Acta literal de los debates

Jueves 26 de octubre de 2006 - Estrasburgo

12.2. Proceso de Ríos Montt

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre el proceso de Ríos Montt⁽¹⁾.

  Luis Yáñez-Barnuevo García (PSE), autor. – (ES) Señor Presidente, a diferencia del Tíbet, de Guatemala no hemos hablado muchas veces en esta Cámara, por lo menos desde que yo estoy aquí. Es, sin embargo, un pequeño país centroamericano que ha sufrido durante muchos años una durísima represión, una durísima dictadura, de la que hay responsables que han salido, hasta ahora, indemnes de cualquier persecución.

La Audiencia Nacional española ha emitido un auto de busca y captura internacional y lo que hacemos en este acto es apoyar la extradición del General Ríos Montt, principal responsable, y de otros cinco generales, algunos de los cuales fueron presidentes de facto, es decir, dictadores, durante esos treinta años, en los que 200 000 personas fueron asesinadas, 45 000 desaparecieron y 1/10 de la población fue víctima de desplazamientos; la inmensa mayoría de la población desplazada —el 83 %— pertenecía a comunidades maya. Pero también ha habido víctimas europeas, belgas y españolas, sacerdotes especialmente.

Creo, señor Presidente, que es de justicia que, al igual que apoyamos en este Parlamento la extradición de Pinochet y la de Fujimori, apoyemos ahora, unánimemente si es posible, la extradición del General Ríos Montt y de sus cómplices.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señor Presidente, me sumo también, evidentemente, a lo que acaba de decir mi compañero, señor Yáñez-Barnuevo, porque diez años después de firmarse los acuerdos de paz en Guatemala, un país que aspira a ser miembro del Consejo de Seguridad y con el que se está negociando un acuerdo de asociación, sigue sin implementarse el acuerdo global sobre derechos humanos. Y ello es algo realmente preocupante en un país que, como se ha dicho, ha sido víctima de dictaduras, genocidios, crímenes de lesa humanidad, cuyos responsables —y eso es lo más grave— siguen campando impunemente, por el país y por el mundo.

Por ello, hay que saludar, y lo hacemos en esta Resolución, el hecho de que el pasado 7 de julio la Audiencia Nacional española decretara esta orden internacional de busca y captura. Porque ello puede permitir, de alguna forma, empezar a corregir este déficit de impunidad y realmente hacer que las personas responsables paguen por lo que hicieron.

Pero no solamente deberíamos quedarnos aquí. Hay que pedir también la colaboración efectiva, en este ámbito, de las autoridades guatemaltecas. Lógicamente, tenemos que reclamarles que, en este ámbito de cooperación creciente, sean lo más cooperativas posible, para que, con base en este auto internacional, puedan contribuir a la detención, entrega y juicio de esas personas. Asimismo, tenemos que pedir la colaboración de las autoridades bancarias, que han estado recogiendo los beneficios y el enriquecimiento del que han estado gozando estas personas, para que estas últimas asuman sus responsabilidades civiles y financieras.

Por último, quiero decir que sería realmente muy útil que Europol e Interpol pudieran colaborar en esas labores, en la medida de sus posibilidades.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, Guatemala arrastra una larga y sangrienta historia de violencia, y uno no ha de ser parcial en sus juicios, pues, además de terribles dictaduras y represiones, ha existido también un movimiento revolucionario igualmente cruel y sanguinario conocido como los Tupamaros.

Han pasado más de tres décadas desde que la mirada de toda Alemania se centró en ese lugar de Centroamérica, cuando el embajador alemán Karl Graf Spreti (cuyo hijo es colaborador mío) fue secuestrado y asesinado. Karl Graf Spreti fue uno de los grandes hombres que prepararon el camino para Europa, y fue también diputado del Bundestag alemán por mi partido, pero en la selva fue capturado y cruelmente ejecutado como inocente diplomático. Desde entonces, el país ha atravesado un período de terribles crisis. Por eso debemos ser prudentes, pero también muy firmes, al apoyar el proceso de paz, denunciando sin ambigüedad a aquellos que, desde posiciones de poder, hicieron uso de la violencia y también a aquellos otros que, abusando de la palabra «libertad», ejercieron la misma violencia.

Guatemala también ha sido reiteradamente escenario de espantosos genocidios, y es de agradecer que la resolución no mida sus palabras al hablar de la expulsión del 10 % de los mayas, un pueblo de cultura milenaria, y el asesinato de decenas de miles de ellos.

