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Procedimiento : 2006/0061(CNS)
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A6-0339/2006

Debates :

Votaciones :

PV 14/11/2006 - 9.3
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2006)0470

Debates
Martes 14 de noviembre de 2006 - Estrasburgo Edición DO

12. Explicaciones de voto
PV
  

- Informe Joseph Daul (A6-0377/2006)

 
  
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  Andreas Mölzer (NI). (DE) Señor Presidente, los expertos están de acuerdo en que la tendencia a emigrar desde el campo se intensificará aún más en los próximos años, siendo una de las causas el alto índice de mortalidad entre los agricultores. Esta inquietante tendencia también se ha visto impulsada por el enfoque equivocado de nuestra política de ayudas, de la cual, generalmente, solo se benefician los grandes actores, por no mencionar los largos períodos en los que las zonas rurales se han visto olvidadas.

De aquí se deduce que tenemos que garantizar la supervivencia de las pequeñas propiedades agrícolas y de los residentes en zonas montañosas mediante la creación de condiciones de vida idénticas en la ciudad y en el campo, y que debemos seguir adelante con el desarrollo de las infraestructuras en todas las regiones y con el establecimiento de conexiones entre ellas. Por este motivo, he votado a favor de la aprobación del informe Daul.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de la Comisión relativa al desarrollo de cultivos energéticos y de producción de biomasa trata de poner fin a las situaciones de punto muerto originadas por la nueva PAC en la economía rural desde su primer año de aplicación, situaciones que se intensificarán cuando finalice dicha política y por las que se han visto afectados los trabajadores de las industrias de transformación de productos agrícolas y las pequeñas y medianas explotaciones.

No obstante, los incentivos incluidos en la propuesta y las condiciones previas para su reembolso benefician a las grandes explotaciones agrícolas de los países del norte de la Unión Europea, los cuales tienen una ventaja comparativa debido a sus condiciones climáticas y edafológicas y a su tamaño. Dicha propuesta deja de beneficiar a aquellos países con un clima veraniego seco y con pequeñas explotaciones, pasando por alto a propósito las diferencias con el grupo anterior.

En nuestro país, por ejemplo, no existen zonas incluidas en el régimen de ayudas para la retirada de tierras de la producción con vistas al establecimiento de cultivos energéticos, por lo que no obtenemos ventajas de esta medida. Por otro lado, la ayuda por superficie consistente en 4,5 euros por decárea resulta insignificante y no constituye un incentivo de ningún tipo.

Por este motivo, no estamos de acuerdo con la propuesta de Reglamento, a pesar de que consideramos que la propuesta de la Comisión resulta en principio positiva para los nuevos Estados miembros en lo que respecta a los cultivos energéticos, ya que se orienta hacia la igualdad de trato, si bien este no es el resultado que consigue.

 
  
  

- Informes Descamps (A6-0338/2006 y A6-0339/2006)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi estimada colega, la señora Descamps, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales. Este informe sigue la línea de una muy antigua tradición de cooperación, y es lógico que tejamos lazos privilegiados a través de los jóvenes de la Unión Europea y Canadá, que son los hijos de Europa.

 
  
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  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), por escrito. – (FR) Estos acuerdos tienen por objeto reforzar nuestra cooperación en los ámbitos de la enseñanza superior y la formación con Canadá, por una parte, y los Estados Unidos, por otra.

Así, tanto uno como otro renuevan por un período de ocho años –de 2006 a 2013– los programas de cooperación anteriormente celebrados con la Unión Europea en 1995 y en 2000.

El acuerdo de cooperación negociado con Canadá pretende desarrollar y ampliar el ámbito de aplicación del acuerdo anterior, aportando un nuevo marco de cooperación para la juventud.

Renovando en parte el programa anterior, el nuevo acuerdo celebrado con los Estados Unidos instaura innovadores programas que dan acceso a títulos transatlánticos. Tiende a favorecer los intercambios de estudiantes y docentes, a reforzar el programa Schuman-Fulbright y a alentar una colaboración institucional más estrecha en la enseñanza superior.

Estos dos acuerdos han demostrado su utilidad en el pasado. Su aplicación debería mejorar, en el futuro, la apertura y la competitividad de nuestros sistemas de enseñanza superior, favoreciendo al mismo tiempo la comprensión mutua y el acercamiento de nuestros pueblos.

Celebro que el Parlamento se haya pronunciado a favor de la conclusión de estos acuerdos, permitiendo así fortalecer las relaciones que unen a nuestros dos continentes.

 
  
  

- Informe Matsouka (A6-0346/2006)

 
  
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  Andreas Mölzer (NI).(DE) Señor Presidente, la movilidad de los ciudadanos es cada vez mayor; hoy día no resulta nada extraño trabajar, estudiar o residir tras la jubilación en otro Estado miembro de la Unión Europea. En consecuencia, se plantean diversos y complejos problemas –aún sin resolver– en lo que respecta a la seguridad social. Aunque se han registrado algunos avances desde que hace 30 años se promulgaran las primeras normas y reglamentos comunitarios sobre este tema, es preciso que se adopten medidas adicionales en este sentido. El informe Matsouka no realiza ninguna contribución al respecto, razón por la que me he abstenido en la votación correspondiente.

 
  
  

- Informe Morillon (A6-0331/2006)

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las empresas implicadas en la actividad de la acuicultura, tras el rápido desarrollo del sector en la cría de especies indígenas de peces y mariscos, desean ahora introducir especies no autóctonas.

La propuesta de Reglamento contempla determinados procedimientos de seguridad porque existen riesgos evidentes de que la biodiversidad natural de la zona resulte afectada tras la introducción y liberación de las especies no autóctonas.

No obstante, es imposible garantizar una seguridad plena, sobre todo porque la información necesaria se ha solicitado a las partes interesadas, tal como sucedió con los organismos genéticamente modificados.

Por supuesto, desde el punto de vista histórico, hay especies como la carpa, la trucha y demás, cuya liberación en distintas zonas no ha tenido ningún tipo de repercusión. Sin embargo, no hay garantías de que se vayan a repetir los precedentes históricos, cualesquiera que sean las medidas y las válvulas de seguridad que se utilicen.

Por otro lado, la facilidad para importar estos organismos y los posibles beneficios económicos acumulables se podrían compensar mediante la pesca o la cría de dichas especies en los países donde constituyen poblaciones autóctonas – en otras palabras, allí donde no suponen peligro alguno para los ecosistemas naturales. Esta medida favorecería además el desarrollo de estos países y beneficiaría a sus ciudadanos de forma directamente desproporcionada con respecto a los resultados económicos que se podrían producir en los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, los intereses de las empresas saldrían ganando, pero no a expensas de la gente de los países de origen de las especies no autóctonas.

