Acta literal de los debates

Jueves 29 de marzo de 2007 - Bruselas

9. Explicaciones de voto

- Informe Ulmer (A6-0332/2006)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Ulmer sobre la modificación de varias Directivas relativas a productos sanitarios.

El término «productos sanitarios» abarca una amplia gama de productos, como jeringuillas, gafas, equipos de diagnóstico, pequeños dispositivos implantables, tecnología de reproducción de imágenes para usos médicos, etc., y es absolutamente necesario aumentar la competitividad y la seguridad médica en este sector. Para hacerlo es necesario mejorar el actual marco legislativo, formado por tres Directivas que definen las obligaciones básicas que deben cumplir los equipos médicos, en particular en lo que se refiere, entre otras cosas, a la evaluación clínica, la transparencia, el seguimiento de los mercados, los dispositivos hechos a medida, el uso de tejidos humanos y la coordinación entre organismos independientes.

Las disposiciones prácticas que hemos adoptado en este documento mejorarán la armonización de este sector tan complejo y diverso al hacer que las normas aplicables sean más claras y simples. Cabe señalar que muchas empresas industriales de este sector operan en el mercado mundial, por lo que es necesario que nos esforcemos por estimular el proceso de cooperación internacional, especialmente a través de la armonización de normas.

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), por escrito. (DE) El acuerdo alcanzado hoy en primera lectura sobre los productos médicos deja pasar una gran oportunidad para prohibir las sustancias altamente peligrosas que contienen dichos productos. Es lamentable que las evasivas de los Estados miembros hayan hecho posible que se puedan seguir usando sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, incluso cuando existen desde hace mucho alternativas seguras.

Los claros límites impuestos al empleo de PVC blando en tubos de ventilación, sondas gástricas y dispositivos de infusión eran necesarios desde hace mucho tiempo, ya que estos materiales contienen altas concentraciones del agente plastificante DEHP, que es tóxico para la reproducción y particularmente peligroso para los bebés, niños y pacientes de diálisis, y los bebés prematuros ingieren una dosis de DEHP hasta 200 veces más alta que la contemplada en la norma.

El hecho de que se haya adoptado la obligación de etiquetar los plastificantes peligrosos supone un rayo de esperanza, pues permite al personal médico tomar una decisión informada para utilizar productos que no contengan PVC blando y que los consumidores exijan que lo hagan. Asimismo se impone a los productores obligaciones más estrictas para justificar el uso de productos con PVC blando en niños y mujeres embarazadas.

En todo caso, esta no puede ser más que una solución temporal, pues finalmente la Comisión recomendó –basándose en una evaluación de riesgos que data de 2001– que se prohíba el uso del DEHP en productos médicos destinados a determinados grupos de riesgo. Es cierto que esta prohibición se debió adoptar mucho antes, pero «mejor tarde que nunca» y la Comisión tiene que presentar una propuesta legislativa a más tardar a finales de año.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta revisión.

Aunque sea lamentable que la propuesta de prohibir los productos médicos que contienen sustancias carcinógenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción haya sido derrotada, esta fórmula de compromiso constituye, no obstante, un primer paso decisivo que contribuirá a eliminar el uso en los productos médicos de sustancias químicas tóxicas que posteriormente se encuentran en el cuerpo de los pacientes. La legislación exigirá que los fabricantes de equipos médicos indiquen en su etiqueta que contienen ftalatos, que pertenecen a una familia de sustancias químicas que se utilizan para ablandar el plástico.

La Unión Europea ha clasificado el di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) entre las sustancias tóxicas para la reproducción humana, y es motivo de gran preocupación que se pueda trasladar de los dispositivos a los pacientes, bebés y personas en tratamiento de diálisis en particular.

El etiquetado de los productos pondrán sobre aviso a los médicos sobre el riesgo que corren sus pacientes al quedar expuestos a estas sustancias, y las personas encargadas de la compra de equipos para hospitales podrán identificar fácilmente aquellos productos de plástico sin DEHP que ya están disponibles en el mercado. Los fabricantes deberán explicar los riesgos que corren los pacientes vulnerables que utilizan equipos que contienen sustancias químicas tóxicas y proponer medidas cautelares.

  Richard Seeber (PPE-DE), (DE) Ahora que se ha revisado la Directiva comunitaria sobre productos sanitarios quisiera decir que estoy a favor de la propuesta del Parlamento Europeo de una separación lógica de la normativa y de que el «reprocesamiento» sea objeto de una directiva separada. Como representantes del pueblo debemos esforzarnos por que la normativa sea racional y comprensible, resistiendo a la tentación de juntar con calzador varias reglamentaciones bajo un mismo título. Lo que debe hacer la Comisión –sin demora y no dentro de tres años– es presentar una propuesta de directiva separada.

Nuestro ponente, el señor Ulmer, a quien quiero dar las gracias por su extraordinaria labor, ha hecho posible que llegásemos a un buen compromiso equitativo sobre las sustancias químicas peligrosas en los productos sanitarios. Estoy seguro de que todos estarán de acuerdo conmigo en que los medicamentos no deben contener sustancias nocivas y, si lo hacen, deberían contener la menor cantidad posible, por lo que nuestro objetivo debe ser la eliminación progresiva de todas las sustancias carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.

En referencia a estas sustancias me gustaría destacar una vez más la necesidad indispensable de un etiquetado correcto. No creo que la Comisión haya tomado la decisión correcta al optar por el etiquetado a base de la «nomenclatura general de productos sanitarios». Esta codificación implica necesariamente gastos que serán sufragados sobre todo por los fabricantes europeos y el público en general, en detrimento de la competencia y sin grandes beneficios para los pacientes.

- Informe Vincenzi (A6-0058/2007)

  Bruno Gollnisch (ITS). – (FR) Señor Presidente, Señorías, el informe de la señora Vicenzi pretende la armonización de normas, en concreto las relacionadas con las excepciones que los países de pabellón de la UE pueden conceder respecto a las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional.

