Acta literal de los debates

Jueves 1 de febrero de 2007 - Bruselas

4. Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión del señor Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) (O-0128/2006 – B6-0450/2006).

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE), Autor. – (ES) Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, nuestra pregunta oral sobre el proceso de renegociación del acuerdo de contratación pública, que finalizará el próximo mes de marzo, se debe a que estamos en un momento clave. Además, teniendo en cuenta la importancia de dicho acuerdo y la vigencia del mismo, que será, de nuevo, de diez o doce años, se hacía necesario plantearlo aquí, en nuestro Parlamento, a la Comisión.

Los mercados de contratación pública están adquiriendo una importancia creciente en el mundo, por su volumen, que puede llegar hasta un 25 % del PIB mundial y, además, porque para la Unión Europea representan una ventaja comparativa, puesto que en este sector, en este momento, podemos ser competitivos, como digo, frente a otras competencias que estamos sufriendo de otros países en otros sectores, como pueden ser la agricultura y la industria. Por lo tanto, si queremos adaptarnos a la globalización, es importante desarrollar los sectores en los que la Unión Europea puede ser competitiva internacionalmente y, de este modo, crear unas condiciones justas y favorables a las empresas europeas.

Estos mercados se encuentran, en la mayor parte de los países, reservados a las empresas nacionales, lo que constituye una de las principales barreras no arancelarias al comercio internacional. Hay dos aspectos que destacaría especialmente en esta renegociación. En primer lugar, la ampliación geográfica de este acuerdo, con la entrada de importantes actores, como China o los países en desarrollo, y, en segundo lugar, la necesidad de asegurar que existan unas condiciones justas, equilibradas y recíprocas para las empresas de los diferentes países.

En lo que se refiere al primer punto, la validez de este acuerdo sobre contratación pública es tanto mayor cuanto mayor es su cobertura geográfica. Por ello, el Parlamento quiere saber si hay nuevos países interesados en adherirse al acuerdo a corto plazo y, particularmente, si podemos esperar compromisos sustanciales por parte de China en materia de apertura de sus mercados públicos. No olvidemos que China se comprometió a abrir su mercado de contratación pública –que en gran parte sigue cerrado, o con requisitos inaceptables para las empresas europeas– y a iniciar en 2008 negociaciones de adhesión al acuerdo sobre contratación pública, después de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio.

En segundo lugar, por lo que se refiere a las condiciones justas y recíprocas, debemos recordar que los mercados públicos de la Unión Europea están ya muy abiertos a la competencia internacional. Esto tiene considerables ventajas para las entidades públicas que contratan, ya que esta apertura les supone una mayor posibilidad de elección y mayor posibilidad, por tanto, de encontrar bienes y servicios de mayor calidad a menor coste. Pero, por otro lado, no olvidemos que las empresas europeas pueden verse así perjudicadas en aquellos casos en los que son preferidas sus competidoras extranjeras.

El camino que la Unión tiene en su política comercial es el de una mayor apertura de los mercados internacionales en todos sus aspectos; por tanto, la solución no es la de cerrar los mercados públicos a las empresas exteriores. Precisamente por eso tenemos legítimo derecho a pedir que nuestras empresas disfruten de unas condiciones similares de acceso a los mercados públicos de nuestros principales socios comerciales, aquellos cuyas empresas disfrutan ya del acceso a nuestros mercados públicos. Sin embargo, actualmente este no es el caso, siendo los compromisos adquiridos por nuestros socios comerciales muy limitados en comparación con los de la Unión Europea.

El Comisario Mandelson también se ha referido a este desequilibrio en su comunicación sobre la Europa competitiva en una economía globalizada. En ella sugiere la posibilidad de introducir restricciones concretas al acceso a ciertas partes de los mercados públicos de la Unión, con el fin de que nuestros socios comerciales ofrezcan una apertura recíproca de sus mercados.

Dicho todo esto, considero oportuna —y más que apropiada, por tanto— la presentación de esta pregunta oral en nombre de la Comisión de Comercio Internacional a la Comisión Europea para que nos concrete cuál es su estrategia en esta renegociación del acuerdo, en la que —insisto— estamos en un momento clave, por la necesidad de llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

¿Cómo va la Comisión a defender los intereses de las empresas europeas en los mercados de sectores en los que somos altamente competitivos, como los transportes, la energía o las obras públicas, dentro del objetivo de continuar en la senda de una mayor apertura comercial, y no a la inversa? Y, en este mismo contexto, ¿cómo se va a considerar la situación de las PYME europeas, ya de por sí en desventaja con las grandes empresas, en relación con la situación que tienen otras PYME en otros países cuyos Gobiernos les reservan una parte de sus contratos públicos, como ocurre en los Estados Unidos?

Dada la falta de reciprocidad, la situación desventajosa para las PYME europeas y la importancia que estas tienen en los principales objetivos de la llamada Estrategia de Lisboa, pedimos que la Comisión exija a las otras partes de la negociación que renuncien a sus propias excepciones o, si ello no es posible, que acepten que apliquemos una excepción del mismo tipo a beneficio de las PYME europeas. En cualquier caso, que alcancemos esa reciprocidad que, en estos momentos, juega en contra de las empresas europeas.

