Acta literal de los debates

Jueves 28 de septiembre de 2006 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. SARYUSZ-WOLSKI
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.05 horas)

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Transferencias de créditos: véase el Acta

4. Nanociencias y nanotecnologías (2005-2009) (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6–0016/2006) del señor Ransdorf, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre nanociencias y nanotecnologías. Un plan de acción para Europa 2005-2009 [2006/2004(INI)].

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL), ponente. – (CS) Señor Presidente, Señorías, tomo la palabra sobre la cuestión de la nanotecnología con cierta turbación porque hemos visto que los planes originales en este ámbito no se han cumplido desde el punto de vista del presupuesto. Hemos experimentado un recorte del gasto del 38 %, y, aunque en el último plan marco había un incremento considerable desde 140 millones de euros al año a 600 millones de euros, esta cifra sigue quedándose corta en comparación con lo que queríamos, sobre todo dado el dinamismo de la UE en este ámbito. Seguimos estando en una posición excelente en el ámbito de la investigación y publicación fundamental, pues la UE va por delante de los Estados Unidos en este ámbito. Sin embargo, en lo que respecta a las patentes, la participación a escala mundial de los Estados Unidos es del 42 %, mientras que la UE se queda en el 36 %. Asimismo hemos visto que la UE es más lenta a la hora de comercializar productos. El gasto federal de los Estados Unidos equivale más o menos al de toda la UE en el ámbito de las nanotecnologías y las nanociencias, y los Estados miembros individuales tienen niveles de gasto muy desiguales. De hecho, solo Irlanda gasta más por habitante que los Estados Unidos.

Quiero recalcar el hecho de que las encuestas realizadas en 2001, basadas en una muestra de 16 000 personas, pusieron de relieve que muy pocas personas en la UE están informadas acerca de las nanotecnologías. En este sentido, quisiera citar a dos grandes eruditos: el primero es Johann Wolfgang von Goethe. En Fausto, Mephisto dice: «Desprecia la razón y la ciencia, y serás mío, solo mío». No quiero adoptar la misma postura que Mephisto, pero, en cualquier caso, quisiera advertir contra el recorte del gasto en este ámbito en comparación con otros países. El otro erudito al que quiero citar –y espero que le haga feliz, aunque hoy no esté aquí– es Günter Verheugen, quien la semana pasada enumeró las diez prioridades de la Unión Europea en este ámbito, una de las cuales es por supuesto la formación del personal, es decir, invertir en educar al público para que esté listo para las nuevas tecnologías. No podemos avanzar sin un cambio como este, porque la opinión pública en la UE a menudo no está a favor de estas tecnologías. Por supuesto, algunas cuestiones de seguridad son exageradas, por ejemplo, algunas enmiendas presentadas a este informe por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Las enmiendas 3 y 6, por ejemplo, significarían el colapso virtual de todo un marco de progreso en investigación sobre las nanociencias y las nanotecnologías en el contexto del Séptimo Programa Marco. Es inaceptable que se desmantele todo un complejo programa de investigación porque solo puede invertirse en ámbitos en los que no se vean expuestos ni las personas ni el medio ambiente. Creo que hay que dar garantías sobre la seguridad al público europeo, a los ciudadanos europeos, pero no podemos eliminar todo un complejo plan de investigación.

Permítame decir que es de vital importancia recalcar el aspecto social de las nanotecnologías. Estas nos brindan una enorme oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo, incrementar la inversión en las personas y reforzar todo el ámbito de la medicina y la ciencia de la salud. En este sentido, las nanotecnologías representan una enorme oportunidad. Su alcance es comparable al de la microelectrónica en la década de los sesenta, setenta y ochenta del pasado siglo. Al igual que la microelectrónica, las nanotecnologías impregnan todos los ámbitos de la vida de las personas. Tienen importantes implicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la energía, en cuanto a las posibilidades de unos materiales más ligeros, más fiables y más resistentes. Asimismo se presenta la posibilidad de construir equipo de transporte que utilizará menos energía. La demanda de materiales y de energía puede reducirse considerablemente si se utilizan las nanotecnologías. Este, Señorías, es el reto que hemos de afrontar sin dudarlo si queremos garantizar que la Comunidad Europea siga siendo competitiva en el plano mundial.

Señorías, estas son mis observaciones iniciales y espero con interés el debate. Quiero dar las gracias al señor Potočnik y al señor Verheugen, de la Comisión, a los miembros de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y al señor Renzo Tomellini, jefe de la unidad de nanociencias y nanotecnologías.

  Janez Potočnik, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, he venido hoy aquí para hablar del gran tema de las pequeñas tecnologías. Hace más de 2000 años, Demóstenes, un político de la antigua Grecia, dijo: «las pequeñas oportunidades son a menudo el comienzo de grandes empresas.» Pienso que estaba en lo cierto. Y digo «empresas» en todos los sentidos de la palabra, no solo como negocio, sino como un proyecto y viaje de descubrimiento.

La nanotecnología, como ya ha demostrado, tiene un futuro prometedor. No solo ofrece nuevas soluciones a muchos problemas actuales, sino también nuevas oportunidades de innovación, un nuevo impulso a la economía y la creación de puestos de trabajo.

La nanotecnología ya marca la diferencia en muchos ámbitos. Por ejemplo, actualmente se desarrollan nuevos tratamientos médicos para enfermedades graves como tumores cerebrales o la enfermedad de Alzheimer; favorece al medio ambiente gracias a catalizadores más eficaces, mejores baterías y fuentes luminosas más eficientes; se crean materiales, componentes y sistemas más pequeños, más ligeros y con mejores prestaciones. Además, la nanotecnología podría ayudar enormemente a afrontar desafíos globales de primer orden, como por ejemplo hacer frente a las amenazas al medio ambiente, mejorar el uso de los recursos, producir menos desechos y mejorar las tecnologías de generación de energía.

Europa se encuentra hoy en una posición avanzada, en parte gracias al Programa Marco de la Comisión. La industria europea debe recoger ahora los beneficios de ese conocimiento en forma de productos y procedimientos innovadores. Pero para seguir adelante, debemos tomar medidas en diferentes frentes, como subraya la Comunicación de la Comisión «Nanociencias y nanotecnologías: un plan de acción para Europa 2005-2009.» Entre las acciones se incluyen el aumento de las inversiones, el fomento de la interdisciplinariedad, la creación de las infraestructuras necesarias, la expansión de los recursos humanos y el impulso de la innovación.

La ejecución del plan de acción ya ha progresado mucho: la financiación por la Comisión de la investigación en nanociencias y nanotecnologías ha aumentado progresivamente hasta alcanzar 470 millones de euros en 2005. De hecho, la Comisión se ha convertido en la fuente de inversión pública en nanotecnología más importante del mundo. Supuso el 30 % de la financiación pública de la investigación en nanotecnología de la Unión Europea el año pasado. Se esperan aumentos importantes a lo largo del Séptimo Programa marco. La Comisión ha propuesto ampliar la financiación de la nanotecnología, haciendo hincapié ahora en el desarrollo de infraestructuras y proyectos que evalúen los riesgos de la nanotecnología para el ser humano y el medio ambiente. Es un tema clave, ya que, junto con los beneficios, debemos también reconocer los posibles riesgos. Estos deben evaluarse cuidadosamente. Ya se han expresado algunas preocupaciones acerca de nuevas aplicaciones.

El plan de acción las tiene en cuenta también. Proyectos especiales y publicidad multilingüe facilitarán información y comunicación. Existen proyectos para hacer participar al público, presentando los diversos argumentos de la discusión, folletos que explican el funcionamiento de la nanotecnología e incluso DVD destinados al público infantil que explican el tema de manera sencilla. Además, el Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías está preparando un dictamen sobre la ética en nanomedicina, que esperamos sea entregado pronto al Presidente Barroso.

La Comisión se compromete a garantizar un enfoque equilibrado. Lo fundamental es disponer de un alto nivel de salud pública, seguridad y protección del medio ambiente y del consumidor. Para ello, en Europa debemos identificar los problemas de seguridad, recopilar datos para una evaluación de impacto del producto en la salud y el medio ambiente y actuar tan pronto como sea posible mediante ajustes de los procedimientos de evaluación de riesgos de la nanotecnología, siempre que sean necesarios.

La Comisión también está examinando la normativa europea aplicable a la nanotecnología. Estamos comprobando en qué medida esta normativa es adecuada y apropiada para tratar el aumento progresivo de las nanotecnologías. También debemos considerar posibles aspectos reglamentarios.

Por último, participamos activamente en muchos foros internacionales, tratando nuevas cuestiones e intentando desarrollar un código de buena conducta.

Me alegra mucho comprobar que el Parlamento Europeo, a través del informe del señor Ransdorf, reconoce plenamente el importante papel que van a desempeñar las nanociencias y nanotecnologías y acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión. Me parece muy positivo que el informe pida una mayor inversión pública en investigación y desarrollo en ese ámbito, en particular en el desarrollo de las infraestructuras necesarias y en nanomedicina. Es importante asimismo que el informe subraye la necesidad de crear un clima adecuado para la innovación en Europa y ponga de relieve que debemos «hablar con una sola voz» en el ámbito internacional en lo que respecta a este sector de investigación tan prometedor. Compruebo con agrado que el informe ha contado con un apoyo muy amplio por parte de las tres comisiones parlamentarias que lo han debatido.

Para terminar, espero haberles resumido la política equilibrada y creciente de la Comisión en materia de nanociencias y nanotecnologías. Juntos podremos disfrutar todos de esta nueva e interesante empresa. Doy las gracias al Parlamento Europeo por el apoyo que nos ha brindado hasta ahora y espero que siga apoyando a la Comisión en su futuro desarrollo de la dimensión europea de las nanociencias y la investigación.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. – (EN) Señor Presidente, me complace que el señor Ransdorf haya incorporado muchas de las sugerencias de nuestra comisión a su informe.

Es evidente que las nanociencias y nanotecnologías constituyen uno de los sectores de más rápido crecimiento del siglo XXI. La nanotecnología tiene un efecto potencial en muchos sectores y se prevé que dentro de un decenio tendrá un mercado de casi un billón de euros.

No obstante, Europa ha tardado en darse cuenta de ese potencial y ocupa por tanto una pequeña parte del mercado en actividades de investigación, desarrollo y educación, y en consecuencia también de la innovación industrial en ese campo. Es absolutamente necesario que la UE adopte ese plan destinado a apoyar el desarrollo, la educación y la vocación en materia de nanociencia dentro de los Estados miembros. Además, es imprescindible desarrollar la nanociencia y la nanotecnología para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

En lo que concierne al informe, quisiera subrayar algunos objetivos que se han incluido y señalar un punto importante que, desgraciadamente, no se ha tratado adecuadamente. En primer lugar, la nanociencia y la nanotecnología plantean inevitablemente cuestiones éticas. Por ello, me alegro de que el informe haya incluido la sugerencia de nuestra comisión de mantener elevados principios éticos y se haya mostrado a favor de revisiones públicas sobre cuestiones como las intervenciones no terapéuticas en humanos y la intimidad. Además, apoyo la propuesta de la Comisión de satisfacer la naturaleza dinámica necesaria para una regulación adecuada en ese ámbito.

En segundo lugar, la propuesta hace mucho hincapié en el tema de las patentes. Tanto la reforma como la incorporación global del sistema de patentes para la nanociencia y la nanotecnología en los Estados miembros son cruciales para que Europa tenga éxito en este terreno. La reforma del sistema debe incluir una reducción del coste del proceso de concesión de patentes, así como una mayor accesibilidad para las PYME. Por otra parte, si queremos conseguir que se reconozcan y protejan las patentes, es importante que se cumplan las disposiciones de la OMC, en particular en China.

No obstante, el informe no ha tratado con la suficiente profundidad la protección de los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito internacional como en Europa. Se pide a los Estados miembros que coordinen acciones relacionadas con el derecho de propiedad intelectual e industrial y actúen dentro de la OCDE y la UNESCO. Eso no basta para proteger los DPI en este ámbito. Estas organizaciones se dedican a promover buenas prácticas más que a promover acciones. Por ello, podría resultar más eficaz establecer normas concretas.

Dado el fuerte crecimiento previsto en el ámbito de las nanociencias y nanotecnologías, es importante que la UE acepte la propuesta de la Comisión de adoptar nuevos enfoques para esta industria, desde la educación hasta las actividades de I+D. Tales acciones contribuirán a elevar la competitividad y el desarrollo en nuestros Estados miembros.

  Giles Chichester, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar a mi colega y vicepresidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, el señor Ransdorf, por su excelente informe. Quiero expresar el apoyo general de mi Grupo a su informe y a la propuesta de la Comisión.

Las nanociencias y nanotecnologías son muy importantes para el futuro de la economía y la sociedad. Albergan grandes promesas para la industria y otras aplicaciones. Es una tecnología muy interesante en todo tipo de ámbitos. A modo de reflejo de la prioridad que concedemos a las nanociencias y nanotecnologías en Europa, señalo que este asunto es un tema significativo en el Séptimo Programa Marco. Acojo con satisfacción este plan de acción.

Dicho esto, deseo expresar mi lamento por el enfoque negativo y temeroso que caracteriza a las enmiendas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Es una pena reaccionar contra riesgos imaginarios por la mera razón de que estemos ante algo tan pequeño que cuesta identificar e incluso, diría, entender. O quizás esto se aplique solo a almas sencillas como yo. Instaría por tanto a que se actúe con precaución a la hora de etiquetar antes de tener pruebas científicas y de aplicar el principio de cautela. Si siempre aplicáramos ese principio, entonces la innovación, la invención y la investigación se vendrían abajo y no progresaríamos nunca.

También quiero expresar reservas acerca de la conveniencia de incluir las nanopartículas en el programa REACH. Dejemos claro que muchas de las partículas conocidas son parte de materiales químicos existentes y deben por tanto tratarse dentro de esa categoría. Ya tenemos bastantes problemas con REACH como para añadirle más a tan pequeña escala.

Terminaré con una nota de optimismo recordando a mis colegas el viejo refrán que dice que de las pequeñas bellotas salen grandes robles. Espero que mi partido en casa esté escuchando estas palabras.

  Adam Gierek, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, la nanociencia trata los fenómenos en el material sólido a nanoescala, concretamente una escala de 10-9 de un metro. La nanotecnología se basa en esta investigación. Se trata de un ámbito de tecnología especialmente prometedor y representa una tendencia potencialmente positiva que puede incrementar enormemente las probabilidades de progreso en muchos ámbitos de nuestras vidas.

Entre otras podrían beneficiarse la industria de la automoción y de la aviación. Una de estas ventajas podría ser la fabricación de revestimientos suaves a prueba de la abrasión que contengan nanopartículas. Asimismo podría haber ventajas para nuestra salud, en forma de productos medicinales o cosméticos. Además, puede haber muchos productos derivados para el sector de la energía, en forma de células de combustible o materiales nanoporosos para el almacenamiento de hidrógeno y pilas solares eficientes. Asimismo podría mencionar las TIC que explotan el estado óptico y de espín que facilitan una mayor compresión de la información que ha de leerse con láser azul y la biotecnología, incluyendo la investigación de ADN y los sistemas bioinformáticos. A estos ejemplos cabría añadir los materiales sensoriales o de construcción como los nanocompuestos o fibras y tejidos cuyas superficies son activadas por compuestos electrónicos. Por desgracia, al mismo tiempo se pueden causar daños permanentes al medio ambiente, y contaminar la atmósfera debido a la presencia a largo plazo de gases de los aerosoles que son difíciles de controlar.

Hay dos tipos de nanotecnología. El primero se denomina tecnología «descendente». Entre otras cosas, implica la transición del macroestado al nanoestado, por ejemplo a través de la molienda de polvos, y el desarrollo y la activación de sus superficies a través de un mayor potencial. Los materiales de revestimiento de los nanodiamantes son un ejemplo de esta tecnología. El segundo grupo se denomina tecnología «ascendente» y permite establecer el nivel molecular. La creación de dispositivos espintrónicos sumamente integrados es un ejemplo de ello. Por desgracia, disponemos de pocas tecnologías que utilicen la microscopía de túnel o fenómenos autoorganizadores. Los sistemas de información biológica forman parte de este grupo.

Concluyendo, cabría afirmar que la política científica en el ámbito de las nanociencias y la nanotecnología debería tener en cuenta, en primer lugar, el hecho de que, actualmente, el desarrollo de la tecnología «descendente» en la Unión Europea permite la creación de al menos algunas y quizás más de una docena de plataformas tecnológicas. En segundo lugar, la tecnología «ascendente» exige una investigación de vanguardia más intensa en el ámbito de las ciencias básicas. Y en tercer lugar, debería diseñarse urgentemente un método para investigar los actuales niveles de contaminación. Me refiero a la contaminación actual de la atmósfera con nanopartículas que no es un resultado de la nanotecnología. Es algo más que las PM2,5, que penetran fácilmente en nuestros cuerpos a través de las membranas celulares y cuya acción catalítica puede ser perjudicial para la salud. Quién sabe, quizá la epidemia de cáncer pueda estar vinculada a la presencia permanente de nanoaerosoles en nuestro medio ambiente. Es una presencia difícil de definir, puede estar creciendo y tiene diversas fuentes.

  Jorgo Chatzimarkakis, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, permítame empezar felicitando sinceramente al ponente, el señor Ransdorf, que se ha metido de lleno en el tema y ha intentado cubrir todos los aspectos del mismo; también valoro las reflexiones filosóficas que ha hecho al principio de su intervención.

Nosotros los europeos somos conscientes de que no seguiremos siendo siempre líderes en diversos mercados y tecnologías, y que hay muchos mercados en los que ya hemos perdido nuestro liderazgo, y con él el poder de controlar muchas tecnologías; como por ejemplo la industria farmacéutica, que se aleja cada vez más de Europa, y la microelectrónica, una esfera en la que cada vez más descubrimientos se hacen en Asia.

Aunque, en la nanotecnología, los europeos estemos a la cabeza del mundo y, tecnológicamente hablando, seamos los mejores, hay que matizarlo diciendo que nos concentramos no solo en la tecnología, sino también en las personas, y se trata de un enfoque característicamente europeo, un enfoque que presenta este informe, al menos, tal y como fue aprobado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Y así debe quedar. El informe en su forma actual logra un equilibrio entre la alta tecnología y los límites de la ética así como entre la política industrial y los intereses del consumidor, que son igual de importantes y han de estar equilibrados.

Si queremos mantenernos en cabeza, la Unión Europea deberá ofrecer un apoyo verdadero y ello puede hacerse no solamente a través del Séptimo Programa Marco de Investigación, sino también –y es igualmente importante– a través de la normalización y la aplicación de normas. Lo que se necesita para una competencia mundial es un marco globalmente vinculante, y aquí podemos seguir el ejemplo de la tecnología de GSM, ámbito en el cual los europeos impulsamos activamente el proceso y en que hemos logrado una posición en el mercado mundial.

Sin embargo, el gran problema de todo el nanodebate es que se trata de un tema demasiado abstracto; la gente aún no sabe lo que es, y precisamente por eso abre la puerta de par en par a quienes se dedican a esparcir el miedo por Europa, y cuyas actitudes se reflejan en diversas enmiendas presentadas aquí, como sucedió cuando considerábamos las patentes del software y también, en cierta medida, con Reach. No podemos permitir que suceda lo mismo con la nanotecnología, para la cual los alarmistas en la industria del miedo se están convirtiendo en el principal obstáculo. Lo que necesitamos en estos momentos son todos los puestos de trabajo que podamos conseguir; todos los días hablamos de la Estrategia de Lisboa y no podemos torpedearla al mismo tiempo, por ello hemos de conseguir que la nanotecnología sea más real para la gente. La nanotecnología ya está creando puestos de trabajo; yo mismo he visitado empresas que trabajan en este ámbito y me parece sumamente fascinante. Hay un enorme potencial en la industria de los semiconductores, en el sector del automóvil y en la tecnología médica. Hagamos evaluaciones de riesgo, pero sin propasarnos.

¿Puede alguno de los presentes confirmarme que no utiliza el teléfono móvil debido a los riesgos que implica? Si los consumidores consideran que las posibles ventajas son superiores a los posibles riesgos, entonces utilizarán la tecnología; esto es lo que es absolutamente crucial, y es por ello que la gente ha de disponer de información a partir de la cual puedan tomar sus decisiones. Nosotros en el Parlamento Europeo estamos contribuyendo a garantizarlo. STOA, la Comisión de esta Cámara para la evaluación de opciones tecnológicas científicas, organiza nanocafés en Bruselas el 18 de octubre, y todos ustedes están invitados a ellos.

  David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, quisiera decir que los Verdes no estamos en contra de la nanotecnología, pero las cosas hay que hacerlas bien. De lo contrario, no se contará nunca con la necesaria confianza de los consumidores, no podremos aprovechar los posibles grandes beneficios de esta tecnología y las inversiones se habrán desperdiciado.

Los que desprecian la precaución no son amigos de la nanotecnogía, sino todo lo contrario. En estos momentos, estamos apretando el acelerador de la máquina de la nanotecnología sin asegurarnos antes de si tenemos frenos de emergencia o ni siquiera saber si la dirección funciona.

Ya se están utilizando masivamente nanopartículas en productos de consumo sensibles, como cosméticos, detergentes, pinturas y textiles. Nuestra preocupación es que, posiblemente, estemos preparando el camino para un gran escándalo sanitario futuro.

No son temores infundados. El comité científico europeo ha afirmado y recuerda, en su dictamen del 28 y 29 de septiembre del pasado año, que existen importantes lagunas en los conocimientos necesarios para la evaluación de los riesgos, por ejemplo en lo referente a la caracterización de nanopartículas, la detección y la medición de las mismas, los datos, las dosis, las respuestas, la evolución, la persistencia de las nanopartículas en los seres humanos y en el medio ambiente y todos los aspectos de toxicología ambiental. Este mismo comité insiste en que ni siquiera disponemos de los métodos para evaluar los riesgos.

Estamos hablando de unos elementos que tienen un valor muy diferente. El problema principal es que la liberación no controlada de nanopartículas puede ser bastante más peligrosa que la de las partículas convencionales, porque las nanopartículas son mucho más reactivas químicamente y son fácilmente oxidables, pudiendo producir radicales muy reactivos y nocivos para el cuerpo humano. Los nanotubos pueden incluso comportarse en el cuerpo de una manera similar a la de las fibras de amianto. Y todos sabemos lo que pasó con el amianto.

Una vez liberadas en el medio ambiente, muy poco se sabe del comportamiento y reacción de las nanopartículas y es necesario un empuje fuerte de investigación por parte de la Unión Europea en este campo. Sin embargo, actualmemte solo una pequeña, muy pequeña fracción de la inversión en investigación se dedica a la precaución y carecemos totalmente de una reglamentación, no tenemos un marco jurídico para utilizar esos productos.

No podemos practicar la política de comercializar estos productos primero y preguntar después. Necesitamos una política de precaución para dar pasos en firme con esta tecnología.

  Vladimír Remek, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señorías, me complace que el Parlamento dedique atención a la cuestión de las nanociencias y las nanotecnologías. Quiero expresar mi aprecio y apoyo por el informe que tenemos ante nosotros, y que confirma que esta es una de las tecnologías clave del siglo XXI. Por ello es apropiado que las nanociencias y las nanotecnologías figuren entre las prioridades de la UE. Sin embargo, esta cuestión tiene aspectos tanto positivos como negativos.

Del lado positivo está el apoyo que han obtenido las nuevas tecnologías en todo el Parlamento. Como dice correctamente el informe, el desarrollo de las nanotecnologías brinda una oportunidad extraordinaria. Actualmente, Europa avanza al mismo ritmo que el mundo, como pude comprobar hace unos días durante una visita a la ciudad de Liberec en el norte de Chequia. Los resultados del trabajo realizado por la Universidad Técnica de Liberec y una empresa de la ciudad eran, en cuanto a investigación y aplicación de la nanotecnología, de talla mundial, incluida la fabricación de maquinaria de calidad excepcionalmente alta. Asimismo quisiera señalar que se trata de una de las ciudades checas más pequeñas y no de un centro científico en potencia como Praga o Brno. Las nanotecnologías representan asimismo una oportunidad, desde mi punto de vista, para los países más pequeños, y en general para las empresas más pequeñas. El desarrollo de las nanociencias y nanotecnologías exige por supuesto un apoyo considerable, no solo en la República Checa, sino también en toda Europa. El resto del mundo ya es consciente de ello. ¿Quiénes creen ustedes que se encuentran entre los más interesados en las conclusiones del trabajo de científicos y expertos técnicos en Liberec? Por supuesto, son las personas de otros continentes, especialmente América del Norte, pero también el Sureste asiático.

Lo cual me lleva a uno de los aspectos negativos del desarrollo de nanotecnologías en Europa, y es que creo que no se protege suficientemente la propiedad intelectual en relación con la aplicación de los resultados de la investigación en otros sectores. Otra cuestión es el apoyo financiero que, en mi opinión, es insuficiente, complicado y difícil de obtener. El informe señala asimismo que los Estados Unidos ya representan el 37 % del gasto mundial, mientras que el gasto europeo se encuentra en el 24 %, menos que el de Japón. La planeada financiación de nanociencias y nanotecnologías como parte del Séptimo Programa Marco también va a la zaga de los EE. UU.

Para finalizar quiero mencionar lo que personalmente considero otro efecto significativamente positivo. Las nanociencias y las nanotecnologías ofrecen perspectivas muy buenas para los jóvenes que están interesados en la ciencia y la tecnología, y que quieren estudiar en la universidad. No hemos de dejar escapar esta oportunidad de dar un nuevo impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la UE. Hemos de asegurarnos de que estemos presentes cuando el prefijo «nano» –que significa «enano» o «gnomo»– dé origen a un gigante del siglo XXI.

  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Las nanotecnologías son sin duda de gran importancia para el futuro de la humanidad. El progreso es rápido, y la tecnología tendrá un enorme impacto en casi todos los ámbitos.

En esta Cámara existe la idea muy arraigada de que todos los fenómenos importantes como este han de ser controlados por la UE. En todos los informes se recalca que la organización, la legislación, la supervisión y la financiación han de ser responsabilidad de la UE. En todos los informes se señala lo importante que es que la UE no se quede a la zaga de los Estados Unidos, Japón y China en la competencia mundial. Ahora bien, nunca vemos un análisis convincente que explique por qué el mercado no puede arreglárselas por sí solo y por ello necesita medidas oficiales. Nunca vemos un análisis convincente del nivel en que deberían tomarse estas medidas oficiales. Una y otra vez, los informes se basan en la idea de que el Parlamento Europeo es perfecto en su competencia y que por ello puede y debe encargar a la Comisión y a los Estados miembros la tarea de cumplir sus instrucciones. El Parlamento Europeo hace llamamientos y recuerda a todo el mundo los problemas a los que se enfrenta el mundo y cómo deben solucionarse, recalcándolos y enfatizándolos. Por ejemplo, el ponente, el señor Ransdorf, quiere que el Parlamento establezca que las nanotecnologías deberían orientarse al desarrollo de la energía del hidrógeno. Estoy convencido de que el Parlamento Europeo es incompetente para decidir sobre una cuestión de esta índole. Las nanotecnologías se desarrollan con la mayor rapidez y eficacia cuando no son controladas desde lo alto por burocracias internacionales. La comunidad científica internacional, las empresas y los organismos nacionales son los que se encuentran en mejor posición para experimentar y competir en el ámbito de las nanotecnologías, y las organizaciones privadas y estatales dentro de los Estados nacionales son las que mejor situadas están para elaborar material de información sobre las nanotecnologías de acuerdo con los valores y las experiencias de sus propios ciudadanos. En este contexto, la UE debería limitarse a establecer un sistema de control de patentes para este ámbito, fijar unas normas de política éticas y ecológicas, y posiblemente ofrecer financiación a proyectos a muy gran escala en la línea de la investigación sobre la fusión.

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que Europa necesita un sistema coherente de infraestructura, investigación y desarrollo de vanguardia para seguir siendo competitiva en el ámbito de las nanociencias y las nanotecnologías. Las nanociencias y las nanotecnologías pueden desempeñar un papel positivo a la hora de alcanzar importantes objetivos económicos, sociales y medioambientales, y espero que pueda satisfacer las necesidades de los ciudadanos y por tanto contribuir al bienestar de las naciones.

Hay hechos innegables que no podemos pasar por alto: hay gran cantidad de avances tecnológicos a la vuelta de la esquina gracias a la manera en que los átomos y las moléculas se han agregado para formar nuevos materiales. Es vital que se conceda más financiación a este ámbito de investigación a fin de garantizar la competitividad del sistema industrial europeo, pero siempre hay que respetar los principios éticos inalienables, y los criterios de salud pública y de medio ambiente.

Estoy de acuerdo con las enmiendas presentadas por el señor Hammerstein y la señora Breyer, a saber: la enmienda nº 1 al apartado 2 es una recomendación útil y sensata sobre la evaluación de posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y sus implicaciones sociales y éticas, y no quita nada al texto original; la enmienda nº 6, que mantiene que la financiación de la investigación ha de concederse exclusivamente a proyectos que inviertan al menos la mitad de los recursos en evaluaciones de riesgos; y la enmienda nº 8, que recalca que las evaluaciones de riesgo han de llevarse cabo durante todo el ciclo de vida de los productos obtenidos a través de las nanotecnologías, desde su concepción hasta su finalización.

No podemos pasar por alto el hecho de que parece que hay riesgos toxicológicos vinculados a las nanotecnologías, un punto que también confirman innumerables expertos entrevistados por la prestigiosa revista del MIT «Technology review». Sin embargo, el informe también considera este lado de las cosas.

En cambio, en lo que respecta al nuevo apartado 5a, creo que es justo aconsejar prudencia en cuando a una evaluación de riesgos satisfactoria y garantizar la trazabilidad y el etiquetado, y la responsabilidad de los productos basados en las nanotecnologías. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo con las limitaciones de la investigación, creo que el texto es algo vago y por consiguiente me abstendré, al igual que sobre el propuesto nuevo apartado 17.

Para finalizar, las naciones y Europa han de ser competitivas en el ámbito de las nanociencias, y el esfuerzo propuesto parece mínimo –un compromiso de medias tintas– en cuanto a intentar salvar el abismo que nos separa de los Estados Unidos y del Lejano Oriente. El informe hace bien en considerar las perspectivas tanto económicas como estratégicas del triángulo del conocimiento y los requisitos en relación con la sostenibilidad y la salud de las personas. Por ello votaré a favor del excelente trabajo del señor Ransdorf.

  Nikolaos Vakalis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Señorías, con el informe del señor Ransdorf, a quien felicito, el Parlamento Europeo envía hoy un mensaje importante y específico: las nanotecnologías, con su sorprendente potencial y perspectivas de desarrollo, son el centro de las políticas de desarrollo de la Unión Europea.

Nuestros investigadores en este sector ya no van por detrás de los investigadores de otras partes. Al contrario, cabría decir que son los primeros del mundo. Por consiguiente, también aquí, la apuesta que hemos de hacer para ganar es desarrollar y explotar económicamente los conocimientos producidos. Al igual que en otros sectores del conocimiento, si queremos ganar esta apuesta tendremos que vincular de forma rápida y eficaz nuestra riqueza de recursos humanos a la producción. Necesitamos cooperación entre el Estado y el sector privado. Las universidades, los centros de investigación, la industria, las empresas y los bancos han de reunirse y cooperar estrechamente y con visión de futuro. Sobre todo, hemos de asesorar y preparar a los ciudadanos para la revolución que conllevarán las nanotecnologías en la vida cotidiana. Cambiarán el mundo que conocemos.

Señorías, las nanotecnologías y las nanociencias son para el siglo XXI lo que Internet fue para el siglo XX. No podemos permitirnos experimentar de nuevo la paradoja europea que hemos visto en el pasado. En el pasado, Internet, una idea claramente europea, fue desarrollada mejor que nadie por los Estados Unidos.

Ha llegado el momento de que, como Unión Europea, demostremos que sabemos no solo desarrollar nuevas ideas, sino también explotarlas en beneficio de los ciudadanos europeos.

  Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Señor Presidente, señor Potočnik, quiero felicitar al ponente por su excelente informe y referirme a la importancia que desde la Unión Europea debemos seguir dando a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en nanociencias y en nanotecnologías, que son, además, una de las prioridades temáticas del Séptimo Programa Marco.

Señorías —lo han dicho los oradores que me han precedido—, las nanociencias y las nanotecnologías se consideran tecnologías clave para el siglo XXI, con importantes repercusiones en nuestra industria. Se trata de un campo multidisciplinar que abre todo un abanico de nuevas oportunidades y de soluciones a necesidades reales de los ciudadanos y de las empresas, por lo que se prevé que puedan contribuir en gran medida a que la Unión Europea llegue a conseguir sus objetivos en cuanto a desarrollo sostenible y competitividad.

La Unión Europea es, ciertamente, líder en el sector, aunque invierte en I+D en este campo bastante menos que los Estados Unidos y Japón. Comparto la opinión del ponente en cuanto a que desde la Unión Europea debemos reforzar este liderazgo para consolidar y potenciar nuestra posición en un contexto mundial altamente competitivo y en un sector muy prometedor.

Para ello no basta solo con mejorar la inversión en I+D, al mismo tiempo hay que garantizar la excelencia de la investigación, disponer de suficiente personal cualificado, de una mayor coordinación de los recursos y de una mejor coordinación de las políticas con los Estados miembros, y seguir mejorando el entorno empresarial, principalmente modernizando nuestras PYME y creando nuevas basándonos en el conocimiento, para que una I+D excelente en nanociencias y nanotecnologías se traduzca en nuevos productos y en nuevos procesos.

Las plataformas tecnológicas europeas ligadas a las nanociencias y a las nanotecnologías contribuyen a establecer prioridades y objetivos de investigación comunes y de interés para la industria.

Quisiera subrayar también la importancia de la cooperación internacional. Señorías, no hay que poner trabas al avance la ciencia, hay que apoyar a nuestros investigadores, son ellos quienes mejor que nadie conocen los pros y los contra de este campo. Lo que sí es cierto es que para que la ciudadanía confíe en la ciencia es necesario divulgar los avances científicos de manera comprensible y mejorar el nivel de información a la opinión pública, con el fin de lograr una mayor comprensión de los desafíos reales y de las implicaciones en nuestras vidas.

  Vittorio Prodi (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, doy las gracias al señor Ransdorf por su informe y asimismo quiero dar las gracias al señor Potočnik por su presencia en esta Cámara.

Las nanotecnologías son sumamente importantes, y ninguna más que la nanoelectrónica, que nos permite conseguir un aumento de la eficacia aún mayor consumiendo menos energía de la que consumimos actualmente con la microelectrónica, como también confirma el trabajo de la plataforma.

Las nanotecnologías significan un uso inteligente de materiales comunes, por ejemplo a través de la filtración y la catálisis, de materiales que nos permiten obviar las dificultades vinculadas a veces a la escasez de elementos raros. Sin embargo, quiero señalar que los temores acerca de las consecuencias para la salud de las personas no son infundados. El tamaño nanométrico de las partículas exige que consideremos los riesgos asociados con un nuevo tipo de toxicidad. Según las pruebas disponibles, estas partículas pueden atravesar directamente las membranas celulares y por ello podrían atacar a los ácidos nucleicos. Considero justo que se dediquen recursos y energía a esta cuestión.

Quiero acabar dirigiéndome al Comisario: tenemos que reformar la Oficina Europea de Patentes, pues en la actualidad carece de controles satisfactorios. El Parlamento ha de tener voz y voto; el trabajo no puede seguir siendo únicamente intergubernamental, sino que ha de formar parte de las actividades de la Unión. El tema general de la promoción y de la salvaguardia de la ciencia es de hecho un tema de la Unión.

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Señor Presidente, ¿qué se supone que han de hacer los políticos acerca de la nanotecnología? No podemos convertirnos únicamente en promotores que aceptan sin críticas el bombo, y nuestra función tampoco puede ser introducirnos en el negocio de las exhibiciones itinerantes y los nanocafés en un intento por despejar los miedos reales de la gente. No podemos limitarnos a hacer publicidad de la nanotecnología.

Los políticos están aquí para asegurar que se proteja al consumidor y al medio ambiente. La nanotecnología se utiliza para poner en el mercado productos como cosméticos, materiales de limpieza y productos textiles, que van dirigidos a los consumidores privados y que apenas están regulados. Como acaba de decir el señor Prodi, no existe ningún marco jurídico aplicable a la nanotecnología. Cuando el comité científico de la Comisión admite, como hizo el 29 de septiembre del año pasado, y cito, que «hay considerables lagunas en cuanto a la evaluación de riesgos, la caracterización y la medición de nanopartículas. Se sabe poco acerca de la relación entre dosis y efecto, nada en absoluto sobre dónde acaban en el cuerpo humano las nanopartículas y cuánto tiempo permanecen allí, y poco acerca del grado en el que son tóxicas para el medio ambiente», entonces no podemos ignorarlo y esconder la cabeza en la arena; al contrario, ustedes, en la Comisión, han de crear un marco jurídico permanente para proteger a todos los consumidores.

¿Es que realmente no hemos aprendido nada de nuestra experiencia con el amianto? Acabamos de oír que las nanopartículas son capaces de cruzar la barrera sangre/cerebro. Dado que conocemos estos riesgos, es preciso que establezcamos mecanismos protectores. No podemos permitir que estos productos se comercialicen así sin más y se pongan a prueba con los consumidores; ¡no podemos permitir que los consumidores sean tratados como conejillos de Indias!

La tarea de los políticos no es hacer publicidad de la nanotecnología; sino que su tarea es instaurar un marco jurídico amplio para su regulación, control y medición, es decir, todas las cosas a las que hace referencia su propia opinión experta.

Cualquier otra cosa sería rendir un flaco servicio a la nanotecnología, que solo puede hacer progresos en el mercado y ser económicamente sostenible, si dejamos claro que también hay que tener en cuenta los intereses de los consumidores y los riesgos implicados. Si Europa quiere ser un buen lugar para establecer una empresa, también ha de ser un buen lugar para ser un consumidor, y en este sentido faltan todavía muchas cosas. Considero totalmente irresponsable que la Comisión, a pesar de saber lo que falta y de conocer la ausencia de cualquier metodología para evaluar los riesgos, quiera permitir la comercialización de productos de consumo destinados a los ciudadanos privados y a sus familias, sin tener la certidumbre de que se han eliminado todos los riesgos. Vuelvo a pedirles, con urgencia, que hagan algo al respecto.

Hasta ahora no hemos hablado mucho de los riesgos, los problemas éticos, de la mejora, del enriquecimiento de las nanopartículas en los seres humanos, pues durante mucho tiempo creímos que eran producto de la ciencia ficción, pero estos peligros se están acercando.

Lo que espero de la Unión Europea es que dé una respuesta a los Estados Unidos, y nuestra respuesta, la respuesta europea a la nanotecnología, en lugar de ser que estamos dispuestos a seguir la tecnología como borregos, ha de ser que seguiremos un enfoque socialmente responsable y consideraremos los riesgos implicados.

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, es de vital importancia que se preste atención a la nanotecnología. Debido a la producción de nuevos materiales a escala molecular surgen características nuevas, cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente aún se desconocen. La Comisión ha elaborado una propuesta para un plan de acción hasta 2009, que está lleno de expectativas sobre las ventajas sociales y económicas, y considera que los recelos y las preocupaciones éticas de la opinión pública son sobre todo un obstáculo, y en este sentido, señor Comisario, el plan de acción es bastante desequilibrado.

Lamentablemente, lo mismo puede decirse del informe del señor Ransdorf, a pesar de que, en cierta medida, lo compense. ¿Qué falta entonces? Lo que falta, sobre todo, es la disposición de considerar otras preocupaciones que no sean los riesgos de seguridad, entre ellas la cuestión de si las nuevas tecnologías son deseables, o cuestiones relacionadas con las convicciones de las personas acerca de la vida en general. En primer lugar es preciso considerar las ventajas y los posibles efectos adversos, para evitar que se hagan elecciones basadas solamente en el valor económico, cuando la tecnología aún está en una fase temprana de desarrollo.

En segundo lugar, nosotros, en la Unión Europea, hemos de concentrarnos más en la coordinación internacional, no solo en lo que respecta a las pruebas de toxicidad y las evaluaciones de riesgo en todo el ciclo de vida, sino también en lo relativo a la legislación sobre la normativa, el etiquetado y la responsabilidad, pues los que comercializan las nanopartículas son responsables de los posibles daños.

Por último, hay que considerar la conveniencia de patentes relacionadas con las nanotecnologías y los nanomateriales, sobre todo con respecto a la tecnología básica y general y a materiales que pueden ser utilizados de muchas maneras. ¿Podría encargar la Comisión un análisis crítico de esta cuestión? Luego podría considerar la pregunta de en qué medida las patentes y las licencias colocan a los países pobres en una desventaja aún mayor y qué podría hacerse para contrarrestarlo.

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – (PL) Señor Presidente, los resultados de las investigaciones sobre la nanotecnología y sus aplicaciones indican un enorme potencial para producir materiales con propiedades beneficiosas. La manera en que se explotan estos materiales tendrá un impacto en el progreso en el ámbito de la industria, la economía y la protección de la salud en el siglo XXI, así como en la mejora de nuestro nivel de vida. La carrera para conseguir progresar en el ámbito de la nanoinvestigación y la nanotecnología ha empezado y la Unión Europea no puede permitirse perderla.

El informe señala una serie de obstáculos que hay que superar. Entre ellos hay cuestiones jurídicas y formales, como proteger la propiedad intelectual, coordinar la investigación y ponerla a disposición del público, crear grupos de investigación interdisciplinarios, capacitar, obtener una financiación adicional de inversores privados y un uso y gestión seguros de nuevos materiales. El Parlamento debería controlar y apoyar todas estas actividades.

Quiero dar las gracias al señor Ransdorf por su informe sólido y muy necesario.

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al ponente por su informe que fija las tendencias muy exactas en este sector tan dinámico de la ciencia y la tecnología. Los cambios que han traído consigo las nanotecnologías son comparables a las revoluciones tecnológicas del pasado y quizá puedan aventajarlas. Las posibilidades que se despliegan ante nosotros nos plantean diversos retos. El informe responde a algunos de ellos, mientras que deja otros sin respuesta. La conclusión del texto que tenemos ante nosotros es que nuestros socios y competidores mundiales son conscientes de la importancia de las nanotecnologías y la investigación afín. Ello queda de manifiesto por las sumas destinadas a esta investigación y las condiciones creadas para ello. Aunque la Comisión tenía intención de aumentar el volumen de financiación del Séptimo Programa Marco destinado a las nanotecnologías, no lo ha hecho de forma significativa, según el ponente, quien compara los recursos públicos y privados de Europa, los Estados Unidos y Japón en este sentido. Europa se queda por detrás de los Estados Unidos en lo que respecta a generar una infraestructura competitiva y adoptar normas sobre la propiedad intelectual.