Deberíamos aprovechar también esta oportunidad para precisar nuestra definición de genocidio. Se ha dicho muchas veces que la palabra «genocidio» solo se puede usar cuando un grupo es sistemáticamente eliminado. Eso no es así: el genocidio también existe cuando se priva a un grupo étnico de su medio de existencia, arrebatándole su propia tierra mediante expulsiones y criminal violencia. Así ha sucedido con muchos grupos étnicos, no solo los mayas, sino también otras pequeñas comunidades de Guatemala. No existe la prescripción para esos crímenes, y no podemos descansar hasta que los responsables hayan sido puestos a disposición de la justicia, en vez de mirar para otro lado y pasar al siguiente punto del orden del día.

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), autora. –

(La oradora habla en gaélico)

(EN) En las décadas de 1980 y 1990, Guatemala aparecía constantemente en las noticias internacionales. Tres décadas de conflicto y un proceso de paz que duró un decenio aseguraron que los ciudadanos de todo el mundo, incluso aquí en el Parlamento Europeo, estuviéramos informados. Otros colegas han mencionado algunas de las espantosas cifras de ese período: 200 000 personas asesinadas, miles de desplazados, pueblos y comunidades enteros destruidos para siempre. La propia investigación del Gobierno confirmó que un 93 % de todos los asesinatos fueron responsabilidad de las propias fuerzas armadas del Gobierno.

La dictadura militar de Ríos Montt a principios de la década de los ochenta destacó como uno de los períodos más brutales del conflicto. Hubo un gran optimismo después de firmar los acuerdos de paz, pero diez años después la realidad ha cambiado muy poco para los habitantes del país, donde un ochenta por ciento de la población vive en la pobreza. Al cabo de diez años, los perpetradores de la política de genocidio llevada a cabo en la década de 1980 no solo no han sido procesados, sino que siguen desempeñando un papel destacado en la vida pública. Las víctimas y los supervivientes del conflicto no han recibido ni ayuda financiera suficiente ni el reconocimiento de su sufrimiento. En realidad, la mayoría de los desaparecidos no han sido encontrados. Muchos de los desplazados todavía no han podido regresar a su hogar.

Acojo con satisfacción la demanda de la resolución, que busca el apoyo del Gobierno de Guatemala, de otros Gobiernos de América Central, del Gobierno español y del Gobierno de los Estados Unidos para que se emita una orden de detención europea, en relación con la orden de detención internacional, de modo que puedan ser entregadas a la justicia todas las personas que se mencionan en la orden judicial emitida el 7 de julio de 2005, todas ellas con cargos por crímenes de genocidio, incluido Ríos Montt.

También insto a sus Señorías a que reconozcan que en realidad ha cambiado muy poca cosa para las personas. Para la mayoría de los guatemaltecos, las condiciones de hoy difieren muy poco de las de 1996. El acuerdo de paz prometía una desmilitarización de la sociedad y una reforma agraria y fiscal muy necesaria, cuyo objetivo era construir una sociedad más justa e igualitaria. Sin duda hoy debemos recordarlo, aunque Guatemala no aparezca tan a menudo en las noticias, y debemos seguir exigiendo y trabajando por una sociedad justa e igualitaria.

Por lo tanto, acojo con satisfacción el compromiso de la resolución e insisto en el principio de justicia universal y protección de los derechos humanos. Nuestra experiencia en Irlanda nos ha enseñado que la paz solo se puede construir sobre la justicia y el respeto de los derechos de todos.

  El Presidente. – Preciso a nuestros amigos que se encuentran en la galería de visitantes, a los que quizás les haya sorprendido no disponer de traducción durante algunas decenas de segundos, que simplemente la señora De Brún se expresaba en gaélico, que todavía no es una lengua de trabajo oficial del Parlamento, pero que lo será a partir del próximo 1 de enero.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, señora Comisaria, es muy triste y vergonzoso contemplar el hecho de que en la gran mayoría de casos, quienes cometen crímenes atroces y despreciables contra la humanidad, como el genocidio, quedan impunes. De hecho, la mayoría de esos crueles asesinos de civiles indefensos y en su mayoría inocentes nunca se enfrentan a la justicia. Y más vergonzoso es aún que en realidad muchos de esos despiadados criminales subhumanos no solo escapen del brazo de la ley, sino que disfruten de un alto nivel de vida y de una importante categoría política.

Podemos encontrar numerosos ejemplos de este desgraciado estado de cosas en todo el mundo a lo largo de la historia y en la mayoría de ideologías y sistemas políticos, lo que no hace más que demostrar que, en realidad, una verdadera administración de la justicia es el sueño de una noche de verano y una falacia. Todos sabemos que esto ocurre en nuestro mundo, pero la mayoría tenemos demasiado miedo para admitirlo públicamente.