Pido, por tanto, a la Comisión, que nos informe del estado de estas negociaciones, especialmente en los asuntos que he destacado y a los que se refiere el texto de nuestra pregunta; y también que la Comisión tome nota de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo y las tenga en cuenta en sus negociaciones en Ginebra.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la cuestión de la renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública, llamado ACP, es importante para Europa porque brindará a nuestras empresas oportunidades futuras fuera de la Comunidad. El pasado mes de diciembre, tras muchos años de largas y difíciles negociaciones, las partes del ACP alcanzaron un acuerdo provisional sobre un nuevo texto revisado. Creo que se trata de un gran logro en el contexto actual de la Ronda de Doha. Demuestra que la voluntad política de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones delicadas sigue viva.

El nuevo texto proporciona más claridad y transparencia, así como mejores garantías de un trato igualitario en los procedimientos de adjudicación de contratos. Por primera vez incluye disposiciones sobre la contratación por vía electrónica.

La Comunidad Europea ha desempeñado un importante papel durante las negociaciones. El acuerdo vigente no es equilibrado, tanto desde el punto de vista de las garantías de procedimiento como de cobertura. Nuestros principales objetivos eran llenar lagunas y eliminar ambigüedades.

Queríamos obtener mejores garantías jurídicas para nuestros proveedores, similares a las que ofrece nuestro régimen interno. Al mismo tiempo, a base de nuevas medidas específicas intentamos que el nuevo acuerdo sea más atractivo para los países en desarrollo. El acuerdo final sobre el nuevo texto está sujeto a un resultado satisfactorio de las negociaciones de acceso al mercado. En este terreno también hemos de reequilibrar la situación a favor de la Comunidad. Así pues, la cobertura que nuestros socios ofrecen actualmente debería extenderse al nivel que ha ofrecido la Comunidad y debería ser más uniforme.

Todos queremos que nuestras empresas tengan un mejor acceso a los mercados de contratación pública de los países extranjeros. El Consejo ha subrayado en sus recientes conclusiones sobre la comunicación de la Comisión «Europa Global – Competir en el Mundo» que hemos de conseguir mejoras adicionales del acceso a los mercados de nuestros principales socios comerciales futuros, concretamente en el ámbito de la contratación pública.

La Comisión ha presentado una petición y una proposición de carácter amplio que proporcionará a las demás partes del ACP todos los incentivos necesarios para ofrecer importantes oportunidades de contratación pública adicionales. Si no conseguimos que otras partes del ACP acepten una mejora sustancial, estudiaremos la posibilidad de tomar las medidas necesarias para adaptar los compromisos de la Comunidad al nuevo ACP.

A falta de un mejor acceso de la UE a los mercados de contratación pública de países terceros, el Comisario Mandelson y yo estamos reflexionando sobre un instrumento de apertura al mercado para mejorar el acceso de la UE.

El caso de nuestras PYME merece especial atención. Se beneficiarán específicamente del nuevo texto con la introducción de normas de contratación pública electrónica y, si las negociaciones concluyen con éxito, con la reducción de los umbrales de algunas partes. No obstante, permítanme recordarles que el acuerdo se refiere a grandes contratos públicos que emprenden principalmente las grandes empresas. Sin duda, las PYME desempeñan un papel importante, pero principalmente como subcontratistas. Por eso hemos pedido a los socios ACP que actualmente mantienen derogaciones específicas para sus PYME nacionales que las abandonen.

Con vistas a ampliar el alcance geográfico del acuerdo, ocho miembros de la OMC están en proceso de adherirse al mismo. Entre ellos, Jordania es el que está más avanzado. China ha indicado que comenzará las negociaciones de adhesión en diciembre de este año y, tras mi visita a ese país el año pasado, ya estamos preparando esta importante adhesión. Como ya se ha mencionado, la Comunidad ha presionado para mejorar las disposiciones sobre el trato especial y diferenciado de los países en desarrollo. Creo que hemos conseguido un buen resultado con nuevas normas que tengan plenamente en cuenta sus necesidades específicas.

Confío en que si tenemos éxito, este nuevo acuerdo constituya un hito para el comercio internacional y cree nuevas oportunidades para nuestras empresas.

  Jean-Pierre Audy, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comenzaré felicitando a mi estimado amigo, el señor Varela Suanzes-Carpegna, y dándole las gracias por haber formulado, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, esta pregunta oral sobre las negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio sobre las normas de acceso a los contratos públicos. Necesitamos establecer excepciones para las pequeñas y medianas empresas, señor Comisario.

