Índice 
Debates
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Jueves 1 de febrero de 2007 - Bruselas Edición DO
1. Apertura de la sesión
 2. Presentación de documentos: véase el Acta
 3. Estatuto de la Sociedad Privada Europea (debate)
 4. Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) (debate)
 5. Sesión solemne - Bulgaria
 6. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta
 7. Turno de votaciones
  7.1. Protección de los pasajeros en caso de desplazamiento del equipaje (votación)
  7.2. Homologación de los vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera del conductor (votación)
  7.3. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/Corea (votación)
  7.4. Integración de la sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo (votación)
  7.5. Proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2007 (votación)
  7.6. Derechos humanos de los dalit en la India (votación)
  7.7. Acuerdo de asociación CE-Gabón en el sector pesquero (votación)
  7.8. Moratoria sobre la pena de muerte (votación)
  7.9. Fomentar una alimentación sana y la actividad física (votación)
  7.10. Prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales (votación)
  7.11. Discriminación de las jóvenes y las niñas en materia de educación (votación)
  7.12. Estrategia para una asociación reforzada (votación)
  7.13. Estatuto de la Sociedad Privada Europea (votación)
 8. Explicaciones de voto
 9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta
 10. Misión encargada a un diputado: véase el Acta
 11. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta
 12. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta
 13. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta
 14. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta
 15. Interrupción del periodo de sesiones


  

PRESIDENCIA DE LA SRA. WALLIS
Vicepresidenta

 
1. Apertura de la sesión
  

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Estatuto de la Sociedad Privada Europea (debate)
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  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el Estatuto de la Sociedad Privada Europea (2006/2013(INI)) (A6-0434/2006).

 
  
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  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), ponente. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me siento especialmente honrado de poder debatir hoy este tema, cuando usted, Señora Presidenta, preside una sesión de esta Cámara por primera vez.

El plan de acción sobre el Derecho de sociedades ya tenía previsto examinar qué otras formas de empresa pueden ser objeto de la legislación de la Unión Europea. A raíz de los estudios llevados a cabo en aquel momento, esas cuestiones quedaron en lo fundamental abiertas. Hace unos años, la Comisión abrió un debate sobre el plan de acción del Derecho de sociedades y lo sometió a una revisión general. Esta Cámara participó de lleno en ese debate y, después, decidió elaborar y debatir un informe de propia iniciativa sobre la Sociedad Privada Europea.

Estos son los antecedentes del tema que hoy debatimos. Lo hemos estudiado detenidamente y hemos organizado en esta Cámara una audiencia sobre el tema, cuya conclusión es hay una verdadera necesidad de esa clase de Sociedad Privada Europea y que la Comisión tiene que proponer la legislación necesaria para crearla. Las pequeñas empresas industriales en particular –empresas orientadas a la exportación que en este momento están obligadas a establecer filiales y empresas en otros Estados miembros de conformidad con el Derecho de sociedades de esos Estados– acogerían con gran entusiasmo la creación de una forma jurídica europea que les ayudase a organizar sus filiales en toda la Unión Europea. En este momento hay una gran necesidad de asesoramiento, lo que quizá sea bueno para los abogados, pero cuesta mucho dinero, puesto que cada vez hay que examinar caso por caso para decidir qué derechos y obligaciones tienen los administradores y miembros de los consejos supervisores y qué tienen que hacer para mantenerse dentro de la legalidad.

Creo que todo eso se podrá evitar si se les ofrece una forma jurídica europea única que regule uniformemente una serie de cuestiones centrales, en particular las facultades de los administradores y las cuestiones de responsabilidad, a escala europea y de este modo brinda una ventaja a las empresas. Por tanto, con esto no se crea para nada más burocracia, porque las empresas pueden decidir por sí mismas si quieren adoptar esta forma jurídica o no; es algo de lo que podrán beneficiarse, ya que cubra una gran laguna que quedó en la legislación después de que creáramos la Sociedad Anónima Europea para las empresas más grandes.

Permítanme también hacer un inciso para decir que los avances insuficientes realizados en el pasado en materia de desarrollo de un Derecho de sociedades europeo explican algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en casos como Inspire Art, y en este punto podemos ayudar a crear una estructura ejemplar en la Unión Europea.

Creo que la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha aprobado este informe por amplia mayoría, ha logrado encontrar un compromiso adecuado entre los diferentes enfoques de la estructura de las empresas que se encuentran en la Europa continental por una parte y en el ordenamiento jurídico británico por otra, en especial la cuestión del capital, sobre el que llegamos a un buen compromiso sobre la base de que el capital tiene que existir por principio, pero sin la obligación de hacer pagos en metálico, lo que sirve para facilitar el registro y es por tanto, a mi juicio, un paso en la buena dirección y también demuestra que la Comisión puede presentar una propuesta y después el Consejo puede encontrar un compromiso racional entre las diferentes tradiciones jurídicas.

Lo que la Comisión de Asuntos Jurídicos espera de la Comisión, y creo que después de la votación de hoy esta Cámara también lo espera, es que de conformidad con las disposiciones del Tratado, nuestro Reglamento y el Acuerdo Interinstitucional se ponga manos a la obra y, en un futuro previsible, dé los pasos definitivos para presentar una propuesta legislativa ante esta Cámara y el Consejo.

Para concluir, quiero mencionar otra consideración que en cierto modo subyace a las enmiendas: el debate sobre la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones. Permítanme dejar bien claro algo que no ha sido una manzana de la discordia en nuestras deliberaciones, es decir, que nadie intenta limitar los derechos de los trabajadores de ninguna manera. Mientras estén garantizados a escala nacional, también se garantizarán y mantendrán cuando este proyecto legislativo se ponga en marcha. Sobre esto ha habido una serie de enmiendas que no me parecen fundamentales, porque todas tienen el mismo objetivo: proteger los derechos de los trabajadores.

Un último comentario, y sí, será el último, porque habré agotado mis cinco minutos: observo con satisfacción que la Presidencia alemana del Consejo ha declarado que la Sociedad Privada Europea es una de sus prioridades, así que supongo que el Consejo apoyará esta cuestión, igual que espero que lo haga una gran mayoría de esta Cámara.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y en particular al ponente, el señor Lehne, por su excelente trabajo en la elaboración del informe relativo al Estatuto de la Sociedad Privada Europea sobre el que votarán ustedes hoy. Mis departamentos ya están estudiando en detalle las propuestas y recomendaciones que figuran en este informe.

Tenemos que facilitar y abaratar el coste para que las pequeñas y medianas empresas desarrollen actividades empresariales transfronterizas. Es importante tomar medidas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a recoger plenamente los beneficios del mercado único.

El crecimiento de las pequeñas empresas es fundamental para la competitividad de la economía europea. Un medio de facilitar la expansión de las pequeñas empresas es simplificar el marco jurídico actual y reducir las cargas administrativas innecesarias. Dichas cargas son particularmente onerosas para las PYME que no disponen de grandes departamentos jurídicos. Por eso he decidido presentar una comunicación sobre la simplificación del derecho de sociedades de la UE en la primavera de este año. Esto encaja con el programa más amplio de la Comisión sobre la simplificación del acervo comunitario, que contempla una reducción del 25 % en las cargas administrativas para 2012.

Estoy a favor de las iniciativas que proporcionen a las empresas europeas, y en particular a las pequeñas y medianas empresas, un marco jurídico flexible. En ese sentido, el Estatuto de la Sociedad Privada Europea puede ser una opción útil. La idea fue apoyada por la industria en una consulta pública reciente sobre las prioridades futuras del plan de acción sobre Derecho de sociedades y gobernanza empresarial. Muchos encuestados señalaron que dicha opción ofrecería más posibilidades de elección a las empresas y reduciría los costes de cumplimiento para las empresas que deseen operar en varios Estados miembros. No obstante, una serie de encuestados también cuestionaron la utilidad de dicha medida y, como saben, de conformidad con los principios de «legislar mejor», la Comisión tiene que llevar a cabo una evaluación de impacto antes que proponer una iniciativa. Por ello, mis departamentos están examinando los costes y ventajas de dicho Estatuto, así como las medidas alternativas para abordar los problemas en cuestión. Solo propongo un estatuto de la Sociedad Privada Europea si la evaluación de impacto demuestra claramente que es el instrumento más adecuado para abordar los problemas a los que se enfrentan las PYME en la actualidad y que la Sociedad Privada Europea les será útil para extender sus actividades y hacer negocio fuera de sus fronteras.

La experiencia con el Estatuto de la Sociedad Privada Europea demuestra que la creación de una nueva forma de sociedad mercantil europea puede resultar un proceso muy largo y complejo. El resultado final podría consistir en instrumentos jurídicos que no siempre resultan fáciles de usar. Para que un Estatuto de la Sociedad Privada Europea merezca la pena, habría que llegar a un acuerdo rápido. El resultado final tiene ser un instrumento fácil de usar para las PYME, lo que aportará un verdadero valor añadido.

Observo que su informe y la resolución que propone están basados en el artículo 192 del Tratado, que insta a la Comisión a presentar una propuesta legislativa. Tal como está previsto en el acuerdo marco, la Comisión se comprometió a tener en cuenta cualquier petición de este tipo formulada sobre la base del artículo 192 del Tratado. Pienso cumplir esos compromisos. Evaluaremos en detalle las sugerencias prácticas plasmadas en el informe. Quiero que mis departamentos se tomen el tiempo necesario para estudiar atentamente todas las opciones posibles y encontrar la mejor solución equilibrada para las PYME. Una vez concluida la evaluación de impacto les informaré de los resultados y de las conclusiones que derivemos de ella.

 
  
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  Andreas Schwab, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, como antiguo miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, yo también le deseo mucho éxito en el desempeño de sus funciones. Si todos los Presidentes lograran mantener la Cámara tan silenciosa como ha hecho usted esta mañana, nuestras deliberaciones serían mucho más constructivas, así que le pido que continúe igual que ha empezado.

Quiero decir al Comisario que las pequeñas y medianas empresas son los motores del mercado interior europeo. Es posible que lo repitamos una y otra vez, pero los avances que hacemos para conseguir ese objetivo son a menudo muy lentos. Por tanto, yo también me encuentro entre los que creen que la creación de un marco jurídico europeo que tenga en cuenta los intereses de los trabajadores por cuenta propia y de las pequeñas empresas en particular es una cuestión muy importante, también para la Comisión de Mercado Interior.

Acojo con satisfacción el informe de propia iniciativa del señor Lehne, sobre todo porque envía un mensaje importante a la Comisión y, permítanme añadir, también a la Presidencia del Consejo, y quiero darle las gracias por el espléndido trabajo que ha hecho a ese respecto.

Tenemos que agradecer que muchas pequeñas y medianas empresas ya trabajen fuera de sus fronteras y usted, señor Comisario, pudo verlo por sí mismo cuando visitó Offenburg, mi circunscripción electoral. Pero en muchos casos su dedicación y crecimiento se ven obstaculizados por las restricciones burocráticas y la falta de experiencia con la situación jurídica local, y hasta ahora las pequeñas y medianas empresas de los nuevos Estados miembros han sufrido una considerable desventaja competitiva a causa de ello.

Por tanto, ofrecer en el futuro una forma jurídica europea junto con las formas jurídicas de los Estados nacionales no solo sirve para completar el mercado interior europeo, sino que también facilita que las pequeñas y medianas empresas puedan establecer filiales en otros países europeos y desarrollar así sus actividades más allá de las fronteras de su propio país.

Lo fundamental es que los costes administrativos y de asesoramiento que genera la puesta en marcha de una empresa pueden reducirse notablemente y que la actividad empresarial transfronteriza ya no está sujeta a las leyes de más de un Estado miembro.

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio Internacional alemana –solo puedo referirme a empresas alemanas– demostró que las empresas tenían mucho interés en que hubiera una forma jurídica europea que respondiera a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, y las empresas que respondieron dijeron que les parecía una «hermana pequeña» de la Sociedad Anónima Europea y que creían que debía ser simple, fácil de manejar y, sobre todo, europea.

Por tanto, quiero decir al Comisario que lo que esta Cámara pretende mediante este informe es que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre la base del artículo 308 antes de que acabe el año. Por supuesto, nos complace oírle defender la evaluación de impacto, pero también hemos visto, en el caso de otras directivas relativas al mercado interior y la protección del consumidor, que cuando hay voluntad política es posible llevar a cabo una evaluación de impacto rápida o limitada a cuestiones específicas, así que le pido que avance en la evaluación de impacto para llegar a una propuesta legislativa lo antes posible. También pido a la Presidencia alemana del Consejo que tramite este expediente lo antes posible y con mucho brío.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo del PSE. (ES) Señora Presidenta, creo que es la primera vez que tengo oportunidad de hablar estando usted presidiendo esta sesión y quiero felicitarla por su nombramiento; estoy seguro de que desempeñará su cargo con la independencia que la caracteriza.

En segundo lugar, yo querría agradecer al señor Lehne el informe que ha elaborado. Creo que ha hecho un buen trabajo, pero querría apuntar un par de problemas que tenemos.

En primer lugar, no creo que la forma de proceder que ha adoptado en este momento la Comisión de Asuntos Jurídicos, esto es, presentar informes sobre un tema de iniciativa legislativa con un anexo que no se discutido suficientemente, sea una buena técnica jurídica.

Estamos hablando de una etapa inicial de propuestas legislativas. Lo que estamos haciendo es pedirle a la Comisión que estudie la posibilidad de presentar un informe, y creo que en esta fase deberíamos limitarnos a la primera parte de la resolución.

Creo que el anexo a la propuesta de resolución no ha sido suficientemente debatido; por tanto, no podemos considerar que estas conclusiones del anexo recojan realmente la voluntad de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

En segundo lugar, creo que el señor McCreevy ha hecho muy bien en puntualizar que no se trata de legislar por legislar —el fracaso que hemos tenido con respecto a la sociedad anónima europea debería hacernos reflexionar al respecto— y, por tanto, el estudio de impacto se acredita como necesario.

Por otro lado, está claro que desde esta Cámara percibimos la necesidad de redactar un estatuto que permita el funcionamiento de las pequeñas empresas y que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguirlo.

Al hacerlo, nos encontramos con alguna dificultad: por ejemplo, el problema de la participación de los trabajadores. Hemos tenido discusiones sobre el texto del considerando H. Desde mi Grupo político, ha habido algunas reservas acerca de la forma en la que el señor Lehne lo había redactado.

Me da la impresión de que la fórmula final propuesta por el señor Lehne es satisfactoria y espero que, desde mi Grupo, podamos aprobarla.

En definitiva, creo que la propuesta del señor Lehne es una buena propuesta. No le estamos exigiendo a la Comisión que la acepte, pero sí le pedimos que estudie esta posibilidad.

Espero que el señor McCreevy haga lo posible por que se cumplan los deseos de este Parlamento al respecto.

 
  
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  Sharon Bowles, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señora Presidenta, en primer lugar, permítame felicitarle por su nombramiento ahora que preside por primera vez un debate.

También debo empezar con una disculpa al ponente porque, aunque estuve presente en la audiencia sobre este tema, no pude participar en el debate en comisión y sé que es un poco molesto que después alguien aparezca de pronto en el Pleno.

Acojo con satisfacción la idea fundamental de la propuesta, pero tengo algunas reservas y espero que la Comisión las estudie más a fondo durante su ulterior dedicación a esta cuestión. Señor Lehne, usted ha dicho en la exposición de motivos del informe –y, en efecto, el Comisario también lo acaba de decir, y estoy de acuerdo– que el estatuto tiene que centrarse en las necesidades de las PYME. Pero eso incluye, por supuesto, a casi todas las empresas, excepto a las multinacionales. Para mí está claro que si seguimos todas las recomendaciones del anexo, las empresas que tal vez se beneficien o elijan esta opción sean las medianas empresas, no las pequeñas. Sin duda no serán empresas de nueva creación. Los requisitos de capital que se proponen se encargarán de ello. No quiero que la gente diga «ahí está, el típico británico que no quiere que se exija un capital mínimo». Ya sé que no se exige que el capital esté desembolsado y acojo con satisfacción los intentos de llegar a un acuerdo al respecto, pero seguirá teniendo repercusiones, en especial en las pequeñas empresas.

Las pequeñas empresas, tanto las de nueva creación como las que intentan expandirse, ya tienen bastantes dificultades para tratar de dar todas las garantías posibles a los bancos como para añadir otro requisito financiero. Y no nos equivoquemos, el hecho de que los accionistas puedan perder 10 000 euros, aunque no los desembolsen al comienzo, supone una exigencia financiera añadida.

Puede que esto no importe en absoluto porque es opcional, y si no nos gusta el estatuto no tenemos que usarlo, pero preferiría que si se propone algo, sea aceptado, usado y accesible a todas las empresas.

Aunque he dicho que quizás algunos círculos no se vean muy motivados por esta opción, esto no significa que las pequeñas empresas no desarrollan actividades transfronterizas o no aspiran a hacerlo. Muchas empresas bastante pequeñas emprenden actividades transfronterizas significativas y las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia dejan claro que pueden hacerlo. Pero, como es opcional, quizá no importe. ¿O sí? No me gustaría que el nuevo Estatuto introdujese un factor de discriminación en el que los consumidores se preocupasen de que si no eres lo bastante grande para creer que merece la pena ser una empresa privada europea, entonces no eres lo bastante grande para hacer negocios en Europa. Esto es totalmente contrario a la noción de mercado único y a la importancia de fomentar y cuidar a las pequeñas empresas dentro de ese mercado. En un mercado único, el tamaño no debe importar.

 
  
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  Marek Aleksander Czarnecki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, apoyo plenamente la opinión de que el Estatuto de la Sociedad Privada Europea tiene que basarse en la legislación comunitaria y prescindir de las referencias a la legislación nacional. El objetivo es crear una nueva forma jurídica para las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de todas las economías europeas. Dicha nueva forma jurídica también ayudará a fomentar la actividad transfronteriza.

Hemos de tener en cuenta asimismo las actividades conjuntas a la hora de promover el desarrollo del mercado interior, y en consecuencia, el crecimiento económico. Si se crea una única forma jurídica europea disminuirán los costes de asesoramiento. En muchos de los países implicados, la legislación ya no será aplicable a las actividades transfronterizas. En vez de ello, tendremos un Estatuto único y uniforme. Para que esa clase de empresa sea competitiva, tiene que ser flexible y ajustarse a las necesidades del mercado. Eso puede conseguirse dotando a dicha empresa de una amplia gama de posibilidades para que se transforme.

En ese contexto se plantea la cuestión de la armonización jurídica, por ejemplo, respecto de la transferencia transfronteriza de las oficinas registradas. Pero para que una empresa de esa naturaleza pueda funcionar en el mercado con la máxima eficacia, tiene que centrarse en la seguridad de las transacciones comerciales y en la protección de los acreedores de la empresa. Tenemos que seguir estudiando esas cuestiones.

