Acta literal de los debates

Martes 24 de octubre de 2006 - Estrasburgo

9. Explicaciones de voto

Informe Berger (A6-0329/2006)

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, mi cuestión de observancia del Reglamento se basa en el apartado 7 del artículo 6 y en el artículo 7 del Reglamento en relación con la inmunidad. Como no ha tenido lugar ningún debate, no habrá explicaciones de voto orales. En relación con el asunto por el que se procesa a nuestro colega el señor Borghezio –simplemente por haber escrito tras una sentencia la palabra «Vergüenza» en el pavimento, palabra que por lo demás pudo borrarse– diré simplemente, tras esta decisión hipócrita: vergüenza para el ponente, vergüenza para la Comisión, vergüenza para este Parlamento de tartufos e hipócritas que aplica una jurisprudencia de geometría variable en la defensa de la inmunidad.

Informe Chichester (A6-0348/2006)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Apoyo el informe del señor Chichester. Creo que el sistema de navegación por satélite Galileo sirve a dos objetivos vitales. En primer lugar, permitirá a la UE, con independencia de los Estados Unidos y en colaboración con sus socios, desarrollar y desplegar un sistema de radionavegación por satélite mundial que nos dotará de una capacidad autónoma en este sector. En segundo lugar, es un símbolo del compromiso de la UE de desempeñar un papel cada vez más global en los asuntos mundiales. Independientemente de las ventajas tecnológicas y materiales que aportará, esta dimensión política es vital en sí misma.

Informe Pittella (A6-0350/2006)

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar la posición expresada por la Lista de Junio el 27 de septiembre de este año.

He votado en contra de este informe porque rechaza el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3 del Consejo de Ministros. A diferencia de la mayoría de la Comisión de Presupuestos, la Lista de Junio cree que el Consejo de Ministros está plenamente facultado para redistribuir los gastos entre las diferentes instituciones de la UE en el transcurso del procedimiento presupuestario, si cree que es lo correcto.

Informe Pittella (A6-0340/2006)

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) El presupuesto rectificativo está constituido por tres elementos bien definidos que abarcan completamente ámbitos diferentes. He decidido votar en contra de todo el paquete tal como se ha presentado.

Cuando se trata de la suma total de 259 millones de euros que hay que asignar a modo de ayuda financiera para alentar el desarrollo económico en el seno de la comunidad turcochipriota, se plantea la pregunta siguiente: ¿existe ya una solución global concebida para promover un desarrollo pacífico y estable en Chipre en una época en que la UE se está involucrando en esta situación y contribuyendo con recursos financieros considerables en Chipre?

Con respecto a la asignación para el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, ya consta en acta que la Lista de Junio se muestra escéptica en lo que se refiere a todo el proyecto.

Con respecto a los ajustes presupuestarios tras la modernización del sistema contable, se trata más bien de una cuestión técnica, incluso si soy escéptica sobre las actividades globales del Fondo Europeo de Desarrollo.

Informe Morgantini (A6-0310/2006)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con agrado este informe. Respalda la propuesta de la UE de una asociación estratégica con Sudáfrica que es amplia y avanza hacia una verdadera cooperación política con la potencia política más significativa y con la economía más sólida del África subsahariana, que representa el 50 % del PIB de la región.

Aunque el informe alaba los progresos realizados en la Sudáfrica de después del apartheid a la hora de consolidar una democracia parlamentaria operativa, así como los avances económicos realizados por un país en desarrollo de renta media y líder de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, se centra también en la necesidad de abordar los considerables retos sociales a los que todavía se enfrenta el país. Entre estos retos se incluyen la incidencia particularmente elevada del VIH/sida (el 18,8 % de la población está actualmente infectada) y unas tasas de desempleo de más del 40 %.

Apoyo plenamente el llamamiento que hace el informe a abordar el problema del VIH/sida como una prioridad para el desarrollo económico, así como su insistencia en la asociación estratégica como garante de un marco único en el que los instrumentos de cooperación vigentes de la UE pueden mejorar la situación en beneficio de la población y la economía de Sudáfrica.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) La Unión Europea es el primer socio comercial de Sudáfrica y el mayor donante de ayuda al desarrollo a este país.

La economía sudafricana representa el 50 % del PIB del África subsahariana; este país es un motor de desarrollo para África y una potencia política que trabaja por la paz en las regiones de África en conflicto.

Por esta razón, me parece indispensable que hoy, doce años después del final del apartheid, el Parlamento Europeo apoye el establecimiento de una asociación estratégica con Sudáfrica.

El informe insiste en la lucha contra el sida. Cita asimismo medidas encaminadas a impulsar el relanzamiento económico y a combatir las desigualdades sociales, y se refiere a la integración y el apoyo a los intercambios, así como a los incentivos a la inversión extranjera. Pide a Sudáfrica que ejerza su influencia para alentar una solución pacífica a la crisis política de Zimbabue.

