Acta literal de los debates

Miércoles 31 de enero de 2007 - Bruselas

15. Moratoria sobre la pena de muerte (debate)

  El Presidente. El siguiente punto son las Declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la moratoria sobre la pena de muerte.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, Señorías, el tema del que tengo que hablarles hoy es uno de los componentes más fundamentales de la política de derechos humanos de la Unión Europea; las numerosas propuestas de resolución presentadas por los diversos Grupos de esta Cámara reflejan la candente actualidad de esta cuestión.

Sobre la base de las directrices para la política de la UE con respecto a terceros países y la pena de muerte adoptada en 1998 por el Consejo de Ministros, la Unión Europea defiende activamente en todo el mundo la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia. La declaración de moratorias ha sido durante varios años un elemento constante de esta campaña, aunque no es su objetivo principal, sino un paso intermedio en el camino a la abolición definitiva.

La Unión Europea proseguirá su política de protección de los derechos humanos bajo la Presidencia alemana y, por lo tanto, defenderá enérgicamente la declaración de moratorias sobre la pena de muerte y su abolición permanente.

Eso significa que por una parte mantendremos vivo el debate sobre la cuestión de principio –no solamente en contactos bilaterales, sino también en foros multilaterales, en particular las Naciones Unidas–, pero también, por otra, que seguiremos tomando la iniciativa de abordar a los países que se encuentren en un momento crucial –es decir, en los que se perciba una tendencia positiva o negativa con respecto a la pena de muerte– y trataremos de influir en ellos, concretamente mediante gestiones muy firmes en numerosos casos concretos urgentes.

Soy consciente de que su Cámara ha defendido siempre esta política y me complace poder decir que juntos ya hemos avanzado mucho. El hecho de que en unos dos tercios de los países de todo el mundo la pena de muerte haya sido abolida legalmente o sea una práctica en desuso es atribuible a los constantes esfuerzos de todos los que han luchado de forma activa contra esta práctica y me satisface poder subrayar que la implicación activa en el Consejo de Europa ha contribuido de modo importante a ello. Treinta y tres Estados han ratificado hasta ahora el 13º Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo efecto es ilegalizar la pena capital incluso en tiempos de guerra.

No obstante, también quiero señalar que todavía hay demasiados Estados –hasta 66– que continúan realizando ejecuciones y que por desgracia se observan algunas tendencias retrógradas en lo tocante al cumplimiento de las moratorias. Por eso es tan importante que no escatimemos esfuerzos y que expongamos nuestros argumentos a favor de la abolición de la pena de muerte en foros internacionales y otros lugares.

La Unión Europea propuso resoluciones en este sentido en la Comisión de Derechos Humanos desde 1999 hasta la disolución de la Comisión en 2005 y en ese período logró obtener mayorías estables a favor de las mismas. Desde la disolución del organismo hemos tenido que buscar nuevas formas de avanzar en el debate sobre la abolición de la pena capital, aunque hay que decir que dado que no existen respuestas sencillas a esta cuestión, nuestras acciones tienen que estar bien meditadas si no queremos –y esto es una prioridad– vernos obligados a retroceder con respecto a lo que ya habíamos conseguido.

En este sentido ha habido, hasta ahora, un acuerdo firme en la Unión Europea, pero nos hemos abstenido –también hasta ahora– de presentar una resolución a este efecto en la Asamblea General de las Naciones Unidas en vista de que sigue habiendo un riesgo elevado de que no sea apoyada.

En cambio, el 19 de diciembre, a iniciativa de la Unión Europea y por primera vez en la historia, se presentó una declaración unilateral contra la pena de muerte en la Asamblea General, y es importante señalar que obtuvo el apoyo de 85 Estados de todas las partes del mundo. Por alentador que esto resulte, también confirma que las posibilidades de que una resolución propuesta por la UE triunfe en la Asamblea General todavía no son del 100 %.

Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Todos los socios de la Unión Europea tienen claro que queremos continuar promoviendo de forma activa la causa de la campaña contra la pena capital, en las Naciones Unidas y en otras partes, pero yo quiero dejar claro, al mismo tiempo, que se trata todavía de un empeño muy difícil, de modo que cualquier campaña contra la pena de muerte solo podrá prosperar si las acciones de la Unión Europea se dosifican y meditan bien.

Deberíamos mantener la consigna de descartar en la medida de lo posible un nuevo fracaso de una iniciativa de la UE, dado que una derrota de la Unión Europea supondría una victoria de los defensores de la pena de muerte y, de este modo, un revés en la lucha contra este castigo inhumano, cosa que no deseamos y que no debemos permitir que ocurra. Creo que también encontraremos partidarios. Por esa razón, algunas de las principales organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, recomiendan no emprender acciones precipitadas y nos recuerdan que insistir de nuevo en que se debata este tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas podría resultar contraproducente para la Unión Europea.

Por lo tanto, en el Consejo de Asuntos Generales del 22 de enero se acordó que primero deberíamos idear un planteamiento bien meditado que nos permita expresar progresivamente nuestras preocupaciones a las Naciones Unidas de forma más efectiva. Así pues, los embajadores en Nueva York y Ginebra tienen instrucciones de hacer todo lo posible por impulsar sin dilación un debate en el seno de las Naciones Unidas.

También debemos basarnos en la experiencia y los cálculos actuales de las ONG correspondientes para definir los nuevos pasos que hay que dar para combatir la pena de muerte en las Naciones Unidas.