 
  
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  Godfrey Bloom, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, esto me parece absolutamente fascinante. Cada vez que vengo aquí no me queda más remedio que sonreír. Lo que se sabe en este lugar sobre el funcionamiento de las pequeñas empresas es absolutamente increíble. Cuando miro el currículo de los diputados a este Parlamento, veo que nadie ha sido nunca responsable de una pequeña empresa. ¡Es sorprendente lo que sabemos todos sobre el tema!

En 1992 yo puse en marcha una pequeña empresa. Me lo pensé y compré algunos muebles anticuados, de segunda mano. Chupé mi lápiz y pensé: «Dios mío, ¿qué he hecho? He dejado una gran empresa, ¿adónde quiero ir ahora?» Esa empresa tiene ahora sucursales en Hong Kong, Jersey, las Islas del Canal y Sudáfrica, así como Londres y York, que es mi circunscripción.

Creo realmente que no podría volver a hacerlo. Hay tantos reglamentos que sería inconcebible. Si de verdad quieren ustedes impulsar la pequeña empresa en la Unión Europea, y en particular en el Reino Unido, sugiero que ustedes y la Comisión dejen de meter las narices en los asuntos ajenos y de decirnos cómo deberíamos llevar nuestros negocios. Dejen que sigamos nuestro camino, porque de lo contrario cada vez habrá más empresas que se vayan a Dubai, las Bermudas y las Islas del Canal; yo ya voy a trasladar la mitad de mi negocio a las Islas del Canal.

Les aconsejo a ustedes y a la Comisión que dejen de meter sus mal informadas narices en las pequeñas empresas.

 
  
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  Ashley Mote, en nombre del Grupo ITS. – (EN) Señora Presidenta, este informe es contradictorio. Los Gobiernos no pueden microgestionar empresas. ¿Desde cuándo la Unión Europea a hecho algo que haya mejorado el comercio, minimizado los costes, recortado la burocracia, generado nueva riqueza, creado nuevos empleos y liberado a las empresas? ¿Cuándo? La mayoría de Gobiernos solo pueden contribuir al crecimiento económico despejando todos los obstáculos y creando un entorno de libre empresa. Gobernar debería consistir en permitir que las personas y sus iniciativas prosperen. Después, el Gobierno debería mantenerse al margen.

El Reino Unido tiene un déficit enorme, permanente y creciente con la UE. ¿De verdad alguien cree que por asumir el control del Derecho de sociedades relativo a las PYME la Unión Europea cambiará o mejorará esa situación? ¿De verdad creen que esto es posible, teniendo en cuenta que esas propuestas están basadas en las ideas alemanas y francesas sobre un mercado social?

Apoyo lo que acaba de decir el señor Bloom. ¿Cuántos de ustedes han puesto alguna vez en marcha una nueva empresa por su cuenta y riesgo? ¿Cuántos han creado empleo? ¿O cuántos han financiando y gestionado una empresa durante, digamos, 20 años? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Cuántas personas de esa comisión lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes saben lo que cuesta poner en marcha una nueva empresa en el Reino Unido? Bien, yo se lo diré. Con menos de cien libras y diez minutos al teléfono, uno puede hacer negocios en cualquier parte. Comparemos esto con las propuestas. En el Reino Unido tenemos siglos de Derecho de sociedades, muchas gracias. Y funciona bien. También tenemos PYME que operan en todo el mundo y les va bien. La mayoría de sus pesadillas vienen de antiguos intentos desencaminados por parte de la UE de «ayudar» con el comercio en el Continente. La mayor parte de esa «ayuda» interfiere con sus actividades, y la idea de más «ayuda» será acogida con horror.

Durante años, en este lugar se han creado obras maestras de consecuencias no intencionadas. Está la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo que, por fin, ha demostrado a un socio mío que la UE está clínicamente loca. Se pretende que haya igualdad de condiciones, que es la antítesis de la riqueza y la creación de empleo, que depende totalmente de encontrar las diferencias. Y ahora tenemos la concesión de licencias a operadores económicos autorizados, que beneficia a los que tienen derecho a ellas y perjudica a todos los demás con costes y burocracia adicionales. Incluso el Gobierno socialista británico ha entendido que esta propuesta es un disparate caro y peligroso que debe acabar en el cubo de la basura.

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).(PL) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente por un informe muy sólido y detallado. En mi opinión, envía un mensaje importante a las pequeñas y medianas empresas, indicándoles que su desarrollo y su actividad en el mercado común europeo pronto serán mucho más sencillos. También les envía el mensaje de que los legisladores europeos reconocen el papel de las PYME en el mercado de la Unión y que están esforzándose por mejorar su situación.

El principal objetivo de nuestras actividades relacionadas con el mercado común tiene que ser la creación de una situación óptima en la que las empresas europeas no se vean obstaculizadas por la burocracia innecesaria y las trabas comerciales y técnicas cuando se trasladan de un país a otro, o cuando abren filiales en varios países de la Unión. Tendría que ser tan fácil como cuando se trasladan de una parte a otra de su propio país. Todas las empresas deberían poder operar bajo los mismos principios a lo largo y ancho de la Unión Europea. Solo entonces será posible hablar de un mercado común europeo que beneficia a todos.

El informe del señor Lehne es un paso adelante en el desarrollo de la legislación encaminada a mejorar la eficacia de las actividades de las PYME en el mercado común. Sus implicaciones contribuirán de forma significativa a aumentar la actividad económica de las empresas europeas y, en consecuencia, a mejorar la situación de todos nosotros y cumplir uno de los objetivos de la Agenda de Lisboa. Yo he sido empresaria en el pasado. He dirigido mi propia empresa durante 15 años, dando empleo a unas 100 personas. Soy muy consciente de los problemas a que se enfrentan los empresarios y estoy convencida de que la propuesta para desarrollar un Estatuto de la Sociedad Privada Europea representa una solución excelente y necesaria para las empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas.

Pero es importante proceder con cautela y aprender de los errores que cometimos al desarrollar el Estatuto de la Sociedad Europea. Las empresas de ese tipo no cumplen plenamente su papel como Sociedades Europeas a causa de la gran cantidad de referencias a la legislación nacional. Por eso el Estatuto de la Sociedad Privada Europea tiene que basarse sobre todo en la legislación comunitaria, con una mínima referencia a la legislación nacional. Dicho enfoque se traducirá en un texto y unas disposiciones jurídicas más uniformes. Además, proporcionará seguridad jurídica, que es esencial para los empresarios. Tenemos que hacer todo lo posible por que el Estatuto sea lo más uniforme posible, y que haga la mínima referencia a los distintos sistemas jurídicos y se remita al máximo posible a la legislación comunitaria.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Señora Presidenta, quiero comenzar dando las gracias al ponente, el señor Lehne, por el trabajo que ha realizado en una cuestión que es de vital importancia para el futuro de la integración europea y el desarrollo de la cooperación económica en el marco del mercado interior. La situación actual respecto del mercado interior es que ya tenemos una Sociedad Europea. Está destinada a las grandes sociedades de capital. Por tanto, es esencial disponer de una forma jurídica que también permita a las pequeñas y medianas empresas llevar a cabo actividades transfronterizas.

Es importante tener en cuenta que las PYME son el principal motor de la economía europea y la principal fuente de empleo para los ciudadanos de la Unión. Por eso tenemos que esforzarnos más por mejorar las actividades económicas que llevan a cabo esas empresas. Pero las nuevas soluciones jurídicas que proponemos a nuestros empresarios exigen un examen detallado. Tenemos que aprender de la experiencia que ganamos cuando introdujimos la forma jurídica de la Sociedad Europea en el mercado común. Tardamos mucho tiempo en elaborar ese Estatuto, que fue el resultado de un compromiso. De hecho, el compromiso final no fue totalmente satisfactorio. Por tanto, tenemos que aprender de nuestros errores, como ha sugerido antes la señora Handzlik.

En la medida de lo posible, el Estatuto de la Sociedad Privada Europea tiene que ser una forma jurídica uniforme. Tiene que simplificar los principios de establecimiento y organización. Será importante mantener un equilibrio entre la protección de los acreedores, una estructura de empresa flexible y la garantía de seguridad de las transacciones comerciales. Para proteger la flexibilidad de dichas empresas debemos facilitar transformaciones como las fusiones o el traslado de sede social. Por tanto, la iniciativa del Parlamento Europeo, que contiene recomendaciones a la Comisión sobre el Estatuto de la Sociedad Privada Europea, está plenamente justificada.

 
  
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  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señora Presidenta, existen varias razones por las cuales el desarrollo de un Estatuto de la Sociedad Privada Europea es un proyecto crucial para acelerar el crecimiento económico de la Unión Europea.

En primer lugar, desde el punto de vista del aumento del PIB, la tasa de crecimiento económico de los Estados Unidos duplica con creces la de la Unión Europea. Esto es así desde hace muchos años. Además, la tasa de crecimiento económico de los países del Sudeste asiático es varias veces superior a la de la Unión. En segundo lugar, todavía existen muchos obstáculos dentro del mercado común creado por la libre circulación de capitales, bienes y servicios. En tercer lugar, el proyecto de Estatuto de la Sociedad Privada Europea está destinado a las pequeñas y medianas empresas, que forman la piedra angular de la economía de todos los Estados miembros de la Unión Europea. En cuarto lugar, la Sociedad Privada Europea sería un instrumento sumamente útil para llevar a cabo la Estrategia de Lisboa, que hace un gran hincapié en la eliminación de los obstáculos al desarrollo del espíritu de empresa en Europa.

Estas razones por sí solas justifican el desarrollo de un Estatuto de la Sociedad Privada Europea. Sin embargo, es muy importante que no repitamos los errores cometidos al redactar el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea. El mercado se ha negado a aceptar la Sociedad Anónima Europea a pesar del prolongado y arduo proceso para elaborar su Estatuto. Por ello es necesario que hagamos un esfuerzo por asegurarnos de que el Estatuto de la Sociedad Privada Europea presente el número mínimo de referencias a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros a fin de que tenga un carácter relativamente flexible y ofrezca seguridad tanto a sus propietarios como a los contratistas de estas empresas.

 
  
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  Achille Occhetto (PSE).(IT) Señora Presidenta, Señorías, esta propuesta legislativa sobre el Estatuto de la Sociedad Privada Europea es muy importante. De hecho, es crucial no solo eliminar los obstáculos al comercio, sino también desarrollar el factor de producción a escala comunitaria. Para ello necesitamos sin duda alguna desarrollar figuras jurídicas unitarias con el fin de superar la actual inseguridad jurídica.

No debemos olvidar, sin embargo, que la reforma del Derecho de sociedades afectará directamente al futuro del modelo social europeo, al igual que infundir más transparencia a los mercados y la protección de los ahorradores. Por lo tanto, si permitir que las empresas se trasladen a cualquier lugar a fin de aprovechar las ventajas del mercado único es un objetivo legítimo, es necesario realizarlo otorgando a nuestros trabajadores los mismos derechos transnacionales.

Esa es la idea subyacente a algunas de mis enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas y que están destinadas a proteger los derechos de codeterminación, información y consulta vigentes en el momento en que una sociedad se convierta en Sociedad Privada Europea. Estamos hablando de un importante ajuste que exige que se preste mayor atención a ciertos aspectos relacionados con el fortalecimiento de la Europa social, uno de cuyos elementos fundamentales debe ser la participación de los trabajadores.

Por ello apoyamos esta importante propuesta y agradecemos su labor al señor Lehne. Quisiéramos señalar a la Comisión que, si bien permitir que las empresas se trasladen al lugar de su elección para aprovechar las ventajas del mercado único es un objetivo legítimo, este debe llevarse a cabo sin que las exigencias del mercado menoscaben la igualdad social.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a los diputados por sus comentarios sobre este importante tema. El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es fundamental para la competitividad de la economía europea. Por tanto, tenemos que facilitar su expansión. En ese sentido, examinar la forma jurídica de las empresas que operan más allá de las fronteras puede realizar una contribución importante.

Tendré en cuenta el informe del señor Lehne. Puesto que se ampara en el artículo 192 del Tratado, estamos obligados a hacerlo con rapidez. Pero lo haría igualmente aunque no estuviese amparado en dicho artículo. Les doy mi palabra.

 
  
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  La Presidenta. Señor Comisario, quiero darle las gracias por su participación en el debate.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) La creación del Estatuto de la Sociedad Privada Europea cuenta con el apoyo tanto de los Estados miembros como de la iniciativa privada, y felicito al ponente por su excelente informe y sus recomendaciones de orden práctico.

Estoy muy a favor de la creación de este Estatuto por dos razones al menos. En primer lugar, porque su adopción contribuirá a eliminar algunos de los obstáculos que se oponen a la movilidad de las PYME. Muy a menudo, los creadores de empresas se muestran renuentes a hacer negocios porque no comprenden muy bien el entorno legal, sobre todo cuando se establecen en otros Estados miembros.

Asimismo, este Estatuto no permitirá aumentar de forma significativa la transparencia legal y, de este modo, infundir confianza entre los distintos agentes económicos. Lo cierto es que la confianza es crucial en las relaciones comerciales y constituye el fundamento de una economía próspera.

Por ello estoy a favor del informe del señor Lehne, con una única excepción: su recomendación nº 7. La inclusión de la conducta legalmente reprensible en el Estatuto de la Sociedad Privada Europea implicaría la modificación del Título VI del Tratado y complicaría sin necesidad alguna el vínculo entre el Estatuto y las legislaciones nacionales.

Por ello estimo que esta disposición va en contra de los objetivos del Estatuto de la Sociedad Privada Europea, a saber: legislar mejor y facilitar la vida a los empresarios europeos.

 

4. Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) (debate)
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  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión del señor Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) (O-0128/2006 – B6-0450/2006).

 
  
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  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE), Autor. (ES) Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, nuestra pregunta oral sobre el proceso de renegociación del acuerdo de contratación pública, que finalizará el próximo mes de marzo, se debe a que estamos en un momento clave. Además, teniendo en cuenta la importancia de dicho acuerdo y la vigencia del mismo, que será, de nuevo, de diez o doce años, se hacía necesario plantearlo aquí, en nuestro Parlamento, a la Comisión.

Los mercados de contratación pública están adquiriendo una importancia creciente en el mundo, por su volumen, que puede llegar hasta un 25 % del PIB mundial y, además, porque para la Unión Europea representan una ventaja comparativa, puesto que en este sector, en este momento, podemos ser competitivos, como digo, frente a otras competencias que estamos sufriendo de otros países en otros sectores, como pueden ser la agricultura y la industria. Por lo tanto, si queremos adaptarnos a la globalización, es importante desarrollar los sectores en los que la Unión Europea puede ser competitiva internacionalmente y, de este modo, crear unas condiciones justas y favorables a las empresas europeas.

Estos mercados se encuentran, en la mayor parte de los países, reservados a las empresas nacionales, lo que constituye una de las principales barreras no arancelarias al comercio internacional. Hay dos aspectos que destacaría especialmente en esta renegociación. En primer lugar, la ampliación geográfica de este acuerdo, con la entrada de importantes actores, como China o los países en desarrollo, y, en segundo lugar, la necesidad de asegurar que existan unas condiciones justas, equilibradas y recíprocas para las empresas de los diferentes países.

En lo que se refiere al primer punto, la validez de este acuerdo sobre contratación pública es tanto mayor cuanto mayor es su cobertura geográfica. Por ello, el Parlamento quiere saber si hay nuevos países interesados en adherirse al acuerdo a corto plazo y, particularmente, si podemos esperar compromisos sustanciales por parte de China en materia de apertura de sus mercados públicos. No olvidemos que China se comprometió a abrir su mercado de contratación pública –que en gran parte sigue cerrado, o con requisitos inaceptables para las empresas europeas– y a iniciar en 2008 negociaciones de adhesión al acuerdo sobre contratación pública, después de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio.

En segundo lugar, por lo que se refiere a las condiciones justas y recíprocas, debemos recordar que los mercados públicos de la Unión Europea están ya muy abiertos a la competencia internacional. Esto tiene considerables ventajas para las entidades públicas que contratan, ya que esta apertura les supone una mayor posibilidad de elección y mayor posibilidad, por tanto, de encontrar bienes y servicios de mayor calidad a menor coste. Pero, por otro lado, no olvidemos que las empresas europeas pueden verse así perjudicadas en aquellos casos en los que son preferidas sus competidoras extranjeras.

El camino que la Unión tiene en su política comercial es el de una mayor apertura de los mercados internacionales en todos sus aspectos; por tanto, la solución no es la de cerrar los mercados públicos a las empresas exteriores. Precisamente por eso tenemos legítimo derecho a pedir que nuestras empresas disfruten de unas condiciones similares de acceso a los mercados públicos de nuestros principales socios comerciales, aquellos cuyas empresas disfrutan ya del acceso a nuestros mercados públicos. Sin embargo, actualmente este no es el caso, siendo los compromisos adquiridos por nuestros socios comerciales muy limitados en comparación con los de la Unión Europea.

El Comisario Mandelson también se ha referido a este desequilibrio en su comunicación sobre la Europa competitiva en una economía globalizada. En ella sugiere la posibilidad de introducir restricciones concretas al acceso a ciertas partes de los mercados públicos de la Unión, con el fin de que nuestros socios comerciales ofrezcan una apertura recíproca de sus mercados.

Dicho todo esto, considero oportuna —y más que apropiada, por tanto— la presentación de esta pregunta oral en nombre de la Comisión de Comercio Internacional a la Comisión Europea para que nos concrete cuál es su estrategia en esta renegociación del acuerdo, en la que —insisto— estamos en un momento clave, por la necesidad de llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

¿Cómo va la Comisión a defender los intereses de las empresas europeas en los mercados de sectores en los que somos altamente competitivos, como los transportes, la energía o las obras públicas, dentro del objetivo de continuar en la senda de una mayor apertura comercial, y no a la inversa? Y, en este mismo contexto, ¿cómo se va a considerar la situación de las PYME europeas, ya de por sí en desventaja con las grandes empresas, en relación con la situación que tienen otras PYME en otros países cuyos Gobiernos les reservan una parte de sus contratos públicos, como ocurre en los Estados Unidos?

Dada la falta de reciprocidad, la situación desventajosa para las PYME europeas y la importancia que estas tienen en los principales objetivos de la llamada Estrategia de Lisboa, pedimos que la Comisión exija a las otras partes de la negociación que renuncien a sus propias excepciones o, si ello no es posible, que acepten que apliquemos una excepción del mismo tipo a beneficio de las PYME europeas. En cualquier caso, que alcancemos esa reciprocidad que, en estos momentos, juega en contra de las empresas europeas.

Pido, por tanto, a la Comisión, que nos informe del estado de estas negociaciones, especialmente en los asuntos que he destacado y a los que se refiere el texto de nuestra pregunta; y también que la Comisión tome nota de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo y las tenga en cuenta en sus negociaciones en Ginebra.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la cuestión de la renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública, llamado ACP, es importante para Europa porque brindará a nuestras empresas oportunidades futuras fuera de la Comunidad. El pasado mes de diciembre, tras muchos años de largas y difíciles negociaciones, las partes del ACP alcanzaron un acuerdo provisional sobre un nuevo texto revisado. Creo que se trata de un gran logro en el contexto actual de la Ronda de Doha. Demuestra que la voluntad política de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones delicadas sigue viva.

