Acta literal de los debates

Miércoles 14 de marzo de 2007 - Estrasburgo

6. Explicaciones de voto

- Informe Klamt (A6-0004/2007)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Dado el modo en que se ha desarrollado la política y la legislación comunitaria en materia de migración y asilo, es preciso recabar información estadística cuya calidad sea muy superior a la de la información disponible actualmente.

Por tanto, apoyo esta iniciativa, la cual guarda relación con el Consejo Europeo de Salónica de 2003, durante el cual se reconoció la necesidad de crear mecanismos más efectivos para la recopilación y el análisis de los datos sobre migración y asilo en la Unión Europea.

Acojo con satisfacción el informe de la señora Klamt, cuya finalidad es el establecimiento de un marco común para la recopilación y la reunión de estadísticas comunitarias en este ámbito. De este modo, los Estados miembros podrán sacar mayor partido a los datos disponibles y elaborar estadísticas que, en la medida de lo posible, cumplan con las definiciones armonizadas.

En consecuencia, se mejorará el intercambio de estadísticas y se llevará a cabo un análisis común, lo cual, a su vez, facilitará la preparación de políticas europeas justas y efectivas en materia de migración y libre circulación de personas.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Es preciso considerar este informe como otro paso más hacia la armonización total de la legislación comunitaria. En nuestra opinión, la creación de una autoridad pensada para supervisar los flujos migratorios y transferir datos sobre estos en el seno de la Unión Europea resulta bastante innecesaria y constituye una carga más para el presupuesto comunitario. La ponente no ha mostrado respeto alguno por la legislación nacional vigente a la hora de definir conceptos jurídicos tales como «ciudadanía» e «inmigrantes ilegales». El hecho es que ya existen datos y análisis expertos, detallados y fiables en el ámbito de la migración, no solo en el seno de la Unión Europea, sino en todo el mundo representado por las Naciones Unidas. Los conceptos de ciudadanía, condición del refugiado e inmigrantes, por ejemplo, se encuentran perfectamente definidos en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La Lista de Junio se niega a contribuir al desarrollo de una sociedad controladora en donde la libertad de circulación de las personas se vea perjudicada por las decisiones adoptadas en el nivel supranacional. Por consiguiente, votamos en contra de la totalidad del informe.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La adopción de una política europea de asilo e inmigración requiere disponer de estadísticas europeas globales y comparables sobre una serie de temas relacionados con la migración. Esta propuesta, que instituye normas comunes para la recopilación y la elaboración de estadísticas en este terreno, deberá proporcionarnos cifras comparables para formarnos una idea de los flujos migratorios en Europa.

He insistido en particular en que en esta propuesta se incluyeran cifras relativas a los denominados procedimientos acelerados. En efecto, Europa debe asegurarse de que no se generalice de forma sistemática la adopción de un procedimiento acelerado y de que se garantice la necesaria protección internacional, el derecho de asilo y el principio de no expulsión.

Finalmente, pedimos estadísticas diferenciadas para las personas trasladadas, conforme al Reglamento de Dublín II para la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. En efecto, parece que este Reglamento impone una carga desproporcionada a los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión. A falta de la evaluación de la Comisión, inicialmente prevista para finales de 2006, los datos estadísticos nos permitirán confirmar este fenómeno.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Una directiva no es el método más apropiado para la regulación del complicado proceso que supone la recopilación de estadísticas. Para ello, resulta más conveniente establecer acuerdos entre aquellas autoridades responsables que dispongan de las competencias necesarias. Por tanto, me abstengo de votar en relación con este informe.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional.

La señora Klamt ha elaborado un informe excelente, en el cual se plantean cuestiones importantes en relación con los mecanismos efectivos para la recopilación y el análisis de datos sobre migración y asilo en la Unión Europea. La ampliación de la Unión ha aumentado la necesidad de disponer de estadísticas armonizadas y comparables. La existencia de información precisa resulta esencial para garantizar el desarrollo y el control de la legislación comunitaria y la política en materia de inmigración y asilo.

- Informe Leichtfried (A6-0023/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, aunque he votado a favor de este informe, quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención sobre la situación de las agencias –en la actualidad la Unión Europea cuenta con un total de 33 y la Comisión acaba de anunciar la 34ª– con un coste presente de más de mil millones de euros al año. Estas emplean a una plantilla de 2 700 trabajadores y entre un 60 y un 70 % de sus gastos tienen que ver exclusivamente con la administración. Parece que en este caso hay algo que no marcha bien y quisiera llamar la atención sobre ello.

Solicito que se revise el trabajo realizado en la práctica por todas las agencias, su eficiencia y su utilidad, y que se considere cerrar aquellas que no generen un valor añadido para los servicios de la Unión Europea. Solamente entonces podrá considerarse la apertura de una nueva agencia, si se determina que es necesaria.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Leichtfried sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea.

Creo que la propuesta de ampliar el papel de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) al establecimiento de unas normas comunes de seguridad aérea aplicables por todas las compañías aéreas que operen en Europa, tengan o no su base en la Unión Europea, es un avance. Los ciudadanos europeos están muy preocupados por que se respeten unas normas que les garanticen la máxima seguridad.

A este respecto, se confiere a la AESA el poder de imponer multas y sanciones financieras periódicas cuando no se apliquen correctamente las normas de seguridad.

Por otra parte, he apoyado las propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de competencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea en materia de licencias de los pilotos, para comprobar que estos cumplan unos criterios de formación y competencia profesional y lingüística.