Una nueva crisis económica, social, sanitaria o política tendría una repercusión considerable en toda África austral, así como en Reunión, que mantiene muchos lazos económicos y culturales con Sudáfrica. Si este acuerdo es importante para Europa, es vital para Reunión, pues solo saldremos ganando con la estabilidad de nuestro vecino y socio sudafricano.

Informe Isler Béguin (A6-0288/2006)

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, con respecto al informe de la señora Isler Béguin relativo al instrumento financiero para el medio ambiente, deseo manifestar mi enorme preocupación por el medio ambiente, que afecta a los jubilados de Italia. He votado a favor del informe, pero habría votado mucho más gustoso si esta directiva, además de proteger el medio ambiente, protegiese también a los jubilados italianos.

Aprovecho la ocasión para protestar contra el Gobierno de centro-izquierda del Presidente Prodi, que ha presentado una enmienda al apartado 6 del artículo 85 de la ley presupuestaria, con la que sustrae a 500 000 trabajadores italianos que trabajaron en Suiza ni más ni menos que las tres cuartas partes de la pensión que les corresponde con arreglo a las sentencias del Tribunal de Casación. Un ambiente en el que se priva a los jubilados del derecho a una pensión justa no es saludable.

  Liam Aylward (UEN), por escrito. (EN) LIFE ha demostrado ser desde 1992 una política ambiental de la Unión Europea de valor incalculable. Ahora tenemos una oportunidad de que LIFE + sea aún más útil, en particular para los Estados miembros más pequeños y más nuevos, que podrían recibir un reparto presupuestario más equitativo durante el período 2007-2013 de 2 000 millones de euros. Apoyo plenamente la propuesta del Consejo de delegar la ejecución del 80-85 % del presupuesto en agencias nacionales y, por ende, he votado en contra de este informe.

Por ejemplo, el importe total destinado a Irlanda en el programa es de 25 millones de euros. Pero esta financiación podría doblarse con instrumentos de cofinanciación hasta 50 millones de euros. Entre los proyectos ambientales de Irlanda que podrían beneficiarse al amparo del programa septenal se incluyen iniciativas de prevención, reducción y reciclaje de residuos, desarrollo de tecnologías innovadoras con beneficios ambientales positivos, campañas de sensibilización ambiental locales y regionales y el desarrollo de zonas especiales de conservación.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Posición Común del Consejo, a la que se refiere este informe, es sustancialmente diferente de la propuesta original de la Comisión en 2004. Quiero destacar la inclusión del componente «Naturaleza y biodiversidad», cuyos objetivos incluyen el apoyo de un mayor desarrollo y aplicación de la red Natura 2000, inclusive en relación con las especies y los hábitats marinos y de la costa y, lo que es más importante, poner freno a la pérdida de biodiversidad en la Comunidad Europea de aquí a 2010. La inclusión de este componente en el Programa LIFE+ coincide con la posición aprobada por el Parlamento en primera lectura en julio de 2005, y es algo que agradecemos.

A pesar de que hemos votado a favor del programa y de sus objetivos, estamos obligados a expresar nuestra decepción de que los recursos presupuestarios asignados para el Programa LIFE+, que abarcan el periodo que va del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013, sean deplorablemente insuficientes, debido al decepcionante acuerdo sobre el Marco Presupuestario para 2007-2013. No alcanzan la evaluación efectuada por la propia Comisión, que, no olvidemos, valoró las necesidades de la red Natura 2000 en 6 100 millones de euros, es decir, 3 000 millones de euros al amparo de la cofinanciación. Tampoco alcanzan la cantidad propuesta por la Comisión en 2004. La garantía de cofinanciación de la red Natura 2000 a través de los Fondos Estructurales no permitirá satisfacer todas sus necesidades.

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. (PT) El Programa LIFE+ y sus predecesores son el principal instrumento de financiación para los proyectos relativos al medio ambiente de la UE.

El Consejo ha actuado de manera equivocada y sin sensibilidad al reducir sustancialmente la cantidad presupuestada. El Parlamento ha vuelto a introducir el importe que se había acordado en un principio, de acuerdo con las perspectivas financieras, para la financiación de la red Natura 2000, cuyo objetivo es la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Se ha introducido una enmienda cuyo objeto es asegurar que los fondos europeos asignados al medio ambiente no se utilicen para otros fines relacionados con el Programa LIFE+, como pueden ser los gastos en recursos humanos, debido a que los Estados miembros quieren tener un equipo de gestión de proyectos, en vez de la gestión habitual por personal en comisión de servicios.

También existe una enmienda de compromiso que establece que, en caso de no alcanzar un acuerdo en segunda lectura, se adoptarán medidas para garantizar que continúe la financiación de los proyectos en curso.