La cuestión de las patentes en las invenciones en el ámbito de las nanociencias y las nanotecnologías avanza lentamente en Europa y el informe recalca la necesidad de reformar el sistema de patentes europeo a fin de ayudar a la ciencia y a la innovación en su conjunto. Lamentablemente, lo que falta es un calendario. Un aspecto del uso de las nanotecnologías que falta en el informe es su posible uso militar. El hecho de que estas tecnologías no estén sujetas a restricción alguna puede ponerse en contra nuestra. En su informe, Thomas van der Molen compara la libre transferencia de estas tecnologías con ofrecer un reactor nuclear a todos los países quedando entendido que ninguno se utilizará para desarrollar armas nucleares. Creo que en el futuro próximo, también deberemos tener en cuenta el ámbito de las nanotecnologías y abordar esta cuestión.

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Las nanotecnologías tienen potencial, pero todo el que intente, sin información, liberar estas tecnologías en el mercado de consumo, de forma no regulada y sin salvaguardias, pone realmente en peligro tal potencial. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiere que primero lleguen los conocimientos, luego la normativa que proteja el medio ambiente y la salud y después la comercialización. Este es el orden correcto.

Las nanopartículas no tienen las mismas características tóxicas que las partículas ordinarias. El polvo de carbón no es peligroso, pero las nanopartículas en forma de clusters de carbono causan graves daños cerebrales a los peces en un plazo de 48 horas a niveles de contaminación tan bajos como 0,5 ppm. Los nanotubos son capaces de destruir el ADN mitocondrial, mientras que las nanopartículas en la piel pueden migrar hacia el cerebro y los nódulos linfáticos y dañar nuestros cuerpos. Nuestro sistema inmunológico simplemente no está adaptado para luchar con las nanopartículas. La investigación realizada por la UE demuestra que las nanopartículas no biodegradables y biológicamente incompatibles pueden ser un peligro para la vida y que hay que evitar su inhalación e ingestión.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, el informe se centra en los beneficios de la nanociencia y las nanotecnologías y en la necesidad de que Europa se sitúe al frente de su desarrollo, en consonancia con los objetivos de Lisboa de una mayor productividad y crecimiento económico. Aunque muy loable, esta posición conduce a un vacío importante: el refuerzo recomendado de la investigación en nanotecnologías precede al establecimiento de una normativa legal que regule dichas tecnologías.

La legislación debe ir como mínimo a la par con la investigación. Con las prisas por adelantarnos a China y a los Estados Unidos, podríamos pensar que una normativa que incluya una evaluación de riesgos sería algo que podría frenarnos. No obstante, hay preguntas a las que debemos responder primero, como sobre las intervenciones humanas no terapéuticas, la intimidad, la equidad, las patentes, las aplicaciones militares, la salud, la seguridad y el medio ambiente. En este caso, la normativa debe garantizar que nuestra prisa no nos ocasione graves problemas. Si es una buena normativa, favorecerá la investigación y contribuirá a centrarla y hacerla más efectiva. El dicho «Mira antes de saltar» siempre ha sido una máxima de gran utilidad.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al ponente, el señor Ransdorf, por su informe comprometido, en el que ha tratado esta importante cuestión con mucha conciencia y sensibilidad, y ahora ha de encontrar su lugar en el marco de las instituciones europeas. Por un lado, está la investigación fundamental, está el Séptimo Programa Marco de Investigación, el Consejo Europeo de Investigación, y las plataformas de tecnología –donde hemos hecho algo de valor duradero– y quiero felicitar al Comisario Potočnik por el futuro gran éxito de este Séptimo Programa Marco.

Asimismo está el Centro Común de Investigación que podría hacer más para tratar lo que se ha dado en llamar industria de la ansiedad, y su objetividad sería sin duda una base sólida sobre la cual controlar estas nuevas tecnologías. El «Instituto Europeo de Tecnología» propuesto por la Comisión bajo el Presidente Barroso, podría asumir la tarea, por medio de una estrategia descendente, de comunicar los criterios de la investigación fundamental a los sectores de la educación y la formación, o podría utilizarse una estrategia ascendente para sacar estos conocimientos de las instituciones educativas, pero también, y en particular, de las pequeñas y medianas empresas y presentarlos en una plataforma como «eBay» con la posibilidad de que la red se usara para intercambiar ideas, expresar aspiraciones y garantizar una mejor comunicación en los veinte o más idiomas europeos.

El reactor de fusión ITER podría desempeñar también un papel en este sentido, pues es sobre todo en la investigación sobre la fusión y el plasma que la nanotecnología presenta un nuevo reto como medio para aumentar la eficacia de la energía, minimizando las pérdidas causadas por el desgaste y la rotura, y de desarrollar estrategias para luchar contra la corrosión, en particular en la generación de energía. Hay muchas posibilidades en muchos otros ámbitos, siendo uno de ellos la limpieza.

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Quiero expresar mi gratitud al ponente, el señor Ransdorf, por su informe sumamente preciso que recalca las deficiencias en el desarrollo de la nanotecnología, así como las enormes oportunidades y el prometedor futuro de este sector.

El plan de acción de la Comisión Europea esboza las condiciones previas para seguir apoyando a este sector y pide a los Estados miembros que lo tengan más en cuenta a la hora de desarrollar una economía basada en el conocimiento. La nanotecnología constituye una parte integral de diversas disciplinas tecnológicas y, en el futuro próximo, tendrá un gran impacto positivo en prácticamente cualquier rama de la industria, ya solo estos hechos exigen la implementación de un plan de acción para garantizar un alto grado de coordinación y apoyo.

Quiero mencionar algunos de los problemas a los que se enfrenta este importante ámbito de investigación y desarrollo. Creo que, en sí, la investigación y el desarrollo de cualquier medida en el ámbito de la nanotecnología cumplirían los criterios de excelencia. Sin embargo, en muchos casos este requisito formal, en combinación con el requisito de una masa crítica de recursos, bloquea la participación de los centros de investigación e innovación universitarios más pequeños, así como de centros de innovación en pequeñas y medianas empresa respaldados por programas de apoyo nacionales y europeos, como el Séptimo Programa Marco o el próximo Programa Marco de Competencia e Innovación.

En este sentido quisiera llamar su atención, por un lado, sobre la necesidad de una mejor cooperación entre las organizaciones pequeñas y grandes que trabajan en este ámbito de investigación y desarrollo, y por otro la necesidad de mejorar el entorno competitivo interior.

El otro problema que quisiera recalcar es la financiación. Seguimos presenciando un deterioro en la cantidad de financiación disponible para la investigación y el desarrollo, y ello se aplica también a la nanotecnología. Solo queda declarar que a pesar de nuestro potencial científico e innovador, vamos claramente a la zaga de los Estados Unidos en este ámbito. Además del Séptimo Programa Marco, podría buscarse una solución, sobre todo para los proyectos de investigación y de innovación más pequeños, en el capital de riego, donde a menudo se subestima el potencial para una institucionalización más eficaz por medio de la asociación público-privada.

Creo que la Comisión Europea, junto con el Fondo Europeo de Inversión, podría desempeñar un mejor papel de coordinación a través del Programa JEREMIE, acompañado por unas recomendaciones específicas y claras a los Estados miembros en relación con la creación de unos incentivos eficientes financiados de los fondos públicos, incluidos los fondos estructurales.

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) Las nanociencias y la nanotecnología tienen un gran potencial para contribuir más a la prosperidad de la humanidad. Sin embargo, la política también debería actuar en línea con el desarrollo tecnológico, ya sea con diversas iniciativas o con medidas legislativas. Aquí hemos de promover el desarrollo y establecer una legislación que evite los abusos y limite los riesgos. Desde este punto de vista, el documento elaborado por la Comisión es muy importante.

Sin embargo, llegamos más bien tarde para tratar esta cuestión. El Parlamento, la Comisión y el Consejo están a punto de completar las negociaciones sobre el Séptimo Programa Marco. Este programa incluye algunos elementos esenciales del Plan de Acción, como la investigación, la innovación y, en cierta medida, los recursos humanos. Sinceramente espero que el Parlamento haya entablado unas negociaciones serias y haya defendido un papel adecuado para las nanociencias, tanto a la hora de definir los ámbitos de investigación como a la hora de intentar garantizar un aumento considerable de la financiación de la investigación.

En este sentido, hay un ámbito que sigue abierto y que el Plan de Acción define como esencial para garantizar la masa crítica para la infraestructura. Implica establecer una conexión entre universidades, organizaciones de investigación e industria, y recomienda que este objetivo se cumpla por medio del uso de mecanismos existentes. Mientras tanto, se ha desatado un vivo debate sobre lo que se denomina Instituto Europeo de Tecnología, que es un desarrollo de esta idea que quiere garantizar la masa crítica haciendo hincapié en los recursos humanos.

Cuanto decidamos sobre el desarrollo de futuros mecanismos para garantizar la masa crítica deberemos tener en cuenta las conclusiones bien meditadas que ya se han sacado acerca de las nanociencias y las nanotecnologías. En este contexto, quisiera recalcar que hemos de facilitar la cooperación, tanto con los grupos que ya han demostrado excelencia en la investigación como con los que tienen un gran potencial para lograr la excelencia en un periodo de tiempo relativamente corto. Las nanociencias y las nanotecnologías pueden servir como uno de los ámbitos de comprobación para establecer una relación más estrecha entre los tres lados de lo que se conoce como el triángulo del conocimiento.

Por último, quiero felicitar al ponente por este espléndido trabajo.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, según el último estudio realizado por el Foro Económico Mundial, la capacidad para innovar representa cerca del 30 % de la competitividad de los países más desarrollados, y este es sobre todo el caso de la nanotecnología. Su uso en la medicina, por ejemplo, abre posibilidades para mejorar los tratamientos contra el cáncer, la enfermedad cardiaca, el Alzheimer y el Parkinson, que, conjuntamente, son responsables de dos terceras partes de las muertes en Europa.

Se trata de un ámbito en el que los institutos de investigación y las empresas de Europa son líderes mundiales; ya solo en los Países Bajos, la nanoindustria logra un volumen de ventas de 20 000 millones de euros, y el Gobierno está invirtiendo cantidades record en ella, por ejemplo en el «Centro de Medicina Molecular» en Eindhoven. Las empresas contribuyen también en gran medida y esto es un ejemplo de una estrategia activa, con el tipo de actitud que exigen el desarrollo mundial y la competencia.

El informe Ransdorf expresa asimismo muy bien la necesidad de hacer elecciones, de invertir y de ofrecer apoyo a la infraestructura básica europea. Es tarea de la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales cooperar con la industria y las PYME para garantizar que ello se traduzca en una producción industrial en esta parte del mundo. El Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo, las plataformas europeas de tecnología y las «regiones de conocimiento», junto con los Fondos Estructurales, han sentado las bases, sobre todo en lo que respecta a la financiación. Luego están los riesgos. Por supuesto es preciso tenerlos en cuenta, sobre todo a escala global en la UNESCO y la OCDE.

Por último, este otoño, el Comisario Potočnik trazará un mapa de carreteras para la infraestructura de investigación que debería revelar qué regiones, áreas o sectores tienen un potencial real para afrontar el reto de la competencia global. La inversión no tiene que ver con una «fuga de cerebros» global, sino que en este terreno tiene que convertirse en una «ganancia de cerebros»: una ganancia para la economía europea y para la prosperidad de los ciudadanos europeos.

  Janez Potočnik, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quisiera contestar de forma telegráfica y resumir lo que considero que es el mensaje que transmite el debate de hoy sobre la innovación, la financiación, los riesgos, la ética y el marco regulador. Abordaré estas cuestiones una a una.

No cabe duda de que las nanociencias y nanotecnologías tienen un gran potencial de innovación. Con las nanociencias ocurra en gran medida lo mismo que con la tecnología de la información: un avance decisivo en este ámbito tendría resultados en todos los sectores. Esa es la razón por la que es muy importante prestar gran atención a la innovación.

Si tuviéramos que compararnos con los Estados Unidos, veríamos cómo en muchos ámbitos no nos quedamos atrás. Sin embargo, uno de los ámbitos en los que realmente nos quedamos atrás es el de la tecnología de la información. Si miramos la cantidad de dinero que invertimos en innovación, investigación y desarrollo, veremos que nos estamos quedando atrás no solo globalmente, sino incluso desde el punto de vista estructural. No deberíamos cometer el mismo error en el tema de la innovación.

Estamos intentando atraer a plataformas tecnológicas europeas, iniciativas de tecnología conjunta, en las que participamos muy activamente, y a las empresas de ese ramo. Coincido en que la cuestión de la propiedad intelectual, los DPI, también es importante, y por ello le hemos prestado particular atención en el plan de acción.

Hablemos ahora de la financiación. Tenemos dos ámbitos seriamente afectados por ella. Uno es por supuesto el de las nanociencias y las nanotecnologías y el otro el de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, eso no es todo. Están las cuestiones que se tratarán en el Consejo Europeo de Investigación, en el programa destinado a las personas, en el programa de capacidades y en las infraestructuras, es decir, las cuestiones relacionadas con el desarrollo regional. Por ello es muy difícil comparar el dinero que se ha dedicado hoy al Sexto Programa Marco con el dinero que se dedicará al Séptimo Programa Marco. Lo que puedo decirles es que aumentará considerablemente la financiación en comparación con la situación actual.

De nuevo, si comparamos la financiación en Europa con la de los Estados Unidos, no debemos olvidar que el Programa marco constituye el 5 % de la financiación pública europea. Por consiguiente, está claro que si comparamos la cantidad de financiación pública destinada a las nanociencias, esta corresponde al 30 % de la financiación pública en Europa. Evidentemente, le prestamos proporcionalmente mucha más atención que los Estados miembros. Debemos tener esto muy en cuenta.

En segundo lugar, en circunstancias normales, dos tercios de la financiación deberían proceder del sector privado, donde debemos centrar nuestra atención. Una de las cosas que descubrimos y que se publicó en agosto de 2006 fueron los elementos considerados decisivos por las diversas empresas que investigan en Europa: en primer lugar, la existencia del mercado, y en segundo lugar, el arsenal de conocimientos, no el nivel salarial. El nivel salarial casi es irrelevante cuando hablamos de conocimientos, investigación y desarrollo. Esas son las áreas que requieren nuestra atención.

En tercer lugar, en lo que se refiere a los riesgos, es cierto que no los conocemos y sería una hipocresía decir que lo hacemos, pues no es verdad. Sin embargo, sabemos muchas cosas, y estoy de acuerdo con los que afirman que debemos prestar la debida atención a este tema en el Séptimo Programa Marco. En el plan de acción tuvimos debidamente en cuenta las cuestiones relacionadas con los riesgos. Recientemente se ha ultimado la recopilación informal de datos para futuros proyectos en el Séptimo Programa Marco. Es asimismo extremadamente importante que tratemos las cuestiones de riesgo con transparencia y que eduquemos correctamente a las personas.

En lo que se refiere a la ética, es evidente que debemos mantener los elevados principios éticos que siempre hemos respetado prestándoles la debida atención.

Por último, los aspectos reglamentarios también forman parte del plan de acción. Son aspectos centrales y la Comisión está trabajando en estrecha cooperación con las Direcciones Generales de investigación y las que intervienen en los aspectos reglamentarios, así como con expertos externos a fin de elucidar ciertas dudas acerca de los posibles riesgos de exposición, de colmar las carencias de conocimiento y de seguir desarrollando directrices y métodos. También se está examinando con atención la adecuación de la legislación actual y futura con respecto a los productos de la nanotecnología.

En resumen, necesitamos sin lugar a dudas un enfoque equilibrado y transparente, que preste gran atención a los asuntos de salud pública, seguridad y protección del medio ambiente y del consumidor, y que contribuya no obstante a explotar el gran potencial que comportan las nanociencias y nanotecnologías en términos de investigación e innovación. El informe de hoy nos ha brindado una buena oportunidad para subrayar todos estos elementos de nuestro enfoque y quisiera dar las gracias a sus Señorías por la atención que prestan a estos temas, por el apoyo dado a nuestra labor y por las inquietudes que han planteado.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 12 del mediodía.

5. Hacia una ayuda mayor y mejor de la UE: el paquete 2006 para una ayuda eficaz (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Hutchinson, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre «Cooperar más y mejor: el paquete 2006 sobre la eficacia de la ayuda de la Unión Europea» (2006/2208 (INI)) (A6-0270/2006).

  Alain Hutchinson (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, el informe que espero que vamos a aprobar hoy responde directamente a las tres Comunicaciones de la Comisión que integran el denominado «paquete 2006 sobre la eficacia de la ayuda» y se inscribe, por tanto, en el marco más amplio del objetivo de mejorar la cooperación al desarrollo europea. Esto por lo que respecta al contexto.

En cuanto al fondo –o incluso, diría yo, al desafío que se nos plantea–, no puede estar más claro: ¿Cómo podemos nosotros, los europeos, mejorar significativamente la ayuda efectiva que aportamos a los países del Sur? En otras palabras, ¿cómo vamos a hacer para que la ayuda que concedemos a los países del Sur se traduzca mucho más sistemáticamente en avances concretos que realmente cambien la vida de millones de personas que viven en unas condiciones humanamente inaceptables?

Se ha producido una toma de conciencia colectiva de que nuestra ayuda puede mejorar. Se han contraído compromisos políticos que permiten hacer de esta cuestión la prioridad de nuestra política de cooperación al desarrollo. Tenemos el consenso europeo sobre desarrollo y también la nueva estrategia para África. Esto es excelente. Además, el dispositivo legislativo y técnico está en proceso de creación. Solo nos queda, si puedo decirlo así, poner en práctica todo esto.

Las principales cuestiones que se abordan en este informe son, entre otras: la definición misma de cooperación al desarrollo y, por tanto, de lo que cada Estado miembro tiene legítimo derecho a contabilizar como ayuda pública al desarrollo; el nivel mínimo de ayuda que debemos alcanzar para cumplir nuestros compromisos; la desvinculación de la ayuda, un proceso que los Estados miembros –en todo caso, algunos de ellos– se resisten manifiestamente a aplicar; la ausencia de indicadores que permitan evaluar los progresos realmente realizados en la mejora de la ayuda europea; o también la preocupación de los agentes sobre el terreno que señalan cierta resistencia a implicar a los países beneficiarios en las estrategias y los programas destinados a ellos.

Además de estas cuestiones concretas, que nos indican en parte la magnitud de la tarea que nos queda por realizar para la mejora concreta de nuestra ayuda, las tres C –complementariedad de las acciones, coordinación de los programas y coherencia de las políticas– constituyen asimismo un marco de trabajo y una plantilla especialmente importante para interpretar la acción que tendremos que emprender en los próximos años en materia de cooperación.

Por lo que respecta a la complementariedad de las acciones, ya sean sectoriales o geográficas, el hecho es que la división del trabajo entraña algunas resistencias y una serie de dificultades. Adoptando un enfoque abierto y audaz tendremos que ser capaces de superar esos problemas. El debate no puede reducirse a una colisión entre el proteccionismo de los Estados miembros y el centralismo bruselense, aunque no es inútil advertir contra un centralismo excesivo consistente en adoptar un enfoque de programación descendente, caracterizado en particular por una participación reducida de los países socios y de la sociedad civil en la definición de las estrategias y prioridades.

No es menos cierto que una coordinación centralizada entre los Estados miembros y la Comisión presentaría ventajas indiscutibles y permitiría, en particular, evitar la situación actual, en que en un mismo país o una misma región, una multitud de agentes diferentes hacen lo mismo. Por ejemplo, el mapa de donantes pone claramente de manifiesto la existencia de crisis olvidadas, de países huérfanos como se ha dicho, junto a situaciones como la que se derivó del tsunami, en las que los países beneficiarios no son capaces de absorber una enorme cantidad de ayuda aportada de una sola vez.

Aunque se habla desde hace años de coordinación, los retos planteados por la armonización de los procedimientos y una mejor coordinación de los distintos programas de cooperación de la Unión siguen siendo enormes. Por otra parte, la coherencia de las políticas tiene que ver con el enfoque que adoptemos tanto en las distintas zonas geográficas en que se aplica la política de desarrollo, como a escala de las propias políticas comunitarias. Este punto concreto está inscrito en el programa de la Presidencia finlandesa, que ha decidido consagrar a él una parte importante de sus trabajos.

Por tanto, si bien nos ha parecido más sabio limitarnos en nuestro informe a subrayar su importancia en espera de ver qué nos reserva el futuro próximo, quisiera aprovechar la ocasión que se me brinda aquí para abordar esta cuestión, que me parece esencial y a fin de cuentas afecta al fundamento mismo de cualquier ejercicio de cooperación, incluso de cualquier proyecto político.

Como sabemos –pues se habla de ello regularmente–, siguen llegando embarcaciones todos los días, incluso mientras estamos hablando aquí, a las costas españolas –es decir, a nuestras costas– llevando a bordo cientos de personas que cada día intentan huir de un destino que han decidido rechazar aún a riesgo de poner en peligro sus vidas. Esta situación plantea evidentemente problemas de gestión de los flujos migratorios, de control de las fronteras o de política de integración de las poblaciones inmigrantes. Plantea asimismo, y de forma clamorosa, la cuestión de la eficacia de nuestra política de cooperación, así como de su coherencia con nuestras demás políticas.

No quiero caer en la caricatura, pero ¿qué cooperación es esta –y que además dura más de 40 años– que hace que al final las poblaciones a las que pretendíamos ayudar solo aspiran a una cosa: huir a cualquier precio de sus condiciones en que viven? No escatimemos las palabras. En mi opinión, esta situación me suena a fracaso. En efecto, ¿qué puede representar para los países del Sur una política de cooperación que concede 50 000 millones de euros al año, cuando va asociada a una política que les impone satisfacer una deuda cuyo reembolso anual representa cuatro veces esta suma?

¿Cómo podemos seguir proclamando a los cuatro vientos nuestra determinación de trabajar por el desarrollo de los países del Sur y, al mismo tiempo, seguir imponiéndoles las normas de un libre comercio que son incapaces de cumplir en las condiciones que les imponemos? ¿Cómo podemos aceptar luchar contra la pobreza, cuando, al mismo tiempo, no se hace nada por luchar contra las causas estructurales de esa pobreza?

A decir verdad, por más eficaz que sea, la política de cooperación al desarrollo jamás conseguirá por sí sola responder a los muchos retos que se plantean en los países del Sur. Ahí reside precisamente la necesidad de mejorarla, ya que dicha cooperación al desarrollo europea será tanto más eficaz cuanto más consiga hacer tomar conciencia a Europa de la necesidad de aplicar una política global centrada enteramente en un objetivo prioritario común: la emergencia de un mundo más justo caracterizado por una mayor solidaridad.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, intervengo en nombre de mi colega, el señor Michel, que no ha podido venir esta mañana. Para empezar quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, el señor Hutchinson, y a la Comisión de Desarrollo por su constructivo informe sobre la efectividad de la ayuda, un tema que es fundamental para la política de desarrollo de la UE.

Realmente la mejora de la cantidad y la calidad de nuestra ayuda es uno de los principales compromisos que contempla el Consenso Europeo para el Desarrollo, que ha sido refrendado por todos los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento en 2005. El Consenso es un documento crucial para todos nosotros, ya que, en primer lugar, abre una nueva dimensión de trabajo conjunto entre los 25 Estados miembros y la Comisión; en segundo lugar, destaca, por primera vez en la historia de la UE, nuestra visión colectiva europea y los principios y objetivos que rigen nuestra política de desarrollo; y, en tercer lugar, establece la ventaja comparativa de la Comisión y el objetivo de redistribuir las actividades de los Estados miembros con el fin de conseguir una sinergia mejor y muy necesaria.

Tal como se puso de manifiesto en todos los debates sobre el Consenso Europeo, la Comisión debería promover el efecto que tiene Europa en el desarrollo e impulsar el programa de efectividad de la ayuda europea. La Unión Europea debe ser una fuerza destacada en los foros internacionales que abordan la efectividad de la ayuda, especialmente el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, del que la Comisión es miembro de pleno derecho. Una UE fuerte hará fuerte al CAD.

Con esta idea, el Comisario Michel propuso un paquete de metas concretas en materia de efectividad de la ayuda, que fueron refrendadas por el Consejo en la primavera de 2006. El planteamiento de la Comisión respecto a la efectividad de la ayuda se basa en las lecciones aprendidas en este campo, las buenas prácticas y las expectativas de los países socios. Se fundamenta en los principios de armonización, responsabilización, alineación y gestión por resultados, como en la Declaración de París.

El Parlamento ha dejado claro en resoluciones anteriores y de nuevo en este informe que respalda a la Comisión en su intento de reforzar la coordinación y la coherencia de las acciones de la Comisión y la UE en el campo del desarrollo. El informe destaca tres áreas importantes en las que es preciso avanzar en 2007, que me gustaría comentar brevemente.

En primer lugar, el refuerzo de la complementariedad y la división del trabajo son cuestiones cruciales para la Comisión. El Atlas de Donantes de la UE ha puesto de manifiesto las carencias y duplicaciones en las actividades de los donantes, que merman el efecto de la ayuda. Para afrontar estas deficiencias, la Comisión ha lanzado un proceso con los Estados miembros con vistas a adoptar principios operativos para llegar a una mejor división del trabajo entre los donantes de la UE. Actualmente hay conversaciones en curso y esta iniciativa debería ponerse en marcha con las conclusiones del Consejo de 2007.

En segundo lugar, la programación conjunta de la ayuda: la UE tiene ahora a su disposición un marco conjunto adoptado la primavera pasada. Este marco prevé la elaboración de diagnósticos y análisis comunes en países socios, en estrecha asociación con los Estados miembros implicados, con el fin de establecer soluciones operativas comunes. Los países socios y la sociedad civil desempeñan un importante papel activo en este proceso. Lejos de quedar excluida de estos debates, la sociedad civil está muy implicada en el diagnóstico nacional que se establece para garantizar su plena responsabilización. Este enfoque es totalmente acorde con el utilizado en la programación de la CE.

En tercer lugar, quisiera hablar brevemente de un instrumento esencial para la mejora de la división del trabajo y la coordinación: la cofinanciación. En 2007, la Comisión presentará propuestas concretas sobre cómo reforzar el uso de la cofinanciación como herramienta para respaldar la división del trabajo entre los donantes, además de ayudar a estos Estados miembros a crear sus capacidades de desarrollo. El Parlamento ha sido constante en sus peticiones bien fundamentadas a la Comisión de que garantizara la coordinación entre los Estados miembros con el fin de reforzar la efectividad de la financiación para el desarrollo. Como pueden ver, la Comisión ha adoptado una actitud claramente activa y, en estrecha colaboración con los Estados miembros, empleará todos los instrumentos de que disponga para hacer que el aumento de la efectividad de la ayuda se convierta en realidad. Espero que el Parlamento Europeo aproveche la reunión conjunta sobre el desarrollo con los Parlamentos nacionales que se celebrará el próximo mes de octubre como una oportunidad para ampliar el respaldo a estas iniciativas.

De hecho es importante que la UE garantice que sus ambiciones políticas se adapten a su situación financiera como principal donante mundial. En este sentido, el Parlamento desempeña un papel crucial en la ayuda a los Estados miembros a acelerar sus reformas e introducir los cambios culturales necesarios que implica esta nueva dimensión del trabajo conjunto. El éxito en este frente es muy importante para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo y asumir el liderazgo en el plan de desarrollo global.

Recordemos que el objetivo final es ganar la lucha contra la pobreza. El éxito solamente puede garantizarse si actuamos juntos y hacemos el mejor uso posible de todos los medios de que disponemos. Gracias al Consenso Europeo, ahora disponemos de todas las herramientas necesarias para conseguir este objetivo. Debemos asegurarnos de que estos compromisos siga teniendo prioridad en nuestro plan de trabajo político y que no perdamos esta verdadera oportunidad de hacer realidad nuestros ambiciosos compromisos políticos. Esto va más allá de la política; es una cuestión de credibilidad colectiva.

  Margrietus van den Berg (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. – (NL) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Hutchinson por este importante informe. Una ayuda eficaz al desarrollo, presupone una coherencia entre los enfoques de la ayuda y del comercio de la UE. Si queremos alcanzar los Objetivos del Milenio en 2015, la ayuda y el comercio deberán complementarse entre sí, pero la triste realidad es que a menudo no lo hacen. Las políticas de ayuda y de comercio –incluida la agricultura– siguen funcionando con demasiada frecuencia de forma aislada la una de la otra, y si seguimos así, seguro que tardaremos otro siglo en eliminar la pobreza de África.

En estos momentos, hay poca coherencia en las políticas europeas. Los negociadores del Comisario Mandelson predican el libre comercio con normas mundiales, las personas que trabajan para el Comisario Michel se dedican al desarrollo e intentan alcanzar los Objetivos del Milenio, y la política de subvenciones agrícolas va en contra los objetivos de ambos bandos. Me gustaría comparar los distintos ámbitos políticos con «barcos que se cruzan en la noche».

En esta situación, por desgracia, el aspecto de desarrollo es el que con demasiada frecuencia queda relegado a un segundo plano; por ejemplo, las consideraciones comerciales dominan demasiado en los acuerdos políticos, los famosos –y a veces tristemente famosos– AAE. Los que buscan ayuda para el desarrollo son remitidos con demasiada frecuencia a los fondos existentes, y no hay suficientes pruebas de un enfoque realmente integrado, que realmente implique dinero adicional y nuevos planes de desarrollo, a pesar de que los AAE podrían ayudar hacer más eficaz la ayuda, gracias a una mayor cooperación local.

En este sentido, hemos de partir del supuesto de que, en el ámbito del desarrollo, se han de tomar precauciones para proteger a las partes más débiles en la negociación, de forma que los AAE den como resultado unos acuerdos honestos y un calendario realista. Si queremos que el comercio «despegue» realmente, entonces será indispensable, entre otras cosas, una reforma del sistema tributario sustituyendo los impuestos que se pagan al cruzar las fronteras, un refuerzo institucional de los servicios públicos y los sectores sociales, y una mejor educación y atención sanitaria. La actual falta de coordinación y coherencia no es solo ineficiente, sino también inaceptable porque es contraria al artículo 178 del Tratado.

Ello se debe a que los expertos en comercio o, a la inversa, los promotores desconocen a menudo el trabajo del otro, y no están dispuestos a sumar los costos y beneficios reales del desarrollo integrado y buscar juntos –es decir, también en el Consejo– una nueva financiación para ello. Además, a menudo se da el caso de que las políticas europeas –en ámbitos como por ejemplo la agricultura, el comercio y el desarrollo– se obstaculizan unas a otras; las subvenciones a la exportación permiten que agricultura inunde el Norte de África con sus productos, provocando un aumento del desempleo allí. Los responsables de inmigración se quejan del flujo de refugiados económicos procedentes de esa región, y luego los repatrían con dinero destinado a la ayuda, en lugar de intentar conseguir unos buenos acuerdos sobre el mercado laboral regional.

Lo único que podría mejorar considerablemente la situación sería una Agenda europea coherente de la Comisión y del Consejo. El comercio mundial es importante y de gran utilidad a la hora de permitir que los países en desarrollo rompan el círculo vicioso de pobreza; se podría conseguir mucho con una buena combinación de ayuda y comercio, y el proceso de combinar ambas cosas no ha de obstaculizar el desarrollo de estos países; de este modo conseguiremos lograr los Objetivos del Milenio. Lo que pido es una agenda europea coherente; el nuevo instrumento de cooperación al desarrollo puede darle un nuevo marco.

  Tokia Saïfi, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias y felicitar al ponente, el señor Hutchinson, por la calidad de su trabajo sobre un tema importante que es tan crucial para nuestro futuro.

El año 2005 fue abundante en acontecimientos decisivos en relación con la ayuda al desarrollo. Si ahora las cosas están poniéndose realmente en marcha, pasemos de las palabras a los hechos. Sobre esta base no podemos sino acoger con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Unión Europea y algunos Estados miembros por incrementar de forma sustancial la ayuda al desarrollo. Sin embargo, aunque es evidente que los recursos financieros son indispensables para una ayuda eficaz, con eso no basta.

Por tanto, hay que supervisar de cerca las prácticas de desarrollo si queremos medir plenamente la aplicación de estas políticas. La ayuda al desarrollo debe ser tan ambiciosa en términos de calidad como en términos de financiación para tener efectos concretos sobre la reducción de la pobreza. Destacaré en este sentido la importancia de implantar mecanismos de financiación innovadores, que permitan recaudar recursos estables y previsibles. Celebro, a este respecto, la creación de Unitaid en la última Cumbre de las Naciones Unidas, pues permitirá a los países en desarrollo acceder más fácilmente a los medicamentos. Hoy, cuando este mecanismo está en sus comienzos, deseamos que demuestre ser plenamente eficaz y registre la adhesión de muchos países además de los que, siguiendo el ejemplo de Francia, ya están implicados.

La Unión Europea debe desempeñar el papel de director de orquesta con vistas a un mejor reparto de las tareas correspondientes a la ayuda al desarrollo. Esta coordinación debe hacerse tanto a escala de la Unión Europea como sobre el terreno, asociando a ella a las naciones beneficiarias. El paquete de medidas para una ayuda eficaz constituye una primera etapa. La Unión Europea y sus Estados miembros comparten una misma ambición para el desarrollo. Por tanto, hagamos frente juntos al desafío de una ayuda eficaz y transparente permaneciendo fieles a nuestros compromisos.

  Miguel Ángel Martínez Martínez, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, anteayer, cuando nos reunimos con la Presidenta de Liberia y brevemente tratamos de explicarle los principales esfuerzos que el Parlamento Europeo está realizando en el terreno de la cooperación para el desarrollo, insistimos en que para el Grupo Socialista el compromiso era doble: desbloquear más recursos para esa tarea –para nosotros prioritaria entre las responsabilidades de la Unión Europea– y alcanzar la máxima eficacia en la utilización de los recursos disponibles, para obtener resultados tangibles en la superación de un reto cada vez más grave y más insoslayable.

A ese respecto, el informe que ha preparado mi compañero y amigo Alain Hutchinson constituye un documento de una importancia extraordinaria, por su rigor y profundidad y por el momento en que se produce: cuando la opinión pública en la Unión Europea va tomando conciencia de que tanto por un principio de solidaridad como por el éxodo de emigrantes que huyen del subdesarrollo hacia nuestros países, no queda otra alternativa que la de contribuir con todas nuestras fuerzas desde Europa al desarrollo y a la estabilización de los países del Sur.

El informe de Hutchinson y su notabilísimo proyecto de resolución, que seguramente aprobaremos por una abrumadora mayoría, no constituyen un documento más de los muchos que debatimos en nuestro Parlamento. Porque estoy totalmente de acuerdo con sus planteamientos, no entraré ahora a repetir sus contenidos. Sí diré que tiene especial relevancia en un día como hoy, cuando hace unas horas parece haberse llegado a buen puerto en la negociación sobre el nuevo instrumento jurídico para la financiación de nuestra cooperación al desarrollo.

También diré que el informe es una pieza de auténtica doctrina y que contiene numerosísimas ideas y propuestas que el Consejo y sobre todo la Comisión deberán tener muy en cuenta para que la eficacia de nuestra labor en materia de cooperación siga mejorando.

Desde la Eurocámara, desde nuestra Comisión de Desarrollo y, ciertamente, desde mi Grupo Socialista, debemos comprometernos a que lo que nos propone Alain Hutchinson no quede en papel mojado o en simple declaración de buenas intenciones. Debemos esforzarnos para que sea una especie de guía de actuaciones, para que la eficacia que alcancemos en este terreno contribuya a obtener más y mejores resultados objetivos, que además justifiquen que se desbloqueen presupuestos más significativos y generosos en un terreno que ha dejado de ser artículo secundario, periférico o mecanismo menor para darnos buena conciencia, para transformarse en una prioridad realmente destacada en las políticas de la Unión Europea.

   Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Hutchinson por este excelente informe, que mi Grupo apoyará sin reservas.

Ya en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas se puso por tarea –una tarea que los diputados a este Parlamento se han tomado en serio en los últimos años– hacer que el éxito fuera mensurable, fijando objetivos y mostrando dónde se había logrado progreso. También para nosotros, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son la vara con la que medimos la eficacia de lo que hacemos en el frente de la política de desarrollo.

El informe provisional de las Naciones Unidas nos parece alarmante, en el sentido de que demuestra que los objetivos fijados no se han alcanzado, y, si bien este tipo de fracasos hace que los europeos bien pagados se sientan culpables, para millones de personas que viven en la pobreza significa la muerte, y para millones de mujeres jóvenes toda una vida sin educación. Ello debería ser razón suficiente para que la Comisión revisara la eficacia de su prestación de ayuda, y ciertamente justifica que miremos más de cerca su auto-análisis, por consiguiente permítanme felicitar al señor Hutchinson por el buen trabajo que ha realizado explicando con suma claridad a la Comisión lo que debería hacer.

Dicho esto, quiero aprovechar la oportunidad para considerar el papel de esta Cámara, porque también nosotros hemos contribuido, en cierta medida, a este fracaso. Es evidente que, durante años, hemos aceptado presupuestos que no hacían lo que se suponía que debían hacer, pero ¿podíamos tomar unas decisiones mejores? ¿Disponemos de suficiente información para desempeñar nuestro papel de control? Lo dudo. Hasta la fecha, la Comisión no ha presentado pruebas convincentes de que haya gestionado los proyectos de forma que se logren los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los datos del presupuesto, a partir de los que se nos ha pedido que tomemos decisiones, son superficiales.

En 2005, pedimos al Banco Europeo de Inversión que realizara un ejercicio de evaluación comparativa con respecto a sus préstamos, es decir, que evaluara cada préstamo en función de su contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Actualmente, los fondos que controlamos no pueden evaluarse de esta manera y, dado que no existe ningún organismo que pueda encargarse en nuestro lugar de controlar en general lo que se hace con el dinero, también deberíamos exigir que se nos incluyera a nosotros, el Parlamento Europeo, en toda la cadena de cooperación al desarrollo, es decir, que tuviésemos voz y voto en la programación del Fondo Europeo de Desarrollo.

Es preciso hacer propuestas tanto a nivel nacional como regional, que contengan unos objetivos y unos hitos concretos para alcanzar progresivamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en el futuro, querremos que la Comisión presente informes nacionales y regionales, divididos por sectores y proyectos, junto con informes que incluyan una lista de los promotores del proyecto y las empresas de consultores implicadas y detallen los fondos que se les han remitido.

Las 65 importantes propuestas contenidas en el informe Hutchinson dejan claro el hecho de que esta Cámara dispone en efecto de la competencia que deberá aprovecharse en el futuro, pero creo que hay un segundo pilar de competencia, junto con los Gobiernos de las regiones meta, en forma de las instituciones que operan en estas regiones, a las que hay que implicar mucho más. Según un enfoque, los donantes individuales en una región en particular deberían asumir el liderazgo en sectores específicos; ello no solo es muy elogiado en el informe, sino que también nosotros deberíamos considerar la posibilidad de utilizar la influencia financiera que tiene la Unión Europea –superior a la de las Naciones Unidas– para asumir el liderazgo con respecto a uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el que quiero proponer es el agua.

La Unión Europea debería comprometerse a asegurar, junto con los socios locales, el suministro de agua potable al continente africano y la recogida de sus aguas residuales. Ello nos daría más reconocimiento que el último escándalo relacionado con el envenenamiento del agua potable por las empresas europeas, y de esta manera deberíamos pedir a la Comisión que elaborara un calendario a partir de cuyas fechas fuera posible equipar a todas las principales ciudades al sur del Sáhara con sistemas para el suministro de agua potable y el desagüe de aguas residuales, y deberíamos insistir en que se elaboraran informes provisionales sobre los progresos en relación con el desempeño de esta tarea.

Quiero que la Comisión nos diga, en primer lugar, si posee las estructuras para hacer posible un plan maestro para una tarea como esta y si está de acuerdo en que la comunidad internacional necesita este tipo de centro especializado. Es preciso encontrar mejores maneras de unir a los que trabajan sobre el terreno con los políticos y donantes, y quiero sugerir que la Comisión organice, cada dos años, una conferencia internacional sobre el desarrollo africano con el objetivo específico de concienciar a los políticos y a los donantes de lo que se necesita y lo que se ha aprendido en la práctica. Una posibilidad consiste en ofrecer en una exhibición los proyectos que han tenido éxito y los que no lo han tenido, y premiar a los primeros.

Ello también brindaría una oportunidad de reclutar a nuevos trabajadores especializados en el ámbito de la cooperación al desarrollo, sobre todo entre los jóvenes.

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Señor Presidente, siempre que se pide a la gente que identifique a la superpotencia que domina a escala global, nombran a los Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Europea es la que ofrece más de la mitad de la ayuda pública del mundo y es el principal donante del mundo. Por desgracia, este logro no se traduce en un liderazgo europeo en la escena internacional. Decimos «Unión», pero pensamos en términos de «Estados miembros», como las decisiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005 en Bruselas según las cuales, entre un 80 y 90 % de la nueva ayuda a los países en desarrollo han de provenir de los Estados miembros.

Deberíamos preguntarnos si, en el futuro, estaremos preparados a considerar la reducción de la deuda para países específicos, más recientemente Iraq y Nigeria, como una forma de ayuda al desarrollo. Es claramente una solución fácil para la Unión Europea pero, de hecho, reduce la cantidad real de ayuda ofrecida a los países en desarrollo. No obstante, dejando de lado la condonación de la deuda, el año pasado se produjo un incremento de cinco mil millones en la ayuda real ofrecida a los países pobres. Al referirse a esta suma, algunos dicen «solo cinco mil millones», mientras que otros dicen «tanto como cinco mil millones».

En resumidas cuentas, hablando como representante de un nuevo Estado miembro de la Unión Europea, los países nuevos y antiguos de la Unión se encuentran en una situación totalmente desconocida. Formamos parte de la Comunidad Europea y queremos aceptar las obligaciones que ello implica. Nuestros países han de comprender que en el mundo los hay que son más pobres que nosotros.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente por su excelente informe. En sus 65 puntos ha abordado muchos ámbitos y factores que serán necesarios para ofrecer una ayuda mejor y mayor. Trata las fuentes innovadoras de financiación para el desarrollo y la necesidad de un enfoque que implique la reducción de la deuda, a fin de dar a los países en vías de desarrollo más espacio de maniobra en la lucha contra la pobreza, y, por supuesto, también recalca que es necesaria una coherencia entre los diferentes ámbitos de política. Nuestra ayuda solo será eficaz si hay una mayor coherencia entre los ámbitos de política.

Es evidente que la eficacia no ha de socavar la necesaria obligación de rendir cuentas. Precisamente en un momento en que se están destinando recursos aún mayores a la cooperación al desarrollo como ayuda presupuestaria directa, se necesitan suficientes recursos para construir una sociedad civil crítica e independiente. Si los países donantes quieren que su ayuda sea más eficaz, en muchos ámbitos dependerán de organizaciones no gubernamentales para garantizar que la ayuda ofrecida se utiliza realmente para reducir la pobreza, y que realmente llega a los pobres y desaventajados en los países asociados.