Asimismo he apoyado una enmienda similar que pide una cualificación idéntica para los miembros de la tripulación de cabina.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Las normas comunes que regulan el transporte aéreo son necesarias y convenientes, especialmente desde el punto de vista de la seguridad. Por ello existen motivos para debatir cómo debería desarrollarse y continuar la actual cooperación en cuestiones de aviación. Sin embargo, como es habitual, el Parlamento Europeo trata de importar otras propuestas que pretenden aumentar el poder de la UE en áreas que deberían estar reservadas a cada Estado miembro. No obstante, creemos que el informe actual propone demasiadas competencias para la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Confiamos en que las autoridades nacionales competentes sean capaces de garantizar que los pilotos cuentan con habilidades profesionales satisfactorias, además de un conocimiento adecuado de lenguas. Tampoco compartimos la idea de que los países de la UE deberían contar con un representante común en el órgano de las Naciones Unidas para las cuestiones globales de aviación (la Organización de la Aviación Civil Internacional). Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las competencias de los Estados miembros en la aviación civil se han transferido gradualmente a la «Comunidad» y la enmienda propuesta al Reglamento (CE) 1592/2002 constituye un paso más en este sentido. El proceso de transferencia y desviación de competencias es todavía más perjudicial cuando se hace dentro de un marco sin límites claramente definidos.

En este caso, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) también pasaría a responsabilizarse de la certificación de aviones y pilotos, competencia que en la actualidad recae en cada una de las autoridades nacionales.

Actualmente, las autoridades nacionales cumplen con los requisitos vigentes sobre aviación civil derivados de los acuerdos internacionales, además de garantizar su cumplimiento. Ya se está produciendo una cooperación entre los Estados miembros y terceros países. Incluso podría fomentarse y desarrollarse de forma adicional, al tiempo que se garantiza el respeto hacia la soberanía de cada país, los trabajadores y sus derechos –garantizando la armonización social al proporcionar condiciones de trabajo más favorables– así como hacia los derechos del usuario.

En esencia, esta iniciativa constituye un nuevo «paso adelante» hacia la aplicación efectiva de lo que se denomina el «espacio aéreo en el cielo único europeo», algo a lo que nos oponemos. Ahora, con el proceso de negociación sobre la modificación de este reglamento en curso, seguiremos pendientes de esta cuestión para garantizar que se salvaguarda la soberanía nacional en todo momento.

  Fernand le Rachinel (ITS), por escrito. – (FR) Es cierto que todavía se producen demasiado a menudo catástrofes aéreas que se deben no solo al mal estado de algunos aparatos, sino también al incumplimiento de los requisitos de seguridad.

El mérito de esta propuesta del Parlamento y del Consejo es que incrementa las obligaciones de los Estados miembros en materia de inspección no solo de los aviones de terceros países, pero también de los aviones de la UE.

Por otra parte, si una inspección sobre compañías aéreas o sobre las actividades de las autoridades de aviación civil revela anomalías o un incumplimiento de las normas de seguridad estándar, la Agencia Europea de Seguridad Aérea tendrá la facultad de poner en marcha un mecanismo de sanciones y retirar a las compañías aéreas transgresoras la autorización de transportar viajeros en la Unión. Creo que es un notable progreso para la prevención de los riesgos de accidentes de aviación.

Por último, la labor y la misión de esta Agencia permitirán completar, espero que de forma útil, la lista negra europea de malas compañías aéreas.

Aun cuando no se han resuelto todas las cuestiones en materia de seguridad aérea, parece que la prevención y la represión se unen al fin de un modo útil en este expediente. Votaremos a favor.

  Luca Romagnoli (ITS), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe Leichtfried pretende ampliar los poderes de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, dándole el control no solo sobre la aviación, sino también sobre las acciones de los transportistas. La Agencia será responsable de revisar y emitir certificados y licencias, además de controlar la aplicación de normas de seguridad uniformes. También podrá imponer multas si no se aplica la seguridad de forma adecuada.

El informe presta también especial atención a la experiencia que ha adquirido la AESA en el reclutamiento de personal desde 2002; en este sentido, ha tenido dificultades para seleccionar el personal capacitado y con experiencia que necesitaba por una serie de motivos, incluidos los conocimientos de idiomas. Por lo tanto es razonable que el ponente pida que el problema se afronte mediante nuevas soluciones, como aprovechar las posibilidades que ofrecen los Reglamentos de personal de la UE.

Sin embargo, hoy me ha sorprendido mucho saber que solamente hay cuatro italianos en la AESA, mientras hay 45 franceses y 47 alemanes. Solicito a la AESA y a la Comisión que también aborden y resuelvan este problema de representación, ya que existe un desequilibrio injustificable contra Italia.

- Informe Bourzai (A6-0006/2007)

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) Señor Presidente, hoy he votado a favor de la enmienda 12 del informe mencionado para que la carne de bovino de 8 a 12 meses de edad que se comercialice como vacuno quede exenta de las reglas fijadas en este instrumento legislativo. Tal exención debería concederse para beneficiar a los productores de carne del Reino Unido con una reducción de costes y la exención de procedimientos onerosos mediante la supresión de la necesidad de procesar por lotes separados en cada fase del proceso de producción. No creo que este nuevo requisito tenga justificación alguna y por ello espero que se conceda una exención.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) He votado en contra del informe de la señora Bourzai sobre la comercialización de carne de animales bovinos de edad igual o inferior a doce meses. No solo debe permitírsele al posible consumidor obtener información en la etiqueta sobre la edad a la que el animal fue sacrificado y los datos habituales como la clase de producto, peso, precio y fecha de consumo preferente, sino también informarle sobre la distancia que viajaron los animales todavía vivos y en su camino al matadero. A la hora de comprar, los consumidores europeos deben poder ver, de forma simple y rápida, durante cuánto tiempo se transportó la carne en la que están interesados antes de ser sacrificada, para que puedan tomar la decisión de comprarla o no.