El tema que nos reúne hoy es una cuestión crucial para el crecimiento y el empleo en Europa. Las normas de la OMC sobre comercio de bienes y servicios no se aplican a las adquisiciones que realiza un Estado para su propio uso, es decir, a la contratación pública. Por ello algunos países que se encuentran al margen de los Acuerdos de Marrakech de abril de 1994 han firmado voluntariamente un anexo especial que contiene un acuerdo sobre contratación pública. Salvo la Unión Europea, todos los principales países que son parte en este Acuerdo –Canadá, Corea, Estados Unidos y Japón– han dejado fuera de su oferta los contratos que reservan para sus PYME. Este desequilibrio es inadmisible y los contratos públicos excluidos de esta forma son precisamente aquellos que interesan a nuestras pequeñas y medianas empresas, mientras que las PYME de esos países pueden acceder sin limitaciones a todos nuestros contratos públicos.

De esta forma, nuestras PYME se encuentran infrarrepresentadas en el ámbito de la contratación pública y por tanto necesitamos entablar un amplio debate sobre las causas de esta situación. Tenemos que corregir este desequilibrio y obtener una excepción en el ámbito de la contratación pública que favorezca a las PYME europeas. No podemos aceptar distorsiones de esta naturaleza.

Señor Comisario, Señorías, aparte de esta negociación, lo que está en juego es la voluntad de la Unión Europea de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas el entorno favorable que necesitan y de utilizar el acceso a la contratación pública como una palanca extraordinaria para fomentar el crecimiento y el empleo; también está en juego la necesidad de ofrecer seguridad jurídica, dentro de la Unión Europea, y entre el ordenamiento jurídico internacional, la legislación europea y las legislaciones nacionales. En este caso no hablamos de proteccionismo, muy al contrario, hablamos de incrementar la oferta mediante un mayor número de empresas que respondan a la demanda.

Señor Comisario, actualmente el mundo está dividido en tres zonas: Asia, excepto Japón, que cuenta con países pobres, pero que experimentan un vigoroso crecimiento; los Estados Unidos, que es un país rico con un fuerte crecimiento, y Europa, que tiene países ricos, pero un débil crecimiento. Tenemos que reflexionar. Cuando votamos a favor de la Directiva relativa a los servicios para regular el mercado interior, construimos este mercado sobre la base de las leyes de la competencia, y la Unión Europea mostró un gran interés por los consumidores. Ahora debemos interesarnos por nuestros industriales. La renegociación del acuerdo multilateral sobre contratación pública que está en curso en la OMC representa, en nuestra opinión, una magnífica oportunidad para actuar y reflexionar sobre el lugar que ocupan las PYME en lo que se refiere al acceso a los contratos públicos.

Necesitamos, señor Comisario, dotar al mercado interior de una normativa sobre las pequeñas empresas europeas que incluya consideraciones de economía social de mercado. Este debate ya ha comenzado y me felicito de ello.

  Erika Mann, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señora Presidenta, es un placer verla en la Presidencia.

Este debate es interesante y fascinante porque estamos hablando de un acuerdo plurilateral muy específico. Por supuesto, forma parte del marco multilateral, pero como es de carácter plurilateral, permite mucha más flexibilidad a los Estados miembros que forman parte de este acuerdo.

A este respecto, y puesto que es su décimo aniversario, ¿podría el Comisario decir algo sobre cómo funcionó en el pasado, si está satisfecho con él y si cree que es una empresa que merece la pena renegociar? No corresponde a su cartera, pero ¿cree que también merece la pena renegociar el acuerdo sobre las telecomunicaciones, que este año también cumple diez años?

Respecto del acuerdo sobre la contratación pública –que ha mencionado el señor Audy– estamos muy preocupados por las PYME, porque sabemos por experiencia que están teniendo muchas dificultades para acceder a los mercados internacionales. ¿Qué va a hacer la Comisión al respecto, más allá de lo que haya hecho en el pasado?

China nos preocupa mucho. Nos alegra que forme parte del entorno global, pero eso supone una gran presión para algunas empresas. Cuando ese país se convierta en miembro del acuerdo plurilateral, ¿qué medidas de protección pondrá en práctica el Comisario para proteger los intereses de las empresas y los trabajadores europeos? ¿Hasta qué punto este proceso forma parte de la Europa global? ¿Hasta qué punto está relacionado con el nuevo enfoque de la Comisión, que establece diferentes acuerdos bilaterales y qué formará parte de esta relación?

Respecto de los servicios de interés general, ¿cómo protegerá el Comisario los intereses europeos? ¿Puede el Comisario decirnos algo más al respecto? No ha abordado este asunto.

Por último, ¿puede el Comisario garantizarnos que mantendrá informado al Parlamento? ¿Puede prometer que también mantendrá informada a la Comisión de Comercio Internacional, que acaba de elegir a su nuevo presidente esta mañana?

  Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, es totalmente legítimo que esta Cámara se ocupe hoy de una mayor liberalización de los mercados de contratación pública y me parece lamentable que no hubiese la misma determinación cuando debatimos la liberalización de los servicios en todo nuestro continente. En el fondo, los temas son los mismos. Es oportuno considerar la posibilidad de ampliar el ámbito geográfico del Acuerdo sobre Contratación Pública y resulta desafortunado que hace unos meses no hayamos aprovechado la ocasión para profundizar considerablemente nuestro mercado de servicios.

