Acta literal de los debates

Miércoles 15 de noviembre de 2006 - Estrasburgo

8. Explicaciones de voto

  El Presidente. Pasamos a continuación a las explicaciones de voto.

- Informe Joan i Marí (A6-0372/2006)

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Presidente, el lema básico de la Unión Europea es «Unidos en la diversidad». Y es que desde sus orígenes estamos tratando de construir un espacio común, no solo económico, sino, sobre todo, un espacio de oportunidad de vida y de libertad. Y lo estamos haciendo entre personas y naciones que tenemos muchas cosas en común; no me refiero solo a los intereses estratégicos, políticos y sociales que compartimos, sino incluso a valores, comportamientos y maneras de entender la propia vida.

Tenemos un fondo cultural común acuñado en el pensamiento griego, el Derecho romano, el cristianismo, la Reforma, la Ilustración, el Renacimiento y hasta la globalidad. Pero al mismo tiempo es indiscutible que seguimos manteniendo diferencias culturales e identitarias particulares, y especialmente lenguas e idiomas propios. Esta diversidad, que podría ser vista solo como un obstáculo, resulta que es una gran riqueza y una fuente de vitalidad.

Por ello, y aunque no haya sido aprobado, he apoyado con mi voto la propuesta de que se modifique el Tratado de la Unión Europea, para que pueda haber una legislación comunitaria en materia de respeto y protección de las lenguas, particularmente las minoritarias, así como la creación de una Agencia europea de diversidad lingüística y de multilingüismo.

También he votado a favor de que se impulse, para todos los ciudadanos europeos, el aprendizaje de al menos otras dos lenguas más, además de la propia de cada uno, como mejor fórmula para el entendimiento mutuo, la convivencia y la unión.

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me complace la aprobación del informe del señor Joan i Marí sobre el tema del multilingüismo. De hecho he votado a favor de él, a pesar de las numerosas reservas que aún tengo. Me parece que ni la Comisión Europea ni los diputados –al menos la mayoría de ellos– han hecho gala en la votación en esta Cámara de valor suficiente en relación con algunas enmiendas. El multilingüismo es una condición necesaria de la tolerancia y la aceptación y es necesario hacer más en este ámbito en aras del entendimiento dentro de la UE.

Lo cierto es que el Parlamento decidió que la Comisión estudiara la posibilidad de crear una agencia y presentara un informe al Parlamento sobre este tema, y también es cierto que la Comisión no lo ha hecho. Es necesario que se corrija esta omisión.

El procedimiento de esta Cámara establece que los informes deben presentarse antes de la celebración de los debates correspondientes y de que se tomen decisiones.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, la adopción de una nueva estrategia marco para el multilingüismo es una buena noticia. Cada uno de los Estados miembros será responsable de la aplicación de esta política. Algunos Estados miembros están introduciendo modificaciones en sus sistemas educativos. La enseñanza de lenguas extranjeras como medio de comunicación y de reconocimiento de la diversidad cultural constituye una parte fundamental de estos cambios.

Debemos prestar un apoyo inequívoco al Indicador Europeo de Competencia Lingüística si deseamos hacer el mejor uso posible de cada uno de los sistemas de conocimientos lingüísticos actuales en la planificación educativa. Asimismo, el motivo para la enseñanza de lenguas extranjeras se verá favorecido por la transparencia de los exámenes y certificados de lenguas, que será benéfico para las futuras carreras de aquellos que los posean.

Este informe representa una importante contribución al refuerzo de la enseñanza de lenguas extranjeras, para mejorar la competitividad de la mano de obra y para mejorar la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Esta es otra de las razones por las que he votado a favor de este informe.

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor de este informe. No debemos olvidar, entre toda esta euforia por el multilingüismo, los cada vez peores resultados que arrojan los estudios PISA.

Sin embargo, el número de alumnos extranjeros en las clases debería limitarse al 30 % como regla general a fin de facilitar la integración, mantener los niveles de calidad y reducir las posibilidades de que surjan conflictos culturales. Por ello considero que la norma en la UE debería ser un dominio suficiente de la lengua local antes del inicio de la enseñanza normal y, de ser necesario, un mayor apoyo lingüístico, por ejemplo, en forma de un año complementario en parvularios o preescolar.

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, quisiera añadir mis reservas a las de mi colega, el señor Mölzer. Hay cosas excelentes en este informe, en particular el hecho de que indique que la enseñanza del inglés no ha de subvencionarse necesariamente con cargo a la Unión Europea.

Incluye una posición extremadamente ambiciosa con vistas a declarar lenguas oficiales a todas las más o menos sesenta lenguas minoritarias, pero esto va un poco en detrimento de las 21 lenguas nacionales de la Unión, algunas de las cuales son ya en cierto sentido lenguas muy amenazadas: el letón, el lituano, el estonio, el húngaro y el esloveno no son lenguas de comunicación internacional. Incluso la situación del italiano, el alemán o el francés despierta cierta inquietud.

Es bastante paradójico que el informe proponga ahorrar sobre la base de que esas lenguas oficiales de la Unión Europea no se consideran ya necesariamente lenguas de trabajo en todas las delegaciones, y ello para liberar fondos a favor de las lenguas regionales. Ayer tuvimos el ejemplo un tanto lamentable del Jefe de un Estado que ha adquirido recientemente la plena independencia que se creyó en el deber –en vez de expresarse en su lengua materna– de expresarse en inglés ¡cuando había sido estudiante en Estrasburgo! No me parece un buen presagio para la evolución del multilingüismo en la Unión Europea.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Joan i Mari sobre una nueva estrategia marco para el multilingüismo a pesar de abrigar algunas reservas respecto a las propuestas y enmiendas que se han aprobado.

Estimo que la estrategia europea para el multilingüismo debería incluir la enseñanza y promoción de las «lenguas mundiales europeas», término que comprende al portugués, que es la tercera lengua de la UE más hablada en el mundo (detrás del inglés y el español, y por delante del alemán, el francés y el italiano). Debido a su carácter único y a que es hablada por 200 millones de personas en ocho países repartidos en los cinco continentes, la lengua portuguesa debería ser una de las lenguas oficiales de la UE. El informe no reconoce este hecho como es debido.

El portugués es el lazo más duradero entre los continentes, ya que es un medio de comunicación, la materia prima que usan los grandes poetas y escritores, y goza de la dignidad que le brindan ocho siglos de historia.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Prestaré mi apoyo a este informe con cierta reticencia. Me parece que la adición interminable de nuevas lenguas al cóctel de lenguas oficiales de la UE no beneficiará necesariamente la eficiencia de las instituciones. Estoy de acuerdo en que los diputados al Parlamento Europeo deben poder hablar y escuchar en sus respectivas lenguas, pero eso no tiene que ser necesariamente así para los funcionarios de la Comisión o el Consejo.