- Informe McDonald (A6-0019/2007)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La aprobación de este informe constituye un importante paso adelante para garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores del sector marítimo.

El Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pretende garantizar unas condiciones de vida y de trabajo decentes a bordo de los barcos. Este incorpora todos los convenios y las recomendaciones existentes sobre el trabajo marítimo adoptados por la OIT desde 1919 en un único texto que servirá de base para el primer Código del trabajo marítimo universal.

Es esencial que los Estados miembros ratifiquen el Convenio para que se hagan todos los esfuerzos posibles por garantizar que se cumple de forma efectiva.

Dada la importancia estratégica del sector, que representa el 90 % del comercio mundial y el 40 % del comercio intracomunitario, y el número de trabajadores implicados, esta medida hace tiempo que era necesaria. Por lo tanto hemos votado a favor del informe y esperamos que los Estados miembros ratifiquen y cumplan el Convenio.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Señor Presidente, he votado a favor de este informe, que simplifica todos los convenios y recomendaciones de la OIT desde 1919 en un único texto. Me complace que se haya fijado el año 2010 como posible fecha límite para la ratificación por los Estados miembros, puesto que la Comunidad Europea no es parte de la OIT o de este convenio y es importante que todos los Estados miembros ratifiquen las recomendaciones de la OIT.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Convenio sobre el trabajo marítimo de la Organización Internacional del Trabajo establece los derechos laborales de las profesiones marítimas al nivel más bajo posible. Este está muy por debajo del nivel de sus derechos reales y de las demandas de la comunidad marina. Tenemos reservas respecto a algunas de sus disposiciones, como las que reconocen el derecho de las tiendas de esclavos, que presuntamente encuentran trabajo para los marinos, a existir y comerciar.

El informe del Parlamento Europeo y la propuesta de la Comisión que permiten que los Estados miembros ratifiquen el Convenio, reflejan las contradicciones y la dura competencia entre las distintas facciones de armadores.

Los armadores griegos se oponen firmemente al Convenio. Estos están reaccionando incluso ante la salvaguarda de lo que son condiciones de trabajo y remuneración inadecuadas, para poder mantener «intacto» el marco legislativo neocolonial del transporte al que han dado forma los Gobiernos de Nueva Democracia y el PASOK, y continuar sin obstáculos a su explotación miserable de los marinos griegos y extranjeros, además de aumentar sus beneficios.

El Partido Comunista Griego hace un llamamiento a los marinos para que refuercen la lucha de clase de su comunidad, intensifiquen su lucha y contraataquen para conservar y adquirir sus derechos, y también satisfagan sus necesidades actuales ante la política antisocial de la UE, la intervención a favor del capital de los partidos Nueva Democracia y PASOK y las fuerzas de la Europa de un único sentido.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, ya que estoy de acuerdo en que es necesario redactar un primer Código del trabajo marítimo universal.

Con la adopción del Convenio de la OIT de 2006 existirán unas normas mínimas sobre la salud, la formación, las condiciones de trabajo y la seguridad social de los trabajadores del sector marítimo, lo que garantizará condiciones de trabajo y de vida decentes a bordo de los buques internacionales.

Ratificar este Convenio depende ahora de los Estados miembros. Por ello solicito a las autoridades portuguesas que ratifiquen este Convenio de la OIT, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de empleo más homogéneas.

Celebro los innovadores mecanismos que introduce el Convenio, como el certificado de trabajo marítimo emitido por el Estado a los barcos que lleven su bandera, después de haber verificado que las condiciones de trabajo a bordo se adaptan a las leyes y reglamentos nacionales derivados del Convenio.

Espero que este Convenio ayude a estabilizar el sector del transporte marítimo, que se enfrenta a la presión de la competencia internacional de operadores con una legislación social mucho menos estricta y con la amenaza de la deslocalización del reclutamiento de marinos en detrimento de los trabajos europeos, incluido el transporte intracomunitario.

- Informe Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) El envejecimiento de nuestra población, es decir, el aumento de personas mayores, y la solución de cuestiones de privación social son importantes retos a los que tendrá que enfrentarse la Unión Europea en los próximos años.

Celebro el informe del señor Hasse Ferreira, que adopta un enfoque activo y se esfuerza por definir normas claras para los servicios sociales de toda la UE, especialmente dado que por su naturaleza específica fueron excluidos de la Directiva de servicios recientemente aprobada. Apoyo totalmente la aplicación del principio de subsidiariedad. Teniendo en cuenta los 27 modelos y conceptos distintos aplicados al suministro y la financiación de los servicios sociales, debemos dejar a los Estados miembros el derecho a definir las labores de los servicios sociales en función de la práctica habitual en cada Estado miembro, así como a adaptarlos lo máximo posible a cada ciudadano.

Nuestros ciudadanos esperan un mensaje claro por nuestra parte que confirme que la Unión proporcionará a todos los europeos, especialmente a los débiles y vulnerables, la oportunidad de vivir su vida con suficiente comodidad y seguridad económica. Creo que el Parlamento también contribuirá con este informe al establecimiento de un modelo social europeo sostenible.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, el motivo por el que he votado en contra del informe Hasse Ferreira es que estamos a punto de sufrir un aterrizaje social forzoso, ya que, mientras cada vez se dedica menos dinero a suplementar los fondos de la seguridad social, el número de personas que dependen del Estado pese a trabajar es cada vez mayor.

