Acta literal de los debates

Miércoles 27 de septiembre de 2006 - Estrasburgo

6. Explicaciones de voto

- Informe Roure (A6-0192/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe Roure porque la guerra contra el terrorismo constituye para los Estados Unidos un buen pretexto para obligar a otros a facilitar información personal. Las disposiciones europeas sobre protección de datos, no obstante, clasifican a los Estados Unidos como un tercer país con una precaria seguridad en cuanto a la protección de datos, algo incompatible con el acuerdo sobre datos de pasajeros, que de por sí es criticable. Da la impresión de que los bancos también están siendo objeto de chantaje para que revelen los movimientos de los fondos. Aun cuando a uno le gustaría pensar que todas estas cosas únicamente se hacen con fines loables, la UE debe dejar de legitimar el concepto de persona transparente y, por el contrario, debería volver a tomarse en serio la protección de los datos.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe constituye claramente un nuevo paso hacia la armonización total de los sistemas de justicia penal de los Estados miembros. Como siempre, las propuestas de este tipo implican un compromiso amplio y muy complicado entre los países. La Lista de Junio es siempre una ferviente partidaria del derecho a la autodeterminación en cuestiones de Derecho Penal de los Estados miembros y nos preocupa enormemente la seguridad jurídica. Entre otras cosas, el informe permitiría en determinadas circunstancias a los agentes privados hacerse con datos personales muy confidenciales, algo que a juicio de la Lista de Junio no cabe considerar ofrezca suficiente seguridad jurídica. Es cierto que las enmiendas del Parlamento contienen ciertas garantías acerca de la seguridad jurídica para los individuos, pero la propuesta en conjunto supone un paso decisivo hacia el control supranacional de algo que se encuentra en el corazón del derecho a la autodeterminación de un Estado gobernado por el Estado de Derecho, a saber, la legislación penal.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista griego ha votado en contra del informe porque, a pesar de las mejoras puntuales que plantea de la propuesta de Directiva de la Comisión Europea, acepta básicamente toda su filosofía subyacente, que no es sino la facilidad ilimitada y, desde un punto de vista práctico, incontrolable, para las autoridades fiscales y los mecanismos de represión no solo de los Estados miembros de la UE, sino también de terceros países (también llamados los Estados Unidos de América) e incluso de particulares, para recopilar, procesar e intercambiar todos los datos personales de cada ciudadano de la UE, incluidos los relativos a sus actividades políticas y sindicales y sus creencias ideológicas, filosóficas y religiosas.

La mirada del gigantesco mecanismo de registro de datos alentado por la UE está puesta ahora en cada uno de los ciudadanos de la UE, por cuanto se pueden recoger y transmitir los datos de cada uno de los individuos, sin que recaiga sobre ellos sospecha alguna de delito, simple y llanamente por cuestiones de orden público y seguridad.

Fundamentalmente se está aboliendo el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales ya que, con la Directiva propuesta sobre la denominada protección de datos personales, las excepciones a dicha protección quedan consagradas como la norma, a través de una referencia simple e incontrolada a cuestiones de seguridad pública, mientras que la protección de los datos se convierte en la excepción que resulta casi imposible que nadie imponga.

- Informe Díaz de Mera García Consuegra (A6-0276/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Díaz de Mera García Consuegra sobre la propuesta de Decisión del Consejo Europeo relativa al programa PERICLES para la protección del euro contra la falsificación de moneda. Es una cuestión esencial para el buen funcionamiento de la moneda única y me alegro de que la decisión se haga extensiva a los Estados miembros no participantes en la zona euro. Es interesante señalar que si el número de billetes de euro falsos parece estabilizarse en torno a 50 000 al mes, se está produciendo una preocupante proliferación de monedas falsas. Esta situación merece que nos preguntemos si no sería interesante estudiar la puesta en circulación de un billete de un euro, a semejanza del billete de un dólar en los Estados Unidos, para evitar la falsificación y responder al mismo tiempo a cierta utilidad práctica para el comercio y los ciudadanos.

  Fernand le Rachinel (NI), por escrito. – (FR) Desde la introducción del euro y la consiguiente retirada de las monedas nacionales de los países de la Unión, solo cabe destacar una cosa positiva: la reducción de la falsificación de moneda.

Así, en 2005 el número total de monedas de euro falsas que se retiraron de la circulación siguió siendo muy inferior al número global de monedas falsas de las antiguas divisas nacionales que se retiraban antes de la introducción del euro.

Esto lo debemos en especial a la buena colaboración entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Banco Central Europeo, Europol, Interpol y las autoridades nacionales competentes.

Pero además de la falsificación pura y simple, está también la reciente aparición de nuevas monedas que se parecen hasta el punto de confundirse con las monedas de dos euros. En efecto, desde el 1 de enero de 2005, Turquía tiene una nueva moneda, llamada la «nueva lira turca». Al mirar la nueva moneda de una lira, observamos que tiene exactamente la misma apariencia y dimensión que la de dos euros. ¿Coincidencia o hábil falsificación? Vayan a saber...

El problema es que esas monedas turcas circulan ya por Europa, lo que hace presagiar sin duda la entrada de Turquía en Europa anunciada por nuestros dirigentes y los eurócratas europeos, despreciando la voluntad de los pueblos.

Estemos atentos, Turquía está más cerca que nunca de nuestras puertas.

- Informe Díaz de Mera García Consuegra (A6-0277/2006)

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Me voy a abstener en la votación de este informe porque creo que la UE debería invertir igual cantidad de recursos en la protección de la corona sueca y otras monedas de la UE, que en la del euro. La lucha contra la falsificación es, desde luego, algo positivo en sí mismo, sobre todo cuando se basa en la cooperación y en las reuniones, y no en un mayor control policial.

- Informe Demetriou (A6-0268/2006)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, no hemos votado a favor del informe del señor Demetriou a pesar de que mejora de forma bastante sustancial la propuesta de decisión marco del Consejo. ¿Por qué no hemos votado a favor? Porque, a pesar de todo, el conjunto de este dispositivo sigue siendo notablemente ambiguo. ¿Qué significa exactamente que se tendrán en cuenta las resoluciones penales tomadas en un Estado miembro? ¿Se tratará de tenerlas en cuenta para evitar la aplicación de la norma de la doble incriminación a fin de evitar dobles condenas injustas? Esto sería perfectamente natural.

Pero por otro lado, ¿se tratará, en cambio, de tenerlas en cuenta para considerar que alguien es culpable de hechos que no se consideren delitos en su país de origen? ¿Acaso, por ejemplo, el historiador David Irving, injustamente encarcelado hoy en Austria por un delito de opinión, será considerado, cuando regrese pronto a su país, como esperamos, un delincuente y un reincidente múltiple, cuando es sin duda el más grande historiador británico especializado en la Segunda Guerra Mundial?

Estas son algunas de las ambigüedades que presenta este texto y que justifican, a nuestro entender, nuestras reticencias, máxime cuando existe un convenio en la materia, el convenio de 1970. Como destaca con toda razón el informe, una decisión marco no puede modificar unilateralmente un convenio internacional. Por lo demás, se plantea el problema de los Estados que no son miembros de la Unión Europea y que, sin embargo, han ratificado el Convenio. Esta reserva, que tiene lugar por nuestra parte con posterioridad a su ratificación, plantea un problema nuevo de Derecho internacional, que preferiríamos resolver con arreglo a los convenios internacionales.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Demetriou sobre la propuesta de decisión marco del Consejo Europeo relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal. El funcionamiento del mercado único y la movilidad de los europeos dentro de la Unión hacen indispensable definir en qué condiciones una condena dictada en un Estado miembro debe tenerse en cuenta en un nuevo proceso penal sobre hechos diferentes en otro Estado miembro. Es imperativo establecer el principio de reconocimiento mutuo de las condenas y la recopilación y el intercambio de información adecuada que sería su corolario natural. Es una condición, sin duda insuficiente, pero necesaria, para avanzar hacia un espacio judicial europeo, pues tenemos la convicción de que la democracia europea debe apoyarse, en particular, en el Derecho y, a la inversa, que el Derecho debe proceder de la democracia.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio considera que la seguridad jurídica para los individuos es un tema muy importante que no debería admitir acuerdos de compromiso. El Derecho Penal afecta al corazón de la soberanía y al derecho a la autodeterminación de un país. Resulta indudable que, en la actualidad, existen culturas jurídicas muy dispares dentro de la UE, lo mismo que existen actitudes muy diferentes respecto de la seguridad jurídica y la imparcialidad de los tribunales. La propuesta corre el peligro de socavar la Convención de La Haya que rige el ámbito internacional de los tribunales penales, firmada en 1972 y que ha venido funcionado satisfactoriamente desde entonces.

Bien es cierto que la Lista de Junio considera que la enmienda del Parlamento está mejor elaborada, pero también opina que la propuesta en su conjunto constituye un paso más hacia la unión supranacional. Por consiguiente, vamos a votar en contra de la propuesta por una cuestión de principios.

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL), por escrito. (DE) Uno de los principios inamovibles en todos los códigos modernos de Derecho Penal es el de nulla poena sine lege, en virtud del cual las penas solo pueden aplicarse a algo que sea punible como delito en el momento de la comisión del acto.

Lo que esto significa, en términos de esta Decisión marco, es que una sentencia dictada previamente en el Estado A no puede ser admitida a trámite en un nuevo juicio criminal en el Estado B, si el hecho en cuestión no constituía una trasgresión punible en B bajo las leyes propias de dicho Estado. Dado que eso, en última instancia, solo puede ser determinado, por ejemplo, por un juez en el Estado B mediante la repetición de todos los trámites del Estado A, completados con el conjunto de pruebas –lo cual implicaría acciones como volver a interrogar a los testigos, lo que no sería ni deseable ni factible–, debe bastar con que tenga motivos fundados de duda de que el acto era punible. Si un juez alberga tales dudas, no debería permitírsele admitir a trámite una sentencia condenatoria previa así.

