Acta literal de los debates

Miércoles 14 de febrero de 2007 - Estrasburgo

6. Explicaciones de voto

Informe Fava (A6-0020/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me ha alegrado enterarme de que el informe deja totalmente claro que ni el Gobierno austriaco ni ningún organismo oficial de Austria se han visto implicados con alguna actuación incorrecta.

No obstante, he votado en contra del informe debido a que las afirmaciones hechas en él no cuentan con el respaldo de ningún tipo de pruebas, pese a lo cual no se han retirado, y sobre todo porque tampoco se ha eliminado el error de facto en relación con Europol. Esto significa que el informe sigue conteniendo una tergiversación de los hechos en la que se insinúa que Europol empleó a miembros de los servicios secretos estadounidenses, algo que carece de fundamento y es totalmente contrario a la verdad.

Un informe que contenga semejantes errores daña la credibilidad del Parlamento y es un factor que ha contribuido a que tantos de sus diputados hayan votado en contra del informe en su conjunto.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe Fava no es mucho más que un collage de recortes de prensa; y aunque afirma defender los derechos humanos, de hecho intenta demoler la fuerza y la eficacia de las actividades antiterroristas.

La petición de que se publiquen todos los nombres del personal de servicio secreto militar italiano en la página Web del Parlamento Europeo demuestra el nivel de irresponsabilidad de alguien que hipócritamente afirma apoyar la lucha contra el terrorismo y luego, de hecho, aprovecha cualquier oportunidad para impedir que se ponga en práctica.

El Parlamento no puede y no debe atribuirse el poder de quitar a los Gobiernos nacionales y a los Estados miembros de la UE su plena soberanía en el ámbito de la protección de la seguridad de sus ciudadanos, algo que es y ha de seguir siendo un ámbito inviolable de las naciones y los Estados miembros.

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, la Delegación Conservadora británica ha votado en contra del informe Fava. Pensamos que este informe es un costoso ejercicio que duplica el trabajo del senador Marty en el Consejo de Europa. Abunda en acusaciones no demostradas y formula exigencias poco razonables al Consejo, criticando al señor De Vries, el señor Solana y los acuerdos de la OTAN, que permiten la cooperación con los Estados Unidos de América como nuestro aliado en la lucha contra el terrorismo internacional.

El informe reclama sanciones inaceptables, basadas en los artículos 6 y 7, contra Estados miembros de la UE, exige protección consular para los residentes británicos, debilitando el concepto de ciudadanía británica, y no acepta garantías diplomáticas contra la tortura al extraditar a presuntos terroristas a terceros países. Concluyo nuestro alegato.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) He votado en contra de este informe, no porque no me preocupen las acusaciones de atentados a la legalidad internacional, sino porque este informe basa su alegato en especulaciones en gran parte no fundadas. Incluso antes de redactarlo ya había una virulenta campaña política antiestadounidense que lo empujaba hacia sus conclusiones de hoy. De ahí su preferencia por los recortes de prensa, más que por las pruebas sólidas. En consecuencia, su falta de equilibrio es tal que será un consuelo para los terroristas y las fuerzas antidemocráticas.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos.

No cabe duda de que, en la lucha contra el terrorismo, se cometen violaciones contra los derechos humanos, una situación que el informe demuestra con ejemplos. Los conservadores suecos condenan estos actos de crueldad. Sin embargo, al mezclar los hechos con suposiciones y rumores no confirmados, el informe corre el riesgo de debilitar, en lugar de reforzar, las críticas justificadas.

Nos oponemos a la creación de un comité especial, porque creemos que los supuestos delitos deberían ser investigados por el poder judicial. La responsabilidad de las investigaciones se ha ejercido, en primer lugar, a escala nacional. Por ejemplo, la comisión constitucional sueca ha examinado y ha enjuiciado la conducta del Gobierno sueco. Las cuestiones que trata principalmente el informe entran en el ámbito de competencia no de la UE, sino de los Estados miembros. Sobre estas cuestiones, los Gobiernos de los Estados miembros han de rendir cuentas, no al Parlamento Europeo, sino solo y exclusivamente a los Parlamentos nacionales siempre que no se hayan violado normas jurídicas europeas. Si los Estados miembros han incumplido los compromisos a escala europea, es responsabilidad de la Comisión investigar tales violaciones y acudir a los tribunales en relación con ellas.

  Simon Coveney (PPE-DE), por escrito. (EN) Los miembros irlandeses de la delegación del Fine Gael han votado a favor del informe en su conjunto porque apoyamos su planteamiento general y su firme postura en contra del proceso de entregas extraordinarias y la implicación de países o aeropuertos de la UE en dicho proceso.

Sin embargo, quiero dejar constancia de que no estamos totalmente de acuerdo con el texto del apartado 125 del informe. He tratado de que se suprimiera dicho apartado, pero no lo he conseguido (la votación se ha perdido por poco).

Dicho esto, la mayor parte del informe merece nuestro apoyo, como una firme manifestación en contra del proceso de entregas extraordinarias, que constituye una violación del Derecho internacional. Por tanto, hemos votado a favor del informe en su conjunto.

  Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. (PT) Me he abstenido en la votación final por las siguientes razones:

1. Este informe es inoportuno e ineficaz;

2. Una decisión que reconcilia la necesidad de comprometerse con la protección de los derechos humanos con el apoyo a la lucha contra el terrorismo y sus causas, solo es aceptable si logra un amplio consenso;

3. Este informe no ha logrado tal consenso ni ha elaborado, sobre esta cuestión, el análisis político indispensable;

4. El documento dedica demasiada atención a la investigación de lo que sucedió en los Estados miembros y no saca la conclusión necesaria de que el derecho inalienable de los ciudadanos a la protección y la integridad de los Estados miembros han de mantenerse dentro de un marco de derechos humanos concretos;

5. Por último, el informe sobre esta delicada cuestión debería coordinarse con la intervención del Consejo Europeo y debería tener en cuenta las decisiones que pueda haber tomado el Consejo de Europa.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a votar a favor de este informe de mi colega, el señor Fava, sobre el transporte y la detención ilegal de presos. Pero quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con todo el contenido del informe. Hay una serie de aspectos muy conflictivos, como las referencias gratuitas al ex Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, que hemos rechazado aquí esta mañana. Se ha dicho que gran parte de la argumentación no se basa en pruebas. Podría decirse lo mismo de la intervención en Iraq y Afganistán. Parafraseando a Donald Rumsfeld: hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos y cosas que no sabemos que no sabemos. Bien, lo que sí sé es que nuestra Comisión Temporal y su ponente, el señor Fava, han identificado un grave abuso de los derechos humanos que viola el Derecho internacional en la Unión. Mi voto es para apoyar esta conclusión general clara y no los detalles asociados que, inevitablemente en ausencia de una cooperación clara de las autoridades, son mera especulación, y esta, aunque a menudo acierta, a veces se equivoca.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) No deja de sorprendernos el argumento utilizado por la Presidencia alemana para restarle importancia a los problemas y eludir sus responsabilidades políticas en relación con el «uso de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros». Por increíble que parezca, el Consejo afirma que el asunto queda fuera de su competencia, aunque adopta una posición política tras otra sobre cualquier asunto que considera de interés y aunque es evidente que estas cuestiones han sido abordadas como parte de las relaciones UE-OTAN y UE-Estados Unidos.

Una vez más se ha demostrado que lo mínimo que se puede afirmar es que tales actitudes apuntan a una tentativa de lanzar una cortina de humo para ocultar esta inaceptable violación del Derecho internacional y los derechos humanos más básicos, o a la connivencia con e incluso la sumisión a los Estados Unidos.

