Acta literal de los debates

Miércoles 25 de octubre de 2006 - Estrasburgo

12. Exportación de residuos tóxicos a África - Protección del medio ambiente por medio del Derecho penal (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de

la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la exportación de residuos tóxicos a África.

la pregunta oral al Consejo del señor Florenz en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la protección del medio ambiente: lucha contra la delincuencia y sanciones penales (O-0067/2006 B6-0438/2006) y

la pregunta oral a la Comisión del señor Florenz en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la protección del medio ambiente: lucha contra la delincuencia y sanciones penales (O-0068/2006 B6-0439/2006)

  Paula Lehtomäki, Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, Señorías, el Consejo está muy preocupado por el desastre ambiental que salió a la luz hace un tiempo en Costa de Marfil en relación con el buque Probo Koala. Como país que ostenta la Presidencia del Consejo, Finlandia cree que es muy importante que se estudie a fondo ese lamentable incidente. Una vez más el mundo adquiere conciencia de la grave amenaza que implica trasladar los residuos a los países en desarrollo. Es un problema que tiene que abordarse mediante una acción decidida. La Unión Europea ha declarado que, con la colaboración de los Estados Unidos, está dispuesta a ayudar a proteger la salud humana y el medio ambiente allá donde los efectos del incidente sean particularmente graves.

Los recientes acontecimientos de África Occidental también nos han recordado cuán importante es aplicar los acuerdos sobre los movimientos transfronterizos de desechos y supervisar con eficacia la gestión de los residuos. Se trata esencialmente del Convenio de Basilea y la enmienda presentada al mismo en 1995, el Convenio Marpol para prevenir la contaminación por los buques, y los acuerdos locales para la conservación marítima. La enmienda al Convenio de Basilea prohibía la exportación de residuos peligrosos de países de la UE y la OCDE, así como de Liechtenstein, a otros países. Por supuesto, es igual de importante controlar el cumplimiento de esos acuerdos.

La octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación se celebrará a finales de noviembre en Nairobi. En la actualidad el Consejo está preparando la postura de la Unión Europea en esta conferencia en relación con todos los temas de la agenda. Esos temas incluyen los movimientos ilegales de residuos, la descarga de buques, la financiación del acuerdo, las sinergias entre residuos y grupos químicos y el seguimiento del plan estratégico para aplicar el Convenio.

Una parte de este trabajo de preparación adoptó la forma de un amplio debate en el Consejo de Medio Ambiente del 23 de octubre, es decir el penúltimo día, al final del cual el Presidente expresó sus conclusiones sobre los preparativos de la UE para la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea. Se adopta la postura de que es importante intervenir con decisión y eficacia en los movimientos transfronterizos ilegales de residuos peligrosos.

Es importante que, además de los países que ya han ratificado la enmienda sobre la prohibición de exportar residuos peligrosos, hagan lo mismo tantos otros países como sea posible, de modo que pueda entrar en vigor en todo el mundo lo antes posible. Como saben, la prohibición ya está en vigor en todos los Estados miembros de la UE porque se implementó en su totalidad con el Reglamento sobre el transporte de residuos. Casi todos los países de la UE también han ratificado la enmienda.

El Reglamento de la UE reformado sobre el transporte de residuos, que entrará en vigor el próximo mes de julio, también contiene disposiciones que pueden ayudar a mejorar la cooperación para la implementación del Reglamento tanto a nivel de Estados miembros como de la UE. También se ha aprobado una directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y de residuos de carga, cuyo cumplimiento también podría ser relevante en el caso Probo Koala.

En un debate celebrado el penúltimo día, los ministros de Medio Ambiente también subrayaron el hecho de que uno de los principales objetivos de la UE es la implementación eficaz de la legislación existente. Y esencial para la prevención de movimientos ilegales de desechos es también una mayor armonización de las leyes sobre medio ambiente y navegación, sobre todo a escala internacional, así como una mejor cooperación entre autoridades. Lo que es más importante es que todos los tipos de residuos se traten de forma ambientalmente aceptable, sea donde sea. Debe ser también un objetivo prioritario en el desguace de buques.

Las conclusiones del Presidente subrayaron también que los países en desarrollo necesitan ayuda externa en sus esfuerzos para poner en práctica el Convenio de Basilea y gestionar los residuos de forma que sea ambientalmente aceptable. Los países en desarrollo también deben hacer que la gestión de residuos forme parte de sus estrategias para reducir la pobreza y para el desarrollo sostenible.

En la reunión del Consejo de Medio Ambiente la Presidencia también se reunió con una delegación de Costa de Marfil, que informó de las últimas noticias sobre la situación. La magnitud de la catástrofe es asombrosa: además de la pérdida de muchas vidas humanas, existe una cantidad inmensa de problemas sanitarios urgentes. El desastre también ha tenido grandes implicaciones para la ecología, el medio de vida, la habitabilidad humana y la acción comunitaria. En la actualidad, los aspectos más importantes son la limpieza de las zonas contaminadas y de las redes de alcantarillado, y ayudar en los daños causados a las personas y las empresas. En Costa de Marfil se están elaborando un informe internacional y uno nacional sobre lo ocurrido, incluyendo una investigación criminal.

Además, en algunos países, como los Países Bajos y Estonia, ha empezado una investigación criminal para poder estudiar a fondo las circunstancias relacionadas con el caso Probo Koala.

Ahora responderé a la pregunta oral del señor Karl-Heinz Florenz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Los Estados miembros de la Unión Europea creen que es importante que en el marco de la UE se desarrollen leyes y cooperación para evitar e investigar los delitos ambientales y aplicar la responsabilidad penal. Los delitos ambientales son internacionales por naturaleza, porque los efectos de las emisiones ilegales se extienden mucho más allá de las fronteras de cada país.

Como Su Señoría dice en su pregunta, sin embargo, el 13 de septiembre de 2005 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló la Decisión marco del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal.

El 25 de noviembre de 2005 la Comisión presentó una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las consecuencias de la sentencia aprobada por el Tribunal de Justicia.

La sentencia del Tribunal y la comunicación de la Comisión se discutieron en la reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos de Interior celebrada en Viena en enero de 2006, y fueron examinadas por el Consejo en Bruselas el 21 de febrero de este año.