Para Portugal, este informe es muy importante debido a que gran parte del territorio y de las zonas periféricas forman parte de la red Natura 2000, cuya financiación se establece en este informe.

Por lo tanto, los diputados socialdemócratas portugueses al Parlamento Europeo apoyan el informe Isler Béguin.

  Caroline Jackson (PPE-DE), por escrito. (EN) Aunque yo creo que la financiación a través de LIFE ha sido muy útil, el problema ha sido el exceso de demanda sobre la oferta y la dificultad de supervisar lo que está ocurriendo porque ello implica realizar pagos muy pequeños a un elevado número de proyectos y este informe no aborda estas cuestiones.

En 2003, el Tribunal de Cuentas examinó el programa LIFE y descubrió que las cuentas de los beneficiarios económicos no eran suficientemente transparentes y detalladas. Asimismo, se descubrió que el dinero de LIFE estaba relacionado con grandes compras de terreno que no ofrecían suficientes garantías de que esos terrenos siguieran utilizándose para la conservación de la naturaleza una vez finalizado el período de ejecución las acciones. El Tribunal preguntó si la Comisión había establecido un sistema de gestión apropiado.

La respuesta es que, tal y como está organizado actualmente el fondo, la Comisión no puede hacerlo. Por tanto, es perfectamente aceptable y razonable que se devuelva la gestión a los Estados miembros. Esto no significa que los programas ambientales vayan a verse perjudicados por la retirada del dinero de LIFE, sino que el dinero podrá gastarse mejor y supervisarse con mayor transparencia.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de las enmiendas a la posición común sobre LIFE +. Me preocupa en particular la exigencia de una asignación del 55 % de fondos para la naturaleza y la biodiversidad. A pesar de la importancia de estos ámbitos, semejante exigencia limitaría la capacidad de los Estados miembros para asignar fondos a proyectos que abordan sus propias prioridades ambientales, como el cambio climático.

Informe Hieronymi (A6-0337/2006)

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar el rechazo de la Lista de Junio en primera lectura de septiembre de 2005.

La pregunta que nos tenemos que formular es la siguiente: ¿tiene la UE que abordar cuestiones de índole política de esta naturaleza o entran en el ámbito de competencia de los Estados miembros? La respuesta de la Lista de Junio está clara: es un asunto que atañe a los Estados miembros.

Si los Estados miembros quieren invertir recursos adicionales en el fomento de sus industrias cinematográficas nacionales, evidentemente, tienen todo el derecho de hacerlo así. La UE, por otro lado, no debe desarrollar programas especiales para promover la industria cinematográfica europea. Si un gran número de países de la UE cree que es necesario cooperar en este ámbito político, pueden hacerlo sin la interferencia de la UE.

La cooperación o los acuerdos intergubernamentales entre empresas cinematográficas pueden tener lugar fuera del marco de la UE.

La EU no tiene por qué promover proyectos exhaustivos y costosos. En vez de ello, conviene que la UE se esfuerce en una cooperación específica en cuestiones auténticamente transfronterizas y significativas.

Informe Graça Moura (A6-0343/2006)

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, he votado en contra del informe del señor Graça Moura debido a que, en primer lugar, el enfoque que subyace al Programa Cultura 2007-2013, en concreto, que solo hay que subvencionar las redes culturales en su inicio y que, posteriormente, deben autofinanciarse, va en contra de su carácter no comercial y va en contra de la sostenibilidad de las subvenciones de ayuda concebidas por la UE.

Este programa cultural también formula el diálogo intercultural en términos abstractos, por lo que este objetivo bien podría referirse a todo o nada, y la transparencia, por lo tanto, está descartada; esta es otra razón por la que he votado en contra de este informe.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, agradezco al señor Romagnoli su apoyo técnico para que yo pueda presentar esta declaración de voto sobre el informe del señor Graça Moura por el que se establece el programa Cultura.

He votado a favor confiando en el futuro de esta Unión Europea, pero deseo subrayar que no hay cultura si en Italia el Gobierno de socialistas y comunistas del Presidente Prodi ha decidido, con el apartado 6 del artículo 85 de la ley presupuestaria, sustraer una parte de la pensión a 500 000 jubilados italianos que trabajaron en Suiza, ignorando la sentencia del Tribunal de Casación, según la cual esos jubilados tendrían derecho a percibir una pensión cuatro veces superior. No es justo y espero que «cultura» signifique también respeto por los derechos de los jubilados.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) Las cuestiones culturales son, por supuesto, muy importantes. La Lista de Junio considera que son los Estados miembros quienes, en principio, deben adoptar la política cultural. No obstante, por lo que respecta al patrimonio cultural europeo, podría estar justificado para ciertos asuntos que se abordara en el ámbito comunitario. Sin embargo, creemos que los créditos asignados a este Programa Cultura han sido demasiado liberales, dado que se trata de una actividad que es, esencialmente, responsabilidad de los Estados miembros.