Los Estados miembros tienen que cumplir las promesas que han hecho en relación con la financiación de ayuda al desarrollo, es decir, el 0,56 % de su producto interior bruto en 2010 y el 0,7 % en 2015. En este sentido, es importante observar que la reducción de la deuda no debería incluirse en estos cálculos. Según las cifras más recientes del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, en 2005 la Unión Europea identificó una reducción de la deuda para Iraq y Nigeria, en especial, como ayuda al desarrollo, a pesar del hecho de que el Consenso de Monterrey dice expresamente que los recursos financieros ofrecidos para reducir la deuda no han de provenir de fondos de ayuda al desarrollo que normalmente tienen por objeto estar directamente a disposición de los países en desarrollo.

Por ello, el Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que elaboren cada año una lista exacta, que indique claramente las contribuciones ofrecidas directamente para la ayuda al desarrollo. Como ha dicho el ponente, la ayuda de la Unión Europea y de los Estados miembros ha de coordinarse de una forma complementaria y ha de ser coherente. Muchos de los países asociados están abrumados por el número de donantes: a menudo los proyectos paralelos producen una duplicación innecesaria de las estructuras y a veces incluso estorban el progreso. Solo será posible resolver este problema por medio de una mejor coordinación entre la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros.

El informe propone un grupo de trabajo en el que debería implicarse a representantes de la sociedad civil. Asimismo deberían utilizarse estudios de casos específicos que muestren lo que ya funciona y dónde es preciso realizar aún mucho trabajo.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Felicito al ponente y apoyo el punto principal de la presentación. La Unión Europea puede convertirse, y de hecho ha de convertirse, en un líder, no solo en cuanto al alcance sino también en cuando a la eficacia de la ayuda. Podemos seguir lamentándonos de que la cantidad de ayuda a terceros países es insuficiente, pero primero tenemos que asegurarnos de que la ayuda que se ofrece se use de forma eficaz. Hemos de coordinar mejor la provisión de ayuda, dejar las formalidades redundantes y reforzar el control a fin de responder a la situación siempre cambiante. El papel de la Comisión Europea solo ha de intensificar en este sentido, sobre todo en lo que respecta a coordinar la provisión de ayuda. Ello es muy significativo para los nuevos Estados miembros, dado que su contribución para ayudar a los países en desarrollo incrementa gradualmente. En este sentido, Lituania ya está cambiando de posición en el Banco Mundial al pasar de ser un país beneficiario para convertirse en un país donante, una situación que facilitará en gran medida la implicación de mi país en los programas de desarrollo del banco mundial.

Un factor de crucial importancia es el apoyo público, que hasta la fecha no ha sido tan sustancial como debería. Hemos de promover la percepción entre los nuevos Estados miembros de que al ayudar a los países en desarrollo también nos ayudaremos a nosotros mismos. En esta época de globalización, el mundo nos recuerda que la pobreza y el hambre, el malestar y los desastres naturales en África o en Asia también tienen un impacto sobre la estabilidad y los niveles de vida en Europa o América. Sin embargo, los países beneficiarios también han de demostrar su capacidad para gestionar adecuadamente los fondos que les han sido confiados. Tanto los diputados al Parlamento, como la UE y los Estados beneficiarios deberían prestar la máxima atención a esta cuestión.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 12 del mediodía.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, la exposición de motivos del informe del señor Hutchinson empieza con la dramática afirmación de que, en todo el mundo, mueren 11 niños cada minuto a resultas del hambre y la pobreza.

En efecto es difícil encontrar una mejor razón para abordar la cuestión de la eficacia de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea. No queda más remedio que estar de acuerdo con la afirmación de que solo tiene sentido incrementar la financiación de la ayuda al desarrollo si hay una mejora significativa de la eficacia de esta ayuda. Estoy convencido de que los ciudadanos de Europa apoyarán un incremento de la financiación de la ayuda al desarrollo. Sin embargo, no tolerarán el derroche, la ineficacia, la falta de transparencia y las actividades falsas, de ahí que sea importante mejorar la eficacia.

Es crucial que solo la ayuda verdadera se clasifique como tal. Por ello apoyo el criterio de que la reducción de la deuda de los países pobres ha de mantenerse separada del gasto en ayuda al desarrollo. De hecho, la iniciativa HIPC no ha ofrecido una solución permanente al problema del endeudamiento de los países pobres. Por otro lado, es esencial que la mayor cantidad de ayuda financiera posible esté disponible para ser enviada directamente a los beneficiarios. Es importante no dar la impresión de que una gran proporción de estos fondos se utiliza para pagar a intermediarios, como funcionarios o asesores. Por ello, debería apoyarse la disposición sobre la necesidad de lograr una cooperación más profunda y descentralizada y trabajar directamente con las autoridades locales en los países en desarrollo.

(La sesión, suspendida a las 11.55 horas en espera del Turno de votaciones, se reanuda a las 12.05 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Señor Presidente, quiero intervenir en relación con la observancia del Reglamento. Lívia Járóka, diputada a esta Cámara, que ha sido nominada para el premio «eurodiputado del año» por su firme campaña a favor de los derechos de la población romaní, ha recibido mensajes de correo electrónico racistas y misóginos del tipo que considero completamente fuera de lugar en esta Cámara. Es intolerable, y quiero que la Cámara tome nota de ello.

(Aplausos)

  El Presidente. – Creo que los aplausos expresan la aprobación por parte de sus Señorías de lo que usted ha dicho.

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Bozkurt. Creo que es totalmente indecente que un observador búlgaro intente pisotear la dignidad de la señora Járóka: y eso es precisamente lo que hace su mensaje de correo electrónico. Espero que la Presidencia emprenda una acción rotunda en esta cuestión. Él no debería formar parte de esta Cámara.

(Aplausos prolongados)

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera protestar por el discurso del Primer Ministro del Líbano, el señor Siniora, en la Conferencia de Presidentes de ayer. Su intervención fue totalmente sesgada y tendenciosa y no hubo oportunidad de responder allí mismo a lo que dijo. Todo estaba amañado por los Grupos políticos, lo cual quizás sea justo. Pero en interés de una información justa y equilibrada, quisiera solicitar a la Conferencia de Presidentes que cursara una invitación al Primer Ministro o al Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, de forma que podamos escuchar la otra versión de la historia.

(Grandes aplausos)

  El Presidente. – Todo ello será comunicado a los órganos competentes.

6. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

7. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)

7.1. Hacia una ayuda mayor y mejor de la UE: el paquete 2006 para una ayuda eficaz (votación)

7.2. Pesquerías de solla y lenguado del Mar del Norte (votación)

7.3. Producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (votación)

7.4. GALILEO (votación)

7.5. Política común de inmigración (votación)

7.6. Situación en Darfur (votación)

7.7. Relaciones económicas y comerciales de la UE con la India (votación)

- Antes de la votación sobre la enmienda 4:

  Sajjad Karim (ALDE), ponente. – (EN) Señor Presidente, tras la palabra «paralelamente» quisiera insertar el siguiente texto: «a las negociaciones comerciales; señala que el Consejo del SAFTA examina actualmente diversos puntos de la lista positiva y de la lista negativa», y luego continuar con el texto tal como está.

  El Presidente. – ¿Hay alguna objeción a que se incluya esta enmienda?

(El Parlamento acepta la enmienda oral)

7.8. Perspectivas de las mujeres en el comercio internacional (votación)

7.9. Mejora de la situación económica del sector pesquero (votación)

7.10. Cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques (votación)

7.11. Nanociencias y nanotecnologías (2005-2009) (votación)

  El Presidente. – Con esto concluye el Turno de votaciones.

8. Explicaciones de voto

Informe Hutchinson (A6-0270/2006)

  Nirj Deva (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo hemos respaldado este informe, pero estamos básicamente en desacuerdo con el apartado 58 de este informe, que solicita a los Estados miembros que trabajen por una «circunscripción única», es decir, un puesto que represente a la UE en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, dado que este apartado es un simple «recuerdo» de una postura que se mantuvo previamente, podemos respaldar el informe.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Es sabido que la Lista de Junio se opone a que la ayuda esté bajo los auspicios de la UE. Hay diversas razones para ello. La política de ayuda, al igual que la política exterior, es una cuestión nacional y, como tal, no debería delegarse en Bruselas.

Nos oponemos a la mayor parte del informe, incluida la petición de unos mayores presupuestos. El ponente también se entromete en otras cuestiones puramente nacionales, como el seguimiento y la supervisión de la ayuda bilateral. Asimismo hay una propuesta de la Comisión para llevar a cabo una planificación estratégica de la ayuda ofrecida a los Estados miembros. Eso es totalmente inaceptable.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Quisiera felicitar a nuestro ponente por este informe, que contiene varias excelentes iniciativas encaminadas a dirigir mejor la ayuda. La UE tiene mucho de que enorgullecerse en materia de desarrollo internacional, a menudo mucho más que la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, podríamos hacerlo mejor, mucho mejor, y este informe contiene algunas buenas ideas que me complace respaldar.

Informe Maat (A6-0265/2006)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El criterio fundamental de la Lista de Junio es que las cuestiones relacionadas con la pesca deberían ser tratadas dentro del marco de las organizaciones internacionales existentes. Esto significa que la UE no debería seguir una política pesquera común ni prescribir cuotas pesqueras. Una pesca sostenible es una condición previa para la existencia continuada de la industria pesquera. La experiencia demuestra que la UE no da prioridad a la pesca sostenible. Como ejemplo, las cuotas pesqueras prescritas para el bacalao en el Mar Báltico han sido objeto de muchas críticas, entre otras, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Celebro este detallado informe sobre los retos y posibilidades a que se enfrentan la UE y la India en la búsqueda de unas relaciones comerciales bilaterales más estrechas. Estoy totalmente de acuerdo con la petición del ponente de que insistamos en la importancia estratégica de las relaciones comerciales con la India, dado su impresionante desarrollo económico y su papel de líder del G20 en la Organización Mundial del Comercio.

A medida que el país prospera internacionalmente, la distancia entre ricos y pobres dentro de sus fronteras se amplía, y por lo tanto respaldo la importancia que otorga este informe a que se aborden conjuntamente los problemas de comercio y desarrollo. La India tiene la responsabilidad ante sus ciudadanos de hacer cumplir las principales normas laborales y ambientales. Al mismo tiempo, la UE, como líder mundial y principal socio comercial de la India, debe trabajar con las autoridades de este país para garantizar que el Sistema de Preferencias Generalizadas pueda seguir respaldando a la industria india y permita alcanzar un delicado equilibrio entre la necesidad de aplicar las normas internacionales en materia de propiedad intelectual y garantizar que se mantenga la sabiduría tradicional y el acceso a los medicamentos para enfermedades relacionadas con la pobreza.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. (EN) Pese a que vota a favor del informe, el Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) quiere hacer constar que celebra el papel del Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte como fuente de asesoramiento e importante elemento de consulta conforme a la PPC. El EPLP también lamenta que el informe no reconozca más la relación existente entre las medidas adoptadas en la gestión de las poblaciones de platija y lenguado en el Mar del Norte y el alcance del plan de recuperación del bacalao. El grado de recuperación de la población de bacalao del Mar del Norte es escaso y resulta esencial que todos los aspectos de la pesca que le afectan permanezcan dentro del ámbito de aplicación del plan de recuperación de esta especie.

Informe Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Comisión intenta modificar el Reglamento (CCE) nº 2092/91, actualmente vigente, que establece disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos, con miras a racionalizar los procedimientos aplicados al reconocimiento de los productos ecológicos importados. Sin embargo, no hace todo lo que sería necesario.

De ahí que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya presentado una serie de enmiendas con el objetivo de proteger a los consumidores y a los productores a escala nacional. Por ello se insiste en la necesidad de controlar los productos importados de terceros países, a fin de garantizar que el producto se haya obtenido de conformidad con normas de producción equivalentes a las que se aplican a la producción ecológica en la comunidad, y que haya reciprocidad.

No sería justo para los agricultores y consumidores de la UE que un producto de un tercer país no fuera sometido a los mismos controles que los aplicados a los agricultores de la UE. Además, las autoridades nacionales competentes han de estar implicadas por lo menos en el proceso de reconocer a los organismos de control en los terceros países. La lucha contra el fraude solo será más eficaz si hay un control y un reconocimiento por parte de las autoridades nacionales de los países importadores.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio entiende que es necesario fijar los mismos requisitos para los productos ecológicos de terceros países que para los producidos en la UE. Sin embargo, los sistemas de control no deben generar costes elevados indebidos y es necesario tener en cuenta las subvenciones recibidas por los productores de la UE para sus productos ecológicos.

Somos escépticos con respecto a la propuesta de enmienda de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se presenta la idea de aplicar requisitos más estrictos a los productos ecológicos de terceros países y nos preguntamos si tras la enmienda de la comisión a la propuesta de Reglamento se esconden motivos proteccionistas.

Por lo tanto, no estamos preparados para apoyar a la comisión y hemos votado en contra de su enmienda y de la propuesta de resolución.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El setenta por ciento de los productos ecológicos importados se importan conforme a «licencias de importación».

Los controles se llevan cabo sobre la base de documentos y no mediante muestreo in situ. Se considera que este procedimiento es justo.

Por lo tanto, es esencial asegurar que los productos ecológicos comercializados con el etiquetado ecológico europeo se produzcan, sin excepción, de conformidad con los principios y condiciones provistos en el Reglamento (CEE) nº 2092/91.

De ser así, las enmiendas propuestas por el ponente mejoran las condiciones y controles de las importaciones de productos ecológicos en la UE procedentes de terceros países, de modo que las importaciones serán más o menos iguales que los productos nacionales, porque la legislación comunitaria por la que se establecen las condiciones de producción de productos ecológicos en los países de la UE es mucho más estricta que el Código Alimentario.

También estamos de acuerdo con la propuesta de Reglamento sobre la producción, el etiquetado y la importación de productos ecológicos. Sin embargo, no compartimos el punto que indica que la certificación debe ser realizada por organismos acreditados a cambio de unas tasas de certificación razonables.

Creemos que el interés público no puede protegerse de forma eficaz por medio de organismos privados, aunque estén acreditados por las correspondientes agencias gubernamentales y estén sujetos a controles sobre el terreno. Para una protección eficaz del interés público es necesario contar con agencias gubernamentales que ofrezcan una certificación gratuita a los agricultores de productos ecológicos, a través de un servicio gratuito y mediante el desarrollo de incentivos para la agricultura ecológica.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Me complace felicitar a mi colega de Grupo por este informe. Los alimentos de cultivo biológico representan un mercado creciente en Escocia, pero la confianza en los criterios que se aplican en el sector es esencial si queremos que se desarrolle. Este informe apunta en la dirección correcta, pero la UE debe ir más allá y destacar oficialmente el apoyo a la agricultura orgánica y a las formas de protegerla y promoverla.

Propuesta de resolución Galileo (B6-0511/2006)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El programa Galileo –programa europeo de radionavegación por satélite– cuando es utilizado para fines no militares y no forma parte de la tendencia hacia una seguridad opresiva, es un instrumento importante que tiene por objetivo asegurar la prestación de un servicio público. Por tanto, debería constituir una gran oportunidad para la cooperación, el avance científico y técnico, y para el intercambio y el acceso a información, sin que para ello se vean afectados los derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos.

Galileo podría ayudar a poner fin a la dependencia del sistema GPS controlado por los Estados Unidos y que es administrado por el ejército estadounidense, que incluso llega a dificultar su acceso y utilización cuando llevan a cabo sus ataques militares contra pueblos y países.

Por lo tanto, lamentamos que la mayoría del Parlamento Europeo haya votado en contra de las propuestas de enmiendas presentadas por nuestro Grupo, que rechazaban la utilización del programa Galileo para fines militares y que destacaban que el programa debería posibilitar la igualdad de acceso a todos sus usuarios. Asimismo, la utilización de la información disponible por parte del público debería ser gratuita.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Galileo es el proyecto comunitario por excelencia para cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

El programa europeo de radionavegación por satélite constituye un nuevo desafío tecnológico que traerá más crecimiento para la economía europea y oportunidades de negocio. Por tanto, nos compete garantizar que no se trata de otro mero proyecto. Esta primera infraestructura europea, cuya gestión recae sobre la Comunidad, tiene un interés estratégico crucial para la realización de la Estrategia de Lisboa.

En una Europa llena de PYME, este es el momento de las grandes oportunidades.

Por ese motivo, las instituciones comunitarias deben garantizar su buena gobernanza y asegurar unas normas transparentes y eficaces para las asociaciones público-privadas, y garantizar que aprovechamos todo el potencial de este proyecto.

Por tanto, es fundamental aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por el proyecto y esto solo podemos hacerlo si nos damos cuenta de que este es el camino que debemos seguir.

Propuestas de resolución sobre una política común de inmigración (RC-B6-0508/2006)

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra de la presente propuesta conjunta de Resolución, porque se trata de un ejemplo de discurso políticamente correcto sobre inmigración, siendo la corrección política un dogma que domina en esta institución y cuyo cuestionamiento está tan prohibido como lo estaba el dogma religioso en la Edad Media.

En un momento en el que nuestras fronteras en el Mediterráneo –uno piensa en Lampedusa y en las Islas Canarias– no pueden detener las riadas de emigrantes económicos, Europa se sigue negando a admitir que no podemos –y fue un Primer Ministro socialista el que dijo esto con acierto– soportar las miserias de todo el mundo sobre nuestros hombros. Aunque en Europa queremos aceptar a los inmigrantes que están preparados para adaptarse, tenemos que decir a los que no lo están que deben volver a sus países de origen.

Tenemos que detener por completo la inmigración, al tiempo que ponemos en práctica una ambiciosa política de desarrollo que tenga por objetivo reducir la presión que mueve a las personas a abandonar el mundo en desarrollo y dejar claro que en Europa no hay lugar para el fundamentalismo islámico.

El pasado domingo, en un referendo, los ciudadanos de Suiza optaron masivamente por mantener su propia identidad. Los suizos son un pueblo libre e independiente, y Europa haría bien en seguir su ejemplo en lugar de arrodillarse ante el terrorismo intelectual del grupo de presión de la inmigración.

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), por escrito. (SV) La delegación de los Conservadores suecos ha decidido votar en contra de la resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, ya que nos oponemos de pleno a la lista común de países de origen seguros a la que se hace referencia en la última frase del apartado 9.

También pensamos que esta versión de la resolución hace poco hincapié en el hecho de que todas las medidas destinadas a la lucha contra la inmigración ilegal deben ser compatibles con las salvaguardas y los derechos fundamentales de las personas establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

No nos oponemos por completo al apartado 4 (obligación de informar a otras partes al aplicar normas más liberales), pero nos mostramos escépticos, ya que podría ser el primer paso hacia la supranacionalización total de la esfera de la inmigración y el asilo.

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), por escrito. (PT) El Consejo de Tampere definió un ambicioso programa político para Europa, a saber, construir un espacio europeo común en el que las cuestiones en materia de libertad, seguridad y justicia estuvieran en un equilibrio perfecto. Sin embargo, el equilibrio que se buscó en aquel momento sigue siendo, hoy en día, demasiado frágil. Lo que vemos es una tendencia a anteponer las preocupaciones sobre seguridad a los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal dominan claramente la agenda de Justicia y Asuntos de Interior.

El nuevo Programa de La Haya de 2004 carece de una visión de futuro. El problema de la inmigración reclama el método comunitario de toma de decisiones, es decir, la legitimidad que se deriva de la intervención del Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión, y requiere una Carta de los Derechos Fundamentales vinculante. La política de inmigración tiene que ser una política de la Unión humanista, preventiva y orientada a la cooperación con los países de origen. Lo que necesitamos es un compromiso solidario entre los Estados miembros, basado en obligaciones comunes o, de lo contrario, no será una política justa.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre la política común de inmigración de la UE (RC-B6-0508/2006), debido a la necesidad de la Unión Europea de adoptar una verdadera política de inmigración común y de eliminar todos los obstáculos a la creación de un sistema europeo que posibilite la definición de normas comunes de protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes y solicitantes de asilo en la Unión Europea.

La Unión Europea debe adoptar un enfoque transversal que permita abrir vías para la inmigración legal y fomentar la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida, basado en una integración legal en el mercado de trabajo, en el derecho a la educación y a la formación, en el acceso a los servicios sociales y sanitarios, así como en una participación eficaz de los inmigrantes en la vida social, cultural y política del país de acogida. Por otro lado, es fundamental apoyar el desarrollo de los países de origen a fin de responder a las causas que subyacen a la inmigración.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) En opinión de la Lista de Junio, la política común de inmigración de la UE es una de las principales causas de la trágica situación a la que muchos emigrantes se exponen cuando, con la esperanza de encontrar una vida mejor, se embarcan en lo que bien puede llamarse un viaje con riesgo de muerte hacia la UE. Es absolutamente conveniente señalar en esta Resolución que el Reglamento Dublín II ha sido, y sigue siendo, un fracaso. Debido al Reglamento, a los países meridionales y orientales de la UE, principalmente, se les ha otorgado la facultad de decidir el destino de los inmigrantes sin tener en cuenta las políticas de inmigración y las necesidades de los demás Estados miembros. Es muy peculiar, e igualmente inaceptable, que la UE haya estado experimentando con una política común de inmigración durante una década. Todos estos experimentos políticos han socavado el derecho de los Estados miembros a la autodeterminación en relación con la inmigración, al tiempo que han causado un gran sufrimiento a los inmigrantes. La solución a la situación a la que nos enfrentamos hoy no es conferir más poderes a la UE en el ámbito de la inmigración para que pueda continuar con su política de inmigración fallida, sino devolver a los Estados miembros su derecho a la autodeterminación.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Resolución contiene algunos aspectos que consideramos positivos, como el reconocimiento del drama que se está desarrollando o la necesidad de abrir canales de migración legal, además de la necesidad de una integración eficaz y de planes de desarrollo en los países de «origen».

Sin embargo, consideramos que no denuncia la política represiva y basada en la seguridad de la UE, la cual criminaliza la inmigración ilegal, y por la que se toman medidas para cerrar fronteras, crear centros de detención y expulsar inmigrantes.

También nos oponemos a la creación de una política común de inmigración, ya que esta no es la respuesta adecuada para las cuestiones y problemas que nos ocupan, como lo demuestran los resultados de las demás políticas comunes. La realidad de la migración varía entre los distintos Estados miembros de la UE y cualquier decisión relacionada con esta política debe respetar la soberanía de cada Estado lo que, obviamente, no impide que se coopere en este ámbito.

Más que una política común, lo que se necesita es otra política y otras medidas que protejan realmente los derechos de los inmigrantes –como la ratificación y el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la «protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares»– y combatan las causas profundas de la inmigración.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Aunque esta propuesta trata de un enfoque común de la inmigración en Europa, podemos respaldarla porque reafirma enérgicamente las competencias y responsabilidades de los Estados miembros individuales y destaca la necesidad de cooperación, no de armonización.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Cada día son un poco más numerosas las piraguas y embarcaciones improvisadas procedentes de Senegal, Malí, Mauritania o Gambia que arriban a las costas de las Islas Canarias.

En total, unos 300 000 africanos entran al parecer cada año de forma clandestina en la UE. Los dirigentes europeos no tienen más remedio que tomar conciencia de la magnitud del fenómeno y empiezan a preocuparse por las desastrosas consecuencias –aunque sin condenarlas– de los criminales acuerdos de Schengen y del modo en que las regularizaciones masivas en España e Italia de inmigrantes indocumentados (más de 1 150 000 extranjeros han quedado regularizados en España desde 1985) han supuesto un incentivo extraordinario para otros inmigrantes potenciales.

Por el momento, la Unión Europea se limita a sermonear a España por haber sido demasiado «laxa», a su juicio, al regularizar a los inmigrantes. No se trata evidentemente de cambiar las leyes de inmigración y el derecho de asilo, siguiendo el ejemplo de Suiza, donde el 68 % de los votantes acaban de aprobar una nueva ley de inmigración y un endurecimiento de las condiciones de acceso al derecho de asilo, dotándose así de una de las legislaciones más restrictivas de Europa.

El tiempo de la sumisión y la pasividad debe acabar. La manera de frenar esta avalancha de inmigrantes para por el restablecimiento de las fronteras, el rechazo de todo inmigrante y el cese de las naturalizaciones.

  Marine le Pen (NI), por escrito. – (FR) Al parecer, los dirigentes europeos están preocupados por la inmigración clandestina. ¡Ya era hora! Es cierto que, solo desde 1995 y los desastrosos acuerdos de Schengen, el Frente Nacional no cesa de advertir y denunciar los inevitables perjuicios derivados de la supresión de los controles en las fronteras interiores de la Unión.

Habrá sido necesario que España vea desembarcar el número récord de más de 25 000 inmigrantes africanos en las Islas Canarias desde enero y que los guardacostas italianos trasladen a los campos de refugiados de la pequeña isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, a más de 12 000 inmigrantes en nueve meses para que todos los Gobiernos de Europa y los ediles europeos se preocupen por el empuje migratorio irresistible y en progresión exponencial en Europa.

Europa se muestra abiertamente impotente para gestionar sus fronteras marítimas y terrestres. Además, no será ese simulacro de Agencia para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de Europa, que brilla por su lentitud y su falta de personal y de medios, la que aportará una respuesta eficaz a la afluencia de inmigrantes.

Restablezcamos las fronteras interiores de Europa y paremos las regularizaciones de trabajadores clandestinos que no hacen más que atraer a nuevos inmigrantes. Estas son las principales condiciones indispensables para un cese inmediato de esta oleada de inmigrantes.

  Patrick Louis y Philippe de Villiers (IND/DEM), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra de las dos resoluciones que se nos proponían. Dichas resoluciones constataban, con ciertos matices, la dificultad de controlar la entrada y la circulación de inmigrantes clandestinos, sin mencionar jamás que tal dificultad resulta precisamente de la abolición de las fronteras nacionales.

Las dos resoluciones recogen la idea, compartida por el señor Sarkozy, de la abolición total de la votación por unanimidad para el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, es decir, la soberanía de los Estados en su territorio. Es un ejemplo más de cómo la integración europea se emplea como solución al problema que ella misma plantea. Los que –como el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos– pretenden hoy en este Parlamento contener la inmigración crean en realidad más problemas que los que resuelven: no debimos aprobar el Tratado de Schengen, con la supresión de los controles fijos en las fronteras interiores, no debimos aprobar el Tratado de Amsterdam, es decir, la comunitarización de lo esencial de las políticas de asilo, visado e inmigración, incluida la lucha contra la inmigración clandestina. Se han abierto las válvulas de la inmigración incontrolada privando al mismo tiempo a los Estados miembros de sus competencias, para transferirlas a una Unión forzosamente paralizada.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La inmigración es una prueba de la vitalidad económica y es un factor clave para proporcionar personas activas y con espíritu de iniciativa. La inmigración ilegal, por el contrario, es un negocio de mafias que amenaza la vida de los candidatos e incentiva un mercado de trabajo paralelo e inhumano.

Por este motivo, medidas como las legalizaciones extraordinarias son buenas intenciones con malos resultados. Son un pequeño premio para los inmigrantes ilegales y un enorme triunfo para las redes de contrabandistas.

Si queremos una inmigración con efectos positivos, tenemos que considerar que la capacidad de absorción del mercado es el concepto fundamental. Pero esto solo se conseguirá con normas claras y viables que faciliten la inmigración legal y hagan inviable la ilegal, que es un problema que afecta a toda Europa. Por tanto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir que debemos tener en cuenta el reequipamiento de las fuerzas armadas como componente de protección de las fronteras exteriores que compartimos.

Por ultimo, no creo que la solución pase por el refuerzo de la aplicación de la ley. El camino de la lucha contra la inmigración descontrolada, la pobreza y la amenaza terrorista pasa por la exportación de la riqueza, de la prosperidad económica y de nuestro modelo democrático liberal.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La afluencia masiva de migrantes clandestinos a las Islas Canarias ha recordado a la opinión pública y a los Gobiernos los graves y complejos problemas planteados por la inmigración ilegal.

Quisiera recordar a mis colegas diputados al Parlamento Europeo que este fenómeno no es nuevo en los departamentos franceses de ultramar, en particular en Mayotte, Guyana, Martinica y Guadalupe, debido a su proximidad con algunos de los Estados más pobres del planeta. Mayotte se encuentra a unas pocas millas náuticas de las Comores, y la frontera de Guyana es una extensión de selva ecuatorial difícilmente controlable. Por tanto, las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentran las Islas Canarias y los departamentos franceses de ultramar, ganarían mucho con la existencia de una política común de inmigración.

Me parece crucial que el Parlamento Europeo haga hincapié en cinco aspectos de esta futura política: una ayuda al desarrollo más selectiva; el desarrollo de asociaciones con los países de origen; la seguridad en las fronteras y la lucha contra el tráfico de seres humanos; el refuerzo de la política de devolución y una mejor integración de los inmigrantes legales en sus países de acogida.

Necesitamos una reglamentación clara, que precise prioridades concretas y operativas. La Unión Europea no puede contentarse ya con declaraciones de intenciones.

Propuestas de resolución sobre la situación en Darfur (RC-B6-0512/2006)

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) La situación en Drafur se deteriora ante nuestros ojos y es descorazonador ver nuestra impotencia ante dicha agresión. He seguido de cerca la negociación de esta resolución y la apoyo, pese a que me gustaría que hiciésemos más.

Informe Karim (A6-0256/2006)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio está firmemente a favor de la realización del mercado interior. Para ello, la UE debe contar con una política comercial común en su relación con otros Estados. Sin embargo, no es tarea de la UE plantear objeciones a los asuntos políticos internos de India.

El ponente pone reparos a, entre otras cosas, la burocracia de India, la estructura del sector público y la política regional del Gobierno central indio.

La Lista de Junio defiende la causa de la autodeterminación y la soberanía nacional, independientemente de si el Estado en cuestión está en la UE o en cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe.

Asimismo, tampoco descartamos la idea de que India tenga sus puntos de vista sobre las políticas comercial y agrícola de la UE.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El importante informe sobre las relaciones entre la UE y India contempla muchos aspectos, algunos de los cuales no aceptamos.

A pesar de contener puntos que suscitan preocupaciones que compartimos, el informe se encuadra en la perspectiva de la liberalización del comercio mundial en el marco de la OMC o a través de la proliferación de acuerdos bilaterales o multilaterales de libre comercio, en el marco de la competencia y los vínculos con los Estados Unidos, que claramente rechazamos.

El informe defiende el llamado «Programa de Doha para el Desarrollo» y el avance de las negociaciones, que actualmente se encuentran en un punto muerto, para la liberalización del comercio y de los mercados a escala mundial.

El informe, una vez más, insiste en la necesidad de que la UE pida a India y a los países del G20 que «comprendan» (???) que «la oferta europea sobre agricultura debe ir seguida de una oferta razonable del G20 sobre acceso a los mercados para los productos no agrícolas y servicios», lo que es inaceptable.

De ahí nuestro voto en contra.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) He votado a favor del informe del señor Karim sobre las relaciones económicas y comerciales de la UE con India. Tal como yo lo veo, se han incluido los importantísimos aspectos sociales y también se presta atención al abismo social entre ricos y pobres, y entre el sur y el oeste y el norte y el este. Me gustaría destacar en particular la importancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para todos los trabajadores indios. Aunque el informe insta a los inversores extranjeros a que cumplan con sus responsabilidades políticas, aplicando las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, me gustaría destacar que, por supuesto, esto también debe aplicarse a los empresarios indios, a fin de crear estructuras coherentes en India para hacer frente a las desigualdades y mejorar la calidad del empleo.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El informe de iniciativa propia tiene el importante mérito de recordarnos la importancia que tiene para nuestro futuro una estrategia adecuada en las relaciones con India. Los países llamados BRIC (Brasil, Rusia, la India y China) son claves para comprender la situación actual de la economía mundial, pero no debemos pensar que Brasil, Rusia, China o la India son países en relación con los cuales debemos desarrollar estrategias idénticas. Todo lo contrario.

Nuestras relaciones con estos países deben desarrollarse de tal modo que la globalización, el desarrollo económico y el crecimiento del comercio mundial sean factores de prosperidad para todos o para el mayor número posible, por lo menos, lo que implica estrategias distintas. India, democrática y populosa, es diferente de China, no democrática y más poblada, y de Rusia, nuestra vecina.

Si queremos ser un proyecto de éxito, una de nuestras prioridades debe consistir en pensar en nuestro futuro a la luz del desarrollo de estos países y elaborar estrategias adecuadas para las relaciones con cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el caso de India es el que reviste más importancia. En términos geográficos, políticos y económicos, su situación merece una atención especial, en previsión de que, en el futuro, sea un importante aliado.

Informe Breyer (A6-0254/2006)

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, los diputados al PE del partido checo ODS nos hemos negado a respaldar el informe de la señora Breyer sobre las perspectivas de las mujeres en el comercio internacional. Este informe es una muestra de agitación feminista de izquierdas que no puede traer ningún resultado positivo. Nos oponemos por completo a la teoría de la igualdad entre los sexos y a todos los requisitos basados en este enfoque equivocado de la sociedad humana. Consideramos a las personas como ciudadanos concretos con derechos y libertades garantizados por el Estado y no como grupos colectivos predeterminados por el género y con derechos colectivos. La igualdad ante la ley lleva tiempo siendo una realidad en todos los países. En los Estados miembros de la UE, todos los hombres y mujeres disfrutan de libertad y hacen uso de ella de diversas formas, según lo consideren necesario, y un ejemplo de esto sería que las mujeres dedican más tiempo a cuidar de los hijos que los hombres. La obligación de establecer la igualdad entre hombres y mujeres se enfrenta a la idea de libertad. Por tanto, no podemos, bajo ninguna circunstancia, apoyar las cuotas de mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas, como se propone en el informe. Tampoco estoy de acuerdo con la creencia de la ponente de que la liberalización del comercio mundial ofrecerá a hombres y mujeres un mundo de nuevas oportunidades para su realización y mayor riqueza. Por lo tanto, hemos votado en contra del informe.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hemos votado en contra del informe sobre las perspectivas de las mujeres en el comercio internacional.

El libre comercio aumenta la riqueza y reduce la pobreza. En las últimas décadas, la globalización ha dado lugar a increíbles mejoras en el nivel de vida, también para mujeres y niños. El libre comercio crea un mayor número de puestos de trabajo formales, aunque también, al contrario de lo que se afirma en el informe, ofrece a las mujeres en empleos informales una mayor seguridad y una vía de escape de la pobreza.

En el presente informe, el centro de atención es la forma más que la sustancia. La igualdad es importante, especialmente en lo que respecta al mundo del trabajo, donde una situación en la que las mujeres reciben sus propios salarios contribuye considerablemente a su independencia y al control de sus propias vidas. Más globalización, y no instituciones de la UE ampliadas, es el camino correcto para incrementar la autonomía de las mujeres.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de la presente Resolución porque, a pesar de que contiene algunos puntos a los que nos oponemos, adopta un enfoque positivo hacia el papel de las mujeres y de la lucha contra la discriminación en el ámbito del comercio internacional.

Sin embargo, tenemos que señalar que el informe debería ir más lejos en su crítica a la liberalización del comercio internacional y el impacto perjudicial que esta tiene sobre las personas de los países menos desarrollados, en particular las mujeres. También debería haber criticado los esfuerzos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos por bloquear un punto de vista más progresista de la lucha por los derechos de las mujeres.

Asimismo, debería haber condenado las vergonzosas acciones de las multinacionales, que utilizan el trabajo de las mujeres en un país hasta que encuentran otro país en el que puedan obtener más beneficios, haciendo la vista gorda a las repercusiones sobre las mujeres del aumento del desempleo y del empeoramiento de las condiciones de vida.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) Me he negado a participar en la votación sobre el informe Breyer porque partiendo de la necesaria promoción de las mujeres en todos los ámbitos económicos se ha convertido en un cajón de sastre de ideas que mezcla lo mejor y sobre todo lo peor.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, ya que reconoce el papel esencial de las mujeres en el apoyo a las economías de todo el mundo, que muchas veces se pasa por alto. Revela que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue existiendo dentro y fuera de la Unión Europea en lo que respecta a sus oportunidades de acceso a la educación y el trabajo. Al mismo tiempo, el informe llama la atención sobre el importante hecho de que el denominado «trabajo femenino», incluido el cuidado de la familia y la prestación de asistencia social, tradicionalmente no ha sido reconocido ni remunerado.

El hecho es que las mujeres ya contribuyen de modo importante, en términos económicos, tanto en el ámbito público como en el privado. En el pasado, muchas políticas internacionales de comercio y desarrollo no han reconocido en qué medida las mujeres de los países en desarrollo participan en actividades generadoras de ingresos y controlan el presupuesto familiar. Por tanto, celebro y apoyo el llamamiento a una política que fomente una mayor participación económica de las mujeres con el objetivo de mejorar aún más su condición y aumentar sus ingresos y bienes. Asimismo respaldo la recomendación del informe de que los Estados miembros de la UE deberían seguir el ejemplo noruego estableciendo una cuota del 40 % de representación femenina en los consejos de administración de sus sociedades anónimas.

  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. (IT) La relación que existe entre las cuestiones de género y el comercio no es solo importante desde el punto de vista económico, sino que también refleja lamentablemente una cultura que se encuentra en varias partes del mundo, donde las mujeres siguen encontrándose en los márgenes de la sociedad.

El informe mantiene que el crecimiento del comercio ha hecho más fácil que las mujeres entren en la economía industrial moderna y que lo que hagan con más rapidez que antes. Me gustaría hacer una observación: con demasiada frecuencia, las declaraciones de principios no se corresponden con la realidad; de hecho, las empresarias siguen encontrándose graves problemas, en parte porque a menudo representan a pequeñas o medianas empresas o distribuidores y a la industria artesana, sectores que se están viendo cada vez más afectados por la globalización de los mercados, un proceso que muy a menudo carece de normas claras y comunes.

Lo que realmente se necesita no es solo más ayudas económicas, sino más ayudas estructurales para apoyar a las mujeres en el mundo del trabajo y de la empresa y para adoptar una posición firme en contra de la seudocultura que ignora los derechos económicos y sociales de las mujeres –como ha denunciado la Plataforma de Acción de Pekín– o que incluso los califica de obstáculos.

A pesar de nuestro voto a favor del informe, debo señalar que la labor política y práctica de la Unión es abordar, con propuestas valientes, los aspectos negativos que penalizan una mayor integración de las mujeres, especialmente en los países más pobres, pero también en los Estados miembros de la UE.

  Lydia Schenardi (NI), por escrito. – (FR) Debo felicitar a mi colega, la señora Breyer, por su informe. En efecto, no puedo sino sumarme a sus conclusiones, en las que recomienda un cambio radical de la política comercial de la UE. Ha sido necesario un informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para que por fin se tengan en cuenta los derechos de las mujeres, como también los de todos los trabajadores, en el actual proceso de globalización que Bruselas busca y sufre.

La ponente parece casi ingenua cuando descubre que la presión competitiva en una economía cada vez más globalizada lleva al descenso de los salarios y los gastos de explotación, al desempleo, a las deslocalizaciones y a los cierres de empresas. Las cifras son, en efecto, muy preocupantes: el 70 % de los 1 300 millones de personas que, a escala mundial, viven en la pobreza son mujeres.

No obstante, debo reconocer la utilidad de subrayar aquí que la desigualdad entre hombre y mujeres, muy en especial en Asia y África, donde la mujer es humillada, pisoteada y considerada inferior al hombre, genera evidentes dificultades en el terreno económico, comercial, social y político. Antes de nada, está muy claro que hay que revisar de inmediato la propia condición de la mujer en todos esos países, en los que muy a menudo prevalece la ley islámica.

Informe Gueirrero (A6-0266/2006)

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Entre las dificultades económicas, el agotamiento de las poblaciones y los controles puntillosos, la pesca europea va mal. Los pescadores del Mediterráneo se ven fuertemente golpeados. Es hora de que la Unión Europea saque las enseñanzas de esta constatación.

Este informe comprende varias orientaciones positivas, fruto de nuestra movilización común con los pescadores de mi región y del apoyo de mi Grupo político. En primer lugar, llama a la Comisión Europea a revisar su labor y formular propuestas más concretas y ambiciosas para responder a la gravedad de la crisis que atraviesa el sector. En segundo lugar, apoya a las organizaciones profesionales de pescadores y su participación (cogestión) en la aplicación de la PPC y en la mejora de la gestión de los recursos. Por último, integra varias de las enmiendas encaminadas a salvaguardar nuestra pesca artesanal en el Mediterráneo.

Por ello, votaré a favor de este informe, que emite una señal política fuerte que abrirá camino a una política ambiciosa de la UE.

No obstante, me habría gustado que el Parlamento Europeo fuera más lejos y pidiera un programa específico para la pesca en el Mediterráneo. Nuestra enmienda en este sentido ha sido rechazada. No nos quedaremos ahí. Seguiremos luchando al lado de los pescadores de mi región.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Con esta votación, el Parlamento Europeo ha confirmado las principales propuestas ya anteriormente aprobadas, por unanimidad, en la Comisión de Pesca, con vistas a mejorar la situación económica del sector de la pesca, lo que consideramos positivo.

Son propuestas presentadas hace tiempo por los representantes del sector de la pesca para hacer frente a la crisis económica y social a la que se enfrentan, crisis ahora agravada por el fuerte aumento del coste de los combustibles.

Nos alegramos por la inclusión en el texto final, sobre la base de nuestra propuesta, de la definición de una clara prioridad de los recursos marinos y de la pesca, con una financiación adecuada, en el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración.

También nos complace el hecho de que, a pesar de la presión de diputados de los principales países llamados «contribuyentes netos», como Alemania, se haya mantenido el llamamiento a aumentar los recursos para el Fondo Europeo de la Pesca, en un contexto, como se ha señalado en la resolución, de recursos insuficientes para hacer frente a la ejecución de instrumentos de la política pesquera común.

Ahora la Comisión debe presentar propuestas que concreten estos fondos.

Con todo, lamentamos que se haya eliminado el llamamiento a la creación de un seguro público para el sector de la pesca para hacer frente a situaciones imprevisibles. Esto es especialmente lamentable, dado que el Parlamento ha pedido esta misma política para otros sectores como la agricultura.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La industria pesquera es importante tanto para la cadena alimentaria como para el desarrollo de la economía local. Especialmente en zonas remotas, como las Islas del Egeo en Grecia, la supervivencia depende de la pesca, que también contribuye a mantener las tradiciones culturales locales.

En los últimos años ha habido numerosos problemas, en la pesca costera en particular, en parte debido a la OCM, los programas de desguace de barcos, la reducción de los precios de primera venta de los pescadores, sin una reducción concomitante para los consumidores, y un aumento de los costes debido al incremento del precio del combustible. Como resultado, la industria está en crisis, los ingresos se están reduciendo drásticamente y las áreas están siendo abandonadas.

La comunicación de la Comisión identifica las dificultades de la industria, pero las soluciones que propone no son viables. No solo no resuelven los problemas, sino que crean más. Además, no se incluye ninguna disposición relativa a las subvenciones necesarias para la industria, como señala el ponente acertadamente.