 
  
  

- Informe Morillon (A6-0311/2006)

 
  
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  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) Opino que la ayuda financiera de la Unión Europea a la industria pesquera se debería cancelar lo antes posible y que aquellos Estados miembros responsables de la sobrepesca tendrían que compensar por su cuenta a aquellos países en desarrollo perjudicados por los acuerdos de pesca comunitarios. Es preciso que dicha compensación deje de pagarse con el presupuesto de la Unión Europea.

A pesar de todo, he decidido votar a favor del informe porque reduce la posibilidad de que en las ayudas influyan determinados intereses particulares nacionales.

 
  
  

- Informe Catania (A6-0380/2006)

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye el primer instrumento global orientado a evitar y eliminar la corrupción.

El objetivo consiste en crear una estrategia y un marco mundiales con una serie de normas mínimas, pero significativas, que deberán ser aplicadas por todos los signatarios de la Convención. Las normas deben contribuir a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de los delitos.

La Comisión negoció este acuerdo, basado en los elementos de la Convención que entran dentro del ámbito de las competencias comunitarias, y finalizó las negociaciones en septiembre de 2005 en nombre de la Comunidad.

Acojo con satisfacción la suscripción de este acuerdo. No obstante, me siento muy decepcionado por el hecho de que tres Estados miembros –Suecia, Eslovenia y Estonia– todavía no hayan firmado la Convención.

Espero que el proceso de ratificación llevado a cabo por la Comunidad, y por aquellos Estados miembros que aún deben hacerlo, concluya lo antes posible. Quiero resaltar lo importantísimo que resulta que esta Convención entre en vigor a la mayor brevedad. Una vez que esto suceda, se podrán poner en marcha medidas más efectivas para la prevención y la eliminación de este tipo de delincuencia.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Resulta inaceptable que la Unión Europea pretenda ahora comprometer a todos sus Estados miembros en un tratado internacional con un tercero. La idea principal de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se basa en la participación voluntaria y el respeto del derecho nacional a la autodeterminación. El ponente, el señor Catania, ha optado por citar en su informe 26 artículos diferentes con vistas a respaldar la propuesta. Ninguno de estos artículos confiere a la Unión Europea el poder o la competencia para firmar un tratado legalmente vinculante con un tercero. Sería conveniente que la Unión Europea centrara su atención en la expansión de la corrupción dentro de sus propias instituciones. La corrupción interna en la Unión se ha convertido en un problema creciente que está minando la confianza de los ciudadanos en el concepto básico europeo.

La Lista de Junio cree que la Unión Europea está sobrepasando sus competencias y, por tanto, decide votar en contra de la propuesta en general.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Como es lógico, he votado a favor de este informe. La lucha contra la corrupción en el mundo es un objetivo esencial para la gobernanza de todos los miembros de la comunidad internacional y, a su vez, constituye un factor clave para la paz y el desarrollo.

Al margen de las consideraciones de carácter ético y económico, existe un punto evidente que hace de la lucha contra la corrupción a escala mundial un factor clave en las relaciones internacionales. Los países con Gobiernos corruptos se rigen por normas, criterios e intereses que son incompatibles con aquellos que favorecen el desarrollo sostenible, la cooperación y la paz. Abordar este problema equivale a hacer frente a una de las causas de los conflictos y la pobreza.

Sin embargo, no basta con que firmemos convenciones de esta clase. Lo que necesitamos es que esta lucha pase a formar parte de nuestros criterios de acción en el nivel internacional, sobre todo en un ámbito de cooperación en el que la Unión Europea juega un papel tan significativo. Por eso he votado a favor.

 
  
  

- Informe Mulder (A6-0319/2006)

 
  
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  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. – (PT) La propuesta de la Comisión, en la cual se basa este informe, tiene como objetivo poner en consonancia el Reglamento (CE) nº 1698/2005 con el Acuerdo del Consejo Europeo de 15/16 de diciembre de 2005 sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013 en lo que concierne a la limitación de las dotaciones del Fondo de Cohesión y a la exención de Portugal del cumplimiento del requisito de cofinanciación por el importe de 320 millones de euros.

De conformidad con los términos de este acuerdo, la cantidad de 320 millones de euros que se destinará a Portugal no estará sujeta al requisito de la cofinanciación nacional debido a las restricciones particulares a las que se enfrenta la agricultura portuguesa.

La disposición de una dotación financiera nacional en el contexto de un crédito global previsto por el nuevo instrumento de desarrollo rural (FEADER), y la duplicación de la cantidad propuesta originalmente, incrementada debido a la exención establecida en reconocimiento de las dificultades a las que se enfrenta la agricultura portuguesa, constituyeron para Portugal unos de los aspectos más positivos del nuevo acuerdo político alcanzado bajo la Presidencia del Reino Unido en las complicadas y largas negociaciones sobre el marco financiero para el próximo período 2007-2013.

Por consiguiente, he votado a favor del informe Mulder, en el cual se recomienda aprobar esta propuesta de la Comisión.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio considera que hay que poner fin a la política agrícola común (o de «desarrollo rural», como se denominará a partir de 2007).

Esta semana (la que comienza el 23 de octubre de 2006), el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha comentado por decimotercera vez consecutiva que solo puede garantizar que una pequeña parte de los 105 mil millones de euros del presupuesto comunitario se haya utilizado correctamente y para los fines previstos. Las ayudas contempladas en la política agrícola constituyen una de las principales áreas problemáticas que hay que controlar. Existen grandes dificultades para supervisar ciertos sectores, tal como el de las ayudas para la producción de aceite de oliva.

Esta situación no puede continuar. El grifo abierto en el que se han convertido los fondos comunitarios debe cerrarse de una vez. Por eso hemos votado en contra del informe.

 
  
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  Neil Parish (PPE-DE), por escrito. (EN) Este informe aprueba la propuesta de la Comisión de introducir dos cambios en el mecanismo de financiación del desarrollo rural en línea con el acuerdo del Consejo Europeo de diciembre 2005 sobre la financiación del desarrollo rural para el período 2007-2013. Los diputados conservadores rechazaron el acuerdo de diciembre de 2005 y, por tanto, no pueden apoyar las propuestas derivadas del mismo.

El Gobierno británico ha desperdiciado una oportunidad de oro de alcanzar una distribución más justa de los fondos para el desarrollo rural y ha permitido que algunos Estados miembros, incluso en esta fase temprana, se asignen sumas sustanciales de las ya reducidas cantidades. En última instancia, el Reino Unido ha acabado con tan solo un 3,5 % de los fondos disponibles para la UE de los 15. La propuesta en cuestión permite a Portugal autoeximirse de la obligación de cofinanciar las cantidades que consiguió en el Consejo de diciembre. Los conservadores creen que esto sienta un peligroso precedente.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Además de las consideraciones generales relativas a la necesidad de aumentar el grado de consonancia de la política agrícola y los fondos concedidos a los agricultores con los objetivos de desarrollo rural, otra razón para haber votado a favor del informe es que se ha tenido en cuenta la situación excepcional a la que se enfrenta Portugal y, en consecuencia, se ha eliminado el requisito de la cofinanciación nacional.