El informe elaborado por la Comisión Temporal que ha dado nombre, rostro y voz a muchas víctimas es una contribución más para que se sepa toda la verdad y para que los Parlamentos nacionales las entidades realmente competentes para fiscalizar la actuación de los Gobiernos asuman sus responsabilidades. Es algo que el Partido Comunista Portugués exige y propone desde hace mucho tiempo en la Asamblea portuguesa.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Fava, a pesar de los cambios introducidos por algunos colegas aprensivos. La llamada «guerra» contra el terrorismo ha sido utilizada por algunos para reelaborar el Derecho internacional y cuestionar los convenios internacionales sobre derechos humanos y el trato que reciben los detenidos (sospechosos, no convictos) sin juicio o sin las garantías procesales debidas.

Los derechos humanos son universales e indivisibles: la UE se ha comprometido en la defensa de esos derechos. Este informe nos enfrenta a una realidad incómoda y pedimos a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros que investiguen a fondo lo que puede haber estado sucediendo en sus respectivos territorios.

Esta comisión no tenía plenos poderes de investigación, pero nosotros sí que tenemos poder para hacer recomendaciones políticas. Si realmente queremos defender nuestros valores, debemos seguir esas recomendaciones.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Apoyo este informe que investiga los presuntos vuelos secretos de la CIA para las «entregas extraordinarias». Puesto que los derechos humanos constituyen el núcleo fundamental de la Unión Europea y, por extensión, de las actividades del Parlamento Europeo, es oportuno y correcto que el Parlamento Europeo como institución se ocupe e investigue posibles violaciones de los derechos humanos dentro de sus fronteras.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) El informe de hoy del señor Fava plantea algunas cuestiones críticas que afectan a los derechos fundamentales básicos de todas las personas en Europa y en todo el mundo.

El informe describe un cuadro escandaloso de abuso de los derechos humanos y actividades ilegales, todo ello tolerado por algunos Estados miembros, entre ellos Irlanda. La actitud del Gobierno irlandés frente a las entregas ilegales, consistente en mirar para otro lado, es poco convincente e inaceptable. Según el informe, al menos 147 vuelos operados por la CIA hicieron escala en aeropuertos irlandeses, entre ellos aeronaves utilizadas para «entregas extraordinarias» o secuestros, como los llamaríamos normalmente.

Ahora todos los que queremos conocer la verdad sobre esos secuestros tenemos que llevar esta cuestión a nuestros Parlamentos nacionales y pedir explicaciones directamente a los Gobiernos nacionales en nuestros respectivos países. La verdadera presión tiene que aplicarse en cada país, para que la sientan las personas que han permitido y tolerado estas acciones.

Así pues, pido al Gobierno que emprenda de inmediato una investigación parlamentaria a fondo en el Dáil sobre el uso del territorio irlandés en el circuito de entregas de la CIA. El Sinn Féin ha apoyado el informe para respaldar con nuestro peso en el Parlamento Europeo esta petición.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista Parlamentario Europeo (EPLP) ha votado a favor del informe Fava porque creemos que es importante que el Parlamento Europeo investigue la presunta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos.

Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente y tienen que rendir cuentas a los electores. Nosotros investigamos todo tipo de cuestiones en su nombre y no podíamos ignorar las acusaciones de que algunos Estados miembros podrían haber incumplido sus obligaciones consagradas en el artículo 6 del Tratado de la UE, que establece los principios básicos de democracia, derechos humanos y respeto de la ley.

El EPLP ha votado a favor de las enmiendas que desvían la atención del informe de personalidades y políticas de partido para centrarla en las acusaciones de entregas extraordinarias. El EPLP ha votado a favor de un informe más equilibrado y justo en el Pleno que el que salió de la comisión.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista Parlamentario Europeo (EPLP) ha votado a favor del informe Fava porque creemos que es importante que el Parlamento Europeo investigue la presunta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos.

Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente y tienen que rendir cuentas a los electores. Nosotros investigamos todo tipo de cuestiones en su nombre y no podíamos ignorar las acusaciones de que algunos Estados miembros podrían haber incumplido sus obligaciones consagradas en el artículo 6 del Tratado de la UE, que establece los principios básicos de democracia, derechos humanos y respeto de la ley.

El EPLP ha votado a favor de las enmiendas que desvían la atención del informe de personalidades y políticas de partido para centrarla en las acusaciones de entregas extraordinarias. Por esa razón, el EPLP ha votado en contra de la enmienda 29. El EPLP ha votado a favor de un informe más equilibrado y justo en el Pleno que el que salió de la comisión.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe describe y –hasta cierto punto– confirma las revelaciones y los hechos que han salido a la luz sobre secuestros, vuelos secretos, detenciones ilegales en prisiones secretas, tortura, etc. realizados por la CIA en suelo europeo.

Los diputados del Partido Comunista Griego se han abstenido de votar, porque consideran hipócrita la postura de las bases populares y del partido socialista anteriormente en el Gobierno que respaldó y sigue respaldando la llamada estrategia antiterrorista de los EE.UU. y que acepta todas estas acciones.

Hoy, bajo el peso de la protesta de las bases populares por estas revelaciones, están intentando aparecer como defensores de la «política terrorista» y protectores de los derechos humanos a fin de recuperar el «honor perdido» de la UE.

Estamos en total desacuerdo y no tenemos intención alguna de ayudarles a engañar a los ciudadanos con respecto a la naturaleza de la política de «lucha contra el terrorismo». Es el pretexto de los imperialistas para construir un gigantesco mecanismo represivo en el mundo con el objetivo básico de establecer su supremacía y golpear a los movimientos populares y a la oposición.

En un momento en que el Parlamento Europeo está haciendo todo lo posible en relación con las violaciones de los derechos humanos, en toda la UE se están promoviendo leyes autocráticas para golpear al movimiento y limitar las manifestaciones. Se están promoviendo archivos personales sobre todo el mundo y la firma de nuevos acuerdos con los Estados Unidos.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe Fava porque supone un paso histórico en la lucha contra un «paraestado» internacional criminal. Aparte de las enormes responsabilidades del Consejo Europeo, asimismo hay claras responsabilidades para los Gobiernos de varios Estados miembros. Una vez completada esta complicada investigación del Parlamento Europeo, es vital que se creen comisiones de investigación en los Parlamentos nacionales de los Estados miembros entre los que por desgracia se encuentra Grecia que parecen estar implicados en las actividades ilegales de la CIA. La batuta en la lucha contra el «paraestado» internacional está ahora en nuestras manos.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) El Gobierno Federal de Alemania tiene gran parte de la responsabilidad compartida por los vuelos de tortura de la CIA; este es el veredicto del informe de la comisión que ha investigado las actividades de la CIA y que hoy ha sido aprobado en el Parlamento Europeo. El Gobierno Federal de Alemania una coalición compuesta por conservadores y socialdemócratas ya no puede eludir enfrentarse a las consecuencias, aunque es evidente que debido a la presión que ha ejercido, los socialdemócratas en el Parlamento Europeo han suavizado parte del lenguaje utilizado en el informe. El Parlamento Europeo ha llegado a la conclusión de que según la información ofrecida por el abogado de Murat Kurnaz y la información facilitada por las autoridades alemanas, «el Gobierno alemán no aceptó la oferta estadounidense, hecha en 2002, de liberar a Murat Kurnaz de Guantánamo» y que «el Gobierno alemán comunicó al abogado de Murat Kurnaz que era imposible entablar negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre su puesta en libertad porque Murat Kurnaz era ciudadano turco» a pesar de que «todas las investigaciones llegaron a la conclusión, ya a finales de octubre de 2002, de que Murat Kurnaz no constituía una amenaza terrorista». Mis colegas y yo estamos de acuerdo en que es preciso investigar esta conducta indebida por parte de los representantes del anterior Gobierno Federal de Socialdemócratas/Verdes. El Ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, que anteriormente coordinaba los servicios secretos alemanes, debería dejar de engañar a la opinión pública y asumir por fin su responsabilidad por lo que sucedió a la sazón.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado en contra del informe Fava, también conocido como el informe sobre la CIA por cuatro razones.

La defensa incondicional de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, de la que soy partidario, no puede realizarse a través de una acción política apuntalada más por un antiamericanismo de izquierdas que por la defensa real de estos valores.

