Acta literal de los debates

Jueves 1 de febrero de 2007 - Bruselas

8. Explicaciones de voto

Informe Barón Crespo (A6-0473/2006)

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Voto a favor de la recomendación para aprobar los sistemas de separación destinados a proteger a los pasajeros en caso de desplazamiento del equipaje y suministrados como equipo no original del vehículo porque, en primer lugar, facilita la compraventa de vehículos de motor entre las partes contractuales, y en segundo lugar, porque garantiza un alto nivel de seguridad y protección del medio ambiente.

En vista de ello, no puedo sino apoyar la armonización de las normas aplicables a los vehículos de motor.

Informe Barón Crespo (A6-0472/2006)

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Voto a favor del Reglamento sobre la homologación de los vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera del conductor del vehículo. Por una parte, la armonización de la reglamentación aplicable a los vehículos de motor reducirá los obstáculos al comercio entre las partes contratantes y, por la otra, garantizará altos niveles de seguridad.

El proyecto garantiza un campo de visión a través del parabrisas y otras ventanas del vehículo, algo que debe aprobarse sin excepciones por razones de seguridad en general.

Informe Chichester (A6-0470/2006)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a votar a favor de este informe, que refuerza nuestro acuerdo con la República de Corea para la cooperación científica y tecnológica. Seúl es una potencia industrial mundial cada vez más importante y es fundamental que la UE se relacione estrechamente con ese país, que tradicionalmente ha estado más cerca de los Estados Unidos que de nosotros. Supongo que este acuerdo incluirá la investigación científica y tecnológica en la Zona Industrial de Kaesong, administrada por Corea del Norte y Corea del Sur, y a este respecto tengo la seguridad de que la República de Corea celebrará nuestro compromiso, que Washington deniega actualmente.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Nos oponemos radicalmente a la propuesta del Consejo en materia de cooperación científica entre la UE y Corea porque la orientación y la fragmentación de la investigación contribuye a la rentabilidad de los grupos monopolísticos y del capital en general, y va en contra de las verdaderas necesidades de los trabajadores. Los intereses populares exigen luchar contra esta opción reaccionaria para la investigación y acuerdos similares, y contra la política contra los trabajadores en general y de la propia UE, así como luchar a favor de un cambio radical para que la investigación pueda dirigirse a satisfacer las necesidades contemporáneas de las clases trabajadoras y movimientos de base.

Informe Budrekaitė (A6-0474/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de la diputada lituana, la señora Budreikaitė, sobre la integración de la sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo. En él se manifiesta con acierto que el desarrollo sostenible se basa en la idea de que la satisfacción de las necesidades de la actual generación no debe comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Es justo integrar los conceptos de desarrollo sostenible en las políticas de desarrollo en los planos europeo y nacional, conceptos que incluyen la prosperidad económica, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. Y es necesario, sobre todo, cuando se trata de cooperación en materia de medio ambiente, algo muy difícil de lograr dados el desarrollo demográfico del planeta y la necesidad de erradicar la pobreza. La UE debe protagonizar la reafirmación mundial de los conceptos de sostenibilidad. No en vano, esta es una de las principales misiones de la UE.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe no menciona las causas subyacentes de la creciente y cada vez más profunda desigualdad social por lo que se refiere al desarrollo, de la explotación sin límites de los recursos naturales y de la masiva destrucción del medio ambiente en todo el mundo, y no señala al verdadero culpable, es decir, el capitalismo. A pesar de ello, recoge una amplia gama de propuestas y elementos que acogemos favorablemente, como que se cumpla el objetivo del 0,7 % del PIB a fin de lograr una cooperación eficaz al desarrollo que se caracterice por la solidaridad.

Sin embargo, no podemos aceptar los siguientes elementos, por ejemplo:

- debido a que «las autoridades locales de los países en desarrollo no se encuentran aún en condiciones de hacer frente a los volúmenes de financiación necesarios para llevar a cabo inversiones de gran envergadura para la construcción y el mantenimiento de redes de infraestructuras como, por ejemplo, la conducción de agua o el saneamiento», el informe concluye que la solución es «únicamente la aportación adicional de capital privado, mediante una asociación público-privada, permitirá que se alcance el volumen de financiación necesario», poniendo este recurso fundamental a disposición del capital privado;

- y condicionar la reducción –y no la cancelación– de la deuda de los países menos desarrollados de lo que se denomina «buena gobernanza», cuyos criterios son dictados por los caprichos de las grandes potencias.

A ello se debe el sentido de nuestro voto.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Durante los últimos quince años hemos avanzado en la lucha contra la pobreza, aunque no en la medida que habíamos esperado, pues incluso si logramos que avance el desarrollo económico de un país, ello no significa que con ello se haya reducido la pobreza ni mucho menos. No debemos permitir que los fondos destinados a las personas desfavorecidas acaben en sistemas corruptos o incluso que se utilicen para fines tales como la compra de armamento o el apuntalamiento de regímenes dictatoriales.

Es en este aspecto en el debemos vigilar la eficacia si deseamos que los fondos para el desarrollo se dediquen en el lugar y al fin adecuados. Sería igualmente conveniente considerar la posibilidad de concentrar estos fondos en lo que se denomina «países de referencia», que son capaces de impulsar el desarrollo de toda una región, y también deberíamos mostrarnos abiertos a nuevos planteamientos, como el empleo de los microcréditos para que los pobres vuelvan a ponerse de pie de forma permanente.

Resolución sobre la situación de los derechos humanos de los dalit en la India (B6-0021/2007)

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Solo quiero ampliar lo que he dicho antes en relación con la manera en que se ha tramitado en esta Cámara la resolución sobre los derechos humanos de los dalit, sin oportunidad de modificarla, y en particular destacar una serie de datos inexactos en el informe que no ha llegado ni a la Comisión de Asuntos Exteriores ni a la Subcomisión de Derechos Humanos para que emitan su opinión. Protesto por la forma en que algunos diputados a esta Cámara están utilizando el apartado 4 del artículo 90 del Reglamento. Por ejemplo, la resolución destaca la incidencia de delitos cometidos contra los dalit y habla de delitos terribles y frecuentes contra ellos, como por ejemplo asesinatos. Bien, quiero decir que en realidad la incidencia de asesinatos cometidos en la India contra los miembros de la casta de los dalit es del 2,04 %, cuando constituyen el 14 % de la población. Así que, de hecho, los dalit gozan de más seguridad que los miembros de las demás castas.