Por otra parte, tal y como se refleja en la pregunta que he planteado a la Comisión, los agricultores portugueses, la agricultura portuguesa y el potencial de desarrollo rural se han visto perjudicados recientemente por la incapacidad o la indisposición del Gobierno de este país para tomar medidas, quedándose sin utilizar una gran cantidad de fondos. Por este motivo, esta excepción especial está plenamente justificada.

 
  
  

- Informe Lienemann (A6-0373/2006)

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Lienemann (A6-0373/2006) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, porque esta Directiva sobre la estrategia marina implementará debidamente las propuestas del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente sobre el fomento del uso sostenible de los mares y los ecosistemas marinos.

Un porcentaje significativo de ciudadanos europeos viven en regiones costeras y dependen del mar para su sustento, mientras que para otros el mar es un lugar de ocio. El desarrollo de estrategias marinas nacionales –destinadas a lograr un buen estado ecológico y a proteger y preservar los ecosistemas marinos más vulnerables y la diversidad biológica– permitirá limitar las actividades en el medio marino a niveles que sean sostenibles y que no comprometan los usos y actividades de las generaciones venideras, ni la capacidad de reacción de los ecosistemas marinos ante cambios provocados por la naturaleza o el ser humano.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Acogemos con agrado la iniciativa de establecer un marco de acción en el ámbito de la política de medio ambiente marino, con los recursos financieros apropiados. Dada su importancia estratégica, los Estados miembros deben establecer estrategias de evaluación y objetivos medioambientales para sus medios marinos, en colaboración con los demás Estados miembros o con terceros países; no en vano, se trata de un terreno en el que las acciones de un país pueden repercutir en otro diferente.

Hay una cuestión clave en este proceso, y consiste en determinar quién posee y gestiona las zonas marinas a las que se aplica esta directiva. Tanto la Directiva propuesta como las enmiendas aprobadas hoy en el informe Lienemann empiezan con la definición de «aguas marinas europeas», en la que no se aclara la delimitación de nuestra zona económica exclusiva ni el papel que corresponde a cada Estado miembro en este contexto.

En lo que respecta a la creación de unos organismos supranacionales, no se indica si esta decisión solo se puede tomar de forma unánime sobre la base del principio de los Estados soberanos con igualdad de derechos o si, por el contrario, se puede imponer por mayoría, tal y como se propone en la denominada Constitución Europea. Dada la falta de claridad sobre estas cuestiones, nos hemos abstenido en la votación final.

 
  
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  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El propósito de la Directiva sobre el medio marino consiste en establecer un nivel elevado de protección de los mares y océanos de Europa, en ampliar nuestro conocimiento de este patrimonio, del que aún queda mucho por descubrir, y en definir una estrategia de gestión basada en un enfoque integrado, con objetivos cualitativos y cuantitativos destinados a reducir la presión sobre los recursos marinos y sus ecosistemas.

Deseo subrayar que la referencia a la necesidad de que la UE cofinancie medidas que deban llevarse a cabo para aplicar la Directiva y su inclusión en los presupuestos de 2007 en adelante. Esta medida reviste gran importancia para Portugal, cuya zona económica exclusiva es enorme, la más extensa de la Unión, que implica unos costes muy elevados.

La aprobación del cambio de fecha límite para la consecución de los objetivos establecidos – de 2021 a 2017 – según la propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, es señal de la ambiciosa postura que mantiene el Parlamento con respecto a este asunto y de su nivel de compromiso en la persecución de un «buen estado ecológico» para el medio marino.

Las restantes medidas previstas, orientadas a garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas desarrolladas en mares y océanos, a proteger la biodiversidad y a prevenir la contaminación, también propuestas por el PPE-DE, resultan de igual importancia, dado que mejoran de manera sustancial la propuesta de la Comisión…

(Explicación del voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

 
  
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  Ambroise Guellec (PPE-DE), por escrito. – (FR) Celebro la aprobación en primera lectura del informe de la señora Lienemann sobre la Directiva «Estrategia para el medio marino», una Directiva esencial que se inscribe en la continuidad de la Directiva marco sobre el agua (DMA). No obstante, quiero expresar mi escepticismo por lo que se refiere a la fiabilidad del calendario que se acaba de aprobar. En efecto, el conocimiento del medio marino todavía no es suficiente para disponer, a corto plazo, de una evaluación eficaz de la situación ambiental de los mares europeos. Como vemos actualmente con la aplicación de la DMA, la fase de preparación y análisis de la situación siempre es difícil y más larga de lo previsto. Además, el medio marino tiene una inercia especialmente importante. Me parece, pues, que el calendario propuesto por la Comisión ya es bastante ambicioso.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Acogemos con satisfacción la iniciativa de una política sobre el medio marino en el marco de la cooperación y coordinación necesarias entre los diferentes países, garantizando al mismo tiempo a cada uno de ellos la plena soberanía sobre sus territorios y recursos, y teniendo en cuenta los diferentes aspectos económicos, sociales y medioambientales.

La conservación de los recursos pesqueros se ha puesto en peligro debido sobre todo a la contaminación marina y al gran volumen del tráfico marítimo, dos problemas que afectan a la actividad pesquera. La pesca en sí es solo uno de los muchos factores influyentes y, sin duda, no se incluye entre los más importantes.

Las reservas de peces y su regeneración son un componente indispensable para asegurar el futuro de la actividad pesquera; sin peces no hay pesca. Por lo tanto, los pescadores son los actores interesados más importantes en lo que respecta a la protección y la regeneración del medio marino. Con este telón de fondo, es preciso que la recuperación de las reservas, con la financiación apropiada, implique una compensación económica y social imprescindible para el sector y sus trabajadores.

El aspecto clave es el respeto hacia la soberanía de los Estados miembros, en particular en lo que concierne a sus zonas económicas exclusivas y su capacidad para implementar medidas independientes para la defensa de sus recursos pesqueros.

Por último, aunque la estrategia marina y la PPC tienen que estar estrechamente vinculadas, conviene que esta última no imponga sus estructuras sobre las estructuras pesqueras.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) El medio ambiente marino necesita protección y conservación. Debemos alegrarnos de la declaración de Estado Ecológico Satisfactorio. Sin embargo, al apoyar la enmienda 91 aclaramos que la explotación de petróleo y gas en el medio ambiente marino puede continuar si cumple las normas internacionales. Es importante reconocer la contribución de la industria del petróleo y el gas a la economía escocesa.