Nos encontramos ahora con la anómala situación de que el gaélico estará disponible para los escoceses, el español para los gibraltareños, pero no el galés para los galeses. Además, si decidimos añadir nuevas lenguas, pido que entre ellas esté la lengua de una parte de mi circunscripción electoral, que es el cornuallés. Es una lengua minoritaria, pero el número de hablantes potenciales es al menos igual que el de los hablantes de maltés, una lengua oficial de la Comunidad.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El multilingüismo es importante para la libre circulación dentro de la Unión Europea. Por ello hemos votado a favor del informe en su conjunto.

Sin embargo, hemos votado en contra de algunos pasajes, como los relativos a la legislación comunitaria en materia lingüística, la creación de una Agencia para la Diversidad Lingüística y/o el Multilingüismo y la creación de un grupo de trabajo interinstitucional de la UE para enmendar el Tratado UE con el fin de establecer una base jurídica para la idea del «respeto de la diversidad lingüística».

Como siempre sucede, la tendencia del Parlamento Europeo de ponerlo todo patas arriba ha entrado en escena. Queremos señalar que los Estados miembros tienen competencias exclusivas para organizar la enseñanza y para que se respete plenamente el contenido de los sistemas educativos. Por consiguiente, es competencia de cada uno de ellos asegurarse de que su población reciba una educación lingüística adecuada.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. – (PT) Quiero felicitar al señor Joan i Mari por su importante y oportuno informe sobre una nueva estrategia marco para el multilingüismo, al que doy todo mi respaldo. Me felicito de las medidas propuestas para promover el multilingüismo en Europa.

La existencia de varias lenguas en Europa es una característica peculiar del proceso de integración europea y un componente clave de la cultura de este continente. Es necesario fomentar el aprendizaje de varias lenguas, que es el objetivo denominado «lengua materna +2», que contempla la Estrategia de Lisboa, a fin de facilitar la comunicación entre personas de distintos países y de promover la aceptación de las diferencias que existen entre ellas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y celebro calurosamente las medidas adoptadas para proteger y potenciar el uso de las lenguas minoritarias. Pero la defensa de multilingüismo no debe llegar a afectar a la prestación excesiva (e innecesaria) de servicios de interpretación y traducción en lenguas regionales.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe presentado porque el multilingüismo es un tema al que presto un gran interés y porque creo que la UE debería enviar un mensaje firme y claro para promover la diversidad lingüística en su territorio.

En cuanto al Indicador Europeo de Competencia Lingüística, que menciona el informe, quisiera reiterar los argumentos que avancé en mi declaración escrita sobre dicho indicador.

La adopción de un Indicador de Competencia Lingüística es necesaria para colmar la falta de datos verificables sobre las cualificaciones lingüísticas de los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, dicho indicador no debe restringirse a las cinco lenguas más habladas dentro de la UE. Hemos de tener en cuenta, entre otros factores, las características que presentan otras lenguas extranjeras en el mundo, pues este es un aspecto clave de la cuestión, que la UE debe integrar en su política de apertura y cooperación con el resto del mundo.

Por este motivo, mi voto a favor de la enmienda 4 es una forma de pedir a la Comisión que establezca un calendario concreto para la ampliación de este indicador a todas las lenguas oficiales de la UE, como propuse en mi declaración escrita.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Me alegro que el Parlamento haya asumido, dentro de la nueva estrategia marco para el multilingüismo, mi contribución para que se reconozca la importancia estratégica y la relevancia internacional de las lenguas europeas de ámbito mundial.

El inglés es la lengua materna de unas 350 millones de personas, el castellano lo es de 280 millones de personas, el portugués de 230 millones y el francés de 125 millones. Estas cifras y la extensión geográfica de estas lenguas indican la importancia de las lenguas europeas que se hablan en todo el mundo. Estas lenguas incrementan nuestra capacidad para mantener y reforzar relaciones y contactos directos con otras partes del mundo sin necesidad de intermediarios.

En relación con otro aspecto de esta cuestión, soy consciente que aquellos que se oponen a que Europa promueva el multilingüismo utilizan su coste como uno de los argumentos para eliminarlo o sustituirlo por una única lengua de trabajo o tan solo unas cuantas.

Nadie puede negar que el multilingüismo tiene un coste. Sin embargo, debemos recordar que, que a pesar de los argumentos financieros avanzados, entre los gastos incurridos para la construcción de una Europa moderna, este va destinado a una muy buena causa, a saber: la promoción de nuestras tradiciones. El multilingüismo cuesta sin duda menos que la guerra y es una actividad cultural muy fructífera.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) El multilingüismo es un concepto importante. Tenemos que reconocer la singularidad del Parlamento Europeo por ofrecer interpretación simultánea en 21 lenguas diferentes, que dentro de poco serán 23. Pero si queremos conseguir el objetivo de que todos los ciudadanos de la UE dominen su lengua materna y otras dos lenguas, necesitamos apoyo a escala de los Estados miembros.

En Escocia, cada vez son menos las personas que deciden estudiar lenguas extranjeras en la escuela y la universidad. Tenemos que frenar esa tendencia. Celebro que todos los escolares de 10 años en Escocia estén aprendiendo una lengua extranjera. Sus esfuerzos deben ser alentados y apoyados. El apoyo del Ejecutivo escocés a la enseñanza media en gaélico es también digno de elogio.

- Sistema de preferencias generalizadas de la Unión Europea (B6-0578/2006)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Querer condicionar la concesión a determinados países del sistema de preferencias generalizadas –es decir, el acceso privilegiado de sus exportaciones al mercado europeo– al respeto por parte de dichos países de las normas mínimas de la Organización Internacional del Trabajo es bueno.

Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de resoluciones, me temo que todavía estemos en la fase los votos piadosos. A pesar de las cláusulas de respeto de los derechos humanos y los derechos «sociales» fundamentales con que la Europa de Bruselas adereza sus acuerdos comerciales internacionales, no creo que haya sancionado jamás ninguna violación de esos derechos ni aplicado dichas cláusulas. Acepta comerciar con China y ha apoyado su entrada en la OMC, cuando conocemos las condiciones de trabajo en ese país comunista, la existencia de los campos laogais y los trabajos forzados, la represión política y la falta de libertades, incluso la violación sistemática del derecho de propiedad a través de la falsificación y la copia a gran escala que allí se practican.

Se trata de un problema de credibilidad y, en este punto, Europa no tiene ninguna.