En ambos casos se trataba de algo más que de medidas para ayudar al funcionamiento de las grandes empresas europeas. Se hace especial hincapié en la promoción de los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Estoy a favor de la negociación de contratos que nos permitan participar en el mercado chino de contratación pública, pero también es importante tener en cuenta las oportunidades reales de participación en el mercado europeo que tiene la otra parte, como acaba de señalar la señora Mann. En cuanto a nuestros socios chinos, la moneda tiene dos caras, y me parece que deberíamos tener en cuenta los problemas concretos que se plantean para el mercado europeo en este ámbito.

  Caroline Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señora Presidenta, ¡enhorabuena! Está muy bien verla en la Presidencia.

Comisario McCreevy, yo también quiero empezar hablando de cómo apoyamos mejor a las pequeñas y medianas empresas. Celebro ver que parece que los Grupos políticos de esta Cámara se interesan por esta cuestión. Creo que todos estamos preocupados.

Quiero pedir primero algunas aclaraciones sobre los comentarios hechos por la Ministra de Comercio francesa, Christine Lagarde, en su comparecencia de la semana pasada ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Habló muy apasionada y correctamente, a mi juicio, sobre la importancia de defender a las pequeñas y medianas empresas en Europa. Pero usted, señor Comisario, parece tener una opinión muy diferente del papel de las PYME y de la mejor forma de apoyarlas.

Es fundamental que facilitemos el acceso de las pequeñas y medianas empresas innovadoras a los mercados de contratación pública. Esas empresas engloban 75 millones de puestos de trabajo en la Unión y el 50 % del PIB de la Comunidad, y constituyen un factor esencial de impulso de las economías locales y regionales en toda la UE.

Pero parece ser que la Comisión renuncia voluntariamente al derecho a apoyar a sus PYME. Ya hay cinco países –Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón y Corea del Sur– que introducirán disposiciones en su legislación para dar acceso privilegiado a las PYME a los mercados de contratación pública y, aún así, la UE, por extraño que parezca, ha decidido que no tiene interés en defender a sus propias PYME.

¿Puede usted, señor Comisario, justificar realmente esa posición? La renuncia de la UE al derecho a establecer la igualdad de condiciones que permitan a las PYME competir en pie de igualdad con las grandes multinacionales, parece tan extraordinaria como inaceptable. Sin duda nosotros también tendríamos que aprovechar la renegociación del ACP en Ginebra para desmantelar las barreras de la OMC que impiden a los Estados miembros adoptar medidas de acceso privilegiado para sus PYME, si es que así lo desean. Tendríamos que defender la aplicación de excepciones en el marco del ACP renegociado para poder introducir medidas preferenciales y con ello, simplemente, restablecer la igualdad de trato y evitar que las grandes multinacionales tengan todas las ventajas.

Lamento mucho, asimismo, que no hayamos tenido la oportunidad de celebrar un debate previo en Europa sobre si es o no conveniente tratar de ampliar las reglas del comercio internacional para incluir la contratación pública. Muchos dirán que la contratación pública tiene poco o nada que ver con los aspectos tradicionales del comercio, los aranceles y las cuotas, y que es un terreno que no puede ser objeto de negociaciones en la OMC, porque someter la contratación pública de ámbito nacional, local o regional a unas reglas iguales para todos a escala mundial respecto a cómo debe gastarse el dinero de los contribuyentes me parece que destruye las expectativas razonables que tienen los ciudadanos de que exista cierto nivel de responsabilidad democrática sobre la forma de gastar su dinero. Esencialmente, el dinero del contribuyente es diferente del dinero de las empresas privadas, y los ciudadanos esperan con razón tener derecho a presionar para que se recorte el gasto, por ejemplo, que favorecía a las empresas que hacían negocio en Sudáfrica cuando existía el apartheid, o para descalificar a empresas que no mostraran un comportamiento correcto en materia laboral o ambiental.

Creo que tenemos que defender con ahínco la selección de proveedores y productores locales como un instrumento fundamental de la política local de empleo e industrial.

  Helmuth Markov, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señora Presidenta, la felicito por su elección y quisiera decir al señor Comisario que el Acuerdo sobre Contratación Pública solo se ha aplicado hasta ahora a los países miembros de la OCDE, cuyo gasto en contratos públicos de suministro, servicios y obras de construcción representa entre el 10 % y el 25 % de su PIB.

China ha estado estudiando la posibilidad de unirse a ellos. Las nuevas negociaciones en curso tienen por objeto, en general, ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo, lo que, desde luego, haría que este adquiriera una importancia mucho mayor para el intercambio internacional de bienes y servicios.

Si bien la Comisión debe sin duda intentar mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción en la contratación pública internacional en el marco del proceso de revisión, los urgentes problemas ambientales hacen que sea necesario dar prioridad absoluta a la sostenibilidad ecológica en el sector público y esto significa, en mi opinión, que es necesario regularla. Por ejemplo, debe ser legal y legítimo dar preferencia a los bienes y servicios compatibles con el medio ambiente, incluso si son ligeramente más costosos, a la hora de adjudicar contratos públicos.