Por el contrario, propone una reducción del esfuerzo pesquero y un ajuste de la flota; en otras palabras, un cese de la actividad que se traduciría en desempleo para muchas pequeñas y medianas empresas pesqueras y la concentración de la flota en manos de unas pocas grandes empresas. Esta política de la UE y de los Gobiernos es condenable, porque crea un cártel en varias industrias, que explota a productores y consumidores.

  Jan Mulder (ALDE), por escrito. (NL) La delegación del VVD ha votado a favor de la aprobación del informe Guerreiro, porque nuestro partido quiere que la situación económica del sector pesquero mejore. Somos conscientes de que muchas de las partes implicadas en el sector pesquero llevan sufriendo años de inseguridad económica, como consecuencia de los aumentos del precio del combustible. Sin embargo, también estamos a favor de un sector pesquero sostenible y, por tanto, nos oponemos a la renovación y modernización de la flota pesquera a menos que se haga desde un punto de vista sostenible. También nos oponemos al pago de indemnizaciones, ya que esto constituiría una subvención artificial al sector pesquero.

  Seán Ó Neachtain (UEN), por escrito. (EN) Acojo con agrado esta Comunicación de la Comisión, que reconoce el duro clima económico con el que tiene que lidiar el sector pesquero de la UE.

Está muy bien decir que el desguace de barcos y la eliminación del exceso de capacidad generará una mayor rentabilidad, mientras que la realidad es que gran parte de la comunidad pesquera ha sido devastada por esta medida. Esto se aplica a la comunidad costera del Algarve portugués, que visitamos hace unas semanas, al igual que a las comunidades pesqueras de la isla de Irlanda.

Estoy de acuerdo en que debe alcanzarse un equilibrio entre los recursos pesqueros y el volumen de la flota, pero no acepto que esto se haga a costa de las pequeñas flotas pesqueras, que constituyen más del 80 % de la flota europea. Necesitamos unas reglas de juego equitativas para las medidas de conservación adoptadas contra las pequeñas flotas pesqueras y las tomadas contra la pesca de altura.

Considero que la PPC no ha tenido éxito como instrumento comunitario en la protección de estas flotas pesqueras tradicionales y las comunidades a las que pertenecen, y es hora de cambiar la política para conseguir un mejor equilibrio.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. (EN) El informe reconoce las dificultades económicas a que se enfrenta el sector. Sin embargo, para mantener una postura coherente sobre los principales problemas a que se enfrenta la industria pesquera –el exceso de capacidad y la sobrepesca–, el Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) quiere hacer constar su desacuerdo con la postura adoptada por el informe respecto a cuatro cuestiones:

1. Desguace y desmantelamiento: el EPLP considera que esta debería ser una opción dentro de las estrategias destinadas a abordar el exceso de capacidad de las pesquerías.

2. La propuesta de aumento de la ayuda de minimis, pagos que pueden efectuarse a la industria pesquera a cambio de medidas que de otro modo se consideraría que distorsionan la competencia o aumentan la capacidad: el informe solicitaba un aumento para subir el nivel a 100 000 euros. La Comisión sugirió 30 000 euros y el EPLP aboga por un planteamiento más cauto.

3. Sustitución de motores y el Fondo Europeo de Pesca: el informe se ha visto superado por el acuerdo de compromiso sobre el Fondo Europeo de Pesca, pero el EPLP mantiene su punto de vista de que no debería haber ayudas para la sustitución de barcos ni motores.

4. Mecanismos de ayuda/compensación: el informe los propone, pero no reconoce su papel en el fomento del exceso de capacidad en la pesca.

Informe Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente informe solicita a la Comisión que compatibilice las normas relativas a la pesca del tiburón con la realidad de la pesca comunitaria, en lo que se refiere al porcentaje del peso límite de las aletas, actualmente el 5 %, en relación con el peso vivo de las capturas.

Este límite transferido directamente de la realidad de los Estados Unidos no se adecua a las especies pescadas por los países de la UE, por ejemplo, la tintorera, especie mayoritariamente capturada por la flota portuguesa en las aguas de las Azores.

En este sentido, estamos de acuerdo con la ponente cuando propone una subida de este límite al 6,5 %, de acuerdo con los estudios científicos existentes y con las peticiones de varios Estados miembros, que ven sus flotas afectadas por el actual punto muerto de la Comisión. Esta situación se menciona en el informe de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

En el caso portugués, están en peligro 11 palangreros para la pesca del pez espada y especies pelágicas, a las que se aplica el 5 %.

Teniendo en cuenta que, incluso en las enmiendas presentadas, existe alguna contradicción entre pareceres científicos y técnicos, pensamos que es necesario celebrar un foro técnico, con la participación de científicos y profesionales del sector, para llegar a un consenso científico y aclarar la necesidad de alterar el nivel del límite fijado y el grado de alteración.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) acogió con sumo agrado el Reglamento del Consejo (CE) nº 1185/2003 sobre el cercenamiento de las aletas de tiburones en los barcos por su importancia para la conservación de los peces. El reglamento está destinado a impedir que se cercenen las aletas de los tiburones en aquellos casos en que vayan a tirarse por la borda los cuerpos de los mismos después de haberles retirado sus valiosas aletas. Se sabe que esta práctica pone en peligro la supervivencia de varias especies de tiburones.

En esta situación, el EPLP está consternado y decepcionado por el hecho de que el informe Miguélez Ramos que tenemos ante nosotros amenace con aumentar esta práctica. El apartado 5 del informe solicita un aumento del 5 % al 6,5 % de la proporción del peso de la aleta con respecto al peso del cuerpo vivo, especialmente en el caso de la tintorera. El apartado 5 del informe implica de forma incorrecta que el CIEM y el ICATT respaldan un aumento en esta proporción en el caso de dicha especie. En 2005 se remitió un documento al CIEM, pero este no lo ha examinado ni ha emitido una opinión. Del mismo modo, los científicos del ICATT han revisado la proporción de peso entre aleta y cuerpo, pero no han recomendado un aumento de la misma.

El EPLP ha respaldado estas enmiendas, que podrían contribuir a eliminar la práctica bárbara de cercenar las aletas de los tiburones.

– La enmienda 1 dejaría en suspenso, pendiente de revisión, todo cambio de la proporción de peso entre la aleta y el cuerpo (...).

(Acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

Informe Ransdort (A6-0216/2006)

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Ransdorf porque destaca la importancia de las nanociencias y las nanotecnologías en ámbitos tan variados como la medicina, la cirugía, la energía, la electrónica, la metalurgia, etc. Pero he votado en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y en contra de determinados apartados que, so pretexto del principio de cautela, quieren hacer creer que las nanotecnologías son peligrosas porque manipulan las partículas más pequeñas: átomos y moléculas. Es ridículo. Allí donde los estadounidenses ven oportunidades, los europeos quieren protegerse antes contra cualquier riesgo imaginable.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La aparición de nuevas ciencias siempre suscita su parte de fervor, de esperanza, de interrogantes, incluso de oposición, y las nanotecnologías, que son ciencias relacionadas con objetos del tamaño de un átomo, no son una excepción a esa regla.

Como diputada liberal me inclino naturalmente por apoyar el trabajo de los investigadores sobre las nanociencias y el dominio del ensamblaje de los átomos: una revolución tras la cual se esconde un inmenso potencial de aplicaciones tecnológicas en objetos tan diversos como los vehículos, los alimentos, los medicamentos o la medicina regenerativa.

Hay que reforzar la posición de Europa en materia de nanotecnologías frente a la competencia mundial. Hay que liberar más de 610 millones de euros al año con cargo al 7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo. Es igualmente esencial dar respuestas claras a los ciudadanos que se preocupan por la posible toxicidad de las nanopartículas para el medio ambiente, la cadena alimentaria y el organismo.

El apoyo del público no se da por supuesto; hay que ganárselo, y eso exige educación, paciencia y transparencia. Por esta razón, la Unión y los Estados miembros deben evitar repetir los errores cometidos en el asunto de los OMG, en el que la opacidad de la información y las medidas generaron la desconfianza y el rechazo por parte de gran número de ciudadanos europeos a una ciencia que sin embargo era prometedora.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. MAURO
Vicepresidente

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Orden del día del próximo período parcial de sesiones: véase el Acta

12. Cumbre ASEM (Helsinki, 10/11 de septiembre de 2006) (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la Cumbre ASEM celebrada en Helsinki los días 10 y 11 de septiembre de 2006.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, intervengo en nombre de mi colega, la Comisaria Ferrero-Waldner, que no ha podido venir esta tarde.

Quisiera darles las gracias por darme esta oportunidad de informar sobre los fructíferos resultados de la Sexta Cumbre del Encuentro Asia-Europa celebrada en Helsinki los días 10 y 11 de septiembre. A la cumbre asistieron 39 socios ASEM, incluida la Comisión, 35 de ellos representados por Jefes de Estado o de Gobierno. La elevada asistencia da fe la gran importancia que otorgan los socios a la relación Asia-Europa cuando la ASEM inicia su segunda década.

Entre los logros más destacados de la cumbre se encuentra la decisión de admitir en la ASEM a Bulgaria, Rumanía, la India, Mongolia, Pakistán y al Secretario de la ASEAN. La apertura al sudeste asiático constituye un avance histórico que fortalecerá notablemente el peso colectivo de la ASEM en la promoción del multilateralismo y el avance de los objetivos políticos compartidos en el terreno internacional.

Bajo el lema general «Respuestas conjuntas a los desafíos globales», el Presidente Barroso destacó que los retos y amenazas a que nos enfrentamos en la actualidad no tienen fronteras y la necesidad de una respuesta concertada. Problemas mundiales como el terrorismo y las amenazas para la salud solamente pueden abordarse a través del sistema multilateral internacional, con a las Naciones Unidas como eje central.

Para conservar un sistema comercial abierto y justo era esencial reanudar las negociaciones de Doha tan pronto como las circunstancias lo permitieran. Sin embargo, era necesario adoptar políticas económicas, educativas, de empleo y sociales adecuadas para mejorar la capacidad de la sociedad para ajustar y mejorar la cohesión social al tiempo que se persigue el crecimiento de la productividad. El desarrollo de una sociedad del conocimiento fue otro de los elementos esenciales para garantizar el crecimiento sostenible y la competitividad global.

El Presidente se unió a otros socios para apoyar firmemente el diálogo entre culturas y religiones. La armonía en diversidad era posible y solamente era admisible la tolerancia cero con la intolerancia. El Presidente compartió su profunda preocupación por el avance del cambio climático, y solicitó a los socios que trabajasen conjuntamente para conseguir un uso eficiente, limpio y sostenible de la energía, así como la reducción de las emisiones. Es significativo que la cumbre pudiese adoptar una ambiciosa Declaración sobre el cambio climático que incluyese un compromiso común de aplicar plenamente los compromisos conforme al Convenio Marco de las Naciones Unidas y su Protocolo de Kyoto.

Los líderes entablaron debates verdaderamente abiertos y francos sobre importantes procesos regionales, entre ellos la Península de Corea, Birmania/Myanmar y Oriente Próximo. En presencia del Ministro de Asuntos Exteriores de Birmania/Myanmar, los Estados miembros expresaron su gran decepción por la falta de avance hacia la democracia en el país desde la Cumbre de Hanoi de 2004.

De cara al futuro, la cumbre adoptó una Declaración sobre el futuro de la ASEM, en la que se identificaban áreas en las que esta debería centrar su trabajo para prepararse para la próxima cumbre de Pekín de 2008 y más allá.

Además de las cumbres bilaterales con la República de Corea y China, el Presidente Barroso mantuvo reuniones con el Presidente de Indonesia y el Primer Ministro de Singapur, y la Comisaria Ferrero-Waldner se reunió con los Ministros de Exteriores de Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Gran parte del valor de la ASEM reside en su capacidad para hacer que participen todos los agentes implicados. El Presidente de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa se dirigió a los líderes en la cumbre por primera vez, y los representantes de ONG, comunidades empresariales y sindicatos también se reunieron durante la cumbre.

La Cumbre de Helsinki ha proporcionado una nueva vitalidad a la ASEM al inicio de su segunda década y, con la ampliación, incluso una mayor capacidad para influir en la agenda internacional. La Comisión seguirá desempeñando su labor para tratar de materializar el pleno potencial del foro.

  Panagiotis Beglitis, en nombre del Grupo PSE. – (EL) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario McCreevy por su información sobre la cumbre celebrada en Helsinki.

La emergencia del papel geoestratégico y geoeconómico de Asia y el dinamismo de las sólidas economías emergentes están dando forma al nuevo marco internacional dentro del que la Unión Europea está llamada a hacer frente a grandes retos políticos, económicos, energéticos y medioambientales surgidos de la globalización.

Hoy en día, Asia está dotando de dinamismo y afectando al sistema internacional y está ayudando a conformar las nuevas correlaciones de poder del siglo XXI. No es una coincidencia –ni siquiera simbólica– que el nuevo Secretario General de la ONU provenga de Asia. Por tanto, urge que la Unión Europea desarrolle de forma eficaz el nuevo marco asiático. La institucionalización de las cumbres anuales está contribuyendo al diálogo y a la cooperación multilateral en sectores cruciales para el futuro de la humanidad, como la paz, la seguridad, la energía, el medio ambiente y el desarrollo económico y social. Desde este punto de vista, la cumbre ASEM celebrada en Helsinki tuvo resultados positivos, porque confirmó ciertos principios básicos de cooperación multilateral y destacó las prioridades básicas para hacer frente a los nuevos retos.

Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones ni albergar grandes expectativas, porque la Unión Europea no tiene una estrategia integrada común para Asia, con políticas y mecanismos que influyan sobre los avances. Las estrategias nacionales de los Estados miembros no aportan una base estable para la estrategia europea común. Asimismo, los fuertes países asiáticos –más allá de los meros pronunciamientos generales– ya han formulado, y están siguiendo de forma coherente, sus agendas estratégicas nacionales en los ámbitos de la energía, el comercio y la resolución de los problemas internacionales y regionales.

Asimismo, la cooperación multilateral y las normas de conducta están siendo citadas en sus términos, por ejemplo, en los ámbitos de la protección medioambiental, los derechos sociales de los trabajadores y los derechos de los niños.

Quiero comentar, en particular, el hecho de que la Unión Europea puede lograr un equilibrio estadístico positivo en sus relaciones económicas y comerciales con los países de Asia; sin embargo, esto no puede ocultar el hecho desafortunado de las carencias de Asia en la protección de los derechos humanos y de las libertades democráticas y la defensa de los principios de tolerancia y diversidad. El reciente golpe de estado en Tailandia y el déficit democrático en numerosos países asiáticos lo confirman. Asimismo, el auge del fundamentalismo islámico está poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad en su conjunto.

Tengo la sensación de que en cada cumbre hay un exceso de listas de deseos y una falta de compromisos claros y objetivos. Por este motivo, la Comisión Europea podría presentar algunas ideas con nosotros para el seguimiento operativo de las cumbres y es necesario, en mi opinión, institucionalizar las relaciones entre la Unión Europea y Asia.

  Jules Maaten, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, la importancia del diálogo político, económico y cultural entre Europa y Asia no puede, por supuesto, subestimarse y me sigue sorprendiendo que los dos principales Grupos de la Cámara hayan decidido, a pesar de todo, no presentar una resolución sobre la cumbre ASEM celebrada en Helsinki de los días 10 y 11 de septiembre. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo está contribuyendo en buena medida a lo que se acaba de proponer y es lamentable que no hayamos podido expresarlo en una resolución.

Este diálogo, por supuesto, da prioridad a la cooperación económica, de la que estoy muy a favor como medio para seguir consolidando los vínculos económicos –tanto en comercio como en inversión– entre la Unión Europea y Asia, que tiene un gran potencial económico, con Corea del Sur, por ejemplo, que ha logrado unos resultados impresionantes. Hace cincuenta años, era todavía un país en desarrollo, pero ahora cerca del 97 % de su población entre los 25 y los 34 ha finalizado, al menos, la educación secundaria, siendo este el porcentaje más elevado del mundo industrializado. La inversión en educación aporta grandes beneficios al hacer que la economía se expanda y florezca.

Nuestros programas económicos tienen que ampliarse a fin de incluir el fomento de contactos entre empresas conjuntas, en los que participen pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea y Asia, así como la cooperación entre órganos como autoridades locales y universidades. También me complace ver que la Comisión quiere considerar la posibilidad de concluir acuerdos comerciales bilaterales con países asiáticos, sin duda con Singapur, y posiblemente también con Tailandia. Por supuesto, también podríamos considerar países como Malasia e Indonesia ante la falta de un acuerdo comercial global. Creo que es una buena forma de seguir adelante.

Si, a pesar de todo, vamos a hacer negocios con Asia, no podemos, por supuesto, considerar la economía de forma aislada de otros asuntos y, en mi opinión, resulta impensable que esta Cámara guarde silencio ante el reciente golpe de Estado en Tailandia, donde, el 19 de septiembre, un órgano militar que se hacía llamar el «Consejo para la Reforma Democrática» derrocó al Gobierno elegido democráticamente, sobre el que podíamos tener serias dudas, pero aun así, un golpe de Estado no es la respuesta para poner fin a ese tipo de gobierno. Luego vemos que, Tailandia, un país que realmente se encontraba en el camino de convertirse en una democracia estable y que daría ejemplo al mundo y, en concreto, a Asia, ha dado un paso atrás.

Se han cerrado el Parlamento y los tribunales, las televisiones extranjeras ya no pueden operar y los canales locales, bajo control militar, están retransmitiendo canciones patrióticas. Incluso los blogs de los tailandeses han sido cerrados y sometidos a la censura. Queda claro que hay motivos suficientes para estar preocupados, y la Unión Europea, al abordar este tipo de asuntos, debe anteponer en primer lugar los valores democráticos. Por tanto, creo que el trato que dispensamos a Taiwán es el equivocado.

Por ultimo, los derechos humanos también deben figurar en este tipo de diálogo. En Filipinas y Myanmar están ocurriendo acontecimientos preocupantes y me complace que hablemos de ello. Quiero felicitar a la Comisión y, en este caso también al Consejo, por la cumbre ASEM. En el pasado, hemos adoptado una postura muy crítica, particularmente sobre la posición del Consejo y su ausencia en esta cumbre. Esta vez, sin embargo, ha habido mejoras y espero que se siga así. Deseo a la Comisión lo mejor en sus esfuerzos para lograr este fin.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

13. Futuras acciones en el campo de las patentes (debate)

  El Presidente. El siguiente punto es el debate sobre la declaración de la Comisión sobre las futuras acciones en el campo de las patentes.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, los derechos de propiedad intelectual (DPI) son la esencia de una economía basada en el conocimiento. La innovación es la clave de toda perspectiva de que Europa adquiera mayor competitividad a escala mundial. La protección de la propiedad intelectual es esencial, ya que los DPI no solo recompensan la inversión en nuevos productos y servicios, sino que también garantizan la transmisión de tecnología, estimulando una mayor innovación. La reciente consulta sobre el futuro del sistema de patentes en Europa ha generado un mensaje simple: el marco legal debería ofrecer una protección asequible a todas las empresas, grandes y pequeñas, garantizar la seguridad jurídica y aplicarse en beneficio de todos los agentes. Por lo tanto, es esencial que haya un marco jurídico sólido. Debo repetir que necesitamos mantener el ritmo. En comparación con nuestros principales socios comerciales, Europa está perdiendo terreno.

La patente comunitaria sigue bloqueada en el Consejo, pero pese a reconocer la importancia económica de las patentes, pensé que no era positivo dejar que todo el expediente de las patentes permaneciese en el limbo. Así que, como saben, a principios de este año hice una amplia consulta entre todas las partes interesadas sobre la futura política europea en materia de patentes.

La consulta ha demostrado que la industria es partidaria de los esfuerzos de la Comisión por simplificar el sistema de patentes en Europa y hacerlo más rentable. En este caso existen dos importantes problemas: por una parte las lenguas, o los costes de traducción, y por otra el sistema jurisdiccional. El apoyo a la introducción de una patente comunitaria es muy amplio. Sin embargo, la industria no está entusiasmada con el compromiso político alcanzado en el Consejo de 2003 sobre la patente comunitaria. Este rechaza las soluciones propuestas en materia de lenguas y del sistema jurisdiccional, ya que no aseguran las reducciones de costes y la simplificación del sistema de patentes que demanda la industria.

Al mismo tiempo, existe una fuerte demanda de mejora del actual sistema europeo de patentes, establecido por el Convenio de Múnich, con la conclusión satisfactoria de un acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas (EPLA) relativo a la jurisdicción y con la ratificación y entrada en vigor del acuerdo de Londres aspectos lingüísticos.

Cabe señalar que ninguna de las iniciativas para la mejora del sistema de patentes de la UE ha obtenido el apoyo unánime de las partes interesadas. Distintas partes destacan aspectos distintos y muchos sugieren que hace falta un paquete de medidas diferentes, que deberían aplicarse paralelamente.

Por ello estoy convencido de que deberíamos adoptar un planteamiento polifacético. Para tener éxito deberíamos abordar todas las cuestiones de propiedad industrial en un único paquete. Este paquete deberá responder a las críticas y necesidades de las partes interesadas. Solamente lo conseguiremos si demostramos que lo que proponemos tendrá un valor añadido frente a la situación actual, en particular con respecto a los costes de tramitación (costes de traducción) y seguridad jurídica (sistema jurisdiccional). Actualmente estamos trabajando sobre las opciones que se plantean, que presentaremos en una comunicación y un plan de acción que deberá adoptar la Comisión antes de final de año.

Un componente fundamental de este trabajo tiene que ver con la cuestión jurisdiccional. En la actualidad, pese a que las empresas tienen una ventanilla única en la que pueden adquirir una patente (la Oficina Europea de Patentes), puede darse la situación de tener que defender la patente en varios frentes al mismo tiempo. Esto se debe a que las patentes otorgadas por esta Oficina son de hecho una serie de patentes nacionales y solamente pueden hacerlas cumplir los tribunales nacionales. La posibilidad de que se produzcan litigios en múltiples foros con respecto a la misma invención aumenta naturalmente los costes, pero sobre todo genera incertidumbre, ya que los distintos tribunales de cada país pueden hacer interpretaciones distintas de la misma invención patentada. Debemos abordar esta cuestión de forma urgente. El actual «mosaico» puede impedir que los titulares de patentes puedan hacer valer sus derechos y desanima a los candidatos, especialmente a las PYME que buscan una protección eficiente y asequible de su propiedad industrial, de utilizar la patente europea. En la actualidad, Europa no es capaz de ofrecer a las empresas innovadoras una solución óptima en lo que respecta a la protección de su propiedad intelectual. No podemos aspirar a ser la economía más competitiva del mundo si no encontramos soluciones viables para la solicitud de patentes y la protección de la propiedad industrial.

La patente comunitaria y las iniciativas de mejora de la patente europea, es decir, el Acuerdo de Londres sobre las traducciones y el EPLA, no son mutualmente excluyentes. Ambos persiguen el mismo objetivo: un sistema de patentes mejor, más barato y más fiable. Por esto pretendo continuar con ambos. Encontramos retos similares en el diseño de los acuerdos jurisdiccionales para la patente comunitaria: necesitamos encontrar un sistema unificado que proporcione independencia judicial y otorgue claridad y fiabilidad a los usuarios de patentes mientras evitamos el exceso de centralización y la fragmentación.

Para conseguir dicho objetivo, la Comunidad debe implicarse en el EPLA, que aborda las responsabilidades comunes de los Estados miembros y la Comunidad. Ni que decir tiene que el Parlamento deberá participar cuando la Comunidad proceda con las propuestas necesarias, con el fin de que esta cuestión avance en el futuro próximo.

Soy consciente de que existen posturas críticas hacia el EPLA. Quisiera decir que lo considero una iniciativa práctica para aportar una mayor unidad a la jurisprudencia sobre las patentes en Europa. Lo que nuestra industria necesita, grandes y pequeñas empresas por igual, es seguridad jurídica. La Oficina Europea de Patentes ha concedido cientos de miles de patentes. Incluso si contásemos con una patente comunitaria, sería necesario racionalizar el proceso de jurisdicción para las patentes concedidas por dicha Oficina.

Depende de nosotros implicarnos en esta iniciativa para garantizar que sirve a la competitividad de nuestra economía. Reconozco que existen dudas y preocupaciones legítimas: los costes de los litigios conforme al EPLA, el efecto del reglamento, que todavía debemos evaluar, y la independencia de los jueces del EPLA con respecto a la Oficina Europea de Patentes. Pero estoy convencido de que el mejor modo de abordar estos problemas consiste en participa activamente en el proceso y garantizar un resultado satisfactorio y justo para todas las partes implicadas y plenamente conforme con la legislación de la UE.

Por supuesto, ni la patente comunitaria ni el EPLA son una panacea. Siembre habrá empresas –las de menor tamaño– que preferirán trabajar con sus oficinas nacionales de patentes o utilizar modelos de negocio no basados en patentes. Debemos buscar formas de ayudarles y prestarles apoyo. Por supuesto, también debemos garantizar que las grandes empresas no abusen de su posición, ni explotando injustamente sus propias patentes ni pasando por alto injustamente los derechos de propiedad industrial de otros.

La consulta sacó a relucir muchos de estos problemas, como por ejemplo los posibles mecanismos de mediación que podrían preceder al litigio, la necesidad de crear mercados tecnológicos que permitirían a las empresas negociar con mejores resultados sus DPI y la idea de intercambiar buenas prácticas entre las oficinas de patentes nacionales, especialmente con respecto a las necesidades especiales de las PYME. Responderé a todas estas cuestiones en cooperación con mis colegas de la Comisión y por lo tanto pretendo plantear una estrategia general.

Ante la economía mundial y basada en el conocimiento del siglo XXI, necesitamos encontrar urgentemente una solución al problema de las patentes. Cuento con el respaldo del Parlamento para encontrar una solución integral a estas complejas cuestiones.

  Klaus-Heiner Lehne, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, durante dos años he sido uno de los dos ponentes del grupo rector del Parlamento Europeo para el proceso de Lisboa. Como saben, lanzamos el proceso de Lisboa de forma conjunta en 2000 y, desde entonces, hemos trabajado sin descanso para señalar, en declaraciones de los Jefes de Estado o de Gobierno y en resoluciones del Parlamento, que el desarrollo del sistema de patentes europeo es una de las condiciones previas más importantes que nos permitirán lograr los objetivos definidos en Lisboa. Me impresionó el énfasis que ha puesto el Comisario McCreevy en la importancia de esta cuestión. Nuestro objetivo debe ser lograr una patente sencilla, rentable, aplicable en toda Europa, en todo el territorio si es posible, que ofrezca no solo a las grandes empresas, sino en particular, a las pequeñas y medianas empresas, la oportunidad de proteger sus innovaciones en el mercado interior: de hecho, son las pequeñas y medianas empresas las que ostentan el mayor número de patentes innovadoras.

La cuestión decisiva es que tenemos que hacer cambios en el paisaje europeo de las patentes, que actualmente está muy fragmentado, con el objetivo de reducir drásticamente los costes de consultoría, de procedimiento y de traducción, que constituyen una carga particular para las pequeñas y medianas empresas. Este es el objetivo decisivo que tenemos que lograr. Por supuesto, las personas ya pueden proteger sus invenciones en toda Europa, pero, en la práctica, tienen que hacerlo en todos los Estados miembros, bien directamente a través de las oficinas de patentes nacionales o indirectamente a través de la Oficina Europea de Patentes, con la madeja de patentes que se ha mencionado. En caso de disputas o infracciones, en teoría, tienen que iniciar una serie de procedimientos, incurrir en costes legales, etc. en todos estos países. Tenemos que resolver esto y hacerlo más viable y práctico, en particular para las PYME. El mercado interior necesita ser desarrollado a este respecto.

Durante el mandato de su antecesor, el señor Bolkestein, se puso en marcha una admirable propuesta de Reglamento para crear una patente comunitaria. Sin embargo, cuando el artículo 308 constituye el fundamento jurídico y se requiere la unanimidad en el Consejo, resulta difícil llegar a un acuerdo. En este caso particular, no se pudo alcanzar un acuerdo en la disputa sobre los idiomas: en la actualidad hay 20 idiomas oficiales que el Consejo está exigiendo; tras la próxima ampliación habrá 22. La industria afirma, con razón, que nadie necesita ese tipo de patente: resulta tan extremadamente cara que no sirve de nada y prácticamente no tiene ningún valor económico. La competitividad de la patente europea nos haría retroceder en términos globales y no garantizaría la calidad necesaria. Una patente de este tipo solo beneficiaría a las empresas más grandes y ricas que pudieran permitirse ese tipo de cosa y, tal vez, ni siquiera a ellas. Par las empresas de mediano tamaño, sería completamente inútil. Por tanto, el Reglamento pronto se atascó y el Consejo no cambia de opinión.

Señor Comisario, mi sugerencia de seguir adelante con la armonización, que usted ha logrado incluir en la consulta, también fue rechazada por todas las partes, ante todo siguiendo nuestras experiencias con la segunda lectura de la Directiva relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, donde observamos que existe el riesgo de aplicar legislación que no mejoraría el actual sistema de patentes, sino que lo empeoraría.

Así pues, tampoco hemos avanzado en el tema de la armonización. Entonces, ¿qué nos queda? No nos queda más remedio que seguir adelante desarrollando el sistema de patentes actual. Sin embargo, existen problemas institucionales a este respecto: por un lado, la exigencia plenamente legítima de la Unión Europea de que los Estados miembros no deberían legislar en áreas que, en todo caso, se inscriben en parte en su esfera de competencia y pertenecen al mercado interior; y, por otro lado, la voluntad de los Estados miembros de seguir avanzando. Creo que debemos seguir intentando establecer un vínculo entre estos dos problemas para solucionarlos. Desde mi punto de vista, una opción concebible sería que la Unión Europea participara de algún modo –que habría que negociar– en el acuerdo sobre la patente europea y que, a cambio, despejara las preocupaciones institucionales en relación con el Acuerdo para la resolución de litigios en materia de patentes (EPLA). Esta podría ser una forma en la que podríamos mejorar la situación mientras no se llega a un acuerdo en el Consejo en relación con la patente comunitaria.

Con respecto a las críticas expresadas públicamente por los grupos de presión, la queja de que la introducción de un tribunal europeo de patentes común en el sentido del EPLA facilitaría las cosas es, por decirlo con tacto, un sinsentido. Es pura especulación de la que no hay pruebas: una de estas cuestiones compete al Derecho procesal y la otra al sustantivo. El EPLA tampoco es más caro. Debe quedar claro que estamos comparando manzanas con naranjas. Con el EPLA en funcionamiento, no será necesario emprender disputas legales en todos los países implicados: un tribunal, la segunda instancia, por decirlo así, dictará una sentencia que será igualmente vinculante en todos los Estados signatarios.

Quiero dar las gracias al Comisario McCreevy por la forma en que se ha dirigido la consulta. De los comentarios públicos del Comisario deduzco que también él ha extraído las conclusiones adecuadas de los resultados de la consulta. Me gustaría decir, en mi nombre y en el de la gran mayoría de mi Grupo, que compartimos y apoyamos esta posición. No hay alternativa. De otro modo, el gran proyecto de desarrollar el sistema de patentes europeo estará abocado al fracaso.

  Michel Rocard, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, no somos muchos en esta Cámara, lo que no quiere decir que no deliberemos sobre cosas serias, ni mucho menos. Voy a hablarles en nombre de tres Grupos políticos y más aún, como también ha hecho mi colega y amigo el señor Lehne.

Señor Comisario, este debate se debe a la iniciativa del Parlamento Europeo y es fruto de nuestra voluntad de responder positivamente a su consulta. Le damos las gracias y le felicitamos por ella.

Tras las dificultades que encontramos en materia de patentabilidad de los programas informáticos, nos alegramos de que, por mediación de usted mismo, la Comisión inicie el procedimiento destinado relanzar la reflexión y los trabajos preparatorios sobre la patente europea.

Señor Comisario, nuestras espadas han chocado; estábamos en desacuerdo en varios puntos. Acabo de escucharle con enorme atención. Puedo decir que apruebo casi todo lo que acaba de decir. Estoy completamente de acuerdo, pero hay un argumento que no ha citado y, por su silencio, es el que me lleva a hacerme preguntas y el que, por el momento, deja a quienes yo represento en una expectativa más bien negativa, en tanto no encontremos una solución.

Me explicaré un poco más. Todos nosotros, aquí, europeos, deseamos la patente comunitaria. En esto coincido con mi colega y amigo el señor Lehne, que acaba de hablar con la elocuencia acostumbrada.

Todos sabemos que la patente europea ha tropezado con enormes dificultades y que está bloqueada. El principal bloqueo es lingüístico. En realidad, los cuatro factores de bloqueo son el problema lingüístico, el problema de los costes, el problema de la coherencia jurídica de la judicatura y el problema de la soberanía, del que usted no ha hablado.

Pienso, sinceramente, que el verdadero medio para romper el bloqueo político, cultural e intelectual, en el Consejo sobre el tema de la patente europea está relacionado esencialmente con la solución del problema de la lengua. No solo soy, como mi colega el señor Lehne, un diputado europeo favorable a Europa, también soy francés. Nadie es perfecto, espero que me disculpen. Creo que la ratificación del Acuerdo de Londres –ratificación que mi país todavía no ha ratificado oficialmente, aunque le recomiendo que lo haga– nos brindaría a todos la oportunidad de superar nuestra arrogancia lingüística y la hostilidad que genera y de aprender a vivir juntos, sabiendo que una lengua domina a las demás a escala mundial. Es algo que no nos gusta, pero es así, y además es cómodo. Esto es lo que resolvería potencialmente este bloqueo a la apertura de la perspectiva de una patente comunitaria. Estaríamos de acuerdo, pues, en que la resolución resultante de estos debates lo diga.

El segundo problema es el del coste; apenas hablaré de él, excepto para decir que las tres cuartas partes del factor coste son lingüísticas –es el problema que voy a abordar– y que la cuarta parte restante es modesta, que probablemente habría que mejorar el EPLA y que es escandaloso pensar que se va a ratificar un acuerdo del que muchos expertos dicen que aumentará los costes. No tenemos necesidad de eso.

El único problema del que usted no ha hablado es saber qué soberanía legislativa definirá y desarrollará con el tiempo el ámbito de lo que es patentable y lo que no lo es.

Este Parlamento, señor Comisario, será sumamente sensible a todo lo que afecte a la patentabilidad de la materia viva, que es un problema significativo para la civilización. Por otra parte, en lo que respecta a los programas informáticos, no podemos ratificar el EPLA, porque el EPLA otorga a un colectivo profesional de jueces una función en parte internacional y en parte europea: cambiar la jurisprudencia en lo que consideren oportuno, sin ningún control legislativo o soberanía que influyan en sus decisiones.

Esto es lo que no aceptamos: la idea de que la soberanía europea no vaya a desempeñar ningún papel en la definición del ámbito de aplicación. Por consiguiente, dado que el EPLA es un cuerpo de jurisdicciones autónomas que bloquean y frenan el establecimiento de la patente europea, decimos no al EPLA y le recomendamos...

(El Presidente interrumpe al orador)

  Sharon Bowles, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, señor Comisario, como saben, asistí a la jornada de consulta sobre patentes. Presenté mi propia contribución y he leído las de muchos otros, y creo que usted nos ha hecho ahora un resumen muy equilibrado de lo que se dijo. También quisiera darle las gracias por haber trasladado dicha jornada de consulta a una fecha que no interfiriese con las sesiones de Estrasburgo, de forma que otros diputados al Parlamento Europeo y yo pudiésemos asistir.

Ha sido un ejercicio muy útil, ya que ha demostrado el alcance d3e los problemas que plantean las propuestas relativas a la patente comunitaria. Sabíamos que las traducciones constituían un problema, pero ahora es evidente que también lo es la necesidad de un sistema jurisdiccional, con jueces especializados accesibles en los Estados miembros. Todos queremos que prevalezcan los criterios del mercado único y esto finalmente nos llevará a contar con una patente comunitaria, pero la consulta demuestra que hay medidas que pueden adoptarse para mejorar el proceso.

La iniciativa del EPLA por parte de los Estados miembros, que es opcional, incorpora algunas de estas medidas. Se trata todavía de un proyecto en curso, por lo que ahora tienen ustedes una oportunidad de participar y celebro que digan que aprovecharán esta oportunidad. Esto solamente puede ser útil para avanzar hacia una meta en la que finalmente exista un sistema de patentes europeo y comunitario único o fusionado. Puede que ustedes puedan contribuir a resolver algunas de las críticas al EPLA. Algo que me gustaría que se arreglase sería minimizar los honorarios del tribunal, en lugar de obligar a los litigantes a asumir todos los costes de los salarios de los jueces y los costes de establecimiento del tribunal de recurso. Otro cambio que introduciría sería la conservación de los tribunales nacionales de patentes, en lugar de retirarlos paulatinamente después de siete años. Seguramente podrían conservarse, del mismo modo que las notificaciones de patentes nacionales llevan coexistiendo con las patentes europeas casi 30 años.

Por otra parte, la posibilidad de contar con tribunales de primera instancia con base en los países y un grupo de jueces, con al menos uno que esté técnicamente cualificado y al menos dos que estén legalmente cualificados y de distintos Estados miembros, sería superior a las actuales disposiciones del Tribunal Europeo de Justicia, en aquellos casos que se apliquen a una patente comunitaria.

El señor Rocard y otros han criticado el EPLA, ya que permitiría que los miembros de la Sala de Recurso de la Oficina Europea de Patentes se convirtiesen en jueces técnicos. Esta objeción se basa exclusivamente en el desacuerdo con decisiones particulares en una o dos áreas tecnológicas. No tiene en cuenta el registro accesible al público que demuestra que las salas técnicas de la OEP son independientes tanto de la división de examen de la OEP como de las prácticas de esta. Pasa por alto el hecho de que en la estructura del EPLA dichos jueces técnicos estarían en minoría entre los jueces nacionales que han sido alabados por aquellos que comparten las ideas del señor Rocard por su postura en dichos ámbitos de la tecnología. Sin embargo, me pregunto si queremos que sean capaces de ocupar ambos puestos a la vez –no creo que esa fuera la intención – y creo que esto podría aclararse.

Asimismo, la designación de jueces a través de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros sigue los precedentes de numerosas instituciones, incluido el Tribunal de Justicia Europeo, por lo que no creo que estos argumentos tengan demasiado sentido y realmente sería un error que la Comisión perdiese la oportunidad de contribuir al proceso del EPLA y de aprender del mismo.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, quisiera intervenir en nombre de mi colega, la señora Lichtenberger, que no ha podido estar hoy aquí presente.

Siempre hablamos de una Europa competitiva y basada en el conocimiento, pero algunos depositan tan poca confianza en el potencial de Europa que prefieren reforzar un órgano no comunitario –la Oficina Europea de Patentes– en detrimento de los intereses de la Unión Europea. Si lo que queremos es una jurisdicción armonizada, ¿por qué no perseguimos ese objetivo mediante directivas de la UE? Ese sería el modo más obvio de proceder. Algunos temen enfrentarse al proceso democrático.

Tras la lucha en torno a la patente de programas informáticos, al parecer hay quienes están preocupados por las enmiendas que podría proponer el Parlamento Europeo. Por lo tanto, desean proceder de la forma menos democrática posible. Quieren dejar el destino de las empresas europeas en manos de la burocracia de las oficinas de patentes y no en manos de los responsables políticos elegidos. Por otra parte, el coste de los litigios sería demasiado elevado para las PYME, ya que todo litigio relativo a una patente de la OEP se sometería directamente a un nuevo tribunal internacional, un auténtico gol en propia meta para la competitividad europea.

Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que a algunas grandes multinacionales como Nokia y GlaxoSmithKline les preocupa mucho esta propuesta. Si esta propuesta no ayuda a las PYME ni es bienvenida por las grandes empresas ¿a quién ayudará? Lo que desde luego podemos deducir es que solamente aumentará el trabajo de algunos agentes de la propiedad industrial. Europa no solo necesita más patentes, necesita más patentes de calidad que promuevan la verdadera innovación. El número de patentes solicitadas en la OEP al año ha aumentado aproximadamente un 60 % en los últimos siete años. Sin embargo, este número no se corresponde con un aumento de la actividad innovadora, lo que hace que nos preocupemos por la ampliación del objeto de la Oficina de Patentes.

Seguiremos repitiendo a nuestros colegas, y sobre todo al señor Comisario, que solamente un marco comunitario crea las condiciones para una legislación europea efectiva y competitiva a escala internacional en materia de patentes.

  Thomas Wise, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, el año pasado el Parlamento rechazó por 684 votos contra 14 un intento de imponer patentes de programas informáticos, ya que, al igual que los libros y todo material escrito, los programas informáticos son más bien «ideas en forma simbólica» y debería seguir sometidos exclusivamente a los derechos de autor. El Parlamento también se convenció de que patentar programas informáticos acabaría con la actividad inventiva, paralizaría a las pequeñas empresas y afectaría a la economía, y sin embargo este año la Comisión regresa con una propuesta todavía más arrolladora, que permitiría que se patentase el software.

Se propone un único tribunal de patentes, cuya judicatura sería designada por el mismo órgano que designa a los jueces del actual tribunal de recurso de la Oficina Europea de Patentes, que meramente consultiva. La Comisión pertenece al Consejo y, conforme a esta propuesta, también adquiriría derecho a voto. Esto plantea serias dudas sobre la independencia del nuevo tribunal, especialmente si tenemos en cuenta que la OEP no tiene escrúpulos a la hora de conceder patentes de programas informáticos y que esta propuesta compromete a cada tribunal de patentes a acatar el precedente establecido por las anteriores decisiones de la OEP.

Como reconoce la propuesta, el litigio en este nuevo tribunal será de dos a tres veces más costoso que en los tribunales nacionales de patentes, que también abolirá esta propuesta, lo que hará que la apelación a este tribunal esté fuera del alcance de todos menos de las grandes empresas. Yo creía que la directiva sobre invenciones implementadas en ordenador era mala hasta que he visto esta propuesta. Si esta se aprueba, con gusto adoptaré el punto de vista leninista de que cuanto peor, mejor. Sin embargo, deberíamos decir «no» una vez más y preguntar a los Comisarios qué parte no entienden de ese «no».

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el importante incremento de las solicitudes de patentes se añade al impacto de una legislación incierta en esta materia. Por este motivo, son necesarias soluciones que permitan que comience el proceso de armonización de las leyes sobre patentes. Por tanto, necesitamos una definición clara de lo que puede patentarse o no. Es importante no utilizar la legislación sobre patentes de forma aislada de las propias innovaciones, porque, por su propia naturaleza, una patente implica que la libre competencia se restringe hasta un determinado grado. Una directiva armonizadora sería la mejor solución desde el punto de vista del interés comunitario, pero el Parlamento ha rechazado las propuestas anteriores de la Comisión.

Por tanto, hay que buscar otras soluciones. Una idea discutible es que todos los Estados miembros de la Unión acepten y ratifiquen el Convenio del EPLA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo podemos apoyar este Convenio si cumple los criterios considerados esenciales por la Unión. Entre otros, estos criterios incluyen elaborar una definición clara, en la medida de lo posible, de lo que puede patentarse, garantizando la independencia de los órganos reguladores y la total imparcialidad de los jueces que deciden sobre la protección de las patentes y su validez. Los costes relativos a la protección de los derechos de patente también deben ser equilibrados y de fácil implementación.