Por encomiable que sea este objetivo, lo cierto es que no resuelve todos los problemas a los que debemos hacer frente. Todos sabemos que el problema de fondo de la marina mercante son los pabellones de conveniencia; basta pensar en cómo es posible que un país como Liberia, que sobrevive en un estado de anarquía total, puede poseer una de las mayores flotas del mundo, sobre la cual es evidente que no puede ejercer ningún tipo de control real.

Debemos poner fin a esta situación completamente aberrante, que provoca dumping social, y examinar las condiciones de seguridad realmente existentes. No cabe duda de que el Estado en cuestión sigue determinando las condiciones en las que concede o deniega el uso de su pabellón, y las normas que aplica a los buques que lo enarbolan y a sus tripulaciones, pero esta libertad no es ni más ni menos que el derecho de los Estados a denegar el acceso a sus aguas territoriales, a su zona económica exclusiva y a sus aguas interiores a los buques que infrinjan las normas mínimas y que supongan un peligro para la seguridad de los Estados ribereños.

Nos gustaría que las reflexiones del Parlamento apuntaran en esa dirección.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) He votado en contra de la Directiva sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento porque simplemente amplía la normativa de la UE en materia de navegación, pero sin abordar el problema real, que reside en las prestaciones de los pabellones no comunitarios para grandes flotas. Los Estados miembros de la UE cumplen las normas de la OMI y, por lo tanto, no son el problema.

También rechazo esta Directiva porque socava la soberanía de los Estados miembros, al transferir competencias a la Comunidad. Cada Estado miembro ya está obligado por los convenios de la OMI; esto es suficiente y debería continuar así.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe forma parte del Tercer Paquete de Seguridad Marítima, cuya finalidad general es prevenir los accidentes y luchar contra las consecuencias de los mismos.

Los Estados miembros deben velar por que los buques inscritos en sus registros nacionales se ajusten a las normas internacionales. Cualquier iniciativa tomada a escala de la UE para promover la prevención de los accidentes marítimos y la lucha contra los mismos no debe socavar esta obligación.

Sobre esta premisa estamos de acuerdo en general con las medidas propuestas. Por ejemplo, los Estados miembros deben comprobar si los buques cumplen las normas y reglamentos internacionales al inscribirlos en su registro nacional por medio de pruebas documentales; deben elaborar un programa de seguimiento e inspección para los buques que enarbolan su pabellón y deben velar por la formación y supervisión de peritos e investigadores.

Sin embargo, la Comunidad debe contribuir a los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estas medidas y velar por su cumplimiento, cosa que no queda claro en esta propuesta.

Con los recientes accidentes del Erika y del Prestige aún frescos en la memoria, me parece que las propuestas avanzadas en este terreno deben ser objeto de un debate importante, en los que participen los trabajadores del sector y el público en general.

- Informe Savary (A6-0055/2007)

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) Tras los accidentes del Erika y del Prestige, este último acaecido en 2002 en los límites de la zona marítima exclusiva de Portugal, la UE ha elaborado una serie de propuestas legislativas destinadas a prevenir tales catástrofes o al menos a reducir sus consecuencias, así como a averiguar lo sucedido y discernir responsabilidades.

Este excelente informe del señor Savary, a favor del cual he votado, se refiere a una de estas propuestas, que me parece indispensable por establecer un nivel mínimo de normas comunes para todos los Estados miembros en lo referente a la responsabilidad civil y las garantías financieras de los armadores (que puede extenderse a cualquier otra persona responsable) y otras normas encaminadas a prevenir accidentes y ratificar algunas convenciones internacionales, como el Convenio sobre la limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, el Convenio internacional de 1996 sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a la contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques.

También me complace la propuesta de crear un fondo de solidaridad para que incluso los buques que no cuentan con ninguna forma de garantía financiera ofrezcan una protección suficiente y una indemnización económica.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe forma parte del denominado Tercer Paquete de Seguridad Marítima, una serie de medidas destinadas a prevenir los accidentes y la contaminación y a hacer frente a las consecuencias de dichos accidentes.

La finalidad de esta propuesta es establecer un régimen de responsabilidad civil de los armadores en caso de que se causen daños a terceros, y establecer normas para prevenir accidentes.

Lo más importante es que exige que todos los Estados miembros suscriban una serie de convenios internacionales y mejoren las indemnizaciones para las víctimas de accidentes y la tripulación de los buques. Asimismo, el informe propone la creación de un fondo de solidaridad para indemnizar a las víctimas de los daños provocados por buques que no cuenten con un certificado de garantía financiera, ya que el Estado miembro en el que tenga lugar el accidente no está obligado a pagar dicha indemnización. Corresponde a los Estados miembros velar por el cumplimiento de todos los criterios e imponer sanciones en caso de infracción.

Se trata de medidas esencialmente positivas que nosotros apoyamos. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que en el futuro la responsabilidad de esta verificación recaiga en un órgano comunitario cuya creación se propone en el informe –la Oficina Comunitaria–, y no en los Estados miembros, y abrigo graves dudas al respecto.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) A pesar de que uno puede estar de acuerdo con que el planteamiento de garantizar la responsabilidad frente a terceros sea el planteamiento normal, hay incoherencias evidentes que hay que abordar antes de poder seguir adelante.

La más importante es que el Convenio LLMC no ha sido ratificado por los Estados miembros, que es la razón por la que urge que la UE actúe. El Consejo tiene que afirmar el compromiso con el Convenio por parte de los Estados miembros mediante su ratificación, antes de poder formular una crítica adecuada sobre la competencia de la UE en este terreno, que cuestiona.

- Informe Aubert (A6-0061/2007)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, en la agricultura ecológica los consumidores dan mucha importancia al uso de sustancias naturales en lugar de sintéticas. No deberían utilizarse fertilizantes nitrogenados sintéticos.