 
  
  

- Informe Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

 
  
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  Richard Corbett (PSE). (EN) Señor Presidente, el mercurio es una sustancia altamente tóxica y peligrosa. La propuesta para eliminarlo del uso doméstico, un ámbito para que el existen sustitutos adecuados, es muy sensata y los 25 Gobiernos del Consejo la apoyan.

Sin embargo, el Grupo del PPE-DE, incitado por los conservadores británicos, ha votado a favor de que se permitan exenciones para aquellos productos que seguramente llegarán a ser de uso doméstico, que es el lugar más peligroso para ellos. Eso no cuadra con lo que dice David Cameron en el Reino Unido, ni siquiera con lo que dice la web del Partido Conservador sobre su compromiso de eliminar las sustancias químicas peligrosas.

Espero que al menos los conservadores británicos, después de hacer campaña durante semanas contra los llamados «dictados» de Bruselas, se abstengan ahora de usar ese lenguaje. Hoy habrán visto que el resultado de la legislación europea viene determinado por una votación democrática en este Parlamento, y no por los «dictados» de la Comisión Europea.

Aunque no lamenten lo que han hecho hoy, espero que al menos dejen de usar esa clase de vocabulario cuando hagan campaña sobre estas cuestiones.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. – (PT) Esta propuesta guarda relación con la estrategia comunitaria sobre el mercurio aprobada en junio de 2005 y tiene como objetivo la reducción del uso de productos con esta sustancia mediante la prohibición de la comercialización de los aparatos que la contengan.

Una vez se apruebe el informe, quedará prohibida la comercialización de todos los instrumentos de medición y se modificará la propuesta original de la Comisión para que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a la mayor brevedad posible.

De este Reglamento quedan excluidos aquellos productos que ya estén en el mercado, los aparatos considerados como antigüedades y los objetos de coleccionista, y los barómetros, cuya fabricación debe contar con la autorización necesaria y se irá reduciendo progresivamente.

El uso de barómetros tradicionales en Europa es muy reducido, al igual que la cantidad total de mercurio que estos contienen. Su exclusión de esta propuesta y la de aquellos instrumentos de medición con más de 50 años representa una medida importante, por un lado, porque protege a los pequeños fabricantes existentes, y por otro, porque el mercurio se suele reciclar y reutilizar. Si se hubieran incluido –conduciendo a la ruina definitiva al sector de la fabricación de barómetros tradicionales– se habría producido una contaminación y unos flujos imprevistos de mercurio...

(Explicación del voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Sornosa Martínez (A6-0287/2006) sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo relativo a las restricciones a la comercialización de determinados aparatos de medición que contienen mercurio. En vista de lo extremadamente tóxica que resulta esta sustancia para los seres humanos, los ecosistemas y la naturaleza, es preciso imponer restricciones a la comercialización de estos productos. De este modo, conseguiremos evitar que se liberen cantidades importantes de mercurio en el flujo de residuos y ayudaremos a conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente y la salud humana.

Los aparatos que contienen mercurio deben ser sustituidos siempre que haya alternativas más seguras en el mercado. No obstante, se pueden permitir determinadas excepciones en aquellos casos en los que todavía no existan sustitutos disponibles, así como en los casos raros de mantenimiento de barómetros tradicionales, colecciones de museos y patrimonio industrial.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de que este informe limite el uso del mercurio, una sustancia altamente peligrosa. Me he quedado estupefacto al ver que los diputados conservadores británicos votaban en contra de la prohibición. Esto desmiente el compromiso expreso de su líder, David Cameron, de prohibir los productos químicos peligrosos. Es triste ver que los conservadores no se toman en serio la salud y la seguridad de las generaciones futuras. De nuevo, dicen una cosa en su país y otra diferente en el extranjero.

 
  
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  Linda McAvan (PSE), por escrito. (EN) Un informe de The Lancet publicado en el Reino Unido la semana pasada subrayaba los peligros de los productos químicos tóxicos para la salud del feto y de los niños. El mercurio es extremadamente tóxico, bioacumulativo y persistente en el medio ambiente. No hay niveles de exposición seguros y, sin embargo, el mercurio llega a nuestro flujo de residuos a través de los productos domésticos desechados que contienen mercurio. Por eso los diputados laboristas están de acuerdo con los 25 Gobiernos de la UE y con la Comisión en que el mercurio debería eliminarse de todos los usos, excepto de los esenciales. Nos oponemos a una exención permanente de los barómetros de mercurio porque hay sustitutos disponibles, pero hemos propuesto y apoyaremos un período de eliminación gradual de dos años para los barómetros de mercurio a fin de que la industria se adapte a la nueva legislación.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) En enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó por muy amplia mayoría mi informe sobre el Plan de acción europeo 2004-2010 a favor del medio ambiente y la salud. Entre las recomendaciones formuladas figuraba la prohibición progresiva de determinadas sustancias químicas que, como el mercurio empleado para las amalgamas dentales y los aparatos no electrónicos de medida y control, son muy preocupantes para la salud humana. Es necesario sustituirlos por alternativas más seguras.

En efecto, las 33 toneladas de mercurio utilizadas cada año en la Unión Europea son responsables, al igual que otros metales pesados, de enfermedades neurológicas que afectan especialmente a niños.

De ahora en adelante, en nuestras sociedades, en las que la química está omnipresente, debe prevalecer un imperativo de salud pública. Por esta razón, lamento que 327 de mis colegas hayan creído oportuno, contrariamente a la opinión de la ponente, la señora Sornosa, limitar las prohibiciones de comercialización de objetos (termómetros, barómetros) que contienen mercurio y están destinados al público en general.

Mañana, sin embargo, habrá que ir más lejos y exigir a los 25 Estados miembros que tomen medidas ambiciosas para que el mercurio en todas sus formas desaparezca de espacios públicos tan sensibles como las maternidades, las guarderías, los hospitales y los colegios.

 
  
  

- Informe Goepel – propuesta legislativa (A6-0315/2006)

 
  
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  Richard Corbett (PSE). (EN) Señor Presidente, esta votación demuestra que determinados intereses aún se oponen a la reforma de la Política Agrícola Común.

A pesar de ello, poco a poco la reforma ha ido disminuyendo el gasto de la PAC y ha cambiado el apoyo a los precios por mejoras más ecológicas, ayudas a la renta y al desarrollo rural. También se eliminarán las ayudas a la exportación. Pero hay que seguir tomando medidas en esa dirección. Lo conseguiremos, a pesar de la resistencia mostrada en la votación de hoy.