La resolución no menciona los efectos de la Ley de prevención de atrocidades, concebida para facilitar la condena de los que han agredido a los dalit, y tampoco menciona el hecho de que la tasa de alfabetización, aunque es muy baja entre los dalit, está muy cerca de la media nacional. No menciona que el Gobierno concede una recompensa con vistas a erradicar la intocabilidad y que se dan incentivos en metálico para promover los matrimonios mixtos entre miembros de diferentes castas.

Este informe es muy poco equilibrado; está plagado de datos inexactos y lamento, señor Presidente, que no pudiera usted devolverlo a la comisión, pero yo mantengo mi postura.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución presentada por la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos de los dalit en la India. Aunque considero que la Unión Europea debe mostrarse muy cuidadosa al interferir en las constituciones de otros países, apoyo esta resolución porque denuncia la inaceptable situación de los dalit, que es consecuencia de la no aplicación de las distintas disposiciones que prohíben la discriminación basada en las castas.

Según este informe y numerosos estudios, los dalit son víctimas de delitos y faltas que no son sancionados. A lo que hay que añadir los abusos que sufren niños y mujeres que son víctimas de dos formas de discriminación –la discriminación de casta y la de género– a todo lo largo de sus vidas, incluyendo abusos sexuales. Sí, el Parlamento Europeo tiene derecho a denunciar esta vergonzosa situación.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) El trato que reciben los dalit en la India plantea algunos graves problemas de derechos humanos. Debería existir el derecho universal a un trabajo digno y a la no discriminación, pero el sistema de castas que existe actualmente en la India no garantiza ninguno de esos derechos a los dalit. Puesto que los cimientos de la UE y del Parlamento Europeo se sustentan en valores compartidos, de los que la no discriminación es un elemento fundamental, nuestra obligación es manifestar preocupación cuando vemos que esos valores se violan y esos derechos se niegan a otros en terceros países.

  Margrietus van den Berg (PSE), por escrito. (NL) El inmenso problema que representan las personas que incluso en nuestros días son considerados parias y, por ende, «intocables», resulta inquietante. La segregación social que sufren los dalit puede compararse al apartheid que existía en Sudáfrica.

La mayor parte de estos «intocables» vive en la India, donde son más de 160 millones de personas. A menudo se les excluye de los servicios básicos, como la educación, la atención sanitaria y el agua potable, no se les permite poseer tierras y son víctimas con frecuencia de la violencia y la explotación.

Es por ello por lo que tengo la intención de votar a favor de esta resolución que insiste en que el Gobierno indio redoble sus esfuerzos para eliminar la discriminación basada en las castas y promueva la igualdad de oportunidades. Cabe felicitarse de que el Parlamento Europeo haga propuestas concretas para luchar contra esta discriminación estructural contra un pueblo.

Como señaló el propio Primer Ministro de la India el 27 de diciembre de 2006: «Los dalit se enfrentan a una discriminación única en nuestra sociedad que se distingue fundamentalmente de los problemas de los grupos minoritarios en general. El único paralelo con esta discriminación era el apartheid en Sudáfrica». Espero que la UE aborde esta cuestión en el marco de sus relaciones con la India y contribuya a suprimir está burda injusticia social.

Informe Arnaoutakis (A6-0477/2006)

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Gabonesa, así como al resto de acuerdos similares celebrados con otros países de los denominados ACP (África, Caribe y Pacífico) y con algunos otros Estados más.

Estos acuerdos se basan en el principio de la cooperación recíproca y se inscriben en el enfoque de asociación que se está aplicando a la dimensión exterior de nuestra política común de pesca. A través de estos acuerdos conseguimos un doble objetivo: en primer lugar, garantizamos la protección de los intereses de la flota pesquera de gran altura de la Unión y, en segundo lugar, mejoramos las condiciones para lograr una pesca sostenible en las aguas de los países asociados.

A este respecto, debo finalizar resaltando que la Unión —y, por tanto, nuestra flota de altura frente a otras que incluso operan ilegalmente— se ha comprometido a asegurar el carácter sostenible de las actividades pesqueras mundiales y ha aceptado el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Debemos impulsar este y otros acuerdos, porque favorecen el desarrollo de los países con los que nos asociamos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El nuevo Acuerdo de asociación con la República de Gabón, que entró en vigor el 3 de diciembre de 2005, tiene una vigencia de seis años y recoge un protocolo que reducirá en un 40 % las oportunidades de pesca de que disponen las distintas flotas de los Estados miembros de la UE que operan en estas aguas, entre ellas la flota portuguesa.

Además, al igual que en otros acuerdos de pesca del atún, las cuotas que deben pagar los armadores han aumentado entre un 25 % y un 35 % del coste total, obviamente con la reducción de la contribución comunitaria.

Lo que probablemente sucederá es que no se aprovecharán todas las oportunidades que ofrecen los acuerdos y el desguace de muchos busques pesqueros de altura, algo que ya sucede en Portugal.

Esta situación nos lleva a cuestionar las consecuencias reales de estos acuerdos, cuyos costes para las flotas van en aumento, al tiempo que disminuyen las oportunidades de pesca.

Resulta alarmante, en particular para la flota portuguesa, que este acuerdo acabará con la proporcionalidad y la relativa estabilidad de la distribución de las oportunidades de pesca con otras flotas que contemplaba el acuerdo precedente.

Portugal perderá un 50 % de las oportunidades de pesca para sus palangreros de superficie, con tan solo tres licencias en comparación con las seis que le otorgaba el acuerdo anterior.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Apoyo este informe, por el que se modifica el Acuerdo de asociación en el sector pesquero. Apoyo en particular el llamamiento a una mayor participación parlamentaria antes de cualquier posible prórroga de dicho acuerdo. Celebro asimismo que se tengan en cuenta las necesidades de desarrollo de las poblaciones costeras.

Resolución sobre una moratoria universal respecto de la pena de muerte (B6-0032/2007)

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, no hace falta decir que he votado a favor de la resolución por una moratoria universal sobre la pena de muerte por ser un acérrimo enemigo de la pena capital, sobre todo a nivel personal.