  Richard Howitt (PSE), por escrito. (EN) En Colombia, el número de activistas sindicales asesinados cada año es mayor que en todo el resto del mundo. En 2005 fueron asesinados 70 sindicalistas, 260 recibieron amenazas de muerte, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete sobrevivieron a atentados con explosivos o armas de fuego, seis fueron secuestrados y tres desaparecieron.

La Comisión se enorgullece de ofrecer sus credenciales para vincular los privilegios derivados del SPG a las normas sobre derechos. Hasta la propia OIT ha declarado que Colombia no cumple plenamente las normas laborales básicas de la OIT, cosa que debería ser un requisito para poder acogerse a las ventajas del SPG plus. La ratificación de un convenio de la OIT no es lo mismo que su aplicación, como bien pueden atestiguar los sindicalistas en Colombia.

Por tanto, acojo con satisfacción esta resolución y la declaración hecha por el Comisario Mandelson durante el debate, y pido a la Comisión que revise la condición de SPG plus que disfruta Colombia. De lo contrario, seguirá pareciendo que se recompensa a un país que asesina a sus sindicalistas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Me alegro de que se celebre esta votación. Hay demasiados países beneficiarios del SPG que violan reiteradamente los derechos de los trabajadores. La Comisión tiene que hacer una evaluación periódica y transparente para garantizar la aplicación de los convenios pertinentes de la OIT.

- Informe Gebhardt (A6-0375/2006)

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, Señorías, me gustaría explicar por qué he votado a favor de la propuesta de recomendación de directiva sobre los servicios en el mercado interior. En primer lugar me gustaría decir que estoy convencido de que es positivo que, tras tres años de prolongadas negociaciones, las instituciones europeas hayan tomado una decisión para avanzar en la liberalización de la libre circulación de servicios. Dicha decisión permitirá crear más de medio millón de nuevos puestos de trabajo y fomentará el crecimiento económico en nuestros países.

Aunque la versión final de la Directiva no corresponde plenamente a mi idea original sobre la liberalización de los servicios en el mercado interior de la UE, brindará valor añadido a todas las partes interesadas, y por ello he votado a favor de ella. Permitirá a los comerciantes y pequeñas y medianas empresas acceder más fácilmente a los mercados de los demás Estados miembros. No obstante, el compromiso al que llegó el Consejo es sumamente frágil y por ello no debemos ponerlo en peligro. Por este motivo no he votado a favor de algunas enmiendas sobre cuestiones delicadas, como la aplicación del derecho laboral o penal, la definición de servicios sociales y las obligaciones de inspección. Estas cuestiones serán sin duda objeto de futuros debates.

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) En mi calidad de diputado de uno de los nuevos Estados miembros, he luchado arduamente por los derechos de nuestras empresas y nuestros trabajadores, y en varias ocasiones he formulado a la Comisión preguntas orales y escritas sobre la protección y el respeto de los derechos de los trabajadores.

Durante este proceso nos hemos topado a menudo con problemas legales, políticos y económicos. Con frecuencia se nos ha acusado de dúmping social, de rebajar el nivel de la seguridad en el lugar de trabajo y de otras cosas absurdas parecidas. Ahora, la mayoría de estos asuntos –entre ellos los asuntos SoKo Bunda y Pannonia, relativos a los trabajadores húngaros en Alemania– han sido resueltos y las resoluciones judiciales han detenido las medidas adoptadas por las autoridades alemanas e incluso se han presentado acciones legales por daños y perjuicios.

La aceptación el día de hoy de la Directiva de servicios constituye un paso gigantesco para clarificar varias incertidumbres. Se trata de un compromiso, lo que significa que nadie ha quedado real y plenamente satisfecho, pero es un buen compromiso que hará avanzar nuestra causa, es decir, la realización de las libertades fundamentales de nuestra Unión, la libre circulación de servicios.

  Michl Ebner (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Gebhardt sobre todo porque provengo de una zona fronteriza, donde estos problemas se viven día a día. Por ello considero que estas medidas son positivas y serán beneficiosas especialmente para las zonas fronterizas.

Lamento los años de controversias que han rodeado a la propuesta de Directiva de servicios, sobre la que deliberamos hoy, y que, a fin de cuentas, ha recibido un apoyo muy sólido, incluso en esta Cámara, apoyo que creo bien merecido. Espero que en futuro las propuestas positivas y a favor de la acción prevalezcan sobre las controversias.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señor Presidente, Señorías, la libre prestación de servicios es una de las cuatro libertades de la Unión Europea y está consagrada por el Tratado CEE. El Tratado prohíbe las restricciones al establecimiento de nacionales de un Estado miembro en otro Estado miembro y el levantamiento de obstáculos a la libre circulación de servicios.

Señorías, han transcurrido dos años desde que comenzamos a trabajar sobre este documento que permite una libertad que forma parte de nuestros derechos fundamentales desde hace 50 años. El principio del país de origen (requisito necesario para la libre circulación de servicios), los servicios de interés general, la atención sanitaria, los servicios sociales y algunos otros han sido excluidos de la propuesta de Directiva.

Lituania fue el único país que se abstuvo en la votación sobre la Directiva celebrada en el Consejo. Creo que no pasará mucho tiempo para que veamos que la aplicación de la Directiva no satisface nuestras expectativas. Por consiguiente, me opongo a esta Directiva, al igual que lo hice durante su primera lectura.

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Señor Presidente, Señorías, aunque se han hecho muchos avances con respecto al texto inicial presentado por la Comisión Europea, la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, que se ha sometido a votación hoy, se diferencia de la primera lectura del Parlamento Europeo. Por tanto, he votado en contra de la Posición Común.

En efecto, los servicios de interés económico general siguen estando incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, así como una parte de los servicios de interés general. El alcance de la exclusión de los servicios sociales de interés general es asimismo mucho más limitado. Los derechos fundamentales consagrados en la Carta Europea ya solo figuran en un considerando. Por último, el texto sigue siendo muy ambiguo en cuanto a la exclusión del Derecho laboral.

Si bien la declaración escrita que la Comisión Europea ha presentado aporta en parte las respuestas necesarias a estas cuestiones que considero esenciales, no tiene ningún valor jurídico, y en caso de litigio ante los tribunales, el Tribunal de Justicia no podría tenerla en cuenta. Otra cosa habría sido que esta declaración hubiera procedido del Consejo, colegislador con el Parlamento.

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, el acuerdo alcanzado aquí por una amplia mayoría de todos los partidos ha mostrado la mejor cara del Parlamento Europeo. Hemos visto y examinado las propuestas de la Comisión, nos hemos asegurado de que son factibles y políticamente aceptables en todos nuestros países y hemos encontrado una solución que estoy seguro de que reportará enormes beneficios a la economía de la UE.