Una cuestión crucial consiste en cómo tratar a los países en vías de desarrollo. Es necesario que la contratación pública, al igual que otras cuestiones de la Ronda de Singapur, se aborde totalmente por separado de las negociaciones de la Ronda de Doha sobre el desarrollo, como manifestaron con suma claridad los países en vías de desarrollo en Cancún.

El documento del que hablamos –el documento que es objeto de renegociación– solo puede aplicarse a países que tengan la misma fuerza, por lo que la idea de no discriminación y reciprocidad me parece algo problemática, pues en mi opinión tiende una vez más a tratar exactamente de la misma manera a los países altamente industrializados y a los países en desarrollo, cosa que no puede funcionar.

Las disposiciones propuestas para los países en desarrollo, que prevén un período transitorio de tres años –o de cinco en el caso de los menos avanzados– resultan totalmente insuficientes para convencerlos de firmar el Acuerdo. Creo que una consecuencia lamentable de todo ello es que muchos de estos países rehuirán este Acuerdo, cosa que considero, en principio, una desgracia, habida cuenta de que se pretende abordar este tema en un marco multilateral.

  Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, el debate que estamos celebrando sobre esta pregunta oral ejemplifica todo lo que funciona mal en la Unión Europea. En primer lugar, tenemos que negociar con la OMC a través de un hombre que representa a no menos de 27 países. No tiene mandato popular y a la luz de su trayectoria en la política británica no habría resultado elegido ni para organizar la fiesta mayor de su pueblo. No quiero que un representante de la UE hable en nombre de mi país ante la OMC. Quiero a un representante del Gobierno de Su Majestad que no solo conozca mi país, sino que defienda también sus intereses.

Luego está toda la cuestión de la licitación competitiva. En la pregunta oral se habla de China como proveedor potencial y es muy posible que sea sumamente competitiva. Aunque condeno la supresión de las libertades y derechos de la persona en China, los chinos saben unas cuantas cosas sobre la manera de dirigir una economía próspera. El gasto público ronda tan solo el 20 % del PIB, mientras que en la zona del euro fue del 47,5 % en 2005. En China, las empresas funcionan con una normativa muy laxa. En la Unión Europea nos autorregulamos hasta el último detalle.

En 2005, el señor Blair prometió que la Presidencia británica reduciría la burocracia. No ha hecho nada al respecto. ¿Cuántos miles de páginas ha añadido a la montaña de normas? Engañaron a mi país para que entrara en la Unión Europea en 1973 diciendo que no sería más que una zona de libre comercio. Y eso es todo lo que debiera ser: sin Parlamento, sin Comisión, sin directivas. En su lugar, se ha convertido en un monstruo burocrático que está hundiendo nuestra economía.

PRESIDENCIA DEL SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, ya se ha llegado a un acuerdo provisional sobre el texto revisado del Acuerdo sobre Contratación Pública y se prevé que otro tanto sucederá con el Acuerdo definitivo.

Comprendo que sea necesario que las negociaciones se celebren en secreto, pero ¿no cree usted, señor Comisario, que ha informado con retraso al Parlamento Europeo sobre las prioridades, demandas y ofertas de la Unión durante la renegociación de este importante Acuerdo?

Creo que el principio básico para las negociaciones de la Unión debería ser la reciprocidad y la consecución de un resultado equilibrado entre socios comerciales. Este resultado equilibrado no debe implicar que los socios comerciales asuman compromisos teóricos en nombre de los demás socios. El resultado debe evaluarse por la facilidad real para hacer pleno uso de las licitaciones que sean objeto de una competencia transfronteriza. ¿Ha elaborado la Comisión estudios sobre las posibilidades reales que ha ofrecido hasta ahora la aplicación del Acuerdo a las empresas europeas de acceder al mercado de los demás países? Los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón –las partes en el Acuerdo– ya han concedido acceso preferente a las pequeñas y medianas empresas al mercado de contratación pública. Paradójicamente, la Unión no lo ha hecho.

Creo que la Unión Europea debería exigir una excepción en el marco de la aplicación de la Acuerdo sobre Contratación Pública para las pequeñas y medianas empresas. Esta exigencia es razonable, sobre todo en vista de que nuestros socios ya han actuado de esta manera.

Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía europea y son una importante fuente de desarrollo y empleo, como han destacado tanto el autor, el señor Varela, como el señor Audy. Estas empresas contribuyen a la cohesión económica y social. Tenemos la obligación de emprender iniciativas que protejan su función dinámica.

  David Martin (PSE). – (EN) Señor Presidente, le felicito por su nombramiento.

No voy a hablar de las PYME, porque muchos de mis colegas ya lo han hecho, pero quiero insistir, y en esto concuerdo con ellos, en que se trata de una cuestión de extrema importancia.