Cuando degradamos a las madres al convertirlas en perceptoras permanentes de prestaciones sociales, cuando no es posible vivir del trabajo honrado y cuando tener hijos es un modo infalible de acabar pobre, no debería sorprendernos que el entusiasmo por la UE sea cada vez menor, ni el espectro de la escasez de niños que se avecina. Creo que ya hace mucho tiempo que deberíamos haber averiguado y hecho públicos los costes reales que se generan en la UE como consecuencia de las migraciones económicas, tanto de aquellos inmigrantes económicos que han venido aparentemente en busca de asilo, como de los que lo han hecho ilegalmente, especialmente respecto a las cargas que generan en nuestros sistemas de seguridad social.

Los soñadores multiculturalistas deberían tirar de una vez por todas por la borda la ilusoria esperanza de que los inmigrantes extranjeros compensarán nuestra falta de procreación y cuidarán de nuestros ancianos, o se producirá una explosión de los costes sociales, lo que provocaría una inundación en la que la población autóctona europea sin duda se hundiría lentamente.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Respaldamos el informe. Los servicios sociales tienen un carácter propio y son distintos de los comerciales. Depende de los Estados miembros decidir cómo deben financiarse y suministrarse dichos servicios, pero es importante que sean de gran calidad y estén al alcance de todos.

Para proteger los servicios sociales de los reglamentos sobre el mercado interior, es conveniente contar con una directiva específica del sector en la que los servicios sociales y comerciales se definan de forma clara y de tal forma que se distingan los unos de los otros.

Sin embargo, nos intriga el concepto de «empleo femenino», término que desconocemos. Suponemos que, desde el punto de vista del ponente, hay muchas mujeres trabajando en el sector de los servicios sociales y es importante promover su participación en el mercado laboral, al tiempo que combatir las condiciones de empleo poco seguras. Respecto al trabajo a tiempo parcial, creemos que debería existir el derecho al trabajo a tiempo completo, así como también la oportunidad del trabajo a tiempo parcial. Asimismo, quisiéramos dejar claro que el «trabajo voluntario no remunerado» no existe en el sector público, pero puede existir en una economía social complementaria. Sin embargo, el trabajo no remunerado en el hogar no entra en la categoría de servicios sociales.

Interpretamos que el concepto de «colaboración público-privada» se refiere a la existencia en el sector de los servicios sociales de una variedad de servicios de financiación pública y que están proporcionados por una serie de agentes distintos, como son las sociedades anónimas, organizaciones sin ánimo de lucro, las cooperativas y las empresas privadas.

  Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE), por escrito. – (FR) ¡Ya era hora! Ya era hora de tener un informe que tenga en cuenta las características específicas de los servicios sociales de interés general. Los SSIG, que deben distinguirse de los demás servicios de interés económico general, merecían una definición más clara de sus tareas y principios organizativos. Por otra parte, los SSIG son un componente esencial del modelo social europeo que tanto empeño tenemos no solo en defender, sino sobre todo en promover. Por ello, es una suerte que el Parlamento Europeo se haya ocupado de esta importante cuestión.

El compromiso que hemos conseguido alcanzar en esta Cámara es satisfactorio y por ello he votado a favor del informe Hasse Ferreira.

Esta decisión parece coherente con el resultado de las votaciones del Parlamento Europeo desde el compromiso Gebhardt/Harbour en torno a la Directiva relativa a los servicios y, más recientemente, desde el compromiso Rapkay/Hokmark sobre el informe Rapkay. Quiero precisar de nuevo que esta decisión no nos compromete para nada a apoyar una directiva marco sobre los servicios de interés económico general.

No obstante, este informe no basta. Con ello me refiero a la necesaria directiva sectorial sobre los servicios sanitarios.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre los servicios sociales de interés general.

Celebro la continuidad y la coherencia del voto del Parlamento en el sentido de exigir seguridad jurídica y una aclaración del marco comunitario aplicable a los servicios sociales de interés general.

Creo que este informe nos permite establecer un equilibrio entre la aplicación del Derecho comunitario en el sentido más estricto de la palabra y el cumplimiento de tareas en el terreno de los servicios sociales de interés general .

Se trata, en efecto, de una etapa previa necesaria para la adopción de una directiva sectorial sobre los servicios sociales de interés general, que el Parlamento pidió claramente en el informe Rapkay relativo al Libro Blanco sobre los servicios de interés general.

Además, acojo con agrado la propuesta de convocar un foro sobre los servicios sociales de interés general por iniciativa del Parlamento y hago un llamamiento a su organización efectiva durante la Presidencia portuguesa de la Unión Europea.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque trata una cuestión importante para los ciudadanos europeos y porque comparto la opinión del ponente. Los servicios sociales de interés general constituyen uno de los pilares esenciales en los que se basa el modelo social europeo, además de un medio adecuado de reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa y de afrontar retos como la globalización, el cambio industrial, el avance tecnológico, el cambio demográfico, la migración y el cambio de los patrones sociales y de empleo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La caja de Pandora abierta por la directiva sobre la creación del mercado interior de servicios (la sobradamente conocida Directiva Bolkestein), que preparaba el camino para los ataques a los servicios públicos, se desarrolla de forma adicional en este informe sobre los servicios sociales de interés general.

Prueba de ello es la división de los servicios de interés general en servicios de interés económico general y servicios sociales de interés general.

El informe tampoco defiende claramente los derechos de todos los Estados miembros a definir, organizar y financiar los servicios públicos conforme estimen conveniente.

También permite que las empresas privadas proporcionen los servicios sociales de interés general, preparando así el camino para la privatización de los servicios públicos esenciales. Esto tendrá el efecto de socavar los principios de igualdad, universalidad y cohesión social y, lo que es aún más importante, la posibilidad de mantener en la práctica los derechos humanos fundamentales.