Esto permitirá entonces a la Presidencia del Consejo presentar en febrero propuestas a los socios de la UE sobre nuevas acciones. Considero que se trata de un primer paso importante y espero que haya otros dispuestos a apoyarnos en este sentido.

(Aplausos)

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción esta oportunidad de intercambiar opiniones acerca del tema de la pena de muerte y sobre los medios para promover la abolición universal de esta práctica odiosa.

Como saben, la abolición de la pena de muerte en todo el mundo es un objetivo fundamental de la política exterior de la Unión Europea en materia de derechos humanos y yo personalmente confío en que la UE continúe desempeñando un papel principal, como acabamos de escuchar, en este esfuerzo global. Dado que todos nosotros coincidimos en el objetivo final de nuestra acción en este ámbito, concretamente la abolición universal, quiero expresar algunas ideas acerca de este proceso de abolición y sobre los medios para conseguir nuestro objetivo común.

En primer lugar, no debemos olvidar que la experiencia de la abolición en el continente europeo ha sido un proceso lento, a menudo tortuoso y prolongado, que se ha desencadenado, en la mayoría de nuestros Estados miembros, gracias a una combinación de sólido liderazgo político y de un alto nivel de desarrollo de la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Con algunas destacadas excepciones, entre ellas los Estados Unidos de América y Japón, el mapamundi de los países abolicionistas se asemeja mucho al del pluralismo democrático. El liderazgo visionario y la valentía política son fundamentales para abolir la pena de muerte. A menudo es necesario dar alas a este esfuerzo lanzando un debate nacional dinámico y abierto, para garantizar que la decisión política definitiva de abolir la pena de muerte en un país también sea permanente.

En Filipinas, y en cierta medida en Kirguistán, la reciente abolición de la pena de muerte ha sido precisamente fruto de una extraordinaria valentía por parte de los líderes políticos y de un profundo debate nacional, que fue testigo de una amplia participación de miembros activos de la sociedad civil –como se ha mencionado– e instituciones. En los Estados Unidos de América también se observan algunas tendencias alentadoras en algunos Estados, como Nueva Jersey y Maryland.

Por otra parte, lamentablemente, no se descarta que un país recaiga en la práctica de la pena de muerte, como hemos presenciado en Bahrein y como nos tememos que suceda en Perú. Asimismo, en muchos otros países nuestros llamamientos a favor de la abolición de la pena de muerte han caído en saco roto hasta ahora.

La ejecución de Sadam Husein y sus secuaces ha desencadenado ahora un renovado debate acerca de la pena de muerte. Los horribles vídeos de este indecoroso final disgustó incluso a algunos defensores de la pena de muerte. Sin embargo, no debemos olvidar que cada año mueren ejecutadas miles de personas, siendo la mayoría de ellas, sin duda alguna, mejores personas que Sadam y muchas incluso inocentes. ¡Sus muertes deberían indignarnos más todavía!

A pesar de que, aparentemente, la abolición de la pena de muerte en cualquier país es, en palabras de Robert Badinter, «una victoria de la humanidad sobre sí misma», debemos ser realistas con respecto a la influencia de agentes externos, como la Unión Europea, en este proceso, ya que sigue siendo principalmente un asunto interno.

Esto no quiere decir que la Unión Europea se limite a ver los toros desde la barrera. Al contrario, la UE ha liderado y continuará liderando los esfuerzos internacionales, particularmente en las Naciones Unidas, como se ha mencionado, para combatir la pena de muerte. El pasado mes de diciembre, la UE presentó una Declaración sobre la pena de muerte en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recibió el apoyo hasta entonces nunca alcanzado de 85 países. En consonancia con nuestras directrices sobre la pena de muerte, la Unión Europea ha realizado gestiones relativas a determinados casos individuales de condenas a muerte, inclusive en países como los Estados Unidos de América, Irán e Indonesia, y continuará haciéndolo en el futuro. La UE es también la principal fuente de financiación de los proyectos abolicionistas de la sociedad civil y en la última década hemos dedicado 15 millones de euros para apoyar estos proyectos en todo el mundo.

El Parlamento Europeo y miembros activos de la sociedad civil han desempeñado tradicionalmente un papel fundamental, tanto apoyando los esfuerzos abolicionistas de la Unión Europea como fomentando el debate sobre los medios para reforzar nuestra política. Es sumamente importante que escuchemos detenidamente esas voces al debatir posibles iniciativas en diversos foros internacionales, como está haciendo actualmente el Consejo.

Sin duda, esto ha salido a la luz hace muy poco a raíz de la propuesta italiana de una moratoria universal sobre la pena de muerte, presentada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin prejuzgar el resultado final de este proceso de reflexión, quiero expresar tres observaciones realizadas por abolicionistas activos sobre la moratoria que me han parecido especialmente relevantes para alimentar el debate de hoy.

A pesar de que representa un elemento fundamental de la estrategia de la UE para la abolición universal, las principales ONG han subrayado que una moratoria no es una panacea. Afirman que es esencialmente frágil, reversible y que debe ir seguida de una abolición con todas las de la ley. Se refieren al ejemplo de Kirguistán, donde la moratoria regularmente prorrogada de las ejecuciones no ha impedido que aumente el número de prisioneros que se hallan en la cola de los condenados a pena de muerte. Creo que necesitamos una moratoria que se mantenga firme.

En segundo lugar, algunas ONG señalan el hecho de que la moratoria es una herramienta abolicionista entre otras. Estoy de acuerdo en que, en este contexto, deberíamos incluir también en nuestra caja de herramientas la promoción del Segundo Protocolo Facultativo por el que se establece la abolición, el respaldo del asesoramiento jurídico para los condenados a pena de muerte y otros esfuerzos. Así pues, deberíamos evitar que el debate actual sobre la moratoria eclipse el hecho de que la abolición es un proceso polifacético.