No es misión del Parlamento controlar a los Estados miembros. Es el deber, ante todo, de los Parlamentos nacionales y cualquier violación de este principio es, en sí misma, un error político y una anomalía jurídica.

El informe comete un error imperdonable al sacar conclusiones definitivas sobre la base de afirmaciones no demostradas y controvertidas, convirtiendo opiniones en verdades e insinuaciones en hechos.

En lo que respecta a Portugal, incluso con las enmiendas aprobadas, sigue habiendo cierto grado de desequilibrio entre lo que se ha demostrado (o incluso lo que han declarado las supuestas víctimas) y lo que se ha concluido o, peor aún, lo que se supone es verdad.

Por último, quiero alabar al señor Coelho por su incansable trabajo a la hora de promover el equilibrio, la razón y la defensa de nuestros principios y valores fundamentales. Creo que si él hubiese sido el ponente en lugar del presidente de la comisión, el informe habría sido mucho más equilibrado.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo acaba de pronunciarse sobre los trabajos de la Comisión Temporal sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos. El veredicto no es una sorpresa: condena a los numerosos Estados miembros que prestaron efectivamente su apoyo a la CIA.

El informe del señor Fava tiene una gran cualidad, y es que señala una base común de valores fundamentales: respeto de los derechos humanos, denuncia de la tortura y respeto del marco legal en la lucha contra el terrorismo.

Tiene también un gran defecto: ignora por completo el hecho de que lo único que limita los esfuerzos de nuestros Gobiernos es la razón, que les permite rechazar lo imposible: los servicios secretos no serán jamás acogedores y transparentes.

No confundamos humanismo con optimismo infenuo. Por decirlo en palabras del filósofo Alain: «no hay libertad sin seguridad; la seguridad no vale nada sin libertad».

Ese deseo de seguridad en libertad ha justificado mi abstención. Estoy convencida de que mi amigo Antoine Duquesne, ex ministro del Interior del Reino de Bélgica, habría transmitido el mismo mensaje, si hubiera podido votar hoy.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos. Desde enero de 2006, la Comisión Temporal del Parlamento encargada de investigar las alegaciones publicadas en la prensa sobre este delicado tema ha llevado a cabo un trabajo enorme. Tengo interés en señalar que es importante para la legitimidad de su labor que la omisión se base en pruebas tangibles y verificables, a fin de mantener cierta imparcialidad. Los diputados al Parlamento Europeo tienen el deber de asegurar la transparencia e informar a los ciudadanos; por ello, dicha información debe estar guiada por el deseo de informar del modo más exacto posible. Aunque el informe final no responde perfectamente a esta exigencia, he optado por votar a favor, convencida de que, a través de estas comisiones, el Parlamento está llamado a desempeñar un papel decisivo de contribución al respeto de los derechos humanos y los valores fundamentales a los que la Unión se adhiere plenamente en sus Tratados. Por ello, la lucha contra el terrorismo debe tener lugar dentro del respeto del Derecho internacional vigente y ninguna violación de los derechos humanos puede justificarse.

  Marek Siwiec (PSE), por escrito. (PL) He votado en contra de la adopción del informe final mencionado antes, porque contiene referencias a Polonia que no reflejan los resultados del trabajo de la Comisión Temporal sobre el supuesto uso de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos. La comisión no ha encontrado pruebas, aparte de reportajes de prensa, que confirmen la existencia de cárceles secretas en mi país. Unas meras suposiciones, no respaldadas por pruebas, no pueden utilizarse como base para un informe final sobre una cuestión tan grave.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Hay que felicitar al señor Fava por haber sacado adelante en nuestra Cámara este difícil y delicado informe sobre las supuestas entregas. Los abusos de los derechos humanos, la tortura y la deportación ilegal tienen que ser condenados en la Europa de hoy.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. (DE) Rechazo el informe sobre la CIA porque no cumple muchas de las condiciones mínimas que espero de un informe de una comisión de investigación, ya sea en cuanto a su metodología o a sus procesos analíticos.

Las conclusiones no difieren en modo alguno de las que sacó el investigador del Consejo de Europa, Dick Marty, algunos de cuyos testigos han cambiado de opinión desde entonces.

Aunque ello no signifique que apruebo lo que han hecho los Estados Unidos, he de decir que en este informe, la verdad, los hechos y la franqueza han dejado el sitio a las suposiciones y las acusaciones.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) Se han detectado muchos incidentes desafortunados en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas cuestiones ya han sido tratadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por el Consejo de Europa. El Gobierno sueco ha asumido las críticas con preocupación. Por ello, no hay motivo para debatir esta cuestión también en el Parlamento Europeo. Por consiguiente, he votado a favor de muchas de las propuestas, pero me he abstenido de votar el informe como tal.

Informe Glattfelder (A6-0013/2007)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor de aprobar el informe sobre la concesión de una ayuda macrofinanciera de la Unión Europea a Moldova, con vistas a apoyar la balanza de pagos y las reservas de divisas. Lo he hecho, porque estoy convencido de que estos recursos permitirán a uno de los países más pobres de Europa superar sus actuales dificultades financieras. Un apoyo excepcional adicional demostrará ser muy útil a la hora de facilitar y apoyar la aplicación de las reformas económicas del Gobierno de Moldova.

Teniendo en cuenta los cambios sociales y económicos positivos en Moldova, incluida la reciente abolición de la pena de muerte, creo que es adecuado reforzar los lazos bilaterales con Moldova y profundizar su relación con la Unión Europea. Una subvención de hasta 45 millones de euros enviará una clara señal de la Unión Europea, especialmente en el contexto de la prohibición rusa de importar vino de Moldova y el incremento de los precios de la energía.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Apoyo esta ayuda económica a uno de los países más pobres de Europa, que se ha visto muy afectado económicamente por los acontecimientos en su región. Celebro en particular las enmiendas que pretenden reforzar la función del Parlamento.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera de la Comunidad a Moldova. En efecto, a pesar de sus indudables progresos económicos, Moldova sigue siendo uno de los países más pobres de Europa. Desde el 1 de enero de este año, Moldova, que comparte una frontera común con Rumanía, es de hecho vecina de la Unión Europea, y el Consejo desea ayudarle a afrontar sus dificultades comerciales y financieras. No obstante, quisiera destacar que esta solidaridad, cifrada en 45 millones de euros, tiene carácter excepcional y limitado y está sujeta a determinadas condiciones. En efecto, el pago de la ayuda está supeditado a la realización de objetivos tales como la mejora de la transparencia de las finanzas públicas o incluso el respeto de los derechos humanos.

Por último, creo ante todo que tras las ampliaciones de 2004 y 2007, el espíritu de solidaridad de la Unión Europea debe extenderse ahora sobre los países del sur del Mediterráneo. Por ello, a través de su política de vecindad y su cooperación euromediterránea, la UE debe hacer que sus instrumentos financieros sigan siendo eficaces y que aumente su comercio con los países del sur del Mediterráneo.

Informe Miguélez Ramos (A6-0476/2007)

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Los Estados miembros deben dar prioridad a la prohibición total de las redes de enmalle de deriva y su aplicación efectiva. Demasiados delfines, marsopas y focas mueren innecesariamente debido al uso de estas redes. Deberíamos adoptar una definición única para que no pueda haber resquicios legales en el uso de estas redes destructivas.

Informe Miguélez Ramos (A6-0014/2007)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Dado que la Lista de Junio no cree que la UE debería tener una política pesquera común, hemos votado en contra de este informe. Asimismo queremos tomarnos la libertad de remitir a anteriores explicaciones de voto en relación con la política pesquera.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El objetivo del presente Reglamento es aclarar qué artes de pesca pueden considerarse como redes de enmalle de deriva armonizando una definición común para todos los reglamentos en este ámbito.