La contratación pública representa el 20 % del PIB en los países en desarrollo y en torno al 15 % del PIB en los países desarrollados. En esta cuestión me siento un poco como si tuviera dos discursos distintos, porque intuitivamente estoy a favor de abrir a la competencia los mercados de contratación pública. En teoría, eso debería servir para reducir el gasto público y aumentar la transparencia en la contratación pública, frenando así la corrupción. Eso debería resultar beneficioso tanto para el mundo desarrollado como para el mundo en desarrollo y, en este último, se liberarían recursos que podrían destinarse a salud y educación. Pero si uno mira la lista de los 36 signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), entre ellos no hay ni un solo país africano. Está claro que los países africanos y otros países en desarrollo piensan que los costes son posiblemente mayores que los beneficios derivados de la firma de este acuerdo.

Pregunto a la Comisión qué tipo de ayuda podría prever, primero, para los países africanos y otros países menos adelantados, de manera que puedan competir en el mercado europeo y en otros mercados desarrollados en igualdad de condiciones, y qué ayuda podría darles para que desarrollen su propia industria, de manera que puedan hacer frente a la competencia dentro de su propio país si deciden abrir a la competencia sus mercados de contratación pública.

A mí también me preocupa, como ha dicho la señora Lucas de una forma algo diferente, cómo se tendrán en cuenta los aspectos no comerciales en el ACP y en la aplicación del mismo; cómo se tendrán en cuenta aspectos como el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Estoy de acuerdo con la señora Lucas en que se trata de dinero público y en que, si el ACP no viene acompañado de unas condiciones, existe el peligro de que se rebajen las normas laborales y ambientales. Por otra parte, soy consciente de la ventaja de abrir a la competencia los mercados de contratación pública, pero también veo los peligros, y espero que la Comisión examine estas cuestiones.

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, le felicito una vez más y doy las gracias al señor Comisario.

En el Reino Unido, las PYME son injustamente relegadas de los mercados de contratación pública debido a la aplicación de requisitos bienintencionados como la responsabilidad social de las empresas y las normas ambientales; en bastantes casos se exige presentar las cuentas auditadas de tres ejercicios, un requisito que muchas pequeñas empresas no pueden cumplir; la ausencia de licitación competitiva; la agrupación de contratos, que resultan demasiado voluminosos para las PYME y favorecen a las grandes empresas; y el secreto y la falta de transparencia.

Sabemos que la directiva de la UE requiere exige transparencia y licitación competitiva, pero la mayoría de los contratos por los que licitan las PYME suelen estar por debajo del umbral. Así que cuando uno habla con las PYME y les pregunta qué es lo que quieren, dicen que quieren que se reduzca la burocracia y el papeleo. Quieren que las autoridades supriman el requisito de certificación aplicable a todos por igual. Quieren que los contratos se anuncien en sitios web como «supply2.gov» y quieren también que no se agrupen los contratos. Pero tenemos que reconocer que las administraciones públicas no son empresas comerciales y que a menudo tratan de evitar el trabajo adicional que implican las sucesivas licitaciones, por lo que tenemos que incentivar a los Gobiernos y las entidades locales.

En los Estados Unidos se han fijado objetivos para determinar si existe realmente o no una competencia leal. Las PYME no necesitan cuotas, pero sí indicadores para saber si existe competencia leal. También en los Estados Unidos hay asesores que ayudan al Gobierno a facilitar un acceso justo a las PYME. Estos requisitos –evaluaciones comparativas y defensores de la competencia– probablemente no serían compatibles con el acuerdo de la OMC, y entiendo el motivo, pero este prohíbe de manera no intencionada medidas que aseguran una competencia leal.

El acuerdo de la OMC es, de hecho, positivo en términos generales, puesto que es contrario al proteccionismo, pero prohíbe medidas que son necesarias para ayudar a las pequeñas empresas. Así pues, mientras unos Estados miembros desean una exclusión voluntaria, otros temen con razón que eso aumente el proteccionismo. Por tanto, pidamos a la Comisión que busque un compromiso en el que esté asegurada la exclusión voluntaria, pero que se elabore un nuevo acuerdo que permita medidas favorables a las PYME y aumente considerablemente las medidas antiproteccionistas. Si permitimos la adopción de medidas favorables a las PYME, el acuerdo echará por tierra las razones de los Estados Unidos para su exclusión voluntaria, que han esgrimido para mantener la ley estadounidense de contratación pública (Buy America Act). Ayudaría además a las PYME británicas y europeas a competir en el mercado mundial.