Resulta lamentable que eso no se proclame de manera explícita en esta Decisión marco. Yo habría presentado una enmienda a ese respecto, si no hubiera sido por el hecho de que se agotó el tiempo disponible para debatir las enmiendas en la Comisión, ya que la fecha tope para presentarlas cayó durante el receso de verano y la votación se celebró inmediatamente después sin ulterior debate en la Comisión. Lo considero tremendamente lamentable, ya que un poco más de tiempo habría permitido evitar el problema que he descrito.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Hemos de subrayar que es la cooperación, más que la armonización, la que debe sustentar cualquier medida en este ámbito. Este informe es sin duda muy útil, pero tenemos que reiterar con firmeza la importancia primordial del respeto de las distintas tradiciones jurídicas nacionales, más que seguir un camino demasiado rígido. Por consiguiente, mis colegas conservadores británicos y yo nos hemos abstenido en la votación sobre este informe.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe apunta en dirección a la armonización de las leyes de procedimiento penal y la «comunitarización» de la ley penal a nivel de la UE, dentro del marco de la ejecución del Programa de La Haya sobre la creación de un espacio único de seguridad, libertad y justicia.

Propone la modificación, en un sentido aún más reaccionario, de la propuesta en favor de una Decisión de la Comisión, por cuanto proporciona la posibilidad de admitir a trámite en un Estado miembro sentencias dictadas en otro Estado miembro contra una persona, aun cuando el acto por el que fue condenada no constituya delito penal según las leyes del Estado en el que se acepta a trámite.

De esta forma, la legislación unificada a nivel europeo está añadiendo una herramienta más al intento por imponer a la legislación penal nacional las disposiciones supranacionales de la UE, que determinarán los actos que considera deben estar clasificados como criminales.

Constituye un paso más que tensa el dogal en torno a las libertades personales, apunta contra el movimiento de base y crea las condiciones previas para que las actividades de lucha de ese movimiento queden clasificadas como criminales.

El Partido Comunista griego ha votado en contra del informe y hace un llamamiento a los trabajadores para que intensifiquen su acción a través del movimiento obrero y de base para defender los derechos democráticos y las libertades de base.

- Informe Capoulas Santos (A6-0271/2006)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, he votado en contra del criterio de mi partido con respecto al informe Capoulas Santos sobre el acuerdo de pesca con Guinea-Bissau. En el curso de los últimos siete años ha crecido mi preocupación por la naturaleza de los distintos acuerdos de pesca que la Unión Europea ha firmado con muchos y muy diversos países. Esa preocupación ha quedado reflejada en el sentido de mi voto hasta este punto.

Hace algunos años leí el informe del Tribunal de Cuentas sobre algunos de estos acuerdos de pesca que planteaba interrogantes y dudas concretas de si reportaban algún beneficio a los países en cuestión. Desde luego es muy limitado el beneficio para las comunidades pesqueras locales, y nulo para la ecología de las pesquerías locales. Desapruebo especialmente el hecho de que la UE esté acaparando los derechos de pesca a precios bajos para que las flotas pesqueras ricas, en especial la española, se estén aprovechando de forma abusiva de ellos, y por tanto he votado en contra de este informe concreto.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) La ampliación de este Acuerdo de Pesca va a permitir una mejor preparación cara al nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y Guinea-Bissau.

La principal dificultad con que se enfrenta la flota comunitaria estriba en la ausencia manifiesta de recursos para la inspección y el control de la zona económica exclusiva del país, es decir, más allá de la zona de las 12 millas. El resultado de la falta de recursos son las prácticas ilegales que están poniendo en peligro la sostenibilidad de las actividades pesqueras de la flota comunitaria.

Esta ampliación también va a mantener las oportunidades de pesca para la flota europea y va a permitir al Gobierno de Guinea-Bissau garantizar unas buenas prácticas de pesca para la UE sobre la base de la sostenibilidad de los recursos afectados.

Voy a votar a favor de este informe.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, se nos pide hoy aprobar un nuevo acuerdo de pesca que exporta nuestras políticas desastrosas a un país tercero. Estos acuerdos no contribuyen al desarrollo, la conservación o la credibilidad de la UE y yo voy a seguir votando en contra de ellos.

- Informe Pittella (A6-0284/2006)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, no he votado a favor del proyecto de presupuesto rectificativo nº 4, el informe Pittella. Ello no se debe a que no sienta respeto por el ponente; de hecho, el señor Pittella me merece un gran respeto y estoy convencido de que esta adaptación concreta en el presupuesto es acertada. Pero se me plantea un problema especial respecto al proceso: una votación por mayoría cualificada sin indicación de los votos, sin comprobación de los votos en la Cámara y carencia absoluta de escrutinio del proceso subyacente.

Quiero dejar constancia de muchas de las preocupaciones de mis electores en relación con el presupuesto europeo. Hace poco he asistido a reuniones en Daventry y en Brixworth, en mi región, en las que se ha expresado la preocupación por el hecho de que el presupuesto no se gaste o aplique debidamente. La transferencia de enormes cantidades de dinero de una línea presupuestaria a otra, que no refleja el enfoque político expresado por el Parlamento en el momento del proceso presupuestario, constituye una práctica preocupante que ocurre cada vez con mayor frecuencia. Por tanto, no he votado a favor del informe Pittella.

- Informe Pittella (A6-0283/2006)

  Lena Ek, Cecilia Malmström y Anders Wijkman (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy hemos votado el presupuesto rectificativo que afecta al aspecto de los ingresos del presupuesto de la UE. El presupuesto rectificativo incluye, por ejemplo, el nuevo cálculo de las contribuciones necesarias para financiar el cheque británico. Consideramos injusto y obsoleto que un Estado miembro disfrute de esta posición ciertamente única y, a este respecto, deseamos subrayar la importancia de revisar el presupuesto de la UE planeado para 2008/2009. Resulta de vital importancia que esta revisión contemple tanto el cheque británico, como la Política Agrícola Común.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado en contra de este informe porque rechaza la propuesta del Consejo de Ministros sobre el presupuesto rectificativo nº 3. A diferencia de la mayoría en la Comisión de Presupuestos, nosotros creemos que el Consejo de Ministros tiene perfecto derecho a redistribuir el gasto entre las distintas instituciones de la UE durante el procedimiento presupuestario, si considera que es lo que procede hacer.

- Informe Jöns (A6-0300/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Con la aprobación del programa PROGRESS han quedado recopiladas todas las acciones comunitarias que anteriormente estaban desperdigadas entre diferentes programas, por ejemplo, la lucha contra la discriminación, la estrategia comunitaria en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, los incentivos en el ámbito del empleo, las actividades referentes a las condiciones laborales y las acciones en la lucha contra la exclusión social.

Durante la etapa de debate y de negociación, hemos podido mejorar diversos aspectos de la propuesta original de la Comisión acerca de PROGRESS, que ahora incluye una serie de propuestas planteadas por nuestro Grupo, del que he sido ponente para opinión en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Pero por desgracia, el importante aspecto de la contribución a la cofinanciación no ha sido modificado. Representa un retroceso para las asociaciones que trabajan en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, toda vez que la contribución ha disminuido del 90 % negociado en 2001, hasta la cifra actual del 80 %, una cantidad igual para todas las asociaciones. Puede haber excepciones, pero va a resultar muy difícil conseguir su aprobación.

Esta es la principal razón de nuestra abstención sobre este informe de aprobación del programa PROGRESS.

  Roger Helmer (NI), por escrito. (EN) Como muchas de las cosas que analizamos en esta Cámara, los objetivos de este programa son bienintencionados.

Sin embargo, dudo de que consiga gran cosa en el terreno práctico. El presupuesto que se propone de 650 millones de euros es al mismo tiempo excesivo e insuficiente: excesivo porque dicha suma, utilizada de forma sensata, puede ser en principio de algún provecho; insuficiente porque, a razón de 1,50 euros por habitante de la UE, no podrá provocar los cambios a gran escala que se persiguen. La mayor parte del dinero irá a parar a la administración, asignación y evaluación, y muy poco a conseguir resultados.

¿Cuándo vamos a aprender de una vez? Una y otra vez nos enfrentamos a programas bienintencionados como este que no producen ningún resultado. Pero seguimos intentándolo. Se trata del triunfo de la esperanza sobre la experiencia.

Y henos aquí de nuevo en otro intento centralizado más de arreglar el mundo. Seamos sinceros. El efecto principal de esta medida consistirá en hacernos sentir aquí en esta Cámara como si hubiéramos «hecho algo». Nos conferirá un halo de afirmación personal. Pero pasará inadvertido para las personas a las que pretende ayudar.

Estamos tocando la lira mientras arde Roma. O tal vez deba decir tocando la lira mientras arde el Tratado de Roma.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Para el período 2007-2013, el programa Progress quiere absorber en un mismo texto los programas comunitarios en materia de protección social, condiciones de trabajo, etc. Este cajón de sastre es una enésima herramienta de inutilidad social, a imagen de la ineficaz «Estrategia de Lisboa» para el crecimiento económico europeo.

Este programa es también claramente ideológico. Si la igualdad entre hombres y mujeres y la consideración de los intereses de las personas con discapacidad son objetivos muy loables, la defensa de las personas que puedan ser víctimas de discriminación a escala comunitaria debido a la raza o al origen étnico, a la religión o a las convicciones religiosas puede ser un medio de reducir al silencio a los opositores a la actual política de inmigración de los Estados europeos, que, desde hace 30 años, pone en peligro nuestros sistemas de protección social.

Además de su coste, este proyecto refuerza los poderes de la burocracia eurobruselense, que tiene una grave responsabilidad en la ruina de varias de nuestras industrias, en la destrucción de nuestros campos y, por tanto, en la regresión social de que son víctimas los pueblos de Europa.

Solo una nueva Europa de las naciones, basada en la solidaridad nacional, permitirá un verdadero progreso social en nuestros países.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) El objetivo global del programa comunitario para el empleo y la solidaridad social –PROGRESS– consiste en proporcionar apoyo financiero para la consecución de los objetivos de la UE en el ámbito del empleo y los asuntos sociales, así como en contribuir a alcanzar las metas de la agenda social en el contexto de la Estrategia de Lisboa.

El acuerdo político parcial sobre una posición común ya incorpora la mayoría de las enmiendas del Parlamento al texto de la propuesta. En términos generales, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han adoptado el mismo enfoque respecto de este programa.

Por tanto, brindo mi pleno respaldo al texto de la posición común, que crea las condiciones propicias para una rápida aprobación de la propuesta de Decisión que establece el programa. Este texto no altera la esencia de la propuesta original de la Comisión, pero aporta mayor claridad y transparencia a la ejecución del programa y, sobre todo, a las cuestiones presupuestarias.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) A medida que Europa envejece y la economía se hace cada vez más globalizada, resulta más necesario conceder especial importancia a la política social, con vistas a fortalecer la cohesión regional y social en Europa.