No obstante, no hay ninguna razón para prohibir los fertilizantes minerales naturales ni ningún otro tipo de fertilizante mineral natural, como los nitrogenados. Esa es la razón por la que lamento que las enmiendas 168 y 169 a este informe, presentadas por el señor Tarabella, no hayan sido aprobadas. Debilita gravemente la lógica de la posición que hemos adoptado y espero que, al devolver la cuestión a comisión, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural la analice de nuevo.

  Jan Andersson y Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado contra algunas enmiendas relativas a la reducción de los porcentajes de OMG que deben figurar en las etiquetas de productos ecológicos. Aunque en principio creemos que los productos ecológicos deben estar libres de OMG, nos preocupa que el establecimiento de límites diferentes para los alimentos ecológicos y para otros alimentos pueda ser desfavorable para la producción ecológica.

Consideramos que los OMG deben tratarse con sumo cuidado y que es preciso adoptar medidas para reducir el riesgo de contaminación accidental. Sin embargo, no deseamos imponer una carga de la prueba excesiva e innecesaria que pueda provocar una disminución de los cultivos ecológicos.

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira y Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. (PT) Si bien la propuesta de reglamento de la Comisión y el informe aprobado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural representan una contribución global positiva a la definición de los principios y normas comunes aplicables a la producción ecológica, destinados básicamente a reforzar la confianza de los consumidores, consideramos que subsisten algunas deficiencias.

No obstante, como creemos que la contaminación de los productos ecológicos por organismos genéticamente modificados es una cuestión crucial y en vista de que se ha aprobado la enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo –una propuesta sensata y realista de establecer un límite máximo del 0,1 % únicamente si la presencia de dichos organismos es accidental–, hemos votado a favor del informe.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de que el informe Aubert sobre la producción ecológica y el etiquetado de los productos ecológicos sea devuelta a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Es necesario que el límite de la contaminación accidental por OMG no sea el mismo que el aplicado en la agricultura convencional, es decir, en torno al 0,9 %, ya que de lo contrario admitiríamos de hecho que la contaminación ya no puede evitarse y que no es posible garantizar que un producto esté libre de OMG incluso si cuenta con un certificado ecológico.

He apoyado la propuesta en este sentido que ha presentado el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, según la cual la presencia de OMG en los productos ecológicos debería limitarse exclusivamente a las cantidades imprevisibles y técnicamente inevitables de un 0,1 % y que el término «ecológico» no se utilice para productos contaminados accidentalmente por OMG que superen el límite identificable del 0,1 %.

Por último, estoy a favor de la propuesta de buscar otro fundamento jurídico para esta cuestión, que esté relacionado con la agricultura ecológica. Habiendo sido hasta ahora un «consultor», el Parlamento Europeo pretende ser en adelante un «codecisor» en relación con problemas como este, y esto será un avance.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Sabemos que el 70 % de los consumidores europeos no desean consumir organismos genéticamente modificados (OMG). El hecho de que este Reglamento autorice la presencia de hasta un 0,9 % de OMG en los productos ecológicos resulta inaceptable y constituye un duro golpe para la agricultura ecológica. Tolerar el límite del 0,9 % para la contaminación por OMG, como propone el informe (o del 0,1 % que proponen algunos y que ha sido aceptado por el Pleno), significa aceptar la contaminación por OMG de los productos ecológicos, cosa que sin duda tendrá consecuencias para los consumidores y constituye una amenaza grave e inaceptable para la agricultura ecológica.

Los consumidores eligen los productos ecológicos porque se producen de forma más sostenible sin emplear pesticidas y por estar completamente libres de OMG. Aceptar la inclusión de OMG, aunque sea en cantidades muy reducidas, equivale a engañar a los consumidores y tendrá graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana en general.

En lugar de la vía que propone este informe y su modelo «productivista», lo que necesitamos son formas más sostenibles de producción agrícola que se basen en la diversidad de la producción de cada país y cada región y en la revalorización de las pequeñas y medianas empresas agrícolas y las explotaciones familiares.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) Considero que los productos que lleven la etiqueta «ecológico» no deben contener ningún porcentaje de organismos modificados genéticamente (OMG). Los consumidores tienen derecho a esta garantía cuando compran un producto etiquetado «ecológico».

Sobre todo, si los productos con un 0,9 % de OMG llevan la etiqueta de productos ecológicos, correríamos el riesgo de que apareciera otra etiqueta, la de productos libres de OMG, lo que iría en detrimento de la agricultura ecológica.

Por ello he votado a favor de las enmiendas favorables a una prohibición total del uso de OMG en la agricultura ecológica y en las etiquetas de los productos ecológicos.

Asimismo he votado a favor de la enmienda que propone incluir productos como la sal, la lana, las conservas de pescado, los cosméticos, los complementos alimenticios y los aceites esenciales en este Reglamento, ya que estos productos están relacionados con el entorno natural al menos durante una de las fases de su elaboración.

  Mathieu Grosch (PPE-DE), por escrito. – (FR) Este nuevo Reglamento sustituirá al Reglamento 2092/91/CEE sobre la agricultura ecológica.

El principal motivo de preocupación sigue siendo la presencia de OMG en productos que lleven la etiqueta de «ecológicos»; la Comisión había previsto una tolerancia del 0,9 % de OMG, a pesar de que el límite de detección de estos organismos es del 0,1 %. Debemos obrar con mucha cautela con los OMG en general, y ante todo es necesario informar correctamente a los consumidores acerca de lo que consumen y utilizan. Así pues, es absolutamente indispensable que tengamos en cuenta las expectativas de los consumidores que opten por los productos ecológicos, es decir, que estos puedan estar seguros de que su producto no contiene OMG.

Por ello me alegro de que esta Cámara haya introducido en el informe Aubert el límite del 0,1 % y pido al Consejo de Ministros de Agricultura que responda al resultado de esta votación con una revisión exhaustiva del Reglamento.

