David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución y acojo con agrado la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un proceso de consultas sobre la mejor forma de acción comunitaria con el fin de establecer un marco para los aspectos transfronterizos de la asistencia sanitaria.
Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Quiero explicar mi voto sobre la resolución relativa a la caza en primavera en Malta. He votado en contra de la resolución porque creo que es innecesaria y desproporcionada. No es necesaria, puesto que la Comisión Europea y las autoridades maltesas están manteniendo conversaciones al respecto. La resolución carece de sentido, habida cuenta que Malta ha dado grandes pasos para controlar a quienes no respeten las normas sobre la caza. Además, no se debe olvidar que, durante las negociaciones de adhesión entre Malta y la Unión Europea, la Comisión Europea reconoció –por escrito y no solo verbalmente– un acuerdo por el que Malta podía acogerse a una derogación para autorizar la caza en primavera.
Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, a diferencia del orador que me ha precedido, por mi parte considero que la resolución sobre la caza de aves en Malta es muy importante. El Parlamento Europeo ya ha demostrado en muchas ocasiones que damos gran importancia a la conservación animal y al cumplimiento de las leyes de conservación animal. Por eso esta resolución es muy importante, aunque nos hayamos encontrado con una fuerte oposición del otro lado de la Cámara.
Marcin Libicki (UEN). – (PL) Señor Presidente, quiero decir que he votado a favor de la resolución sobre Malta porque el Gobierno maltés apenas ha avanzado. Seguimos asistiendo a la matanza de enormes cantidades de aves en Malta. Están muriendo muchos millones de aves, en contravención de todas las disposiciones fundamentales adoptadas por la Unión Europea.
También quiero decir que en la primera votación nominal he votado a favor del apartado 2 del informe Voggenhuber por error, pero mi intención era votar en contra. Les ruego, por lo tanto, que así conste.
Robert Atkins (PPE-DE), por escrito. Los conservadores británicos hemos votado en contra de esta resolución por razones puramente procedimentales. Consideramos que esta resolución constituye un abuso de procedimiento. Nuestro voto no debe considerarse una indicación de la opinión de los diputados al Parlamento Europeo del Partido Conservador británico sobre los méritos u otros aspectos del caso concreto que se está analizando.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución y deseo que se prohíba inmediatamente toda caza ilegal de aves en Malta.
Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) La presentación de esta resolución al Pleno de esta Cámara se podría haber evitado fácilmente si Malta hubiera cancelado la caza en primavera y hubiera cumplido, así, las disposiciones de la Directiva relativa a las aves, pero insiste en ignorar las innumerables iniciativas parlamentarias y las medidas legales adoptadas por la Comisión, y parece decidida a permitir una vez más que sus cazadores maten a tiros a un enorme número de aves migratorias protegidas, sin otra finalidad que servir de pasatiempo a los cazadores locales. Además, esta actividad se ha descontrolado y en estos momentos amenaza la diversidad y la conservación de las especies de aves en toda la Unión Europea. Los representantes de los cazadores no tienen reparos en llamar fascistas a quienes se oponen a la caza en primavera. Amenazan a su propio Gobierno, a sus representantes elegidos y a su aparato policial de forma agresiva y esto es algo que nuestra Unión no puede consentir. Puede que el Gobierno maltés se sienta dolido por esta resolución, pero también podría sentirse fortalecido por el apoyo de toda Europa cuando tome medidas para abolir la caza en primavera, y por esto estoy completamente a favor de la resolución.
Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a apoyar este informe, a pesar de que no se ha incluido el apartado 21 en su forma original: «Recuerda que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados europeos no pueden en ningún caso devolver a una persona a un Estado en el que corra el riesgo de ser torturada o sometida a tratos crueles, degradantes o inhumanos, incluida la pena de muerte».
Me decepciona que una pequeña mayoría de esta Cámara estuviera a favor de excluir este importante principio de los derechos humanos.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Podría decir muchas cosas sobre esta resolución. Pero solo se me permiten 200 palabras y voy a usarlas para denunciar el silencio que mantiene con respecto al inaceptable boicot a la Autoridad Palestina (AP), decretado por los Gobiernos de Israel y de los Estados Unidos tras las elecciones palestinas de enero de 2006. La UE se sumó al boicot y también suspendió su ayuda financiera, con lo cual agudizó la ya grave situación humanitaria a la que se enfrenta el pueblo palestino como consecuencia de la ocupación y la agresión israelíes.
Guarda silencio sobre la inaceptable actitud de la UE, que se mantiene a la expectativa y supedita el restablecimiento de las relaciones con las autoridades palestinas, incluida la reanudación de la ayuda financiera, a que aquellas cumplan ciertas condiciones, como el «compromiso con la no violencia», cuando es Israel quien ocupa militarmente los territorios palestinos, o el «reconocimiento de Israel», cuando es Israel quien no reconoce el derecho del pueblo palestino a su Estado soberano e independiente, y el «respeto a los acuerdos y obligaciones anteriores, incluida la Hoja de Ruta», cuando es Israel quien no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo y la propia Hoja de Ruta, mientras sigue construyendo el muro ilegal y mantiene la política de asentamientos.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución. En concreto, estoy a favor de las enmiendas que están en consonancia con las sentencias del Tribunal Europeo, que afirmó que ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que exista un riesgo de maltrato, tortura o pena de muerte.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Uno de los mayores éxitos de la Unión Europea es fruto de las sucesivas ampliaciones, debido en parte al hecho de que la perspectiva de la adhesión ha sido uno de los factores principales de la democratización y la modernización de nuestros países y nuestras sociedades.