Por último, quisiera señalar que todas las propuestas que presentamos fueron rechazadas, como por ejemplo nuestro llamamiento a que, en primer lugar, los Estados miembros invirtiesen las denominadas «reformas» que han institucionalizado sus modelos de protección social basados en el mercado, los han sometido a la competencia y obligado a competir y, en segundo lugar, dejasen de promover las colaboraciones entre los sectores público y privado o la subcontratación de servicios sociales al sector privado, ya que estas estrategias son engañosas.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) En el apartado 6 de este informe sobre los servicios sociales de interés general se recuerda «la libertad de las autoridades de los Estados miembros para definir, organizar y financiar a su buen entender los servicios sociales de interés general», en virtud del principio de subsidiariedad.

Esta frase por sí sola, a pesar de la supuesta «corresponsabilidad» de la Unión, hace que el resto del texto pierda todo significado: los servicios públicos dependen y deben seguir dependiendo únicamente de la prerrogativa de los Estados. Y a cada Estado corresponde decidir si se rigen por el mercado o por la solidaridad nacional garante del bien común, o también por una justa proporción de ambos elementos.

En otras palabras, no corresponde ni a la Comisión ni al Tribunal de Justicia de Luxemburgo definir y menos aún regular los servicios públicos. Sabemos bien qué sucede en caso contrario: privatización de los beneficios en nombre del ultraliberalismo y la competencia, a mayor provecho del capital internacional, y «nacionalización» de las pérdidas, sin preocupación por el interés general ni por los ciudadanos, en especial los más pobres.

Nunca se dirá lo suficiente hasta qué punto estas políticas son responsables de la desintegración social que experimentan actualmente nuestros países.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) El señor Ferreira tiene razón cuando afirma que los servicios sociales de interés general son un componente esencial del modelo social europeo, que se basa en la protección de las personas más vulnerables: los niños, los ancianos, los enfermos, las personas discapacitadas, los desempleados, etc.

Tres fenómenos ponen hoy en entredicho este modelo social. Uno, la inmigración incontrolada, que está arruinando nuestros sistemas de protección social. Así, en Francia, la asignación de ayuda médica estatal gratuita a inmigrantes ilegales cuesta cada año 600 millones de euros. Dos, la destrucción de las fronteras que, al abandonar a nuestras empresas a la competencia internacional y el dumping social, en particular de China, destruye la base económica de este modelo social. Tres, la supresión progresiva de los servicios públicos decidida en 2000 en la Cumbre europea de Lisboa.

El informe de nuestro colega, el señor Hasse Ferreira, no propone ninguna solución, pues estos fenómenos son el resultado de la ideología ultraliberal aplicada por la Europa de Bruselas.

Solo otra Europa, la Europa de las patrias, basada en el respeto de las soberanías nacionales, en la preferencia comunitaria y en unas fronteras que la protejan de una inmigración desenfrenada y de una competencia internacional desleal, permitirá a nuestras naciones reconstruir un modelo social europeo.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Señor Presidente, he votado a favor de este informe que pide a la Comisión que considere la propuesta de una directiva específica para el sector en el ámbito de los servicios sociales de interés general, dado que estos no pueden asociarse a las reglas que rigen los servicios comerciales en la UE. Los servicios sociales tienen que seguir siendo de alta calidad y accesibles a todos, y las reglas que rigen su prestación han de establecerse por la vía legislativa.

  Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) A pesar de nuestras reservas sobre determinados aspectos del informe, en general hemos decidido votar a favor. Aunque no estamos convencidas de la necesidad de un marco jurídico ni estamos satisfechas con el modo en que determinados servicios sociales han sido calificados de servicios de interés económico general, nos complace que el informe apoye firmemente los valores de igualdad y solidaridad y los principios de accesibilidad y servicio universal.

Nuestro voto a favor de este informe no ha de considerarse en modo alguno un apoyo a las asociaciones público-privadas.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe, aparte de sus pronunciamientos gratuitos sobre el «carácter particular» de los servicios de interés general, prepara el camino para su privatización e integración en la directiva sobre la liberalización de servicios (directiva Bolkestein).

Dentro del marco de las reestructuraciones capitalistas, sectores cruciales de los servicios de protección social se están poniendo en manos del «libre mercado» y la «libre competencia», es decir, de la falta de responsabilidad de las grandes empresas, de forma que en la actualidad apenas operan con los limitados criterios sociales vigentes, generando en su lugar beneficios para la plutocracia.

Tanto la comunicación de la Comisión Europea como el informe del Parlamento Europeo sobre servicios sociales se basan en reforzar los cambios contrarios a los intereses de la gente común.

Estos limitan drásticamente el concepto de los servicios de interés general. Promueven la asignación de obligaciones del sector público al privado (de forma que las autoridades públicas se convierten en los «camareros» de la «libre competencia») y el desarrollo de colaboraciones entre los sectores público y privado, «ariete» para la penetración de los grupos empresariales monopolísticos en el sector de los servicios sociales de interés general.