Finalmente, cuando volvamos a plantear esta cuestión en la Asamblea General de las Naciones Unidas, debemos ser cautelosos con respecto al posible resultado. Es sumamente importante garantizar un resultado positivo. No obstante, debemos ser conscientes de la posibilidad de que se produzca un resultado ambiguo o incluso contraproducente –y la Presidencia del Consejo se ha referido a esto–, dada la división internacional existente con respecto a este tema. Si este esfuerzo, fracasa podría tener consecuencias negativas difíciles de subsanar. Por lo tanto, debemos evaluar la situación y los posibles escenarios a fondo, antes de avanzar.

En conclusión, quiero señalar la importancia de mantener un planteamiento común en la Unión Europea con respecto a la abolición universal de la pena de muerte. La Comisión no escatimará esfuerzos por trabajar con la Presidencia y el Parlamento con este fin.

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Yo creo que las palabras de la Comisaria, la señora Ferrero-Waldner, ponen claramente de manifiesto cuál es el modelo de Europa que queremos: una Europa de los valores.

Si yo tuviese que pintar brevemente un fresco de lo que ha venido siendo el sueño europeo a través de los años, no vacilaría en afirmar en esta sesión, señora Presidenta, que la idea de Europa constituye y representa una llamada permanente a la paz, a la comprensión, a la concordia y a la solidaridad; y que, frente a una visión legítima de Europa, como puede ser la Europa de las perspectivas financieras, la Europa de lo tangible, la Europa del saldo neto y del contribuyente neto, creo que hay una visión de Europa más elevada, que es la Europa de los valores.

Y precisamente en ese contexto y en esa visión de la Europa de los valores es donde se inserta esta iniciativa para la moratoria universal sobre la aplicación de la pena de muerte.

Y tiene que tener un carácter universal, porque los derechos fundamentales, y muy en particular el derecho a la vida, no se tienen que predicar de una región, de un país, de un continente, sino que tienen que tener, claramente, un carácter planetario universal.

Por eso tenemos que felicitarnos de que toda una serie de países, como Liberia, México, Filipinas y Moldova, entre los años 2005 y 2006, hayan decidido abolir formalmente la pena de muerte. Creo que tenemos que seguir trabajando sin descanso para que los setenta países en donde todavía se aplica la pena de muerte se unan a los 128 países donde ya no se aplica.

Señora Presidenta, quisiera decir que, para que la Unión Europea siga conservando ese liderazgo moral y ético que ha venido ejerciendo, es fundamental que luchemos para que la democracia, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y el respeto de los derechos fundamentales, y muy particularmente el derecho a la vida, se enseñoreen, en este año y en los próximos, de todas las regiones del planeta.

PRESIDENCIA DE LA SRA. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

  Pasqualina Napoletano, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la resolución sobre la que votaremos mañana y el debate de esta tarde inscriben al Parlamento Europeo en este movimiento internacional que reclama a la Asamblea General de las Naciones Unidas que apruebe una resolución a favor de una moratoria universal, en un primer paso hacia la abolición general de la pena de muerte en las legislaciones de todos los países.

Como se ha dicho, nos gustaría que el Consejo de Ministros se comprometiera activamente a conseguir este objetivo; la Presidencia se muestra muy firme y esperamos que esta cuestión siga siendo una de las prioridades de su mandato. El Consejo de Europa y la Comisión Europea mantienen el mismo compromiso.

Por lo que ha dicho, no me parece que la señora Ferrero-Waldner está muy convencida de que, en un primer paso, tengamos que pasar por una moratoria. Yo, por otra parte, quiero insistir en este punto y preguntar a la señora Ferrero-Waldner: ¿Acaso el hecho de no pasar por una moratoria nos acercaría más a la abolición? Yo no lo creo: la moratoria podría ser un primer paso, entre otras cosas porque la Unión Europea, en sus relaciones internacionales, podría hacer valer los amplios contactos de que disfruta en el contexto de la política de vecindad, los acuerdos de asociación y la asociación estratégica y, en mi opinión, los partidos políticos de Europa también podrían hacer todo lo posible en los foros internacionales por garantizar que sus organizaciones ejerzan presión sobre los países participantes.

Creo que el objetivo es desterrar la pena de muerte de las legislaciones de todos los países, un acto que, entre otras cosas, ayudaría a garantizar que las Naciones Unidas adquieran la fama de ser una institución que salvaguarda derechos universalmente reconocidos.

  Marco Pannella, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, limitaré mi intervención a una declaración y una nota emitidas esta mañana por la Presidencia alemana. Literalmente la nota dice: «la Presidencia alemana pide a los Gobiernos implicados que declaren una moratoria sobre la pena de muerte con efecto inmediato». Estoy leyendo la nota de la Presidencia alemana. Esta es justamente nuestra posición.

Tengo entendido que el señor Barroso también hizo pública una declaración expresando su pleno apoyo a la iniciativa italiana, cuyo objetivo es la elaboración de una propuesta de moratoria en la actual Asamblea General de las Naciones Unidas. No cabe duda de que esta propuesta triunfará: ya en 1999 había una mayoría absoluta a favor de una resolución, que no fue presentada.