Puesto que una ampliación ilimitada de la UE es imposible y algo que no defiendo, estoy a favor de una fórmula que contribuya a promover unos resultados parecidos en la cuenca mediterránea. Me refiero a un nuevo proyecto europeo, diseñado en asociación con nuestros vecinos del Mediterráneo, para crear a medio plazo una zona de libre circulación en la región mediterránea y con un planteamiento lo más próximo posible al modelo de la UE. La adhesión a esta zona estaría abierta a los países circundantes que cumplan los criterios de Copenhague de democracia, economía de mercado y respeto de los derechos humanos. Sería una asociación reforzada a cambio de reformas. También tendría el mérito secundario y accesorio de ser una solución que podría interesar a Marruecos, Israel o Túnez, pero quizás también a Turquía, si ese país llegase a la conclusión de que el proceso de adhesión había llegado a un punto muerto.
Tener vecinos prósperos y democráticos, vinculados por los beneficios potenciales y con poblaciones que no se vieran en la necesidad de emigrar a toda costa, sería un proyecto europeo constructivo. Además, ni siquiera sería un proyecto completamente nuevo.
Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Es evidente que hace falta una auténtica política de cooperación con el Sur y el Este del Mediterráneo para frenar los flujos migratorios que Europa ya no puede acoger por falta de medios, de los que carece desde hace mucho tiempo. Es igualmente evidente que una política comercial razonable puede ser mutuamente provechosa para las dos orillas del Mediterráneo.
Pero no es esto lo que propone el informe del señor Arif, que no es ni más ni menos que una ampliación, a África del Norte y parte de Oriente Medio, de la Unión Europea, su funcionamiento y sus políticas: política agrícola integrada, libre circulación de personas y mercancías, libertad de prestación de servicios, por citar tan solo unos pocos ámbitos.
¿Con qué propósito? No se sabe muy bien, puesto que un estudio citado por el propio señor Arif prevé repercusiones sociales y ambientales negativas a corto y medio plazo.
Por tanto, el Parlamento apoya este proyecto por pura ideología de libre comercio y no en interés de los países de la Unión, como tampoco en interés de los países mediterráneos.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) A pesar de una cierta retórica reformista, el objetivo fundamental de este informe es promover la creación de una zona de libre comercio (ZLC) entre la UE y la región del Mediterráneo y hacerlo, además, en el contexto de los esfuerzos de la UE por conseguir la liberalización del comercio mundial a través de la firma de acuerdos bilaterales/regionales, en un intento de superar las dificultades de las negociaciones en el marco de la OMC.
Por ejemplo, el informe prevé la «apertura de los mercados agrícolas», aunque de forma regulada, con una referencia especial al sector vitivinícola y a los sectores de la fruta y las hortalizas; la liberalización de los servicios, aunque excluye (solo...) los servicios públicos considerados básicos (sanidad, educación, abastecimiento de agua potable, cultura y servicios audiovisuales); la liberalización del suministro de energía a través de la creación de un mercado euromediterráneo; y la liberalización del sector industrial, concretamente a través de la «consolidación de un único espacio euromediterráneo de producción» para el sector textil y de la confección, que incentivaría la reorganización de una gran parte de la capacidad productiva.
Dicho de otro modo, la intención es promover la liberalización del comercio, para deleite de las multinacionales y los grandes importadores europeos, que desean dominar nuevos mercados y recursos naturales y crear nuevas oportunidades para la explotación de una mano de obra barata.
Se están poniendo en peligro los modelos de desarrollo propios de cada país, basados en sus necesidades y circunstancias nacionales específicas, junto con un proyecto de cooperación entre esos diferentes países basado en un verdadero apoyo mutuo.
Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) En los doce años transcurridos desde la Declaración de Barcelona, los pueblos del Mediterráneo se han empobrecido y están más desesperados, mientras que algunas zonas han estado en guerra. Al mismo tiempo, el capital, tanto local como extranjero, se está enriqueciendo.
El informe sobre la construcción de la zona de libre comercio euromediterránea expresa la preocupación de la UE porque el proceso de Barcelona no ha progresado. Pide que se intensifique la acción; dicho de otro modo, que la intervención descarada de la Unión Europea imperialista en los asuntos internos de los países del sur y el sudeste del Mediterráneo se extienda a todos los aspectos de la vida social, económica y política de dichos países. La UE gasta enormes cantidades en esos países bajo ciertas condiciones y cláusulas, de modo que el desarrollo económico y las estructuras políticas estén al servicio del capital eurounificador y sus beneficios, y escapen a la soberanía nacional de los Estados de la zona.
La preocupación que expresa por la inestabilidad política en el sur y el sudeste del Mediterráneo y por los daños materiales causados por la guerra es hipócrita. La UE imperialista es igualmente culpable y responsable, como atestiguan los miles de soldados destacados en la zona.
La prosperidad de esos pueblos solo será posible si gozan de plena soberanía nacional y de libertad para desarrollar sus estructuras y su producción como ellos decidan. Por eso necesitan liberarse de cualquier forma de intervención extranjera y tienen que intensificar su lucha antiimperialista para que quien de verdad gobierne sea su gente.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que formula varias propuestas sobre la creación de una zona de libre comercio euromediterránea beneficiosa para ambas partes. Considero que la implantación de reformas económicas y políticas puede ser una oportunidad para crecer. En particular, me agrada que el informe afirme que la zona de libre comercio debe tener en cuenta las características económicas y sociales concretas de los países para permitirles proteger los sectores más vulnerables de sus economías, como la agricultura y los servicios públicos.
Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) Los tres objetivos principales establecidos en la Conferencia de Barcelona de 1995, a saber, la creación para 2010 de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y sus socios africanos y asiáticos, una zona de paz y estabilidad, y el desarrollo de sociedades libres y democráticas, aún no se han alcanzado.