En dichas discusiones la Comisión dijo que quería pensar más a fondo en cómo proceder en relación con las decisiones marco tomadas antes por el Consejo, decisiones que quizás necesitaran una revisión a la luz de la decisión del Tribunal de Justicia. Esta línea de razonamiento se aplicaría también a la Decisión marco que fue anulada por el Tribunal ya mencionado.

Dadas las circunstancias, el Consejo espera una reacción de la Comisión. Puede entregar una versión modificada de la propuesta que presentó en 2001 y de la propuesta de directiva que modificó en 2002, o puede presentar una propuesta totalmente nueva.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, el reciente incidente del vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil tiene drásticas consecuencias. Al menos diez personas murieron y miles fueron envenenadas y necesitaron tratamiento hospitalario.

Aunque aun no se han aclarado las verdaderas circunstancias bajo las que se cometió ese repulsivo delito ambiental, ahora tenemos la necesidad aún más urgente de aplicar estrictamente la prohibición de exportaciones de residuos peligrosos a África.

La Comisión, con la colaboración de los Estados miembros, las Naciones Unidas y las autoridades de Costa de Marfil, intenta de varias maneras reparar los daños causados y tomar las medidas adecuadas para combatir las actividades ilegales que puedan haber tenido lugar.

Cuando ocurrió el accidente, representantes de la Comisión y equipos especiales de los Estados miembros visitaron el lugar para ayudar a las víctimas y ayudar a proteger el entorno natural. La Comisión está siguiendo muy de cerca los acontecimientos de Costa de Marfil y está en contacto continuo con las autoridades del país. El lunes, la Presidencia y yo nos reunimos con la delegación de Costa de Marfil, que incluía a tres ministros.

Las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea deben estudiar todos los medios posibles para apoyar a las víctimas de Costa de Marfil y hacer todo lo que esté en sus manos para eliminar la contaminación.

En este momento se están llevando a cabo investigaciones penales en varios Estados miembros, con los que estamos en contacto. Yo, personalmente, después del regreso del Probo Koala a la Unión Europea, acudí al puerto de Paldiski, en Estonia, el 28 de septiembre, para respaldar las investigaciones y obtener nueva información.

Si miramos un poco más allá del incidente de Costa de Marfil, veremos que en los Estados miembros existe un grave vacío en el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre transporte de residuos. Este Reglamento contiene unas normas claras que prohíben la exportación de residuos peligrosos a los países en desarrollo. Esas normas deben ser todavía más estrictas y, a partir de julio del próximo año, los Estados miembros se verán obligados a realizar controles e inspecciones sobre el terreno, y a cooperar en el caso de circulación ilegal de residuos. Sin embargo, el simple hecho de que existan las normas no significa nada si no se aplican correctamente en la práctica. Las lagunas jurídicas deben rellenarse con medidas complementarias estrictas referentes a su correcta aplicación. El delito ambiental es uno de los problemas más graves que la Comunidad tiene la obligación de combatir. Los daños ambientales que se pueden causar son inmensos. A menudo forma parte de la delincuencia organizada internacional, lo que hace más difícil, pero más imperativo, erradicarla. Es necesario disponer de unas sanciones eficaces, incluidas sanciones penales, para una aplicación adecuada de la legislación ambiental de la Comunidad. Ese es precisamente el motivo por el que se requiere una acción urgente a escala comunitaria.

En 2001, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre la protección del medioambiente por medio del Derecho penal. El objetivo de esta propuesta era, por una parte, la introducción en toda la Comunidad de una cantidad mínima de delitos ambientales penales y, por otra parte, el castigo de dichas infracciones con sanciones penales efectivas en todos los Estados miembros. La triste realidad es que el Consejo no adoptó la propuesta de la Comisión. La propuesta se basaba en el artículo 175 del Tratado y tenía que aprobarse por el procedimiento de codecisión. El Consejo no estuvo de acuerdo con la base jurídica y decidió emitir una decisión marco basándose en el tercer pilar, en vez de la Directiva que habíamos propuesto. En opinión de la Comisión Europea, ese cambio de medio no era legalmente correcto y habría sido imposible controlar la transposición a la legislación nacional de la decisión marco y su aplicación por parte de los Estados miembros.

En clara oposición al Consejo, el Parlamento Europeo apoyó plenamente la propuesta de la Comisión y también apoyó a la Comisión en el tema cuando se remitió al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Quiero resaltar la especial importancia de esa buena cooperación entre nuestras instituciones y confío en que así seguirá siendo a medida que se desarrolle el tema. Con la sentencia del Tribunal de Justicia, ahora ha quedado claro que en el marco del primer pilar pueden adoptarse medidas de tipo penal para salvaguardar la aplicación eficaz de la política ambiental. La decisión marco del Consejo infringía los poderes de la Comunidad según el Tratado y eso tenía que cambiar. La Comisión Europea se siente especialmente satisfecha con esta sentencia del Tribunal. No es una sentencia que regule un simple punto técnico; es de una importancia decisiva para dejar claras las normas del Tratado en lo que se refiere a la línea divisoria entre el primer y el tercer pilar. Tiene importantes repercusiones institucionales, porque deja claro que las medidas en cuestión deben tomarse por el procedimiento de codecisión, lo que significa una plena participación del Parlamento Europeo.

De la misma forma, dentro del marco del primer pilar, las medidas de aplicación nacional quedan bajo el control del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que no se aplica a las medidas del tercer pilar. Una Directiva sobre protección del medio ambiente por medio del derecho penal, en el marco del primer pilar, proporcionará una mejor protección ambiental y, al mismo tiempo, es un método más democrático en el procedimiento legislativo. Por desgracia, mientras tanto, se ha perdido un tiempo muy valioso. Se siguen cometiendo delitos ambientales y debemos adoptar las medidas jurídicas necesarias para combatirlos.

En la Comisión hemos analizado y debatido las diversas opciones que tenemos después de la sentencia del tribunal. Hemos examinado dos opciones en concreto: que la propuesta de la Comisión de 2001 quede como está y que nosotros pidamos a las demás instituciones que sigan el procedimiento de codecisión, o que la Comisión presente una nueva propuesta. Hemos preferido la segunda opción, para tener en cuenta la sentencia del Tribunal. La propuesta inicial se remonta a 2001, y desde entonces ha habido muchos cambios en la legislación ambiental; por lo tanto, la propuesta debe adaptarse en consecuencia.

Finalmente, también ha habido cambios en el ámbito de la cooperación europea sobre temas de derecho penal, lo que también debe tenerse en cuenta en la propuesta. Debemos asegurar que la propuesta sea consecuente con las demás leyes penales adoptadas a escala europea.