Estos son los motivos por lo que no podemos aprobar el Convenio en su forma actual. Sus implicaciones podrían ser difíciles de valorar, porque, aunque es obvio que el EPLA implica soluciones institucionales, el posible impacto sobre el Derecho sustantivo no debe ser escatimado, en particular en lo que se refiere a las prácticas de la Oficina Europea de Patentes. Por este motivo, pido a la Comisión que incluya una evaluación de impacto detallada para cada una de las propuestas presentadas. Sin embargo, lo más importante es dejar claro que el Parlamento realmente quiere un cambio en la política de patentes. El tipo de cambio que tenemos en mente, sin embargo, debe satisfacer las necesidades de las grandes empresas y de las pequeñas y medianas empresas europeas.

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Señor Presidente, quiero felicitar al señor McCreevy por su esfuerzo en la construcción de un mercado interior, sobre todo respecto del derecho de patentes.

Sin embargo, tengo que decirle que los parlamentarios europeos estamos aquí en representación de nuestros constituyentes, y las reacciones que yo he recibido de los constituyentes del sector industrial de mi país son negativas con respecto a esta propuesta. Lo son por diferentes razones: el tema de las lenguas −creo que la solución propuesta es una solución mucho peor de la que tenemos en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que ofrece una mayor pluralidad de lenguas− y el tema de la jurisdicción, del que ya se ha hablado aquí.

Tenemos una jurisdicción propia, que es la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia, y la creación o multiplicación de jurisdicciones fuera de la Unión Europea plantean una serie de problemas que hemos de tener en cuenta.

En definitiva, me da la impresión de que esta propuesta puede estrellarse, como las propuestas anteriores, por no tener en cuenta estos elementos. Se trata de avanzar en materia de patentes, pero, para hacerlo, hay que tener una amplia base política.

En primer lugar, yo diría que, en este momento, no inspiran confianza procedimientos jurisdiccionales que se proyecten fuera de la estructura de la Unión Europea −tenemos una gran confianza en esas magníficas instituciones que son el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia− y, en segundo lugar, el tema lingüístico no es un tema accidental. Sé que hay muchos que tienen un idioma de carácter más universal, pero dentro de la Unión Europea hemos buscado soluciones al problema lingüístico, porque la Unión Europea incluye varias culturas, varios modelos, varios sistemas jurídicos, que tienen que coexistir.

Espero que el Comisario y la Comisión, en general, mediten sobre este tema y puedan ofrecernos una propuesta que sea aceptable para el conjunto de la Unión Europea.

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, gracias por sus esfuerzos para que este barco que se mueve tan despacio vuelva a navegar a toda máquina. Hemos estado más de treinta años hablando sobre patentes y resulta particularmente extraño que tantos diputados se hayan mostrado críticos con sus ideas, incluso cuando casi todos los Estados miembros de la UE son firmantes del Convenio de Munich. De esta forma, demuestran una falta de confianza en nuestros Estados miembros; lo que considero como una especie de punto muerto, y creo que resulta extraño el hecho de que no pueda debatirse el tema de la patente comunitaria en el Consejo.

En la actualidad, la UE no tiene ningún control democrático sobre la Oficina Europea de Patentes y esto, por supuesto, es lamentable. Seguimos adelante con nuestra forma de pensar y convendría que la UE, como hizo en la conferencia de La Haya, participara como organización política y económica para que nosotros, como parte de ella, pudiéramos influir en lo que ocurra. Si eso ocurre, entonces el enfoque intergubernamental ya no estaría a la orden del día y se habría adoptado el método comunitario. Nos alegraría ver que la UE participara en el Convenio de Munich del mismo modo, para que la Comisión –y tal vez el Parlamento también– pudiera ejercer un control democrático constante sobre lo que allí sucede. Juntos, con el Grupo del Partido Popular Europeo y con los Liberales –y espero que el Grupo Socialista se una a nosotros–, hemos presentado una resolución que apoya nuestra posición y con la intención de examinar las opciones disponibles. Consideramos que esta es la única solución si el Consejo va a seguir con esta idea por mucho tiempo.

No estamos hablando de las normas que regulan los idiomas o de los costes, y, sin lugar a dudas, no es nuestro deseo suspender los tribunales nacionales, pero con el tiempo debe existir una sala especial en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con jueces especializados capaces de decidir sobre cuestiones de patentes en toda Europa en caso de que los litigios lleguen a juicio.

En cuanto a las invenciones implementadas por ordenador a las que se ha referido el señor Rocard, no queremos volver a abrir esta caja de Pandora particular; estoy de acuerdo en que hacerlo sería una tarea tediosa. También vemos que puede que se sigan cometiendo errores en la Oficina Europea de Patentes, y, por el sencillo motivo de que no podemos corregirlos, es importante que realicemos un seguimiento de esta situación.

Me impresionaron las palabras pronunciadas por un Comisario irlandés, que hace poco dijo en Finlandia: «Basta de palabras bonitas sobre Lisboa; es hora de ponernos manos a la obra». Espero que sea eso lo que va a hacer, porque usted, señor Comisario, fue quien lo dijo.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, he escuchado el debate de esta tarde con gran atención. Todos estamos de acuerdo en que la situación no es perfecta y todos sabemos que existen distintos puntos de vista respecto a las soluciones correctas. Estoy convencido de que en un mundo ideal la patente comunitaria es la solución, pero en el mundo real no hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre la patente comunitaria en un futuro próximo.

¿Debería yo quedarme de brazos cruzados y esperar a que suceda algo? Quizás sería un recurso fácil, pero también profundamente irresponsable, ya que nada sucederá si no tomamos la iniciativa.

La consulta ha proporcionado algunos mensajes claros e importantes. Existe un gran deseo de contar con un sistema de patentes más simple y rentable y que mantenga el más alto nivel de calidad en sus procesos de examen y concesión.

Todas las partes interesadas han acercado posiciones con nosotros. Ahora es justo que esperen resultados, y yo estoy de acuerdo con ellos. Creo que ha llegado la hora de hacer un esfuerzo coordinado por mejorar el sistema de patentes de Europa. Es nuestro deber como responsables políticos y reguladores.

Actualmente nos encontramos en un atasco. Debemos dar el primer paso, el más difícil, en una dirección u otra. No existe una solución perfecta. No hay un solo elemento que proporcione todas las respuestas. Debemos combinar instrumentos distintos para cubrir las distintas necesidades de las distintas partes implicadas. Como he dicho en mi introducción, la patente comunitaria y el EPLA no son iniciativas que se excluyan mutuamente; de hecho, nuestro objetivo es que converjan. En ambos casos, nuestra meta es la misma: un sistema de patentes mejor, más barato y más fiable.

No ignoro los posibles inconvenientes y peligros del EPLA, pero tendremos una mayor posibilidad de conseguir el resultado adecuado para las empresas europeas si participamos activamente en la negociación del acuerdo.

Actualmente la estrategia de patentes contiene algo más que nuestros planes futuros para una patente comunitaria y el EPLA. Hay toda una gama de medidas de acompañamiento y apoyo que debemos considerar, muchas de ellas dirigidas a las pequeñas empresas. Nuestro objetivo es crear un sistema que cubra las necesidades de todas las partes interesadas en todos los niveles –nacional, europeo y comunitario– y proporcione un equilibrio justo entre los diversos intereses implicados.

Quiero hacer hincapié en un aspecto final. Con una experiencia de 30 años en la política pocas cosas me sorprenden. Pero esta semana algo me ha sorprendido ligeramente. Ha sido el hecho de que los principales aspectos de nuestra estrategia de futuro, que expuse en una intervención en Helsinki hace unas semanas, hayan sido utilizados por algunos para afirmar que la Comisión desea volver a introducir en la agenda la cuestión de las invenciones implementadas en ordenador. Ahora estoy acostumbrado a oír argumentos contundentes y a cómo se establecen conexiones, pero este me ha dejado perplejo. En varias ocasiones he manifestado en esta Asamblea que mientras sea Comisario de mercado único y servicios la Comisión no presentará ninguna iniciativa ni realizará ningún trabajo sobre esta cuestión. Puede que a unos les guste y a otros no, pero este Parlamento rechazó la posición común el pasado año. Respeto y acepto dicha decisión y no haré absolutamente nada para cambiarla.

Les aseguro que soy un hombre de palabra. Cuando se sacaron las conclusiones del ejercicio de consulta, las invenciones implementadas en ordenador no estaban en absoluto en mi mente. Y así seguirá siendo mientras dure mi mandato.

(Aplausos)

  El Presidente. Obsérvese que el plazo para la presentación de propuestas de resolución conforme al apartado 2 del artículo 103 del Reglamento queda fijado para el lunes 9 de octubre de 2006, a las 12.00 horas.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves 12 de octubre a las 11.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Tengo serias dudas sobre las propuestas de crear un sistema de tribunales de patentes que mantendría las distancias con las instituciones democráticas y con la revisión judicial adecuada. Si se aplicase la propuesta de resolución relativa al Acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas, podría poner las disputas sobre patentes en manos de los que tienen interés en un uso muy amplio de las mismas, podría generar costes adicionales para las PYME, provocar una proliferación exponencial de los litigios y posiblemente limitar la innovación en Europa.

Los partidarios del Acuerdo sobre litigios en materia de patentes hacen referencia al tribunal central federal de patentes de los Estados Unidos, pero este sistema ha dado lugar a un uso excesivo de las patentes, además de un volumen considerable de litigios y amenazas torticeras de pleitos.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ni siquiera son las 4 de la tarde y se ha cancelado este debate urgente de esta semana, que solo habría durado una hora. En otras palabras, habríamos terminado a las 5 de la tarde. Teníamos cuestiones importantes para debatir, como el golpe de Estado en Tailandia y la situación en Moldova, pero la Conferencia de Presidentes ha decidido arbitrariamente que no habrá debate sobre cuestiones de urgencia. De nuevo, al cierre de la sesión, me gustaría protestar enérgicamente por esto. Se nos dijo que esta era la segunda reunión en septiembre, pero no es correcto: celebramos la sesión plenaria de agosto a principios de septiembre y ahora estamos en la sesión plenaria de septiembre, por así decirlo. Como tal, es nuestro derecho celebrar un debate de urgencia en cada reunión regular en Estrasburgo. Pido que transmita esta protesta a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes.

  El Presidente. Sus comentarios serán transmitidos a la Conferencia de Presidentes.

14. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

15. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

16. Declaraciones por escrito (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

17. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

18. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

19. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.00 horas)

¿Cómo se coordinará la acción de los Estados miembros durante la Presidencia finlandesa para respetar los compromisos del Consejo en relación con la eliminación progresiva del paro y la pobreza entre los jóvenes?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

En primer lugar hay que recalcar que el desarrollo y la puesta en práctica de una política para reducir el desempleo y la pobreza entre los jóvenes corresponde a los Estados miembros. La Presidencia finlandesa continuará con los procesos puestos en marcha para comparar las políticas de los Estados miembros durante las reuniones del consejo de Empleo, Política Social, Salud y Política del Consumidor.

La importancia del empleo juvenil se destaca en numerosos pasajes de la Estrategia Europea de Empleo. En el marco de la Estrategia de Lisboa y de la Estrategia Europea de empleo se han acordado los siguientes objetivos y valores de referencia que se refieren especialmente a los jóvenes:

En primer lugar se ofrecerá a todos los jóvenes un nuevo inicio antes de que alcancen los seis meses en el paro. Se les ofrecerá educación, reciclaje profesional, formación en el trabajo, un empleo o algún otro medio de promoción del empleo.

En segundo lugar, al menos un 85 % de los jóvenes de 22 años habrán terminado la enseñanza secundaria en la UE para 2010.

En las directrices para las políticas de empleo 2005-2008 que el Consejo adoptó en 2005 se ofrecen otras orientaciones a los Estados miembros sobre cómo pueden y deben alcanzarse estos objetivos.

Antes que nada es necesario tener en cuenta que todos los Estados miembros ya habían incluido a los jóvenes en sus programas nacionales de reforma para el período 2005-2008, que presentaron en el otoño de 2005. No obstante, se pidió a los Estados miembros que propusieran sus propios objetivos prioritarios, y han elegido diversas formas de hacer frente al empleo juvenil. Hay que tomar en consideración igualmente que algunos Estados miembros ya han alcanzado los objetivos fijados a nivel comunitario.

Actualmente, los Estados miembros están poniendo al día sus programas nacionales de reforma, que probablemente estarán ultimados a finales del mes de octubre del año en curso. Los programas nacionales de reforma y las medidas relacionadas con ellos que se han adoptado para mejorar el desempleo juvenil serán examinados durante el semestre de la Presidencia finlandesa: en noviembre por parte del Comité de Empleo y una vez más en diciembre por el Consejo de Asuntos Sociales. Los resultados de este examen se transmitirán a la Comisión que redactará su informe anual sobre esta base.

Asimismo, los Estados miembros están preparando sus programas nacionales de acción para el siguiente período del Fondo Social Europeo (2007-2013). Se reforzarán los lazos existentes entre el FSE y el marco político –es decir, la Estrategia Europea de Empleo– a fin de que el FSE pueda desempeñar un papel más activo para conseguir los objetivos en materia de empleo contemplados en la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. La intención es utilizar el FSE para contribuir a extender y mejorar la inversión en el capital humano, en particular mediante la mejora de los sistemas educativos y de formación. Una de estas metas es incrementar la empleabilidad entre los estudiantes por medio de una mejor adaptación de la formación profesional a las necesidades del mercado de trabajo. De esta manera, los Estados miembros pueden incluir en sus programas medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, reducir el abandono de los estudios y ayudar a la transición de la educación al trabajo.

En relación con la pobreza entre los jóvenes, las evaluaciones a medio período de la Estrategia de Lisboa de la UE han puesto de manifiesto que los jóvenes se han beneficiado menos que otros grupos de edad de las políticas destinadas a fomentar la inclusión y a infundir dinamismo al mercado laboral. Su Señoría puede solicitar más información a este respecto a la Comisión.

El Informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre la protección e inclusión social de 2006 pone de relieve que las actuaciones que se realizan en el marco del Método Abierto de Coordinación deben concentrarse claramente en la pobreza infantil y juvenil. Al mismo tiempo destaca la importancia crítica que reviste la educación y la formación profesional para romper con la transmisión de la pobreza de una generación a otra.

Durante la Presidencia finlandesa, el Comité de Protección social tendrá la ocasión de proseguir con el debate sobre este tema, mientras que el Informe conjunto sobre protección e inclusión social de 2007 está siendo elaborado sobre la base de los programas nacionales de acción en materia de inclusión social para el período 2006-2008.

Sobre la base de los últimos cambios políticos que se han producido en América del Sur, ¿qué perspectivas tiene el Consejo para reforzar las relaciones con las organizaciones de integración de esa parte del mundo?

Esta respuesta elaborada por el país que ejerce la Presidencia del Consejo no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros.

Cabe recordar, en relación con el asunto que nos ocupa, los importantes compromisos orientados a la integración regional que se fijaron en la cuarta Cumbre de la UE con América Latina y la región del Caribe celebrada en Viena el 12 de mayo de 2006 y en las conclusiones del Consejo sobre la comunicación de la Comisión relativa a América Latina. El Consejo reconoce que el Parlamento Europeo ha apoyado firmemente el fomento de la integración regional en América Latina y los esfuerzos por renovar las relaciones con las organizaciones de la región.

En el apartado 32 de la declaración de la Cumbre de Viena se señalaba lo siguiente: «La integración regional es un elemento clave para la estabilidad, el crecimiento económico yla inversión así como para el fortalecimiento del peso de ambas regiones en el escenariomundial.

Afirmamos los principios de cooperación y solidaridad como la base de nuestrosprocesos de integración. En este contexto, alentamos y apoyamos firmemente a los países de América Latina y del Caribe a proseguir con sus respectivos procesos de integración regional».

Con la integración regional se podrá fomentar en mayor medida la estabilidad. Ambos son los objetivos más importantes de la asociación estratégica de la UE y América Latina. La UE y sus países socios latinoamericanos han desarrollado sistemas globales para fomentar ambos aspectos, ya que éstos precisan esfuerzos significativos continuos para poderlos mantener, para poderlos llevar mejor a la práctica y que beneficien a ambas partes y para poderlos ampliar en el futuro. Estos sistemas se extienden más allá del comercio y de la cooperación. En ellos tiene cabida el diálogo político con el que se intentan alcanzar posiciones y acciones comunes en asuntos multilaterales, a fin de reforzar la aspiración de la UE y de América Latina por influir en las cuestiones de ámbito mundial importantes para ambas partes.

Históricamente, todos los procesos de integración han atravesado por problemas, y la UE no ha sido una excepción. Se puede afirmar con razón que en Viena la UE desempeñó un papel fundamental al intentar resolver los diferentes problemas ligados a la evolución de la integración de América Central, de la Comunidad Andina y de Mercosur.

Así pues, se puede señalar con especial satisfacción que en Viena y después de Viena se ha constatado un avance suficiente para que ahora puedan comenzar las negociaciones internas necesarias y llevar a cabo las acciones necesarias para poner en marcha las negociaciones relativas a los acuerdos de asociación entre la UE, América Central y la Comunidad Andina. Los acuerdos de asociación completan los acuerdos ya celebrados con México y Chile y el acuerdo en fase de negociación con Mercosur. El 11 de abril se trató la situación actual de la cuestión para la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

En la misma ocasión se habló también sobre las posibles repercusiones de los cambios en la composición de la Comunidad Andina y de Mercosur debido al hecho de que Venezuela ha decidido pasar a formar parte de Mercosur. Tanto Bolivia, país que ejerce actualmente la Presidencia de la Comunidad Andina, como el Secretario General de la Comunidad merecen un reconocimiento por su hábil gestión de la crisis en las últimas semanas. Mercosur está considerando los retos ligados a la aceptación en su seno del nuevo miembro. Este asunto se podrá tratar también en la próxima reunión sobre el diálogo político que se celebre con Mercosur. La UE reafirma su voluntad de reanudar las negociaciones con Mercosur lo antes posible.

Por último, cabe mencionar que, como se afirma en las conclusiones del Consejo aprobadas en febrero de 2006, el objetivo de la UE es fomentar una integración que englobe a toda la región.

¿Puede el Consejo hacer una declaración definitiva sobre los progresos que se han realizado este año para suprimir los cargos por «roaming» de la facturación a los usuarios de teléfonos móviles en Europa?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo y la Comisión siguen muy de cerca desde hace varios años la evolución de las tarifas de itinerancia («roaming»). Este asunto ha recibido recientemente una gran atención, en particular desde octubre de 2005, cuando la Comisión creó el primer sitio web para ofrecer información más transparente a los usuarios sobre los servicios de itinerancia y ayudarles a encontrar la mejor solución en esta jungla de precios y contratos.

Gracias a las actividades de la Comisión, los operadores parecen haber rebajado hasta cierto punto sus precios y los han hecho más transparentes. Sin embargo, las tarifas de itinerancia internacional siguen presentando grandes diferencias, y los clientes a menudo siguen sin poder comprender su fórmula de cálculo. Este planteamiento cauteloso parece haber sido insuficiente, y el Consejo está dispuesto a considerar otras formas para eliminar abusos en el marco de sus competencias legislativas.

La Comisión presentó una propuesta de reglamento que podría ayudar a corregir esta situación. El Consejo apenas acaba de iniciar sus deliberaciones sobre esta propuesta, que se publicó el 12 de julio de 2006. Proseguirá con estas en colaboración con el Parlamento y pretende en concreto encontrar una solución equilibrada que evite la distorsión del mercado, trastornar innecesariamente las actividades de los operadores y aumentos de precios en otros sectores.

¿Puede indicar el Consejo las nuevas iniciativas que la Presidencia finlandesa de la UE está considerando para luchar contra el creciente problema que representa el cambio climático?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Como sabe su Señoría, la Presidencia finlandesa presentó sus planes en relación con el cambio climático cuando el Ministro Jan-Erik Enestam compareció ante la Comisión de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria el 12 de julio de 2006. A continuación se exponen brevemente dichos planes:

Durante los próximos meses, la UE se preparará para las negociaciones internacionales que tendrán lugar en la conferencia de seguimiento de Nairobi (de 6 a 17 de noviembre de 2006). En esa conferencia, la UE deberá mostrar una vez más su posición de firme liderazgo en la aplicación del Plan de acción de Monreal a fin de echar las bases para el sistema que se aplicará a partir de 2012 que deberá tener un carácter realmente mundial.

A tal fin, la Presidencia plantea temas relacionados con el cambio climático en las reuniones en la cumbre entre la UE y terceros países (China, la India, República de Corea, la ASEM, Rusia, Canadá). Ya han tenido lugar las cumbres entre la UE y China, la República de Corea y la ASEM, y la declaración de esta última sobre el clima ya ha sido publicada. Con el fin de preparar las negociaciones internacionales, el Consejo y el Parlamento tendrán la oportunidad de debatir el nuevo análisis de costes y beneficios de la estrategia para la reducción de emisiones que el Consejo Europeo solicitó a la Comisión. La UE y los Estados Unidos decidieron hace poco poner en marcha un diálogo sobre el cambio climático, las tecnologías no contaminantes y el desarrollo sostenible. La primera reunión sobre este tema se celebrará en otoño en Finlandia.

Además, la UE continúa con sus trabajos para cumplir los compromisos asumidos. A propuesta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento están llevando a cabo una nueva revisión del régimen para el comercio de derechos de emisión y evaluando la segunda fase del Programa Europeo sobre Cambio Climático. El segundo Programa Europeo sobre Cambio Climático, que fue puesto en marcha en octubre de 2005, investiga nuevas opciones rentables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los principios de la Estrategia de Lisboa. Se han creado nuevos grupos de trabajo para examinar el tema de la captura y el secuestro de carbono, las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos comerciales ligeros, las emisiones de la aviación y la adaptación a los efectos del cambio climático. El Grupo de trabajo de aviación se ha concentrado en los aspectos técnicos de la extensión del régimen de derechos de misión a la aviación. Otro grupo de trabajo ha evaluado la aplicación de las políticas y medidas del primer Programa Europeo sobre Cambio Climático en los Estados miembros y sus repercusiones para la reducción de las emisiones.

Por último cabe mencionar que Finlandia ha compensado las emisiones emitidas durante los viajes de los asistentes a algunas de las reuniones que ha organizado durante su Presidencia, o bien ofrece a los asistentes una manera sencilla de ajustar sus propios niveles de emisión de forma voluntaria.

¿Puede realizar el Consejo una declaración sobre el estado actual de las relaciones políticas entre la UE e Irán, centrándose, en particular, en la posición del Gobierno iraní respecto al no acatamiento por su parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en relación con sus programas en materia de investigación nuclear?

¿Podría indicar el Consejo qué línea seguirá en el futuro el Alto Representante Javier Solana en sus negociaciones con Irán sobre el asunto nuclear pendiente?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con una solución diplomática que tenga en cuenta las preocupaciones que despierta en la comunidad internacional el programa nuclear iraní, pero al mismo tiempo afirma que Irán tiene derecho a utilizar la energía nuclear para fines pacíficos de conformidad con lo establecido en el Tratado de no proliferación nuclear. El Consejo se ha felicitado a este respecto de la iniciativa del Alto Representante de la UE y de los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Federación Rusa y los Estados Unidos de América que el Secretario General del Consejo y Alto Representante transmitió a Irán el 6 de junio de 2006.

El Consejo apoya plenamente el enfoque equilibrado que recoge esta iniciativa y ha invitado a Irán a que opte por la manera de proceder que se propone en dicha iniciativa. Esta propuesta allanaría el camino para el establecimiento de nuevas relaciones con Irán, basadas en el respeto muto y una mayor cooperación política y económica, y disipará las inquietudes que abriga la comunidad internacional respecto al programa nuclear de Irán.

El Consejo desea recordar que el Consejo de Gobierno del OIEA y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han pedido en repetidas ocasiones a Irán que detenga todas las actividades de enriquecimiento y reprocesamiento de uranio. El 31 de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la Resolución 1606 (2006), en la que se pide a Irán que suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio, y que autorice al OIEA a su inspección. El Consejo señalaba que, si Irán no cumplía esta resolución a más tardar el 31 de agosto, adoptaría las medidas contempladas en el apartado 1 del artículo 42 del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

El Consejo ha señalado que si Irán decide detener todas sus actividades de enriquecimiento de uranio y aplica el Protocolo adicional, podrán reanudarse las negociaciones y se suspenderá el procedimiento en el Consejo de Seguridad.

El 15 de septiembre de 2006, el Consejo tomó nota del informe del Dr. El Baradei, Director General del OIEA, de fecha 31 de agosto de 2006, en el que se indica que Irán no ha tomado las medidas exigidas en la Resolución 1696 del Consejo de Seguridad y se considera que ha llegado el momento de examinar las medidas de respuesta de esta resolución. Los ministros se mostraron satisfechos con las negociaciones que el Representante había celebrado con el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, señor Ali Larijan, con el fin de explorar la posibilidad de abrir negociaciones con ese país. Apoyaron estos esfuerzos y subrayaron que es de suma importancia encontrar pronto una solución.

¿Puede señalar el Consejo qué iniciativas está tomando para promover una mayor utilización de la banda ancha en las regiones y zonas periféricas e insulares de Europa?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Un amplio uso de la banda ancha forma parte del programa político de la UE desde hace muchos años y sin duda seguirá formando parte de él en el futuro. Los servicios de banda ancha contribuyen a alcanzar los objetivos generales de la Estrategia de Lisboa y todas las fases de desarrollo de las políticas en esta materia deberán considerarse en el marco de la consecución de los dos objetivos de la estrategia i2010 (que son compatibles entre sí).

El primer objetivo consiste en crear un Espacio Único Europeo de la Información que promueva un mercado interior diverso basado en comunicaciones, mensajes y contenidos electrónicos abiertos y competitivos.

El segundo objetivo es crear una sociedad europea de la información que fomente la participación, en la que se dé prioridad a la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida y, a este respecto, reduzca la brecha digital entre los favorecidos y desfavorecidos en materia de acceso a los servicios de banda ancha.

Como señaló el Consejo en sus conclusiones de 1 de diciembre de 2005 sobre la Estrategia i2010, los Estados miembros, las instituciones comunitarias y las partes interesadas son responsables conjuntamente de esta estrategia. El Consejo pedía a los Estados miembros «... que promovieran el despliegue de redes avanzadas e integradas mediante la rápida aplicación de las estrategias nacionales destinadas a ampliar la cobertura de los servicios de banda ancha y el acceso a múltiples plataformas, y a estimular la adopción y uso, en su caso, de los fondos estructurales comunitarias de conformidad con las directrices de la Comisión»⁽¹⁾.

Todos los programas nacionales de reforma que los Estados miembros presentaron a la Comisión el año pasado tras el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa abordaban cuestiones relacionadas con la cobertura de los servicios de banda ancha y su introducción. En muchos programas nacionales de reforma se mencionan importantes programas de banda ancha (AT, IE, EE, FI, FR, HU, IT, LU, LT, PT, SI y ES). Aunque la competencia se considera el factor más importante para estimular el desarrollo de las comunicaciones de banda ancha, las normas comunitarias en materia de ayudas públicas permiten a los Estados miembros conceder ayudas estatales a las redes de banda ancha en aquellas regiones en que su cobertura es insuficiente. Estas ayudas se autorizan cuando están destinadas a promover la introducción de la banda ancha y son indispensables para corregir una alteración del mercado o evitar el cobro de precios abusivos por los servicios de banda ancha.

Las directrices estratégicas propuestas para la política comunitaria de cohesión señalan igualmente que es importante que exista una infraestructura de comunicaciones de banda ancha a un precio razonable en toda la UE. Por consiguiente, una directriz especial de acción para los nuevos programas de la política de cohesión para el período 2007-2013 contempla que se garantice la existencia de una infraestructura de información y comunicación, y los correspondientes servicios, en particular en zonas periféricas y rurales y en los nuevos Estados miembros, si el mercado no puede ofrecer los servicios necesarios a precios razonables y en cuantía suficiente.

En la reunión ministerial celebrada en Riga del 11 al 13 de junio de 2006, en la que se debatieron las tecnologías de la información y la comunicación para una sociedad de participación, se adoptó una declaración sobre la sociedad de la información en la que se promueve la participación y se indica que una condición necesaria para ello es una estrategia a escala de la UE. Los Ministros decidieron concentrarse, entre otras cosas, en la reducción del desequilibrio geográfico en la distribución de servicios de banda ancha facilitando un acceso a precios razonables a las redes de información y comunicaciones, así como a las terminales, contenido y servicios en todas partes, sobre todo en las zonas alejadas y rurales, y en aquellas zonas que se encuentran en una posición menos favorable, como los pequeños centros de población, y mediante la reducción de las grandes diferencias regionales que existen para acceder a Internet, aumentando el acceso a la banda ancha en las zonas de baja cobertura con el fin de ofrecer servicios de banda ancha al menos al 90 % de la población a más tardar en 2010.

En la Declaración de Riga se pide a la Comisión que apoye la recopilación de material, la creación de redes a todos los niveles, incluyendo indicadores regionales y locales, la realización de evaluaciones comparativas, los intercambios de buenas prácticas y experiencias procedentes de Europa y de otras regiones. Además se pidió a la Comisión que propusiera, como parte de su estrategia i2010⁽²⁾ para 2007 y de acuerdo con la Declaración de Riga, un planteamiento común para la iniciativa de la sociedad de la información de 2008 a fin de promover la participación europea.

Por último, los Ministros invitaron a las futuras Presidencias a que propongan iniciativas adecuadas y que sigan apoyando activamente a la Comisión en la ejecución de la iniciativa de 2008. La promoción de los servicios de banda ancha en las zonas rurales se considerará sobre esta base en la conferencia anual sobre la sociedad de la información i2010 que se celebrará en Espoo, Finlandia, los días 27 y 28 de septiembre de 2006.

¿Qué probabilidades existen, a juicio del Consejo, de que se celebren negociaciones de paz con el gobierno checheno que fue elegido democráticamente en 1997 bajo la supervisión de la OSCE y al que el presidente Putin ha expulsado a la clandestinidad, y en particular de que dichas negociaciones se centren en la propuesta de paz de su ministro de Asuntos Exteriores Ajmed Zakáyev, exiliado en Londres?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

La Presidencia del Consejo quiere agradecer a su Señoría el haber formulado esta pregunta, y comparte su inquietud por la situación existente en Chechenia.

Desde el inicio de la crisis en la República de Chechenia de la Federación Rusa, el Consejo ha dejado muy claro que únicamente una solución política basada en el diálogo y la confianza, y que cuente con el apoyo de la población chechena permitirá resolver el conflicto de manera permanente.

El Consejo desea apuntar que planteará sistemática los problemas relacionados con la situación de Chechenia en el diálogo político que mantiene con la Federación Rusa y en las reuniones semestrales sobre derechos humanos con Rusia, cuya cuarta ronda tendrá lugar en el mes de noviembre.

Según la información de que dispone la Presidencia del Consejo, las propuestas de Ahmed Zakayev no cuentan con el apoyo de los demás dirigentes separatistas chechenos. Por este motivo es demasiado pronto para saber si estas propuestas darán lugar a conversaciones.

Después de que, entre enero y febrero de 2005, el Gobierno socialista español de Zapatero diera a aproximadamente 800 000 inmigrantes ilegales la posibilidad de regularizar su situación, el nuevo Gobierno de izquierdas Prodi II también va a proceder a la regularización de las personas que residen ilegalmente en el territorio de Italia.

Gracias a la libre circulación de personas, centenares de miles de inmigrantes regularizados podrán atravesar próximamente sin obstáculo alguno las fronteras europeas interiores.

La Ministra Federal del Interior de Austria, Liese Prokop, recuerda con razón que tales decisiones pueden tener consecuencias perjudiciales para los demás Estados miembros y aboga por que los Estados miembros lleguen a acuerdos con el fin de uniformizar las políticas en materia de inmigración ilegal, aunque la política de extranjería siga siendo en principio una competencia nacional.

¿Qué opina el Consejo sobre esta propuesta?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Como indica su Señoría, la política en materia de legislación sobre la condición de los inmigrantes ilegales es competencia nacional, y el Consejo no ha debatido hasta ahora la posibilidad de llegar a un consenso entre los Estados miembros sobre un planteamiento coordinado sobre la regularización de dichos inmigrantes.

Un paso tangible en esta dirección será la entrada en vigor de la Decisión del Consejo sobre el establecimiento de un procedimiento mutuo de información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de asilo e inmigración. La Comisión será responsable de la creación del procedimiento y de su gestión. En septiembre de 2006, el Consejo acordó un planteamiento general a este respecto. Queda aún por considerar el dictamen del Parlamento Europeo, tras de lo cual podrá adoptarse este instrumento.

La intención para el año próximo es comenzar un estudio de los procedimientos de regularización que aplican los Estados miembros y sus consecuencias para la UE en su conjunto. Este estudio constituirá la base para celebrar un debate conjunto sobre la legislación en el futuro. En esta ocasión, los Estados miembros debatirán igualmente si es necesario adoptar una legislación comunitaria en esta materia.

De los 18 000 inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias de forma irregular desde el mes de enero, en opinión de las autoridades del Estado en el archipiélago, ninguno se queda finalmente en las islas, sino que desde los Centros de Internamiento son enviados a la península, es decir al continente, sin empleo y sin lugar de acogida. Las fronteras terrestres del norte de España son mucho más vulnerables que las marítimas y son muy utilizadas por las redes mafiosas que trafican con seres humanos. La mayor parte de las 18 000 personas mencionadas proceden de Mauritania y Senegal y se expresan en francés.

¿Ha valorado el Consejo cuál es el destino final de estas personas que sufren durante meses este peligroso, duro e ilegal itinerario?

Ante la acreditada incapacidad e incompetencia de las autoridades españolas, ¿qué puede hacer y qué piensa hacer el Consejo?

¿Es motivo de preocupación para el Consejo el número creciente de inmigrantes africanos que están llegando de forma ilegal a Canarias? Dado que a los inmigrantes que no puedan ser repatriados en un plazo de 40 días se les permite permanecer en España, ¿le preocupa al Consejo que puedan desplazarse libremente a cualquier otro país de la UE? ¿Qué medidas considera el Consejo apropiadas para abordar esta situación?

Esta respuesta elaborada por el país que ejerce la Presidencia del Consejo no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros.

El enfoque global sobre la inmigración aprobado en diciembre pasado aborda acciones prioritarias para África y la región mediterránea a fin de aliviar la presión migratoria existente en estas regiones. El objetivo de las acciones es reforzar la cooperación entre los Estados miembros y su actuación, así como aumentar el diálogo y la cooperación con los Estados de África y toda la región mediterránea.

El Consejo está siguiendo los avances en la aplicación de este enfoque global. Además, el Consejo Europeo ha instado a la Comisión a que informe a finales de 2006 sobre los avances logrados.

Se ruega al autor de la pregunta que tenga en cuenta las acciones e iniciativas concretas que se enumeran en la respuesta común del Consejo a las preguntas orales H-0440/06, H-0455/06, H-0460/06, H-0473/06 y H-0478/06.

Los días 10 y 11 de julio de 2006 se celebró en Rabat una reunión ministerial de Europa y África destinada a la inmigración y el desarrollo, cuya organización contó con el apoyo activo de Marruecos, España y Francia. En la reunión se aprobó un plan de acción en el que se abordan, en particular, la lucha contra la inmigración ilegal procedente de África central y occidental con destino a la Unión Europea y la repatriación de los inmigrantes ilegales. Todos los Estados participantes en la reunión subrayaron su compromiso de poner en práctica el plan de acción de manera inmediata.

Por lo que se refiere a la situación de las islas Canarias, la Unión ya ha emprendido acciones a raíz de la llegada masiva de inmigrantes ilegales y ha apoyado a España con iniciativas.

Entre esas iniciativas figura la visita a las islas Canarias de una delegación de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) con el fin de estudiar la situación sobre el terreno. La Agencia Frontex ha propuesto asimismo la constitución de un grupo de apoyo conjunto integrado por funcionarios de la Agencia y expertos nacionales de los Estados miembros que sería enviado a las islas Canarias.

La Agencia Frontex explicó al Consejo, en junio de 2006, los resultados de un estudio sobre la viabilidad de una red de vigilancia fronteriza mediterránea que englobe a los países de la UE y a los del norte de África (el denominado proyecto MEDSEA). A continuación, existe el propósito de elaborar un estudio sobre la viabilidad técnica de un sistema de vigilancia que englobe todas las fronteras marítimas meridionales (BORTEC).

La Agencia Frontex ha iniciado asimismo dos operaciones, HERA I y HERA II, cuyo objetivo es reducir el flujo de inmigrantes que llegan a las islas Canarias. HERA I empezó el 15 de julio, su duración será de tres meses y consiste en el envío de expertos de los Estados miembros para ayudar a las autoridades españolas en la identificación de los inmigrantes. HERA II se refiere a la vigilancia de las regiones marítimas situadas frente a las costas de Mauritania y Senegal y de la zona que circunda Cabo Verde. La operación se inició a mediados de agosto y aún está en marcha. Italia, Portugal y Finlandia han prestado su ayuda a las autoridades españolas. España ha suscrito acuerdos con Mauritania y Senegal para que los buques españoles puedan patrullar en sus aguas territoriales. En Tenerife se ha creado un centro de coordinación en el que están presentes representantes de algunos Estados miembros, un representante de la Agencia Frontex y las autoridades españolas.

Existe el propósito de iniciar en Malta una operación similar, con la que se tratará de reducir el número de inmigrantes que se dirigen a este país (operación JASÓN I). La operación se compone de dos partes: la identificación y repatriación de los inmigrantes ilegales localizados en el mar y el patrullaje conjunto de la región marítima frente a las costas de Libia.

Por último, el Consejo ha empezado a examinar la propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento por el que se establece un mecanismo de creación de equipos fronterizos de intervención rápida.

Se señala asimismo a la atención del autor de la pregunta que la Unión Europea está elaborando además una estrategia para la gestión integrada de las fronteras exteriores. La mejora de la gestión de las fronteras exteriores es uno de los asuntos prioritarios del programa de trabajo de la actual Presidencia finlandesa y se aborda asimismo de manera detallada en la Comunicación de la Comisión sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración ilegal de los nacionales de terceros países, publicada en julio de 2006. En su Comunicación, la Comisión enumera los ámbitos prioritarios en los que se han de aplicar y/o proseguir acciones, así como las medidas que, en su opinión, deberían adoptarse.

John Dugard, Relator especial de las Naciones Unidas, ha acusado a Israel de violar «las normas más fundamentales del Derecho humanitario» en Gaza, donde 200 palestinos han resultado muertos y el número de civiles heridos asciende a varios centenares. Los daños sufridos en carreteras, puentes y edificios gubernamentales, así como un bombardeo aéreo sobre la única central eléctrica, han ocasionado desabastecimientos de electricidad y problemas en el abastecimiento de agua. ¿Cuál ha sido la reacción del Consejo ante dichas violaciones del Derecho internacional y qué medidas ha adoptado para aliviar el sufrimiento colectivo del pueblo palestino?

La guerra en el Líbano ha impedido el referéndum propuesto por el Presidente Abbas, y el anuncio del inicio de conversaciones con Hamás para formar un Gobierno de unidad nacional de amplia base despierta esperanzas y suspicacias al mismo tiempo. ¿Está de acuerdo el Consejo en que la mayoría de los palestinos respaldaría una fórmula que reconociera el Estado de Israel si de este modo se suavizan las restricciones de movimiento y se descongela la ayuda de Occidente? En caso afirmativo, ¿qué pasos ha emprendido el Consejo para intentar que ambas partes adopten dicha posición con la esperanza de reanudar el proceso de paz?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

La primera parte de la pregunta de su Señoría se refiere a la situación existente en Gaza tras los ataques del ejército israelí contra una base situada en la parte norte de Kerem Shalom el 25 de junio de 2006. En su declaración del 30 de junio, la Presidencia recordó a todas las partes que tienen la obligación de proteger la vida de los civiles y que el Derecho internacional debe aplicarse en las operaciones militares en curso. Lamentaba en particular la destrucción de infraestructuras esenciales que habían provocado un nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza. La Comisión respondió directamente a esta situación mediante el envío de combustible a los hospitales de Gaza a través del Mecanismo Internacional Temporal a fin de que estos hospitales pudieran hacer uso de sus generadores de emergencia. En una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo celebrada el 29 de agosto, el representante de la Comisión facilitó a los miembros de la Comisión información complementaria acerca de la importante ayuda que la UE ha concedido al pueblo palestino durante este año. En la conferencia internacional de donantes de Estocolmo del 1 de septiembre, la UE asumió un firme compromiso. Asimismo, el Consejo se felicitó en su reunión del 15 de septiembre de la prórroga del Mecanismo Internacional Temporal y acordó extender sus operaciones durante otros tres meses.

La segunda parte de la pregunta está relacionada con la reanudación del proceso de paz entre Israel y los palestinos, que el Consejo apoya. La «fórmula que reconociera a Israel» a la que se refiere su Señoría, corresponde plenamente a uno de los tres principios del Cuarteto, a saber: el reconocimiento de Israel. Los otros dos principios son el abandono de la violencia y la aceptación de los acuerdos y obligaciones precedentes, entre ellos la Hoja de Ruta. El Consejo coincide con su Señoría en que el reconocimiento de Israel por parte de la Autoridad Palestina y su aceptación de los otros dos principios permitiría avanzar en los ámbitos mencionados en la pregunta. Este tema ocupa un lugar destacado en los contactos políticos y diplomáticos que la UE lleva a cabo en este ámbito. En la reunión del Consejo de 15 de septiembre de 2006 se reafirmó este extremo.

¿Ha elevado el Consejo protestas ante el Gobierno de Israel en relación con la detención sin cargos ni juicio de miembros electos del Consejo Legislativo Palestino?

(FI) en las conclusiones publicadas tras su reunión de 17 de julio de 2006, el Consejo pedía a Israel la inmediata liberación de los miembros electos del Consejo Legislativo Palestino detenidos, a los que su Señoría hace alusión en su pregunta. El 15 de septiembre de 2006 repitió esta exigencia. Desde entonces, los representantes de la UE han planteado una y otra vez esta cuestión a varios niveles.

Tras las elecciones parlamentarias en Palestina del 25 de enero de 2006, que, de acuerdo con la UE y otras organizaciones internacionales, se realizaron de forma completamente libre y democrática, y la formación de un Gobierno de Hamás, el Consejo de Ministros decidió congelar la ayuda económica de la UE a la Autoridad Nacional Palestina. En estos momentos, Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, trata de formar un Gobierno de unión nacional.

¿Piensa el Consejo decidir el levantamiento inmediato de las sanciones económicas en caso de que se forme un nuevo Gobierno palestino? Esto contribuiría a reforzar la autoridad del Presidente Abbas y a hacer frente a los graves problemas económicos y sociales que sufre el pueblo palestino.