El conflicto entre Palestina e Israel se encuentra, por desgracia, a años luz de una resolución pacífica. Además, desde la retirada de Israel de la franja de Gaza ha estallado una dramática guerra civil entre Hamás y los seguidores de Fatah.
Aunque en algunos países socios no europeos se han reconocido algunos derechos humanos fundamentales, a menudo no se aplican plenamente.
La asociación socioeconómica, alimentada con fondos del Programa Meda, no ha producido los resultados esperados y todavía existe un terrible retraso en el desarrollo, porque Europa no ha dedicado suficiente atención a la plena aplicación del primer y el segundo programa Meda y también porque los países beneficiarios no siempre han sido capaces de crear la infraestructura socioeconómica necesaria para llegar a ser competitivos.
Por último, muchas regiones euromediterráneas no cuentan con un sistema de transporte eficaz, la tecnología de la información no está suficientemente desarrollada y la modernización de las telecomunicaciones todavía queda lejos. Por todas estas razones, creo que es necesario aplazar la creación de una zona de libre comercio euromediterránea.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Mis comentarios sobre las relaciones euromediterráneas son aplicables en su totalidad, mutatis mutandis, al presente debate.
Como he manifestado en anteriores ocasiones, apoyo el objetivo de crear una asociación profunda entre «Europa» y sus vecinos mediterráneos. En mi opinión, todo lo que sea menos que eso, y una zona de libre comercio es menos que eso, resulta insuficiente. Pero también está claro que todo lo que vaya en esa dirección es positivo y merece mi apoyo. Así sucede en lo esencial en el caso de lo que hoy se debate.
Por tanto, he votado a favor, pero desearía que nuestro debate sobre esas cuestiones evolucionase hacia una concepción más amplia de lo que deberían ser nuestras relaciones con nuestros vecinos del sur. Por el bien de ambas orillas del Mediterráneo.
Luca Romagnoli (ITS), por escrito. (IT) En nombre del Grupo Integridad, Tradición y Soberanía y del Partido Llama Tricolor que represento, digo «no» a esta inaceptable resolución. No porque me oponga a la creación de una zona de libre comercio, sino por el contenido confuso de la propuesta y de las perspectivas para el futuro.
En el contexto actual de inestabilidad política y confusión institucional, no es posible que la zona de libre comercio represente simplemente una oportunidad para los países del sudeste del Mediterráneo. Los retrasos que han experimentado en la aplicación de las reformas necesarias para crear un mercado euromediterráneo no deben darles automáticamente el derecho de proteger a los sectores más vulnerables de sus economías en detrimento de los países de la UE, cuyo único papel, según este informe, sería proporcionar ayuda y cuyos ciudadanos tienen que pagar los costes.
Solo se ha tenido en cuenta la necesidad de ajustar el ritmo y la intensidad de la apertura de los mercados mediante la oportuna aportación de apoyo para la integración de los países del sudeste del Mediterráneo. Los planes para la creación de una política agrícola integrada para el Mediterráneo y el correspondiente apoyo financiero para los países del sudeste del Mediterráneo son de tal alcance que prefiguran la transformación del FEMIP en un auténtico banco de desarrollo. Para completar esa farsa, el informe pretende facilitar la libre circulación de trabajadores, mediante procedimientos legales y administrativos que faciliten la concesión de visados de entrada. Todo ello no supone ninguna ventaja para los contribuyentes europeos, solo más cargas.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y me complace que en él se haga especial hincapié en la educación y la reforma de la policía.
James Nicholson (PPE-DE), por escrito. (EN) Apoyo este informe porque contiene recomendaciones apropiadas en pro de la justicia y del mantenimiento de la paz en la región. Felicito especialmente a la ponente por animar a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a perseguir a los criminales de guerra en busca y captura y a llevarles ante la justicia. También acojo con agrado el borrador recientemente presentado del plan para la reforma de la estructura policial, ya que realiza una asignación equilibrada de las responsabilidades a todos los niveles, además de garantizar la transparencia en la elección de jefes y oficiales de policía y en el control de su labor. Asimismo, deseo felicitar a los hombres y mujeres del Royal Ulster Constabulary por su trabajo para ayudar a formar a la policía local.
Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del Informe Voggenhuber porque esta Asamblea ha vuelto a ignorar los referendos neerlandés y francés sobre la Constitución Europea. ¿De qué otro modo podría describirse? A pesar de que la Carta de Derechos Fundamentales nunca ha sido un documento jurídicamente vinculante –y tras el rechazo de la Constitución en esos dos países nunca lo será–, continuamente se está intentando colar por la puerta trasera ese catálogo políticamente correcto. Esto es inaceptable tanto desde un punto de vista jurídico como también político.
El desprecio unánime de la Europa oficial por las democracias nacionales explica que el Presidente de la Comisión Barroso recomendara recientemente al pueblo neerlandés, en su propio país, que aceptase la Constitución. Se insta a los ciudadanos a que sigan votando, pero en última instancia son los mandarines europeos quienes toman las decisiones. Quien piense que esa clase de arrogancia va a conseguir que la opinión pública europea sea menos euroescéptica se equivoca.
Gerard Batten, Nigel Farage, Michael Henry Nattrass y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP ha apoyado esta enmienda porque expone muy claramente la situación real de que el Tratado Constitucional ha sido rechazado y, por lo tanto, debe abandonarse. Sin embargo, el sentido de nuestro voto no implica en modo alguno que apoyemos al Grupo político que ha presentado la enmienda.
Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores apoyamos el principio de contar con una Carta de los Derechos Fundamentales a modo de recomendación para los Estados miembros. Sin embargo, hemos votado en contra de este informe, ya que lo que se proponía era la conversión de esa Carta en un instrumento jurídicamente vinculante (exigible ante los tribunales) en toda la Unión, a lo que nos oponemos frontalmente.
Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) He apoyado esta enmienda porque expone muy claramente la situación de hecho de que el Tratado Constitucional ha sido rechazado y, por lo tanto, debe abandonarse. Sin embargo, el sentido de mi voto no implica en modo alguno que apoye al Grupo político que ha presentado la enmienda.
Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) La Carta de Derechos Fundamentales es una síntesis de los valores comunes europeos con los que todos los ciudadanos pueden identificarse y les proporciona un instrumento para defenderse, mediante el conocimiento y la comprensión de sus derechos, y para controlar mejor las actividades de las autoridades nacionales y europeas cuando adoptan y aplican la legislación de la Unión.
Lamento que aún no sea jurídicamente vinculante, aunque se ha convertido en un texto de referencia para las actividades de las instituciones europeas y para el poder judicial europeo, como en el caso del Tribunal de Justicia.
Es esencial que hagamos todo lo posible por desarrollar una verdadera cultura de los derechos fundamentales en la Unión Europea mediante la creación de un sistema general de control de los derechos fundamentales y promoviéndolos activamente, además de intervenir en el caso de que algún Estado miembro los conculque o no los proteja debidamente.
Por tanto, es necesario un control riguroso y sistemático que permita encontrar las mejores soluciones para garantizar un equilibrio justo entre los objetivos de seguridad y las restricciones de los derechos fundamentales.
Además, el respeto de la Carta de Derechos Fundamentales se tiene que hacer extensivo a todo el proceso legislativo y a la comitología.
Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) El informe del señor Voggenhuber pretende someter toda la legislación europea al respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, auténtico cajón de sastre ideológico, es decir, hacer que la Carta sea vinculante. En otras palabras, está a favor de hacer caso omiso del rechazo popular a la Constitución Europea, cuya Parte II era la Carta, e imponer una exigencia jurídica que no ha sido aprobada por los ciudadanos ni por sus Parlamentos.
Además, esto tendría tres efectos. Legitimaría la intervención del Tribunal de Luxemburgo en ámbitos que excluyen los propios Tratados, como la cooperación policial y judicial, lo cual no es harto paradójico. Impondría a los Estados exigencias ilegítimas: Bruselas podría imponer, por ejemplo, el cierre patronal, un derecho reconocido en la Carta, pero una práctica que está prohibida en muchos Estados. Impondría al Parlamento Europeo el sentido de su voto: ¿cómo podríamos modificar, si no es en cuestiones muy marginales, una legislación por la que se aplica un «derecho fundamental»?
Este texto es muy preocupante: en nombre de los derechos humanos, logra la proeza de violar tanto la democracia como los Tratados y los derechos del mismísimo Parlamento Europeo.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe apunta en la dirección correcta pero contiene un par de propuestas poco útiles; por ejemplo, en el apartado 2, todo el cual que entra en conflicto con el mandato que hemos recibido de nuestro electorado. Es importante que todas las decisiones de la UE se adopten respetando los derechos humanos fundamentales. El informe critica los acuerdos previos alcanzados entre la Comisión y las autoridades estadounidenses sobre la transferencia de datos de los pasajeros. El ponente señala las razones por las que el transporte secreto de prisioneros por parte de la CIA en territorio europeo era ilegal y subraya la importancia de que dichas violaciones de los derechos humanos no vuelvan a repetirse.
El informe indica claramente que una Constitución Europea es innecesaria para la protección de los derechos humanos en los Estados miembros.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Ha habido repetidas maniobras para intentar restaurar el llamado «proceso constitucional», lo que supone un flagrante menosprecio de las decisiones soberanas del pueblo francés y neerlandés en sus referendos de 2005.
El uso de la «Carta de Derechos Fundamentales», que es parte integral de la «Constitución Europea», es desde hace tiempo una táctica de este juego inaceptable.
La intención del ponente es introducir el contenido de la Constitución por la puerta trasera, es decir, hacer que dicho texto sea vinculante cuando en realidad no lo es y, por ende, «preservar» los tristemente famosos «logros principales de la Constitución».
Si el objetivo es defender unos derechos, entonces deberíamos respetar los que se establecen en la Constitución de la República Portuguesa, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en la Carta Social Europea, textos internacionalmente válidos, cuya legitimidad está reconocida y que son más completos, en comparación con la Carta de Derechos Fundamentales, cuyo contenido es pobre en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo.
De nuevo, en el fondo lo que se pretende es usar los derechos humanos (ahora conocidos como derechos «fundamentales»), para (volver a) imponer el llamado «proceso constitucional», ocultando su inadmisible programa neoliberal, federalista y militarista tras enunciados que manipulan las expectativas legítimas y las justas preocupaciones de los diferentes pueblos de la Unión.
Por eso hemos votado en contra.
Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo tiene una idea extremadamente particular y partidista de la definición de los derechos fundamentales.
Le sirven de soporte para combatir a individuos que considera indeseables y a oponentes políticos, o bien para atacar a Gobiernos molestos que no son políticamente correctos. Curiosamente, nunca se evocan para defender, en particular, los derechos de las minorías políticas presentes en su Cámara. Minorías que han cometido la equivocación de no pertenecer a la gran masa bienpensante de los eurofederalistas. En este terreno, los grandes principios de libertad de expresión e igualdad son absolutamente despreciados. El Parlamento Europeo pone en práctica la célebre fórmula: «haced lo que digo, no lo que hago».