Hoy nos encontramos en la fase de preparación de una nueva propuesta de directiva sobre protección del medio ambiente por medio del derecho penal. Como he dicho, el primer paso era examinar con detalle la sentencia del tribunal y sus repercusiones y realizar una comparación detallada de las diversas leyes que ya se aplican. Después hemos preparado un estudio de impacto comparando los pros y los contras de las diversas opciones. A continuación, se acabará la propuesta y espero que sea aprobada antes de que finalice 2006.

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, señora Presidenta en Ejercicio del Consejo, Comisario, el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil no es solo escandaloso sino también un acto verdaderamente repugnante. Por supuesto, tenemos libertad para no hacer nada más que compadecer a las víctimas y lamentar los graves daños causados a las personas, pero si a la vez no hacemos preguntas sobre lo que hay detrás de todo esto, es que seremos muy hipócritas, y no cuenten conmigo. Por este motivo, quiero que no exista ninguna duda de que se trata de un desastre humanitario y ambiental y un escándalo. Nunca deja de asombrarme que, aunque nosotros mismos, en esta Cámara, hemos introducido el principio de «nombrar y avergonzar» para aplicarlo a los demás, por ejemplo, a quienes se ocupan de la producción de carne, de modo que si alguien se porta mal se publica su nombre en los periódicos, no ocurra lo mismo con los Estados miembros de la UE, y esto es de lo más sorprendente.

Por supuesto, la Presidenta en ejercicio del Consejo ha citado los hechos por orden cronológico, mientras que ha sido el Comisario Dimas quien ha explicado por qué la legislación europea no funciona, y el verdadero motivo es que el Consejo es demasiado tímido, y cuando digo esto no me refiero a la Presidenta en ejercicio o a su país, sino a que, en las cuestiones que afectan a más de un país, deberíamos hacer acopio de valor, como ella ha reconocido con razón, para tomar medidas transfronterizas con el fin de perseguir y castigar los delitos. Así pues, si la Comisión presenta una propuesta a tal efecto, y el Consejo se complace en poner en duda su base jurídica, y tanto la Comisión como esta Cámara deben someterse a su opinión, porque el Consejo, con su minoría de bloqueo, no permite que la ley entre en vigor, es algo que un representante de los ciudadanos, es decir una persona que se supone que debe vigilar lo que hacen los Gobiernos, no puede por más que encontrar de lo más enojoso. No hay que permitir que eso ocurra, y el Consejo no puede seguir mostrándose tímido en este asunto.

Realmente le imploro que diga a sus colegas que el presidente de la comisión está muy enfadado, porque quejarse después de la desgracia no sirve de nada si no hemos hecho antes nuestros deberes, y los hemos hecho, pero, por así decirlo, ustedes los han tachado. Esto no es aceptable. Creo que en el futuro el Consejo haría mejor en preocuparse una vez más por la transposición de la reglamentación europea.

Ya hace mucho tiempo que soy miembro de esta Cámara, y durante todos esos años hemos debatido y adoptado una gran cantidad de cosas, pero cuando se trata de ponerlas en práctica, parece que perdemos el valor. Vivo en la frontera con un país vecino, ese encantador lugar llamado los Países Bajos, y tardamos muchísimo tiempo en llegar a un acuerdo sobre cómo podríamos coger a los criminales. Afortunadamente, lo hemos superado pero, en lo que se refiere a la persecución de un crimen relacionado con los residuos, aún no hemos salido del Arca de Noé, y eso, señora Presidenta en ejercicio, es algo que no debería complacerla. Tienen que aprovechar los últimos meses de su presidencia para mostrarse seriamente decididos a apoyar al Comisario y motivarle para que haga algo al respecto.

Hay muchos ámbitos en los que falta implementación y transposición. Me gustaría muchísimo saber si el país en el que se han vertido los residuos tóxicos realmente había dado su consentimiento para que se hiciera, porque, si no, en primer lugar, ese material venenoso no tendría que haber llegado allí. Hay muchas normas y reglamentos aplicables al respecto, y lo único que hace falta es que los apliquemos con valentía y comprensión.

También vale la pena observar, por cierto, que es un escándalo no solo en lo que se refiere a la salud y el medio ambiente, sino también en términos de competencias. Si no llenamos esa laguna en nuestras propias leyes y en el Convenio de Basilea, estaremos fomentando que las personas a las que no les importa nada el cumplimiento de la ley conviertan la contaminación del medio ambiente en una mercancía exportable, y eso es hipocresía, porque mientras en Europa hablamos de nuestros elevados principios, también abrimos una gran cantidad de escapatorias que permiten exportar este material, y es el Comisario Dimas, pobre hombre, y con él la Comisión, quien tiene que pagar el pato por ello, aunque debo decir a la Presidenta en ejercicio que la Comisión, en este caso, no tiene ninguna culpa.

Nuestras dos instituciones estaban en la vía correcta. Le pedimos que siga las sugerencias que la Comisión y esta Cámara han presentado sobre este tema, porque son buenas.

  John Bowis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, Costa de Marfil es un país inestable que ahora lo es más debido al delito ambiental surgido de nuestro continente y que ha ido a parar a África; un buque neerlandés y las autoridades portuarias de ese país, un buque de propiedad griega con pabellón panameño, empresas de Costa de Marfil y camiones que vierten productos petroquímicos que matan, según datos de las Naciones Unidas, a 12 personas y hacen que 104 000 personas, igualmente según las Naciones Unidas, requieran atención médica. El buque desembarcó 500 toneladas de residuos químicos que se cargaron en camiones que a su vez los vertieron en 15 lugares distintos en torno a Abiyán, una ciudad de 5 millones de habitantes.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado que se trata sin duda de un delito, aunque todavía no saben quién es el responsable y el carácter real de dicho delito. Lo que sí sabemos es que el Convenio de Basilea debería haber impedido este delito y no lo ha hecho, y necesitamos saber por qué. Costa de Marfil está muy lejos; la mayoría de los países africanos no tienen una legislación fuerte que proteja la salud humana y el medio ambiente contra los efectos de los residuos peligrosos, pero no por ello debemos desentendernos aquí en Estrasburgo de este caso y de sus lecciones. Queremos una eliminación segura de residuos y no escurrir el bulto tóxico. Queremos –y se lo digo directamente a usted, señor Comisario– que aquellos países que aún no han ratificado el Convenio lo hagan; y entre ellos se encuentran Grecia, Irlanda, Italia, Malta y Eslovenia. Espero que usted los incite a ello, al igual que el Consejo.

