Acta literal de los debates

Jueves 15 de marzo de 2007 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOVICI
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.05 horas)

⁂

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Señor Presidente, mi intervención se refiere a una cuestión de protocolo. Ayer, cuando iba a intervenir en relación con el informe sobre los instrumentos de defensa comercial, quise citar el informe Muscardini del mes de octubre, pero entonces constaté que faltaba un fragmento importante. En consecuencia, no sé cómo deberíamos proceder. El informe es de octubre de 2006, pero hay un grave error en la versión sueca, pues en el apartado 11 falta el texto siguiente y me pregunto cómo podríamos remediarlo. El texto que falta en la versión sueca es: «con vistas a incluir el incumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales de carácter social y ambiental a escala mundial como formas de dumping o de subvención.» Si la versión sueca no incluye en absoluto el aspecto del medio ambiente y del dumping social, el pueblo sueco tendrá una imagen falsa del propósito del Parlamento.

  El Presidente. – Señor Schlyter, esta observación es muy importante y será tenida en cuenta. Lo comprobaremos y tomaremos las medidas necesarias.

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Islas y limitaciones naturales y económicas en el marco de la política regional (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0044/2007) del señor Musotto, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre las islas y las limitaciones naturales y económicas en el marco de la política regional (2006/2106(INI)).

  Francesco Musotto (PPE-DE), ponente. – (IT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los colegas diputados que han contribuido a la elaboración del informe. Creemos que es la primera vez que se dedica a las islas un estudio completo que tenga en cuenta sus características específicas respecto de todos los ámbitos de competencia comunitaria; si bien la política de cohesión para el período 2007-2013 presta atención sobre todo a las regiones estructuralmente desfavorecidas, no prevé medidas específicas para las regiones insulares.

El Parlamento ha destacado ese vacío en varias ocasiones y, aunque la situación de las islas europeas es heterogénea –hay 121 islas en total, con una población de unos 15 millones de habitantes–, estas comparten una serie de dificultades que constituyen una desventaja competitiva: precios más altos debido a los costes de transporte adicionales y a la escasa competencia; dificultad de acceso al mercado único, necesidad de importar materias primas, costes de energía más altos, falta de infraestructuras, inmigración, diversificación limitada de las actividades económicas y vulnerabilidad a los riesgos ambientales. No es casualidad que el PIB medio per cápita en las islas equivalga al 72 % de la media europea. Por tanto, al aplicar la política comunitaria, comenzando por las ayudas estatales, es necesario reconocer sus características específicas. Creemos que se requiere una mayor flexibilidad para contrarrestar los costes adicionales y para compensar las fluctuaciones del precio del carburante, en el caso de la energía.

En el contexto de los programas operativos de los Fondos Estructurales, hay que conceder especial importancia al desarrollo de proyectos de infraestructura, en especial en el marco de una política marítima europea, con el fin de integrar a las islas en el mercado interior y en la estrategia de Lisboa. Por otra parte, las islas disfrutan de una ventaja con respecto a la generación de energía eólica, solar y marítima. Estas representan un valor potencial sin parangón, por lo cual la Comisión debe apoyar los proyectos que favorezcan las fuentes de energía renovables y la seguridad energética.

El turismo es otro recurso que hay que explotar. Necesitamos una política comunitaria que promueva el turismo insular, una etiqueta de calidad y de origen, y un estudio exhaustivo sobre el turismo sostenible. Entre otras cosas, proponemos que el año 2010 se declare Año Europeo de las Islas.

El informe también aborda la cuestión de la inmigración ilegal, que consideramos una tragedia humana y a la vez también una carga insostenible para las islas mediterráneas, que la Unión Europea debe asumir. Acogemos con satisfacción la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras y pedimos que se cree un cuerpo de guardacostas europeo. Es urgente que la Unión Europea destine los recursos necesarios para garantizar una intervención rápida y a tiempo en este terreno.

Hay otras propuestas que convendría desarrollar más, como los instrumentos financieros JASPERS (Asistencia conjunta de apoyo para proyectos en las regiones europeas) y JEREMIE (Recursos europeos conjuntos para las pequeñas y medianas empresas), destinados a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los créditos y a fomentar la diversificación de las economías insulares, o el desarrollo de la banda ancha para reducir las diferencias tecnológicas.

Por último, es esencial revisar el marco jurídico de manera que tenga en cuenta plenamente las características específicas de las islas y actualizar los indicadores estadísticos en ese sentido: incluyendo las islas en el contexto de la Red Europea de Planificación y Observación Espacial y creando una unidad administrativa para las islas en el seno de la Dirección General de Política Regional de la Comisión.

Esperamos que este informe represente un punto de inflexión efectivo, que impulse un verdadero desarrollo y aporte soluciones prácticas a las nuevas generaciones que desean seguir viviendo y trabajando en su lugar de nacimiento, pero integradas en el contexto europeo.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión otorga gran importancia a las islas y otros territorios con limitaciones naturales o específicas con vistas a asegurar la cohesión territorial y desarrollar la cooperación transfronteriza –habitualmente con terceros países–, el turismo, la cultura y otras cuestiones.

Aunque reconocemos que un enfoque intersectorial puede ser útil, la política de cohesión pretende desempeñar un papel fundamental en la solución de los problemas específicos de esos territorios. En el proyecto de Reglamento general para la política de cohesión 2007-2013, presentado en julio de 2004, la Comisión propuso expresamente conceder un complemento a la tasa de cofinanciación para esas regiones. Lamentablemente, la propuesta finalmente no fue aprobada por el Consejo en la versión final del Reglamento, aprobado en julio de 2006, que, como saben, está actualmente en vigor. Sin embargo, la Comisión asegurará, durante las negociaciones en curso sobre la intervención de la política de cohesión para 2007-2013, que las limitaciones específicas de esos territorios se tengan debidamente en cuenta en los correspondientes programas y que se programen las medidas pertinentes para hacerles frente.

Asimismo, la Comisión está elaborando ahora el Cuarto Informe de Cohesión, que se publicará en mayo y que contendrá un análisis exhaustivo de la situación y las tendencias de la cohesión territorial en la UE, incluidas las islas y las regiones con desventajas naturales. Del mismo modo, la Comisión pretende seguir mejorando el trabajo dentro del programa ORATE a fin de obtener indicadores más útiles e información actualizada sobre esos territorios. Al mismo tiempo, la Comisión desea señalar que están disponibles los datos estadísticos sobre las islas u otros territorios que constituyen regiones NUTS II y NUTS III. Sin duda, es más difícil reunir información estadística sobre territorios más reducidos, pero de hecho el 95 % de la población insular europea, sin contar las regiones ultraperiféricas, vive en regiones NUTS II y NUTS III.

Volviendo a la aplicación práctica del concepto de cohesión territorial, pese a la falta de un fundamento jurídico explícito como el que contiene el Tratado constitucional, el Consejo ya acordó en 2004 en Rotterdam introducir la dimensión territorial en el proceso de Lisboa, y ha comenzado también a desarrollar el programa de trabajo territorial. Este documento, destinado a presentar los retos, objetivos y recomendaciones políticas para la cohesión territorial, se espera que sea aprobado en mayo de 2007 en Leipzig.

Asimismo, las directrices estratégicas de la Comunidad en materia de cohesión, aprobadas por el Consejo el pasado mes de octubre, incluyen un capítulo específico dedicado a la dimensión territorial de la política de cohesión. La Comisión trata ahora de asegurar su aplicación práctica en los documentos de programación que se están negociando.

La Comisión es desde luego partidaria de promover eurorregiones o estructuras similares para gestionar la cooperación transfronteriza entre países y regiones. Estas entidades podrían ser especialmente idóneas para las islas y otras regiones con desventajas naturales, y la Comisión quiere animar a estos territorios a que aprovechen la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, creada hace muy poco para facilitar la gestión de los correspondientes programas.

En cuanto a las ayudas estatales, es posible que la ayuda a la inversión regional no sea el mejor instrumento para resolver los problemas de las islas. Creo que los principales problemas de las islas pueden afrontarse más eficazmente, por ejemplo, con instrumentos horizontales. Nuestras normas sobre ayudas estatales admiten muchas formas de ayuda; por ejemplo, nuestras normas sobre servicios de interés económico general permiten una compensación por la prestación de servicios públicos locales, incluido el transporte de pasajeros.

En segundo lugar, nuestras nuevas directrices sobre capitales de riesgo y nuestro marco de desarrollo de la investigación e innovación ofrecen nuevas oportunidades para apoyar a empresas jóvenes e innovadoras, con bonificaciones adicionales para las pequeñas y medianas empresas.

En algunos casos, las ayudas que necesitan las islas pequeñas no se computarán como tales: según la nueva regulación de minimis, las ayudas de hasta 200 000 euros concedidas a lo largo de cualquier periodo de tres años no se considerarán ayudas. Con ellas podrán financiarse infraestructuras públicas de todo tipo, pues no contienen un elemento de ayuda. Además, la situación específica de las islas se tiene en cuenta efectivamente en las nuevas directrices sobre ayuda regional: con la nueva modalidad destinada a fomentar la creación de empresas, las islas pequeñas reciben un 5 % de bonificación.

Creo que todos estos ejemplos demuestran claramente que con nuestro proceso de reforma de las ayudas estatales estamos mejorando la previsibilidad de las reglas y reduciendo la carga burocrática de la notificación de ayudas estatales. Esto es lo que sus Señorías reclamaban en favor de las regiones insulares y todas las demás partes interesadas.

  Simon Busuttil, en nombre del Grupo PPE-DE. – (MT) Ante todo, quiero felicitar a mi colega, el señor Musotto, por el presente informe. Se trata de un informe muy importante, en especial para quienes, como yo, procedemos de las islas. Y es particularmente importante porque da voz a las islas. Las islas merecen ser escuchadas, dado que hasta ahora la Unión Europea no les había prestado suficiente atención. Por tanto, este informe las tiene en cuenta debidamente. También me ha alegrado oírle afirmar a la Comisaria Kroes que las islas son importantes para la Comisión Europea. Sin embargo, señora Comisaria, queremos que se tenga en cuenta a las islas en los ámbitos de todas las políticas de la Unión Europea y que no se las considere únicamente desde la perspectiva de la política regional. Por ejemplo, usted es Comisaria de la Competencia y, como bien ha dicho, hay normas sobre las ayudas estatales que todavía no son suficientemente flexibles en el caso de las islas. Las normas pensadas para el conjunto del territorio europeo no siempre son suficientemente flexibles para poder aplicarlas a las islas y quisiéramos pedirle que las examine con seriedad, que dedique más atención a las islas y que garantice que las normas puedan aplicarse con la máxima flexibilidad posible.

Quisiera hacer especial hincapié en el apartado 10 del informe. Este se refiere a la necesidad de que la Comisión elabore un informe periódico sobre las necesidades de las islas y cómo pueden abordarse. Espero que la Comisión elabore dicho informe y seguiremos insistiendo en ello. Repito que se trata de un buen informe y, sin duda, todas las islas implicadas lo acogerán con satisfacción.

  Stavros Arnaoutakis, en nombre del Grupo del PSE. – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, una vez más el Parlamento Europeo plantea el tema de las islas. Una vez más proclama con toda claridad en el presente informe –y quiero felicitar al señor Musotto por su excelente trabajo– que las regiones insulares requieren un trato especial. Necesitan más ayuda, no solo para superar los problemas de desarrollo a los que se enfrentan, sino también para poder aprovechar el potencial del mercado común y de la economía globalizada.

Todos cuantos vivimos en regiones insulares estamos acostumbrados a problemas, más o menos graves, como el aislamiento geográfico, la falta de infraestructuras, el estancamiento económico y demográfico y la limitación de recursos y posibilidades, que puede decirse que han llegado a formar parte de nuestro modo de vida. Pero, al mismo tiempo, todos somos conscientes, tanto los residentes permanentes como los millones de ciudadanos que eligen las islas europeas para sus vacaciones, de las ventajas de las regiones insulares: su riqueza cultural, sus variados pero sensibles ecosistemas, su medio natural, su peculiar estilo de vida y la calidad de sus productos y métodos tradicionales de fabricación. Tenemos que apoyar esas ventajas, tenemos que ponerlas de manifiesto y promoverlas a través de las políticas de la Unión Europea, en especial a través de la política de cohesión, si queremos que exista una verdadera cohesión económica y territorial entre las regiones de Europa. En este contexto, quiero recordar la importancia particular de que se concedan ayudas estatales a las regiones insulares –donde el coste del carburante y de la energía repercute negativamente sobre su competitividad y sobre la aplicación flexible de las ayudas estatales actuales y futuras en relación con el coste del transporte–, de que se aplique una política integrada sobre turismo, de que se aplique una política empresarial eficaz y de que se cree de inmediato una unidad administrativa para las islas en la Dirección General de Política Regional, a partir de la experiencia adquirida por la unidad administrativa para las regiones remotas, cuyo funcionamiento preservará todas las peculiaridades y necesidades de las islas y de sus habitantes permanentes y temporales, que se tienen en cuenta en el desarrollo y aplicación de las políticas europeas, en especial en los sectores del transporte, la energía y la gestión de los recursos hídricos.

En un momento en que se está elaborando el Cuarto Informe de Cohesión y se ha empezado a debatir el futuro de la política regional previamente a la revisión de las perspectivas financieras para 2008-2009, el Parlamento Europeo debe recordar que la Unión Europea no puede abordar de forma diferente situaciones similares ni tampoco de la misma forma situaciones diferentes.

  Elspeth Attwooll, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, señora Comisaria, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa quiere dar las gracias al señor Musotto por su informe sumamente útil acerca de las limitaciones naturales y económicas que sufren las islas.

Todos los asuntos tratados merecen nuestra plena atención, pero yo quisiera centrarme en los relativos a las ayudas estatales y a los apartados 8, 9 y 19. El motivo tiene que ver con la realidad de la vida en las islas, especialmente en los lugares alejados de los núcleos de población. Los ejemplos proceden de mi circunscripción, pero se repiten por toda la UE.

Para insistir en el problema de la distancia, un amigo mío de las Islas Shetland tarda catorce horas, entre el coche y el transbordador, en llegar al cine más cercano. El precio de la gasolina es un 11 % superior en las Islas Occidentales que en el cinturón central de Escocia, y en las Islas Shetland la diferencia ronda el 16 %. Una bala de heno cuesta cinco veces más en las Islas Occidentales que en las afueras de la ciudad más cercana, Inverness. Hechos como estos son meros ejemplos que ilustran hasta qué punto la lejanía por sí sola puede colocar a las islas en una situación de desventaja competitiva.

Quiero dar las gracias a la señora Comisaria por sus palabras sobre las ayudas estatales, pero sigue siendo preciso un régimen más flexible tan solo para asegurar que haya igualdad de condiciones. Como ella sabe, me preocupa en particular el criterio del inversor de mercado. Una ve más, la realidad de la vida en las islas y en otras regiones remotas hace que sea muy difícil cumplir este criterio, al no existir tal vez un elemento de comparación adecuado y porque el reducido tamaño del mercado supone un problema con respecto al nivel medio de rentabilidad en un sector dado.

Todo lo que queremos a este respecto es que nuestras islas disfruten de acceso al merado único en las mismas condiciones que las demás regiones.

  Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por el trabajo realizado. Si queremos ser sinceros, hoy tenemos que reconocer que no todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE disfrutan de las mismas ventajas. En nuestra Comunidad hay zonas que sufren restricciones particulares debido a la distancia o a las dificultades de acceso. Entre ellas figuran las islas, que a menudo también son zonas ultraperiféricas y montañosas.

Hablamos de solidaridad y de cohesión interna. Estos principios fundamentales exigen que protejamos y apoyemos a las personas que viven en las zonas mencionadas. Los principales problemas que aborda el informe son las dificultades en materia de transporte, la escasez de materias primas, unos costes energéticos más altos, las dificultades de acceso a Internet y a las redes de telecomunicaciones, las dificultades del terreno, en particular en las montañas y las zonas más septentrionales, la despoblación o la inmigración ilegal.

En apoyo de las conclusiones a las que ha llegado el ponente, pido que no abandonemos a esas personas a su suerte.

  Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente y darle las gracias por su enfoque constructivo respecto a nuestras enmiendas cuando estuvimos trabajando sobre esto en la comisión. Me complace mucho respaldar hoy este informe.

Viniendo de Escocia tengo un interés particular y un punto de vista particular, al igual que otros diputados escoceses, y antes que nada quisiera recordar a sus Señorías que la condición periférica es relativa. Bruselas es de veras absolutamente periférica cuando intento conocer en un sábado los resultados del fútbol en Escocia. Las islas tienen una cultura distintiva, una identidad propia y una geografía diferenciada, y eso es digno de encomio, no de compasión. Si hay igualdad de condiciones, no hay desventaja para las islas europeas que no pueda ser compensada por las ventajas de las islas europeas con su dinamismo, su capacidad de innovación y su contribución potencial a los objetivos de la UE. Si Malta estuviera en Europa Central y contara con buenas comunicaciones con el resto de Europa, no sería Malta, sino Múnich. Tenemos que alabar a las islas europeas y reconocer su naturaleza distintiva.

Ser una isla significa que hay asuntos específicos que hay que tratar y para los que este informe formula una serie de sugerencias bien fundadas. Espero que nuestra Comisaria nos dé hoy garantías concretas de que se va a actuar en la línea de este informe, pues contiene muchas buenas ideas y espero que no se convierta en otra lista de deseos que la Comisión aprueba de boquilla pero apenas pone en práctica.

Me gustaría destacar algunos aspectos concretos. Las islas tienen ciertas desventajas en su interacción con el mercado único de la Unión Europea y necesitamos estadísticas actualizadas y exactas para definir una política. ¿Puede la Comisaria prometernos que colaboraremos con Eurostat para asegurar esto?

En los apartados 12 y 16 de nuestro informe pedimos la creación de una unidad administrativa intersectorial específica y con amplias funciones dentro de la Dirección General de Política Regional para tratar con las islas. Ya existe una así para las regiones ultraperiféricas, y está muy clara la necesidad de una unidad específica para las islas. ¿Puede prometernos nuestra Comisaria que esto va a ser así?

Acerca de las ayudas estatales, como han afirmado otros diputados, deseamos que la Comisión adopte una postura más realista al evaluar los criterios aplicados a las islas. Estas tienen condicionantes económicos muy concretos que no se tienen suficientemente en cuenta, por lo que agradeceríamos que la Comisaria nos prometiera que va a revisar su política al respecto.

En cuanto a los recortes de las ayudas estatales, especialmente en el ámbito del transporte a y de las islas y dentro de ellas, en Escocia nuestro Gobierno acaba de malgastar veinticinco millones de euros en una costosa licitación sobre servicios de transbordador. El error tiene un origen en gran parte interno, pero la complejidad del tejido normativo de la UE tampoco ha ayudado y ahora debemos reexaminar este asunto. Igualmente es preciso revisar las obligaciones de servicio público y las ayudas de carácter social, en relación con el apartado 2 del artículo 87 del Tratado, y es necesario aclarar la situación de la tarifa de equivalencia con el transporte por carretera.

En cuanto a la energía, las islas tienen una clara ventaja natural, y quisiéramos que la Comisión utilizara todos los medios a su alcance para fomentar comunidades energéticas sostenibles, sobre todo la red eléctrica europea, y la abolición de las restricciones nacionales. En Escocia, con las Islas Shetland, Orkney, Occidentales y Argyle y Bute tenemos los mejores recursos de viento, oleaje y mareas de la UE y un gran potencial de contribución a los objetivos de la Unión en materia de energía y cambio climático, pero no estamos desarrollando esos recursos porque no hay suficiente inversión en la red. Si la UE desea de verdad afrontar los retos del cambio climático, debe invertir en interconectores con las islas escocesas, y así estas contribuirán decisivamente a nuestros objetivos.

De forma análoga, el Gobierno del Reino Unido nos pone trabas con su sistema de precios discriminatorio para acceder a la red eléctrica nacional. Es muy simple: cuanto más lejos del mercado principal, mayor es la tasa que se carga por suministrar electricidad a la red nacional del Reino Unido. Estoy convencido de que esto es discriminatorio con arreglo al apartado 6 del artículo 7 de la Directiva sobre energía renovable de 2001 y creo que la Comisión debe incoar procedimientos formales contra el Reino Unido por desfavorecernos. Las islas tienen una gran contribución que hacer y pueden hacerla. No hay desventaja para las islas europeas que no pueda ser compensada por sus ventajas, pero debemos garantizar la igualdad de condiciones.

  El Presidente. – Su intervención nos recuerda un hecho importante: siempre nos encontramos en la periferia de alguien. El problema de la centralidad no es fácil de definir.

  Kyriacos Triantaphyllides, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, creo que debemos felicitar a la Comisión de Desarrollo Regional por la iniciativa de elaborar el presente informe.

Las islas de la Unión Europea constituyen un elemento fundamental en el marco de la política de cohesión para el periodo 2007-2013, ya que la mayoría se enfrenta a dificultades que tienen que superar para no encontrarse en desventaja con respecto al resto de la Unión Europea. Así, una isla como Chipre, por ejemplo, se enfrenta a las siguientes dificultades: precios elevados debido a la interacción de los mercados cautivos y los costes de transporte adicionales, salarios bajos debido a los niveles de demanda y de oportunidades, falta de materias primas, aumento de los costes energéticos, infraestructuras deficientes, una gama limitada de actividades y una mayor vulnerabilidad a los riesgos ambientales, que pueden afectar al turismo. El informe abarca de forma satisfactoria el marco más amplio de todos estos problemas. Sin embargo, el informe señala un problema con el que discrepo; me refiero al problema de la inmigración. Con la propuesta de una mayor vigilancia policial de las fronteras exteriores, la creación de una guardia de fronteras y la erradicación de la llamada inmigración ilegal, estamos escondiendo la cabeza bajo el ala, sin proponer soluciones viables para un problema social enorme, porque no podemos vanagloriarnos, por un lado, de que la Unión Europea es una potencia económica mundial y, por otro, cerrar nuestras fronteras. Las islas pueden desempeñar un papel positivo en este aspecto, que lamentablemente no es el que describe el informe.

  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, de modo que necesitamos otra iniciativa, ¿no es cierto? Esta vez, para los habitantes de las islas. En realidad, los isleños son por naturaleza gente con recursos. Ellos siguen ahí, pero necesitan ayuda en lo que ha interferido la UE.

El año pasado, este Parlamento aprobó la reanudación de las licencias para que las flotas pesqueras de la UE saqueasen las aguas del Sáhara Occidental. Incapaz de competir con los modernos barcos de la UE, la población saharaui comenzó a buscarse la vida en otros lugares, y las islas Canarias empezaron a sufrir el trauma de la inmigración masiva. Como mostró gráficamente la televisión, barcas repletas de africanos occidentales trataron de cruzar el Atlántico, y su desgracia aumentó cuando decenas de ellos murieron al no aguantar sus frágiles embarcaciones en mar abierto. Una vez iniciado este éxodo alentado por la UE, llegó el turno de los habitantes de los países vecinos, que acentuaron el problema.

Malta sufre el mismo problema de inmigración masiva. Y es lógico: los altos aranceles aduaneros de la UE obstaculizan el comercio, en grave detrimento de los países más pobres de África septentrional y oriental, por lo que sus gentes prueban fortuna en Europa, haciendo escala en Malta. La concesión de ayudas a Malta no es la respuesta: son los aranceles. Si se bajaran, aumentaría el comercio y la mayor parte de la población africana podría vivir sin abandonar su hogar. Si nos empeñamos en mantener un mercado cerrado de 27 países mientras un mundo entero espera poder comerciar con Europa, seguiremos creándonos problemas a nosotros mismos.

¿Me parece ver en el informe que las islas de la UE, sobre todo las de las regiones ultraperiféricas, podrían utilizarse como fuentes de energía renovables? Supongo que eso significa que vamos a levantar esas ridículas estaciones eólicas en ellas. Perfecto: es la manera de echar de allí a la población local, y todo por unas inútiles turbinas que producen cantidades insignificantes de energía de forma impredecible, situadas en islas remotas para asegurarnos de que su paupérrima producción se pierda en la transmisión.

He oído que las islas son especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar. Una muestra más de las histéricas y agoreras advertencias de los «calentadores globales». Esto no está sucediendo en la medida en que se ha vaticinado, y además es algo natural, que ya ha sucedido antes. El mundo experimenta ciclos de calentamiento y enfriamiento. El período cálido medieval era más caluroso que el actual, durante décadas enteras. Hay suficientes registros de tales acontecimientos, con la aparición de cultivos donde nunca habían crecido, pero no hay datos de islas desaparecidas bajo las olas.

Es hora de que todos nos calmemos y nos demos cuenta de que un mínimo calentamiento terrestre es natural en un ciclo en que no interviene el hombre. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a la naturaleza.

Por lo tanto, dejemos de interferir. Dejemos en paz a las islas a las que les va bien. Y donde se necesite ayuda, en las islas del tercer mundo u otras partes, hagamos que les ayude el comercio. La actitud proteccionista de la UE no supone ninguna ayuda a largo plazo, sino meros parches que se acaban desprendiendo con el tiempo.

  Luca Romagnoli, en nombre del Grupo ITS. – (IT) Señor Presidente, Señorías, ¿cómo podríamos no tener en cuenta las desventajas estructurales de nuestras islas en Europa? Era esencial que esta cuestión fuese uno de los objetivos de la reglamentación de la Unión sobre las ayudas estatales. El informe de propia iniciativa sobre las islas de la Unión Europea y sus innegables limitaciones, que ha presentado mi estimado colega, el señor Musotto, constituye un hito en el reconocimiento de su importancia en el contexto del desarrollo regional de Europa.

Es la primera vez que he tenido ocasión de analizar y comentar un informe tan valioso y digno de apoyo durante la presente legislatura. Es digno de apoyo porque considera todos los aspectos necesarios y su enfoque es muy equilibrado, y también por sus méritos y sus objetivos. Voy a votar a favor de muy buen grado y espero que reciba pleno apoyo de todos los colegas diputados.

¿Es posible que la UE no tenga en cuenta el hecho estadístico de que unos 15 millones de ciudadanos viven en las islas y más del 90 % de esas personas tienen ingresos inferiores a la media europea? Las causas principales de esa situación son los innegables déficit estructurales que se derivan de la insularidad y la Unión Europea ha ignorado ese hecho durante demasiado tiempo.

Ahora, el valioso informe Musotto, además de exponer en las observaciones las razones de ese subdesarrollo y describir claramente los recursos específicos de las islas, finalmente se centra en las medidas que puede adoptar la Unión para tener en cuenta las desventajas estructurales de las islas y en los instrumentos, análisis y estadísticas específicos que tiene para ello, en el marco de la asignación de los Fondos Estructurales y de las ayudas a las zonas desfavorecidas. Se lo debemos a las comunidades insulares, cuyo papel en la civilización europea y en el momento actual, como un recurso ambiental y económico muy importante para la Unión Europea, tenemos que reconocer.

Si se apoya a las islas teniendo en cuenta las innegables limitaciones a su desarrollo que aún sufren, en forma de obstáculos asociados a la insularidad, y se presta la debida atención a ello en las directrices de los Fondos Estructurales, la Unión Europea contribuirá de manera significativa a eliminar las desigualdades o, de hecho, la discriminación, que no solo resulta injustificable desde el punto de vista del acervo comunitario, sino también contraria al objetivo de un desarrollo justo y coherente de las regiones de Europa.

  Nikolaos Vakalis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, Señorías, a pesar de que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar la cohesión entre sus regiones, las peculiaridades de las regiones insulares conducen a la divergencia. Los recursos de los Fondos Estructurales no han tenido los resultados anticipados en dichas regiones. Por lo tanto, es necesario prever nuevas acciones y adoptar medidas especiales para las islas. El seguimiento y el registro sistemático de su desarrollo en comparación con las demás regiones de Europa será un instrumento útil.

Acojo con satisfacción la incorporación en el informe sobre el que vamos a votar hoy de una serie de cuestiones, como la revisión de las condiciones de los contratos para facilitar el transporte y el transporte público en líneas de escaso interés comercial; la protección de la seguridad energética, prestando especial atención y dando prioridad a las fuentes de energía renovables; un estudio y medidas para combatir los efectos del cambio climático que exacerban problemas existentes como la sequía; el desarrollo de la banda ancha para facilitar la vida cotidiana de los habitantes de las islas y resolver problemas importantes; un desarrollo adecuado y controlado que proteja el paisaje de las islas, y la atención al problema de la inmigración ilegal y el control de las fronteras mediante la introducción de un cuerpo de guardacostas europeo.

Señor Presidente, Señorías, el informe de hoy es un buen comienzo. Pero si queremos conseguir los resultados deseados, pido a la Comisión que proponga medidas y actuaciones inmediatas para poner en práctica las propuestas del informe de propia iniciativa.

Para concluir, quiero dar las gracias y felicitar al ponente, el señor Musotto, por su importante y coherente trabajo.

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Señor Presidente, unas vacaciones en una isla pueden ser el sueño de quienes desean escapar de todo, pero trabajar y vivir en las islas puede entrañar muchas dificultades y esto debemos tenerlo en cuenta en nuestra elaboración política.

Felicito al ponente, el señor Musotto, por su informe, que recalca las limitaciones naturales y económicas que afectan a las islas en el contexto de la política regional. El informe trata de las dificultades particulares que tienen muchas islas para competir con sus homólogos de tierra firme.

El informe establece una útil clasificación de las islas: algunas son grandes –cinco regiones insulares cuentan con más de 500 000 habitantes y albergan el 75 % de la población insular europea–, pero las demás son mucho más pequeñas.

Yo conozco muy bien los problemas de estas islas más pequeñas, como las que hay frente a la costa de mi Escocia natal. Esta misma semana, por ejemplo, se ha informado de que de las islas Hébridas salen dos veces más mujeres jóvenes que hombres. Si esto sigue así, a partir de 2019 la población dejará de ser sostenible.

Como señala el informe del señor Musotto, también hay dificultades comunes a todas las islas, como precios más altos, terrenos accidentados, lejanía y falta de infraestructuras. Respaldo la petición de que se reconozcan estos problemas en la política regional.

  Alfonso Andria (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero felicitar sinceramente al señor Musotto por su excelente trabajo. Cuando participé en el proceso de negociación de los nuevos reglamentos de la política de cohesión, en mi calidad de ponente para el Reglamento del Fondo de Cohesión y de ponente alternativo para el Reglamento general y para el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya manifesté que tenía presentes las características específicas de las islas.

Por tanto, soy consciente de que el Parlamento ha reconocido la situación de desventaja de las islas y ha confirmado que estas constituyen un patrimonio natural y cultural para todos los europeos. La Unión Europea tiene que apoyar y promover esas zonas, darles los recursos que necesitan para un desarrollo armonioso que respete el principio de cohesión territorial, permitir una aplicación más flexible de las políticas relativas a las ayudas estatales y garantizar una protección eficaz de sus características ambientales particulares.

También hay que prestar una atención especial a las islas que se encuentran muy alejadas de los grandes centros de población y que tienen graves dificultades de acceso a los servicios, incluso a los más básicos, desarrollando una política marítima europea que permita establecer relaciones económicas y comerciales estables con los países fronterizos.

Estoy totalmente de acuerdo con el señor Musotto sobre la necesidad de mejorar las conexiones y la infraestructura de transporte –me refiero a los puertos y los aeropuertos–, así como sobre la necesidad de compensar los costes más elevados, en particular los de la energía, que se derivan de su situación geográfica. Me parece interesante la propuesta del ponente de que se cree un cuerpo de guardacostas europeos que vigile las fronteras exteriores de la Unión Europea, dado que uno de los problemas que afectan sobre todo a nuestras islas es la inmigración ilegal por mar.

Para terminar, quiero manifestar que apoyo la excelente propuesta del señor Musotto de que se designe el año 2010 como Año Europeo de las Islas.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Para concretar de verdad en la práctica la proclamada cohesión económica y social no basta con promover una convergencia real entre los Estados miembros económicamente menos desarrollados, los países de la cohesión, sino que también es necesario contribuir a reducir las disparidades regionales, impulsando el desarrollo armonioso del territorio de cada Estado miembro.

Con ese objetivo, ahora es esencial apoyar a las regiones desfavorecidas y a las regiones con problemas estructurales –en parte mediante un incremento de los recursos financieros destinados a la política de cohesión– y contribuir así a eliminar los obstáculos al desarrollo regional que existen debido a desventajas naturales y geográficas permanentes, como las que afectan a las regiones insulares, por ejemplo.

A pesar de reconocer las desventajas estructurales que sufren las islas, la estrategia adoptada ha sido incoherente y por eso aprobamos algunas de las propuestas en las que hace hincapié el informe, como el aumento del índice de cofinanciación comunitario a partir de los criterios de admisibilidad existentes o la flexibilidad en lo que respecta a la autorización de las ayudas estatales a las regiones en cuestión, a fin de atenuar los costes del combustible, del transporte y de la energía en forma de discriminación positiva a favor de dichas regiones.

La cuestión principal no es el reconocimiento de los obstáculos, que ya se han destacado ampliamente. Tampoco lo es la competición entre las regiones desfavorecidas en torno a las prioridades. Lo que socava las ventajas competitivas específicas de dichas regiones es la insuficiencia de los recursos financieros destinados a la política de cohesión, como se aprecia en el actual marco financiero 2007-2013, en el que se redujeron los Fondos Estructurales del 0,41% al 0,37% de la RNB, y se dio prioridad a los objetivos de liberalización y privatización de la Estrategia de Lisboa.

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Señora Comisaria, Señorías, sobre la base del artículo 158 del Tratado y de la Declaración sobre las regiones insulares incluida en el anexo del mismo, la Unión Europea tiene en cuenta las desventajas y limitaciones de esas regiones adoptando medidas específicas para favorecer la integración de las islas europeas en el mercado interior. Sin embargo, el señor Musotto, a quien agradezco que haya apoyado mis enmiendas en la Comisión de Desarrollo Regional, tiene hoy toda la razón al interrogar a la Comisión Europea sobre la aplicación efectiva de esas disposiciones.

En primer lugar quiero recordar que los conceptos de ultraperifericidad e insularidad son completamente diferentes, al margen de los vínculos de proximidad y solidaridad que los unan, pues las regiones ultraperiféricas se caracterizan ante todo por su gran distancia del continente europeo y su pertenencia a una zona geográfica integrada, en su gran mayoría, por países ACP.

La insularidad constituye tanto una baza geográfica y cultural que encierra un potencial que explotar en una estrategia de desarrollo adecuada, como una desventaja permanente que añade una dificultad más a la competitividad de esas regiones.

El principio de cohesión territorial, reforzado por la normativa sobre los Fondos Estructurales para el período 2007 2013, debe tener por objeto una integración policéntrica del territorio de la Unión, para hacer posible la igualdad de oportunidades de todas las regiones y sus poblaciones. Y más allá de las medidas que ha mencionado usted, señora Comisaria, pido a la Comisión que integre más la posibilidad que ofrece el Tratado de modular las políticas comunitarias que pueden tener repercusiones negativas sobre el desarrollo económico y social de estas regiones, a fin de resolver en la práctica los principales problemas que afectan específicamente a cada región o grupo de regiones insulares.

En conclusión, creo que deberíamos felicitarnos por mantener este tipo de debate a una hora conveniente y no a las once de la noche como sucede demasiado a menudo, señor Presidente.

  El Presidente. – Yo también me alegro, porque siempre he pensado que era un tema importante y merecía ser abordado por la Unión Europea, incluso en los Tratados. En el pasado le he dado mucha importancia.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Señor Presidente, todas las ampliaciones de la UE llevan aparejado un aumento sistemático del peso de las islas en todas las políticas comunitarias, desde la cohesión territorial hasta el turismo y la cultura. Lamentablemente, hasta ahora la política de la Unión no ha tenido en cuenta las limitaciones específicas que afectan a las islas y los problemas que encuentran para competir con las regiones del continente.

Por tanto, urge establecer indicadores estadísticos que ayuden a identificar las especificidades de todas las zonas con condiciones geográficas difíciles. También es preciso tener en cuenta que las islas necesitan poder acceder al mercado único en igualdad de condiciones con las regiones del continente y dar prioridad a la mejora de las conexiones de transporte con las islas. Cada comisión debería examinar la posibilidad de conceder ayuda a las regiones insulares, cuya competitividad se ve afectada negativamente por los costes del carburante y la energía.

Otra prioridad es la seguridad energética de las islas y el diseño y desarrollo de proyectos relevantes que utilicen fuentes de energía renovables y nuevas tecnologías. Además, la Comisión debería examinar el impacto del cambio climático en las regiones insulares.

Aun reconociendo los esfuerzos de la Agencia FRONTEX, conviene insistir, no obstante, en la necesidad de realizar un seguimiento continuo del efecto de la inmigración ilegal en las comunidades insulares. Los Estados miembros no deben olvidar la necesidad de aportar medidas eficaces destinadas a preservar las características únicas de las regiones insulares en lo que respecta a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, y al fomento del desarrollo sostenible del turismo, que también influye sobre el de otros sectores importantes, como pueden ser el comercio, la pesca y la agricultura.

Por último, quiero felicitar al ponente por un documento muy bien elaborado.

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que es útil debatir sobre un instrumento económico específico de apoyo a las islas y a sus características especiales, y me parece útil que la política de cohesión preste especial atención a las regiones ultraperiféricas.

Creo que debemos actuar para lograr una mejora real del sistema de transportes y de las infraestructuras, las conexiones internas y externas y también las conexiones dentro de las islas, por ejemplo entre las costas y el interior, pero deberíamos evitar derrochar los recursos europeos en proyectos gigantescos e inútiles, a menudo diseñados para conectar las islas con el continente a través de puentes enormes, que sin duda difuminarían la idea misma de insularidad.

Aunque acojo con satisfacción el informe del señor Musotto, considero que insiste de manera injustificada en relacionar las islas con la inmigración ilegal. No hay ninguna relación. La gran mayoría de inmigrantes que llegan a las Islas Canarias lo hacen por vía aérea, no por mar, igual que la gran mayoría de inmigrantes irregulares que llegan a Italia no desembarcan en Lampedusa, sino que viajan en avión.

Por lo tanto, ese argumento está fuera de lugar, a mi juicio, y por eso considero que este aspecto probablemente no es esencial para el contenido del informe del señor Musotto. También debemos cuestionarnos si no resultaría más útil movilizar patrullas de intervención rápida en las fronteras para evitar la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo, más que para impedir su llegada.

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, permítanme que me refiera solo a un aspecto importante del excelente informe del señor Musotto, un ámbito cuya importancia, no solo para las islas sino para el conjunto de la UE, no podemos subestimar; me refiero al problema de la inmigración ilegal.

En mi opinión, es necesario abordar este problema de manera más eficaz, dadas sus repercusiones desproporcionadas en las islas mediterráneas de la Unión Europea. Aunque ya se han conseguido algunos logros con las medidas adoptadas por la Unión –como por ejemplo, el desarrollo de un sistema integrado de gestión de las fronteras y la elaboración de un código comunitario de normas que regulan la circulación de personas a través de todas las fronteras, de cualquier tipo–, las cifras de inmigración demuestran que esas medidas son aún insuficientes.

Aunque dichas medidas son claramente de la competencia de los Estados miembros y tendrán que seguir siéndolo en el futuro, no se puede imponer a las islas que arrostren solas esa carga excesiva por el mero hecho de su posición geográfica, ya que lo que a primera vista parece un problema español, italiano o griego se convierte luego en un problema de toda Europa y, por tanto, también exige una respuesta a escala comunitaria. Esto requiere una actuación solidaria y esta solidaridad tiene que hacerse realidad.

A ese respecto, la creación de un cuerpo de guardacostas europeo que vigile las fronteras exteriores de la UE sin duda no será la panacea para este problema insular, pero la propuesta del señor Musotto merece ser examinada para considerar si esa podría ser una de las muchas medidas encaminadas a combatir la inmigración ilegal y proteger a las islas y a la UE en su conjunto.

  Paulo Casaca (PSE). – (PT) Señor Presidente, señor Musotto, en mi calidad de diputado elegido por la Región Autónoma de las Azores –que, como bien ha señalado nuestra colega, la señora Sudre, es una región ultraperiférica cuyo estatuto no se debe confundir con el de las regiones insulares–, quiero felicitar al ponente, el señor Musotto, y también a toda la Comisión de Desarrollo Regional por el excelente trabajo que han realizado. Quiero destacar en particular la propuesta relativa al cuerpo de guardacostas europeo, una propuesta fundamental para la defensa del medio ambiente marino, el control de la pesca, el apoyo al comercio marítimo y, en particular, el control de las normas internacionales en materia de seguridad y trabajo, y por supuesto, para hacer frente a los problemas en relación con la inmigración. La cuestión no es si estamos a favor o en contra de la inmigración. La cuestión es que hay personas que se hacen a la mar en embarcaciones inadecuadas y que necesitan apoyo cuando se encuentran en alta mar. En ese sentido, quiero señalar que, contrariamente a lo que afirman algunos colegas, los planes para crear un cuerpo de guardacostas europeo no esconden una preocupación excesiva por la seguridad. Al contrario, se trata de una concepción de una política marítima europea que es esencial para todas las regiones insulares y, muy especialmente, para las regiones ultraperiféricas.

  Sérgio Marques (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Musotto por la calidad de su informe sobre los problemas de las regiones insulares, que hoy se debate.

Lo cierto es que, como bien demuestra el informe, la insularidad es una realidad insuperable y permanente que condiciona gravemente la capacidad de competencia de dichas regiones. Por tanto, tiene mucho sentido que se exijan recursos específicos de la Unión Europea en el contexto de las diferentes políticas comunes, puesto que las regiones insulares se encuentran en situación de desventaja competitiva en relación con las regiones continentales.

Los Tratados reconocen esta necesidad, pero esto lamentablemente nunca se ha traducido en disposiciones generales coherentes. Es más, la necesidad de una respuesta europea destinada a mitigar la desventaja competitiva que sufren las regiones insulares se ha incrementado, dada la actual exigencia de una mayor competitividad europea en un contexto internacional.

Por tanto, es importante que la Unión Europea responda de forma innovadora a los problemas específicos de las regiones insulares, que afectan a su competitividad. Es necesaria una respuesta de la Unión Europea que ayude a las regiones insulares a beneficiarse más de las dinámicas altamente competitivas, como el gran mercado interior europeo, la Unión Económica y Monetaria y la Estrategia de Lisboa.

Por eso quiero apoyar, en particular, la recomendación del informe de que en el seno de la Dirección General de Política Regional se cree una unidad administrativa encargada de definir y promover una estrategia europea para las regiones insulares, siguiendo el modelo de la que ya existe para las regiones ultraperiféricas. Solo así se tendrán en cuenta las circunstancias específicas de las regiones insulares en el contexto de las políticas relativas al transporte, la energía, el medio ambiente, el turismo, la fiscalidad y las ayudas estatales, por ejemplo.

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente y felicitarle por su exhaustiva exposición sobre las limitaciones naturales y económicas de las regiones insulares en relación con la política regional. La mayoría de Estados miembros reconocen las características específicas de dichas regiones.

Pero a pesar de los esfuerzos realizados a través de la política regional, la posición relativa de las regiones insulares en las clasificaciones basadas en el PIB regional prácticamente no se ha modificado en los últimos veinte años. Me alegra que la Comisión haya reconocido que el PIB per cápita y el índice de desempleo son indicadores insuficientes para valorar la situación socioeconómica de las regiones con desventajas naturales.

En esas zonas la capacidad de reaccionar de forma positiva al cambio económico es limitada y las economías insulares suelen ser las más perjudicadas por las crisis económicas. Las economías de las regiones insulares dependen a menudo de un número limitado de sectores económicos. Las islas también dependen mucho del sector público.

Otra cuestión importante que han abordado otros oradores es la inmigración ilegal. Estoy de acuerdo con el ponente en que la Comisión debe realizar un estudio de evaluación de las necesidades especiales de las regiones insulares y proponer soluciones, y que esta cuestión se tendría que abordar debidamente en el Cuarto Informe de Cohesión.

  Den Dover (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, procedo del Reino Unido, donde tenemos lógicamente algunas grandes islas. Pero también tenemos las Islas Occidentales de Escocia, a las que brevemente se han referido mis colegas de la parte escocesa del Reino Unido.

Sabrá usted, señor Presidente, de cuando presidía la delegación de Malta, al igual que el señor Busuttil, que Malta está actualmente padeciendo una gran inmigración ilegal. Este es un asunto que hay que atender urgentemente, como ha apuntado el señor Berend. Yo viajo cada año a las Islas Canarias. Allí también han sufrido una enorme inmigración. Esta mañana ya se ha hablado de la inmigración ilegal procedente de África.

Pero en mi intervención de hoy quiero subrayar dos apartados. Uno, que cuenta con el pleno apoyo de los conservadores británicos, es el apartado 26, que habla de la necesidad de prestar atención de verdad a este gravísimo asunto de la inmigración ilegal. Pero hay otro, el apartado 25, al que se ha referido el señor Berend, en cuyo contexto discuto y discrepo de algunas de las conclusiones y recomendaciones formuladas por el ponente en su por lo demás excelente informe.

En primer lugar, el informe habla de equipos de intervención rápida en las fronteras con el fin de prestar una asistencia operativa ágil a cualquier Estado miembro que lo solicite. En esto estoy de acuerdo, pero creo que va demasiado lejos cuando después dice que urge a la Comisión para que estudie la creación de un cuerpo de guardacostas europeo que, de forma paralela, ayude a esas regiones y a los Estados miembros a controlar las fronteras exteriores de la UE. Si las islas remotas quieren una brigada especial de guardacostas centralizada, estupendo, pero no para el Reino Unido, no para las grandes islas. Nosotros no queremos un organismo demasiado grande.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – (PT) Señor Presidente, señora Comisaria, por mi parte también quiero empezar felicitando al ponente por su excelente informe. Provengo de una región insular que es asimismo una región ultraperiférica, reconocida y tratada específicamente como tal en el Tratado de la Unión, y esto me permite afirmar que, con la presente iniciativa, el Parlamento no solo ofrece una perspectiva útil sobre las dificultades estructurales permanentes propias de todas las regiones insulares y que afectan a la vida de sus ciudadanos, sino también sobre sus potencialidades, que por extensión también son potencialidades de la Unión.

Sin sus islas y, en particular, sin sus regiones ultraperiféricas, que se benefician de un tratamiento especial, la Unión no tendría una presencia tan destacada en el mundo. Ni tampoco dispondría de su zona marítima actual, asociada por supuesto a las ventajas de la nueva política marítima europea, que en estos momentos está siendo objeto de consulta pública. La cohesión, que es uno de los objetivos fundamentales de la Unión, solo se conseguirá si las regiones pueden contar con un apoyo en todos los ámbitos que contribuya a reducir y eliminar los obstáculos que afectan a su desarrollo.

Por consiguiente, es necesario promover una adecuación de las políticas de la Unión, en particular en materia de transportes, energía, contratación de servicios públicos y ayudas estatales, con el objetivo de asegurar el pleno empleo, el crecimiento económico, la integración en el mercado interior, el modelo europeo y los objetivos de la Estrategia de Lisboa renovada, por ejemplo. Por eso, pido a la Comisaria y también a la Comisión que examinen cuál puede ser la transposición más adecuada de las políticas que se adopten en el futuro en los ámbitos del desarrollo y de la política regional.

  Antonio López-Istúriz White (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, no puedo ni debo dejar de expresarle mi satisfacción por este informe de iniciativa a mi colega, el señor Musotto, ya que representa un paso hacia adelante en la consideración de las islas, dentro del marco de la política regional de la Unión Europea, como regiones desfavorecidas por sus limitaciones geográficas, naturales, estructurales y permanentes, que ralentizan su desarrollo socioeconómico.

Comparto con el ponente la opinión de que las eurorregiones desempeñan una función importante, tanto en los proyectos locales de intercambio de buenas prácticas, como en el ámbito de la cooperación transfronteriza.

Con este objetivo, las Islas Baleares forman parte de la eurorregión Pirineos-Mediterráneo. Asimismo, aplaudo la especial mención del ponente al tema de la inmigración ilegal. Aprovecho esta intervención para agradecerle que tuviera en cuenta, a la hora de redactar sus propuestas de transacción, las enmiendas que mi colega, el señor don Fernando Fernández, y yo mismo pusimos al apartado en cuestión del informe que hoy analizamos.

Insistimos en esas enmiendas, e insisto hoy de nuevo en señalar la gran fragilidad de las islas ante la inmigración ilegal por su especial situación geográfica. Por ello se hace necesario integrar las cuestiones de emigración y de desarrollo en el marco de las políticas de ayuda de la Unión, así como en su programación, tanto a través de los fondos que componen el nuevo programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios como a través de los instrumentos de política regional, especialmente el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Tratado de Amsterdam, en su Anejo 30, reconoció las peculiaridades que supone la insularidad, pero, desafortunadamente, este reconocimiento en el Tratado no se ha visto implementado con acciones efectivas y medidas específicas necesarias para atenuar y corregir los inevitables sobrecostes derivados de las características de las islas.

Mi procedencia, las Islas Baleares, la del ponente, Sicilia, así como la de tantos de mis colegas, nos sensibiliza en la lucha para vencer las dificultades que supone la insularidad para nuestras regiones.