Quisiera agregar que también apoyo el llamamiento del Parlamento a que el Reglamento se apruebe por la vía de la codecisión del Consejo y el Parlamento, cosa que espero que la Comisión apoye, ya que la opinión de los representantes electos debe tener más peso que la de los funcionarios.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La producción ecológica reviste una gran importancia desde el punto de vista del medio ambiente y de la salud. Sin embargo, hemos votado en contra del informe porque creemos que los productos agrícolas deben venderse en un mercado libre sin interferencia de la UE. Estamos convencidos de que las fuerzas del mercado libre, encabezadas por consumidores europeos informados, gestionarán con éxito la tan necesaria conversión a una agricultura ecológica que sea sostenible a largo plazo. Asimismo, creemos que esta transformación avanzará más rápidamente y tendrá mayores consecuencias si el etiquetado de los productos ecológicos queda en manos de los Parlamentos nacionales.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, dado que reforzará las disposiciones de la propuesta de la Comisión acerca del etiquetado y la producción de alimentos ecológicos. Defiendo el uso del logotipo europeo («UE ECOLÓGICO») para los artículos que contienen un 95 % de ingredientes ecológicos y el requisito de que los operadores de terceros países ofrezcan a sus autoridades nacionales un certificado emitido por un organismo de control comunitario competente.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La mayoría de la población europea (el 58 %) sigue sospechando de los alimentos genéticamente modificados. El escepticismo de los europeos con respecto a la presencia de OMG en la agricultura convencional puede considerarse un espaldarazo a la agricultura ecológica.

Por tanto, es indispensable que la Unión Europea estimule la agricultura ecológica ante la creciente demanda de los consumidores, ya que representa igualmente un paso hacia una drástica reforma de la PAC con vistas a un desarrollo realmente sostenible.

Lo que nos recuerda el informe de la señora Aubert es que si deseamos promover los productos ecológicos, es necesario mantener ciertas normas de sentido común. Para empezar, es necesario oponerse a la propuesta de la Comisión de aplicar a los distintos sectores el mismo nivel de contaminación accidental (0,9 %).

A continuación, y a modo contramedida –que reclama el sector ecológico y que ya se ha adoptado en numerosos países y regiones de Europa–, la presencia accidental de OMG debe fijarse en el menor nivel posible, es decir, el 0,1 %, que es el límite de detección científica.

Por último, es necesario aplicar el principio de «quien contamina paga», ya que resulta inaceptable que los agricultores ecológicos tengan que pagar por los riesgos que implica la coexistencia de dos formas de agricultura.

- Informe Catania (A6-0052/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, al votar a favor del informe Catania he tenido presente que la Copa de Europa de Fútbol de la UEFA de 2008 tendrá lugar en Austria, ya que me parece que en el fútbol profesional se observa una serie de fenómenos lamentables. No solo hemos visto casos de fraude, prácticas financieras dudosas y competencia desleal, contra las cuales debemos luchar con firmeza a escala comunitaria, sino que la disposición a cometer actos de violencia relacionados con el fútbol está rebasando todos los límites, pues unos cuantos pretendidos aficionados mantienen en ascuas a centenares de agentes de policía, agentes que se necesitan en otros lugares y que cuestan mucho dinero.

Lo sensato sería detener a los hinchas violentos en la frontera y disponer entradas y salidas separadas en los estadios para los distintos grupos de espectadores. No solo hay que prohibir las banderas y pancartas que incitan a la violencia, sino también imponer sanciones más severas por estas alteraciones de la paz.

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Desgraciadamente, los actos violentos cometidos en los partidos de fútbol no son incidentes aislados, sino más bien un fenómeno que viene repitiéndose en los últimos años, como por ejemplo en la Copa del Mundo de Alemania en 2006 y los recientes incidentes en las ligas nacionales de Italia, España, Croacia e Inglaterra.

Por ello es necesario adoptar las medidas necesarias para que estos eventos deportivos puedan celebrarse con la mayor tranquilidad posible, sin violencia gratuita ni muestras de racismo.

Por tanto, apoyo esta iniciativa de la República de Austria para poner al día la Decisión por la que se crea en cada Estado miembro un punto nacional de información sobre el fútbol para que sirva de punto de contacto para intercambiar información policial relacionada con los partidos de fútbol.

Es sumamente importante que los órganos competentes colaboren más estrechamente entre sí y que se profesionalice el intercambio de información. Además, cada Estado miembro debería poder llevar a cabo una evaluación efectiva de los riesgos.

Hay que dar prioridad a la prevención y no a las medidas policiales y judiciales y al empleo de fuerzas antidisturbios en los estadios, que se ha convertido en el método más común de lucha contra la violencia en el fútbol.

  Stephen Hughes (PSE), por escrito. (EN) Al votar a favor del informe del señor Catania (A6-0052/2007) espero sinceramente que se produzca una importante mejora de la cooperación internacional entre las fuerzas policiales para contrarrestar la violencia asociada a los partidos de fútbol.

Aficionados inocentes y sus familias del Middlesbrough se vieron atrapados en medio de los enfrentamientos violentos ocurridos en Roma, en marzo de 2006, con motivo del encuentro entre el Middlesbrough y el Roma durante la Copa de Europa. Tres aficionados fueron apuñalados durante ataques no provocados por parte de los aficionados del Roma. La Comisión de Peticiones del Parlamento admitió una petición de los aficionados del Middlesbrough el pasado otoño. Lamento mucho que un año después de los enfrentamientos violentos ocurridos en Roma, el Presidente de la Comisión de Peticiones todavía no haya recibido respuesta a la carta que envió al Ministro de Interior italiano solicitando garantías de que los errores que permitieron que se produjesen esos enfrentamientos violentos se evitarían en el futuro.