Los delitos, la responsabilidad y las sentencias corresponden a los tribunales, pero la investigación y la eliminación de lagunas jurídicas son nuestra responsabilidad, al igual que ayudar a los países ACP a cumplir normas estrictas a la hora de eliminar residuos peligrosos, al igual que ayudar a las víctimas de estos espantosos sucesos –y pienso especialmente en los niños de Costa de Marfil que han tenido que sufrir por ellos; al igual que pedir a la Comisión, a las autoridades neerlandesas, al EEE y al Gobierno de Costa de Marfil que hagan todo lo posible por identificar y enjuiciar a los autores de este crimen.

Si la ley no cumple su cometido, debe ser modificada. Si la ley es la adecuada, debe cumplirse. Sin embargo, sabemos que la ley es pasada por alto en demasiados casos. Sabemos que es demasiado fácil evitar el coste de una eliminación responsable de residuos mediante su vertido fuera de los países de la OCDE y utilizando a aventureros nacionales e internacionales, y eso es a lo que debemos poner fin.

  Margrietus van den Berg, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo apoya sinceramente las opiniones expresadas por los dos oradores anteriores. ¿Cómo es posible que no se impidiera al Proba Koala causar tanta contaminación? Aunque este incidente debería haber encendido todas las luces rojas de alarma, el Gobierno neerlandés, que es en definitiva quien debería pagar el pato, se está lavando las manos bajo su inocencia jurídica. Se niega a admitir honestamente los errores, se muestra reacio a compensar a las víctimas de Costa de Marfil, está pasando la pelota y se niega a asumir la responsabilidad moral y financiera. Así es como puede resumirse la decepcionante conducta del Gobierno neerlandés. Por ese motivo quiero preguntar a la Comisión si está dispuesta a ejercer presión para influir en los Países Bajos para que concedan ayuda jurídica a Costa de Marfil y también aseguren que, junto con las Naciones Unidas, se establezca un fondo de emergencia para las víctimas de este desastre.

Mis colegas parlamentarios africanos tienen la sensación de que los Países Bajos y Europa, a pesar del Convenio de Basilea, no les han protegido de esta conducta criminal. Aparentemente es aceptable utilizar a África como vertedero. Eso crea una sensación de inferioridad que imposibilita una asociación creíble entre África y Europa, y ha supuesto un duro golpe contra nuestras relaciones. ¿Qué pasos tienen intención de dar la Presidencia finlandesa y la Comisión respecto a Costa de Marfil y la Unión Africana?

¿Está dispuesta la Comisión a elaborar propuestas de medidas que pongan fin a este vertido, si es posible, y cuando sean aplicables, a hacer que se pongan en práctica? ¿Está dispuesta la Comisión a elaborar una lista negra anual de países y empresas transnacionales implicadas en el vertido ilegal de residuos químicos en los países en desarrollo? ¿Están dispuestos la Comisión y el Consejo a elaborar propuestas legislativas para eliminar las lagunas del Convenio de Basilea, entre otras cosas, con la obligación de que los barcos que salgan de Europa dejen sus aguas de sentina con las autoridades responsables del último puerto de la UE que visiten?

Finalmente, ¿está dispuesta la Comisión a tomar las medidas necesarias para ayudar a los países en desarrollo en la identificación de substancias peligrosas y garantizar que el agua de sentina que se produzca en alta mar se procese con seguridad? Cuento con el apoyo de la Comisión y espero que el Consejo pida a los Países Bajos que asuman esa responsabilidad; el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria tenía razón al hacer lo mismo con el Consejo. Hemos pronunciado muchas palabras bonitas, ahora queremos verlas traducidas a hechos y que las leyes se apliquen.

  Danutė Budreikaitė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Este año la Unión Europea ha revisado la Estrategia para el Desarrollo Sostenible, que se adoptó en 2001 y se mejoró con una dimensión externa en Barcelona en 2002. La política de cooperación de la Unión Europea en favor del desarrollo permite luchar contra la pobreza y que los países en desarrollo se integren gradualmente en la economía mundial.

¿Cómo alcanzaremos esos objetivos? Queremos el crecimiento de los países en desarrollo, la protección del medio ambiente y la reducción del efecto invernadero, pero ¿qué hacemos para conseguirlo?

Debido a la contaminación con residuos tóxicos en Costa de Marfil, 85 000 personas enfermaron y ocho murieron. Las substancias tóxicas fueron enviadas desde Amsterdam por la compañía neerlandesa Trafigura Beheer BV. En Amsterdam eran conscientes de la naturaleza tóxica de los residuos; pero, debido a los costes, se eligió la alternativa más barata de verterlos en Costa de Marfil.

La mayoría de los países africanos no tienen leyes sobre la protección del medio ambiente contra residuos tóxicos. Los ordenadores usados se almacenan en Nigeria, los residuos radioactivos en Somalia y el cloro en Camerún, a pesar de la reglamentación adoptada por la UE en 1994 y 1997 que prohibía la exportación de residuos.

En 2002, esta Cámara aprobó en primera lectura la Directiva sobre la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal. Pero la primera lectura fue también la última. Por lo tanto, debemos reanudar el debate sobre la Directiva lo antes posible.

La Comisión y los Países Bajos deben investigar el caso de Costa de Marfil, encontrar a los autores, eliminar los efectos y pagar compensaciones por los daños causados a las víctimas. Sin unas medidas serias la política de cooperación y desarrollo de la UE para la ayuda y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo será muy difícil de llevar a la práctica, y la UE puede llegar a perder su prestigio.

  Carl Schlyter, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (SV) Es una tragedia lo que ha abatido Costa de Marfil, y todos expresamos nuestra simpatía y solidaridad con las víctimas de ese acto criminal perpetrado por empresas europeas. Las víctimas deben recibir todo el apoyo que podamos ofrecerles a medida que se suceden los acontecimientos.

Ya desde 1997, tenemos una prohibición para la exportación de residuos peligrosos a países de fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ha llegado el momento de asegurarse de que se pone en práctica correctamente. Es inaceptable que las autoridades neerlandesas no hayan asumido su responsabilidad cuando tenían la oportunidad de detener al barco. Muy bien por Estonia, que hizo lo que tenía que hacer. Quiero dar las gracias al Comisario Dimas por haberse dado cuenta rápidamente de lo grave que era la situación.