 
  
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  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Señorías, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Democrático Cívico checo han negado hoy su apoyo al informe Goepel sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos. El informe rechaza la propuesta presentada por la Comisión, sobre la base de un acuerdo con el Consejo, la cual está orientada a aumentar la flexibilidad de la Política Agrícola Común (PAC) aproximándola en mayor medida a las condiciones nacionales reales.

Esta postura del Parlamento resulta ridícula y no podemos respaldarla bajo ningún concepto. En la actualidad, la PAC discrimina a todos los nuevos Estados miembros, incluida la República Checa. Por este motivo, la referencia del ponente al principio de prohibición de discriminación constituye una burla a todos los agricultores de los nuevos Estados miembros ya que, efectivamente, dichos agricultores están siendo discriminados. Este año han recibido un 35 % de créditos en concepto de pagos directos, en comparación al 100 % percibido por los agricultores de los antiguos Estados miembros, lo cual sirve para justificar nuestro voto en contra.

 
  
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  Michl Ebner (PPE-DE). (DE) Señor Presidente, pido disculpas por no haber prestado suficiente atención anteriormente.

Lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con el enfoque y la línea seguidos por el señor Goepel, nuestro ponente, y que no entiendo bien el motivo por el que la Comisión se muestra tan obstinada en su postura. Durante los próximos dos meses que se nos han concedido en el nuevo calendario, espero que seamos capaces de encontrar modos y formas de evitar la renacionalización de la política agrícola en un momento en que es preciso distribuir dinero por toda la Comunidad. Dedicaré todos mis esfuerzos a trabajar en esta línea.

Creo que hay que dejar espacio a la negociación y confío en que la Comisión muestre una actitud más sensata en este sentido.

 
  
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  Thijs Berman (PSE), por escrito. (NL) No hace falta decir que los diputados neerlandeses al Parlamento Europeo están a favor de que se incremente la modulación, de que se transfieran fondos del primer pilar del presupuesto agrícola al segundo. Desde un punto de vista social y democrático, la modulación supone una mejora considerable de las injusticias registradas en las actuales ayudas a la renta. Aquellos con explotaciones agrícolas más grandes reciben una cantidad de ayudas desproporcionadamente mayor que los que tienen explotaciones de menor tamaño. Además, las ayudas a la renta no son eficaces, porque no aumentan de forma suficiente el poder adquisitivo de los agricultores.

El desarrollo rural ofrece más oportunidades a los ciudadanos que residen en el campo. Tanto jóvenes como mayores necesitan unas instalaciones adecuadas, una infraestructura sólida y una economía diversa. Asimismo, el desarrollo rural beneficia a la gran mayoría de agricultores.

Aunque la modulación voluntaria resulta menos aceptable que la obligatoria debido a la posible distorsión de las relaciones competitivas entre los agricultores europeos, el Partido Laborista neerlandés secunda la propuesta porque representa un paso en la dirección correcta. No obstante, el Consejo ha tomado una decisión sin seguir primero la ruta más democrática. El Parlamento Europeo ni siquiera ha tenido noticias acerca de esta importante intervención en el presupuesto.

Lo lamentable es que, debido a este déficit democrático, nos resulta imposible apoyar la propuesta de resolución y, por tanto, nos hemos abstenido en la votación.

 
  
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  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ana Maria Gomes, Jamila Madeira, Manuel António dos Santos y Sérgio Sousa Pinto (PSE), por escrito. – (PT) Hemos votado en contra de la postura del ponente y, por consiguiente, en favor de la propuesta legislativa de la Comisión, porque la modulación –es decir, la posibilidad de transferir del primer pilar de la PAC al segundo hasta un 20 % de los créditos concedidos a los agricultores que reciben más de 5 000 euros por año– constituye un instrumento esencial para la introducción de cierta justicia en la distribución de las ayudas a la agricultura.

Queremos señalar que en Portugal solo un 5 % de los agricultores reciben más de 5 000 euros al año. No logramos entender cómo se puede preferir la situación actual a la alternativa propuesta de la modulación voluntaria.

Nosotros, los firmantes de esta explicación de voto, consideramos que la solución ideal es la modulación obligatoria, la cual se impondrá inevitablemente a corto o medio plazo. Dada la alternativa presentada, creemos que el rechazo por parte del Parlamento resulta incomprensible.

En el caso de Portugal, el modo de aplicación sugerido permitiría incrementar las ayudas al desarrollo rural en una cantidad aproximada de 50 millones de euros al año, beneficiando así a numerosos agricultores que en la actualidad quedan excluidos de cualquier apoyo.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La idea central de este informe es que la propuesta de modulación de la Comisión no es auténtica. En una propuesta de modulación verdadera se incrementarían las ayudas destinadas a los que reciben menos, o nada, a costa de los que perciben una gran suma, con vistas a garantizar un nivel mayor de justicia en el reparto de las ayudas entre los productores, los países y las explotaciones agrícolas, y a apoyar a los pequeños y medianos agricultores y a las haciendas familiares.

Creemos que la Comisión debería presentar una nueva propuesta a fin de establecer una modulación auténtica, en virtud de la cual se garantice una mayor justicia en la distribución de los recursos financieros mediante la fijación de un límite máximo a las ayudas por explotación y el aumento en el porcentaje de las ayudas destinadas a los agricultores que perciben menos de la PAC (modulación), por ejemplo, proponiendo un aumento del 15 % al 20 % para aquellos agricultores que reciban menos de 5 000 euros en ayudas, teniendo en cuenta además otras circunstancias aparte de esta cifra.

Sin estas medidas, corremos el riesgo de que se agraven las desigualdades existentes. Por tanto, instamos a la Comisión a que vuelva a redactar la propuesta para evitar que una decisión sobre este tema provoque en última instancia la renacionalización de la PAC. Por este motivo, hemos votado en contra del informe, con la esperanza de preparar el terreno para una nueva propuesta.

 
  
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  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) En un momento en que la Unión afronta un resurgimiento de los egoísmos nacionales, la propuesta de la Comisión de introducir una modulación facultativa de los pagos directos en el marco de la PAC marca una nueva etapa en la desintegración de la solidaridad comunitaria.

Ante este peligro, el Parlamento debía reaccionar y hacer oír su voz para reafirmar el apego de los representantes de los pueblos europeos a la defensa del carácter «común» de las políticas públicas de la Unión, de las que la PAC es el más brillante símbolo y la realización más lograda.

En esta óptica, he votado a favor del informe Goeppel, presentado hoy en sesión plenaria y, en particular, de la petición explícita de rechazo puro y simple de la propuesta de la Comisión Europea.