Espero sinceramente que aunque haya transcurrido tanto tiempo el Ministro aproveche la oportunidad de responder y expresar sus disculpas al pueblo de Middlesbrough.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Catania para mejorar la seguridad policial en los partidos de fútbol. Apoyo el refuerzo del papel de los puntos de información nacionales, como punto de contacto para el intercambio de información policial relacionada con la violencia en los partidos de fútbol internacionales. No obstante, estoy convencido de que cualquier transferencia de datos personales deberá ser protegida por la legislación vigente en materia de privacidad y no emplearse nunca para ningún otro propósito.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La seguridad de los partidos de fútbol internacionales representa actualmente un auténtico problema y es un hecho que Europa tiene que combatir la violencia en los estadios de fútbol, sobre todo en los encuentros europeos o internacionales. A fin de evitar tragedias o batallas entre los exaltados, la Unión Europea ha tenido la gran idea de crear una red de información sobre los riesgos potenciales de explosiones de este tipo, de modo que la solidaridad y la prevención europeas contribuirán de modo muy importante a garantizar la seguridad del público europeo que asiste a estos partidos.

No debemos permitir que los «falsos» aficionados degraden los valores del fútbol, y este informe facilita la creación de puntos nacionales de información sobre el fútbol para el intercambio de datos con el fin de preparar y adoptar medidas oportunas para mantener el orden en los encuentros futbolísticos. Dicha información puede hacer referencia a las personas que suponen o puedan suponer un riego para el orden público y la seguridad.

Muchas explosiones de violencia repetidas y persistentes en los partidos de fútbol han desvirtuado la naturaleza de espectáculo de estos encuentros deportivos; la Unión Europea no puede tolerar esto sin más.

- Informe Lagendijk (A6-0067/2007)

  Eugen Mihăescu (ITS). – (RO) Marele Napoleon spunea: „Dacă este posibil, este ca şi făcut, iar dacă este imposibil, se va face oricum.” Aşa este şi cu Serbia, şi cu Kosovo. Sunt naţionalist şi mă interesează Serbia mai mult decât politica. Kosovo este inima naţiunii şi nu poate fi smulsă din pieptul Serbiei decât cu riscuri nebănuite.

Filozoful francez Régis Debray a vorbit primul, fiind martor la tragedia Serbiei în momentul atacului de către forţele care erau împotriva ei. Europa nu poate să rişte o instabilitate în Balcani. Monsieur Athisaari nu ne spune adevărul. După cel de-al doilea război mondial, în Kosovo erau 15% albanezi şi 85% (majoritatea) erau sârbi. Albanezii erau veniţi de peste munţi, din Albania. Thaçi şi ai lui, maoişti crescuţi de Enver Hoxha şi Mehmet Shehu, se folosesc de doctrina divide et impera. Este paradoxal, pentru că vor să întemeieze o Albanie compusă din bucăţi rupte din teritoriul Serbiei, Macedoniei şi Greciei. Americanii care învaţă geografia făcând războaie ştiu mai bine unde se găseşte America, dar nu ştiu unde se găseşte Kosovo. Din fericire, trecutul nu vrea să treacă.

  Димитър Стоянов (ITS). – (BG) Гласувах против доклада относно бъдещето на Косово, защото ми омръзна да слушам колко зле и дискриминирани са албанците. Никой не е пресметнал колко много сърби бяха избити и изхвърлени от Косово от албанските главорези. Колко православни църкви бяха унищожени и превърнати в складове и в конюшни от тези наркотрафиканти, които това е основното нещо, с което се занимават, трафик на наркотици.

Аз искам да ви припомня `99 година, защото в момента сме пред най-светлия християнски празник за православните християни, Великден. `99 година натовските бомбардировачи потъпкаха и се погавриха с този християнски празник, като не спряха своите бомбардировки, а продължиха да хвърлят своите клъстерни бомби, предназначени не срещу инфраструктурата, а да убиват хора и при това ги надписаха с обидни надписи спрямо православното християнство.

Европа трябва да спре да се меси на Балканите, защото предизвиква само по-лоши неща. Оставете Балканите на мира.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del informe del señor Lagendijk sobre el futuro de Kosovo y el papel de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con el ponente en que la Unión Europea debe actuar de forma unificada y clara, pues lo que está en juego es la futura frontera de la UE y su territorio. Todos sabemos que la situación actual es insostenible y que se requieren negociaciones con mucho tacto y paciencia, en las que exista una amplia implicación europea.

Considero que el documento Ahtisaari constituye una base de partida para las negociaciones y los esfuerzos encaminados a llegar a un compromiso. Europa debe adoptar una posición que apunte sin ambigüedades hacia un acuerdo. Estoy firmemente convencido de que la solución final no puede imponerse bajo la amenaza de radicalización en Kosovo o Serbia, sino que debe reflejar los intereses del pueblo serbio al igual que los de los albanokosovares.

Estos dos pueblos no deben vivir en el odio, ya que el odio genera violencia y constituye un obstáculo para la estabilidad y seguridad de la región. Creo que este informe del Parlamento Europeo enviará un firme mensaje ofreciendo a los Balcanes Occidentales una perspectiva europea y apuntando a un compromiso aceptable basado en el respeto del Derecho internacional y de los valores democráticos europeos. Las diputadas y diputados al Parlamento Europeo de los nuevos Estados miembros sabemos muy bien la gran motivación que representó para nuestros países la perspectiva de la adhesión a la UE para proseguir con muchas de las reformas políticas y económicas. No hay camino de retorno al período anterior a marzo de 1999 y, por lo tanto, creo en un futuro acuerdo que garantice la paz y la estabilidad en los Balcanes Occidentales.

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del documento sobre Kosovo por varias razones. La propuesta de soberanía controlada, respaldada por una presencia internacional permanente, una vez que el Consejo de Seguridad haya tomado una decisión definitiva, constituye una solución especialmente importante. Al mismo tiempo, la creación de una sociedad integrada por ciudadanos que gozan de los mismos derechos es el único camino a seguir.