Ahora se necesita en seguida una propuesta de la Comisión con el fin de conseguir un cumplimiento más riguroso de las normas. Debemos asegurarnos de que cada vez que alguien decide transportar material peligroso, haya alguien que asuma la responsabilidad personal y firme un certificado de responsabilidad. El consejo de administración y el director gerente también deben asumir más responsabilidad personal. De lo contrario, las tradiciones con condiciones de responsabilidad poco claras y complicadas dificultarán la detención de los transportistas y propietarios de barcos irresponsables.

África ya ha sufrido bastante con el colonialismo y la esclavitud, y con la explotación de sus recursos naturales. Si queremos llamarnos civilizados, ahora debemos poner fin a esta nueva forma de neocolonialismo por el que vertimos nuestros residuos en los países más pobres.

  Kartika Tamara Liotard, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Mi Grupo apoya sinceramente todo lo que se ha dicho hasta el momento, así como la resolución que se centra en el escándalo de los residuos tóxicos del Proba Koala en Costa de Marfil, que, hasta el momento, se ha cobrado docenas de vidas y como resultado del mismo decenas de miles de personas han tenido que ser hospitalizadas; las implicaciones para el medio ambiente y la salud pública son aún incalculables. Todavía quedan muchos puntos inciertos respecto a lo que ocurrirá con el veneno y la tripulación contaminada.

Hay que abordar desde todos los niveles posibles las prácticas escandalosas de este tipo que no muestran ningún respecto por el entorno o los ciudadanos, y el hecho de que los Gobiernos y las partes responsables, de forma consciente o inconsciente, se laven las manos de sus obligaciones. Hay que pedir cuentas a los Estados miembros, en este caso a los Países Bajos. Mi observador, que viajó a Estonia en mi nombre, está totalmente de acuerdo con el Comisario Dimas cuando dice que eso es solo la punta del iceberg. En primer lugar, este tipo de toxina no debería haber salido nunca de la Unión Europea, y alguien ha desobedecido las normas europeas e internacionales.

Dado que en varias ocasiones se me ha negado la oportunidad de hablar con la tripulación del Probo Koala, a pesar de tener permiso previo, solo puedo llegar a la conclusión de que diversas autoridades están participando en un juego muy turbio con las vidas humanas. La transparencia es vital para los ciudadanos. Es necesaria una estricta política de represalias para impedir, o desalentar, que esto vuelva a repetirse. Estoy a favor de elaborar una lista negra de los vertedores de residuos y publicar los acuerdos firmados con los países en desarrollo en el ámbito del procesado de residuos.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, coincido con las opiniones de los anteriores oradores. Lo que ha pasado en Costa de Marfil con los residuos del barco Proba Koala es terrible y no debería haber ocurrido nunca. Lo que está fuera de toda duda es que tiene que ver con el transporte ilegal de residuos. El Convenio de Basilea contiene una prohibición expresa respecto al transporte de residuos peligrosos hacia países que no forman parte de la OCDE, y no se ha cumplido. No es ninguna sorpresa que la observancia de la legislación actual sobre el transporte de residuos deja mucho que desear. Las pruebas realizadas al azar en Gran Bretaña y Francia demuestran que las normas se incumplen en el 75 % al 100 % de los transportes de residuos.

Para el Parlamento Europeo, aunque la aplicación eficaz y un control más estricto fueron uno de los puntos en que se mostró más inflexible durante las negociaciones de la fase preparatoria de la nueva resolución sobre el transporte de residuos, nuestros deseos solo se han satisfecho en parte. En estos momentos, no corre tanta prisa conseguir nuevas normas o una sanción mínima europea por infracción, como sugiere el Comisario Dimas. Primero debemos conseguir que se cumplan las normas existentes. La Comisión y los Estados miembros harían bien en hacer algo al respecto de una vez por todas.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, pronto tendremos de vuelta varios miles de toneladas de material contaminado junto con las 500 toneladas vertidas ilegalmente en África, de modo que muchas veces la cantidad original de residuos tóxicos encontrará su camino de regreso a Europa, y debemos estar preparados para ello.

En general, parece que lo que conocemos como Convenio de Basilea funciona razonablemente bien. Oficialmente, nos dicen que ha habido una reducción considerable de las exportaciones de residuos tóxicos a África, pero esto se contradice con las comprobaciones sobre el terreno que se llevan a cabo en los puertos europeos, donde ha resultado que la mitad de las declaraciones de no toxicidad de las cargas de residuos son falsas, por lo que lo que hace falta en este ámbito, si queremos tener bajo el control el problema del mercado negro de residuos tóxicos, es realizar más controles y más cooperación.

También tendremos que luchar contra los problemas del floreciente comercio de residuos eléctricos y naufragios marítimos, para el que todavía no existen convenios internacionales. Para asestar el golpe definitivo a la mafia de los residuos, sin duda tendremos que tener una lista negra de las empresas implicadas en programas de este tipo.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, este asunto de los residuos tóxicos es sin duda un acto delictivo, como si el Sur fuera el cubo de basura del Norte. Y si lo llamamos delito, entonces tiene que haber culpables y castigos, pero hasta ahora prevalecen la impunidad y la apatía.

Es cierto que la Unión dispone de una legislación sobre el transporte de residuos tóxicos –la exportación está prohibida desde 1997, conforme al Convenio de Basilea–, pero dicha prohibición ha sido sistemáticamente burlada hasta ahora. Esta dejadez es criminal y los muertos de Abiyán son sus víctimas. Ahora, la Unión debe actuar, y actuar rápido, para poner fin a la irresponsabilidad y la impunidad. Debe aplicar la legislación vigente y, en particular, la Directiva de julio de 2006, que obliga a los Estados miembros a crear redes de inspección. Si es necesario, debe reforzar esta legislación para hacer posible la aplicación de sanciones rápidas y efectivas, como piden tanto la Comisión como el Parlamento Europeo desde 2001. Por último, debe ayudar a los países africanos a dotarse de una legislación protectora.

Señor Comisario, apoyamos sus enérgicas declaraciones, pero ahora tenemos que pasar a la acción concreta. Eso es lo que esperamos en particular del Consejo.