A la luz del entusiasmo que presenciamos ahora en todo el mundo por nuestra iniciativa –del Parlamento Europeo, de los presidentes de los Grupos, la iniciativa preanunciada de forma muy concreta en Estrasburgo por el señor Watson y otros diputados–, no entiendo –o, mejor dicho, entiendo perfectamente– cómo es posible echar el freno en un momento en el que Francia está dando el increíble paso de consagrar la abolición de la pena de muerte con un cambio en su Constitución, cuando Ruanda hace lo mismo y Kirguistán lo hizo ayer mismo. Nos llegan declaraciones de todas partes –de Siria, del Líbano– apoyando nuestra posición. Creo que en el futuro el Parlamento Europeo, al igual que ha hecho anteriormente el Consejo de Europa, se pondrá a la cabeza de este movimiento.

Para concluir mi intervención, señora Presidenta, quiero señalar que, hace 60 años, existía un eje Roma-Berlín. Yo tenía 10 años y lo recuerdo bien. Actualmente, con la confluencia de la Presidencia alemana, la iniciativa italiana y las últimas iniciativas francesas, está surgiendo una nueva situación: creo que es históricamente importante que, en cierto modo, Berlín y Roma adopten ahora una postura definitiva, sin hipocresía ni miedo al triunfo, porque hay muchas personas a las que les da miedo ganar, no perder.

  Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señora Presidenta, la semana pasada, durante el debate sobre el caso de Bengasi, expresamos nuestra oposición frontal a la pena de muerte en cualquier circunstancia. Ahora es importante reafirmar este principio, recogido en el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

La Unión siempre ha defendido la abolición de la pena de muerte y ha llegado incluso a hacer de ella una condición para la adhesión y un principio fundamental de su política exterior. Asimismo, en 1998 se adoptaron directrices y regularmente se financian proyectos de la sociedad civil al amparo de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Este esfuerzo ha sido recompensado: el número de ejecuciones en los Estados Unidos ha disminuido y se ha abolido la pena de muerte en países como México, Liberia, Filipinas y Moldova.

No obstante, esto no ha sido así en todas partes. Algunos Estados estadounidenses han extendido la aplicación de la pena de muerte a otros delitos además del asesinato; en Singapur se sigue sentenciando a muerte automáticamente a toda persona que esté en posesión de 15 gramos de heroína y China continúa ejecutando a más personas que cualquier otro país. Además, hay países, como Iraq y Afganistán, en los que se ha reinstaurado la pena de muerte. Perú ha estado a punto de hacer lo mismo con el fin de combatir el terrorismo, pero afortunadamente esto no ha ocurrido.

En este contexto y en vísperas del congreso del mundo en desarrollo [contra la pena de muerte], la Unión Europea debe mantenerse especialmente alerta. El mar de fondo de la opinión internacional a favor de una moratoria universal sobre la pena de muerte debería abordarse dentro del marco de una política abolicionista. Por lo tanto, una de las prioridades de la Unión debería consistir en garantizar la ratificación del segundo protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Es fundamental que Francia, Letonia y Polonia, que todavía tienen que ratificar el protocolo, lo hagan lo antes posible.

  Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, «Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. Nadie podrá ser alejado, expulsado o extraditado a un Estado en que pueda ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.» Eso es lo que estipula la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y eso es lo que hace que me sienta orgulloso, como creo que les sucede a todos ustedes, de formar parte de la Unión Europea. Es la defensa de la dignidad humana; es comprender que nadie puede regir los destinos de otra persona y que no debería haber venganza, sino solo justicia. Esto debería ser así en todos los tribunales, incluidos los militares.

Todavía hay demasiados países que aplican la pena de muerte y entre ellos no solo figuran países grandes como China, sino también la principal potencia militar y democrática –los Estados Unidos–, que todavía no han sido capaces de dejar atrás su cultura del «Salvaje Oeste».

Espero que el Congreso contra la Pena de Muerte que se va a celebrar en París, en el que participará este Parlamento, suponga un paso más en la moratoria con vistas a la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la pobreza en todo el mundo. También espero que las personas que tomarán las calles de París sirvan de advertencia a todos aquellos que, incluso en Europa, están pensando en reinstaurar la pena de muerte. En cualquier caso, son estas protestas en las calles las que harán que las Naciones Unidas aprueben la moratoria plenamente.

  Koenraad Dillen, en nombre del Grupo ITS. – (NL) Señora Presidenta, los países en los que todavía se aplica la pena capital no merecen formar parte del mundo civilizado, independientemente de que esos países sean islámicos, de que en ellos se lapide a las mujeres adúlteras, de que sean los Estados Unidos de Bush, la India, la mayor democracia del mundo o la China comunista. Por lo tanto, no dudaré en respaldar la petición de una moratoria universal. Un error judicial, la vida de un inocente, es suficiente para tachar la pena capital de bárbara. No obstante, permítanme añadir dos observaciones.

El respeto por la vida no debería impedir que un Estado constitucional aplique a quienes cometen delitos graves penas efectivas e irredimibles de 30 años o de cadena perpetua. Esta condición debe –y, de hecho, puede– respaldar el consenso público contra la pena de muerte. Este consenso no se conseguirá, a menos que nuestros ciudadanos, que se enfrentan a crímenes cada vez más brutales, apoyen la abolición mundial de la pena capital.