Apoyo plenamente la idea de que las minorías y comunidades étnicas gocen de los mismos derechos, así como una serie de derechos claramente definidos para preservar y desarrollar su identidad y su propia administración pública. Al mismo tiempo, apoyo firmemente la idea de garantizar un máximo de derechos y de seguridad, es decir, una amplia autonomía para la comunidad serbia.

La Unión Europea desempeñará un papel destacado en este proceso y, por consiguiente, es necesario elaborar un claro plan de acción estratégica. Por otra parte, nuestra tarea deberá consistir en hacer hincapié en la perspectiva del futuro ingreso de los Balcanes, o de Serbia y Kosovo, en la Unión Europea. Sin embargo, para alcanzar esta meta es necesario garantizar la paz y la estabilidad en la región. Debemos tratar de asegurar que los países de los Balcanes pasen a formar parte de la Unión Europea. Si no lo hacemos, nuestra Comunidad no estará completa.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe Lagendijk, y lo he hecho porque me parece sumamente peligroso decir que las posiblidades de la negociación están agotadas y que lo que se impone ahora es la independencia de la provincia de Kosovo. Me parece un experimento peligroso.

La situación actual me recuerda mucho la que existía antes de la guerra de Croacia, que empezó de hecho con la proclamación de independencia de este país. Si no actuamos con suma cautela en este caso y, sobre todo, si no tenemos a nuestro alcance soluciones hechas y reales para evitar que la retirada de la administración de las Naciones Unidas provoque un vacío de poder, los serbios intentarán proteger a sus compatriotas, o bien los alabanokosovares propugnarán la autodeterminación para ellos, y a continuación, en un abrir y cerrar de ojos, habremos echado por tierra todos los avances y la reconciliación que ha habido y terminaremos por desestabilizar toda la región. Por ello he votado en contra del informe.

  Jan Andersson y Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) Apoyamos los esfuerzos de paz de Naciones Unidas en Kosovo y la labor del señor Ahtisaari. Hemos decidido votar en contra del texto que afirma que la soberanía de Kosovo es la mejor manera de lograr la estabilidad y una solución política para Kosovo. No creemos que esta cuestión deba abordarse en este informe y consideramos que sería estúpido encadenarnos a esta fórmula en la situación actual, a pesar de que expresa un objetivo deseable para el futuro.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio considera que la cuestión de Kosovo debe resolverse a través de las Naciones Unidas, proceso que, de hecho, ya está en curso. En caso de que las Naciones Unidas pidan a la UE que desempeñe un papel importante en esta cuestión, nos mostraríamos favorables a esta idea.

Este informe recoge una serie de propuestas constructivas, pero también muchas que dejan bastante que desear. Nos oponemos, por ejemplo, a que el Parlamento Europeo pretenda ejercer competencias de supervisión en materia de establecimiento del estatuto de Kosovo. Esta cuestión no compete a la UE.

Asimismo, se expresa la esperanza de que pueda formarse un Gobierno proeuropeo en Serbia. Quizá fuera conveniente, pero corresponde al pueblo serbio elegir su Gobierno y ese hecho debe respetarse en nombre de la democracia, sea cual sea el resultado.

Además, no corresponde al Parlamento Europeo opinar sobre la actitud de los Estados miembros en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la votación de hoy hemos votado en contra del informe en su totalidad por considerar que contiene demasiados aspectos deficientes.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La extrema gravedad de la situación en los Balcanes y, en particular, en la provincia serbia de Kosovo, es resultado de un largo proceso de intervencionismo, agresión y ocupación militar promovido por la UE y los Estados Unidos, que han impuesto su dominio sobre la región explotando auténticos conflictos y problemas.

La situación en Kosovo es particularmente significativa. Tras la agresión militar de la OTAN, los Estados Unidos y la UE crearon un protectorado e instalaron bases militares estratégicas en esa provincia serbia, violando así flagrantemente la Resolución nº 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La solución para el futuro de Kosovo impuesta por Martti Ahtisaari, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidos, sigue las mismas pautas. Propone acabar con la soberanía serbia sobre una parte de su territorio y la (pseudo)«independencia» de Kosovo bajo la ocupación de la UE y los Estados Unidos. Este fin se alcanzará por medio de la denominada presencia «civil» de la UE en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, reforzada por las tropas de la OTAN y de un «representante civil internacional» provisto de plenos poderes.

Consideramos que la solución para la situación de Kosovo debe contemplar la observancia del Derecho internacional y el mantenimiento de la soberanía serbia, que –no lo olvidemos– está garantizada por la Resolución nº 1244. Cualquier otra solución (incorrecta) podría tener consecuencias imprevisibles en esta región estratégica.

De ahí nuestro voto en contra del informe.

  Richard Howitt (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo apoya esta resolución, en particular el sólido apoyo prestado al proceso de las Naciones Unidas y el respaldo ofrecido al enviado especial para Kosovo, Martti Ahtisaari, y su propuesta global para la resolución del estatuto de Kosovo. No obstante, nos hemos abstenido en la votación sobre la enmienda 13, porque su lenguaje no es coherente con el plan de Ahtisaari y, por lo tanto, no sirve de ayuda mientras las discusiones siguen su curso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe sobre el futuro de Kosovo y el papel de la Unión Europea. Con el fin de garantizar los objetivos de un Kosovo pacífico y que se pueda sostener por sí solo, la Unión Europea debería participar en las actuales negociaciones internacionales para alcanzar un acuerdo. En particular, apoyo la iniciativa de las Naciones Unidas de decidir el estatuto definitivo de Kosovo y la propuesta de Ahtisaari en particular.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) Es posible que el tema de Kosovo divida a los partidos políticos, pero el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, al que pertenezco, y los partidos asociados a él se opusieron unánimemente a la guerra que la OTAN desató contra Yugoslavia en 1999, pues el objetivo de dicha guerra no era liberar Kosovo, sino que el mundo exterior extendiera su dominio sobre Serbia y Montenegro. Incluso ahora, algunos de mis colegas temen que los Estados Unidos utilicen el problema de Kosovo para dividir algunos países europeos en pequeños protectorados militares, y para ello invocan el Derecho internacional, que establece que sin el consentimiento previo del Estado que pierde territorio no puede formarse un nuevo Estado.