Por lo tanto, he votado en contra de las enmiendas de este informe.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) Quiero felicitar al señor Graça Moura por la posición que ha presentado en segunda lectura sobre la Posición Común del Consejo para la aprobación de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Cultura 2007-2013.

Quiero expresar mi apoyo, en particular a la enmienda a la Posición Común con respecto a la ayuda financiera para las medidas mencionadas en la letra d) del apartado 2 del artículo 8 de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Cultura 2007-2013.

Informe Papadimoulis (A6-0286/2006)

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe del señor Papadimoulis es ligeramente diferente de los anteriores, porque en él se habla de la institución del mecanismo comunitario de protección civil.

He votado a favor, aunque habría preferido que el informe no solo contemplase la protección civil, sino también la protección de los jubilados. Me refiero a los jubilados italianos, que deben ser protegidos del Presidente del Consejo italiano Prodi y de su mayoría socialista-comunista, que han decidido, con el apartado 6 del artículo 85 de la ley presupuestaria, sustraer a 500 000 jubilados italianos que trabajaron en Suiza, ni más ni menos que tres cuartas partes de su pensión. Esta decisión viola las sentencias del Tribunal de Casación, que obligan al Gobierno italiano a pagar a esos jubilados la pensión que se merecen.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) El mecanismo de protección civil se creó hace cinco años para facilitar la movilización y coordinación de recursos de protección civil en caso de emergencias tanto dentro como fuera de la UE. En 2005, más de diez países activaron este mecanismo de respuesta de emergencia.

Esta propuesta pretende fortalecer el mecanismo basándose en la experiencia adquirida desde 2001, para establecer un fundamento jurídico para la futura actuación comunitaria en el ámbito de la protección civil y fortalecer el instrumento de preparación y reacción en caso de emergencia.

Este informe incluye la dimensión de la «salud pública» en la protección civil. También hace hincapié en la importancia de la solidaridad entre los Estados miembros y en un sistema europeo de control más efectivo. Por otro lado, aborda la cuestión de una gestión y utilización efectivas de las tierras en la prevención de catástrofes y el uso de activos militares para prevenir y luchar contra las situaciones de emergencia.

Este mecanismo es de importancia vital para Europa en su conjunto, pero en particular para Portugal, país que cada año sufre la devastación causada por la sequía y los incendios, lo que entra en el marco del mecanismo propuesto.

Por lo tanto, los diputados socialdemócratas portugueses al Parlamento Europeo apoyan el informe del señor Papadimoulis.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) A pesar de algunas reservas, acogemos con gran satisfacción el informe que hoy se ha aprobado y que está dirigido a que la respuesta de la UE y de los Estados miembros en caso de emergencia sea más coherente y eficaz.

Sabemos que el principal objetivo de la protección civil es prevenir los riesgos colectivos y los accidentes o catástrofes graves que se derivan de ellos. De ahí la necesidad de minimizar estos riesgos colectivos y paliar el impacto en caso de emergencia, para rescatar y prestar asistencia a las personas y otros seres vivos, para proteger los activos culturales y ambientales de interés público de mayor importancia, y ayudar a las personas afectadas a que vuelvan a su vida normal.

Por consiguiente, acogemos con satisfacción la posibilidad de invertir en estudios, formación, prevención y supervisión, así como en el fomento de un intercambio de experiencias para aprender de experiencias previas, tanto positivas como negativas, y rectificar cualquier deficiencia.

También respaldamos la creación de una red de comunicaciones de emergencias, específica y adecuada; el despliegue de campañas de información exhaustiva, y la adopción de iniciativas educativas y de sensibilización destinadas a los ciudadanos y, en particular, a los miembros más jóvenes de la sociedad.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe.

La prevención constituye un elemento fundamental de la reducción de riesgos, pero no puede evitar todas las catástrofes. Por ello, ante situaciones de emergencia, la Unión Europea no debe basarse en la improvisación.

«El defecto habitual del hombre es no prever la tormenta cuando hace buen tiempo», decía Maquiavelo. La Unión Europea debe quitarle la razón.

Antes de cualquier plan de acción, es importante elaborar un inventario de los medios materiales y humanos existentes. A partir de esos elementos se perfilará la coordinación indispensable entre los Estados miembros, tanto para hacer frente a una catástrofe como para asegurar una mayor visibilidad de la acción europea sobre el terreno.

Es igualmente fundamental no perder tiempo y proyectar nuevas instalaciones en lugares que sabemos que están en riesgo, en especial de incendio e inundación.

La protección del individuo y la solidaridad entre Estados son principios fundamentales de la Unión Europea. Por ello, no comprendo las resistencias del Consejo al desarrollo de estas acciones de protección civil, por no hablar de la creación de una fuerza especial comunitaria.

