una falta de coherencia de conjunto.

En efecto, la reforma de la política regional se llevó a cabo en el difícil marco de la ampliación y de la renovación de las perspectivas financieras, pero también en el marco del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, lo que reorientó claramente los objetivos. Ahora bien, una reorientación exclusiva hacia la innovación, la economía basada en el conocimiento, la competitividad y el espíritu de empresa no basta para garantizar los objetivos de cohesión territorial y desarrollo sostenible, que me parecen prioritarios.

Deploro, en particular, que la orientación de los créditos hacia los objetivos de Lisboa, así como la clasificación de los gastos, no se haya sometido al acuerdo del Parlamento Europeo. Lamento también que la dimensión territorial de la cohesión no se haya tenido explícitamente en cuenta como una directriz estratégica, aun cuando soy consciente de la evolución en materia de política urbana. Me preocupan, no obstante, las ausencias, las lagunas en el medio rural, cuyos fondos no son muy...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Alfonso Andria (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, las directrices estratégicas comunitarias establecen los principios y las prioridades de la política de cohesión y sugieren medidas para que las regiones europeas puedan hacer pleno uso de la dotación de 308 mil millones de euros destinada a los programas de ayuda nacional y regional para los próximos siete años.

Quiero insistir sobre todo en un factor decisivo para la eficacia de la política de cohesión: la calidad de la cooperación entre todos los agentes locales y regionales implicados en la preparación y ejecución de los programas. Las estrategias concebidas al nivel más próximo al ciudadano deben formar realmente parte integral de las iniciativas para promover el crecimiento y el empleo. El papel de las medianas y pequeñas empresas, la necesidad de suplir la escasez local de competencias, la importancia de las agrupaciones y la necesidad de centros de innovación locales son tan importantes que en la mayoría de los casos es indispensable adoptar un enfoque ascendente.

La participación afecta no solo a la agenda económica, sino también a la intervención más directa de los ciudadanos a través de asociaciones y los mecanismos de gobernanza a distintos niveles, en el contexto de los cuales se gestiona la política de cohesión, para conseguir los objetivos de crecimiento y empleo de la Unión. La cooperación reforzada entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros es crucial para formular una estrategia de cohesión que tenga en cuenta las prioridades comunitarias en un contexto nacional y regional y también para que tenga un efecto útil sobre el terreno a través de un programa operativo.

Quiero felicitar a la señora Krehl, quien, con su competencia habitual, ha estimulado con gran competencia un debate sobre un tema tan importante como el que es objeto de la presente recomendación.

Observo con placer, señora Comisaria, que las directrices estratégicas reconocen debidamente lo mucho que ha trabajado el Parlamento en los últimos dos años. Se trata de un resultado que tenemos que considerar muy significativo e importante. De hecho, se tienen en cuenta aspectos importantes que han sido objeto de reflexión en la comisión parlamentaria competente y en el debate aquí en el pleno.

Para terminar, espero y confío en que mis colegas diputados voten a favor de la resolución legislativa y reconozcan así lo mucho que se ha trabajado en ella.

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero empezar manifestando mi agradecimiento y felicitación a la señora Krehl por lo que será un importante componente de la política de cohesión en los próximos años. En el fondo, las directrices estratégicas tienen como finalidad complementar el Reglamento que regula los Fondos Estructurales y apoyar a las autoridades nacionales y regionales en la planificación de sus programas. En consecuencia, estas directrices contienen las prioridades políticas para las futuras inversiones.

Las nuevas directrices estratégicas hacen bien en centrarse más que antes en el crecimiento y el empleo, con especial hincapié en la sociedad del conocimiento y de la información, la iniciativa empresarial y el empleo. En otras palabras, la prioridad aquí es la Estrategia de Lisboa, pero quiero insistir en que eso no se plantea como un fin en sí mismo, sino más bien –en el marco de la política de cohesión– siempre con vistas a conseguir el objetivo de reforzar la cohesión económica y la competitividad paneuropea. Para ello, estas directrices deben tener también en cuenta la promoción de la inversión en empresas individuales por medio de subvenciones concebidas especialmente para las PYME.

Seguimos manifestando preocupación por la considerable carga administrativa que se soporta en el ámbito de la política estructural europea y que, lamentablemente, no se ha visto reducida significativamente por los requisitos establecidos en estas directrices. Quiero insistir también en que no solo tenemos que hacer un uso inteligente, eficiente y selectivo de los escasos recursos que tenemos a nuestra disposición, sino atribuir también gran importancia a la cofinanciación privada de los proyectos. Lamentablemente, las asociaciones entre los sectores público y privado siguen utilizándose muy rara vez con relación a los Fondos Estructurales, sobre todo debido al gran número de cuestiones legales que quedan sin resolver. Ahora tenemos que esforzarnos al máximo y actuar lo más deprisa posible para que los países puedan presentar pronto sus programas operativos y, sobre todo, para que puedan realizar una transición sin problemas al nuevo período de ayudas.

  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero comenzar mi intervención reiterando los agradecimientos al trabajo de la señora Krehl, gracias al cual hemos sido capaces de llegar a una postura común dentro del Parlamento, que, sin duda alguna, ha mejorado notablemente el contenido de estas directrices estratégicas. De esta manera, podremos permitir a las regiones europeas sacar pleno partido de la dotación presupuestaria consignada a tal fin y hemos puesto encima de la mesa las bases de los marcos estratégicos nacionales, es decir, la búsqueda del equilibrio entre el crecimiento y la cohesión territorial.

No podemos olvidar que Europa está formada por un amplio abanico de regiones con muchas características similares entre ellas, pero también con muchas peculiaridades, a las que hay que atender desde la perspectiva de la cohesión: medio urbano y medio rural, con predominio de la agricultura como actividad principal, regiones ultraperiféricas, islas, zonas que sufren procesos de despoblación. En definitiva, la política de cohesión debe dirigirse a eliminar las dificultades específicas de cada una de ellas, garantizando así la igualdad de oportunidades.

Por ello, en el marco de las directrices estratégicas se han introducido recomendaciones importantes de señalar: la creación de más y mejores puestos de trabajo, la innovación y la economía del conocimiento, que contribuyan a la eliminación de la brecha digital, las inversiones medioambientales, que garanticen las sostenibilidad y la gestión de los recursos naturales, las infraestructuras de transporte y la accesibilidad, que permita la igualdad de oportunidades dirigida a aquellas personas que más lo necesitan, como los mayores, las personas con discapacidad o las mujeres. Estas han sido incorporaciones determinantes para el buen desarrollo de la política de cohesión, que garantizarán la consecución de los objetivos inicialmente planteados.