Sin embargo, quiero expresarme con toda claridad. Aunque me oponga a la pena capital, creo firmemente que debemos combatir firmemente la delincuencia. Lo que intento decir es que debido a la apatía y cobardía de numerosos Gobiernos europeos, como sucede en mi propio país, los reos de graves delitos penales, asesinos y violadores de niños son liberados anticipadamente de forma sistemática y es debido a esta falta de rigor y a esta cobardía que la gente pide ahora que se vuelva a introducir la pena capital en Europa. Al ser contrario a dicha pena, me doy cuenta de dónde provienen estas personas y considero que las quejas formuladas por ellas deberían tenerse debidamente en cuenta.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) he votado a favor de la propuesta conjunta de resolución presentada por cinco Grupos políticos relativa a una iniciativa a favor de una moratoria universal respecto a la pena de muerte. En un momento en que se celebra el Tercer Congreso contra la pena de muerte en París, sería oportuno que la Unión Europea reiterara sus convicciones y pidiera que se hiciese todo lo posible para lograr una moratoria universal de las ejecuciones con el fin de llegar a la abolición completa de la pena de muerte.

Escribo esto con el orgullo de ser ciudadano de un Estado miembro que, a propuesta de su Presidente, el Presidente de la República Francesa, el señor Chirac, y gracias a la sabiduría de sus representantes electos, en breve modificará su Constitución para introducir una prohibición de la pena de muerte, algo que ya se contempla en la ley.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución porque me opongo a la pena de muerte, que constituye un ejemplo atroz, en este siglo XXI, de barbarie y violación de la dignidad humana.

No podemos tolerar que continúe este estado de cosas. Por ello estoy de acuerdo con la propuesta de hacer un llamamiento a favor de una moratoria universal respecto a la pena de muerte en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN), por escrito. (PL) No he firmado el proyecto de resolución conjunta presentada por varios Grupos políticos, relativa a una moratoria mundial de la pena de muerte, ni tengo intención de votar en su favor.

Apoyo plenamente los compromisos de Derecho internacional que Polonia asumió al ingresar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, pero no considero que la abolición de la pena de muerte en otras partes del mundo sea la solución para el problema de la violencia y la brutalidad.

Creo que es correcto condenar el abuso de la pena capital y su aplicación en condiciones de barbarie, como en el caso de la ejecución de Sadam Husein y de Barzan Ibrahim al-Tikriti.

No obstante, la abolición total de la pena de muerte para delincuentes, terroristas y dictadores sedientos de sangre en las partes más inestables y violentas del mundo constituye una propuesta irresponsable, carente de sentido y perjudicial.

Al intentar la introducción de esta moratoria mundial, la Unión Europea se muestra incapaz de ofrecer a los países que se ven asolados por la violencia una ayuda significativa en el ámbito de la seguridad pública. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno italiano, que ha recibido hoy el apoyo de la Unión Europea, puede considerarse un acto de hipocresía.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Entre los requisitos para la adhesión de nuevos Estados miembros a la UE figura el que exige que estos no apliquen la pena capital ni la contemplen en su legislación. Estoy de acuerdo en que tratemos de promover esto en todo el mundo.

Es una vergüenza desde los Estados Unidos hasta China, desde Asia Central hasta África Central. El problema es que mostramos cierto grado de hipocresía cuando algunas ejecuciones nos parecen más aceptables que otras. Está igual de mal ejecutar a Sadam Husein y a Timothy McVeigh, el terrorista que puso la bomba de Oklahoma, que a Ken Sara-Wiwo, el activista nigeriano en defensa de los derechos humanos, o a los cientos de víctimas del régimen totalitario y brutal de Sadam Husein. Solo puedo esperar que en el futuro nos opongamos a estos bárbaros espectáculos públicos de la misma forma que nos oponemos a las ejecuciones en China, puesto que ahora la tecnología moderna permite sustituir las ejecuciones públicas por la retransmisión de las mismas a través del teléfono móvil.

  Marcin Libicki (UEN), por escrito. (PL) No he firmado el proyecto de resolución conjunta presentada por varios Grupos políticos, relativa a una moratoria mundial de la pena de muerte, ni tengo intención de votar en su favor.

Apoyo plenamente los compromisos de Derecho internacional que Polonia asumió al ingresar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, pero no considero que la abolición de la pena de muerte en otras partes del mundo sea la solución para el problema de la violencia y la brutalidad.

Creo que es correcto condenar el abuso de la pena capital y su aplicación en condiciones de barbarie, como en el caso de la ejecución de Sadam Husein y de Barzan Ibrahim al-Tikriti.

No obstante, la abolición total de la pena de muerte para delincuentes, terroristas y dictadores sedientos de sangre en las partes más inestables y violentas del mundo constituye una propuesta irresponsable, carente de sentido y perjudicial.

Al intentar la introducción de esta moratoria mundial, la Unión Europea se muestra incapaz de ofrecer a los países que se ven asolados por la violencia una ayuda significativa en el ámbito de la seguridad pública. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno italiano, que ha recibido hoy el apoyo de la Unión Europea, puede considerarse un acto de hipocresía.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Los derechos humanos fundamentales constituyen una parte esencial del papel y la identidad de la Unión Europea. Como institución de la UE, el Parlamento Europeo tiene la obligación de apoyar los esfuerzos por propagar esos valores fuera de las fronteras de la Unión. El respaldo a la moratoria sobre la pena de muerte da a entender que algunos derechos humanos tienen que defenderse universalmente. Apoyo en particular la referencia en la resolución a la vergonzosa manera en que se ha llevado a cabo la ejecución de Sadam Husein.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Tenemos a Francia con sus embrollos judiciales, a Iraq, donde los encargados de juzgar al Jefe de Estado aparecieron montados sobre los misiles de los invasores y, por supuesto, China, donde todo esta a la venta, incluso balas para que la gente se vuele los sesos con ellas. Luego tenemos a Libia y el caso de las enfermeras búlgaras.

En este siglo XXI, en el que los problemas cada vez se entremezclan más de forma voluntaria, la pena de muerte ahora se lleva a cabo en los hospitales franceses, donde se liquida a los ancianos para liberar camas y equilibrar las cuentas. Se lleva a cabo en la Europa de Maastricht, donde al no realizar las inversiones necesarias, matamos nuestro propio futuro.