Por ello pedimos a la Comisión, a los Estados miembros y al Consejo, además de medias específicas para paliar estas desventajas, ayudas y entendimiento para esta especial situación.

  Giuseppe Castiglione (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Musotto por su excelente trabajo sobre los problemas de las regiones insulares. He experimentado personalmente esos problemas y sé que son complejos.

La política de cohesión económica y social es esencial para reducir la distancia entre los diferentes niveles de desarrollo de las distintas regiones. En este contexto, me permitiría argumentar que la situación de las islas merece una atención especial y agradezco a la señora Comisaria que lo haya mencionado.

Promover el desarrollo de nuestras islas significa reforzar la infraestructura, mejorar las conexiones, desarrollar el transporte integrado y abordar los problemas y puntos débiles en el suministro de agua y energía. Tenemos que mejorar la competitividad de las actividades económicas de nuestras islas, como la agricultura, la pesca, la artesanía y el turismo, y conseguir que resulten más atractivas. Es necesario centrarse en la creación de condiciones que fomenten el pleno empleo, atraigan la inversión privada y aseguren, al mismo tiempo, un nivel de vida sostenible y un nivel de desarrollo significativamente superior, a través del fomento y el desarrollo de energías alternativas y nuevas tecnologías, entre otras cosas.

Por último, no debemos subestimar el impacto creciente de la inmigración ilegal en las comunidades insulares, en particular en el Mediterráneo. Es una carga desproporcionada que las islas no pueden y no deben soportar solas. Nuestra prioridad debería ser encontrar una solución general y responsable, que incluya maneras de abordar las emergencias asociadas a las llegadas masivas de inmigrantes a las fronteras marítimas –pues por desgracia no solo llegan en avión–, sin dejar de respetar los derechos fundamentales.

En resumen, es urgente reducir el retraso del desarrollo de las islas mediante una política de solidaridad real, que anime a sus habitantes a apoyar a la nueva Unión Europea. Quiero volver a felicitar al señor Musotto por su excelente trabajo y por haberse centrado en las cuestiones que son importantes para nuestras islas.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, ha sido un debate muy interesante.

Quisiera comenzar felicitando al ponente, el señor Musotto, por su informe –ya que no lo he hecho en mi discurso de apertura– y por traer ante nosotros este asunto en el primer informe dedicado a las islas que debatimos en esta Cámara. ¡Ha hecho historia!

Esta mañana se ha hablado mucho de las ayudas estatales, así que quiero empezar por responder a ese aspecto. Vuelvo a decir que las ayudas a la explotación –las ayudas destinadas a reducir los gastos corrientes de una empresa– están prohibidas en condiciones normales. Están prohibidas en el Tratado y también las prohíben las directrices sobre la ayuda regional, por su fuerte efecto distorsionador. No obstante, pueden concederse en casos excepcionales en las regiones más pobres que sufren retraso desde el punto de vista del desarrollo regional.

Como ustedes saben, las regiones que pueden beneficiarse de ayudas a la explotación son las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87, que son las regiones ultraperiféricas y poco pobladas, siempre que reúnan una serie de condiciones. En las regiones más pobres y, también en este caso, en las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87, solo podrán autorizarse ayudas a la explotación según las circunstancias de cada caso y siempre que estén sujetas a un plazo, sean decrecientes y proporcionadas y tengan por objeto superar trabas estructurales concretas.

En respuesta a la señora Sudre, como usted sabe, la Comisión concede un estatuto especial a las regiones ultraperiféricas, dada su lejanía y las limitaciones específicas a su integración en el mercado interior.

En el caso de las islas que no son regiones ultraperiféricas, parece bastante difícil aplicar un enfoque generalizado basado en las características de estas regiones. Existen enormes diferencias entre las regiones insulares europeas, y la suya es un ejemplo perfecto de esto. Se caracterizan por una gran diversidad y, desde el punto de vista del desarrollo regional y del PIB per cápita, un número significativo de grandes islas son bastante ricas, como han señalado algunos de ustedes. La concesión de ayudas a la explotación a una isla cuyo PIB per cápita se sitúa entre los más elevados de la UE distorsionaría completamente la competencia en los mercados en cuestión, sin que esto tuviera justificación alguna desde el punto de vista del desarrollo regional. Por lo tanto, la Comisión no puede conceder la condición de zona asistida a todas las islas europeas, dada su extraordinaria diversidad.

En respuesta al señor Arnaoutakis, deseo destacar que las subvenciones de los costes de los combustibles y la energía constituyen ayudas a la explotación. Esas ayudas solo pueden autorizarse si se cumplen las condiciones generales que acabo de mencionar. No deben apoyar actividades estructuralmente no rentables, sobre todo las que son muy perjudiciales, por ejemplo, para nuestros objetivos en materia de medio ambiente o cambio climático. Además, las ayudas regionales a la explotación no son, sin duda alguna, el mejor instrumento para abordar los problemas particulares de las islas.

Como he mencionado en mi intervención inicial, los principales problemas de las regiones insulares pueden abordarse más eficazmente con instrumentos horizontales. Por ejemplo, los servicios locales que no son viables económicamente pueden recibir ayudas conforme a lo previsto para servicios de interés económico general. Se pueden financiar obras y la inversión en todo tipo de infraestructuras. No tienen un elemento de ayuda y, en el caso sobre todo de islas muy pequeñas, la ayuda de minimis y el umbral de 200 000 euros pueden ser suficientes, como ya he dicho.

En cuanto al comentario de la señora Attwooll sobre el principio de «inversor de mercado», creo que podemos aplicar un enfoque económico más ajustado para evaluar situaciones de fallo del mercado en las islas y las inversiones propuestas. Sin embargo, como ya he dicho, conseguir que las normas sean más previsibles y transparentes y reducir la burocracia de la notificación de ayuda estatal son objetivos de la reforma de la ayuda estatal. Entiendo las preocupaciones específicas de las pequeñas empresas, que tienen que intentar orientarse en el laberinto de las ayudas estatales, y estamos de acuerdo con esto.

Por eso he hecho caso de la sugerencia que han hecho algunos de ustedes de que la Comisión facilite un documento orientativo que explique de forma clara y sencilla nuestras normas. Mis servicios están a punto de terminar una actualización completa de un vademécum que ofrece información general muy concisa sobre las normas comunitarias básicas sobre ayudas estatales. El objetivo de este vademécum no es proporcionar una descripción exhaustiva de las normas, sino centrarse en las cuestiones que son más relevantes para las personas que tratan cuestiones relacionadas con el desarrollo regional. Espero que este vademécum esté disponible muy pronto, en el plazo de un par de semanas, en el sitio web de la Dirección General de Competencia y con mucho gusto facilitaré sendos ejemplares a sus Señorías si están interesadas.

Ahora me gustaría tratar cuatro aspectos más generales mencionados por algunas de sus Señorías. El señor Smith ha hablado de la necesidad de estadísticas. La Comisión está colaborando bien con Eurostat de forma regular. El próximo mes de mayo publicaremos el cuarto informe sobre la cohesión, que incluirá más estadísticas. El señor Smith ha mencionado también el acceso a la red de transmisión de energía renovable. Desde luego, esto es vital y por ello la Comisión considera que la plena separación estructural de la propiedad en los mercados de la energía es la mejor solución para los problemas de concentración y bloqueo del acceso a nuevas empresas que hemos experimentado en estos mercados.

Varios diputados han sugerido la necesidad de crear una unidad específica sobre las islas en la Dirección General de Política Regional. Por supuesto, voy a tomar nota de esta propuesta, pero, como saben, es mi colega, la señora Hübner, y no yo, quien toma las decisiones en ese terreno. Estoy segura de que examinará su idea con interés.

Por último, estudiaremos atentamente su propuesta de declarar 2010 el Año de las Islas, pero les aseguro que la Comisión continuará trabajando en pos de los intereses de las islas en 2007, 2008 y 2009, así que no crean que descuidamos esta importante cuestión. Al contrario.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. – (EN) Uno de los ámbitos que preocupan a Malta es la inmigración ilegal: «las regiones insulares se encuentran en la primera línea de defensa en el marco de la lucha contra este problema; todas sufren el peso que supone la inmigración ilegal». De hecho, la decisión de la Comisión de crear cuatro fondos proporciona visibilidad al concepto de «solidaridad en acción».

En el caso de Gozo, la isla hermana de Malta, tenemos una situación de doble insularidad. La Comisión ha destacado la situación particular de las islas en las Directrices sobre (1) ayudas regionales para 2007-2013 y sobre (2) ayudas estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas empresas. Pero eso no aborda el problema que se da cuando los costes de los combustibles y de la energía perjudican a la competitividad de las comunidades que viven en esas islas.

Las actividades económicas más importantes en las regiones insulares, sobre todo el turismo, la agricultura, la pesca y la artesanía, precisan una atención especial. El turismo representa una de las principales fuentes de creación de riqueza en las islas, con efectos indirectos en otros sectores, como la pesca, la agricultura y la artesanía. Sin embargo, ¿qué importancia concedemos al turismo en el Parlamento Europeo? Quizás el pensamiento que prevalece es que se trata de un aspecto natural, como ha llegado a decir un Comisario muy experimentado. Muy al contrario, es hora de que el Parlamento Europeo cree una comisión exclusivamente dedicada al turismo, ya que actualmente el turismo compete a la Comisión de Transportes y prácticamente no aparece en ninguna agenda.

  Louis Grech (PSE), por escrito. – (EN) El informe contiene bastantes recomendaciones que abordan en serio la multitud de desventajas propias de las islas pequeñas. Esperamos que la Comisión asuma y aplique la recomendación expuesta en el informe del señor Musotto. Las islas –se hallen o no en regiones ultraperiféricas– se ven perjudicadas por limitaciones geográficas naturales que afectan gravemente a la vida diaria de sus habitantes, tanto económica como socialmente.

Las islas pequeñas, como la isla de Gozo en Malta, son las que primero sufren los efectos de los elevados costes del transporte, la falta de inversión, los problemas de comunicación, las elevadas tasas de desempleo, el aislamiento social y la menor oferta de oportunidades disponible. En teoría, en la UE se reconoce y acepta que las islas, sobre todo las pequeñas, tienen que recibir ayudas para superar estas desventajas naturales. Es hora de traducir los objetivos bienintencionados en acciones concretas.

4. Entidades locales y cooperación al desarrollo (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0039/2007) del señor Schapira, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre las autoridades locales y la cooperación al desarrollo (2006/2235(INI)).

  Pierre Schapira (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, tomé la iniciativa de elaborar este informe porque estoy convencido de que, en el momento de la reforma de la ayuda europea, es indispensable conferir a las autoridades locales un papel político central en la cooperación al desarrollo.

Este año es importante: en 2007, el 50 % de la población mundial vive en ciudades y está claro que este porcentaje aumentará muy rápidamente. Las autoridades locales son expertas en todos los ámbitos del desarrollo local y las Naciones Unidas ya han reconocido su protagonismo en la realización de los Objetivos del Milenio. Sin embargo, en Europa, nuestra consulta se detiene en las organizaciones de la sociedad civil. Pienso que esto no basta. Si la participación de la sociedad civil es necesaria, en particular la de las ONG que trabajan más cerca de las comunidades locales sobre el terreno, las autoridades locales tienen un valor añadido específico.

En primer lugar, en la mayoría de los casos son legítimamente elegidas en todo el territorio. Esa legitimidad democrática representa una baza para hacer progresar sobre el terreno la democracia local y la gobernanza. Después, tienen competencia técnica en la gestión de los servicios públicos, como el agua, la sanidad, la educación, el urbanismo, la gestión de los residuos, el medio ambiente, etc. Por último, obedecen a un enfoque territorial. Conocen los problemas de desarrollo local específicos de cada región y cada comunidad.

Su participación activa en la política de desarrollo europea permitiría que la ayuda estuviera mejor repartida por todo el territorio y más centrada en las necesidades específicas de cada zona, ya sea rural, urbana, marítima, montañosa, desértica o de otro tipo.

A la vista de estas observaciones, mi informe fija dos grandes retos para el futuro de la cooperación europea. No he elaborado mi estrategia solo. He consultado durante más de cuatro meses a las principales organizaciones de entidades locales internacionales y europeas a fin de recabar sus análisis. Mi informe es, de hecho, el fruto de esos análisis.

Primer reto: pensamos que las autoridades locales deben convertirse en un socio político de pleno derecho de la Unión Europea, junto a los Gobiernos centrales y las organizaciones de la sociedad civil. Por asociación entiendo la organización de un diálogo político estructurado entre la Comisión Europea y las asociaciones de autoridades locales.

Dicho diálogo ha de ser activo, tanto aquí, en Bruselas, como sobre el terreno, en los países en desarrollo. En Bruselas deseamos que la Comisión cree una plataforma de diálogo a semejanza de CONCORD, la Confederación Europea de ONG para la Ayuda y el Desarrollo. En los países en desarrollo, conforme al nuevo instrumento de desarrollo y al Acuerdo de Cotonú revisado, se trata de involucrar a los Gobiernos locales en cada etapa de la estrategia de desarrollo, desde la fase de elaboración de los documentos estratégicos para cada país.

Segundo reto: este informe presenta a la Comisión Europea varias propuestas financieras. En primer lugar, pensamos que la descentralización debe ser una prioridad de la Unión y, por tanto, que debe ser objeto de ayuda financiera de la UE. En muchos países, la descentralización aumenta continuamente. Las autoridades locales tienen cada vez más poderes, pero carecen de la capacidad financiera para desempeñar ese nuevo papel.

En segundo lugar, proponemos que una parte del presupuesto de ayuda vaya directamente a esas autoridades locales. En efecto, nuestro debate reciente ha demostrado hasta qué punto la ayuda puede causar un problema en esos países, donde el riesgo de corrupción es mayor. Descentralizar la ayuda presupuestaria permitiría, por un lado, repartirla más eficazmente en el conjunto del territorio y, por otro, no concentrarla toda en las mismas manos, garantizando de este modo una gestión mejor de los fondos europeos.

Por último, consideramos que la participación de las autoridades locales y los agentes no estatales es necesaria para que la ayuda europea responda a las necesidades reales de las poblaciones desfavorecidas. Pedimos, pues, un aumento del presupuesto para el programa temático, los agentes no estatales y las autoridades locales.

En conclusión, señor Presidente, Señorías, quisiera subrayar cuál es, a mi entender, el meollo de este debate. Nuestra política de cooperación no tiene suficientemente en cuenta la dimensión territorial del desarrollo y, como dijo Kofi Annan en la Cumbre del Milenio, aunque los Objetivos del Milenio son mundiales, podemos aportar las soluciones a escala local. Las respuestas son locales y específicas, en función del territorio. Si no tenemos esto en cuenta, nuestra ayuda puede quedar concentrada en manos de un Gobierno central y no repartirse en el conjunto del país.

El ex Presidente de Benin, el señor Soglo, me dijo hace poco que cuando era Presidente pensaba que la ayuda se repartía de forma equitativa en todo el país, pero ahora que es el alcalde elegido de Cotonú se ha dado cuenta que no es así.

Me alegro de que el nuevo instrumento de desarrollo reconozca la necesidad de implicar a los Gobiernos locales en el diálogo político. Ahora falta traducir este compromiso sobre el terreno y proporcionar a los Gobiernos locales los medios necesarios para cumplir sus nuevas responsabilidades.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al ponente, el señor Schapira, por este informe que saca a la palestra el papel de las autoridades locales en la cooperación al desarrollo.

La Comisión comparte la mayoría de las observaciones del ponente y coincide con él en la gran importancia de las autoridades locales para mejorar tanto la gobernanza como el bienestar de las poblaciones, por ejemplo mejorando la prestación de servicios en los sectores sociales básicos. La Comisión presta gran atención a este aspecto, por una parte apoyando procesos de descentralización y gobernanza local a través de instrumentos geográficos y temáticos y, por otra, invitando a las autoridades locales a participar en el propio proceso de programación.

Aunque la descentralización se considera uno de los ámbitos de cooperación más importantes en el marco de programas geográficos, la Comisión no impone a los países asociados en qué sectores deben centrar la atención. Al contrario, los sectores de cada país se seleccionan conforme al principio de responsabilización y en estrecha consulta con todas las partes interesadas. Las delegaciones de la Comisión han recibido directrices sobre cómo facilitar la participación de representantes de las autoridades locales en la totalidad del proceso de consultas. En los casos en los que el Gobierno no incluya una ayuda específica a autoridades locales entre los ámbitos de cooperación, a menudo se presta ayuda a estas a través de programas sectoriales –salud y educación– o de otros tipos de intervenciones, sobre todo definiendo la política de descentralización, elaborando un marco jurídico o apoyando la capacitación para la planificación y la gestión financiera a escala local.

Otro instrumento a nuestra disposición es el programa temático, los agentes no estatales y las autoridades locales de desarrollo. Se ha concebido para suplir y complementar programas de intervención en los documentos de estrategia por país. Para el periodo 2007-2010 se ha asignado un importe de 903 millones de euros a este programa, de los cuales hasta el 15 % puede adjudicarse a autoridades locales. Como usted sabe, señor Presidente, se trata de un programa orientado a los agentes que está destinado al desarrollo de capacidades mediante el apoyo a iniciativas propias de autoridades locales y agentes no estatales procedentes de la UE y países asociados. Sus principales objetivos consisten en facilitar la participación de autoridades locales y agentes no estatales en estrategias de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible, así como en reforzar sus actividades de creación de redes de contactos.

Los esfuerzos por conseguir la participación de las autoridades locales en la elaboración de políticas de desarrollo se realizan tanto a escala mundial como en cada país. A escala mundial, la Comisión ha establecido un diálogo continuo con plataformas europeas e internacionales existentes, como la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales, el Consejo Europeo de Municipios y Regiones y el Comité de las Regiones. A escala nacional, la participación de autoridades locales en el proceso de programación se introdujo en el marco del noveno Fondo Europeo de Desarrollo. Entonces se convirtió en un principio esencial del proceso de programación del décimo FED actualmente en curso y, como ya he mencionado, las delegaciones de la Comisión están fomentando activamente este proceso.

Tras la adopción de los documentos definitivos de estrategia por países, la Comisión elaborará un informe para evaluar los avances realizados en la promoción de enfoques participativos en el marco del décimo FED. Con motivo de ese análisis se examinará una serie de cuestiones relacionadas con el proceso de consultas, incluidas cuestiones como la que ha mencionado el ponente, si las consultas realizadas con partes interesadas se basaron en el borrador de documentos de estrategia por países. Todos estamos convencidos de que una estrecha cooperación con las autoridades locales puede ayudarnos mucho en nuestros esfuerzos por luchar contra la pobreza en el mundo, y estoy segura de que este proceso puede mejorar aún más gracias a nuestros esfuerzos conjuntos. El informe que debatimos ahora supone una importante contribución a estos esfuerzos.

  Manolis Mavrommatis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar por felicitar al ponente, el señor Schapira, por su excepcional trabajo y su cooperación constructiva.

Las autoridades locales se han especializado en todos los aspectos de la planificación urbanística en el mundo en desarrollo durante muchas décadas. Sus presupuestos están aumentando cada vez más y constantemente están ampliando sus actividades. Por tanto, se trata de una inmensa red de solidaridad que se extiende a los cinco continentes. Pero el valor real de las autoridades locales radica en el hecho de que proporcionan el apoyo que mejor responde a las expectativas de la población porque están más cerca de los ciudadanos que el Gobierno central o los donantes internacionales. Por tanto, otra contribución de las autoridades locales sería alcanzar el objetivo 2 en materia de educación.

Con una cooperación eficaz, las autoridades locales pueden ayudar a construir y mantener suficientes escuelas, con personal docente cualificado y transporte y comidas gratuitos para el alumnado, de manera que todos los niños y niñas puedan estudiar en la escuela. Además, también pueden contribuir a la lucha contra el trabajo infantil, dado que en principio es más fácil y más eficaz controlar a escala local la industria y la agricultura, donde la explotación infantil es más frecuente, aunque también sea igualmente grave a escala mundial y tenemos que combatirla.

  Атанас Папаризов, от името на групата PSE. – (BG) Докладът на г-н Schapira, който заслужава нашите адмирации за обективността и задълбочеността, засяга изключително важен аспект на превръщането на политиката за развитие на Европейския съюз във фактор на растежа и социалния прогрес в развиващите се страни. С основание може да се очаква, че Европейският съюз като най-голям глобален донор, ще определя и стандартите за оказване на международна помощ, в това число и чрез пряко финансиране на бюджета на развиващите се страни.

Двустранните споразумения за партньорство с подпомаганите страни, където подкрепата е вплетена в система от социално-икономически и политически мерки, съдейства за устойчивото демократично развитие на тези страни и води до намаляване на бедността и спазване на човешките права и правата на малцинствата. Предимствата на тази помощ са свързани с прилагането на принципа на субсидиарността, т.е. решенията се вземат колкото се може по-близко до бенефициентите.

Но разбира се, бюджетната помощ крие и някои рискове, които са свързани с корупцията и липсата на капацитет за финансово усвояване на средствата. Тези рискове в голяма степен се преодоляват, когато се разчита на по-голяма връзка с местните власти, когато се отчита децентрализацията в управлението на съответната развиваща се страна.

България съвсем отскоро е член на Европейския съюз и не би могла да дава съвети как да се организира европейската помощ за развитие, но направеното в нашата страна може да се има предвид при търсенето на аналогии при използване най-ефективно на средствата на Общността. По мое мнение, особено би бил полезен нашият опит при създаването на регионални асоциации на общините, които подпомагат регионалните власти при разработването и прилагането на регионални програми за развитие. Това особено може да се използва при прилагането на общата бюджетна подкрепа.

Що се отнася до секторната бюджетна подкрепа, ние също имаме определен опит, предимно при използването на средствата по програма САПАРД, където се разчита на подкрепата на браншови асоциации и неправителствени организации. Важно е при секторната подкрепа да се отчитат и мненията на потребителите и техните обединения.

Още веднъж, докладът заслужава нашата адмирация и предполагам, че Комисията, на основа на препоръките в т. 18, ще направи необходимото, за да подкрепи асоциации на местните власти при използването на бюджетна помощ.

  Jean Marie Beaupuy, en nombre del Grupo ALDE. – (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestro colega, el señor Schapira, por haber elaborado este informe, que debería preparar el terreno para un avance muy positivo de nuestras políticas de desarrollo. Por decirlo de otro modo, con este texto seremos capaces, estoy convencido de ello, de ser realmente más eficaces. Porque ¿de qué sirve tener unos objetivos generosos –a menudo generales–, de qué sirve tener recursos económicos significativos si no obtenemos resultados efectivos y eficientes?

Las entidades locales, y esto se explica muy bien en el informe de nuestro colega, constituyen el eslabón operativo que puede aportar sobre el terreno respuestas concretas a los problemas de los ciudadanos de esos países: problemas de agua potable, salud, educación, transporte público y problemas sociales. Entre esos problemas, por desgracia numerosos, deberíamos prestar la máxima atención a los problemas de salud. Sobre el terreno, las autoridades locales son las mejor situadas para encontrar soluciones. ¿Disponen de medios para aportar las soluciones correctas a esos distintos problemas? Rara vez, porque carecen de recursos financieros, de experiencia o de medios para poner en práctica esas soluciones.

Gracias a este texto, estoy convencido de que podremos aportar los recursos financieros necesarios y la ingeniería intelectual adecuada. Y a este respecto deseo que los procesos de buenas prácticas que hemos implantado a escala europea con URBAN (Intergrupo sobre Cuestiones Urbanas y Vivienda) se pongan realmente a disposición de todos los agentes locales.

Ante este gran reto, pienso también que la experiencia creciente que hemos adquirido con los Fondos Estructurales, en particular en las ciudades, será una gran ventaja. Por otra parte, permítanme decir, como coordinador de mi Grupo en la Comisión de Desarrollo Regional y presidente del Intergrupo URBAN, que si el 80 % de la población de la Unión Europea habita en las ciudades, en todos los países en desarrollo el crecimiento demográfico urbano es fenomenal y solo los agentes locales podrán aportar las soluciones correctas que se precisan a escala local.

Esas soluciones correctas serán el resultado de una nueva forma de gobernanza: los alcaldes de esos municipios, en particular, deberán ser operativos tanto en términos de poder –aplicación de sus facultades legales– como en su papel de animadores en todas las cuestiones de residuos, agua, sanidad, etc., y ahí es donde el apoyo que podremos aportarles les permitirá tanto ser operativos gracias a sus facultades legales como desempeñar plenamente su función de animadores.

Señora Comisaria, junto con nuestros colegas y los miembros de la Comisión Europea, me gustaría que las distintas Direcciones Generales afectadas se impliquen plenamente para llevar a buen puerto de esta operación. Nuestros países esperan que actuemos sobre esta cuestión. Tenemos los medios para realizar sus deseos. Los resultados palpables deben estar a la altura de sus expectativas.

(Aplausos)

  Wiesław Stefan Kuc, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, es imposible sobreestimar el papel de las autoridades locales en la resolución de los problemas de las comunidades urbanas y rurales. Por tanto, debemos acoger con satisfacción que todos los documentos que ha examinado el ponente las consideren partes interesadas en el desarrollo, reconozcan sus capacidades y destaquen su importancia y su papel fundamental para alcanzar diversos objetivos. Es una lástima que esta imagen positiva se haya limitado a las declaraciones.

Casi ninguno de los agentes implicados, incluidos los Estados y las organizaciones, ha aprovechado la experiencia de las autoridades locales para aportar soluciones reales a los problemas locales. No se ha usado su experiencia en relación con la planificación o la economía social. Es de sobras conocido que las autoridades locales están repartidas por todo el territorio y que esto les permite desarrollar una política de proximidad y comunicar las expectativas de sus poblaciones de manera cotidiana. También es sabido que tienen capacidad para abordar los problemas locales y que su participación puede contribuir a consolidar la democracia local. A pesar de ello, seguimos apoyándonos en las administraciones nacionales.

Tenemos que extraer las conclusiones de nuestra experiencia y convicciones en cuanto se presente la oportunidad y apoyar las actividades de las autoridades locales, de manera que puedan desempeñar el papel que les corresponde. Creo que el excelente informe del señor Schapira contribuirá de forma significativa a ello.

  Luisa Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, apoyo plenamente el informe Schapira, al igual que toda la Comisión de Desarrollo, porque reconoce el papel fundamental de las autoridades locales en unas políticas de desarrollo eficaces, inclusivas y que contribuyan de verdad a combatir la pobreza y a la lucha por el derecho de todos los hombres y mujeres al desarrollo humano. Ya hay abundantes ejemplos de ello.

En los últimos años la Unión Europea ha reconocido en sus estrategias la contribución esencial que han hecho las autoridades locales y civiles de todo el mundo, con dedicación y creatividad, para que la democracia llegue a convertirse en lo que debe ser: una práctica en la que los ciudadanos sean protagonistas tanto en sus regiones como fuera de ellas.

Ahora tenemos que conseguir que los agentes implicados en la cooperación descentralizada, es decir, las autoridades locales, no se limiten a gestionar fondos y proyectos, que en cualquier caso van a aumentar desde el punto de vista financiero, sino que también sean operadores capaces de ejercer una influencia política en la definición y aplicación de la política de desarrollo y de cooperación al desarrollo de la UE. Con este objeto, debemos concederles, al igual que a las ONG y otros organismos no estatales, una representación permanente y funciones de consulta en los órganos de política de desarrollo de la UE, con el fin de desarrollar un diálogo estructurado en Europa y en sus países asociados. El presente informe demuestra que el Parlamento está actuando de forma plenamente conforme con sus funciones y con los valores básicos de la Unión Europea.

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Señor Presidente, Señorías, soy representante sindical en una ciudad situada al norte de Roma desde hace seis años y sé muy bien que cada localidad concreta tiene problemas específicos que raras veces se pueden abordar con éxito mediante programas nacionales o regionales. Promover el hermanamiento con países terceros puede ser, por ejemplo, una manera eficaz de divulgar las buenas prácticas también en el ámbito local.

En mi calidad de ponente de la Comisión de Desarrollo para el instrumento financiero para la promoción de los derechos humanos, he hecho mucho hincapié en el valor añadido que aportan las comunidades locales al desarrollo de los países terceros. Solo las personas más directamente implicadas, los ciudadanos que están en contacto más directo con las necesidades y exigencias de cada comunidad concreta, pueden ser plenamente conscientes de sus propios problemas y, sobre todo, pueden aplicar medidas específicas, junto con expertos internacionales y europeos, en caso necesario.

A mi juicio, un enfoque que ponga a las autoridades locales en el centro de las acciones de desarrollo financiadas por la comunidad internacional permitiría aplicar medidas más rápidas y concretas, con un menor derroche de recursos económicos y pericia, sobre todo en países que están en manos de Gobiernos corruptos o inestables.

Es importante que la Comisión –como ya sucede de hecho con el nuevo instrumento para el desarrollo– y los donantes internacionales, en general, reconozcan a la sociedad civil y a las autoridades locales como socios políticos para responder a los retos de la lucha contra la pobreza y conseguir el desarrollo económico y social. Pero este reconocimiento teórico debe ir acompañado de hechos, mediante líneas de financiación directa por un importe cada vez mayor.

Hace poco estuve apoyando una campaña a favor de la corresponsabilidad en la concesión de créditos a los Gobiernos, de manera que el flujo de los fondos que se otorgan a los Gobiernos beneficiarios para fines de desarrollo se gestione con la plena aprobación de los representantes elegidos por los ciudadanos implicados. Si treinta años de cooperación al desarrollo aún no han dado los resultados esperados, quizá sea necesario reconocer los errores cometidos y cambiar de orientación antes de que sea demasiado tarde.

  El Presidente. Le deseo mucho éxito en sus actividades sindicales.

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Schapira por su trabajo en torno a este informe y también al señor Mavrommatis por su labor como ponente alternativo. Considero que esta es una parte importante de la tarea de la Comisión de Desarrollo.

Tuve el honor de ser ponente sobre el Instrumento de Cooperación al Desarrollo: un instrumento bastante controvertido que tardamos dos años en acordar. En el marco de esas negociaciones insistimos en que debía reconocerse el papel de las autoridades locales –como de hecho se hizo– y con el nuevo procedimiento de aplicación que hemos acordado a través de los cuatro grupos de trabajo del Comité de Desarrollo debemos garantizar ahora la plena participación de las autoridades locales en el proceso de consultas y en la aplicación de la ayuda al desarrollo, y que los deseos del Parlamento no se consideren únicamente deseos, sino que se vea en el ICD la voluntad legislativa de esta Cámara.

En segundo lugar, la participación de las autoridades locales no debe limitarse a las autoridades locales de los países en desarrollo. Como antiguo alcalde de Dublín, permítanme que les haga partícipes de mi experiencia como presidente de la mayor autoridad local de Irlanda. Dentro del Ayuntamiento de Dublín, por ejemplo, disponemos de enormes recursos: ingenieros que saben cómo suministrar agua potable, cómo tratar las aguas residuales, cómo construir carreteras y diques y todo tipo de cosas, y creo que esos recursos deberían poder utilizarse en el mundo en desarrollo, no solo los de Dublín, sino también los de todos los condados de Irlanda y de todos los condados y entidades locales de la Unión Europea. Deberíamos pensar en hermanar nuestras autoridades locales con las autoridades locales del mundo en desarrollo. Sé que muchas personas capacitadas que trabajan para entidades locales dentro de la Unión Europea estarían encantadas de utilizar su capacitación para suministrar agua potable y otras cosas en el mundo en desarrollo. Solicito a la Comisión que profundice en esta idea, no solo para implicar a las autoridades locales de los países en desarrollo, sino también a nuestras autoridades locales, que están dispuestas a utilizar su capacitación para ayudar al mundo en vías de desarrollo. Recomiendo esta idea a la Comisión y espero que la tengan en cuenta.

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señor Presidente, las instituciones de gobierno local son agentes fundamentales en el ámbito del desarrollo, que ayudan a estimular y coordinar a los operadores económicos y sociales en el plano local.

La participación de las instituciones de gobierno local en la política de desarrollo es necesaria para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para garantizar la gobernanza. Las autoridades locales han sido expertas en todos los ámbitos del desarrollo durante más de treinta años. Debemos recordar que los presupuestos de los Gobiernos locales han aumentado de manera constante. Las autoridades locales constituyen una red de solidaridad global que se extiende por todo el mundo. Están más próximas al ámbito local que el Gobierno central o las entidades donantes internacionales y eso les permite hacer un seguimiento del efecto local de las estrategias de desarrollo nacionales e internacionales.

Quiero expresar mi agradecimiento al ponente, el señor Schapira, por su informe, que tiene en cuenta muchos aspectos de la relación entre las autoridades locales y la cooperación al desarrollo. El informe del Parlamento Europeo combina la experiencia de sesenta años de cooperación europea entre ciudades con la política de desarrollo en el marco de la civilización global actual.

Quiero subrayar que en nuestro informe pedimos a la Comisión que cree un observatorio mundial de la democracia local y la descentralización, en colaboración con las organizaciones de gobierno local. Esto permitirá establecer un mapa mundial de la gobernanza local, con un listado de proyectos, partes interesadas y presupuestos de los que disponen las autoridades locales en todo el mundo, que facilitaría la coordinación, la coherencia y la sinergia entre los diferentes socios a escala de los Gobiernos locales.

  Thierry Cornillet (ALDE). – (FR) Señor Presidente, quisiera sumarme a las felicitaciones que han expresado otros a nuestro colega, el señor Schapira, por su excelente informe. Este informe apunta, ante todo, al papel esencial que deben desempeñar las entidades locales en el desarrollo, por su proximidad y su capacidad de diálogo con las poblaciones locales, así como por su conocimiento del terreno.

En todos los lugares del mundo se observa un hecho: la región, sea cual sea el nombre que se le dé –provincia, gobernorato, departamento, en resumen, el nivel infraestatal más bajo–, está siendo reconocida como entidad significativa para la ordenación del territorio y el desarrollo. En muchos países, además, hay unidades urbanas organizadas a su vez en regiones.

Por tanto, las regiones ya son interlocutores fundamentales. Hay que saber, por ejemplo, que cada año las regiones francesas donan 35 millones de euros a regiones francófonas del mundo.

Por esta razón, la semana pasada se creó en Marsella –es una información que quería hacer pública y comunicarles– una organización mundial de las regiones. En otras palabras, doce redes mundiales que agrupan regiones de los cinco continentes, independientemente de su condición –francófonas, periféricas, marítimas u otras–, se organizan en una red, el Foro de las Regiones del Mundo. Esperan a la Unión Europea, señora Comisaria, para poder acceder a la financiación internacional directa, participar en la elaboración de los programas integrados nacionales y en el Fondo Europeo de Desarrollo y tener derecho a los programas que les serán asignados.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Señor Presidente, ante todo quiero manifestar que apoyo el mensaje fundamental del informe del señor Schapira, esto es, que la Unión Europea debería cooperar con las autoridades locales en sus esfuerzos de apoyo al desarrollo de los países ACP.

Por consiguiente, en primer lugar es necesario consolidar el potencial de las autoridades locales de los países ACP, porque solo unas autoridades locales fuertes pueden asumir la responsabilidad de prestar servicios públicos esenciales. En segundo lugar, es esencial que las autoridades locales sean capaces de prestar los servicios más importantes para el desarrollo humano, como los de educación, atención médica o cultura, y de atender a las necesidades cotidianas básicas, incluido el abastecimiento de agua, la eliminación de residuos y el transporte colectivo.

En tercer lugar, es necesario que una proporción significativa de la ayuda presupuestaria de la UE a los países en desarrollo se destine directamente a las autoridades locales, en consulta con los Gobiernos centrales, porque es la única manera de mejorar la eficacia de la ayuda, y también de reducir la posible corrupción y la burocracia.

En cuarto lugar, también es necesario apoyar la reestructuración de los sistemas financieros de las autoridades locales con objeto de que sus presupuestos puedan generar sus propios recursos financieros para el desarrollo y de fomentar su autonomía financiera.

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Hoy centramos la atención en las autoridades locales y en la cooperación al desarrollo en los diferentes niveles de gobierno.

No cabe duda de que justamente en el ámbito de la autoridad local se abordan de manera cotidiana cuestiones importantes para los ciudadanos y las comunidades, tanto en Europa como en el resto del mundo. Me refiero a cuestiones muy diversas, a menudo relacionadas con circunstancias específicas. Las instituciones de gobierno local son agentes fundamentales en el ámbito del desarrollo, que ayudan a estimular y coordinar a los operadores económicos y sociales a escala local.

Mi país, Polonia, es un ejemplo de desarrollo cada vez más dinámico de las comunidades locales. Recientemente he visitado los municipios de Choszczno y Łobez, en el voivodato de Pomerania Occidental, y he sido testigo de ello. Esperamos que tanto en Europa como en los países en desarrollo, la Unión Europea, sus programas de ayuda y su legislación estimulen el desarrollo económico de las comunidades locales, en lugar de obstaculizarlo con una burocracia excesiva y una legislación inadecuada.

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) În intervenţia mea doresc să subliniez, încă o dată, importanţa Parlamentului European în ceea ce priveşte sprijinirea comunităţilor locale şi asigurarea afirmării rolului acestora în contextul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Parlamentul European, care îşi găseşte legitimitatea în votul direct, secret şi liber exprimat al cetăţenilor europeni, trebuie să fie forul care exprimă cel mai fidel mod aşteptările şi necesităţile acestora. Este, într-adevăr, rolul Comisiei de a gestiona problemele referitoare la dezvoltarea la nivel macro-european. Această dezvoltare, însă, nu poate fi realizată ignorându-se problematicile, experienţele şi tradiţiile existente la nivel micro, la nivel de comunitate locală. Este rolul nostru de Parlament să punem în vedere Comisiei să-şi ajusteze politicile şi programele în funcţie de cele de mai sus.

Dezvoltarea Europei este alcătuită dintr-un puzzle de dezvoltări specifice fiecărei colectivităţi locale. A ignora aceste colectivităţi înseamnă a iniţia un proces de dezvoltare artificială care nu va corespunde niciodată realităţilor locale. În plus, ignorarea unor aspecte sensibile ce ţin de o anumită moştenire culturală, de un filon tradiţional specific, va conduce la respingerea de către comunităţile locale a soluţiilor de dezvoltare propuse la nivel european. Tot comunităţile locale sunt cele îndrituite să analizeze existenţa resurselor umane şi materiale pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

În concluzie, permiteţi-mi să afirm că este rolul şi obligaţia Parlamentului European de a veghea la crearea şi desăvârşirea unei construcţii europene care să utilizeze experienţa şi acquis-ul local.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) En la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio suelen participar dos partes: donantes y beneficiarios. La UE aplica ciertos requisitos cuando concede ayudas, entre los cuales destaca la buena gestión.

La Comisión Europea siempre ha mantenido una actitud de cautela con respecto al papel de las instituciones de gobierno local en el ámbito de la política de desarrollo, ha intentado mantener buenas relaciones diplomáticas con terceros países y pagarles el dinero que les ha destinado lo antes posible, pues la negociación con los Gobiernos locales lleva mucho tiempo y, en mi opinión, resulta difícil.

La colaboración descentralizada que ha comenzado a aplicarse en los países en desarrollo, tal como se define en el Convenio de Lomé, constituye una oportunidad para especificar la aplicación de la ayuda al desarrollo no solo con la colaboración entre países, sino también con la participación de las instituciones de gobierno local. Esto ofrece a los países receptores de la ayuda una oportunidad de dedicarla a resolver los problemas particulares de la población local.

Sin embargo, creo que los Gobiernos locales deberían participar más activamente en la gestión de su país, mediante una colaboración activa y regular con el Gobierno central. Siendo realistas, resulta difícil imaginar el desarrollo económico y social de un país sin vínculos bilaterales entre los Gobiernos locales y el Gobierno central.

El Acuerdo de Cotonú preveía que se invitase a las instituciones locales a participar en la formulación de la política de desarrollo; por lo tanto, hay que exigir al Gobierno central que cumpla dicho Acuerdo; y si no se respetan las normas, tal vez se deba reconsiderar la aportación de ayuda.

En mi opinión, la Comisión Europea no tendría que ocuparse de resolver los problemas de gestión locales de los países terceros. No dispone de los medios para ello. Su tarea es controlar el uso que se da a la ayuda aportada.

Tengo dudas acerca de la eficacia de establecer un observatorio de la democracia mundial y la descentralización en el ámbito local. La diversidad de países, estructuras de gestión, culturas y costumbres es demasiado grande. Cada país tiene que escoger sus propios métodos de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge con agrado este informe y comparte su análisis del importante papel que pueden desempeñar las autoridades locales en la cooperación al desarrollo. Su contribución es esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para una buena gobernanza y una mejor propiedad de las estrategias de cooperación al desarrollo.

Por esas mismas razones, la Comisión apoya la gobernanza local mediante instrumentos geográficos y temáticos y también hacer participar a las autoridades locales en el propio proceso de programación. La Comisión está intentando continuar mejorando el nivel de participación de estas autoridades y agradecemos al Parlamento su apoyo en este esfuerzo.

Sus Señorías han propuesto algunas ideas interesantes, como los hermanamientos, que, por supuesto, voy a poner en conocimiento de mi colega, el señor Michel, y que él estudiará más detenidamente.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Gábor Harangozó (PSE), por escrito. – (EN) En primer lugar quiero decir que me complace mucho el informe de propia iniciativa de nuestro colega, el señor Schapira, sobre la importancia del papel de las entidades locales para el logro de los objetivos de la cooperación al desarrollo. Debido a la amplia gama de metas fijadas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y dados los retrasos en la aplicación de estos objetivos, este informe es muy importante con vistas a fomentar la participación de las entidades locales en calidad de socios fundamentales en todas las fases del proceso de cooperación, a fin de alcanzar estos objetivos. En consonancia con el principio de subsidiariedad, los agentes locales son los mejores socios de cara a garantizar que la ayuda al desarrollo se centre, como corresponde, en las necesidades reales de las comunidades locales. Hasta ahora, su papel ha sido demasiado limitado a pesar de que hace mucho tiempo que se ha reconocido políticamente el valor añadido que pueden aportar a las políticas de desarrollo. A este respecto, también acojo con agrado la propuesta de establecer un centro internacional de seguimiento de la democracia local y la descentralización, destinado a supervisar los avances de la implicación de las autoridades locales tanto en la implantación de proyectos como en la elaboración de las políticas de desarrollo.

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. – (PL) Quiero dar las gracias al ponente, el señor Schapira, por un proyecto muy importante. No cabe duda de que las autoridades locales desempeñan un papel muy importante en la cooperación al desarrollo. Esto es cierto tanto en lo que respecta a los países donantes como a los beneficiarios.

La razón es que las autoridades locales están más próximas a las personas. Conocen mejor las necesidades de las comunidades locales y los problemas sociales, económicos y de infraestructura. Por tanto, la ayuda al desarrollo puede resultar más eficaz cuando la administran las autoridades locales. Deberíamos aprovechar más a menudo estos aspectos de las autoridades locales y valorar sus competencias. Además, el mero hecho de fortalecer a las autoridades locales en los países en desarrollo puede contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades. Por tanto, merece la pena apoyar el desarrollo de las autoridades locales e incluso invertir en él.

Comparto la opinión de que las autoridades locales deberían recibir los recursos financieros necesarios para que puedan desempeñar un papel adecuado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Muchas autoridades locales, en particular las de los nuevos Estados miembros, no están en condiciones de poder financiar dichas tareas con cargo a sus propios presupuestos. Las autoridades locales pueden obtener apoyo de otras partes interesadas de la localidad, como universidades, ONG y empresas. Esto permite estimular la participación de los ciudadanos en la vida pública en general y en la cooperación al desarrollo, en particular. Muchas gracias.

(La sesión, interrumpida a las 12.00 horas, se reanuda a las 12.05 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. PÖTTERING
Presidente

5. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de las votaciones: véase el Acta)

5.1. Nombramientos en las delegaciones interparlamentarias (votación)

5.2. Acción comunitaria relativa a la prestación de servicios sanitarios transfronterizos (votación)

5.3. Caza ilegal de aves en Malta (votación)

- Antes de la votación sobre la enmienda 7

  Louis Grech (PSE). – (EN) Señor Presidente, a modo de aclaración, deseo añadir las palabras «de aquel entonces» después de la palabra «Comisión», de tal forma que la enmienda 7 quede así: «recuerda que, antes de la adhesión a la Unión Europea, el Gobierno maltés afirmó que había negociado una derogación de la caza en primavera con la Comisión; lamenta que, a pesar de que otras fuerzas políticas y segmentos de la sociedad civil en Malta habían rechazado las declaraciones del Gobierno maltés, la Comisión de aquel entonces optó por permanecer en silencio sobre el asunto, dando lugar así a una situación potencialmente ambivalente».

(El Parlamento rechaza la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la enmienda 12

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, nuestro Grupo quería pedir una votación nominal sobre la enmienda 12, pero por desgracia no lo hemos hecho a tiempo. Por eso ruego a la Cámara que permita una votación nominal sobre la enmienda 12, a pesar de que no la hayamos pedido dentro del plazo reglamentario. Estoy seguro de que mi colega, la señora Frassoni, no se opondrá.

(Risas)

(El Parlamento aprueba la propuesta)

5.4. Las relaciones euromediterráneas (votación)

– Antes de la votación sobre el apartado 21

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Señor Presidente, creo que el señor Tannock ha retirado su enmienda en favor de una enmienda oral que diría así, y me remito al apartado 21 del texto francés: tras la frase «aucun cas refouler une personne», se añadiría «demandeur d'asile vers un état où elle risque…».

Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para pedir a mi Grupo que vote a favor del texto final porque ha habido un error en la lista de votación.

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, no he retirado la enmienda que presenté, pero estaría dispuesto a hacerlo si, a cambio, se modificara esta enmienda oral añadiendo las siguientes palabras u otras de idéntico sentido: «durante el periodo de tiempo en el que las autoridades estén estudiando los casos de los solicitantes de asilo», porque, de lo contrario, se quedarían en nuestros países indefinidamente.

(El Parlamento rechaza las enmiendas orales)

5.5. Construcción de la zona de libre comercio euromediterránea (votación)

– Antes de la votación sobre el apartado 58

  Gianluca Susta (ALDE). – (IT) Señor Presidente, quiero pedir que en el texto que se ha presentado se sustituyan las palabras «by extending» por las palabras «by considering».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

5.6. Bosnia y Herzegovina (votación)

5.7. Respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso (votación)

– Antes de la votación sobre el segundo punto del apartado 15

  Johannes Voggenhuber (Verts/ALE), ponente. – (DE) Señor Presidente, un poco antes de iniciar las votaciones, me han señalado un problema de fácil solución. El apartado 15 dice: «Prevé a este respecto modificar el artículo 34 de su Reglamento». Puesto que necesitamos una mayoría diferente para el Reglamento que para esta votación, muchos diputados consideran que la palabra «prevé» es demasiado fuerte.

Por tanto, sugiero que el apartado 15 se modifique del modo siguiente: «está considerando a este respecto una enmienda al Reglamento». Espero que el Grupo del PPE-DE también pueda aceptar esta modificación del Reglamento.

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

5.8. Negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica (votación)

5.9. Negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina (votación)

– Antes de la votación sobre la letra b del apartado 1

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), ponente. – (ES) Señor Presidente, de acuerdo con varios Grupos, quisiera presentar una enmienda oral destinada a sustituir, en la primera línea de la letra b) del apartado 1, «el objetivo», por la expresión: «entre los objetivos», y a sustituir «consiste en liberalizar progresivamente los intercambios comerciales» por la expresión: «se encuentra el establecimiento a término de una Zona de Libre Cambio (ZLC) avanzada».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la letra s del apartado 1

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), ponente. – (ES) Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral destinada a introducir, en la segunda línea de la letra s) del apartado 1, después de «intercambios comerciales en condiciones», para sustituir «competitivas», la expresión: «de justicia y beneficio mutuo basado en la complementariedad y la solidaridad».

Además, se propone que el mismo párrafo termine con «relaciones económico-comerciales de las partes».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la letra u del apartado 1

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), ponente. – (ES) Esta enmienda oral pretende sustituir, en la letra u) del apartado 1, «ZLC» por la expresión: «una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la letra v del apartado 1

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), ponente. – (ES) Esta enmienda oral pretende sustituir, en la letra v) del apartado 1, «ZLC» por la expresión: «Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

– Antes de la votación sobre la letra x del apartado 1

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), ponente. – (ES) Señor Presidente, es la última de las enmiendas orales y pretende sustituir, en la letra x) del apartado 1, «ZLC» por la expresión: «Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

5.10. Personas desaparecidas en Chipre (votación)

  El Presidente. Permítanme que les recuerde que la señora Resetarits y el señor Triantaphyllides también han firmado esta propuesta de resolución. La señora Resetarits, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el señor Triantaphyllides, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica.

  Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, permítame informarle de que hoy se encuentran entre nosotros los tres miembros del Comité sobre Personas Desaparecidas en Chipre: el señor Girod, Presidente del Comité, en representación de las Naciones Unidas; la señora Küçük, en representación de la comunidad turcochipriota; y el señor Georgiades, en representación de la comunidad grecochipriota. Todos los miembros del Comité están aquí para recabar nuestro apoyo.