Por último, debemos señalar que el principio de participación en el diseño de la política europea ha sido tenido en cuenta. De esta manera, contamos con las bases para movilizar el potencial de crecimiento económico que existe en todas las regiones, con una política de cohesión que mejore el equilibrio geográfico del desarrollo económico y eleve el crecimiento de la Unión en su conjunto y que cree, en definitiva, las bases de una Europa más fuerte cohesionada y solidaria.

  Ambroise Guellec (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, casi no hay dudas sobre el resultado de la votación de mañana sobre estas directrices estratégicas, que probablemente obtendrán la práctica unanimidad de esta Cámara; pienso, como muchos aquí, que el trabajo de la ponente tiene algo que ver con ello.

Sin embargo, como todos sabemos, es muy tarde para hablar de esto, aquí y ahora. La elaboración de los programas operativos está ya muy avanzada en la mayoría de los países. Evidentemente, lo que nos interesa son los resultados. ¿Para qué servirá realmente la política regional de la Unión, que representa casi el 40 % del presupuesto comunitario: a la Estrategia de Lisboa, a la cohesión territorial o a ambas? Esperamos que sea útil para ambas.

En todo caso, me parece que el principio sobre el cual no se consultó al Parlamento –la asignación, que afecta sobre todo a los antiguos Estados miembros– es uno de los más tecnocráticos y, a mi modesto entender, uno de los menos inteligentes jamás imaginados en Europa. Es la conjugación de dos tecnocracias, la de la Comisión, cuya ciencia en la materia es bien conocida, y la de los Estados miembros, que es tan variada como desarrollada. ¿Qué saldrá de ahí? Todavía cabe esperar lo mejor. Para ello habrá que esperar el examen de la Comisión, que va a llevar meses, de los programas operativos presentados por los Estados miembros.

Expreso el deseo de que respondan primero y ante todo a las necesidades y la voluntad de las poblaciones urbanas, y las poblaciones rurales, a las que se apliquen. Sabemos que está usted atenta, señora Comisaria, a estas preocupaciones de sentido común. Ojalá pueda convencer de ello a sus interlocutores y colegas.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión constituyen uno de los documentos más importantes para la planificación del gasto de los Fondos Estructurales en los Estados miembros de la Unión Europea. En este documento se esbozan las grandes prioridades para los países que soliciten ayuda del fondo de cohesión entre 2007 y 2013. Las directrices sientan las bases que necesitan todos los Estados miembros para crear un marco estratégico de referencia que defina las prioridades del desarrollo nacional. Estas directrices orientarán las futuras medidas de la política de cohesión hacia la mejora de la competitividad, con el fin de promover el crecimiento económico y la creación de empleo.

Para conseguir este objetivo, la Unión Europea tiene que centrarse especialmente en el conocimiento, la innovación y la inversión en capital humano, así como en el trabajo orientado a eliminar disparidades entre niveles de desarrollo en algunas regiones. Hacer un uso eficaz de los fondos disponibles es una tarea fundamental e implica medidas como el fomento de los programas de asociación entre los sectores público y privado, sobre todo a escala local. Es también muy importante que se preste especial atención a la dimensión urbana, puesto que en las ciudades y en las conglomeraciones es donde se suelen dejar sentir problemas como la delincuencia, la exclusión social, la contaminación o la congestión del tráfico.

Esta Cámara debe sentirse satisfecha con la versión actual de las directrices estratégicas. Ahora solo podemos esperar que los Estados miembros apliquen también con efectividad la política de cohesión sobre la base de estas directrices.

Por último, quiero felicitar a la ponente, señora Krehl, por el excelente documento que ha elaborado.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, yo también quiero elogiar el informe de la señora Krehl y los resultados que ahora se han incorporado a la Directiva, entre ellos los conseguidos en los últimos dos años y medio por la señora Hübner en el debate celebrado a escala europea. Yo soy partidario de la dotación presupuestaria consignada; eso es algo que debemos poder admitir en esta Cámara y yo soy el primero en hacerlo. Pero eso significa también que podemos eliminar la vaga dimensión y fragmentación entre la izquierda y la derecha en política. De esa forma, podremos actualizar la política de cohesión para incluirla en una nueva agenda: la de Lisboa.

La atención se está desviando de menos cemento y menos asfalto a más formación para nuestros ciudadanos en la sociedad del conocimiento. En los próximos 20 años tendremos que hacer frente a una intensa competencia a escala mundial. Por eso será crucial el papel que represente el Parlamento en esta nueva era, con una revisión intermedia en 2009-2010. Lo que cabe esperar para entonces es que la agricultura reciba un mayor peso frente a la política de cohesión y frente al papel externo de Europa en el mundo. Para entonces la atención se centrará en el valor añadido de la política. Precisamente por eso he manifestado en la comisión mi apoyo a la enmienda presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que trata de reforzar el papel del Parlamento Europeo durante la revisión.

Quiero preguntar también a la señora Comisaria y a la Comisión Europea si dispondremos de información suficiente para poder celebrar un debate adecuado sobre las nuevas prioridades financieras. Quiero pedirles información sobre lo que están haciendo ahora los estados nación. Percibo cierta reticencia en nuestros Estados miembros a informar debidamente, y eso me parece verdaderamente lamentable. Se les han dado los instrumentos y deben responder en consecuencia.

Es cierto que la nueva síntesis para la nueva era y las nuevas proporciones financieras exigirán una profunda revisión de la política, así como un papel permanente para las regiones y las ciudades en la política de cohesión.

  Jamila Madeira (PSE). – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta de decisión sobre las directrices estratégicas en materia de cohesión, para la que se nos ha pedido una respuesta favorable y que servirá como base para la elaboración de los marcos estratégicos de referencia nacionales, me parece una excelente declaración de intenciones para el Consejo, por lo que debemos dar la gracias a la señora Krehl. Las directrices estratégicas dejan clara la necesidad de que Europa trate de cumplir los objetivos enunciados en la Estrategia de Lisboa, y que naturalmente me son muy queridos, tanto en lo que se refiere a promover el empleo y el crecimiento, como a promover la innovación y una economía basada en el conocimiento.