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Señor Presidente, un Acuerdo sobre Contratación Pública podría conllevar más transparencia y, por ende, menos corrupción. También podría implicar precios justos –algo no desdeñable en vista de que los contratos públicos de servicios se pagan con dinero de los contribuyentes– con el derecho, no obstante, de aplicar criterios sociales y ambientales en la fase de licitación. También los países en desarrollo podrían beneficiarse bastante de todas estas ventajas. Ni que decir tiene que no puede descartarse su participación en el futuro en el Acuerdo internacional sobre Contratación Pública, pero la Comisión debe procurar que puedan aplicar primero este método –y otro tanto podría decirse de las normas de competencia leal– a nivel nacional o regional, como hicimos en Europa, y no tengan que permitir, por lo tanto, la participación inmediata de todo el mundo y de los grandes monopolios. A continuación correspondería a los países en vías de desarrollo decidir el momento en que se consideren suficientemente desarrollados. Debería evitarse a toda costa algo que de hecho se aplica en todo el mundo, a saber, las licitaciones obligatorias a gran escala, que tienen por resultado la exclusión de las pequeñas y medianas empresas del mercado. Desgraciadamente tengo experiencias de primera mano en este sentido; me refiero a una licitación para adjudicar los servicios de seguridad de una estación de ferrocarril en Ámsterdam. La empresa que se encargaba anteriormente de la seguridad de la estación era una pequeña empresa que realizaba un trabajo encomiable. Sin embargo, durante la licitación esta empresa resultó demasiado pequeña para competir por el contrato total para muchas de esas estaciones y, a raíz de ello, fue desplazada del mercado.

Sin duda, sus Señorías conocen ejemplos similares y por ello que queremos preguntar a la Comisión cómo puede garantizarse un mejor acceso a los contratos públicos para las PYME.

Por último, la supresión obligatoria de los servicios públicos y semipúblicos a favor de los grandes proveedores extranjeros es totalmente errónea. Todos los países tienen derecho a regular públicamente lo que el público desea mantener. Estamos hablando de servicios básicos, como la educación y el agua, servicios que revisten un gran interés para la sociedad y con los que no debemos meternos.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Comisario McCreevy, Señorías, debido a que la pregunta formulada por la Comisión de Comercio Internacional acerca del problema de la contratación pública en el marco de la OMC afecta directamente al mercado interior europeo, creo que tenemos que examinar dichos problemas con más detenimiento. La cuestión en este caso es el Acuerdo de la OMC, por una parte, pero por otra debemos tener claro que estos convenios internacionales –que es la forma en que funciona la globalización– tienen efectos directos sobre el mercado interior europeo.

El señor Kamall señalaba que en varios Miembros de la OMC, entre ellos los Estados Unidos, se siguen manteniendo ciertas cuotas para la adjudicación de contratos públicos a pequeñas y medianas empresas, lo que no significa a fin de cuentas otra cosa que el hecho de que se está restringiendo el ámbito de aplicación de la normativa sobre contratación pública adoptada por la OMC. Me gustaría que se llevara a cabo una evaluación de impacto que indicara si dichas cuotas son beneficiosas a largo plazo para las pequeñas y medianas empresas, cosa que, en todo caso, no es segura.

Y mientras no lo sepamos, no necesitamos preocuparnos por la restricción de su ámbito de aplicación, ya que las pequeñas y medianas empresas viven de mercados en los que existe la mayor transparencia posible y a los que pueden acceder con la mayor facilidad, y si los Miembros de la OMC reducen el ámbito de aplicación en un 25 %, no estoy seguro de que las pequeñas y medianas empresas obtengan un beneficio de ello.

Sin duda sería útil –y por ello yo también apoyo la pregunta– que la Comisión examinase muy de cerca esta cuestión y nos indicase si tiene efectos positivos para las pequeñas y medianas empresas.

Desde luego es necesario que en el Consejo –cuyos representantes, desgraciadamente, no están presentes en el hemiciclo– se encuentre un equilibrio entre aquellos que favorecen un planeamiento como el de los Estados Unidos y aquellos que desean precisamente lo contrario, es decir, la reducción de las cuotas para crear un mercado libre y abierto en toda la OMC, que ofrezca oportunidades a las pequeñas y medianas empresas en todas partes.

Por ello creo que el principal problema para las pequeñas y medianas empresas en este aspecto se debe en mayor medida a que no hemos resuelto el problema de los subcontratistas, pues esa es la función que muy a menudo cumplen las pequeñas y medianas empresas, con lo que pueden crear puestos de trabajo y tienen la oportunidad de ganar dinero, pero a menudo estos subcontratistas son gestionados desde un nivel superior, lo que a menudo las sitúa en una posición difícil con un pie en cada bando.

Lo que creo que debemos hacer es conceder especial atención a este problema, por lo que me gustaría que la Comisión reflexionara y nos mantuviera informados al respecto. En otras palabras, la Comisión debería comenzar a abordar el problema al que se refiere esta pregunta, tras lo cual podremos plantear demandas definidas al Comisario.

  Stefano Zappalà (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero felicitar al señor Varela Suanzes-Carpegna y darle las gracias por haber formulado esta pregunta que nos permite abordar la cuestión que nos ocupa. Yo fui ponente en esta Cámara sobre la reforma de los contratos públicos de suministros y servicios, es decir, las Directivas 17 y 18.

Aunque tengo muy poco tiempo, creo que vale la pena señalar los principales aspectos de este problema. Como han indicado algunos oradores esta mañana, el Parlamento se ha concentrado mucho en la Directiva 18, es decir, la Directiva marco sobre contratos, en cuestiones ambientales, el sistema actualizado de contratos electrónicos, el ámbito social y la cuestión de los umbrales, y por ello creo que contamos con una legislación que sin duda es excepcional, pero que realmente no se refiere a la materia que nos ocupa esta mañana.