(Aplausos)

(El Parlamento aprueba la resolución)

5.11. Islas y limitaciones naturales y económicas en el marco de la política regional (votación)

5.12. Entidades locales y cooperación al desarrollo (votación)

  El Presidente. Con esto concluye la votación.

6. Explicaciones de voto

- Propuesta de resolución: (B6-0098/2007)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución y acojo con agrado la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un proceso de consultas sobre la mejor forma de acción comunitaria con el fin de establecer un marco para los aspectos transfronterizos de la asistencia sanitaria.

- Propuesta de resolución: (B6-0119/2007)

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Quiero explicar mi voto sobre la resolución relativa a la caza en primavera en Malta. He votado en contra de la resolución porque creo que es innecesaria y desproporcionada. No es necesaria, puesto que la Comisión Europea y las autoridades maltesas están manteniendo conversaciones al respecto. La resolución carece de sentido, habida cuenta que Malta ha dado grandes pasos para controlar a quienes no respeten las normas sobre la caza. Además, no se debe olvidar que, durante las negociaciones de adhesión entre Malta y la Unión Europea, la Comisión Europea reconoció –por escrito y no solo verbalmente– un acuerdo por el que Malta podía acogerse a una derogación para autorizar la caza en primavera.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, a diferencia del orador que me ha precedido, por mi parte considero que la resolución sobre la caza de aves en Malta es muy importante. El Parlamento Europeo ya ha demostrado en muchas ocasiones que damos gran importancia a la conservación animal y al cumplimiento de las leyes de conservación animal. Por eso esta resolución es muy importante, aunque nos hayamos encontrado con una fuerte oposición del otro lado de la Cámara.

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Señor Presidente, quiero decir que he votado a favor de la resolución sobre Malta porque el Gobierno maltés apenas ha avanzado. Seguimos asistiendo a la matanza de enormes cantidades de aves en Malta. Están muriendo muchos millones de aves, en contravención de todas las disposiciones fundamentales adoptadas por la Unión Europea.

También quiero decir que en la primera votación nominal he votado a favor del apartado 2 del informe Voggenhuber por error, pero mi intención era votar en contra. Les ruego, por lo tanto, que así conste.

  Robert Atkins (PPE-DE), por escrito. Los conservadores británicos hemos votado en contra de esta resolución por razones puramente procedimentales. Consideramos que esta resolución constituye un abuso de procedimiento. Nuestro voto no debe considerarse una indicación de la opinión de los diputados al Parlamento Europeo del Partido Conservador británico sobre los méritos u otros aspectos del caso concreto que se está analizando.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución y deseo que se prohíba inmediatamente toda caza ilegal de aves en Malta.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) La presentación de esta resolución al Pleno de esta Cámara se podría haber evitado fácilmente si Malta hubiera cancelado la caza en primavera y hubiera cumplido, así, las disposiciones de la Directiva relativa a las aves, pero insiste en ignorar las innumerables iniciativas parlamentarias y las medidas legales adoptadas por la Comisión, y parece decidida a permitir una vez más que sus cazadores maten a tiros a un enorme número de aves migratorias protegidas, sin otra finalidad que servir de pasatiempo a los cazadores locales. Además, esta actividad se ha descontrolado y en estos momentos amenaza la diversidad y la conservación de las especies de aves en toda la Unión Europea. Los representantes de los cazadores no tienen reparos en llamar fascistas a quienes se oponen a la caza en primavera. Amenazan a su propio Gobierno, a sus representantes elegidos y a su aparato policial de forma agresiva y esto es algo que nuestra Unión no puede consentir. Puede que el Gobierno maltés se sienta dolido por esta resolución, pero también podría sentirse fortalecido por el apoyo de toda Europa cuando tome medidas para abolir la caza en primavera, y por esto estoy completamente a favor de la resolución.

- Propuesta de resolución: (B6-0041/2007)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Voy a apoyar este informe, a pesar de que no se ha incluido el apartado 21 en su forma original: «Recuerda que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados europeos no pueden en ningún caso devolver a una persona a un Estado en el que corra el riesgo de ser torturada o sometida a tratos crueles, degradantes o inhumanos, incluida la pena de muerte».

Me decepciona que una pequeña mayoría de esta Cámara estuviera a favor de excluir este importante principio de los derechos humanos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Podría decir muchas cosas sobre esta resolución. Pero solo se me permiten 200 palabras y voy a usarlas para denunciar el silencio que mantiene con respecto al inaceptable boicot a la Autoridad Palestina (AP), decretado por los Gobiernos de Israel y de los Estados Unidos tras las elecciones palestinas de enero de 2006. La UE se sumó al boicot y también suspendió su ayuda financiera, con lo cual agudizó la ya grave situación humanitaria a la que se enfrenta el pueblo palestino como consecuencia de la ocupación y la agresión israelíes.

Guarda silencio sobre la inaceptable actitud de la UE, que se mantiene a la expectativa y supedita el restablecimiento de las relaciones con las autoridades palestinas, incluida la reanudación de la ayuda financiera, a que aquellas cumplan ciertas condiciones, como el «compromiso con la no violencia», cuando es Israel quien ocupa militarmente los territorios palestinos, o el «reconocimiento de Israel», cuando es Israel quien no reconoce el derecho del pueblo palestino a su Estado soberano e independiente, y el «respeto a los acuerdos y obligaciones anteriores, incluida la Hoja de Ruta», cuando es Israel quien no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo y la propia Hoja de Ruta, mientras sigue construyendo el muro ilegal y mantiene la política de asentamientos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución. En concreto, estoy a favor de las enmiendas que están en consonancia con las sentencias del Tribunal Europeo, que afirmó que ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que exista un riesgo de maltrato, tortura o pena de muerte.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Uno de los mayores éxitos de la Unión Europea es fruto de las sucesivas ampliaciones, debido en parte al hecho de que la perspectiva de la adhesión ha sido uno de los factores principales de la democratización y la modernización de nuestros países y nuestras sociedades.

Puesto que una ampliación ilimitada de la UE es imposible y algo que no defiendo, estoy a favor de una fórmula que contribuya a promover unos resultados parecidos en la cuenca mediterránea. Me refiero a un nuevo proyecto europeo, diseñado en asociación con nuestros vecinos del Mediterráneo, para crear a medio plazo una zona de libre circulación en la región mediterránea y con un planteamiento lo más próximo posible al modelo de la UE. La adhesión a esta zona estaría abierta a los países circundantes que cumplan los criterios de Copenhague de democracia, economía de mercado y respeto de los derechos humanos. Sería una asociación reforzada a cambio de reformas. También tendría el mérito secundario y accesorio de ser una solución que podría interesar a Marruecos, Israel o Túnez, pero quizás también a Turquía, si ese país llegase a la conclusión de que el proceso de adhesión había llegado a un punto muerto.

Tener vecinos prósperos y democráticos, vinculados por los beneficios potenciales y con poblaciones que no se vieran en la necesidad de emigrar a toda costa, sería un proyecto europeo constructivo. Además, ni siquiera sería un proyecto completamente nuevo.

- Informe Arif (A6-0468/2006)

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Es evidente que hace falta una auténtica política de cooperación con el Sur y el Este del Mediterráneo para frenar los flujos migratorios que Europa ya no puede acoger por falta de medios, de los que carece desde hace mucho tiempo. Es igualmente evidente que una política comercial razonable puede ser mutuamente provechosa para las dos orillas del Mediterráneo.

Pero no es esto lo que propone el informe del señor Arif, que no es ni más ni menos que una ampliación, a África del Norte y parte de Oriente Medio, de la Unión Europea, su funcionamiento y sus políticas: política agrícola integrada, libre circulación de personas y mercancías, libertad de prestación de servicios, por citar tan solo unos pocos ámbitos.

¿Con qué propósito? No se sabe muy bien, puesto que un estudio citado por el propio señor Arif prevé repercusiones sociales y ambientales negativas a corto y medio plazo.

Por tanto, el Parlamento apoya este proyecto por pura ideología de libre comercio y no en interés de los países de la Unión, como tampoco en interés de los países mediterráneos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) A pesar de una cierta retórica reformista, el objetivo fundamental de este informe es promover la creación de una zona de libre comercio (ZLC) entre la UE y la región del Mediterráneo y hacerlo, además, en el contexto de los esfuerzos de la UE por conseguir la liberalización del comercio mundial a través de la firma de acuerdos bilaterales/regionales, en un intento de superar las dificultades de las negociaciones en el marco de la OMC.

Por ejemplo, el informe prevé la «apertura de los mercados agrícolas», aunque de forma regulada, con una referencia especial al sector vitivinícola y a los sectores de la fruta y las hortalizas; la liberalización de los servicios, aunque excluye (solo...) los servicios públicos considerados básicos (sanidad, educación, abastecimiento de agua potable, cultura y servicios audiovisuales); la liberalización del suministro de energía a través de la creación de un mercado euromediterráneo; y la liberalización del sector industrial, concretamente a través de la «consolidación de un único espacio euromediterráneo de producción» para el sector textil y de la confección, que incentivaría la reorganización de una gran parte de la capacidad productiva.

Dicho de otro modo, la intención es promover la liberalización del comercio, para deleite de las multinacionales y los grandes importadores europeos, que desean dominar nuevos mercados y recursos naturales y crear nuevas oportunidades para la explotación de una mano de obra barata.

Se están poniendo en peligro los modelos de desarrollo propios de cada país, basados en sus necesidades y circunstancias nacionales específicas, junto con un proyecto de cooperación entre esos diferentes países basado en un verdadero apoyo mutuo.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) En los doce años transcurridos desde la Declaración de Barcelona, los pueblos del Mediterráneo se han empobrecido y están más desesperados, mientras que algunas zonas han estado en guerra. Al mismo tiempo, el capital, tanto local como extranjero, se está enriqueciendo.

El informe sobre la construcción de la zona de libre comercio euromediterránea expresa la preocupación de la UE porque el proceso de Barcelona no ha progresado. Pide que se intensifique la acción; dicho de otro modo, que la intervención descarada de la Unión Europea imperialista en los asuntos internos de los países del sur y el sudeste del Mediterráneo se extienda a todos los aspectos de la vida social, económica y política de dichos países. La UE gasta enormes cantidades en esos países bajo ciertas condiciones y cláusulas, de modo que el desarrollo económico y las estructuras políticas estén al servicio del capital eurounificador y sus beneficios, y escapen a la soberanía nacional de los Estados de la zona.

La preocupación que expresa por la inestabilidad política en el sur y el sudeste del Mediterráneo y por los daños materiales causados por la guerra es hipócrita. La UE imperialista es igualmente culpable y responsable, como atestiguan los miles de soldados destacados en la zona.

La prosperidad de esos pueblos solo será posible si gozan de plena soberanía nacional y de libertad para desarrollar sus estructuras y su producción como ellos decidan. Por eso necesitan liberarse de cualquier forma de intervención extranjera y tienen que intensificar su lucha antiimperialista para que quien de verdad gobierne sea su gente.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que formula varias propuestas sobre la creación de una zona de libre comercio euromediterránea beneficiosa para ambas partes. Considero que la implantación de reformas económicas y políticas puede ser una oportunidad para crecer. En particular, me agrada que el informe afirme que la zona de libre comercio debe tener en cuenta las características económicas y sociales concretas de los países para permitirles proteger los sectores más vulnerables de sus economías, como la agricultura y los servicios públicos.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) Los tres objetivos principales establecidos en la Conferencia de Barcelona de 1995, a saber, la creación para 2010 de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y sus socios africanos y asiáticos, una zona de paz y estabilidad, y el desarrollo de sociedades libres y democráticas, aún no se han alcanzado.

El conflicto entre Palestina e Israel se encuentra, por desgracia, a años luz de una resolución pacífica. Además, desde la retirada de Israel de la franja de Gaza ha estallado una dramática guerra civil entre Hamás y los seguidores de Fatah.

Aunque en algunos países socios no europeos se han reconocido algunos derechos humanos fundamentales, a menudo no se aplican plenamente.

La asociación socioeconómica, alimentada con fondos del Programa Meda, no ha producido los resultados esperados y todavía existe un terrible retraso en el desarrollo, porque Europa no ha dedicado suficiente atención a la plena aplicación del primer y el segundo programa Meda y también porque los países beneficiarios no siempre han sido capaces de crear la infraestructura socioeconómica necesaria para llegar a ser competitivos.

Por último, muchas regiones euromediterráneas no cuentan con un sistema de transporte eficaz, la tecnología de la información no está suficientemente desarrollada y la modernización de las telecomunicaciones todavía queda lejos. Por todas estas razones, creo que es necesario aplazar la creación de una zona de libre comercio euromediterránea.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Mis comentarios sobre las relaciones euromediterráneas son aplicables en su totalidad, mutatis mutandis, al presente debate.

Como he manifestado en anteriores ocasiones, apoyo el objetivo de crear una asociación profunda entre «Europa» y sus vecinos mediterráneos. En mi opinión, todo lo que sea menos que eso, y una zona de libre comercio es menos que eso, resulta insuficiente. Pero también está claro que todo lo que vaya en esa dirección es positivo y merece mi apoyo. Así sucede en lo esencial en el caso de lo que hoy se debate.

Por tanto, he votado a favor, pero desearía que nuestro debate sobre esas cuestiones evolucionase hacia una concepción más amplia de lo que deberían ser nuestras relaciones con nuestros vecinos del sur. Por el bien de ambas orillas del Mediterráneo.

  Luca Romagnoli (ITS), por escrito. (IT) En nombre del Grupo Integridad, Tradición y Soberanía y del Partido Llama Tricolor que represento, digo «no» a esta inaceptable resolución. No porque me oponga a la creación de una zona de libre comercio, sino por el contenido confuso de la propuesta y de las perspectivas para el futuro.

En el contexto actual de inestabilidad política y confusión institucional, no es posible que la zona de libre comercio represente simplemente una oportunidad para los países del sudeste del Mediterráneo. Los retrasos que han experimentado en la aplicación de las reformas necesarias para crear un mercado euromediterráneo no deben darles automáticamente el derecho de proteger a los sectores más vulnerables de sus economías en detrimento de los países de la UE, cuyo único papel, según este informe, sería proporcionar ayuda y cuyos ciudadanos tienen que pagar los costes.

Solo se ha tenido en cuenta la necesidad de ajustar el ritmo y la intensidad de la apertura de los mercados mediante la oportuna aportación de apoyo para la integración de los países del sudeste del Mediterráneo. Los planes para la creación de una política agrícola integrada para el Mediterráneo y el correspondiente apoyo financiero para los países del sudeste del Mediterráneo son de tal alcance que prefiguran la transformación del FEMIP en un auténtico banco de desarrollo. Para completar esa farsa, el informe pretende facilitar la libre circulación de trabajadores, mediante procedimientos legales y administrativos que faciliten la concesión de visados de entrada. Todo ello no supone ninguna ventaja para los contribuyentes europeos, solo más cargas.

- Informe Pack (A6-0030/2007)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y me complace que en él se haga especial hincapié en la educación y la reforma de la policía.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. (EN) Apoyo este informe porque contiene recomendaciones apropiadas en pro de la justicia y del mantenimiento de la paz en la región. Felicito especialmente a la ponente por animar a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a perseguir a los criminales de guerra en busca y captura y a llevarles ante la justicia. También acojo con agrado el borrador recientemente presentado del plan para la reforma de la estructura policial, ya que realiza una asignación equilibrada de las responsabilidades a todos los niveles, además de garantizar la transparencia en la elección de jefes y oficiales de policía y en el control de su labor. Asimismo, deseo felicitar a los hombres y mujeres del Royal Ulster Constabulary por su trabajo para ayudar a formar a la policía local.

- Informe Voggenhuber (A6-0034/2007)

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del Informe Voggenhuber porque esta Asamblea ha vuelto a ignorar los referendos neerlandés y francés sobre la Constitución Europea. ¿De qué otro modo podría describirse? A pesar de que la Carta de Derechos Fundamentales nunca ha sido un documento jurídicamente vinculante –y tras el rechazo de la Constitución en esos dos países nunca lo será–, continuamente se está intentando colar por la puerta trasera ese catálogo políticamente correcto. Esto es inaceptable tanto desde un punto de vista jurídico como también político.

El desprecio unánime de la Europa oficial por las democracias nacionales explica que el Presidente de la Comisión Barroso recomendara recientemente al pueblo neerlandés, en su propio país, que aceptase la Constitución. Se insta a los ciudadanos a que sigan votando, pero en última instancia son los mandarines europeos quienes toman las decisiones. Quien piense que esa clase de arrogancia va a conseguir que la opinión pública europea sea menos euroescéptica se equivoca.

  Gerard Batten, Nigel Farage, Michael Henry Nattrass y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP ha apoyado esta enmienda porque expone muy claramente la situación real de que el Tratado Constitucional ha sido rechazado y, por lo tanto, debe abandonarse. Sin embargo, el sentido de nuestro voto no implica en modo alguno que apoyemos al Grupo político que ha presentado la enmienda.

  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores apoyamos el principio de contar con una Carta de los Derechos Fundamentales a modo de recomendación para los Estados miembros. Sin embargo, hemos votado en contra de este informe, ya que lo que se proponía era la conversión de esa Carta en un instrumento jurídicamente vinculante (exigible ante los tribunales) en toda la Unión, a lo que nos oponemos frontalmente.

  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) He apoyado esta enmienda porque expone muy claramente la situación de hecho de que el Tratado Constitucional ha sido rechazado y, por lo tanto, debe abandonarse. Sin embargo, el sentido de mi voto no implica en modo alguno que apoye al Grupo político que ha presentado la enmienda.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) La Carta de Derechos Fundamentales es una síntesis de los valores comunes europeos con los que todos los ciudadanos pueden identificarse y les proporciona un instrumento para defenderse, mediante el conocimiento y la comprensión de sus derechos, y para controlar mejor las actividades de las autoridades nacionales y europeas cuando adoptan y aplican la legislación de la Unión.

Lamento que aún no sea jurídicamente vinculante, aunque se ha convertido en un texto de referencia para las actividades de las instituciones europeas y para el poder judicial europeo, como en el caso del Tribunal de Justicia.

Es esencial que hagamos todo lo posible por desarrollar una verdadera cultura de los derechos fundamentales en la Unión Europea mediante la creación de un sistema general de control de los derechos fundamentales y promoviéndolos activamente, además de intervenir en el caso de que algún Estado miembro los conculque o no los proteja debidamente.

Por tanto, es necesario un control riguroso y sistemático que permita encontrar las mejores soluciones para garantizar un equilibrio justo entre los objetivos de seguridad y las restricciones de los derechos fundamentales.

Además, el respeto de la Carta de Derechos Fundamentales se tiene que hacer extensivo a todo el proceso legislativo y a la comitología.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) El informe del señor Voggenhuber pretende someter toda la legislación europea al respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, auténtico cajón de sastre ideológico, es decir, hacer que la Carta sea vinculante. En otras palabras, está a favor de hacer caso omiso del rechazo popular a la Constitución Europea, cuya Parte II era la Carta, e imponer una exigencia jurídica que no ha sido aprobada por los ciudadanos ni por sus Parlamentos.

Además, esto tendría tres efectos. Legitimaría la intervención del Tribunal de Luxemburgo en ámbitos que excluyen los propios Tratados, como la cooperación policial y judicial, lo cual no es harto paradójico. Impondría a los Estados exigencias ilegítimas: Bruselas podría imponer, por ejemplo, el cierre patronal, un derecho reconocido en la Carta, pero una práctica que está prohibida en muchos Estados. Impondría al Parlamento Europeo el sentido de su voto: ¿cómo podríamos modificar, si no es en cuestiones muy marginales, una legislación por la que se aplica un «derecho fundamental»?

Este texto es muy preocupante: en nombre de los derechos humanos, logra la proeza de violar tanto la democracia como los Tratados y los derechos del mismísimo Parlamento Europeo.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe apunta en la dirección correcta pero contiene un par de propuestas poco útiles; por ejemplo, en el apartado 2, todo el cual que entra en conflicto con el mandato que hemos recibido de nuestro electorado. Es importante que todas las decisiones de la UE se adopten respetando los derechos humanos fundamentales. El informe critica los acuerdos previos alcanzados entre la Comisión y las autoridades estadounidenses sobre la transferencia de datos de los pasajeros. El ponente señala las razones por las que el transporte secreto de prisioneros por parte de la CIA en territorio europeo era ilegal y subraya la importancia de que dichas violaciones de los derechos humanos no vuelvan a repetirse.

El informe indica claramente que una Constitución Europea es innecesaria para la protección de los derechos humanos en los Estados miembros.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Ha habido repetidas maniobras para intentar restaurar el llamado «proceso constitucional», lo que supone un flagrante menosprecio de las decisiones soberanas del pueblo francés y neerlandés en sus referendos de 2005.

El uso de la «Carta de Derechos Fundamentales», que es parte integral de la «Constitución Europea», es desde hace tiempo una táctica de este juego inaceptable.

La intención del ponente es introducir el contenido de la Constitución por la puerta trasera, es decir, hacer que dicho texto sea vinculante cuando en realidad no lo es y, por ende, «preservar» los tristemente famosos «logros principales de la Constitución».

Si el objetivo es defender unos derechos, entonces deberíamos respetar los que se establecen en la Constitución de la República Portuguesa, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en la Carta Social Europea, textos internacionalmente válidos, cuya legitimidad está reconocida y que son más completos, en comparación con la Carta de Derechos Fundamentales, cuyo contenido es pobre en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo.

De nuevo, en el fondo lo que se pretende es usar los derechos humanos (ahora conocidos como derechos «fundamentales»), para (volver a) imponer el llamado «proceso constitucional», ocultando su inadmisible programa neoliberal, federalista y militarista tras enunciados que manipulan las expectativas legítimas y las justas preocupaciones de los diferentes pueblos de la Unión.

Por eso hemos votado en contra.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo tiene una idea extremadamente particular y partidista de la definición de los derechos fundamentales.

Le sirven de soporte para combatir a individuos que considera indeseables y a oponentes políticos, o bien para atacar a Gobiernos molestos que no son políticamente correctos. Curiosamente, nunca se evocan para defender, en particular, los derechos de las minorías políticas presentes en su Cámara. Minorías que han cometido la equivocación de no pertenecer a la gran masa bienpensante de los eurofederalistas. En este terreno, los grandes principios de libertad de expresión e igualdad son absolutamente despreciados. El Parlamento Europeo pone en práctica la célebre fórmula: «haced lo que digo, no lo que hago».

La casta política europea está dispuesta a todo para imponer su visión de Europa, y ello en contra de la voluntad de los pueblos si hace falta. Así, a pesar de que la Constitución europea fue rechazada en referendo en Francia y los Países Bajos, se afana por hacerla pasar a trozos. Del mismo modo, aunque la Carta de los Derechos Fundamentales no tiene ningún valor jurídico vinculante, el texto que se nos propone quiere tornarla indispensable –peor aún, convertirla en un texto de referencia fundamental– para los tribunales europeos.

Lejos de ser inocente, este informe es peligroso para las libertades y los derechos de los pueblos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que busca fórmulas para mejorar los mecanismos de control destinados a comprobar si toda la legislación comunitaria cumple las normas internacionales de derechos humanos y si los derechos fundamentales ya se tienen en cuenta, mediante procedimientos de evaluación de impacto, al elaborar los proyectos de propuesta de la Comisión. En concreto, me complace que el informe analice formas de incrementar el papel del Parlamento en la defensa de los derechos fundamentales y en la garantía de que la legislación de la UE cumpla las normas internacionales de derechos humanos.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La Unión Europea atraviesa actualmente una crisis institucional. Ahora bien, con su voto, los franceses expresaron su deseo de que haya una Unión Europea, pero una Europa que no se limite al mercado único. Los ciudadanos quieren una Europa que también garantice derechos sociales.

Esta propuesta de metodología para una aplicación eficaz de la Carta europea de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión y, en particular, la comprobación sistemática y rigurosa del respeto de todos los derechos fundamentales con ocasión de la elaboración de toda propuesta legislativa, permitirá responder a ese deseo de Europa. Me parece esencial, pues, encontrar una manera de no poner en entredicho el carácter jurídicamente vinculante de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, para que pueda tener todo el peso que los ciudadanos europeos desean que tenga.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) El informe contiene mucha palabrería sobre la necesidad de un continuo desarrollo de la Unión Europea y una serie de frases útiles sobre la Constitución y sobre la ampliación de los poderes de la nueva agencia. Nada de eso beneficia a la democracia y al desarrollo. Son palabras vacías que aparecen continuamente en los informes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo que resulta interesante en este caso es la petición de que la Subcomisión de Derechos Humanos pueda evitar que la UE adopte normas que amenacen dichos derechos. Esto es muy importante en un momento en que un flujo constante de nuevas leyes antiterroristas amenaza cada vez más a la sociedad que dichas leyes se proponen proteger. Por esto voy a votar a favor del informe a pesar de sus deficiencias.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso.

El señor Voggenhuber ha elaborado un informe excelente sobre la vital cuestión de los derechos fundamentales. Pone de relieve la necesidad de respetar y cumplir dichos derechos, así como la necesidad de crear instrumentos para la libertad. Es esencial que la Carta de los Derechos Fundamentales llegue a ser jurídicamente vinculante.

Una supervisión y un escrutinio sistemáticos por parte de la Comisión para la observación del cumplimiento de todas las propuestas legislativas de la Comisión de los derechos fundamentales parecen algo adecuado. Al ser el principal órgano legislativo, la Comisión debe encargarse de comprobar la conformidad de las propuestas legislativas con otros instrumentos internacionales relativos a los derechos y las libertades garantizados a los ciudadanos. Apoyo la postura de la Comisión. Su objetivo es aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales en sus propuestas legislativas hasta el momento en que dicha Carta entre en vigor.

La protección de los derechos fundamentales y la garantía de la conformidad con los mismos deben ser una de las prioridades de la Unión. Parece que una supervisión temprana de las leyes de la Comisión para garantizar su conformidad con los derechos fundamentales es una buena señal, que además indica la dirección de las actividades de los órganos de la Unión. Es de esperar que ello convierta a la Carta de los Derechos Fundamentales en jurídicamente vinculante.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) Conferir a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales un carácter jurídicamente vinculante es políticamente deshonesto e irresponsable en la práctica. Esta Carta siempre se concibió como un documento simbólico de un compromiso político influido por poderosos representantes de intereses individuales que no promueven el bien común.

La Carta crea 18 nuevos «derechos fundamentales» que no están justificados pero son obligatorios para las constituciones nacionales, sin que ningún Gobierno o representante electo nacional pueda oponerse a ellos. Esta Carta es inútil y carece de objeto mientras no aprobemos formalmente el instrumento jurídico que deba aplicar el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ante la duda de la doble norma, niego mi apoyo a la Carta, y me pronuncio a favor del Convenio.

La única institución facultada para tratar de la protección de los derechos humanos en el continente es el Consejo de Europa. El único instrumento jurídico en materia de derechos humanos en Europa es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nuestra superagencia europea de los derechos humanos es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- Informe Meyer Pleite (A6-0026/2007)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe del señor Meyer Pleite (A6-0026/2007) sobre el mandato de negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de Centroamérica, por otra, porque considero que la Unión Europea debe continuar desempeñando un papel fundamental en la protección del medio ambiente y de los derechos humanos en todo el mundo.

Este acuerdo debe buscar un equilibrio entre los tres pilares –el diálogo político, la cooperación y el comercio– que haga posible consolidar los procesos democráticos en Centroamérica, mejorar la eficacia de las instituciones y los Gobiernos democráticos, combatir la violencia, la corrupción y la impunidad, así como las violaciones de derechos humanos y, finalmente, mejorar la cohesión social y las condiciones de vida de todos los habitantes de la región.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque apoyo un acuerdo de asociación equilibrado en el que una liberalización progresiva del comercio debería ser un instrumento (y no un objetivo) al servicio de los principales objetivos de desarrollo socioeconómico, desarrollo sostenible y cohesión social. El déficit político, económico y social que sufren los países centroamericanos merece un acuerdo que tenga en cuenta las asimetrías entre ambas regiones.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Ante el telón de fondo de la globalización de las finanzas, la agricultura, la migración y el mercado, las naciones de Europa deben formar una alianza de civilizaciones con las naciones de América Central. Nuestros agricultores, por ejemplo, se enfrentan en el fondo a problemas similares a los de los campesinos de México o las PYME latinoamericanas, ante la confiscación de su propiedad intelectual, sus conocimientos técnicos y, sobre todo, su eliminación progresiva por un sistema comercial planetario que hace competir a nuestros productores de plátanos de las Antillas francesas o las Canarias con los productores de Honduras o Nicaragua, en beneficio exclusivo de multinacionales como Chiquita.

La necesidad de esta alianza de civilizaciones entre Europa y América Latina es aún más clara ante las migraciones planetarias. Así, si desde el decenio de 1970, los industriales franceses del automóvil, las acerías y la construcción se hubieran orientado hacia la mano de obra de América Latina, en lugar de la de Aures, Anatolia o Kabilia, la sociedad francesa se habría evitado las tensiones de hoy y los presupuestos públicos se habrían ahorrado pesadas cargas.

América Latina encontraría en una alianza con Europa los aliados necesarios, en los foros internacionales y comerciales, para defender una concepción de la gestión de las sociedades humanas y las economías diferente de la ideología anglosajona de la primacía absoluta del mercado.

  Willy Meyer Pleite, (GUE/NGL), por escrito. (ES) Al ser nombrado ponente de este informe, elaboré un texto, de la mano de la sociedad civil y organizaciones políticas centroamericanas, que recomendaba un Acuerdo de Asociación basado en tres pilares fundamentales: la concertación política y la buena gobernanza, la cooperación al desarrollo y el comercio entre las dos regiones en condiciones de justicia y beneficio mutuo basado en la complementariedad y la solidaridad. Tras el debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, fueron incorporadas una serie de enmiendas procedentes de la opinión de la Comisión de Comercio Internacional que desvirtuaban totalmente el sentido de mi informe, al señalar como objetivo estratégico prioritario la implantación de una zona de libre comercio. Este ponente es de la opinión, compartida por el sentir mayoritario en América Central, de que un Acuerdo de Asociación subordinado a las recetas neoliberales sería un desacierto y solo abundaría en las desigualdades y la pobreza centroamericana en beneficio de las multinacionales. En este escenario, los diferentes Grupos políticos hemos llegado a una serie de transacciones que amortiguan el talante neoliberal del informe, pero a mi entender no lo suficiente. Este informe sigue estando bastante alejado de mi primera intención, por este motivo he votado «abstención».

- Informe Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) No hay duda de que la situación actual en muchos países de América Latina convierte en bastante polémica una explicación clara de las verdaderas intenciones de los Acuerdos de Asociación promovidos por la UE. Por eso, en el último momento, en algunos puntos de la resolución, el Parlamento Europeo ha sustituido una clara indicación de su objetivo, la creación de una «Zona de Libre Comercio» por la expresión «Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Interregional», manteniendo el contenido de la primera como los objetivos de la segunda.

Este truco no esconde el hecho de que el objetivo sea «el establecimiento a tiempo de una Zona de Libre Comercio», previendo en sus «directrices de negociación la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales» (que se ha suavizado en el último momento al añadir «en condiciones de justicia y beneficio mutuo basado en la complementariedad y la solidaridad»), con el fin de «que negocie un acuerdo comercial único e indivisible que vaya más allá de las obligaciones presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y establezca, después de un periodo de transición compatible con los criterios de la OMC, una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional (…) sin excluir ningún sector», que desarrolle una «unión aduanera» y un «mercado interior común», que garantice «acceso al mercado en el sector agrícola» y a los servicios (excepto la salud y la educación).

¿Qué más se puede decir?

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Votaré a favor del informe sobre el mandato de negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, de una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, de otra, si se toman en consideración las asimetrías entre los distintos países miembros del Pacto Andino al negociar una zona de libre comercio (debe prestarse atención a los distintos niveles económicos, las características demográficas, los distintos cursos políticos, la gran falta de infraestructuras modernas de comunicación y transporte entre cada Estado miembro). Otro aspecto importante es la introducción de normas laborales básicas y la lucha contra el tráfico de drogas y armas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque apoya un acuerdo de asociación equilibrado en el que una liberalización progresiva del comercio debería ser un instrumento (y no un objetivo) al servicio de los principales objetivos de desarrollo socioeconómico, desarrollo sostenible y cohesión social.

- Informes Meyer Pleite (A6-0026/2007) y Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, deseo centrarme tan solo en un aspecto de los informes del señor Meyer Pleite y del señor Yañez-Barnuevo García: el apoyo a la integración regional en América Latina. En el debate de anoche, el Comisario Mandelson dijo en esta Cámara que esta integración es la clave para el crecimiento y la estabilidad. Tiene derecho a dar su opinión, pero ningún habitante de América Latina ha elegido al señor Mandelson para nada; claro que, por cierto, tampoco ningún ciudadano europeo le ha elegido para nada.

Como sus Señorías saben, algunos Estados de América Central en particular se quejan de que Bruselas está condicionando sus acuerdos comerciales y de ayuda a su participación en estrategias regionales. No pongo en duda la sinceridad de quienes, desde Europa, insisten en que el supranacionalismo redunda en interés de todo el mundo, pero ¿nos corresponde a nosotros decir a otros países que imiten lo que está haciendo la UE? ¿Por qué cada vez que debatimos en esta Cámara, por ejemplo, los casos de Iraq e Irán, sus Señorías denuncian sin dudarlo la política de Washington de tratar de imponer sus valores al mundo, pero cuando se trata de intimidar a otros países para que cedan soberanía, Bruselas está repentinamente dispuesta a imponer sus valores al mundo? Me parece una contradicción por nuestra parte.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio cree que cuando el comercio se liberaliza, la prosperidad mundial aumenta. El concepto de libre comercio está basado en la idea de que cuantas más partes participen, mejores serán los resultados que alcancen.

Este informe de propia iniciativa contiene muchos aspectos que merecen la pena y que podrán suponer un aumento de la prosperidad. Desgraciadamente, como suele pasar tan a menudo con los informes de este Parlamento, hay también formulaciones superfluas y poco útiles.

El informe habla, por ejemplo, de los factores estratégicos de política exterior de un acuerdo y de dar más poder al Parlamento en relación con asuntos de política comercial y exterior.

Es una pena que los aspectos que acabo de mencionar hagan sombra a las cosas deseables que podrían lograrse. Por ello he votado en contra del informe en la votación de hoy.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El libre comercio es el agente de prosperidad más importante del mundo y, cuantos más países participen de él, más prosperidad alcanzarán. La incorporación de grandes partes de América Central y Sudamérica a la zona de libre comercio con la UE representará por tanto un gran paso hacia la prosperidad y la erradicación de la pobreza.

Este informe de propia iniciativa contiene por tanto muchas propuestas valiosas que podrán comportar un aumento de la prosperidad si se pusieran en práctica. No obstante, como ocurre tan a menudo con los informes en este Parlamento, este informe contiene también, desgraciadamente, una serie de puntos cuyo objetivo es promover que la UE se convierta en una superpotencia federal y ampliar el poder del Parlamento a expensas de los Estados miembros.

El informe habla, por ejemplo, de los aspectos estratégicos de política exterior de un acuerdo y de dar más poder al Parlamento Europeo en asuntos de política comercial y exterior.

A pesar de las fuertes objeciones que he hecho, juzgo más conveniente suscribir estos Acuerdos de Asociación Interregional que impedirlos.

- Propuesta de resolución (B6-0118/2007)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución, porque considero que la desaparición de personas, que tiene unas repercusiones dramáticas en todo el mundo, en las personas y en sus familias y amigos, es inaceptable bajo cualquier circunstancia, y sobre todo en territorio europeo.

La UE no puede eludir sus responsabilidades y debe desempeñar un papel clave en la resolución de estos problemas. Deben tomarse medidas efectivas, apoyadas por una cooperación eficaz entre las partes involucradas, en vistas a poner fin a las atrocidades que se han sucedido durante décadas y que violan la dignidad humana, así como la Declaración de los Derechos Humanos.

También me alegro del derribo llevado a cabo el 9 de marzo del muro que durante décadas separó «la última capital dividida en Europa».

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Más allá de los méritos intrínsecos de las propuestas que estamos votando, independientemente de cualquier opinión particular de la cuestión de Chipre, esta resolución es importante porque nos recuerda que en nuestra «Europa» todavía hay un muro tan vergonzoso como el que hemos llamado «muro de la vergüenza», a pesar de que en Nicosia el muro ha sido reemplazado por tablas.

No obstante, el problema radica en la línea que separa una isla, divide a Europa y causa sufrimiento en ambos lados. Debemos recordarlo en todo momento, y esta declaración constituye un recuerdo.

- Informe Musotto (A6-0044/2007)

  Den Dover (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos podemos apoyar determinados elementos de este informe, como la necesidad de controlar la incidencia de la inmigración ilegal en las comunidades insulares.

Sin embargo, no podemos apoyar la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras. Tampoco podemos apoyar las medidas destinadas a la creación de un cuerpo de guardacostas europeo.

Por eso hemos decidido abstenernos en la votación final.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) La existencia de este informe sobre la integración, en las políticas regionales, de las características específicas y las desventajas de las regiones insulares de la Unión Europea es, en sí misma, la demostración de que esas peculiaridades, si bien no están totalmente ocultas desde hace años, no son correctamente tratadas; debido sin duda a la propia naturaleza de la Unión Europea, uniformizadora y niveladora.

Lamento asimismo que no se haga hincapié en la insoportable exigencia que representa para estas zonas la aplicación, o la amenaza de aplicación, del Derecho común europeo, en particular en materia fiscal y de competencia. En Francia, los derechos de puerto y los tipos reducidos de IVA o impuestos especiales aplicables a Córcega o a los departamentos de ultramar se ponen en entredicho periódicamente y deben ser también periódicamente renegociados en Bruselas por el Gobierno.

Por último, deploro que la sumersión de algunas islas europeas por el aflujo de inmigrantes clandestinos se aborde de forma localizada y casi clínica en este informe, cuando es un problema extremadamente grave. La supresión de las fronteras interiores y el proselitismo inmigracionista de la UE son, hay que subrayarlo, una de las principales causas de este problema.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Solo quiero añadir dos aspectos relativos a la resolución en cuestión:

- Deseo destacar que estamos de acuerdo con el hecho de que no debe confundirse insularidad con ultraperiferia y que, por lo tanto, debemos tener en cuenta que las regiones ultraperiféricas están doblemente desfavorecidas. Ello se debe en primer lugar a la distancia que las separa del continente europeo y, en segundo lugar, al hecho de que sufren desventajas estructurales a causa de su insularidad, en particular, y a otros obstáculos naturales y geográficos.

- Quisiera destacar nuestro completo acuerdo con los puntos de la resolución que apoyan la actual política de inmigración, sobre todo en relación con la inmigración del norte de África, por lo que se refiere al apoyo de la creación de «equipos de intervención fronteriza de urgencia» y de un «cuerpo europeo de guardacostas» dentro del marco de la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (FRONTEX), con el objetivo de aligerar «la presión inmediata de solucionar este problema». Consideramos que esta es una política represiva que criminaliza a los inmigrantes, quienes simplemente buscan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, del mismo modo que miles de portugueses emigran cada año. Es una política que elude y no aborda las causas subyacentes de la inmigración, identificadas desde hace mucho tiempo, sobre todo por parte de Naciones Unidas.

De ahí que hayamos decidido abstenernos.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe. La importancia de las islas en las principales políticas comunitarias aumenta a medida que se expande la Unión. Me alegro de que esta cuestión continúe en la agenda, ya que sigue siendo un reto para la UE. Este informe ha identificado los principales problemas de las regiones insulares, como la existencia de precios más elevados y salarios más bajos y la dificultad para acceder al mercado único.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) Aunque apoyo plenamente a quienes piden que se tenga más en cuenta la difícil situación de las islas en el contexto del desarrollo regional, me ha parecido que no tenía más remedio que votar en contra del informe de hoy del señor Musotto debido a su apoyo a un enfoque de «fortaleza Europa».

El desarrollo económico y social de las regiones insulares es muy importante y requiere medidas especiales, como la flexibilidad normativa solicitada en materia de competencia. Las islas de Irlanda han desempeñado y continúan desempeñando una importante función en la conservación de la cultura y la economía irlandesas. El Sinn Féin apoyará cualquier medida que contribuya a apoyar a esas islas.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. (IT) Casi todas las islas de la Unión Europea, ya sean ultraperiféricas o no, tienen que enfrentarse a las mismas dificultades. Entre ellas cabe destacar la falta de infraestructuras, los altos precios como consecuencia de los costes adicionales de transporte, costes de energía más elevados, la emigración y la inmigración.

Por estos motivos, en varias ocasiones he instado a la Comisión Europea a que emita un dictamen sobre algunas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de las islas, y en especial de Sicilia, mi región de origen.

En primer lugar, considero vital conceder a todas las islas rebajas especiales de tipos fiscales, como se ha otorgado a otras regiones de la Unión Europea. Ello posibilitaría la atracción de más capital, que generaría desarrollo y empleo.

Respecto a los incentivos para la inversión, he solicitado a la Comisión que tenga en cuenta el desarrollo de una política que aliente en particular la inversión extranjera, sobre todo de fuera de la Unión Europea, a un tipo impositivo cero.

Finalmente, respecto a la falta de infraestructuras, que constituye uno de los mayores obstáculos al crecimiento socioeconómico en las islas, estoy plenamente de acuerdo con el llamamiento hecho a la Comisión para que reconsidere su política en lo que se refiere a su incapacidad de conceder ayudas estatales para proyectos de infraestructuras que mejoren las conexiones del transporte. En este sentido, quisiera destacar la necesidad de construir un puente sobre el estrecho de Messina.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las regiones insulares se enfrentan a grandes dificultades como resultado de limitaciones naturales y económicas. Los elevados costes de transporte y energía, la falta de recursos naturales, la despoblación, las infraestructuras deficientes y la inmigración ilegal hacen necesario adoptar medidas comunitarias específicas para responder de forma eficaz a los problemas característicos de estas regiones.

En consecuencia, los Fondos Estructurales son el principal instrumento para la acción comunitaria en este campo, ya que pueden responder a la voluntad política de la Unión de no abandonar sus islas.

En concreto, debemos determinar con precisión cuáles son sus características y necesidades. A continuación, la Comisión debe garantizar que siempre se tengan en cuenta los problemas específicos experimentados por las islas europeas y debe tomar por consiguiente medidas de supervisión de las fronteras para abordar la inmigración ilegal que las amenaza. También debe diseñar una política de desarrollo integrada, que sea capaz de asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas, como el turismo, en las islas.

Para finalizar, este paquete entero de medidas es esencial con el fin de finalmente crear las condiciones que permitan a estas regiones gozar del mismo acceso al mercado único que las regiones continentales. Por lo tanto, he votado a favor de este informe.

- Informe Schapira (A6-0039/2007)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Señor Presidente, saludo el hecho de que la Unión Europea esté actuando de forma acertada al otorgar mayor importancia al papel de las autoridades locales en nuestra cooperación con los países individuales, en particular con terceros países. Me alegro de que haga hincapié en la descentralización tanto de la cooperación como de la ayuda.

Las autoridades locales desempeñan una función importante en el desarrollo local y regional, porque comprenden las necesidades de las comunidades locales, están basadas en el ámbito local y, por lo general, han sido elegidas democráticamente. Representan un papel especial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su papel como instituciones incluye sobre todo cuestiones relacionadas con la educación, la sanidad, el medio ambiente y el espíritu empresarial. Debe destacarse que normalmente no disponen de suficientes recursos financieros. Esto es cierto en particular para regiones devastadas por la pobreza con altas tasas de desempleo.

Estas autoridades locales no reciben un apoyo adecuado de los presupuestos de los Estados miembros. Por lo tanto, debemos apoyar plenamente, ahora y en el futuro, el traspaso de mayor poder a las autoridades locales para actuar por derecho propio en el marco de nuestra política de desarrollo. Esto queda confirmado por nuestra experiencia de cooperación con las autoridades locales en los países de la Unión, incluido mi país, Polonia.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque considero que es esencial que las ayudas a las comunidades provengan de las estructuras más próximas a las mismas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En particular, me complace que en el informe se incluyan propuestas concretas de acciones que debe llevar a cabo la Comisión, sobre todo incrementar el diálogo con autoridades locales en torno a la ayuda al desarrollo, mejorar la descentralización del suministro de la ayuda y apoyar un diálogo estructurado entre entidades locales del mundo en desarrollo y de la UE.

  El Presidente. Con esto concluyen las explicaciones de voto.

7. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12.55, se reanuda a las 15.00 horas.)

PRESIDENCIA DEL SR. BIELAN
Vicepresidente

8. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

9. Prohibición de los productos procedentes de las focas en la Unión Europea (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la prohibición de los productos procedentes de las focas en la UE.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, Señorías, gracias por darme esta oportunidad para formular la posición de la Comisión sobre la prohibición de los productos procedentes de las focas en la Unión Europea y hablar sobre las acciones ya emprendidas o previstas.

La caza de focas ha sido desde hace muchos años objeto de disputas y de un intenso debate. Estoy completamente de acuerdo en que existen cuestiones razonables en relación con la caza de focas, independientemente de dónde tenga lugar. De todas formas, resulta alentador que al parecer la mayor parte de las poblaciones de focas se esté estabilizando y que su supervivencia no se vea amenazada en su hábitat natural. Esta opinión se basa en datos científicos disponibles sobre el desarrollo de poblaciones de focas arpa y focas encapuchadas. No existen pruebas científicas de repercusiones adversas graves derivadas de la caza para la supervivencia de estas especies de la fauna silvestre.

La población de focas en el noreste del Atlántico ha aumentado de forma notable, desde inicios de los años setenta, de tan solo 2 millones a unos 5,8 millones de focas arpa, que son el objetivo principal durante la temporada de caza anual. En otras palabras, las poblaciones de focas en cuestión no se encuentran en la actualidad en peligro y, por consiguiente, no se rigen por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES). Para que estas especies de focas se incluyeran en la Convención CITES, el comercio internacional debería amenazar su supervivencia en su hábitat natural.

Pero sin duda ello no debe hacernos desistir de abordar la otra importante cuestión que se plantea en relación con la caza de focas en numerosos países, incluidos determinados Estados miembros de la Unión Europea; me refiero a la cuestión de si debería prohibirse la importación y la exportación, así como la comercialización, de productos procedentes de las focas en el caso de que dichos animales no sean cazados con métodos acordes con los requisitos que hemos establecido sobre el trato adecuado de los animales. Este es el motivo por el que estoy de acuerdo en que, a pesar de que todavía no hayamos tomado medidas legislativas a escala de la Unión Europea, es preciso examinar en detalle los temores formulados por el Parlamento Europeo sobre el trato adecuado de los animales y, sobre todo, por lo que respecta a la caza de focas. Para ello debemos contar con la información relevante y las estadísticas necesarias, y este es el motivo por el que solicitamos que se llevara a cabo un estudio independiente. Sobre la base de los resultados de este estudio, confeccionado principalmente por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, decidiremos proponer al Consejo y al Parlamento la adopción de medidas. De conformidad con los principios de buena gobernanza y legislación, así como con el claro reglamento interno de la Comisión, debemos trabajar sobre la base de sólidos datos científicos, y el estudio de impacto correspondiente debe llevarse a cabo antes de considerar si hay que tomar medidas de algún tipo.

También he dado instrucciones a mis servicios para que examinen la posibilidad del envío por parte de la Comisión de una misión para inspeccionar y observar la caza de focas durante la temporada de caza de 2007. Los diputados al Parlamento Europeo pueden estudiar la posibilidad de participar en dicha misión.

Una evaluación completa y objetiva de todos los aspectos de esta cuestión nos permitirá tomar las decisiones pertinentes.

  John Bowis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, nuestro Comisario es un hombre razonable y humano. Nos pide tiempo para investigar. Se lo concedemos, pero a cambio debería imponer una moratoria a toda importación de esos productos procedentes de las focas durante ese tiempo.

Afirma que el sacrificio de focas en Canadá es sostenible. Es posible, pero en 2006 mataron a 330 000 focas arpa y el 95 % de ellas tenían menos de tres meses. Gran número de estas fueron despellejadas vivas a continuación, porque el 79 % de los cazadores de focas no comprueban suficientemente si el cachorro sigue consciente.

El sacrificio es cruel e impropio de un país civilizado. Sin duda no es sostenible en un país como Namibia. En este país, que ocupa el segundo puesto en las cifras de caza de focas del mundo, las cuotas aumentan cada año. En 2007 la cuota fue de 91 000 y si se combinan las cuotas elevadas con la mortalidad natural de las focas, este año podría resultar aniquilada toda la población de cachorros.

La matanza de focas no sirve para obtener comida, ni realmente para proteger las poblaciones de peces. Las matan por la moda y Europa es el mercado de esa moda. Es el principal mercado de importación de pieles de foca de Canadá. Bélgica ha prohibido esas importaciones. Italia y Luxemburgo las han vedado temporalmente. El Reino Unido y Alemania han solicitado una prohibición en toda la Unión Europea. En su declaración escrita, el Parlamento Europeo ha solicitado una prohibición permanente y la mayoría de los diputados al Parlamento la han firmado. Así que, por favor, señor Comisario, «sí» a la investigación, pero «sí» también a una moratoria inmediata.