¿De qué forma piensa el Consejo responder a la persistente negativa de Israel de restituir los millones de dólares de los que priva ilegalmente a la Autoridad Nacional Palestina, en concepto de impuestos y derechos de aduana?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo manifestó el 15 de septiembre de 2006 su esperanza de que el nuevo Gobierno de unidad nacional palestino cumpla los principios establecidos por el Cuarteto a fin de que pronto se puedan adoptar medidas en el ámbito que menciona su Señoría.

El Consejo Europeo, en su reunión de los días 15 y 16 de junio de 2006, y el Consejo, en varias de sus sesiones celebradas desde abril de 2006, han pedido a Israel que comience a entregar los ingresos fiscales y derechos de aduana palestinos que ha acumulado. Esta medida es vital para evitar una crisis en los territorios palestinos.

¿Qué acciones ha emprendido el Consejo para presionar al Gobierno israelí con el fin de que ponga en libertad a los niños palestinos encarcelados?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Las conversaciones entre la Unión e Israel abarcan importantes temas de derechos humanos relacionadas especialmente con la situación de la población palestina en los territorios ocupados, en concreto los obstáculos y restricciones impuestos a la libre circulación, la construcción y ampliación de los asentamientos, y la construcción del muro en territorio palestino. Entre estas cuestiones se encuentra igualmente la de los menores palestinos presos, a la que su Señoría se refiere en su pregunta.

Todos estos temas de derechos humanos se plantean constantemente en los contactos políticos en curso entre la UE e Israel, y en particular en el Grupo de Trabajo de derechos humanos UE-Israel, cuyo diálogo y cooperación han sido establecidos por el subcomité.

¿Cuál es la reacción del Consejo ante la advertencia del Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, de que el mundo necesita urgentemente aumentar la ayuda destinada a Afganistán para evitar que el país vuelva a ser un vivero de terroristas?

¿Coincide el Consejo con el Secretario General de la OTAN en que los países donantes y las organizaciones internacionales no han cumplido enteramente los compromisos que contrajeron con Afganistán en una conferencia celebrada en Londres en enero de 2006, en que hace falta más ayuda de las Naciones Unidas, del Grupo de los Ocho, de los donantes bilaterales y de la Unión Europea, y, en particular, en que «la UE debería ser mucho más activa en la formación de la policía nacional afgana»?

¿Por qué la UE y los Estados miembros no han cumplido las promesas que hicieron al pueblo de Afganistán, dado que este incumplimiento no sólo constituye una traición a su futuro, sino que es contraproducente en la lucha contra el terrorismo?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Al igual que otros grandes donantes de ayuda, la Unión Europea ha asumido el firme compromiso de ayudar de forma duradera al Afganistán democrático. Sin embargo, las promesas de ayudas significativas no implica que la insurgencia actual y los numerosos grupos armados ilegales impidan que parte de la ayuda llegue a su destino en las diversas partes del país.

La UE sigue siendo uno de los principales donantes de ayuda al proceso de transición de Afganistán. En las Conferencias sobre Afganistán celebradas en Tokio (enero de 2002) y Berlín (marzo de 2004), la Unión Europea se comprometió a conceder 3 800 millones de dólares estadounidenses (3 100 millones de euros) para la reconstrucción durante el período 2002-2006. Esta cantidad representa un 30 % de los 12 500 millones de dólares estadounidenses (10 000 millones de euros) de ayudas prometidos por los donantes internacionales en Tokio y Berlín.

Afganistán recibe más ayuda de la UE que cualquier otro país de Asia. La Comisión ha concedido a Afganistán 657 millones de euros para la reconstrucción desde 2002. A finales 2006 se habrán concedido al menos 376 millones de euros de ayuda, lo que significa que las ayudas a la reconstrucción de la Comisión han superado los mil millones prometidos en 2002. Estas cifras no incluyen los 216,5 millones de euros en ayuda humanitaria concedidos entre 2001 y 2004. La Comisión administra estas ayudas de forma eficiente, pues se consignan créditos, se celebran acuerdos respeto a estos y los pagos se efectúan sin retrasos.

Hasta ahora, la UE ha logrado cumplir las promesas que hizo en Londres y tiene confianza en seguir haciéndolo en el futuro. La UE mantiene su pleno compromiso con la democracia y la estabilidad en Afganistán a largo plazo. Al igual que todos los donantes, la UE valora constantemente la ayuda que concede a Afganistán y sabe perfectamente que Afganistán constituye aún un entorno muy difícil para la prestación de ayuda internacional. La UE espera poder concentrar en el futuro su ayuda en las provincias fuera de Kabul e intentar fortalecer las estructuras gubernamentales y el Estado de derecho en ese país.

El 3 de septiembre de 2006, el Presidente de Rusia, el Primer Ministro griego y el Presidente de Bulgaria firmaron una declaración común con vistas a una mayor colaboración en el sector de la energía. El principal eje de esta colaboración lo constituye la concretización del oleoducto Burgas-Alexandrópolis, y las tres partes se comprometieron a firmar el correspondiente acuerdo para el inicio de la construcción del oleoducto antes de finales de 2006. La competencia internacional en lo que se refiere a los recursos energéticos hace que esta obra sea particularmente importante no sólo para los países participantes, sino también para el abastecimiento energético de Europa.

¿Qué opina el Consejo de la mencionada declaración de colaboración en el sector de la energía entre Rusia, Grecia y Bulgaria, cuyo principal objetivo es la realización del oleoducto Burgas-Alexandrópolis? ¿Qué le parece el proyecto de transporte de gas natural ruso a través de un gasoducto que atravesará Turquía, pasará por Grecia y finalizará en Italia? ¿Cómo piensa incentivar estos planes teniendo en cuenta las razonables preocupaciones medioambientales expresadas?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

En relación con la primera y la segunda pregunta, me gustaría decir que el Consejo acoge favorablemente la declaración firmada en Atenas el 3 de septiembre de 2006. Cuando entren en funcionamiento los oleoductos que menciona su Señoría, contribuirán a diversificar las rutas de abastecimiento de la energía destinada a la Unión Europea. Los Consejos Europeos celebrados en los meses de marzo y junio de 2006 expresaron su apoyo incondicional a la diversificación de las rutas de abastecimiento energético, ya que de esta forma dicho abastecimiento será más fiable en la Unión Europea.

Podrá utilizarse cofinanciación comunitaria para el proyecto de gasoducto mencionado en la segunda pregunta, ya que el gasoducto entre Turquía, Grecia e Italia se considera un proyecto de interés europeo en la nueva Decisión sobre las redes transeuropeas.

En cuanto a la tercera pregunta, me gustaría mencionar que el Consejo y el Parlamento Europeo únicamente promueven activamente, a través del procedimiento de codecisión, aquellos proyectos que figuran en la nueva Decisión sobre las redes transeuropeas. Estos proyectos se refieren a redes de gas y electricidad (como ya se ha dicho, el gasoducto de gas natural podría recibir cofinanciación comunitaria). Las conclusiones de los Consejos Europeos de los meses de marzo y junio de 2006 podrían interpretarse con un incentivo político a estos proyectos. Cabe mencionar igualmente a este respecto el programa INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport Programme to Europe – Programa Interestatal de Transporte de Petróleo y Gas a Europa). Este programa designa el oleoducto entre Burgas y Alexandropolis como una de las rutas prioritarias para transporte de crudo. El Programa INOGATE es financiado actualmente por el Programa TACIS, y en el futuro recibirá financiación con cargo al Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.

En cuanto a las consideraciones medioambientales mencionadas, el Consejo desea señalar que estos proyectos deberán cumplir las normas y procedimientos nacionales en la materia y, por supuesto, las normas medioambientales comunitarias deben aplicarse en la Unión Europea, aparte de lo cual la nueva Decisión sobre las redes transeuropeas disponen que los proyectos y, en particular, los de interés europeo:

– deben promover el desarrollo y la protección del medio ambiente mediante la reducción de los riesgos medioambientales que presenta el transporte de energía, entre otras cosas,

y

– deben cumplir los convenios internacionales en materia de protección del medio ambiente.

En este sentido, este gasoducto resulta útil pues ayudará a reducir el número de envíos transportados por vía marítima en el ya de por sí congestionado estrecho del Bósforo.

La Unión Europea se dispone a firmar un nuevo acuerdo de cooperación con Rusia. Obviamente, se ha prestado especial atención al suministro a Europa de recursos energéticos procedentes de Rusia.

Por otra parte, Rusia ha tomado la decisión de construir un oleoducto a través de Bulgaria y Grecia (el petróleo, procedente de Novorossisk, sería transportado hasta Bulgaria por buques petroleros). El gasoducto de la Europa septentrional, que va de Rusia a Alemania bajo las aguas del Báltico, se añade al acuerdo de los Balcanes. Podemos ver así cómo, al contar con reservas energéticas abundantes y desarrollar sus infraestructuras energéticas, Rusia reforzará en el futuro su posición dominante en el mercado de la energía.

Sin embargo, y pese a esta política rusa en materia de energía y del creciente peligro de un diktat energético, la UE da prioridad a los acuerdos estratégicos a largo plazo con Rusia para el suministro de energía procedente de este país.

¿Considera el Consejo que la seguridad energética de los Estados miembros de la UE está garantizada, teniendo en cuenta que éstos carecen de política común en materia de energía así como de un sistema de redes de aprovisionamiento de recursos energéticos?

¿Prevé el acuerdo de asociación UE-Rusia algún mecanismo de salvaguarda para limitar la posibilidad de un abuso de la posición dominante de Rusia en el mercado de la energía?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo ha estado elaborando, en colaboración con el Parlamento Europeo, una política común energética mediante la introducción progresiva de paquetes legislativos. Estas medidas contribuyen a garantizar un abastacimiento estable de energía para la UE. La fiabilidad del abastecimiento de energía, junto con otras cuestiones relacionadas con la competitividad y estabilidad, forman parte de la base para la revisión estratégica de la política energética de la UE, que la Comisión Europea planea presentar al Consejo y el Parlamento Europeo en 2007, a la que el Consejo tiene la intención de hacer su propia contribución durante la Presidencia finlandesa.

Los acuerdos estratégicos a largo plazo son un factor importante para garantizar en el futuro el abastecimiento de energía. Pero también hemos de tener en cuenta otros factores, en particular los mencionados en las conclusiones de la Presidencia de los Consejos Europeos de los meses de marzo y junio de 2006, así como el documento conjunto redactado por la Comisión y el Alto Representante del Consejo. Entre los principios que figuran en estos documentos se halla la diversificación de las fuentes de energía, la transparencia en el sector energético y la buena gobernanza, la creación de condiciones transparentes y seguras para la inversión y el comercio de energía, y el tránsito en condiciones de igualdad y el acceso de terceros a las infraestructuras.

El Consejo tiene la intención de hacer uso de las estructuras y mecanismos de cooperación con que cuenta la Comisión para intentar de reanudar el diálogo energético entre la UE y Rusia. Por ello se celebrará otra reunión del Consejo Permanente de Asociación entre los Ministros de Energía de la UE y Rusia durante la Presidencia finlandesa, en cuyo orden del día habrá un buen número de temas a debatir. La mejor manera de garantizar la seguridad del abastecimiento de energía entre la UE y Rusia en el futuro es haciendo hincapié en la importancia de la dependencia mutua e integrar a Rusia en un sistema normativo vinculante y coherente. El Consejo ha invitado a Rusia a ratificar el Tratado sobre la Carta de la Energía e intenta llevar a buen fin las negociaciones sobre el Protocolo de tránsito. Además, el nuevo acuerdo entre la UE y Rusia deberá contar con un capítulo importante en materia de energía, que recogerá los principios fundamentales de la cooperación energética.

Por último, el Consejo desea mencionar que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron hace poco una Decisión sobre las redes transeuropeas de energía, que será un importante paso para diversificar las fuentes y rutas de transporte de la energía, constituyendo así una importante mejora para garantizar el abastecimiento energético. Este objetivo se hará realidad igualmente cuando los países de Europa Sudoriental firmen el Tratado de la Comunidad de la Energía y este entre en vigor, ya que dicho acuerdo extenderá el modelo del mercado interior de la energía a los países vecinos.

Suecia aboga por que la Directiva de la UE sobre la calidad del aire establezca valores límite vinculantes para la proporción de pequeñas partículas en el aire. Numerosos Estados miembros expresan su escepticismo acerca de los valores límite vinculantes y recomiendan excepciones específicas. Por otra parte, determinados Estados miembros desean prolongar el período de excepción para los Estados que no pueden respetar los valores límite de dióxido de nitrógeno, benceno y pequeñas partículas (PM 10). ¿Comparte la Presidencia la opinión sueca de que la Directiva de la UE sobre la calidad del aire debe ser más ambiciosa y que son necesarios los valores límite?¿Comprende la Presidencia las críticas formuladas ocasionalmente de que las instituciones de la UE no otorgan suficiente prioridad a las cuestiones medioambientales?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Como sabe su Señoría, el Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar la Directiva sobre la calidad del aire por medio del procedimiento de codecisión. Mientras esperaba los resultados de la primera lectura en el Parlamento Europeo, el Consejo adoptó el 27 de junio de 2006 un planteamiento general respecto a la Directiva. La finalidad de esta Directiva es evitar y limitar los riesgos y efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana de la contaminación atmosférica. En relación con las partículas finas (PM2.5), el paquete de compromiso recoge un régimen de dos fases formado por un objetivo no vinculante para 2010 y un límite vinculante para sustituirlo en 2015. De este modo se podrán recopilar datos a nivel europeo sobre los niveles de concentración de las partículas PM2.5. Los valores máximos para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno las partículas PM10, el plomo, el benceno y el monóxido de carbón no sufren modificación alguna. En ciertas condiciones muy limitadas se podrá solicitar una exención a las obligaciones aplicables a las partículas PM10, el dióxido de carbono y el benceno durante un tiempo limitado.

El Consejo estima que esta Directiva es un paso adelante para mejorar la calidad del aire, y confía en que el Parlamento Europeo considere este aspecto, a fin de que se puedan establecer las condiciones necesarias para llegar a un acuerdo.

Por lo que se refiere a la pregunta general acerca de si las instituciones de la UE conceden suficiente prioridad a los temas medioambientales, el Consejo afirma que siempre toma en cuenta que la protección y mejora del medio ambiente es uno de los principales objetivos del Tratado.

La UE ha decidido limitar la producción de azúcar en los Estados miembros. Como consecuencia de ello, se ha producido el cierre de una fábrica azucarera en Finlandia. La UE paga determinadas ayudas estructurales para el cese de la producción de azúcar. El Gobierno finlandés dirige estos fondos sólo a la industria y a los productores de azúcar, sin utilizarlos para la reconversión de los trabajadores o para otros gastos de adaptación. En opinión de la Presidencia del Consejo, ¿es compatible con el espíritu del acuerdo sobre el azúcar que estos fondos no se utilicen en absoluto en favor de los trabajadores de la fábrica azucarera cerrada?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo decidió el 20 de febrero de 2006 proceder a una reforma exhaustiva del sector del azúcar en la UE, y adoptó tres reglamentos destinados a incrementar su competitividad y orientación hacia el mercado.

A este respecto se introdujo un importante incentivo financiero que se ofreció a las empresas azucareras menos productivas, a saber: una ayuda para la reestructuración a fin de que pongan fin a su producción en régimen de cuotas. Todas las empresas que producen azúcar, isoglucosa o jarabe de insulina, a las que haya concedido una cuota hasta el 1 de julio de 2006 tienen derecho a esta ayuda para la reestructuración, que se pagará por cada tonelada de cuota a la que renuncien, siempre que renuncien a su cuota en las campañas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010.

En el Reglamento mencionado, el Consejo ha tenido en cuenta las repercusiones sociales de los cierres de plantas. Para recibir las ayudas para la reestructuración, las fábricas deben presentar una solicitud al Estado miembro de que se trate, en la que debe figurar una propuesta de reestructuración. Esta propuesta deberá avanzar una propuesta de racionalización en la que se indiquen las medidas para el reciclaje profesional de los trabajadores, para su paso a nuevos puestos de trabajos y para las jubilaciones anticipadas. La fábrica debe comprometerse igualmente a cumplir las obligaciones mencionadas en el período fijado por el Estado miembro interesado.

Todavía no han ratificado todos los Parlamentos nacionales de los Estados miembros el Convenio del Consejo de Europa sobre el ciberdelito.

Lo ha ratificado incluso el Senado de los Estados Unidos, al parecer, a pesar de la oposición de un senador republicano, que aducía que se trataba de un acto extranjero. Si el Senado ha podido ratificarlo, ¿por qué no pueden los Estados europeos?

¿De qué modo está apremiando el Consejo a los Parlamentos nacionales que se muestran remisos y con ello ayudan a los delincuentes?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

Al igual que a su Señoría, al Consejo le preocupa la situación en que se encuentra la ratificación del Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Hasta ahora, este Convenio ha sido firmado por todos los Estados miembros y siete lo han ratificado. Entró en vigor el 1 de julio de 2004 y actualmente se aplica en estos siete Estados miembros.

En mayo de 2006, la Presidencia pidió a los demás Estados miembros que informaran sobre sus procedimientos de ratificación antes de que finalizase el año.

Asimismo, el Consejo adoptó el 24 de febrero de 2005 una Decisión marco 2005/222/JAI relativa a los ataques contra los sistemas de información (2005/222/JHA). En esta Decisión se establece que es necesario complementar los trabajos realizados por las organizaciones internacionales, en particular la labor del Consejo de Europa para la aproximación de las disposiciones penales relativas a los delitos de alta tecnología, mediante la adopción de un planteamiento común en la UE sobre esta materia. Los Estados miembros tienen que adoptar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones de la Decisión marco a más tardar el 16 de marzo de 2007.

El Gobierno irlandés ha instituido un régimen denominado «Programa de desarrollo nacional por el que se conceden subvenciones a los aeropuertos regionales» («The National Development Capital Grant Scheme for Regional Airports»), y ha solicitado a la Comisión que dé su aprobación al mismo.

¿Puede indicar el Consejo cuándo se recibió dicha solicitud y sobre qué base se presentó?

¿Puede detallar el Consejo qué cuestiones o problemas puede plantear esta solicitud desde el punto de vista de los aeropuertos de la categoría D en las regiones correspondientes al Objetivo 1?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo no puede responder a las preguntas planteadas, porque estas no forman parte del ámbito de actividad de la Comisión.

Estoy profundamente preocupada por el hecho de que más de 1 200 libros infantiles aún no han pasado a través de la aduana turca a pesar de que llegaron a Turquía hace más de dos semanas. El destino final de los libros es la ciudad de Batman en el norte del Kurdistán. Los libros o bien han sido escritos por autores de libros infantiles suecos o bien se utilizan en las escuelas suecas. Estos libros forman parte de un proyecto dirigido por la organización de derechos del niño con sede en Suecia KOMAK, financiada por SIDA a través del Centro Internacional Olof Palme. El proyecto forma parte de un programa - del que es responsable el Ministerio de Asuntos Exteriores - que tiene como finalidad reforzar la democratización de Turquía. El 7 de agosto los libros llegaron a Estambul. Allí fueron retenidos en la aduana turca sin que ningún agente de aduana haya procedido a efectuar los trámites aduaneros correspondientes, a pesar de los esfuerzos de la empresa de transportes.

Para iniciar las negociaciones sobre la adhesión a la UE se exige que se cumplan los criterios de Copenhague. Esto comporta, entre otras cosas, que el país candidato debe garantizar la democracia y la protección de los derechos humanos, lo que incluye la protección de las minorías. No permitir que libros infantiles escritos en kurdo entren en el país lo considero como una infracción clara de los criterios de Copenhague. ¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para solucionar esta situación y para evitar que una situación así se repita?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo no tiene información sobre el caso al que alude su Señoría. Sin embargo, se trata de la cuestión general de la protección de las minorías. En vista de ello, quiero recalcar una vez más que la Unión considera que esta es una cuestión importante. Este es uno de los ámbitos críticos en el que debemos seguir haciendo esfuerzos para que Turquía fomente la diversidad cultural y el Convenio Marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales, así como las mejores prácticas de los Estados miembros.

Si bien se han adoptado algunas medidas, en particular relacionadas con la emisión de radios locales privadas en lengua kurda, es necesario adoptar otras medidas para eliminar los obstáculos que todavía subsisten. También se necesitan medidas que fomenten el estudio de lenguas que no sean la turca. El marco de negociación abarca estas cuestiones que constituyen prioridades a corto plazo en la Asociación para la adhesión revisada. La Unión las planteará de forma sistemática a todos los niveles como parte del proceso de reforma que tiene lugar en Turquía. Así lo hizo en la última reunión del Consejo de Asociación UE-Turquía que tuvo lugar el 12 de junio de 2006 en Luxemburgo.

Por consiguiente, puedo asegurar a su Señoría que la UE sigue muy de cerca la evolución en este ámbito a fin de poder evaluar los avances de Turquía hacia la adhesión. Como es lógico, esta evolución influye sobre la dirección de las negociaciones.

Para la Presidencia finlandesa, constituyen una cuestión esencial la competitividad de Europa y su actuación en el mercado global. La Presidencia ha sugerido soluciones energéticas como parte de este programa de crecimiento. ¿Qué medidas concretas se adoptarán a tal fin?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo cree firmemente que una política energética bien planificada puede fomentar el crecimiento y la competitividad en la Unión Europea. Muchos factores contribuyen a alcanzar este objetivo.

En primer lugar, la eficiencia energética es una de sus metas primordiales. En Europa aún queda mucho margen para invertir de forma rentable en la eficiencia energética. Los avances en este ámbito ayudarán a las empresas europeas, ya que reducirán sus costos de energía, por una parte, y aumentarán la competitividad de la tecnología europea en este sector, por la otra. Durante la Presidencia en curso se han adoptado medidas prácticas mediante la puesta en práctica de una Directiva sobre planificación ecológica, una Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios y una Directiva sobre la eficiencia en el uso final de la energía y el ahorro de esta. Además, el Consejo espera que la Comisión presente su plan de acción sobre eficiencia energética, en el que recomiende las acciones necesarias para mejorar la eficiencia energética, plan al que el Consejo responderá como resulte oportuno. En cuanto a la I+D, el Consejo recuerda a su Señoría la propuesta para el Séptimo Programa marco, en el cual la eficiencia energética figura entre los principales objetivos en el sector de la energía. Por ello es indispensable que la cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo sea eficaz y productiva, a fin de que el Programa marco pueda adoptarse a más tardar a finales del presente año. Asimismo cabe mencionar el Programa marco para la competitividad y la innovación, que se aprobará en breve. Este incluye un programa de «energía inteligente» y, por ende, medidas para fomentar el uso de las fuentes de energía renovables, de la eficiencia energética y de la competitividad por medio de proyectos integrados.

La eficiencia energética debe considerarse un factor esencial para el proceso de innovación. Esto es lo que dice la amplia comunicación titulada «An EU-wide Innovation Strategy: From Theory to Practice» (Una estrategia de innovación a escala de la UE: De la teoría a la práctica) que acaba de ser publicada, en la que se subraya que la integración de los objetivos de eficiencia en la innovación medioambiental podría servir de modelo para otros aspectos de la política energética.

En segundo lugar podría decirse que es necesario mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo de la energía con el objetivo de liberalizarlo completamente mediante una mayor competencia. De este modo podría reducirse el coste de la distribución y compra de energía en beneficio de las empresas y los ciudadanos de Europa.

El Consejo colabora con la Comisión para alcanzar este objetivo, en particular sobre la base de las dos comunicaciones de la Comisión sobre las Directivas relativas al mercado del gas y de la electricidad, y sobre la base de las investigaciones en el sector de la electricidad y el gas.

En tercer lugar, el Consejo ha adoptado este mismo planteamiento en sus relaciones con terceros países, pues intenta mejorar el funcionamiento del sector energético en terceros países y desarrollar normativas y la competencia en estos sectores, que influyen sobre la economía europea. Por ejemplo, la creación de un mercado regional común para las redes de electricidad y gas natural en Europa Sudoriental y conectándolo con el mercado europeo constituye un paso importante dentro de la promoción y el mantenimiento del desarrollo económico. La promoción de la eficiencia energética en cooperación con terceros países forma parte de la política del Consejo en este ámbito. En la reunión del G-8 que se celebró en San Petersburgo, la Presidencia y la Comisión apoyaron las iniciativas a favor de la eficiencia energética, cuyo ánimo es mejorar la eficiencia energética en numerosos sectores a nivel mundial. La energía y la eficiencia energética fueron temas importantes de la reunión de la ASEM que tuvo lugar en Helsinki en septiembre, así como de las reuniones bilaterales celebradas con Rusia y otros países durante esta Presidencia. Otro ejemplo de ello es la reciente aprobación de la renovación del Acuerdo «Energy Star» con los Estados Unidos sobre equipos de oficina; el Consejo examinará la propuesta de decisión del consejo sobre la celebración y firma de este Acuerdo apenas la reciba. La meta es adoptar la propuesta lo antes posible contando con la cooperación del Parlamento Europeo en esta cuestión. Otro tanto puede decirse del Reglamento por el que se incorpora este acuerdo bilateral en la legislación comunitaria.

Esta ha sido una breve sinopsis de los planes del Consejo para ejercer su influencia en el crecimiento y competitividad de la economía europea por medio de la política energética en los próximos meses.

El 24 de agosto de 2006, el fiscal general de Lituania inició un proceso penal contra dos personas de 76 años, antiguos miembros de la fuerzas de seguridad de la Unión Soviética, por haber descubierto, en 1952 el escondite de un grupo armado antisoviético, del que siete personas armadas fueron detenidas, condenadas a muerte y ejecutadas. Sin embargo, como ya se sabe, las fuerzas que lucharon contra las autoridades soviéticas en el Báltico después de la Segunda Guerra Mundial no eran más que nazis locales que trataron sin éxito emprender una guerra terrorista.

¿Condena el Consejo este inaceptable intento de falsificar la historia por parte de las autoridades de Lituania? ¿Piensa pedir que se detenga el proceso contra estos dos antifascistas de 76 años?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo no ha deliberado sobre esta cuestión ya que no forma parte de sus competencias.

Tomando como pretexto el estado de salud del líder cubano, Fidel Castro, el Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para derrocar al Gobierno cubano e intervenir en el país. En unas declaraciones del propio Presidente Bush y de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, los Estados Unidos solicitaban el derrocamiento del gobierno legal de Cuba y la formación de un gobierno de transición al que prometieron apoyo político y económico, amenazando con perseguir a los que se opusieran a la formación de dicho gobierno.

¿Condena el Consejo el intento de explotar la enfermedad de Fidel Castro, las declaraciones y los planes del Gobierno estadounidense con respecto a Cuba, que constituyen una franca injerencia en los asuntos internos del país y una dura violación de su integridad e independencia, o se adhiere a lo que ha pedido el propio Presidente Bush a los gobiernos aliados?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

La cuestión que plantea su Señoría se refiere a las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y Cuba. El Parlamento Europeo conoce perfectamente la posición común de la UE sobre Cuba, por lo que no es necesario repetirla aquí.

La cuestión cubana figura en el orden del día de las reuniones de diálogo político con los Estados Unidos. En la cumbre celebrada el 21 de junio, la UE y los Estados Unidos expresaron graves reservas respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba, e instaron al Gobierno de ese país a adoptar rápidamente medidas para mejorar dicha situación. La UE está satisfecha con el compromiso que figura en el segundo informe publicado hace poco por la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre de los Estados Unidos. Según dicho informe, corresponde a los propios cubanos decidir su futuro Gobierno y sistema social.

Los nuevos Estados miembros de la Unión Europea se están preparando para pasar a formar parte de la zona Schengen en octubre de 2007. Para que ambas partes, los países candidatos y la Unión Europea, logren este objetivo, es necesario cumplir determinados requisitos, incluidos el SIS y el SIS II. ¿Cómo prevé el Consejo progresar en la creación y aplicación del Sistema de Información de Schengen? ¿Piensa que los trabajos habrán concluido antes de octubre de 2007? ¿Prevé el Consejo la posibilidad de que la ampliación de la zona Schengen se retrase? ¿Qué consecuencias políticas, económicas o de otro tipo podría tener este retraso para los países candidatos a la zona Schengen y para la Unión Europea?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo Europeo que se reunió los días 15 y 16 de junio de 2006 confirmó que aceptará el plan para la segunda generación el Sistema de Información de Schengen, que deberá entrar en funcionamiento en abril de 2007. Sin embargo, una evaluación de los datos facilitados por los servicios de la Comisión, realizada por grupos de trabajo de carácter técnico, ha llevado a la Presidencia a considerar que es inevitable que la ampliación de la zona de Schengen se retrase.

La Presidencia propone organizar un debate en la reunión del Consejo del mes de diciembre sobre el calendario general para la inclusión de los nuevos países en el sistema de Schengen, pero dicho debate depende, antes que nada, de que la Comisión clarifique muchos de los puntos que figuran en el plan del proyecto. En segundo lugar es necesario establecer un calendario de evaluación de los nuevos Estados miembros de Schengen basado en el plan presentado por los servicios de la Comisión.

Por otra parte habrá que adoptar nuevos instrumentos legales para el SIS II. Las especificaciones técnicas deberán adaptarse a los instrumentos con los que están interrelacionados la adopción de estos y el desarrollo del sistema. Los servicios de la Comisión ya han señalado que la descripción de las especificaciones técnicas solo podrá ultimarse una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre los instrumentos. Los Estados miembros deberán evaluar las posibles consecuencias que este contratiempo puede tener para la información disponible en el momento en que se celebre el Consejo del mes de diciembre.

¿Qué medidas ha adoptado el Consejo sobre la base de la Resolución del Parlamento Europeo de 17 de noviembre de 2005 sobre Myanmar (P6_TA(2005)0444) y, en especial, de su apartado 7 que pide la designación de un enviado de la UE de alto nivel, encargado de trabajar en pro de la liberación de Aung San Suu Kyi, Hkun Htun Oo y otros dirigentes políticos, de desarrollar una estrategia global de la UE con respecto a Myanmar que permita la entrega de ayuda al pueblo de Myanmar desde la misma Myanmar y mediante estrategias transfronterizas, y que conduzca a una transición a la democracia y al respeto de los derechos humanos?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

En esta respuesta, el Consejo desea remitir a la pregunta escrita E-1779/06 de su Señoría sobre el mismo tema. La posición del Consejo no ha cambiado entre tanto.

Al igual que su Señoría, el Consejo se muestra preocupado por el impasse y la falta de reformas en Birmania/Myanmar. Es por ello que el Estado miembro que ocupa la Presidencia, Finlandia, habló sobre esta situación en la reciente cumbre Asia-Europa (ASEM) que tuvo lugar en Helsinki y a la que asistieron 13 países asiáticos, entre ellos Birmania/Muanmar. Además, en la reunión bilateral de la Troika del 10 de septiembre, la UE comunicó al Ministro de Asuntos Exteriores de Birmania sus graves motivos de preocupación y condenó el hecho de que Aung Sun Suu Kyi siga en arresto domiciliario y que sigan detenidos otros presos de opinión. Instó igualmente al Gobierno birmano a ofrecer un margen mucho más amplio a la democracia y los derechos humanos.

Según la información proporcionada por las agencias de ayuda y asistencia que trabajan en Myanmar y en las zonas fronterizas, durante el último año las condiciones en el país han empeorado considerablemente. Las ofensivas del Gobierno SPDC en los Estados de Karen y Karenni han provocado la huída a través de la frontera con Tailandia de un número creciente de refugiados. La violación como arma de guerra para destruir la identidad étnica está bien documentada en todo el país. Otro informe da testimonio de por lo menos cincuenta casos, sólo en 2006, de mujeres kachin víctimas del tráfico de seres humanos entre Myanmar y China. A estas mujeres se las vende como esclavas sexuales a burdeles o como «esposas» a hombres chinos. La Presidencia finlandesa decidió levantar la prohibición de visados en el caso del Ministro de Asuntos Exteriores del SPDC para que pudiera participar en la Cumbre de la ASEM en Helsinki. No es sorprendente que el SPDC declarara a los funcionarios de la Unión Europea presentes en la Cumbre que necesita «más tiempo» para llevar a cabo las reformas relativas a los derechos humanos y democráticos.

¿Podría explicar el Consejo si el hecho de levantar la prohibición de visados en el caso de U Nyan Win ha supuesto progresos en cuanto a derechos humanos y reformas democráticas? ¿Qué medidas ha tomado el Consejo para resolver la situación de crisis en el este de Myanmar y a lo largo de la frontera con Tailandia? ¿Se compromete el Consejo a plantear urgentemente la cuestión del tráfico de mujeres, en particular de la minoría kachin, con las autoridades chinas y con el Gobierno del SPDC?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

La Unión Europea sigue muy de cerca la situación en Birmania/Myanmar y, en ese contexto, la situación de las minorías étnicas que viven en ese país. Como sin duda sabe su Señoría, el Consejo condenó firmemente en el mes de mayo los ataques perpetrados contra civiles tras la escalada de las operaciones del ejército birmano contra la Unión Nacional Karen (UNK). Los actos del ejército obligaron a un número considerable de personas a abandonar su zona de residencia en el norte de la región de Karén y, además, una nueva oleada de nuevos refugiados huyó a Tailandia.

La UE ha pedido constantemente a los dirigentes de Birmania/Myanmar que cesen los abusos contra la población civil y que pongan fin a los movimientos de refugiados en las regiones del conflicto, y ha instado a ambas partes a que respeten plenamente el derecho humanitario internacional. La UE apoya la integridad territorial de Birmania/Myanmar, pero pide a su Gobierno que proteja los derechos humanos de todos los ciudadanos y grupos, independientemente de su origen étnico o religión

En todas sus reuniones con las autoridades birmanas, la UE insta al Gobierno que permita a las organizaciones internacionales y ONG acceder sin restricciones al país, sobre todo para prestar ayuda humanitaria, que permita al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que visite a los presos políticos sin supervisión y que facilite investigaciones independientes.

Al levantar la prohibición de conceder visados a U Nyan Win, la UE tuvo la oportunidad de manifestar de forma directa, detallada y sin ambigüedades al Ministro de Asuntos Exteriores de Birmania/Myanmar en una reunión de la Troika y en presencia de otros Ministros de Exteriores asiáticos su frustración ante la situación en ese país y su malestar porque el Gobierno de Birmania/Myanmar no haya promovido la democratización del país y no haya mejorado la situación de los derechos humanos. De forma similar, la UE tuvo ocasión de expresar su inquietud por la situación de las minorías étnicas de ese país, en particular las de la región de Karen.

El Consejo plantea periódicamente la situación de Birmania/Myanmar en las reuniones de diálogo político que celebra con los vecinos de este país, entre ellos China, y les insta de forma constante a que utilicen sus contactos con las autoridades birmanas para que se produzca un cambio de dirección hacia la democracia, la reconciliación nacional y el desarrollo sostenible. De este modo, el Consejo manifiesta igualmente que considera que sería ventajoso para los países vecinos apoyar la buena gobernanza y la capacidad administrativa en Birmania/Myanmar, lo que facilitaría, por ejemplo, la lucha contra el tráfico de seres humanos y drogas, así como contra la propagación de enfermedades infecciosas.

En el año 2004 se inició el procedimiento anti-dumping contra China por las remesas de fresa congelada procedentes de ese país. Para Polonia, la defensa de los propios productores de fresa congelada es un asunto clave, ya que se trata del mayor productor de fresa y numerosos productores polacos se ven excluidos ahora de ese segmento del mercado de bayas, como consecuencia del sensible descenso que han experimentado los precios.

¿Podría indicar el Consejo cuándo adoptará la decisión sobre la introducción de un arancel temporal antidumping sobre la importación de fresas procedentes de China?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo conoce muy bien la ansiedad que expresan los productores de los Estados miembros, en particular los de Polonia, acerca de la importación de fresas congeladas procedentes de China.

Su Señoría sin duda conocerá las normas generales en materia de dúmping, las cuales exigen que la Comisión abra investigaciones e imponga medidas temporales. La Comisión inició una investigación el 19 de enero de 2006 con el fin de determinar si estas importaciones constituyen un dúmping desde una óptica legal y afectan negativamente la situación económica de la producción de fresas congeladas. Si a la vista de esta investigación, la Comisión llega a la conclusión que deben adoptarse medidas temporales, estas deberían entrar en vigor a más tardar el 18 de octubre de 2006 y tendrían una aplicación máxima de seis meses.

Si en su momento la Comisión resuelve que es necesario adoptar medidas definitivas, enviará una propuesta oficial al Consejo. A continuación, el Consejo tendrá que adoptar una decisión sobre estas medidas en el plazo de un mes. El Consejo no ha recibido hasta ahora tal propuesta de la Comisión.

¿Cómo valora el Consejo la acción que desarrollan los Estados miembros de la Unión Europea en el marco del despliegue de las previstas fuerzas pacificadoras del Líbano?

(FI) Esta respuesta elaborada por la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

En las conclusiones publicadas el 15 de septiembre de 2006, el Consejo subrayaba su compromiso con la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e indicaba que los Estados miembros de la UE harían una importante contribución a la ampliación de la misión de UNIFIL. La mayor parte de esta operación de paz de Naciones Unidas estará formada por soldados europeos. La considerable participación de los Estados miembros viene a subrayar su determinación de alcanzar las metas que figuran en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

Los días 16 y 17 de agosto de 2006 fueron asesinados en Filipinas por «desconocidos» Orlando Rivera, líder de la organización sindicalista izquierdista de pescadores, y Julie Velásquez, Presidenta regional del Movimiento Campesino de Filipinas. Estos asesinatos se añaden a una serie de acciones similares contra activistas de izquierdas, periodistas, sindicalistas, etc., y han sido condenados por partidos y personalidades, Amnistía Internacional, que ha criticado duramente a la Presidenta Gloria Arroyo por su fracaso para acabar con los asesinatos políticos en el país, y otras ONG.

¿Qué opina el Consejo de estos asesinatos y del clima de terrorismo contra sindicalistas, que por lo menos tolera el Gobierno Arroyo, ya que no toma medidas para hacer frente a esta situación?

(FI) Esta respuesta de la Presidencia no vincula al Consejo ni a sus miembros.

El Consejo tiene conocimiento de estos sucesos y de otras ejecuciones extrajudiciales que han tenido lugar en Filipinas en los últimos meses, cuyas víctimas han sido representantes de la prensa, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, abogados y otras personas.

La UE expresa periódicamente su profunda preocupación por estos actos e invita a las autoridades a actuar rápidamente para resolver este problema mediante el enjuiciamiento de los culpables y la aplicación de medidas preventivas.

Esta cuestión ha sido debatida con las autoridades filipinas a varios niveles, incluso con la Presidenta Arroyo y el Ministro de Asuntos Exteriores Romolo con ocasión de la Reunión Asia-Europa (ASEM) que tuvo lugar en Helsinki los días 10 y 11 de septiembre. La UE tomó nota de que el Gobierno filipino ha creado un grupo de trabajo especial para investigar las ejecuciones extrajudiciales. Este grupo de trabajo está formado igualmente por representantes de la sociedad civil. La UE continuará examinando estas medidas y adoptará las medidas oportunas en caso necesario.

Asimismo, la UE está dispuesta a ayudar a los esfuerzos filipinos por reforzar su régimen jurídico.

¿Puede la Comisión indicar lo que espera alcanzar con la elaboración este año de un nuevo Libro Blanco de la UE sobre el deporte y puede explicar cuál será el calendario para que las organizaciones deportivas europeas presenten propuestas acerca de las disposiciones del Libro Blanco?

(EN) Como señala su Señoría, la Comisión está preparando una importante iniciativa sobre el papel del deporte en Europa, con vistas a la posible adopción de un Libro Blanco sobre este tema.

Ámbito y objetivos del Libro Blanco previsto

Este Libro Blanco sobre el deporte se basaría en un inventario destinado a clarificar el importante papel social y económico que el deporte desempeña en Europa y señalaría su potencial para contribuir a los objetivos políticos de orden general de la Comisión. Asimismo abordaría los intereses del deporte y los problemas a los que se enfrenta actualmente la organización de eventos deportivos en Europa, en particular en lo referente a la gobernanza pública.

El Libro Blanco previsto intentaría igualmente identificar medidas sobre el perfil del deporte para el futuro. Por lo tanto, su redacción requeriría una estrecha colaboración con los distintos servicios de la Comisión y nuevas consultas con las partes interesadas.

Lo ideal sería que esta iniciativa pudiera responder a las expectativas de las partes interesadas en el deporte, las cuales han expresado sus puntos de vista en el marco del diálogo titulado «The EU & Sport: Matching expectations» que la Comisión instituyó en 2005. Asimismo se han hecho peticiones concretas, como las de los Gobiernos de los Estados miembros, para que se aborde la evolución reciente del deporte en Europa.

La cooperación con el Parlamento será crucial para el éxito de esta iniciativa. Por ello, la Comisión considera muy oportuno el informe previsto sobre el «fútbol provisional», tema en el cual está dispuesta a colaborar. Los resultados de este informe podrían integrarse en el Libro Blanco previsto.

Calendario

Por lo que se refiere al calendario, la Comisión considera que existe el impulso necesario para poner en marcha una iniciativa importante, como el Libro Blanco sobre el deporte, en 2007.

Como es lógico, la redacción y publicación de dicho documento tendrá que ir precedida por un amplio proceso de consulta en el que participen los actores públicos y privados. La Comisión ha iniciado un intenso período de consultas internas y externas que se prolongarán hasta principios de 2007.

Por lo que respecta a las consultas externas, la Comisión inició en junio de 2006 una Conferencia de consulta en la que participa el movimiento deportivo europeo en general. Hace cinco días, el Comisario responsable de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo se reunió con dirigentes de las federaciones deportivas europeas para hablar de la gestión del deporte en Europa. Una consulta que se llevará a cabo en otoño permitirá que todos expresen sus intereses y preocupaciones sobre algunas áreas clave del Libro Blanco. La Comisión sigue alentando a las organizaciones deportivas para que participen en este proceso.

La Comisión está dispuesta a examinar otras preocupaciones concretas de las organizaciones deportivas. Las contribuciones por escrito de estas serán bienvenidas durante todas las fases del proceso de consulta. A fin de estructurar este proceso de consulta, la Comisión ha pedido a las organizaciones que hagan escuchar su voz a través de las federaciones de ámbito europeo. Este método ha dado muy buenos resultados en otras ocasiones y nos ayudará a llevar a cabo este complejo ejercicio.

Dado que el Marco Europeo de Cualificaciones anunciado el 5 de septiembre tiene carácter voluntario, ¿podría exponer la Comisión cómo beneficiará directamente a las instituciones adjudicadoras?

(EN) El objetivo del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es mejorar la transparencia de las cualificaciones a fin de promover el aprendizaje permanente y la movilidad geográfica y laboral de los aprendices y trabajadores.