Sí, la responsabilidad inicial en materia de protección civil incumbe a los Estados miembros, pero no se habla aquí de no tenerla en cuenta.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Jens Holm y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (SV) Apreciamos la propuesta de la Comisión de mejorar el mecanismo de protección civil introducido en 2001. Europa, al igual que el resto del mundo, está azotada por todo tipo de catástrofes y crisis, y está claro que es deseable establecer una coordinación intensiva para responder a estos sucesos. Por desgracia, nos hemos visto obligados a observar que tanto la propuesta de la Comisión como el informe del señor Papadimoulis se refieren explícitamente a que los recursos militares estén disponibles para llevar a cabo actividades de protección civil. Nos oponemos categóricamente a todas las formas de iniciativas que tengan que ver con la cooperación militar en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, hemos optado por abstenernos en la votación final de hoy del informe del señor Papadimoulis y votamos en contra de la propuesta de la Comisión.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El desarrollo de mecanismos sólidos y suficientes para prevenir y tratar las catástrofes naturales es fundamental para la protección, asistencia y ayuda de las víctimas de estas catástrofes y para resolver las catástrofes ambientales.

En Grecia, la deficiencia de este tipo de mecanismos volvió manifestarse durante las últimas inundaciones ocurridas en varias zonas. En particular en la estrategia para prevenir las catástrofes y la restauración de los daños (protección contra inundaciones, reforzamiento contra los terremotos) y la prestación de ayuda a las víctimas, la política del Gobierno griego presenta deficiencias delictivas.

Un mecanismo de protección civil transnacional podría ayudar a abordar las catástrofes naturales. Sin embargo, no puede ni debe sustituir la ampliación y fortalecimiento de mecanismos independientes en los Estados miembros.

De la misma manera, los mecanismos de protección civil no pueden funcionar de manera que encubran responsabilidades por causar deliberadamente catástrofes ambientales. La creación de mecanismos que se comprometan a ocuparse de las catástrofes debidas a la acción deliberada o a la negligencia (como se ha propuesto) da incluso un margen más amplio para que las empresas actúen de manera irresponsable, con consecuencias desastrosas para el medio ambiente y la salud pública.

Ante todo, no obstante, el establecimiento de mecanismos para responder a las «acciones terroristas» no se puede aceptar. La práctica durante los últimos años confirma que la lucha contra el «terrorismo» ha sido concebida para reprimir y dirigir el movimiento popular, el movimiento de clases y sindicalista. La «prevención del terrorismo», con mecanismos de seguimiento, que se propone reforzar, da lugar a más restricciones de los derechos democráticos fundamentales.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque creo que, dado el coste en vidas humanas, pérdidas económicas y lesiones personales de las «catástrofes» en los Estados miembros, tiene sentido hacer un fondo común de recursos y de este modo intentar conseguir economías de escala en ámbitos como la logística y el transporte.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) Como es sabido, en Europa la protección civil en relación con las catástrofes naturales es competencia de los Estados miembros. Por desgracia, en algunos de ellos se registran preocupantes retrasos y un aire de indiferencia debido a la falta de coordinación.

Precisamente por esta razón, propongo desde hace años la creación de una agencia europea de protección civil, con la tarea de homogeneizar las distintas legislaciones nacionales y que sea competente no solo para la prevención y la previsión del riesgo, sino también para la gestión de emergencias.

En efecto, es curioso que tanto en la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves, como en la propuesta de decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo comunitario de protección civil no se tiene en cuenta plenamente y como es debido el conjunto de las actividades encaminadas al estudio y la determinación de las causas de los fenómenos catastróficos, la identificación de los riesgos y la definición de las zonas del territorio más vulnerables a dichos riesgos –en otras palabras, la «anticipación» de los riesgos–, a pesar de constituir una actividad fundamental para afrontar de forma eficaz las catástrofes naturales.

Dicha Agencia, creada según el modelo de la Federal Emergency Management Agency de los Estados Unidos, no solo debería reparar los daños causados por las catástrofes naturales, sino también y sobre todo financiar las intervenciones para eliminar o reducir de forma preventiva las causas de dichas catástrofes.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Estoy en contra de la propuesta de la Comisión según la cual los Estados miembros tienen que utilizar las capacidades militares respectivas. No obstante, un centro de coordinación para prestar asistencia en dirigir a helicópteros de lucha contra incendios a los lugares donde sean más necesarios en un momento dado, es una idea sensible y rentable. Asimismo, cuando se producen catástrofes importantes, hay una gran falta de prevención altamente eficaz de siniestros causados por los incendios y, por lo tanto, sería muy positivo si pudiéramos obtener ayuda recíproca rápidamente en este tipo de situaciones. Esta es precisamente la clase de cooperación que la UE ha de asumir. Voto a favor del informe.