  Paulo Casaca, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Quisiera expresar mi acuerdo con lo que acaba de decir el señor Bowis.

En realidad, no hay razón alguna por la que la moratoria no pueda aplicarse de inmediato, llevando a cabo posteriormente los estudios que la Comisión considere necesarios. Ya hay muchos datos chocantes sobre esta cuestión. Además, otros países, como los Estados Unidos y México, ya han dado un claro ejemplo –Estados Unidos prohibió hace ya más de tres décadas cualquier uso de focas– y no entiendo por qué la Comisión considera que todavía no disponemos de información suficiente para actuar de inmediato.

Como ya ha explicado perfectamente nuestro colega diputado, no se trata únicamente de una cuestión de sostenibilidad. Esencialmente es una cuestión de ética. La cuestión es si tiene sentido, simplemente con el fin de satisfacer determinados gustos de la moda, matar animales de forma completamente bárbara, tal y como informó el año pasado una delegación del Intergrupo para el Bienestar y Conservación de los Animales, incluido nuestro colega diputado, el señor Schlyter, y tal y como nos han mostrado de muy distintas formas.

Si la Comisión desea ser testigo de lo que ocurre sobre el terreno, una misión de este Parlamento se dirige a Canadá la semana que viene. Debemos ir directamente a los lugares donde se lleva a cabo la caza. La Comisión está invitada. Por supuesto, puede participar en la misión con el fin de disipar cualquier duda que todavía pueda albergar respecto a este problema.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, en ocasiones me pregunto cómo es posible no ver lo más obvio, y entonces pienso en la persistente decisión del Gobierno canadiense de permitir que se lleve a cabo un festival anual de sangre y muerte a costa de cientos de miles de indefensos cachorros de foca.

Otras veces me pregunto cómo es posible no tener sentimientos ante la crueldad extrema, y luego pienso en los miles de fanáticos de la moda que pagan un ojo de la cara por vestir piel de foca, conseguida en muchas ocasiones despellejando a animales todavía conscientes.

Sin embargo, nunca me pregunto cómo es posible que no oigamos un grito tan alto, ni me pregunto cómo es posible que no entendamos lo más sencillo, porque, con todo respeto, señor Comisario, lo he presenciado con demasiada frecuencia en la forma en que la Comisión se relaciona en ocasiones con el Parlamento Europeo, y el asunto que debatimos hoy es un buen ejemplo.

En septiembre de 2006, el Parlamento pidió a la Comisión de modo terminante que prohibiera en toda la UE del comercio con todos los productos procedentes de focas. Seis meses más tarde, la Comisión se presenta hoy ante nosotros para decirnos que, pese a que la matanza de focas destaca claramente entre los distintos casos de crueldad sin sentido contra los animales desde hace muchos años, todavía necesita más tiempo para seguir analizando la cuestión.

Dado que somos amigos y aliados de la Comisión, y haciendo un generoso esfuerzo de paciencia, creo que debemos dar más tiempo a la Comisión, si eso es lo que quiere, pero, como han dicho otros oradores, con la condición de que, mientras tanto, entre en vigor una moratoria inmediata que prohíba la entrada en la UE de todos los productos procedentes de focas. Esta petición se basa en nuestras firmes convicciones en esta materia, la necesidad de tomar medidas rápidamente y el hecho de que algunos Estados miembros ya hayan declarado prohibiciones nacionales.

  Carl Schlyter, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (SV) Señor Presidente, Comisario, el año pasado viajé a Canadá en nombre del Intergrupo para el Bienestar de los Animales, donde fui testigo de la caza de focas. Los cazadores de focas utilizaron la violencia para impedir que yo pudiera presenciar lo que estaba ocurriendo. Apartaron nuestro coche de la carretera, se subieron a nuestros helicópteros para que no pudiéramos volar y nos amenazaron de muerte si abandonábamos nuestro hotel para intentar documentar la caza de focas. A pesar de estos métodos, pudimos obtener fotografías y fuimos testigos de la increíble crueldad de la caza de focas. Los cazadores sabían que tenían algo que ocultar. Las focas se despellejan vivas, se las aporrea y se las abandona hasta que se atragantan con su propia sangre. Están heridas o son ahogadas o incluso tienen que sufrir más, ya que un segundo disparo, destinado a acabar con compasión con sus vidas, provocaría una pérdida de dos dólares en el valor de su piel.

No debemos prohibir la caza por motivos conservacionistas, sino por razones éticas. De todos modos, destacaría que la población disminuyó la última vez que hubo una gran cacería. Ahora también nos enfrentamos al cambio climático, y la foca de Groenlandia necesita la capa de hielo para poder dar de mamar a sus crías. En la actualidad, muchas focas abortan en el agua. Al tratarse del mayor mercado mundial, la UE apoya dicha caza, aunque el Parlamento ha manifestado claramente que no deseamos que nuestro mercado sea parte de ello. Como ha dicho el señor Bowis, muchos países han introducido prohibiciones nacionales. Cuando se planteó la cuestión de las pieles de gatos y perros, la Comisión dijo que el mercado interior no estaba funcionando y que introduciría una prohibición de la UE. En este caso se impone la misma lógica.

¿Desea la Comisión que se lleven a cabo estudios? Existen muchos estudios que señalan los problemas mencionados aquí en esta Cámara, en especial el Bird and Veterinary Report, pero no deberían retrasar la adopción de medidas necesarias. Si desean más tiempo, nosotros podemos dárselo pero, en ese caso, queremos una prohibición temporal que esté en vigor hasta que estén ustedes dispuestos, y ustedes deben determinar el fundamento jurídico para tal prohibición. Gracias por elegir la comisión de protección animal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para llevar a cabo el estudio. Dicha decisión ha desembocado en su aceptación, además de convertirlo en un estudio independiente y representativo de la voluntad de los países involucrados.

Deseo destacar que la caza de focas tiene un interés vital para las economías de ninguno de los países que la practican: Canadá, Noruega, Rusia y Namibia. En el caso de la caza de ballenas hemos visto que, cuando se abolió y se reemplazó por la observación de ballenas, esta última actividad era más rentable, así que también podemos ayudar a los cazadores de focas a que ellos mismos mejoren su posición económica en caso de abandonar esta práctica cruel.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, las focas han sido una especie animal amenazada durante años. Su población no solo ha disminuido a causa de las enfermedades o la contaminación del agua del mar, además de las costas densamente pobladas, sino también debido al aumento de su caza. Durante algún tiempo, parecía que las focas iban a extinguirse completamente en algunas zonas costeras. Incluso ahora, cuando parece que las cuotas de focas se han recuperado hasta cierto punto, hay una necesidad continuada de protección sostenida.

Hay pruebas de que se hace todo menos proteger cuando se da rienda suelta al afán de posesión de las personas. La piel de foca es un material codiciado para la decoración de prendas de vestir y juguetes, y su anhelo se ve satisfecho mediante la vergonzosa práctica de aporrear mortalmente a crías de focas y desollarlas vivas, una actividad abominable de la que algunos residentes en la costa dependen económicamente, y un sistema perpetuado por la posibilidad de exportar pieles de foca y encontrar compradores lejos de la escena del crimen. Por eso, durante muchos años ha sido fundamental garantizar que los productos de este tipo ya no estuvieran a la venta, sobre todo en las partes más ricas del mundo, como Europa.

La primera parte de la declaración del Comisario Dimas muestra que comparte la inquietud de esta Cámara y de la opinión pública sobre el tema. No obstante, la conclusión subsiguiente es decepcionante. No habría nada que objetar a un estudio de impacto, y acogeríamos con satisfacción una inspección más intensa en Canadá y Namibia. Sin embargo, ello no puede ser una justificación para continuar con una política de «esperar y ver».

Algunos Estados miembros de la UE ya han imitado a los Estados Unidos al tomar medidas contra las importaciones, pero ¿por qué algunos países europeos se están quedando rezagados? Hay motivos sobrados para una moratoria inmediata. Incluso si se decretara mañana, llegaría con años de retraso dada la gravedad de la situación. En consecuencia, le insto a que no se ampare en el estudio para seguir dando largas.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los oradores por sus aportaciones sumamente constructivas al debate de esta tarde.

En primer lugar, quisiera repetir que desde el punto de vista de la conservación no es preciso tomar medidas porque en los años setenta había 2 millones de focas de las especies más cazadas y ahora existen 5,8 millones de estas focas. Solo examinamos la segunda cuestión, que es muy importante.

Por lo que respecta al estudio, en primer lugar debo repetir que la Comisión reconoce plenamente el alto grado de preocupación pública con respecto a la aplicación de los métodos de sacrificio humanos y, de acuerdo con su defensa de normas estrictas de bienestar animal, examinaremos toda la información disponible. En algunos informes, que en parte son contradictorios, se afirma que en algunas regiones se caza y sacrifica a las focas de forma inhumana. La evaluación a la que me he referido, considerada necesaria por uno de los oradores, presentará conclusiones y recomendaciones equilibradas, objetivas y prácticas. El resultado global debería permitir a la Comisión extraer algunas conclusiones y volver con posibles propuestas legislativas si las circunstancias lo justifican.

Respecto a la moratoria, desde el punto de vista jurídico la Comisión no cuenta con ningún recurso disponible e inmediato para imponer una moratoria sobre la importación, la exportación y el comercio de productos procedentes de focas. No sería posible remitirse a las medidas de salvaguardia previstas en la política relativa a la salud pública y a los animales que permitirían una prohibición temporal cuando la salud pública o animal se viera amenazada. Por ejemplo, la decisión de suspender temporalmente las importaciones de aves salvajes se adoptó con la finalidad de proteger la salud pública y animal a causa del riesgo de una propagación mundial de gripe aviar.

Además, en virtud de la política comercial no existe ningún remedio inmediato posible. Cualquier medida de la Unión Europea que fuera a aprobarse debería ser necesaria y proporcional, y debería notificarse a la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, en esta fase no es adecuado, ni viable, imponer una prohibición comercial inmediata.

La Comisión necesita primero llevar a cabo una evaluación objetiva de toda la información disponible. El resultado de esta evaluación debería permitir a la Comisión extraer conclusiones sólidas y volver con posibles propuestas legislativas si las circunstancias lo justifican.

Se ha hecho referencia a los Estados Unidos, que promulgó su Ley de Protección de los Mamíferos Marinos en 1972, antes de que entrara en vigor en 1975 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Además, los Estados miembros tienen la posibilidad de imponer medidas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero la Comunidad no cuenta con un fundamento jurídico de este tipo.

Les pediría que instaran a los Gobiernos de sus Estados miembros a imponer prohibiciones, ya que cuentan con los medios legales para ello. Necesitamos disponer del fundamento jurídico apropiado antes de poder imponer prohibiciones a escala de la Unión Europea, y eso es lo que estamos intentando hacer mediante una evaluación de las repercusiones y la recopilación de información. No obstante, si ustedes manifiestan su preocupación en sus respectivos países e instan a sus Gobiernos a imponer prohibiciones, ello creará motivos de mercado interior para que la Unión Europea tome medidas.

Finalmente, deseo reiterar que la Comisión defiende firmemente un alto grado de bienestar animal, tanto dentro de la Unión Europea como a escala internacional. Una evaluación objetiva de los aspectos de la caza de focas relacionado con el bienestar animal nos permitirá tener una perspectiva general y contar con una base sólida antes de sacar conclusiones. Debemos examinar toda la información disponible y dar los pasos necesarios. Si resulta que la caza y el sacrificio de las focas se realizan de forma inhumana, también se contemplará una prohibición de la importación y la exportación, así como de la comercialización de productos derivados de la caza de focas.

Volveremos a informar al Parlamento Europeo a la mayor brevedad posible. Repito que ya hemos solicitado a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que dirija la parte científica del estudio y he escrito al Gobierno canadiense para solicitar que se nos permita participar en una misión; también se ha invitado al Parlamento Europeo a participar con la finalidad de ver cómo se organiza la caza. Lo que han manifestado previamente sus Señorías acerca de sus experiencias es muy interesante.

  El Presidente. Tiene el uso de la palabra, señor Beazley. Supongo que se trata de una propuesta formal.

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, antes de que hable el Comisario, me pregunto si es posible formularle una pregunta suplementaria sobre el calendario de sus promesas. Hace más de 25 años que el Parlamento Europeo planteó esta cuestión por primera vez. Cuando el Comisario ha tenido la deferencia de decir que volvería a la mayor brevedad posible para informarnos, ¿podría concretar más y decir exactamente cuál va a ser el plazo previsto?

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) He visto en su carta que usted teme que el estudio tarde años. Esto no es así. Es una cuestión de meses.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

10. Ataque contra Galina Kozlova, miembro del Consejo de Administración de la organización Mari Ušem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el ataque contra Galina Kozlova, miembro del Consejo de Administración de la organización Mari Ušem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, Señorías, la Comisión lamenta el violento ataque perpetrado contra Galina Kozlova, que tuvo lugar el 25 de enero en la capital de la República Mari El, y expreso mi simpatía hacia ella y su familia, así como mis mejores deseos de una rápida recuperación de sus lesiones. La Comisión espera que el incidente se investigue rigurosamente y con prontitud y que se juzgue a los autores. En este contexto, tomo nota de que se ha abierto una investigación y de que al parecer el Presidente de la República Mari El ha exigido que se le dé especial prioridad.

En términos más generales, la Comisión es consciente de la situación de los pueblos indígenas finougrios, como el pueblo mari el en Rusia. También somos conscientes de las preocupaciones planteadas por varios de los diputados al Parlamento Europeo relativas al tratamiento de la población de Mari El, sobre todo en relación con la lengua mari en la enseñanza escolar y el acoso de periodistas y las elecciones presidenciales en diciembre de 2004. La Comisión tomó buena nota de la resolución del Parlamento de mayo de 2005.

La Comisión entiende que los valores comunes, incluido el respeto de los derechos humanos, es una piedra angular de sus relaciones con Rusia. La Comisión participa activamente en las consultas sobre derechos humanos entre la UE y Rusia, donde queremos debatir con Rusia las cuestiones más importantes de una forma abierta y constructiva. Si pudiéramos, en cuestiones como esta sería útil dejar de lado las recriminaciones mutuas y centrarnos en intercambios de experiencias y buenas prácticas sobre cómo tratar estos problemas, que pueden surgir en muchas sociedades modernas. Por este motivo, la Comisión ha propuesto que la participación en las consultas sobre derechos humanos se amplíe para incluir no solo a diplomáticos, sino también a expertos de Ministerios sectoriales y de entidades responsables de abordar estas cuestiones sobre el terreno.

La próxima ronda de consultas con Rusia sobre derechos humanos –incluidos los derechos de personas pertenecientes a minorías– y las libertades fundamentales tendrá lugar el 3 de mayo.

La Comisión ha planteado la cuestión de los derechos de la población mari de forma bilateral a las autoridades rusas. En respuesta, han facilitado información sobre las actividades emprendidas, financiadas por el Gobierno de la República Mari El, para fomentar en ella el desarrollo del arte y la cultura, alentar el multilingüismo y promover la artesanía tradicional. Se presta apoyo a la publicación de libros de autores en lengua mari, así como a su traducción al ruso, a periódicos en mari y al estudio en la Universidad de Mari El y otras instituciones de educación superior.

Finalmente, quisiera añadir que en el plan de trabajo relativo al espacio común de investigación y educación, que incluye aspectos culturales, la UE y Rusia han acordado colaborar con el fin de «reforzar y mejorar la identidad europea sobre la base de los valores comunes, incluida la libertad de expresión, el funcionamiento democrático de los medios y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías y la promoción de la diversidad cultural y lingüística como base de la sociedad civil en Europa sin líneas divisorias». Ahora cooperamos con Rusia en un plan de acción para la cooperación cultural que tendrá por objetivo traducir estos principios en acciones concretas. Los intercambios en este terreno deberían contribuir a construir un clima mejor en el que se respeten las culturas y tradiciones de los pueblos minoritarios.

  Tunne Kelam, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisaria su comprensión y su rápida respuesta. El Parlamento ya expresó su inquietud respecto a la situación en la República Mari El hace dos años, en mayo de 2005, después de que el líder nacional mari, Vladimir Kozlov, fuera golpeado brutalmente.

Es alarmante que desde entonces no se hayan registrado mejoras. Los intentos de reavivar la cultura y la lengua nacionales han sido continuamente reprimidos. Por lo tanto, no podemos aceptar que una investigación sobre la paliza sufrida por el señor Kozlov no haya dado resultado en dos años, y ahora haya un nuevo incidente.

Pienso que el hecho más alarmante en la Rusia de hoy es que los asesinatos, muertes y ataques físicos motivados políticamente siguen siendo impunes y que no se ha apresado ni intentado apresar a ninguno de los autores.

El último caso es el de Ivan Safronov, quien cayó desde una ventana justo antes de estar a punto de publicar un artículo sobre la venta ilegal de armas rusas a Siria e Irán.

Tristemente, el fuerte resurgimiento de la xenofobia generalizada y de movimientos radicales de neofascistas y estalinistas se ha convertido en parte de la realidad rusa.

Si durante varios años un Gobierno ha sido incapaz o no ha estado dispuesto a garantizar el derecho fundamental a la vida y la seguridad de todos sus ciudadanos ni a juzgar a los asesinos a sueldo, entonces dicho Gobierno debilita indefectiblemente su posición como socio internacional creíble.

Nuestro mensaje de hoy debe ser el siguiente: no puede haber nuevos avances en las relaciones entre la UE y Rusia hasta que el Kremlin decida intervenir y poner fin a este ciclo vicioso de asesinatos y violaciones de los derechos humanos. Está claro que si los ciudadanos rusos no pueden confiar en la justicia de su propio Estado, ¿cómo pueden los socios de Rusia en el extranjero confiar en el futuro suministro de gas y en el cumplimiento por parte de este país del código de conducta internacional?

  Csaba Sándor Tabajdi, en nombre del Grupo del PSE. – (HU) En nombre de los socialistas europeos, estoy muy agradecido a la Comisión Europea por su rápida reacción, ya que nos enfrentamos a una situación muy grave, fuente de gran preocupación. Como mi colega diputado, el señor Tunne Kelam, ya ha insinuado, la decisión de 2005 tuvo sus resultados y la situación de la República Mari El mejoró temporalmente. Ahora, dos años después, de nuevo somos testigos del ataque brutal a una activista pacífica, Galina Kozlova, en un incidente que con razón llama la atención de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Sabemos que todavía no se ha encontrado a los autores del ataque contra el señor Kozlov en 2005 y, de hecho, este también es un motivo de la decisión actual. Como Presidente del Intergrupo de Lenguas Minoritarias del Parlamento Europeo y del foro finougrio –una iniciativa de todos los partidos–, en septiembre de 2006 tuve la oportunidad de invitar al señor Kozlov aquí a Estrasburgo. Pude comprobar de primera mano que no se trata de ningún individuo radical rebelde, sino más bien de un hombre sumamente moderado. El objetivo de la resolución de hoy es tomar nota del hecho que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están prestando atención a lo que allí ocurre, así como llamar la atención sobre ello. Solicitamos a las autoridades federales rusas que ejerzan presión sobre las autoridades locales de la República Mari El porque este reconocimiento dista de ser tranquilizante. El caso está siendo examinado como si se tratara de daños corporales leves, mientras que en realidad Galina Kozlova sufrió una fractura de la base del cráneo, ¡una lesión corporal grave! La resolución de hoy también es importante por este motivo, y es igual de importante que en la próxima cumbre UE-Rusia se plantee la situación junto con la de otros pueblos finougrios, y que también se discuta dentro del contexto del diálogo UE-Rusia. Quiero dar las gracias a la señora Kroes y a la Comisión por su cooperación.

  István Szent-Iványi, en nombre del Grupo ALDE. – (HU) El 25 de enero de este año, un agresor desconocido hirió de gravedad a Galina Kozlova en Yoshkar-Ola. La señora Kozlova sufrió lesiones craneales, cerebrales y oculares. Tuvo que ser atendida en un hospital durante varias semanas y todavía sigue recuperándose en su casa. El autor o los autores todavía no han sido apresados. Sin embargo, esto no resulta sorprendente a la luz del hecho que, como sabemos, entre 2001 y 2005 tuvieron lugar graves incidentes contra activistas que luchaban en nombre de los derechos de la minoría mari el, y desde esa fecha no se ha sometido a juicio ni a un solo autor. Esta situación plantea el temor de que estos graves incidentes estén ocurriendo a instancias de las autoridades locales, o por lo menos con su apoyo tácito.

Nuestra resolución parlamentaria de 2005 dio resultados tangibles, como ha sugerido mi colega diputado, el señor Tabajdi, ya que desde hace un año y medio no se han producido incidentes de este tipo. Es cierto que la situación de la minoría mari el no ha mejorado demasiado, pero se están dando pequeños pasos adelante y, en consecuencia, me alegro de que la Comisión también aborde ahora estas cuestiones y las incluya en su plan de trabajo. Sin embargo, también solicito tanto a la Comisión como al Parlamento que dediquen mucha más atención a resolver los problemas de las minorías finougrias y de las minorías de Rusia en general.

Alentamos a la Unión a que diga lo que piensa al respecto en el contexto del diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Rusia. Esta no es simplemente una cuestión de un caso aislado, sino de los derechos de la minoría mari el y, además, de las minorías finougrias en general. A la vez, también insto a que dentro del contexto de la cooperación cultural entre la Unión Europea y Rusia, por fin se lancen programas subvencionados en apoyo de la educación, la formación lingüística y el mantenimiento de las instituciones culturales de las minorías, en especial de las minorías finougrias.

Si no avanzamos efectivamente, entonces esta cuestión deberá figurar en el orden del día de la cumbre Unión Europea-Rusia, ya que es intolerable que a pesar de la voluntad del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, se produzcan violaciones constantes de los derechos civiles en Rusia.

  Leopold Józef Rutowicz, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, desde esta Cámara protestamos contra quienes no respetan los derechos humanos y violan el Estado de Derecho. No obstante, deberíamos preguntarnos qué efecto están teniendo nuestras actividades de solidaridad con la gente de buena voluntad. No creo que sea el efecto que desearíamos. No obstante, es una forma de frenar los procesos sociales que nos afectan negativamente a todos nosotros, como la falta de respeto por los seres humanos, la violencia y la lucha por poder expresar las opiniones propias, cosa que deberían poder hacer todos los ciudadanos de un Estado democrático.

Galina Kozlova, que es miembro del Consejo de Administración de la organización Mari Ušem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko, es un ejemplo. Está casada con Vladimir Kozlov, Presidente del Consejo de la República Mari El. Ha prestado un destacado servicio a la República, pero, a diferencia de muchos periodistas, no comparte las opiniones políticas de sus oponentes.

Como europeos tenemos la obligación de controlar, plantear y condenar la discriminación del pueblo mari el y los ataques que sufren sus representantes y periodistas. Apoyamos a Galina Kozlova en su lucha por los intereses del pueblo mari el y de la democracia.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señor Presidente, en la década de los años veinte, la Unión Soviética intentó encontrar una solución justa al problema de las nacionalidades. El gran imperio ruso, con sus numerosas minorías, abrió paso al autogobierno regional para los demás pueblos, con educación y administración en sus propias lenguas. A esta decisión deben ahora su independencia 11 países, entre los que se incluyen Ucrania, Georgia y Uzbekistán.

Por otra parte, los numerosos pueblos más pequeños, como los chechenos, los tártaros, los osetios, los carelianos o los mari el, solamente pudieron constituirse en regiones autónomas dentro de Rusia o uno de los demás Estados federados. A estos pueblos les ha ido mal, ya desde el derrumbamiento de la Unión Soviética. Nadie ha reconocido su derecho a la independencia y todos ellos esperan, a pesar de todo, poder conservar los derechos que les fueron otorgados hace 85 años.

Lamentablemente, la continuación de estos derechos se ve amenazada por el resurgimiento del nacionalismo en Georgia y Rusia. El clima político adverso que se respira en Rusia es el precio de conservar Chechenia, en contra de la voluntad de los chechenos, con medios extremadamente violentos. De hecho, la intimidación y el asesinato se fomentan dentro del ejército, en el que los soldados mayores abusan sistemáticamente de los soldados jóvenes, obligándoles a guardar silencio al respecto.

En la Rusia de Putin, cada vez hay menos cabida para la protesta, la investigación crítica y el cambio de poder. Se concede prioridad absoluta a la estabilidad del régimen en el poder y a la creciente concentración de poder sobre las diferentes regiones en Moscú. A los oponentes los meten entre rejas, les dan palizas o los excluyen de las elecciones. Todavía más drástica es la repentina muerte de los críticos, en particular de personas que se sospecha que revelan información importante. Europa debe ayudar a que Rusia no continúe hundiéndose en una situación que resulta intolerable cada vez para más personas. Desde esta perspectiva deberíamos plantearnos la protección de las personas que defienden los derechos de la República Mari El.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) En primer lugar, quiero dar las gracias a mis colegas Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis y Charles Tannock por haberse encargado de que hoy podamos escuchar el informe de la Comisión sobre Galina Kozlova y aprobar una resolución.

Esta resolución es otro documento más del Parlamento Europeo, relativo a los abusos de los derechos humanos en Rusia, vinculada a la Unión Europea a través de un Acuerdo de Asociación y Cooperación –actualmente en vigor– y a través de una asociación estratégica que ahora parece no basarse en valores compartidos, sino en el pragmatismo, en la búsqueda de beneficios económicos y de otro tipo.

En mi opinión, como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, hay un aspecto de la cooperación entre la Unión Europea y Rusia que es particularmente importante: las actuales consultas UE-Rusia en materia de derechos humanos, derechos de las minorías y derechos básicos. En este contexto, el brutal ataque sobre Galina Kozlova, redactora jefe de la revista literaria Ontšõko y esposa del Presidente del Consejo Mari, Vladimir Kozlov, un ataque con precedentes en la República Mari El, no solamente merece nuestra atención y consideración, sino que también nos obliga a volver, una vez más, sobre la cuestión de la situación general en materia de derechos humanos en Rusia.

Según los datos más recientes, Rusia es ya el segundo lugar del mundo más peligroso para los periodistas (después de Irak). Por lo tanto, apoyo plenamente el espíritu de nuestra resolución, en la que el Parlamento Europeo pide a la Federación Rusa y a las instituciones gubernamentales locales que cumplan sus compromisos en virtud del derecho internacional, no solamente para garantizar la libertad de prensa, sino también para aplicar disposiciones legislativas relativas a la protección y el apoyo de las culturas y las lenguas minoritarias.

En mi opinión, la Comisión debería plantear los problemas de las minorías fino-húngaras en Rusia en el marco del actual diálogo UE-Rusia en materia de derechos humanos y en la cumbre de los líderes UE-Rusia.

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señor Presidente, el Parlamento Europeo expresa su preocupación por el ataque sufrido por Galina Kozlova, miembro del Consejo de Administración de la organización nacional Mari Ušem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko en la República Mari El de la Federación Rusa. Galina Kozlova está casada con Vladimir Kozlov, Presidente del Consejo de la República Mari El, que también estuvo nominado para el Premio Sajarov 2006. Deberíamos recordar que este premio fue presentado por el actual Presidente de Estonia, Toomas Ilves, antiguo diputado al Parlamento Europeo.

La pregunta es qué pretende Rusia. Observamos un creciente número de ataques contra periodistas y activistas independientes. Cada vez hay más incidentes que continúan sin explicar. Cada vez se dan más casos de represión, violación de derechos humanos y de los derechos de los grupos nacionales minoritarios en la Federación Rusa. ¿Puede ser que lo que está ocurriendo es que el régimen del Presidente Putin es cada vez más autoritario? Este caso debería hacernos reflexionar y debemos exigir una investigación a fondo por parte de las autoridades rusas, para que identifiquen a los autores del ataque.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, ha sido un debate impresionante y he tomado buena nota de todas las cuestiones planteadas. Es bueno que de vez en cuando centremos nuestra atención en cuestiones que no necesariamente son noticia de primera plana en la UE. El ataque contra la señora Kozlova ha sido una de ellas, y espero sinceramente que se recupere por completo muy pronto y continúe desempeñando su tarea.

Como he dicho, a la Comisión le gustaría mantener un diálogo constructivo con Rusia sobre estos asuntos. Somos conscientes tanto de las críticas a la situación actual de la población mari el como de los esfuerzos que se han realizado en instancias oficiales de Rusia para salvaguardar sus derechos y su cultura. Las sociedades modernas deben encontrar formas de abordar la situación de las minorías para alentar el desarrollo económico y social de manera pacífica y armoniosa. Todos necesitamos seguir realizando esfuerzos en este sentido. Por lo tanto, nos proponemos aprovechar nuestros contactos con Rusia, y en particular las consultas sobre derechos humanos, para buscar formas de colaborar en pro de la mejora de la situación. Ya he mencionado que el 3 de mayo tendremos una de esas reuniones.

La Comisión continuará expresando sus inquietudes con respecto a los derechos humanos en todos los niveles, desde la cumbre hasta la base. Para una discusión más detallada, el mejor foro para un intercambio de puntos de vista con Rusia son las consultas sobre derechos humanos.

  El Presidente. De conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento, he recibido tres propuestas de resolución.⁽¹⁾

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 17.00 horas.

(1) Véase el Acta.

11. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho(debate)

11.1. Guatemala

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Guatemala⁽¹⁾.

  Józef Pinior (PSE) , autor. – (PL) Señor Presidente, en los últimos meses se han producido en Guatemala varios asesinatos sin esclarecer, amenazas sin explicar, casos de intimidación de activistas sindicales, políticos y de la sociedad en general. Human Rights Watch publicó su último informe sobre derechos humanos en enero de 2007. Este informe señala que durante los 36 meses que duró la guerra sucia en Guatemala, que terminó en 1996, unas 200 000 personas fueron asesinadas. Repito que durante los 36 meses de la guerra sucia en Guatemala fueron asesinadas 200 000 personas.

En los últimos 20 años hemos sido testigos del proceso de democratización en Guatemala, incluidos numerosos logros relativos al Estado de Derecho, y del desarrollo de instituciones democráticas. No obstante, Guatemala sigue siendo un país en el que el Estado de Derecho está en peligro y en el que la democracia todavía no ha arraigado. Nos enfrentamos a toda una serie de asesinatos y desapariciones sin explicar en el pasado, junto con incidentes actuales en los que están implicadas poderosas bandas y el crimen internacional.

Permítanme recordar a la Cámara que en 2005 se encontraron entre 70 y 80 millones de documentos relacionados con la disuelta policía nacional. Estos documentos contienen información relativa a los llamados «desaparecidos» durante la guerra sucia. Todavía no se ha encontrado un lugar apropiado para almacenar estos documentos. Ya es hora de que Guatemala resuelva estas cuestiones de manera democrática.

Señor Presidente, en esta Cámara hemos aprobado recomendaciones a la Comisión relativas al Acuerdo de Asociación con los países de América Central. Mi Grupo político ha señalado que considera que la liberalización del comercio debería considerarse desde una perspectiva política. La liberalización del comercio en América Latina no se puede separar de la democratización. La Unión Europea debe hacer todo lo posible por ayudar al pueblo de Guatemala a reforzar la democracia, a investigar todos los asesinatos que se produjeron durante la guerra sucia y a reforzar la transición pacífica, con el fin de establecer estructuras verdaderamente democráticas en ese país.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Pinior por haber señalado que el terror es una tradición en Guatemala que se remonta varias décadas atrás en ambos bandos. Cuando hablamos de Guatemala en el debate urgente del último periodo parcial de sesiones, hace unos meses, recordé a la Cámara que, a comienzos de los años setenta, es decir, hace más de 30 años, un diplomático alemán, Karl Graf von Spreti, fue secuestrado y asesinado por terroristas en Guatemala; se trataba de un destacado político de Baviera que siempre había defendido la libertad y en breve conmemoraremos de nuevo el aniversario de su muerte en Baviera. Incluso entonces, el terror fue utilizado tanto por el régimen como por los que se oponen al mismo.

Desde entonces, el país no ha tenido descanso, a pesar de que en los últimos 20 años se ha alcanzado cierto grado de democratización. Hay violencia en la extrema derecha, hay violencia en la extrema izquierda y, como ha señalado el señor Pinior con acierto, lamentablemente también está la violencia del crimen organizado, que en muchos aspectos se confunde con los extremistas políticos. Esa es la razón por la que realmente debemos seguir una política intensiva y ofensiva en Latinoamérica.

Estoy muy agradecido al señor Salafranca Sánchez-Neyra por haber tomado esta iniciativa en nombre de nuestro Grupo y también al señor Dess, que está particularmente preocupado por las relaciones con Latinoamérica, en su caso principalmente con Brasil. No obstante, queremos dejar claro que Latinoamérica no solamente preocupa a nuestros colegas españoles y portugueses, sino también a todos nosotros, y que el continente es un importante socio. Solamente cuando la democracia y el Estado de Derecho estén finalmente bien arraigados en América Central y del Sur y cuando todas las formas de extremismo estén bajo control, el continente podrá desempeñar el papel que por su peso económico y cultural le corresponde realmente.

Esa es la razón –y estoy de acuerdo con el señor Pinior en este sentido– por la que debemos utilizar todos los instrumentos de la política comercial a nuestro alcance para trabajar por la democracia y por el Estado de Derecho. La democracia y el Estado de Derecho no son un lujo ni tampoco una floritura que podría aplicarse quizás a lo que son realmente relaciones económicas. A largo plazo no puede haber relaciones económicas prósperas con regímenes y fuerzas que no respetan los derechos humanos básicos. Esa es la razón por la que este debate sobre derechos humanos es indispensable y debemos ejercer la presión adecuada.

  Ryszard Czarnecki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, en la lejana Guatemala, tres diputados al Parlamento nacional han sido asesinados. Entonces, como si de una película policíaca se tratara, cuatro policías implicados en el caso y detenidos, incluido el jefe del departamento de lucha contra la mafia en Guatemala, fueron asesinados en prisión.

Esto parece realmente un guión de suspense, pero no se trata de una película; es la vida real y forma parte del estilo de vida diario en Guatemala. Lo justo es que el Parlamento Europeo reaccione. Estamos respondiendo a la situación de un país cuyo Presidente ha reconocido públicamente que sus fuerzas policiales están plagadas de corrupción.

Nos referimos a un país en el que se producen varios miles de asesinatos cada año y que, al igual que Colombia, está implicado en el tráfico de drogas. Ahora, como la Cámara sabrá, las autoridades del Parlamento de América Central están debatiendo con Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua recién reelegido, la posibilidad de trasladar la sede del Parlamento de América Central de Guatemala, donde el peligro es tan elevado, a Nicaragua. Hasta qué punto pueden llegar las cosas, si Ortega ofrece ahora un puerto seguro.

Creo que, en una situación así, el señor Posselt y el señor Pinior tienen razón y que debemos adoptar una postura explícita y firme.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Guatemala es espantosa. El señor Czarnecki se ha referido al caso específico por el que estamos abordando este tema hoy.

Sin duda, la situación en Guatemala está marcada por la gran influencia de grupos sociales al margen de los partidos políticos, especialmente los militares y las empresas. En algunas partes del país, la población indígena, en particular, tiene escasa confianza en el sistema jurídico estatal. Los expertos en derechos humanos de Guatemala afirman que cada año varios miles de personas son asesinadas, pero solamente en torno al 2 % de los casos se resuelven en realidad o dan lugar a detenciones.

Ayer mismo un ciudadano alemán murió a causa de un disparo en Guatemala. Sindicalistas como Pedro Zamora, de Puerto Quetzal, o líderes campesinos y sus familias fueron asesinados a comienzos de este año. Los testigos de los asesinatos o sus representantes legales son objeto de amenazas y agresiones y se producen robos con escalo en sus casas.

Si queremos que mejore la seguridad hay que buscar una solución política y no intensificar el suministro de armas a las fuerzas de seguridad. Esa es la razón por la que es fundamental señalar que precisamente estas «fuerzas de seguridad» forman parte del problema en Guatemala. Ahora la Unión Europea ha anunciado que pretende apoyar a estas mismas fuerzas de seguridad y, lamentablemente, también continuará respaldando una intensificación del libre comercio. La respuesta de miles de personas en Guatemala es relativamente clara; lo pudimos comprobar cuando el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, visitó Guatemala. Se produjeron importantes manifestaciones contra su visita.

Existe un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y los países de América Central, el CAFTA, y Bush dijo ayer al Presidente de Guatemala, Oscar Berger, que ha sido provechoso para todas las partes. Bush también prometió a Guatemala un mayor apoyo en la lucha contra en crimen organizado, especialmente contra las bandas dedicadas al tráfico de drogas. No obstante, al igual que en Brasil, Uruguay y Colombia, las primeras escalas del viaje de Bush, la visita del Presidente se ha visto repetidamente acompañada de protestas. Es positivo que haya sido así. Si la Unión Europea sigue el ejemplo de la política estadounidense, eso podría resultar sumamente problemático.

Lo que hace falta no es libre comercio ni armas para las fuerzas de seguridad, sino acciones reales para prevenir la pobreza y una mejora de la situación jurídica de la mayor parte de la población.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, señora Comisaria, en el pasado el Parlamento Europeo aprobó una serie de resoluciones sobre Guatemala. Han tenido algún efecto, pero parece que todavía nos encontramos bastante lejos de alcanzar nuestro objetivo de contribuir a instaurar una verdadera reforma democrática en este país.

El infame asesinato cometido a mediados de febrero de 2007 de tres diputados al Parlamento Centroamericano y la supuesta participación en estos y en muchos otros crímenes de agentes de la policía es un recordatorio de que la impunidad y la corrupción policial en Guatemala todavía están ampliamente implantadas. Un déficit democrático de este calibre, junto con los intentos de cercenar la libertad de prensa, es un cáncer en el cuerpo de una sociedad, por lo que hay que tomar rápidamente medidas drásticas para subsanar la situación.

Las autoridades guatemaltecas han de responder de muchas cosas y tienen la gran responsabilidad de actuar con contundencia a fin de proteger los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Deberemos esperar y observar de cerca con mirada crítica para ver y estar convencidos de que tienen la voluntad y la tenacidad para acabar con los criminales de las fuerzas policiales y de otras instituciones del Estado.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señor Presidente, no hace mucho, Guatemala fue ya tema de debate en esta sesión de urgencias, cuando discutimos la extradición de Ríos Montt y otros. Hoy vuelve a serlo, esta vez por el asesinato de tres miembros salvadoreños del Parlacen, así como de los sospechosos de ser sus victimarios, en este caso en la prisión.

Este preocupante episodio, sin embargo, no es un hecho aislado en un contexto que, cada vez, deviene más tenso y peligroso. La inseguridad es un problema grave y creciente en Guatemala, pero también lo es la impunidad de determinados actos, algunos de ellos perpetrados directamente desde las instituciones públicas o al menos con el consentimiento de las mismas.

El mismo Gobierno guatemalteco, por medio de su Vicepresidente Stein, ha reconocido que el crimen organizado está cada vez más integrado en las instituciones públicas, incluida la policía.

Los datos son relevantes, ya se ha dicho. Miles de personas son asesinadas anualmente en Guatemala, pero solo se han llevado a cabo arrestos en el 2 % de los casos. Uno de los casos más recientes ha sido el asesinato del líder campesino, Pedro Zamora, en Puerto Queztal, del cual ya informamos en su momento a la Comisión y al Consejo.

Este nuevo episodio que hoy nos ocupa, sin embargo, nos obliga a insistir en algunas de las demandas que este Parlamento ya ha formulado con anterioridad.

En primer lugar, reiterar la petición del Parlamento al Parlamento de Guatemala para que ratifique el Estatuto de Roma relativo al Tribunal Penal Internacional, y para que, asimismo, ratifique el acuerdo firmado el 12 de diciembre de 2006, entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, por el que se establece una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

En segundo lugar, solicitar a las autoridades guatemaltecas que adopten medidas para proteger a los testigos y a las víctimas de abusos de los derechos humanos en los procesos judiciales.

Y, en tercer lugar, que la Comisión fortalezca, en la estrategia de cooperación con Guatemala para el periodo 2007-2013, la promoción del imperio de la ley, la lucha contra la impunidad, el pleno respeto de los derechos humanos y el apoyo al Gobierno para que se fortalezca la capacidad de las fuerzas de seguridad en términos de seguridad humana.

  Bogusław Sonik, en nombre del Grupo PPE-DE. – (PL) Señor Presidente, Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina. Más de la mitad de la población de Guatemala, que suma 11 millones de personas, vive al borde de la pobreza. Indudablemente la guerra civil ha contribuido a la situación actual. Deberíamos recordar que la guerra se prolongó durante 36 años y se calcula que costó la vida a más de 200 000 civiles.

El pueblo de Guatemala continúa sufriendo de modo particular y permanente la violencia, intimidación, corrupción, y violaciones de sus derechos civiles. Mientras los políticos y los funcionarios del Gobierno responsables de mantener el orden público continúen siendo brutalmente asesinados, no habrá democracia. Una sociedad constantemente azotada por la violencia no puede desarrollarse y funcionar con normalidad.

La corrupción policial hace que resulte imposible intentar saldar cuentas con el sangriento pasado. Es una creencia extendida que el ejército es, en gran medida, responsable de crímenes y de graves violaciones de los derechos humanos. La corrupción del Estado, de los políticos, de las autoridades administrativas y los servicios públicos fomenta el desarrollo de un comportamiento inadecuado y de la pobreza. La sociedad es víctima de la intimidación y de hecho es rehén de los criminales.

Muchas organizaciones internacionales informan de que Guatemala es un paraíso para el crimen organizado. Este país latinoamericano está considerado una de las partes del mundo en la que la trata de seres humanos, incluso de niños, en particular, se produce a gran escala.

Hay que hacer todo lo posible por apoyar y proteger a todos los que se atreven a decir «no» a las estructuras ilegales y a los vínculos entre las estructuras estatales y el crimen organizado. Poner fin a la impunidad procesando a los responsables de los brotes de violencia política es un paso indispensable de este proceso. Por lo tanto, la Unión debería prohibir la entrada en el territorio de la Unión Europea a los políticos que aprueban la corrupción de las instituciones públicas, en bien de la corrección política, como ya se ha hecho en el caso de otros países donde se producen flagrantes violaciones de los derechos humanos.

  Leopold Józef Rutowicz, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, nuestra resolución sobre el asesinato de tres diputados de El Salvador al Parlamento Centroamericano y de su conductor cerca de Ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala y sede de la administración del Parlamento Centroamericano, es una protesta contra el vandalismo que afecta a personas inocentes.

Guatemala es un país que se convirtió en un Estado totalmente independiente en 1839. Está habitado por indígenas vinculados a la cultura maya, el 80 % de los cuales son católicos. Lamentablemente, la población no ha tenido suerte con sus Gobiernos. Los Gobiernos no democráticos, los golpes de estado militares, la guerra civil, las drogas, la corrupción y la pobreza han generado unas condiciones favorables para quienes extienden la cultura de la violencia y pisotean los derechos humanos.

Guatemala es una república presidencial, en la que el poder legislativo le corresponde al Congreso. Las instituciones del poder centralizado deberían realizar un gran esfuerzo por erradicar el comportamiento inapropiado que destruye la democracia y viola los derechos humanos. En mi opinión, esta resolución contribuirá a acelerar las acciones destinadas a apoyar los valores que son fundamentales para todos nosotros.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Por desgracia, señor Presidente, Guatemala aparece de nuevo en nuestro orden del día tras el horrendo asesinato de tres diputados de El Salvador al Parlamento Centroamericano y de su chófer. El asesinato en prisión de los cuatro agentes de policía sospechosos del crimen es un ejemplo inusitado de la debilidad institucional del país. A pesar de los esfuerzos reales emprendidos en los últimos tres años para reforzar el Estado de Derecho, el Gobierno se ha visto obligado a reconocer que la inseguridad y la impunidad están profundamente enraizadas en Guatemala.

La Comisión, junto con los Estados miembros, ha solicitado una investigación rápida e independiente de este asunto sumamente grave. Hemos reclamado medidas contundentes para reforzar la judicatura y las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Además, la Comisión ha reiterado la importancia de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Este proyecto se ha estado discutiendo durante demasiados años. Los esfuerzos del Gobierno al respecto son encomiables. Sin embargo, el proyecto todavía requiere el visto bueno del Tribunal Constitucional antes de que pueda ser refrendado por el Congreso.

En consecuencia, la Comisión acoge con satisfacción el hecho de que este debate esté hoy en el orden del día. El Parlamento Europeo tiene muchas posibilidades de presionar a sus homólogos de Guatemala con el fin de apoyar las reformas necesarias.

La visita de mi colega, la Comisaria Ferrero-Waldner, a Guatemala en abril nos brindará una oportunidad adicional para compartir estos mensajes con el Gobierno.

La Comisión Europea seguirá apoyando al pueblo de Guatemala, como ha venido haciendo desde la firma del Acuerdo de Paz hace diez años. No obstante, para que nuestra asociación sea plenamente eficaz, el país debe avanzar decisivamente hacia una política de seguridad integral duradera que aborde todos los aspectos implicados. Debe apoyarse mediante recursos nacionales suficientes para la financiación de las instituciones y los programas gubernamentales. Ahora es más importante que nunca contraer un compromiso político consensuado a favor de un pacto fiscal valiente, con inclusión de subidas de impuestos.

Se espera que los acontecimientos recientes supongan un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad en Guatemala. En el contexto de su nuevo marco estratégico para 2007-2013, la Comisión estará dispuesta a ofrecer apoyo para cuestiones relacionadas con la seguridad dentro de un sector central de «cohesión social y seguridad humana».

Finalmente, la Comisión, junto con los Estados miembros de la UE, seguirá realizando gestiones ante las autoridades locales. La reciente ratificación por parte del Congreso de Guatemala del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación UE-Centroamérica, así como la perspectiva de un Acuerdo de Asociación entre nuestras dos regiones, permitirán un diálogo intensificado que sin duda incluirá cuestiones relacionadas con la seguridad.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

(1) Véase el Acta.

11.2. Camboya

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Camboya⁽¹⁾.

  Marc Tarabella (PSE), autor. – (FR) Señorías, hace dos años ya intervine sobre la situación de los derechos humanos en Camboya.

Dos puntos de esta resolución común de seis Grupos parlamentarios me han llamando especialmente la atención. El primero, en el que quiero insistir hoy, es el asesinato, el pasado 24 de febrero, de Hy Vuthy, presidente del Sindicato Libre de Trabajadores de Camboya. Este asesinato se suma a los asesinatos, en 2004, de Chea Vichea y Ros Sovannareth, que habían sido presidentes del mismo Sindicato, así como a los actos de intimidación y ataques físicos de que han sido víctimas otros sindicalistas en los últimos años.

El derecho a constituir un sindicato está reconocido en Camboya, pero los sucesos recientes llevan a pensar que ese derecho es pisoteado. En efecto, es inconcebible que unas personas no puedan adherirse libremente a un sindicato sin tener que sufrir las consecuencias. El asesinato de Chea Vichea sigue sin aclarar hasta ahora. Se ha detenido a Born Samnang y Sok Sam Oeun, se les ha considerado culpables del asesinato del sindicalista y condenado a una pena de cárcel de veinte años sin aportar ninguna prueba de su culpabilidad. Queremos que se encuentre a los verdaderos responsables de estos asesinatos y se les lleve a los tribunales y que Born Samnang y Sok Sam Oeun tengan un juicio justo.

El segundo punto sobre el que quería insistir hoy es el Tribunal para los Jemeres Rojos. En la misión que dirigí en Camboya en abril de 2006, me di cuenta de las expectativas suscitadas por este Tribunal entre los ciudadanos camboyanos. Hoy, un año después de nuestra visita, el Tribunal sigue sin constituirse. Es primordial que se cree sin demora para que todos los crímenes impunes de los jemeres rojos sean por fin juzgados.

Por último, celebramos los esfuerzos de estabilización y el buen desarrollo del proceso electoral. Parece primordial que el Reino de Camboya prosiga sus esfuerzos y se centre en particular en el funcionamiento de la justicia, que como sabemos, a raíz de nuestra misión del año pasado, era el eslabón débil del sistema.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, hemos analizado la situación de Camboya regularmente durante años y, una y otra vez, hemos descubierto graves reveses seguidos de pequeños signos de progreso. En el mejor de los casos, todo ha ido avanzando a la velocidad y con el método de la procesión danzante de Echternach. Actualmente tenemos el grave problema de que hay dos tendencias opuestas. Por una parte, nos complace descubrir que la ASEAN ha comenzado finalmente a plantear preguntas en materia de derechos humanos, al menos provisionalmente, en el orden del día. La ASEAN ejerce una presión suave, aunque efectiva, para continuar desarrollando la democracia y el Estado de Derecho en Camboya.

No obstante, por otra parte, el proceso necesario de establecer el tribunal que enjuiciará los horrendos crímenes de los jemeres rojos se ha interrumpido. La culpa de esto no la tienen solamente los camboyanos. Los camboyanos han comenzado a avanzar lentamente. Sin embargo, algunas secciones de la comunidad internacional ya no se muestran tan entusiastas. Esto se debe a que se han encontrado notables cantidades de petróleo en Camboya y ahora estamos experimentando algo a lo que tenemos que enfrentarnos a menudo en los debates sobre derechos humanos, concretamente que los chinos y los japoneses –los chinos sobre todo– están dispuestos a invertir allí y a producir petróleo sea cual sea la situación política, ignorando los problemas de derechos humanos, y que los grupos occidentales –los Estados Unidos de América en particular, en este caso– lamentablemente también se unen a esta tendencia negativa.