Procurando responder a los desafíos de la Unión Europea en la escena mundial y considerando nuestra nueva dimensión y escala, debemos garantizar siempre la participación de todos, ya sean agentes sociales, ONG, autoridades locales o autoridades regionales. Hoy somos un enorme gigante con grandes ambiciones a la altura de nuestra dimensión y no podemos darnos el lujo de descuidar esta o aquella parte del territorio; juntos tenemos que lograr los objetivos que nos hemos propuesto.

Tenemos que demostrar que el modelo clásico con múltiples niveles de nuestra sociedad es suficientemente sólido. El pleno empleo, la mano de obra cualificada, la formación a lo largo de la vida o un aumento de la productividad son requisitos esenciales para que la cohesión económica, social y territorial de la Unión sea una realidad coronada de éxito. Para que eso suceda, todos nosotros debemos aceptar esos factores con un espíritu de cooperación.

El informe da la debida importancia a los factores de inversión en innovación y en investigadores a través de incentivos para conseguir que esos talentos no salgan del espacio europeo, así como a la creación de centros de excelencia; estas son herramientas vitales para el desarrollo económico en las regiones y en los Estados miembros.

Existe cada vez más conciencia de la necesidad de descentralizar los centros de conocimiento de los grandes aglomerados urbanos a las zonas menos pobladas, que pueden ofrecer excelentes condiciones para el emplazamiento de centros de excelencia.

  Antonio de Blasio (PPE-DE). – (HU) Señor Presidente, las directrices estratégicas comunitarias para los próximos siete años que hoy nos ocupan representan un paso importante y son especialmente útiles para conformar la política de cohesión de los nuevos Estados miembros, lo que en definitiva significará una Europa más unificada y cohesiva para todos nosotros dentro de unos años.

El Parlamento Europeo ha actuado con la mayor diligencia posible en la preparación de las directrices estratégicas comunitarias y ahora los Estados miembros tienen que elaborar los mejores, más creíbles y más factibles planes de desarrollo nacional y presentarlos a la Unión Europea.

Permítanme que llame la atención sobre algunos aspectos del documento en los que no se había hecho antes mucho hincapié y que, por tanto, no constituyeron el mismo tipo de incentivo cuando los Estados miembros elaboraron sus respectivos planes de desarrollo. Quiero mencionar en primer lugar la parte del documento que hace hincapié en la participación e implicación general de las distintas organizaciones civiles y profesionales, y urge que todos ellos tengan la misma voz en el proceso de preparación de los planes de desarrollo nacional de los Estados miembros.

La perspectiva según la cual se considera la salud como un valor económico y un motor del desarrollo representa un gran avance en el documento, que recomienda adoptar el mismo enfoque en la preparación de los planes de desarrollo nacional. Hoy la salud no significa ya solo mejorar el sistema de asistencia sanitaria o hacerlo más accesible, sino crear más y mejores puestos de trabajo, lograr los objetivos del desarrollo sostenible y respetar el principio de la igualdad de oportunidades antes mencionado. La atención que recibe la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en las ayudas de la Unión Europea es un importante paso hacia delante que refuerza la confianza entre los Estados miembros.

Todos sabemos el enorme trabajo que supone la elaboración de un documento así. Por mi parte, no puedo sino dar las gracias y felicitar a la ponente, señora Krehl, y al ponente alternativo, señor Olbrycht, por el excelente trabajo que han realizado.

  Brigitte Douay (PSE). – (FR) Señor Presidente, la reducción de las disparidades entre regiones, en particular regiones fronterizos, es un objetivo importante de las directrices estratégicas comunitarias. En esta perspectiva, conviene insistir en las acciones que van a tener una repercusión a largo plazo, como las realizadas en los sectores del transporte y del medio ambiente, pero también en el marco de la Estrategia de Lisboa en materia de apoyo a las PYME y al mercado de trabajo transfronterizo.

No obstante, es de lamentar que, en esta búsqueda de un desarrollo equilibrado, las regiones fronterizas tomadas como base de la política regional sean en ocasiones entidades muy diferentes por sus dimensiones y su población, y puedan presentar importantes disparidades debidas a la nomenclatura estadística. Esto puede dar lugar a atribuciones dispares de los Fondos Estructurales, y se corre un gran riesgo cuando la mejora de la competitividad de las regiones fronterizas, una de las prioridades de la cooperación, se convierte en una dura competencia entre regiones vecinas. Las desigualdades de desarrollo que podrían derivarse de ello a un lado y otro de las fronteras podrían poner en dificultades la política de cohesión de la Unión Europea, cuando uno de los objetivos de la misma es atenuar el efecto negativo de la existencia de fronteras.

¿Como hacer, si así fuera, que los ciudadanos afectados perciban el valor añadido de la Unión Europea? Es imperativo, pues, optimizar las condiciones de un desarrollo económico y social transfronterizo equilibrado y prestar una atención muy especial a los programas destinados a hacer realidad esta cooperación transfronteriza.

Por último, y para concluir, quisiera dar las gracias a la señora Krehl por su informe y sobre todo por su incesante entusiasmo en la defensa de una cohesión duradera.

  Jim Higgins (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción las directrices estratégicas en materia de cohesión y las tres áreas prioritarias identificadas. Al igual que los demás, felicito a la ponente, la señora Krehl.

Como diputado irlandés al Parlamento Europeo y procedente de una economía que en 15 años ha dejado de ser una de las más débiles de la Unión Europea para convertirse en una de las más fuertes, he de reconocer el importante papel que han desempeñado los fondos estructurales y de cohesión en este milagro económico conocido como el «tigre celta». Los 308 000 millones de euros correspondientes al período 2007-2013 se repartirán en su mayoría entre los nuevos Estados miembros. La partida de Irlanda se ve reducida de 3 700 millones en el período 2000-2006 a 901 millones, cifras que sirven de barómetro de nuestro éxito económico. No tengo inconveniente en ello.

No obstante, quisiera pedir a mis colegas de los nuevos Estados miembros que no concedan a sus Gobiernos nacionales el poder de decidir en el nivel gubernamental central cómo y dónde se gastará el dinero. Necesitan estructuras regionales con un poder de desarrollo real, con poderes decisorios reales para las regiones.