Celebro especialmente el cambio realizado en el último minuto en este acuerdo respecto a la cuestión de la comitología. Fue hace solo unos meses cuando firmamos un acuerdo con el Consejo para dar al Parlamento derechos reforzados para la fiscalización de las medidas de aplicación que se derivarán de esta Directiva.

Es inaceptable que el Consejo dijera en un principio que el nuevo acuerdo no se aplicaría a esta Directiva. Parte del acuerdo era que se aplicaría a todas las nuevas medidas legislativas que facultaran a la Comisión posteriormente a adoptar medidas de aplicación cuasilegislativas. Por fortuna, esto ya se ha aceptado como parte del acuerdo, lo que significa que ninguna medida de aplicación de una medida cuasilegislativa que emane de esta legislación podrá entrar en vigor si el Parlamento la rechaza.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor de la adopción de la versión modificada de la propuesta de Directiva de servicios. En otras palabras, me he opuesto a su rechazo. Generalmente soy optimista y por eso creo que contribuirá a reducir los trámites burocráticos, a incrementar el crecimiento económico y a crear nuevos empleos.

Sin embargo, seamos honestos, y admito que la versión inicial de la Directiva que la Comisión Europea presentó hace tres años era muy superior y podría haber contribuido mucho más a conseguir las metas de la Estrategia de Lisboa.

La versión actual ha sido rebajada de forma considerable y resulta difícil decir que se trata de un gran éxito. Al parecer, algunos de los antiguos Estados miembros tienen miedo de la libre prestación de servicios y de competir con los nuevos Estados miembros, por lo que utilizan el temor al dúmping social como justificación. Esta actitud resulta difícil de entender, pues imagino que todos queremos que Europa sea más competitiva y dinámica.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, estoy convencido de que la propuesta de Directiva de servicios que acabamos de votar representa un buen compromiso entre la libre prestación de servicios, por un lado, y la necesidad de imponer restricciones en interés de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, por el otro. De hecho es por ello que he votado a favor de este informe.

Corresponde ahora a los Estados miembros velar por que se cumplan sus disposiciones. Solo entonces podremos considerar que esta Directiva de servicios es un rotundo éxito. Hago un llamamiento a la Presidencia del Consejo, al Consejo –que no está presente– para que presionen a los Estados miembros para que establezcan los mecanismos de seguimiento adecuados para la aplicación de la Directiva de servicios.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) La adopción por el Parlamento Europeo de la Directiva de servicios permite establecer las disposiciones generales para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los mismos, cuyo alto nivel de calidad se garantiza al mismo tiempo que se descarta el riesgo de dúmping social que entrañaba el concepto inicial del principio de país de origen, que ha sido suprimido.

Su ámbito de aplicación ha sido notablemente recortado, al excluir, en particular, los servicios sanitarios, los servicios públicos no comerciales y algunos servicios públicos comerciales. Las actividades de servicio representan el 70 % del PIB de la Unión Europea y ofrecen un potencial de crecimiento y empleo considerable. Mirando atrás quisiera señalar que el Presidente de la República Francesa, el señor Chirac, tuvo mucha razón al frenar el texto inicial, presentado en aquel entonces por la Comisión Prodi.

Este asunto marca la influencia creciente del Parlamento Europeo, para el que representa una gran victoria política y simboliza el concepto de economía social de mercado, tal como se expresa en el proyecto de Tratado Constitucional para Europa. Las miradas deben volverse ahora hacia los Estados miembros, que tienen la responsabilidad de transponer este texto a su Derecho nacional de forma leal, equitativa y sincera.

  Graham Booth (IND/DEM), por escrito. (EN) He votado, en calidad de diputado al Parlamento Europeo por el Partido por la Independencia del Reino Unido, a favor de la mayoría de las enmiendas propuestas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea porque, dentro de los límites de su conocimiento de los peligros del supranacionalismo, estas enmiendas reconocen y tratan de obviar el daño que la falta de control democrático nacional sobre la prestación de servicios puede causar a los ciudadanos de la calle y sobre todo a los más desfavorecidos.

  Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, Jeffrey Titford y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) Hemos votado a favor de la mayoría de las enmiendas propuestas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea porque, dentro de los límites de su conocimiento de los peligros del supranacionalismo, estas enmiendas reconocen y tratan de obviar el daño que la falta de control democrático nacional sobre la prestación de servicios puede causar a los ciudadanos de la calle y sobre todo a los más desfavorecidos.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la moción de rechazo de la Posición Común del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior. La votación en segunda lectura tuvo lugar sobre un texto que representa un paso atrás con respecto a la votación en primera lectura. Sigue habiendo demasiadas incertidumbres con respecto a la aplicación del principio del país de origen. El texto no aclara en modo alguno las ambigüedades que subsisten en relación con la protección de los servicios públicos y de los consumidores.

Lo que es más grave, a pesar de que el Derecho laboral es una competencia nacional, el Consejo acaba de supeditar el respeto del Derecho laboral a las decisiones comunitarias, puesto que el respeto del Derecho laboral estará sometido desde ahora a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

La Unión Europea da la espalda aquí a su ambición inicial de crear un espacio europeo unido. Con la armonización a la baja de las normas sociales, ambientales y de protección de los consumidores, el modelo social europeo está en peligro.

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) Los socialistas franceses hemos rechazado, este miércoles 15 de noviembre, avalar el informe sobre los servicios en el mercado interior, en otras palabras, la Directiva de servicios.

En efecto, a pesar de los muy importantes avances obtenidos por el Grupo Socialista y la ponente socialista, la señora Gebhardt, en primera lectura –en particular, el rechazo del principio del país de origen–, el Parlamento no ha obtenido garantías de la Comisión con respecto a un proyecto de directiva marco sobre los servicios públicos.

Dado que la segunda lectura de un texto no conlleva una votación final sobre el conjunto del texto, hemos apoyado la enmienda de rechazo del texto presentada por varios Grupos (el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea). Por otra parte, hemos presentado varias enmiendas destinadas, en particular, a garantizar el respeto de la libertad de los Estados miembros para definir qué entienden por servicios sociales de interés general.

Como el señor Bernard Poignant en nombre de los socialistas franceses, «la definición, la formulación, la organización y la financiación real de los servicios de interés general, económicos o no, deben seguir siendo una atribución de los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales».