Los trabajadores deberán combatir este futuro de pesadilla reforzando el movimiento de base y de la clase trabajadora, además de redoblar su lucha, de forma que puedan contribuir a cambiar la interacción de fuerzas políticas en nuestro país y en Europa para invalidar esta política reaccionaria y contraria a los intereses de la gente común.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La UE no ganará nada con un modelo rígido de definición de las actividades económicas y de determinación de su naturaleza pública o privada. La economía moderna, especialmente la europea, necesita flexibilidad. Por otro lado, el mejor modelo de integración europea es aquel que deja espacio libre para que cada Estado miembro escoja los caminos que prefieran sus ciudadanos, dejándoles incluso espacio para cometer errores. La posibilidad de cometer errores forma parte de la libertad de escoger.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con que es necesario que haya una definición clara, en términos jurídicos, de lo que se entiende por servicios de interés económico general y servicios sociales de interés general. Su correcta identificación es importante para que cuando la UE adopte normas no imponga ni prohíba nada que esté dentro de su competencia. Por tanto, estoy a favor de gran parte del contenido del informe que tenemos ante nosotros. También estoy de acuerdo con el ponente en considerar que los servicios sociales de interés general deben contar con una financiación adecuada. Esto es incuestionable incluso si diferimos sobre los medios de financiación y si cada Estado miembro entiende de forma distinta su obligación hacia sus ciudadanos.

  Bernadette Vergnaud (PSE), por escrito. – (FR) Los servicios sociales de interés general son un componente fundamental del modelo social europeo.

La Comunicación presentada por la Comisión Europea sobre dichos servicios abre la perspectiva de que se aclare el lugar que ocupan los SSIG en la Unión Europea en relación con los aspectos sociales, los conceptos aplicables a dichos servicios y seguridad jurídica que habría que garantizarles. En efecto, los modelos de organización y gestión de los SSIG son muy diferentes en los distintos Estados miembros.

Uno de los aspectos en que debe centrarse la Comisión es la creación de un instrumento jurídico, y en particular una directiva sectorial, que garantice la claridad política de los procedimientos y la seguridad jurídica a las organizaciones sociales afectadas. La convocatoria de un foro dirigido por el Parlamento durante la Presidencia portuguesa, en colaboración con todos los interlocutores sociales, permitirá alcanzar este objetivo.

Los SSIG están llamados a desempeñar un papel importante en la concreción de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, por el volumen de empleo que pueden crear y por la cohesión social que contribuyen a garantizar de diversas maneras en la Unión Europea. Por todas estas razones, he votado a favor del informe del señor Hasse Ferreira.

Propuesta de resolución (B6-0077/2007)

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señor Presidente, mis colegas laboristas del Reino Unido y yo no apoyábamos algunos puntos de esta resolución y hemos votado en contra en la votación final porque creemos que el proyecto de acuerdo evidencia un excesivo desequilibrio favorable a los Estados Unidos de América.

Si el Consejo acepta este proyecto en su forma actual, las líneas aéreas estadounidenses tendrán prácticamente las puertas completamente abiertas al mercado interior de la UE, mientras que las líneas aéreas europeas seguirán sin poder realizar vuelos en el interior de Estados Unidos. Además, los intereses estadounidenses podrán adquirir hasta el 49 % de las acciones con derecho a voto en las líneas aéreas europeas, mientras que el acuerdo recíproco solo permite hasta el 25 % de las acciones con derecho a voto para los intereses europeos en las líneas aéreas estadounidenses. Así pues, a mi entender, el proyecto de acuerdo es apenas mejor que el de noviembre de 2005, que tanto el Consejo como la Comisión consideraban desequilibrado.

Dado que los estadounidenses han logrado sus máximos objetivos de negociación en este proyecto de acuerdo, creo que en el futuro tendrán pocos motivos para seguir liberalizando. Me temo que será el Reino Unido el que pague el precio de este acuerdo. Concede sólidos derechos de tráfico a las líneas aéreas estadounidenses con pleno acceso a Heathrow, lo cual equivale ya al 40 % del mercado transatlántico, a pesar del hecho de que cuatro líneas aéreas –no solo estadounidenses– vuelan ya desde Heathrow al otro lado del Atlántico. Por consiguiente, creo que se trata de un acuerdo muy malo para el Reino Unido y para toda la Unión Europea.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio acepta que la UE represente a los Estados miembros sobre cuestiones relativas a la política comercial. El actual acuerdo de aviación con los Estados Unidos, que pretende permitir que las compañías de la UE vuelen a cualquier parte de los Estados Unidos, se incluye en esta área.

No nos complace que el Parlamento Europeo exprese puntos de vista sobre la estructura de propiedad de las compañías aéreas estadounidenses. Este es un problema de las autoridades estadounidenses competentes. Sin embargo, compartimos las posturas generales que se plantean en la resolución. Por otra parte, el acuerdo sobre aviación es positivo para el mercado interior, un área que salvaguardamos y que queremos desarrollar. Por lo tanto hemos votado a favor en esta resolución en la votación final.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Uno de los objetivos de celebrar este preacuerdo sobre el transporte aéreo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos es minimizar las desigualdades actuales, a distintos niveles, entre las empresas en la UE y en los Estados Unidos.

Vemos con preocupación la celebración de este preacuerdo. La suposición de que la competencia para celebrar acuerdos de este tipo recae en la Comunidad, y no en los Estados miembros, socava la soberanía de estos sobre una cuestión de enorme importancia estratégica, especialmente dado que la base de este acuerdo es «configurar el modelo para una mayor liberalización y convergencia reguladora en todo el mundo», lo cual consideramos inaceptable.

Las ventajas de celebrar acuerdos multilaterales están bien documentadas. Son convenientes siempre que contribuyan a mejorar las condiciones con las que se presta el servicio –especialmente para los pasajeros– las rutas disponibles y el precio aplicado, y que simplifiquen los procedimientos y minimicen el impacto ambiental; y también siempre que salvaguarden y promuevan los derechos de los trabajadores del sector y garanticen el respeto por el derecho y la soberanía de cada país.