Les hablo desde la experiencia. Represento a una circunscripción de Irlanda conocida como la región BMW (Frontera, Centro y Oeste), una de las más pobres, bordeada por el Océano Atlántico y con una extensa superficie montañosa. Es la única región irlandesa que sigue conservando la categoría del Objetivo 1, aunque dejará de ser así el 31 de diciembre de 2006 debido al rendimiento económico nacional. Durante años, los flujos de dinero provenientes de los Fondos Estructurales y de Cohesión, destinados a regiones como la mía, se distribuyeron en Dublín, en el este y el sur del país y en planes de desarrollo nacional cofinanciados. No exagero. La cantidad cofinanciada de 680 millones de euros destinada a la región BMW ha ido a parar a Dublín, al este y al sur. ¿Por qué? Porque en Irlanda no existe una autoridad regional con poderes decisorios reales. Todas las decisiones se toman en Dublín en el nivel gubernamental central.

Es hora de que los nuevos Estados miembros se aseguren de contar con autoridades regionales auténticas –no simples marionetas– o de lo contrario mañana serán ellos los que revivan la experiencia irlandesa. La Comisaria Hübner ha hecho hincapié en esta idea esta tarde. Creo que esto debería ocurrir, tiene que ocurrir, y la Comisión desempeña un papel fundamental a la hora de insistir en que ocurra.

  Sérgio Marques (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero felicitar a la señora Krehl por su excelente informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices estratégicas comunitarias. El informe ha sido fundamental para que una serie de posturas del Parlamento Europeo relativas a asuntos como el desarrollo sostenible, la dimensión urbana, la igualdad de oportunidades o las energías renovables, hayan recibido una acogida favorable en el Consejo. Por esa y otras razones, se justifica la presente recomendación de la señora Krehl al Parlamento Europeo de votar favorablemente.

Cuando se apruebe esta Decisión del Consejo, los Estados miembros dispondrán de muy poco tiempo para presentar a la Comisión Europea sus estrategias para la aplicación de los Fondos Estructurales integrando ya estas directrices comunitarias. Es lamentable que este apretado calendario pueda comprometer la ejecución de la nueva política de cohesión a partir de enero de 2007.

Un comentario también para expresar mi apoyo a las directrices y prioridades propuestas, sobre todo a la idea de concebir la política de cohesión como un instrumento crucial para el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Pero no olvidemos que la Estrategia de Lisboa se basa, por encima de todo, en la idea de promover la competitividad europea, como contrapunto a la idea de solidaridad en la que se basa la política de cohesión. No siempre será fácil compatibilizar estas dos ideas distintas, pero hay que encontrar un equilibrio.

En consecuencia, me parece muy cuestionable la idea de obligar a los antiguos Estados miembros a consignar porcentajes elevados de los fondos para el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y, al mismo tiempo, promover una política de cohesión eficaz, sobre todo en el ámbito de la cohesión territorial.

Confío, pues, en que las estrategias nacionales que se presenten sepan encontrar un equilibrio óptimo entre competitividad y solidaridad.

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en primer lugar, la financiación de la cohesión ha sido muy importante para el éxito de la ampliación de 2004 y, al igual que otros oradores, quisiera dar las gracias a la ponente por su labor en este ámbito. El progreso económico constatado en los últimos años en los 15 Estados miembros de la UE que disfrutaron de una financiación de la cohesión representa un modelo de lo que podemos conseguir cuando se planifican y se aplican adecuadamente los recursos de la UE.

Aunque la aplicación de la Agenda de Lisboa es un asunto que en gran parte corresponde a cada Estado miembro, me satisface que las directrices estratégicas hayan establecido un programa ambicioso para el crecimiento y el empleo, que esperamos se lleve a cabo en toda la Unión Europea.

Cuando los nuevos diez Estados miembros ingresaron en la Unión en 2004, acogimos con satisfacción su adhesión por diversos motivos, especialmente porque los países de Europa Central y Oriental habían alcanzado un hito importante en su transición notablemente breve de los horrores experimentados bajo el comunismo a la democracia. Celebramos la ampliación desde el punto de vista político. Sin embargo, también reconocimos que para que la ampliación funcionara, iba a ser necesario facilitar una financiación adecuada a los nuevos Estados miembros con el fin de impulsar sus economías y, de esta forma, crear crecimiento y empleo. Me complace que estemos utilizando mecanismos de probada eficacia como los Fondos Estructurales y de Cohesión para alcanzar este objetivo tan importante.

El año pasado, el Gobierno del Reino Unido anunció que ofrecería 8 000 millones de euros adicionales para el período presupuestario 2007-2013 para contribuir a la construcción de las economías y las sociedades de los nuevos Estados miembros. Aunque mis electores de Irlanda del Norte reconocieron que la ampliación comportaría una carga financiera para los Estados miembros ricos, a la vez también mostraron un gran interés por garantizar que los fondos fueran asignados de una manera que aportara una mejora sostenible en toda la Unión Europea. Somos conscientes de que a largo plazo el desarrollo económico de la Europa del Este traerá consigo ventajas económicas para todos nosotros.

Como norirlandés, debo decir que mis conciudadanos sintieron mucha envidia de los Fondos de Cohesión recibidos por la República de Irlanda, porque está claro que ayudaron a este país. Es una verdadera lástima que el Parlamento, la Comisión y el Consejo no nos escucharan en el pasado, cuando solicitamos Fondos de Cohesión para Irlanda del Norte.

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión constituyen un documento de extrema importancia que debe contribuir a concluir las estrategias de referencia marco nacionales que regularán el uso de los fondos estructurales en los respectivos Estados miembros. Pero lamentablemente, la aprobación de ese documento se ha retrasado mucho con respecto al calendario original. Los materiales nacionales están ya preparados en la mayoría de los Estados miembros y lógicamente este documento no podrá aplicarse formalmente mientras se estén preparando. Eso producirá más complicaciones durante todo el proceso. Con respecto a las implicaciones para la preparación de los programas operativos y su necesaria aprobación por la Comisión, debemos saber que la programación se va a retrasar, demorando así la perspectiva de que los respectivos Estados miembros puedan utilizar sin ningún tipo de riesgos los recursos financieros de los Fondos Estructurales.

Por otra parte, hay que decir que estos principios estratégicos han incorporado la gran mayoría de nuestros comentarios. Me complace especialmente que no se haya pasado por alto sobre todo el papel crucial de las autoridades locales, es decir, de los pueblos y las ciudades, en el proceso de mejorar la competitividad en el conjunto de la Comunidad. Creo que esta declaración servirá para algo y que todos trataremos de asegurar que se cumpla plenamente el principio de asociación entre administraciones nacionales, regiones, comunidades y otras entidades en todos los Estados miembros.