  Anne Ferreira (PSE), por escrito. – (FR) He votado la enmienda de rechazo de la posición común del Consejo relativa a la Directiva de servicios. No es satisfactoria porque introduce aún más confusión e incertidumbre jurídica y debilita aún más la propuesta modificada aprobada por el Parlamento Europeo en primera lectura, contra la cual yo había votado.

Así sucede, en especial, con el Derecho laboral y los servicios sociales y públicos, excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los servicios. Pero, sobre todo, el texto del Consejo otorga a la Comisión un poder de orientación por lo que respecta a la aplicación de la Directiva.

Si el concepto de país de origen ha desaparecido del texto modificado por la Comisión, esta no lo ha sustituido por el de país de destino o de acogida. Me parece algo muy perjudicial, máxime cuando será el Tribunal de Justicia Europeo el que resuelva los conflictos que puedan resultar de ello.

Por tanto, lo que se ha aprobado este 15 de noviembre es una Directiva de servicios de orientación liberal.

Tres años de debates no habrán evitado un epílogo de consecuencias peligrosas para la Europa política y social. Es un fuerte golpe a la construcción europea, que no tenía ninguna necesidad de ello.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La adopción de esta Directiva, que acaba de tener lugar, constituye un suceso muy preocupante. Estamos sumamente decepcionados por que no se haya aceptado la propuesta de rechazar la posición común del Consejo que presentó nuestro Grupo y a la que dimos su nombre.

Lo que ha sucedido hoy aquí equivale a una renuncia por parte de los dos mayores Grupos del Parlamento, a saber: el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y de los Demócratas Europeos a las posiciones que expusieron en primera lectura en febrero pasado. No hicieron nada para llegar al acuerdo que habían concertado y votado, tras las protestas y demostraciones que tuvieron lugar en Estrasburgo. Ahora han vuelto a algunos de los aspectos más nocivos de la célebre Directiva Bolkestein.

Lo que buscan es la liberalización de los servicios, incluso en el sector de los servicios públicos, sometiéndose así a la presión de los grandes grupos económicos y financieros, que consideran que este «paso» es una nueva oportunidad para explotar a los trabajadores y para el dominio económico. No solo socavará el derecho soberano de los Estados de definir, proteger y financiar los servicios públicos, sino que también les impedirá definir las normas de financiación y proteger los servicios en su conjunto. De este modo reforzará las competencias de los órganos supranacionales, como la Comisión.

Creemos que cada país debe seguir teniendo el derecho soberano de adoptar las decisiones sobre los servicios públicos que deseen, su titularidad pública, su forma de financiación y organización, así como sobre los derechos de los trabajadores y usuarios finales.

  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) A pesar de los importantes avances con respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, el texto relativo a los servicios en la Unión propuesto hoy en segunda lectura no presenta garantías suficientes para evitar el riesgo de desmoronamiento del modelo social europeo.

Algunos servicios sociales sensibles, como la vivienda social, los servicios de ayuda a la familia o los servicios de salud pública, inicialmente excluidos del ámbito de aplicación de la futura directiva en primera lectura, han sido reintegrados por los Estados miembros.

Además, no se ha colmado el vacío jurídico que entraña, en particular, la supresión del principio del país de origen, dejando al arbitrio de los jueces del Tribunal de Justicia –y no al legislador– la facultad de definir los futuros rasgos de la política social europea a través de la jurisprudencia que esta situación no dejará de generar.

En este contexto, está claro que la declaración escrita de la Comisión, destinada a aclarar parte de las lagunas del texto, como la exclusión del Derecho laboral, no tiene un valor jurídico real, lo que hace especialmente inciertas su influencia y utilidad.

Por todas estas razones, he votado a favor del rechazo de la propuesta de Directiva sobre los servicios.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Si la nueva versión de la Directiva Bolkestein no hubiera tenido ya graves deficiencias, en particular la de no ser esencialmente diferente de la anterior, una sola razón nos habría impulsado a rechazarla: el sospechoso consenso de los dos grandes Grupos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y sobre todo su aprobación del compromiso elaborado por el Consejo.

La verdadera revolución habría consistido, entre otras cosas, en afirmar explícitamente la primacía de la aplicación del Derecho nacional en el territorio de un Estado miembro, en particular del Derecho laboral nacional, de los Derechos social, penal y fiscal nacionales. Es decir, el principio del país de destino, por oposición al principio del país de origen. Esto no habría impedido que prestatarios de un Estado miembro pudieran ofrecer sus servicios en otro país, simplemente habría permitido que la competencia con los operadores nacionales fuera leal. La revolución habría consistido en aceptar que los Estados pudieran imponer condiciones al acceso a determinadas actividades, como la situación del mercado de trabajo o razones de ordenación del territorio. No tienen esa posibilidad.

Además de la competencia con el resto del mundo y la competencia entre empresas, Europa consagra ahora la competencia entre trabajadores europeos, autónomos o por cuenta ajena, y por tanto, la competencia entre sistemas sociales. Va camino del desatre.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio se felicita de la adopción de la Directiva de servicios y considera que las empresas de servicios, independientemente de su país de origen, no deben ser objeto de discriminaciones en ningún Estado miembro de la UE.

El aspecto clave en el debate acerca de la Directiva de servicios ha sido si la directiva debe sustentarse en el principio del país de origen o si debe aplicarse plenamente la legislación del país de acogida. El principio del país de origen afecta a sectores importantes pero estrictamente limitados, como la construcción, los trabajos de instalación y los servicios de consultoría. Acogemos favorablemente la competencia en estos sectores, pero creemos que dicha competencia debe tener lugar en condiciones equitativas para todas las partes. Creemos que las normas suecas deben aplicarse en el territorio sueco. Por ello resulta alentador que, en su posición común, el Consejo rechace el principio del país de origen.

La posición del Consejo es una victoria en particular para las opiniones que representa la Lista de Junio. La competencia dentro del sector de los servicios se intensificará. Al mismo tiempo, puesto que el principio del país de origen no formará parte del fundamento de la Directiva, se respetará la independencia nacional de los Estados miembros. Es positivo que los monopolios nacionales en el sector de los servicios no se ven afectados y que no se modifiquen la legislación laboral nacional, los convenios colectivos, los derechos sindicales y la legislación en materia de seguridad social.

  Mathieu Grosch (PPE-DE), por escrito. (DE) La posición común del Consejo toma en consideración gran parte de las enmiendas fundamentales que el Parlamento adoptó en primera lectura. Las exclusiones se explican con claridad y se refieren sobre todo a sectores como los servicios sanitarios y audiovisuales.

Se ha suprimido el principio del país de origen y se ha respetado la legislación laboral y los convenios sociales de los países interesados.

Asimismo, la supresión de numerosos obstáculos arbitrarios facilita a nuestras empresas el acceso al mercado.