El azote ideológico del padre Malthus –crecimiento cero y subdesarrollo sostenible– ha infectado a nuestros responsables políticos. Al parecer no existen plazas suficientes en la mesa del banquete del género humano. Y de este modo, dejamos a los ancianos a la merced de las olas de calor y de las inyecciones letales, y jubilamos anticipadamente a los trabajadores y reducimos sus horas de trabajo. La legislación fiscal ejerce su dominio, la legislación laboral no nos deja espacio para respirar y la legislación presupuestaria no nos brinda lo que nos corresponde. Entretanto, en la punta de esta escalera de sanciones maltusianas, la legislación penal corona esta sociedad nuestra con la cultura de la muerte. En la economía maltusiana, el «Estado eutanazi», el «principio de cautela» y la pena capital comparten cama con el orgullo y la complacencia.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Un gran número de países consienten la pena de muerte y la lista de víctimas es mayor aún. Tan solo en 2005 fueron ejecutadas 2 148 personas.

¿Y qué hace Europa? ¿Es posible que un Estado europeo permita la pena de muerte? No, decididamente no. Además, los países que son actualmente candidatos a la adhesión a la Unión Europea están obligados a abolirla.

Nosotros, diputadas y diputados al Parlamento Europeo, creemos incluso que es necesario ir aún más lejos. Ese es el objetivo de la resolución contra la pena de muerte que ha adoptado hoy el Parlamento. Con la previsible excepción de la extrema derecha, todos los Grupos políticos del Parlamento han firmado ya la declaración a favor de una moratoria respecto a la pena de muerte con miras a su abolición universal.

Se ha alcanzado la mayoría necesaria para la adopción de la resolución, lo que constituye un consenso poco habitual en este Parlamento. Esta mayoría deja claro que formar parte de la UE no es solo cuestión de acordar cuotas pesqueras. Sobre todo deja claro que Europa no cede en sus valores fundamentales. Europa se encuentra a la vanguardia de la lucha para abolir la pena de muerte, algo que vale la pena mencionar.

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. (PL) No he firmado el proyecto de resolución conjunta presentada por varios Grupos políticos, relativa a una moratoria mundial de la pena de muerte, ni tengo intención de votar en su favor.

Apoyo plenamente los compromisos de Derecho internacional que Polonia asumió al ingresar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, pero no considero que la abolición de la pena de muerte en otras partes del mundo sea la solución para el problema de la violencia y la brutalidad.

Creo que es correcto condenar el abuso de la pena capital y su aplicación en condiciones de barbarie, como en el caso de la ejecución de Sadam Husein y de Barzan Ibrahim al-Tikriti.

No obstante, la abolición total de la pena de muerte para delincuentes, terroristas y dictadores sedientos de sangre en las partes más inestables y violentas del mundo constituye una propuesta irresponsable, carente de sentido y perjudicial.

Al intentar la introducción de esta moratoria mundial, la Unión Europea se muestra incapaz de ofrecer a los países que se ven asolados por la violencia una ayuda significativa en el ámbito de la seguridad pública. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno italiano, que ha recibido hoy el apoyo de la Unión Europea, puede considerarse un acto de hipocresía.

Informe Ries (A6-0450/2006)

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, el informe de la señora Ries y la lucha contra la obesidad invade cuestiones que son competencia de los Estados miembros. Además, este informe aborda cuestiones que no son de la incumbencia de los políticos. En mi opinión, la perspectiva personal no aparece en ninguna parte.

Decir que la obesidad es una enfermedad crónica no solo es un error, sino que equivale a aceptar la responsabilidad de las personas que tienen sobrepeso o, peor aún, despojar a un gran número de estas personas de la esperanza de poder hacer algo para mejorar su propia situación. El sobrepeso puede ser de hecho un síntoma de enfermedad crónica, pero afirmar cualquier cosa de más es crear el estigma con el que el informe pretende acabar.

No obstante, lo que me parece más grave es algo muy distinto, a saber, el deseo de conducir los medios de comunicación en una dirección que resulta oportunista en la situación actual. Esto resulta inaceptable y no es a lo que deberían dedicarse los políticos. Me asombra que muchos de los diputados suecos hayan votado a favor de este informe. Nosotros, los conservadores suecos, hemos votado obviamente en contra.

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) No consideramos que la valoración de lo que se denomina obesidad crónica sea una cuestión política. Esa tarea corresponde a la ciencia médica. Por eso, nos hemos abstenido en la votación sobre este tema.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de la señora Ries sobre la dimensión europea de la prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. El número de personas que sufren obesidad en Europa ha aumentado de forma espectacular en los últimos 30 años. Este fenómeno es comparable a lo que sucedió en los Estados Unidos durante los años noventa, pues actualmente en Europa se considera que un 27 % de los hombres y un 38 % de las mujeres sufren sobrepeso o son obesos.

Las propuestas del Parlamento Europeo se basan en una alimentación sana, el ejercicio físico y el tratamiento desde la infancia y a lo largo de toda la vida adulta. Los profesionales de la salud, el deporte, la calidad de los productos agrícolas, los comedores escolares, la educación, la comunicación y la mención de los valores nutritivos en las etiquetas constituyen algunos de los factores en los que debe basarse la Unión Europea para luchar contra este azote.

Es de suma importancia que la Comisión Europea lleve a cabo un estudio socioeconómico de las consecuencias de las enfermedades asociadas al sobrepeso de las personas, no solo a nivel de gasto sanitario, que sabemos que representa entre un 4 % y un 7 % del gasto total, sino también en lo referente al empleo, el desempleo, las bajas laborales y la invalidez.

  Liam Aylward (UEN), por escrito. (EN) A principios de esta semana pedí al Gobierno irlandés que presentara propuestas con miras a prohibir totalmente los anuncios en televisión de alimentos y bebidas con un alto contenido de grasa, sal y azúcar dirigidos específicamente a niños menores de 16 años.

La obesidad infantil es un grave problema en Irlanda y en Europa, que tiene que acometerse con instrumentos eficaces.

En Gran Bretaña se va a imponer una prohibición como esa después de cuatro años de extensa investigación y consulta. La investigación se basó en 2 000 entrevistas a niños, padres y profesores, así como en datos sobre los hábitos alimenticios de las familias, obtenidos de una muestra de 11 000 personas. Esta investigación demostró claramente que los anuncios de televisión sí que afectan a las preferencias alimenticias de los niños.