El nuevo texto proporciona más claridad y transparencia, así como mejores garantías de un trato igualitario en los procedimientos de adjudicación de contratos. Por primera vez incluye disposiciones sobre la contratación por vía electrónica.

La Comunidad Europea ha desempeñado un importante papel durante las negociaciones. El acuerdo vigente no es equilibrado, tanto desde el punto de vista de las garantías de procedimiento como de cobertura. Nuestros principales objetivos eran llenar lagunas y eliminar ambigüedades.

Queríamos obtener mejores garantías jurídicas para nuestros proveedores, similares a las que ofrece nuestro régimen interno. Al mismo tiempo, a base de nuevas medidas específicas intentamos que el nuevo acuerdo sea más atractivo para los países en desarrollo. El acuerdo final sobre el nuevo texto está sujeto a un resultado satisfactorio de las negociaciones de acceso al mercado. En este terreno también hemos de reequilibrar la situación a favor de la Comunidad. Así pues, la cobertura que nuestros socios ofrecen actualmente debería extenderse al nivel que ha ofrecido la Comunidad y debería ser más uniforme.

Todos queremos que nuestras empresas tengan un mejor acceso a los mercados de contratación pública de los países extranjeros. El Consejo ha subrayado en sus recientes conclusiones sobre la comunicación de la Comisión «Europa Global – Competir en el Mundo» que hemos de conseguir mejoras adicionales del acceso a los mercados de nuestros principales socios comerciales futuros, concretamente en el ámbito de la contratación pública.

La Comisión ha presentado una petición y una proposición de carácter amplio que proporcionará a las demás partes del ACP todos los incentivos necesarios para ofrecer importantes oportunidades de contratación pública adicionales. Si no conseguimos que otras partes del ACP acepten una mejora sustancial, estudiaremos la posibilidad de tomar las medidas necesarias para adaptar los compromisos de la Comunidad al nuevo ACP.

A falta de un mejor acceso de la UE a los mercados de contratación pública de países terceros, el Comisario Mandelson y yo estamos reflexionando sobre un instrumento de apertura al mercado para mejorar el acceso de la UE.

El caso de nuestras PYME merece especial atención. Se beneficiarán específicamente del nuevo texto con la introducción de normas de contratación pública electrónica y, si las negociaciones concluyen con éxito, con la reducción de los umbrales de algunas partes. No obstante, permítanme recordarles que el acuerdo se refiere a grandes contratos públicos que emprenden principalmente las grandes empresas. Sin duda, las PYME desempeñan un papel importante, pero principalmente como subcontratistas. Por eso hemos pedido a los socios ACP que actualmente mantienen derogaciones específicas para sus PYME nacionales que las abandonen.

Con vistas a ampliar el alcance geográfico del acuerdo, ocho miembros de la OMC están en proceso de adherirse al mismo. Entre ellos, Jordania es el que está más avanzado. China ha indicado que comenzará las negociaciones de adhesión en diciembre de este año y, tras mi visita a ese país el año pasado, ya estamos preparando esta importante adhesión. Como ya se ha mencionado, la Comunidad ha presionado para mejorar las disposiciones sobre el trato especial y diferenciado de los países en desarrollo. Creo que hemos conseguido un buen resultado con nuevas normas que tengan plenamente en cuenta sus necesidades específicas.

Confío en que si tenemos éxito, este nuevo acuerdo constituya un hito para el comercio internacional y cree nuevas oportunidades para nuestras empresas.

 
  
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  Jean-Pierre Audy, en nombre del Grupo del PPE-DE.(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, comenzaré felicitando a mi estimado amigo, el señor Varela Suanzes-Carpegna, y dándole las gracias por haber formulado, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, esta pregunta oral sobre las negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio sobre las normas de acceso a los contratos públicos. Necesitamos establecer excepciones para las pequeñas y medianas empresas, señor Comisario.

El tema que nos reúne hoy es una cuestión crucial para el crecimiento y el empleo en Europa. Las normas de la OMC sobre comercio de bienes y servicios no se aplican a las adquisiciones que realiza un Estado para su propio uso, es decir, a la contratación pública. Por ello algunos países que se encuentran al margen de los Acuerdos de Marrakech de abril de 1994 han firmado voluntariamente un anexo especial que contiene un acuerdo sobre contratación pública. Salvo la Unión Europea, todos los principales países que son parte en este Acuerdo –Canadá, Corea, Estados Unidos y Japón– han dejado fuera de su oferta los contratos que reservan para sus PYME. Este desequilibrio es inadmisible y los contratos públicos excluidos de esta forma son precisamente aquellos que interesan a nuestras pequeñas y medianas empresas, mientras que las PYME de esos países pueden acceder sin limitaciones a todos nuestros contratos públicos.

De esta forma, nuestras PYME se encuentran infrarrepresentadas en el ámbito de la contratación pública y por tanto necesitamos entablar un amplio debate sobre las causas de esta situación. Tenemos que corregir este desequilibrio y obtener una excepción en el ámbito de la contratación pública que favorezca a las PYME europeas. No podemos aceptar distorsiones de esta naturaleza.

Señor Comisario, Señorías, aparte de esta negociación, lo que está en juego es la voluntad de la Unión Europea de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas el entorno favorable que necesitan y de utilizar el acceso a la contratación pública como una palanca extraordinaria para fomentar el crecimiento y el empleo; también está en juego la necesidad de ofrecer seguridad jurídica, dentro de la Unión Europea, y entre el ordenamiento jurídico internacional, la legislación europea y las legislaciones nacionales. En este caso no hablamos de proteccionismo, muy al contrario, hablamos de incrementar la oferta mediante un mayor número de empresas que respondan a la demanda.

Señor Comisario, actualmente el mundo está dividido en tres zonas: Asia, excepto Japón, que cuenta con países pobres, pero que experimentan un vigoroso crecimiento; los Estados Unidos, que es un país rico con un fuerte crecimiento, y Europa, que tiene países ricos, pero un débil crecimiento. Tenemos que reflexionar. Cuando votamos a favor de la Directiva relativa a los servicios para regular el mercado interior, construimos este mercado sobre la base de las leyes de la competencia, y la Unión Europea mostró un gran interés por los consumidores. Ahora debemos interesarnos por nuestros industriales. La renegociación del acuerdo multilateral sobre contratación pública que está en curso en la OMC representa, en nuestra opinión, una magnífica oportunidad para actuar y reflexionar sobre el lugar que ocupan las PYME en lo que se refiere al acceso a los contratos públicos.

Necesitamos, señor Comisario, dotar al mercado interior de una normativa sobre las pequeñas empresas europeas que incluya consideraciones de economía social de mercado. Este debate ya ha comenzado y me felicito de ello.

 
  
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  Erika Mann, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señora Presidenta, es un placer verla en la Presidencia.

Este debate es interesante y fascinante porque estamos hablando de un acuerdo plurilateral muy específico. Por supuesto, forma parte del marco multilateral, pero como es de carácter plurilateral, permite mucha más flexibilidad a los Estados miembros que forman parte de este acuerdo.

A este respecto, y puesto que es su décimo aniversario, ¿podría el Comisario decir algo sobre cómo funcionó en el pasado, si está satisfecho con él y si cree que es una empresa que merece la pena renegociar? No corresponde a su cartera, pero ¿cree que también merece la pena renegociar el acuerdo sobre las telecomunicaciones, que este año también cumple diez años?

Respecto del acuerdo sobre la contratación pública –que ha mencionado el señor Audy– estamos muy preocupados por las PYME, porque sabemos por experiencia que están teniendo muchas dificultades para acceder a los mercados internacionales. ¿Qué va a hacer la Comisión al respecto, más allá de lo que haya hecho en el pasado?

China nos preocupa mucho. Nos alegra que forme parte del entorno global, pero eso supone una gran presión para algunas empresas. Cuando ese país se convierta en miembro del acuerdo plurilateral, ¿qué medidas de protección pondrá en práctica el Comisario para proteger los intereses de las empresas y los trabajadores europeos? ¿Hasta qué punto este proceso forma parte de la Europa global? ¿Hasta qué punto está relacionado con el nuevo enfoque de la Comisión, que establece diferentes acuerdos bilaterales y qué formará parte de esta relación?

Respecto de los servicios de interés general, ¿cómo protegerá el Comisario los intereses europeos? ¿Puede el Comisario decirnos algo más al respecto? No ha abordado este asunto.

Por último, ¿puede el Comisario garantizarnos que mantendrá informado al Parlamento? ¿Puede prometer que también mantendrá informada a la Comisión de Comercio Internacional, que acaba de elegir a su nuevo presidente esta mañana?

 
  
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  Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN. (PL) Señora Presidenta, es totalmente legítimo que esta Cámara se ocupe hoy de una mayor liberalización de los mercados de contratación pública y me parece lamentable que no hubiese la misma determinación cuando debatimos la liberalización de los servicios en todo nuestro continente. En el fondo, los temas son los mismos. Es oportuno considerar la posibilidad de ampliar el ámbito geográfico del Acuerdo sobre Contratación Pública y resulta desafortunado que hace unos meses no hayamos aprovechado la ocasión para profundizar considerablemente nuestro mercado de servicios.

En ambos casos se trataba de algo más que de medidas para ayudar al funcionamiento de las grandes empresas europeas. Se hace especial hincapié en la promoción de los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Estoy a favor de la negociación de contratos que nos permitan participar en el mercado chino de contratación pública, pero también es importante tener en cuenta las oportunidades reales de participación en el mercado europeo que tiene la otra parte, como acaba de señalar la señora Mann. En cuanto a nuestros socios chinos, la moneda tiene dos caras, y me parece que deberíamos tener en cuenta los problemas concretos que se plantean para el mercado europeo en este ámbito.

 
  
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  Caroline Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señora Presidenta, ¡enhorabuena! Está muy bien verla en la Presidencia.

Comisario McCreevy, yo también quiero empezar hablando de cómo apoyamos mejor a las pequeñas y medianas empresas. Celebro ver que parece que los Grupos políticos de esta Cámara se interesan por esta cuestión. Creo que todos estamos preocupados.

Quiero pedir primero algunas aclaraciones sobre los comentarios hechos por la Ministra de Comercio francesa, Christine Lagarde, en su comparecencia de la semana pasada ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Habló muy apasionada y correctamente, a mi juicio, sobre la importancia de defender a las pequeñas y medianas empresas en Europa. Pero usted, señor Comisario, parece tener una opinión muy diferente del papel de las PYME y de la mejor forma de apoyarlas.

Es fundamental que facilitemos el acceso de las pequeñas y medianas empresas innovadoras a los mercados de contratación pública. Esas empresas engloban 75 millones de puestos de trabajo en la Unión y el 50 % del PIB de la Comunidad, y constituyen un factor esencial de impulso de las economías locales y regionales en toda la UE.

Pero parece ser que la Comisión renuncia voluntariamente al derecho a apoyar a sus PYME. Ya hay cinco países –Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón y Corea del Sur– que introducirán disposiciones en su legislación para dar acceso privilegiado a las PYME a los mercados de contratación pública y, aún así, la UE, por extraño que parezca, ha decidido que no tiene interés en defender a sus propias PYME.

¿Puede usted, señor Comisario, justificar realmente esa posición? La renuncia de la UE al derecho a establecer la igualdad de condiciones que permitan a las PYME competir en pie de igualdad con las grandes multinacionales, parece tan extraordinaria como inaceptable. Sin duda nosotros también tendríamos que aprovechar la renegociación del ACP en Ginebra para desmantelar las barreras de la OMC que impiden a los Estados miembros adoptar medidas de acceso privilegiado para sus PYME, si es que así lo desean. Tendríamos que defender la aplicación de excepciones en el marco del ACP renegociado para poder introducir medidas preferenciales y con ello, simplemente, restablecer la igualdad de trato y evitar que las grandes multinacionales tengan todas las ventajas.

Lamento mucho, asimismo, que no hayamos tenido la oportunidad de celebrar un debate previo en Europa sobre si es o no conveniente tratar de ampliar las reglas del comercio internacional para incluir la contratación pública. Muchos dirán que la contratación pública tiene poco o nada que ver con los aspectos tradicionales del comercio, los aranceles y las cuotas, y que es un terreno que no puede ser objeto de negociaciones en la OMC, porque someter la contratación pública de ámbito nacional, local o regional a unas reglas iguales para todos a escala mundial respecto a cómo debe gastarse el dinero de los contribuyentes me parece que destruye las expectativas razonables que tienen los ciudadanos de que exista cierto nivel de responsabilidad democrática sobre la forma de gastar su dinero. Esencialmente, el dinero del contribuyente es diferente del dinero de las empresas privadas, y los ciudadanos esperan con razón tener derecho a presionar para que se recorte el gasto, por ejemplo, que favorecía a las empresas que hacían negocio en Sudáfrica cuando existía el apartheid, o para descalificar a empresas que no mostraran un comportamiento correcto en materia laboral o ambiental.

Creo que tenemos que defender con ahínco la selección de proveedores y productores locales como un instrumento fundamental de la política local de empleo e industrial.

 
  
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  Helmuth Markov, en nombre del Grupo GUE/NGL.(DE) Señora Presidenta, la felicito por su elección y quisiera decir al señor Comisario que el Acuerdo sobre Contratación Pública solo se ha aplicado hasta ahora a los países miembros de la OCDE, cuyo gasto en contratos públicos de suministro, servicios y obras de construcción representa entre el 10 % y el 25 % de su PIB.

China ha estado estudiando la posibilidad de unirse a ellos. Las nuevas negociaciones en curso tienen por objeto, en general, ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo, lo que, desde luego, haría que este adquiriera una importancia mucho mayor para el intercambio internacional de bienes y servicios.

Si bien la Comisión debe sin duda intentar mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción en la contratación pública internacional en el marco del proceso de revisión, los urgentes problemas ambientales hacen que sea necesario dar prioridad absoluta a la sostenibilidad ecológica en el sector público y esto significa, en mi opinión, que es necesario regularla. Por ejemplo, debe ser legal y legítimo dar preferencia a los bienes y servicios compatibles con el medio ambiente, incluso si son ligeramente más costosos, a la hora de adjudicar contratos públicos.

Una cuestión crucial consiste en cómo tratar a los países en vías de desarrollo. Es necesario que la contratación pública, al igual que otras cuestiones de la Ronda de Singapur, se aborde totalmente por separado de las negociaciones de la Ronda de Doha sobre el desarrollo, como manifestaron con suma claridad los países en vías de desarrollo en Cancún.

El documento del que hablamos –el documento que es objeto de renegociación– solo puede aplicarse a países que tengan la misma fuerza, por lo que la idea de no discriminación y reciprocidad me parece algo problemática, pues en mi opinión tiende una vez más a tratar exactamente de la misma manera a los países altamente industrializados y a los países en desarrollo, cosa que no puede funcionar.

Las disposiciones propuestas para los países en desarrollo, que prevén un período transitorio de tres años –o de cinco en el caso de los menos avanzados– resultan totalmente insuficientes para convencerlos de firmar el Acuerdo. Creo que una consecuencia lamentable de todo ello es que muchos de estos países rehuirán este Acuerdo, cosa que considero, en principio, una desgracia, habida cuenta de que se pretende abordar este tema en un marco multilateral.

 
  
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  Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM.(EN) Señora Presidenta, el debate que estamos celebrando sobre esta pregunta oral ejemplifica todo lo que funciona mal en la Unión Europea. En primer lugar, tenemos que negociar con la OMC a través de un hombre que representa a no menos de 27 países. No tiene mandato popular y a la luz de su trayectoria en la política británica no habría resultado elegido ni para organizar la fiesta mayor de su pueblo. No quiero que un representante de la UE hable en nombre de mi país ante la OMC. Quiero a un representante del Gobierno de Su Majestad que no solo conozca mi país, sino que defienda también sus intereses.

Luego está toda la cuestión de la licitación competitiva. En la pregunta oral se habla de China como proveedor potencial y es muy posible que sea sumamente competitiva. Aunque condeno la supresión de las libertades y derechos de la persona en China, los chinos saben unas cuantas cosas sobre la manera de dirigir una economía próspera. El gasto público ronda tan solo el 20 % del PIB, mientras que en la zona del euro fue del 47,5 % en 2005. En China, las empresas funcionan con una normativa muy laxa. En la Unión Europea nos autorregulamos hasta el último detalle.

En 2005, el señor Blair prometió que la Presidencia británica reduciría la burocracia. No ha hecho nada al respecto. ¿Cuántos miles de páginas ha añadido a la montaña de normas? Engañaron a mi país para que entrara en la Unión Europea en 1973 diciendo que no sería más que una zona de libre comercio. Y eso es todo lo que debiera ser: sin Parlamento, sin Comisión, sin directivas. En su lugar, se ha convertido en un monstruo burocrático que está hundiendo nuestra economía.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE-DE).(EL) Señor Presidente, ya se ha llegado a un acuerdo provisional sobre el texto revisado del Acuerdo sobre Contratación Pública y se prevé que otro tanto sucederá con el Acuerdo definitivo.

Comprendo que sea necesario que las negociaciones se celebren en secreto, pero ¿no cree usted, señor Comisario, que ha informado con retraso al Parlamento Europeo sobre las prioridades, demandas y ofertas de la Unión durante la renegociación de este importante Acuerdo?

Creo que el principio básico para las negociaciones de la Unión debería ser la reciprocidad y la consecución de un resultado equilibrado entre socios comerciales. Este resultado equilibrado no debe implicar que los socios comerciales asuman compromisos teóricos en nombre de los demás socios. El resultado debe evaluarse por la facilidad real para hacer pleno uso de las licitaciones que sean objeto de una competencia transfronteriza. ¿Ha elaborado la Comisión estudios sobre las posibilidades reales que ha ofrecido hasta ahora la aplicación del Acuerdo a las empresas europeas de acceder al mercado de los demás países? Los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón –las partes en el Acuerdo– ya han concedido acceso preferente a las pequeñas y medianas empresas al mercado de contratación pública. Paradójicamente, la Unión no lo ha hecho.

Creo que la Unión Europea debería exigir una excepción en el marco de la aplicación de la Acuerdo sobre Contratación Pública para las pequeñas y medianas empresas. Esta exigencia es razonable, sobre todo en vista de que nuestros socios ya han actuado de esta manera.

Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía europea y son una importante fuente de desarrollo y empleo, como han destacado tanto el autor, el señor Varela, como el señor Audy. Estas empresas contribuyen a la cohesión económica y social. Tenemos la obligación de emprender iniciativas que protejan su función dinámica.

 
  
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  David Martin (PSE). (EN) Señor Presidente, le felicito por su nombramiento.

No voy a hablar de las PYME, porque muchos de mis colegas ya lo han hecho, pero quiero insistir, y en esto concuerdo con ellos, en que se trata de una cuestión de extrema importancia.