El programa PROGRESS es algo más que un instrumento notable de política social. Constituye un indicador del hecho de que el Parlamento reconoce que la política estatal continúa desempeñando un papel central en la promoción del empleo, la protección social, la inclusión social, las condiciones laborales favorables, la lucha contra la discriminación, la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres.

Naturalmente, Europa tiene que examinar los indicadores de crecimiento económico que necesita para mejorar.

Pero para que eso ocurra, es necesario que los Estados miembros comprendan que hay que progresar en determinados aspectos clave, tales como avanzar más decididamente en la construcción del mercado interior.

El enfoque de que lo que se necesita es más Europa y menos egoísmo constituye un factor vital adicional para el éxito de la política de cohesión regional y social.

Aplaudo la simplificación que va a aportar PROGRESS, al continuar desarrollando actividades lanzadas por cuatro programas anteriores, en línea con el propósito de la Comisión de consolidar y racionalizar los instrumentos financieros de la UE.

- Informe Krehl (A6-0281/2006)

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del dictamen conforme sobre las directrices estratégicas para la cohesión, pero quiero subrayar que la reforma de la política regional se ha efectuado en el difícil marco de la renovación de las perspectivas financieras, y también en el marco del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, que ha reorientado claramente sus objetivos.

Ahora bien, una reorientación exclusiva hacia la innovación, la economía basada en el conocimiento y la competitividad en los antiguos Estados miembros no basta para garantizar los objetivos de cohesión territorial y sostenibilidad que me parecen prioritarios.

Deploro, en especial, que la orientación de los créditos hacia los objetivos de Lisboa, así como la clasificación del gasto no se hayan sometido al acuerdo del Parlamento.

Lamento también que la dimensión territorial de la cohesión no se haya tenido explícitamente en cuenta como una directriz estratégica de pleno derecho. No obstante, para el desarrollo de las zonas rurales aisladas, no es suficiente. Me preocupa la suerte que les reserve la programación, puesto que todavía no tenemos una línea clara de demarcación entre la intervención del FEDER y la del FEADER, que está integrado en la PAC y cuyos importes son muy limitados.

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo ha aprobado por fin las directrices estratégicas comunitarias para 2007-2013. He votado a favor de las recomendaciones de la ponente, que aprueba dichas directrices.

No obstante, en el debate he llamado la atención de la Comisión sobre el reto de la cooperación transfronteriza, que debe permitirnos reducir las disparidades entre zonas fronterizas de la Unión, siempre que unas asignaciones dispares de Fondos Estructurales derivadas de la nomenclatura estadística no obstaculicen el objetivo de cohesión y no incrementen las desigualdades.

Es esencial garantizar unas condiciones de desarrollo económico, social y territorial equilibrado a un lado y otro de las fronteras y prestar una atención especial a los programas destinados a la cooperación transfronteriza.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) La rápida aprobación de las directrices estratégicas de la Comunidad sobre cohesión constituye un factor de vital importancia en el proceso en curso de programar la aplicación de los Fondos europeos en los Estados miembros en el campo de la reforma de la política de cohesión para 2007-2013, con vistas a que los nuevos programas financieros estén operativos a partir del 1 de enero de 2007.

El Parlamento tuvo ocasión de pronunciarse sobre las directrices en su sesión del 18 de mayo en una resolución que aprobó sobre la base del informe Krehl acerca de la preparación del procedimiento de dictamen conforme relativo a las directrices estratégicas comunitarias 2007-2013 (Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo), que yo respaldé y sobre el que voté en consonancia.

La recomendación sobre la propuesta de una Decisión del Consejo sobre directrices estratégicas comunitarias relativas a la cohesión por parte de la señora Krehl se basa en dicha resolución parlamentaria del 18 de mayo.

Por tanto, he vuelto a votar a favor.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Ahora que la mayoría del Parlamento ha dado su aprobación a las directrices estratégicas de la Comunidad sobre cohesión para 2007-2013, los Estados miembros han de presentar sus marcos de referencia nacionales.

No aceptamos el cambio que implican estas directrices estratégicas, por cuanto relegan la cohesión a un segundo plano respecto de la competitividad; en otras palabras, el objetivo de la cohesión económica y social se convierte en secundario respecto de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y su agenda neoliberal de liberalización de los mercados y los servicios públicos, de promoción de la desregulación y la reducción de la seguridad laboral, de privatización de la seguridad social y de vender la educación y la investigación al mejor postor.

Es una agenda, en otras palabras, que socava la cohesión económica y social y promueve las diferencias territoriales y las desigualdades sociales.

El establecimiento de una cuota mínima de fondos para estos fines –al menos el 60 % para las regiones de convergencia– resulta, por tanto, inaceptable ya que contrapone objetivos contradictorios, sobre todo en un contexto en el que la cantidad de fondos ha quedado recortada hasta el 0,37 % del PIB de la Comunidad, frente al 0,41 % en el marco anterior.

Además, nos oponemos –especialmente en este contexto– a ampliar el uso de asociaciones entre el sector público y el privado.

Por consiguiente, hemos votado en contra.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, felicito a nuestra ponente, la señora Krehl, por el equilibrado informe sobre este asunto crucial. En Escocia tenemos amplia experiencia en el uso efectivo y correcto de los Fondos Estructurales y resulta esencial que los mismos continúen evolucionando para responder a las necesidades de Europa. Este informe tiene debidamente en cuenta los acontecimientos y sugiere una serie de avances provechosos, por lo que lo acojo con sumo agrado.

- Informe Rapkay (A6-0275/2006)

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Señor Presidente, quisiera explicar por qué, tras los interesantes debates de ayer y las votaciones de hoy, he votado en contra del informe Rapkay: es muy sencillo, pues no puedo más que constatar que representa una clamorosa victoria para los liberales.

Hemos votado a favor de la desregulación de los servicios públicos, hemos votado en contra de una directiva marco, hemos votado en contra de la distinción entre los servicios de interés económico general y los servicios de interés general, hemos votado a favor de la aplicación de las normas de la competencia a todos los servicios de interés general y su definición precisa, hemos votado en contra de la definición de «autoproducción», en otras palabras, del control estatal, hemos votado en contra de los detalles de los criterios Altmark. Retrocedemos así de forma considerable con respecto a las resoluciones anteriores, la del señor Herzog y la del señor Langen en 2001, y la Comisión nos propone a cambio una nueva comunicación a finales de año.

Esto significa que en estos momentos dejamos sectores enteros del Derecho comunitario y de los servicios públicos locales expuestos a las incertidumbres del Tribunal. ¿Qué entendemos por administración directa? ¿Qué entendemos por estructura intermunicipal? ¿Qué entendemos por sociedad de economía mixta? ¿Qué concesiones hay que hacer al mercado y a las normas de competencia? Todavía no lo sabemos, y por esa razón seguiré batallando a favor de unos textos transversales que permitan garantizar la subsidiariedad. Creo, por desgracia, que estamos lejos de la cuenta y que, hoy, es una batalla perdida. Espero que no sea una derrota definitiva.

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Señor Presidente, no hemos votado a favor del informe Rapkay por una razón muy concreta: representa un retroceso totalmente injustificado con respecto al texto de la Constitución.

El texto del proyecto de Constitución preveía que una ley europea estableciese los principios y las condiciones para la prestación, la ejecución y la financiación de los servicios de interés económico general. Se trataba, pues, de lo que en la nomenclatura actual se denomina una directiva marco. El informe no solo se ha alejado de ello en el fondo, sino que, al rechazar la enmienda 10, rechaza formalmente el texto constitucional y señala públicamente su oposición al mismo.

Por consiguiente, me preocupa el cambio de trayectoria de este Parlamento, que pretende apoyar de forma masiva el texto constitucional y que, cuando se trata de algo importante e incluso capital para la opinión pública de cierto número de países, da marcha atrás sin ninguna justificación.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Rapkay sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre los servicios de interés general (SIG) porque es un informe equilibrado. En particular, tiene la valentía de indicar que es imposible definir los SIG de modo uniforme en un entorno económico y social tan heterogéneo como el de la Unión Europea y que, en esta materia, hay que reafirmar el principio de subsidiariedad, dejando a los Estados miembros la tarea de regular lo que pertenece o no al interés general y de asumir directamente las consecuencias de sus decisiones. Tras las dificultades vividas para alcanzar un compromiso político en primera lectura sobre la Directiva de servicios, el debate sobre los SIG dista mucho de haberse cerrado. En efecto, es urgente legislar a escala europea sobre sectores concretos, en particular los servicios sociales y sanitarios de interés general, a fin de conferirles seguridad jurídica. Por último, este tema será un elemento importante de la competitividad del espacio europeo, a la que debemos estar atentos.

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe del señor Rapkay sobre el Libro Blanco sobre los servicios de interés general porque varias enmiendas en las que tenía un gran interés han sido rechazadas, en especial la que pedía una directiva marco sobre los servicios de interés general y las que pedían una aclaración de los criterios de distinción entre los servicios de interés general (SIG) y los servicios de interés económico general (SIEG), así como de los criterios de concesión de una compensación para las prestaciones de servicios públicos y de la autoproducción.

No hay que ceder en estos puntos primordiales para el futuro de los servicios públicos en nuestros territorios y dar marcha atrás con respecto a lo que votó el Parlamento en la resolución Herzog de 2004 y la resolución Langen de 2001, justo cuando el Grupo del PSE ha redactado una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general que todavía va más lejos.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) Como ponente para opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (SIG), he luchado a favor de lo siguiente:

- la exclusión total de los SIG –tanto de interés no económico (SINEG) como económico (SIEG)– del ámbito de la Directiva sobre los servicios en el mercado interior (la «Directiva de servicios»).

- la aprobación, como contrapartida, de una Directiva marco, una legislación marco o un marco jurídico general, como prefiera llamarse, para los SIG (incluidos los SIEG, aunque ello no impide que estos últimos estén sujetos a una reglamentación sectorial especifica); y

- la definición y descripción de los SIG, junto con una clarificación de la distinción entre SINEG y SIEG, a efectos de seguridad jurídica.