- Propuesta de resolución: B6-0529/2006

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, ¿cómo puede haber transparencia en Europa cuando, en uno de los 25 Estados miembros, es decir, Italia, 500 000 jubilados que trabajaron en Suiza y regresaron a Italia perciben unas pensiones equivalentes al 25 % del importe que perciben los trabajadores italianos que trabajan en Italia?

Es cierto que Suiza todavía no forma parte de la Unión Europea, pero forma parte del Espacio Económico Europeo. Estaría bien que un Estado miembro de la Unión Europea se comportarse correctamente con aquellos de sus ciudadanos que trabajaron en el extranjero y tienen derecho a la misma pensión que los ciudadanos residentes.

Informe Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0307/2006)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hablando también en nombre de la delegación del Partido Popular austriaco, permítame que diga que hay varias razones por las que he votado en contra de este informe. Una es la demanda que contiene para que a las personas que han entrado en la Unión Europea de forma ilegal se les concedan los mismos derechos –o incluso más– que a los inmigrantes legales en lo que se refiere a aspectos como el derecho de alojamiento, prestaciones familiares, asistencia sanitaria y el acceso a las instituciones educativas. El informe también insiste en nuevos motivos para la concesión de asilo, como por ejemplo, a una persona que haya sido forzada a contraer matrimonio o que haya aceptado lo que se denomina un matrimonio convenido. Ceder a estas demandas no hará nada por resolver los problemas, sino que en vez de ello creará otros nuevos, ya que medidas como esta lo que provocan, en realidad, es un efecto llamada, atrayendo a todavía más inmigrantes ilegales.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe Kratsa-Tsagaropoulou y quiero explicar por qué. Si solo hablamos de las mujeres que han emigrado legalmente, entonces tendremos que ayudarles a familiarizarse con nuestro sistema de normas y valores, a integrarse y también ayudar a sus familias a hacerlo. En particular, los conflictos surgen con la segunda o tercera generación de inmigrantes, que –como hemos aprendido de la experiencia francesa –pueden dar lugar a actos de violencia que pueden incluso llegar a ser inevitables. Sin embargo, cueste lo que cueste, tenemos que evitar que se produzcan en primer lugar problemas con motivaciones culturales y religiosas como los matrimonios forzados, crímenes de honor y mutilación genital. Hay que poner fin y sin demora a las reunificaciones familiares en las que se vean implicadas segundas, terceras o cuartas esposas, ya que esto va en contra de la prohibición, habitual en Europa, de la bigamia. Puesto que el informe no recoge este requisito, he votado en contra.

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe Kratsa-Tsagaropoulou, ya que considero que diluye la línea divisoria entre la inmigración legal y la ilegal, no realiza una distinción clara entre nuestras posiciones sobre las dos y, en última instancia, constituye un incentivo positivo para la inmigración ilegal. Creo que se trata de un error político y que estaríamos enviando un mensaje equivocado. Es necesario organizar y regular mejor la inmigración legal y luchar contra cualquier otra forma de la variedad ilegal. Al final, creo que deberíamos solucionar los problemas que existen sobre el terreno en los países en desarrollo e implicarnos más directamente de lo que lo hemos venido haciendo hasta la fecha, si queremos eliminar los problemas humanos, económicos, sociales y religiosos.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, les deseo buen provecho, porque creo que es la última declaración de voto de hoy. He votado a favor del informe Kratsa-Tsagaropoulou sobre el papel y la situación de las mujeres inmigrantes en la Unión Europea.

También en este caso habría preferido que en el informe figurase algo sobre la situación de las cerca de 260 000 mujeres italianas que emigraron a Suiza para trabajar y mantener a sus familias y que, de vuelta en Italia, perciben una pensión equivalente al 25 % del importe que habrían percibido si hubieran trabajado en las mismas condiciones en Italia, y ello a pesar del acuerdo mutuo entre Italia y Suiza.

Creo que no es correcto comportarse de este modo con las mujeres en general y, en particular, cuando se trata de mujeres ancianas y jubiladas. ¡Vivan los jubilados!

  David Casa (PPE-DE), por escrito. (EN) Aunque todos estamos de acuerdo en que hemos de esforzarnos por lidiar con la difícil situación de los inmigrantes ilegales y en que esas personas desgraciadas deben recibir el trato digno que merece todo ser humano, no debemos olvidar que la entrada de extranjeros irregulares en nuestros países está causando grandes quebraderos de cabeza a las autoridades, especialmente en los países mediterráneos. Por tanto, me parece que sería más inteligente modificar la normativa Dublín II antes de comprometernos a algo que puede venirnos demasiado grande.