Los Estados Unidos, que han sido una importante fuerza impulsora del tribunal hasta ahora, amenazan con perder su entusiasmo en este terreno. Los europeos tenemos, claro está, la tarea crucial de salvaguardar los intereses económicos y estratégicos de nuestra parte del globo, pero –como ya he dicho con respecto a Guatemala– eso no prosperará a largo plazo si no se respeta la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Esa es la razón por la que Camboya solamente podrá ser un país estable si también continúa desarrollándose en términos políticos. Esto significa poner fin al estado de anarquía e impunidad que predomina actualmente. El asesinato de los sindicalistas indica claramente que no solamente intentan ocultar lo que ha ocurrido allí y que no se está haciendo ningún intento serio de encontrar y castigar realmente a los autores, sino que también existe un clima dominante de absoluta anarquía. No podemos aceptar eso.

No puede haber estabilidad económica sin estabilidad política ni estabilidad política sin el Estado de Derecho. Este debe ser nuestro mensaje claro e inequívoco para los camboyanos.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, desde que los estadounidenses invadieron Camboya durante la guerra de Vietnam, el país no ha conseguido encontrar su camino. Desde entonces, las relaciones en ese país han sido inflexibles y sumamente intolerantes. Inicialmente, con la ayuda de los estadounidenses, un régimen de derechas llegó al poder, con el único objetivo de sabotear a China y a Vietnam. Esto fue seguido de años de dominación de los jemeres rojos, que trabajaron creyendo que el pueblo sería más feliz si los habitantes de la ciudad se viesen obligados a irse al campo y los intelectuales se convirtiesen en agricultores. Este régimen disfrutó del apoyo de los chinos y se cobró un enorme número de vidas.

Todos esos regímenes intolerantes han transformado una sociedad con una tradición relativamente pacífica y tolerante en una tierra de asesinatos y violencia. Incluso ahora que Camboya es una democracia parlamentaria, varios partidos políticos continúan esta vieja tradición. Llegado el momento, se vetarían los unos a los otros y descartarían cualquier posibilidad de que los demás consiguieran el poder desde el comienzo. El pueblo está siendo atacado, mientras que los auténticos autores de estos ataques salen impunes.

Sigue siendo difícil que ese país acepte los crímenes del pasado reciente. Estos crímenes se mantienen ocultos en la medida de lo posible. En este clima, se da rienda suelta a las formas de intimidación violentas, algo que podría incluso culminar con el asesinato de personas que defienden otras opiniones y otros intereses. Los recientes ataques han tenido por objetivo a los sindicalistas, particularmente de la industria textil, y parecen estar dirigidos contra el derecho de los trabajadores a organizarse y a defender sus intereses.

Es importante que Europa no se quede de brazos cruzados ante esto, sino que defienda los derechos humanos de forma coherente. En este sentido, el Consejo y la Comisión deberían utilizar sus contactos con Camboya y, en ninguna circunstancia, supeditarlos a ninguna consideración económica, como el petróleo existente frente a sus costas.

  Ryszard Czarnecki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, hay varios países donde los sindicatos son algo más que simples asociaciones. Eso fue lo que ocurrió un día en mi país –en la Polonia de Solidaridad– y está ocurriendo actualmente en Camboya. Hace un cuarto de siglo, los comunistas asesinaron a sindicalistas en Polonia, al igual que este líder sindicalista camboyano ha sido asesinado.

Hasta la fecha, este delito no ha sido imputado a nadie, a pesar de que hace 10 años, en un acuerdo especial firmado con las Comunidades Europeas, Camboya se comprometió a respetar los derechos humanos y los principios democráticos.

Por supuesto, esto es solamente una parte de una escena más amplia, que los oradores anteriores ya han descrito con acierto. Solo quiero recordar a la Cámara que, durante los tres últimos años, a través de la Unión, hemos pedido la adopción en Camboya de una legislación contra la corrupción compuesta por ocho secciones. Debemos hablar alto y claro acerca de la situación en Camboya ahora, para que no tengamos que hacerlo en el futuro.

  Marco Cappato (ALDE), autor. – (IT) Señor Presidente, Señorías, parece que el régimen camboyano tiene la desagradable costumbre de eliminar a los líderes sindicalistas: ya se ha señalado que esta no ha sido la primera vez. Hoy hemos sabido del asesinato de Hy Vuthy, también en circunstancias misteriosas.

Creo que es necesario que la Unión Europea se haga escuchar en términos muy claros, particularmente en vista de las elecciones que se celebrarán en abril. Debemos evitar llegar en último momento y vernos obligados a anotar las irregularidades que sin duda se producirán.

Otra cuestión fundamental es la del tribunal para los crímenes cometidos por los jemeres rojos: el estancamiento se prolonga ya durante varios meses y, en mi opinión, el Parlamento Europeo, así como la Comisión y el Consejo deben proponer ahora una audiencia pública al presidente del tribunal, con el fin de informarse convenientemente de los problemas que están impidiendo trabajar al tribunal e intentar resolverlos.

Queremos expresar nuestra solidaridad, como Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, con nuestros camaradas de la misma familia política del partido de Sam Rainsy –muchos de cuyos miembros, incluyendo 24 parlamentarios, pertenecen también al Partido Radical Transnacional No Violento– y también expresamos nuestra solidaridad con los refugiados montañeses de Camboya. Espero que este Parlamento apruebe las dos enmiendas que hemos presentado los diputados del Grupo ALDE.

Es cierto que los Estados Unidos están adoptando, en una medida cada vez mayor –por las razones que el señor Posselt ha señalado– una política de apaciguamiento y buenas relaciones con el régimen vietnamita, sin señalar con la misma insistencia que antes los problemas de los derechos humanos de los refugiados. La Unión Europea tiene la oportunidad de marcar una diferencia positiva y de plantear la cláusula de los derechos humanos dentro del marco de los acuerdos con el régimen camboyano: es una buena oportunidad para hacerlo.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, estamos hablando de otro país sobre el que anteriormente se han aprobado numerosas resoluciones del Parlamento Europeo, por desgracia con escasos resultados. Camboya se ha visto asolada por gravísimas violaciones de los derechos humanos en grandes proporciones durante muchas décadas. El periodo de pesadilla del Gobierno de los jemeres rojos y de masacres masivas de civiles todavía sigue muy vivo en nuestra memoria, pero incluso hoy en Camboya el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho son más aspiraciones teóricas que realidades prácticas viables.

El asesinato, el 24 de febrero de este año, del Presidente del Sindicato Libre de Trabajadores en la fábrica de confección Suntex y la aparente inmunidad que parece haberse concedido a los psicópatas asesinos del Jemer Rojo son ejemplos de la falta de voluntad por parte de las autoridades camboyanas de emprender acciones drásticas para corregir la abominable situación de abuso de los derechos humanos que todavía predomina en el país. Se espera que, en esta ocasión, las autoridades se tomen muy en serio lo que tenga que decirles el Parlamento Europeo.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión ha estado siguiendo de cerca la situación de los sindicatos en Camboya. El asesinato del señor Hy Vuthy, asesinado a tiros en las primeras horas del 24 de febrero, mientras volvía a casa tras el turno de noche en una fábrica textil, es el último de una serie muy alarmante de ataques contra sindicalistas en ese país. El señor Hy Vuthy es el tercer miembro del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya asesinado en tres años.

Esta campaña de intimidación contra los sindicalistas se ve agravada por la debilidad de la policía y la judicatura, las luchas intestinas locales, las interferencias políticas en la judicatura, la corrupción y la impunidad. Además, la combinación de una competencia encarnizada por la captación de afiliados, el bajo nivel de profesionalidad, la influencia política y un bajo nivel de control sobre los miembros han creado una atmósfera tensa en algunas de las fábricas de confección.

La Comisión planteó recientemente esta cuestión ante las autoridades camboyanas y solicitó una rigurosa investigación sobre este asesinato y que se emprendan acciones adecuadas y eficaces para hacer un seguimiento de los resultados y juzgar a los responsables. La UE también instó al Gobierno de Camboya, en su calidad de parte en todas las principales convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, a atenerse a los compromisos contraídos.

La Comisión también ha planteado, y continuará planteando, la cuestión del Tribunal para los jemeres rojos, y ha instado a las partes implicadas a llegar a un acuerdo sobre su reglamento, de forma que los juicios puedan realizarse tan pronto como sea posible. La Comisión aporta un millón de euros a los costes del Tribunal. El éxito del Tribunal para los jemeres rojos contribuiría de modo importante a la eliminación del clima de impunidad en Camboya.

Tal y como recomendó el Parlamento en una resolución anterior sobre Camboya, la Comisión estableció recientemente un grupo de trabajo para tratar cuestiones relativas a la cooperación en los ámbitos de la creación de instituciones, la reforma administrativa, la reforma legal y judicial, la gobernanza y los derechos humanos con el fin de comprometer constructivamente a las autoridades camboyanas en estas cuestiones.

Quisiera garantizar a esta Cámara que la Comisión, a través de su Delegación en Phnom Penh y junto con las misiones de los Estados miembros de la UE en Camboya, continuará haciendo un seguimiento muy estrecho de la situación. La comunidad internacional –sobre todo la UE–, que desempeñó un papel tan crucial en el establecimiento de la nueva Camboya, debería garantizar que en ese país se respeten los derechos humanos.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

(1) Cf. Acta.

11.3. Nigeria

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre Nigeria⁽¹⁾.

  Michael Gahler (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, sinceramente creo que un debate sobre la situación que está viviendo Zimbabue sería más urgente que los tres temas que estamos debiendo esta semana. Los informes detallados que estoy recibiendo son sumamente angustiosos. No obstante, eso no será posible hoy, porque nos hemos limitado de los tres temas del debate urgente. Espero que en el grupo de trabajo para la reforma parlamentaria suprimamos esta restricción voluntaria para el debate urgente.

Por lo que respecta a la situación en Nigeria, creemos que es razonable analizar las carencias en materia de derechos humanos en general, especialmente a la luz de las próximas elecciones, sin limitarnos a un tema. También pensamos –como hemos señalado en numerosas ocasiones– que la legislación actual de Nigeria contiene violaciones de los derechos humanos fundamentales. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación por motivos de la orientación sexual y también creemos que la vida privada de una persona es exclusivamente privada y que no debe ser criminalizada por el Estado.

Consideramos que el hecho de que una persona sea enviada a prisión por defender una legislación más liberal constituye una violación de la libertad de opinión. No obstante, pensamos que una resolución sobre Nigeria también debe posicionarse con respecto a los demás problemas que afectan al pueblo en general, concretamente: el aumento de la violencia, la corrupción, la inmunidad de quienes violan los derechos humanos, la intimidación política en la fase previa a las elecciones, posiblemente implicando a las fuerzas de seguridad, la amenaza para la independencia de la comisión electoral nacional, el hecho de que la pena de muerte todavía esté en vigor allí, que todavía se apliquen –especialmente en las partes del país donde se practica la sharia– penas físicas degradantes y también que el problema del trabajo infantil sigue estando muy presente. Dado que queremos tener en cuenta estos puntos en conjunto, preferimos votar a favor de nuestra propia resolución y no del texto conjunto.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, Nigeria es una tierra de diversidad, habitada por pueblos con culturas y lenguas diferentes. Solo la colonización de los británicos los reunió a todos bajo un único techo nacional. Los movimientos separatistas, como el de Biafra, fueron sofocados con una fuerza militar enormemente superior hace mucho tiempo y eso ha contribuido a la militarización del país.

Un acontecimiento reciente ha sido que el sur cristiano, donde las normas europeas han conseguido arraigar, y que ha disfrutado de un grado relativamente elevado de libertades individuales, está siendo sometido a las estrictas normas de vida del norte islámico ortodoxo, tradicionalmente aislado. En Nigeria se está intentando disuadir a la población de mantener relaciones homosexuales, incluso en mayor medida que en los Estados Unidos, donde el Presidente Bush ha intentado sin éxito introducir una prohibición en la Constitución sobre las relaciones maritales entre personas del mismo sexo. La palabra «disuadir» es, en efecto, demasiado suave para describir lo que en realidad es un intento de exterminar a los homosexuales.

De este modo, no solamente los matrimonios –o las figuras jurídicas más o menos equivalentes– entre personas del mismo sexo están prohibidos, sino que también todas las personas implicadas en grupos de presión organizados de hombres homosexuales y mujeres lesbianas pueden ser castigadas por ello. Derechos que parecen bastante evidentes corren el riesgo de ser abolidos en la nueva legislación. No se acabará con la homosexualidad mediante la prohibición y la persecución, que solamente servirán para justificar la violencia y la opresión contra cualquier sector concreto de la población.

Esta violencia es coherente con intentos anteriores de condenar a muerte a las mujeres violadas que han tenido hijos sin estar casadas. La injusticia legitimada está en marcha y es necesario combatirla. Debemos dejar claro a las fuerzas de Nigeria que insisten en esas normas que provocarán situaciones inaceptables y, en este caso, también una mayor propagación de enfermedades venéreas, incluido el sida. Europa no debería barrer esto bajo la alfombra, aunque estemos interesados en importar petróleo nigeriano.

  Sophia in 't Veld (ALDE), autora. – (NL) Señor Presidente, comparto la opinión del señor Gahler de que hay muchos más problemas en Nigeria y también en otros países, pero esos problemas son a veces tan emotivos y tan complejos que realmente necesitamos sacarlos a la luz pública y hacer un esfuerzo especial para resolverlos de una vez por todas.

La situación de los homosexuales es problemática en todo el mundo. En Nigeria, donde se están violando derechos humanos fundamentales, es realmente importante que el Parlamento Europeo y la Unión Europea tomen la iniciativa de combatir la criminalización de la homosexualidad. Esa es la razón por la que acojo con satisfacción la resolución que tenemos ante nosotros y espero que tenga las consecuencias necesarias, es decir que si Nigeria no responde al llamamiento de esta Cámara, revisemos realmente nuestras relaciones con ella, dado que es inaceptable que continuemos promoviendo los derechos humanos, para después hacer la vista gorda con nuestros socios que no los respetan. Debemos ser realmente coherentes al respecto.

Quiero terminar dirigiendo unas palabras directamente al Presidente Obasanjo, que en una ocasión recibió el Premio de la Paz de los liberales por su trabajo a favor de la democracia en su país, para pedirle, una vez más, que haga un esfuerzo en nombre de todos los nigerianos, incluidos los que son homosexuales.

  Józef Pinior (PSE) , autor. – (PL) Señor Presidente, no cabe duda de que hoy también deberíamos hablar de la situación de Zimbabue y de los recientes actos de represión ocurridos contra la oposición política de ese país.

Mi Grupo político está presentando una resolución sobre Nigeria. En estos momentos estamos controlando de cerca la situación en Nigeria, debido a la llamada «ley de prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo», que ha sido aprobada por su Parlamento en primera y segunda lectura. Nigeria tiene un enorme prestigio e importancia en África y en el contexto del orden mundial contemporáneo. Al mismo tiempo, sabemos que la violencia, las violaciones de los derechos civiles o incluso de los derechos humanos, como el trabajo infantil forzado y la trata de niños, siguen siendo hechos frecuentes en Nigeria.

La ley a la que me refiero ahora es motivo de particular preocupación. Quiero señalar que la ley no solamente prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo. También significará que incluso hablar de los derechos de las minorías sexuales diferentes y organizarse en clubes, sociedades y organizaciones culturales podrá considerarse un acto punible con la detención y la cárcel.

No cabe duda de que si el Parlamento nigeriano aprueba este proyecto de ley, es probable que se produzcan graves violaciones de los derechos humanos y civiles en Nigeria. Cabe señalar que en su declaración del 28 de enero, Human Rights Watch afirmó que este proyecto de ley era una expresión de homofobia.

El Parlamento Europeo debe garantizar el respeto de los derechos humanos, de los derechos civiles y de la cultura contemporánea en todos los países, especialmente en los países que disfrutan de prestigio y de respeto como Nigeria, y que consideramos un importante punto de referencia para el orden político internacional.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), autor. – (SV) Señor Presidente, a pesar de multitud de problemas, la situación ha mejorado desde la caída de la dictadura militar en 1999. Por lo tanto, es extraño que de repente se haya elaborado una ley que afecta negativamente a los derechos humanos. La homosexualidad ya está prohibida y se puede castigar con penas que llegan hasta los 14 años de cárcel. También sabemos que en los Estados que forman el país hay una ley sharia que condena a las personas solteras acusadas de homosexualidad a 100 latigazos e incluso impone la pena de muerte a las personas casadas acusadas de lo mismo. Ahora existe el deseo de introducir no solamente una prohibición sobre los matrimonios homosexuales, sino también por ser testigo o intentar ayudar a un matrimonio de este tipo, con penas de hasta cinco años de cárcel para los culpables.

¿Puede alguien en esta Cámara explicarme cómo podría afectar fatalmente a la sociedad el hecho de ser testigo de una declaración de amor entre dos personas? No puedo entender cómo puede ser un delito punible. Dado que también es ilegal ayudar de cualquier forma a los homosexuales a organizarse, los abogados y los activistas en materia de derechos humanos también corren el riesgo de verse afectados, una situación que hace que resulte imposible mantener un debate sobre los derechos de los homosexuales.

Un dato de la realidad actual es que hay una tolerancia suficiente de la homosexualidad como para que el diario más importante, This Day, incluya anuncios de contactos para lesbianas. La ley que prohíbe la homosexualidad no tiene nada que ver con la lucha contra la propagación del sida, como mantienen algunas personas –la gran mayoría de los infectados son heterosexuales–, y aunque el motivo de esta ley fuese una razón como esa, no tendría sentido, porque las relaciones estables reducen la propagación de la infección. En esta situación habría que fomentar y facilitar los matrimonios entre homosexuales. Nigeria necesita más amor y amabilidad, y la aprobación de leyes de este tipo supondría un retroceso hacia la dictadura y la opresión. Pediría al Presidente que suprimiera la ley en cuestión.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre del Grupo PSE. – (PL) Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Comisión sobre el proyecto de ley en el que nos centramos hoy y que se espera que sea aprobado en tercera y definitiva lectura, antes de que finalice la legislatura actual en Nigeria. Obviamente el proyecto de ley viola libertades y derechos civiles fundamentales, además de discriminar claramente a una sección de la población. También podría dar lugar a un aumento de la homofobia entre el público general.

La prohibición sobre el registro de cualquier asociación o grupo de personas de una orientación sexual diferente viene acompañada de penas de cárcel para cualquier intento de presentación en público o incluso privada de contenido similar. Asimismo, existe el riesgo de que una política como esta se traduzca en una limitación del acceso por parte de los miembros del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB) a la asistencia médica, y afectar negativamente a la efectividad de las medidas contra el SIDA que ya se están aplicando.

En vista de todo esto, los Estados miembros y la Comisión deberían emprender sólidas medidas para impedir que la ley en su forma actual sea aprobada por las autoridades nigerianas. La Unión Europea también debe sacar conclusiones para el futuro y hacer más hincapié en la importancia de las disposiciones que prohíben cualquier forma de discriminación en los acuerdos firmados con los países ACP y con terceros países.

  Marco Cappato, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que deberíamos formular la pregunta del señor Gahler, que se pregunta a sí mismo y nos pregunta a nosotros si no hay problemas más graves y más importantes fuera y dentro de Nigeria.

Creo que sí los hay –y en este sentido comparto la opinión de mi colega la señora In´t Veld–, pero también considero que esta resolución debería ser apoyada por dos razones importantes: la primera es que tenemos la oportunidad de actuar, antes de que ocurra algo grave. En lugar de tener que correr tras los acontecimientos durante los próximos 15 o 20 años y lamentar las penas a las que esta ley daría lugar, si se aplicase a miles de individuos –como ha ocurrido en numerosas ocasiones en la propia Nigeria, por ejemplo con las penas de muerte–, tenemos la oportunidad, como Parlamento Europeo, de emprender acciones con antelación. Creo que se trata de una oportunidad de oro.

Lo mismo podría decirse de los signos de que el Presidente Obasanjo está ejerciendo presión sobre los fundamentalistas islámicos radicales en los Estados del norte. Nuestras amistosas relaciones, además de las duras críticas, cuando son necesarias, podrían ayudar al Presidente a resistir una victoria catastrófica del fundamentalismo extremista, que en Nigeria también parece estar arraigando.

  Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, en esta Cámara me he encontrado con muchos textos legislativos que yo no aprobaba. Esto es normal en la vida política. Sin embargo, probablemente esta es la primera vez que he estado en contra de uno de forma tan resuelta. Mi profunda oposición se debe a la increíble falta de sinceridad del documento en cuestión. Mi opinión se basa en cinco hechos. En primer lugar, el Parlamento Europeo pretende interferir en los asuntos de otros. Realmente pretende interferir en asuntos que no están relacionados con el crimen y no son penales, sino que se trata simplemente de una ley que un Estado soberano pretende adoptar para regular cuestiones sociales internas.

En segundo lugar, la resolución conjunta presentada confunde la crítica a la ley propuesta con hipotéticos delitos que podrían resultar de ella. En tercer lugar, Nigeria ha librado una dramática guerra contra el sida. Su intención consiste en limitar tanto las formas en las que el sida se ha propagado normalmente, como el turismo sexual, el turismo sexual europeo. Queremos evitar que Nigeria adopte esta ley so pretexto de protegerse contra el sida.

En cuarto lugar, se está realizando una propuesta escandalosa. El cuarto punto se refiere a las sanciones. No se han impuesto sanciones contra los genocidios de China, el Tíbet, Sri Lanka y Sudán, y sin embargo parece que estamos tratando a Nigeria como deberíamos haber tratado a los Estados que cometieron los crímenes más atroces, aunque no lo hemos hecho.

En quinto lugar, creo que es extremadamente inapropiado que esta cuestión se haya incluido bajo el epígrafe de los derechos humanos. En sexto lugar, estoy en contra de esta resolución conjunta. Voy a votar a favor de la resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. No estoy de acuerdo con ella, aunque creo que de este modo aumentarán las posibilidades de que la resolución original, que es una ofensa para el sentido común, sea rechazada.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Discrepo, señor Libicki, este es un tema fundamental de derechos humanos y de derechos fundamentales. Mientras que en varios países del mundo se está imponiendo la lógica y el sentido común y se están adoptando leyes que no solo eliminan la discriminación, sino que la penalizan en relación con las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), en otros países, como en Nigeria, como en los Estados Unidos, incluso dentro de la Unión Europea, se están impulsando iniciativas legislativas que van hacia atrás como los cangrejos. Por lo tanto, teníamos que reaccionar.

En un país en cuyo Código Penal, capítulo 42, sección 214, se penaliza con 14 años de prisión el mero hecho de tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, adultas, ahora el Ministerio de Justicia nigeriano pretende ir un poco más allá y penar incluso con 5 años de prisión a quienes, siendo del mismo sexo, decidan casarse así como a quienes les casan.

Al parecer, no basta con las reiteradas peticiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que los Estados eliminen toda ley discriminatoria para la población LGBT ni tampoco con la evidencia de que las personas LGBT son personas de pleno derecho, como las personas heterosexuales. Por lo tanto, creo que esta Cámara tenía que reaccionar ante un tema tan flagrante, y así lo ha hecho, y lo celebramos.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, Nigeria es un país africano inmenso que, desde el final de la dictadura militar en 1999, viene luchando por introducir reformas democráticas modernas. Las próximas elecciones han sacado de nuevo a la primera línea del debate político cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos. En este sentido, el Director de África de Human Rights Watch ha comentado de forma muy acertada: «Nigeria necesita líderes que aborden los vergonzosos problemas de derechos humanos del país.» Aunque la cuestión de la libertad de orientación sexual y la despenalización de la homosexualidad son temas muy sensibles, el mundo desarrollado las considera importantes en relación con la libertad del individuo, siempre y cuando no violen las libertades de los demás.

Instamos a las autoridades nigerianas, y sobre todo a los parlamentarios y senadores nigerianos, a que tengan esto en cuenta cuando examinen un proyecto de ley relevante que están tramitando en estos momentos. Esta propuesta de resolución no debe interpretarse en modo alguno en el sentido de que el Parlamento Europeo considere que la cuestión de la homosexualidad tiene prioridad sobre otras preocupaciones, como la corrupción endémica en Nigeria o la terrible situación con respecto al comportamiento abusivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Nigeria también debe remediar rápidamente estas cuestiones.

  Neelie Kroes, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión Europea ha estado siguiendo la evolución de la Ley (de prohibición) del matrimonio entre personas del mismo sexo, presentada a principios del año pasado ante el Consejo Ejecutivo Federal de Nigeria. La Comisión comparte la profunda preocupación ya expresada por las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, por boca del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos, por el mayor grado de discriminación, violación de los derechos individuales y restricción del derecho de asociación que introduciría dicho proyecto de ley si llega a aprobarse.

La Comisión comparte igualmente el análisis de las asociaciones de derechos humanos nigerianas e internacionales con respecto a las repercusiones potenciales sobre las personas que mantienen o son sospechosas de mantener relaciones con otras personas del mismo sexo. Lo mismo es cabe decir de los defensores de los derechos humanos que critican las implicaciones negativas para los derechos humanos de este proyecto de ley homofóbico, ya que supondría para esas personas un grave peligro de ser arbitrariamente detenidas, encarceladas, torturadas y maltratadas. También restringiría y silenciaría la acción de las organizaciones locales de derechos humanos. El proyecto de ley refuerza las disposiciones excesivamente estrictas que ya están actualmente en vigor. El código penal nigeriano castiga la conducta homosexual consentida con 14 años de cárcel como máximo, mientras que el código penal de la sharia, que se aplica en once Estados del norte de Nigeria, establece la pena de muerte por la práctica de la livat (sodomía).

El proyecto de ley también violaría una serie de leyes y tratados de derechos humanos internacionales aceptados y ratificados por Nigeria, posiblemente su propia Constitución y artículos clave del Acuerdo de Cotonú. En vista de lo anterior y de las conclusiones sobre las relaciones de la UE con Nigeria, aprobadas por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en 2003, la Comisión quisiera confirmar su disposición a contribuir a la aplicación de la resolución que esta Cámara está a punto de aprobar. La Comisión está dispuesta a participar de forma activa, junto con los Estados miembros, en el diálogo político previsto en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. Este diálogo político abordará de lleno la cuestión específica del proyecto de ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como los elementos esenciales relativos a los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de Derecho y la gobernanza enumerados en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú.

Finalmente, la Comisión alienta al Parlamento Europeo a hacer un seguimiento de la visita del año pasado realizada por su ex Presidente, el señor Borrell Fontelles, al Parlamento nigeriano, con vistas a establecer un diálogo frecuente entre los dos Parlamentos.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates, es decir, dentro de un momento.

(1) Cf. Acta.

12. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)

12.1. Guatemala (votación)

- Antes de la votación sobre los considerandos B y C

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, en la resolución se han colado un par de pequeños pero importantes errores de redacción. Propongo corregirla del modo siguiente: en el considerando B, sustituir la palabra «autores» por las palabras «autores materiales», y en el considerando C, sustituir las palabras «autores intelectuales» por «instigadores».

  El Presidente. – ¿Hay alguna objeción a la inclusión de estas enmiendas orales?

(El Parlamento aprueba las enmiendas orales)

12.2. Camboya (votación)

12.3. Nigeria (votación)

12.4. Ataque contra Galina Kozlova, miembro del Consejo de Administración de la organización Mari Ušem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko (votación)

  El Presidente. – Con esto concluye el Turno de votaciones.

13. Explicaciones de voto

- Ataque contra Galina Kozlova, miembro del Consejo de Administración de la organización Mari Ušem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko (RC-B6-0081/2007)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, cuando intervine en la discusión sobre el caso de Galina Kozlova, expresé mi gratitud a nuestros colegas del Grupo del PPE-DE, el señor Kelam, el señor Landsbergis y el señor Tannock, por tomar la iniciativa de proponer dicha resolución. Más tarde se me ha informado de que la iniciativa original la lanzó nuestro colega estonio, el señor Savi, del Grupo ALDE. En consecuencia, deseo expresarle a él mi respeto y gratitud.

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Con respecto a Nigeria, he votado a favor de la resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. No considero que sea positiva, aunque creo que la adopción de la resolución conjunta presentada por la izquierda desacreditaría mucho más a esta Cámara. Creo que la resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo supone una forma mejor de proceder.

  El Presidente. – Les recuerdo que no hay explicaciones de voto sobre los asuntos de urgencia.

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, únicamente quisiera añadir unas palabras a lo que ha dicho mi colega el señor Libicki: la propuesta del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no fue fruto de un compromiso.

  El Presidente. – Con esto concluyen las explicaciones de voto.

Antes de levantar la sesión, tengo que anunciar varias cuestiones.

14. Decisiones relativas a determinados documentos: véase el Acta

15. Composición de las comisiones y delegaciones: véase el Acta

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, dado que tiene usted que leer seis páginas de nombres, con el fin de ahorrar tiempo y de ahorrarle el bochorno de tener que pronunciar nombres muy extraños, ¿no podríamos dar dichos nombres por leídos en lugar de leerlos realmente?

  El Presidente. – Es muy amable por su parte, Señoría, querer evitarme este fastidioso trabajo. Por desgracia, el Reglamento es formal: debo leerles la lista completa de los nombres.⁽¹⁾

- Al término de la comunicación sobre la composición de las comisiones y las delegaciones

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, quisiera solicitar una votación nominal.

  El Presidente. – Tiene todo el derecho, pero debía presentar una solicitud dentro de plazo. Por tanto, no puedo darle curso.

(1) Cf. Acta.

16. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

17. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

18. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

19. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

20. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. – Hemos agotado el orden del día y declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 17.05 horas)

En un estudio reciente, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo evaluó en más del 3 % del producto interior bruto el coste para la Unión de todos los problemas de salud relacionados con el trabajo. La mayor parte de estos problemas de salud tienen su origen en el estrés provocado por la flexibilidad y la inseguridad social que se ha generalizado en nuestras sociedades liberales. En efecto, numerosos trabajos científicos han demostrado que el estrés laboral es la causa de numerosas patologías: enfermedades cardiovasculares, afecciones reumáticas, depresiones, tabaquismo, alcoholismo, etc.

En el marco de la Agenda de Lisboa, ¿qué medidas enérgicas piensa tomar el Consejo para que las empresas asuman sus responsabilidades sociales, tanto en materia de prevención como de reparación de los perjuicios que sufren los trabajadores?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En primer lugar me gustaría señalar que la Presidencia alemana y las futuras presidencias portuguesa y eslovena se han comprometido, en su programa común para dieciocho meses, a seguir desarrollando una legislación laboral moderna, social y sostenible en toda la UE, y las medidas anunciadas en la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo para el período 2007-2012 desempeñarán un importante papel en ello, al igual que el Libro Verde sobre el futuro de la legislación laboral que acaba de presentar la Comisión. De todos es sabido que la Estrategia para 2002-2006 tomó en consideración el carácter cambiante del trabajo y los nuevos riesgos que ello conlleva, a los que hace referencia, con toda razón, su Señoría en su pregunta. Estos riesgos serán debatidos pormenorizadamente en la futura estrategia de salud y seguridad en el trabajo y figurarán igualmente en las conclusiones del Consejo de Empleo del mes de mayo.

En los últimos años se ha adoptado toda una serie de Directivas sobre condiciones de trabajo, y su Señoría sin duda conoce, en relación con el tema concreto de la responsabilidad de la empresa por la salud y seguridad de sus trabajadores, la legislación comunitaria vigente en esta materia, que incluye la Directiva marco sobre la introducción de medidas para fomentar la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y las diecinueve Directivas que establecen obligaciones mínimas en ámbitos específicos de la protección en el trabajo. Tampoco debemos olvidar que la responsabilidad de aplicar esta legislación corresponde a los Estados miembros y que son ellos los únicos competentes para adoptar disposiciones en materia de indemnizaciones. La responsabilidad de aplicar la normativa corresponde a las empresas, y las autoridades nacionales competentes se encargan de que sea cumplida, mientras que la función de la Comisión consiste en velar por la plena transposición de las directivas a la legislación nacional, y está facultada para iniciar, en caso necesario, procedimientos por la infracción de los Tratados. Asimismo realiza un seguimiento de la aplicación práctica de las directivas, para lo cual recibe informes periódicos de los Estados miembros. Quisiera señalar que la Comisión acaba de presentar una nueva propuesta de Directiva sobre la simplificación y racionalización de los informes sobre las medidas prácticas adoptadas en este ámbito.

La Presidencia alemana colabora estrechamente con el Parlamento a fin de llegar lo antes posible a un acuerdo sobre esta propuesta.

En el contexto más amplio de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, el Consejo está ultimando la revisión anual de los distintos componentes que forman la Estrategia Europea de Empleo. Fue sobre la base de estos trabajos que el Consejo de Empleo de 22 de febrero de 2007 formuló una serie de importantes mensajes en los que se piden claramente mejoras estructurales del mercado de trabajo y una mayor cohesión social, mensajes que se transmitieron a la reunión de primavera del Consejo Europeo.

El Comité de Empleo y el Comité de Protección Social desempeñaron una parte activa en la formulación de estos mensajes, que establecen posiciones sobre temas tales como, por ejemplo, la modernización del derecho laboral y los niveles adecuados de protección social.

Por consiguiente puedo garantizar a su Señoría que el Consejo desempeña su papel bajo la Presidencia alemana para mantener y mejorar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores de la Unión Europea.

Teniendo en cuenta la reciente sentencia (12 de diciembre de 2006) del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Asunto T-228/02, Organización Mujahedin del Pueblo de Irán / Consejo de la Unión Europea), en la que se reconoce la exigencia de una mayor transparencia, el respeto del derecho de conocer los cargos en los que se basa la inclusión de una organización política en la «lista terrorista» de la UE, así como el derecho a la protección judicial, ¿piensa el Consejo respetar la legalidad democrática europea y aplicar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, procediendo a revisar el procedimiento seguido hasta ahora para definir como terroristas a determinadas organizaciones?

Actualmente, a casi seis años de la adopción de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo y de su inclusión en el ordenamiento comunitario mediante la Posición común del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, ¿es posible evaluar la eficacia del procedimiento de elaboración y revisión de la «lista terrorista» de la UE?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo está tomando las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, y ya ha dado los primeros pasos para mejorar sus procedimientos para elaborar la lista de personas y entidades implicadas en actividades terroristas que figura en el Reglamento 2580/2001. En la medida de lo posible, el Consejo intenta presentar una justificación a las personas o entidades cuyos activos deban congelarse y hacer los procedimientos más claros y transparentes, permitiendo así a las personas y organismos incluidos en la lista solicitar una revisión de su caso.

En relación con su Decisión de 21 de diciembre de 2006 relativa a la inclusión de determinadas personas y asociaciones en la lista de personas, asociaciones y entidades cuyos activos deben congelarse (Decisión 3006/1008/CE, DO L379, de 28 de diciembre de 2006), el Consejo ya ha presentado algunas justificaciones que se han transmitido a las personas y asociaciones interesadas. Asimismo, el Consejo también ha informado a estas personas y asociaciones sobre los procedimientos que pueden utilizar para dar a conocer sus observaciones.

De forma similar, el Consejo decidió el 30 de enero de 2007 dar cumplimiento a la resolución del Tribunal en el asunto PMOI y notificar a la MEK/PMOI su intención de incluirla en la lista de personas y entidades cuyos activos deben congelarse y justificar su decisión. El Consejo ha pedido a la MEK/PMOI que transmita sus comentarios y la documentación para sustentarlos en un plazo de un mes.

¿De qué modo se propone apoyar el Consejo Europeo a la República de Chipre, como Estado miembro de la UE que recibe amenazas de Turquía, incluso de índole bélica, amenazas que persiguen impedir que la República de Chipre proceda a materializar acuerdos intergubernamentales concluidos con Estados vecinos sobre la extracción del gas natural que puede haber bajo sus aguas territoriales y en su zona económica exclusiva?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo tiene conocimiento del asunto al que se refiere su Señoría, que está relacionado con las buenas relaciones de vecindad y la cuestión chipriota.

Por lo que respecta a las relaciones de buena vecindad, haré referencia a las conclusiones sobre este tema que el Consejo adoptó en su reuniones de Helsinki en 1999 y de Bruselas de 2004, en las que pedía que se asumiera un compromiso inequívoco con el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, lo que implica abstenerse de cualquier acto que pueda tener efectos adversos en la resolución pacífica de diferendos, posición que fue confirmada por las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 11 de diciembre de 2006.

En cuanto a la cuestión chipriota en general, quisiera repetir brevemente que el apoyo continuado por parte de Turquía para una solución global de la cuestión chipriota en el marco de Naciones Unidas y en armonía con los principios fundamentales de la UE, junto con los avances para normalizar las relaciones bilaterales entre Turquía y todos los Estados miembros, entre ellos la República de Chipre, se encuentran entre las exigencias cuya satisfacción servirá para valorar los avances en el proceso de adhesión.

Estas consideraciones forman parte igualmente del marco de negociación y se encuentran entre las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión revisada con Turquía que la UE plantea de forma sistemática en las reuniones con las autoridades turcas en el marco del Diálogo Político. Puedo asegurar a su Señoría que concedemos una gran importancia a estas consideraciones y que seguimos muy de cerca la evolución de la situación, ya que los avances en este frente influirán, entre otras cosas, en la continuación de las negociaciones de adhesión.

En marzo de 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia y España se reunieron en una cumbre informal para examinar la posibilidad de introducir un «contrato europeo de integración» o un «examen europeo» para los inmigrantes que desean convertirse en ciudadanos de un Estado miembro de la UE. Al parecer, dicho «contrato» tiene por objeto complementar los exámenes de ciudadanía ya existentes en los distintos Estados miembros de la UE. Los ministros acordaron que esta propuesta sería examinada por sus expertos nacionales.

¿En qué consiste este «contrato europeo de integración»? ¿Qué obligaciones se enumeran en este documento? ¿Qué estatuto tiene este documento? ¿Qué relación existe entre este contrato y los exámenes de ciudadanía existentes en los distintos Estados miembros de la UE? ¿No constituye la ley belga de naturalización, extremadamente flexible y que no exige ninguna obligación a los candidatos a ser ciudadanos, un problema para la introducción de este contrato?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Presidencia desea señalar que no tiene competencias para hacer declaraciones sobre las deliberaciones del denominado «G-6».

De hecho, la UE trabaja para conseguir una mayor cooperación en el ámbito de la política de integración. A pesar de que la adopción y aplicación de las estrategias nacionales de integración seguirán siendo en el futuro competencia de los Estados miembros, la UE seguirá apoyándolas, entre otras cosas, al estimular el intercambio de experiencias y buenas prácticas, pero en las deliberaciones a nivel comunitario no se ha mencionado hasta ahora la idea de un contrato de integración.

Por último, cabe señalar que el Consejo Europeo acordó en sus conclusiones de los días 14 y 15 de diciembre de 2006 que durante 2007 se promovería la integración y el diálogo intercultural, así como la lucha contra todo tipo de discriminación dentro de los Estados miembros y la UE, que se reforzaría la política de integración y que se alcanzaría un acuerdo sobre metas y estrategias comunes. En consecuencia, la Conferencia Ministerial sobre Integración que se celebrará en el mes de mayo de 2007 revestirá especial importancia.

En opinión del Consejo, ¿es concebible imponer en toda Europa la prohibición de fumar en bares y restaurantes?

¿Por qué avanzan tan lentamente las gestiones necesarias a este respecto?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En su Recomendación de 2 de diciembre de 2002, relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco⁽¹⁾, el Consejo señala que, en vista de los riesgos que representa el tabaco para los fumadores pasivos, los Estados miembros deben velar por la protección de los fumadores y no fumadores contra el humo de tabaco. En ella se recomienda que introduzcan en su legislación medidas eficaces para garantizar la protección contra el humo del tabaco en los lugares de trabajo, recintos cerrados, instalaciones públicas cerradas y el transporte público.

El objetivo del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud sobre el control del tabaco es proteger a las generaciones actuales y futuras contra el consumo de tabaco y evitar la contaminación del medio ambiente que provoca dicho consumo. La Comisión y todos los Estados miembros (excepto Italia y la República Checa) han ratificado este Convenio marco, que contempla para las partes contratantes la obligación vinculante de proteger a los seres humanos contra las molestias del humo del tabaco. En el artículo 8 del Convenio marco se establece que todas las partes contratantes deben adoptar medidas eficaces para proteger contra la inhalación involuntaria de humo de tabaco en los lugares de trabajo, recintos cerrados, transporte público, instalaciones públicas cerradas y, en caso necesario otros lugares públicos.

El 30 de enero de 2007, la Comisión adoptó un Libro Verde titulado «Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE». Con este Libro Verde pretende poner en marcha un amplio proceso de consulta (hasta el 1 de mayo de 2007) sobre la mejor manera de contener la inhalación involuntaria de humo de tabaco en la UE y prestar apoyo a las zonas libres de humo. La Presidencia ya ha destacado ante el Consejo la importancia de este Libro Verde. Se prevé que el Consejo (de Empleo y Asuntos Sociales) de 31 de mayo de 2007 incluya un intercambio de puntos de vista sobre el Libro Verde entre los Ministros.

En noviembre de 2006, la Comisión lanzó una iniciativa dirigida a reducir las obligaciones de las PYME ante las autoridades públicas en un 25%, de aquí al año 2012. En las últimas semanas, la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas se ha reunido con la Comisión con objeto de impulsar una reducción de las obligaciones de las PYME en materia estadística del orden del 30% en los próximos tres años, así como un plan de fijación de objetivos nacionales en relación con el exceso de prurito en la transposición de textos reglamentarios, conocido también como 'gold-plating'.

¿Cuentan estas propuestas con el beneplácito del Consejo? Si así fuera, ¿qué medidas específicas piensa promover durante la Presidencia alemana con objeto de respaldar a la Comisión en la ejecución de este urgente conjunto de reformas?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

El Consejo considera que la reducción de los gastos administrativos para las empresas y en particular para las PYME constituye una medida importante para reforzar la competitividad y el crecimiento económico en la UE. El 19 de febrero de 2007, el Consejo examinó el programa de acción de la Comisión para reducir los gastos administrativos, y llegó a la conclusión de que es necesario realizar un gran esfuerzo conjunto para lograr una reducción considerable de dichos gastos dentro de la UE. Se acordó lograr una reducción del 25 % de los gastos administrativos derivados de la aplicación de las normativas comunitarias de aquí a 2012, y que los Estados miembros deben fijarse ambiciosas metas internacionales para 2008; asimismo se pidió a la Comisión que pusiera en marcha su programa de acción con la ayuda de los Estados miembros sobre dicha base.

A fin de recalcar la importancia que concede a realizar avances en este ámbito, el Consejo decidió dar prioridad a las medidas inmediatas recomendadas en la Comunicación de la Comisión tan pronto como esta última presente las propuestas correspondientes.

La organización Amnistía Internacional informa de varios casos de personas que fueron detenidas y obligadas a abandonar Arabia Saudí, sin opción a interponer recursos legales o a recibir asistencia letrada, debido, al parecer, a su presunta o real vinculación con la Comunidad Ahmadiyya, que se define a sí misma como una secta del Islam. Parece claro que, estos hechos constituyen una violación manifiesta de la norma de no discriminación por motivos religiosos.

¿Ha adoptado el Consejo alguna medida con relación a esta situación, o está dispuesto a hacerlo?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo sigue con gran atención la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita. La UE recomienda a todos los terceros países con los que mantiene un diálogo político que ratifiquen todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos si todavía no lo han hecho.

La Unión Europea aboga firmemente por la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia, objetivo para el cual presentó una resolución en la 61ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que pide la abolición de todas las formas de intolerancia y discriminación por motivos de religión o creencias, cuya adopción por unanimidad da testimonio de la aplicabilidad universal de su contenido. Por ello, la Unión Europea pide a los países terceros que pongan en práctica los principios de esta resolución, que ha sido reconocida como un importante instrumento para proteger el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias.

¿Qué medidas se propone tomar el Consejo para hacer posible una participación eficaz de todos los Estados miembros en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y, en particular, en el mecanismo operativo de protección de las fronteras marítimas por Frontex?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El control y seguimiento de las fronteras externas es responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, los controles fronterizos se practican no solo en interés del Estado miembro interesado, sino en interés de todos aquellos Estados miembros que han suprimido los controles en las fronteras interiores. La creación de Frontex, la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, mediante el Reglamento 2007/2004/CE del Consejo⁽¹⁾ fue un paso importante para promover la solidaridad entre los Estados miembros a la hora de proteger las fronteras exteriores.

Frontex coordina la cooperación operativa de los Estados miembros y gestiona las operaciones conjuntas y proyectos piloto en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas.

A fin de ayudar a los Estados miembros cuyas fronteras se ven sometidas a una presión súbita y extraordinaria, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras. Esta propuesta está siendo examinada por el Consejo con el fin de intentar llegar a un acuerdo con el Parlamento en primera lectura.

Asimismo, los Estados miembros podrán contribuir a la protección de las fronteras exteriores mediante el suministro mutuo de equipos técnicos. Frontex está recopilando, sobre la base del artículo 7 del Reglamento 2007/2004/CE, un registro centralizado de los elementos de equipos técnicos (conocido como «caja de herramientas») que los Estados miembros están dispuestos a facilitar a otros Estados miembros. En la reunión del Consejo de 15 de febrero de 2007, Frontex presentó un inventario y se pidió a aquellos Estados miembros que aún no la hubieran hecho que hicieran una contribución activa a esta caja de herramientas, que deberá estar disponible para su uso a partir del verano de 2007.

Frontex ha llevado a cabo igualmente dos estudios de viabilidad (BORTEC y MEDSEA) sobre la protección de las fronteras marítimas en 2006, cuyo objetivo es la creación de un sistema europeo de seguimiento de las fronteras marítimas meridionales, a la que se ha dado prioridad con arreglo a las conclusiones de la Presidencia surgidas del Consejo Europeo de diciembre de 2006, y se le ha pedido que desarrollo la antes posible una red permanente de patrullas costeras en dichas fronteras. Actualmente, Frontex estudia la forma de crear esta red y de implicar en ella a los Estados miembros.

Con la adhesión de Rumanía y Bulgaria se ha modificado el trazado de las fronteras exteriores de la UE. ¿Qué contactos ha mantenido el Consejo con las autoridades de estos dos países sobre temas como la seguridad de las fronteras, el contrabando y la delincuencia organizada? ¿De qué manera puede asegurar la UE sus fronteras sin menoscabar el derecho a la libre circulación de sus ciudadanos?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

El Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras («Código de fronteras Schengen»), que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 15 de marzo de 2006 mediante el procedimiento de codecisión⁽¹⁾ regula los controles de las personas que atraviesan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. Este código es vinculante y aplicable en todos los Estados miembros, excepto Irlanda y el Reino Unido, desde su fecha de entrada en vigor, es decir, desde el 13 de octubre de 2006, así como en Bulgaria y Rumania desde la fecha de su adhesión a la UE.

Por consiguiente, las obligaciones que regulan la protección de las fronteras son idénticas y vinculantes para todos estos Estados miembros, a pesar de que, con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Acta de adhesión de 2003 y al apartado 2 del artículo 4 del Acta de adhesión de 2005, las disposiciones del acervo de Schengen constituido en la UE relativas a la abolición de los controles de personas en las fronteras interiores entre aquellos Estados miembros que accedieron en 2004 y 2007 a la Unión, aún no han entrado en vigor. Estas disposiciones se aplicarán en dichos Estados miembros sobre la base de una decisión que deberá adoptar el Consejo tras evaluar –mediante el procedimiento de evaluación de Schengen– si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo de Schengen y previa consulta al Parlamento Europeo.

Los controles en las fronteras interiores con Rumania y Bulgaria solo podrán suprimirse cuando el acervo de Schengen (Sistema de Información de Schengen II) haya sido transpuesto y, en particular, si las evaluaciones realizadas en estos Estados miembros resulta positiva.

Todos los Estados miembros, incluidas Rumania y Bulgaria, participan a todos los niveles del Consejo en los debates sobre la protección de las fronteras, el tráfico de seres humanos y la delincuencia organizada.

La protección de las fronteras y los controles fronterizos han sido –o están siendo– objeto de una evaluación en cada uno de los Estados miembros con el fin de determinar si cumplen los requisitos del acervo de Schengen y, por consiguiente, si es posible suprimir los controles de personas en las fronteras interiores. Las evaluaciones de Bulgaria y Rumania se realizarán tan pronto como estos países declaren que están listos para ello.

El Tratado de Niza dispone que, cuando el número de Estados miembros de la Unión Europea se eleve a 27, los miembros de la Comisión Europea serán designados según las modalidades de rotación igualitaria, que los Estados miembros serán tratados en estricto pie de igualdad en lo que respecta a la determinación del orden de turno y del período de permanencia de sus nacionales en la Comisión y que cada uno de los Colegios sucesivos estará constituido de manera que refleje satisfactoriamente la variedad demográfica y geográfica del conjunto de los Estados miembros de la Unión.