En términos generales, considero que estas ideas han quedado reflejadas en este informe. En consecuencia he apoyado y he votado a favor de este informe.

No obstante, lamento que el informe no haya incorporado otra de las ideas principales que presenté en la opinión de la que fui ponente, a saber, el reconocimiento, dentro del contexto de los SIG, de la situación particular de las regiones ultraperiféricas, teniendo en cuenta las dificultades concretas de naturaleza estructural y permanente con que se enfrentan.

  Anne Ferreira (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe del señor Rapkay por las siguientes razones. En primer lugar, no se pide a la Comisión que proponga una directiva marco sobre los servicios de interés general. A partir de ahora, se cierne una amenaza sobre las administraciones, las sociedades de economía mixta y las estructuras intermunicipales debido al riesgo de contenciosos en nombre del Derecho de competencia. El señor Barroso no se equivocó en el debate en el Pleno al constatar la ausencia de consenso sobre una propuesta de directiva marco.

Al negarse a definir los servicios de interés general y el Derecho específico que se les aplicaría, la Comisión deja que las reglas del mercado y, por tanto, el Derecho de la competencia se apliquen a los servicios públicos.

Ya no es hora de presentar una enésima comunicación, ni nuevas propuestas sectoriales. Esperamos que la Comisión respete las decisiones del Parlamento Europeo y proceda lo antes posible a una evaluación de las políticas de liberalización practicadas. Sabemos que los resultados están lejos de los objetivos anunciados.

Esta resolución no considera los servicios de interés general un pilar fundamental del modelo social europeo ni un medio de realizar los objetivos sociales, económicos, ecológicos y de cohesión territorial de la Unión.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado en contra de este informe porque su orientación general es la subordinación de los servicios públicos a la competencia y a un futuro mercado interior de servicios, a la luz del compromiso alcanzado por el Consejo acerca de la famosa Directiva Bolkestein.

Al mismo tiempo, encubre los efectos de las liberalizaciones sectoriales que ya se han producido en entornos como el trasporte, la energía y las comunicaciones. En contra de lo que se ha dicho, y tal como han demostrado muchos grupos de usuarios y organizaciones de protección de consumidores, la liberalización se ha traducido en una mayor dificultad de acceso a los servicios, una menor calidad de servicio, precios más altos y la pérdida de miles de puestos de trabajo, so pretexto de la reestructuración sectorial.

La idea de dividir los servicios de interés general en económicos y no económicos, desde un punto de vista mercantil, forma realmente parte de un intento de colocar la práctica totalidad de los servicios públicos a merced del mercado.

Nuestra posición consiste en defender la competencia exclusiva y la soberanía de los Estados miembros para definir cómo se han de financiar los servicios públicos y cómo se debe organizar dicha financiación. A la postre, la titularidad pública es un elemento fundamental para proteger los servicios públicos de alta calidad, a efectos de garantizar el acceso universal en todo el territorio de la UE, el abastecimiento a precios socialmente justos y la participación democrática de los usuarios finales en la definición, gestión y fijación de la calidad de estos servicios.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Rapkay sobre los servicios de interés general, ya sean económicos o no, nos augura un enésimo cajón de sastre legislativo a escala europea y nuevas intromisiones de la Comisión en los sistemas presupuestarios y fiscales de los Estados y sus entidades territoriales, todo ello violando por completo el principio de subsidiariedad, sin embargo abundantemente citado por el ponente.

Hay que recordar sin cesar a los ciudadanos europeos que la liberalización de los servicios públicos, con las consecuencias que conocemos, es la manera que tiene la Comisión de Bruselas de practicar el chantaje jurídico con los Tratados.

Ahora bien, el mercado, por sí solo, no puede garantizar ni la calidad, ni el desempeño de todas las misiones de estos servicios, ya sean sociales, de ordenación del territorio o de interés estratégico y nacional.

Los servicios públicos, sean rentables o no, deben ser competencia exclusiva de los Estados, tanto en lo que concierne a su definición como a su organización, a las modalidades de designación, el número y la naturaleza de las entidades a las que se confían, o incluso a su modo de financiación.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado en contra del informe Rapkay porque considero que la redacción final no presta apoyo suficiente a los servicios de interés general (servicios públicos). Las Directivas se base sectorial por sí solas se traducen exclusivamente en un recorte progresivo del interés público general y adecuar los sectores para el beneficio de las empresas. Hay ciertos aspectos de los servicios sociales que sustentan el sector educativo, formas de vivienda que están al servicio del interés público general, aun cuando no se ocupen expresamente de un sector social desvalido, etc. Un enfoque sectorial no basta. Como hemos hecho tantas veces en el terreno ambiental, primero necesitamos una Directiva marco global que ponga a salvo el interés general antes de embarcarnos en sectores específicos. Podemos encontrar un fundamento jurídico. No basta con decir a la gente que pertenece al ámbito de competencia de los Estados miembros, cuando los Gobiernos de los mismos están utilizando las reglas de mercado, la Directiva de servicios y otros medios para conseguir la liberalización por la puerta de atrás. Espero que quienes han apoyado la enmienda sobre liberalización, quienes han votado en contra de una Directiva horizontal y a favor del informe final sean capaces de explicar a sus colegas en la administración local y regional por qué no están defendiendo con mayor ahínco los servicios públicos que sus colegas han de prestar.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Rapkay sobre los servicios de interés general (SIG) es seductor a primera vista. En él se habla de una mayor protección de los servicios públicos, de una mejor defensa del principio de subsidiariedad, del respeto democrático de las tradiciones nacionales y de aclarar las definiciones relativas a los SIG mediante la introducción, en particular, del concepto de servicios de interés «no económico».

Esas buenas intenciones pueden ilusionar, sobre todo si el proyecto de directiva marco parece hoy abandonado. Sin embargo, muchas de las normas vinculantes van a competir con las prerrogativas de los Estados miembros, como el control de los medios de financiación. Así pues, se deja abierta la puerta a una futura deriva europeísta.

Por último, me resulta claramente imposible votar a favor de este texto porque hace referencia al Tratado Constitucional, una Constitución que, según el informe, daría mayores garantías a los SIG frente al batiborrillo legislativo europeo actual. Ahora bien, les recuerdo que la Constitución europea fue democráticamente rechazada por los pueblos neerlandés y francés.

Este texto, que al final no es ni A ni B, solo puede merecer un voto de abstención.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Rapkay porque no reconoce la necesidad de una directiva marco para los SIG y los SIEG, dejando la puerta abierta a que continúe la desregulación en curso, que pone en peligro nuestros servicios públicos, así como el acceso de todos y en todas partes a estos servicios esenciales.

Una directiva marco debería garantizar la estandarización entre los usuarios, la igualdad entre los ciudadanos y las regiones, la ordenación del territorio y la continuidad a largo plazo de los servicios prestados, así como un nivel de calidad normal.

Es urgente frenar esta liberalización generalizada, que no satisface ni a los asalariados de estas actividades ni a los ciudadanos.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los servicios de interés general, con la pertinente distinción entre su carácter económico y no económico, se hallan en el punto de mira de las grandes empresas, con vistas a comercializar la prestación de las necesidades básicas y aumentar sus beneficios.

La UE está intensificando la abolición de la ayuda estatal con la excusa de proteger la competencia y promover la plena liberalización y privatización de los servicios a fin de permitir la penetración de las grandes empresas. Dentro del contexto del mercado único y del Pacto de Estabilidad, los Estados miembros están liquidando la riqueza popular, fortaleciendo con ello la plutocracia. Según la UE, hay que vender los servicios rentables para el capital.

Los resultados de esta política van a ser especialmente dolorosos para los trabajadores: pérdida de miles de puestos de trabajo, peores relaciones industriales y una caída del nivel de vida. Las consecuencias, que ya hemos presenciado en servicios que han sido víctimas de las reestructuraciones capitalistas y la política de privatización, serán particularmente negativas para todos los usuarios de tales servicios, sobre todo las clases más bajas.

El Partido Comunista griego ha votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo que acepta la división de los servicios de interés general en servicios económicos y no económicos, y promueve la liquidación y comercialización de estos servicios. Apoya la lucha obrera a favor de unos servicios públicos mejores y más baratos en bien del nivel de vida de la gente y no de las ganancias de los monopolios.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Con independencia del modelo de economía capitalista y de mercado que propugnamos, siempre existirá la necesidad de que los servicios públicos sean prestados por organismos públicos, ya sea de forma directa o indirecta. En consecuencia, y dado que este asunto aparece en varias medidas comunitarias –aunque solo sea para excluirlo de su ámbito de actuación– resulta comprensible que la Comisión presente su opinión sobre este tema.

Dicho esto, quiero expresar tres reservas, teniendo en cuenta futuros desarrollos. Primero, la UE no se encuentra en condiciones de prestar servicios de interés económico general, y eso es cada vez más cierto también para los servicios de interés general (cualquier excepción debería estar basada idealmente en la cooperación entre los Estados miembros); la legislación relativa a estos servicios debe hallarse cada vez más en el plano nacional, aunque también debe cumplir las reglas del mercado interior y los principios de libertad de establecimiento y de libertad de prestación de servicios.

Por último, lamento que la resolución sobre este tema pida a la Comisión que presente un análisis exhaustivo «de las incidencias de la liberalización hasta la fecha, en particular con respecto a la situación de los consumidores y de la población activa afectada». El término «afectada» introduce un sesgo ideológico en un contexto que debería ser imparcial.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) El mercado interior de la UE ya ha demostrado su eficacia a la hora de liberalizar un gran número de sectores de servicios, que en última instancia ha beneficiado a los consumidores y a la población activa europea.

Sin embargo, con el fin de dotar a la economía europea de un nuevo ímpetu, la UE tiene que dar otro salto cualitativo para completar su mercado interior y obtener así el máximo beneficio de él.

Este salto hacia adelante podría conseguirse a través de iniciativas en el ámbito de los servicios de interés general (SIG), servicios públicos que no son de naturaleza mercantil y que están financiados en gran medida por fondos públicos.

Creo que la definición exacta, la formulación, la organización y la financiación de los SIG deberían corresponder exclusivamente a los Estados miembros, reflejando la realidad de estos y el respeto por la autonomía regional y local.