Estamos obligados a ello, no solo si tenemos en cuenta la situación en que se hallan nuestros centros de acogida y la presión que ejercen en nuestros países, sino también por el respeto a los propios inmigrantes. No deberíamos darles falsas esperanzas. Me parece que deberíamos poner nuestra casa en orden antes de ofrecer algo de lo que en estos momentos no estoy seguro que podamos garantizar. Exhorto por enésima vez a todos los implicados a que cojan el toro por los cuernos y hagan un verdadero esfuerzo por modificar Dublín II.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. – (SV) Los conservadores suecos hemos votado hoy a favor del informe sobre la inmigración femenina.

Los derechos fundamentales de los inmigrantes deben ser respetados y no deberían depender del sexo ni de la pertenencia a un grupo específico dentro de la sociedad. Apoyamos una gestión conjunta de la política migratoria, que es una ampliación natural de la cooperación en el marco del Acuerdo de Schengen. Por otro lado, nos oponemos a una política común de integración, porque este ámbito lo abordan mejor los propios Estados miembros.

También estamos en contra de la introducción de registros de mutilación genital femenina, ya que esto representaría una intrusión en la intimidad que no podemos apoyar.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Se sabe que la inmigración femenina aumentará constantemente en la Unión Europea, representando cerca del 54 % del total de inmigrantes. Los motivos pueden ser de distinta clase, entre ellos la migración económica, la reunificación familiar y la búsqueda de refugio y asilo. A menudo, las mujeres se enfrentan a numerosas dificultades y formas de discriminación. Por tanto, hay que reforzar los mecanismos de apoyo público, particularmente las estructuras y los servicios sociales.

Es particularmente importante que se apliquen los convenios internacionales, especialmente el relativo a la reunificación familiar. Los derechos humanos de las inmigrantes –incluido el acceso a la educación para sus hijos, el derecho a prestaciones familiares y el derecho a asistencia sanitaria– también tienen que estar garantizados, independientemente de que se encuentren en situación de legalidad o ilegalidad. En cualquier caso, creemos que las inmigrantes que llegan a un Estado miembro de la UE al abrigo de la reunificación familiar deben tener la oportunidad de tener un estatuto legal independiente del cónyuge lo antes sea posible.

También consideramos que las inmigrantes y los jóvenes deberían poder residir en un Estado miembro y deberían conseguir toda la ayuda que necesitan, especialmente las que han sufrido violencia física y mental, incluida la práctica de los matrimonios forzosos o concertados.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) El informe dedicado a las mujeres inmigrantes es pavoroso. En efecto, las situaciones que pinta (ausencia de estatuto personal, explotación, mutilaciones, crímenes de honor, etc.) son una terrible constatación del fracaso de las políticas de inmigración e integración. Tiende a demostrar que la población inmigrante quiere perpetuar sus prácticas y costumbres en la Unión Europea, pese al hecho de que algunas de ellas son contrarias a nuestras leyes y valores. Olvida mencionar que las propias mujeres inmigrantes, o procedentes de la inmigración, conceden más valor al respeto de sus tradiciones que a las leyes, y que por tanto distan mucho de ser, como ingenuamente piensa la ponente, un factor de integración para sus hijos.

Olvida asimismo que el matrimonio de un nacional de origen no europeo con una persona procedente de su país de origen se ha convertido, en Francia y sin duda en otros países de la UE, en la primera causa de inmigración, por delante de la reagrupación familiar. Esos matrimonios, cuando son de conveniencia, constituyen una fuente de inmigración ilegal. Cuando no lo son, son la prueba de que, a pesar de su nacionalidad sobre el papel, uno de los cónyuges no está integrado ni mucho menos.

Si seguimos por esta vía, no haremos sino reforzar la guetoización de nuestras sociedades y el riesgo de enfrentamientos entre comunidades.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio ya ha indicado en otras ocasiones que la UE es una unión de valores. A la luz de esto, he optado por apoyar las formulaciones que dejan claro que todos los grupos en la sociedad deberían tener los mismos derechos.

La Lista de Junio apoya que se diseñen medidas constructivas para lograr una mayor integración de los grupos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, consideramos que son los Parlamentos nacionales y las autoridades regionales los que deberían, básicamente, abordar esta acuciante cuestión. Soy crítica con la tendencia general por la que todas las instituciones de la UE intentan ampliar su influencia y competencia cada vez en más áreas. Es importante que tracemos una línea divisoria entre lo que se decide en la UE y lo que se decide a escala nacional y local.

  Marine le Pen (NI), por escrito. – (FR) Este informe ha perdido totalmente los estribos al combinar todas las fantasías de la izquierda y de los verdes. Algunos ejemplos entre tantos otros: en el apartado 7 se pide a los Estados miembros que concedan a las mujeres inmigrantes que se hallan en situación ilegal y cuyos hijos estén escolarizados el derecho a prestaciones y subsidios familiares. En el apartado 10 se propone simplificar los procedimientos de concesión de permisos de residencia. Por último, en el apartado 17 se propone animar a las mujeres inmigrantes a participar más activamente en la vida social y política de los países de acogida.