La cuestión planteada es totalmente distinta: se está llevando a cabo una revisión de un acuerdo internacional que coloca a los Estados miembros de la UE –y por ende a las empresas de la UE– en una posición de desventaja respecto a otros países. ¿En qué consiste el problema? En 1994 y en años posteriores se planificaron muy diferentes tipos de actividades a escala mundial a través de acuerdos multilaterales. Los Estados Unidos, China y otros países gozan de hecho de privilegios que no disfrutan las empresas comunitarias. Ahora se está revisando este sistema, pero es necesario establecer los métodos de revisión, porque como deben recordar sus Señorías y recuerdo yo, los Estados Unidos por sí solo tiene un volumen anual de casi 200 000 millones de dólares, dinero que en realidad permanece en ese país.

Lo cierto es que mientras cualquiera puede venir a trabajar a Europa, nuestras pequeñas y medianas empresas no pueden establecer empresas en el resto del mundo. Loa Acuerdos sobre Contratación Pública son, entre otras cosas, acuerdos que deniegan a las empresas europeas el acceso al sistema internacional.

Por lo tanto, ¿qué decisiones podemos adoptar hoy? En mi opinión, la Comisión cree que aboliendo los privilegios de los demás podemos volver a competir en pie de igualdad. Pero no es así. Yo creo que lo que necesitamos es proteger a las pequeñas y medianas empresas de Europa, concediéndoles los mismos privilegios dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, en relación con la Unión Europea que gozan las pequeñas y medianas empresas de los Estados Unidos y otros países del mundo.

Por consiguiente, no solo doy las gracias al señor Varela Suanzes-Carpegna, sino que también considero que es necesario favorecer y apoyar el argumento que defiende Francia en estos momentos dentro del Consejo, contra la posición de la Comisión Europea.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados por sus comentarios.

La contratación pública es a mi juicio sumamente importante. La existencia de procedimientos adecuados, justos y transparentes es crucial, no solo para las empresas que quieran licitar por la adjudicación de proyectos, sino también para las autoridades que podrán ahorrarse a sí mismas y a los contribuyentes ingentes sumas de dinero si aplican correctamente esos procedimientos.

Es fundamental que consigamos de nuestros socios comerciales el compromiso de abrir sus mercados de contratación pública a licitantes europeos. Nuestras empresas tienen algo que ofrecer. Son competitivas, pero demasiado a menudo no se les permite o no se les invita a licitar.

Las PYME se benefician de la contratación pública. Ya tienen una importante cuota de mercado, pero no creo que la respuesta esté en la reserva de cuotas o en un trato preferente. Si hiciéramos eso, más socios comerciales nuestros harían lo mismo y el resultado sería que las empresas europeas saldrían perjudicadas. Creo que todas las partes se benefician de unos mercados abiertos. Nuestras PYME son dinámicas y fuertes. Ellas también se beneficiarán.

La señora Mann ha pedido que se la mantenga informada. Pediré a mis funcionarios que mantengan perfectamente informada a su comisión. Asistirán a las reuniones de la comisión y responderán a sus preguntas sobre los detalles de las negociaciones.

Varios diputados se han referido a medidas especiales para las PYME y a la necesidad de que formen parte de nuestra posición negociadora. Como ya he dicho, no estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho el señor Kamall y con su comentario de que los propios Estados miembros pueden hacer mucho por ayudar a sus PYME en el ámbito de la contratación pública sin incumplir ninguna regla. Si se desagrupan algunos de sus contratos y se reduce buena parte de la burocracia, las PYME se verán muy beneficiadas y se evitará la necesidad de reservar cuotas para ellas. Pero discrepo de la conclusión sacada por algunas personas de que la mejor forma de hacer eso para las PYME consiste en reservar cuotas.

El señor Kamall ha recordado también que los Estados Unidos tienen una Ley sobre las pequeñas empresas y una agencia que se ocupa de estos asuntos. No obstante, las cifras demuestran que, tanto en volumen como en cantidad, las PYME en Europa obtienen un porcentaje mucho mayor de contratos que en los Estados Unidos. Eso debería interesarles.

Por tanto, digo –y tienen derecho a discrepar de mi opinión al respecto– que la contratación pública consiste básicamente en competir para ofrecer los mejores bienes y servicios al menor precio. Eso significa optimizar los recursos. La reserva de partes del mercado subraya esto. Esta misma mañana ya hemos debatido también sobre las PYME. Algunos diputados han dicho que las PYME necesitan oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el proteccionismo no es la respuesta. Por supuesto, no seremos ingenuos: esperamos que nuestros socios comerciales abran también sus mercados.

  La Presidenta. Vamos a suspender la sesión para reanudarla a las 11.00 horas con la sesión solemne, en que recibiremos al presidente de Bulgaria.

(La sesión, suspendida a las 10.25 horas, se reanuda a las 11.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. POETTERING
Presidente