La prestación de los SIG a nivel local, regional y nacional ha estado en desacuerdo con la legislación comunitaria. Estos servicios se hallan en una nebulosa legal a nivel europeo, dado que no está claro qué reglas son aplicables a los SIG, en lo referente, por ejemplo, a la competencia, los concursos públicos y el mercado interior. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo apenas ha contribuido a disipar dicha nebulosa.

Apoyo el informe por cuanto promueve una diferenciación clara, por una parte, entre la ejecución del Derecho comunitario y, por otra, la persecución de los objetivos de interés público en la prestación de los SIG.

- Informe Eurlings (A6-0269/2006)

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la delegación del Partido Popular austriaco ha votado «sí» a la primera parte del apartado 69, porque lo consideramos un proceso con un resultado abierto, mientras que hemos rechazado la segunda parte, porque se halla en contradicción con la primera. Sin embargo, en la votación final, a pesar del apoyo mayoritario a la segunda parte, hemos votado a favor, considerando que este informe no enjuicia el objetivo último, sino el progreso de las negociaciones hasta la fecha, y que constituye un debate crítico y objetivo de las leyes compartidas y las resoluciones de la Unión Europea, más que una votación y una declaración final. He querido hacer esta declaración para evitar cualquier incoherencia e interpretación errónea.

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado, con toda intención y convicción, a favor de la primera parte del apartado 69 y contra la segunda, porque opino que el magnífico trabajo realizado por el señor Eurlings y otros muchos diputados constituye una enumeración de asuntos y situaciones que hablan en contra de la adhesión turca, y esa es una razón por la cual las negociaciones no deberían tener como objetivo final la adhesión.

Por ese motivo he votado en contra del informe en su conjunto. Deberíamos centrarnos en el apartado 71 e intentar encontrar una forma de vincular a Turquía a las estructuras europeas; lo mismo deberíamos hacer con otros países vecinos, a los que no se debería negar la perspectiva de convertirse en Estados miembros y a los que, en ningún caso, consideramos capaces de llegar a serlo.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, aunque no existe ninguna duda de que contiene una serie de aspectos válidos o interesantes –cuando menos la forma en que pone en claro que Turquía no está preparada para entrar en Europa y que, tal vez, nunca lo llegue a estar– he votado contra el informe Eurlings, y lo hecho porque el Gobierno turco no hace sino perder el tiempo en maquillajes, por cuanto ha accedido a algunas reformas, si bien no las ha ejecutado, por no mencionar el hecho de que no estamos aproximándonos a la resolución de determinados problemas con un considerable potencial nocivo, tal como el conflicto con Chipre, el problema kurdo o el reconocimiento del genocidio armenio. Todos estos asuntos deberían haber quedado resueltos mucho antes del comienzo de las negociaciones, tanto más en razón de los 1 300 millones de euros que se han concedido a los turcos a lo largo de los últimos años en concepto de ayuda previa a la adhesión. Creo que ya es hora de que hagamos lo que los ciudadanos de Europa llevan haciendo desde hace algún tiempo, profiriendo un sincero «no» a las negociaciones de adhesión.

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, hemos sido muchos los que nos hemos abstenido sobre el informe Eurlings, y ello por las siguientes razones.

Habríamos votado a favor de este informe, ya que, como dije ayer, es el más crítico con el comportamiento de Turquía hacia la Unión Europea que nunca ha adoptado este Parlamento. Por desgracia, con su voto, el Parlamento ha rechazado el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para la adhesión y, por otra parte, ha adoptado, a pesar de nuestro voto y del de muchos de nuestros colegas, una disposición que prevé implícitamente la adhesión como único resultado de la negociación.

En estos dos puntos estamos en desacuerdo. No obstante, no hemos querido oponernos a los esfuerzos realizados por el señor Eurlings y la Comisión de Asuntos Exteriores, que han transmitido una señal muy fuerte en nombre de este Parlamento, y por eso nos hemos abstenido.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, en principio tenía la intención de votar hoy a favor del informe Eurlings aunque yo, decidido enemigo de la adhesión de Turquía, creo que este informe pasa por alto la esencia del asunto, pero una serie de enmiendas, en concreto las relativas a Armenia, me han empujado a cambiar de parecer durante el procedimiento de votación, por lo que he terminado por votar contra este informe.

Lo que sí ha conseguido el informe Eurlings, no obstante, ha sido poner de manifiesto que la mentalidad en este Parlamento y en Europa ha cambiado en la dirección acertada durante los dos últimos años, y que somos más conscientes de los numerosos aspectos en los que Ankara no está cumpliendo los criterios de adhesión de Copenhague. Por tanto, ha sido positivo que el ponente nos recordara el genocidio armenio, pero la votación de hoy deja en ridículo a los Liberales, los Verdes y los socialistas en este Parlamento. Están henchidos de derechos humanos y de grandes principios, pero a la hora de la verdad, cuando hay que enfrentarse a los hechos reales de la política, no están a la altura de las circunstancias. Resulta difícil imaginar una actitud más egoísta. Parece ser que no todos los genocidios son merecedores de nuestro recuerdo.

Lo mismo cabe decir del tema de Chipre, con respecto al cual muchos en esta Cámara parecen olvidar que la mitad septentrional de dicho país, con su régimen terrorista, se halla sometida desde hace treinta años al dominio de Turquía, un país que jamás podrá, y de hecho nunca debería, convertirse en Estado miembro de la Unión Europea.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe Eurlings, ya que continúa partiendo de la premisa de que la adhesión de Turquía sigue siendo deseable. Pero si analizáramos la impresionante nómina de problemas graves, opinaríamos lo contrario. Suprimir la cláusula clave sobre el genocidio armenio constituye una ignominia; el efecto real de ello es que nosotros, en esta Cámara, nos estamos distanciando de las dos resoluciones que hemos aprobado en el pasado sobre este asunto. Alienta igualmente al Gobierno turco a continuar practicando su política de negación patrocinada por el Estado.

A ese respecto, condeno igualmente la falta de entereza puesta de manifiesto por los Grupos de la izquierda. El Parti Socialiste valón, por ejemplo, ha retirado su apoyo al reconocimiento del genocidio armenio por miedo a perder votos entre el creciente electorado turco en Bruselas, donde se van a celebrar elecciones dentro de dos semanas. Ya está bien de la gente que pretende defender principios grandiosos. ¡Y luego hablan de hipocresía!

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, yo también deseo hacer una explicación del voto en relación con el informe Eurlings. Aunque el informe contiene muchas afirmaciones que puedo respaldar, finalmente he votado contra su aprobación porque soy básicamente contrario a la pertenencia de Turquía a la Unión Europea, mientras que el informe –si bien impone muchas condiciones– no excluye la condición plena de Estado miembro como objetivo. Otra razón por la que he mostrado mi rechazo es porque el informe no aboga por la suspensión, con carácter inmediato, de las negociaciones de adhesión con Turquía.

Resulta intolerable que continuemos negociando con un Gobierno turco, algunos de cuyos miembros recientemente han comparado al Papa Benedicto con Hitler y Mussolini. Han sido políticos de origen turco los que han vertido las declaraciones más odiosas en respuesta al discurso del Papa Benedicto en mi país de origen. Sin embargo, a este respecto seguiré confiando en el pueblo de Francia, pues parto de la base que la mayoría de ellos van a votar en contra de la adhesión turca, de manera que no resulte aprobada.

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Señor Presidente, en la UDF apoyamos con firmeza el informe del señor Eurlings, pues contiene verdades muy importantes que hay que decir. A pesar de todo, nos hemos visto obligados a abstenernos. ¿Por qué? En primer lugar, precisamente porque el informe parece excluir la idea de una cooperación reforzada como alternativa a la adhesión pura y simple, que no es realista. Y, sobre todo, porque al rechazar el apartado sobre Armenia este Parlamento transmite una señal extraordinariamente negativa.

Les recuerdo que en 2004 votamos una resolución en la que pedíamos el reconocimiento del genocidio armenio; que en 2005 votamos una resolución en la que pedíamos que el reconocimiento de dicho genocidio fuera una condición previa para la adhesión.

Hoy, olvidamos todo eso. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de un Parlamento que cambia de opinión, que olvida sus resoluciones. El mensaje es simple, es decir a los turcos: no se apuren en evolucionar en este punto, pueden seguir haciendo de la mera evocación del genocidio un delito de opinión, que, al final, no se les pedirá el reconocimiento de dicho genocidio. Es un mensaje extremadamente negativo, extremadamente grave. Lamento que se haya lanzado y que, por otra parte, nos haya impedido votar a favor del excelente informe del señor Eurlings.

  Mario Borghezio (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, durante el debate para evaluar el hipotético progreso de Turquía hacia la adhesión a la Unión Europea, y dado que hemos aprobado una importante resolución sobre el genocidio armenio, me he estado planteando qué otra cosa podemos exigir, finalmente, de Turquía sino un compromiso claro en este ámbito: en concreto, el compromiso a respetar los derechos humanos y a aceptar los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea.

Sin embargo, la votación de hoy ha vuelto a poner de manifiesto la hipocresía de la corrección política, por cuanto busca eludir la necesidad de una rotunda declaración de las demandas que Europa tiene la obligación de plantear a los dirigentes e instituciones turcas, la misma gente que ha acogido las palabras y la próxima visita del Papa con un lenguaje soez y violento y amenazas mafiosas.

Europa se limita a mirar, mientras sus libros de texto escolares siguen enseñando a los niños turcos que el genocidio armenio es una invención de la Historia. La gente tenía razón cuando nos aconsejó prestar mucha atención a las críticas vertidas contra quienes desean escribir de nuevo la Historia. ¡Qué vergüenza! Turquía continúa negándose a reconocer los derechos de los pueblos –no solo de los armenios, sino también de los kurdos– mientras Europa permanece sumida en un silencio hipócrita y vergonzoso. Ya no es la Europa de los derechos humanos, sino una Europa a la que no le pueden importar menos los derechos humanos.