La propuesta recomienda que los Estados miembros utilicen el MEC como herramienta de referencia para facilitar las comparaciones entre las cualificaciones que conceden los distintos sistemas. Recomienda igualmente que los Estados miembros establezcan un vínculo entre sus sistemas nacionales de cualificaciones y el MEC y, en su caso, desarrollen marcos nacionales de cualificaciones. Se recomienda también a los Estados miembros que velen porque las nuevas cualificaciones y los documentos del «Europass» lleven una referencia al nivel correspondiente del MEC. De aplicarse, estas recomendaciones incrementarían la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones para las que no existen instrumentos obligatorios. En virtud de los artículos 149 y 150 del Tratado, la Comunidad no puede adoptar legislación vinculante en materias como la del MEC.

Por lo tanto, el MEC beneficiará a las instituciones y autoridades que conceden dichas cualificaciones al facilitarles la interpretación de las distintas cualificaciones que conceden los diferentes sistemas educativos y de formación, así como al hacer que las cualificaciones que conceden resulten más transparentes para los demás. Como es natural, la aplicación del MEC será mucho más eficaz si los Estados miembros adoptan Marcos Nacionales de Cualificaciones o ya cuentan con ellos.

Estudios recientes han mostrado la existencia de enormes diferencias en cuanto a conocimientos lingüísticos entre diferentes Estados miembros. ¿Tiene previsto la Comisión introducir nuevas medidas para intentar mejorar el multilingüismo en los Estados miembros?

(EN) La Comisión publicó en 2005 su Comunicación titulada «El indicador europeo de competencia lingüística»⁽¹⁾, el cual será desarrollado por un grupo de expertos gubernamentales de los Estados miembros. Puesto que no existe una encuesta normalizada sobre las cualificaciones lingüísticas de toda la Unión Europea, es necesario recopilar datos precisos y actualizados sobre la eficacia de los sistemas de enseñanza de lenguas extranjeras. Para ello se utilizará el indicador, que indicará a la Comisión el nivel general de conocimientos de lenguas extranjeras en los Estados miembros.

Para ello se realizarán pruebas de competencia especialmente desarrolladas con una muestra de alumnos de los centros educativos y de formación de todos los Estados miembros. De acuerdo con las recomendaciones del Consejo Europeo de Barcelona de 2002, el indicador deberá medir el nivel de conocimientos que tiene cada candidato de la muestra en al menos dos lenguas que no sean su lengua materna.

¿Destina la Unión Europea, en el marco de su política de equiparación de oportunidades educativas, recursos presupuestarios a la enseñanza de idiomas a la población juvenil de los Estados miembros de la nueva Unión ampliada?

(EN) La Comisión ha invertido más de 30 millones de euros anuales en proyectos prácticos que estimulan el deseo de aprender lenguas entre los alumnos y sus profesores. Entre estos proyectos se encuentran los intercambios escolares, los programas de asistentes lingüísticos y de formación de profesores en el marco de la acción Comenius, y actividades de sensibilización y el desarrollo de herramientas de aprendizaje innovadoras en el marco de la acción Lingua.

Además se ha realizado una enorme inversión en movilidad a través de la acción Erasmus y el programa Leonardo, que prevén la financiación para cursos de preparación lingüística, el programa Juventud y la acción de hermanamiento de ciudades. Los informes que la Comisión recibe de los participantes en estas acciones ponen de manifiesto que la movilidad constituye un factor clave para motivar a las personas a aprender más acerca de sus vecinos y aprender sus lenguas.

Este tipo de actividades proseguirán en el nuevo programa de Aprendizaje Permanente que se desarrollará en el período 2007-2013, en concreto a través de la Actividad clave de Lenguas y los subprogramas, Comenius, Erasmus y Leonardo. Sin embargo, como su Señoría sabe, la Comisión tiene que respetar, en virtud del artículo 149 del Tratado, las plenas competencias que tienen los Estados miembros sobre el contenido de los programas de estudio, la organización de su sistema educativo y su diversidad cultural y lingüística.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas ha aplicado hasta la fecha con el fin de mejorar las disposiciones en materia de seguridad en los aeropuertos europeos, así como revelar qué planes tiene, si es que tiene alguno, para seguir mejorando la situación en lo concerniente a la seguridad en los aeropuertos europeos de cara al futuro?

(FR) La Comisión elaboró un reglamento marco sobre seguridad de la aviación civil inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Este Reglamento fue adoptado en el mes de diciembre de 2002⁽¹⁾. En el se establecen normas básicas comunes sobre medidas de seguridad para la aviación y los mecanismos adecuados para verificar su cumplimiento, entre ellos inspecciones de la Comisión.

Desde su entrada en vigor, la Comisión ha adoptado a través del procedimiento de comitología 10 reglamentos de ejecución en los que se detallan medidas y adaptaciones técnicas de las normas básicas comunes. La Comisión revisa periódicamente, con la ayuda del Comité de Seguridad de la Aviación Civil, las medidas para la seguridad de la aviación civil y las modifica en caso necesario.

La Comisión realiza desde el mes de febrero de 2004 inspecciones periódicas en los aeropuertos de los Estados miembros para velar por el cumplimiento de las normas comunes. Hasta ahora ha efectuado más de 70 inspecciones.

La Comisión propuso en septiembre de 2005 una revisión del Reglamento basada en la aplicación del mismo⁽²⁾. La finalidad de esta revisión es simplificar el Reglamento marco vigente para lograr una mayor flexibilidad y permitir una rápida respuesta a nuevas amenazas, introducir los últimos avances tecnológicos y proteger mejor la información sensible sobre normas de seguridad.

El 23 de septiembre de 2005 se presentó la propuesta de revisión del Reglamento marco al Parlamento y al Consejo, la cual se encuentra en su primera lectura en el Consejo. La Comisión concede gran importancia a una rápida adopción de este Reglamento.

La Comisión no cejará en sus esfuerzos para aplicar de forma armonizada medidas comunes para la seguridad de la aviación con el fin de evitar interferencias ilegales en la aviación civil en Europa. Además, la Comisión y el Comité de Seguridad de la Aviación Civil están desarrollando la respuesta adecuada a las nuevas amenazas que han puesto de manifiesto algunos sucesos recientes.

¿Qué información posee la Comisión sobre los calendarios y la financiación de dos importantes proyectos de enlaces ferroviarios de alta velocidad en el sur de Alemania: el tramo alemán de la «Ruta Magistral para Europa», de Kehl a la frontera austriaca, y el enlace entre Munich y el túnel de base del Brennero, cuya construcción acaba de empezar?

(FR) En relación con la «Magistrale para Europa», el informe del señor Balázs, coordinador europeo para el eje prioritario nº 17 (París-Stuttgart-Viena-Bratislava), indica que la modernización de este eje ferroviario –que forma parte de los trabajos en curso– deberá estar casi totalmente terminada en 2015. Los Ministros de Transportes de Francia, Alemania, Austria y Eslovaquia confirmaron su compromiso con esta fecha al firmar una declaración de intenciones el 9 de junio de 2006.

La línea entre Munich y Kufstein (en la frontera austríaca) no es una línea de alta velocidad, sino convencional. Esta línea, situada en el eje del Brennero, ha sido acondicionada en los últimos años. Se prevé que su capacidad aumente a medio plazo en el contexto de la apertura del túnel de base del Brennero en 2016. Se ha previsto la realización de estudios en 2007 y 2008 para buscar las mejores soluciones técnicas. Estos estudios examinarán en particular la circunvalación de Rosenheim para trenes de mercancías y la sección transfronteriza entre Alemania y Austria. Además, a fin de garantizar la interoperabilidad de este eje se está estudiando la posibilidad de equipar la línea con sistemas europeos de señalización ERTMS⁽¹⁾ (este sistema está previsto para el futuro túnel de base y las nuevas líneas del valle del Inn en Austria).

El ferrocarril del Brennero no se utiliza a pleno rendimiento, el transporte de mercancías está en retroceso y la línea de ferrocarril (Pontebbana) tampoco se utiliza a pleno rendimiento. Además, Suiza está construyendo dos nuevas líneas transversales de ferrocarril en los Alpes que tendrán una gran capacidad.

¿Por qué es, no obstante, necesario construir el BBT? ¿Es rentable, si tanto el transporte de personas como el de mercancías por ferrocarril va a aumentar muy poco de aquí a 2020⁽¹⁾?

¿Se ha realizado un estudio exhaustivo de viabilidad económica y se ha calculado, o se va a calcular, qué perdidas va a tener el BBT en tanto no se ejecute el tramo de acceso desde el sur?

Wolfgang Roth (antiguo Vicepresidente del BEI) opina que en estos momentos no debería financiarse el proyecto, ya que se corre el riesgo de incurrir en enormes pérdidas⁽²⁾. Estas circunstancias, además del hecho de que no se van a encontrar inversores privados, ¿no ponen en peligro la financiación del BBT?

(FR) Es cierto que el transporte de mercancías por ferrocarril a través del paso del Brennero ha ido disminuyendo desde hace algunos años. Este descenso se debe en gran parte a las dificultades que presenta la «carretera rodante», es decir, el servicio de transporte que traslada camiones por tren, que ha disminuido desde que se puso fin al sistema de «ecopuntos» a finales de 2003. No obstante, los resultados correspondientes al primer semestre de 2006 muestran que el tráfico por la carretera rodante de la ruta del Brennero se ha incrementado considerablemente.

Tenemos que recordar que el tráfico ferroviario actual a través del paso del Brennero se ha duplicado desde 1990. El transporte por carretera también se ha duplicado en el mismo período.

El tráfico que emplea el eje del Brennero seguirá creciendo fuertemente en los próximos años. En las circunstancias actuales, este aumento será absorbido en gran parte por el tráfico ferroviario, lo que plantea graves problemas de contaminación en los valles alpinos y de congestión.

La condiciones actuales de funcionamiento de la línea ferroviaria a través del paso no permiten la circulación de un gran volumen de tráfico. Se necesitan dos o tres locomotoras para subir al paso y dos para bajar de él, y la longitud y peso máximos de los trenes son demasiado limitados.

El proyecto del túnel de base del Brennero, que incluye el túnel de base del Brennero y sus rutas de acceso en Austria e Italia, seguirá la ruta más plana posible. Una sola locomotora podrá viajar sin paradas desde Munich a Verona tirando de trenes más largos y pesados. La eliminación de locomotoras de tracción adicional para subir al paso y de los largos procedimientos en las fronteras reducirán sensiblemente los costes de explotación.

El túnel de base del Brennero forma parte de la lista de proyectos prioritarios de la red transeuropea que adoptaron el Parlamento y el Consejo. En el marco de los preparativos para este proyecto, en 2004 se llevó a cabo un estudio de viabilidad socioeconómica. Dicho estudio, que tiene en cuenta las rutas de acceso, indica que, en conjunto, el trabajo ofrecerá un beneficio neto.

La estructura de financiación para este proyecto será una colaboración entre el sector público y el privado, cuya forma aún no se ha decidido. El coordinador europeo, señor Karel van Miert, y el Banco Europeo de Inversiones participan directamente en estas deliberaciones. El objetivo de todos los socios que participan en el proyecto es que el promotor binacional BBT SE presente un plan definitivo que incluya los aspectos jurídicos y financieros a principios de 2007, de acuerdo con la recomendación de un consorcio consultivo, dirigido por KPMG y tras una licitación internacional publicada a principios de 2006.

Por último cabe destacar que este proyecto forma parte de la política global para el cruce de los Alpes. Los túneles suizos en construcción, el túnel de Montcenis y el proyecto del túnel del Brennero son complementarios, pues responden a diferentes corrientes de tráfico, ya que los túneles suizos no reducirán el crecimiento del transporte por carretera a través del paso del Brennero.

En su respuesta a mi anterior pregunta E-2290/06 sobre las prácticas concertadas de los armadores en las líneas de las islas griegas, la Comisión declaraba que iba a enviar a Grecia un cuestionario con objeto de determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos impuestos por el Reglamento (CEE) nº 3577/92⁽¹⁾ para la celebración de contratos de servicio público o la imposición de obligaciones de servicio público y verificar se habían concedido compensaciones financieras (subvenciones públicas), y, en caso afirmativo, en qué medida son compatibles con las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas públicas.

Teniendo en cuenta que desde la entrada en vigor del Reglamento (CEE) nº 3577/92 se ha registrado, de un año para otro, un incremento de las subvenciones concedidas por el presupuesto público a las línea de cabotaje y que, por otro lado, se ha producido una disminución del flujo de turistas a algunas de las islas a causa de la reducción de los enlaces y del aumento del precio de los billetes, ¿puede informar la Comisión de si ha enviado el citado cuestionario a las autoridades griegas, si tiene la intención de investigar la estructura accionaria de las empresas de cabotaje, que podría dar lugar una situación de posición dominante a raíz de las transferencias recíprocas de cuotas, y de cuál ha sido hasta ahora la reacción de las autoridades griegas?

(FR) El cuestionario de la Comisión ofrecerá información precisa y pormenorizada sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que se plantean. Para ello, la Comisión deberá completar la información que le facilitó su Señoría en su pregunta escrita E-2290/06, a la que la Comisión respondió el 28 de julio de 2006. Apenas cuente con la información necesaria, la Comisión remitirá el cuestionario a las autoridades griegas. Asimismo, la Comisión examinará las cuestiones relacionadas con la competencia y las prácticas concertadas en el sector del cabotaje marítimo.

La Directiva 2003/20/CE⁽¹⁾ estipula que los niños cuya estatura sea inferior a 135 cm sólo podrán viajar en los vehículos provistos de sillas suplementarias adaptadas. Para las familias con varios niños pequeños esta obligación (que favorece la seguridad) supone ya una carga financiera adicional considerable. Al parecer, la sexta Directiva europea referente al IVA ofrece a los Estados miembros la posibilidad de rebajar el IVA aplicado a los asientos para niños del 21% al 6%.

¿Qué Estados miembros de la UE han transpuesto la Directiva 2003/20/CE al Derecho nacional a fecha de 9 de mayo de 2006? ¿Qué Estados miembros de la UE se han acogido a la posibilidad de rebajar el IVA aplicado a los asientos para niños, o tienen previsto hacerlo?

(FR) Al 9 de mayo de 2006, fecha en que los Estados miembros debían aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2003/20/CE, los siguientes Estados miembros ya habían comunicado sus medidas nacionales de transposición:

República Checa, Italia, Letonia, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Eslovenia.

Los siguientes países han comunicado posteriormente dichas medidas de transposición:

Bélgica⁽²⁾, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Finlandia y el Reino Unido.

La Comisión está estudiando estas comunicaciones para verificar su compatibilidad con las disposiciones de la Directiva.

En cuanto a la disminución del impuesto sobre el valor añadido (IVA), las disposiciones de la Sexta Directiva sobre el IVA permiten a los Estados miembros aplicar un tipo mínimo del 5 % a los asientos infantiles para automóviles. Esta posibilidad se deja al libre criterio de los Estados miembros.

Según la información de que dispone la Comisión, los siguientes Estados miembros han hecho uso de esta posibilidad y aplican actualmente un tipo reducido:

República Checa, Polonia y Reino Unido.

La Comisión desconoce si los demás Estados miembros tienen la intención de aplicar un tipo reducido de IVA a los asientos infantiles.

En Suecia, los servicios de transbordadores proporcionados por antiguos barcos de vapor - en el archipiélago de Estocolmo, por ejemplo - son un rasgo valioso del patrimonio cultural nacional. La administración marítima sueca ha indicado que estos servicios pueden suspenderse en el futuro debido a que la Directiva de la UE sobre seguridad marítima impone normas rigurosas que requieren grandes alteraciones en los barcos de vapor. Esto resulta extremadamente complicado, caro o simplemente imposible de realizar. Así pues, la Directiva sobre seguridad marítima amenaza los servicios de los barcos de vapor que han operado en aguas suecas desde el siglo XIX. ¿Puede la comisión confirmar que la Directiva sobre seguridad marítima constituye una amenaza para los servicios de los barcos de vapor suecos, o es que las autoridades suecas han interpretado mal la Directiva? ¿No considera la Comisión que Suecia y otros Estados miembros son capaces de establecer independientemente sus propias normas de seguridad para sus servicios nacionales de barcos de vapor?

(FR) La Directiva 98/18/CE del Consejo de 17 de marzo de 1998 sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje⁽¹⁾ no se aplica a los buques de pasajeros diseñados antes de 1965 y construidos principalmente con materiales originales. Sin embargo, los Estados miembros están facultados a aplicar las disposiciones de esta Directiva a este tipo de buques, si así lo desean.

En el presente caso, las autoridades marítimas suecas han decidido al parecer limitar el uso de estos viejos buques de vapor a las zonas costeras locales por motivos de seguridad.

El Gobierno irlandés ha instituido un régimen denominado «Programa de desarrollo nacional por el que se conceden subvenciones a los aeropuertos regionales» («The National Development Capital Grant Scheme for Regional Airports»), y ha solicitado a la Comisión que dé su aprobación al mismo.

¿Puede indicar la Comisión cuándo se recibió dicha solicitud y sobre qué base se presentó?

¿Puede detallar la Comisión qué cuestiones o problemas puede plantear esta solicitud desde el punto de vista de los aeropuertos de la categoría D en las regiones correspondientes al Objetivo 1?

(FR) El 7 de junio de 2006, las autoridades nacionales notificaron el Programa Nacional de Subsidios de Capital para el Desarrollo (National Development Capital Grant Scheme) para seis aeropuertos regionales situados en Donegal, Sligo, Knock, Galway, Kerry y Waterford, de conformidad con el artículo 88 del Tratado CE. La Comisión está estudiando este expediente.

La Comisión decidió en su reunión de 26 de septiembre de 2006 autorizar este programa de subsidios debido a que las ayudas a la inversión en forma de ayudas públicas de la administración irlandesa a seis aeropuertos regionales son compatibles con las normas en materia de competencia.

Esta decisión se adoptó en función de las directrices que la Comisión adoptó el pasado mes de septiembre, que promueven el desarrollo de aeropuertos regionales, en particular de los de menor tamaño (como los seis mencionados), sobre todo si se encuentran aislados o en regiones de desarrollo retrasado (Objetivo 1).

La reutilización de la línea ferroviaria del Rin (IJzeren Rijn) es un proyecto prioritario de las RTE europeas. Pese a que por fin, el 6 de julio de 2006, se creó una comisión de expertos independientes encargada de elaborar un dictamen sobre la estimación y el volumen de los costes, se corre el riesgo de que la realización del proyecto se aplace indefinidamente, principalmente porque las autoridades competentes de los Países Bajos no desean colaborar.

¿Conviene la Comisión en que, siempre que este proyecto se realice adoptando las precauciones suficientes para limitar la contaminación acústica para los habitantes afectados, el proyecto debe realizarse lo antes posible en aras del interés público?

¿Está dispuesta la Comisión a adoptar medidas que contribuyan a la realización de este proyecto, extremadamente importante desde el punto de vista tanto económico como ecológico?

¿Qué opina la Comisión sobre la compatibilidad de la realización de este proyecto con la protección de las zonas contempladas en la Direciva de las aves y los hábitats?

(FR) El proyecto «Rin ferroviario» forma parte de los treinta proyectos prioritarios contemplados en el marco de las de las directrices comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte que el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en 2004. Se trata del proyecto prioritario 24: el eje ferroviario Lyon/Génova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Amberes. Estas directivas, que representan un marco general de referencia para la ejecución de la red, deben cumplir las directivas comunitarias y, en particular, las directivas relativas al medio ambiente.

Cómo es lógico, la Comisión hará todo lo que esté a su alcance para velar porque el proyecto se realice de acuerdo con estas directrices. Hará un seguimiento sumamente minucioso de los trabajos del comité de expertos independientes que emitirán un dictamen sobre la distribución de los costes del proyecto. No obstante, hay que señalar que la ejecución de un proyecto depende de la decisión soberana de los Estados miembros interesados.

En relación con la importancia medioambiental de estos proyectos, las evaluaciones de impacto son obligatorias en el marco de las directrices comunitarias para el desarrollo de las redes europeas de transporte (apartado 1 del artículo 8) y la observancia de la legislación comunitaria, como las Directivas sobre las «aves»⁽¹⁾ y los «hábitats» ⁽²⁾ es imperativa para la ejecución del proyecto. La Comisión no concederá subvención alguna a menos que se cumpla la legislación comunitaria.

Las empresas de transporte por vías navegables interiores desempeñan un papel menor en el mercado nacional e internacional de transporte de mercancías en Polonia porque el estado de las vías navegables y el potencial de los puertos interiores no permiten un crecimiento sustancial de los volúmenes transportados. Otros factores que limitan el desarrollo de este tipo de transporte en Polonia son: variaciones estacionales considerables en el nivel de los ríos, ausencia de regulación del caudal de los principales ríos y sus afluentes, presencia de hielo a lo largo de períodos relativamente prolongados, y desarrollo insuficiente de las instalaciones portuarias. La actual red de vías navegables y la falta de nuevas inversiones importantes en infraestructuras limitan el desarrollo del transporte de mercancías por embarcaciones a motor y por convoyes en toda Europa, aun siendo el transporte fluvial una opción ecológica que garantiza unos costes modestos para muchos y diversos tipos de mercancías.

En relación con lo anterior, ¿qué medidas de ayuda prevé la Comisión para desarrollar y ampliar la red de vías navegables interiores en Polonia para integrar plenamente a este país en la red europea de transporte fluvial?

(FR) La Comisión es favorable al desarrollo del transporte por vías de navegación interior en Europa por motivos relacionados con el medio ambiente, su bajo coste y la seguridad del transporte.

En relación con Polonia, una parte de su red se incluye en las redes transeuropeas que incluye el río Oder y una pequeña parte del Vístula.

Hasta ahora la Comisión no ha recibido petición alguna de asistencia financiera para proyectos de infraestructura de navegación interior en Polonia.

Sin embargo, Polonia ha señalado, en el marco financiero para el período 2007-2013, que tiene la intención de efectuar algunos proyectos de infraestructura en la sección norte del Oder.

Corresponde a Polonia tomar la iniciativa de llevar a cabo proyectos de infraestructura dentro de su red de navegación interior. Estos proyectos pueden recibir asistencia financiera de los Fondos estructurales, del presupuesto de las RTE-T y de préstamos del BEI.

La Comisión examinará las peticiones de asistencia financiera que Polonia presente para proyectos en este sector.

La Comisión anunció, en el marco del programa de acción NAIADES sobre la promoción del transporte por vías navegables interiores, que adoptó en enero de 2006, un plan europeo de desarrollo destinado a mejorar y mantener las infraestructuras de navegación interior y las instalaciones de trasbordo. Este plan se concentrará en la eliminación de los cuellos de botella, en armonía con el entorno acuático natural, y establecerá directrices en el ámbito de la financiación y las prioridades.

El programa de acción NAIADES ha sido acogido favorablemente por el Consejo de Ministros de Transporte y actualmente es objeto de examen en el Parlamento.

Mediante el Decreto Presidencial 124 (publicado en el Diario oficial griego con la referencia 136/6.7.2006) sobre la libre prestación de servicios de transporte marítimo, el Gobierno griego ha procedido arbitrariamente a la supresión del límite de 30 años para la retirada de buques griegos (Ley 2932/2001) alegando que así se armoniza la legislación griega con respecto a la comunitaria, a propuesta de la Comisión. En una pregunta presentada el 23 de enero de 2006 (H-0031/06⁽¹⁾), se señalaba que en un dictamen motivado enviado por la Comisión Europea al Gobierno griego, se preveía la supresión del límite de 30 años para la retirada de buques con excesiva antigüedad y mal conservados que se utilizan para el transporte de pasajeros. El argumento de que la Comisión ha solicitado una armonización de la legislación para el precio de los billetes y la composición de los efectivos de los buques no es válido, ya que los aumentos efectivos en los últimos tres años han rebasado el 250 %. Guiándose por el criterio de rentabilidad de las empresas navieras, los armadores y el Ministerio de la Marina Mercante determinan la composición de los efectivos, los trayectos y la frecuencia del tráfico de los buques, creando condiciones que podrían provocar un nuevo naufragio como el del Samina Express y poniendo en grave peligro las vidas de los pasajeros y de la tripulación.

Habida cuenta de que el Ministro de la Marina Mercante afirma que en el marco de la aplicación de la política de la UE, esta medida es imperativa, ¿qué opina la Comisión en relación con el aumento del límite de los buques más allá de 30 años?

(FR) La Comisión desea señalar, como indicó en su respuesta a la pregunta precedente de su Señoría, que no ha remitido a Grecia un dictamen motivado acerca de la denuncia sobre la antigüedad que la legislación griega contempla para el desguace de buques anticuados.

La Directiva 98/18/CE del Consejo de 17 de marzo de 1998 sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje⁽²⁾ modificada por la Directiva 2003/24/CE de 14 de abril de 2003⁽³⁾, no establece una antigüedad automática para los buques de pasajeros. Tan sólo establece la retirada del servicio para los buques de pasaje de trasbordo rodado de las dos clases más altas (A y B), botados antes del 1 de octubre de 2004, que hayan alcanzado una antigüedad de 30 años el 1 de octubre de 2010 y que no cumplan los requisitos de estabilidad mencionados en la Directiva 2003/25/CE de 14 de abril de 2003⁽⁴⁾ a fin de aumentar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación mediante el incremento de la capacidad de supervivencia de los buques de pasaje de trasbordo rodado en caso de accidente.

No obstante, los Estados miembros pueden adoptar medidas complementarias si consideran necesario reforzar los requisitos de seguridad aplicables en virtud de la Directiva 98/18/CE en determinadas situaciones provocadas por circunstancias locales concretas. Corresponde a cada Estado miembro decidir si desea hacer uso de esta posibilidad.

En el ámbito del 7º Programa marco de investigación (2007-2013) (Prioridad 8 «Ciencias Socioeconómicas y Humanidades) se pone de relieve la base de investigación sólida y de alta calidad de la que dispone la Comisión en el sector de las humanidades, así como el terreno excepcionalmente fértil para llevar a cabo una investigación a escala europea que, se espera, aporte un alto valor añadido europeo.

¿Qué acciones concretas y qué financiación prevé la Comisión con vistas al desarrollo, la difusión y la conservación de la tradición clásica (estudios filológicos e históricos sobre la época clásica, medieval y moderna) con vistas a establecer conceptos comunes a través de la valoración de las diferencias y similitudes entre las culturas, el pasado histórico, las lenguas y los valores dentro de Europa?

(EN) Europa puede construir una sólida base de investigación en las diferentes disciplinas de humanidades. En los últimos años, algunos proyectos de investigación en este ámbito se han beneficiado de crecientes ayudas de los programas marco.

Durante el Quinto Programa Marco, la UE concedió ayudas a proyectos de investigadores en humanidades, en particular a proyectos sobre la identidad europea y la formación de la identidad (incluyendo una perspectiva histórica) y los valores asociados a la democracia y la ciudadanía.

En el Sexto Programa Marco, las humanidades fueron objeto de varias convocatorias de propuestas y más de 109 proyectos se encuentran actualmente en curso en diferentes ámbitos, en particular en el de la lingüística y la historia.

Identificador de la convocatoria

Tema

Proyectos financiados

FP6-2002-Ciudadanos-3

«El diálogo cultural y la sociedad europea»

Dos redes de excelencia (RdE).

FP6-2004-Ciudadanos-4

«La diversidad lingüística en la sociedad basada en el conocimiento»

Una red de excelencia (RdE) y un proyecto integrado (PI)

FP6-2004-Ciudadanos-5

«Valores y religiones en Europa»

Cinco proyectos específicos de investigación selectiva (PEIS) y dos acciones coordinadas (AC)

En el siguiente sitio, su Señoría encontrará más información sobre estos proyectos http://cordis.europa.eu/citizens/home.html

Para el Séptimo Programa Marco, la idea es reforzar aún más la participación de las humanidades en el contexto general del Tema 8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades». Por ejemplo, el texto propuesto para el programa específico menciona las siguientes palabras claves para las humanidades: interacciones culturales, tradiciones, patrimonio cultural, planteamiento a la coexistencia entre múltiples culturas, el papel de la lengua, el arte y la religión, actitudes y valores.

Para incrementar la participación de las humanidades y estimular una investigación interdisciplinar y multidisciplinar entre las ciencias sociales y las humanidades, en mayo de 2006 se creo un grupo de expertos en humanidades.

Al mismo tiempo, la Comisión puso en marcha un proceso de consulta en Internet en el que invitaba a la comunidad de investigadores a presentar sus comentarios sobre un primer programa de investigación para el Tema 8.

Los preparativos del programa de trabajo para el período 2007-2008 para el Tema 8 se realizan sobre esta base. Si bien en estos momentos sería prematuro revelar pormenores al respecto, cabe destacar que la investigación sobre literatura y arte, así como sobre las interacciones y planteamientos culturales para la coexistencia de múltiples culturas probablemente forme parte del programa de la primera convocatoria de propuestas. La publicación de esta convocatoria tendrá lugar en breve, tras la entrada en vigor del Séptimo Programa Marco.

Además, la nueva propuesta para el programa Cultura (2007-2013), que esperamos se adopte a finales de 2006, contempla otro instrumento de financiación de la Comisión en el ámbito cultural. Tras su adopción, lo más probable es que las convocatorias de propuestas se publiquen a principios de 2007, aunque se prevé la publicación en octubre de 2008 de una convocatoria preliminar de propuestas para 2007, que contendrá la información más importante.

El objetivo general del programa propuesto es ampliar el espacio cultural común de los europeos a través del desarrollo de la cooperación cultural entre los creadores, agentes e instituciones culturales de los países que tomen parte en el programa con el fin de estimular la aparición de la ciudadanía europea. Los objetivos concretos del programa son: 1) fomentar la movilidad transnacional de las personas que trabajen en el sector cultural, 2) estimular la circulación transnacional de obras y productos culturales y artísticos, y 3) estimular el diálogo intercultural.

En el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, ¿qué propuestas está haciendo la Comisión para proteger de modo efectivo a los productores de plátanos de la Unión Europea?

El mercado de la UE está reaccionado bien, hasta el momento, al nuevo régimen para la importación de plátanos, que consiste en una tarifa arancelaria de 176 euros por tonelada y una cuota exenta de aranceles de 775 000 toneladas de plátanos de los países de África, Caribe y el Pacífico (ACP), que desde el 1 de enero de 2006 ha sustituido al anterior régimen de cuota.

Dada la alta y persistente sensibilidad del problema, que ha sido objeto de largas disputas comerciales, el nuevo régimen de importación ha sido sometido, desde la Conferencia ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005, a un mecanismo de control y revisión bajo la supervisión del ministro Støre de Noruega. El objetivo consiste en determinar la tarifa arancelaria por consolidar en la OMC, que formará la base a partir de la cual se calcularán las futuras reducciones que resulten de las negociaciones sobre la Agenda de Doha para el Desarrollo. En el contexto de las negociaciones sobre la Agenda de Doha para el Desarrollo, que por el momento están suspendidas, la Comisión también se ha resistido a la solicitud de una serie de países para considerar el plátano como un producto tropical y, de esta manera, aplicar unas mayores reducciones a la tarifa arancelaria.

La Comisión está controlando muy estrechamente el funcionamiento del nuevo régimen de importación y está participando constructivamente en el proceso Støre con objeto de alcanzar un acuerdo que asegure un nivel de protección adecuado para el mercado de la UE y, esperemos, ponga fin al mismo tiempo a la disputa sobre el sector del plátano.

Según un informe elaborado recientemente por Teagasc, el organismo nacional irlandés encargado de los servicios de investigación, asesoría y formación en el ámbito de la industria agroalimentaria, el grado de dependencia futuro de los agricultores irlandeses con respecto a las ayudas a la renta concedidas directamente por la UE será mayor que en la actualidad en caso de que la UE acepte un acuerdo en el seno de la OMC.

Esta perspectiva surge en un momento en el que parece que en el futuro el compromiso de los Estados miembros de la UE con respecto a la financiación de las políticas de la UE, incluida la agrícola, será menor, lo que aumenta la incertidumbre con respecto al mantenimiento a partir de 2013 del sistema vigente basado en pagos disociados.

Desde el punto de vista presupuestario, ¿podría indicar la Comisión cómo tiene intención de abordar las condiciones cada vez más duras y contradictorias a las que deben hacer frente numerosos agricultores en la UE?

Si bien a los agricultores se les insta a que aumenten su competitividad, éstos saben que no pueden competir con los volúmenes cada vez mayores de alimentos baratos que, en virtud de un acuerdo de la OMC, se producen fuera de la UE de acuerdo con unas normas menos estrictas. Además, son conscientes de que el compromiso presente de la UE con respecto a la agricultura y la alimentación es cada vez menos sólido.

(EN) El principal objetivo de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 2003 era mejorar la competitividad del sector agrícola de la UE. La nueva PAC estimula a los agricultores a obtener mejores rendimientos del mercado, en lugar de calcular la mejor combinación de subsidios. Asimismo promueve altos niveles de protección medioambiental, bienestar de los animales y seguridad alimentaria que permiten a la agricultura europea hacer frente a los desafíos que planteará el entorno comercial en un futuro próximo.

Un resultado ambicioso de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre liberalización del comercio actualmente interrumpidas– representaría sin duda un problema para la agricultura comunitaria, en particular la aplicación de aranceles más bajos y la eliminación prevista de las ayudas a la exportación. Al mismo tiempo, un acuerdo en la OMC abriría nuevas oportunidades de mercado para las exportaciones agrícolas de la UE, sobre todo para productos de alto valor añadido y gran calidad.

Por el momento no existe razón alguna para prever cambios en el contenido de la reforma de la PAC de 2003. Para 2008 se ha previsto un «examen de salud» de los principales instrumentos de la PAC. El objetivo de este es mantener el impulso de la reforma de la PAC –sostenibilidad económica, medioambiental y social– que mantendrán su validez en el futuro.

Su Señoría inquiere igualmente sobre el aspecto presupuestario. En virtud del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera se han adoptado las perspectivas financieras para todo el período 2007-2013. En diciembre de 2005, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que llevara a cabo «una amplia revisión en 2008 y 2009 que abarque todos los aspectos del gasto comunitario, incluyendo el cheque británico». Por consiguiente, esta revisión abordará la cuestión presupuestaria que plantea su Señoría. El Parlamento participará en dicha revisión.

¿Podría la Comisión hacer una declaración explicando cómo va a contribuir el presupuesto de la Unión Europea para el período 2007-2013 a mejorar la posición competitiva de la Unión desde el punto de vista económico?

(EN) El acuerdo final sobre el marco financiero para la UE durante el período 2007-2013 establece un marco coherente y estable para la financiación de la UE ampliada durante los próximos siete años.

Durante todo este período, la UE gastará 74 000 millones de euros en programas e iniciativas en el marco del Subtítulo 1A, que se concentra directamente en la competitividad y el empleo. Además de ello, las importantes inversiones correspondientes a otros títulos contribuirán a promover el crecimiento y el empleo en Europa, ayudando así a reforzar nuestra competitividad a nivel mundial. En particular en el caso de los 308 000 millones de euros correspondientes al Subtítulo 1B, destinados a la cohesión para el crecimiento y el empleo. De este modo, la UE invertirá 382 000 millones de euros, es decir, un 44 % de su presupuesto total, para estimular el crecimiento, el empleo y la competitividad.

Los gastos dedicados a la competitividad para el crecimiento y el empleo (subtítulo 1A) aumentarán aproximadamente un 70 % entre 2006 y 2013, y los destinados a la cohesión para el crecimiento y el empleo (subtítulo 1B) se incrementarán más del 20 % en el mismo período.

Algunos ejemplos de programas concretos que aumentarán la capacidad de Europa para competir en el mercado mundial son: el nuevo Programa para la Competitividad y la Innovación (PCI), el Séptimo Programa Marco de investigación, el programa de Aprendizaje Permanente, el programa Galileo y las Redes Transeuropeas.

Además, el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización contribuirá a hacer frente a los costes sociales del proceso de ajuste por el que pasa la UE a fin de promover la competitividad ante los cambios que sufren las pautas del comercio internacional. Este instrumento se financiará con los fondos no utilizados.

El marco financiero ofrece un fundamento para aumentar la competitividad de la UE durante los próximos siete años, y la financiación comunitaria sin duda puede desempeñar un papel de catalizador a este respecto. Ahora bien, la promoción del crecimiento, el empleo y la competitividad es en gran parte una responsabilidad común y exigirá que los Estados miembros hagan esfuerzos similares. Si bien el terreno ya está echado, la ambición y las acciones a escala europea deberán ir acompañadas de inversiones y contribuciones de los agentes públicos y privados de todos los niveles para que Europa crezca y prospere en plenitud.

He recibido de un ciudadano de mi circunscripción electoral una carta cuyo contenido puede resumirse, en líneas generales, como sigue:

Dicho ciudadano gestiona un servicio público: presta servicios de correo postal. Para ello ha acondicionado y equipado un nuevo local, invirtiendo en las obras un total de 250 000 euros. La cantidad que debe pagar en concepto de IVA por acondicionar y equipar dicho local supera los 33 000 euros.

De conformidad con la Sexta Directiva sobre el IVA (77/388/CEE)⁽¹⁾, este ciudadano no tiene ninguna posibilidad de reclamar al Estado la devolución de este IVA, ya que presta un servicio público. Sin embargo, si prestara un servicio privado o comercial sí podría obtener del Estado dicha devolución.

¿Piensa la Comisión examinar el funcionamiento de la Sexta Directiva sobre el IVA para aclarar cómo es posible que quienes prestan servicios públicos reciban un trato tan distinto del que reciben quienes prestan servicios privados en este ámbito y para determinar qué puede hacerse con el fin de que esta anomalía pueda corregirse para el futuro en el marco de este régimen fiscal comunitario?

(EN) Uno de los principios fundamentales de la Sexta Directiva sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)⁽²⁾ es que el contribuyente sólo puede deducir el IVA en el que ha incurrido si suministra productos y servicios imponibles.

La letra a) del apartado 1 de la letra A y la letra e) de la letra B del artículo 13 de dicha Directiva establece que los servicios postales y los sellos de correo están exentos de IVA. Si las actividades de un operador están comprendidas en esta disposición, los bienes y servicios suministrados (en forma de productos) están exentos de IVA, pero el IVA incurrido en sus compras de bienes y servicios (en tanto que insumos) no es deducible.

Sin embargo, es cierto que esta exención del IVA para los servicios postales públicos y sellos de correo no se ajusta totalmente al mercado postal liberalizado en virtud de la Directiva 97/67/CE. La actual exención de IVA distorsiona la competencia entre los operadores, como los antiguos monopolios públicos que se benefician de dicha exención y otros operadores que no gozan de ella. La Comisión ya ha señalado las discrepancias a que da lugar la aplicación de esta exención en toda la Comunidad.

Para hacer frente a esta situación, la Comisión propuso⁽³⁾ en 2003 la supresión de la actual exención del IVA sobre los servicios postales públicos y sellos de correos y la introducción de una opción para que los Estados miembros apliquen un tipo reducido de IVA a una amplia gama de servicios postales. Este último aspecto limitaría las repercusiones sobre los precios para los particulares. Sin embargo, los Estados miembros no han podido llegar a un acuerdo y esta propuesta sigue bloqueada en el Consejo.

Entretanto es necesaria una aplicación correcta de la exención del IVA sobre los servicios postales en toda la Comunidad. La Comisión se ha visto obligada a iniciar procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros⁽⁴⁾, en los que no se aplica correctamente la actual exención del IVA. La Comisión ha solicitado entretanto al Consejo que reanude sus deliberaciones y adopte la propuesta de la Comisión para modernizar el tratamiento de los servicios postales en materia de IVA. La situación actual resulta evidentemente insatisfactoria para todas las partes incluso, como señala su Señoría, para los operadores del sector exento que no pueden recobrar el IVA sobre inversiones que son muy necesarias.

En su informe sobre la cooperación estratégica entre la UE y la India (A6-0256/2005), el Parlamento Europeo «se congratula de la reciente firma entre la Comisión y el Gobierno indio de un acuerdo por el que la primera ofrece mil becas (por valor de 33 millones de euros) para que estudiantes indios accedan a universidades europeas, en virtud del programa Erasmus Mundus, […] toma nota de que el Consejo Indio de Relaciones Culturales ofrece oportunidades para que estudiantes europeos ingresen en universidades de la India, pero le anima a mostrar un mayor interés en este capítulo a fin de contribuir de una manera más activa a la consolidación de las bases de la asociación estratégica».

¿Podría la Comisión informar sobre la aplicación actual de dichas propuestas, especialmente en lo relativo a la colaboración en los sectores de la ciencia y la tecnología?

¿Considera la Comisión que los intercambios profesionales y empresariales también podrían ser beneficiosos para la comprensión intercultural y el fomento de un flujo bidireccional de información?

¿Tiene previsto la Comisión repetir el éxito del programa de formación de ejecutivos y de intercambio sobre la base de contactos personales existente con Japón y Corea mediante la ampliación del programa a la India, dotándolo de los fondos adecuados?

(EN) El fomento de los intercambios académicos y educativos es un aspecto importante del Plan de acción conjunto UE-India acordado en la última cumbre UE-India celebrada en septiembre de 2005. Se trata de un elemento clave para incrementar la visibilidad de la UE en la India y demostrar que Europa, al igual que la India, piensan en el futuro.

La Comisión ha asignado 33 millones de euros a la Ventana de la India del programa Erasmus para el período 2005-2007. Esta cantidad permitirá financiar aproximadamente 900 becas durante un período de tres años (2005-2007).

El programa Erasmus Mundus ha sido todo un éxito en la India. Durante los primeros dos años de la aplicación del Ventana de la India del Programa, más de la mitad del importe total se ha destinado a financiar más de 400 becas para estudiantes indios. En el tercer y último año de aplicación de esta ventana (año académico 2007-2008), la Comisión prevé financiar unas 500 becas más.

A fin de lograr este resultado, la Comisión ha intensificado sus esfuerzos, a través de su Delegación en Nueva Delhi, para difundir información sobre Erasmus Mundus en la India. Una importante Feria Europea de Enseñanza Superior, que se celebrará en Nueva Delhi del 24 al 26 de Noviembre de 2006, servirá para difundir información sobre las oportunidades que ofrece este programa.

En vista del resultado positivo de su primera fase, en la Comisión se debate la posibilidad de prorrogar la Ventana India de Erasmus Mundus a partir de 2007.

A fin de responder a la inquietud expresada por su Señoría, la Comisión desea señalar que más de la mitad de los estudiantes indios que han recibido becas Erasmus para estudiar en Europa tienen la intención de realizar estudios de ciencia y tecnología.

La Comisión y las autoridades indias no tienen previsto repetir el Programa de Formación de Ejecutivos (PFE) en la India, ya que la principal finalidad de este programa es ofrecer formación lingüística a profesionales europeos para los principales mercados de exportación de la UE (China, Japón y Corea), países en los que el conocimiento de las lenguas europeas no está muy extendido. El empleo sistemático del inglés en los contactos económicos con la India hace que no sea necesario extender dicho programa a este país.

La Península Ibérica, sobre todo mi región, Galicia, ha sufrido una vez más este verano una oleada de incendios forestales que han destruido centenares de miles de hectáreas de bosque y vegetación, ganado, viñas, huertos, casas e infraestructuras agrícolas, afectando a la agricultura, a la ganadería y al patrimonio forestal, y causando graves perjuicios a las economías locales, a la actividad productiva y al turismo.