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Señorías, ¡menudo revoltijo! Los pocos ciudadanos que se interesan por nuestros debates no entenderán que mezclemos esta tarde un debate sobre la contaminación en Costa de Marfil con otro sobre una sentencia que trastoca el principio de subsidiariedad. Que la sentencia del 13 de septiembre de 2005 se haya dictado sobre una directiva relativa al medio ambiente no cambia el hecho de que de hecho está formulada como una sentencia de principio sobre la comunitarización del Derecho penal. Se trata de una verdadera revolución constitucional, pues sabemos que al menos otras nueve competencias están siendo absorbidas, sin tratado, por la Unión Europea, entre ellas el Derecho penal sobre la inmigración y el Derecho de propiedad intelectual.

Claro que hay contaminación, Señorías: la contaminación judicial de los Tratados europeos por el Tribunal de Luxemburgo. En esta sentencia confusa y poco motivada no aparece ninguna referencia textual ni ningún principio jurídico claro. Consideraciones de vaga conveniencia, mal explicadas y traídas por los pelos conducen a su conclusión precipitada y chapucera. La mecánica es conocida. Las conclusiones vagas reclaman la ampliación indefinida de las competencias de la Unión Europea y después justifican la interpretación de la Comisión, que al final legitima la transferencia de poderes de los Estados al Tribunal. Los que, como nosotros, desconfiaron de la ampliación sustancial de los objetivos de la UE en el artículo I–3 del proyecto de Constitución tenían motivos para estar preocupados. Los Comisarios y los jueces no quieren doblegarse ante la voluntad popular y están totalmente dispuestos a pasar por alto la negativa de los ciudadanos a ratificar un proyecto de Constitución que precisamente transfería la materia penal al procedimiento legislativo comunitario ordinario. Esta sentencia desvirtúa la voluntad de los que firmaron y ratificaron los Tratados europeos. Es un golpe de Estado judicial.

Señorías, nos encontramos en vísperas de vencimientos importantes. Nuestros ciudadanos nos vigilan y pronto nos pedirán cuentas. ¿Habrá aquí demócratas sinceros para hacer frente a esta tiranía desvergonzada?

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Señor Presidente, está prohibido exportar residuos a los países en desarrollo. Eso está fuera de toda duda. La prohibición no se aplica a los residuos normales de los barcos y al agua de sentina, pero es igualmente evidente que el agua de sentina del Proba Koala no era normal. Las muertes, los miles de heridos y los graves trastornos causados en Costa de Marfil son testimonio de ello. Ya era evidente en Amsterdam que esa agua de sentina no era normal, porque alguien se había desmayado y el hedor era insoportable e inusual.

Es evidente que el barco con su contenido no debería haber salido de Amsterdam sin avisar a las autoridades del siguiente puerto europeo, que era Estonia. Por este motivo en los Países Bajos se está llevando a cabo una investigación judicial, y con razón también, para averiguar en primer lugar como fue posible que el barco tóxico abandonara los Países Bajos, y si las autoridades portuarias o los inspectores tienen alguna parte de culpa. Pero ahora deberíamos centrarnos en la cuestión de cómo se puede evitar que ocurran catástrofes de este tipo en el futuro.

Tengo tres preguntas que quiero plantear al señor Comisario. En Estonia, usted dijo que el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil no era más que la punta del iceberg. ¿En qué se basa esta declaración? En segundo lugar, ¿estaría de acuerdo en que los barcos que salen de la UE deberían estar obligados a entregar sus aguas residuales y sus desechos en el último puerto de la UE? Finalmente, ¿qué medidas puede y quiere tomar la Comisión para que los controles sean más estrictos en la exportación de residuos peligrosos?

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, durante décadas África ha sufrido un proceso de transformación hasta convertirse en un vertedero de residuos peligrosos como resultado de la exportación de productos químicos tóxicos de laboratorio, disolventes, pesticidas caducados y sedimentos de aguas residuales. Hay algunas personas en Europa y África para las que el comercio ilegal de residuos tóxicos es una actividad muy rentable.

Sabiendo como sabemos que las actuaciones de esta empresa neerlandesa en Abiyán eran manifiestamente contrarias no solo al Convenio de Basilea sino también a la legislación de la UE, debemos preguntarnos con qué rapidez pueden responder nuestras instituciones europeas si no queremos que esto vuelva a ocurrir en el futuro.

Nuestra opinión es favorable a lo que ha anunciado el Comisario Dimas y esperamos que esta vez los Estados miembros y el Consejo entiendan lo grave que es la situación y se den cuenta de la necesidad de tomar medidas reales en este frente, en vez de simplemente lamentarnos después de lo ocurrido, como siempre. Lo que realmente se necesita de los Estados miembros de la Unión Europea es alguna prueba de su voluntad de hacer algo al respecto.

  Evangelia Tzampazi (PSE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, quiero expresar mis felicitaciones por esta iniciativa.

Observamos con preocupación que el Convenio de Basilea se infringe al menos diez veces al año, con los residuos tóxicos que se envían a África.

El reciente incidente del Probo Koala ha despertado las conciencias de la Unión Europea. La Unión necesita seguir adelante con la criminalización de las prácticas ilegales en relación con los movimientos de residuos tóxicos. Al mismo tiempo, hay que llamar la atención de la European SeaPorts Organisation para que sus miembros apliquen más estrictamente las normas que rigen los movimientos de residuos tóxicos. En concreto, hay que resaltar la necesidad de informar a los ciudadanos, de llegar a acuerdos internos y de información entre los departamentos implicados, así como de que funcione un registro de datos cualitativos y cuantitativos y de las cantidades de residuos que se mueven y se producen. Todo ello debe ser transparente y accesible para quien pueda interesar, con el fin de impedir la tendencia de las economías de África a evolucionar hacia los diversos sectores de la gestión industrial de residuos tóxicos.

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, lo que realmente nos ocupa hoy es un ejemplo de delincuencia ambiental respecto a la cual no estamos seguros de si será perseguida o no. Además, yo les diría a mis colegas diputados que no me gustaría estar en el lugar de un diputado verde de izquierdas cuando se habla del expediente Proba Koala; la cuestión es, pues, si la acción judicial seguirá adelante y, si es así, si también abarcará a los Estados miembros. Esa es la razón por la que hemos insistido en la legislación respecto al derecho penal si queremos aplicar con eficacia la política ambiental. Por lo tanto pensamos que ciertamente es necesaria una condena pero que los Estados miembros deberían poder decidir por sí mismos cómo deberían imponerse esas sanciones. Así es como nos gustaría avanzar.