En segundo lugar, algunos de los que se oponen a la pena capital deberían mostrar cierto grado de coherencia. Por ejemplo, en una reciente visita de cortesía a China, que es un Estado de partido único, la candidata socialista a la Presidencia francesa cantó las alabanzas de la eficiencia del sistema judicial chino. Esta eficiencia implica que a las familias de las miles de personas que han sido sentenciadas a muerte cada año se les presente la factura de las balas que han matado a las víctimas, aunque Ségolène Royal no dedicó a estas ni un pensamiento. Después de todo, ellas no consiguen los contratos, porque hay que proteger los intereses comerciales de las principales empresas en China y llegados a este punto algunos oponentes europeos a la pena capital de repente se quedan callados. Si Europa quiere conservar su credibilidad, debería ejercer presión sobre países como China, independientemente de su coste político o comercial.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. La ejecución de Sadam Husein ha devuelto el interés al debate sobre la pena de muerte, un debate muy oportuno, aunque no debe utilizarse con fines tácticos y, sobre todo, no debe ser un tema de mera conveniencia. Se trata, sobre todo, de una batalla de civilización y progreso.

No se trata solamente de una garantía esencial para la persona, de una demanda de seguir reforzando la inviolabilidad de la persona, sino que también nos hallamos ante una necesidad histórica y universal, un hito global y un punto esencial para la civilización del siglo XXI.

Se ha dicho –y estoy de acuerdo– que, después de la abolición de la esclavitud en siglos anteriores y la prohibición de la tortura, el derecho a no ser matado por una sentencia judicial debería ser otro denominador común, una dimensión nueva e inalienable del género humano que hace de todos nosotros una comunidad. Hoy este Parlamento está enviando el primer mensaje claro en este sentido.

  Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quiero apoyar los enérgicos llamamientos que realiza hoy este Parlamento –y la campaña fuera del mismo– a declarar incondicionalmente una moratoria en todo el mundo sobre las ejecuciones mediante una resolución de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas.

Durante muchos años, la UE ha mantenido como pilar fundamental de la política exterior y de derechos humanos el objetivo de poner fin a la aplicación de la pena de muerte en todo el mundo. Hemos tenido algún éxito, particularmente en el marco de nuestra estrategia de vecindad. La iniciativa de hoy es un ambicioso intento de elevar el debate sobre la pena de muerte al nivel de las Naciones Unidas, para que influya sobre los 66 países que, como ya se ha mencionado, continúan aplicando la pena de muerte. Es importante señalar que la labor por conseguir una moratoria sobre la pena de muerte debería estar siempre vinculada al logro de su abolición definitiva por ley, como ya han señalado otros oradores.

El primer paso pragmático es la petición de una moratoria, pero siempre que sea posible debemos buscar la manera de promover la abolición. En cuanto a lo que podemos hacer aquí en la UE desde el punto de vista político, yo recomendaría al Consejo que revise y actualice las directivas relativas a la pena de muerte, que se remontan a 1998, de forma que tengan en cuenta los nuevos elementos y estrategias que se han desarrollado desde entonces. El Tercer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará pronto en París, puede ser una buena oportunidad para esto.

Hasta la fecha, la política de la UE de combatir activamente la pena de muerte ha producido algunos resultados positivos. Por ejemplo, hace poco, las enérgicas declaraciones de la UE en Perú ante las recientes propuestas de introducir la pena de muerte en este país, en contra de lo estipulado en la Constitución peruana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dieron sus frutos que merecen ser reconocidos como tales y acogidos con satisfacción. La posición de la UE influyó en el rechazo del proyecto de ley en el Congreso peruano. Por lo tanto, la UE ha demostrado que puede influir decisivamente en la política nacional en relación con la pena de muerte y no deberíamos tener miedo a usar esa influencia.

  Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE). – (ES) Señora Presidenta, ayer, Robert Wilson, de 24 años, fue sentenciado a la pena de muerte por un jurado de Nueva York. Esta es la primera condena a muerte dictada en ese Estado en los últimos 50 años.

Y es este, también, un triste ejemplo de la inseguridad que hoy pesa sobre los valores universales que todos defendemos hoy aquí, a pesar de avances muy significativos que se han producido en países como Liberia, México, Filipinas o Moldova.

Pero debemos seguir luchando para que otros, como China, con cerca de dos mil ejecuciones oficiales al año —ocho mil, según datos oficiosos—, se una a la moratoria mundial y suspenda sus ejecuciones.

Debemos respaldar a la sociedad civil de Irán, que se moviliza contra la pena capital. Irán tiene uno de los mayores índices de ejecuciones: 177 en 2006; además, ha roto la moratoria sobre lapidaciones y, a día de hoy, mantiene condenadas a morir apedreadas a seis mujeres.

Apelamos, sobre todo, a los Estados Unidos, país cuyas decisiones tienen una grandísima influencia en la política mundial, para que apoyen la iniciativa italiana que establece una moratoria universal de la pena de muerte y que será aprobada —espero que con el apoyo de este Parlamento— en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La moratoria, como aquí se ha dicho hoy, es un primer paso, ineludible, hacia la abolición. Este es, probablemente, uno de los retos más importantes que los seres humanos tenemos por delante en este principio de siglo.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, actualmente hay 20 000 personas condenadas a la pena capital en todo el mundo, en espera de ser asesinadas por sus propios Gobiernos. Tristemente, más de 3 000 de ellas se hallan en los Estados Unidos. No destaco a los Estados Unidos porque sea el peor –que es China, con el 80 % de las ejecuciones–, sino porque confiamos en los estadounidenses. Lo mejor de todo sería un cambio de mentalidad en los Estados Unidos y los signos están ahí. El número de ejecuciones en ese país ha descendido drásticamente desde 1999: frente las 277 que se produjeron aquel año, en 2005 hubo 128. Doce Estados ya han abolido la pena de muerte, sin incluir Texas, que ostenta el triste palmarés de haber llevado a cabo un tercio de las 1 100 ejecuciones que ha habido en los Estados Unidos en los últimos 30 años.