La contratación pública representa el 20 % del PIB en los países en desarrollo y en torno al 15 % del PIB en los países desarrollados. En esta cuestión me siento un poco como si tuviera dos discursos distintos, porque intuitivamente estoy a favor de abrir a la competencia los mercados de contratación pública. En teoría, eso debería servir para reducir el gasto público y aumentar la transparencia en la contratación pública, frenando así la corrupción. Eso debería resultar beneficioso tanto para el mundo desarrollado como para el mundo en desarrollo y, en este último, se liberarían recursos que podrían destinarse a salud y educación. Pero si uno mira la lista de los 36 signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), entre ellos no hay ni un solo país africano. Está claro que los países africanos y otros países en desarrollo piensan que los costes son posiblemente mayores que los beneficios derivados de la firma de este acuerdo.

Pregunto a la Comisión qué tipo de ayuda podría prever, primero, para los países africanos y otros países menos adelantados, de manera que puedan competir en el mercado europeo y en otros mercados desarrollados en igualdad de condiciones, y qué ayuda podría darles para que desarrollen su propia industria, de manera que puedan hacer frente a la competencia dentro de su propio país si deciden abrir a la competencia sus mercados de contratación pública.

A mí también me preocupa, como ha dicho la señora Lucas de una forma algo diferente, cómo se tendrán en cuenta los aspectos no comerciales en el ACP y en la aplicación del mismo; cómo se tendrán en cuenta aspectos como el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Estoy de acuerdo con la señora Lucas en que se trata de dinero público y en que, si el ACP no viene acompañado de unas condiciones, existe el peligro de que se rebajen las normas laborales y ambientales. Por otra parte, soy consciente de la ventaja de abrir a la competencia los mercados de contratación pública, pero también veo los peligros, y espero que la Comisión examine estas cuestiones.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, le felicito una vez más y doy las gracias al señor Comisario.

En el Reino Unido, las PYME son injustamente relegadas de los mercados de contratación pública debido a la aplicación de requisitos bienintencionados como la responsabilidad social de las empresas y las normas ambientales; en bastantes casos se exige presentar las cuentas auditadas de tres ejercicios, un requisito que muchas pequeñas empresas no pueden cumplir; la ausencia de licitación competitiva; la agrupación de contratos, que resultan demasiado voluminosos para las PYME y favorecen a las grandes empresas; y el secreto y la falta de transparencia.

Sabemos que la directiva de la UE requiere exige transparencia y licitación competitiva, pero la mayoría de los contratos por los que licitan las PYME suelen estar por debajo del umbral. Así que cuando uno habla con las PYME y les pregunta qué es lo que quieren, dicen que quieren que se reduzca la burocracia y el papeleo. Quieren que las autoridades supriman el requisito de certificación aplicable a todos por igual. Quieren que los contratos se anuncien en sitios web como «supply2.gov» y quieren también que no se agrupen los contratos. Pero tenemos que reconocer que las administraciones públicas no son empresas comerciales y que a menudo tratan de evitar el trabajo adicional que implican las sucesivas licitaciones, por lo que tenemos que incentivar a los Gobiernos y las entidades locales.

En los Estados Unidos se han fijado objetivos para determinar si existe realmente o no una competencia leal. Las PYME no necesitan cuotas, pero sí indicadores para saber si existe competencia leal. También en los Estados Unidos hay asesores que ayudan al Gobierno a facilitar un acceso justo a las PYME. Estos requisitos –evaluaciones comparativas y defensores de la competencia– probablemente no serían compatibles con el acuerdo de la OMC, y entiendo el motivo, pero este prohíbe de manera no intencionada medidas que aseguran una competencia leal.

El acuerdo de la OMC es, de hecho, positivo en términos generales, puesto que es contrario al proteccionismo, pero prohíbe medidas que son necesarias para ayudar a las pequeñas empresas. Así pues, mientras unos Estados miembros desean una exclusión voluntaria, otros temen con razón que eso aumente el proteccionismo. Por tanto, pidamos a la Comisión que busque un compromiso en el que esté asegurada la exclusión voluntaria, pero que se elabore un nuevo acuerdo que permita medidas favorables a las PYME y aumente considerablemente las medidas antiproteccionistas. Si permitimos la adopción de medidas favorables a las PYME, el acuerdo echará por tierra las razones de los Estados Unidos para su exclusión voluntaria, que han esgrimido para mantener la ley estadounidense de contratación pública (Buy America Act). Ayudaría además a las PYME británicas y europeas a competir en el mercado mundial.

 
  
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  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Señor Presidente, un Acuerdo sobre Contratación Pública podría conllevar más transparencia y, por ende, menos corrupción. También podría implicar precios justos –algo no desdeñable en vista de que los contratos públicos de servicios se pagan con dinero de los contribuyentes– con el derecho, no obstante, de aplicar criterios sociales y ambientales en la fase de licitación. También los países en desarrollo podrían beneficiarse bastante de todas estas ventajas. Ni que decir tiene que no puede descartarse su participación en el futuro en el Acuerdo internacional sobre Contratación Pública, pero la Comisión debe procurar que puedan aplicar primero este método –y otro tanto podría decirse de las normas de competencia leal– a nivel nacional o regional, como hicimos en Europa, y no tengan que permitir, por lo tanto, la participación inmediata de todo el mundo y de los grandes monopolios. A continuación correspondería a los países en vías de desarrollo decidir el momento en que se consideren suficientemente desarrollados. Debería evitarse a toda costa algo que de hecho se aplica en todo el mundo, a saber, las licitaciones obligatorias a gran escala, que tienen por resultado la exclusión de las pequeñas y medianas empresas del mercado. Desgraciadamente tengo experiencias de primera mano en este sentido; me refiero a una licitación para adjudicar los servicios de seguridad de una estación de ferrocarril en Ámsterdam. La empresa que se encargaba anteriormente de la seguridad de la estación era una pequeña empresa que realizaba un trabajo encomiable. Sin embargo, durante la licitación esta empresa resultó demasiado pequeña para competir por el contrato total para muchas de esas estaciones y, a raíz de ello, fue desplazada del mercado.

Sin duda, sus Señorías conocen ejemplos similares y por ello que queremos preguntar a la Comisión cómo puede garantizarse un mejor acceso a los contratos públicos para las PYME.

Por último, la supresión obligatoria de los servicios públicos y semipúblicos a favor de los grandes proveedores extranjeros es totalmente errónea. Todos los países tienen derecho a regular públicamente lo que el público desea mantener. Estamos hablando de servicios básicos, como la educación y el agua, servicios que revisten un gran interés para la sociedad y con los que no debemos meternos.

 
  
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  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, Comisario McCreevy, Señorías, debido a que la pregunta formulada por la Comisión de Comercio Internacional acerca del problema de la contratación pública en el marco de la OMC afecta directamente al mercado interior europeo, creo que tenemos que examinar dichos problemas con más detenimiento. La cuestión en este caso es el Acuerdo de la OMC, por una parte, pero por otra debemos tener claro que estos convenios internacionales –que es la forma en que funciona la globalización– tienen efectos directos sobre el mercado interior europeo.

El señor Kamall señalaba que en varios Miembros de la OMC, entre ellos los Estados Unidos, se siguen manteniendo ciertas cuotas para la adjudicación de contratos públicos a pequeñas y medianas empresas, lo que no significa a fin de cuentas otra cosa que el hecho de que se está restringiendo el ámbito de aplicación de la normativa sobre contratación pública adoptada por la OMC. Me gustaría que se llevara a cabo una evaluación de impacto que indicara si dichas cuotas son beneficiosas a largo plazo para las pequeñas y medianas empresas, cosa que, en todo caso, no es segura.

Y mientras no lo sepamos, no necesitamos preocuparnos por la restricción de su ámbito de aplicación, ya que las pequeñas y medianas empresas viven de mercados en los que existe la mayor transparencia posible y a los que pueden acceder con la mayor facilidad, y si los Miembros de la OMC reducen el ámbito de aplicación en un 25 %, no estoy seguro de que las pequeñas y medianas empresas obtengan un beneficio de ello.

Sin duda sería útil –y por ello yo también apoyo la pregunta– que la Comisión examinase muy de cerca esta cuestión y nos indicase si tiene efectos positivos para las pequeñas y medianas empresas.

Desde luego es necesario que en el Consejo –cuyos representantes, desgraciadamente, no están presentes en el hemiciclo– se encuentre un equilibrio entre aquellos que favorecen un planeamiento como el de los Estados Unidos y aquellos que desean precisamente lo contrario, es decir, la reducción de las cuotas para crear un mercado libre y abierto en toda la OMC, que ofrezca oportunidades a las pequeñas y medianas empresas en todas partes.

Por ello creo que el principal problema para las pequeñas y medianas empresas en este aspecto se debe en mayor medida a que no hemos resuelto el problema de los subcontratistas, pues esa es la función que muy a menudo cumplen las pequeñas y medianas empresas, con lo que pueden crear puestos de trabajo y tienen la oportunidad de ganar dinero, pero a menudo estos subcontratistas son gestionados desde un nivel superior, lo que a menudo las sitúa en una posición difícil con un pie en cada bando.

Lo que creo que debemos hacer es conceder especial atención a este problema, por lo que me gustaría que la Comisión reflexionara y nos mantuviera informados al respecto. En otras palabras, la Comisión debería comenzar a abordar el problema al que se refiere esta pregunta, tras lo cual podremos plantear demandas definidas al Comisario.

 
  
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  Stefano Zappalà (PPE-DE).(IT) Señor Presidente, Señorías, quiero felicitar al señor Varela Suanzes-Carpegna y darle las gracias por haber formulado esta pregunta que nos permite abordar la cuestión que nos ocupa. Yo fui ponente en esta Cámara sobre la reforma de los contratos públicos de suministros y servicios, es decir, las Directivas 17 y 18.

Aunque tengo muy poco tiempo, creo que vale la pena señalar los principales aspectos de este problema. Como han indicado algunos oradores esta mañana, el Parlamento se ha concentrado mucho en la Directiva 18, es decir, la Directiva marco sobre contratos, en cuestiones ambientales, el sistema actualizado de contratos electrónicos, el ámbito social y la cuestión de los umbrales, y por ello creo que contamos con una legislación que sin duda es excepcional, pero que realmente no se refiere a la materia que nos ocupa esta mañana.

La cuestión planteada es totalmente distinta: se está llevando a cabo una revisión de un acuerdo internacional que coloca a los Estados miembros de la UE –y por ende a las empresas de la UE– en una posición de desventaja respecto a otros países. ¿En qué consiste el problema? En 1994 y en años posteriores se planificaron muy diferentes tipos de actividades a escala mundial a través de acuerdos multilaterales. Los Estados Unidos, China y otros países gozan de hecho de privilegios que no disfrutan las empresas comunitarias. Ahora se está revisando este sistema, pero es necesario establecer los métodos de revisión, porque como deben recordar sus Señorías y recuerdo yo, los Estados Unidos por sí solo tiene un volumen anual de casi 200 000 millones de dólares, dinero que en realidad permanece en ese país.

Lo cierto es que mientras cualquiera puede venir a trabajar a Europa, nuestras pequeñas y medianas empresas no pueden establecer empresas en el resto del mundo. Loa Acuerdos sobre Contratación Pública son, entre otras cosas, acuerdos que deniegan a las empresas europeas el acceso al sistema internacional.

Por lo tanto, ¿qué decisiones podemos adoptar hoy? En mi opinión, la Comisión cree que aboliendo los privilegios de los demás podemos volver a competir en pie de igualdad. Pero no es así. Yo creo que lo que necesitamos es proteger a las pequeñas y medianas empresas de Europa, concediéndoles los mismos privilegios dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, en relación con la Unión Europea que gozan las pequeñas y medianas empresas de los Estados Unidos y otros países del mundo.

Por consiguiente, no solo doy las gracias al señor Varela Suanzes-Carpegna, sino que también considero que es necesario favorecer y apoyar el argumento que defiende Francia en estos momentos dentro del Consejo, contra la posición de la Comisión Europea.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados por sus comentarios.

La contratación pública es a mi juicio sumamente importante. La existencia de procedimientos adecuados, justos y transparentes es crucial, no solo para las empresas que quieran licitar por la adjudicación de proyectos, sino también para las autoridades que podrán ahorrarse a sí mismas y a los contribuyentes ingentes sumas de dinero si aplican correctamente esos procedimientos.

Es fundamental que consigamos de nuestros socios comerciales el compromiso de abrir sus mercados de contratación pública a licitantes europeos. Nuestras empresas tienen algo que ofrecer. Son competitivas, pero demasiado a menudo no se les permite o no se les invita a licitar.

Las PYME se benefician de la contratación pública. Ya tienen una importante cuota de mercado, pero no creo que la respuesta esté en la reserva de cuotas o en un trato preferente. Si hiciéramos eso, más socios comerciales nuestros harían lo mismo y el resultado sería que las empresas europeas saldrían perjudicadas. Creo que todas las partes se benefician de unos mercados abiertos. Nuestras PYME son dinámicas y fuertes. Ellas también se beneficiarán.

La señora Mann ha pedido que se la mantenga informada. Pediré a mis funcionarios que mantengan perfectamente informada a su comisión. Asistirán a las reuniones de la comisión y responderán a sus preguntas sobre los detalles de las negociaciones.

Varios diputados se han referido a medidas especiales para las PYME y a la necesidad de que formen parte de nuestra posición negociadora. Como ya he dicho, no estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho el señor Kamall y con su comentario de que los propios Estados miembros pueden hacer mucho por ayudar a sus PYME en el ámbito de la contratación pública sin incumplir ninguna regla. Si se desagrupan algunos de sus contratos y se reduce buena parte de la burocracia, las PYME se verán muy beneficiadas y se evitará la necesidad de reservar cuotas para ellas. Pero discrepo de la conclusión sacada por algunas personas de que la mejor forma de hacer eso para las PYME consiste en reservar cuotas.

El señor Kamall ha recordado también que los Estados Unidos tienen una Ley sobre las pequeñas empresas y una agencia que se ocupa de estos asuntos. No obstante, las cifras demuestran que, tanto en volumen como en cantidad, las PYME en Europa obtienen un porcentaje mucho mayor de contratos que en los Estados Unidos. Eso debería interesarles.

Por tanto, digo –y tienen derecho a discrepar de mi opinión al respecto– que la contratación pública consiste básicamente en competir para ofrecer los mejores bienes y servicios al menor precio. Eso significa optimizar los recursos. La reserva de partes del mercado subraya esto. Esta misma mañana ya hemos debatido también sobre las PYME. Algunos diputados han dicho que las PYME necesitan oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el proteccionismo no es la respuesta. Por supuesto, no seremos ingenuos: esperamos que nuestros socios comerciales abran también sus mercados.

 
  
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  La Presidenta. Vamos a suspender la sesión para reanudarla a las 11.00 horas con la sesión solemne, en que recibiremos al presidente de Bulgaria.

(La sesión, suspendida a las 10.25 horas, se reanuda a las 11.00 horas)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. POETTERING
Presidente

 

5. Sesión solemne - Bulgaria
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  El Presidente. Presidente Parvanov,

(BG) Господин Президент, топло Ви приветствам в Европейския парламент!

(DE) Es para mi un gran honor darle la bienvenida al Parlamento Europeo. Aunque no es la primera vez que visita esta Cámara, es la primera vez que lo hace en calidad de Presidente de un nuevo Estado miembro, y es en esa calidad que le doy la bienvenida a nuestra familia europea.

En nombre de los ciudadanos de la Unión Europea, a quienes representamos en esta Cámara, deseo expresarle una vez más mi alegría por la adhesión de su país a la Unión Europea, y quisiera volver a destacar la importancia histórica de la ampliación de la Unión Europea que tuvo lugar el 1 de enero de este año. Fueron necesarios sesenta años para que su país volviera a la Europa libre y para la reunificación de nuestro continente.

La cultura búlgara se muy antigua y su país se encuentra en una encrucijada entre Oriente y Occidente. Se dice que es el Estado más antiguo de Europa, fundado por el zar Asparuch en 1681. Bulgaria es el país de Orfeo y Eurídice, el hogar de los tracios y de Dionisio, y aun así hay tanta añoranza de Europa en las palabras de Elias Canetti, el Premio Nobel de Literatura nacido en Rustchuk, Bulgaria, quien escribió: «Allí, el resto del mundo se llamaba Europa, y cuando alguien viajaba por el Danubio hasta Viena, la gente decía que había ido a Europa, pues era ahí donde comenzaba este continente».

Esta añoranza de Europa se mezcla en el corazón de los búlgaros con la viva conciencia de haber formado parte de ella desde tiempos inmemoriales. Cuando contaba la historia de su infancia, Canetti intentaba hacer avanzar la reunificación de Europa. La adhesión de su país, señor Presidente, simboliza una vez más que, en esencia, Europa es la experiencia, que hace tangible la vida cotidiana, de poseer un alma común, esa alma europea que no conoce fronteras para dar sentido al proyecto europeo.

Su país, señor Presidente Parvanov, trae consigo un rico patrimonio cultural e intelectual, contribuyendo así al enriquecimiento mutuo de la Unión Europea y de Bulgaria. Su país, y sobre todo su pueblo, merecen un agradecimiento especial por los grandes esfuerzos que ha hecho durante los últimos años y por su voluntad reformista. Bulgaria y su pueblo han hecho grandes avances. Se han llevado a cabo numerosas reformas en un periodo relativamente corto. Estos avances y estos triunfos merecen ser reconocidos hoy, pero me gustaría añadir que esperamos y estamos convencidos de que las reformas que aún son necesarias se llevarán a cabo con la misma determinación.

Señor Presidente, el Parlamento Europeo se siente orgulloso y se alegra de la llegada de sus nuevos 18 diputados búlgaros. También me alegro de poder dar la bienvenida al nuevo Comisario búlgaro. Asimismo estamos a la espera de dar la bienvenida a las diputadas y diputados que su país elegirá en las primeras elecciones a este Parlamento que tendrán lugar en el mes de mayo. Colaboraremos con los búlgaros que forman parte de la Comisión y del Consejo para seguir desarrollando nuestro hogar europeo.

(BG) Добре дошли на България и българския народ в Европейския съюз!

 
  
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  Георги Първанов, президент на Република България. (BG) Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. От 1-ви януари 2007 г. България е част от Европейския съюз — може би най-амбициозният политически, икономически и културен проект в историята на човечеството. Като продължавам онова, което Вие любезно казахте, г-н Председател, искам ясно да кажа, че 1-ви януари 2007 г. е триумф на историческата справедливост.

Корените и предпоставките на това явление са във вековното развитие на българската духовност и държавност. По дух и самочувствие българите винаги са били европейци. Нашата култура действително е във фундамента на европейската цивилизация. И затова исторически оправдано е днес, чрез българското членство, в Европейския съюз да звучи езикът на светите братя Кирил и Методий, обявени за небесни съпокровители на Европа, което без съмнение ще обогати още повече културното многообразие на европейския континент.

Но ние, уважаеми членове на Европейския парламент, добре съзнаваме, че членството ни не е заради историческата традиция, а защото българските институции проведоха онези така необходими реформи във всички сфери. Осъществена беше една историческа трансформация на страната ни в демократична страна с функционираща и конкурентноспособна пазарна икономика, с работещо и ефективно законодателство. Успехът стана възможен и заради високата обществена подкрепа, заради съпричастността на гражданските структури. Успяхме, защото години наред следвахме и правехме европейска политика. Защото доказахме, че на нас, българите, може да се вярва. За мен е чест, че имам възможността да се обърна от високата трибуна на Европейския парламент още в първите седмици на нашето членство.