Las redes de enmalle de deriva tienen un fuerte impacto en los recursos pesqueros y en los ecosistemas marinos, y un impacto económico en cuanto a competencia y pérdida de ingresos en los pescadores que utilizan artes de pesca más tradicionales.

En este sentido, la UE ha integrado en su acervo comunitario (Reglamento nº 354/1992), la Resolución 44/225 de las Naciones Unidas por la que se introducía una moratoria al uso de redes de enmalle de deriva, a pesar de algunas excepciones regionales a escala comunitaria.

Como tal, apoyamos el contenido de este informe, que ayudará a mejorar el control y reducir el impacto de las redes de enmalle de deriva en aguas portuguesas, sobre todo en las Zonas Económicas Exclusivas de las Azores y Madeira, dado que estas aguas son frecuentadas por flotas de otros Estados miembros, que utilizan estas artes para la pesca del atún y otras especies marinas, ya sea aprovechando omisiones en los reglamentos o de forma ilegal.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) El informe contiene bastantes propuestas constructivas para evitar la sobreexplotación pesquera.

Por ello he votado a favor de esta propuesta por razones pragmáticas. En general, la política pesquera de la UE ha militado contra la explotación sostenible a largo plazo de los recursos marinos subvencionando las compras de barcos eficientes por parte de los pescadores.

La política pesquera también es perjudicial para las poblaciones de países pobres, pues la UE compra a Gobiernos débiles los derechos para pescar en aguas de estos países. Por ello, la UE debería devolver la política pesquera a los Estados miembros y ocuparse únicamente de que los Estados miembros no sobreexploten las especies que se mueven en aguas territoriales de varios países.

Informe Goepel (A6-0009/2007)

  Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. (PT) He votado por error a favor de la resolución propuesta, cuando mi intención era votar en contra, como ya hice en relación con la propuesta legislativa.

Por ello pido que se corrija mi voto sobre la resolución legislativa (a un voto en contra).

  Jill Evans (Verts/ALE), por escrito. (EN) La razón por la que no he votado a favor de la propuesta de la Comisión de Agricultura de rechazar la propuesta de la Comisión sobre la modulación facultativa es que, de hacerlo, volvería a retrasarse el inicio de los nuevos programas de desarrollo rural y su financiación. Eso tendría un efecto negativo en los agricultores y las comunidades rurales de mi circunscripción, que necesitan desesperadamente esos fondos.

La falta de fondos para el desarrollo rural es un problema para Gales. La causa ha sido que el Reino Unido no obtiene una parte justa de los fondos de la UE, a lo que se suma la defensa que hace el Gobierno británico de su reembolso presupuestario y el acuerdo sobre las perspectivas financieras bajo la Presidencia británica. Debido a este fracaso del Gobierno, los Ministros tendrán que recurrir a la modulación para complementar esos fondos.

La subsidiariedad tiene que estar garantizada, de manera que la decisión de aplicar o no la modulación facultativa y su grado de amplitud se tome en el nivel adecuado. En mi circunscripción, ese nivel sería la Asamblea Nacional de Gales y no el Estado miembro. Existen grandes diferencias de enfoque y comunidades rurales diferenciadas en todo el Reino Unido y sería totalmente inaceptable que hubiera un solo nivel. Tiene que haber asimismo una completa financiación adicional con cargo a los fondos del Gobierno central.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como hemos dicho antes, la cuestión clave aquí es que la propuesta de la Comisión no es una propuesta de verdadera modulación. Una propuesta como esta incrementaría la ayuda a quienes reciben menos o no reciben nada, y reduciría la ayuda a quienes reciben mucho, asegurando así una mayor equidad en la distribución de la ayuda entre productores, países y cultivos, y apoyando a los pequeños y medianos agricultores y a la agricultura familiar.

Creemos que la Comisión debería presentar una nueva propuesta a fin de crear una verdadera modulación obligatoria que garantizara una mayor equidad y la liberación de recursos financieros introduciendo un límite máximo de ayuda por explotación y un incremento del porcentaje en ayuda para agricultores que reciben menos de la PAC (modulación), por ejemplo, proponiendo un aumento del 15 % al 20 % para los pequeños y medianos agricultores que reciben menos de 5 000 euros en ayuda, y teniendo en cuenta diversas circunstancias incluso si reciben más que eso.

Sin esto se corre el riesgo de agravar las desigualdades existentes. Por ello, pedimos insistentemente a la Comisión que reformule la propuesta a fin de garantizar que una decisión sobre esta cuestión no acabe justificando una renacionalización de los costes de la PAC. Sin embargo, por ahora la Comisión no lo ha hecho. De ahí que hayamos decidido abstenernos.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) El Parlamento ya ha rechazado la propuesta de la Comisión para la modulación facultativa de los pagos directos en el ámbito de la PAC de hasta el 20 %. Según esta propuesta, los fondos destinados a los agricultores provendrían del segundo pilar de la PAC el desarrollo rural por lo que pasarían a los presupuestos nacionales de los Estados miembros que decidieran recurrir a esta modulación.

La supresión de la ayuda a los agricultores suscitaría cuestiones de competencia entre agricultores de países que no utilizan la modulación y los de países que sí lo hacen, y entre agricultores de la última categoría dependiendo del nivel de modulación escogido.

Por esta razón comparto el punto de vista del ponente, el señor Goepel, de que debemos rechazar una vez más la propuesta de la Comisión.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que la Política Agrícola Común de la Unión Europea debería suprimirse poco a poco. Asimismo nos oponemos a nuevas subvenciones bajo la designación de «desarrollo rural». Nos preguntamos por qué la UE cree que los Estados miembros no pueden ocuparse por sí mismos de desarrollar sus zonas rurales.

En esta votación, nos enfrentamos a dos alternativas: la propuesta de la Comisión y la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. En esta situación hemos optado por votar a favor de la propuesta de la Comisión, dado que es mejor que la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que es absurda.

La exposición de motivos del informe contiene todo un abanico de puntos de vista. Por ejemplo, critica el posible abandono o renacionalización de la PAC un desarrollo que la Lista de Junio considerara deseable y se queja de que es contraria al derecho de participación del Parlamento Europeo, un criterio que la Lista de Junio no comparte.

Además, la exposición de motivos sostiene que el «chequeo» del presupuesto a largo plazo solo debería formar la base de propuestas para el periodo de financiación después de 2013. La Lista de Junio rechaza por completo este punto de vista. Creemos que la revisión intermedia debería producir recortes en el presupuesto de agricultura/desarrollo rural ya en el actual periodo presupuestario de 2007-2013.

La Lista de Junio observa que, en esta situación, es una suerte que el Parlamento Europeo no tenga poderes de codecisión en relación con la política agrícola de la UE. De lo contrario, la UE caería en la trampa del proteccionismo y de las fuertes subvenciones a los diversos grupos dentro de la industria agrícola.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta propuesta para introducir la modulación facultativa de la PAC porque se ha utilizado con mayor eficacia en el Reino Unido que en ningún otro Estado miembro. Se ha utilizado como una fuente esencial para la financiación de programas de desarrollo rural en todo el país.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Además del desacoplamiento de ayuda y producción, la reforma de la PAC introdujo un nuevo instrumento: la modulación. Se trata concretamente de la posibilidad de transferir una parte de los créditos, de las ayudas directas a los campesinos, a los créditos de desarrollo rural. Se denomina «transferencia del primer pilar al segundo pilar».

Nada menos que el 20 % de los fondos pueden transferirse al amparo de la modulación voluntaria. Los Estados pueden escoger dicha modulación a partir de una carta limitada, en vez de un menú impuesto con la «ayuda directa» de plato principal y «desarrollo rural» de postre.

En realidad, la modulación equivale a desvestir a un santo campesino para vestir a un santo paisajista. Con esta técnica presupuestaria se pretende enmascarar la insuficiencia de créditos con la ilusión de poder decidir cómo se gestionan esos escasos créditos.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Aunque la UE dé la impresión de hacer suya la causa de la agricultura, no hace nada para cambiar el hecho de que perdemos constantemente agricultores y que un número creciente de granjas son explotadas como fuente de ingresos complementarios En una situación en que las grandes empresas y la realeza se benefician de nuestras subvenciones y no somos capaces de luchar por nuestros agricultores biológicos ante la OMC, uno apenas puede sorprenderse de que sucedan estas cosas.