Creo que la Comisión y la Presidencia han de mostrarse más activas y menos vacilantes a la hora de pedir una moratoria y la abolición en todo el mundo mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al igual que en otros ámbitos de la política de derechos humanos, como las entregas extraordinarias y los abusos de la guerra contra el terrorismo, la UE no es siempre tan eficaz como desearía el Parlamento a la hora de poner en práctica sus principios.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, en estos momentos todos los Estados miembros de la Unión han ratificado el sexto Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. También alimentamos la esperanza de que será abolida, tanto en la legislación como en la práctica, en todos los países del mundo –tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra– con el resultado de que el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana saldrá reforzado, como han subrayado hoy el Consejo y la Comisión.

No obstante, permítanme preguntarles si les preocupaban los derechos humanos y la dignidad del dictador Sadam Husein y de sus compañeros de prisión, que se convirtieron en alimento para la curiosidad de los mirones del mundo entero. ¿Es este el papel de la Unión Europea como factor de estabilidad mundial?

¿Qué pueden decir acerca de las declaraciones de la Ministra de Asuntos Exteriores británica, la señora Becket, quien destacó que Husein simplemente había recibido lo que se merecía y que se había hecho justicia?

¿Qué se supone que tienen que pensar los ciudadanos europeos cuando leen las declaraciones condenatorias del Consejo, por una parte, y escuchan los comentarios burlones de sus Ministros, por otra? Necesitamos poner en orden lo que hacemos, porque en el fondo nos estamos engañando a nosotros mismos.

  Jim Allister (NI). – (EN) Señora Presidenta, debo decir que la arrogancia de esta UE no conoce límites. No satisfecha con imponer a los Estados miembros que no deben emplear el elemento disuasorio definitivo –la pena de muerte–, ahora quiere dar órdenes al resto del mundo.

Por horrible que sea el destino de las enfermeras búlgaras en Libia y a pesar de que esta Cámara debería protestar de forma rotunda contra su situación, esto no justifica que exijamos una prohibición mundial de la pena de muerte. Los encarcelamientos injustos son intolerables, pero no hacen que las personas racionales se opongan a todo tipo de encarcelamiento. No, yo digo que si hay un sistema judicial justo, transparente y que respete los derechos humanos, con un proceso de recurso fiable, entonces un Estado nacional soberano tiene todo el derecho a castigar con la pena de muerte los delitos capitales, si esa es la voluntad expresada democráticamente por su población. Ellos –y no nosotros– tienen derecho a elegir lo que les conviene.

  Carlo Casini (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, me complace tomar la palabra porque, entre otras cosas, yo procedo de la Toscana, donde, por primera vez en la historia, el 30 de noviembre de 1786, fue abolida la pena capital. También deseo señalar que en 1987 yo, junto con Amnistía Internacional y el Movimiento por la Vida italiano, conseguimos que se conmutara la pena de muerte dictada contra Paula Cooper, una niña negra de 16 años de edad, en los Estados Unidos. Más tarde, ella vino a darme las gracias.

También me satisface señalar que como diputado italiano propuse y conseguí la abolición legal de la pena de muerte en el código de guerra militar, que es la razón de mis profundas reflexiones sobre el tema. Tengo una visión optimista de la historia humana, que, a pesar de todo, es una lucha por el bien, una lucha que se ve impulsada por un valor cada vez más evidente y decisivo: la dignidad de todo ser humano. Esta dignidad es tan grande que no puede graduarse y, de este modo, determina la igualdad de todos, independientemente del tipo de vida que lleven. La dignidad también es indestructible: ni siquiera las manos de un criminal pueden eliminar los rastros de dignidad de la cara del propio hombre que ha cometido el crimen.

Nadie puede quitar la vida y la dignidad a una persona, ni siquiera los Estados. Esa es la verdadera razón por la que debe abolirse la pena de muerte. Todas las demás razones prácticas, que conozco muy bien, pueden encontrarse con objeciones, pero no esta. Una Europa que pretende basar su identidad no solamente en la competencia y el mercado, sino también en la dignidad y los derechos humanos, no puede quedarse de brazos cruzados.

En estos momentos no quiero hablar de incoherencias. Llegará un día en el que la dignidad humana y el derecho a la vida que lleva asociado extenderán sus poderes persuasivos a otros ámbitos de la vida humana, aunque, lamentablemente, en estos momentos están eclipsados, incluso dentro de nuestra Unión: los ámbitos más simbólicos de la pobreza y la alienación humana, que son nacer y morir.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Señora Presidenta, el rechazo de la pena de muerte no es una cuestión de superioridad moral, ni de dar lecciones a nadie, ni de soberbia colectiva por parte de Europa: es coherencia con la creencia básica en la dignidad del hombre, experiencia –vivida a lo largo de muchos años– de la absoluta inutilidad de la sentencia capital y temor al riesgo grave, perfectamente acreditado, de la injusticia en su aplicación, aunque solo sea en un caso concreto (y, lamentablemente, ha sido en muchos).

Europa tiene que empeñarse en lo que es posible, sin rechazar el objetivo final. Lo que es posible es exigir la moratoria con coraje, en el mundo entero, empezando por nuestros socios más próximos, sin rechazar ―insisto― el objetivo final, que sería la abolición global de la pena de muerte.

Hay que protestar contra la pena de muerte, pero contra la pena de muerte de Sadam Husein y contra la pena de muerte de aquel que es condenado en los Estados Unidos, después de un proceso prácticamente sin abogado, por un crimen que cometió cuando era menor de edad.