El Gobierno británico calcula que en los hogares donde los niños ven muchos programas dirigidos a adultos, además de los programas infantiles y juveniles, los niños verían un 41 % menos de anuncios de alimentos y bebidas con un alto contenido de grasa, sal y azúcar.

Estamos hablando de proteger a nuestros niños y ese debe ser nuestro principal interés en todo momento.

  Lena Ek y Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Los problemas de salud pública son muy importantes, y las personas que los sufren necesitan toda la ayuda posible.

Sin embargo, en nuestra opinión, esta resolución traspasa los límites de la subsidiariedad. Estos temas deberían abordarse a nivel nacional y regional, razón por la cual hemos decidido abstenernos en la votación.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, porque la lucha contra la obesidad debería ser una prioridad política para la UE. Después de todo, un 27 % de los hombres y un 38 % de las mujeres sufren de sobrepeso en Europa.

Más preocupante aún resulta la obesidad infantil. Más de cinco millones de niños (en la UE-25) son obesos y cada año aparecen aproximadamente 300 000 nuevos casos. Esta tendencia debe invertirse con carácter de urgencia.

Apoyo la mayoría de las medidas propuestas, por ejemplo, informar a los consumidores desde su infancia, imponer restricciones a la publicidad por televisión; indicaciones sobre nutrición y salud en las etiquetas de los alimentos y una mayor coherencia entre la política agrícola común y las políticas sanitarias.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos felicitamos de la adopción de este informe que, entre otras cosas, menciona los siguientes temas clave: que la promoción de una dieta sana y del ejercicio físico deben ser una prioridad política para los Estados miembros y para la UE, y constituir un componente fundamental en la lucha contra la obesidad, y la recomendación de que la obesidad se reconozca oficialmente como una enfermedad crónica.

La obesidad es la forma más habitual de mala alimentación y se debe a un almacenamiento excesivo de grasas. Va acompañada de enfermedades debilitantes progresivas y constituye un grave riesgo de muerte entre el resto de la población. Por ello, constituye un creciente problema de salud pública.

Como señala el informe, según datos de 2006, más de 300 millones de personas en todo el mundo son obesas, cifra que se ha duplicado en los últimos 15 años.

Por consiguiente, además de intensificar la lucha contra la enfermedad al permitir que los pacientes tengan acceso a atención sanitaria, medicamentos, asesoramiento psicológico, etc., es necesario adoptar una estrategia preventiva que promueva dietas y estilos de vida sanos, y que preste especial atención a las mujeres y los niños, que son los más vulnerables a esta enfermedad, como han puesto de manifiesto los estudios.

  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. (DE) Todo lo que intentamos hacer en el frente del medio ambiente y de la salud está destinado a proteger la salud. Las competencias en este ámbito corresponden a los Estados miembros, y así es como deben seguir. La idea de la prevención cada vez adquiere mayor importancia. El informe Ries describe los riesgos para la salud que implica la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas. ¿Por qué sufren de sobrepeso nuestros niños?

¿Cuáles son las causas? Estos temas deben ser objeto de debate a fin de sensibilizar a la población, en particular en las familias. La posibilidad de mantenernos sanos cada día es algo que debe transmitirse a través de la educación escolar y general. Para prevenir estas enfermedades será absolutamente necesario realizar cambios sociales, pero estos no se lograrán simplemente por medio de prohibiciones de publicidad, la difusión de información en materia de salud y regalando bolsas deportivas a los niños cuando entran en la escuela primaria. Vivimos en una sociedad que vive con rapidez, en la que tanto el padre como la madre trabajan, y en la que a menudo escasea el tiempo para la familia, para educar a los hijos y para cocinar.

Esto hace que sea aún más importante que la sociedad adopte medidas preventivas, y las escuelas y establecimientos educativos deben asumir la función de difundir aptitudes para la vida diaria. Aun así, no debemos dejar de recordar a las familias que esas tareas y obligaciones les son inherentes y facultarlas para que las realicen y cumplan. Ni siquiera la UE puede hacer que la gente sea esbelta y goce de una vida saludable. Los Estados miembros deben elaborar planes de acción y medidas, pero los ciudadanos tienen que ponerlos en práctica por sí mismos.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) El hecho de que la Comisión Europea se preocupe por que todos tengan una dieta saludable y realicen ejercicio físico para luchar contra el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas es un punto a favor de ella.

Sin embargo, la propuesta maratoniana de resolución, que tiene 18 considerandos y 53 apartados, que ha redactado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria resulta inaceptable en la medida que recomienda medidas que interfieren con las competencias de los Estados miembros, algunas en forma de actos legislativos comunitarios.

Por supuesto, estoy de acuerdo con la advertencia que deseamos transmitir ante la epidemia de obesidad que afecta a tres millones de niños y entre un 20 % y un 30 % de los adultos, en un momento en que 14 millones de niños y la mitad de la población adulta presentan sobrepeso.

En la lucha para fomentar hábitos alimenticios sanos y el consumo de productos de alta calidad tenemos aliados de alto calibre en Eurochefs, una asociación integrada por 4 000 cocineros de 17 Estados miembros que se ajustan a un código de conducta, promueven la calidad intrínseca de los alimentos y actúan como guardianes de los productos rurales.

Creo que deberíamos aprovechar sus conocimientos y su disposición para difundir buenas prácticas...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Apoyo firmemente este informe, así como el Libro Verde de la Comisión titulado «Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas», que se menciona en el informe. Los problemas de salud pública preocupan cada vez más en Europa y este informe realiza una valiosa contribución. Celebramos que el informe haga hincapié en el papel fundamental de las escuelas, así como el llamamiento a la acción para hacer frente al alarmante deterioro del valor nutricional de las frutas y hortalizas.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Lo importante en esta cuestión es que todos sabemos lo que es sano y lo que no, incluso sin las etiquetas que impone la UE, y sin embargo, nuestros hábitos dietéticos y de forma de vida han cambiado hasta tal punto que la obesidad ha asumido proporciones inquietantes, con todas las consecuencias que tiene para nuestra salud. Sin embargo, la combinación de falta de movimiento, mala alimentación y exceso de televisión hacen que la gente se muestre más agresiva.