Esta posición, que expresa la opinión de la mayoría de los diputados hoy presentes, traduce la voluntad clara y sin ambigüedades del Parlamento Europeo de no traicionar su visión de la Europa futura y no hacer de la PAC una variable de ajuste destinada a paliar las deficiencias culpables de un presupuesto europeo lastrado por la falta de ambición de los Estados miembros de la Unión.

Señala la exigencia de mantener un sistema de ayudas a los productores basado en el principio de equidad, el único capaz de garantizar en el futuro la supervivencia de una agricultura europea viable y competitiva caracterizada por la solidaridad.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Aunque votamos en contra de este informe, nos abstenemos de votar en relación con la propuesta de la Comisión sobre este tema.

La exposición de motivos del informe contiene una serie de opiniones en las que, por ejemplo, se critica el posible abandono o la renacionalización de la política agrícola común – algo que la Lista de Junio considera conveniente – y se argumenta que la propuesta infringiría el derecho de participación del Parlamento Europeo, impresión que la Lista de Junio no comparte.

Además, en la exposición de motivos se declara que el «chequeo» del presupuesto a largo plazo, o la revisión intermedia, como preferimos llamarlo, que está previsto se efectúe en 2008/2009, solo debe servir de base para la elaboración de propuestas para el período de financiación posterior a 2013. La Lista de Junio no comparte esta idea en absoluto. Creemos que la revisión intermedia debe llevar lo antes posible a la introducción de recortes en el presupuesto para el desarrollo agrícola/rural en el período presupuestario 2007-2013 tratado actualmente.

 
  
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  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. (DE) Tras ofrecer el Consejo a los Estados miembros la opción de una modulación voluntaria del 20 por ciento de los pagos directos a la agricultura desde el primer pilar al segundo, esta idea se incorporó a la propuesta de la Comisión, lo cual provocará, sin duda alguna, recortes en las ayudas agrícolas. El Consejo, el Parlamento y la Comisión acordaron, en las perspectivas financieras, revisar el gasto de la Unión Europea en la política agrícola común – entre otras cosas – pero no antes de 2013. Nuestros agricultores necesitan seguridad para planear de antemano si mantendrán su nivel de competitividad. Por este motivo, debemos garantizar que no se introduzcan cambios en el dinero reservado para el presupuesto agrícola hasta 2013, y que estos fondos se destinen realmente a la actividad agrícola. Resulta inaceptable que en algunos Estados miembros las familias agricultoras puedan obtener un mejor apoyo financiero a través de los pagos de compensación. El objeto de la política agrícola comunitaria es asegurar a los agricultores europeos unas condiciones económicas equiparables en un mercado único. Puesto que la propuesta de la Comisión no fue precedida por una evaluación del impacto susceptible de poner de manifiesto cualquier trato desigual, al Parlamento le resulta imposible respaldarla.

He votado en contra con la esperanza de que se tengan en cuenta las demandas de los agricultores.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La Comisión está preparando un nuevo ataque contra las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en su propuesta de reducir los pagos directos en un 20 %. La transferencia del 20 % de los recursos del primer pilar –es decir, los pagos directos– al segundo pilar, que beneficia básicamente a las empresas y a las grandes explotaciones, supone una reducción de la ayuda a los ingresos para las pequeñas y medianas explotaciones.

El resultado será acelerar la erradicación de las pequeñas explotaciones y la concentración de la producción agraria en menos manos. En muchos casos, la producción agrícola y el empleo incluso se reducirán, sin que ello se vea compensado por el desarrollo de las actividades del segundo pilar.

En cuanto a la propuesta de que esa transferencia se aplique voluntariamente, por un lado eso creará una agricultura de doble vía y, por otro, la perspectiva a corto plazo será que la transferencia voluntaria se haga obligatoria. Este tipo de modus operandi ya se ha utilizado en el pasado.

Los agricultores griegos están sufriendo los efectos negativos de la nueva PAC. La producción de tabaco ha disminuido en un 70 % y los cultivos de remolacha azucarera en un 40 %. La consumación de la PAC tendrá el mismo efecto negativo en otros cultivos básicos en mi país. La propuesta de hoy será un golpe más que se añade a los problemas graves y acumulativos que sufren los agricultores, y por eso la rechazamos.

 
  
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  Poul Nyrup Rasmussen, Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen y Christel Schaldemose (PSE), por escrito. – (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la propuesta de la Comisión, que hará posible que los Estados miembros apliquen una modulación voluntaria en la política agrícola, y por eso hemos votado en contra del informe del Parlamento Europeo, que rechaza la propuesta de la Comisión.

Queremos poner de relieve que los socialdemócratas daneses hubiésemos preferido una modulación total y obligatoria. Pero como no se ha podido llegar a un acuerdo en ese sentido, pensamos que la modulación voluntaria es una buena alternativa. Insistimos, no obstante, en que la modulación obligatoria, con la supresión permanente de las subvenciones directas, sigue siendo nuestro objetivo.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) La PAC exige una reforma continua. Es decepcionante que la propuesta de la Comisión de introducir una modulación voluntaria de la PAC haya sido rechazada. La introducción de una modulación voluntaria de la PAC habría establecido un enfoque sostenible del desarrollo rural. Espero que todos los diputados que tienen un interés directo en la agricultura hayan declarado su interés y no hayan votado sobre esta medida.

 
  
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  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) La delegación conservadora ha votado en contra de la propuesta de modulación presentada por el señor Goepel para dar a la Comisión la oportunidad de presentar algo mejor. Nos oponemos firmemente al acuerdo que el Primer Ministro Blair improvisó las pasadas Navidades en el Consejo Europeo, que reducía los pagos únicos a los agricultores ingleses para subvencionar programas de desarrollo rural.

Mis agricultores en la zona de Witham y Maldon –alrededor de Coggeshall, Terling, Teys y Tolleshunts– y en otras zonas de Inglaterra esperan un acuerdo justo de la Política Agrícola Común. La modulación voluntaria del 20 %, que recorta el pago único, significará que nuestros agricultores recibirán un 20 % menos que sus homólogos galeses, escoceses y norirlandeses, por no hablar de los franceses. Mis agricultores no confían en que el Gobierno británico, a través de DEFRA o de la Agencia de Pagos Rurales, sea capaz de pagar a tiempo ni que pueda pagar a muchos agricultores. Además, ahora existe el peligro de que la Comisión Europea multe al Reino Unido por su ineptitud, y los agricultores pagarán los platos rotos. Nuestra comunidad rural necesita un acuerdo justo y este Gobierno incompetente la está defraudando.

 
  
  

- Informe Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea, como se confirma en el informe aprobado hoy, es crear una asociación público-privada (APP) que se ocupe de la creación de un sistema de gestión del tráfico aéreo europeo. Esa APP sentaría un peligroso precedente, puesto que sería la primera APP europea con participación de la Comunidad Europea.