Esas penas de muerte, señora Comisaria, hay que denunciarlas con la misma intensidad con la que se denuncia la de Sadam Husein; no tengamos doble rasero, porque si lo que defendemos es la lucha contra la pena de muerte, esos presos más o menos anónimos que prácticamente no han tenido derechos de defensa merecen aún más nuestro apoyo que un criminal como Sadam Husein.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, el debate político, religioso y jurídico sobre si aplicar o no la pena de muerte se ha repetido durante décadas y continuará en el futuro. El famoso escritor Albert Camus se pronunció en contra en su tiempo y Robert Badinter, un ex Ministro de Justicia francés, encabezó una batalla jurídica a escala europea durante muchos años. Por regla general se aducen sólidos argumentos éticos en los acalorados debates de esta naturaleza y se hacen referencias al derecho inalienable a la vida. También se mencionan horribles estadísticas acerca del número de sentencias ejecutadas en países como China o la India. La mayor democracia del mundo, los Estados Unidos, está en el banquillo de los acusados. Los católicos se oponen a la pena de muerte y los que están a favor pretenden basar argumentos plenamente contradictorios en las mismas fuentes, a saber, los Evangelios, el catecismo y las encíclicas papales. Es muy difícil justificar ante las familias y seres queridos de las víctimas –a menudo niños– que han sido cruelmente asesinadas que no debe aplicarse la pena de muerte a los autores de los crímenes. En esos momentos, las emociones de las personas hacen que tiendan a desear un resultado muy diferente.

Yo procedo de un país que sufrió bajo la férula del régimen totalitario nazi de Hitler y, posteriormente, bajo el comunismo soviético. Quiero señalar que la aplicación de la pena de muerte es una característica fundamental de toda dictadura. Cuando recuerdo los acontecimientos que se produjeron en mi país, Polonia, durante el período al que me he referido antes, compruebo cómo legiones enteras de los mejores hijos e hijas de Polonia fueron asesinadas en aplicación de sentencias dictadas por tribunales comunistas ilegítimos. Habiendo examinado las dos caras del argumento relativo a la pena de muerte, me veo obligado a decir que su abolición es esencial para frenar la locura de fanáticos dispuestos a utilizar el sistema jurídico para eliminar a sus oponentes. Lo único que pueden hacer los conciudadanos de estos héroes asesinados años después, una vez recuperada la libertad, es levantar monumentos en su honor.

Esto es lo que he aprendido de la historia de las generaciones de mis padres y abuelos, y también de la mía propia. Solo una de las 1 500 sentencias de muerte ejecutadas en Polonia durante el período estalinista afectó a un delincuente común. El precio de restringir las acciones de dictadores de diversos tintes políticos puede ser que, en lugar de ser guillotinados, los delincuentes que merecen este castigo máximo tengan que pasar el resto de sus vidas en prisión, sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Si ese es el caso, creo que es un precio que merece la pena pagar, por doloroso que pueda resultar.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) «La pena de muerte es el método más ofensivo de matar, porque se hace con la anuencia de la comunidad.» Estas palabras de George Bernard Shaw, pronunciadas hace casi un siglo, las suscribe un número cada vez mayor de personas y una mayoría de países. Lamentablemente, el derecho humano natural a la vida sigue siendo ignorado por 68 países. La pena de muerte se aplica a menudo no solamente en Asia, sino también en los Estados Unidos. La ejecución de Sadam Husein, en mi opinión, se ha convertido en una demostración de impotencia. Ahora se nos presenta una oportunidad excepcional de trabajar codo con codo con el Gobierno italiano para intentar la abolición de la pena de muerte en todos los países del mundo. La oposición a la pena de muerte es uno de los valores que une a los países de la UE; por lo tanto, la voz de la Unión tiene peso. Espero que la Asamblea General de las Naciones Unidas apoye la moratoria propuesta sobre la aplicación de la pena de muerte y su abolición debería ser el objetivo final. Al mismo tiempo, es fundamental condenar las declaraciones de algunos representantes oficiales de los nuevos Estados miembros de la UE acerca de la posibilidad de legitimar la pena de muerte. Es necesario atraer a la opinión pública mundial a la posición europea.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señora Presidenta, el artículo 1 del 6º Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales dice: «Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.» Este protocolo se estableció en 1983 y subyace a la filosofía y la acción de los Estados miembros de la Unión. Es también la postura adoptada por la mayoría de los miembros del Consejo de Europa. Básicamente, estas son las normas europeas relativas a la protección de los derechos humanos. La pregunta de si la abolición de la pena de muerte es solamente relevante para Europa es retórica. Evidentemente, la respuesta es no. Todo individuo tiene una sola vida y esa vida merece ser protegida. Por lo tanto, debemos apoyar una moratoria declarada por las Naciones Unidas sobre la pena de muerte. Sabemos que la pena de muerte está arraigada en una cultura de venganza y castigo de la que la humanidad necesita liberarse. Es muy sencillo borrar la pena de muerte de los códigos penales. Todo lo que se necesita es que los legisladores tengan la voluntad de hacerlo. Será mucho más difícil para nosotros distanciarnos de ella en el plano emocional, reconocerla como una pena poco ética y desterrarla para siempre de la conciencia humana. No obstante, debemos saber que si no lo hacemos tendremos que preguntarnos si, en el siglo XXI, los seres humanos pueden seguir matando a sus congéneres en nombre de la ley.