Serían convenientes unos indicadores y marcas de calidad claros como medio de garantizar unos precios justos para los productos sanos, pero lo principal de todo es que se simplifique la jungla de subvenciones de la UE, en caso necesario devolviendo la agricultura a la jurisdicción nacional. Por ese motivo he votado en contra del informe Goepel.

  Neil Parish (PPE-DE), por escrito. (EN) La delegación conservadora británica reconoce la importancia crucial de los programas agroambientales. No obstante, por tres importantes razones, los conservadores hemos votado a favor de rechazar la propuesta de la Comisión sobre la modulación facultativa. En primer lugar, para los agricultores británicos, la modulación facultativa no tendría nada de facultativa: se verían obligados a aceptar una reducción de hasta el 20 % del importe del pago único a su explotación, cosa que no ocurriría con el resto de los agricultores europeos. Si Tony Blair hubiera negociado un mejor acuerdo presupuestario de la UE para el Reino Unido en materia de financiación del desarrollo rural, nuestros agricultores no se verían ante estas sombrías perspectivas. En segundo lugar, la propuesta que tenemos que votar es, en cualquier caso, inaceptable para el propio Gobierno británico, pues no permite la regionalización, coarta la libertad del Gobierno a la hora de decidir las prioridades de gasto y mantiene una franquicia inadecuada para la estructura agrícola del Reino Unido. Los diputados laboristas al Parlamento Europeo no han propuesto ni una sola enmienda para acercar esta propuesta a los deseos de su Gobierno. Por último, las declaraciones más recientes de la Comisaria Fischer Boel sugieren que no se puede ignorar totalmente la oposición mayoritaria del Parlamento a la propuesta y que puede que se llegue a algún tipo de compromiso. Esperamos sinceramente que eso beneficie a los agricultores británicos.

  Christel Schaldemose (PSE), por escrito. (DA) Hemos votado en contra de la propuesta del Parlamento de que la Comisión retire su propuesta y a favor de la propuesta de la Comisión.

Creemos que el Parlamento está intentando chantajear a la Comisión con la amenaza de retener el 20 % de los recursos de desarrollo rural. En lugar de afectar a la Comisión, esto golpearía a los agricultores que no recibirían su dinero y, especialmente, a la UE en su conjunto, cuya reputación mejoraría poco si el descarado chantaje entre instituciones se convirtiera en la norma en el futuro.

En nombre de la delegación danesa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Conviene apoyar las reformas de la PAC que se proponen. Es decepcionante que, por segunda vez, el Parlamento Europeo haya rechazado estas reformas que plantean un enfoque sostenible del desarrollo rural. La votación de hoy volverá a retrasar los pagos a los agricultores en Escocia y el Reino Unido. Los diputados al Parlamento Europeo no pueden pedir que se reforme la PAC para luego no apoyar la reforma en la práctica. Nuestros electores piden una y otra vez que se reforme la PAC. Es preocupante que los intereses nacionales creados de algunos puedan entorpecer la reforma urgente de la PAC.

Informe Starkevičiūtė (A6-0022/2007)

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) representan una inversión al garantizar la accesibilidad dentro del espacio europeo, y forman una parte clave de la Estrategia de Lisboa, no solo como inversión en la innovación y la creación de empleo, sino también a través de la creación de estructuras que ayudan a acelerar la cohesión y el desarrollo socioeconómico.

Por consiguiente, el escaso aumento en los recursos financieros destinados a las RTE-T y la lentitud a la hora de aplicar los proyectos de RTE-T prioritarios son motivo de gran preocupación. Por ello es vital que los Estados miembros otorguen máxima prioridad a esos proyectos y no duden en tomar todas las medidas necesarias para completarlos.

Además de la prioridad de los enlaces transfronterizos, necesitamos una mejor coordinación y transparencia en los procedimientos si queremos cosechar finalmente los frutos de más de una década de trabajo.

Estos proyectos son de vital importancia para la cohesión en el continente europeo, para la intermodalidad, la interoperabilidad y, por último, para descongestionar el tráfico. Ahora han de tomarse decisiones para mejorar el efecto palanca de la financiación comunitaria. Hoy no hemos de titubear a la hora de corregir los errores, de realizar los cambios necesarios y asegurar que estos proyectos avancen lo más rápidamente posible.

Resolución sobre el cambio climático (B6-0045/2007)

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, me gustaría dejar claro que la delegación del Partido Popular austriaco siempre ha sido directa en su defensa de una acción para abordar el cambio climático; sin embargo, hemos votado en contra de esta Resolución porque intenta introducir la energía nuclear por la puerta falsa. Siempre hemos sido igualmente directos a la hora de rechazar esta forma de energía que, desde nuestro punto de vista, no tiene futuro. Me ha sorprendido mucho que, no obstante, tan pocos de los autoproclamados opositores de la energía nuclear en especial los que pertenecen al Grupo Socialista y al Grupo de los Verdes hayan votado favor de este informe.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor de la Resolución sobre el cambio climático porque creo firmemente que hay una urgente necesidad de definir la estrategia de la Unión Europea sobre esta cuestión tan importante para la humanidad.

Parece muy importante que el Parlamento Europeo haga oír su voz sobre esta cuestión. Los Estados miembros de la Unión y la Comisión Europea se enfrentan a un enorme reto. ¿Cómo apoyar el desarrollo económico al tiempo que se protege el entorno natural? Los expertos piden que se limiten las emisiones de gases que contienen CO2 y que se apoye la investigación y la innovación en el ámbito de la energía renovable y las tecnologías de ahorro de energía. Asimismo es importante cooperar con países fuera de la Unión Europea y, en particular, concienciar a los ciudadanos sobre los peligros del cambio climático.

Todos somos responsables de proteger la Tierra. Sin embargo, hemos de comprender que reducir las emisiones y la contaminación conllevará costes adicionales para las empresas y los ciudadanos europeos a corto plazo.

Teniendo en cuenta que países como China, Brasil y la India producen cada vez más dióxido de carbono y otras sustancias nocivas cada año, la Unión debería ayudarles a pasar a unos métodos de producción más limpios y más eficaces desde el punto de vista energético. Es preciso promover el comercio en la llamada tecnología verde y el desarrollo de fuentes renovables de energía. Tenemos que emprender esta acción por nuestro bien y por el bien de las generaciones futuras.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, en el punto 34 de la Resolución sobre el cambio climático, sobre la cual acabamos de votar, se pedía a la Comisión que evaluara los riesgos que suponen las inundaciones y los tsunamis causados por el cambio climático para las instalaciones nucleares.

Detrás de esta idea hay una campaña finlandesa basada en una novela de ficción que carece de cualquier fundamento científico. En esta historia, un tsunami, originado por el cambio climático, causa un accidente que provoca enormes daños a una central nuclear. Estoy a favor de tener suma cautela y evaluar los riesgos, pero esta iniciativa era molesta y francamente embarazosa para la reputación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. En primer lugar, el cambio climático no origina tsunamis. Esta idea es considerada absurda por investigadores serios. Mis colegas que han impulsado esta iniciativa tienen razón al decir que siempre es necesario evaluar los riesgos de las centrales nucleares, pero se equivocan al dar a entender que ello no ha sucedido aún. No se construye ninguna central nuclear sin asegurarse de que resistirá las inundaciones. Por ello me veo obligada a pedir a la Comisión que evalúe los riesgos políticos que surgen de iniciativas parlamentarias basadas en la ficción. Me complace que en esta ocasión se evitara el problema.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de las enmiendas 3 y 8 porque creemos que convendría que los Estados miembros de la UE acordaran unánimemente unos impuestos para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, no apoyamos las decisiones sobre impuestos tomadas sobre una base mayoritaria a escala de UE, porque los socialdemócratas suecos creemos que las decisiones fiscales han de tomarse a escala nacional.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Consideramos globalmente positiva la adopción de este documento, aunque es uno más sobre el cambio climático. Es un documento que evalúa, o confirma, los compromisos asumidos en materia de reducción de las emisiones y promoción de energías alternativas. Sin embargo, no aborda otros puntos igualmente importantes como la promoción de la eficacia energética y el uso de un transporte público de calidad, aparte de algunas referencias fugaces y descafeinadas a estas alternativas.