La situación de la historia reciente de Guatemala encaja plenamente con lo que acabo de decir. En el período de 1960 a 1996, más de 200 000 personas fueron asesinadas por la violencia patrocinada por el Estado, orquestada por un notorio general del ejército convertido en dictador, Efraín Ríos Montt, ayudado por una cadena de infames altos cargos y funcionarios militares de alto rango. Ninguno de esos personajes ha sufrido castigo alguno. Ríos Montt sigue en la política actual como líder del Frente Republicano Guatemalteco, uno de los partidos políticos más poderosos del país. Hace tan solo dos años ocupó el cargo de Presidente del Congreso Nacional.

Por supuesto que debemos tener en cuenta que Ríos Montt se formó en los Estados Unidos y que su acceso al poder tuvo lugar con la implicación de la CIA y con pleno apoyo político y ayuda financiera de los sucesivos Gobiernos de los Estados Unidos. Honestamente, ¿cuán patética puede llegar a ser la política exterior de los Estados Unidos? A veces uno se lo pregunta. ¿No ha contado el Departamento de Estado en las últimas décadas con personas rectas y razonables, con un coeficiente intelectual medio en su plantilla?

Les insto a apoyar esta resolución, que pretende respaldar los intentos actuales de las autoridades guatemaltecas para llevar ante la justicia a Ríos Montt y a varios otros criminales despreciables.

  Karin Scheele, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, el conflicto armado en Guatemala duró varias décadas, un tiempo en que se sucedieron terribles crímenes contra la humanidad, con 200 000 personas asesinadas, 45 000 desplazadas y algunas comunidades indígenas totalmente destruidas.

El acuerdo de paz cumplirá diez años el próximo diciembre. El acuerdo mundial sobre los derechos humanos aún no ha entrado en vigor en Guatemala, y las víctimas del genocidio no han sido compensadas, ni material ni simbólicamente. La orden de detención dictada por el Tribunal Supremo español en julio de 2006 contra Efraín Ríos Montt es una luz para la esperanza de que se acabe con la impunidad de los culpables.

Exigimos a las autoridades guatemaltecas que colaboren sin condiciones: deben hacer todo lo posible por investigar los crímenes contra la humanidad, y el ex dictador y los otros siete acusados deben ser detenidos y entregados a la justicia.

  Mariann Fischer Boel, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, mientras Guatemala se prepara para celebrar el décimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil, la Comisión comparte la opinión de que hay que hacer todo lo posible por hacer justicia a quienes sufrieron violaciones de los derechos humanos durante las horas más oscuras del conflicto. En este sentido, la Comisión toma nota de los procedimientos legales instituidos contra ex funcionarios militares y políticos por su presunto papel en aquella época. Una vez más, la Comisión pide a todas las partes que apoyen sin reservas la búsqueda de la verdad y la justicia y que luchen contra la impunidad allí donde prevalezca.

La Comisión agradece la disposición del Gobierno actual, aunque titubeante, de reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos en el pasado y de asegurar una compensación para las víctimas. Además, reconoce el compromiso del país de consolidar la ejecución de los acuerdos de paz, como confirmó el Congreso en agosto de 2005 con la votación de una ley marco que establece procedimientos y mecanismos para asegurar una consecución eficaz de los objetivos establecidos hace diez años.

Finalmente, la Comisión elogia el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos y acoge con satisfacción el hecho de que en julio de 2005 se abriera una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sin embargo, por desgracia, el país continúa corrompido por la impunidad que ampara no solo los crímenes del pasado, sino también los actuales. Esto afecta a todos los ciudadanos, incluso a defensores de los derechos humanos que ayudan activamente a las víctimas de la guerra civil. El Gobierno admite que esta situación no es aceptable, pero todavía tiene que tomar medidas decididas para reforzar el Estado de Derecho. En la actualidad, un programa europeo presta ayuda al poder judicial, pero se necesitarán más fondos públicos y reformas estructurales si se quieren realizar mejoras duraderas. La Comisión también espera con interés la creación de una «Comisión de investigación de los grupos armados y el aparato de seguridad clandestino». Esperamos que el Congreso guatemalteco preste el apoyo necesario a esta iniciativa, así como para la ratificación pendiente del Estatuto de Roma de la Corte Penal Institucional.

La Comisión cree que la Unión Europea debería perseguir el diálogo con Guatemala sobre los principales problemas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo a medida que el país se prepara para las elecciones generales previstas para finales de 2007. Por cierto, el Tribunal Constitucional ha declarado recientemente que el general Ríos Montt no puede presentarse a dichas elecciones tras el golpe que dirigió en 1982. El tema de la impunidad por los crímenes pasados y presentes debería ser un aspecto esencial en este contexto.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy al término de los debates.

(1) Cf. Acta.