Señorías, queda todavía mucho trabajo por hacer para explicar algunos aspectos como, por ejemplo, el método de programación para la dimensión urbana. En el futuro, tendrá que explicarse la forma de los planes urbanos integrales, de manera que no se produzcan malentendidos ni se confundan los objetivos, como ocurrió con las ayudas concedidas para mejorar las redes municipales de abastecimiento de agua en la República Checa. Quiero terminar dando las gracias a la señora Krehl.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, señora Comisaria, la ampliación más reciente, mediante la cual la UE ha ganado diez nuevos Estados miembros, ha traído también a la Comunidad diferencias más marcadas en el desarrollo económico, un desplazamiento geográfico de las desigualdades hacia el este, la duplicación de las diferencias socioeconómicas y una disminución del PIB medio. Y eso a pesar de que los nuevos Estados miembros tienen de hecho algunas de las tasas más altas de crecimiento económico. Con la inminente adhesión de Rumanía y Bulgaria, cuyo PIB es un tercio de la media actual de la UE, creo que ahora necesitamos más que nunca directrices estratégicas en materia de cohesión.

El preámbulo del Tratado sobre la Unión Europea menciona la solidaridad europea y especifica que la Comunidad reforzará su cohesión económica y social con vistas, sobre todo, a reducir las diferencias en el nivel de desarrollo entre las regiones. La UE destina más de un tercio de su presupuesto a reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones, así como desigualdades en el nivel de vida. A través del fondo, la UE está contribuyendo al desarrollo de regiones que se habían quedado rezagadas, a la reconversión de algunas regiones industriales y a la revitalización de zonas urbanas desatendidas. La reforma de la política de cohesión debe ofrecer la oportunidad de una mayor eficacia, transparencia y responsabilidad política. En el siguiente período de programación, la política de cohesión tendrá que ser más clara y más coherente y yo personalmente espero que se oriente más a los objetivos y se haga más selectiva. Con respecto a los países que reciben ayuda del Fondo de Cohesión o de los Fondos Estructurales, es necesario que tengamos en cuenta la ampliación y que distingamos entre los distintos tipos de acción que reciben ayuda a través de estos fondos.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, aunque considero que las directrices incorporan ahora las principales preocupaciones del Parlamento, como ustedes saben no estábamos en condiciones de recogerlas todas plenamente. Me refiero en concreto a determinadas disposiciones ahora consagradas en los reglamentos y que, por definición, no pueden contradecirse en las directrices. Tal vez la asignación de fondos sea seguramente el principal ejemplo de una de esas disposiciones a las que el Parlamento suele oponerse, pero permítanme hacer especial hincapié en que la asignación no va en contra de la cohesión.

Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado y de que debemos redirigir los esfuerzos hacia nuevas prioridades para lograr una cohesión sostenible. Al mismo tiempo, en comparación con la propuesta inicial de la Comisión, la lista final de categorías de asignación se ha visto ampliada durante las negociaciones para incluir otros gastos, sobre todo pero no únicamente en las regiones de convergencia. Además, ahora los reglamentos establecen la posibilidad de que durante las negociaciones del programa las autoridades nacionales y la Comisión se pongan de acuerdo en la asignación de otras categorías de gastos que no aparezcan en la lista final, donde se especifica si son de alcance nacional o regional.

Ahora nos encontramos en la recta final de la aplicación de la política de cohesión de la UE. Los reglamentos están en vigor y a principios de octubre, suponiendo la aprobación de mañana por parte del Parlamento, se aprobarán las directrices a modo de primera fase del ejercicio de programación. Aunque se trate de la recta final, no debemos subestimar los desafíos que tenemos por delante para alcanzar la línea de llegada; sin embargo, puedo asegurarles que no escatimaré esfuerzos por convencer a nuestros socios de los Estados miembros y las regiones para que apliquen programas ambiciosos e innovadores.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Ante todo, quiero dar las gracias a todos mis colegas, los colegas en la Comisión y el Consejo y, por supuesto, a la señora Krehl, por el esfuerzo que han hecho para mejorar las directrices.

La esencia y el verdadero logro del acuerdo, desde la perspectiva de las regiones, las micro-regiones y las ciudades de los nuevos Estados miembros, es que su situación ha mejorado claramente. Las fuentes se pueden usar:

– con mayor certidumbre (se puede contar con una mayor certidumbre a partir de 2007, y planificar en pleno funcionamiento);

– con una mayor facilidad (con mucho menos esfuerzo y una legislación más favorable);

– de una manera individualizada (con nuevos objetivos específicos, como rehabilitación de viviendas, transporte público, construcción de carreteras).

Los ámbitos de desarrollo se están ampliando y existe mayor libertad de elección en sus aplicaciones y su valor, lo cual aumenta considerablemente nuestras posibilidades de crecimiento dinámico y de cohesión.

De los 27 países, el mío ocupa el segundo lugar en la cantidad de ayuda de cohesión/convergencia que recibe por habitante, con la que puede conseguirse un desarrollo cuyo valor se estima en al menos 8 000 millones de forints.

En las disposiciones orientadas a nuestra cohesión y por tanto también en las directrices estratégicas, la mayoría de las peticiones de Hungría y las enmiendas propuestas en las comisiones del Parlamento y el Consejo fueron respaldadas; de hecho incluso recibimos cosas que no habíamos pedido ni siquiera esperado.

Se dan todas las condiciones para que las regiones de Europa más rezagadas alcancen a las que van en cabeza. El éxito continuado dependerá de que consigamos construir nuestro país con el tipo de colaboración que encontramos en Bruselas y de que podamos afrontar los verdaderos problemas, de manera que, en lugar de fútiles argumentos, podamos situar a Hungría y a los otros nuevos Estados miembros entre los mejores de Europa. Ahora depende de nosotros...

  Francesco Musotto (PPE-DE). – (IT) Las estadísticas demuestran que entre 1988 y 2001, la distancia entre las regiones más pobres y la media de la UE se ha reducido en un sexto, precisamente gracias a los resultados conseguidos por la política de cohesión.

El año 2005 fue un año récord para la política de cohesión en lo que se refiere a los recursos invertidos, con un total de 38 300 millones de euros destinados al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Instrumento de la Política Estructural de Preadhesión (ISPA) reservado a los países candidatos.