Използвам случая, за да благодаря на Европейския парламент за подкрепата, която оказваше на България в целия процес на присъединяване, за конструктивната критика и насърченията за продължаване на проевропейските реформи. Важността на тази подкрепа се определя от нарасналата роля на Европейския парламент, като пряк изразител на волята на почти половин милиардното население на обединена Европа.

Искам да поздравя, също така, г-н Пьотеринг за избирането му за председател на Европейския парламент, да поздравя българския и румънския комисар, както и 18-те български депутати и техните румънски колеги и да им пожелая ползотворна и успешна работа за общото ни благо.

Ние, уважаеми госпожи и господа, отдавна сме се отказали от патетичното отношение и от пропагандните свръх очаквания от членството ни в Европейския съюз. Съзнаваме, че заедно с несъмнените позитиви за икономиката ни, тя ще бъде изправена пред сериозни предизвикателства, особено с оглед на постигането на по-висока конкурентноспособност. Проблемите се засилват от това, че задълженията към Европейския съюз влизат в сила веднага, а ползите ще дойдат с повече или по-малко закъснение. И затова е много важно ние бързо да формираме и реализираме стратегия и политика на ускорено развитие с оглед успешно адаптиране на страната ни към европейската социално-икономическа среда.

Петото разширяване на Европейския съюз беше съпроводено с не малко реални опасения и измислени страхове, изкуствено насаждани понякога. Много от тях не се оправдаха. Масовите миграционни вълни, които някои предричаха, не се състояха. Очакванията за тежко напрежение в социалните системи се оказаха преувеличени. В този смисъл, за нас остава неразбираемо защо някои от държавите-членки не отвориха трудовите си пазари за българи, както направиха това за страните, присъединили се през 2004 г. Смятам, че от премахването на последните бариери пред моите сънародници ще спечели и Европейският съюз и европейската идея. От друга страна, аз очаквам младите българи, които потърсиха и получиха по-високо образование, част от тях и добра реализация навън, в Европейския съюз, да се завърнат работейки за по-големи западни инвеститори или започвайки свой бизнес.

Ние добре съзнаваме, че членството в Европейския съюз не е еднократен акт, че това е един продължителен процес. Един процес, които ще изисква от нас в следващите месеци и години допълнителни усилия, за да отговорим на препоръките на европейските институции. Да поемем допълнителни отговорности вследствие на членството ни. Необходими са усилия за да се впишем реално в европейския икономически и социален модел, за да издигнем жизнения стандарт на българина до този на водещите европейски страни и народи. Това действително, г-н Председател, означава безусловно продължаване на реформите, особено в съдебната система, за постигане на видими и необратими резултати в борбата с корупцията и престъпността, за прозрачно и ефективно усвояване на средствата от европейските фондове.

Ние сме амбицирани да постигнем, да покажем един солиден капацитет за поемане на задълженията, произтичащи от членството и от общите политики в различните сфери. Убеден съм, че разширяването на Европейския съюз е от взаимен интерес, както за новоприетите, така и за досегашните страни-членки.

Новите членове получават възможността да участват в определянето, във формирането на политиките и програмите на Европейския съюз, да ползват фондовете на общността. Но искам ясно да кажа, че ние влизаме в Европейския съюз, не за да бъдем консуматори, а с желанието, със стремежа да засилим реално Съюза със стабилните си макроикономически показатели, с динамичното си развитие в последните години, със способността ни да генерираме сигурност, особено за един труден, сложен регион какъвто е този на Балканите.

България влиза в Европейския съюз с намерението да играе активна роля в дебата по целия дневен ред на Съюза: по конституционния проект, по постигането на едно много ефективно взаимодействие между институциите, по финансирането, по провеждането на единна външна политика и политика на сигурност и отбрана.

Искам ясно да изразя подкрепата ни за инициативата на германското председателство и лично на канцлера, госпожа Ангела Меркел, за консултации, за своеобразна пътна карта по придвижването на конституционния проект. България влиза с амбицията да отстоява, уважаеми госпожи и господа, своя национален интерес — от културата до проблемите на енергийната сигурност. Но в същото време и със съзнанието, че можем и трябва да бъдем един солидарен член на Европейския съюз, че можем и ще правим своите необходими жертви и компромиси тогава, когато става дума за общия европейски интерес. България ще бъде стабилен, предсказуем, последователен член на Европейския съюз и това е мнението на всички български институции. Вярвам, че то достойно е представено от нашите депутати тук.

България влиза в Европейския съюз с най-добрите традиции на етно-религиозната си толерантност, утвърдени през десетилетията. Ние можем да предложим една солидна, работеща, аргументирана експертиза при вземането на европейските решения, засягащи проблематиката на Балканите. В тази връзка, искам още веднъж ясно да подчертая, че членството на България и Румъния в Европейския съюз е важен политически знак за необратимата европейска перспектива на Балканите. Това мотивира възможно най-силно народите и правителствата за запазването на трайния мир на Югоизточна Европа. Няма по-силна, по-убедителна мотивация от съхраняването на тази перспектива за народите от Западните Балкани. Затова България ще продължи да подкрепя нашите съседи, морално-политически и експертно, в техните усилия да изпълнят конкретните изисквания и критерии за членство, да решат предварително проблемите си, а не да ги „внасят“, образно казано, в организацията на демократичните страни.

Трябва да развием европейската визия за Западните Балкани, залегнала в „Солунския дневен ред“. И трябва да признаем, уважаеми госпожи и господа, че много от добрите идеи и проекти за Югоизточна Европа останаха само на книга. Време е да разберем, че има една особено важна инвестиция в мира и сигурността на региона, и това е развитието на инфраструктурата — на модерната, транспортна, комуникационна и енергийна инфраструктура. Това е най-късият път за преодоляването на икономическата и социалната му изостаналост и за пълноценното му интегриране. Решаването на този проблем не може да стане без привличането на инвестиции от страна на Европейския съюз, като естествен икономически партньор и притегателен център за страните от региона.

И затова не са необходими подаръци. Има работещи схеми за публично-частно партньорство, които ние неведнъж сме обосновавали, и чрез които бихме могли да деблокираме работата по европейските коридори №4, №8 или №10, добавената стойност на българското присъединяване към Европейския съюз, възможностите за укрепването на общата външна политика и политиката на сигурност, преди всичко с акцент върху Западните Балкани, Черноморския басейн и Кавказ. Региони, които са приоритетни и за външните отношения на Съюза. Нещо повече, тяхната стратегическа тежест в международните отношения обективно ще нараства.

Имаме готовност и желание да участваме активно със своите знания и опит в определянето и провеждането на политиката на Европейския съюз в тази част на Европа. Впрочем, България вече доказа способностите си да действа активно в провеждането на някои от основните акценти на тази политика — енергийната сигурност, по отношение на инфраструктурата, превенцията на тероризма, нелегалната миграция и екологията. В същото време, нашата обща визия следва да включва и конкретни мерки за подобряването на взаимодействието между Европейския съюз и Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Уважаеми госпожи и господа, България е готова да участва в дебата по общата енергийна сигурност на Европа. Ние ще имаме своята активна позиция, не само защото в енергийната сфера плащаме най-високата цена на присъединяването ни към Европейския съюз. Ние влизаме със самочувствието на страна, която е фактор на енергийната сигурност в региона, не само защото досега покривахме една не малка част – 45% – от енергийния дефицит на нашите съседи. Определено смятам, че документът на Европейската комисия от м. януари т.г. относно енергийната политика на Европа създава солидна основа за изработването на обща енергийна политика. Оценяваме високо приноса на германското председателство с ясно формулираните акценти за екологично съобразно снабдяване с енергия в рамките на Европейския съюз.

България, от своя страна, ще има своя принос, своя европейски принос, като възлов център на транзита на петрол и газ от Изтока към Запада, в търсенето и развитието на възобновяеми енергийни източници, с постиженията и възможностите в областта на изследванията за енергетиката.

Смятам за особено важни, уважаеми госпожи и господа, обоснованите в новите европейски документи изводи и намерения относно развитието на ядрената енергетика. Реших да говоря по-обстойно по този въпрос тук пред вас по няколко причини.

Първо, защото Европейският парламент е институцията, която е проявявала особено осезателно разбиране към енергийните проблеми в Югоизточна Европа, в частност към българските. И използвам случая да благодаря на комисията по външна политика, на г-н Джефри ван Орден, докладчик за България, на г-н Ари Ватанен, който инициира писмото до Европейската комисия, на всички депутати, които участваха активно, ангажирано в дискусиите по съдбата на малките реактори на АЕЦ „Козлодуй“. За съжаление, за приемането на този текст не достигнаха 4-5 гласа.

Впрочем, струва си да си зададем въпроса какви са реалните последици от това, че 3-ти и 4-ти блок на нашата атомна централа бяха изведени от експлоатация. Регионът се изправи пред сериозна енергийна криза. Сега някои от страните изпитват остър недостиг, има страна с тежък режим на тока. Това, заедно с повишаването на цените, може да доведе до икономическа и политическа нестабилност на региона.

На второ място, трябва да призная, че бях провокиран от изказването на комисаря по енергийната политика за това, че 3-ти и 4-ти блок били спрени поради съмнения в тяхната безопасност. Нека да е ясно, уважаеми госпожи и господа, ние повече от всеки друг държим на изискването за безопасност на нашата ядрена централа. Това обяснява и факта, че затворихме първите два реактора на АЕЦ „Козлодуй“ още на 31 декември 2002 г. Спрямо 3-ти и 4-ти блок, обаче, беше извършена мащабна модернизация, която приведе тези блокове в качествено ново състояние, различно от проектното.

Многобройните проекти на Световната асоциация на ядрените оператори, на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране, на групата по атомните въпроси на Съвета на Европейския съюз, на Международната агенция по атомна енергия доказаха, че не съществуват никакви технически причини, възпрепятстващи нормалната експлоатация, и доказаха високото ниво на безопасност съгласно международните стандарти.

Впрочем, на вниманието на всички европейски депутати ще бъде предложен материал, който съдържа основната част от тези изводи. И аз не възразявам, в един непредубеден дебат, да видим кои са контра аргументите, да видим на какви факти се базират съмненията. Нещо повече, искам ясно да кажа, че ако нашите партньори от Европейския съюз счетат за необходимо, България би приела една нова партньорска проверка на блокове 3 и 4 на атомната ни електроцентрала, която да се извърши със съдействието на всички гореспоменати органи, имащи отношение към ядрената енергетика. Разбира се, при ясно определяне на мандата на една такава проверка.

Ние, уважаеми членове на Европейския парламент, стриктно се придържаме към утвърдения принцип в международните отношения, че договорите трябва да се спазват. И България коректно изпълни своите ангажименти. Ако има воля сега да се оцени сложната ситуация и в региона, заплахите за отделните страни, в това число и за България, решение може да се намери в рамките на Договора за присъединяване, като се позовем на член 36. Защото, докато вземаме солидарни решения за бъдещето на европейската ни енергийна сигурност, нека помислим и за нейното настояще.

Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа, накрая бих желал да засегна един важен и болезнен въпрос, както за българите, така и, вярвам, за всички вас — въпроса за съдбата на осъдените в Либия медици. Защитата на техните права се превърна в кауза не само за българското общество, но и за международната демократична общност. В това отношение за нас е от особена важност, че броени дни след приемането на България в Европейския съюз получихме пълна подкрепа и солидарност от страна на Европейския парламент. Благодарим за тази солидарност и разчитаме, че тя ще се запази и ще допринесе за бързото и справедливо решение на този проблем. Оценяваме в не по-малка степен и съчувствието, което европейските институции и страните-членки проявяват към засегнатите деца от трагедията и техните семейства.

(Аплодисменти)

Необходими са по-активни действия, повече усилия и по плана за действие и по осъществяването целите на международния фонд за Бенгази. Впрочем, искам да кажа, че намирам участието на големите петролни фирми, които имат своя добър бизнес в Либия, за твърде символично в този фонд. България, от своя страна, ще продължи да бъде съпричастна към тези усилия. Успоредно с това ние ще търсим изход и по линия на двустранния диалог с либийската страна, както и в активно взаимодействие с Европейската комисия, Председателството на Европейския съюз и страните-членки. Очакваме разрешаването на този въпрос да остане приоритет в отношенията между Европейския съюз и Либия.

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Европейския парламент, силна Европа е възможна само ако има силни лидери – държавници и политици, способни да налагат визия и да вземат конкретни решения, за да преодолеем стъписването пред конституционния проект, за да не се губи перспективата за разширяването на Европейския съюз, за приемането на необходими стъпки по формирането на общата енергийна политика. България ще даде своя принос, за да стане всичко това възможно.

Благодаря ви!

(Събранието аплодира на крака оратора)

 
  
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  El Presidente. Señor Presidente, muchas gracias por su discurso, el cual nos ha infundido valor, pues ha dicho que está decidido a proseguir con las reformas en Bulgaria, que desea redoblar sus esfuerzos para realizar las reformas necesarias y ha asumido un compromiso sin condiciones para apoyar las reformas que requiere la Unión Europea, es decir, para promover nuestro proyecto constitucional común. Usted también ha hablado de la solidaridad y la confianza en la Unión Europea; la solidaridad y la confianza revisten una enorme importancia. Estamos agradecidos de que Bulgaria forme parte de la Unión Europea y hay algo que puedo prometerle: que el Parlamento Europeo luchará por la liberación de las enfermeras búlgaras hasta que regresen a su hogar desde Libia, por lo que puede decírselo a sus compatriotas.

(Aplausos)

Le agradecemos su visita y que se haya trasladado a Bruselas tan solo para dirigirse a nuestra Cámara, sin tener otros compromisos en esta ciudad. Por ello le estamos agradecidos y le deseamos un buen viaje de regreso a Sofía, un futuro prometedor para Bulgaria y todo lo mejor para su Presidencia.

(Aplausos)

 
  
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  Bruno Gollnisch (ITS).(FR) Señor Presidente, mi cuestión de observancia se basa en el artículo 182 del Reglamento. Acabamos de recibir por vez primera información acerca de la elección de las mesas de las comisiones parlamentarias. Esta elección de las mesas de las comisiones fue pactada por una conferencia de los secretarios generales de los Grupos que, sobre la base del sistema D’Hondt, llegó a una distribución proporcional de los puestos, lo que permite que estén representadas todas las opiniones, algo de lo que este Parlamento se enorgullece tanto hacia el interior como hacia el exterior, y que ofrece un modelo para los órganos políticos de todo el mundo.

Nadie se opuso a este acuerdo, ni siquiera la Conferencia de Presidentes. Este acuerdo ha sido flagrantemente violado –y podría decirse que cabía esperarlo– en detrimento de mi Grupo y únicamente de este. Es cierto que mi Grupo no presentó candidatos contra miembros de los Grupos comunista, socialista, liberal y democristiano, porque creía o quería creer honestamente en la imparcialidad y en que los demás miembros cumplirían sus promesas. Es obvio que estas promesas no se han cumplido. Estas tácticas son repugnantes, mezquinas e indignas de un Parlamento que pretende ser un ejemplo para todo el mundo.

Tengo que decir que en este caso se han utilizado tácticas fraudulentas que socavan la integridad de la elección. Tomamos nota de ello y nos reservamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos por otros medios y, en particular, de pedir a los ciudadanos de nuestros países que actúen como testigos. Muchas gracias, Señorías, por la publicidad que han hecho a nuestro favor.

 
  
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  El Presidente. Señor Gollnisch, tenemos un orden del día muy cargado y podemos volver a esta cuestión después de las votaciones. Se le ha concedido la palabra y ha hablado durante un minuto y 53 segundos, cuando el turno normal es de tan solo un minuto. Puede considerarlo un ejemplo de trato equitativo y espero que tome nota de ello. Primero procederemos a la votación y después volveremos sobre esta cuestión.

 

6. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

7. Turno de votaciones
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones.

(Para los resultados de la votación y demás información: véase el Acta)

 

7.1. Protección de los pasajeros en caso de desplazamiento del equipaje (votación)

7.2. Homologación de los vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera del conductor (votación)

7.3. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/Corea (votación)

7.4. Integración de la sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo (votación)

7.5. Proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2007 (votación)

7.6. Derechos humanos de los dalit en la India (votación)
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  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, sugiero que hagamos uso de la opción que nos ofrece el apartado 2 del artículo 168 del Reglamento y devolvamos este informe a la comisión competente. Lo digo porque conozco muy bien el problema que plantea el artículo 90 y que este informe describe sin duda la situación de los dalits, los denominados intocables de la India, en términos precisos; no obstante, ninguno de nosotros encontramos aceptables estas condiciones y estamos obligados a hacer todo lo posible al respecto. Sin embargo, al parecer India ha formulado serias reservas sobre este informe porque trata del sistema de castas de ese país y, por ende, algo que forma parte integrante de sus tradiciones y cultura.

Entonces me gustaría que se considerase si sería oportuno, a los fines que perseguimos, volver a debatir este punto en la comisión parlamentaria, incluso si el resultado no difiere en absoluto de la presente propuesta de resolución. No obstante, sería conveniente volver a hablar con las autoridades indias, ya que muy a menudo los europeos apuntamos con el dedo a los demás y les decimos lo que deben hacer, algo que suele impedir que alcancemos los objetivos que perseguimos, por lo que propongo a esta Cámara que esta sería una actitud más sensata.

 
  
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  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Señor Presidente, a menos que me engañen mis oídos, usted ha dicho que esta resolución ha sido aprobada en virtud del artículo 90, al no haberse presentado objeciones.

En segundo lugar, las embajadas siguen interfiriendo en lo que hacemos; en este caso se trata de la embajada de la India, pero estamos hablando a favor de un pueblo y no de una embajada, por lo que creo que debemos atenernos a la resolución en su versión actual.

 
  
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  Charles Tannock (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, voy a hablar de una cuestión totalmente distinta. Yo era Vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y coordinador adjunto en la Comisión de Asuntos Exteriores cuando este informe se tramitó en la Comisión de Desarrollo. Se trata principalmente de un informe sobre derechos humanos. No se pidió la opinión ni de Asuntos Exteriores ni de Derechos Humanos. No tuvimos la oportunidad de modificarlo. Es un informe sobre derechos humanos que se está tramitando en Desarrollo. No compete a esa comisión.

No es solo una cuestión del Gobierno de la India; es una cuestión de procedimiento. ¿Cómo podemos tramitar un informe en el Pleno sin una votación y sin la oportunidad de modificarlo cuando las comisiones que son las principales responsables de la cuestión ni siquiera han visto el informe, ni siquiera han tenido la oportunidad de corregir algunas imprecisiones materiales? ¡Contiene datos erróneos!