Además, las opiniones de la Comisión han clarificado muchos puntos. Por consiguiente, el resultado global de las negociaciones puede considerarse un éxito para el Parlamento, pero también para la política económica y social. Como es lógico, todo compromiso presenta sus deficiencias, y algunas de las enmiendas del Consejo no parecen muy claras, pero no sería conveniente cuestionar el resultado global –que en su conjunto es sumamente positivo– y reabrir el debate en el Consejo.

  Ambroise Guellec (PPE-DE), por escrito. – (FR) Se acaba de aprobar por una clara mayoría la Directiva de servicios. Ello honra al Parlamento Europeo. Es una victoria de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los servicios representan más de la mitad de la economía europea, y son la principal fuente de empleo. La libre prestación de servicios figura entre los principios fundacionales de la Unión, y la creación de un verdadero mercado interior de los servicios es indispensable para el crecimiento económico en Europa y, por tanto, para la creación de empleo.

El texto votado hoy en Estrasburgo nos introduce en esta vía, al mismo tiempo que aporta las garantías necesarias sobre la salvaguardia de los servicios públicos y de interés general y la permanencia de nuestras conquistas sociales y nuestro Derecho laboral. Con la exclusión del principio del país de origen, este texto impide la competencia social y opone una barrera eficaz al dúmping social. Suprime los obstáculos proteccionistas injustificados, al mismo tiempo que permite a los Estados miembros aplicar sus normas nacionales cuando el interés público lo justifica. El ámbito de aplicación del texto se ha reducido con la exclusión de sectores sensibles, como el audiovisual, la sanidad, una parte de los servicios sociales, el juego o incluso el sector notarial. Es un buen compromiso, que hará progresar a Europa en el sentido de los intereses de su población.

  Benoît Hamon (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de esta Directiva porque considero que, a pesar de las mejoras obtenidas en el debate parlamentario y gracias a la presión de las movilizaciones sindicales y ciudadanas, sigue siendo profundamente liberal.

No se prevé ninguna perspectiva de armonización real en beneficio de los consumidores y los trabajadores como contrapartida a la formidable desregulación del sector de los servicios en Europa, en beneficio principalmente de las empresas.

En cuanto a los servicios públicos, mientras la Comisión se niega a avanzar con la directiva marco sobre los servicios de interés general, la Directiva de servicios contribuye a debilitar los servicios públicos, algunos de los cuales sufrirán sus efectos del mismo modo que los simples servicios comerciales.

Por último, los «requisitos prohibidos y los requisitos a evaluar» de los artículos 14 y 15 impiden, o por lo menos dificultan al extremo, cualquier regulación pública del sector de los servicios. Un precio máximo para los servicios de base, un número mínimo de empleados para garantizar la calidad de determinados servicios sensibles y la planificación territorial, por ejemplo, para la apertura de grandes superficies, son otras tantas normas que hasta ahora se consideraban garantías del respeto del interés general y que ahora se consideran obstáculos inaceptables a la libertad de establecimiento y de empresa.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) Considero que la lista cerrada de servicios de interés general es demasiado limitada y que dejará fuera muchos servicios. ¿Están fuera o dentro? No tenemos directiva marco en estos ámbitos, que son esenciales para combatir la pobreza y favorecer la cohesión social y que tienen una especial importancia para las mujeres. Son políticas clave de la UE. La declaración de la Comisión esta mañana no puede condicionar a la futura Comisión que esté desempeñando su mandato en el momento en que la directiva entre en vigor. La declaración no tiene peso jurídico ante el TJCE, que ahora tomará decisiones que el Parlamento optó por eludir. Hemos visto en la votación de hoy que la mayoría de esta Cámara prefiere no hacer declaraciones claras sobre los derechos de los trabajadores y la protección de los servicios públicos. ¿Cómo explicarán a sus concejales locales y regionales que están debilitando su papel en la determinación de la prestación de servicios de interés general y la protección del interés público? El Parlamento Europeo ha introducido cambios positivos en la propuesta original. Podríamos haber hecho más.

  Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) A pesar de algunas mejoras, a pesar de que algunos sectores adicionales se han excluido del ámbito de aplicación, o mejor dicho, del ámbito de perjuicio, de la primera versión de la Directiva Bolkestein, este texto sigue siendo, en su nueva versión, fundamentalmente inaceptable. Sigue dejando la puerta abierta al dúmping social y a la competencia desleal entre trabajadores.

De hecho, no resuelve ninguno de los problemas planteados por el texto original. No excluye los servicios públicos ni garantiza el derecho de los Estados a ocuparse de su definición, organización y financiación. Niega las exigencias legítimas, económicas, sociales o de otro tipo, que esos mismos Estados pueden imponer al acceso a una actividad y solo les reconoce la posibilidad de invocar «razones imperiosas de interés general», concepto vago que el Tribunal de Luxemburgo se encargará de interpretar en el sentido más restrictivo. Supedita el respeto del Derecho laboral del Estado en que se efectúa la prestación de servicios al respeto del Derecho comunitario y, en particular, del principio de libre prestación de servicios definido en los Tratados, lo que equivale a negar la aplicación del Derecho nacional.

Varios millones de europeos dijeron «no» a esta Europa ultraliberal que desprecia a las personas y los pueblos y privilegia las leyes del mercado, los intereses financieros y la sacrosanta competencia. ¡Escúchenles antes de que sea demasiado tarde!

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la enmienda de rechazo de esta Directiva, pues representa un retroceso con respecto a la votación en primera lectura al dejar abierta la aplicación del principio del país de origen y no excluir en absoluto de esta «libre» competencia a los servicios públicos –SIG, SIEG–, que resultarán muy desestabilizados.

La Comisión Europea explica que el texto no establece claramente qué Derecho se aplicará, y por tanto que la mayoría de las veces se aplicará el Derecho internacional privado, cercano al principio del país de origen. Los márgenes de maniobra de los Estados para intervenir en el ámbito social se verán extremadamente reducidos. A pesar de los avances formales, con este texto, se impondrá poco a poco la realidad liberal, y nuestro modelo social estará en peligro.

  Patrick Louis y Philippe de Villiers (IND/DEM), por escrito. – (FR) Para intentar conseguir la aprobación de los franceses en el referendo sobre la Constitución europea, los defensores del «sí», en especial la UMP, les hicieron tres promesas: la retirada de la Directiva Bolkestein, el descenso del IVA para la restauración y el abandono del proyecto de adhesión de Turquía. Los franceses tendrán finalmente Turquía, Bolkestein y el mismo tipo de IVA.