Ese mismo año, la reforma de la política regional de la UE consiguió notables resultados, entre ellos su reconocimiento oficial como instrumento para el crecimiento y el empleo en el marco de la Estrategia de Lisboa.

Estudios recientes demuestran que el crecimiento global del PIB en los nuevos Estados miembros durante el período 2007-2013 será del orden del 7-12 % y que podrían crearse 2,5 millones de puestos de trabajo.

Las nuevas directrices estratégicas aprobadas en esta Cámara hoy se centran más en el crecimiento, demostrando que en el futuro la política de cohesión debe hacer hincapié en la sociedad del conocimiento y de la información, la iniciativa empresarial, el medio ambiente y el empleo, con el fin de promover un desarrollo aún más equilibrado y sostenible de la Comunidad.

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Agradezco de nuevo a la Comisión Europea que en la última versión de sus directrices estratégicas haya reforzado mucho la consideración de la dimensión territorial de la política de cohesión.

Suscribo el deseo formulado por la Comisión de buscar mecanismos de ejecución de la política de cohesión que contribuyan a garantizar un trato equitativo a todas las regiones, sobre la base de sus capacidades individuales en materia de factores de competitividad.

Para la próxima generación de programas, la promoción de la cohesión territorial debe apuntar a que toda Europa tenga la posibilidad de contribuir a las medidas a favor del crecimiento y el empleo, en especial a través de asociaciones de alta calidad que agrupen a actores de todos los niveles: nacional, regional, urbano, rural y local.

El nuevo marco legislativo prevé asimismo conceder a las regiones ultraperiféricas una asignación especial para tener en cuenta los altos costes que la distancia les impone. Comparto el objetivo de la Comisión de hacer que dicha asignación contribuya también a crear crecimiento y puestos de trabajo duraderos en las regiones ultraperiféricas.

18. GALILEO (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral formulada a la Comisión por la señora Barsi-Pataky y el señor Rübig en nombre del Grupo del Partido Popular (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Glante en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, la señora Hall en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europea y el señor Pirilli en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre el inventario del programa Galileo (O-0094/2006 – B6-0430/2006).

  Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE), autora. – (HU) Señor Presidente, señor Vicepresidente, hace un año el Parlamento Europeo votó aquí en Estrasburgo en primera lectura la financiación del programa Galileo, y en conjunto apoyó unánimemente el programa. Un gran éxito del año pasado ha sido la puesta en órbita del satélite GIOVE-A, que ya ha ocupado su frecuencia. Nuestro agradecimiento a los ingenieros y científicos europeos.

Ya se está debatiendo el desarrollo y la ejecución del proyecto, y el Parlamento Europeo toma nota de la comunicación de la Comisión en el sentido de que el primer resultado de esas conversaciones será la llamada «carta de intenciones» sobre su financiación, que se nos presentará a finales de este año. Pedimos a la Comisión que haga todo lo posible para facilitar el logro del objetivo común de financiar el programa GALILEO por un reparto de 2:1 entre el capital privado y la Comisión.

A pesar de los resultados conseguidos, tenemos que manifestar nuestra preocupación. El programa se ha retrasado considerablemente. Somos conscientes de las considerables dificultades a las que se enfrenta la Comisión diariamente. El organismo jurídico europeo es difícil de utilizar cuando se trata de ejecutar un proyecto conjunto. Además, según nuestra experiencia se trata de una tarea nueva y difícil en lo que respecta a financiación, riesgos y operaciones, para la industria espacial europea que ha sido seleccionada para llevar adelante el proyecto.

Estamos de acuerdo en que el programa europeo GALILEO se ha adentrado en la esfera mundial y ha ofrecido sus servicios en todo el mundo. Pero si la cooperación con terceros países va a figurar también en la transformación institucional general de la Autoridad Supervisora, el Parlamento Europeo quiere dar primero su opinión al respecto.

Nosotros, los distintos Grupos políticos representados en el Parlamento Europeo, consideramos que lo que ahora necesita el programa GALILEO es lo que se llama «gobernanza». Por eso quiero preguntar al Presidente y al Vicepresidente qué pretende hacer la Comisión para garantizar que este prometedor programa, que es uno de los vehículos para la Estrategia de Lisboa, se ejecute sin más retrasos. ¿Cuándo estarán preparadas las disposiciones que regularán sus aplicaciones, permitiendo a las empresas europeas prepararse con antelación suficiente para una participación que es la clave del éxito de todo el programa?

  Fiona Hall (ALDE), autora. – (EN) Señor Presidente, al igual que la señora Barsi-Pataky, yo también estoy muy preocupada por la cuestión del calendario. El retraso es muy problemático, porque el atractivo de Galileo para los inversores habrá desaparecido una vez que el sistema norteamericano GPS 3 tenga capacidad operativa, cosa que se estima que ocurrirá aproximadamente en el año 2015. Estaría muy agradecida si el Comisario explicara hasta qué punto el retraso será perjudicial para el éxito de Galileo en el mercado internacional de la navegación por satélite.

Me preocupa que el retraso socave el plan de negocio de Galileo también en otros aspectos. En primer lugar, con el retraso han aumentado los costes. De hecho, los costes de Galileo ya han superado el presupuesto en más de un 40 %. En segundo lugar, el retraso debilita el potencial de ingresos. Se espera que la principal fuente de ingresos proceda de la explotación de los derechos de propiedad intelectual. Los fabricantes de receptores pagarían un canon de licencia a la compañía operadora de Galileo con el fin de que sus receptores fueran compatibles con el sistema. Pero ¿qué fabricante estará dispuesto a pagar un canon de licencia por Galileo si no ofrece ningún valor añadido cuando se compara con un GPS mejorado? En consecuencia, el retraso del programa Galileo no es solo inoportuno, sino que también podría tener consecuencias muy graves para la carga financiera soportada por el erario público. Agradecería enormemente que el Comisario nos diera alguna explicación al respecto.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera dar las gracias a la señora Barsi-Pataky y a la señora Hall, así como al señor Rübig y al señor Glante, que debían reunirse pronto con nosotros. Les doy las gracias, y en especial a la señora Barsi-Pataky, por seguir muy atentamente la evolución de este gran programa Galileo.