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), por escrito. – (PL) Los fallos del Tribunal Europeo de Justicia que ordenan la revisión de los acuerdos de aviación entre la Unión Europea y terceros países plantean retos totalmente nuevos para nosotros, especialmente en el caso de países como Rusia y los Estados Unidos, sobre todo este último. También deberíamos recordar que los fallos del Tribunal Europeo de Justicia son vinculantes para una parte: la Unión Europea. Por lo tanto se requiere que la UE negocie un nuevo acuerdo. Estamos obligados a hacerlo, lo que de partida pone a los negociadores de la UE en una situación mucho más difícil.

Por lo tanto, aún es una suerte mayor que hace dos semanas, tras otra difícil ronda de negociaciones, la Comisión Europea se las arreglase para conseguir un entendimiento parcial, si bien no plenamente satisfactorio. Esto debería considerarse como un importante primer paso. Pero en el futuro es importante que no nos impongamos metas poco realistas. Desde mi punto de vista, las disposiciones destinadas a armonizar la política social en el sector de la aviación a ambos lados del Atlántico, lo que de hecho constituiría un intento de imponer el modelo social europeo a los Estados Unidos, es un ejemplo de lo poco realista que es este planteamiento. ¿No es pecar de engreídos?

Por otra parte, apoyo decididamente la presión para intercambiar las mejores prácticas en protección ambiental. Después de todo, incluso si el calentamiento global resultase ser un mito global, el medio ambiente es un bien inestimable.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos están a favor de abrir el mercado de la aviación a una mayor competencia y acordar una política de cielos abiertos con los Estados Unidos. Sin embargo, las propuestas que se debaten a partir de las recientes negociaciones perpetúan un desequilibrio que favorece a los Estados Unidos. Los acuerdos de este tipo deberían ser totalmente recíprocos, dando a las líneas aéreas europeas los mismos derechos al otro lado del Atlántico que los que se conceden a las líneas aéreas estadounidenses en la Unión Europea. La Comisión ha logrado avances, pero necesitamos más, y pronto. Por este motivo, la delegación de los conservadores británicos se ha abstenido.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución, en la que se hace hincapié en la seguridad y la sostenibilidad como dos importantes objetivos para el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos. Creo que será importante restaurar un equilibrio de intereses adecuado entre la UE y los Estados Unidos después de la decisión del Departamento de Transporte de retirar su propuesta legislativa sobre el control efectivo de las líneas aéreas estadounidenses.

Propuesta de resolución (RC-B6-0078/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he respaldado la resolución basándome en que se necesita urgentemente una labor preparatoria sobre la conferencia de revisión y este es el momento adecuado para llevarla a cabo pero, dado que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares será evaluado por sus éxitos, deberíamos aprovechar la oportunidad que se ha presentado con la reanudación de las conversaciones a seis bandas para trabajar por el desarme nuclear de Corea del Norte. La Unión Europea –y concretamente esta Asamblea– ha hecho una importantísima contribución para reiniciar de nuevo estas conversaciones y conseguir lo que se denomina el Acuerdo de Beijing con la aplicación de medidas concretas.

Sin embargo, ahora debemos prestar apoyo práctico a la aplicación de las medias que se han decidido para desnuclearizar Corea del Norte, y espero que la Unión Europea respalde plenamente las medidas dirigidas a la seguridad alimentaria –es decir, ayuda al desarrollo agrícola y a la seguridad regional– lo que significa la mejora de las relaciones diplomáticas en la región, y medidas destinadas a convertir los derechos humanos en una realidad.

Nuestro objetivo debería ser que Corea del Norte tenga suficientes medios de vida sin armas nucleares y, en términos generales, que haya un cambio de régimen en este país en aras de la paz y la estabilidad en toda la región en su conjunto.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Las armas nucleares constituyen una amenaza global para la población del mundo. Los acontecimientos que observamos en la actualidad, con cada vez más países que adquieren tecnología de armas nucleares, son muy preocupantes. Todo estado soberano tiene naturalmente derecho a defenderse y defender a sus ciudadanos. Sin embargo, de principio no creemos que las armas nucleares estén justificadas. La historia ha demostrado la devastación a la que pueden conducir estas armas.

La resolución que tenemos ante nosotros contiene términos buenos y malos. Por ejemplo, creemos que deberían borrarse todas las referencias a la estrategia europea de seguridad. El hecho es que esta cuestión es un excelente ejemplo de por qué no deberíamos tener una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en la UE. Más de un Estado miembro cuenta con un importante arsenal de armas nucleares, mientras otros ponen sus territorios a disposición de países no europeos con armas nucleares. En una futura UE con una política común de seguridad, los Estados miembros que no posean armas nucleares sin quererlo podrían verse involucrados en conflictos con dichas armas.

Es más, el mundo no se limita a la UE, y un problema global necesita resolverse en el ámbito global. Son las Naciones Unidas las que tienen el conocimiento y la experiencia necesarios y es la institución competente para evitar la propagación de las armas nucleares en el mundo.

Creemos que detrás de la resolución está la intención de reforzar la PESC y la influencia del Parlamento en estas cuestiones. Por lo tanto, votaremos en contra de la resolución.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La no proliferación y el desarme nuclear se encuentran entre los problemas más importantes de nuestra era, en un marco internacional caracterizado por la inestabilidad y la inseguridad derivadas de una agresividad y un intervencionismo cada vez mayores del imperialismo liderado por los Estados Unidos, con la ayuda de los principales poderes capitalistas.

Son los Estados Unidos quienes promueven la carrera de armamentos, un país que desarrolla sus armas nucleares y trata de instalar nuevos sistemas en Europa que, por naturaleza, son agresivos, como por ejemplo los nuevos sistemas antimisiles de Polonia y la República Checa.

A medida que los Estados Unidos adoptan un planteamiento más militar, amenazan a otros países soberanos con su interferencia y agresión militar.