Asimismo insiste en la propuesta de comercializar los derechos de emisión, o mejor dicho, el «derecho a contaminar». Como hemos dicho, ello sería contrario a los objetivos enunciados, debido a su carácter comercial, pues quienes puedan pagar seguirán contaminando. Ello afectará en especial a países con economías más débiles que no tienen dinero para comprar estos derechos de emisión.

Si bien es cierto que hay algunas alternativas positivas en los ámbitos de la reducción de emisiones y la energía renovable, hay otras propuestas que serán difíciles de aplicar dadas las estrictas exigencias impuestas a los diferentes países, especialmente dada la oposición a las mismas.

Sea como fuere, controlaremos con cuidado la aplicación de algunas de las ideas del informe, luchando para garantizar que no se recurrirá a ellas para seguir concentrando la energía en manos de los países más ricos o para hacer que el consumidor asuma los costes de la contaminación de las industrias que contaminan.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los resultados de la reunión de París son un golpe en la cara de todos los que creían que se superarían la oposición y los intereses a la luz del grave peligro de sobrecalentamiento del planeta y de las catastróficas repercusiones a medio y largo plazo para las personas en esta tierra.

Sin embargo, la Resolución sobre el cambio climático, que es un texto que provoca disputas, no propone soluciones materiales ni específicas. En gran medida expresa utopías y mantiene una confianza en la misma metodología responsable de los agudos problemas actuales, favoreciendo mecanismos de mercado, imponiendo gravámenes y contribuciones a los trabajadores y eximiendo a las multinacionales.

Afirma claramente que la reducción de las emisiones contribuirá a la competencia y al logro de los objetivos de Lisboa y de Kyoto. Precisamente esta política del capital es responsable de contaminar el medio ambiente y de provocar emisiones y no puede ser un criterio para protegerlo.

Además, todos los que ratificaron el protocolo de Kyoto demuestran en general importantes desviaciones, mientras que los Estados Unidos siguen incrementando los gases de efecto invernadero, junto con China y la India. Por consiguiente, en la práctica, Kyoto tiene poco que ver con la reducción de emisiones.

La conclusión es que la UE del capital y sus portavoces políticos están destruyendo el planeta con el pretexto de los cambios ambientales y su única preocupación es cómo lograr un uso más rentable de los «mecanismos de mercado» de Kyoto.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Estoy de acuerdo con los objetivos generales de la resolución del Consejo. Aunque apruebo el contenido de las enmiendas presentadas por el Grupo Verts/ALE y el compromiso de reducir un 30 %, de aquí a 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero, creo que la enmienda es excesivamente estrecha de miras y me he abstenido en la votación sobre esa enmienda en particular.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) El cambio climático es posiblemente el desafío político más importante de nuestros tiempos. El tipo de medidas que se proponen en esta resolución y la acción colectiva a escala multilateral son fundamentales para combatir el cambio climático.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) Aunque he votado a favor de la resolución, la UE tiene que emprender iniciativas adicionales para combatir el cambio climático.

Los estantes de las tiendas están repletos de artículos perecederos de escaso valor que han sido transportados decenas de miles de millas para satisfacer las expectativas de precios al consumo. Las emisiones de carbono que esta forma de comercio mundial deja tras de sí son colosales.

Pido, por tanto, que se introduzca un sistema de «etiquetado de carbono», que daría a los consumidores la información necesaria para tomar decisiones responsables y sensatas.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Es urgente que tomemos medidas para hacer del Parlamento Europeo una institución neutral respecto al carbono. Combatir el cambio climático es el reto de nuestro tiempo. Todos tenemos que contribuir. Posiblemente sea el argumento de las emisiones de carbono que producimos, más que ningún otro, el que acabe con nuestras estancias en Estrasburgo todos los meses. Al fin y al cabo, nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, tenemos que predicar con el ejemplo.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) El efecto invernadero es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Por ello es importante emprender esfuerzos considerables para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Uno de los mejores y más importantes métodos de eliminar tales emisiones consiste en sustituir la energía producida a través de la combustión del carbón y del petróleo por energía nuclear. El OIEA ha observado que la energía nuclear es una de las claves para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Es lamentable que la Resolución en cuestión opte por ignorar este hecho insistiendo en que las emisiones no deberían reducirse por medio del uso de la energía nuclear. Por esta razón he votado en contra de la presente Resolución.

Resolución sobre el nuevo Acuerdo «PNR» - SWIFT (B6-0042/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, todos sabemos que la lucha contra el terrorismo solo debe realizarse en cooperación, y no cabe duda de la importancia que tienen para la Unión Europea los Estados Unidos como socio en esta lucha ni, de hecho, de la necesidad de intercambiar datos e información para tal fin, pero hay que hacerlo de acuerdo con unas reglas aceptadas por ambas partes. Ahora que hemos decidido sobre estas reglas, que desde la limitación de la finalidad de los datos hasta el cambio a un sistema de transmisión pasando por la opción de no almacenar los datos sensibles han contado con el apoyo de una amplia mayoría, y sobre todo ahora que hemos logrado que las autoridades estadounidenses se comprometan a informar a sus homólogos en la Unión Europea sobre sospechosos de terrorismo, me complace ofrecer mi apoyo a esta Resolución. Estoy convencido de que si el Comisario Frattini es el encargado de dirigir las negociaciones será posible lograr un buen resultado en interés de la seguridad de los ciudadanos de la UE.

  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos apoyamos plenamente las medidas para detectar transacciones financieras fraudulentas encaminadas a financiar el terrorismo. Ahora bien, esta propuesta de resolución no menciona los resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades belgas. Tampoco se reconoce en ella la importancia de garantizar que el acceso a esos datos se limite a las autoridades competentes en materia de lucha contra el terrorismo.

En cuanto al acuerdo PNR, los conservadores creemos que un país tiene el derecho soberano a pedir información sobre las personas que entran en su territorio. Cualquier acuerdo sobre la transferencia de datos debe reconocer ese derecho. El método más apropiado para aplicar esos acuerdos y asegurar un alto nivel de protección de los datos consiste en un mecanismo de cooperación intergubernamental. Por estas razones, los conservadores británicos hemos votado en contra de la resolución.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) La UE está plenamente comprometida con la lucha contra el terrorismo mundial, sobre la base de sus valores humanos y el respeto de los derechos y libertades fundamentales.

Ningún motivo, por muy loable que sea, puede justificar la ausencia de una legitimidad democrática. Por ello, el intercambio de datos ha de ser objeto de un constante control parlamentario y judicial.

Hay serias dudas sobre el procesamiento de datos personales por parte de las autoridades estadounidenses, que acumulan datos indiscriminadamente, violando la legislación europea en materia de protección de datos. Es más, los acuerdos no son recíprocos: los ciudadanos estadounidenses en Europa gozan de mayor protección que los europeos en Estados Unidos.

Por ello creo que es preciso crear un marco común con los Estados Unidos con el objetivo de salvaguardar las garantías en el intercambio de información sensible en el contexto de la lucha contra el terrorismo. El Parlamento tendrá que vigilar de cerca el acuerdo PNR que ha de negociar la Comisión.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Siempre hemos expresado nuestra oposición al establecimiento de un acuerdo con los Estados Unidos sobre el intercambio de datos personales, tanto en relación con el PNR como con SWIFT.