En el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa está previsto hacer referencia a estos principios.

El 3 de enero de 2007, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Günter Verheugen, declaró a la cadena de televisión alemana ZDF: «Un pequeño país miembro de la Unión Europea puede beneficiarse mejor delegando un representante en el gabinete de un miembro de la Comisión Europea en un ámbito importante - un Vicecomisario - que teniendo un Comisario encargado de un ámbito marginal.»

¿Cuál es la opinión del país que ocupa la Presidencia de la UE a propósito de la posición de su delegado, Vicepresidente de la Comisión Europea? ¿Refleja esta posición la del país que ocupa la Presidencia?

¿Cuáles son las propuestas previstas para el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en lo que respecta a la cuestión de la Comisión?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En respuesta a la primera pregunta de su Señoría, quisiera recordarle que por norma general el Consejo no hace comentarios sobre las declaraciones públicas de los Miembros de la Comisión.

En cuanto a la segunda pregunta de su Señoría, es necesario señalar que no sería correcto prejuzgar los resultados de la consulta en curso con los Estados miembros sobre el futuro del Tratado constitucional. Como sin duda sabe su Señoría, estas consultas servirán para redactar un informe que la Presidencia alemana presentará al Consejo Europeo durante el primer semestre de 2007. Una vez que el Consejo Europeo haya examinado este informe se adoptarán nuevas decisiones sobre la continuación del proceso de reforma.

La interpretación discrecional y desigual de las normas actuales relativas a los productos adquiridos libres de impuestos en los aeropuertos ha tenido como consecuencia una grave pérdida de confianza de los viajeros a la hora de adquirir productos legales. Esta aplicación desigual de las normas actuales ha dado lugar a la confiscación de miles de litros de productos en los últimos meses y los establecimientos de venta libre de impuestos de los aeropuertos están viendo cómo se produce una fuerte caída de las ventas tanto en la UE como en los terceros países.

¿Tiene conocimiento el Consejo de esta crisis que está afectando a todos los Estados miembros y a cientos de empresas de la Unión Europea? ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Consejo para resolver este problema?

Por otro lado, ¿considera la Presidenta en ejercicio que una barra de labios constituye un riesgo potencial para la seguridad? En caso afirmativo, ¿podría explicar la razón?

¿Tiene intención el Consejo de revisar las normas comunitarias de seguridad que están en vigor en los aeropuertos europeos? Estas normas están originando grandes perturbaciones porque a los pasajeros en tránsito que viajan a Europa se les confiscan todos los líquidos adquiridos en las tiendas de venta libre de impuestos.

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

Las medidas de seguridad a las que hace referencia su Señoría figuran en el Reglamento (CE) nº 1546/2006 de la Comisión, de 4 de octubre de 2006, que modifica el Reglamento (CE) nº 622/2003 por el que se establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes de seguridad aérea⁽¹⁾. La Comisión actuó sobre la base del Reglamento (CE) nº 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002⁽²⁾, que establece el marco legal para la seguridad aérea en la Comunidad, en vista de lo cual, la Presidencia pide a sus Señorías que dirijan sus preguntas a la Comisión, que se encuentra mejor preparada para responder a sus dudas. Se recuerda a sus Señorías que las medidas concretas que se mencionan en este Reglamento, incluyen ciertas restricciones en materia de líquidos y gels, que serán revisadas una vez transcurridos seis meses.

Reconociendo a la República de Yibuti un papel de estabilizador regional, de mediador, de transmisor de mensajes y de pacificador, el Comisario Michel, en una visita a Yibuti solicitó muy recientemente al Presidente Guelleh que profundizara de manera más regular las relaciones políticas entre Yibuti y la UE, que es, entre otras cosas, uno de los mayores donantes de ayuda al desarrollo. Si bien es cierto que la República de Yibuti representa un interés estratégico evidente, tanto desde el punto de vista regional como internacional, no por ello deja de tener un régimen presidencial autoritario. Tan solo unos días después de la visita del Comisario Michel a Yibuti, varios periodistas y representantes del partido de oposición Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD, Movimiento para la Renovación Democrática) eran objeto de detenciones arbitrarias denunciadas por Reporteros sin Fronteras, entre otras organizaciones. El trato reservado a los opositores por el poder establecido en Yibuti suscita dudas, sobre todo si se tiene en cuenta que para enero de 2008 están previstas elecciones legislativas.

¿Cómo piensa velar el Consejo por el respeto duradero de los derechos humanos en Yibuti? En este contexto, ¿tiene la intención de apoyar la organización de una misión europea de observación de las elecciones legislativas en 2008?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo tiene conocimiento de la reciente detención de miembros del Mouvement pour le renouveau démocratique (MRD) y de personal del semanario independiente Le Renouveau. El diálogo político periódico con Yibuti en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú es el marco adecuado en el que la UE puede plantear sus inquietudes sobre la situación de los derechos humanos en ese país –teniendo en cuenta que el objetivo acordado consiste en promover un entorno político estable y democrático– y formular preguntas acerca de la situación política en el país en términos más generales.

Del mismo modo, uno de los objetivos de la cooperación europea con Yibuti es promover la democracia local y una gobernanza estatal responsable por medio de la ayuda al desarrollo y el funcionamiento de instituciones descentralizadas que sirvan de pilares de la democracia.

En cuanto al posible envió de una misión de observación de las elecciones de la UE a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Yibuti en enero de 2008, los Grupos competentes del Consejo aún no han deliberado sobre las prioridades de las actividades de observación de elecciones de la UE en 2008.

¿De qué manera está fomentando el Consejo el uso de energías alternativas en los planes de transporte nacionales?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

El Consejo es plenamente consciente de la importancia que tienen las fuentes alternativas de energía en el sector del transporte, no solo desde la perspectiva de la sostenibilidad del abastecimiento, sino también de las medidas para contener el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tras el paquete en materia de energía y clima que la Comisión publicó el 10 de enero de 2007, el Consejo de Ministros de Energía señaló en sus conclusiones de 15 de febrero de 2007 que el objetivo mínimo vinculante que deberá alcanzarse en 2020 en todos los Estados miembros es un componente de 10 % de biocarburante dentro del consumo total de gasolina y gasóleo para fines de transporte. El Consejo Europeo confirmó este objetivo en su reunión de primavera. El Consejo de Ministros de Energía llegó a la conclusión de que el objetivo deberá ser vinculante a condición de que exista una producción sostenible, una disponibilidad comercial de biocarburantes de segunda generación y la modificación correspondiente de la Directiva sobre calidad de los carburantes que permita el uso de las mezclas adecuadas.

En sus conclusiones, el Consejo pretende establecer un marco coherente para las energías renovables basado en la futura propuesta de Directiva sobre el uso de todas las fuentes renovables de energía que la Comisión presentará en 2007, junto con una amplia y rápida aplicación de las medidas que figuran en las conclusiones del Consejo sobre el Plan de acción de la Comisión sobre la biomasa de junio de 2006, en particular en lo referente a los proyectos de demostración de biocarburantes de segunda generación.

El Consejo concede especial importancia a esta cuestión y examinará detenidamente la situación tan pronto como la Comisión haya presentado su propuesta. Asimismo espera que el Parlamento Europeo pueda darle el mismo apoyo a fin de facilitar la adopción de la propuesta.

A la vista de la próxima revisión de la Posición Común sobre Birmania/Myanmar, ¿podría indicar la Presidencia del Consejo si va a respaldar o no la renovación de la Posición Común y explicar las razones de su apoyo o de la falta del mismo? En caso de que la Presidencia respalde la renovación de la Posición Común, ¿estaría a favor de que se refuerce la misma para incluir, por ejemplo, el apoyo a la iniciativa de la OIT de elevar un caso contra el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) ante la Corte Internacional de Justicia y/o para aumentar el apoyo financiero y político de la UE a los grupos de la sociedad civil que trabajan dentro y fuera del país?

¿Tiene conocimiento la Presidencia del Consejo de que la Posición Común actual no hace ninguna mención de las nacionalidades étnicas, que suponen aproximadamente un 40% de la población ni incluye ninguna referencia al apoyo de la UE a un diálogo a tres bandas, que incluya al SPDC, a la Liga Nacional para la Democracia (LND) y a las nacionalidades étnicas, incluso a pesar de que tanto la LND como las nacionalidades étnicas han afirmado reiteradamente que esa es la única vía legítima para el cambio político en Birmania/Myanmar? ¿Se comprometería la Presidencia a presionar para que se incluya una mención del apoyo de la UE a un diálogo a tres bandas y un reconocimiento del papel clave de las nacionalidades étnicas en la Posición Común de la UE?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

Puesto que no se ha observado una evolución importante en este país, el Consejo tiene la intención de mantener la Posición Común en su versión actual, sin perjuicio de introducir algunos ajustes técnicos. La Presidencia considera que la Posición Común sigue siendo la combinación adecuada de medidas restrictivas selectivas y ayuda humanitaria para la población de uno de los países más pobres del mundo. Sobre la base de esta Posición Común, la UE manifiesta periódicamente sus inquietudes a los Gobiernos y organizaciones regionales capaces de influir sobre ese país y presiona para que se introduzcan cambios en Birmania/Myanmar. Como parte de este proceso se plantean periódicamente temas como las violaciones de los derechos humanos, los trabajos forzosos, la liberación de Daw Aung San Suu Kyi y otros presos políticos, así como la inexistencia de un proceso de transición amplio y auténtico hacia un régimen legítimo y democrático.

El Consejo apoya activamente los esfuerzos que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para plantear quejas sobre trabajos forzados en Birmania/Myanmar. A finales de febrero de este año, el Gobierno de dicho país llegó a un acuerdo con la OIT sobre la resolución de esas quejas.

La UE ya utiliza recursos comunitarios para prestar ayuda a los grupos activos de la sociedad civil, tanto dentro como fuera del país. El total de los recursos financieros destinados a programas en Birmania/Myanmar ha aumentado considerablemente, y la Comisión tiene la intención de incrementar estos recursos aún más a partir de 2007. Junto con las líneas presupuestarias geográficas se introducirá una serie de líneas presupuestarias temáticas, y la ayuda a la sociedad civil y a favor del respeto de los derechos humanos será parte integrante de ellas.

La UE ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno de Birmania/Myanmar que emprenda un amplio proceso de transición en el que deberán participar todas las fuerzas del país, incluyendo los distintos grupos étnicos. Además, la UE considera que la estabilización del país a largo plazo solo será posible si tiene lugar a través de la reconciliación nacional, que requiere la participación de todos los grupos étnicos del país.

En unas declaraciones efectuadas en el programa de noticias de la televisión sueca SVT Rapport el 8 de febrero de 2007, el antiguo Canciller Federal alemán y Presidente del Consejo de Administración de la empresa Nord Stream, Gerhard Schröder, ha afirmado que el Consejo ha decidido que los Estados miembros están obligados a facilitar y apoyar la construcción de redes transeuropeas. Schröder llegó a la conclusión de que el Consejo ha dado su apoyo al gaseoducto germano-ruso del mar Báltico. La decisión al respecto fue adoptada en el Consejo de Energía de 17 de junio de 2005. ¿Podría indicar el Consejo si comparte la opinión de Schröder y si ha dado su visto bueno a la construcción del gaseoducto germano-ruso a través del mar Báltico?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Cabe indicar al autor de la pregunta que el señor Gerhard Schröder no es Presidente del Consejo de Vigilancia de Nord Stream AG, sino Presidente de la Junta de Accionistas de dicha sociedad.

En cuanto a la primera pregunta, la Presidencia desea dejar claro que no hace comentarios sobre informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

En relación con la segunda pregunta, la Presidencia desea señalar que –como sin duda sabe su Señoría– la Decisión nº 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión 96/391/CE y la Decisión nº 1229/2003/CE⁽¹⁾hace referencia a un gasoducto entre Rusia y Alemania que atraviesa el Mar Báltico o «por vía marítima» en los siguientes pasajes:

en el Anexo I, «Ejes de proyectos prioritarios, incluidos los proyectos de interés europeo, definidos en los artículos 7 y 8», punto NG 1,

en el Anexo II, «Criterios complementarios para la identificación de los proyectos de interés común a que se refiere el artículo 6, apartado 2», punto 9 «Redes de gas»,

en el Anexo III, «Proyectos de interés común y especificaciones correspondientes, determinadas en la actualidad según los criterios indicados en el anexo II», punto 9 «Desarrollo de la capacidad de transporte de gas (gasoductos de suministro)», como el tercero de los proyectos ahí enumerados: «Gasoducto del norte de Europa: Rusia, Mar Báltico, Alemania».

Como sin duda sabe su Señoría, en el Anexo I de la Decisión, el Consejo y el Parlamento clasifican un «gasoducto del norte de Europa» como «proyecto de interés europeo», término que indica que estos proyectos reciben «máxima prioridad» (véase el octavo considerando).

En cuanto a las disposiciones concretas para este tipo de proyectos (por ejemplo, la opción de cofinanciación comunitaria, las obligaciones de los Estados miembros respecto a estos proyectos y la intervención de un coordinador europeo en caso de producirse graves retrasos o problemas en su ejecución), el Consejo remite a su Señoría al texto de la Decisión mencionada, que el Parlamento y el Consejo adoptaron mediante el procedimiento de codecisión.

Tras la insurrección de los Tuareg en Malí el 23 de mayo de 2006, el Gobierno de Malí y la Alianza democrática del 23 de mayo para el cambio firmaron el 4 de julio de 2006 un acuerdo para resolver el conflicto, conocido como el Acuerdo de Argel.

Dicho Acuerdo prevé la celebración de un Foro para el desarrollo del Norte de Malí, en la región de Kidal, con la participación de los Tuareg.

El Gobierno de Malí tiene la intención de organizar dicho Foro en marzo del presente año, pero sin la participación de los representantes de la Alianza democrática del 23 de mayo para el cambio.

Malí ha solicitado ayuda a la Unión Europea para la organización de este Foro. ¿Qué piensa hacer el Consejo para garantizar la participación de los Tuareg en el Foro y ayudar al desarrollo de la región de Kidal?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como señala su Señoría en su pregunta, el Foro para el desarrollo del Norte de Mali se celebrará el 23 de marzo de acuerdo con la información más reciente. Esta fecha es la última acordada tras los repetidos aplazamientos de este evento.

El 15 de febrero, las misiones diplomáticas de la UE recibieron cartas de la Alianza Democrática del 23 de Mayo para el Cambio en las que se planteaba la cuestión de la participación de esta organización en el Foro.

Los jefes de misión de la UE en Bamako evacuan actualmente consultas sobre esta cuestión y pedirán información más precisa al Gobierno de Mali.

¿En qué situación se encuentra este sistema que, según parece, está destinado a sustituir los intercambios de información en papel entre Gobiernos de los Estados miembros relativos a documentos auténticos y falsos?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en marzo de 2007.

Como sabe su Señoría, el Sistema Europeo de Archivo de Imágenes (FADO) fue creado por la Acción Común que el Consejo adoptó el 3 de diciembre de 1998⁽¹⁾.

Este sistema permite que los Estados miembros intercambien información informatizada en plazos muy breves sobre documentos genuinos y documentos que se han reconocido como falsos.

El sistema FADO ya ha entrado plenamente en servicio y utiliza el sistema informático instalado en la Secretaría del Consejo, tal como se prevé en el Anexo de la Acción Común antes mencionada, y funge como red de contacto con los servicios centrales competentes de los Estados miembros y entre dichos servicios.

A la vista de los resultados de las negociaciones a seis bandas celebradas en Pekín, ¿podría detallar el Consejo la forma en que ha participado la UE en el proceso e indicar si se examina la posibilidad de una visita por parte de la Troika?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en marzo de 2007.

La UE ha acogido favorablemente el acuerdo al que llegaron las Seis Partes en su última ronda de negociaciones, que terminó el 13 de febrero. Como se indicaba en la declaración que la Presidencia emitió el 14 de febrero, se espera que este acuerdo se aplique con celeridad y que las Seis Partes prosigan sus deliberaciones sobre todos los compromisos que figuran en su Declaración Conjunta de 19 de septiembre de 2005.

En esa declaración, la UE se comprometía igualmente a seguir prestando apoyo político a la paz y estabilidad en la Península de Corea y planteaba la posibilidad de enviar una misión de la Troika a Corea del Norte. Dicha misión ya ha tenido lugar del 6 al 8 de marzo.

El Consejo no ha respondido a mi pregunta H-0046/07⁽¹⁾ y me veo obligado a reiterarla, con el ruego de una respuesta clara y precisa: ¿Forma el islote de Imia, situado en el Egeo oriental, parte del territorio de la UE?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no tiene dada que agregar a la respuesta que dio a la pregunta H-0046/07 de su Señoría. Tan solo puede remitir a las posiciones que aparecen en las conclusiones del Consejo Europeo que su Señoría seguramente ya conoce.

El Tratado de Prüm prevé la recogida, archivo, uso e intercambio de datos personales de los ciudadanos (incluyendo las huellas dactilares y el ADN de los sospechosos) y autoriza la presencia y acción de los servicios especiales extranjeros en el territorio de los Estados miembros. Además, preconiza la acción conjunta de la policía y los servicios especiales de dos o más Estados miembros si se trata de un caso de importancia internacional.

¿Reconoce el Consejo que el uso de términos como «reunión de masas» o «acontecimientos de importancia similares» implican un proceso sin precedentes de persecución y acusación? ¿No le inquieta al Consejo que con la invocación de frases generales, como «situaciones de emergencia», «delitos terroristas», «protección del orden público», se dé vía libre a la intervención de la policía y otras autoridades represivas en los datos personales de los ciudadanos, y a la limitación de la libertad de expresión, sin que tengan que responder ante un órgano legal e independiente? ¿No le inquieta la legalización de la violación de los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos establecida mediante este Tratado en nombre de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, actividades que practican solo unos pocos?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Por las razones que se exponen a continuación, la Presidencia no puede estar de acuerdo con el punto de vista de su Señoría, si bien lo respeta. Los términos «reunión de masas» o «acontecimientos de importancia similares» mencionados en el artículo 18 del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular para luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, no dan lugar de modo alguno a un «proceso sin precedentes de persecución y acusación» ni lo facilita. El Consejo desea señalar a su Señoría que el artículo 18 de la citada Decisión del Consejo no hace sino obligar a las autoridades competentes de los Estados miembros a prestarse asistencia mutua en caso de «reuniones de masas, acontecimientos de importancia similares y catástrofes graves», asistencia que adoptará la forma de las medidas indicadas en esta disposición. Sin embargo, el artículo 18 no constituye una base legal para adoptar medidas de vigilancia no existentes hasta entonces.

Por lo que respecta a los delitos de terrorismo, las obligaciones contempladas en el artículo 16 del proyecto de Decisión del Consejo se limitan al intercambio de información cuando «exista una sospecha justificada, basada en determinados hechos, de que las personas en cuestión puedan cometer delitos como los mencionados en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo. En esta Directiva tampoco se imponen obligaciones de vigilancia o investigación ulterior y la única obligación contemplada se limita a la cooperación.

Los temores de su Señoría de que la policía y las autoridades de orden público interfieran en los asuntos privados de los ciudadanos y, por ende, que la libertad de opinión se vea limitada sin que dichas autoridades deban rendir cuentas de sus acciones ante un órgano democrático de control son infundados. El mantenimiento del orden público siempre ha sido una de las principales funciones de los servicios de policía de los Estados miembros, y dicha función no se desprende del proyecto de esta Decisión del Consejo. Todas las medidas que adoptan las fuerzas de policía en virtud de este proyecto serán controladas por las autoridades encargadas de la supervisión de la policía de conformidad con la legislación adoptada por los Estados miembros. En cuanto a la protección de datos, el proyecto de Decisión del Consejo contempla disposiciones sumamente estrictas al respecto en los artículos 24 a 32, que son aplicables a toda la información transmitida en virtud de esta Decisión.

Nos preocupa que Nigeria pretenda aprobar una ley bautizada como «Ley por la que se establecen disposiciones para la prohibición de relaciones entre personas del mismo sexo y de celebración de matrimonios entre las mismas, y para la regulación de otros asuntos conexos». Esta ley penalizaría efectivamente al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales nigerianos, y entendemos que está motivada por el miedo y el odio más que por el buen sentido jurídico. Vulnera claramente la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como los artículos 1 y 8 del Acuerdo de Cotonú. El primero de estos artículos aboga por «el respeto de los derechos del individuo», mientras que el segundo exige un diálogo político en el que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y la buena gestión de los asuntos públicos son condición esencial para la validez del acuerdo.

¿Piensa el Consejo plantear la cuestión de esta ley en sus negociaciones con el Gobierno nigeriano? ¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el Consejo para garantizar que la UE deje clara a Nigeria su posición en materia de derechos humanos? ¿Piensa reiterar el Consejo el compromiso de la UE con la despenalización de las relaciones homosexuales, en consonancia con las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Qué acciones piensa adoptar el Consejo para hacer cumplir los artículos 1 y 8 del Acuerdo de Cotonú en caso de que el proceso de aprobación de la citada ley siga su curso?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en marzo de 2007.

El proyecto legislativo relativo a las relaciones entre personas del mismo sexo fue objeto de deliberaciones entre la UE y las autoridades nigerianas. Los jefes de misión de la UE siguen muy de cerca la evolución de la situación desde 2006 y deliberan sobre ellas con las organizaciones de la sociedad civil nigeriana que se oponen a este proyecto de ley.

La UE apuntó que esta ley, de ser adoptada, constituiría una violación de los derechos humanos universales, como señala acertadamente su Señoría.

Además de los esfuerzos realizados por los jefes de misión de la UE, el senador nigeriano que preside la comisión competente (Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos) ha acordado revisar el proyecto e intentar hacerlo aceptable a nivel internacional y compatible con la Constitución de su país.

Las deliberaciones sobre el proyecto de ley aún continúan, y es poco probable su adopción durante la actual legislatura en vista de las inminentes elecciones parlamentarias y presidenciales. La UE proseguirá el estrecho seguimiento de esta situación cuando se instale el nuevo Parlamento.

Recientemente, en sus conclusiones del 20 de febrero, el Consejo ha insistido en su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático. Asimismo, el Consejo ha acogido favorablemente la propuesta de la Comisión de incorporar al sistema de comercio de emisiones de la UE las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación civil. Con todo, la directiva en estudio no entraría en vigor hasta 2011.

Las consultas a las partes interesadas por parte de la Comisión pusieron de manifiesto que las tasas de navegación aérea sobre las emisiones e impacto medioambiental de los aviones se consideran como el segundo instrumento más eficaz para reducir el impacto de la aviación sobre el cambio climático.

Si bien las compañías aéreas y los operadores aeroportuarios podrían recelar de un sistema obligatorio (puesto que encarecería los precios para los pasajeros), un sistema basado en aportaciones voluntarias, por el contrario, evitaría esta preocupación. Estas aportaciones supondrían apenas entre un 2 y un 5 % del precio del billete. Los ingresos obtenidos se destinarían a proyectos de reforestación o de energías renovables en los países en desarrollo.

¿Tiene el Consejo intención de adherirse a un sistema voluntario que incluya una opción de compensación en los procedimientos de reserva de billetes de manera que sus funcionarios puedan asumir sus responsabilidades y abonar una compensación por las emisiones correspondientes a sus vuelos?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como deja en evidencia la pregunta de su Señoría, la Comisión ha puesto en marcha un debate acerca de si los esfuerzos para resolver los problemas que plantea el cambio climático deben financiarse mediante contribuciones voluntarias u obligatorias. En caso de que la Comisión presente esta cuestión ante el Consejo, como resultado de la evolución de este debate, el Consejo no dejará de prestar a este problema la atención que merece. Si al término de dicho examen, el Consejo actúa según la propuesta de la Comisión y, tras consultar al Parlamento Europeo, adopta un acto legislativo, sin duda procurará adoptar las medidas necesarias para facilitar su aplicación por parte de las instituciones europeas. En estos momentos, el Consejo no está en condiciones de predecir el contenido o ámbito de aplicación de dicha legislación.

Asimismo remite a su Señoría a las disposiciones vigentes relativas al presupuesto del Parlamento Europeo y al del Consejo, respectivamente.

Durante los últimos meses se observa en diversas islas griegas del Egeo oriental un aumento inquietante de las oleadas de inmigrantes ilegales procedentes de Turquía. En 2006, el 20 % de los inmigrantes ilegales detenidos procedía (frente al 15,5 % en 2004 y el 11,9 % en 2005).

Entre Grecia y Turquía rige desde abril de 2002 un acuerdo de readmisión, y desde entonces las autoridades griegas han presentado a Turquía solicitudes relativas a 22 945 inmigrantes ilegales detenidos, de los que solo 1 419 fueron repatriados. En el informe de noviembre de 2006 sobre los progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión, la Comisión señala, en el capítulo 24 de las negociaciones (Justicia, Libertad y Seguridad), que el país candidato registra escasos avances en la lucha contra la inmigración ilegal y que deben realizarse esfuerzos enormes para lograr la armonización con el acervo comunitario. ¿Se propone el Consejo emprender iniciativas para acelerar las reformas necesarias y su correcta aplicación en este ámbito concreto por parte del país candidato? Se plantea un problema importante también en lo que concierne a los gastos de transporte de los inmigrantes ilegales.

¿Piensa el Consejo que la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la Unión Europea podría, con arreglo al artículo 9 (Cooperación en materia de retorno) del Reglamento (CE) n° 2007/2004⁽¹⁾ del Consejo, por el que se creó, utilizar fondos comunitarios para hacer frente a los problemas en cuestión?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

No cabe duda alguna de que el Consejo concede gran importancia a los esfuerzos que hace Turquía, en su calidad de país candidato, para luchar contra la inmigración ilegal, y es por ello que esta consideración se incluyó en las prioridades a corto plazo de la asociación revisada para la adhesión que el Consejo adoptó el 23 de enero, en cuyo contexto se hace referencia explícita a la obligación de celebrar sin demora un acuerdo de readmisión. Esta cuestión fue abordada igualmente en el informe de examen sobre el capítulo 24 de las negociaciones (Justicia, Libertad y Seguridad), que el Consejo estudia actualmente. La Comunidad ha declarado en repetidas ocasiones que estas negociaciones deben llegar rápidamente a su término, extremo que sigue expresándose claramente a todos los niveles, en particular en los foros creados por el acuerdo de asociación.

Con arreglo al artículo 9 del Reglamento del Consejo de 26 de octubre de 2004 por el que se crea la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea⁽²⁾, la Agencia presta la asistencia necesaria para organizar operaciones conjuntas de repatriación entre los Estados miembros. Con arreglo a este artículo, la Agencia puede igualmente emplear los fondos comunitarios asignados para dichas repatriaciones. Por ello, la Presidencia considera que la Agencia puede utilizar los fondos comunitarios destinados a la repatriación –con arreglo a la política de repatriaciones de la Comunidad– para contribuir a las operaciones conjuntas de repatriación de los Estados miembros. Cabe señalar que esta contribución solo es aplicable a las operaciones conjuntas de repatriación de inmigrantes ilegales.

El Consejo debate actualmente la cuestión de la participación y función de Frontex en la organización de operaciones conjuntas de repatriación por transporte aéreo. Asimismo ha sido objeto de las conclusiones del Consejo sobre la mejora de la cooperación en las operaciones conjuntas de repatriación por transporte aéreo adoptadas el 27 de abril de 2006.

Las autoridades judiciales de Rumanía han absuelto al «Primer Ministro Ion Antonescu», líder del partido fascista «Guardia de Hierro» y colaborador de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial, y a otros 19 miembros de su «Gobierno» de la acusación de crímenes de guerra. Anulando la sentencia condenatoria dictada tras la liberación de Rumanía en 1944, el tribunal concede bula de indulgencia por la invasión de la URSS al lado de la Alemania de Hitler y los crímenes contra la Humanidad de los nazis. Esta sentencia constituye una provocación para millones de muertos y cuantos en todo el mundo resistieron y combatieron con todas sus fuerzas contra el fascismo. Es una provocación para el pueblo rumano, que, antes y después del derrocamiento de Antonescu, entregó mucho a la lucha antifascista y a los combates por la democracia y la paz. Por otra parte, socava acuerdos internacionales fundamentales y provoca graves riesgos para las libertades democráticas.

¿Cuál es la posición del Consejo ante esta sentencia antidemocrática y reaccionaria?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha debatido esta cuestión.

El Consejo desea señalar que el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece lo siguiente: «la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros».

El Gobierno de Uganda lleva algún tiempo dialogando con el Ejército de Resistencia del Señor (ERS), un movimiento que desde hace años siembra el terror en el norte de Uganda y comete gravísimos abusos contra los niños.

El 26 de agosto de 2006, ambas partes firmaron un alto el fuego que expirará a finales de febrero. El ERS no ha aparecido en los lugares de reunión convenidos y se está desplazando hacia la República Centroafricana. La Corte Penal Internacional ha dictado una orden internacional de detención contra el dirigente del ERS Kony y otros 4 comandantes.

¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para incitar a los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de la República Centroafricana a detener a los dirigentes del ERS?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En sus conclusiones de 15 de mayo de 2006, el Consejo señalaba la urgente necesidad de detener y juzgar a los comandantes del «Ejercito de Resistencia del Señor» (Lord's Resistance Army - LRA) ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que respondan a las acusaciones que se les imputan. Pedía tanto al Gobierno de Uganda como a sus países vecinos que actúen conjuntamente para dar cumplimiento a las órdenes de detención.

El Consejo sigue igualmente con gran atención el proceso de paz entre el LRA y el Gobierno de Uganda, proceso que apoya firmemente. Ha invitado a las partes en dicho proceso a que continúen trabajando para alcanzar un acuerdo de paz sostenible que establezca la paz y la justicia, y sea compatible con el derecho nacional e internacional, incluyendo el Estatuto de Roma del TPI. Asimismo, el Consejo ha instado firmemente a todos los representantes de intereses regionales a que asuman una posición favorable al proceso de paz.

En diciembre de 2005 el Consejo propuso el inicio de negociaciones provisionales con Macedonia, es decir, la ARYM. ¿La adhesión de Rumanía y Bulgaria, el 1 de enero de 2007, no modifica la posición del Consejo en cuanto al calendario y ritmo de negociaciones con Skopje?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Con la adhesión de Bulgaria y Rumania ha concluido la quinta ronda de ampliación. El Consejo Europeo de diciembre de 2006 reiteró que la UE respetará los compromisos que ha asumido con Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía en materia de adhesión. Asimismo el Consejo Europeo dejo claro que la velocidad del proceso de adhesión dependerá de los resultados de las reformas en cada país con el que se celebren negociaciones, y que cada uno de ellos será valorado individualmente. La Unión Europea indicó una vez más a los Estados de los Balcanes Occidentales que el avance de cada uno de ellos en el camino hacia la Unión Europea dependerá de los esfuerzos que consientan para cumplir los criterios de Copenhague y las condiciones contempladas en el Proceso de estabilización y asociación.

Resulta evidente que estos principios generales se aplican igualmente a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El Consejo Europeo de diciembre de 2005 otorgó la condición de candidato a este país para reconocer los grandes avances en la aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación. A pesar de que la Antigua República Yugoslava de Macedonia continúa haciendo avances, es necesario decir –como señala la Comisión en su último informe de progreso de noviembre de 2006– que lo ha hecho a un ritmo más lento. Es necesario que ahora aborde con gran rapidez los ámbitos que aún quedan pendientes, entre los cuales se encuentran las prioridades de la asociación europea y la aplicación ulterior del acuerdo mencionado. El Gobierno tiene que hacer frente a grandes retos, en particular en lo relativo a la reforma de la policía y el sistema de justicia, y la lucha contra la corrupción. Así pues, el ritmo del proceso de adhesión depende ante todo de los esfuerzos y realizaciones de la propia Antigua República Yugoslava de Macedonia, que se examinarán en el próximo informe de progreso de la Comisión. La Unión continuará apoyando activamente los esfuerzos de este país para alcanzar dicho objetivo.

En los últimos días han aparecido en los medios de comunicación nacionales e internacionales informaciones según las cuales se han diseñado planes de ataque contra Irán.

En dichas noticias se informa de que los Estados Unidos han elaborado un plan detallado de ataque aéreo contra las instalaciones nucleares y de otro tipo de Irán. Asimismo, se observa una intensa actividad de la aviación de guerra de Israel prácticamente en el mismo escenario.

¿Han informado los Estados Unidos al Consejo de estos planes? ¿Han pedido los Estados Unidos ayuda o facilidades a Estados miembros de la UE? ¿Cuál es la posición del Consejo?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo Europeo sigue apoyando los esfuerzos destinados a encontrar una solución negociada a largo plazo al problema de las instalaciones nucleares de Irán. Tras la presentación del informe del Director General de la OIEA al Consejo de Seguridad el 22 de febrero, el Consejo celebró el 5 de marzo un intercambio de puntos de vista sobre la cuestión nuclear iraní. La posición del Consejo a este respecto puede resumirse diciendo que la UE mantiene un doble planteamiento hacia Irán. La UE aplica las medidas mencionadas en la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que van dirigidas contra las partes más vulnerables del programa nuclear y balístico de Irán. Al mismo tiempo, el Consejo seguirá contribuyendo a los esfuerzos para lograr una solución negociada a largo plazo que allane el camino para el establecimiento de una nueva relación con Irán basada en el respeto mutuo y la extensión de la cooperación. A este respecto, el Consejo recuerda las propuestas de gran alcance que el Alto Representante de la UE presentó a Irán el 6 de junio de 2006.

A lo largo de los últimos años, los Estados Unidos se han convertido en un importante productor de biocarburantes. Al otro lado del Atlántico han surgido miles de estaciones de servicio que ofrecen biocarburantes, habiéndose fabricado ya millones de motores que consumen biocarburantes.

En Europa prosigue el proceso de urbanización, con lo que se agravan los problemas relacionados con el transporte. Para abordar tal desafío es necesario investigar, aplicar rápidamente las nuevas tecnologías y prever transportes colectivos respetuosos con el medio ambiente.

Europa destina una gran parte de su energía eléctrica a la iluminación. Se considera que mediante la investigación sería posible idear nuevos sistemas de iluminación más potentes y menos costosos, que podrían utilizarse rápidamente.

No obstante, la sociedad europea considera que transcurre mucho tiempo antes de que esos trabajos tengan éxito.

¿Qué medidas proyecta adoptar el Consejo para acelerar la difusión y aplicación de la investigación en este ámbito?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Como sin duda sabe su Señoría, el Parlamento y el Consejo adoptaron hace poco la Decisión 1982/2006/CE⁽¹⁾relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)⁽²⁾.y la Decisión 1639/2006/CE sobre la creación de un Programa marco para la innovación y la competitividad.

Estos dos programas representan las principales medidas destinadas a su aplicación en todos aquellos sectores en los que son necesarias para reducir las diferencias entre la Unión Europea y sus principales competidores del mercado mundial mediante una mayor adopción de los resultados de la investigación y la innovación por parte de la industria, por las personas que ocupan cargos de responsabilidad en la política y la sociedad, y mediante una mayor celeridad a la hora de ponerlos en uso. La intención es que estos programas sirvan para conseguir uno de los objetivos más importantes de la UE, a saber, incrementar el potencial de crecimiento económico y la competitividad de Europa por medio de inversiones en conocimientos, innovación y capital humano.

Si bien estos programas son distintos entre sí, no tienen un carácter exclusivo. Se prevé que tendrán por resultado una mayor coherencia y complementariedad, y sinergias con diversas medidas promocionales ya en curso, y no solo a escala comunitaria, sino también dentro de los Estados miembros, terceros países y como parte de iniciativas intergubernamentales, como las intervenciones de los Fondos estructurales, los programas COST, EUREKA, etc.

A nivel comunitario, la energía es uno de los diez ámbitos temáticos prioritarios del programa específico «Cooperación»⁽³⁾, que forma parte del Séptimo Programa marco.

Las medidas del programa «Energía inteligente — Europa»⁽⁴⁾ son financiadas directamente por el Programa marco para la competitividad y la innovación.

Por lo que hace a las observaciones concretas de la pregunta relativas a los requisitos energéticos de la UE, se remite a su Señoría a las Conclusiones del Consejo tituladas «Una política energética para Europa» de 15 de febrero de 2007⁽⁵⁾, al Plan de acción por prioridades para una política energética para Europa que el Consejo Europeo adoptó en su reunión de los días 8 y 9 de marzo de 2007 y al denominado paquete de energía, que la Comisión adoptó el 10 de enero de 2007⁽⁶⁾.

Sumándose al inadmisible boicot a la Autoridad Palestina decretado por los Gobiernos de Israel y de los Estados Unidos tras las elecciones palestinas de enero de 2006, la UE también suspendió su ayuda financiera. Este boicot representa de hecho «un castigo» para el pueblo palestino, pues contribuye a agudizar la ya de por sí grave situación humanitaria en que se encuentra el pueblo palestino y a impedir el funcionamiento regular de las instituciones públicas palestinas, especialmente de su administración pública. No deja de resultar incomprensible que, hasta el momento, la UE imponga como condiciones para restablecer relaciones con la Autoridad Palestina , incluyendo la reanudación de la ayuda financiera, el «compromiso con la no violencia» —cuando Israel ocupa militarmente territorios palestinos y reprime a la población palestina—, el «reconocimiento de Israel» —cuando, de hecho, es Israel el que no reconoce el derecho del pueblo palestino a un Estado soberano e independiente— y el «respeto de los acuerdos y obligaciones anteriores, incluyendo la Hoja de Ruta» —cuando es Israel el que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Oslo y la propia Hoja de Ruta, y, entre otros inaceptables ejemplos, prosigue la construcción del muro ilegal y su política de asentamientos en los territorios palestinos.

¿Puede indicar el Consejo cuándo se restablecerán plenamente relaciones con la Autoridad Palestina y se reanudará la ayuda financiera?

Un informe de las Naciones Unidas sobre Cisjordania y la franja de Gaza pone de manifiesto la situación de indigencia de los habitantes de la región debido a las hostilidades y al boicot contra las autoridades palestinas. De acuerdo con los datos de este informe, alrededor del 46 % de los hogares no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación y la razón que se aduce para esta situación es «el acceso limitado a los alimentos debido a la situación política».

¿Piensa el Consejo levantar la prohibición de financiación a la Autoridad Palestina y pedir a la comunidad internacional que ponga fin a este boicot inaceptable?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En su pregunta, sus Señorías se refieren a la ayuda a los palestinos.

La UE y sus socios del Cuarteto de Oriente Próximo felicitaron al pueblo palestino por su proceso electoral, que tuvo como resultado la celebración de elecciones libres, equitativas y seguras al Consejo Legislativo el 25 de enero de 2006. Fue en relación con los resultados de estas elecciones que el Alto Representante, señor Solana, subrayó ante el Parlamento Europeo el 5 de abril de 2006 que la UE no tenía interés alguno en que fracasara el Gobierno de Hamas. En sus conclusiones del 12 de febrero de 2007, el Consejo se felicitó por el acuerdo alcanzado el 8 de febrero en La Meca para la formación de un Gobierno palestino de unidad nacional. La UE está dispuesta a colaborar con un Gobierno palestino legítimo unido en torno a una plataforma que corresponda a los principios del Cuarteto, a saber, la renuncia a la violencia, el reconocimiento del derecho a existir de Israel y la aceptación de los acuerdos y compromisos anteriores.

Asimismo, la UE subrayaba su compromiso de continuar prestando la ayuda necesaria para satisfacer las necesidades básicas de la población palestina, cuyo valor total se elevó en 2006 a más de 650 millones de euros, y se ocupó igualmente de divulgar estos esfuerzos entre dicha población.

La UE continúa trabajando para alcanzar una solución negociada al conflicto palestino-israelí que tenga por resultado la coexistencia de dos Estados democráticos, uno al lado del otro, en paz y seguridad. Como siempre, el Consejo está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr este objetivo.

El proceso de Bolonia así como el protocolo firmado en la ciudad noruega de Bergen acerca del reconocimiento de los diplomas de estudios de las universidades europeas preveían que los Estados miembros deben elaborar una "lista" de universidades cuyos diplomas no se reconocen sin más trámites. Dichas listas no se han elaborado aún, por lo que se presentan una multitud de peticiones al Parlamento Europeo y los ciudadanos se inquietan por el futuro de sus hijos. ¿Puede indicar el Consejo qué está previsto en el plano comunitario y qué medidas deben tomar los Estados miembros para ajustarse a las exigencias de la Unión Europea? ¿Está previsto que el Consejo proponga medidas adicionales con respecto a esta cuestión?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones de marzo de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Según la información de que dispone el Consejo, ni en el comunicado de prensa publicado al final de la Conferencia de Bergen de 2005 al que se refiere su Señoría ni en el Proceso de Bolonia en general no se hace referencia a la recopilación de una especie de «lista» de universidades cuyos títulos no son reconocidos. No obstante, el comunicado de prensa recoge una exigencia de los Ministros para que se ratifique el Acuerdo de Lisboa sobre reconocimiento de títulos y un llamamiento a los países participantes para que no solo se delibere sobre los problemas de reconocimiento observados por las redes ENRIC/NARIC, sino también para que se elaboren planes nacionales de acción destinados a mejorar los procedimientos para el reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en el extranjero.

El Consejo recuerda que –con la salvedad de algunas profesiones reguladas– el Tratado vigente no contempla normativas comunitarias para el reconocimiento mutuo de títulos, aunque uno de los objetivos de las acciones de la Comunidad, con arreglo al artículo 149 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, consiste en promover el reconocimiento de los títulos académicos y períodos de estudio, y, a tal fin, se ha creado una red de centros de información bajo la égida de la Comisión con el fin de ofrecer información y asesoramiento sobre el carácter y valor de las calificaciones académicas y profesionales obtenidas en los Estados miembros.

Por último, en relación con las acciones que se llevarán a cabo en este ámbito, el Consejo desea puntualizar que ya se ha pronunciado sobre sus aspectos generales en respuesta a la propuesta de la Comisión para crear un marco europeo de calificaciones, y se encuentra a la espera del dictamen del Parlamento sobre esta cuestión. Si bien este marco no es vinculante, se espera que una vez establecido constituirá una contribución significativa para promover el reconocimiento de las calificaciones de tipo más diverso, independientemente de su nivel y del país europeo en que se hayan adquirido.

¿Tiene el Consejo intención de revisar las normas, sumamente estrictas, que deben cumplir los agricultores irlandeses y europeos para percibir el pago único anual?

¿Es consciente el Consejo de que el sistema de inspecciones sin previo aviso está generando un notable grado de descontento entre los colectivos agrarios, y en particular entre los pequeños y medianos agricultores?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

El Consejo conoce perfectamente los problemas que plantea la aplicación de las normas de condicionalidad para los agricultores, entre otros países, en Irlanda. Los Ministros han abordado frecuentemente esta cuestión en el seno del Consejo.

Una revisión de la aplicación en la práctica de estas disposiciones constituye una de las prioridades de la Presidencia, que la considera parte de una política para promocionar las reformas destinadas a simplificar y reducir los trámites administrativos.

El Consejo está a la espera de que la Comisión le presente un informe sobre la aplicación de las normas que regulan la condicionalidad y debatirá exhaustivamente este informe para llegar un acuerdo sobre sus conclusiones.

El Consejo examinará detenidamente cualquier propuesta que le presente la Comisión a este respecto.

¿Podría indicar el Consejo cuáles son los progresos realizados hasta la fecha en Europa por lo que se refiere a la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa y cuáles son los principales escollos existentes para completar el proceso de Lisboa?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de Preguntas al Consejo del período parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de marzo de 2007.

El Consejo acogió con satisfacción el informe anual que la Comisión presentó el 12 de diciembre de 2006 sobre los avances realizados en la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y comparte en general sus puntos de vista. Los Estados miembros y la Comisión han realizado un inicio muy prometedor a la hora aplicar los programas nacionales de reforma y el Programa comunitario de Lisboa. Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros queda aún sin duda mucho por hacer para ampliar estas medidas, por ejemplo, en lo relativo a la sostenibililidad a largo plazo de las finanzas públicas, la capacidad de adaptación del mercado laboral, la política de I+D y de innovación, el desarrollo del potencial de las empresas, en particular las PYME, la mejora de la eficiencia de los mercados energéticos y de la competencia, en particular en el sector de Internet y de los servicios. El Programa Comunitario de Lisboa reviste especial importancia a escala europea para que Europa sea más competitiva, junto con las medidas para legislar mejor, como indica el Consejo en sus conclusiones, que incluyen el ambicioso objetivo de reducir los gastos administrativos que implica la aplicación de la normativa comunitaria.

En el caso de los billetes de avión no se admiten, en general, cambios de titularidad, y cuando se aceptan, suele ser a cambio de una fuerte penalización pecuniaria. Por consiguiente, las compañías aéreas ganan mucho dinero con los billetes que se compran y no se utilizan. Distinto es el caso de los billetes de tren, incluso en viajes internacionales, como Eurostar, que no son nominales y pueden ser transferidos a otra persona.

¿Cree la Comisión que las compañías aéreas deberían reconocer que esa práctica es, en el fondo, atípica, y que deberían permitir que sea más fácil y menos oneroso transferir un billete de avión a otra persona?

(FR) No existen normas específicas de Derecho comunitario o pertenecientes a convenios internacionales que regulen esta cuestión. La norma que prohíbe la transferencia de billetes de una persona a otra es una mera práctica comercial introducida por la mayoría de las líneas aéreas. Entre los motivos para ello se incluye el de evitar posibles casos de arbitraje, como cuando una agencia de viajes compra plazas a bajo precio meses antes de que comience el viaje para luego venderlas a los consumidores a un precio más elevado justo antes de la salida.

Sin embargo, podría parecer que la práctica permite además a las compañías aéreas tratar toda la información sobre pasajeros que reciben. Su labor se ve facilitada por el hecho de que conocen los datos por adelantado, de manera que no es necesario introducirlos en el sistema manualmente en el último minuto – lo cual podría ocasionar retrasos en la facturación. Aunque sería solo una minoría de los pasajeros la que resultaría afectada, no hay duda de que la transferencia a última hora de los billetes daría lugar a problemas en el caso de los vuelos realizados en aviones de fuselaje ancho con capacidad para cientos de pasajeros.

Ninguna compañía aérea tiene la obligación de transferir los billetes, aunque algunas lo hacen en determinadas circunstancias (incluso a través de Internet) –servicio por el cual se suele cobrar una pequeña cantidad.

Dadas estas circunstancias, no está claro el modo en que la existencia de una legislación que regulara este punto concreto podría favorecer necesariamente a los consumidores y a la industria aeronáutica.

Los pasajeros deben informarse bien sobre las condiciones vinculadas a los billetes que compran. En este sentido, a la Comisión le preocupa en particular que la información ofrecida a los pasajeros sea lo más clara posible y que este requisito de claridad se plasme en la legislación comunitaria.

Las autoridades regionales de Bélgica están examinando la posibilidad de introducir una viñeta de circulación. Se trataría de un impuesto sobre la utilización de la red de carreteras de Bélgica. Los estudios realizados muestran que prácticamente 4 millones de vehículos extranjeros utilizan las carreteras belgas cada año y que están registrados aproximadamente 5 millones de automóviles belgas. Por consiguiente, la contribución de los extranjeros (europeos en su mayoría) a este impuesto de circulación será tan importante como la contribución de los propios ciudadanos belgas.

¿Han comunicado los Gobiernos regionales de Bélgica a la Comisión la posible introducción de esta viñeta de circulación para 2009? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿No constituye esta introducción unilateral una infracción de la libre circulación de personas y mercancías? ¿No existe en este caso una situación de trato desigual entre los ciudadanos de la UE, dado que la introducción de la viñeta iría acompañada de una reducción de los impuestos de circulación en Bélgica?

(FR) Las autoridades belgas aún no han presentado a la Comisión el plan para la introducción de una viñeta de circulación en Bélgica. Por lo tanto, la Comisión no puede expresar en este momento una opinión sobre las medidas que se implementarán al respecto.

Si bien, asegura que estudiará con detenimiento su compatibilidad con la normativa comunitaria aplicable en caso de que dicho plan le sea remitido.

Actualmente no existen recursos suficientes para ejecutar todos los proyectos de RTE-T, por lo que los Estados miembros de la UE ejecutan en primer lugar los proyectos nacionales y no los proyectos de importancia europea, cuya ejecución queda así paralizada.

Todos los Estados miembros de la UE han establecido de común acuerdo prioridades con objeto de garantizar el pleno funcionamiento del libre mercado en toda la UE. Por consiguiente, debería prestarse especial atención a la ejecución de los proyectos de RTE-T.

Habida cuenta de que los recursos asignados a las RTE-T son claramente inferiores a los previstos y de que las posibilidades de los nuevos Estados miembros de la UE de participar en la financiación de todos los proyectos europeos prioritarios de RTE-T son limitadas, ¿cómo concibe la Comisión la ejecución ulterior de los 30 proyectos prioritarios de la UE en el sector de los transportes?

(FR) Como bien ha señalado su Señoría, los fondos disponibles para la implementación de todos los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte (RTE-T) no son suficientes, a pesar de que la creación de dicha red constituye un factor esencial de cara a garantizar el correcto funcionamiento de todos los aspectos de mercado interior en el seno de la Unión Europea.