Desde hace algún tiempo se llevan a cabo planes de acción para la salud, los cuales deberían comenzar en los primeros años de la escuela, ya que en ese momento es muy grande el riesgo de comer en exceso de forma compulsiva, pero los certificados de nutrición, los grupos de juego con fines sanitarios e incluso las prohibiciones de publicidad no nos llevarán donde deseamos llegar. Es en la familia donde debe nacer y estimularse el amor por el deporte, que resulta tan importante para reducir el estrés y la agresión, así como los hábitos sanos en materia de alimentación.

Y es precisamente este bloque fundamental de nuestra sociedad el que es bombardeado constantemente por el mundo moderno del trabajo, sus horarios flexibles, los fines de semana y turnos de trabajo, y la constante exigencia de incrementar las horas de apertura. Cuando la gente está agotada tras una larga jornada laboral, es más fácil que recurran a la comida rápida y no que hagan el esfuerzo de cocinar; tiene ganas de desplomarse ante la televisión con algún alimento crujiente y un refresco, y sus hijos imitan su comportamiento.

Al tiempo que recomendamos que la gente haga más ejercicio, reducimos las clases de deporte por motivos presupuestarios o permitirnos que los niños extranjeros no participen en ellas por motivos religiosos, y el apoyo a los clubes deportivos cada vez es menor.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Apoyo el informe de la señora Ries sobre el fomento de una alimentación sana y la actividad física. Estoy de acuerdo en que la lucha contra la obesidad infantil debe ser una prioridad política de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Debemos tomar medidas urgentes para animar a los niños a disfrutar de un estilo de vida saludable e instar a los Estados miembros a aumentar las horas de educación física previstas en las escuelas.

Celebro que el informe reconozca la importancia y el potencial de los sistemas de indicaciones alimentarias que existen en varios Estados miembros. Celebro el llamamiento que se hace a la Comisión para que investigue y desarrolle un «sistema de etiquetado nutricional en el embalaje» provisto de un fundamento científico y armonizado en toda la UE. Creo que esa es una forma muy sencilla pero eficaz de animar a los ciudadanos a elegir alternativas más saludables. Tenemos que actuar urgentemente para informar a las personas de que su salud y la de las generaciones futuras están en sus manos.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Los malos hábitos alimenticios de larga duración y la falta de ejercicio suficiente tienen por resultado que cada año miles de personas tengan que hacer frente a la obesidad en la Unión Europea. Con ello aumentan los riesgos de numerosas enfermedades graves, como las enfermedades cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos respiratorios.

Este fenómeno no solo afecta a la salud pública, sino que incrementa el gasto de los seguros de enfermedad en los Estados miembros. Por ello estoy a favor de abordar este problema de forma integral. Facilitar información, así como educar a los consumidores, intercambiar buenas prácticas entre los Estados miembros, etiquetar claramente los alimentos y realizar campañas en las escuelas para promover un estilo de vida más sano, todo ello contribuiría a introducir los cambios de comportamiento que son necesarios.

La lucha contra el exceso de peso no conoce fronteras. En Europa podemos hacer una contribución importante y aprender unos de otros distintas maneras de resolver este problema. La cooperación con las empresas, medios de comunicación, sistema educativo y sociedad civil de los Estados miembros me parece el mejor camino a seguir.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) No cabe duda de que la obesidad y el sobrepeso constituyen un importante problema de salud pública en Europa, que debe ocupar un lugar destacado en nuestro orden del día. Sin embargo, no debemos considerarlo una enfermedad crónica, como se hace en este informe. También es importante que los escolares reciban educación física y tengan oportunidades para hacer ejercicio durante los recreos. Sin embargo, corresponde a cada uno de los Estados miembros decidir la prioridad que desea conceder a este tema. El principio de subsidiariedad impide que pase a ser una competencia comunitaria. Por lo tanto, he decidido votar en contra del informe en su conjunto.

Informe Wallis (A6-0405/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de la señora Wallis, que contiene una serie de recomendaciones sobre la prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales. En el marco de la construcción de nuestro entorno europeo, deberíamos hacer cuanto podamos por facilitar la existencia a nuestros conciudadanos. Esto se aplica a los plazos para armonizar los períodos de prescripción. La introducción del principio de país de origen, al menos de forma provisional, constituye una idea muy interesante por cuanto conferiría a las víctimas unos derechos que les son conocidos. Este informe envía un mensaje rotundo a la Comisión y demuestra que el Parlamento está a la espera de una propuesta legislativa que debería ir precedido de un estudio de este tema.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) A medida que aumenta el tráfico transfronterizo, aumenta igualmente el número de accidentes en los que se ven implicados ciudadanos de otros Estados miembros de la UE. Una investigación de los efectos que tienen las diferencias de periodos de prescripción y, en particular, del número de lesiones personales sufridas por ciudadanos en zonas transfronterizas y de los diferentes periodos de prescripción podría ayudarnos a comprender esta situación.

Los periodos de prescripción van desde 12 meses en algunos países hasta 30 años o más en otros. Estas diferencias podrían hacer que se denegase a los lesionados su derecho a recibir indemnización si no inician las acciones legales de conformidad con la legislación extranjera en materia de prescripción.

De este modo, los miembros más vulnerables de la sociedad corren el gran riesgo de que se restrinjan sus derechos. En particular los derechos de aquellas personas que han sufrido lesiones muy graves o que por algún motivo no han podido reivindicar sus derechos de forma adecuada.

Por ello sería conveniente encontrar una solución equitativa y viable que ayude a las víctimas y a sus representantes sin que el coste del seguro se haga prohibitivo y sin socavar el principio de subsidiariedad, o que se busquen los países en los que el coste de los aseguradores sea inferior, como podría suceder si en estos casos se aplicase el principio de origen.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de las propuestas sobre los plazos de prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentales mortales. Me parece esencial que los ciudadanos europeos puedan tener la libertad de viajar en la Unión Europea y sentirse seguros sabiendo que si surgen problemas, no se encontrarán con restricciones innecesarias para obtener la indemnización legal que pueda corresponderles en otro país distinto del suyo. Este informe contribuirá a asegurarlo. En él se pide a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación sobre los efectos que tiene la existencia de plazos de prescripción diferentes en el mercado interior y, en particular, de la manera en que afecta a los ciudadanos en el ejercicio de las libertades que se les reconocen en el Tratado. Es importante que toda nueva propuesta legislativa en este ámbito se base en pruebas sólidas, sobre todo para asegurar que cualquier futura legislación introduzca medidas concretas y específicas para resolver los problemas. Así pues, he votado a favor del informe Wallis, que insta a la Comisión a presentar las pruebas necesarias para que esta ley pueda seguir adelante.