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señora Presidenta, la Unión Europea ha defendido sistemáticamente la prohibición de la aplicación de la pena de muerte desde 1998. En octubre de 2003, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo a las instituciones europeas y a los Estados miembros de la Unión que urgieran a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte. Las instituciones europeas y los Estados miembros de la Unión deben asegurar que la cuestión de la pena de muerte sea abordada de nuevo en la actual Asamblea General de las Naciones Unidas. Actuando en nombre de la Unión Europea, los Estados miembros deberán intentar presentar un proyecto de resolución relativo a una moratoria general sobre la aplicación de la pena de muerte con vistas a su abolición. Deberán obtener el apoyo máximo a esta resolución entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Las instituciones europeas y los Estados miembros de la Unión deberán hacer todo lo posible por conseguir, lo antes posible, un resultado favorable en una votación en la actual Asamblea General de las Naciones Unidas.

  Panagiotis Beglitis (PSE). – (EL) Señora Presidenta, el hecho de que en el debate de hoy haya prevalecido un amplio acuerdo entre los partidos políticos confirma que el Parlamento Europeo puede actuar como garante de la civilización democrática europea y de la protección de los derechos humanos, la dignidad humana y el derecho a la vida.

Se ha demostrado que la pena de muerte no solamente no previene el crimen, sino que también alimenta el odio y la violencia. El mundo civilizado no puede responder a la barbarie de un acto criminal con la barbarie de la muerte.

Acogemos con satisfacción la iniciativa del Gobierno italiano del señor Prodi y el apoyo que le ha dado el presidente de la Internacional Socialista, Georgos Papandreu. Sin duda, todos los Estados miembros de la Unión Europea deberían ratificar el protocolo voluntario de las Naciones Unidas, el 13º Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, yo diría que los Estados miembros deberían incorporar una disposición relativa a la abolición de la pena de muerte en su orden constitucional interno.

Para terminar, quiero decir que no debemos ignorar el hecho de que actualmente existe en la sociedad europea un gran porcentaje de ciudadanos que continúan estando a favor de la pena de muerte y que, por lo tanto, también debemos trabajar en esta dirección, junto con la Comisión Europea, con programas que operen mediante la consulta democrática para convencer a la sociedad europea.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. – (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, lo que ha puesto de manifiesto este debate es el amplio consenso que existe con respecto al que es uno de los objetivos más fundamentales de la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Se han hecho referencias frecuentes a la iniciativa italiana, sobre la que no debe existir ningún malentendido. Cuando hablamos de esta iniciativa, no nos referimos a si está justificada o no, ni a lo que pretende conseguir, sino al «cómo», al «dónde» y, por supuesto, al «cuándo» de la misma, es decir, al procedimiento más que a la sustancia.

Usted, señora Comisaria, ya lo ha dejado muy claro. El 19 de diciembre del año pasado se leyó en la Asamblea General una declaración unilateral que fue aprobada por 85 Estados; por alentador que esto sea, también debemos plantearnos y tener en cuenta, por otra parte, la cuestión de si es posible conseguir nuestro objetivo, en vista del hecho de que hasta la fecha esta declaración ha obtenido el apoyo de tan solo 21 de los 47 miembros del nuevo Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Hablando claro, todavía no contamos con una mayoría a favor de ella.

La situación en el Tercer Comité de las Naciones Unidas es similar. Como he dicho en mi anterior declaración, ya hay diversos frentes en los que debemos tomar la iniciativa. Asimismo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores ha propuesto una estrategia para conseguir el objetivo al que todos ustedes se han referido en sus intervenciones y, a pesar de que actualmente no sabemos cuándo podremos aplicarla, puedo asegurarles que les apoyaremos en sus esfuerzos; eso es algo que nosotros, la Comisión y la Presidencia, hemos acordado, dado que también estamos luchando por acabar con la pena capital para siempre.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, apoyo lo que acaba de decir el Presidente en ejercicio del Consejo. Creo que existe un amplio consenso en esta Cámara y entre todas las instituciones de la Unión Europea con respecto a lo esencial del debate de hoy y a dónde queremos llegar, pero en ocasiones tenemos que ver cuál es el siguiente paso táctico.

Quiero aclarar que la Comisión está indudablemente a favor de la declaración de una moratoria como importante paso intermedio hacia la abolición completa de la pena de muerte. Por supuesto, apoyamos la iniciativa italiana y la propuesta de resolución del Parlamento, pero tenemos que ver –y eso es lo que está en juego– el aspecto táctico. ¿Cómo podemos asegurarnos de que prospere la iniciativa propuesta en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Tenemos que asegurar una excelente preparación. Tenemos que llegar a todos los miembros de las Naciones Unidas y programar debidamente en el tiempo el lanzamiento de la iniciativa de esta moratoria universal.

También actuamos bastante no solo en el plano de las Naciones Unidas, sino también en las relaciones bilaterales; intentamos hacerlo tanto en China como en Perú. Así, por ejemplo, he escrito al Presidente de Perú para expresarle nuestra profunda preocupación y cabe esperar que todavía exista una oportunidad de parar la cuestión.

También quiero dar las gracias al Parlamento, porque también tiene posibilidades. Las ha utilizado en el pasado y es posible que pueda aprovecharlas todavía más, hablando con las diferentes delegaciones. En muchas ocasiones, como ya he dicho, se trata de una cuestión interior, y cuánto más hable el Parlamento con los Parlamentos nacionales, más podremos influir.

  La Presidenta. – He recibido seis propuestas de resolución⁽¹⁾ de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 23.30 horas.

(1) Véase el Acta.