Hace seis años se presentó una propuesta legislativa. Al mismo tiempo, el Consejo presentó su propia decisión marco, que la Comisión y esta Cámara sugirieron que fuera rechazada, que es exactamente lo que ocurrió hace un año. El lunes pasado, el señor Comisario anunció que presentaría una nueva propuesta, pero quizás el señor Comisario podría ser más específico respecto al contenido exacto de dicha propuesta, porque el lunes pasado quedó un poco vago. También me gustaría saber por el Consejo, dado que yo solía ser ponente, si el Consejo está dispuesto a aceptar una nueva propuesta para abordar la delincuencia ambiental, dado que esa es la cuestión más importante de nuestro orden del día. Como hay muchos ejemplos, parece que una propuesta es verdaderamente necesaria.

  Paula Lehtomäki, Presidenta en ejercicio del Consejo. (FI) Señor Presidente, las cuestiones sobre el medio ambiente son de gran importancia y un ámbito prioritario, y por este motivo es bueno que hayamos podido debatirlas hoy aquí en el Parlamento. El Consejo adopta una postura muy seria respecto a los movimientos ilegales de residuos y el riesgo que plantean para el entorno inmediato y la salud de las personas.

La prevención de esos movimientos ilegales es una tarea ardua, como se ha puesto en evidencia en este debate. Exige tipos de acciones muy diversos y una cooperación eficaz a muchos niveles, independientemente de los límites de las competencias que ejercen las autoridades. También debemos reconocer sinceramente que queda mucho margen para mejorar cómo se controlan los movimientos de los residuos en la Unión Europa y fuera de ella, según los estudios que hemos realizado.

Debemos recordar que, por lamentables que sean esos acontecimientos individuales que tanto llaman la atención de los ciudadanos, y el reciente incidente del Probo Koala en Costa de Marfil es un buen ejemplo, debemos acordarnos de prestar atención también a otros incidentes y sucesos cotidianos que causan daño a la salud y al medio ambiente, y que también abundan. Un ejemplo es el desguace de barcos en condiciones no satisfactorias en los países en desarrollo. Hay que seguir trabajando en esas cuestiones importantes en la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea que se celebrará en Nairobi a finales de noviembre.

También deberíamos examinar y reconocer que hay diferencias considerables entre las legislaciones penales nacionales sobre medio ambiente de los diversos Estados miembros. En algunos Estados miembros existen disposiciones penales muy actualizadas para los delitos ambientales, mientras que en otros haría falta una revisión de dichas disposiciones para que reflejaran los riesgos actuales y los contrarrestaran. En realidad se podría decir que todavía queda mucho por hacer en todos los Estados miembros en el ámbito de la aplicación de esas disposiciones penales y, sobre todo, aumentar la probabilidad de coger a los delincuentes.

El Consejo se toma muy en serio la cuestión de la delincuencia ambiental y su prevención. En cuanto a la propuesta que se está preparando, obviamente es difícil para el Consejo adoptar una posición respecto a algo que todavía no existe. Primero tenemos que ver la propuesta, y después adoptar una posición.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el señor Florenz, y a todos los demás oradores por sus aportaciones sumamente positivas al debate de hoy.

Quisiera incluir algunas nacionalidades más en la lista mencionada por el señor Bowis. Se trataba de un barco de propiedad griega con pabellón panameño, pero fletado temporalmente por una empresa neerlandesa que lo operaba desde Suiza, con tripulación rusa, financiado por bancos británicos e internacionales y con miembros de la junta directiva y del accionariado de la sociedad de varias nacionalidades. Afortunadamente, fue bloqueado por Greenpeace en Estonia y las autoridades estonias investigaron el caso a conciencia.

Quisiera asegurar al ponente que la primera propuesta, que contempla una penalización mínima, se fusionará con la decisión marco del Consejo y fundamentalmente seguirá la línea de lo propuesto por usted, con determinadas enmiendas en primera lectura.

Por lo que respecta a la cuestión de si a un barco con una carga de residuos peligrosos se le permitirá salir de un puerto de la Unión Europea, si la carga es peligrosa no podrá dirigirse a un destino situado fuera de la OCDE. Ello también es válido para los líquidos de desecho, las propias aguas residuales del barco, que contengan sustancias peligrosas.

Continuaré siguiendo de cerca todos los avances de las investigaciones criminales y procesos penales que se están llevando a cabo actualmente en los Países Bajos y Estonia en relación con el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil. La Comisión también está recopilando toda información disponible en otros Estados miembros con respecto al buque Proba Koala y su itinerario. Espero que pronto seamos capaces de extraer conclusiones de ello y encontrar la mejor manera de proceder para prevenir estos incidentes en el futuro. Debemos tener en cuenta que el trágico incidente en Costa de Marfil no es más que la punta del iceberg. Lo sabemos gracias a las inspecciones realizadas en Estados miembros por su red para la aplicación y ejecución del Derecho comunitario en materia de medio ambiente, IMPEL. En 2005, el 51 % de los traslados de residuos resultaron ser ilegales.

La mayoría de casos no son noticia de primera plana, pero pueden suponer un grave riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Debemos dejar muy claro que nuestra sociedad no tolera los delitos contra el medio ambiente y que estamos decididos a hacer todo lo posible por combatirlos. No obstante, la legislación que hemos aprobado para proteger mejor nuestro medio ambiente y la salud de nuestros ciudadanos no logrará sus objetivos si no tomamos las medidas necesarias para garantizar que se cumpla como es debido. Puedo asegurarles que la Comisión está firmemente decidida a que la legislación ambiental se aplique debidamente en toda la Comunidad.

Ya estamos tomando una serie de iniciativas concretas con el fin de asegurar que el Reglamento de la Unión Europea sobre traslados de residuos se aplique correctamente y que se prevengan y reduzcan los traslados ilegales de residuos. Ello incluye la elaboración de directrices que deban adoptarse en relación con la aplicación del nuevo Reglamento sobre traslados de residuos el año próximo y la organización de actos de sensibilización en los Estados miembros.

La Comisión se reúne de forma regular con representantes de las autoridades nacionales responsables de los traslados de residuos. Ello se lleva a cabo dentro de un marco consolidado e incluye reuniones multilaterales en Bruselas, así como contactos bilaterales, pero estas iniciativas deben complementarse con el establecimiento de sanciones efectivas.