No queremos que se ponga en duda la necesidad de actualizar y mejorar constantemente los sistemas de gestión del tráfico aéreo, para hacerlos más fiables, más precisos y, sobre todo, más seguros, dada la importancia que tienen para la seguridad de todos los que trabajan y utilizan el espacio aéreo. Pero creemos que ese objetivo no se consigue mejor supeditándolo a los intereses y las presiones del sector privado. De hecho, ocurre más bien lo contrario.

Por otro lado, lamentamos que no se haya considerado la propuesta de enmienda que suscribimos en la Comisión de Transporte y Turismo (la comisión responsable de emitir un dictamen), cuya finalidad era salvaguardar los intereses de los organismos de representación del personal del sector de la gestión del tráfico aéreo en las decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la empresa común. En consecuencia, no hemos podido apoyar este informe.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) El proyecto conjunto para un sistema de gestión del tráfico aéreo europeo de nueva generación ha obtenido mi apoyo.

Sobre todo en mi calidad de ponente sobre las competencias ampliadas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), apoyo plenamente el objetivo declarado por la Comisión de garantizar una infraestructura de seguridad aérea de alto nivel que haga posible el desarrollo seguro, energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente del transporte aéreo, haciendo al mismo tiempo uso de los avances técnicos de programas como GALILEO.

Según las previsiones actuales, el volumen de tráfico aéreo en Europa se multiplicará por dos de aquí a 2025 y eso hace necesario que las comunicaciones entre pilotos y controladores del tráfico aéreo, que siguen transmitiéndose por radio, mejoren utilizando la más moderna tecnología.

Yo también defiendo una asociación público-privada, con participación de la Comunidad Europea, para garantizar el éxito a largo plazo de la AESA.

 
  
  

- Informe García-Margallo y Marfil (A6-0381/2006)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me he abstenido de votar sobre el informe de mi estimado colega, el señor García-Margallo, relativo a la zona del euro en 2006, porque si bien desarrolla elementos muy interesantes, lamento que no plantee de entrada la cuestión de la transformación del euro de una moneda técnica en una herramienta política al servicio del crecimiento y el empleo. La política monetaria practicada por el Banco Central Europeo (BCE) parece estar en contradicción con la realidad: normalmente, el tipo de cambio debería ser fuerte cuando el crecimiento económico es fuerte y depreciarse cuando el crecimiento es bajo. Ahora bien, en Europa, se produce lo contrario desde el decenio de 1990. Mientras los Estados miembros se reforman, la búsqueda de la inflación cero a través de una política monetaria inadecuada conduce a Europa a obtener unos resultados mediocres en términos de crecimiento económico. Si esto continúa, en una época en que el precio de las materias primas y la energía se dispara en todo el planeta, tendremos inflación cero y crecimiento cero, y los fabricantes acabarán por instalarse en la zona del dólar. Con todo lo que está ocurriendo, es como si el BCE despreciase la política económica, mientras que su homólogo estadounidense no piensa más que en ella.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como sabemos, la creación del euro fue una decisión política que no tuvo en cuenta las necesidades específicas de los miembros de la zona del euro, como bien demuestran las diferencias, en relación con 2005, entre esos Estados en cuanto al crecimiento económico, las tasas de desempleo y la inflación.

Siempre hemos dicho que, con una política monetaria única, dadas las restricciones presupuestarias impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los trabajadores tendrían que pagar por los problemas asociados a la introducción del euro, para servir los intereses de los grupos económicos y financieros. El informe que hoy nos ocupa deja esto muy claro: «deberían flexibilizarse los mercados laborales y suprimirse aquellos aspectos de la legislación sobre el empleo permanente que pueden obstaculizar el ajuste del mercado laboral». En otras palabras, defiende la liberalización de los despidos y los contratos a plazo fijo. Pide igualmente, «que los salarios respondan con mayor rapidez a las circunstancias económicas cambiantes», o sea, que se reduzcan de acuerdo con el ciclo. Estas intenciones no pueden estar más claras.

No contento con eso, el ponente defiende también la liberalización de los servicios y de la energía, la aplicación estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el cumplimiento de la agenda de Lisboa: el proyecto mismo para el consenso neoliberal europeo.

Por eso hemos votado en contra del informe.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Aunque Suecia decidió, a través de un referendo, no participar en la unión económica y monetaria (UEM), nosotros hemos decidido votar en contra del informe y quiero aprovechar esta oportunidad para explicar por qué lo hemos hecho.

El informe ofrece una clara descripción de cómo la UEM discurre en paralelo a la creación de un Estado comunitario. Según el informe, la política macroeconómica entre los países de la zona del euro tiene que coordinarse, y la zona del euro tiene que hablar con una sola voz en las instituciones financieras y los foros internacionales. En el informe se recomienda una mejor coordinación fiscal y, sobre todo, presupuestaria, así como la coordinación de los calendarios fiscales nacionales. Además, el objetivo de introducir una Base Imponible Común para el Impuesto sobre Sociedades en Europa podría conseguirse por medio del mecanismo de cooperación reforzada si los Estados miembros fueran incapaces de alcanzar un acuerdo unánime.

Solo podemos concluir que los representantes de la campaña del «no» en el referendo sobre la UEM celebrado en Suecia en 2003 tenían toda la razón con su argumento de que la UEM era un paso importante en el camino hacia unos Estados Unidos de Europa.

 
  
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  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) La política del Partido Conservador en relación con el euro es clara e inequívoca: estamos firmemente decididos a mantener la libra esterlina.

No queremos formar parte de la moneda única, pero tampoco queremos que el proyecto fracase, porque creemos que el interés del Reino Unido es que haya una economía europea fuerte con una moneda estable que proporcione un buen entorno comercial para la industria y las empresas británicas.

En línea con nuestra vieja posición sobre cuestiones relacionadas con el euro y la zona del euro, mis colegas conservadores y yo nos hemos abstenido en la votación sobre este informe.

 
  
  

- Informe Kuskis (A6-0364/2006)

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Como oceanógrafo, me complace apoyar este informe sobre la estrategia sobre el medio ambiente marino. La UE ha supeditado la política rural a la política agrícola durante demasiado tiempo. Por fin eso ha comenzado a cambiar para mejor, al reconocer que la agricultura es solo una pequeña parte, aunque importante, de la economía rural. Nos enfrentamos a un problema idéntico respecto de la política marítima. Siempre se ha considerado una política pesquera, pero ahora, con el documento de la Comisión sobre política marítima que actualmente es objeto de consulta –hace poco participé en una conferencia sobre el tema en Weymouth, organizada por la Agencia de Desarrollo Regional del Sudoeste–, con este informe y el informe Lienemann sobre el que hemos votado hoy, parece que finalmente vamos a cambiar de una política marítima unidimensional a una política que abarque nuestros mares, océanos y costas, que son fundamentales para la alimentación y el medio ambiente, el transporte y el turismo.