En este entorno, el rechazo de las propuestas presentadas por nuestro Grupo parlamentario por parte de la mayoría en el Parlamento es muy revelador. Las propuestas fueron las siguientes:

- insiste en «una resolución política pacífica de la disputa relativa a los programas nucleares de Irán» y «reitera su oposición a cualquier acción militar o amenaza de utilización de la fuerza»;

- «expresa su oposición al despliegue de nuevos sistemas de misiles balísticos y antibalísticos en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea»;

- solicita «a los Estados con armas nucleares que retiren sus arsenales de un estado de máxima alerta y se comprometan a no atacar a los países no nucleares con armas nucleares».

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución porque me preocupa seriamente el riesgo de proliferación y es importante reactivar y reforzar el Tratado de no proliferación (TNP). La Posición Común sobre la no proliferación adoptada por la Unión Europea constituye una plataforma positiva para un mayor esfuerzo en este terreno, sobre todo aspirando a un multilateralismo eficaz.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. El Sinn Féin se opone sin reservas a la proliferación nuclear y aplaude la oposición manifestada hoy por el Parlamento Europeo.

Irlanda es un país desnuclearizado y ha de seguir así. Sin embargo, la industria nuclear sigue afectando a nuestro medio ambiente y a nuestra salud, puesto que las plantas de energía nuclear extranjeras han afectado a nuestros mares y nuestro campo causando problemas de salud a nuestra población.

Todos los países, al margen de su tamaño, influencia o forma de gobierno, han de iniciar cuanto antes un proceso de desmantelamiento de sus arsenales nucleares. Nos oponemos a que otros países se unan al club nuclear o que las potencias que ya tienen armas nucleares amplíen sus capacidades nucleares.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) En un momento en el que el Parlamento Europeo vota sobre su lista anual de voluntades establecida sobre la no proliferación de armas nucleares y el desarme, rechaza condenar la instalación de nuevos sistemas balísticos y antibalísticos en Europa.

En esencia, esta decisión equivale a aceptar y participar en el sistema nacional estadounidense de defensa antimisiles, cuyo objetivo es establecer una red global de ataque de misiles nucleares. En la República Checa y Polonia ya se está preparando la instalación de nuevas bases estadounidenses y el Parlamento Europeo dará su consentimiento en las propuestas de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y de la gran mayoría de los socialistas y liberales.

Nosotros, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista Griego, nos hemos abstenido en la votación, ya que nos negamos a participar en el autoengaño sobre el carácter de la UE, que era y sigue siendo agresivo también en este sector. Las fuerzas políticas que lo respaldan tratan de presentarlo como un «poder antinuclear». Hay Estados miembros (Reino Unido y Francia) que tienen armas nucleares. También hay otras armas nucleares estadounidenses en suelo europeo. Ahora se dispone a participar en el sistema nacional estadounidense de defensa antimisiles, que fomenta una nueva carrera armamentística y nuevos antagonistas.

Pese a sus bonitos pronunciamientos, se demuestra una vez más que la UE está con los Estados Unidos y contra el pueblo en cuestiones estratégicas. El objetivo del sistema nacional estadounidense de defensa antimisiles es el de establecer la soberanía imperialista mediante el terrorismo nuclear.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Refrendo sinceramente el contenido de esta resolución común. El Tratado de no Proliferación es nuestra mejor arma contra la diseminación de las armas nucleares, una grave amenaza para la seguridad mundial. Debe decirse que no solo es importante qué armas nucleares existen, sino también quién las tiene. Como ya hemos visto, no todos los países se comportan del mismo modo sobre esta cuestión.

Por lo tanto, además de mi voto a favor y mi acuerdo, quisiera destacar la idea de que tenemos otras responsabilidades que van más allá de los actos meramente formales. Desde el punto de vista de la política mundial, lo que más nos interesa es garantizar una seguridad generalizada y duradera. Ya no estoy seguro de qué hemos hecho exactamente sobre esta cuestión. Esperemos que los indicios, poco claros por el momento, que generan temores resulten estar infundados.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) La posesión de armas nucleares ha sido un elemento clave de la capacidad de defensa del Reino Unido en los últimos 54 años. En el peligroso mundo actual y la imprevisibilidad de las amenazas en el futuro, sería absurdo tomar decisiones que debilitaran nuestra capacidad para mantener un elemento de disuasión nuclear británico independiente o la credibilidad de nuestra política de disuasión. Por una inversión relativamente pequeña de menos del 3 % del presupuesto de defensa del Reino Unido en un periodo de 20 años, este país puede mantener una capacidad de defensa vital. El Reino Unido es reconocido como legítimo Estado poseedor de armas nucleares según el Tratado de no proliferación (TNP) y los conservadores apoyan el objetivo de un posible desarme nuclear mundial, tal como establece el artículo VI del TNP.

Sin embargo, estamos rotundamente en contra de cualquier desarme nuclear unilateral que podría poner en peligro a nuestra nación y sus habitantes y dejar nuestra defensa estratégica totalmente en manos de otros. Las decisiones que afectan a la seguridad del Reino Unido, su territorio y sus ciudadanos son responsabilidad del Gobierno de Su Majestad y no de la Unión Europea. La mayor parte de la resolución de hoy es sorprendentemente incontrovertida y las enmiendas extremistas propuestas por la izquierda han sido rechazadas.

Sin embargo, no podemos apoyar un texto que aplaude los esfuerzos de los partidarios de la llamada Campaña por el Desarme Nuclear como la «Red parlamentaria mundial para el desarme nuclear» (considerando E). Por ello nos hemos abstenido en la votación sobre la resolución en su conjunto.