Ello se debe, en primer lugar, a que el acuerdo forma parte de un amplio conjunto de medidas de seguridad véase el programa de escuchas telefónicas ilegales en Estados Unidos basado en la llamada «lucha contra el terrorismo» que se ha utilizado como pretexto para desatar la ingerencia y la agresión contra países y personas cuando han estado en juego los intereses imperialistas de los Estados Unidos.

Asimismo, nos hemos opuesto a este acuerdo porque no ofrece garantías válidas de que se salvaguardarán los derechos legítimos de los ciudadanos, entre otros, por medio de la aplicación de las normas acordadas relativas a la protección de datos personales, incluidas las definidas por la propia UE, ni tampoco garantiza el seguimiento efectivo de estos acuerdos por parte de los Parlamentos nacionales.

No cabe duda de que la gravedad de la actual situación se minimizaría si se establecieran medidas más específicas, métodos más eficaces para controlar los datos personales que han de transferirse, límites sobre cómo pueden utilizarse los datos, información para los ciudadanos, y si los ciudadanos tuvieran acceso a sus datos personales. Sin embargo lo que se necesita realmente es acabar con esta ofensiva de seguridad que, con el pretexto de la llamada «lucha contra el terrorismo», socava los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) El Sinn Féin cree que el acuerdo relativo al registro de nombres de los pasajeros (PNR) no debe suscribirse a la ligera o a puerta cerrada. El acuerdo PNR forma parte de la llamada «guerra contra el terrorismo» y violará las libertades civiles de los ciudadanos irlandeses.

Los Estados miembros de la UE no deben dejarse intimidar y aplicar un acuerdo que no garantiza los derechos de sus ciudadanos a la protección de los datos.

Irlanda debe tomar la iniciativa en el Consejo de la UE exigiendo un acuerdo más aceptable. Pido al Gobierno que modifique el acuerdo propuesto antes de su aprobación para garantizar como mínimo que la revisión anual conjunta incluya un requisito de evaluación del acuerdo que abarque tanto los detalles de su funcionamiento como también su eficacia frente al objetivo declarado de «combatir el terrorismo»; y que cualquier cambio de las disposiciones de los Estados Unidos, la Unión Europea o Irlanda concernientes a la protección de datos que afecten a la aplicación del acuerdo implique una renegociación inmediata y transparente del acuerdo, que tendrá que ser aprobado de nuevo por las dos cámaras del Oireachtas.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La resolución del Parlamento Europeo sobre la transmisión de datos personales de los pasajeros por parte de las compañías aéreas europeas (PNR) y el escándalo de la facilitación de información sobre transacciones financieras por parte de clientes de SWIFT a los servicios de seguridad estadounidenses, revela el verdadero carácter de las declaraciones de las fuerzas políticas detrás del proceso unidireccional europeo y la subyugación europea.

Sus protestas contra la violación de la protección de datos personales y de privacidad en la Resolución se han convertido en una creencia de que «la UE y los Estados Unidos son aliados fundamentales y leales en la lucha contra el terrorismo». Por ello también proponen firmar un nuevo acuerdo sobre la transferencia de datos personales de los pasajeros, con el mismo contenido que el anterior, y la eliminación de información sobre transacciones financieras «con fines de investigación judicial», siempre y cuando los Estados Unidos ofrezcan garantías de que estará protegida. Los nuevos acuerdos propuestos se añaden a las revelaciones sobre las actividades delictivas de la CIA en los Estados miembros de la UE, con secuestros, detenciones en prisiones secretas y tortura de «sospechosos de terrorismo», demostrando que, a pesar de sus declaraciones hipócritas, la cooperación entre la UE y los EE.UU. se está intensificando, en un intento por limitar los derechos fundamentales y las libertades de las bases populares, con el pretexto de luchar contra el terrorismo.

Resolución sobre la Estrategia de Lisboa (B6-0040/2007)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) He votado a favor de la aprobación de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la contribución al Consejo de primavera programado para el 8 y 9 de marzo. He expresado mi apoyo al nuevo texto de la resolución porque considero que la preservación de la competitividad del mercado interior y la aplicación de una política de innovación estratégica centrada en la eficacia energética representan una respuesta clara y actualizada a la cuestión de cómo lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa. En interés de una mejor transparencia y claridad de la Estrategia, apoyo el proceso de mejorar la elaboración de leyes para la protección del consumidor.

Un punto esencial de la resolución es el llamamiento a los Parlamentos nacionales para que inicien programas de reforma nacionales, pues el éxito de los ambiciosos objetivos de Lisboa depende en gran medida de la iniciativa de cada uno de los Estados miembros. En este contexto, quisiera mencionar el ejemplo eslovaco donde, gracias a reformas estructurales realizadas por el Gobierno de Mikuláš Dzurinda, ya somos testigos de resultados reales, por ejemplo un crecimiento económico de casi el 10 por ciento y la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo. La Estrategia Minerva, que implica movilizar la innovación en apoyo de la economía nacional y desarrollar actividades científicas y educativas, constituye una aplicación de la Estrategia de Lisboa que aspira a convertir Eslovaquia en una de las sociedades más avanzadas, modernas y prósperas del mundo, y al mismo tiempo posiblemente también en una fuente de ideas e inspiración para otros Estados miembros de la Unión.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Apoyamos la Resolución sobre la Estrategia de Lisboa. Creemos que, también en el futuro, la Estrategia de Lisboa ha de basarse en la necesidad de que la política social, la política económica y la política ambiental se apoyen mutuamente. En el trabajo en curso sobre la estrategia es importante hacer hincapié en una perspectiva global en la cual el crecimiento y la creación de empleo se logran mediante la contribución conjunta de unos mercados eficaces y abiertos, la educación y una política de bienestar activa e igualitaria, y una política ambiental progresiva.

Sin embargo, no apoyamos la exigencia de que se eliminen los obstáculos para la creación de puestos de trabajo, incluidos los obstáculos para la creación de puestos de trabajo relativamente mal pagados. Ello podría traducirse en el establecimiento de un mercado de salarios bajos, algo a lo que nos oponemos rotundamente. Por el contrario, queremos evitar a toda costa semejante desarrollo. Ello puede lograrse otorgando un papel más importante a los convenios colectivos y la cooperación entre interlocutores sociales.

Asimismo nos oponemos a los apartados que fomentan la explotación de la «energía limpia» y de la tecnología energética neutral con respecto a las emisiones de dióxido de carbono, porque podrían interpretarse como si estuviésemos a favor de la expansión de la energía nuclear. Preferiríamos que se incrementaran los esfuerzos por desarrollar energía renovable con miras a promover el desarrollo sostenible.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Resolución que tenemos ante nosotros revela el verdadero carácter de la «Estrategia de Lisboa» –la agenda de los empresarios y de los grandes grupos financieros y económicos europeos– que se ha visto reforzada por la revisión, en 2005, de la Estrategia y el lanzamiento de programas de reformas nacionales en todos los Estados miembros a fin de forzar las llamadas reformas estructurales, que aspiran a flexibilizar las relaciones laborales, desregular los mercados, liberalizar los servicios, comercializar la educación y la investigación, y privatizar la seguridad social. Ahora que se ha logrado la liberalización de servicios, la Estrategia ha puesto su mirada en las relaciones de trabajo con la llamada «flexiguridad», desregulación total y liberalización de despidos injustos.

Quiero señalar que ahora han desaparecido las preocupaciones y objetivos sociales, que anteriormente sirvieron para disfrazar el verdadero carácter de la Agenda de Lisboa.

El hecho es que desde 2000, la UE de la era de la Estrategia y de la zona del euro ha experimentado un débil crecimiento de la economía y del empleo, un aumento de la inseguridad laboral, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades de ingresos, mientras que el desempleo se mantiene alto.

Por ello es necesario romper con las actuales políticas de la UE.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Las ideas de los tres principales Grupos de este Parlamento son tan parecidas en política económica, comercial, social y de empleo que han presentado directamente una resolución única sobre la próxima reunión del Consejo Europeo. Esto es en sí mismo motivo suficiente para rechazarla.