Informe Flasarová (A6-0416/2006)

  Nina Škottová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, lo que más impresionó de este informe es el énfasis que pone en el hecho de que las mujeres logran un número muy inferior de cualificaciones académicas al de los hombres. Únicamente un 15 % de los profesores a tiempo completo son mujeres, en tanto que el número de mujeres que obtienen un título universitario es superior al de los hombres, a saber: un 59 % del total. El bajo porcentaje de mujeres con cualificaciones académicas no puede acharcarse a la discriminación contra las mujeres y niñas en materia de acceso a la educación. Este reducido porcentaje se debe a otros factores. Si realmente deseamos invertir esta tendencia es indispensable que definamos y analicemos estos factores, e intentemos abordar esta cuestión de manera selectiva. Por ejemplo, la necesidad de eliminar los estereotipos en las jerarquías de las organizaciones. Las mujeres son muy bien acogidas y recibidas como miembros de los equipos de investigación. Sin embargo, se confía menos en sus capacidades cuando se trata de dirigir dichos equipos. Y sin embargo, son precisamente esos puestos los que permiten la formación de escuelas científicas y contribuyen al desarrollo de distintas disciplinas y especializaciones en las facultades universitarias. Declarar de vez en cuando que es necesario aumentar el número de mujeres en el mundo académico está muy bien, pero sirve de muy poco para lo que se requiere. Lo que tenemos que hacer es definir detenidamente las condiciones de este proceso y optimizarlas de forma que las mujeres participen más en él. Gracias.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Flasarová sobre la discriminación de las mujeres jóvenes y las niñas en materia de educación. La situación actual, en la que es menor el número de mujeres que obtienen una titulación postuniversitaria y prosiguen una formación continua debido a razones relacionadas con el género, es algo que debemos combatir de forma colectiva. La educación es uno de los requisitos previos fundamentales –aunque no sea el único– para que los ciudadanos disfruten de todos sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos, así como para que asuman todas sus obligaciones como ciudadanos. Albergo grandes esperanzas en cuanto a las actividades del futuro Instituto de la Igualdad de Género. Es igualmente vital luchar contra la discriminación a la que han de enfrentarse las mujeres, sobre todo las más jóvenes, al vivir en comunidades en las que no se respeta la igualdad de género, rechazando todas las formas de relativismo cultural y religioso que podría infringir los derechos fundamentales de la mujer. Las mujeres jóvenes, igual que los hombres jóvenes, deberían tener acceso a la escolarización obligatoria.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como señala la ponente, aunque desde hace mucho existen pruebas de que las jóvenes y las niñas no son menos capaces que los hombres y los niños en materia de educación, existen diversos factores que las sitúan en desventaja, en particular en el ámbito de la educación superior y del aprendizaje permanente.

En 2004, ocho de cada diez mujeres que cursaban educación superior en los Estados miembros de la UE completaron sus estudios. Este porcentaje es superior al de los hombres, que solo lo hicieron en tres de cada cuatro casos, lo que demuestra que las mujeres no están menos motivadas ni son menos capaces cuando se trata de educación.

Sin embargo, el porcentaje que continuaron sus estudios o emprendieron una carrera académica es inferior. Aunque las mujeres superan a los hombres en la educación universitaria en una proporción de 59 % a 41 %, tan solo un 43 % de los doctorados y un 15 % de los profesores universitarios son mujeres. Estas cifras demuestran la importante desigualdad que existe entre los géneros por lo que se refiere al aprendizaje permanente y la formación profesional continua de las mujeres fuera del mundo académico, con lo que se confirma que ambos fenómenos tienen su raíz en la desigualdad que aún persiste entre los géneros, fenómeno que puede observarse claramente en la discriminación salarial.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque trata de eliminar los casos de discriminación de la mujer que siguen existiendo, sobre todo en el acceso y la obtención de calificaciones académicas superiores, también en el nivel de posgrado y en la investigación científica, así como en el ámbito del aprendizaje permanente.

Es necesario reformar el contenido de los libros de texto escolares para asegurar que la formación de los trabajadores de la educación se oriente hacia el cumplimiento de los requisitos de una política equilibrada de igualdad entre hombres y mujeres. Me parece importante que la Comisión y los Estados miembros implanten una política favorable a las minorías nacionales, étnicas y culturales, prestando especial atención a un enfoque multicultural y permitiendo el acceso a una educación de calidad con el fin de evitar la doble discriminación.

He votado a favor de este informe porque ofrece la posibilidad de eliminar estereotipos que discriminan a las mujeres en el lugar de trabajo.

  Bernadette Vergnaud (PSE), por escrito. – (FR) Los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el sector de la educación son ante todo de orden cuantitativo. De ahora en adelante debemos luchar por una mejora cualitativa y por un cambio de actitud, prestando especial atención a la situación de las chicas y jóvenes que son víctimas de una doble discriminación.

Por ello he votado a favor del informe de la señora Flasarová, el cual recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una política destinada a las minorías nacionales, étnicas y culturales que garantice en particular la adopción de un planteamiento multicultural y que permita el acceso a una educación de alta calidad a fin de evitar la doble discriminación. Asimismo, el informe pide a los Estados miembros que ponga la opción de la educación permanente a disposición de las mujeres y hombres que decidan cuidar a sus hijos y que faciliten a las mujeres la obtención de empleos que impliquen responsabilidad y toma de decisiones.

Por último, los Estados miembros y la Comisión deben echar mano de todos medios que tienen a su disposición para eliminar los estereotipos que contribuyen a la discriminación de la mujer en el lugar de trabajo.