En este contexto, la Comisión se ve obligada a concentrar los recursos disponibles en el presupuesto asignado a RTE en aquellos proyectos con un valor añadido europeo muy alto, es decir, a las secciones transfronterizas y a los cuellos de botella, seleccionados de entre los 30 proyectos prioritarios de RTE-T.

Además, los nuevos Estados miembros podrán movilizar el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional sobre la base del objetivo de «convergencia», para la realización de proyectos en el sector de los transportes y, en particular, para los proyectos prioritarios de RTE-T.

Asimismo, será necesario plantear la creación de otros instrumentos financieros innovadores para la implementación de los proyectos de RTE. Con el nuevo Reglamento Financiero aplicable a RTE, la movilización del instrumento de garantía crediticia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuirá al surgimiento de asociaciones entre los sectores público y privado (APP).

Tras la ampliación de la UE en 2004, la mayor parte de los Estados ribereños del Mar Báltico son Estados miembros de la UE, donde el amplio abanico de actividades económicas de los diferentes países, así como el aumento de la importancia de la cooperación entre los Estados miembros de la UE y los países vecinos crean una demanda de nuevos servicios de transporte de calidad y donde se requieren nuevas soluciones innovadoras para aumentar la fluidez del movimiento de flujos de transporte a través la región.

¿Cuáles son las últimas prioridades y tendencias de la política de transporte de la UE en relación con la región del Mar Báltico y los países bálticos, a corto plazo y a largo plazo, respectivamente?

(FR) Las economías de los países de la región báltica experimentan un ritmo de crecimiento mayor que el promedio de la Unión Europea, lo cual aumenta las necesidades de transporte entre esta zona y los países externos a ella.

De los 30 proyectos prioritarios pertenecientes a la red transeuropea de transporte (RTE-T) identificados por el Parlamento y el Consejo en 2004, siete guardan relación con la región del mar Báltico. A pesar de las posibilidades limitadas del presupuesto asignado a RTE (para el período 2007-2013), los nuevos Estados miembros deberían poder implementar la mayoría de los proyectos prioritarios dentro de los plazos prescritos –gracias a su acceso a los fondos regionales y, en especial, al Fondo de Cohesión– y, al mismo tiempo, modernizar sus redes ferroviarias y de carreteras, así como algunos de los puertos y aeropuertos de mayor importancia regional o internacional.

El transporte marítimo desempeña un papel cada vez más relevante en la región báltica; aproximadamente, un 50 % del comercio exterior se produce por mar. Por tanto, es preciso prestar especial atención a las inversiones en las infraestructuras portuarias y de interior. Las autopistas marítimas también constituyen un factor clave. En la comunicación de la Comisión sobre la ampliación de los principales ejes de transporte transeuropeo a los países vecinos, estas autopistas se han considerado como uno de los cinco ejes transnacionales que más contribuyen al fomento del tráfico, el comercio y los intercambios internacionales, con capacidad para reforzar la integración y la cooperación regional a largo plazo. El eje del norte reviste una importancia especial para la región del mar Báltico, ya que conectaría Rusia y Noruega con los Estados miembros bálticos y del norte.

En lo que respecta al transporte ferroviario, entre las prioridades de la Unión Europea se incluyen las siguientes: la apertura de los mercados ferroviarios de los países pertinentes y el desarrollo de la interoperabilidad entre los sistemas con tipos de vía diferentes.

La Comisión concede cada vez más importancia al apoyo destinado a las PYME y reconoce que éstas constituyen la columna vertebral de la economía europea. Se ha producido un número creciente de iniciativas para mejorar el entorno financiero y normativo de las PYME, así como un aumento en la información relativa al acceso a los mercados dirigida a estas empresas. No obstante, el elemento central de estas políticas es el desarrollo de una cultura más orientada a la actividad empresarial en la UE. Aproximadamente el 60% de los ciudadanos de la UE no ha considerado nunca establecer una nueva empresa y el miedo al fracaso es el factor más disuasivo al respecto.

¿Qué iniciativas concretas ha adoptado la Comisión para lograr que se produzca un cambio de actitud, particularmente entre los jóvenes de la UE? ¿Cómo valora la Comisión el éxito de este tipo de iniciativas hasta la fecha? ¿Tiene previsto la Comisión incrementar la cooperación con las autoridades competentes en los Estados miembros con el fin de fomentar el espíritu empresarial y el establecimiento de nuevas empresas privadas?

(EN) Los esfuerzos orientados a promover y desarrollar la actividad empresarial europea se encuentran entre las prioridades de la Estrategia de Lisboa. Resulta crucial fomentar el papel de la educación en lo que respecta a la creación de una cultura más empresarial. Solo así lograremos que aumente el número de europeos decididos a embarcarse en prometedoras aventuras empresariales, capaces de vencer los temores vinculados a la apertura de un negocio, como el miedo al fracaso. En consecuencia, la educación empresarial, tanto a escala comunitaria como de los Estados miembros, se incluye entre las prioridades de la Comisión identificadas en el Consejo de primavera.

Para promover un modo de pensar más empresarial, esta actividad tiene que convertirse en una oportunidad que resulte atractiva para los jóvenes. Por tanto, la inclusión de programas empresariales entre los planes de estudios nacionales o el apoyo a la formación continua ocupan un lugar destacado en la agenda de la estrategia para el crecimiento y el empleo. En la comunicación de la Comisión de 2006 relativa al impulso de los modos de pensar empresariales a través de la educación y la formación se invita claramente a los Estados miembros a que desarrollen estrategias más sistemáticas, incluyendo el apoyo a la creación de miniempresas de estudiantes.

La propuesta de recomendación de la Comisión sobre competencias clave, aprobada el 9 de noviembre de 2005, resalta la necesidad de ofrecer a la juventud los medios requeridos para desarrollar la iniciativa empresarial y otras competencias clave a través de la educación inicial en el contexto de la formación continua. El papel de la Comisión en la promoción de esta competencia clave es el de impulsar la cooperación y la movilidad en las redes y los proyectos internacionales. El nuevo Programa de Aprendizaje Permanente proporciona apoyo financiero para estas actividades.

Asimismo, en el Pacto Europeo para la Juventud se contemplan medidas orientadas a aumentar y respaldar la capacidad empresarial de los jóvenes. Por otra parte, determinadas acciones del programa «La juventud en acción» se centran en este sector de la población con el objetivo de desarrollar su espíritu y su sentido de la iniciativa, así como su actitud empresarial y su creatividad.

De conformidad con la comunicación de la Comisión relativa al impulso de los modos de pensar empresariales a través de la educación y la formación, la Conferencia sobre Educación Empresarial celebrada en Oslo en octubre de 2006 tuvo como resultado la presentación de nuevas iniciativas en la «Agenda de Oslo para la Educación Empresarial», como la creación de plataformas comunes de programas, proyectos y material educativo con vistas a favorecer la divulgación de las mejores prácticas. La cooperación entre los centros educativos y la comunidad local, así como la participación de las empresas en la educación formal y no formal, son otras cuestiones clave. Asimismo, la Comisión está estudiando la viabilidad de un programa de intercambio tipo Erasmus para los jóvenes empresarios en potencia.

En lo que respecta al progreso en los Estados miembros, el panorama es muy diverso. El pasado mes de diciembre, en el informe anual de situación de la Comisión sobre la Estrategia de Lisboa se destacó el hecho de que algunos Estados miembros hayan establecido una estrategia nacional para la promoción de la educación empresarial en todos los niveles (Chipre, España, Finlandia, Eslovenia, el Reino Unido). Otros tienen planes más genéricos en este sentido (Dinamarca, Lituania, Letonia, Malta). No obstante, hasta la fecha, la educación empresarial solo se encuentra consolidada en los planes de estudios de Finlandia, Irlanda, Polonia y el Reino Unido.

Los servicios de la Comisión cooperan con las autoridades pertinentes de los Estados miembros a fin de fomentar la actividad empresarial y facilitar la creación de negocios. La política moderna sobre las PYME representa una nueva etapa en la política de la Comisión en materia de apoyo empresarial. Por ejemplo, la red de «coordinadores nacionales de puesta en marcha» establecida recientemente por la Comisión contribuirá a que el apoyo a la creación de empresas siga ocupando un lugar destacado en la agenda política de la Unión Europea. Además, la Comisión centra su atención en la promoción de la actividad empresarial a través de los medios audiovisuales y está preparando acciones destinadas a eliminar el estigma asociado al fracaso.

En el marco de la entrada en vigor del Primer Programa marco para la iniciativa empresarial y la innovación, una de cuyas acciones se centra en la innovación en las pequeñas y medianas empresas, la Comisión todavía no se ha manifestado sobre la posible introducción de un sistema europeo de «vales de innovación». Se trata de subvenciones de las autoridades europeas a las que las pequeñas y medianas empresas que utilizan tecnologías pueden recurrir para solicitar investigaciones científicas, centradas en la innovación, a los centros de investigación o las instituciones científicas de Europa que participan en el proyecto.

¿Puede facilitar ya la Comisión alguna información sobre la posible introducción de un sistema europeo de vales de innovación y sobre el papel que desempeñarán al respecto las autoridades nacionales y regionales?

¿Qué papel puede desempeñar el futuro Instituto Europeo de Tecnología en la organización de ese sistema europeo de vales de innovación?

(EN) Como bien ha señalado su Señoría, la Comisión está estudiando la posibilidad de crear un sistema europeo de vales de innovación para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aumentar su capacidad innovadora en el contexto del primer Programa marco para la competitividad y la innovación.

Para el establecimiento de este tipo de sistema, la Comisión reconoce que es preciso diseñar medidas complementarias a los programas nacionales y de esta institución que respeten el principio de subsidiariedad.

Hasta la fecha, la Comisión no ha facilitado información alguna porque se encuentra analizando las diferentes posibilidades que existen para la puesta en marcha de un sistema de vales de innovación.

Aprovechando esta oportunidad, quisiéramos informar a su Señoría de que, en virtud del séptimo Programa Marco, se prevé la creación de un plan de primas de exploración para las PYME. Estas primas permitirán a las pequeñas y medianas empresas explorar la posibilidad de financiar sus proyectos de investigación a través de los programas de apoyo nacionales y comunitarios. Las primas de exploración se desarrollarán de manera conjunta con los Estados miembros.

La Comisión asegura a su Señoría que está completamente convencida de que el establecimiento de un sistema europeo de vales de innovación solo será posible con la participación activa y la sólida contribución de las regiones y los diferentes Estados miembros.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta, podemos confirmar que no prevemos una participación activa del Instituto Europeo de Tecnología en un sistema de este tipo o en instrumentos similares destinados a proporcionar pequeñas ayudas a las PYME para tareas limitadas de investigación y desarrollo.

Según el programa de controles antisísmicos del Organismo de planificación y protección antisísmica, en Grecia se han construido más de 250 escuelas sin respetar la reglamentación antisísmica. Las medidas de refuerzo estructural se consideran urgentes y habrá que demoler algunas escuelas. Hasta la fecha sólo se han efectuado controles en el 3,5 % del total de los edificios públicos.

¿Tiene la Comisión la intención de examinar la posibilidad de promover la adopción de medidas para el control global de los edificios de uso colectivo, en particular de los edificios públicos, con objeto de garantizar la resistencia antisísmica de los edificios, tanto públicos como privados, intensificando los esfuerzos de control y la posible rehabilitación de los edificios más antiguos que no respetan la actual reglamentación antisísmica, en particular en las regiones con una elevada sismicidad?

(EN) La Comisión tiene plena conciencia de los problemas y los riesgos graves de seguridad relativos a la resistencia antisísmica de los edificios y trabaja en varios Estados miembros con una intensa actividad sísmica como su Señoría ha indicado con respecto a la situación en Grecia. La Comisión coincide en que es preciso llevar a cabo una evaluación minuciosa y detallada del riesgo y una posterior subsanación de las deficiencias con vistas a garantizar un alto nivel de seguridad. No obstante, hay que destacar que las cuestiones concernientes a la seguridad de los edificios y a los riesgos relacionados son competencia exclusiva de los Estados miembros.

En lo que respecta a la promoción de medidas para la inspección y la rehabilitación de los edificios, la Comisión no administra fondos que puedan ser utilizados en la realización de ese tipo de tareas. Sin embargo, a través de una serie de acciones, esta institución ha contribuido a desarrollar la capacidad técnica con vistas a abordar los problemas de seguridad a través de un diseño antisísmico mejorado más amplio. En particular, la Comisión ha sido la impulsora de los denominados eurocódigos, unos códigos europeos comunes de diseño para los edificios y las obras civiles. Entre ellos, el eurocódigo 8 tiene que ver con el diseño de estructuras con resistencia antisísmica.

En algunos Estados miembros, empresas con un reglamento interior distinto de la legislación nacional fijan la edad de jubilación a los 58 años. ¿Piensa la Comisión que esto es compatible con el problema demográfico que sufre la Unión Europea? ¿Piensa que será un obstáculo para la viabilidad de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros en que se producen estos casos? ¿Qué repercusiones tendrá sobre el bienestar social? ¿Qué aconseja la Comisión que hagan los Estados miembros en relación con las jubilaciones legales «anticipadas» a los 58 años?

(EN) De conformidad con el Tratado CE, la protección social entra dentro de las competencias de los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión no interfiere en el diseño global de los sistemas de pensiones en el seno de la Unión Europea. Con respecto a las disposiciones acordadas en los contratos establecidos entre empresarios y trabajadores, la Comisión ha introducido leyes orientadas a la buena gobernanza y a la administración responsable de este tipo de planes. Sin embargo, no tiene competencia para intervenir en los detalles específicos de estos acuerdos.

Dicho esto, el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 aprobó unos objetivos generales comunes para los sistemas de pensiones, hacia los cuales deberían orientar sus respectivas estrategias de reforma los diferentes Estados miembros. Estos objetivos son los siguientes: suficiencia, sostenibilidad financiera y modernización. Con vistas a garantizar la sostenibilidad financiera, es preciso que las políticas incluyan medidas destinadas a fomentar una mayor contratación de personas mayores y a evitar que aumente la jubilación anticipada. Asimismo, la Unión Europea ha fijado una serie de objetivos explícitos para la prolongación de la vida laboral en el contexto de la Estrategia de Lisboa: aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad (entre 55-64 años) hasta un 50 % e incrementar la edad real de abandono del mercado laboral en 5 años de aquí a 2010. Al alargar la vida laboral se consigue un aumento de los años de contribución y una reducción de los años de prestación, contribuyendo así directamente a la suficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Este tipo de sistemas constituyen una pieza fundamental de las instituciones de mercado laboral a través de la provisión de prestaciones. Por tanto, es sumamente importante que la estructura de incentivos integrada en el sistema de pensiones dé su apoyo al empleo. En particular, todavía hay que prestar atención en algunos Estados miembros a las diferentes vías de abandono anticipado del mercado laboral (antes de la edad oficial de jubilación).

Por otra parte, la discriminación hacia los trabajadores por motivos de edad se encuentra regulada en la Directiva del Consejo 2000/78/CE de 27 noviembre de 2000 por la que se establece un marco general para la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación ⁽¹⁾. Esta Directiva prohíbe toda forma injustificada de discriminación laboral por motivos de edad que impida la participación plena en el mercado de trabajo de aquellos grupos de edad desfavorecidos. Queda prohibida la discriminación directa o indirecta, el acoso y las instrucciones para discriminar por motivos de edad, discapacidad, orientación sexual y religión o creencia en relación con lo siguiente:

el acceso al empleo, el autoempleo y la ocupación

el acceso a la formación profesional y la orientación

contratación y condiciones laborales, incluidos los despidos y los salarios

Los Estados miembros tenían hasta el 2 de diciembre de 2003 para transponer esta Directiva a su legislación nacional. Con respecto a la edad, el período de transposición se podía ampliar tres años, hasta el 2 de diciembre de 2006, en aquellos Estados miembros que necesitaran tiempo adicional para tomar en consideración determinadas condiciones. La legislación de no discriminación resulta necesaria para eliminar las barreras estructurales que dificultan la contratación de las personas de más edad y para garantizar que no sufran discriminación en el ámbito laboral, por ejemplo, en materia de formación. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las diferencias de trato van a resultar ilegales, ya que se pueden amparar en una política nacional de mercado laboral y encontrar justificación en un intento de aumentar las oportunidades laborales de los trabajadores de más edad. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva, los Estados miembros podrán disponer que no constituirá discriminación por motivos de edad, la determinación de edades en los regímenes profesionales de seguridad social para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluyendo el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades de trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.

Los Estados miembros han acordado colaborar con vistas a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones en toda la Unión Europea. El Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 reconoció que se podrían obtener ventajas significativas mejorando el diálogo y la cooperación en relación con las cuestiones relacionadas con la reforma de los sistemas de pensiones, y manifestó su apoyo a un método de trabajo basado en el método abierto de coordinación. El informe más reciente se puede encontrar en inglés en la siguiente dirección:

¿Podría comprometerse la Comisión a modificar la Directiva sobre campos electromagnéticos (2004/40/CE)⁽¹⁾ a la vista del consenso entre expertos científicos destacados en este ámbito acerca del daño que la Directiva infligirá al futuro desarrollo y suministro de equipos médicos en la UE, en particular las consecuencias que tendría para la imagen clínica por resonancia magnética (IRM), que son potencialmente desastrosas?

(EN) La Comisión está al tanto de las preocupaciones manifestadas por algunas asociaciones médicas europeas en relación con el impacto potencial de la Directiva 2004/40/CE sobre el uso de procedimientos médicos en los que se utilizan imágenes por resonancia magnética (IRM). Los Estados miembros tienen como plazo máximo hasta el 30 de abril para implementar las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas necesarias para cumplir con la Directiva. La Comisión ha encargado un estudio independiente a fin de evaluar las implicaciones para la técnica IRM de los valores límite de exposición impuestos por esta Directiva y con vistas a identificar los problemas, en caso de que existan, de forma cuantitativa y completa.

Se espera que los primeros resultados de este estudio estén disponibles en el último trimestre de 2007, resultados que serán analizados de manera conjunta por representantes de los Estados miembros y de los interlocutores sociales en el contexto del Comité consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo. El estudio tendrá en cuenta además otras fuentes de información, tales como los resultados de un informe de las Autoridades de sanidad y seguridad del Reino Unido (HSE) que se está elaborando actualmente.

A la luz de estos resultados, la Comisión comunicará su evaluación a las demás instituciones y propondrá, si procede, las iniciativas necesarias para abordar el problema, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de unos niveles de protección adecuados.

El número de refugiados que llegan a Europa procedentes de Iraq ha aumentado rápidamente y la situación en ese país es cada vez peor. Según algunos expertos en materia de refugiados, nos encontramos ante una migración de carácter masivo. De los más de 16 000 iraquíes que solicitaron asilo en Europa entre enero y noviembre del año pasado, el 45 % lo hizo en Suecia. En la actualidad, uno de cada dos solicitantes de asilo en Suecia es iraquí. No hay ningún indicio que permita afirmar que este flujo vaya a disminuir, más bien al contrario. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para que la responsabilidad en relación con estas personas que llegan a Europa procedentes de Iraq se pueda repartir de manera más solidaria entre los distintos Estados miembros?

(EN) La Comisión controla atentamente la evolución de la situación y está en contacto permanente con diversas organizaciones internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En caso de que la situación empeore en los próximos meses, se podrían contemplar dos medidas.

Primero, la Comisión estudiará la situación a la luz de los criterios de la Directiva relativa a la protección temporal⁽¹⁾, con vistas a decidir si es preciso presentar al Consejo una solicitud de activación del mecanismo de protección temporal.

Para establecer un régimen de protección temporal, se requiere una decisión aprobada por mayoría en el Consejo en relación con una propuesta de la Comisión. La Comisión puede presentar una propuesta de este tipo por propia iniciativa si se determina que se cumplen las condiciones previstas en la Directiva. Asimismo, tiene la obligación de considerar las solicitudes que puedan realizar los Estados miembros para que presente dicha propuesta al Consejo.

El establecimiento de un régimen de protección temporal para los solicitantes de asilo iraquíes puede ofrecerles protección inmediata y proporcionar apoyo financiero para su acogida, al tiempo que se pueden definir distintas modalidades para una eventual redistribución de los solicitantes entre los Estados miembros.

En segundo lugar, la Comisión estudiará, en estrecha colaboración con el ACNUR, la posibilidad de llevar a cabo un esfuerzo coordinado por los Estados miembros de la Unión Europea para reasentar a los refugiados de la región. Una iniciativa de reasentamiento de este tipo podría centrarse de forma especial en las categorías de personas más vulnerables, tales como las mujeres en situaciones de riesgo y los menores no acompañados.

En 2006, a través de las Naciones Unidas, se destinó la cantidad de 10 millones de euros a apoyar a aquellas personas desplazadas internamente. El 15 de febrero de 2007 se hizo un nuevo anuncio según el cual se van a asignar más de 10 millones de euros al ámbito de ayuda humanitaria.

Por otra parte, la Comisión, a través del programa Aeneas, proporciona actualmente 1 millón de euros a las acciones llevadas a cabo por el ACNUR en Jordania, Siria y el Líbano, países que acogen a la gran mayoría de los refugiados iraquíes, con el objetivo de aumentar la protección, proporcionar asistencia de urgencia específica a los refugiados iraquíes más vulnerables y preparar a los refugiados para su reasentamiento.

Para el año 2007 y en el marco del programa Aeneas, se ha asignado la suma de 1,5 millones de euros para los proyectos destinados a mejorar, entre otras cosas, las capacidades de protección en Iraq, Siria, Jordania, Turquía, el Líbano y Egipto. La selección de los proyectos se esta realizando actualmente.

Los gallos de pelea forman parte del patrimonio cultural del norte de Francia y, por ende, de la Unión Europea. Pertenecen a una raza de aves famosa, siempre criada en pajareras.

Para poder participar con toda tranquilidad en una concentración de gallos de pelea, estos gallos necesitan ser vacunados sistemáticamente contra el virus H5N1 de la gripe aviar.

En la región francesa de Norte-Paso de Calais, el número de aves de pelea por vacunar se sitúa entre 60 000 y 80 000.

¿Aceptará la Comisión incluir esos galliformes entre las especies por vacunar y, por consiguiente, los incorporará al cuadro sinóptico sobre los tipos de aves vacunables, con lo que figurarán en su programa de vacunación?

(EN) La Directiva del Consejo 2005/94/CE sobre el control de la gripe aviar permite a los Estados miembros implementar el programa de vacunación preventiva sobre la base de evaluaciones del riesgo nacionales.

La Comisión ha recibido recientemente un plan de Francia para la vacunación de las aves de corral no comerciales y otro tipo de aves mantenidas en cautividad en vista de su aprobación, en el cual se incluyen las aves del orden de las galliformes, aunque no se hace referencia específica a los gallos de pelea.

El plan se debatió el 6 de febrero de 2007 durante la reunión del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, donde se plantearon diversas cuestiones que requieren una mayor clarificación por parte de Francia. La Comisión está a la espera de la respuesta de este país.

La Comisión no pretende disuadir a los Estados miembros de que apliquen la vacunación contra la gripe aviar. Sin embargo, hay que recordar que esta práctica protege frente a los síntomas clínicos de la enfermedad, pero no ofrece una protección plena frente a la infección. Por este motivo, aunque estén vacunadas, cuando las aves entran en contacto con el virus también se pueden infectar y contribuir a su propagación.

Por consiguiente, cuando se aplique la vacunación, es preciso poner en marcha un programa de vigilancia apropiado por parte de investigaciones clínicas y de laboratorio a fin de realizar un seguimiento y un control de los desplazamientos de las aves vacunadas.

No obstante, en caso de brotes de la enfermedad, se debe mantener separadas a las aves vacunadas de las no vacunadas.

En relación con el debate en el seno de la Comisión de Peticiones sobre la necesidad de proteger el derecho a la propiedad en la Unión Europea y en los Balcanes Occidentales (Petición nº 665/2006), ¿podría indicar la Comisión Europea si tiene intención de actuar - y con qué medidas - para proteger los derechos individuales de los ciudadanos europeos, poniendo fin a la compraventa ilegal de tierras y bienes inmuebles en la zona ocupada del Norte de Chipre en la que, según varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el control y la responsabilidad de la situación recaen en Turquía, debido a la presencia ilegal de su ejército en la isla? ¿Acaso puede Turquía, candidata a la adhesión a la Unión Europea, vulnerar los derechos individuales de los ciudadanos de uno o varios Estados miembros de la UE?

(EN) La Comisión quisiera llamar la atención de su Señoría sobre el Protocolo nº 10 del Acta de Adhesión de 2003. De conformidad con el apartado 1 del artículo 1 de este Protocolo, la aplicación del acervo comunitario queda suspendida en aquellas zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de este país no ejerce un control efectivo.

La Comisión apoya todos los esfuerzos orientados a la reanudación rápida de conversaciones de pleno derecho bajo los auspicios de las Naciones Unidas con la intención de encontrar una solución definitiva para el problema de Chipre. Esta solución permitiría resolver los problemas existentes en el ámbito de la propiedad y la cuestión de la presencia del ejército turco en la isla.

En el contexto de las negociaciones de adhesión, la Comisión supervisa el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague por parte de Turquía.

¿A qué se debe que las informaciones sobre el nuevo período para los programas de apoyo de la UE no hayan sido publicadas en la página Internet hasta tres meses antes de su fecha de inicio? ¿Por qué no se señalan en el texto los cambios más importantes? ¿Por qué no se ha traducido el programa a su debido tiempo a todas las lenguas oficiales? ¿Por qué no se prorroga ahora el plazo de solicitud, teniendo en cuenta las deficiencias descritas?

(FR) Las preguntas planteadas por su Señoría hacen referencia al inicio del programa «La juventud en acción».

La Comisión tenía mucho interés en asegurarse de que la puesta en marcha efectiva de este programa se realizara lo antes posible. De hecho, desde el plazo de presentación del 1 de febrero de 2007 se han recibido cientos de proyectos de solicitud de financiación en el marco del programa. Desde este punto de vista, la situación es bastante más favorable que cuando se inició el anterior programa en el año 2000.

Este éxito ha sido posible a pesar de la adopción tardía de la decisión de implementar el programa. Se adoptó el 15 de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial el 24 del mismo mes y la entrada en vigor del instrumento básico se hizo el 14 de diciembre, fecha en la que se podían decidir las prioridades de gestión para 2007 tras un proceso de consulta con la comisión del programa. Dadas estas circunstancias, fue imposible publicar la guía del programa con mayor antelación en 2006, aun cuando la Comisión hubiera decidido adelantar dicha publicación, sujeta a la aprobación de la decisión, antes de la entrada en vigor real del programa.

La guía del programa se ha preparado en estrecha colaboración con las agencias nacionales responsables de su implementación en el nivel nacional y en consulta con otras partes implicadas. Pareció conveniente no hacer referencia a las diferencias con las condiciones de presentación aplicadas durante el programa anterior y presentar en su lugar una guía que resultara apropiada al nuevo programa. En este contexto, a fin de evitar posibles confusiones, en dicha guía no se ha llamado la atención de manera específica sobre las diferencias entre los dos programas. Sin embargo, las diversas partes implicadas en el programa, las cuales actúan como recursos de información para los beneficiarios finales, sí han puestas al corriente de estas diferencias durante las sesiones informativas y han podido pasar estos datos a los beneficiarios potenciales que pudieran haber obtenido financiación con el programa anterior.

La Comisión se ha esforzado por poner la guía a disposición de los beneficiarios potenciales en todos los idiomas comunitarios lo antes posible, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la elaboración y la traducción de este documento. La publicación en todos los idiomas se hizo el 17 de enero 2007, es decir, dos semanas antes del primer plazo de presentación de las solicitudes de subvención.

A pesar de la adopción tardía de la decisión de crear el programa «La juventud en acción», la Comisión quería, en beneficio de los perceptores potenciales, que se presentaran propuestas en el primer plazo de solicitud del año, que es el 1 de febrero. Es cierto que, teniendo en cuenta las dificultades encontradas (sobre todo en relación con la traducción), el deseo de publicar el nuevo programa a comienzos de 2007, a fin de evitar interrupciones en la continuidad con el programa que finalizó el 31 de diciembre de 2006, dio origen a determinadas circunstancias que resultaron menos cómodas que si se hubiera decidido posponer su inicio. No obstante, debemos considerar lo siguiente con respecto al programa «La juventud en acción»: el calendario de presentación de los proyectos en el marco de este programa, con cinco fechas de solicitud al año, significa que hay una convocatoria prácticamente continua de propuestas, de modo que el proyecto que no se haya podido presentar el 1 de febrero, podrá hacerlo el 1 de abril. En consecuencia, el hecho de ofrecer a los solicitantes que ya tuvieran su proyecto preparado para el 1 de febrero la posibilidad de presentarlo en esta primera fecha no perjudicaba a los demás solicitantes. Por tanto, la Comisión consideró que este enfoque era el que garantizaba la mayor flexibilidad a los beneficiarios del programa.

En noviembre de 2006, la Comisión lanzó una iniciativa dirigida a reducir las obligaciones de las PYME ante las autoridades públicas en un 25 %, de aquí al año 2012. En las últimas semanas, la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas se ha reunido con la Comisión con objeto de impulsar una reducción de las obligaciones de las PYME en materia estadística del orden del 30 % en los próximos tres años, así como un plan de fijación de objetivos nacionales en relación con el exceso de prurito en la transposición de textos reglamentarios, conocido también como 'gold-plating'.

¿Podría exponer la Comisión cuáles son exactamente sus planes y el calendario de ejecución de este urgente conjunto de reformas?

(EN) La legislación en materia de estadísticas a escala comunitaria se ocupa con bastante frecuencia de la armonización de los datos, lo cual quiere decir que los Estados miembros tienen libertad para decidir el modo de recopilar la información. La Comisión anima a los Estados miembros a que lo hagan reduciendo al mínimo la carga sobre los encuestados, por ejemplo, a través del uso de datos administrativos. Como resultado, la mayoría de las empresas muy pequeñas se encuentran excluidas de las encuestas estadísticas. En algunos casos, se aplica un umbral en los Reglamentos en materia de estadística para excluir por completo a las pequeñas empresas. Por ejemplo, en la encuesta sobre producción industrial (Prodcom) y en el anexo sobre servicios empresariales de la refundición de las estadísticas estructurales de las empresas se establece un umbral de 20 empleados.

Para respaldar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a reducir la carga sobre las empresas, la Comisión pretende iniciar un programa relativo a la modernización de las estadísticas empresariales y de comercio (MEETS), a través del cual se apoyará la promoción de métodos más acertados de recopilación de datos, tales como (a) la vinculación de datos, (b) las estimaciones, (c) el uso de datos administrativos, (d) el uso de datos contables. El período de vigencia del programa irá desde el año 2008 hasta el 2013.

En lo que respecta a la sobrerregulación, la Comisión es consciente de que, en ocasiones, las encuestas estadísticas de los Estados miembros por las que se implementa la legislación comunitaria contienen más preguntas de las que requiere dicha legislación. En el contexto de la iniciativa Legislar mejor ⁽¹⁾, la Comisión ya ha abordado este problema con los Estados miembros y seguirá evitando en el futuro que se impongan cargas innecesarias.

En Filipinas preocupa que el acuerdo de cooperación económica con Japón (JPEPA) permita a este país verter sus desechos tóxicos en Filipinas. El hecho de que un país rico vierta desechos peligrosos para el medio ambiente en un país menos rico contraviene las convenciones internacionales sobre exportación de desechos peligrosos (por ejemplo, los convenios de Basilea y Rótterdam).

¿Considera la Comisión que se deben tomar medidas para que se cumplan los convenios internacionales y para que Filipinas no se convierta en una zona de vertidos de desechos peligrosos?

(EN) La Comisión está al tanto de que en el artículo 29 del Acuerdo de cooperación económica entre Japón y Filipinas firmado en 2006 se impone una cuota arancelaria preferencial de tipo cero sobre las importaciones de determinados materiales de desechos a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo (para lo cual es preciso que 2/3 del senado de Filipinas lo aprueben). Sin embargo, Filipinas cuenta en la actualidad con una normativa nacional (Ley de la República nº 6969) en virtud de la cual se prohíbe la entrada de residuos peligrosos en su territorio, incluso por motivos de tránsito, y se imponen severas sanciones penales en caso de violación de la misma. Además, tanto Japón como Filipinas son países signatarios del Convenio de Basilea, en el cual, aunque no se prohíben totalmente las exportaciones de residuos peligrosos, estos envíos se regulan a través de un sistema de notificación y consentimiento previo. Los signatarios del Convenio no pueden exportar a otros países firmantes en los que se prohíban estas importaciones de forma explícita. Por otra parte, estos dos países suscribieron el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento informado previo para ciertos pesticidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. No obstante, es importante tener en cuenta que, aunque este Convenio da cobertura a determinados productos químicos y pesticidas, los residuos quedan fuera de su ámbito de aplicación.

La efectividad de estos Convenios depende no solo de que los Estados firmantes dispongan de la legislación adecuada, sino también de que tengan la suficiente capacidad de supervisión y ejecución como para evitar que los envíos ilegales de residuos peligrosos entren en su territorio. Varios países en desarrollo llevan años pidiendo que se establezcan disposiciones más estrictas en relación con las exportaciones de este tipo de residuos a sus territorios.

En 1995, la Conferencia de las Partes aprobó por unanimidad una enmienda al Convenio de Basilea, según la cual se prohíben las exportaciones de residuos peligrosos para su recuperación y eliminación definitiva desde los países firmantes del Convenio que pertenezcan a la Unión Europea y/o a la OCDE⁽¹⁾ a cualquier otro Estado signatario de dicho Convenio (la denominada «Enmienda de prohibición»). El umbral de ratificaciones necesarias para que la enmienda entre en vigor todavía no se ha alcanzado, por lo que la Unión Europea anima activamente a que la ratifiquen aquellos Estados que aún no lo hayan hecho. Hasta la fecha, ni Japón ni Filipinas la han ratificado.

Por su parte, la Unión Europea ha implementado por completo la Enmienda de prohibición a través de su Reglamento relativo al transporte de residuos, y se dedica a perseguir la armonización global en el terreno de los movimientos transfronterizos de residuos.

Los trabajadores portugueses del productor de pavos británico en cuya explotación se he producido el brote de gripe aviar han declarado que no fueron informados de la infección. Al parecer, a los trabajadores de Bernard Matthews no se les ofrecieron vacunas para protegerles contra el virus hasta varios días después de que surgiera el brote. Junto con este grave problema de salud pública, los trabajadores temen por sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.

A la vista de la creciente preocupación sobre los derechos de los trabajadores y el constante aumento de la contratación de trabajadores extranjeros por empleadores que los contratan directamente en sus países de origen o a través de agencias, o utilizan otras agencias que contratan trabajadores extranjeros ya residentes en el Reino Unido, y a la vista de diversos ejemplos de violación de los derechos de los trabajadores en la Unión Europea, en particular en los sectores en los que es frecuente el trabajo en equipo, ¿qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar que en este caso se aplican todas las disposiciones de la legislación social y de la legislación laboral?

(EN) Las obligaciones específicas de los empresarios en lo que respecta a la protección de la salud de los trabajadores y su seguridad frente a la gripe aviar (prevención de riesgos, evaluación del riesgo, medidas de protección y prevención, formación, información y consulta a los trabajadores) se encuentran reguladas en varias directivas comunitarias ⁽¹⁾.

En particular, la Directiva 2000/54 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos contiene disposiciones específicas en materia de información y notificación a la autoridad competente, higiene y protección individual, información y aprendizaje de los trabajadores, elaboración de listas de los trabajadores expuestos y controles sanitarios, así como medidas especiales para los procesos industriales, los laboratorios y las instalaciones para animales. La plena y correcta implementación de la legislación nacional por la que se transponen las Directivas comunitarias relativas a la salud y la seguridad en el trabajo resulta esencial para garantizar la protección adecuada de los trabajadores. De conformidad con el artículo 4 de la Directiva marco 89/391/CEE, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores tomen las medidas necesarias para la aplicación de dicha Directiva. Los Estados miembros, en particular, garantizarán un control y una vigilancia adecuados. Todas las medidas de prevención deben implicar la realización de una evaluación local del riesgo. El empresario es responsable de esta evaluación y de la adopción de medidas de protección y prevención.

La Comisión opina que, si se aplica de manera correcta, la legislación comunitaria mencionada anteriormente puede contribuir a proteger los derechos de los trabajadores ante un caso de brote de gripe aviar como el mencionado por su Señoría.

¿Puede informar la Comisión sobre las perspectivas de integración de las políticas de vecindad con países no pertenecientes a la Unión en sus propuestas para el desarrollo de las regiones ultraperiféricas?

En lo que se refiere a la política europea de vecindad, la cooperación entre regiones a lo largo de las fronteras exteriores de la Unión es posible a partir de 2007 gracias al Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA)⁽¹⁾, que contiene medidas específicas para la cooperación transfronteriza. Este instrumento tiene un enfoque innovador, que facilita las operaciones conjuntas entre socios en el interior y el exterior de la Unión, con una ejecución de las acciones en pie de igualdad.

Con este fin, los socios de las zonas en cuestión están elaborando 15 programas de cooperación transfronteriza local, que cubren las fronteras exteriores (terrestres o marítimas) de la Unión. Por ello, las Islas Canarias podrán beneficiarse de un apoyo a la cooperación transfronteriza con las correspondientes regiones marroquíes. El presupuesto de 1 100 millones de euros procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del IEVA.

Los programas persiguen cuatro principales objetivos: promover el desarrollo económico y social, responder a los retos comunes, asegurar una gestión de las fronteras eficaz y segura, y apoyar la cooperación local entre los pueblos. Los socios de los programas son libres de elegir las prioridades locales en el interior de este marco.

Sin embargo, la acción de la Comunidad no sería completa sin una intervención destinada específicamente a reforzar los lazos económicos y sociales entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos de estas regiones europeas, en particular los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Estas acciones están incluidas en el plan de acción para la «gran vecindad». Este plan de acción no es un instrumento financiero separado, sino una iniciativa de la Comisión cuyo fin es coordinar mejor los esfuerzos que despliega la Comunidad en el conjunto de las políticas comunitarias afectadas, en particular la política de cohesión, la política de desarrollo y la política comercial común, con el fin de integrar mejor las regiones ultraperiféricas en la región geográfica a la que pertenecen.

Desde la Comunicación de la Comisión sobre las regiones ultraperiféricas de 2004⁽²⁾, se han realizado avances importantes en la aplicación de este plan de acción:

En lo que se refiere a los aspectos comerciales, la Comisión ha avanzado en las negociaciones relativas a los acuerdos de asociación económica y ha informado regularmente al respecto a las regiones ultraperiféricas. La Comisión también ha pedido en varias ocasiones a las regiones ultraperiféricas que comuniquen sus intereses con respecto a las negociaciones con el fin de poder integrarlos, en particular, en la última fase de la negociación relativa al acceso a los mercados. Por ahora, solamente España ha comunicado el contenido de sus intereses, y la Comisión los está examinando.

En cuanto a la realización de los programas de cooperación regional y su vinculación con el Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED), se han realizado importantes avances para tener en cuenta la temática de la cooperación entre los países ACP y las regiones ultraperiféricas en la programación del FED, así como la cooperación territorial europea del FEDER. Así, los trabajos realizados por la Comisión a través de sus servicios y con los Estados miembros han permitido avanzar hacia una programación mejor organizada; reserva de una dotación financiera en el décimo FED y en el FEDER 2007-2013 destinada a esta cooperación, identificación común de las prioridades, asignación indicativa de recursos a esta cooperación y presentación concertada de los proyectos, dentro del respeto de los mecanismos de programación, gestión y seguimiento propios de cada Fondo.

En las demás políticas comunitarias, la Comisión también ha adoptado propuestas para apoyar el esfuerzo de integración regional de las regiones ultraperiféricas.

En el ámbito de los transportes, la Comisión ha autorizado la posibilidad de conceder ayudas para el lanzamiento de servicios de transporte aéreo entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos. Además, en su reciente Comunicación sobre la extensión de las redes transeuropeas de transporte a terceros países vecinos, propone incluir a las regiones ultraperiféricas ibéricas en la extensión del eje de las autopistas del mar hacia los terceros países vecinos de la UE.

En materia de investigación y desarrollo, el Séptimo Programa Marco subraya la importancia de la cooperación entre los países ACP y las regiones ultraperiféricas en el desarrollo de las acciones de cooperación internacional de este programa.

También se han realizado acciones similares en el ámbito de la pesca, en particular, la constitución de los consejos consultivos de pesca.

Por último, en lo que se refiere a la cuestión específica de la inmigración, la Comisión está muy preocupada por el número que crece sin cesar de inmigrantes que tratan de alcanzar el territorio de la UE de forma irregular, incluso poniendo en peligro sus vidas. La cuestión de la inmigración en las regiones ultraperiféricas debe abordarse de forma equilibrada:

La lucha contra la inmigración ilegal debe ir acompañada de medidas de integración de los inmigrantes legales. En efecto, la lucha contra la inmigración ilegal no debe perjudicar la libre circulación de los ciudadanos en situación de regularidad de los países terceros circundantes, pues esta libertad de circulación es necesaria para la integración económica de las regiones ultraperiféricas en la zona geográfica a la que pertenecen y reduce su dependencia con respecto al continente. Las medidas de urgencia que se han adoptado para hacer frente a determinadas situaciones, como las que se producen en Canarias, deben ir acompañadas de políticas de desarrollo de los países de origen. Los medios financieros de la UE en el marco de su política de desarrollo (FED) y de su política de cohesión (Fondos Estructurales) se podrían movilizar con este fin.

Reconociendo a la República de Yibuti un papel de estabilizador regional, de mediador, de transmisor de mensajes y de pacificador, el Comisario Michel, en una visita a Yibuti solicitó muy recientemente al Presidente Guelleh que profundizara de manera más regular las relaciones políticas entre Yibuti y la UE, que es, entre otras cosas, uno de los mayores donantes de ayuda al desarrollo. Si bien es cierto que la República de Yibuti representa un interés estratégico evidente, tanto desde el punto de vista regional como internacional, no por ello deja de tener un régimen presidencial autoritario. Tan sólo unos días después de la visita del Comisario Michel a Yibuti, varios periodistas y representantes del partido de oposición Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD, Movimiento para la Renovación Democrática) eran objeto de detenciones arbitrarias denunciadas por Reporteros sin Fronteras, entre otras organizaciones. El trato reservado a los opositores por el poder establecido en Yibuti suscita dudas, sobre todo si se tiene cuenta que para enero de 2008 están previstas elecciones legislativas.

¿Cómo piensa velar la Comisión por el respeto duradero de los derechos humanos en Yibuti? En este contexto, ¿tiene la intención de apoyar la organización de una misión europea de observación de las elecciones legislativas en 2008?

(FR) La Comisión ha seguido de cerca la situación política en el país y, en particular, los arrestos de varios periodistas y representantes del partido de la oposición, el Movimiento para la Renovación Democrática (MRD). Nos complace saber que las personas arrestadas han sido absueltas finalmente, a pesar del hecho de que el fiscal de la República presentó un recurso contra la decisión de liberar al señor Houssein Ahmed Farah, periodista del Djibouti Renewal y hermano del Presidente del MRD.

Como ha vuelto a destacar el Comisario responsable de Desarrollo y Ayuda Humanitaria durante su misión en el Cuerno de África, la Comisión otorga especial importancia al diálogo político como marco en el que se deben debatir cuestiones fundamentales como la gobernanza, el derecho a la oposición, la reforma y los derechos humanos.

El diálogo político entre la Comisión y las autoridades de Yibuti se inició en 2004. Las autoridades del país han participado de forma activa y al más alto nivel en estas reuniones.

A pesar de los desafíos y problemas significativos que aún persisten, se han registrado algunos avances en el ámbito de los derechos humanos y, más concretamente, en el de los derechos sociales, económicos y culturales. Cabe resaltar sobre todo la situación de la mujer, terreno en el que se han realizado esfuerzos de cara a su emancipación, educación, información y desarrollo. También se ha progresado en el ámbito del derecho al trabajo, a la seguridad social, a la asistencia sanitaria, en especial para los casos de sida y tuberculosis, y a participar en la vida cultural.

Sin duda, la Comisión pretende establecer un dialogo político constructivo y abierto con las autoridades de Yibuti con vistas a respaldar y fomentar las iniciativas relativas a la buena gobernanza política y a los derechos humanos.

En lo que respecta a la organización de una misión de observación europea para las elecciones legislativas de 2008, se podría estudiar esta posibilidad tan pronto como así lo solicite el Gobierno del país. No obstante, la Comisión desea llamar la atención de su Señoría sobre el número limitado de observaciones electorales que la Unión Europea puede llevar a cabo en vista de los recursos disponibles y el orden de prioridad aplicable a las solicitudes recibidas.

En unas declaraciones efectuadas en el programa de noticias de la televisión sueca SVT Rapport el 8 de febrero de 2007, el antiguo Canciller Federal alemán y Presidente del Consejo de Administración de la empresa Nord Stream, Gerhard Schröder, ha afirmado que el Consejo ha decidido que los Estados miembros están obligados a facilitar y apoyar la construcción de redes transeuropeas. Schröder llegó a la conclusión de que el Consejo ha dado su apoyo al gaseoducto germano-ruso del mar Báltico que se ha propuesto. La decisión sobre las redes transeuropeas fue adoptada en el Consejo de Energía de 17 de junio de 2005. La decisión del Consejo se basó en el documento de la Comisión COM(2003)0742 final. ¿Considera la Comisión que el COM(2003)0742 final fija el trazado del gaseoducto conocido como North Transgas? ¿Podría señalar la Comisión si se ha adoptado algún tipo de decisión en relación con el trazado de dicho gaseoducto?

(EN) La Comisión apoya una política orientada a la diversificación de los suministros de gas y de las rutas. Este aspecto se considera un elemento importante de cara a aumentar la seguridad del abastecimiento de gas a la Unión Europea, así como una contribución significativa a su suministro energético. El proyecto propuesto tendrá como resultado una nueva ruta de abastecimiento de especial trascendencia para Alemania, Dinamarca, el Reino Unido y otros Estados miembros.

Las Directrices de la Red Transeuropea de Energía ⁽¹⁾, aprobadas según la propuesta de la Comisión, han seleccionado el gasoducto del Norte de Europa como uno de los proyectos de interés comunitario en el sector del gas. El gasoducto del Norte de Europa y Yamal II proporcionarán nuevas interconexiones con Rusia.

Aunque la Comisión apoya el establecimiento de nuevas rutas de abastecimiento de gas, no expresa su preferencia por una ruta concreta en este contexto.

Tras la insurrección de los Tuareg en Malí el 23 de mayo de 2006, el Gobierno de Malí y la Alianza democrática del 23 de mayo para el cambio firmaron el 4 de julio de 2006 un acuerdo para resolver el conflicto, conocido como el Acuerdo de Argel.

Dicho Acuerdo prevé la celebración de un Foro para el desarrollo del Norte de Malí, en la región de Kidal, con la participación de los Tuareg.

El Gobierno de Malí tiene la intención de organizar dicho Foro en marzo del presente año, pero sin la participación de los representantes de la Alianza democrática del 23 de mayo para el cambio.

Malí ha solicitado ayuda a la Unión Europea para la organización de este Foro. ¿Qué piensa hacer la Comisión para garantizar la participación de los Tuareg en el Foro y poner en marcha el desarrollo en la región de Kidal?

(FR) La comunidad internacional siempre ha apoyado la vía de la negociación adoptada por las autoridades con el fin de resolver pacíficamente la crisis en la región de Kidal. A este respecto, los Acuerdos de Argel preveían, después del desarme y el acantonamiento de los rebeldes, la organización de un encuentro para hacer que los proveedores de fondos participen en la financiación del desarrollo de la región: el Foro de Kidal.

Sin embargo, la puesta en práctica de los Acuerdos ha experimentado dificultades y la organización del Foro ha sido aplazada varias veces. Finalmente, el 8 de febrero, el Gobierno ha anunciado la celebración del Foro para el 23 de marzo.

Los representantes diplomáticos de los Estados miembros de la UE y de la Comisión han recibido las cartas de la Alianza democrática del 23 de mayo para el cambio, enviadas el 15 de febrero, en las que se plantea la cuestión de la participación de la Alianza en el Foro. Los jefes de la misión diplomática de los Estados miembros y de la Comisión han consultado entre sí y se han puesto en contacto con las autoridades de Malí para aclarar esta cuestión. Se ha celebrado una reunión en Alger entre los diferentes partidos de Mali para aclarar algunos puntos del Acuerdo de Argel y, según parece, la Alianza democrática del 23 de mayo participará en el Foro de Kidal.

Las transacciones comerciales relativas a los servicios de registro de los nombres de dominio genéricos (como los que acaban en «.com», «.net» o bien «.org») están controladas por una sociedad de Derecho privado, ICANN; con sede en Estados Unidos, que también actúa mediante una filial en Bélgica.

ICANN establece precios mínimos de venta al por mayor para el registro de nombres de dominio y concede el derecho de gestión a organismos de registro de dominios genéricos de Internet que ofrecen servicios tanto dentro del mercado único como en todo el mundo. ICANN percibe una tasa sobre cada nombre de dominio genérico registrado en el mundo, incluidos los de empresas, organizaciones y consumidores de los Estados miembros y del Espacio Económico Europeo.