(Aplausos)

 
  
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  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(DE) Señor Presidente, como acaba de señalar el señor Swoboda, la resolución ya ha sido aprobada, por lo que el debate ha terminado, y todas las demás deliberaciones resultan superfluas. Si los señores Nassauer y Tannock desean redactar otro informe, deberán comenzar desde el principio, y lo votaremos dentro de cinco años.

 
  
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  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, como negociador sobre este informe en la Comisión de Desarrollo, estoy de acuerdo con lo que ha planteado mi colega, el señor Tannock, porque si tenemos una Subcomisión de Derechos Humanos, este informe tendría que haberse atribuido a dicha comisión para su tramitación. Solo se ha tramitado en la Comisión de Desarrollo, cuando tendría que haberse atribuido a la Subcomisión de Derechos Humanos, porque se trata fundamentalmente de un informe sobre derechos humanos. Por consiguiente, recomiendo que devolvamos el informe a la comisión y que pidamos a la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores que emita una opinión sobre el mismo.

(Aplausos)

 
  
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  Neena Gill (PSE).(EN) Señor Presidente, en calidad de presidenta de la Delegación SAARC, reconozco que se trata de un informe muy delicado. Sin embargo, tenemos que reconocer también que contiene algunos datos inexactos.

Por motivos de procedimiento, este informe fue aprobado en la Comisión de Desarrollo el 19 de diciembre de 2006 y la fecha límite era el 15 de enero de 2007. La mayor parte del período transcurrido coincidió con las vacaciones de Navidad. Hemos examinado las cuestiones; hemos mantenido varias reuniones; hemos emitido dictámenes; y pido, como presidenta de la delegación, que se nos dé la oportunidad de manifestar nuestra opinión. Soy partidaria de devolver el informe a la comisión. No se puede tramitar un informe sin debate o sin votación. Se está cortocircuitando el proceso de fiscalización democrática y creo que es importante que esta Cámara reciba el trato que merece.

(Aplausos)

 
  
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  Luisa Morgantini (GUE/NGL).(IT) Señor Presidente, Señorías, me entristece profundamente el ejemplo que estamos dando respecto a una resolución que hemos debatido exhaustivamente en la Comisión de Desarrollo y sobre la cual tuvimos tiempo para presentar enmiendas. Esta es una cuestión que no interfiere –sin duda no más que muchas otras resoluciones, mucho más vigorosas adoptadas por esta Cámara– en los asuntos internos de China.

Sabemos perfectamente que el sistema de castas es un tema sumamente delicado, pero hemos escuchado a los dalits, que no viven únicamente en India, sino también en numerosos otros países: estamos hablando de millones de personas que viven en condiciones degradantes e inhumanas.

Siento decirlo, pero creo que nuestro Parlamento está sentando un muy mal precedente y, al igual que con todas las demás resoluciones que se votarán, considero que esta, al tratarse de una resolución aprobada por la Comisión de Desarrollo, debería ser sometida a votación en el Parlamento, al referirse a un problema de dignidad humana y al derecho de millones de personas a vivir y a que se respete su vida y su dignidad.

(Aplausos)

 
  
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  El Presidente. Señorías, debemos atenernos al Reglamento. Ahora voy a leer a sus Señorías el apartado 4 del artículo 90 del Reglamento y les pido que escuchen atentamente, pues está redactado en una jerga jurídica muy difícil, pero esta es la norma que debe cumplir el Presidente, ya que debe basarse en las normas tal cual están redactadas.

El artículo 4 del artículo 90 reza así: «Las recomendaciones así formuladas se incluirán en el orden del día del periodo parcial de sesiones que siga inmediatamente a su presentación. En los casos de urgencia decididos por el Presidente, las recomendaciones podrán incluirse en el orden del día del periodo parcial de sesiones en curso. Las recomendaciones se considerarán aprobadas, a menos que, antes del comienzo del periodo parcial de sesiones, cuarenta diputados como mínimo hubieren presentado su oposición por escrito, en cuyo caso las recomendaciones de la comisión se incluirán para debate y votación en el orden del día del mismo periodo parcial de sesiones. Podrán presentar enmiendas un Grupo político o cuarenta diputados como mínimo».

Tengo que decir a este respecto –y me atengo al Reglamento, como es mi obligación– que ninguna propuesta ha sido presentada por cuarenta diputados antes de esta sesión, por lo que recomiendo que la comisión competente prosiga deliberando este tema –que es sumamente delicado– y que si esta llega a un resultado distinto en otro momento, no habrá problema, pero en estos momentos debo actuar según estipula el Reglamento del Parlamento.

(Aplausos)

 

7.7. Acuerdo de asociación CE-Gabón en el sector pesquero (votación)

7.8. Moratoria sobre la pena de muerte (votación)
  

– Antes de la votación sobre el apartado 2:

 
  
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  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, queremos pedirle que añada al apartado 2, después de las palabras «la moratoria universal sobre las ejecuciones», la frase «con vistas a su total abolición».

 
  
  

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

Antes de la votación del considerando H

 
  
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  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Señor Presidente, quisiera proponer la inclusión de las siguientes palabras al considerando H, que trata de la ejecución de Sadam Husein: «y deplorando la forma en que se llevó a cabo».

 
  
  

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

 

7.9. Fomentar una alimentación sana y la actividad física (votación)
  

- Antes de la votación

 
  
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  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, quiero hacer un breve comentario sobre la enmienda 1, que he presentado como ponente alternativo en nombre del Grupo del PPE-DE. La enmienda era correcta, pero tendría que haber dicho también que el autor original era el profesor Trakatellis. Le pido disculpas por no haber incluido su nombre. Espero que la inclusión de su nombre suscite un apoyo más amplio de esta Cámara a una buena enmienda.

 

7.10. Prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales (votación)

7.11. Discriminación de las jóvenes y las niñas en materia de educación (votación)
  

- Antes de la votación sobre el considerando G:

 
  
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  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, deseo hacer una breve declaración sobre esta enmienda.

(PL) El informe menciona numerosos aspectos negativos sobre el denominado feminismo y la segregación, por lo que considero que vale la pena destacar un ejemplo positivo. Marie Skłodowska-Curie podría servirnos de ejemplo de una mujer, madre, esposa, científica, ganadora del Premio Nobel y europea ejemplar. Es por ello por lo que me sorprende que la señora Flasarová, la ponente, se oponga a Marie Skłodowska-Curie y no puedo entender por qué motivo. ¿Se trata de adversidad entre mujeres? ¿Resulta política y psicológicamente correcta esta actitud?

 
  
  

– Antes de la votación de la propuesta modificada de resolución:

 
  
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  Věra Flasarová (GUE/NGL), ponente. – (FR) Gracias por darme la palabra, señor Presidente, Creo que podemos nombrar a muchas mujeres que han hecho una contribución importante a nuestra Unión Europea y a Europa. Por ello creo que no solo Marie Curie-Skłodowska, una mujer por la que siento una gran admiración, debería figurar en la lista. En mi opinión, este informe aborda los temas que hemos mencionado aquí. Gracias.

 

7.12. Estrategia para una asociación reforzada (votación)

7.13. Estatuto de la Sociedad Privada Europea (votación)
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  El Presidente. Con esto concluye la votación.

 

8. Explicaciones de voto
  

Informe Barón Crespo (A6-0473/2006)

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Voto a favor de la recomendación para aprobar los sistemas de separación destinados a proteger a los pasajeros en caso de desplazamiento del equipaje y suministrados como equipo no original del vehículo porque, en primer lugar, facilita la compraventa de vehículos de motor entre las partes contractuales, y en segundo lugar, porque garantiza un alto nivel de seguridad y protección del medio ambiente.

En vista de ello, no puedo sino apoyar la armonización de las normas aplicables a los vehículos de motor.

 
  
  

Informe Barón Crespo (A6-0472/2006)

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Voto a favor del Reglamento sobre la homologación de los vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera del conductor del vehículo. Por una parte, la armonización de la reglamentación aplicable a los vehículos de motor reducirá los obstáculos al comercio entre las partes contratantes y, por la otra, garantizará altos niveles de seguridad.

El proyecto garantiza un campo de visión a través del parabrisas y otras ventanas del vehículo, algo que debe aprobarse sin excepciones por razones de seguridad en general.

 
  
  

Informe Chichester (A6-0470/2006)

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a votar a favor de este informe, que refuerza nuestro acuerdo con la República de Corea para la cooperación científica y tecnológica. Seúl es una potencia industrial mundial cada vez más importante y es fundamental que la UE se relacione estrechamente con ese país, que tradicionalmente ha estado más cerca de los Estados Unidos que de nosotros. Supongo que este acuerdo incluirá la investigación científica y tecnológica en la Zona Industrial de Kaesong, administrada por Corea del Norte y Corea del Sur, y a este respecto tengo la seguridad de que la República de Corea celebrará nuestro compromiso, que Washington deniega actualmente.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. (EL) Nos oponemos radicalmente a la propuesta del Consejo en materia de cooperación científica entre la UE y Corea porque la orientación y la fragmentación de la investigación contribuye a la rentabilidad de los grupos monopolísticos y del capital en general, y va en contra de las verdaderas necesidades de los trabajadores. Los intereses populares exigen luchar contra esta opción reaccionaria para la investigación y acuerdos similares, y contra la política contra los trabajadores en general y de la propia UE, así como luchar a favor de un cambio radical para que la investigación pueda dirigirse a satisfacer las necesidades contemporáneas de las clases trabajadoras y movimientos de base.

 
  
  

Informe Budrekaitė (A6-0474/2006)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de la diputada lituana, la señora Budreikaitė, sobre la integración de la sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo. En él se manifiesta con acierto que el desarrollo sostenible se basa en la idea de que la satisfacción de las necesidades de la actual generación no debe comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Es justo integrar los conceptos de desarrollo sostenible en las políticas de desarrollo en los planos europeo y nacional, conceptos que incluyen la prosperidad económica, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. Y es necesario, sobre todo, cuando se trata de cooperación en materia de medio ambiente, algo muy difícil de lograr dados el desarrollo demográfico del planeta y la necesidad de erradicar la pobreza. La UE debe protagonizar la reafirmación mundial de los conceptos de sostenibilidad. No en vano, esta es una de las principales misiones de la UE.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe no menciona las causas subyacentes de la creciente y cada vez más profunda desigualdad social por lo que se refiere al desarrollo, de la explotación sin límites de los recursos naturales y de la masiva destrucción del medio ambiente en todo el mundo, y no señala al verdadero culpable, es decir, el capitalismo. A pesar de ello, recoge una amplia gama de propuestas y elementos que acogemos favorablemente, como que se cumpla el objetivo del 0,7 % del PIB a fin de lograr una cooperación eficaz al desarrollo que se caracterice por la solidaridad.

Sin embargo, no podemos aceptar los siguientes elementos, por ejemplo:

- debido a que «las autoridades locales de los países en desarrollo no se encuentran aún en condiciones de hacer frente a los volúmenes de financiación necesarios para llevar a cabo inversiones de gran envergadura para la construcción y el mantenimiento de redes de infraestructuras como, por ejemplo, la conducción de agua o el saneamiento», el informe concluye que la solución es «únicamente la aportación adicional de capital privado, mediante una asociación público-privada, permitirá que se alcance el volumen de financiación necesario», poniendo este recurso fundamental a disposición del capital privado;

- y condicionar la reducción –y no la cancelación– de la deuda de los países menos desarrollados de lo que se denomina «buena gobernanza», cuyos criterios son dictados por los caprichos de las grandes potencias.

A ello se debe el sentido de nuestro voto.

 
  
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  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Durante los últimos quince años hemos avanzado en la lucha contra la pobreza, aunque no en la medida que habíamos esperado, pues incluso si logramos que avance el desarrollo económico de un país, ello no significa que con ello se haya reducido la pobreza ni mucho menos. No debemos permitir que los fondos destinados a las personas desfavorecidas acaben en sistemas corruptos o incluso que se utilicen para fines tales como la compra de armamento o el apuntalamiento de regímenes dictatoriales.

Es en este aspecto en el debemos vigilar la eficacia si deseamos que los fondos para el desarrollo se dediquen en el lugar y al fin adecuados. Sería igualmente conveniente considerar la posibilidad de concentrar estos fondos en lo que se denomina «países de referencia», que son capaces de impulsar el desarrollo de toda una región, y también deberíamos mostrarnos abiertos a nuevos planteamientos, como el empleo de los microcréditos para que los pobres vuelvan a ponerse de pie de forma permanente.

 
  
  

Resolución sobre la situación de los derechos humanos de los dalit en la India (B6-0021/2007)

 
  
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  Charles Tannock (PPE-DE).(EN) Solo quiero ampliar lo que he dicho antes en relación con la manera en que se ha tramitado en esta Cámara la resolución sobre los derechos humanos de los dalit, sin oportunidad de modificarla, y en particular destacar una serie de datos inexactos en el informe que no ha llegado ni a la Comisión de Asuntos Exteriores ni a la Subcomisión de Derechos Humanos para que emitan su opinión. Protesto por la forma en que algunos diputados a esta Cámara están utilizando el apartado 4 del artículo 90 del Reglamento. Por ejemplo, la resolución destaca la incidencia de delitos cometidos contra los dalit y habla de delitos terribles y frecuentes contra ellos, como por ejemplo asesinatos. Bien, quiero decir que en realidad la incidencia de asesinatos cometidos en la India contra los miembros de la casta de los dalit es del 2,04 %, cuando constituyen el 14 % de la población. Así que, de hecho, los dalit gozan de más seguridad que los miembros de las demás castas.

La resolución no menciona los efectos de la Ley de prevención de atrocidades, concebida para facilitar la condena de los que han agredido a los dalit, y tampoco menciona el hecho de que la tasa de alfabetización, aunque es muy baja entre los dalit, está muy cerca de la media nacional. No menciona que el Gobierno concede una recompensa con vistas a erradicar la intocabilidad y que se dan incentivos en metálico para promover los matrimonios mixtos entre miembros de diferentes castas.

Este informe es muy poco equilibrado; está plagado de datos inexactos y lamento, señor Presidente, que no pudiera usted devolverlo a la comisión, pero yo mantengo mi postura.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución presentada por la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos de los dalit en la India. Aunque considero que la Unión Europea debe mostrarse muy cuidadosa al interferir en las constituciones de otros países, apoyo esta resolución porque denuncia la inaceptable situación de los dalit, que es consecuencia de la no aplicación de las distintas disposiciones que prohíben la discriminación basada en las castas.

Según este informe y numerosos estudios, los dalit son víctimas de delitos y faltas que no son sancionados. A lo que hay que añadir los abusos que sufren niños y mujeres que son víctimas de dos formas de discriminación –la discriminación de casta y la de género– a todo lo largo de sus vidas, incluyendo abusos sexuales. Sí, el Parlamento Europeo tiene derecho a denunciar esta vergonzosa situación.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) El trato que reciben los dalit en la India plantea algunos graves problemas de derechos humanos. Debería existir el derecho universal a un trabajo digno y a la no discriminación, pero el sistema de castas que existe actualmente en la India no garantiza ninguno de esos derechos a los dalit. Puesto que los cimientos de la UE y del Parlamento Europeo se sustentan en valores compartidos, de los que la no discriminación es un elemento fundamental, nuestra obligación es manifestar preocupación cuando vemos que esos valores se violan y esos derechos se niegan a otros en terceros países.

 
  
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  Margrietus van den Berg (PSE), por escrito. (NL) El inmenso problema que representan las personas que incluso en nuestros días son considerados parias y, por ende, «intocables», resulta inquietante. La segregación social que sufren los dalit puede compararse al apartheid que existía en Sudáfrica.

La mayor parte de estos «intocables» vive en la India, donde son más de 160 millones de personas. A menudo se les excluye de los servicios básicos, como la educación, la atención sanitaria y el agua potable, no se les permite poseer tierras y son víctimas con frecuencia de la violencia y la explotación.

Es por ello por lo que tengo la intención de votar a favor de esta resolución que insiste en que el Gobierno indio redoble sus esfuerzos para eliminar la discriminación basada en las castas y promueva la igualdad de oportunidades. Cabe felicitarse de que el Parlamento Europeo haga propuestas concretas para luchar contra esta discriminación estructural contra un pueblo.

Como señaló el propio Primer Ministro de la India el 27 de diciembre de 2006: «Los dalit se enfrentan a una discriminación única en nuestra sociedad que se distingue fundamentalmente de los problemas de los grupos minoritarios en general. El único paralelo con esta discriminación era el apartheid en Sudáfrica». Espero que la UE aborde esta cuestión en el marco de sus relaciones con la India y contribuya a suprimir está burda injusticia social.

 
  
  

Informe Arnaoutakis (A6-0477/2006)

 
  
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  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Gabonesa, así como al resto de acuerdos similares celebrados con otros países de los denominados ACP (África, Caribe y Pacífico) y con algunos otros Estados más.

Estos acuerdos se basan en el principio de la cooperación recíproca y se inscriben en el enfoque de asociación que se está aplicando a la dimensión exterior de nuestra política común de pesca. A través de estos acuerdos conseguimos un doble objetivo: en primer lugar, garantizamos la protección de los intereses de la flota pesquera de gran altura de la Unión y, en segundo lugar, mejoramos las condiciones para lograr una pesca sostenible en las aguas de los países asociados.

A este respecto, debo finalizar resaltando que la Unión —y, por tanto, nuestra flota de altura frente a otras que incluso operan ilegalmente— se ha comprometido a asegurar el carácter sostenible de las actividades pesqueras mundiales y ha aceptado el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Debemos impulsar este y otros acuerdos, porque favorecen el desarrollo de los países con los que nos asociamos.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El nuevo Acuerdo de asociación con la República de Gabón, que entró en vigor el 3 de diciembre de 2005, tiene una vigencia de seis años y recoge un protocolo que reducirá en un 40 % las oportunidades de pesca de que disponen las distintas flotas de los Estados miembros de la UE que operan en estas aguas, entre ellas la flota portuguesa.

Además, al igual que en otros acuerdos de pesca del atún, las cuotas que deben pagar los armadores han aumentado entre un 25 % y un 35 % del coste total, obviamente con la reducción de la contribución comunitaria.

Lo que probablemente sucederá es que no se aprovecharán todas las oportunidades que ofrecen los acuerdos y el desguace de muchos busques pesqueros de altura, algo que ya sucede en Portugal.

Esta situación nos lleva a cuestionar las consecuencias reales de estos acuerdos, cuyos costes para las flotas van en aumento, al tiempo que disminuyen las oportunidades de pesca.

Resulta alarmante, en particular para la flota portuguesa, que este acuerdo acabará con la proporcionalidad y la relativa estabilidad de la distribución de las oportunidades de pesca con otras flotas que contemplaba el acuerdo precedente.

Portugal perderá un 50 % de las oportunidades de pesca para sus palangreros de superficie, con tan solo tres licencias en comparación con las seis que le otorgaba el acuerdo anterior.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Apoyo este informe, por el que se modifica el Acuerdo de asociación en el sector pesquero. Apoyo en particular el llamamiento a una mayor participación parlamentaria antes de cualquier posible prórroga de dicho acuerdo. Celebro asimismo que se tengan en cuenta las necesidades de desarrollo de las poblaciones costeras.