  Renate Sommer (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor de la aprobación del informe Eurlings porque lo considero un informe bueno, crítico y el mejor en su género que se nos ha presentado hasta la fecha. He votado a favor aunque no estoy de acuerdo con todo. Por ejemplo, no me gusta la forma en que este informe plantea el asunto armenio. Imaginemos por un momento que el Holocausto que se produjo bajo el régimen de Hitler se citara siempre únicamente entre comillas o se describiera solo como el «presunto Holocausto»; ese es el tratamiento que recibe la cuestión armenia en Turquía. He votado a favor del informe Eurlings, aun cuando una mayoría haya respaldado la inclusión de una cláusula afirmando que el objetivo a perseguir debía ser la incorporación plena de Turquía a la Unión Europea, un objetivo con el que, por supuesto, no estoy a favor debido a que Turquía ni está preparada para la adhesión, ni dispuesta a cumplir nuestras exigencias, y porque sé –como lo sabe todo el mundo en esta Cámara– que la UE no puede permitirse tener a Turquía como Estado miembro. Me ha resultado fácil votar a favor de este informe, ya que las afirmaciones que no deseaba ver incorporadas, pero que no obstante lo han sido y que he enumerado, carecen tan manifiestamente de sentido que el informe, en su conjunto, representa un buen reflejo de la posición de esta Cámara.

  James Hugh Allister (NI), por escrito. (EN) He votado en contra del informe Eurlings porque sigo siendo un decidido enemigo de que una Turquía no europea llegue a ser miembro de la UE. Quienes proclaman que el esfuerzo por convertirse en miembro va a inducir a Turquía a respetar plenamente la democracia y los derechos humanos se hallan en un lamentable error, aunque solo sea por la falta de progresos notables testimoniada por este informe. En lo referente a la reforma, los derechos humanos, la libertad religiosa, Chipre o Armenia no hemos conseguido nada, pero a cambio hemos despilfarrado, y continuaremos haciéndolo, millones de ayuda de preadhesión. No es la primera vez que dan gato por liebre a la UE.

El ansia de la UE por una ampliación infinita está impulsada por el deseo de alcanzar una posición mundial que refuerce su ego, que va parejo a la búsqueda de un superestado a través de la Constitución rechazada. La adhesión de Turquía, la creciente ampliación y la Constitución forman parte del mismo gran designio.

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) El informe Eurlings hace balance, un año después de la apertura de las negociaciones de adhesión con Turquía, de los avances y problemas encontrados.

Las enmiendas han permitido equilibrar este informe para tener en cuenta los esfuerzos realizados por Turquía, resaltando al mismo tiempo las cuestiones que siguen siendo problemáticas, como el hecho de que Turquía no haya firmado el Protocolo de Ankara y el trato dado a las minorías.

En cuanto al genocidio armenio, ha de ser necesariamente reconocido por Turquía. No obstante, dicho reconocimiento no puede presentarse como una condición previa para la adhesión si se tienen en cuenta los criterios de Copenhague.

En cuanto al apartado sobre una posible colaboración privilegiada entre la UE y Turquía en caso de fracaso de las negociaciones, no es oportuno por el momento. Nos encontramos en un proceso en marcha y no podemos considerar desde ahora la conclusión de las negociaciones de forma pesimista.

Con este voto deseo mostrar los muchos progresos que Turquía debe realizar para adherirse a la Unión Europea, pero no quiero levantar nuevas barreras a su posible adhesión.

En mi opinión, la entrada de Turquía en la UE es tanto una oportunidad para Turquía como una oportunidad para Europa.

  Marco Cappato (ALDE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, en nombre del Partido Radical Transnacional, he votado en contra del informe Eurlings sobre Turquía, ya que el Parlamento está autorizando, en virtud del mismo, a la Unión Europea a aislarse una vez más del Mediterráneo y del Oriente Próximo. En lugar de mostrar su voluntad para acelerar el proceso de integrar a Turquía en Europa, el Parlamento propone vías alternativas para acercar a Ankara a Bruselas, que nada tienen que ver con unas negociaciones de adhesión serias.

La Unión Europea no debe aislarse y centrarse exclusivamente en su Constitución, tal como el Presidente Barroso nos ha explicado hace algunos días. Tampoco debe depositar sus esperanzas en los buenos oficios del Papa para establecer un diálogo con el mundo islámico y el Oriente Próximo, tal como sugiere el informe Eurlings. Josef Ratzinger no es Javier Solana.

Por el contrario, partiendo del llamamiento del señor Pannella en favor de la paz en el Oriente Próximo, hemos de resucitar nuestras aspiraciones federalistas y democráticas, con el fin de crear una Europa capaz de dar cabida al mayor número posible de gente en un proyecto de libertad, reforma democrática y paz.

  Richard Corbett (PSE), por escrito. He votado a favor de este informe y apoyo la idea de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, una vez concluidas las negociaciones de adhesión y con la condición de que Turquía cumpla los criterios necesarios en materia de derechos humanos, funcionamiento del sistema democrático, respeto de las minorías y la asunción de su pasado.

  Lena Ek, Cecilia Malmström y Anders Wijkman (PPE-DE), por escrito. (SV) Los sucesos en Turquía son muy preocupantes en diversos ámbitos. Se ha registrado una serie de casos, en los que se ha detenido a periodistas y escritores, acusándoseles de cometer delitos contra la «esencia turca». Aunque estos acontecimientos son naturalmente muy preocupantes, no deben olvidarse las fuerzas democráticas y las fuerzas favorables en Turquía a la reforma. Esa es ahora nuestra tarea como Unión Europea: continuar ayudando y apoyando a estas fuerzas para que vuelvan a conducir de nuevo a Turquía por la senda correcta.

El señor Eurlings incluye críticas justificadas a Turquía en su informe, pero otras censuras vertidas por él sugieren que se conceda un trato diferente a Turquía que a otros países candidatos. Eso resulta inaceptable. Es importante que Turquía reconozca su historia, incluida la referente a Armenia. Sin embargo, no debemos permitir que el asunto determine si deben continuar o no las negociaciones con Turquía.

Para la UE es importante hacer gala de sentido de la responsabilidad y no caer en hacerles el juego a los fundamentalistas y los reaccionarios. Por el contrario, tenemos que aprobar un informe equilibrado. En consecuencia, hemos optado por votar a favor del apartado 50 y de las enmiendas que abogan por un planteamiento constructivo respecto de Turquía.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) He votado en contra de la enmienda 51 de mi Grupo al apartado 50 del informe del señor Eurlings sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión. Lo he hecho con cierto pesar, pero la aprobación de la enmienda habría supuesto la eliminación de la referencia a la comunidad asiria, entre otras. Como persona que ha denunciado continuamente que en Iraq se hace caso omiso de la situación crítica e incluso de la existencia de la comunidad asiria, hubiera sido hipócrita por mi parte hacer precisamente eso en el caso de Turquía. He hecho lo mismo en el caso de las demás enmiendas a este apartado.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Eurlings porque refleja la hipocresía creciente de Europa con respecto a Turquía. En mi opinión, Turquía tiene vocación de ser miembro de la Unión Europea. Turquía siempre ha formado parte de la historia política, económica y cultural de Europa. Aunque es evidente que todavía tiene esfuerzos que realizar en muchos ámbitos, algunas fuerzas políticas del Consejo y el Parlamento multiplican las barreras que Turquía debe franquear. Por mi parte, quiero distanciarme de esas tácticas vergonzosas, ¡que a fin de cuentas solo pretenden preservar una «Europa cristiana»!

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Si no hubieran calificado erróneamente a Turquía de país europeo, que no lo es, no se verían hoy en la tesitura de tener que reconocer una serie de verdades.

Nos dicen hoy que las minorías religiosas, en particular cristianas, están oprimidas en Turquía. Que el respeto de los derechos humanos en general, y de las mujeres en particular, no está garantizado. Descubren que Turquía sigue negándose a reconocer a Chipre, que sin embargo es miembro de esta Unión en la que pretende entrar, y provoca frecuentes incidentes fronterizos con otro Estado miembro, Grecia. Declaran que Turquía viola uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, la libre circulación; podría citar muchas cosas más.

Y todo lo que concluyen es: «continuemos con las negociaciones, pero atención, al final, siempre podremos decir no». ¿Quién se cree esta fábula?

El 3 de diciembre de 2005 tenían ustedes el deber de escuchar a los ciudadanos europeos, mayoritariamente hostiles a la entrada de Turquía en Europa. Debían proponer a Turquía una cooperación privilegiada, respetuosa de nuestras diferencias, y no esta mascarada político-diplomática, humillante para cada una de las partes y especialmente para el pueblo turco.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe constituye un estudio de los progresos realizados hasta la fecha por Turquía en cuanto a su futura adhesión a la Unión Europea. Únicamente se ha abierto y cerrado provisionalmente un capítulo, «Ciencia e Investigación». En consecuencia, todavía queda un largo camino por recorrer.

La Lista de Junio no considera la situación geográfica de Turquía o su religión como un obstáculo para su posible pertenencia a la Unión Europea. Creemos que se deberían plantear las mismas exigencias para la adhesión que se han planteado en el caso de anteriores ampliaciones, ni más ni menos. Turquía no cumple los criterios de Copenhague, así que no procede su pertenencia a la UE, tal como están las cosas.

Sin embargo, no es solo Turquía la que tiene que adaptarse. Es preciso reformar la política agrícola y los Fondos Estructurales de la UE. Un posible Tratado futuro es otro de los asuntos que hay que debatir antes de poder realizar nuevas ampliaciones de la UE, prestando especial atención a la potencia de voto de cada Estado miembro, con el fin de evitar situaciones en las que un reducido número de grandes Estados miembros pueda dominar a toda la UE.

Tanto Turquía como la UE tienen un largo camino por recorrer, en el aspecto político y económico, antes de que la entrada de Turquía se convierta en una posibilidad inminente. Para cuando llegue ese día, si alguna vez llega, la Lista de Junio dará la bienvenida a Turquía.

En consecuencia, hemos votado a favor de este informe.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me he abstenido de votar sobre este informe.

El informe presentado en el Pleno tiene el mérito de mirar al fin la realidad de cara. Durante mucho tiempo, el Parlamento ha hecho gala de un optimismo ingenuo con respecto a este tema. Este informe es más firme que los anteriores, pero lamento la falta de valentía del Parlamento en relación con el reconocimiento del genocidio armenio. Por ello he decidido abstenerme en la votación final.

Desde hace años me opongo a la entrada de Turquía en la Unión Europea, pero pido la creación de una asociación privilegiada con este país. Hoy son más los diputados europeos que se unen a esta posición, muy minoritaria hace algunos años.