El compromiso que votamos hoy es una versión aparentemente edulcorada del texto original, pero en su doble fondo otorga plenos poderes a la Comisión y al Tribunal de Justicia para restablecer el texto inicial. ¿Cómo puede decir el señor Toubon que, aprobando este compromiso, desea «evitar lo peor»?

Lo peor sería, pues, la ausencia de Directiva, pero esa fue precisamente la promesa que hicieron la UMP y el Jefe del Estado a los franceses en 2005.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado hoy a favor de la Directiva de servicios sin entusiasmo. El texto ha quedado demasiado distorsionado y manipulado. Han desaparecido disposiciones cruciales como las relativas al desplazamiento de los trabajadores, cosa que lamento.

Se nos dice que es para evitar el dúmping social, pero no es así en absoluto. Esas disposiciones habrían aclarado las reglas del juego y los controles en la Unión Europea para las empresas y los trabajadores. Del mismo modo, se proclama alto y fuerte y se celebra que haya desaparecido el principio de país de origen, que iba acompañado de las salvaguardias necesarias.

Pero ¿cómo se puede celebrar al mismo tiempo que se da un gran paso adelante hacia el mercado interior? ¿Qué ofrecemos a las empresas y a los ciudadanos? En todo caso, no las normas claras que necesitan en el mercado interior.

Demasiadas mentiras y temores han ensombrecido los debates en torno a este expediente, en detrimento del mercado interior y de la integración de Europa.

Con esta Directiva hemos desaprovechado una gran ocasión de integrarnos más. Saquemos las enseñanzas para el futuro y no volvamos a cometer los mismos errores.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el informe Gebhardt y de hecho la aprobación de la Directiva de servicios. El Parlamento Europeo ha contribuido significativamente a hacer más libre la circulación de servicios transfronteriza en la UE sin debilitar los servicios sociales, los derechos de los trabajadores y las leyes en materia de medio ambiente. El Parlamento Europeo tendrá también que vigilar de cerca la transposición de la Directiva para asegurarse de que se cumplan los compromisos adquiridos por el Comisario en esta Cámara.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) La Directiva de servicios tendrá una profunda repercusión en las vidas de los trabajadores y de los consumidores, reduciendo el nivel de prestación de servicios y aumentando los riesgos de dúmping social. Confiere una primacía absoluta a la libertad de prestación de servicios a través de las fronteras, mientras que libertades como los derechos sociales y la negociación colectiva quedan excluidas o desmanteladas.

La directiva presiona a la baja los salarios y proporciona a las empresas numerosos resquicios legales que pueden aprovechar para pagar por debajo del salario mínimo. Da un incentivo a los proveedores de servicios para establecerse en países con bajos salarios y bajos impuestos, favoreciendo una competición de la baja en relación con las condiciones salariales y laborales.

Los requisitos legales forman parte del funcionamiento de todos los servicios, y la necesidad de esos requisitos aumenta con la participación del sector privado. La Directiva cuestiona el derecho de los Estados miembros y las autoridades locales a regular los servicios.

Por último, el Parlamento ha capitulado ante la Comisión y el Consejo con su renuncia a defender su ya débil posición en primera lectura.

Lamentablemente, no he podido votar en esta ocasión debido a la hospitalización de mi hijo.

  Joseph Muscat (PSE), por escrito. – (MT) He votado a favor de esta Directiva por dos razones.

En primer lugar, porque no hemos tratado a la gente como si fueran números al servicio del mercado, sino que más bien hemos situado los derechos de los trabajadores por encima de todas las demás consideraciones.

La segunda razón es que hemos eliminado todas las restricciones a la libre circulación de personas, no mediante el enfrentamiento entre los trabajadores en una lucha que ganan aquellos que ofrecen sus servicios en las peores condiciones, sino demostrando que deseamos emplear la libertad de circulación para aumentar los derechos de los trabajadores.

Esta votación debe enviar una clara señal para que nadie siga abusando de los trabajadores extranjeros ofreciéndoles condiciones inferiores a las que se ofrecen a los trabajadores nacionales. Y tampoco puede admitirse que se presione a los trabajadores nacionales para que acepten sueldos y condiciones inferiores por medio de estos métodos.

Aparte de todo esto, los trabajadores deben recibir información completa sobre las condiciones que se ofrecen a los trabajadores nacionales y extranjeros, y no debe denegárseles esta información. La falta de información provoca sospechas y antagonismos, como sucede actualmente, por ejemplo, en los diques secos de Malta.

Las reducciones de gastos no deben lograrse en detrimento de los derechos de los trabajadores, sino elevando la calidad de los servicios. Esto es lo que debe lograr esta Directiva.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La coalición de la izquierda europea ha votado unánimemente contra la propuesta Bolkestein que ha aprobado el Parlamento Europeo porque ejercerá presión sobre los trabajadores y porque constituye un duro golpe para la Europa social.

La fórmula de compromiso alcanzada por la derecha europea y los socialistas moderados no elimina la lógica neoliberal ni las enormes repercusiones sociales negativas de esta propuesta. Sus ambigüedades dejan abierta la puerta a nuevas interpretaciones desfavorables, tanto por parte de la Comisión como del Tribunal de Justicia. La propuesta modificada de la Comisión y del Consejo que el Parlamento ha aprobado hoy sin enmiendas de ningún tipo refuerza todas estas peligrosas ambigüedades.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas protege de forma sistemática a las empresas que prestan servicios mediante el principio del país de origen. Siempre se pronuncia contra las normas del país de acogida, aduciendo que estas ponen trabas a las actividades de tales empresas.

El peligroso traslado de empresas a países que cuentan con una legislación mínima en materia social y ambiental se ve fortalecido por la adopción de esta Directiva.

La lucha de la izquierda europea contra el dúmping social continuará incluso después de la votación de la Directiva, tanto a escala nacional como europea, en colaboración con los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) He votado, por supuesto, a favor de la Directiva de servicios, un texto modificado, revisado, reexaminado, fruto de amplios compromisos, que abre el mercado de los servicios en Europa. He votado a favor de este texto como la inmensa mayoría del Parlamento, más o menos cuatro quintos de sus diputados.

La apertura del mercado de los servicios será positiva para nuestras economías, ayudará a combatir el trabajo ilegal y garantizará una mayor protección social de todos los trabajadores europeos. Según la OCDE, la Directiva creará dos millones y medio de puestos de trabajo en Europa y, hasta que se demuestre lo contrario, crear empleo sigue siendo la mejor política social que pueda haber.

La demonización es el argumento de quienes carecen de argumentos: por lo demás, es divertido constatar que en el campo socialista solo un último cuadro de irreductibles, entre ellos los belgas francófonos, siguen rechazando este compromiso aceptado por todos, incluidos los sindicatos.