 
  
  

Resolución sobre una moratoria universal respecto de la pena de muerte (B6-0032/2007)

 
  
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  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, no hace falta decir que he votado a favor de la resolución por una moratoria universal sobre la pena de muerte por ser un acérrimo enemigo de la pena capital, sobre todo a nivel personal.

Sin embargo, quiero expresarme con toda claridad. Aunque me oponga a la pena capital, creo firmemente que debemos combatir firmemente la delincuencia. Lo que intento decir es que debido a la apatía y cobardía de numerosos Gobiernos europeos, como sucede en mi propio país, los reos de graves delitos penales, asesinos y violadores de niños son liberados anticipadamente de forma sistemática y es debido a esta falta de rigor y a esta cobardía que la gente pide ahora que se vuelva a introducir la pena capital en Europa. Al ser contrario a dicha pena, me doy cuenta de dónde provienen estas personas y considero que las quejas formuladas por ellas deberían tenerse debidamente en cuenta.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) he votado a favor de la propuesta conjunta de resolución presentada por cinco Grupos políticos relativa a una iniciativa a favor de una moratoria universal respecto a la pena de muerte. En un momento en que se celebra el Tercer Congreso contra la pena de muerte en París, sería oportuno que la Unión Europea reiterara sus convicciones y pidiera que se hiciese todo lo posible para lograr una moratoria universal de las ejecuciones con el fin de llegar a la abolición completa de la pena de muerte.

Escribo esto con el orgullo de ser ciudadano de un Estado miembro que, a propuesta de su Presidente, el Presidente de la República Francesa, el señor Chirac, y gracias a la sabiduría de sus representantes electos, en breve modificará su Constitución para introducir una prohibición de la pena de muerte, algo que ya se contempla en la ley.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución porque me opongo a la pena de muerte, que constituye un ejemplo atroz, en este siglo XXI, de barbarie y violación de la dignidad humana.

No podemos tolerar que continúe este estado de cosas. Por ello estoy de acuerdo con la propuesta de hacer un llamamiento a favor de una moratoria universal respecto a la pena de muerte en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 
  
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  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN), por escrito. (PL) No he firmado el proyecto de resolución conjunta presentada por varios Grupos políticos, relativa a una moratoria mundial de la pena de muerte, ni tengo intención de votar en su favor.

Apoyo plenamente los compromisos de Derecho internacional que Polonia asumió al ingresar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, pero no considero que la abolición de la pena de muerte en otras partes del mundo sea la solución para el problema de la violencia y la brutalidad.

Creo que es correcto condenar el abuso de la pena capital y su aplicación en condiciones de barbarie, como en el caso de la ejecución de Sadam Husein y de Barzan Ibrahim al-Tikriti.

No obstante, la abolición total de la pena de muerte para delincuentes, terroristas y dictadores sedientos de sangre en las partes más inestables y violentas del mundo constituye una propuesta irresponsable, carente de sentido y perjudicial.

Al intentar la introducción de esta moratoria mundial, la Unión Europea se muestra incapaz de ofrecer a los países que se ven asolados por la violencia una ayuda significativa en el ámbito de la seguridad pública. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno italiano, que ha recibido hoy el apoyo de la Unión Europea, puede considerarse un acto de hipocresía.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Entre los requisitos para la adhesión de nuevos Estados miembros a la UE figura el que exige que estos no apliquen la pena capital ni la contemplen en su legislación. Estoy de acuerdo en que tratemos de promover esto en todo el mundo.

Es una vergüenza desde los Estados Unidos hasta China, desde Asia Central hasta África Central. El problema es que mostramos cierto grado de hipocresía cuando algunas ejecuciones nos parecen más aceptables que otras. Está igual de mal ejecutar a Sadam Husein y a Timothy McVeigh, el terrorista que puso la bomba de Oklahoma, que a Ken Sara-Wiwo, el activista nigeriano en defensa de los derechos humanos, o a los cientos de víctimas del régimen totalitario y brutal de Sadam Husein. Solo puedo esperar que en el futuro nos opongamos a estos bárbaros espectáculos públicos de la misma forma que nos oponemos a las ejecuciones en China, puesto que ahora la tecnología moderna permite sustituir las ejecuciones públicas por la retransmisión de las mismas a través del teléfono móvil.

 
  
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  Marcin Libicki (UEN), por escrito. (PL) No he firmado el proyecto de resolución conjunta presentada por varios Grupos políticos, relativa a una moratoria mundial de la pena de muerte, ni tengo intención de votar en su favor.

Apoyo plenamente los compromisos de Derecho internacional que Polonia asumió al ingresar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, pero no considero que la abolición de la pena de muerte en otras partes del mundo sea la solución para el problema de la violencia y la brutalidad.

Creo que es correcto condenar el abuso de la pena capital y su aplicación en condiciones de barbarie, como en el caso de la ejecución de Sadam Husein y de Barzan Ibrahim al-Tikriti.

No obstante, la abolición total de la pena de muerte para delincuentes, terroristas y dictadores sedientos de sangre en las partes más inestables y violentas del mundo constituye una propuesta irresponsable, carente de sentido y perjudicial.

Al intentar la introducción de esta moratoria mundial, la Unión Europea se muestra incapaz de ofrecer a los países que se ven asolados por la violencia una ayuda significativa en el ámbito de la seguridad pública. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno italiano, que ha recibido hoy el apoyo de la Unión Europea, puede considerarse un acto de hipocresía.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Los derechos humanos fundamentales constituyen una parte esencial del papel y la identidad de la Unión Europea. Como institución de la UE, el Parlamento Europeo tiene la obligación de apoyar los esfuerzos por propagar esos valores fuera de las fronteras de la Unión. El respaldo a la moratoria sobre la pena de muerte da a entender que algunos derechos humanos tienen que defenderse universalmente. Apoyo en particular la referencia en la resolución a la vergonzosa manera en que se ha llevado a cabo la ejecución de Sadam Husein.

 
  
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  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito.(FR) Tenemos a Francia con sus embrollos judiciales, a Iraq, donde los encargados de juzgar al Jefe de Estado aparecieron montados sobre los misiles de los invasores y, por supuesto, China, donde todo esta a la venta, incluso balas para que la gente se vuele los sesos con ellas. Luego tenemos a Libia y el caso de las enfermeras búlgaras.

En este siglo XXI, en el que los problemas cada vez se entremezclan más de forma voluntaria, la pena de muerte ahora se lleva a cabo en los hospitales franceses, donde se liquida a los ancianos para liberar camas y equilibrar las cuentas. Se lleva a cabo en la Europa de Maastricht, donde al no realizar las inversiones necesarias, matamos nuestro propio futuro.

El azote ideológico del padre Malthus –crecimiento cero y subdesarrollo sostenible– ha infectado a nuestros responsables políticos. Al parecer no existen plazas suficientes en la mesa del banquete del género humano. Y de este modo, dejamos a los ancianos a la merced de las olas de calor y de las inyecciones letales, y jubilamos anticipadamente a los trabajadores y reducimos sus horas de trabajo. La legislación fiscal ejerce su dominio, la legislación laboral no nos deja espacio para respirar y la legislación presupuestaria no nos brinda lo que nos corresponde. Entretanto, en la punta de esta escalera de sanciones maltusianas, la legislación penal corona esta sociedad nuestra con la cultura de la muerte. En la economía maltusiana, el «Estado eutanazi», el «principio de cautela» y la pena capital comparten cama con el orgullo y la complacencia.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito.(FR) Un gran número de países consienten la pena de muerte y la lista de víctimas es mayor aún. Tan solo en 2005 fueron ejecutadas 2 148 personas.

¿Y qué hace Europa? ¿Es posible que un Estado europeo permita la pena de muerte? No, decididamente no. Además, los países que son actualmente candidatos a la adhesión a la Unión Europea están obligados a abolirla.

Nosotros, diputadas y diputados al Parlamento Europeo, creemos incluso que es necesario ir aún más lejos. Ese es el objetivo de la resolución contra la pena de muerte que ha adoptado hoy el Parlamento. Con la previsible excepción de la extrema derecha, todos los Grupos políticos del Parlamento han firmado ya la declaración a favor de una moratoria respecto a la pena de muerte con miras a su abolición universal.

Se ha alcanzado la mayoría necesaria para la adopción de la resolución, lo que constituye un consenso poco habitual en este Parlamento. Esta mayoría deja claro que formar parte de la UE no es solo cuestión de acordar cuotas pesqueras. Sobre todo deja claro que Europa no cede en sus valores fundamentales. Europa se encuentra a la vanguardia de la lucha para abolir la pena de muerte, algo que vale la pena mencionar.

 
  
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  Konrad Szymański (UEN), por escrito. (PL) No he firmado el proyecto de resolución conjunta presentada por varios Grupos políticos, relativa a una moratoria mundial de la pena de muerte, ni tengo intención de votar en su favor.

Apoyo plenamente los compromisos de Derecho internacional que Polonia asumió al ingresar al Consejo de Europa y a la Unión Europea, pero no considero que la abolición de la pena de muerte en otras partes del mundo sea la solución para el problema de la violencia y la brutalidad.

Creo que es correcto condenar el abuso de la pena capital y su aplicación en condiciones de barbarie, como en el caso de la ejecución de Sadam Husein y de Barzan Ibrahim al-Tikriti.

No obstante, la abolición total de la pena de muerte para delincuentes, terroristas y dictadores sedientos de sangre en las partes más inestables y violentas del mundo constituye una propuesta irresponsable, carente de sentido y perjudicial.

Al intentar la introducción de esta moratoria mundial, la Unión Europea se muestra incapaz de ofrecer a los países que se ven asolados por la violencia una ayuda significativa en el ámbito de la seguridad pública. Por consiguiente, la iniciativa del Gobierno italiano, que ha recibido hoy el apoyo de la Unión Europea, puede considerarse un acto de hipocresía.

 
  
  

Informe Ries (A6-0450/2006)

 
  
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  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, el informe de la señora Ries y la lucha contra la obesidad invade cuestiones que son competencia de los Estados miembros. Además, este informe aborda cuestiones que no son de la incumbencia de los políticos. En mi opinión, la perspectiva personal no aparece en ninguna parte.

Decir que la obesidad es una enfermedad crónica no solo es un error, sino que equivale a aceptar la responsabilidad de las personas que tienen sobrepeso o, peor aún, despojar a un gran número de estas personas de la esperanza de poder hacer algo para mejorar su propia situación. El sobrepeso puede ser de hecho un síntoma de enfermedad crónica, pero afirmar cualquier cosa de más es crear el estigma con el que el informe pretende acabar.

No obstante, lo que me parece más grave es algo muy distinto, a saber, el deseo de conducir los medios de comunicación en una dirección que resulta oportunista en la situación actual. Esto resulta inaceptable y no es a lo que deberían dedicarse los políticos. Me asombra que muchos de los diputados suecos hayan votado a favor de este informe. Nosotros, los conservadores suecos, hemos votado obviamente en contra.

 
  
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  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) No consideramos que la valoración de lo que se denomina obesidad crónica sea una cuestión política. Esa tarea corresponde a la ciencia médica. Por eso, nos hemos abstenido en la votación sobre este tema.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de la señora Ries sobre la dimensión europea de la prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. El número de personas que sufren obesidad en Europa ha aumentado de forma espectacular en los últimos 30 años. Este fenómeno es comparable a lo que sucedió en los Estados Unidos durante los años noventa, pues actualmente en Europa se considera que un 27 % de los hombres y un 38 % de las mujeres sufren sobrepeso o son obesos.

Las propuestas del Parlamento Europeo se basan en una alimentación sana, el ejercicio físico y el tratamiento desde la infancia y a lo largo de toda la vida adulta. Los profesionales de la salud, el deporte, la calidad de los productos agrícolas, los comedores escolares, la educación, la comunicación y la mención de los valores nutritivos en las etiquetas constituyen algunos de los factores en los que debe basarse la Unión Europea para luchar contra este azote.

Es de suma importancia que la Comisión Europea lleve a cabo un estudio socioeconómico de las consecuencias de las enfermedades asociadas al sobrepeso de las personas, no solo a nivel de gasto sanitario, que sabemos que representa entre un 4 % y un 7 % del gasto total, sino también en lo referente al empleo, el desempleo, las bajas laborales y la invalidez.

 
  
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  Liam Aylward (UEN), por escrito. (EN) A principios de esta semana pedí al Gobierno irlandés que presentara propuestas con miras a prohibir totalmente los anuncios en televisión de alimentos y bebidas con un alto contenido de grasa, sal y azúcar dirigidos específicamente a niños menores de 16 años.

La obesidad infantil es un grave problema en Irlanda y en Europa, que tiene que acometerse con instrumentos eficaces.

En Gran Bretaña se va a imponer una prohibición como esa después de cuatro años de extensa investigación y consulta. La investigación se basó en 2 000 entrevistas a niños, padres y profesores, así como en datos sobre los hábitos alimenticios de las familias, obtenidos de una muestra de 11 000 personas. Esta investigación demostró claramente que los anuncios de televisión sí que afectan a las preferencias alimenticias de los niños.

El Gobierno británico calcula que en los hogares donde los niños ven muchos programas dirigidos a adultos, además de los programas infantiles y juveniles, los niños verían un 41 % menos de anuncios de alimentos y bebidas con un alto contenido de grasa, sal y azúcar.

Estamos hablando de proteger a nuestros niños y ese debe ser nuestro principal interés en todo momento.

 
  
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  Lena Ek y Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Los problemas de salud pública son muy importantes, y las personas que los sufren necesitan toda la ayuda posible.

Sin embargo, en nuestra opinión, esta resolución traspasa los límites de la subsidiariedad. Estos temas deberían abordarse a nivel nacional y regional, razón por la cual hemos decidido abstenernos en la votación.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, porque la lucha contra la obesidad debería ser una prioridad política para la UE. Después de todo, un 27 % de los hombres y un 38 % de las mujeres sufren de sobrepeso en Europa.

Más preocupante aún resulta la obesidad infantil. Más de cinco millones de niños (en la UE-25) son obesos y cada año aparecen aproximadamente 300 000 nuevos casos. Esta tendencia debe invertirse con carácter de urgencia.

Apoyo la mayoría de las medidas propuestas, por ejemplo, informar a los consumidores desde su infancia, imponer restricciones a la publicidad por televisión; indicaciones sobre nutrición y salud en las etiquetas de los alimentos y una mayor coherencia entre la política agrícola común y las políticas sanitarias.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos felicitamos de la adopción de este informe que, entre otras cosas, menciona los siguientes temas clave: que la promoción de una dieta sana y del ejercicio físico deben ser una prioridad política para los Estados miembros y para la UE, y constituir un componente fundamental en la lucha contra la obesidad, y la recomendación de que la obesidad se reconozca oficialmente como una enfermedad crónica.

La obesidad es la forma más habitual de mala alimentación y se debe a un almacenamiento excesivo de grasas. Va acompañada de enfermedades debilitantes progresivas y constituye un grave riesgo de muerte entre el resto de la población. Por ello, constituye un creciente problema de salud pública.

Como señala el informe, según datos de 2006, más de 300 millones de personas en todo el mundo son obesas, cifra que se ha duplicado en los últimos 15 años.

Por consiguiente, además de intensificar la lucha contra la enfermedad al permitir que los pacientes tengan acceso a atención sanitaria, medicamentos, asesoramiento psicológico, etc., es necesario adoptar una estrategia preventiva que promueva dietas y estilos de vida sanos, y que preste especial atención a las mujeres y los niños, que son los más vulnerables a esta enfermedad, como han puesto de manifiesto los estudios.

 
  
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  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. (DE) Todo lo que intentamos hacer en el frente del medio ambiente y de la salud está destinado a proteger la salud. Las competencias en este ámbito corresponden a los Estados miembros, y así es como deben seguir. La idea de la prevención cada vez adquiere mayor importancia. El informe Ries describe los riesgos para la salud que implica la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas. ¿Por qué sufren de sobrepeso nuestros niños?

¿Cuáles son las causas? Estos temas deben ser objeto de debate a fin de sensibilizar a la población, en particular en las familias. La posibilidad de mantenernos sanos cada día es algo que debe transmitirse a través de la educación escolar y general. Para prevenir estas enfermedades será absolutamente necesario realizar cambios sociales, pero estos no se lograrán simplemente por medio de prohibiciones de publicidad, la difusión de información en materia de salud y regalando bolsas deportivas a los niños cuando entran en la escuela primaria. Vivimos en una sociedad que vive con rapidez, en la que tanto el padre como la madre trabajan, y en la que a menudo escasea el tiempo para la familia, para educar a los hijos y para cocinar.

Esto hace que sea aún más importante que la sociedad adopte medidas preventivas, y las escuelas y establecimientos educativos deben asumir la función de difundir aptitudes para la vida diaria. Aun así, no debemos dejar de recordar a las familias que esas tareas y obligaciones les son inherentes y facultarlas para que las realicen y cumplan. Ni siquiera la UE puede hacer que la gente sea esbelta y goce de una vida saludable. Los Estados miembros deben elaborar planes de acción y medidas, pero los ciudadanos tienen que ponerlos en práctica por sí mismos.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito.(FR) El hecho de que la Comisión Europea se preocupe por que todos tengan una dieta saludable y realicen ejercicio físico para luchar contra el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas es un punto a favor de ella.

Sin embargo, la propuesta maratoniana de resolución, que tiene 18 considerandos y 53 apartados, que ha redactado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria resulta inaceptable en la medida que recomienda medidas que interfieren con las competencias de los Estados miembros, algunas en forma de actos legislativos comunitarios.

Por supuesto, estoy de acuerdo con la advertencia que deseamos transmitir ante la epidemia de obesidad que afecta a tres millones de niños y entre un 20 % y un 30 % de los adultos, en un momento en que 14 millones de niños y la mitad de la población adulta presentan sobrepeso.

En la lucha para fomentar hábitos alimenticios sanos y el consumo de productos de alta calidad tenemos aliados de alto calibre en Eurochefs, una asociación integrada por 4 000 cocineros de 17 Estados miembros que se ajustan a un código de conducta, promueven la calidad intrínseca de los alimentos y actúan como guardianes de los productos rurales.

Creo que deberíamos aprovechar sus conocimientos y su disposición para difundir buenas prácticas...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) Apoyo firmemente este informe, así como el Libro Verde de la Comisión titulado «Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas», que se menciona en el informe. Los problemas de salud pública preocupan cada vez más en Europa y este informe realiza una valiosa contribución. Celebramos que el informe haga hincapié en el papel fundamental de las escuelas, así como el llamamiento a la acción para hacer frente al alarmante deterioro del valor nutricional de las frutas y hortalizas.

 
  
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  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Lo importante en esta cuestión es que todos sabemos lo que es sano y lo que no, incluso sin las etiquetas que impone la UE, y sin embargo, nuestros hábitos dietéticos y de forma de vida han cambiado hasta tal punto que la obesidad ha asumido proporciones inquietantes, con todas las consecuencias que tiene para nuestra salud. Sin embargo, la combinación de falta de movimiento, mala alimentación y exceso de televisión hacen que la gente se muestre más agresiva.