Turquía no reconoce a uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la República de Chipre, y lo tiene ocupado desde hace 30 años. Turquía no reconoce el genocidio armenio. Turquía no aprueba la libertad de asociación y el 97 % de su territorio se encuentra fuera de Europa.

Europa tiene el deber de ayudar a este país en la vía de la democracia, pero por su geografía, su historia y su cultura, Turquía no puede decir que forma parte del proyecto político de la Unión Europea.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Un año después del inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la UE, las autoridades turcas no han dado todavía ningún paso para el reconocimiento de Chipre, un Estado miembro de la UE. Turquía mantiene asimismo la ocupación militar del norte de esa isla mediterránea, incumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas que llevan vigentes decenas de años.

Al cabo de un año de negociaciones, han salido a la luz informes sobre la degradación de la situación económica del pueblo kurdo y sobre violaciones de los legítimos derechos políticos y culturales de los kurdos. Han llegado también informaciones sobre una mayor represión por parte de la policía y el ejército turco en la región.

Estos dos asuntos por sí solos constituyen un indicador de la multitud de interrogantes que plantean las negociaciones de adhesión de Turquía. Su adhesión está siendo apadrinada por las grandes potencias en la UE, ya que los grandes grupos económicos y financieros en dichos países desean poder explotar la economía y los recursos turcos, así como utilizar su situación geoestratégica para sus planes encaminados a ejercer su influencia y dominio en el Oriente Próximo, el Cáucaso y Asia Central. El proceso de entrada ha sacado también a la superficie contradicciones en la forma en que las grandes potencias comparten el control sobre el proceso de toma de decisiones en la UE, y ha servido para ahondar las divisiones entre las ambiciones de las grandes potencias europeas y los Estados Unidos, en términos de su subordinación al imperialismo norteamericano o a su participación en el mismo.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. (CS) Desde los tiempos de la Edad Media, Turquía ha sido un gran país acosado por los problemas. Hoy día, el asunto más complejo en relación con Turquía es el de los criterios para cuantificar el progreso del país. Ha quedado cerrado un capítulo de las negociaciones de adhesión e indudablemente ha supuesto todo un éxito. Sin embargo, quedan abiertos otros 28 capítulos, sin mencionar los criterios de Copenhague.

Existen problemas en todos los ámbitos, incluida una ley electoral que pisotea las libertades de los ciudadanos, de las mujeres y de las minorías nacionales y religiosas; infraestructuras inadecuadas en la parte oriental del país; relaciones tensas con sus vecinos; la estructura de empleo; la forma en que la policía y el ejército investigan los actos delictivos; y la ocupación de parte de un Estado miembro de la UE. El proceso de llevar a la práctica las nuevas leyes será, sin lugar a dudas, largo y complicado. Por otra parte, conozco una serie de turcos con amplia formación y sé la forma tan entusiasta con que acogieron la apertura de las negociaciones con la UE.

Como consecuencia de la aprobación de una serie de enmiendas que suprimen los problemas más acuciantes del informe sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión, por desgracia no resulta aceptable para el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Por tanto nos hemos visto obligados a votar en contra de la redacción aprobada.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) El informe del señor Eurlings contenía pasajes excelentes, en especial los relativos al genocidio armenio –que las autoridades turcas se niegan a admitir–, el bloqueo económico impuesto a Armenia o la negativa a reconocer Chipre, Estado miembro de la Unión Europea.

Uno solo de estos elementos debería llevarnos a la conclusión de que hay que suspender las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. El ponente no solo no llega a esta conclusión, sino que no menciona lo que es evidente: que Turquía no es un país europeo. El 95 % de su territorio es asiático; su capital, Ankara, está en el centro de Asia Menor; dado que las comunidades cristianas fueron eliminadas durante el siglo XX, el 99 % de su población pertenece al mundo musulmán.

Por tanto, Turquía no tiene ninguna razón para adherirse a la Unión Europea. Esta evidencia, reconocida por los pueblos de Europa, en particular Francia y Austria, no lo es para quienes nos gobiernan. La votación de esta mañana ilustra esta fractura. No solo la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de la adhesión, sino que ha rechazado el apartado 49, que exigía el reconocimiento del genocidio armenio, sometiéndose así a la voluntad de Turquía.

  Jean-Marie Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Aunque el informe Eurlings es crítico con respecto a la adhesión de Turquía a la Unión Europea, en particular al pedir el reconocimiento del genocidio armenio, no llega a poner en duda su adhesión.

Es cierto que la Comisión Europea, el señor Chirac y los británicos, principales defensores del régimen otomano, están ahí para evitar cualquier deriva o medida que pueda retrasar o impedir la adhesión.

Por nuestra parte, no hemos cambiado en función de las circunstancias, de las fluctuaciones del Gobierno turco, que juega con dos barajas con los negociadores de la Comisión Europea y los principales Estados miembros.

Estamos en contra de la adhesión de Turquía por una cuestión de principio. Turquía no es un país europeo y no cumple ninguno de los criterios de Copenhague, que se supone definen la adhesión de un país a la Unión Europea.

Las negociaciones deberían evolucionar hacia el estatuto de cooperación privilegiada, manteniendo la obligación de visado para los nacionales turcos, como sucede actualmente.

La adhesión de Turquía no se llevará a cabo en contra de los pueblos europeos. Como defensores del pueblo francés, sabremos proteger sus intereses, que pasan, entre otras cosas, por el rechazo de la adhesión de Turquía a Europa.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) Siempre he considerado que la entrada de Turquía en la UE no podía plantearse en el contexto actual de la construcción europea.

Defiendo una Europa organizada en tres círculos. El primero, el núcleo federal, comprende los países que comparten objetivos sociales y ambientales ambiciosos y el deseo de una «Europa potente», protagonista en la escena mundial. El segundo círculo agrupa a los 27 países actuales de la UE. Habida cuenta de las dificultades y de su indispensable consolidación, hay que excluir cualquier nueva ampliación.

El tercero debe organizar una asociación estrecha y global con los países vecinos, los Balcanes, el Mediterráneo y otros. Insisto en la importancia de entablar asociaciones estrechas con el perímetro mediterráneo, que traten en pie de igualdad a Turquía y al Magreb, con los que Europa mantiene lazos antiguos e importantes.

Me he abstenido pues en todas las votaciones, excepto en la relativa al reconocimiento del genocidio armenio, que el Parlamento siempre ha defendido, y ello para que no se pueda pensar que tengo la más mínima prevención de principio contra Turquía. Se trata de otra visión de Europa.

  Patrick Louis y Philippe de Villiers (IND/DEM), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra de este texto, que reprocha a Turquía algo, a fin de cuentas, muy injusto: ser Turquía, es decir, no ser europea.

Para qué hostigar a este país con recomendaciones y exigencias: los pueblos de Europa no quieren la adhesión de Turquía, pues la evidencia se impone a sus ojos, Turquía, y no es injuriarla, no forma parte de la familia europea. Tiene su propia cultura, sus propios valores, su propia zona de influencia. Este es el sentido de la enmienda que presentamos en nombre del Grupo Independencia y Democracia. Ahora hay que parar el juego hipócrita y devastador de las negociaciones de adhesión, que solo podrán concluir con una gran crisis, puesto que no hay ninguna posibilidad de que los pueblos ratifiquen el posible tratado de adhesión. En especial en Francia, donde será obligatorio el referendo.

Tengamos hoy un pensamiento para nuestros colegas diputados franceses, víctimas de una esquizofrenia total. Mientras pretenden oponerse a la adhesión de Turquía, votan cada año, aquí y en el Parlamento francés, a favor de los créditos de preadhesión para Turquía, y han acogido en su partido europeo –el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos– a los observadores del AKP, el partido islamista dirigido por el señor Erdogan.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción este informe sobre la adhesión de Turquía. El informe recomienda la apertura de la fase activa de negociaciones y la conclusión del primer capítulo sobre ciencia y tecnología, así como la reanudación del cambio legislativo en Turquía mediante el noveno paquete de reforma legislativa. A pesar de aplaudir todos estos avances, lamento el hecho de que Turquía todavía no haya abordado plenamente el asunto de Chipre. Es necesario resolver definitivamente el asunto de Chipre antes de la adhesión turca; es esencial que Turquía reconozca a todos los Estados miembros de la Unión Europea.

  Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) El Sinn Féin contempla con ilusión la adhesión de Turquía a la UE, si decide hacerlo, de acuerdo con las mismas premisas con que lo han hecho otros países, incluido el respeto de los derechos humanos, el gobierno civil, la aceptación de los derechos políticos del pueblo kurdo y el reconocimiento de la República de Chipre. Aplaudimos la decisión de hoy del Parlamento Europeo en el sentido de reconocer que la resolución del problema provocado por la ocupación por Turquía de parte de Chipre constituye un asunto importante, que es preciso resolver antes de que Turquía pueda adherirse a la UE. Si bien creemos que la posición del Parlamento dista mucho de lo que debería haber hecho respecto de la cuestión de los derechos de la población kurda en Turquía, nos alegra constatar que la situación crítica de dicha población en Turquía ha quedado planteada como un tema clave en las negociaciones de adhesión entre Turquía y la UE.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) Las negociaciones con Turquía benefician a los kurdos, los armenios, las minorías religiosas y los presos políticos. Son igualmente importantes para los millones de europeos de origen turco, que consecuentemente se verán refrendados como ciudadanos iguales de la UE. Espero que tales negociaciones conduzcan finalmente a una Turquía democrática, multiétnica y multirreligiosa, que viva en paz con todos sus vecinos. Es algo que parece improbable en un futuro próximo.

Es posible que las negociaciones encallen pronto como consecuencia del retraso en la federalización de Chipre y las tensiones continuadas entre Turquía y Chipre que se derivan de ello. Además, existen fuerzas activas dentro de Turquía que rehúsan de manera contumaz aceptar la igualdad de derechos para culturas u opiniones discrepantes, y que consideran cualquier arreglo con los kurdos y los armenios un ataque al honor de Turquía.