 
  
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  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) En este comentario sobre la estrategia relativa al medio ambiente marino, el ponente plantea muchas interesantes e importantes cuestiones. Un ejemplo es cuando dice que la Política Pesquera Común tiene que cumplir los requisitos para el desarrollo sostenible, mientras que los Estados miembros que deseen adoptar medidas más urgentes para proteger a una determinada población deben tener la oportunidad de hacerlo.

Entre los aspectos negativos del informe están los comentarios sobre financiación; el ponente está preocupado por la falta de recursos para poner en práctica las estrategias, siendo la implicación que los recursos del presupuesto comunitario deben contribuir a este fin y que sería una buena idea utilizar recursos de, por ejemplo, los Fondos Estructurales.

Hemos considerado que los elementos positivos del informe superan a los negativos y, por tanto, hemos votado a favor del informe en la votación de hoy.

 
  
  

- Informe Purvis (A6-0370/2006)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe de iniciativa propia trata sobre la creación de un mercado único europeo para el crédito hipotecario y su promoción a escala transfronteriza. Los bancos y mercados de capitales tienen un gran interés en esta cuestión, teniendo en cuenta que, en 2004, el volumen de préstamos por liquidar era de 4 700 millones de euros, equivalente al 45 % del PIB de la UE. Se trata de un mercado en franco crecimiento.

El informe sigue la línea neoliberal. Defiende una mayor competencia en el sector, potenciando las hipotecas europeas o transfronterizas, un mercado secundario para el crédito hipotecario y la posibilidad de su negociación en el mercado de capitales, fusiones y adquisiciones transfronterizas en el sector de los servicios financieros, la apertura del mercado a otras instituciones que no sean de crédito, la libertad garantizada de prestación de servicios y la liberalización de estos servicios, restricciones en la capacidad de regulación del Estado, comercialización a través de Internet del crédito hipotecario y acceso por parte de entidades extranjeras a bases de datos de los créditos de los clientes y también de su incumplimiento.

No es difícil percibir los riesgos de todas estas propuestas para la volatilidad de los mercados financieros, poniendo en riesgo los bienes hipotecados, o sea, los ahorros de muchos trabajadores y otras personas que adquieren viviendas. Por tanto, hemos votado en contra del informe.

 
  
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  Jules Maaten (ALDE), por escrito. (NL) Ni que decir tiene que nosotros, en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, estamos a favor de abrir los mercados, también el mercado de las hipotecas. Por tanto, mi disposición es buena hacia el informe Purvis, en el que se sugiere investigar diferentes medidas que pueden beneficiar al consumidor por medio, por ejemplo, de la competencia entre las entidades de crédito hipotecario, pero no tengo más remedio que votar en contra porque el informe no es muy claro respecto a los diferentes sistemas de ventajas fiscales cuando se liquidan y, sobre todo, se armonizan las hipotecas. Esta es la primera propuesta que debemos explorar y en la que, por encima de todo, destaca la petición de un análisis más profundo. La etapa legislativa queda muy lejos todavía.

 
  
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  Toine Manders (ALDE), por escrito. (NL) Puesto que el mercado hipotecario está dentro del ámbito de la libre circulación de servicios, apoyo la creación de un mercado interior para los créditos hipotecarios. Pero me niego a dar mi apoyo a la armonización encubierta del sistema de deducciones fiscales de los intereses hipotecarios en Bruselas.

Una y otra vez, los políticos insisten en que Europa tiene que prestar atención a los temas importantes y a las cuestiones transfronterizas, pero esta declaración del Parlamento Europeo se contradice con eso. A la mayoría de sus diputados no parece preocuparles el hecho de que la política fiscal no sea competencia de la UE. Por eso la delegación neerlandesa del Partido Popular para la Libertad y la Democracia en el Parlamento Europeo ha considerado necesario votar en contra del apartado 45 del informe Purvis y, de hecho, también en contra de todo el informe. Me parece lamentable que, puesto que ninguno de los grandes Grupos se atreve a solicitar la votación nominal de esta cuestión, los ciudadanos europeos no puedan sino conjeturar qué habrán votado cada uno de los diputados al Parlamento Europeo.

 
  
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  Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el Libro Verde sobre el Crédito Hipotecario, que analiza la forma en que la competencia en el mercado hipotecario europeo puede aumentar la el abanico de opciones del consumidor y reducir los costes.

La confianza del consumidor en los bancos reviste una importancia capital. Por tanto, la voluntad de un prestamista de hacer tratos con un prestatario extranjero vendrá determinada no solo por la competitividad de la hipoteca, sino también por el nivel de protección al consumidor que se aplique al prestamista extranjero.

Irlanda disfruta de un mercado de créditos hipotecarios relativamente sofisticado en comparación con el resto de Europa, que incluye el acceso a toda la gama de productos hipotecarios a un precio competitivo. La expansión transfronteriza de ese mercado puede desarrollarse naturalmente a través de filiales en el extranjero de forma más generalizada, si se fomenta el mercado en otros ámbitos. Por tanto, creo que la intervención legislativa solo debe usarse como último recurso y para subsanar una deficiencia probada del mercado.

Insto a la Comisión a que cree catastros electrónicos que sean accesibles en línea. La realidad es que los prestamistas no pueden entrar en otros mercados sin tener absoluta certeza respecto de la seguridad de sus garantías subsidiarias. Dada la experiencia que muchos ciudadanos han tenido al comprar propiedades en el extranjero, es fundamental crear un registro en línea que refleje todos los gastos relacionados con los derechos de propiedad inmobiliaria.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (PSE), por escrito. – (FR) Hay 25 legislaciones nacionales que regulan el crédito hipotecario, y pronto serán 27 las que cierran el paso a un enfoque común europeo. El Libro Verde propuesto por la Comisión Europea permitirá, por fin, realizar los estudios adecuados sobre este tema y tomar las decisiones correctas.

Toda medida comunitaria relativa al mercado europeo del crédito hipotecario debe beneficiar ante todo y de forma directa a los ciudadanos. Ahora bien, los consumidores tropiezan a menudo con demasiados obstáculos, ya sean jurídicos o económicos.

Votando a favor del informe del señor Purvis, he optado por hacer que el mercado del crédito hipotecario sea accesible al mayor número de prestatarios potenciales.

En la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor yo había insistido personalmente, a este respecto, en que su ponente, el señor Medina Ortega, tuviera en cuenta a los prestatarios con un perfil crediticio inseguro e insustancial, trabajadores con contratos de duración determinada y personas que compran por primera vez.

 
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