Intentaré responderles de forma precisa, pues quisiera disipar ciertos temores, que me parecen, con todo, algo excesivos. Les recuerdo que el programa Galileo se diseñó en tres etapas. En primer lugar, una fase de desarrollo y validación, que comprende el desarrollo de los satélites y los componentes terrestres del sistema, así como la validación en órbita. Esta fase de desarrollo se extiende de 2003 a 2009; actualmente es gestionada por la empresa conjunta Galileo. De 2009 a 2010 tendrá lugar la fase de despliegue, con la fabricación y el lanzamiento de los satélites, y la instalación completa de la parte terrestre. Por último, en 2010, debe comenzar la fase de explotación.

Las fases de despliegue y explotación serán objeto de una concesión durante veinte años. La Autoridad Supervisora, que es una agencia comunitaria gestionará estas dos fases, y será la autoridad adjudicadora de la concesión.

En este calendario hay una fecha a la que debemos atenernos imperativamente –y tienen ustedes mucha razón en este punto–, a saber, la fecha a partir de la cual las empresas y los ciudadanos podrán captar señales fiables y precisas de Galileo. Será a finales de 2010, cuando los primeros satélites de Galileo comiencen a emitir señales.

Dicho esto, no estoy aquí para disimular las dificultades. Galileo no es tan solo una innovación tecnológica, sino también una empresa totalmente específica desde el punto de vista institucional. En el proyecto participan hoy 8 actores industriales, 25 actores públicos y 3 instituciones. Este padrinazgo múltiple será con el tiempo la fuerza de Galileo, pero es cierto que todos estos actores, estos padrinos de Galileo, deben poder adaptarse realmente para hacer avanzar juntos el proyecto.

Cuando observé, en 2005, las dificultades existentes entre los ocho miembros del futuro consorcio industrial, encargué a Karel van Miert que resolviera los problemas, lo que hizo con resultado notable. Tuvimos que encarar también la evolución de los requisitos de seguridad y protección, que hicieron necesario un nuevo plazo debido al examen técnico. Sea como fuere, lo que cuenta es la fecha de 2010.

Por lo demás, en el calendario de las etapas intermedias hay que avanzar también con seguridad, velando mucho por la calidad y la viabilidad del proyecto. Así, las actividades industriales de la fase de validación en órbita, que se han confiado a la Agencia Espacial Europea, se pusieron en marcha en diciembre de 2004. La firma del contrato relativo a la conclusión de esta fase tuvo lugar el 19 de enero de 2006 y los trabajos se desarrollan actualmente de forma satisfactoria. La viabilidad técnica se ha demostrado y ahora hay que sentar las bases para una verdadera cooperación entre el sector público y el privado en los próximos veinte años. Huelga decir que les mantendré informados de los problemas que se planteen en torno a la firma del contrato de concesión.

Ahora, y para responder a la segunda pregunta que me han formulado, quisiera hablar de la Autoridad Supervisora europea, a la que se ha confiado el control del futuro concesionario. La Autoridad Supervisora deberá velar por la observancia, por parte del concesionario, del contrato de concesión y del pliego de condiciones anexo, y tomar todas las medidas pertinentes para garantizar la continuidad de los servicios en caso de incumplimiento del concesionario. Además, la Autoridad Supervisora deberá velar por todos los aspectos técnicos, de seguridad y financieros de la concesión. A este respecto, quisiera decir que la redacción del contrato de concesión es evidentemente muy importante, pues será el principal instrumento en que se apoyará la Autoridad Supervisora para hacer el seguimiento del concesionario. Por tanto, es necesaria sin duda una redacción inequívoca del contrato de concesión y, por supuesto, informaré de ello al Parlamento, puesto que la Comisión se ha comprometido a comunicarle el contenido del contrato de concesión antes de su firma por la Autoridad Supervisora.

Todavía hay que tratar dos últimos problemas: en primer lugar, el problema financiero. El reparto de los esfuerzos financieros entre los Estados miembros y los agentes industriales depende en gran medida de la evaluación de riesgos, pero dicha evaluación depende a su vez de que tengamos el mejor conocimiento posible de las aplicaciones de Galileo. Por esta razón, antes de finales de noviembre, haré una comunicación, a través de un libro verde, sobre dichas aplicaciones. Así, hemos ideado un concurso para recurrir a la imaginación de los europeos sobre las posibles aplicaciones de Galileo. Estoy convencido de que todavía subestimamos el potencial de Galileo e insisto, Señorías, en que por su parte se esfuercen por alentar a todos los industriales europeos a contribuir a este descubrimiento de las posibles aplicaciones de Galileo.

El segundo problema es la cooperación con terceros Estados. Como saben, los acuerdos internacionales relativos al programa Galileo se negocian sobre la base del artículo 300 del Tratado. El procedimiento previsto en dicho artículo incluye siempre la consulta al Parlamento antes de la celebración de los acuerdos, y velaré por ello personalmente. Es indudable que la cooperación con terceros Estados con respecto a Galileo representa una oportunidad, pero dicha cooperación debe encuadrarse, y la Comisión presentará otra comunicación al Parlamento y el Consejo este otoño, en la que expondremos los principales rasgos de la política de cooperación.

Señor Presidente, Señorías, no quiero pasar por alto las dificultades que acompañan la aplicación de un proyecto tan ambicioso, pero al mismo tiempo llamo su atención sobre el riesgo que supone dar la impresión de que este programa va a sufrir, de algún modo, retrasos absolutamente decisivos, que pongan en entredicho la viabilidad del proyecto. No nos encontramos en ese punto, y no nos veremos en él, porque tengo la firme intención, personalmente, con su ayuda, con la contribución activa del Parlamento, de velar por que este gran proyecto pueda realizarse respetando el calendario que nos hemos fijado, para poder garantizar su viabilidad, pues tienen razón, no habrá escasez de competidores. Es necesario, pues, que Galileo pueda ejecutarse en el espacio de tiempo que he indicado. Velaré por ello a lo largo de todo el procedimiento, ayudado y apoyado por este Parlamento.

  Lambert van Nistelrooij, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (NL) Señor Presidente, celebro en particular que estemos debatiendo este tema –aunque sea a una hora tan tardía– porque es desde luego necesario que nos apresuremos. Tenemos que mantener el impulso, sobre todo de cara a la competencia mundial. La señora Barsi-Pataky ha hecho ya una excelente descripción de la situación en lo que se refiere a un posible retraso, el marco jurídico, etc. Espero que me permitan insistir brevemente esta noche en la asociación entre los sectores público y privado.