Una de las muchas medidas tomadas por la Comisión con este fin fue la de proponer una directiva relativa a la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal. Como ya he mencionado, es lamentable que el Consejo no aceptara la propuesta de la Comisión a causa de una diferencia de puntos de vista acerca del fundamento jurídico correcto. Ahora, sin embargo, el Tribunal de Justicia ha confirmado que las opiniones de la Comisión eran correctas.

La Comisión está elaborando una nueva propuesta de directiva que haga efectivo el fallo del Tribunal y que debería aprobarse pronto. Elaborar la propuesta modificada ha llevado algún tiempo porque la Comisión ha analizado muy cuidadosamente el fallo del Tribunal y realizado una comparación entre su propuesta original modificada tras la primera lectura del Parlamento y la decisión marco del Consejo. Además, se está llevando a cabo una evaluación del impacto a fin de analizar las distintas opciones para la acción.

La Comisión considera necesario modificar su propuesta de 2001 tras el fallo del Tribunal con el fin de garantizar que se incluyan en la propuesta todas las medidas de Derecho penal necesarias para asegurar la aplicación efectiva de la política de la Comunidad en materia de protección del medio ambiente. El Tribunal ha dejado claro que la aprobación paralela de una directiva y de una decisión marco, como se hizo en el pasado, ya no es posible. Asimismo, al cabo de cinco años, la propuesta de la Comisión debe adaptarse a los cambios legislativos.

Quisiera dejar claro que la Comisión no desea armonizar plenamente las legislaciones en materia penal. El objetivo es que únicamente se tomen a escala comunitaria aquellas medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva de la política ambiental.

En conclusión, quisiera hacer de nuevo hincapié en la importancia de una buena cooperación entre la Comisión y el Parlamento en el ulterior procedimiento de codecisión para la aprobación de la directiva relativa a la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal. Tenemos los mismos objetivos, a saber, la protección del medio ambiente mediante el establecimiento de criterios mínimos para la sanción de delitos contra el medio ambiente, así como el intento de eliminar la posibilidad de que existan santuarios para los delincuentes ambientales en la Unión Europea. Si actuamos juntos, podemos dar un gran paso hacia la consecución de estos objetivos.

Por último, por lo que respecta a la ratificación del Convenio de Basilea, he mandado cartas a más de 50 países de todo el mundo solicitando que lo ratifiquen. Con el fin de evitar cualquier conclusión errónea, debo dejar claro que la prohibición de Basilea es de obligado cumplimiento y jurídicamente vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea, incluso para aquellos que no lo han ratificado, porque la Unión Europea como tal lo ha firmado y ratificado.

  El Presidente. Para concluir este debate, he recibido siete propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento, y dos propuesta de resolución sobre la base del apartado 5 del artículo 108 del Reglamento⁽¹⁾.

El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  David Martin (PSE). – (EN) El vertido de residuos tóxicos por la empresa neerlandesa Trafigura en la ciudad de Abiyán en Costa de Marfil es una vergüenza que exige una investigación exhaustiva y medidas contundentes. No cabe duda de que este vertido infringe la legislación comunitaria y el Convenio de Basilea. Este delito contra el medio ambiente reavivará la opinión de que el Norte rico considera al África pobre su vertedero. Acojo con agrado la declaración de la Comisaria que pretende desmentir esta opinión, pero una cosa son las declaraciones, y otra convencer a los africanos de que vamos a enfrentarnos seriamente a este fenómeno. Aparte de todas las demás cuestiones que hay que investigar, tenemos que saber cómo fue posible que este buque zarpara de Amsterdam. ¿Van a revisar las autoridades neerlandesas sus métodos de inspección? ¿Planteará la Comisión el tema de la inspección y la observancia de la legislación en el Foro del Convenio de Basilea que tendrá lugar el mes próximo?

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Lo que ha ocurrido en Costa de Marfil es una vergüenza para la Unión Europea. En este Parlamento encabezamos a menudo las campañas a favor de una mayor protección del medio ambiente. Solemos declarar que la contaminación no respeta las fronteras. Y a pesar de ello, en 2006 presenciamos una situación en la que 500 toneladas de residuos tóxicos son transportadas desde un Estado miembro de la UE y vertidas sobre la sufrida población de Costa de Marfil. Los efectos inmediatos han sido una serie de muertes y decenas de millares de personas que necesitan atención médica. Todos conocemos las sombrías estimaciones de los que podrían ser sus efectos a largo plazo.

Para que nuestras grandiosas declaraciones sobre la protección del medio ambiente tengan algún significado es necesario que la Comisión y las autoridades neerlandesas lleven a cabo una investigación exhaustiva a fin de encontrar a los culpables de este crimen. Resulta evidente que la legislación vigente no ofrece protección suficiente contra personas sin escrúpulos a los que no importa en absoluto la población de Costa de Marfil y de otros países africanos. En la UE tenemos que actuar para que la legislación comunitaria en materia de residuos tóxicos pueda garantizar a los habitantes de África que sus países no sean utilizados como vertederos de residuos peligrosos.

  Jules Maaten (ALDE). – (NL) Señor Presidente, el desastre de Costa de Marfil exige una respuesta rápida de Europa, con compensaciones para las víctimas y por los daños infligidos al medio ambiente, de modo que debe aplicarse el principio de que quien contamina paga.

Si Europa quiere avanzar, tendrá que explicar a sus ciudadanos dónde está el valor añadido para ellos. El incidente de Costa de Marfil es un ejemplo perfecto de dónde está la responsabilidad de Europa.

El transporte marítimo se conoce por su complejidad en términos de propiedad y gestión, y es casi por definición un asunto internacional. Al fin y al cabo, en un periodo de dos meses, el Proba Koala atracó en los puertos de Gibraltar, Algeciras, Amsterdam, Skagen, Paldiski, Dover y Venkspits. Además, el barco navega con bandera de Panamá, es propiedad de una empresa griega, es fletado desde Gran Bretaña por Trafigura BV, que tiene un apartado de correos en los Países Bajos, y la tripulación es rusa.

Algo tan complejo como eso requiere claridad y transparencia en la legislación. Si la Unión Europea quiere actuar con eficacia, deberá cumplir esas condiciones con celeridad. Solo adoptando una postura firme Europa podrá demostrar por qué es importante una mayor integración europea para todos y cada uno de nosotros.

(1) Véase el Acta.