Recientemente, el ICANN ha firmado una serie de acuerdos con otras empresas, entre otros con Verisign, la mayor sociedad de registro de nombres de dominio, a la que ICANN ha concedido el derecho exclusivo de registro de los nombres «.com» y «.net» a cambio de una tasa pagadera por el consumidor final, que no guarda relación con el coste de la prestación del servicio, y que ha acarreado subidas de precio para los consumidores europeos.

¿Ha recibido la Comisión quejas de empresas o de ciudadanos europeos? En todo caso, ¿piensa investigar la Comisión si los acuerdos firmados entre el ICANN, Verisign y empresas europeas de registro de nombres de dominio están sujetos a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de los Tratados?

(EN) La Comisión da las gracias a su Señoría por la información facilitada.

La Comisión también ha sido contactada por empresas que han manifestado su preocupación acerca del acuerdo de registro de los dominios «.com» firmado entre la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) y VeriSign.

En la actualidad, la información de que dispone esta institución no resulta suficiente para decidir si existen motivos para iniciar una investigación en relación con un posible incumplimiento de las normas de competencia comunitarias.

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más importante del comercio, también internacional. El valor de los bienes y servicios culturales que se comercializan reside en el talento, la invención, la creación y la innovación de sus autores y autoras.

La Ronda Uruguay, a través del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC, consiguió reducir las diferencias existentes entre los distintos países del mundo, estableciendo normas internacionales comunes de protección mínima de los derechos de autor. Así, propició un equilibrio entre los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad y los beneficios a largo plazo, derivados del acceso público a estas obras.

En estos momentos, se está debatiendo en la UE la propuesta de Directiva sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor en el ámbito de los servicios de música en línea, y sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo cree usted que las negociaciones de la Ronda de Doha en este terreno afectarán la reforma propuesta por la Comisión Europea? ¿Piensa que será posible mantener la competitividad de las empresas creativas implicadas, la efectividad de los servicios proporcionados por los gestores colectivos de derechos y la competitividad de las empresas de usuarios, en particular los pequeños titulares de derechos y usuarios, preservando al mismo tiempo la creatividad y la diversidad cultural?

(EN) Por el momento, la Comisión no tiene previsto proponer una directiva comunitaria sobre la gestión transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el sector de la música. La Recomendación de la Comisión, de 18 de octubre de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea presentaba una variedad de opciones políticas sobre cómo podría evolucionar la gestión transfronteriza de los servicios en línea en un mercado digital. Esta Recomendación trata de la forma en que se gestionan los derechos a escala comunitaria y se podría aplicar a todos los servicios en línea que se consumen en la Unión Europea. La política de la Comisión en materia de servicios en línea se adhiere estrictamente al principio de la igualdad de trato para todos los autores y titulares de derechos que están protegidos en virtud de todos los convenios internacionales correspondientes a los que se adhieren bien la Comunidad o sus Estados miembros.

La Comisión tiene la intención de evaluar el desarrollo del sector de la música en línea en función de la Recomendación mencionada. Para ello, ha solicitado a todas las partes interesadas que presenten, para el 1 de julio de 2007, sus puntos de vista y comentarios sobre sus experiencias iniciales con la Recomendación y, en general, sus opiniones sobre la manera en que ha evolucionado el sector de la música en línea desde su adopción.

El apoyo de la UE a la primera fase del Plan Colombia, considerado como militarista, había sido claramente rechazado por el Consejo de ministros, la Comisión Europea, y el Parlamento Europeo, el 1 de febrero de 2001 (por 474 votos contra 1).

Esta decisión parece hoy muy acertada, porque el Plan fue un fracaso. Según el Sr. Alfredo Rangel experto en seguridad y asesor del Presidente Uribe, quien defendió el Plan a su comienzo, «Hoy el problema del narcotráfico es mucho más grande que antes del Plan Colombia. La cantidad de cocaína que se está exportando es mucho mayor y la dispersión de los cultivos ilícitos es mucho mayor». Según el Sr. Rangel, cuando empezó el Plan Colombia había cultivos de droga en 4 departamentos de Colombia y ahora los hay «en más de 20».

Ahora los Estados Unidos anuncian que van a disminuir su financiación a la fase II del Plan Colombia, y el Gobierno colombiano está emprendiendo una diplomacia activa para encontrar alternativas. La Ministra de Relaciones Exteriores, Sra. María Consuelo Araujo, vino a Bruselas el 1 de febrero, y el Ministro de Defensa, Sr. Juan Manuel Santos, el 8 de febrero.

¿Puede la Comisión informar al Parlamento si considera financiar directamente o indirectamente el Plan Colombia en su fase II?

(FR) La Comisión no tiene previsto financiar de manera directa o indirecta la segunda fase del «Plan Colombia», del mismo modo que tampoco financió la primera.

Las acciones de cooperación que recibirán financiación del presupuesto comunitario durante los próximos años se encuentran definidas en el proyecto de documento de estrategia por países correspondiente al período 2007-2013, el cual deberá ser aprobado por la Comisión en las próximas semanas.

En dicho proyecto se contempla una dotación financiera de 160 millones de euros y se establecen tres sectores de intervención prioritaria:

1) Paz y estabilidad, incluido el desarrollo alternativo: 70% del presupuesto;

2) Estado de Derecho, justicia y derechos humanos: 20% del presupuesto;

3) Productividad, competitividad y comercio: 10% del presupuesto.

En el contexto de la búsqueda de una mayor cohesión social en este país en conflicto, el objetivo principal dentro del primer sector es consolidar y ampliar la estrategia llevada a cabo por los Laboratorios de Paz, prestando más atención a las acciones de desarrollo alternativo. Asimismo, en este sector se incluirán acciones en favor de las personas desplazadas.

Con el segundo sector del DEP (documento de estrategia por países) se pretende dar continuidad al trabajo realizado para reforzar la institución judicial y, al mismo tiempo, introducir mejoras en la misma mediante la inclusión, por primera vez, de una parte en colaboración directa con el Estado en materia de derechos humanos.

En el contexto de una economía globalizada, el objetivo del tercer sector consiste en impulsar la competitividad de la economía colombiana.

A la vista de los resultados de las negociaciones a seis bandas celebradas en Pekín, ¿podría detallar la Comisión la forma en que ha participado la UE en el proceso e indicar si se examina la posibilidad de una visita por parte de la Troika?

(EN) La Comisión considera que el resultado de las negociaciones a seis bandas celebradas en Pekín el 13 de febrero de 2007, incluida la creación de grupos de trabajo, constituye un avance potencial importante y positivo hacia la resolución de los problemas nucleares y de otro tipo con Corea del Norte.

La Unión Europea ha señalado que mantendrá un proceso de consulta constante con estos seis países a fin de determinar el mejor modo de ayudar en el proceso.

Por otra parte, ya se envió una troika europea (del nivel de directores regionales) a Pyongyang del 6 al 8 de marzo de 2007.

A la vista de las recientes noticias sobre casos de gripe aviar en países de la Unión Europea, en particular, Reino Unido e Hungría, y teniendo en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo sobre los programas de erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades animales en los diferentes Estados miembros, en particular, la gripe aviar, ¿puede decir la Comisión qué acciones está llevando a cabo a este respecto?

(EN) Existe un amplio abanico de medidas comunitarias armonizadas en vigor en relación con la prevención, la vigilancia y el control de la gripe aviar, las cuales se pueden encontrar en el sitio web de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (SANCO)⁽¹⁾.

Estas medidas demostraron resultar muy efectivas el año pasado, cuando la enfermedad se propagó a través de aves silvestres por 14 Estados miembros, en cinco de los cuales también se extendió el contagio a aves de corral.

Asimismo, las medidas vigentes han permitido un control muy rápido y eficaz de los últimos brotes en dos granjas de gansos en Hungría y en una de pavos en el Reino Unido.

Estos brotes se han detectado y erradicado con prontitud sin consecuencias para la salud humana, gracias a las acciones tan eficaces puestas en marcha por las autoridades competentes en los dos Estados miembros, las cuales han trabajado en estrecha colaboración con la Comisión.

Por otra parte, aunque se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes para identificar el origen de los brotes, estas aún no han arrojado ningún resultado concluyente.

La Comisión mantiene una revisión constante de las medidas en vigor y está dispuesta a modificarlas para tomar en consideración las nuevas pruebas científicas y la experiencia obtenida en materia de prevención y control de enfermedades.

En informes recientes elaborados por WaterAid se demuestra que, en los países en desarrollo, 1 100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 2 600 millones no disponen de acceso a sistemas básicos de saneamiento. Todo ello causa la muerte hasta de 5 000 niños al día. Además, estas carencias tienen repercusiones sociales y económicas. A las muchachas se les deniega la educación porque tienen que asumir la tarea de acarrear agua y, en la edad adulta, las mujeres han de cuidar inevitablemente de sus hijos enfermos. La economía se ve asimismo afectada: en África, por ejemplo, se calcula que el 5 % del PIB se pierde en enfermedades y muertes causadas por agua contaminada y falta de sistemas de saneamiento.

A la vista de todo ello, ¿qué planes tiene la Comisión para incrementar el envío específico de ayuda al sector mencionado a los países más pobres que más lo necesiten? ¿Cuándo alcanzará la UE el objetivo de enviar el 70 % de la ayuda a los países de menores ingresos? ¿Tiene previsto la Comisión promover un plan de acción global para el saneamiento y el agua firmado por la comunidad internacional de ayuda al desarrollo como se recomendaba en el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado recientemente por el PNUD?

(EN) La Comisión Europea presta asistencia a sus socios en desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que se destina a los países del África subsahariana, del Caribe y del Pacífico signatarios del Acuerdo de Cotonú, y por medio del presupuesto general de la Comisión, que se centra en otras regiones del mundo, incluidas las del Mediterráneo, Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central (los países EECCA), Asia y Latinoamérica. El Fondo Europeo de Desarrollo presta atención sobre todo a aquellos países menos desarrollados y con una renta baja, los cuales se han beneficiado, aproximadamente, de un 70% de los compromisos realizados en el sector del agua y el saneamiento en el marco del FED.

Las actividades comunitarias en el sector del agua y el saneamiento se implementan y se preparan dentro de las estrategias por países y de los programas indicativos regionales y nacionales. Estos documentos se elaboran en consulta con los países socios con vistas a reflejar sus respectivas prioridades nacionales.

En el contexto del noveno FED, correspondiente al período 2002-2007, se asignó la cantidad aproximada de 475 millones de euros al sector del agua y el saneamiento en 16 países de África, el Caribe y el Pacífico. Además, se ha otorgado la suma adicional de 500 millones de euros a través del mecanismo de recursos hídricos ACP-UE con la intención de invertir en los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua y de rentabilizar al máximo dichas inversiones. La programación del décimo FED, correspondiente al período 2008-2013, se está completando en estos momentos, por lo que es demasiado pronto para cuantificar el nivel global de asignaciones a este sector. Por otra parte, la Asociación UE-África en materia de infraestructura y su respectivo fondo fiduciario apoyarán los programas regionales sobre recursos hídricos que contribuyan al crecimiento económico sostenible, a promover el comercio regional, a impulsar la integración regional y a reducir la pobreza. El componente hídrico de la Asociación pretende dar cobertura al uso sostenible de los recursos hídricos regionales y a una gestión mejorada de los mismos en los ríos y cuencas hidrogeológicas, tanto a escala nacional como transfronteriza.

En el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD⁽¹⁾, publicado en noviembre de 2006, se promueve un plan de acción global en materia de agua y saneamiento como marco para las acciones políticas y para la movilización de los fondos. Asimismo, la promoción de este plan se lleva a cabo a través de la campaña «End Water Poverty» iniciada recientemente por parte de unas organizaciones no gubernamentales (Water Aid, Tear Fund y Streams of Knowledge). La CE ha acogido con agrado el Informe sobre el Desarrollo Humano 2006 del PNUD y la atención renovada que presta a la importancia que revisten el agua, el saneamiento y la higiene para el desarrollo humano. La iniciativa sobre el agua de la Unión Europea es un esfuerzo concertado entre la Comisión Europea, los Estados miembros, los países socios y otras partes interesadas, tales como organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones de gobierno local, con vistas a colaborar entre ellas y con otros donantes bilaterales y multilaterales interesados de cara a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el consenso europeo sobre desarrollo y en la estrategia de la UE para África, esta iniciativa se considera una contribución a nuestros objetivos políticos en materia de agua y servicios de saneamiento.

El Epiro es una de las regiones más pobres de la UE; carece de red ferroviaria, modernas vías de circulación rápida y aeropuertos. ¿Cuáles son los diversos fondos concedidos hasta la fecha a través del 3er MCA a las provincias de Tesprocia, Préveza, Ioánnina y Arta y qué absorción de fondos ha registrado cada una de estas cuatro provincias?

(EN) En relación con la asistencia comunitaria a las cuatro prefecturas del Epiro, la Comisión quisiera resaltar que la prefectura no se considera un nivel administrativo con participación en los programas de ayuda comunitaria. Esta asistencia se programa a escala nacional y regional. Su asignación e implementación en niveles administrativos inferiores es responsabilidad de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Por tanto, la Comisión no dispone de información detallada sobre la programación o la absorción de la ayuda comunitaria en el nivel de las prefecturas griegas.

En lo que respecta a la región del Epiro en general, esta se beneficia sobre todo del programa operativo regional «Epiro», con un presupuesto total de 625 millones de euros, de los cuales 450 millones son de asistencia comunitaria. Hacia mediados de febrero de 2007 ya se había registrado un gasto de 356 millones, lo que supone una tasa de absorción de un 57%. Este porcentaje se aproxima a la media de toda Grecia, cuya tasa de absorción es de un 59%. Como ya ha declarado la Comisión en anteriores ocasiones, este nivel de absorción representa una clara mejora con respecto a la situación de hace dos o tres años, en lo que se refiere tanto a Grecia en general como a la región del Epiro en particular. No obstante, es preciso que se produzca una mayor aceleración en la implementación de los proyectos cofinanciados para disminuir el riesgo de pérdida de fondos comunitarios entre la fecha actual y finales de 2008.

Por otra parte, la región del Epiro también se beneficia de manera considerable de la asistencia comunitaria programada en el nivel nacional, a través, por ejemplo, del programa operativo nacional para las carreteras. En el contexto de este programa se cofinancian actualmente secciones importantes de la carretera Egnatia en el Epiro, que conecta la región con el resto del norte y el este de Grecia. Los programas del período 2007-2013 tienen previsto cofinanciar la construcción de la carretera Jónica, que unirá la región del Epiro con la parte occidental y meridional de Grecia, así como un aumento de la capacidad del aeropuerto de Ioánnina.

Por último, el Epiro se beneficia de la ayuda comunitaria otorgada en el marco del Fondo de Cohesión. Este Fondo cofinancia actualmente la ampliación del puerto de Igoumenitsa, diversos proyectos para la construcción o mejora de los sistemas de tratamiento del agua y de las aguas residuales en Ioánnina, Preveza, Igoumenitsa, Parga y Arta, así como un proyecto para la gestión de los residuos sólidos en varias zonas de la región.

De la respuesta de la Comisión Europea a mi pregunta (H-1083/06)⁽¹⁾ se desprende que quien pide la apertura de contingentes autónomos ha de acreditar la inexistencia de producción de lomos de la UE, de ACP y de SPG. ¿Han justificado este extremo debidamente los solicitantes de la apertura de un nuevo incremento de contingentes de lomos de atún?

¿Es consciente la Comisión del contrasentido que representa, por un lado, el hecho de que la importación de conserva de atún (partida 16-04) de terceros países esté sometida a un arancel del 24 %, mientras que, por otro, los lomos de atún (también de la partida 16-04) están entrando en la UE, a través de estos contingentes, a un arancel reducido del 6 %? ¿No sería más lógico un tratamiento similar, dado que ambos están en el mismo capítulo?

¿Se ha planteado la Comisión que, toda vez que el lomo de atún se elabora a partir de la materia prima capturada, entre otros, por la flota europea, la de países ACP y SPG, cuyo aporte en su conjunto supera las 500 000 toneladas, la apertura de este tipo de contingentes, como el que se pretende para 2007, está haciendo que los armadores comunitarios estén soportando precios del atún congelado al mismo nivel que hace quince años?

(EN) La Comisión no comparte ni acepta la opinión de que solamente puedan abrirse contingentes arancelarios autónomos sin no hay producción ni en la UE ni en los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) ni en los pertenecientes al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). En realidad, el desencadenante de la apertura o el incremento de los contingentes autónomos puede ser la existencia de un grave problema de abastecimiento para la industria transformadora europea o la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la materia prima por parte de todos los Estados miembros afectados.

Como cuestión de principio, los derechos aplicables a las conservas de atún y a los lomos de atún se fijan en el mismo nivel, el 24 %. Sólo en el caso particular de los lomos destinados a transformación contempla el régimen de contingente autónomo la importación de una cantidad muy limitada de lomos de atún sujeta a un derecho reducido del 6 %. La finalidad de esta medida es proporcionar materia prima adicional que no pueden aportar por sí solas las capturas comunitarias ni las de los países SPG+ o ACP.

Cabe señalar que la mayoría de los suministradores tradicionales de lomos de atún para transformación se acogen a regímenes preferenciales. Alrededor del 80 % corresponden a países SPG+ y el 5 %, aproximadamente, a países ACP. Los lomos de atún de estos dos grupos se importan a la UE con un derecho del 0 %. El contingente arancelario autónomo del 6 %, por lo tanto, solamente es aplicable al 15 % de estas importaciones. Habida cuenta de que los datos sobre las importaciones muestran un aumento significativo de los precios a lo largo de los años 2004 a 2006, la Comisión no considera que la apertura de un contingente arancelario autónomo vaya a tener un impacto negativo en los precios de los lomos de atún para transformación.

Recientemente, la Comisión Europea ha insistido en su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático lanzando una iniciativa legislativa para incorporar al sistema de comercio de emisiones de la UE las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación civil. El proyecto de directiva se encuentra actualmente en fase de estudio y no entraría en vigor hasta 2011.

Las consultas a las partes interesadas por parte de la Comisión pusieron de manifiesto que las tasas de navegación aérea sobre las emisiones e impacto medioambiental de los aviones se consideran como el segundo instrumento más eficaz para reducir el impacto de la aviación sobre el cambio climático.

Si bien las compañías aéreas y los operadores aeroportuarios podrían recelar de un sistema obligatorio (puesto que encarecería los precios para los pasajeros), un sistema basado en aportaciones voluntarias, por el contrario, evitaría esta preocupación. Estas aportaciones supondrían apenas entre un 2 y un 5 % del precio del billete. Los ingresos obtenidos se destinarían a proyectos de reforestación o de energías renovables en los países en desarrollo.

¿Tiene la Comisión intención de adherirse a un sistema voluntario que incluya una opción de compensación en los procedimientos de reserva de billetes de manera que los comisarios y los funcionarios de la UE puedan asumir sus responsabilidades y abonar una compensación por las emisiones correspondientes a sus vuelos?

(EN) La Comisión cree que es importante introducir medidas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación civil y considera que su propuesta de incluir este sector en el sistema de comercio de emisiones constituye el modo más rentable de lograrlo. La Comisión opina que la idea de sustituir este sistema por otro voluntario no es una opción efectiva.

La cuestión relativa a la compensación de las emisiones procedentes de los desplazamientos internacionales y de otras actividades operativas de la Comisión está siendo estudiada en este momento. Esto podría implicar o bien la adquisición de créditos en el contexto del sistema de comercio de emisiones o la inversión en proyectos de mecanismos para un desarrollo limpio que puedan proporcionar garantías fiables en lo que respecta a las reducciones de CO2.

En su respuesta a las preguntas parlamentarias P-4666/06, P-5186/06 y P-5449/06, la Comisión declara que las autoridades italianas han adoptado medidas contra el comportamiento, semejante al de un cártel, de los operadores telefónicos en Italia que facturan gastos elevados para la recarga de los teléfonos móviles.

¿Puede indicar la Comisión en qué medida se han aplicado estas medidas y qué resultados pueden constatarse hasta ahora?

(EN) La Comisión informa a su Señoría de que, el 25 de enero de 2007, el Ministerio de Desarrollo Económico italiano aprobó un decreto en virtud del cual quedaban abolidos los costes adicionales impuestos sobre los teléfonos móviles ⁽¹⁾ en Italia.

La industria europea de la tecnología de la información está penalizada por unas exigencias excesivas en lo que atañe al pago de derechos de autor injustificados. En 2005, la Comisión concluyó que la legislación de 2001 sobre los derechos de autor debía ser reformada. En septiembre de 2006, anunció un programa de diez puntos para estimular la innovación como una de las principales bazas de la economía de la UE. Al mismo tiempo, declaró que la reforma del canon por derechos de autor era el primer factor clave de importancia para incrementar la competitividad de la UE con vistas a incrementar la transparencia y la eficacia de las reglas sobre la recaudación y la redistribución de los derechos en la UE. En enero de este año, la Comisión decidió aplazar indefinidamente la reforma sin dar ninguna razón. Esto ha causado preocupación en todo el sector de la comunicación y la información. ¿Por qué ha decidido la Comisión retrasar la reforma del canon por derechos de autor y cuándo se propone volver a examinar ese asunto

(EN) La Comisión controlará de cerca los futuros avances en relación con los sistemas de cánones que operan a escala nacional para compensar a los derechohabientes de los posibles daños derivados de la copia de trabajos protegidos por parte de los consumidores para su uso privado. Asimismo, esta institución seguirá evaluando el modo en que los cánones interactúan con los servicios digitales y el sector de la tecnología de la información en general.

Según el informe final de la Comisión sobre las transacciones bancarias para particulares, existen en los distintos Estados miembros diferentes prácticas en relación con las cuentas corrientes y los servicios afines que obstaculizan la competencia y se revelan perjudiciales para los consumidores.

¿De qué datos dispone la Comisión, en especial referentes a Grecia, sobre los importes cargados en las transacciones transfronterizas mediante tarjetas, las elevadas comisiones en las tarjetas de pago, las prácticas de colaboración entre bancos que son contrarias a la competencia y las modalidades de «vinculación» de los clientes a determinadas entidades de crédito? ¿Qué medidas concretas considera la Comisión que es necesario adoptar en lo que se refiere a Grecia y cómo puede protegerse el consumidor griego y reclamar su dinero de manera retroactiva si los cargos citados se consideran abusivos?

(EN) En junio de 2005, la Comisión puso en marcha una investigación sectorial en el ámbito de los servicios bancarios para particulares. El primer informe provisional⁽¹⁾ sobre las tarjetas de pago se publicó el 12 de abril 2006. El 17 de julio de 2006 se publicó un segundo informe⁽²⁾, en el cual se debatía, entre otras cuestiones, la competencia en materia de cuentas corrientes y otros servicios relacionados. Tras considerar los resultados de estos dos documentos y los comentarios de todas las partes interesadas, el 31 de enero de 2007 la Comisión publicó un informe final y evaluó en una comunicación ⁽³⁾ las acciones apropiadas que podrían llevarse a cabo sobre la base de las conclusiones de dicho informe.

La investigación del sector determinó que algunos aspectos de la cooperación entre los bancos, incluidas las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, podrían reducir la competencia e impedir el acceso al mercado. No obstante, antes de poder sacar conclusiones sobre la situación en cada Estado miembro, es preciso recabar información adicional y llevar a cabo un análisis más profundo.

La investigación sectorial analizó el alcance de la vinculación de productos en los Estados miembros y descubrió que esta práctica es más común en Grecia que en la media de la Unión Europea para la mayoría de los productos⁽⁴⁾. Por ejemplo, un 69% de los bancos griegos (media ponderada) vincula las cuentas corrientes a las hipotecas, un porcentaje bastante superior al promedio europeo de un 39 %. No obstante, hay otros siete países que han demostrado tener una incidencia mayor de esta práctica.

Por último, la investigación del sector determinó que los importes cargados por realizar un pago por cheque o transferencia son los más altos de toda Europa. La Comisión ya ha hecho referencia a esta situación en respuestas anteriores a los diputados al Parlamento⁽⁵⁾.

Las pruebas reunidas por la investigación revelan un precio medio de 10 euros por cada transferencia, una cantidad diez veces superior al promedio de la zona del euro. Al mismo tiempo, las estadísticas ponen de manifiesto que Grecia es el país con el nivel per cápita más bajo de pagos por cheque o transferencia. Es probable que exista relación entre el poco uso de este tipo de instrumentos, los elevados precios abonados por los consumidores griegos y el nivel de competencia en el mercado de pagos.

La Comisión tiene previsto realizar un seguimiento de estas cuestiones. Como medida inicial, la Comisión debatirá con la autoridad griega en materia de competencia el modo más apropiado de dar seguimiento a las conclusiones de la investigación sectorial en lo que concierne a Grecia.

El 29 de marzo de 2005, en virtud de las decisiones nº 1 043 de 30 de diciembre de 2004, nº 88 de 11 de febrero de 2005 y nº 190 de 15 de marzo de 2005 del Consejo de Ministros de la República de Bulgaria, se celebró el contrato de concesión de construcción de la autopista de Trakia entre el Estado búlgaro y la empresa búlgaro-portuguesa Trakia Motorway JSC.

¿Comparte la Comisión la opinión de que dicho contrato de concesión se ha celebrado sin ningún tipo de procedimiento de licitación o concurso, con absoluta falta de transparencia, en incumplimiento del capítulo 3 (relativo al transporte) del Tratado de adhesión de la República de Bulgaria, habida cuenta de que la construcción de la mencionada autopista se va a financiar con recursos de la UE, y con garantías estatales explícitas e implícitas, y en contradicción con la estrategia de Lisboa por lo que respecta a la abolición del sistema de peajes y la introducción de un sistema de euroviñetas electrónico?

(FR) Como ha indicado su Señoría, la concesión de la autopista de Trakia se efectuó sin ningún tipo de convocatoria de licitación. No obstante, el problema en cuestión surgió antes de la adhesión y, por tanto, solo está sujeto a la legislación nacional, y ocurrió cuando la ley búlgara al respecto todavía no estaba en consonancia con el acervo comunitario. Esta circunstancia fue señalada por la Comisión, la cual recalcó a las autoridades búlgaras lo lamentable de la situación. No obstante, la capacidad de actuación de esta institución era limitada, sobre todo porque en la financiación del proyecto no estaban en juego los fondos de preadhesión.

Este punto quedó claramente establecido en la reunión técnica bilateral especial celebrada el 27 de enero de 2005, así como en la reunión del Comité de Asociación del 15 de junio de 2005. Se acordó una solución técnica que resultó aceptable en términos de ley comunitaria de transporte y, en particular, para la aplicación de medidas relativas a los peajes y los derechos de uso en virtud de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras. En respuesta a la pregunta concreta de su Señoría, la compatibilidad con la normativa comunitaria exige el respeto a determinados principios a la hora de calcular los peajes y prevé la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de cobro. Por otro lado, no hace hincapié en la introducción o eliminación de los sistemas de peaje, ni en su sustitución por un sistema electrónico de viñetas.

La legalidad de las garantías estatales concedidas al proyecto se basa también en el artículo 65 del Acuerdo de Asociación europeo relativo a la competencia y la ayuda pública. Esta cuestión ha sido objeto de profundos debates entre los servicios de la Comisión Europea y la Comisión búlgara para la Protección de la Competencia, la cual decidió finalmente, el 3 de mayo de 2005, que, dependiendo de determinadas condiciones, el contrato de concesión otorgado a la empresa Trakia Motorway JSC no incluía ningún tipo de ayuda estatal.

Por último, este asunto ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una reforma concienzuda del derecho búlgaro en este sentido para que resulte conforme al acervo comunitario. Para ello, se ha preparado una nueva ley en materia de concesiones (SG nº 36/2.05.2006) con la ayuda de los servicios de la Comisión, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2006. En virtud de esta ley, no se permitirá celebrar un contrato en las condiciones criticadas por su Señoría.

Por los motivos explicados anteriormente, hay que resaltar que, con respecto a los diferentes problemas que ha planteado este proyecto, la Comisión siempre ha intervenido solo con carácter consultivo.

En todos los casos, los proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales o por el Fondo de Cohesión desde la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea tienen como condición el respeto a la normativa comunitaria y a toda la legislación nacional aplicable en consonancia con dicha normativa. El proyecto en cuestión no cuenta con la financiación de ninguno de estos dos fondos y las autoridades búlgaras no presentaron el proyecto para solicitar dicha financiación.

En octubre de 2006, a la vista de los precios de dumping aplicados por China y del hecho de que los productores polacos cubren el 60 % de las necesidades de la industria europea de transformación, la Comisión Europea impuso provisionalmente aranceles antidumping sobre las fresas chinas congeladas. Se rumorea que no se seguirá aplicando esos aranceles, lo que provocará la quiebra de numerosos productores europeos, en particular en Polonia, y la dependencia de la Unión Europea de las fresas importadas de China o Marruecos. Tales rumores han suscitado la inquietud de los productores y la industria transformadora de las fresas en Polonia. El 18 de febrero pasado se lanzó un llamamiento de protesta y se creó un comité para su organización. Las medidas de protesta se llevarán a cabo en Polonia y la Unión Europea. A la vista de estas circunstancias, ¿es consciente la Comisión del peligro que puede conllevar hacer caso omiso de los riesgos que afrontan los agricultores polacos y europeos?

(EN) Los aranceles antidumping sobre las importaciones de fresas congeladas procedentes de China fueron impuestos provisionalmente por la Comisión en octubre de 2006. La cuestión de si convendría confirmar ahora estas medidas provisionales es objeto de una cuidadosa evaluación. Durante esta evaluación, la Comisión debe tener en cuenta los intereses de todas las partes, incluida la situación de los productores, las industrias transformadoras y los consumidores finales de fresas congeladas en Polonia y en la Unión Europea. En particular, es preciso determinar si la aplicación de unas medidas antidumping definitivas resultaría beneficiosa o no para toda la Comunidad en general.

El resultado se debe decidir el 19 de abril 2007 a más tardar. La Comisión no puede, en este momento, realizar ningún comentario sobre la posición final que adoptará en este caso.

¿Cuándo se tomará la decisión definitiva sobre la ubicación del Instituto Europeo de Tecnología? ¿Tendrá su sede en varias ciudades pero con un mismo estatuto? ¿Cabe la posibilidad de que una de estas ciudades sea Wrocław?

(EN) La propuesta de Reglamento de la Comisión relativa a la creación de un Instituto Europeo de Tecnología (IET) se encuentra actualmente sometida a debate en el Consejo y el Parlamento. Se prevé que la decisión concerniente a la ubicación de su sede central, donde se reunirán el Consejo de Administración y el personal asistente, se tome tras aprobar el Reglamento y una vez establecido formalmente el IET.

La opinión pública polaca está preocupada por las declaraciones del Comisario Dimas a New Europe (n° 718, 25.02.2007) en relación con la autopista conocida como Via Baltica.

Todos los proyectos de construcción en Polonia de autopistas, vertederos, embalses o instalaciones de tratamiento de residuos topan con la oposición de la UE justamente cuando están a punto de ejecutarse.

Las declaraciones del Comisario Dimas constituyen una molesta injerencia en los asuntos internos de Polonia y dificultarán la construcción de carreteras y demás infraestructuras importantes para la mejora del transporte. Polonia es un país de tránsito entre el este y el oeste de Europa.

La Comisión debería definir inequívocamente postura en cuanto a las inversiones viarias.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para evitar nuevas injerencias por parte de la UE en materia de construcción de carreteras y demás infraestructuras en Polonia?

Al hilo de la decisión del Gobierno polaco de construir una autovía de circunvalación en la ciudad de Augustow, pese a las dudas existentes sobre la compatibilidad de ese proyecto con el Derecho comunitario, en particular con la Directiva relativa a las aves (79/409/CEE⁽¹⁾) y la Directiva «Hábitats» (92/43/CEE⁽²⁾), ¿podría indicar la Comisión cuál es su parecer al respecto y si estaría dispuesta a llevar a Polonia ante Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si percibiera infracciones del Derecho comunitario?

(EN) La Comisión tiene la obligación fundamental de garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria por parte de los Estados miembros. A través de su respectiva Acta de Adhesión, Polonia ha aceptado las normas de Derecho básicas que rigen la Unión Europea y su acervo comunitario. Por tanto, Polonia –al igual que el resto de los Estados miembros– está obligada a respetar la legislación europea. Las Directivas sobre hábitats y aves forman parte integral de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente y son de imperativo cumplimiento.

En caso de que un Estado miembro infrinja la ley, la Comisión se reserva el derecho a tomar las medidas que estime oportunas y necesarias de acuerdo con las competencias que le son conferidas en virtud del Tratado CE. La Comisión acoge con satisfacción todas las medidas llevadas a cabo por los Estados miembros a fin de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea.

La Comisión apoya con firmeza la mejora de las infraestructuras pertenecientes a la red transeuropea de transporte, que comprende también la infraestructura de carreteras de Polonia, incluido el eje Helsinki-Varsovia en la parte nororiental del país. No obstante, esta institución cree que es preciso adoptar un enfoque sostenible de cara a lograr un equilibrio entre las necesidades del transporte y la protección del valioso patrimonio natural de conformidad con la legislación europea aplicable.

En lo que respecta al proyecto de autopista del valle del Rospuda, la Comisión envió un dictamen motivado a Polonia el 1 de marzo 2007. Polonia dispone de una semana de plazo para responder. La Comisión evaluará dicha respuesta cuando la reciba.

Por ahora, y hasta que la Comisión reciba y estudie la respuesta polaca, resulta precipitado plantearse ningún tipo de medida ulterior. No obstante, la Comisión ya ha dejado claro que considera que el asunto sigue siendo importante y urgente, y que no dejará de tener en cuenta estos factores.

La consecuencia de la sentencia «Lidl Italia» del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2006 es un empeoramiento de la situación en que se encuentran numerosos minoristas a los que, junto con sus PYME, podrá considerárseles responsables de la exactitud de las indicaciones obligatorias en las etiquetas. Sin embargo, este control no es factible en la práctica. Esta situación puede generar un incremento considerable de los gastos administrativos para la aplicación de la legislación comunitaria. Asimismo es también contraria a las iniciativas de la DG Empresas (legislar mejor, reducción de los gastos administrativos). Las demás consecuencias son el establecimiento de obstáculos a los intercambios y la reducción de la protección de los consumidores.

¿Es consciente la Comisión de los problemas que trae aparejados esta sentencia? ¿Prevé, en particular, aprovechar la revisión en curso de la Directiva 2000/13/CE⁽¹⁾ para definir de manera precisa «quién» es responsable de que estas indicaciones figuren en la etiqueta de un producto alimenticio envasado y se correspondan con la realidad?

(FR) El caso «Lidl Italia» tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad de los comerciantes en el sector alimentario. El Tribunal dictaminó que la Directiva 2000/13 no impide que un reglamento nacional estipule que la responsabilidad recaiga en todos los operadores de la cadena alimentaria, incluidos los distribuidores, en caso de que no se respeten las obligaciones de etiquetado establecidas en dicha Directiva. En este caso, la legislación italiana daba cobertura a este tipo de responsabilidad y fijaba un sistema de sanciones en caso de infracción.

La Comisión está estudiando las consecuencias legales de esta sentencia en el contexto de la revisión de la normativa en materia de etiquetado.

En la práctica, en lo que se refiere a la responsabilidad, no hay que olvidar que la interacción entre los productores, los fabricantes y los distribuidores resulta cada vez más compleja. Así, por ejemplo, es bastante frecuente que los productores primarios se encuentren vinculados a los fabricantes y distribuidores por una serie de obligaciones contractuales que exigen el cumplimiento de las normas en relación con la calidad o la seguridad.

Cada vez son más los distribuidores que ofrecen productos de elaboración propia con su marca, de forma que desempeñan un papel clave en las diferentes fases de su diseño.

Esta situación da origen a una mayor responsabilidad conjunta por parte de los distintos operadores que intervienen en la cadena alimentaria, en contraste con la asunción individual de responsabilidades que solía ocurrir en el pasado.

En cualquier caso, el ejercicio en curso con vistas a revisar la legislación comunitaria en relación con el etiquetado ofrecerá la oportunidad de analizar esta cuestión y de evaluar la necesidad potencial de una armonización a escala europea a fin de evitar los inconvenientes que conlleva la divergencia entre las normativas con respecto a la responsabilidad.

¿Podría indicar la Comisión Europea si están funcionando en Europa programas de concienciación sobre las drogas y, en caso afirmativo, de qué manera un grupo de voluntarios puede conseguir financiación para poner en marcha este tipo de programas de concienciación?

(EN) Por el momento, la Comisión no tiene en marcha ningún programa de concienciación sobre las drogas en Europa. No obstante, esta institución financia diversos proyectos de prevención de la drogadicción a través del programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud pública (2003-2008). Asimismo, la Comisión ha presentado una propuesta de Decisión del Parlamento y del Consejo por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico «Prevención e información en materia de drogas» dentro del programa general «Derechos fundamentales y Justicia». La propuesta se encuentra actualmente sometida a debate en el Parlamento y el Consejo.

Los grupos voluntarios pueden solicitar fondos para los programas de concienciación sobre drogas en el marco de estos dos programas, siempre y cuando sus respectivos proyectos tengan valor añadido para la Unión Europea. Las acciones comunitarias en el ámbito de la salud pública, incluida la prevención del consumo de drogas, complementan las actuaciones de los Estados miembros y, por tanto, la mayoría de los programas de concienciación reciben financiación de fuentes nacionales, regionales o locales.

¿Puede decir la Comisión cuánto dinero se destinará en total a Irlanda, tanto del Norte como del Sur, de conformidad con las disposiciones del Programa Interreg 2007-2013 y cómo se gastará este dinero?

(EN) En línea con las nuevas normas de la política de cohesión para el período 2007-2013, la Comisión aprobó el 4 de agosto de 2006 una serie de decisiones por las que se establecía la lista de regiones elegibles y se determinaba el desglose anual por Estado miembro de los créditos de compromiso que se destinarán a los tres objetivos de la política de cohesión durante dicho período. En este contexto, la Comisión fijó también las dotaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que se dedicarán en cada Estado miembro al objetivo europeo de cooperación territorial (el cual sustituirá la iniciativa comunitaria INTERREG durante el período 2007-2013), estableciendo cantidades separadas para la cooperación transfronteriza y transnacional. No obstante, es responsabilidad de los Estados miembros decidir sobre las dotaciones correspondientes a los programas individuales de cooperación transfronteriza y transnacional en los que van a participar.

Irlanda participará en dos programas transfronterizos: uno con Gales (la dotación del FEDER es de 53 millones de euros) y otro con Irlanda del Norte y Escocia (192 millones de euros). Asimismo, tanto Irlanda como Irlanda del Norte tomarán parte en los programas de cooperación transnacional Northern Periphery (35 millones de euros), Atlantic Space (104 millones de euros) y North-West Europe (aprox. 350 millones de euros). Por otra parte, el programa PEACE se desarrollará por primera vez dentro del marco del objetivo de cooperación territorial, con una dotación del FEDER de 225 millones de euros.

El programa Irlanda-Gales se presentó oficialmente ante la Comisión el 6 de marzo de 2007. Esta institución espera la presentación formal de los demás programas mencionados en la primavera de este año.

Dado que todavía no se ha aprobado ningún programa en el que participen Irlanda e Irlanda del Norte, y tan solo uno se ha presentado formalmente, no es posible especificar de un modo preciso el uso que se hará de los fondos. No obstante, al observar el ejercicio de consulta pública en curso relativo al programa Irlanda/Irlanda del Norte/Escocia, queda claro que los participantes pretenden dedicar el dinero a cuestiones tales como la cooperación regional en el ámbito empresarial, el turismo, la cooperación en materia de desarrollo y las infraestructuras transfronterizas.

¿Puede presentar la Comisión algún estudio que demuestre que la introducción de una base imponible común para el impuesto sobre sociedades contribuirá realmente a incrementar la competitividad de la economía europea?

¿No es cierto que «una solución para todo» no va a resolver los problemas estructurales que existen en estos momentos en muchos ámbitos de la economía europea?

(EN) Durante los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios relativos al impuesto sobre sociedades y la economía europea. A continuación se mencionan algunos de los más destacados.

La propia Comisión publicó en 2001 un importante estudio elaborado por su personal, con la colaboración de dos paneles formados por expertos teóricos, el sector empresarial y los interlocutores sociales⁽¹⁾. Entre otras cosas, en este estudio se identificaban diferentes obstáculos fiscales que impiden el funcionamiento eficiente del mercado interior. Por culpa de dichos obstáculos, las actividades empresariales y las inversiones transfronterizas en el seno de la Unión Europea conllevan unos costes más elevados que los incurridos al realizar operaciones similares en el nivel nacional. Esto provoca una reducción de la competitividad en la Unión Europea. Con vistas a promover la inversión, el crecimiento y el empleo, la Comisión concluyó posteriormente que el mejor modo de eliminar los obstáculos existentes era trabajar hacia la introducción de una base imponible común consolidada para el impuesto sobre sociedades (CCCTB, por sus siglas en inglés).

En 2004, la Comisión publicó otro estudio sobre los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones fiscales⁽²⁾, en el cual se determinó que dichos costes eran bastante más elevados en las operaciones transfronterizas que en las desarrolladas exclusivamente en el territorio nacional. Se espera que la introducción de la base imponible común consolidada, en virtud de la cual se reducirán de veintisiete a uno los conjuntos de normas impositivas nacionales potencialmente aplicables, disminuya estos costes tan perjudiciales para la competitividad de la economía europea.

Durante los últimos años, se han desarrollado diversos estudios sobre estas cuestiones en el nivel académico⁽³⁾. Estos estudios simulan las consecuencias, en lo que respecta al crecimiento, el empleo y el bienestar, de las diferentes políticas de coordinación fiscal en el ámbito del impuesto sobre sociedades (normalmente dentro de un marco de equilibrio general). Los resultados demuestran que los beneficios obtenidos de una mayor coordinación en el ámbito del impuesto de sociedades a escala europea, de la cual la CCCTB es un ejemplo, varían en función de las características específicas de la política. En general, se calcula un beneficio de entre un 0,18 % y un 0,94 % del producto interior bruto (PIB). Todavía no se ha realizado ningún estudio en el que se simulen las consecuencias económicas de la propuesta específica de la CCCTB sobre la base de suposiciones tales como su carácter opcional para las empresas, la consolidación junto con un mecanismo de prorrateo o la ausencia de armonización de los tipos impositivos, ya que el trabajo preparatorio todavía no se ha completado. No obstante, la Comisión preparará una evaluación de impacto exhaustiva que se adjuntará a la propuesta legislativa y en la que se dará cobertura a este tipo de asuntos.

La cuestión de si una solución de «talla única» permitirá o no resolver las dificultades estructurales de la economía europea está abierta a debate. Sin embargo, en el contexto de la pregunta, la cual hace referencia a la CCCTB, está claro que la base imponible común no se puede considerar una solución de esa clase. La Comisión tiene previsto proponer esta base a las empresas como una medida opcional, no como una obligación. Concretamente, la CCCTB se aplica solo a la base imponible. La fijación del tipo impositivo seguirá siendo competencia de los Estados miembros. La Comisión, actuando con prudencia y coherencia, evita promover una solución «de talla única» en lo que respecta al impuesto sobre sociedades, tal y como se refleja en las últimas comunicaciones sobre coordinación⁽⁴⁾.

En una reciente Comunicación de la Comisión (COM(2007)0013 final) se anuncia un nuevo ciclo de reformas reaccionarias en perjuicio de los trabajadores y los jubilados. Con el propósito de incrementar el papel y los beneficios de los monopolios empresariales activos en el sector de las pensiones, la salud y la asistencia, y alegando el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, se propone extender fórmulas flexibles de trabajo, empeorar las condiciones de seguridad social, aumentar la edad de jubilación y recortar drásticamente las pensiones en los sectores de la salud y la asistencia. Tanto los trabajadores como los jubilados se oponen radicalmente a estas alternativas.

¿Considera la Comisión que el aumento de la edad de jubilación y la continuación de la privatización en los ámbitos de la jubilación, la salud y la asistencia, mejoran el nivel de vida de los trabajadores? ¿Qué propone la Comisión para que las pensiones y, en general, las prestaciones sociales garanticen a todos los jubilados una vida en condiciones dignas?

(EN) La Unión Europea se dedica a modernizar el modelo social europeo sobre la base de unos valores compartidos de justicia social y contando con la participación activa de todos los ciudadanos en la vida económica y social.

El Consejo aprobó el 22 de febrero de 2007 el Informe conjunto sobre protección social e inclusión social sobre la base de la Comunicación de la Comisión⁽¹⁾. En el informe se resumen las conclusiones de la primera ronda del método abierto simplificado de coordinación, que da cobertura a la inclusión social, los sistemas de pensiones, la asistencia sanitaria y las atenciones a largo plazo. Según se menciona en el informe, durante la elaboración del Informe conjunto sobre protección social e inclusión social de 2006 y de sus anexos⁽²⁾ se llevó a cabo un análisis detallado de la sostenibilidad de las pensiones.

El informe de 2006 subraya que la esperanza de vida ha aumentado de forma drástica en los últimos 40 años (se ha registrado un incremento de 4 años entre 1960 y 2000, y se espera que se sumen otros 4 años más de aquí a 2050), a la par que se adelanta cada vez más el abandono del mercado laboral (la edad media de jubilación se sitúa en la actualidad por debajo del nivel de finales de la década de 1960). Como consecuencia, disminuyen los años de contribución a los sistemas de seguridad social, mientras que aumentan los años de jubilación y de percepción de las prestaciones, lo cual intensifica la presión sobre la financiación de los sistemas de pensiones.

Los Estados miembros han llevado a cabo recientemente diversas reformas importantes de sus respectivos sistemas de pensiones a fin de reaccionar ante las consecuencias del envejecimiento de la población y del acceso a la jubilación de la generación del «baby boom». El objetivo de estas reformas es garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social. La Comisión opina que es fundamental que dichas reformas no afecten a la prestación de unos ingresos dignos para los jubilados. Según la Comisión, el modo más efectivo de garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad y la suficiencia de los sistemas de pensiones es asegurar un mayor número de personas en activo y una vida laboral más larga. Como parte de la Estrategia de Lisboa, la Unión ha fijado el objetivo de incrementar al 50% la tasa de empleo del grupo de trabajadores de más edad (55-64) y de aumentar en 5 años la edad real de abandono del mercado laboral. Por tanto, los sistemas de pensiones deben fomentar el empleo y disuadir de una jubilación anticipada. Del mismo modo, es esencial ampliar las oportunidades laborales para los trabajadores de más edad a través de las reformas apropiadas del mercado de trabajo.

Asimismo, en el informe de 2006 se señala que se espera que los planes de pensiones de retención directa se conviertan en la principal fuente de ingresos para los pensionistas. La tendencia a un mayor uso de los planes de pensiones privados no significa que el Estado deba desentenderse de este ámbito. Las autoridades públicas deben desempeñar un papel fundamental en la supervisión y regulación de los sistemas de pensiones privados.

Como sucede con regularidad, los pescadores de cerco de la sardina del norte de Portugal han iniciado una parada biológica de aproximadamente dos meses (cerca del 50 % de la flota deja de faenar en febrero / marzo y el resto en marzo / abril).

Esta parada tiene como objetivo la defensa de la sardina, importante recurso piscícola en esta región, y se realiza en el período más propicio de acuerdo con las diferentes condiciones.

Han de tenerse en cuenta la existencia de una política común de pesca, el objetivo del desarrollo socioeconómico del sector de la pesca y la preservación de los recursos pesqueros, y cabe subrayar que deben protegerse los ingresos de los pescadores durante el período de parada.

¿Qué medidas puede tomar o prevé tomar la Comisión para garantizar la protección de los ingresos de los pescadores durante este período de parada?

(EN) El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) prevé la concesión de indemnizaciones a los pescadores y armadores por el cese temporal de sus actividades bajo determinadas circunstancias.

Los Estados miembros pueden conceder ayudas, con la cofinanciación comunitaria, en caso de circunstancias imprevisibles, en particular las originadas por factores biológicos. Previamente, es preciso que la autoridad administrativa presente a la Comisión la base científica de su propuesta.

En este caso, la duración máxima prevista para la concesión de ayudas es de seis meses durante todo el período 2000-2006. Asimismo, la contribución financiera máxima que cada Estado miembro puede recibir del IFOP durante dicho período para estas medidas de indemnización es de un millón de euros o de un 4% de la dotación financiera comunitaria otorgada al sector en el Estado miembro en cuestión. La contribución financiera comunitaria no debe exceder en ningún caso la más alta de estas dos cantidades.

En lo que respecta al período 2007-2013, para el cual se aprobará un nuevo programa operativo portugués durante el año 2007, el Fondo Europeo de Pesca (FEP) prevé la financiación de medidas de asistencia a favor de los pescadores y los armadores en caso de cese temporal de la actividad pesquera, aunque esto se ha de realizar en el contexto de planes de ajuste del esfuerzo pesquero. Las autoridades portuguesas responsables de la administración del sector tienen que garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento del FEP como requisito para poder percibir las ayudas.