¿De qué manera podrían las nuevas medidas o planes de gestión sostenible de los bosques previstos por la Comisión contribuir a paliar estos efectos catastróficos y a remediar la complicada e incierta situación medioambiental en que se encuentra el territorio gallego, parte integrante del importante patrimonio forestal del sur de Europa?

¿Qué medidas piensa aplicar la Comisión para corregir algunas de las consecuencias negativas de la PAC, en el origen del despoblamiento y el abandono, por su baja rentabilidad, de los espacios forestales y del medio rural?

¿De qué manera piensa la Comisión facilitar la aplicación del Fondo de Solidaridad para evitar que, una vez más, se frustre su aprovechamiento, como ya ha ocurrido en otras ocasiones?

La Comisión es consciente de la gravedad de los daños ocasionados por los incendios forestales de este verano, sobre todo en la región de Galicia, y desearía manifestar su profunda solidaridad con las personas afectadas.

La Comisión está convocando en estos momentos una licitación con vistas a la realización de un estudio que ofrezca una visión global de las causas del deterioro de los bosques en la UE, incluidos los incendios forestales. Este estudio, cuyas conclusiones se esperan para finales de 2007, debería incluir propuestas concretas para evitar el deterioro de los bosques en la Unión Europea. Dicho estudio forma parte del Plan de Acción Forestal de la UE presentado por la Comisión en junio de 2006⁽¹⁾. Además, la propuesta LIFE+⁽²⁾ incorpora los instrumentos que existen actualmente en favor de las acciones medioambientales en un nuevo instrumento más amplio e integrado. La propuesta prevé apoyar los programas de control forestal y la prevención de los incendios forestales, permitiendo la continuación de las actividades llevadas a cabo en el marco del Reglamento «Forest Focus», que expirará a finales de 2006.

Por lo que se refiere a la Política Agrícola Común (PAC), en los últimos años se han introducido importantes cambios a raíz de las reformas de la PAC de 2003 y 2004. La política de desarrollo rural promueve el desarrollo sostenible de las zonas rurales, contribuyendo a mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura y a la creación de nuevas fuentes de ingresos y empleo en las zonas rurales. El nuevo Reglamento sobre Desarrollo Rural⁽³⁾ para el período 2007-2013 incluye una serie de medidas forestales que pueden aplicar los Estados miembros según sus prioridades, incluidas medidas de prevención de los incendios forestales y de restauración de los bosque dañados por dichos incendios.

Por lo que se refiere al Fondo de Solidaridad, los Estados miembros afectados tienen que presentar una solicitud a la Comisión en un plazo de diez semanas a partir de la fecha del primer daño. A 26 de septiembre de 2006 no se ha recibido ninguna solicitud de este tipo del Gobierno español. La posibilidad de recibir asistencia financiera del Fondo de Solidaridad depende de si se cumplen los criterios incluidos en el Reglamento⁽⁴⁾ para movilizar el Fondo. La asistencia financiera del Fondo de Solidaridad puede utilizarse para un número limitado de operaciones de emergencia llevadas a cabo por las autoridades públicas, como por ejemplo la reparación provisional de infraestructuras vitales, la provisión de alojamiento provisional o la financiación de servicios de rescate. El Fondo no puede compensar las pérdidas privadas, incluidos la agricultura y la silvicultura.

En abril de 2004 el Consejo aprobó la Directiva 2004/82/CE⁽¹⁾ sobre la obligación de los transportistas de comunicar con antelación los datos de las personas transportadas, a pesar del rechazo de la propuesta por el Parlamento Europeo debido a la insuficiencia de las garantías relativas a la protección de los datos. El hecho de que la Directiva se base en fundamentos jurídicos relativos al control de las fronteras y a la inmigración (artículo 62, apartado 2, letra a), y artículo 63, apartado 3, letra b), del Tratado CE) no impidió que los Estados miembros se otorgaran poderes para la utilización de los datos con fines policiales (artículo 6, apartado 1, párrafo 5), sin límites de tiempo para la retención de los datos o cualquier otra salvaguardia a nivel europeo sobre la privacidad de los datos.

Los Estados miembros debían empezar a aplicar la Directiva de 2004 el 5 de septiembre de 2006, pero el Consejo aún no ha llegado a un acuerdo sobre la propuesta de decisión marco del «tercer pilar» sobre protección de datos para la información relacionada con la seguridad. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la posición actual de la Comisión sobre la conformidad de la Directiva de 2004 con las exigencias de protección de datos?

(EN) Los Estados miembros están llevando a cabo la transposición de la Directiva 2004/82/CE a su legislación nacional. Para ello deben respetar las disposiciones de esta Directiva, así como las de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la legislación nacional en materia de protección de datos. Hasta ahora, nueve Estados miembros han comunicado a la Comisión que han transpuesto (parcialmente) la Directiva 2004/82/CE. La Comisión está analizando estas medidas nacionales a la vista de la Directiva 2004/82/CE y la Directiva 95/46/CE.

La empresa Tréfimétaux, del grupo italiano KME, especializada en la transformación del cobre, va a trasladar a Alemania y a Italia sus actividades de fundición y de laminado instaladas en Francia, suprimiendo así 215 empleos. Esta opción es incomprensible desde el punto de vista de la competitividad de la empresa, ya que la fábrica alemana es menos eficiente y el coste de la mano de obra es allí más elevado. La decisión tomada por KME, obligada por la sociedad financiera INTEK, que impone tasas de rentabilidad del 18%, empujará a la clientela hacia proveedores de fuera de la Unión Europea. Nos encontramos ante un caso de accionistas poco escrupulosos, que comprometen la estrategia y la existencia de la empresa para sacar provecho de sus inversiones especulativas a corto plazo.

¿Qué piensa hacer la Comisión para combatir esta plaga de los movimientos de capitales especulativos a corto plazo que destruyen el empleo y el desarrollo industrial de la Unión?

(EN) Las pérdidas de puestos de trabajo debido a la deslocalización de empresas son motivo de preocupación para la Comisión. Sin embargo, su Señoría sin duda sabe que el Tratado establece la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea, salvo en circunstancias específicas, como condición para el buen funcionamiento del Mercado Único. La deslocalización de empresas es un fenómeno normal en la vida económica. Refleja un proceso de asignación eficiente de recursos a través de la economía de la UE que permite que las inversiones se destinen a aquellos proyectos que ofrecen el mayor rendimiento, y que la economía se reestructure y se diversifique. Desgraciadamente, este proceso de reasignación de recursos conlleva ajustes inevitables, a medida que el capital, el empleo y la tecnología pasan de proyectos situados en un lugar a otro. Sin embargo, el efecto general que tiene el traslado de empresas sobre los resultados de la economía europea y sobre el bienestar de los ciudadanos de la Unión sigue siendo positivo. Por lo tanto resultaría contraproducente desalentar o prohibir este proceso económico.

Sin embargo, la Unión Europea cuenta con una serie de normas muy claras que se aplican a estos casos, y debemos insistir firmemente en su cumplimiento. Por ejemplo, este tipo de decisiones deben ir precedidas de procesos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, como se establece en diversas directivas comunitarias. El diálogo social reviste una importancia crucial en este contexto, como la Comisión reitera de forma sistemática.

Las empresas asumen una responsabilidad considerable para Europa, que debe ponerse de manifiesto. La Comisión no critica a priori las decisiones de deslocalización de las empresas. Lo que sí hace, sin embargo, es llevar a cabo políticas que den preferencia a las soluciones sostenibles sobre las ventajas a corto plazo. No se trata tan solo de una cuestión de responsabilidad social, sino de alcanzar las metas de nuestra política industrial, una política industrial activa que mantenga la presencia de la industria en Europa.

Y la Comisión está creando una serie de instrumentos que pueden contribuir a paliar las consecuencias sociales de los cambios y reestructuraciones. Los Fondos estructurales y el Fondo Social Europeo, en particular, pueden desempeñar un papel importante en este sentido. La Comisión insiste en que los Estados miembros integren la adaptación al cambio definida a escala europea en sus prioridades y programas nacionales.

¿Ha elevado la Comisión protestas ante el Gobierno de Israel en relación con la detención sin cargos ni juicio de miembros electos del Consejo Legislativo Palestino?

(EN) La Comisión comparte la inquietud manifestada por su Señoría por la detención de los miembros electos del Consejo Legislativo Palestino (CLP). La detención de los legisladores palestinos contraviene el Derecho internacional y socava aún más las instituciones de la Autoridad Palestina que tenemos que conservar.

La Comisión ha planteado esta cuestión en numerosas ocasiones ante sus interlocutores israelíes, como por ejemplo, durante el viaje que la Comisaria responsable de Relaciones Internacionales efectuó a Israel en el mes de julio de 2006.

La Comisión cree que esta cuestión debe considerarse en un marco más amplio. La liberación de los miembros detenidos del CLP forma parte de una serie más amplia de problemas que es necesario resolver para poder reanudar las negociaciones entre israelíes y palestinos.

La Comisión se felicitó de la decisión que adoptó la semana pasada un tribunal militar israelí de liberar a 18 legisladores palestinos. Y se encuentra a la espera de la última palabra del tribunal tras el recurso presentado por la Oficina del Fiscal de las Fuerzas de Defensa israelíes.

El periódico italiano L'Espresso publicó recientemente una referencia de la Comisión a la creación de un centro de varios servicios secretos coordinados. No se ha oído casi nada del centro desde hace un año, cuando al parecer fue creado, aunque la Comisión ha pedido un control parlamentario más estricto de los servicios de seguridad nacionales de la UE.

¿Puede confirmar la Comisión la existencia de un centro de servicios secretos coordinados? ¿Puede facilitar también detalles sobre la financiación del centro, su personal, los países que participan en él y el tipo de control parlamentario en vigor para supervisar sus actividades?

(EN) El Vicepresidente responsable de Justicia, Libertades y Seguridad se refirió al Centro de Situación de la Unión Europeo –más conocido como «SitCen» en la entrevista mencionada al periódico italiano L’Espresso. La Comisión se felicita de la contribución que hace el SitCen a la seguridad de la UE tras el refuerzo de sus medios y mandato tras los atentados terroristas cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004.

El Vicepresidente responsable de Justicia, Libertades y Seguridades no utilizó la expresión «centro de servicios secretos coordinados» que menciona su Señoría para describir al SitCen. En realidad, esta expresión fue utilizada por L’Espresso, que alude en italiano a un «centro di coordinamento dei servizi a Bruxelles». Dicha expresión puede inducir a error al lector respecto a las actividades del SitCen, las cuales no incluyen la coordinación de operaciones antiterroristas, sino tan sólo el análisis de la inteligencia estratégica correspondiente.

En todo caso, no es un secreto que el SitCen fue creado para asistir a la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE a finales de los años noventa ni que la decisión de ampliar su mandato en 2004 fue para suministrar al Consejo evaluaciones estratégicas de amenazas terroristas basadas en las informaciones de inteligencia de los servicios nacionales. De hecho, el propio Consejo Europeo de diciembre de 2004 acogió favorablemente el plan de acción de la UE y los informes complementarios que presentaron el Secretario General/Alto Representante y la Comisión sobre la lucha antiterrorista y los avances logrados desde junio de 2004, que deberían permitir obtener nuevos resultados concretos como lo demuestran estas contribuciones, en particular: [.../...] en lo relativo a la cooperación en materia de inteligencia: los lazos establecidos entre el Grupo de Lucha Antiterrorista y el Centro de Situación de la UE (SitCen) que, a partir del 1 de enero de 2005, presentarán al Consejo evaluaciones de amenazas estratégicas basadas en la información de inteligencias de los servicios nacionales, y la mejora del intercambio de información con Europol. El Consejo Europeo invitó al Secretario General/Alto Representante a que presentara un informe sobre estos avances, incluyendo la mayor cooperación entre la policía y los servicios de seguridad, incluso en relación con el SitCen. Las conclusiones de este Consejo Europea son públicas.

Desde una perspectiva institucional y administrativa, el SitCen es un servicio de la Secretaría General del Consejo. La Comisión no puede facilitar los demás elementos de información que pide su Señoría.

Entre los días 3 y 15 de agosto del presente año, Galicia ha sufrido la mayor oleada de incendios de su historia. Tanto el número de incendios como la extensión quemada este año han sido mucho mayores de lo habitual.

Es evidente que para luchar contra los incendios, las autoridades regionales y nacionales del territorio afectado organizan los dispositivos adecuados que, en caso de ser insuficientes, pueden y deben complementarse con la ayuda y la solidaridad europeas, particularmente a través de los Servicios de Protección Civil que funcionan en la Unión.

¿Podría la Comisión indicar exactamente qué día del pasado mes de agosto las autoridades españolas contactaron con los servicios de la Comisión solicitando ayuda y qué día la Comisión recibió la petición de ayuda para luchar contra el fuego que asoló la Comunidad Autónoma Gallega durante la primera quincena del mes de agosto?

¿Podría la Comisión especificar qué tipo de ayuda solicitó el Gobierno español y cuáles fueron los medios aportados por la Unión para combatir los fuegos?

El Centro de Control e Información de los Servicios de Protección Civil de la Comisión recibió del Gobierno español una solicitud de ayuda para combatir los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia. El Centro de Control e Información recibió la citada solicitud el día 9 de agosto de 2006, a las 9.32 horas.

El Gobierno español solicitó tres aviones Canadair, cinco helicópteros dotados de contenedores de agua o helitanques y 20 camiones cisterna.

Esta solicitud recibió una respuesta rápida del CCI, que inmediatamente alertó a las autoridades de protección civil de los 30 países que participan en el mecanismo comunitario de protección civil. En el plazo de pocas horas España recibió ofertas de ayuda de varios Estados miembros. El mismo día, horas después de recibirse la solicitud de asistencia de España, llegaron al país cuatro aviones Canadair y una unidad de lucha contra incendios compuesta de 20 vehículos y 65 bomberos forestales. Ofertas posteriores incluían helicópteros y unidades de lucha contra incendios compuestas de personal, distintos tipos de camiones cisterna y equipos. Italia, Portugal y Francia fueron los primeros en facilitar ayuda de protección civil a través del mecanismo comunitario.

Cualquier ciudadano cuyo vehículo esté matriculado en un Estado miembro distinto de Portugal y permanezca en territorio portugués con su vehículo más de 180 días al año (por ejemplo, por desear pasar el invierno en ese país) estará obligado a pagar un derecho en el marco de un procedimiento de importación (véase, en particular, el Decreto ley nº 40/1993). Están exceptuados de esta obligación de pago solamente los camiones, las caravanas, las motocicletas y los vehículos industriales, siempre que reúnan determinadas características en cada caso (por ejemplo, en cuanto al número de plazas).

Una exención de impuestos en beneficio de los ciudadanos de la UE que acrediten su estancia habitual en Portugal solamente es posible con arreglo a requisitos muy estrictos (véase el Decreto ley nº 264/1993).

El método de cálculo de la cuantía del derecho da lugar por lo general a que el importe que debe pagarse por la importación del vehículo sea desproporcionadamente elevado en relación con su precio de compra o con su valor real de mercado.

¿Son compatibles con el Derecho comunitario estas disposiciones nacionales de la República Portuguesa que obligan a los ciudadanos de la UE a importar su vehículo a Portugal tras una estancia superior a 180 días y a pagar derechos de importación muy elevados?

(EN) En primer lugar cabe señalar que los impuestos de matriculación de vehículos, como el Imposto automóvel (denominado en adelante «IA») contemplado en los Decretos Legislativos nº 40/1993 y 264/1993 de Portugal, tienen un carácter manifiestamente fiscal y se cobran no porque un vehículo cruce la frontera del Estado miembro que lo aplica, sino por otras operaciones, como la matriculación del vehículo en ese Estado⁽¹⁾. Por lo tanto deben considerarse parte del sistema general de gravámenes internos sobre los bienes y no como un derecho de importación en el sentido contemplado en los artículos 23 y 25 del Tratado CE. Por consiguiente, Portugal no contraviene el derecho comunitario al mantener este impuesto, siempre que no exista discriminación en contra de los vehículos importados, como lo prohíbe el artículo 90 del mismo Tratado. La Comisión no tiene información que demuestre dicha discriminación.

Por lo que se refiere a la obligación de matricular un vehículo en Portugal y pagar un impuesto por ello cuando una persona ha permanecido más de 180 días en este país, cabe señalar que la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte establece un requisito cuantitativo de seis meses dentro de un período de 12 meses, durante el cual los Estados miembros deben eximir de dichos impuestos a los vehículos de particulares matriculados en otro Estado miembro. Si una persona permanece durante más tiempo en un Estado miembro, la regla general dispone que dicho Estado miembro puede recaudar el impuesto correspondiente. El Decreto Legislativo nº 264/93 de Portugal, al establecer un criterio de 180 días a tal fin, podría quedarse corto en algunos casos por cinco días. La Comisión tiene la intención de consultar a las autoridades portuguesas al respecto.

En cuanto a la posibilidad contemplada en la legislación portuguesa de obtener una exención del impuesto de matriculación de vehículos en condiciones muy estrictas cuando los ciudadanos de la Unión desean establecer su residencia en Portugal, cabe señalar que no existe armonización comunitaria en el ámbito del impuesto de matriculación y, por lo tanto, los Estados miembros no están obligados a eximir del impuesto de matriculación a los vehículos importados permanentemente a su territorio.⁽²⁾. No obstante, Portugal ha decidido, por iniciativa propia, eximir del IA a los vehículos de particulares importados con motivo del cambio de residencia de su propietario a Portugal. Por supuesto, la Comisión se felicita de esta iniciativa, pero carece de competencias para exigir a Portugal que modifique las condiciones establecidas para ello.

En relación con el elevado tipo del impuesto, cabe repetir que, puesto que no existe armonización en el ámbito de la tributación de los vehículos a escala comunitaria, los Estados miembros pueden recaudar dichos impuestos al tipo que consideren oportuno. En el caso Comisión c. Dinamarca, el Tribunal de Justicia dictaminó que el artículo 90 del Tratado CE no puede servir para censurar niveles tributarios excesivos y que, por ende, los Estados miembros son libres de imponer los tipos fiscales que deseen, incluso si estos pueden parecer excesivamente elevados⁽³⁾. Así pues, la imposición de elevados tipos impositivos para la matriculación de vehículos por parte de Portugal no infringe la legislación comunitaria, siempre que no ponga obstáculos transfronterizos al comercio entre los Estados miembros y se ajuste al principio de no discriminación consagrado en el Tratado CE.

De acuerdo con la información que publica la prensa griega (por ejemplo, el periódico «Ethnos» del 17 de julio de 2006 y otros), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la reclamación de una cooperativa de construcción griega cuya propiedad está confiscado por el Estado griego (desde hace décadas) por ser supuestamente zona «forestal», a pesar de que el propio Estado griego ha reconocido oficialmente que esta y otras 325 cooperativas y sus miembros han pagado y siguen pagando regularmente sus contribuciones. Curiosamente, la única que sigue indiferente es la Comisión, a pesar de que el Parlamento Europeo ha pedido (a través del Presidente de su Comisión de Peticiones, Marcin Libicki) al Primer Ministro griego, Sr. Karamanlis, que resuelva esta cuestión.

¿No ve la Comisión que todos, excepto la propia Comisión, constatan las acciones ilegales de las autoridades griegas, que mantienen confiscadas las propiedades de un millón y medio de griegos y ciudadanos de otros países de la UE en Grecia? ¿Cómo piensa reaccionar la Comisión ante las autoridades griegas?

(FR) La Comisión recuerda a su Señoría que ya ha respondido en varias ocasiones a preguntas del Parlamento Europeo precisamente sobre este tema, a saber, las preguntas escritas E-0316/05 y E-0450/06 y las peticiones P-819/2005, P-462/2005, P-392/2005, P-330/2004, P-298/2004 y P-158/2004.

En una carta dirigida a su Señoría de fecha 7 de junio de 2006 en respuesta a una carta de 13 de marzo de 2006, el Presidente de la Comisión reiteraba la opinión de la Comisión en el sentido de que «... las cuestiones planteadas no forman parte de la legislación comunitaria y, por lo tanto, la Comisión no puede intervenir. Este caso implica la posible infracción de la ley fundamental sobre la propiedad por parte del Estado griego en Grecia. Su litigio con el Estado griego se limita a cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus derechos en calidad de copropietarios de solares de construcción, cuestión que la legislación comunitaria no contempla en forma alguna. Por lo tanto no es posible establecer el vínculo necesario entre la ley fundamental que podría haber sido infringida y el derecho comunitario».

En relación con Europol y la cooperación policial en general, ¿tiene algunas propuestas la Comisión específicamente sobre la compra, la venta y la transferencia de armas ligeras entre Estados miembros, dado que esta cuestión afecta particularmente a mi circunscripción de Londres?

(EN) La compraventa intracomunitaria de armas ligeras (es decir, excepto las armas de fuego de guerra) está regulada principalmente por lo dispuesto en la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991⁽¹⁾.

Esta Directiva dispone una armonización mínima, lo que significa que los Estados miembros pueden adoptar en su legislación disposiciones más estrictas que las previstas en la Directiva.

En particular, la Directiva exige un intercambio de información y/o autorización en caso de la compraventa intracomunitaria de armas de fuego, que incluya sus características.

Tras la firma del Protocolo sobre la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones de Naciones Unidas, la Comisión propuso en marzo de 2006 la adaptación de las disposiciones de la Directiva 91/477 al contexto jurídico⁽²⁾. De conformidad con el Protocolo sobre armas ligeras de Naciones Unidas se propone hacer obligatorio el marcado de las armas de fuego en el momento de su fabricación y que los Estados miembros se comprometan a llevar registros de estas armas durante un período mínimo de diez años.

Actualmente, esta propuesta está siendo examinada por el Parlamento.

Pusimos de manifiesto en la pregunta anterior H-0022/06⁽¹⁾ que existen serias dudas sobre la utilización de historiales clínicos en Cataluña con fines no demasiado claros y, seguramente, ilegítimos. Parece que ahora la Agencia Catalana de Protección de Datos está considerando finalmente la posibilidad de sancionar a los responsables de los hospitales, no a la Generalitat de Cataluña que fue la que encargó el estudio. ¿Cree la Comisión que la utilización de historiales clínicos para estudios lingüísticos es «necesaria para el cumplimiento de una misión de interés público», como prescribe la letra e) del artículo 7 de la Directiva 95/46/CEE⁽²⁾?

Teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 14, 15, 22, 23 y 24 (sobre el derecho de oposición del interesado, recursos, responsabilidad y sanciones) y el hecho de que la página web de la Agencia Catalana de Protección de Datos sólo dispone de los correspondientes formularios en catalán, siendo Cataluña una Comunidad Autónoma en la que la mitad de la población tiene el castellano (idioma oficial del Estado) como lengua materna, ¿cree la Comisión que están plenamente protegidos los derechos de los ciudadanos catalanes?

Según indica la Comisión en su anterior respuesta a la pregunta H-0022/06, con arreglo a la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, las autoridades encargadas de la protección de datos en los Estados miembros son las autoridades competentes para controlar la legalidad de las actividades de tratamiento de datos desarrolladas en su territorio. Dichas autoridades deben tomar las medidas adecuadas para imponer la aplicación de la legislación pertinente en materia de protección de datos y para impedir o poner fin a cualquier actividad ilegal de tratamiento de datos mediante controles o sanciones.

La Directiva también dispone que las autoridades nacionales competentes para la protección de los datos estarán habilitadas para recibir y examinar las reclamaciones presentadas por toda persona relativas a sus derechos y libertades por lo que concierne al tratamiento de los datos personales. Al aplicar la Directiva, los Estados miembros deberán asegurarse de que las disposiciones contenidas en la legislación o las prácticas administrativas nacionales permiten a toda persona ejercer efectivamente este derecho.

Por lo tanto, para aplicar el artículo 7 de la Directiva, cada Estado miembro establece los fundamentos jurídicos que garantizan la legalidad del tratamiento de los datos personales, determina mediante un acto legislativo o una decisión de las autoridades competentes para la protección de los datos si se ha de llevar a cabo una investigación para evaluar el uso de una lengua en los hospitales y servicios médicos, así como las condiciones pertinentes.

Según indica la Comisión en su respuesta anterior, si las investigaciones llevadas a cabo por los servicios de la Generalitat de Cataluña son contrarias a la legislación española de protección de los datos adoptada para aplicar la Directiva, las autoridades españolas competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas.

La Comisión ya ha pedido a las autoridades españolas información sobre los hechos expuestos en la pregunta para verificar si la investigación encargada por la Generalitat de Cataluña cumple la legislación española por la que se aplica la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de los datos. Las autoridades españolas han informado a la Comisión de que, a raíz de las investigaciones e inspecciones efectuadas para verificar la legalidad de las investigaciones llevadas a cabo por los servicios de la Generalitat de Cataluña, se han iniciado varios procedimientos que podrían llevar a la constatación de infracciones de las disposiciones nacionales relativas a la protección de los datos. Los procedimientos en curso podrían dar lugar a sanciones u otras medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección de los datos.

El correo basura o spamming —el envío simultáneo de millones de mensajes electrónicos irritantes prácticamente sin costes para el remitente— podría reducirse drásticamente si hubiera voluntad política para hacerlo. Si se obligase a los remitentes de correo basura a dividir sus envíos electrónicos colectivos en lotes reducidos, se ralentizaría considerablemente su actividad. ¿Está la Comisión dispuesta a proponer que se apliquen cargas más onerosas al uso desmedido de envíos electrónicos colectivos?

(EN) La Directiva 2002/58/CE Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas– utiliza el término «comunicaciones comerciales no solicitadas» para definir lo que comúnmente se denomina «spam». El artículo 13 de esta Directiva exige a los Estados miembros que prohíban el envío de correo electrónico de carácter comercial no solicitado y otros sistemas electrónicos de mensajería, como el SMS o MMS, a menos que se haya obtenido previamente el consentimiento del abonado a dichos servicios. Esta protección se aplica a las personas físicas. Los Estados miembros pueden elegir entre ampliar este régimen a las personas jurídicas o bien renunciar al régimen de comunicaciones no solicitadas dirigidas a personas jurídicas.

Además, si los Estados miembros permiten las comunicaciones comerciales no solicitadas enviadas por correo electrónico a personas jurídicas, la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico exige que dichas comunicaciones se identifiquen claramente y sin ambigüedades (apartado 1 del artículo 7).

Las tarifas por el envío de (grandes cantidades) de mensajes no solicitados penalizarían injustamente a aquellas empresas que realizan prácticas de marketing legítimas de conformidad con las disposiciones nacionales en esta materia. En relación con las empresas que infringen la legislación sobre el spam, es necesario adoptar medidas de vigilancia para disuadir de este tipo de conducta.

La Comisión tiene previsto adoptar una comunicación sobre el spam, el spyware y el malware antes de que termine 2006. Esta Comunicación presentará un inventario de los esfuerzos realizados hasta ahora para sensibilizar al público sobre los problemas que causa el spam, el spyware y el software mal intencionado, y de las medidas adoptadas por la UE, el sector y los Estados miembros para resolver este problema. Sobre la base de los resultados obtenidos, la Comunicación definirá las nuevas acciones que deben adoptar las partes interesadas. La Comisión espera escuchar la opinión del Parlamento y del Consejo sobre esta comunicación.

El 30 de agosto de 2006, al dictar sentencia contra Francesco Ferrari, conductor de profesión acusado de infracciones del código de circulación, según testigos presentes en la sala, el juez del Tribunal de la Corona de Londres subrayó que la pena de seis meses de reclusión debía entenderse como ejemplo para todos los conductores europeos. ¿Cómo piensa actuar la Comisión ante esta discriminación manifiesta?

(FR) La Comisión desea puntualizar que la aplicación del Código de la Circulación en Carretera y las resoluciones judiciales adoptadas en virtud de este en el territorio del Reino Unido son competencia exclusiva de ese Estado miembro.

Por esta razón y en vista de que el presente caso no está relacionado con la legislación comunitaria, la Comisión no puede examinar esta cuestión de la forma que solicita su Señoría.

Grecia, Rusia y Bulgaria han confirmado recientemente su voluntad de construir un oleoducto entre Burgas (Bulgaria) y Alexandroupoli (Grecia), con el fin de transportar el petróleo ruso a los países europeos.

Teniendo en cuenta la importancia económica y estratégica de este proyecto, ¿piensa la Comisión Europea participar en la financiación del oleoducto?

Teniendo en cuenta que la construcción y el funcionamiento del oleoducto deben realizarse dentro del respeto de estrictas normas medioambientales, ¿cómo piensa la Comisión planificar el control de este proyecto desde el punto de vista medioambiental?

(EN) Es necesario llevar a cabo importantes inversiones, tanto en la UE como en los países de tránsito, para modernizar la anticuada infraestructura energética y crear nuevas rutas alternativas de abastecimiento. Como se menciona en el Libro Verde titulado «una estrategia europea para la seguridad competitividad y sostenibilidad energética para Europa», una de las prioridades es la construcción de oleoductos que faciliten el transporte del petróleo del Mar Caspio a la UE.

La Comisión tiene conocimiento de que se están estudiando varios proyectos de oleoducto para suministrar crudo del Mar Negro a los mercados europeos. Además de incrementar nuestra seguridad de abastecimiento, estos proyectos pueden reducir el transporte marítimo de petróleo en los congestionados estrechos turcos, reduciendo así los graves riesgos que ello implica para el medio ambiente y la población local. La Comisión apoya todos los proyectos bien fundados que puedan contribuir a estos objetivos. Por consiguiente, la Comisión se felicita del reciente acuerdo intergubernamental sobre el oleoducto entre Burgas y Alexandrópolis, y espera que permita la construcción de este proyecto.

La Comisión concedió una ayuda financiera de 1,9 millones de euros para los estudios de viabilidad de este proyecto en el marco de los Fondos estructurales para el período 1994-1999 a través de la iniciativa comunitaria «Fronteras exteriores» del programa INTERREG II. (El total de la financiación pública para este proyecto asciende a 2,7 millones de euros). En las perspectivas financieras para el período 2000-2006 no se prevé contribución financiera alguna de los Fondos Estructurales ni de los instrumentos financieros de la política exterior.

Los oleoductos no pueden recibir fondos comunitarios con arreglo a las directrices vigentes para las redes transeuropeas de energía (RTE-E) adoptadas por el Parlamento y el Consejo⁽¹⁾. Sin embargo, este proyecto podría recibir ayuda de las instituciones financieras internacionales, en particular del Banco Europeo de Inversiones.

La construcción y explotación del oleoducto tendrán que llevarse a cabo de conformidad con las directivas comunitarias en materia de protección del medio ambiente que son de aplicación a este tipo de grandes proyectos energéticos, en particular por lo que se refiere al impacto medioambiental del mismo y las zonas de protección especial afectadas.

¿Qué acciones ha emprendido la Comisión para presionar al Gobierno israelí con el fin de que ponga en libertad a los niños palestinos encarcelados?

(EN) La Comisión sabe que niños palestinos se encuentran detenidos en Israel, en ocasiones en circunstancias difíciles.

La Comisión financia, en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos humanos, una serie de proyectos destinados a los niños que están presos, entre ellos algunos proyectos relacionados con la detención y/o custodia (Médicos por los Derechos Humanos) y la tortura (B'tselem, Comité Público contra la Tortura en Israel, Consorcio Italiano de la Solidaridad).

En sus reuniones con las autoridades israelíes y, en particular, en el marco de la Política Europea de Vecindad, la Comisión recuerda a Israel las obligaciones que le impone el Derecho humanitario internacional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado, el 7 de septiembre de 2006, y tras recurso interpuesto por el Gobierno español, el régimen de ayudas contemplado en la nueva Organización Común de Mercado del algodón. El Tribunal argumenta que no se ha tenido en cuenta para el cálculo de las ayudas necesarias para garantizar la rentabilidad y viabilidad del cultivo ni los salarios de los trabajadores como gastos fijos ni la industria auxiliar desmontadora, necesaria e indisolublemente ligada al cultivo.

Ante el actual estado de la situación, esperanzador para un sector que se había visto muy perjudicado por la reforma, y teniendo en cuenta que ésta seguirá en vigor, por razones de seguridad jurídica, hasta la adopción de un nuevo régimen de ayudas proporcional y acorde con los principios de la reforma, ¿qué acciones piensa emprender la Comisión al respecto? ¿Cuál será el calendario de esta nueva reforma de la OCM del algodón?

La Comisión ha tomado nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Reino de España contra Consejo de la Unión Europea. Dicha sentencia anula la reforma del sector del algodón adoptada por el Consejo en 2004.

La Comisión se dispone ahora a analizar en detalle la sentencia del Tribunal antes de elaborar sus conclusiones sobre las medidas que serán necesarias para cumplir la sentencia. Tendrá que prepararse un análisis detallado del sector algodonero de la UE que tenga en cuenta, en particular, los costes laborales y la viabilidad del sector del desmotado.

No obstante, el análisis del mercado y la preparación de una propuesta relativa al sector del algodón tendrán que respetar los procedimientos y normas establecidos en el marco de las instituciones de la Comunidad. Por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de presentar una nueva propuesta en un futuro inmediato.

El Tribunal ha dejado claro que debe adoptarse un nuevo Reglamento en un plazo razonable, pero mientras tanto puede seguir aplicándose la reforma de 2004, en espera de que se establezca el nuevo régimen.

A las incalculables consecuencias y la muerte de miles de civiles debido a la guerra criminal de Israel contra el Líbano, se añade una enorme catástrofe ecológica en el sur del Mediterráneo, pues tras el bombardeo por Israel de la central eléctrica de Jiyeh se vertieron al mar unas 30 000 toneladas de combustible, a lo largo de centenares de kilómetros de costa, con el peligro de que también llegue a las costas europeas. De acuerdo con las primeras estimaciones de la Organización Marítima Internacional, el coste de la limpieza superará los 50 millones de euros.

¿Piensa la Comisión pedir al Estado de Israel que remedie, a su propio cargo, la catástrofe ecológica causada por el bombardeo de infraestructuras civiles en Jiyeh, o una vez más deberá ser el pueblo quien pague por los crímenes de Israel contra la humanidad?

(EN) La Comisión se ha lamentado en varias declaraciones de los ataques israelíes contra las infraestructuras civiles durante el último brote de violencia.

La Comisión ha venido prestando ayuda a las autoridades libanesas para hacer frente a la contaminación por petróleo provocada por los bombardeos, mediante la coordinación de competencias técnicas y el seguimiento y análisis de imágenes de satélite.

No corresponde a la Comisión plantear en nombre del Gobierno libanés la cuestión de las indemnizaciones que debería realizar el Estado de Israel.

Este verano, los incendios han devastado en Grecia, en particular en la península Calcídica y en la provincia de Laconia, miles de hectáreas de bosques, decenas de viviendas y animales y cultivos. El aumento del número de incendios y de las superficies afectadas, que se han triplicado con respecto al año anterior, se debe principalmente a actos delictivos cometidos con vistas a la recalificación de zonas forestales, así como a importantes deficiencias en las medidas de prevención y los medios de lucha contra los incendios.

¿Tiene la Comisión la intención de pedir a los Estados miembros que se abstengan de tomar medidas en favor de la comercialización, la recalificación y la privatización de los bosques? ¿Está financiando medidas de identificación de los daños, de compensación y de alivio a las víctimas y de reforestación integral de las superficies quemadas? ¿Piensa apoyar las medidas destinadas a la creación de mecanismos comunes de protección de las zonas forestales y de lucha contra los incendios de bosques, así como a colmar las lagunas existentes en los medios y el personal destinados a la lucha contra los incendios?

(EN) Los Tratados comunitarios no prevén una política forestal común, ámbito que sigue siendo primordialmente competencia nacional. Otro tanto sucede con la política de uso del suelo, ya que la única legislación comunitaria en esta materia es la relativa a los lugares Natura 2000.

No obstante, la UE cofinancia las medidas de prevención de incendios forestales que llevan a cabo los Estados miembros en el marco del Reglamento «Forest Focus»⁽¹⁾ y del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Se ha creado igualmente una base de datos para recopilar todas las cifras relativas a las superficies quemadas en la UE. En vista de que el Reglamento «Forest Focus» expira a finales de 2006, sus medidas de protección forestal podrían prorrogarse mediante el nuevo instrumento financiero para el medio ambiente, LIFE+⁽²⁾.

En cuanto a las posibles ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea⁽³⁾, el Estado miembro interesado no ha presentado una solicitud a la Comisión durante las primeras diez semanas posteriores a los primeros daños. Hasta ahora (26 de septiembre de 2006) no se ha recibido tal solicitud del Gobierno griego.

Por lo que concierne a la reforestación de las superficies incendiadas, el nuevo Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural⁽⁴⁾ para el período 2007-2013 contempla una serie de medidas forestales que los Estados miembros pueden adoptar en función de sus prioridades, entre las que se encuentran medidas de prevención de incendios forestares y de restauración de los bosques dañados por incendios.

En 2001 se creó un Mecanismo Comunitario de Protección Civil cuyo objetivo es facilitar la cooperación en las intervenciones de ayuda a la protección civil en caso de grandes emergencias, como los incendios forestales, que pueden exigir una respuesta urgente. Al reunir las capacidades de protección civil de los Estados participantes, este Mecanismo puede ofrecer una mayor protección, sobre todo de las personas, pero también del entorno natural y cultural, así como de bienes. De este modo, se trata de una herramienta para que los Estados miembros suplan las posibles deficiencias de medios y personal en caso de emergencia, como los incendios forestales.

El actual período de programación de los Fondos estructurales (2000-2006), que cubre todos los Estados miembros y en especial los nuevos Estados miembros de la UE a partir de 2004, se está acabando. ¿Cómo evalúa la Comisión los resultados de los nuevos Estados miembros en la ejecución de la política estructural de la UE durante este período de programación? ¿Cuáles han sido los principales problemas y las principales realizaciones de los nuevos Estados miembros en lo que respecta a la utilización de los Fondos estructurales de la UE?

(EN) Los gastos correspondientes al actual período de los Fondos estructurales proseguirán hasta el final de 2008 y sólo entonces podrá procederse a su evaluación final, en particular en el caso de los nuevos Estados miembros, en los que la programación tan solo comenzó en 2004 y la mayoría de sus efectos se verán en el futuro.

Sin embargo, cabe señalar que todos los nuevos Estados miembros, con la excepción de Malta, superaron hace poco a los 15 antiguos Estados miembros por lo que se refiere a crecimiento del producto interno bruto. Por ejemplo, en 2005 Estonia y Letonia crecieron en torno al 10 %, mientras que la República Checa y Eslovaquia un 6 %, en comparación con la media comunitaria del 1,6 %.

La financiación comunitaria contribuye al crecimiento y la creación de empleo en los nuevos Estados miembros. En muchos de estos últimos, la asistencia de la UE se concentra en fortalecer la competitividad del sector empresarial, en mejorar el empleo y las oportunidades de trabajo y en corregir las deficiencias que presentan las infraestructuras medioambientales y de transporte.

En cuanto a la capacidad de absorción, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre los pagos provisionales, ya que en 2004 y 2005 se efectuaron sobre todo anticipos.

Por último, los resultados de una evaluación provisional muestran que los nuevos Estados miembros han hecho avances significativos por lo que respecta a la construcción de las capacidades administrativas necesarias, a pesar de la relativa brevedad de este período y la falta de experiencia en la gestión de dichos programas. El marco de gestión de los Fondos estructurales ya se encuentra bien establecido, se han creado las autoridades de gestión y pago, comités de seguimiento y órganos de ejecución, y los sistemas de gestión y control ya funcionan.

Por ello, la Comisión confía en que a medida que reciba más información esta confirme la eficacia de los Fondos estructurales para potenciar el crecimiento, la competitividad y el empleo en los nuevos Estados miembros.

¿Está recibiendo la comunidad aromana de Rumanía el mismo trato que otras minorías nacionales de la UE? ¿Qué se puede hacer para mejorar su situación?

(EN) La Comisión ha sido informada de que la población aromana no es considerada una minoría nacional en Rumanía. Esto significa que gozan de los mismos derechos que los ciudadanos rumanos.

Sin embargo, la Comisión concede gran importancia a la protección de las minorías en Rumanía y por ello sigue constantemente su situación en ese país desde que comenzó a publicar informes periódicos sobre Rumanía. En nuestra opinión, la situación general en materia de protección de las minorías ha mejorado con los años.

Desde luego, la Comisión no puede prescribir las soluciones concretas para resolver los problemas de las relaciones entre las minorías y la mayoría en Rumanía, decisión que corresponde a las autoridades rumanas. La Comisión aceptará cualquier solución positiva acordada por las partes.

Como sabe su Señoría, en el Parlamento rumano se debate actualmente un proyecto ley sobre las minorías nacionales. La Comisión considera que una solución negociada en el marco de las recomendaciones de la Comisión de Venecia sería un acontecimiento positivo, si bien sigue subrayando la importancia de que cualquier solución sea adecuada a las circunstancias internas.

Actualmente, el importe anual de los pagos directos por explotación no tiene ningún tipo de limitación. Así, las explotaciones de mayor tamaño, que podrían desenvolverse en el mercado por sí solas, perciben una parte desproporcionada de los pagos, lo que contradice los objetivos y los principios de la PAC así como el espíritu de la Estrategia de Lisboa. Así las cosas, ¿apoyaría la Comisión la implantación de un límite máximo para los pagos directos anuales, de por ejemplo 50 000 euros por explotación? Este límite afectaría únicamente al 2 % de los agricultores y permitiría ahorrar unos 8 millones de euros al año.

(EN) La posibilidad de introducir límites para los agricultores a fin de mejorar la distribución de los pagos directos entre estos fue considerada por primera vez en el momento de la introducción de dichos pagos en 1992.

Durante los debates sobre la Agenda 2000 y la revisión a medio período de 2002 se amplió esta reflexión y la Comisión propuso medidas de limitación, pero finalmente estas no formaron parte del acuerdo final.

En el contexto de las deliberaciones sobre la revisión general del presupuesto de la UE y sobre el «examen de salud» de la Política Agrícola Común (PAC) que tendrá lugar en el período 2007-2009, la Comisión volverá a examinar la posibilidad de introducir dicha limitación.

Las cifras indicativas sobre la distribución de las ayudas directas pagadas a los productores en virtud del Reglamento (CE) nº 1259/1999 correspondientes al ejercicio 2004 y el informe que las acompaña se publicaron el 4 de junio de 2006.

A partir de estos datos se puede calcular que hubo 83 060 beneficiarios que recibieron más de 50 000 euros, cifra que representa un 1,7 % de los agricultores de la UE. En total, estos agricultores recibieron 8 157 millones de euros durante el ejercicio 2004. Si se hubiese aplicado un mecanismo de limitación con el tope mencionado durante ese ejercicio, el gasto presupuestario habría sido de 4 153 millones de euros, es decir, una diferencia de 4 004 millones de euros.

Sin embargo, cabe señalar que dicho cálculo presupuestario no toma en consideración los posibles cambios estructurales que habría provocado dicha medida.