Si seguimos este razonamiento, muchos de los actuales Estados europeos, como Grecia, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Polonia, la República Checa y Eslovenia, son ilegales. Yo preferiría hacer una comparación con la independencia de las antiguas colonias europeas, como Indonesia, Argelia o Angola, que en su lucha por conseguirla contaron con el apoyo de la izquierda europea. Si la democracia y la igualdad de derechos para los habitantes de Kosovo implican que estos obtengan su independencia, la izquierda estará a la cabeza de ese movimiento y no en su retaguardia. También reconozco el derecho de autodeterminación de los residentes serbios, que son mayoría en Kosovska Mitrovica y en el extremo septentrional de Kosovo, quienes preferirían reintegrarse a Serbia de forma permanente.

- Informe Ville Itälä (A6-0069/2007)

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, he votado en contra de este informe sobre las directrices relativas al procedimiento presupuestario porque, al igual que sus predecesoras sobre el presupuesto europeo, contienen observaciones con las que no estoy de acuerdo en lo referente a nuestros lugares de trabajo que, me permito recordar a esta Cámara, figuran en el Tratado. No formo parte de aquellos que, como señala exageradamente este informe, «deploran la dispersión geográfica» de nuestra administración entre nuestros tres lugares de trabajo. No considero que el régimen geográfico de esta Cámara haya tenido efectos negativos, sino todo lo contrario.

Me opongo al apartado 33 y, en particular, a la propuesta relativa al número de misiones que realiza nuestro personal dentro de los tres lugares de trabajo. Sé que la administración es muy cuidadosa con el dinero que se gasta en ellas. No estoy a favor de invitar al Secretario General a que presente, entre hoy y el 1 de julio de este año, un informe sobre las misiones realizadas por el personal dentro de los tres lugares de trabajo, pues tiene, al igual que nosotros, otras cosas que hacer, y no me dejo engañar por ello.

La verdadera intención está relacionada con lo que calificaría de intento de racionalización con el fin de despojar a Luxemburgo y Estrasburgo de su importancia como lugares de trabajo. No puedo menos que subrayar mi condena del absurdo sistema mencionado en el apartado 40 para suspender la ulterior ampliación de nuestros bienes inmuebles y para que el Parlamento se abstenga de expandir sus dependencias. Nuestra política inmobiliaria, que consiste en la compra de los edificios que necesitamos para funcionar correctamente, en lugar de alquilarlos, ha ahorrado a los contribuyentes una gran cantidad de dinero –miles de euros, de hecho– y tan solo puedo decir que me sorprende que la mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuestos no puedan o no quieran comprender que, en 2008, tenemos que recurrir al margen de maniobra con el que contamos en torno al tope del 20 % para prever gastos inmobiliarios. Usted, señor Presidente, sabe, y es importante que se diga, que estas prácticas con los gastos inmobiliarios permiten un ahorro considerable y que son los contribuyentes los que salen beneficiados con ellas.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, de las enmiendas relativas a un estatuto para los asistentes de los diputados y de las enmiendas que piden una reducción de los costes energéticos de la flota de vehículos del Parlamento, entre otras cosas. Lamentablemente ha sido rechazado. Me interesará comprobar si aquellos que han votado a favor de la enmienda y que tienen cierto control sobre la elección del vehículo que utilizan, concretamente los líderes de los Grupos, ponen sus ideales en acción o continúan utilizando sus actuales «devoradores de gasolina».

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque no se trata de las directrices para lo que podríamos denominar el principal presupuesto de la UE –el presupuesto de la Comisión–, estas no dejan de ser un indicador de las prioridades y perspectivas para el año que viene.

Por lo que se refiere a las directrices para el presupuesto de las instituciones para 2008, se prevé que este deberá mantenerse cerca del nivel de los años anteriores en lo referente a la política de personal.

A pesar de que el Parlamento ha solicitado una serie de informes sobre la evolución de la política de contratación y la situación del personal contratado, nada de ello se ha materializado aún. Asistimos con preocupación a la sustitución de los contratos de duración indeterminada por contratos de servicios, en que los trabajadores no tienen contratos de trabajo indefinido tras docenas de años de servicio y muchos de ellos se «transfieren» a las empresas de trabajo temporal.

La realidad es que lo que se promueve es la aplicación de las relaciones laborales precarias que conllevan la abolición de los derechos de los trabajadores, la tan cacareada (y falsa) «Nueva Europa Social», a los trabajadores del Parlamento Europeo..., la inaceptable «flexiguridad».

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe sobre las directrices presupuestarias para 2008, que se centran en dotar de una mayor eficiencia a la comunicación en el Parlamento Europeo, con el fin de que los ciudadanos de la Unión Europea estén mejor informados. En particular, apoyo la atención específica que se ha prestado a la información de los medios de comunicación locales y regionales. Otro aspecto fundamental de este informe ha sido la adopción de un estatuto real y significativo para los asistentes de los diputados. En mi opinión, este estatuto contribuirá a mejorar la calidad de las actividades de los diputados.

- Informe Lamassoure (A6-0066/2007)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, con la votación de hoy termina la primera fase del esfuerzo por garantizar el futuro de nuestros recursos propios. En mi opinión, es la primera fase de este proceso y, aunque no comparto muchos de los puntos de vista expresados en él, he votado a favor del informe, pues creo que se pueden cambiar muchas cosas más adelante.