Parlamento y Consejo han desempeñado su papel y quitado la razón a quienes no han dejado de demonizar este texto. El texto, en su estado actual, preserva lo mejor del modelo social europeo y reconoce el carácter específico de los servicios de interés general. Los colegisladores han acabado con las mentiras y dado una oportunidad al crecimiento en Europa.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la Posición Común por coherencia con mi voto sobre la Directiva de servicios en primera lectura. En efecto, el Consejo no ha recogido todas las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. El voto en contra se impone, pues la Posición Común del Consejo no excluye claramente el Derecho laboral y los servicios sociales de interés general.

Por esta razón, junto con otros diputados he suscrito y he votado a favor de tres enmiendas de la delegación socialista francesa que prevén la exclusión clara y completa del Derecho laboral y de los servicios sociales de interés general del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios. En efecto, se trata de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que no deben estar regidos por las normas del mercado interior.

La declaración de la Comisión, aunque aclara su intención sobre varios puntos, no basta, pues no tiene ninguna fuerza vinculante.

Por último, he votado a favor de las enmiendas encaminadas a excluir por completo los servicios de interés general del ámbito de aplicación de esta Directiva.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. – (PT) La UE ha tardado 50 años en lograr la libre circulación de servicios consagrada en el Tratado de Roma de 1957. Ahora está a punto de hacerse realidad.

La UE ha dado un paso más en la dirección correcta con esta Directiva de servicios que facilitará la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en los Estados miembros de la UE que ofrece el mercado interior.

El texto final resulta menos directo, aunque tan controvertido desde un principio como la Directiva Bolkestein.

Sin embargo, creo que este informe presenta un equilibrio justo entre la necesidad de abrir el sector de los servicios a la competencia, y mantener el modelo social europeo.

He votado a favor de esta Directiva porque considero que Portugal tiene mucho que ganar, pues obtendrá como consecuencia el máximo beneficio del mercado interior.

La adopción de la Directiva ha sido lo correcto, aunque solo sea porque suprime los obstáculos administrativos y legales que imponen las autoridades nacionales, regionales y locales. Las empresas portuguesas y, en particular, las PYME serán sus principales beneficiarias.

Además, la adopción de la Directiva contribuirá a alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa que pretenden un mayor crecimiento, más empleo y una mayor libertad de elección para los consumidores de servicios.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Aunque la posición común del Consejo sobre la Directiva de servicios que votaremos hoy puede ser una mejora respecto a la propuesta inicial de la Comisión, varios de sus aspectos siguen siendo inaceptables.

El documento da lugar a inseguridad jurídica. Por ejemplo, no explicita qué legislación se aplicará y hasta qué punto los Estados miembros pueden imponer disposiciones nacionales. No se ha incluido la posibilidad de una armonización al alza. Además, la cláusula de revisión abre la puerta a la reintroducción del principio del país de origen y a la inclusión de servicios que actualmente no forman parte del ámbito de aplicación de la Directiva. Los servicios de interés económico general entran en el ámbito de la Directiva, y puesto que no existe una Directiva marco sobre dichos servicios, existe el peligro de que esta Directiva se convierta en un marco horizontal para los servicios de interés económico general.

Lamento igualmente que la lista de servicios sociales excluidos del ámbito de la Directiva –que inicialmente era una lista indicativa– se haya transformado en una lista limitativa. Por otra parte, la ausencia de toda referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales resulta decepcionante. Por último, me siento especialmente contrariado por la renuncia de esta Cámara a lo logrado durante la primera lectura. El resultado de todo ello es que se socava el futuro de la Europa democrática y social.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción la votación de hoy de la Directiva de servicios y apoyo el compromiso alcanzado.

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. (PL) La única ventaja del actual compromiso sobre la Directiva relativa a los servicios es que su aprobación no empeorará los fundamentos sobre los que funciona el mercado de servicios. Esa es la única razón por la que podemos apoyar este compromiso en la votación de este día. El Tribunal Europeo de Justicia hará la prueba decisiva de esta Directiva, ya que deberá pronunciarse a menudo en litigios relacionados con su contradictorio contenido.

Por una parte tenemos la consagrada libre prestación de servicios. Por la otra, esta Directiva no se aplica a los sectores –vagamente definidos– de los servicios públicos y sociales y a las empresas de trabajo temporal. No influye en la regulación de la legislación laboral y los convenios colectivos, y su ámbito de aplicación está limitado por lo que se refiere a la labor realizada por los trabajadores en desplazamiento.

Debido a ello, con la adopción de esta Directiva de servicios no se eliminará ningún obstáculo a la prestación de servicios en la UE. Se trata de una fórmula de compromiso alcanzada totalmente en detrimento de los nuevos Estados miembros, que cuentan con una ventaja competitiva en el mercado de la Unión Europea, sobre todo en el sector de los servicios. Ninguno de los motivos sociales avanzados para introducir las excepciones y restricciones antes mencionadas cumplen sus objetos sociales declarados. Son tan solo prueba de chovinismo económico por parte de los sindicatos y otros grupos de interés de los antiguos Estados miembros.

Hasta ahora, los debates sobre esta propuesta han sido el mayor ejemplo de hipocresía europea que hemos presenciado durante esta legislatura. El Parlamento Europeo y, con él, la Unión Europea en su conjunto, pretende introducir los principios de un mercado común en el sector de los servicios. Y con ello no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino también a nuestros ciudadanos.

  Salvatore Tatarella (UEN), por escrito. – (FR) En primer lugar quiero resaltar la buena labor de la ponente, la señora Gebhardt, que ha hecho que el texto aprobado sea significativamente mejor que el proyecto inicial del Comisario Bolkestein.

No obstante, aunque su trabajo ha sido notable, he votado a favor de la enmienda de rechazo de esta Directiva y de las enmiendas que había suscrito junto con otros diputados, así como las propuestas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, ya que el texto de segunda lectura representa un retroceso con respecto a la primera lectura.

Sigue habiendo muchas zonas oscuras en el texto y habría habido que aclararlas antes de aceptar un texto tan importante, que compromete el futuro de los ciudadanos europeos.

Además, algunos servicios, como los servicios de interés general, no han sido excluidos del ámbito de aplicación de esta Directiva, y esto podría conducir por derroteros indeseables.

Me parece que se ha otorgado al Tribunal de Justicia y a la Comisión una influencia excesiva en el control de los Estados miembros y la interpretación de la Directiva. El legislador concede más de lo que es debido al gobierno de los tribunales.

  El Presidente. Con esto se cierra este punto.