Evidentemente, se hace todo por transformar como por arte de magia una cosa que es un problema –a saber, la inmigración ilegal– en algo que está bien, es moral y humanista: la inmigración legal.

Ni una palabra sobre la adopción de políticas de retorno al país de origen de los inmigrantes ilegales, ni una palabra tampoco sobre la posibilidad de aplicar una política coherente y eficaz de ayuda al codesarrollo en esos países, para que cese el éxodo creciente, procedente en particular de los países de África.

Nada, solo la voluntad afirmada de principio a fin de este informe de acoger a cada vez más inmigrantes y darles cada vez más derechos.

Informes como este no ayudan a construir Europa. Más bien destruyen a Europa.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado en contra de este informe en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género porque considero que los apartados 6 y 7 son inaceptables e inadmisibles. En efecto, soy de la opinión de que el acceso a las prestaciones familiares y la asistencia sanitaria a toda persona en situación no legal constituye un incentivo para la inmigración masiva, lo cual es inaceptable a la vista de los problemas de inmigración a los que ya nos enfrentamos.

Además, un aumento de la inmigración ilegal acarrearía una nueva degradación de las condiciones en que se encuentran los inmigrantes. La Unión Europea no puede adoptar un informe que alienta el trabajo de los traficantes e induce a buen número de mujeres a arriesgar su vida para emigrar clandestinamente a Europa con la sola esperanza de poderse beneficiar de las ayudas sociales.

Sin embargo, quisiera resaltar que soy una firme defensora de los derechos de la mujer. Considero que los esfuerzos realizados en el marco de este informe por garantizar los derechos fundamentales de las mujeres inmigrantes son loables, pero hay que evitar todo lo que pueda generar efectos negativos que de hecho hagan aún más difícil la situación de esas mujeres.

  Lydia Schenardi (NI), por escrito. – (FR) Estudios, estadísticas, informes, evaluaciones… Con el apoyo del Parlamento, la Comisión Europea se ha lanzado desde hace unos meses al análisis de la situación social, profesional, política, económica y familiar de las mujeres inmigrantes en los países de acogida. Todo esto está muy bien, pues hoy existen pocos datos fiables utilizables en este ámbito, aunque todos sabemos que las mujeres, y en especial las mujeres musulmanas, sufren todo tipo de discriminación.

No obstante, lo que me preocupa de este informe es que defiende los derechos de mujeres inmigrantes que han entrado ilegalmente en el territorio europeo. Derecho de voto, derecho a subsidios familiares y de vivienda, derecho a permanecer en el territorio de acogida, etc. El informe enumera y preconiza un paquete de derechos, pero curiosamente no se dice ni una palabra sobre la política de retorno al país de origen o incluso sobre una política de ayuda al codesarrollo de todos esos países, muy a menudo africanos, proveedores de la inmigración en Europa.

Europa no cesa de acoger de forma indiscriminada. En realidad, Europa transforma lo que juzga inaceptable, a saber, la inmigración ilegal, en algo que juzga humanista y moral, es decir la inmigración legal con fines demográficos.

Informe Casaca (A6-0303/2006)

  James Elles (PPE-DE), por escrito. (EN) Es un informe importante, gran parte del cual merece ponerse en práctica. Urge tomar medidas para mejorar los índices de recuperación. Sin embargo, mis colegas, los conservadores británicos, y yo no podemos apoyar el informe en general porque no aceptamos en principio que la solución a largo plazo de muchos de los problemas en este terreno sea la creación de un Fiscal Europeo, una idea reiterada en este informe (apartados 43-45).

Un Fiscal así supondría una interferencia inaceptable en la responsabilidad constitucional de los Estados miembros con respecto a sus sistemas judiciales. Además, como existe una amplia oposición a su introducción, hacer hincapié en su necesidad es una forma peligrosa de desviar la atención de los verdaderos problemas. Por este motivo no podemos más que abstenernos en la votación final.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La recuperación de los fondos comunitarios utilizados indebidamente debe investigarse teniendo en cuenta cada situación y requiere, de hecho, una mayor atención por parte de los Estados miembros.

A este respecto, quiero destacar el ejemplo de la deslocalización de empresas que durante años han disfrutado de fondos comunitarios o las situaciones en que está en juego la salud pública en uno o varios Estados miembros. La cooperación entre los diferentes Estados y organismos debería facilitar y mejorar una rápida recuperación de las cantidades en cuestión y evitar que las empresas u organizaciones implicadas sigan disfrutando de financiación comunitaria.

Esta es una causa válida, pero nos oponemos a que se utilice para lanzar otro intento de avanzar hacia el federalismo; el informe propone la creación de un ministerio público y un fiscal público a escala de la UE, lo que constituiría otro paso atrás en la soberanía de los Estados miembros.

  El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.