Se estima que un proyecto orientado al futuro como este puede crear 150 000 nuevos puestos de trabajo y sé que la industria está impaciente por participar en él. Además, hay algunas regiones europeas – como Baviera y el norte de los Países Bajos, por ejemplo – que están dispuestas a invertir dinero de los fondos estructurales para ampliar esta iniciativa. Eso ya se ha hecho antes para el proyecto del radiotelescopio LOFAR en el norte de los Países Bajos.

Como sabrá usted, señor Barrot, en su calidad de Comisario de Política Regional, los fondos estructurales tienen que invertirse, más que nunca, en tecnologías y en información. ¿Estaría usted dispuesto a ocuparse de esta iniciativa basada en una participación y una financiación descentralizadas? Ha mencionado usted el Libro Verde. ¿Podría ser el puente capaz de conseguir esa aceleración?

Me preocupan también las nuevas normas que regularán la ayuda estatal. La señora Kroes ha mencionado hace un momento las posibilidades que existen para este tipo de proyectos. Creo que estamos infrautilizando los otros instrumentos en este Parlamento y en la Unión Europea.

Galileo sigue estando en una posición de ventaja globalmente. Europa sigue estando en cabeza, pero Galileo no puede fracasar en la fase de aplicación. Galileo no debe seguir navegando a la deriva; tiene que ser conducido a puerto.

  Teresa Riera Madurell, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, agradezco a la Comisión sus explicaciones; creo que ha comprendido perfectamente que la situación en la que se encuentra el programa Galileo −igual que está sucediendo, por ejemplo, con Airbus− nos preocupa. Es este realmente el motivo del debate. La planificación temporal y el cumplimiento del calendario previsto son cruciales para la viabilidad comercial y para el éxito del programa.

Galileo está acumulando un sensible retraso con respecto a las previsiones de 2005. El procedimiento de licitación ha sido prorrogado, y ello va a repercutir seriamente en la programación del proyecto en su conjunto. De ahí también la pertinencia de nuestra pregunta. Es necesario asegurar la continuidad del proyecto, buscar las soluciones más creativas y más adecuadas a los objetivos del programa.

Animamos a la Comisión a continuar el esfuerzo negociador, asegurando que no van a producirse nuevos retrasos, para que Galileo, el más grande de los proyectos industriales a escala europea, salga adelante en condiciones óptimas y pueda desempeñar el papel que le corresponde en la consecución de los objetivos de Lisboa.

Pedimos también a la Comisión que emprenda las reformas necesarias para favorecer también la participación de las PYME.

Para apoyarlo, el Parlamento necesita estar informado. El compromiso está ahí y usted lo ha recordado. También debemos estar informados de los costes y consecuencias del retraso. Comparto la convicción de que será útil que el Parlamento haga un seguimiento periódico del proyecto. Para ello es importante que la autoridad supervisora, que usted ha citado, mande también sus informes al Parlamento y que el experto nombrado por el Parlamento tenga el estatus de observador en las actividades de la autoridad.

De hecho, este Parlamento ya ha dado con anterioridad pleno apoyo al programa Galileo, asumiendo compromisos legislativos y presupuestarios, y reconociendo claramente que Galileo es un proyecto estratégico, uno de los pilares de la Estrategia de Lisboa, que, a su vez, ofrece una gran oportunidad para nuestras pequeñas y medianas empresas.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, como saben, me encantaría continuar este diálogo, incluso toda la noche, porque Galileo es un proyecto apasionante.

De todos modos, quisiera tranquilizar de nuevo a sus Señorías. El primero de los dos satélites experimentales fue lanzado desde Baikonur el 28 de diciembre de 2005; transmitió con éxito todas las señales que garantizan el uso de las bandas de frecuencia asignadas al sistema europeo de navegación por satélite. El segundo satélite, GIOVE-B, se lanzará en el curso de 2007. Estará dotado con otros equipos de tecnología avanzada, como el reloj atómico basado en el máser pasivo de hidrógeno, que será el reloj atómico más preciso jamás lanzado al espacio. Paralelamente, las actividades industriales de la fase de validación en órbita se iniciaron en diciembre de 2004. Ya lo he dicho, y lo repito, la totalidad del contrato relativo a la fase de validación se firmó el 19 de enero de 2006, por importe de 1 038 millones de euros.

Ahora abordamos una nueva fase, que va a consistir en buscar todas las aplicaciones posibles de Galileo. Como les he explicado, hemos lanzado una especie de convocatoria a todas las empresas, pequeñas y medianas, y a todos los ingenieros capaces de innovar en la materia. El libro verde tendrá por objeto precisamente plantear las preguntas adecuadas, que deberían permitirnos conocer mejor todas las aplicaciones posibles. Después, cuando tengamos una visión global de las aplicaciones, podremos abordar mejor la cooperación entre el sector público y el sector privado y prever el reparto de los esfuerzos. En efecto, es necesario también que el sector industrial colabore, en la medida en que podrá obtener beneficios de esas aplicaciones. Entonces podremos establecer el contrato de concesión sobre unas bases financieras razonables. Nada lleva a pensar hoy que nos encontraremos en una situación hasta tal punto difícil que ponga en peligro el equilibrio del proyecto.

Dicho esto, me he comprometido realmente a mantener al Parlamento informado; la señora Barsi-Pataky, como ponente, lo sabe bien y le doy las gracias una vez más. Me he comprometido a venir todas las veces que sea necesario al Parlamento para explicarles cómo están las cosas y cómo evolucionan. Han sugerido ustedes que el Parlamento ocupe un puesto de observador; hemos explicado ya nuestra posición sobre este punto ante las comisiones competentes. Es difícil que el Parlamento pueda ser observador y ejercer al mismo tiempo todas sus funciones de control.

Pero, en todo caso, señor Presidente, les confirmo esta noche el compromiso que he contraído: mantendré al Parlamento plenamente informado de todo lo que pase, tanto sobre la ejecución del contrato de concesión como sobre la cooperación entre el sector público y el sector privado, pero también sobre el modo en que vamos a gestionar la aportación de terceros países y su participación en Galileo.

  El Presidente. Quiero dar las gracias al Vicepresidente de la Comisión, el señor Barrot.

Al término del debate se ha presentado una propuesta de resolución⁽¹⁾ de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

(1) Véase el Acta.

19. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

20. Cierre de la sesión

(Se suspende la sesión a las 23.40 horas)