En este texto, reflejo de un penoso pensamiento europeísta único, se encuentra todo lo que motiva la creciente hostilidad de los europeos hacia su sistema: la cantinela, escrita con rodeos, sobre los desempleados responsables de su desempleo –«pobres cerdos», como decía Gabin en La Traversée de Paris–; sobre los beneficios de la inmigración, al precio del pillaje de las elites del mundo en desarrollo y de la presión sobre los salarios en Europa; sobre la necesaria reforma de nuestra protección social «a la luz de la evolución de las dinámicas globales», lo que las condena evidentemente a la desaparición; la cantinela sobre actos de discriminación aleatorios, cuando la discriminación más escandalosa se ejercen contra los europeos, en su propio territorio; sobre el crecimiento, sin hablar nunca de poder adquisitivo y consumo ni del aumento vertiginoso del número de trabajadores pobres ni de las responsabilidades del euro; y, por último, sobre la «bendita globalización», que es un oxímoron.

Su eterna solución es tener todavía más Europa. ¡Decididamente, ustedes merecen fracasar!

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo hemos apoyado esta propuesta de resolución porque siempre hemos respaldado los objetivos de la Estrategia de Lisboa para fomentar la competitividad de Europa y el desarrollo de una economía dinámica e innovadora, aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo y promover la desregulación en la UE. Apoyamos asimismo el llamamiento a los Estados miembros para que no recurran al proteccionismo. Creemos que esta resolución apoya, en términos generales, esos objetivos.

Eso no significa que aprobemos toda la lista de medidas políticas detalladas que figuran en la resolución. Por el contrario, apoyamos la idea general de lo que creemos que es el efecto liberalizador del texto, que llega con mucho retraso.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Apoyo en particular la enmienda que propone la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores reconocidos por la OIT y el Programa sobre el trabajo decente. Asimismo, soy partidario de evitar el dúmping ambiental como un elemento crucial de la competencia leal. Los aspectos sociales y ambientales tienen que integrarse en el desarrollo del comercio.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) La fecha tope de 2010 para conseguir el objetivo de Lisboa de convertirnos en la economía más dinámica y basada en el conocimiento del mundo se vislumbra ya. Parte de ese objetivo consiste en conseguir que un mayor número de mujeres se incorporen al mercado de trabajo. En la Cumbre de Barcelona de 2002, los Estados miembros acordaron que, para el año 2010, un tercio de los niños menores de 3 años y el 90 % de los niños de tres a seis años de edad dispondrían de plaza en centros de atención infantil. Al parecer, solo cinco Estados miembros han conseguido este objetivo. Si queremos que más mujeres disfruten de la libertad de trabajar, debemos disponer de una atención infantil de calidad y asequible como prioridad política fundamental.

  Marc Tarabella (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la resolución común presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que formula una serie de ideas con vistas al Consejo de primavera de 2007 en relación con la Estrategia de Lisboa.

En efecto, mis colegas han aceptado dos apartados fundamentales que considero contrarios a mis convicciones europeas.

En primer lugar, el Parlamento Europeo ha aceptado apoyar la política que autoriza la financiación privada de las universidades y alentar al sector privado a manifestarse sobre las necesidades del mercado en materia de educación y formación. Esta medida puede conducir a una forma de competencia entre las universidades que podría poner en peligro la igualdad en la formación universitaria.

Además, el Parlamento Europeo ha decidido pedir a los Estados miembros que revisen los modelos sociales ineficaces a la luz de su viabilidad financiera a largo plazo, de la evolución de las dinámicas globales y de las tendencias demográficas, con el fin de hacer que dichos modelos sociales sean más sostenibles. En mi opinión, esto equivale ni más ni menos que a amenazar abiertamente los sistemas de seguridad social.

Solo por esas dos opciones he decidido, contrariamente a mis convicciones, votar en contra de esta resolución.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La Resolución conjunta sobre la Estrategia de Lisboa del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, los Socialdemócratas y los Liberales aprobada por el Parlamento Europeo demuestra una vez más el acuerdo entre los portavoces políticos del capital para promover sus elecciones estratégicas.

La prioridad del capital eurounificador es la promoción eficaz y rápida de las directrices de la Estrategia de Lisboa, que expresa su ambición de incrementar sus beneficios, para que pueda imponerse sobre la competencia del monopolio a través de un ataque bárbaro contra todos los derechos de las clases trabajadoras.

En la Resolución se fijan los objetivos de la estrategia del capital lealmente aplicados por el Gobierno de Nueva Democracia, con el apoyo del PASOK; es decir, la aparición del capital en los sectores de la sanidad, el bienestar y la educación, a través de asociaciones público-privadas, la posición de la investigación al servicio de los monopolios, la liberalización y comercialización de la energía, la reestructuración de las relaciones de empleo y la abolición del sistema de seguridad social. Se concede una especial importancia al ajuste del sistema educativo a las necesidades de la competitividad del capital.

El Grupo del Partido Comunista griego del Parlamento Europeo ha votado en contra de la Resolución y pide a las clases obreras que intensifiquen su lucha contra todas las políticas antiobreras de la UE y sus Gobiernos de «centro derecha» y «centro izquierda», y que exijan un empleo permanente y estable con derechos, un sistema nacional de seguridad social y sanidad, y una educación estatal libre.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) La propuesta contiene algunas propuestas constructivas en relación con la importancia de una mayor competencia y unas mejores condiciones para las empresas y la innovación. Sin embargo, el proceso de Lisboa ha de considerarse ante todo como una cuestión nacional, y por ello es lamentable que se implique al Parlamento en diversos ámbitos sobre los que corresponde decidir a los Estados miembros individuales.

Por ejemplo, el informe habla de cómo los Estados miembros han de organizar su seguridad social y cómo han de garantizar que todos los que dejan la escuela reciban ofertas de trabajo o puedan aprovechar las medidas dirigidas a mejorar su empleabilidad. Por lo tanto, votaré en contra de esta Resolución.

Informe Hall (A6-0467/2007)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El texto aprobado hoy, en seguimiento de la comunicación de la Comisión sobre la política comunitaria en materia de espectro de radiofrecuencias, es bastante contradictorio en algunos ámbitos puesto que da la impresión de unir posiciones ideológicamente opuestas.

El informe contiene propuestas cuyo objeto, entre otras cosas, es salvaguardar la prestación de servicio(s) público(s); mantener un cierto grado, que puede ser alto, de soberanía nacional en lo referente a la gestión del espectro; transferir algunas de las ventajas de las nuevas tecnologías a las regiones menos desarrolladas; recuperar para el dominio público frecuencias no utilizadas de acuerdo con los compromisos hechos; proteger los intereses públicos y las frecuencias de importancia estratégica; y mantener altos niveles de calidad en «servicios de interés público o general». Sin embargo, también afirma que aplaude la propuesta de la Comisión de introducir un enfoque del espectro orientado al mercado y de establecer un marco jurídico claro que ofrezca soluciones basadas en la competencia.

En el fondo, a pesar de sus buenas intenciones, da luz verde a que se sigan políticas neoliberales y se rinda culto al dios mercado, lo cual pondrá en peligro la prestación de servicios públicos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque se declara a favor de un acceso justo y no discriminatorio al espectro radioeléctrico y porque mantiene que todas las tecnologías deben recibir el mismo trato. Un enfoque combinado de la gestión del espectro radioeléctrico para conseguir una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta del mercado contribuirá a los beneficios sociales y económicos derivados de su uso.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Quiero apoyar a la ponente en su intento de plantear las serias preocupaciones que existen por los intentos de excluir las frecuencias de radiodifusión de las propuestas, sobre todo en lo que respecta al dividendo digital que estará disponible cuando se pase a la emisión digital. Hay que presionar a los servicios de radiodifusión para que hagan un uso eficiente del espectro radioeléctrico.