Informe Deva (A6-0325/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del diputado al Parlamento Europeo por el Reino Unido, el señor Deva, sobre las relaciones de la UE con las Islas del Pacífico, abogando en favor de una asociación reforzada. La UE cuenta con una presencia notable en las Islas del Pacífico, habida cuenta de que la mayoría de los Estados insulares en el Pacífico han obtenido la independencia en tiempos recientes. La política de contribuir a que los países insulares más pobres cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituye un propósito loable y legítimo para la UE. Al margen de que hablemos de asuntos como la pesca, el problema del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la agricultura y el turismo, la habilitación de subvenciones para infraestructuras, el apoyo a la educación, la lucha contra la corrupción, el apoyo a la democracia en los Parlamentos de aquellos países y la utilización del euro, son muchos los ámbitos en los que la presencia de la UE puede aportar un valor añadido innegable, aun cuando sea mucho lo que queda por hacer.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Tras 30 años de cooperación entre la UE y el área del Pacífico ha llegado el momento de cambiar de marcha. Es por ello por lo que me alegra mucho la adopción de esta «estrategia para una asociación reforzada».

Dicha estrategia conlleva el fortalecimiento del diálogo político, en la medida en que apoyamos a nuestros socios del área del Pacífico en sus esfuerzos para superar las tensiones pacíficas, como en el caso de Fiyi, o a promover la reconciliación tras una guerra civil, como en el las Islas Salomón o Timor Oriental. En los próximos años, este diálogo político debe permitirnos igualmente hacer frente conjuntamente a un importante desafío: el cambio climático. A fin de poner en marcha este diálogo político, podemos unirnos a nuestros socios de la región para organizar «conferencias regionales», como las previstas en el nuevo Acuerdo de Cotonú.

Esta estrategia contempla respuestas comunes a problemas sociales y económicos y, también en este ámbito, la prioridad reside en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los plazos establecidos. Las negociaciones en curso sobre la celebración de un acuerdo de asociación regional UE-Pacífico parecen haber tenido un mal inicio a este respecto.

La mayoría de las propuestas de los países de la región han sido rechazadas por la Comisión. Sería paradójico votar hoy a favor de una estrategia de asociación reforzada destinada al desarrollo, tan solo para encontrarnos mañana con la celebración de un acuerdo de asociación económico exento de todo contenido.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y celebro que en él se solicite la prohibición de ensayos nucleares y la desnuclearización de la región del Pacífico.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) En vista de que algunos Estados miembros tienen una relación histórica y lazos que aún perduran con esta región, ya sean políticos, culturales o económicos, la UE en su conjunto debe reforzar estos lazos para beneficio mutuo tanto de los países de la región como de los Estados miembros de la UE.

Habida cuenta de la heterogeneidad de la región, de la dispersión de su comunidad y de los problemas concretos que plantea el carácter insular de la mayoría de estos países, el planteamiento europeo debe ser flexible y equilibrado, ya que Europa ya es uno de los principales donantes internacionales de ayuda.

En mi calidad de ciudadano portugués, no puedo sino felicitarme de que el ponente pida a la Comisión la creación de programas destinados a luchar contra la malaria en Timor Oriental. Sin embargo, considero que este llamamiento debería ampliarse a otras enfermedades infecciosas y contagiosas que devastan actualmente a este país.

También me felicito de la atención que presta a los problemas de Timor y apoyo el llamamiento para que la Comisión apoye a los dirigentes de Timor en sus esfuerzos para construir una sociedad democrática, estable, pacífica, libre, próspera y justa.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) En el Océano Pacífico, la pesca constituye un recurso vital para la economía local y en sus aguas operan buques de todo el mundo, en particular europeos. Ese es el motivo por el que se ha consultado a la Comisión de Pesca, de la que soy miembro, sobre este informe.

La Comisión de Desarrollo y su ponente intentaron imponernos este informe en el mes de octubre, sin darnos la posibilidad de modificarlo, y su petición fue rechazada. Por ello, la Comisión de Pesca ha podido proponer mejoras al informe en forma de una mejora de la cooperación regional y, ante todo, la inclusión de los países y territorios de ultramar.

Los miembros de la Comisión de Pesca adoptaron por unanimidad su opinión en el mes de noviembre. Lo que sucede ahora es que, en vísperas del debate en el Pleno, se nos dice que finalmente no se incluirá nuestra opinión y que solo se propondrán unos cuantos aspectos, seleccionados arbitrariamente, de nuestra opinión en forma de enmiendas.

En vista de nuestra indignación, se decidió añadir nuestra opinión al informe final en forma de «erratum/addendum», sin votación, lo que apenas resulta mejor.

Esta estrategia esta destinada en particular a fortalecer el diálogo político entre la UE y los Estados insulares del Pacífico. Un mayor diálogo entre nuestras comisiones parlamentarias que no están, al menos por lo que nosotros se refiere, separadas por miles de kilómetros, sería sin duda igualmente deseable.

Informe Lehne (A6-0434/2006)

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Si se desea adoptar un nuevo estatuto para las sociedades a escala europea, es importante que dicho estatuto no afecte la influencia, codecisión y representación de los trabajadores. Por ello hemos decidido apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea antes de la votación, por ser mejores que las presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Lehne, que envía un mensaje muy importante a la Comisión sobre la necesidad de facilitar a los empresarios una forma de garantizar el funcionamiento y el desarrollo de sus empresas en el mercado interior. Pienso, al igual que el señor Lehne, que ha llegado el momento de aprobar leyes para establecer la Sociedad Privada Europea como una forma legal fiable para las pequeñas y medianas empresas (PYME) dedicadas a los negocios transfronterizos. No es posible intentar construir de modo sostenible el mercado interior sin facilitar las cosas a las PYME que desean desarrollarse. El informe contiene algunas propuestas muy interesantes, como por ejemplo la de permitir a las PYME con un capital social de 10 000 euros disponer de una entidad única que pueda desarrollarse en todos los países europeos sin necesidad de realizar la inscripción en el registro en cada uno de los Estados miembros, debiendo atenerse a un único conjunto de normas europeas, en lugar de las distintas normativas nacionales. Naturalmente, los derechos de los trabajadores no deben verse afectados por estas propuestas, que solamente hacen referencia a la Sociedad Privada Europea.

  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque en la audiencia pública celebrada en la Comisión de Asuntos Jurídicos el 22 de junio de 2006 se insistió en la necesidad de una Sociedad Privada Europea como forma jurídica para las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades transfronterizas. Para consolidar el mercado único y conseguir así la mejora deseada de las condiciones económicas y sociales en la Comunidad, una prioridad clara es la eliminación de las barreras comerciales.