La casta política europea está dispuesta a todo para imponer su visión de Europa, y ello en contra de la voluntad de los pueblos si hace falta. Así, a pesar de que la Constitución europea fue rechazada en referendo en Francia y los Países Bajos, se afana por hacerla pasar a trozos. Del mismo modo, aunque la Carta de los Derechos Fundamentales no tiene ningún valor jurídico vinculante, el texto que se nos propone quiere tornarla indispensable –peor aún, convertirla en un texto de referencia fundamental– para los tribunales europeos.
Lejos de ser inocente, este informe es peligroso para las libertades y los derechos de los pueblos.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que busca fórmulas para mejorar los mecanismos de control destinados a comprobar si toda la legislación comunitaria cumple las normas internacionales de derechos humanos y si los derechos fundamentales ya se tienen en cuenta, mediante procedimientos de evaluación de impacto, al elaborar los proyectos de propuesta de la Comisión. En concreto, me complace que el informe analice formas de incrementar el papel del Parlamento en la defensa de los derechos fundamentales y en la garantía de que la legislación de la UE cumpla las normas internacionales de derechos humanos.
Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La Unión Europea atraviesa actualmente una crisis institucional. Ahora bien, con su voto, los franceses expresaron su deseo de que haya una Unión Europea, pero una Europa que no se limite al mercado único. Los ciudadanos quieren una Europa que también garantice derechos sociales.
Esta propuesta de metodología para una aplicación eficaz de la Carta europea de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión y, en particular, la comprobación sistemática y rigurosa del respeto de todos los derechos fundamentales con ocasión de la elaboración de toda propuesta legislativa, permitirá responder a ese deseo de Europa. Me parece esencial, pues, encontrar una manera de no poner en entredicho el carácter jurídicamente vinculante de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, para que pueda tener todo el peso que los ciudadanos europeos desean que tenga.
Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) El informe contiene mucha palabrería sobre la necesidad de un continuo desarrollo de la Unión Europea y una serie de frases útiles sobre la Constitución y sobre la ampliación de los poderes de la nueva agencia. Nada de eso beneficia a la democracia y al desarrollo. Son palabras vacías que aparecen continuamente en los informes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo que resulta interesante en este caso es la petición de que la Subcomisión de Derechos Humanos pueda evitar que la UE adopte normas que amenacen dichos derechos. Esto es muy importante en un momento en que un flujo constante de nuevas leyes antiterroristas amenaza cada vez más a la sociedad que dichas leyes se proponen proteger. Por esto voy a votar a favor del informe a pesar de sus deficiencias.
Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso.
El señor Voggenhuber ha elaborado un informe excelente sobre la vital cuestión de los derechos fundamentales. Pone de relieve la necesidad de respetar y cumplir dichos derechos, así como la necesidad de crear instrumentos para la libertad. Es esencial que la Carta de los Derechos Fundamentales llegue a ser jurídicamente vinculante.
Una supervisión y un escrutinio sistemáticos por parte de la Comisión para la observación del cumplimiento de todas las propuestas legislativas de la Comisión de los derechos fundamentales parecen algo adecuado. Al ser el principal órgano legislativo, la Comisión debe encargarse de comprobar la conformidad de las propuestas legislativas con otros instrumentos internacionales relativos a los derechos y las libertades garantizados a los ciudadanos. Apoyo la postura de la Comisión. Su objetivo es aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales en sus propuestas legislativas hasta el momento en que dicha Carta entre en vigor.
La protección de los derechos fundamentales y la garantía de la conformidad con los mismos deben ser una de las prioridades de la Unión. Parece que una supervisión temprana de las leyes de la Comisión para garantizar su conformidad con los derechos fundamentales es una buena señal, que además indica la dirección de las actividades de los órganos de la Unión. Es de esperar que ello convierta a la Carta de los Derechos Fundamentales en jurídicamente vinculante.
Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) Conferir a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales un carácter jurídicamente vinculante es políticamente deshonesto e irresponsable en la práctica. Esta Carta siempre se concibió como un documento simbólico de un compromiso político influido por poderosos representantes de intereses individuales que no promueven el bien común.
La Carta crea 18 nuevos «derechos fundamentales» que no están justificados pero son obligatorios para las constituciones nacionales, sin que ningún Gobierno o representante electo nacional pueda oponerse a ellos. Esta Carta es inútil y carece de objeto mientras no aprobemos formalmente el instrumento jurídico que deba aplicar el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ante la duda de la doble norma, niego mi apoyo a la Carta, y me pronuncio a favor del Convenio.
La única institución facultada para tratar de la protección de los derechos humanos en el continente es el Consejo de Europa. El único instrumento jurídico en materia de derechos humanos en Europa es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nuestra superagencia europea de los derechos humanos es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Meyer Pleite (A6-0026/2007) sobre el mandato de negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de Centroamérica, por otra, porque considero que la Unión Europea debe continuar desempeñando un papel fundamental en la protección del medio ambiente y de los derechos humanos en todo el mundo.
Este acuerdo debe buscar un equilibrio entre los tres pilares –el diálogo político, la cooperación y el comercio– que haga posible consolidar los procesos democráticos en Centroamérica, mejorar la eficacia de las instituciones y los Gobiernos democráticos, combatir la violencia, la corrupción y la impunidad, así como las violaciones de derechos humanos y, finalmente, mejorar la cohesión social y las condiciones de vida de todos los habitantes de la región.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque apoyo un acuerdo de asociación equilibrado en el que una liberalización progresiva del comercio debería ser un instrumento (y no un objetivo) al servicio de los principales objetivos de desarrollo socioeconómico, desarrollo sostenible y cohesión social. El déficit político, económico y social que sufren los países centroamericanos merece un acuerdo que tenga en cuenta las asimetrías entre ambas regiones.
Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Ante el telón de fondo de la globalización de las finanzas, la agricultura, la migración y el mercado, las naciones de Europa deben formar una alianza de civilizaciones con las naciones de América Central. Nuestros agricultores, por ejemplo, se enfrentan en el fondo a problemas similares a los de los campesinos de México o las PYME latinoamericanas, ante la confiscación de su propiedad intelectual, sus conocimientos técnicos y, sobre todo, su eliminación progresiva por un sistema comercial planetario que hace competir a nuestros productores de plátanos de las Antillas francesas o las Canarias con los productores de Honduras o Nicaragua, en beneficio exclusivo de multinacionales como Chiquita.
La necesidad de esta alianza de civilizaciones entre Europa y América Latina es aún más clara ante las migraciones planetarias. Así, si desde el decenio de 1970, los industriales franceses del automóvil, las acerías y la construcción se hubieran orientado hacia la mano de obra de América Latina, en lugar de la de Aures, Anatolia o Kabilia, la sociedad francesa se habría evitado las tensiones de hoy y los presupuestos públicos se habrían ahorrado pesadas cargas.
América Latina encontraría en una alianza con Europa los aliados necesarios, en los foros internacionales y comerciales, para defender una concepción de la gestión de las sociedades humanas y las economías diferente de la ideología anglosajona de la primacía absoluta del mercado.
Willy Meyer Pleite, (GUE/NGL), por escrito. (ES) Al ser nombrado ponente de este informe, elaboré un texto, de la mano de la sociedad civil y organizaciones políticas centroamericanas, que recomendaba un Acuerdo de Asociación basado en tres pilares fundamentales: la concertación política y la buena gobernanza, la cooperación al desarrollo y el comercio entre las dos regiones en condiciones de justicia y beneficio mutuo basado en la complementariedad y la solidaridad. Tras el debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, fueron incorporadas una serie de enmiendas procedentes de la opinión de la Comisión de Comercio Internacional que desvirtuaban totalmente el sentido de mi informe, al señalar como objetivo estratégico prioritario la implantación de una zona de libre comercio. Este ponente es de la opinión, compartida por el sentir mayoritario en América Central, de que un Acuerdo de Asociación subordinado a las recetas neoliberales sería un desacierto y solo abundaría en las desigualdades y la pobreza centroamericana en beneficio de las multinacionales. En este escenario, los diferentes Grupos políticos hemos llegado a una serie de transacciones que amortiguan el talante neoliberal del informe, pero a mi entender no lo suficiente. Este informe sigue estando bastante alejado de mi primera intención, por este motivo he votado «abstención».
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) No hay duda de que la situación actual en muchos países de América Latina convierte en bastante polémica una explicación clara de las verdaderas intenciones de los Acuerdos de Asociación promovidos por la UE. Por eso, en el último momento, en algunos puntos de la resolución, el Parlamento Europeo ha sustituido una clara indicación de su objetivo, la creación de una «Zona de Libre Comercio» por la expresión «Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Interregional», manteniendo el contenido de la primera como los objetivos de la segunda.
Este truco no esconde el hecho de que el objetivo sea «el establecimiento a tiempo de una Zona de Libre Comercio», previendo en sus «directrices de negociación la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales» (que se ha suavizado en el último momento al añadir «en condiciones de justicia y beneficio mutuo basado en la complementariedad y la solidaridad»), con el fin de «que negocie un acuerdo comercial único e indivisible que vaya más allá de las obligaciones presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y establezca, después de un periodo de transición compatible con los criterios de la OMC, una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional (…) sin excluir ningún sector», que desarrolle una «unión aduanera» y un «mercado interior común», que garantice «acceso al mercado en el sector agrícola» y a los servicios (excepto la salud y la educación).
¿Qué más se puede decir?
Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Votaré a favor del informe sobre el mandato de negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, de una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, de otra, si se toman en consideración las asimetrías entre los distintos países miembros del Pacto Andino al negociar una zona de libre comercio (debe prestarse atención a los distintos niveles económicos, las características demográficas, los distintos cursos políticos, la gran falta de infraestructuras modernas de comunicación y transporte entre cada Estado miembro). Otro aspecto importante es la introducción de normas laborales básicas y la lucha contra el tráfico de drogas y armas.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque apoya un acuerdo de asociación equilibrado en el que una liberalización progresiva del comercio debería ser un instrumento (y no un objetivo) al servicio de los principales objetivos de desarrollo socioeconómico, desarrollo sostenible y cohesión social.
Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, deseo centrarme tan solo en un aspecto de los informes del señor Meyer Pleite y del señor Yañez-Barnuevo García: el apoyo a la integración regional en América Latina. En el debate de anoche, el Comisario Mandelson dijo en esta Cámara que esta integración es la clave para el crecimiento y la estabilidad. Tiene derecho a dar su opinión, pero ningún habitante de América Latina ha elegido al señor Mandelson para nada; claro que, por cierto, tampoco ningún ciudadano europeo le ha elegido para nada.
Como sus Señorías saben, algunos Estados de América Central en particular se quejan de que Bruselas está condicionando sus acuerdos comerciales y de ayuda a su participación en estrategias regionales. No pongo en duda la sinceridad de quienes, desde Europa, insisten en que el supranacionalismo redunda en interés de todo el mundo, pero ¿nos corresponde a nosotros decir a otros países que imiten lo que está haciendo la UE? ¿Por qué cada vez que debatimos en esta Cámara, por ejemplo, los casos de Iraq e Irán, sus Señorías denuncian sin dudarlo la política de Washington de tratar de imponer sus valores al mundo, pero cuando se trata de intimidar a otros países para que cedan soberanía, Bruselas está repentinamente dispuesta a imponer sus valores al mundo? Me parece una contradicción por nuestra parte.
Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que cuando el comercio se liberaliza, la prosperidad mundial aumenta. El concepto de libre comercio está basado en la idea de que cuantas más partes participen, mejores serán los resultados que alcancen.
Este informe de propia iniciativa contiene muchos aspectos que merecen la pena y que podrán suponer un aumento de la prosperidad. Desgraciadamente, como suele pasar tan a menudo con los informes de este Parlamento, hay también formulaciones superfluas y poco útiles.
El informe habla, por ejemplo, de los factores estratégicos de política exterior de un acuerdo y de dar más poder al Parlamento en relación con asuntos de política comercial y exterior.
Es una pena que los aspectos que acabo de mencionar hagan sombra a las cosas deseables que podrían lograrse. Por ello he votado en contra del informe en la votación de hoy.
Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El libre comercio es el agente de prosperidad más importante del mundo y, cuantos más países participen de él, más prosperidad alcanzarán. La incorporación de grandes partes de América Central y Sudamérica a la zona de libre comercio con la UE representará por tanto un gran paso hacia la prosperidad y la erradicación de la pobreza.
Este informe de propia iniciativa contiene por tanto muchas propuestas valiosas que podrán comportar un aumento de la prosperidad si se pusieran en práctica. No obstante, como ocurre tan a menudo con los informes en este Parlamento, este informe contiene también, desgraciadamente, una serie de puntos cuyo objetivo es promover que la UE se convierta en una superpotencia federal y ampliar el poder del Parlamento a expensas de los Estados miembros.
El informe habla, por ejemplo, de los aspectos estratégicos de política exterior de un acuerdo y de dar más poder al Parlamento Europeo en asuntos de política comercial y exterior.
A pesar de las fuertes objeciones que he hecho, juzgo más conveniente suscribir estos Acuerdos de Asociación Interregional que impedirlos.
Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución, porque considero que la desaparición de personas, que tiene unas repercusiones dramáticas en todo el mundo, en las personas y en sus familias y amigos, es inaceptable bajo cualquier circunstancia, y sobre todo en territorio europeo.
La UE no puede eludir sus responsabilidades y debe desempeñar un papel clave en la resolución de estos problemas. Deben tomarse medidas efectivas, apoyadas por una cooperación eficaz entre las partes involucradas, en vistas a poner fin a las atrocidades que se han sucedido durante décadas y que violan la dignidad humana, así como la Declaración de los Derechos Humanos.
También me alegro del derribo llevado a cabo el 9 de marzo del muro que durante décadas separó «la última capital dividida en Europa».
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Más allá de los méritos intrínsecos de las propuestas que estamos votando, independientemente de cualquier opinión particular de la cuestión de Chipre, esta resolución es importante porque nos recuerda que en nuestra «Europa» todavía hay un muro tan vergonzoso como el que hemos llamado «muro de la vergüenza», a pesar de que en Nicosia el muro ha sido reemplazado por tablas.
No obstante, el problema radica en la línea que separa una isla, divide a Europa y causa sufrimiento en ambos lados. Debemos recordarlo en todo momento, y esta declaración constituye un recuerdo.
Den Dover (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos podemos apoyar determinados elementos de este informe, como la necesidad de controlar la incidencia de la inmigración ilegal en las comunidades insulares.
Sin embargo, no podemos apoyar la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras. Tampoco podemos apoyar las medidas destinadas a la creación de un cuerpo de guardacostas europeo.
Por eso hemos decidido abstenernos en la votación final.
Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) La existencia de este informe sobre la integración, en las políticas regionales, de las características específicas y las desventajas de las regiones insulares de la Unión Europea es, en sí misma, la demostración de que esas peculiaridades, si bien no están totalmente ocultas desde hace años, no son correctamente tratadas; debido sin duda a la propia naturaleza de la Unión Europea, uniformizadora y niveladora.
Lamento asimismo que no se haga hincapié en la insoportable exigencia que representa para estas zonas la aplicación, o la amenaza de aplicación, del Derecho común europeo, en particular en materia fiscal y de competencia. En Francia, los derechos de puerto y los tipos reducidos de IVA o impuestos especiales aplicables a Córcega o a los departamentos de ultramar se ponen en entredicho periódicamente y deben ser también periódicamente renegociados en Bruselas por el Gobierno.
Por último, deploro que la sumersión de algunas islas europeas por el aflujo de inmigrantes clandestinos se aborde de forma localizada y casi clínica en este informe, cuando es un problema extremadamente grave. La supresión de las fronteras interiores y el proselitismo inmigracionista de la UE son, hay que subrayarlo, una de las principales causas de este problema.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Solo quiero añadir dos aspectos relativos a la resolución en cuestión:
- Deseo destacar que estamos de acuerdo con el hecho de que no debe confundirse insularidad con ultraperiferia y que, por lo tanto, debemos tener en cuenta que las regiones ultraperiféricas están doblemente desfavorecidas. Ello se debe en primer lugar a la distancia que las separa del continente europeo y, en segundo lugar, al hecho de que sufren desventajas estructurales a causa de su insularidad, en particular, y a otros obstáculos naturales y geográficos.