Desde hace algún tiempo se llevan a cabo planes de acción para la salud, los cuales deberían comenzar en los primeros años de la escuela, ya que en ese momento es muy grande el riesgo de comer en exceso de forma compulsiva, pero los certificados de nutrición, los grupos de juego con fines sanitarios e incluso las prohibiciones de publicidad no nos llevarán donde deseamos llegar. Es en la familia donde debe nacer y estimularse el amor por el deporte, que resulta tan importante para reducir el estrés y la agresión, así como los hábitos sanos en materia de alimentación.

Y es precisamente este bloque fundamental de nuestra sociedad el que es bombardeado constantemente por el mundo moderno del trabajo, sus horarios flexibles, los fines de semana y turnos de trabajo, y la constante exigencia de incrementar las horas de apertura. Cuando la gente está agotada tras una larga jornada laboral, es más fácil que recurran a la comida rápida y no que hagan el esfuerzo de cocinar; tiene ganas de desplomarse ante la televisión con algún alimento crujiente y un refresco, y sus hijos imitan su comportamiento.

Al tiempo que recomendamos que la gente haga más ejercicio, reducimos las clases de deporte por motivos presupuestarios o permitirnos que los niños extranjeros no participen en ellas por motivos religiosos, y el apoyo a los clubes deportivos cada vez es menor.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Apoyo el informe de la señora Ries sobre el fomento de una alimentación sana y la actividad física. Estoy de acuerdo en que la lucha contra la obesidad infantil debe ser una prioridad política de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Debemos tomar medidas urgentes para animar a los niños a disfrutar de un estilo de vida saludable e instar a los Estados miembros a aumentar las horas de educación física previstas en las escuelas.

Celebro que el informe reconozca la importancia y el potencial de los sistemas de indicaciones alimentarias que existen en varios Estados miembros. Celebro el llamamiento que se hace a la Comisión para que investigue y desarrolle un «sistema de etiquetado nutricional en el embalaje» provisto de un fundamento científico y armonizado en toda la UE. Creo que esa es una forma muy sencilla pero eficaz de animar a los ciudadanos a elegir alternativas más saludables. Tenemos que actuar urgentemente para informar a las personas de que su salud y la de las generaciones futuras están en sus manos.

 
  
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  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Los malos hábitos alimenticios de larga duración y la falta de ejercicio suficiente tienen por resultado que cada año miles de personas tengan que hacer frente a la obesidad en la Unión Europea. Con ello aumentan los riesgos de numerosas enfermedades graves, como las enfermedades cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos respiratorios.

Este fenómeno no solo afecta a la salud pública, sino que incrementa el gasto de los seguros de enfermedad en los Estados miembros. Por ello estoy a favor de abordar este problema de forma integral. Facilitar información, así como educar a los consumidores, intercambiar buenas prácticas entre los Estados miembros, etiquetar claramente los alimentos y realizar campañas en las escuelas para promover un estilo de vida más sano, todo ello contribuiría a introducir los cambios de comportamiento que son necesarios.

La lucha contra el exceso de peso no conoce fronteras. En Europa podemos hacer una contribución importante y aprender unos de otros distintas maneras de resolver este problema. La cooperación con las empresas, medios de comunicación, sistema educativo y sociedad civil de los Estados miembros me parece el mejor camino a seguir.

 
  
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  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) No cabe duda de que la obesidad y el sobrepeso constituyen un importante problema de salud pública en Europa, que debe ocupar un lugar destacado en nuestro orden del día. Sin embargo, no debemos considerarlo una enfermedad crónica, como se hace en este informe. También es importante que los escolares reciban educación física y tengan oportunidades para hacer ejercicio durante los recreos. Sin embargo, corresponde a cada uno de los Estados miembros decidir la prioridad que desea conceder a este tema. El principio de subsidiariedad impide que pase a ser una competencia comunitaria. Por lo tanto, he decidido votar en contra del informe en su conjunto.

 
  
  

Informe Wallis (A6-0405/2006)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito.(FR) He votado a favor del excelente informe de la señora Wallis, que contiene una serie de recomendaciones sobre la prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales. En el marco de la construcción de nuestro entorno europeo, deberíamos hacer cuanto podamos por facilitar la existencia a nuestros conciudadanos. Esto se aplica a los plazos para armonizar los períodos de prescripción. La introducción del principio de país de origen, al menos de forma provisional, constituye una idea muy interesante por cuanto conferiría a las víctimas unos derechos que les son conocidos. Este informe envía un mensaje rotundo a la Comisión y demuestra que el Parlamento está a la espera de una propuesta legislativa que debería ir precedido de un estudio de este tema.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) A medida que aumenta el tráfico transfronterizo, aumenta igualmente el número de accidentes en los que se ven implicados ciudadanos de otros Estados miembros de la UE. Una investigación de los efectos que tienen las diferencias de periodos de prescripción y, en particular, del número de lesiones personales sufridas por ciudadanos en zonas transfronterizas y de los diferentes periodos de prescripción podría ayudarnos a comprender esta situación.

Los periodos de prescripción van desde 12 meses en algunos países hasta 30 años o más en otros. Estas diferencias podrían hacer que se denegase a los lesionados su derecho a recibir indemnización si no inician las acciones legales de conformidad con la legislación extranjera en materia de prescripción.

De este modo, los miembros más vulnerables de la sociedad corren el gran riesgo de que se restrinjan sus derechos. En particular los derechos de aquellas personas que han sufrido lesiones muy graves o que por algún motivo no han podido reivindicar sus derechos de forma adecuada.

Por ello sería conveniente encontrar una solución equitativa y viable que ayude a las víctimas y a sus representantes sin que el coste del seguro se haga prohibitivo y sin socavar el principio de subsidiariedad, o que se busquen los países en los que el coste de los aseguradores sea inferior, como podría suceder si en estos casos se aplicase el principio de origen.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de las propuestas sobre los plazos de prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentales mortales. Me parece esencial que los ciudadanos europeos puedan tener la libertad de viajar en la Unión Europea y sentirse seguros sabiendo que si surgen problemas, no se encontrarán con restricciones innecesarias para obtener la indemnización legal que pueda corresponderles en otro país distinto del suyo. Este informe contribuirá a asegurarlo. En él se pide a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación sobre los efectos que tiene la existencia de plazos de prescripción diferentes en el mercado interior y, en particular, de la manera en que afecta a los ciudadanos en el ejercicio de las libertades que se les reconocen en el Tratado. Es importante que toda nueva propuesta legislativa en este ámbito se base en pruebas sólidas, sobre todo para asegurar que cualquier futura legislación introduzca medidas concretas y específicas para resolver los problemas. Así pues, he votado a favor del informe Wallis, que insta a la Comisión a presentar las pruebas necesarias para que esta ley pueda seguir adelante.

 
  
  

Informe Flasarová (A6-0416/2006)

 
  
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  Nina Škottová (PPE-DE).(CS) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, lo que más impresionó de este informe es el énfasis que pone en el hecho de que las mujeres logran un número muy inferior de cualificaciones académicas al de los hombres. Únicamente un 15 % de los profesores a tiempo completo son mujeres, en tanto que el número de mujeres que obtienen un título universitario es superior al de los hombres, a saber: un 59 % del total. El bajo porcentaje de mujeres con cualificaciones académicas no puede acharcarse a la discriminación contra las mujeres y niñas en materia de acceso a la educación. Este reducido porcentaje se debe a otros factores. Si realmente deseamos invertir esta tendencia es indispensable que definamos y analicemos estos factores, e intentemos abordar esta cuestión de manera selectiva. Por ejemplo, la necesidad de eliminar los estereotipos en las jerarquías de las organizaciones. Las mujeres son muy bien acogidas y recibidas como miembros de los equipos de investigación. Sin embargo, se confía menos en sus capacidades cuando se trata de dirigir dichos equipos. Y sin embargo, son precisamente esos puestos los que permiten la formación de escuelas científicas y contribuyen al desarrollo de distintas disciplinas y especializaciones en las facultades universitarias. Declarar de vez en cuando que es necesario aumentar el número de mujeres en el mundo académico está muy bien, pero sirve de muy poco para lo que se requiere. Lo que tenemos que hacer es definir detenidamente las condiciones de este proceso y optimizarlas de forma que las mujeres participen más en él. Gracias.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito.(FR) He votado a favor del informe de la señora Flasarová sobre la discriminación de las mujeres jóvenes y las niñas en materia de educación. La situación actual, en la que es menor el número de mujeres que obtienen una titulación postuniversitaria y prosiguen una formación continua debido a razones relacionadas con el género, es algo que debemos combatir de forma colectiva. La educación es uno de los requisitos previos fundamentales –aunque no sea el único– para que los ciudadanos disfruten de todos sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos, así como para que asuman todas sus obligaciones como ciudadanos. Albergo grandes esperanzas en cuanto a las actividades del futuro Instituto de la Igualdad de Género. Es igualmente vital luchar contra la discriminación a la que han de enfrentarse las mujeres, sobre todo las más jóvenes, al vivir en comunidades en las que no se respeta la igualdad de género, rechazando todas las formas de relativismo cultural y religioso que podría infringir los derechos fundamentales de la mujer. Las mujeres jóvenes, igual que los hombres jóvenes, deberían tener acceso a la escolarización obligatoria.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como señala la ponente, aunque desde hace mucho existen pruebas de que las jóvenes y las niñas no son menos capaces que los hombres y los niños en materia de educación, existen diversos factores que las sitúan en desventaja, en particular en el ámbito de la educación superior y del aprendizaje permanente.

En 2004, ocho de cada diez mujeres que cursaban educación superior en los Estados miembros de la UE completaron sus estudios. Este porcentaje es superior al de los hombres, que solo lo hicieron en tres de cada cuatro casos, lo que demuestra que las mujeres no están menos motivadas ni son menos capaces cuando se trata de educación.

Sin embargo, el porcentaje que continuaron sus estudios o emprendieron una carrera académica es inferior. Aunque las mujeres superan a los hombres en la educación universitaria en una proporción de 59 % a 41 %, tan solo un 43 % de los doctorados y un 15 % de los profesores universitarios son mujeres. Estas cifras demuestran la importante desigualdad que existe entre los géneros por lo que se refiere al aprendizaje permanente y la formación profesional continua de las mujeres fuera del mundo académico, con lo que se confirma que ambos fenómenos tienen su raíz en la desigualdad que aún persiste entre los géneros, fenómeno que puede observarse claramente en la discriminación salarial.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque trata de eliminar los casos de discriminación de la mujer que siguen existiendo, sobre todo en el acceso y la obtención de calificaciones académicas superiores, también en el nivel de posgrado y en la investigación científica, así como en el ámbito del aprendizaje permanente.

Es necesario reformar el contenido de los libros de texto escolares para asegurar que la formación de los trabajadores de la educación se oriente hacia el cumplimiento de los requisitos de una política equilibrada de igualdad entre hombres y mujeres. Me parece importante que la Comisión y los Estados miembros implanten una política favorable a las minorías nacionales, étnicas y culturales, prestando especial atención a un enfoque multicultural y permitiendo el acceso a una educación de calidad con el fin de evitar la doble discriminación.

He votado a favor de este informe porque ofrece la posibilidad de eliminar estereotipos que discriminan a las mujeres en el lugar de trabajo.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (PSE), por escrito.(FR) Los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el sector de la educación son ante todo de orden cuantitativo. De ahora en adelante debemos luchar por una mejora cualitativa y por un cambio de actitud, prestando especial atención a la situación de las chicas y jóvenes que son víctimas de una doble discriminación.

Por ello he votado a favor del informe de la señora Flasarová, el cual recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una política destinada a las minorías nacionales, étnicas y culturales que garantice en particular la adopción de un planteamiento multicultural y que permita el acceso a una educación de alta calidad a fin de evitar la doble discriminación. Asimismo, el informe pide a los Estados miembros que ponga la opción de la educación permanente a disposición de las mujeres y hombres que decidan cuidar a sus hijos y que faciliten a las mujeres la obtención de empleos que impliquen responsabilidad y toma de decisiones.

Por último, los Estados miembros y la Comisión deben echar mano de todos medios que tienen a su disposición para eliminar los estereotipos que contribuyen a la discriminación de la mujer en el lugar de trabajo.

 
  
  

Informe Deva (A6-0325/2006)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del diputado al Parlamento Europeo por el Reino Unido, el señor Deva, sobre las relaciones de la UE con las Islas del Pacífico, abogando en favor de una asociación reforzada. La UE cuenta con una presencia notable en las Islas del Pacífico, habida cuenta de que la mayoría de los Estados insulares en el Pacífico han obtenido la independencia en tiempos recientes. La política de contribuir a que los países insulares más pobres cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituye un propósito loable y legítimo para la UE. Al margen de que hablemos de asuntos como la pesca, el problema del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la agricultura y el turismo, la habilitación de subvenciones para infraestructuras, el apoyo a la educación, la lucha contra la corrupción, el apoyo a la democracia en los Parlamentos de aquellos países y la utilización del euro, son muchos los ámbitos en los que la presencia de la UE puede aportar un valor añadido innegable, aun cuando sea mucho lo que queda por hacer.

 
  
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  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito.(FR) Tras 30 años de cooperación entre la UE y el área del Pacífico ha llegado el momento de cambiar de marcha. Es por ello por lo que me alegra mucho la adopción de esta «estrategia para una asociación reforzada».

Dicha estrategia conlleva el fortalecimiento del diálogo político, en la medida en que apoyamos a nuestros socios del área del Pacífico en sus esfuerzos para superar las tensiones pacíficas, como en el caso de Fiyi, o a promover la reconciliación tras una guerra civil, como en el las Islas Salomón o Timor Oriental. En los próximos años, este diálogo político debe permitirnos igualmente hacer frente conjuntamente a un importante desafío: el cambio climático. A fin de poner en marcha este diálogo político, podemos unirnos a nuestros socios de la región para organizar «conferencias regionales», como las previstas en el nuevo Acuerdo de Cotonú.

Esta estrategia contempla respuestas comunes a problemas sociales y económicos y, también en este ámbito, la prioridad reside en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los plazos establecidos. Las negociaciones en curso sobre la celebración de un acuerdo de asociación regional UE-Pacífico parecen haber tenido un mal inicio a este respecto.

La mayoría de las propuestas de los países de la región han sido rechazadas por la Comisión. Sería paradójico votar hoy a favor de una estrategia de asociación reforzada destinada al desarrollo, tan solo para encontrarnos mañana con la celebración de un acuerdo de asociación económico exento de todo contenido.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y celebro que en él se solicite la prohibición de ensayos nucleares y la desnuclearización de la región del Pacífico.

 
  
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  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) En vista de que algunos Estados miembros tienen una relación histórica y lazos que aún perduran con esta región, ya sean políticos, culturales o económicos, la UE en su conjunto debe reforzar estos lazos para beneficio mutuo tanto de los países de la región como de los Estados miembros de la UE.

Habida cuenta de la heterogeneidad de la región, de la dispersión de su comunidad y de los problemas concretos que plantea el carácter insular de la mayoría de estos países, el planteamiento europeo debe ser flexible y equilibrado, ya que Europa ya es uno de los principales donantes internacionales de ayuda.

En mi calidad de ciudadano portugués, no puedo sino felicitarme de que el ponente pida a la Comisión la creación de programas destinados a luchar contra la malaria en Timor Oriental. Sin embargo, considero que este llamamiento debería ampliarse a otras enfermedades infecciosas y contagiosas que devastan actualmente a este país.

También me felicito de la atención que presta a los problemas de Timor y apoyo el llamamiento para que la Comisión apoye a los dirigentes de Timor en sus esfuerzos para construir una sociedad democrática, estable, pacífica, libre, próspera y justa.

 
  
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  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito.(FR) En el Océano Pacífico, la pesca constituye un recurso vital para la economía local y en sus aguas operan buques de todo el mundo, en particular europeos. Ese es el motivo por el que se ha consultado a la Comisión de Pesca, de la que soy miembro, sobre este informe.

La Comisión de Desarrollo y su ponente intentaron imponernos este informe en el mes de octubre, sin darnos la posibilidad de modificarlo, y su petición fue rechazada. Por ello, la Comisión de Pesca ha podido proponer mejoras al informe en forma de una mejora de la cooperación regional y, ante todo, la inclusión de los países y territorios de ultramar.

Los miembros de la Comisión de Pesca adoptaron por unanimidad su opinión en el mes de noviembre. Lo que sucede ahora es que, en vísperas del debate en el Pleno, se nos dice que finalmente no se incluirá nuestra opinión y que solo se propondrán unos cuantos aspectos, seleccionados arbitrariamente, de nuestra opinión en forma de enmiendas.

En vista de nuestra indignación, se decidió añadir nuestra opinión al informe final en forma de «erratum/addendum», sin votación, lo que apenas resulta mejor.

Esta estrategia esta destinada en particular a fortalecer el diálogo político entre la UE y los Estados insulares del Pacífico. Un mayor diálogo entre nuestras comisiones parlamentarias que no están, al menos por lo que nosotros se refiere, separadas por miles de kilómetros, sería sin duda igualmente deseable.

 
  
  

Informe Lehne (A6-0434/2006)

 
  
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  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Si se desea adoptar un nuevo estatuto para las sociedades a escala europea, es importante que dicho estatuto no afecte la influencia, codecisión y representación de los trabajadores. Por ello hemos decidido apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea antes de la votación, por ser mejores que las presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Lehne, que envía un mensaje muy importante a la Comisión sobre la necesidad de facilitar a los empresarios una forma de garantizar el funcionamiento y el desarrollo de sus empresas en el mercado interior. Pienso, al igual que el señor Lehne, que ha llegado el momento de aprobar leyes para establecer la Sociedad Privada Europea como una forma legal fiable para las pequeñas y medianas empresas (PYME) dedicadas a los negocios transfronterizos. No es posible intentar construir de modo sostenible el mercado interior sin facilitar las cosas a las PYME que desean desarrollarse. El informe contiene algunas propuestas muy interesantes, como por ejemplo la de permitir a las PYME con un capital social de 10 000 euros disponer de una entidad única que pueda desarrollarse en todos los países europeos sin necesidad de realizar la inscripción en el registro en cada uno de los Estados miembros, debiendo atenerse a un único conjunto de normas europeas, en lugar de las distintas normativas nacionales. Naturalmente, los derechos de los trabajadores no deben verse afectados por estas propuestas, que solamente hacen referencia a la Sociedad Privada Europea.

 
  
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  David Martin (PSE) , por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque en la audiencia pública celebrada en la Comisión de Asuntos Jurídicos el 22 de junio de 2006 se insistió en la necesidad de una Sociedad Privada Europea como forma jurídica para las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades transfronterizas. Para consolidar el mercado único y conseguir así la mejora deseada de las condiciones económicas y sociales en la Comunidad, una prioridad clara es la eliminación de las barreras comerciales.

 

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

10. Misión encargada a un diputado: véase el Acta

11. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

12. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

13. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

14. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

15. Interrupción del periodo de sesiones
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  El Presidente. Declaro suspendido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 12.30 horas)

 
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