Para que Turquía llegue finalmente a la adhesión, serán necesarios probablemente treinta años de negociaciones, salpicados por multitud de interrupciones. Quien pretenda acelerar este proceso con el fin de dotar a Europa de un ejército más grande o de una mano de obra más barata, dejará en la estacada a las fuerzas democráticas de Turquía y a la gente menos favorecida. La aceptación de una Turquía sin cambios rebajará los estándares de democracia y de derechos humanos en Europa y convertirá a la UE, aún más, en una cuestión de confrontación pública

  Hartmut Nassauer (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado a favor del informe a pesar del respaldo, contenido en el mismo, a la condición plena de Estado miembro como objetivo último, y en una votación nominal, he expresado, junto con los demás diputados de CDU/CSU al Parlamento Europeo, nuestro rechazo a la idea de que Turquía se convierta en un Estado miembro de pleno derecho.

El enfoque realista y crítico adoptado por el informe en cuanto a la situación en Turquía aconseja su aprobación. Apunta que, desde el mismo inicio de las negociaciones para la adhesión, Turquía no ha cumplido, ni con mucho, los criterios de Copenhague en ámbitos tan esenciales como los derechos humanos y la libertad religiosa. Expone asimismo de forma rotunda la negativa a asumir lo ocurrido a los armenios en Turquía. Resulta inconcebible que Turquía llegue a convertirse en un Estado miembro de la UE sin aceptar la realidad de la historia. El informe aboga igualmente por la resolución completa del asunto de Chipre; si Turquía continúa negándose a reconocer a Chipre, la UE deberá suspender las conversaciones para la adhesión.

La entrada de Turquía supondría un exceso de tensión, y por tanto un debilitamiento, para la UE. La unificación europea ha constituido hasta ahora una historia coronada por el éxito, y solo podrá continuar siéndolo si la Unión Europea sigue siendo fuerte. Una Europa sin contornos políticos o geográficos es una Europa que la opinión pública rechaza. La ampliación no debe contemplarse como un proceso automático. Queremos que Turquía sea un socio importante de la UE y es por ese motivo que propugnamos una asociación privilegiada como alternativa a la plena integración.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe Eurlings sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión con la Unión Europea porque estoy a favor de las perspectivas europeas de Turquía. No obstante, los dirigentes turcos deberían poner en práctica –y con prontitud– los compromisos que adquirió este país de acuerdo con los criterios de Copenhague.

El Parlamento Europeo insiste acertadamente en el cumplimiento real por parte de Turquía de las normas europeas y rechaza la presión proveniente del eje Washington/Londres en favor de concesiones a la carta, especialmente para Turquía.

Me complace especialmente que se hayan rechazado las enmiendas que pretendían restar importancia a la cuestión de Chipre y que se hayan aprobado las enmiendas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que subrayaban la necesidad de una política que resolviera la cuestión kurda.

Los dirigentes turcos tienen que poner en práctica los compromisos que han adquirido en virtud de una hoja de ruta concreta. Resulta absurdo que un país que desea adherirse a la Unión no respete, en la práctica, los principios europeos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El debate sobre la posible adhesión de Turquía a la UE debería celebrarse de manera transparente y clara y sin ningún tipo de chantaje contra ninguna de las partes. En consecuencia, hay que dejar muy claro que este tiene que ser un proceso abierto en el que no esté fijado de antemano el resultado final. Además, es necesario reconocer desde un principio que no solo se trata de que Turquía respete una serie de criterios sin los cuales resultaría imposible la entrada, sino de que la UE se encuentre en condiciones de recibir y acoger a Turquía.

Por otro lado, tal como señalé al comienzo de esta fase de negociación, considero que una negociación en la que una de las partes no reconoce a la otra en su totalidad, como es el caso de Turquía respecto de Chipre y, por extensión, de la Unión Europea, es una negociación que arranca con mal pie y que adolece de graves deficiencias.

Por último, este proceso posee un gran potencial en cuanto a promover la apertura económica, el desarrollo, la democracia y el respeto por los derechos humanos en Turquía, y eso es algo que no debería echarse en saco roto. El peor resultado de este proceso sería un distanciamiento entre Turquía y la Unión Europea.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Sí, al final he votado a favor de este informe sobre la adhesión de Turquía.

Lo he hecho a regañadientes, o algo parecido. Hemos confirmado la votación que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Exteriores en muchos puntos: lamentamos la desaceleración de las reformas y destacamos los persistentes incumplimientos en materia de libertad de expresión, libertad religiosa, derechos de las minorías, derechos de la mujer o incluso derechos culturales. Somos muy claros sobre la cuestión de Chipre.

Afirmamos, sobre todo, que si la adhesión es el objetivo de las negociaciones, en ningún caso será automática. En este sentido, he votado a favor de las enmiendas al texto del ponente.

¿Por qué mis reticencias, entonces? Debido a la cuestión del genocidio armenio, con respecto al cual el Parlamento ha cambiado por completo de opinión en relación con sus votaciones anteriores. Al ceder a las presiones del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y otros, el Pleno acaba de dar marcha atrás: ya no exigimos a Turquía que reconozca el genocidio armenio como condición previa para la adhesión. Es un giro de 180 grados inaceptable, que transmite, a mi entender, una señal desastrosa a los negociadores: el Parlamento se come sus palabras, pierde la memoria, y lo que es más grave aún, incumple su deber de memoria.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe realista, aun cuando pienso que podía haber sido más enérgico. En principio apoyo la adhesión final de Turquía, siempre que haya abordado la reforma con seriedad y asumido su pasado. No creo que lo haya hecho y nos corresponde a nosotros mantener la presión. En cuanto al reconocimiento del genocidio armenio y al trato reservado a los kurdos, en concreto, pienso que este informe podría haber sido menos acomodaticio, aunque en conjunto apoyo los resultados y felicito a nuestro ponente por su buen trabajo.

  Marc Tarabella (PSE), por escrito. – (FR) He decidido abstenerme en la votación final sobre el informe de propia iniciativa del señor Eurlings sobre los progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión.

El motivo es que no creo que este informe sea adecuado ni pertinente, dado que la Comisión Europea, que es responsable del seguimiento de los progresos realizados por Turquía hacia la adhesión, todavía no ha publicado su informe. Solo la Comisión Europea tiene competencia para juzgar los progresos realizados por Turquía.

Es más, el informe Eurlings me ha parecido desequilibrado. Los esfuerzos que este informe exige a Turquía en una serie de temas, entre ellos la libertad de expresión, los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres, son, por supuesto, esenciales. No obstante, el informe apenas reconoce los progresos realizados por Turquía en el ámbito del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Desde que presentó su solicitud, Turquía ha hecho notables esfuerzos por cumplir los criterios de adhesión; hay que reconocer que aún debe realizar muchos progresos, pero va por buen camino.

Las enmiendas aprobadas en el Pleno, en particular las del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que eliminan el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para la adhesión, han corregido de alguna manera el desequilibrio del informe Eurlings. No obstante, esto no me ha satisfecho del todo.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) A pesar de reconocer que las negociaciones de adhesión de Turquía van a durar muchos años y que es necesaria una reforma notable, hay multitud de elementos en el informe Eurlings que puedo respaldar. Sin embargo, el informe es excesivamente negativo y muy descompensado, sobre todo en lo referente al asunto chipriota, en el que no se menciona el apoyo turcochipriota al Plan Annan o la promesa incumplida de la UE de poner fin al aislamiento de la República Turca de Chipre del Norte. Tampoco existe ningún llamamiento a favor de un movimiento constructivo por parte de la República de Chipre, que será quien determine el ritmo de las negociaciones de adhesión de Turquía (de acuerdo con el considerando B) y cuyos intereses incluso tropiezan con la OTAN, acusándose a Turquía de plantear problemas (apartado 54). Además, la futura ampliación de la UE está vinculada explícitamente a la recuperación del proceso constitucional de la UE, al que me opongo rotundamente. Sobre estas premisas me he abstenido.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) He decidido abstenerme sobre el informe Eurlings, aunque es un informe duro.

Admito que marca un hito en la toma de conciencia de la realidad de las relaciones entre la UE y Turquía, pero al implicar y confirmar, tras el rechazo de ciertas enmiendas, que la adhesión es un fin en sí mismo, sigue siendo demasiado unilateral. La innegable desaceleración de las reformas en Turquía, a pesar de la apertura por la Comisión de las negociaciones de adhesión, debería reforzar, por el contrario, la opción de una cooperación privilegiada. El hecho de que la apertura de las negociaciones no haya acelerado las reformas es preocupante, y nuestra respuesta debería traducir una exigencia de resultados, y no la idea de que la adhesión tendrá lugar pase lo que pase.

Por esta razón, era necesario recordar que la normalización de las relaciones con Chipre debe ser una condición indispensable para una posible adhesión. Es inadmisible que Turquía no haya ratificado y aplicado aún el Protocolo de Ankara, que es una forma jurídica de reconocimiento mínimo y nada más que aceptable. Por último, he apoyado la enmienda sobre el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para una posible adhesión, pues no se trata de una cuestión simbólica, sino de un deber moral y una exigencia histórica que incumben a las autoridades turcas.

  Lars Wohlin (IND/DEM), por escrito. (SV) Turquía tiene un largo camino por delante antes de que la adhesión a la UE pueda ser una posibilidad inminente. Previamente he votado en contra de entablar negociaciones de adhesión con Turquía porque pasará mucho tiempo antes de que satisfaga los requisitos para la entrada a la UE. No se puede mantener un proceso de negociación durante un período de veinte años. Correríamos el riesgo de que la presión para relajar los requisitos para la adhesión llegara a ser irresistible.

Es importante pedir a Turquía unos requisitos claros. Tiene que cumplir los criterios de Copenhague en materia de derechos humanos. Debe respetarse la soberanía de Chipre, y reconocer el genocidio de armenios y sirios/asirios ocurrido de 1915.

Antes de que la adhesión de Turquía a la UE pueda convertirse en una posibilidad inminente, hay que cambiar la fuerza del voto de cada Estado miembro para que un pequeño número de Estados miembros con una gran densidad de población no dominen la toma de decisiones de la UE.

Hay que investigar a fondo las consecuencias financieras de la posible adhesión de Turquía a la UE. La Política Agrícola Común y la política regional europeas deben reformarse antes de que Turquía pueda convertirse en miembro de la UE. El presupuesto de la UE debería limitarse a un uno por ciento de la RNB total de los Estados miembros, y la posible adhesión de Turquía no debería comportar que se excediera este tope.

Es importante tener en cuenta que el hecho de que se hayan iniciado las negociaciones con Turquía no significa automáticamente que Turquía llegue a convertirse en miembro de la UE.

  El Presidente. Con esto se cierra este punto.