- Quisiera destacar nuestro completo acuerdo con los puntos de la resolución que apoyan la actual política de inmigración, sobre todo en relación con la inmigración del norte de África, por lo que se refiere al apoyo de la creación de «equipos de intervención fronteriza de urgencia» y de un «cuerpo europeo de guardacostas» dentro del marco de la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (FRONTEX), con el objetivo de aligerar «la presión inmediata de solucionar este problema». Consideramos que esta es una política represiva que criminaliza a los inmigrantes, quienes simplemente buscan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, del mismo modo que miles de portugueses emigran cada año. Es una política que elude y no aborda las causas subyacentes de la inmigración, identificadas desde hace mucho tiempo, sobre todo por parte de Naciones Unidas.
De ahí que hayamos decidido abstenernos.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe. La importancia de las islas en las principales políticas comunitarias aumenta a medida que se expande la Unión. Me alegro de que esta cuestión continúe en la agenda, ya que sigue siendo un reto para la UE. Este informe ha identificado los principales problemas de las regiones insulares, como la existencia de precios más elevados y salarios más bajos y la dificultad para acceder al mercado único.
Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) Aunque apoyo plenamente a quienes piden que se tenga más en cuenta la difícil situación de las islas en el contexto del desarrollo regional, me ha parecido que no tenía más remedio que votar en contra del informe de hoy del señor Musotto debido a su apoyo a un enfoque de «fortaleza Europa».
El desarrollo económico y social de las regiones insulares es muy importante y requiere medidas especiales, como la flexibilidad normativa solicitada en materia de competencia. Las islas de Irlanda han desempeñado y continúan desempeñando una importante función en la conservación de la cultura y la economía irlandesas. El Sinn Féin apoyará cualquier medida que contribuya a apoyar a esas islas.
Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) Casi todas las islas de la Unión Europea, ya sean ultraperiféricas o no, tienen que enfrentarse a las mismas dificultades. Entre ellas cabe destacar la falta de infraestructuras, los altos precios como consecuencia de los costes adicionales de transporte, costes de energía más elevados, la emigración y la inmigración.
Por estos motivos, en varias ocasiones he instado a la Comisión Europea a que emita un dictamen sobre algunas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de las islas, y en especial de Sicilia, mi región de origen.
En primer lugar, considero vital conceder a todas las islas rebajas especiales de tipos fiscales, como se ha otorgado a otras regiones de la Unión Europea. Ello posibilitaría la atracción de más capital, que generaría desarrollo y empleo.
Respecto a los incentivos para la inversión, he solicitado a la Comisión que tenga en cuenta el desarrollo de una política que aliente en particular la inversión extranjera, sobre todo de fuera de la Unión Europea, a un tipo impositivo cero.
Finalmente, respecto a la falta de infraestructuras, que constituye uno de los mayores obstáculos al crecimiento socioeconómico en las islas, estoy plenamente de acuerdo con el llamamiento hecho a la Comisión para que reconsidere su política en lo que se refiere a su incapacidad de conceder ayudas estatales para proyectos de infraestructuras que mejoren las conexiones del transporte. En este sentido, quisiera destacar la necesidad de construir un puente sobre el estrecho de Messina.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las regiones insulares se enfrentan a grandes dificultades como resultado de limitaciones naturales y económicas. Los elevados costes de transporte y energía, la falta de recursos naturales, la despoblación, las infraestructuras deficientes y la inmigración ilegal hacen necesario adoptar medidas comunitarias específicas para responder de forma eficaz a los problemas característicos de estas regiones.
En consecuencia, los Fondos Estructurales son el principal instrumento para la acción comunitaria en este campo, ya que pueden responder a la voluntad política de la Unión de no abandonar sus islas.
En concreto, debemos determinar con precisión cuáles son sus características y necesidades. A continuación, la Comisión debe garantizar que siempre se tengan en cuenta los problemas específicos experimentados por las islas europeas y debe tomar por consiguiente medidas de supervisión de las fronteras para abordar la inmigración ilegal que las amenaza. También debe diseñar una política de desarrollo integrada, que sea capaz de asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas, como el turismo, en las islas.
Para finalizar, este paquete entero de medidas es esencial con el fin de finalmente crear las condiciones que permitan a estas regiones gozar del mismo acceso al mercado único que las regiones continentales. Por lo tanto, he votado a favor de este informe.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Señor Presidente, saludo el hecho de que la Unión Europea esté actuando de forma acertada al otorgar mayor importancia al papel de las autoridades locales en nuestra cooperación con los países individuales, en particular con terceros países. Me alegro de que haga hincapié en la descentralización tanto de la cooperación como de la ayuda.
Las autoridades locales desempeñan una función importante en el desarrollo local y regional, porque comprenden las necesidades de las comunidades locales, están basadas en el ámbito local y, por lo general, han sido elegidas democráticamente. Representan un papel especial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su papel como instituciones incluye sobre todo cuestiones relacionadas con la educación, la sanidad, el medio ambiente y el espíritu empresarial. Debe destacarse que normalmente no disponen de suficientes recursos financieros. Esto es cierto en particular para regiones devastadas por la pobreza con altas tasas de desempleo.
Estas autoridades locales no reciben un apoyo adecuado de los presupuestos de los Estados miembros. Por lo tanto, debemos apoyar plenamente, ahora y en el futuro, el traspaso de mayor poder a las autoridades locales para actuar por derecho propio en el marco de nuestra política de desarrollo. Esto queda confirmado por nuestra experiencia de cooperación con las autoridades locales en los países de la Unión, incluido mi país, Polonia.
David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque considero que es esencial que las ayudas a las comunidades provengan de las estructuras más próximas a las mismas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En particular, me complace que en el informe se incluyan propuestas concretas de acciones que debe llevar a cabo la Comisión, sobre todo incrementar el diálogo con autoridades locales en torno a la ayuda al desarrollo, mejorar la descentralización del suministro de la ayuda y apoyar un diálogo estructurado entre entidades locales del mundo en desarrollo y de la UE.
El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.