El sistema de recursos propios propuesto debería ser transparente y equitativo. Deberíamos hacer buen uso de las lecciones aprendidas con la revisión del presupuesto comunitario prevista para los años 2008 y 2009, y de las prioridades que estableceremos para la Unión a partir de 2013. Por último, debemos ajustarnos al principio fundamental de la Unión, a saber, la cohesión y, por ende, impulsar el desarrollo en las regiones menos desarrolladas. Es necesario prestar especial atención al sistema de financiación de la seguridad alimentaria y energética y a los problemas ambientales.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) He votado en contra del informe Lamassoure sobre los recursos propios porque pretende potenciar la noción de estatalidad para la Unión Europea, poniendo en marcha un proceso de financiación soberana que desemboque en el disparate total de un sistema tributario europeo. Asimismo, su ataque al «cheque británico», que está totalmente justificado, exige a mis electores que se conviertan en benefactores todavía más generosos de la avariciosa UE, con todo su derroche de dinero. Dado que el Reino Unido todavía pierde más de 4 000 millones de libras esterlinas al año en financiar a la Unión Europea, no tenemos nada más que dar.

  Jan Andersson y Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) Consideramos que, en general, el informe es positivo. No obstante, hemos votado en contra de todos los textos relativos a un impuesto comunitario. Asimismo, hemos decidido apoyar la cofinanciación en el marco de la política agrícola de la UE.

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain y Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Nosotros, la delegación de Fianna Fáil, hemos rechazado el informe Lamassoure por las siguientes razones:

Lo más importante es que la reforma debatida por el ponente es un claro trampolín hacia la armonización fiscal europea a la que el Gobierno irlandés se opone rotundamente.

De hecho, la mayoría del Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de autorizar a la Unión Europea a suspender la soberanía fiscal, consagrada en los Tratados, de cada uno de los Estados miembros en cualquier momento durante un período de tiempo limitado. No podemos aceptar esto. Por el contrario, la delegación de Fianna Fáil ha votado junto con otros 153 parlamentarios para afirmar el derecho inviolable de cada Estado miembro a la autodeterminación fiscal, indicar que se precisa unanimidad entre los Estados miembros para introducir cualquier tipo de impuesto europeo y subrayar que cada uno de los Estados miembros tiene derecho de veto en esta cuestión.

Asimismo, el actual paquete financiero fue fruto de un difícil acuerdo, ventajoso para Irlanda, y este informe pretendería reformar este tipo de financiación en el futuro. Irlanda solamente se ha beneficiado con los anteriores acuerdos sobre las perspectivas financieras. Asimismo, los países más pobres saldrían perjudicados y, en nuestra opinión, un impuesto europeo directo de los bolsillos de los ciudadanos no contaría con la aprobación de los ciudadanos irlandeses ni de los europeos.

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira y Manuel António dos Santos (PSE), por escrito. (PT) Hemos votado en contra de la tercera parte del punto 25 del informe Lamassoure por dos motivos:

En primer lugar, en nuestra calidad de socialistas portugueses, no podemos aceptar que se intente reducir la más común de las políticas europeas y lo que se propone equivale a renacionalizar la PAC.

La propuesta de cofinanciación, es decir, que los Estados miembros financien una parte del presupuesto del primer pilar de la PAC, carece de justificación, pues existen otras soluciones con las cuales se cumplirían los compromisos financieros que el Consejo asumió en octubre de 2002 sin necesidad de una aportación de los presupuestos nacionales de los 15 Estados miembros antes de la ampliación de 2004.

Alternativamente a la cofinanciación podrían establecerse límites para las ayudas individuales concedidas a los agricultores –siguiendo las pautas del modelo estadounidense, en el que se ha fijado un límite de 250 000 dólares– junto con una «modulación obligatoria», mediante la cual se procedería a una reducción porcentual de la ayuda concedida a los mayores beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, generando así los recursos necesarios para cumplir estos compromisos.

En segundo lugar, porque el texto en este punto encierra una contradicción irreparable. Al tiempo que se hace la promesa solemne de no renacionalizar la PAC, propone poner fin al actual sistema de financiación comunitaria mediante la introducción de la cofinanciación nacional, que es precisamente el principal instrumento para renacionalizar la PAC, ya que los agricultores de los Estados miembros con mayores presupuestos se encontrarán en una posición de ventaja con respecto a los agricultores de los Estados miembros con los presupuestos más exiguos.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Lamassoure sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea.

El sistema vigente hace que el presupuesto comunitario dependa demasiado de lo que desean los Estados nacionales. Apoyo el análisis del ponente, según el cual este sistema se ha hecho con el tiempo demasiado complejo y, ante todo, se ha vuelto incapaz de superar los desafíos a que se enfrenta la UE. Por ello es necesario regresar a un auténtico sistema de recursos propios, como el contemplado en los Tratados fundacionales de la UE.

Acojo con agrado la propuesta de abolir, como primer paso en este sentido, todas las formas de deducción e indemnización concedidas a los Estados miembros y de financiar directamente el presupuesto comunitario a través del uso temporal de un impuesto ya existente en los Estados miembros. Esta sería la mejor manera de garantizar que la UE cuente con fondos viables que sean aceptables también para los Parlamentos nacionales.

No obstante, he votado en contra del apartado 25 de la resolución, que ha sido rechazado por una exigua mayoría. Aunque de hecho no deseo reabrir un debate sobre la creación de un nuevo sistema de financiación, me opongo a la idea de poner en marcha, en la UE-15, un proceso de cofinanciación obligatoria de la PAC, con lo que acabaríamos devolviendo la principal política común europea al ámbito nacional.

  Proinsias de Rossa (PSE), por escrito. (EN) He apoyado el informe Lamassoure sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea porque considero que supone una contribución positiva a un debate más amplio sobre el gasto de la UE, un debate que urge celebrar. Un presupuesto del 1 % del PIB es sencillamente insuficiente para hacer frente a los desafíos políticos de Europa, incluido el fomento de una sólida dimensión social y de investigación. Se necesita un mínimo del 3 %. Los renovados esfuerzos por reformar los Tratados deberían centrarse en estas cuestiones.

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe por considerar que el actual sistema de recursos propios de la UE carece de transparencia, eficiencia y equidad, al basarse casi exclusivamente en las contribuciones de los Estados miembros. Se requiere urgentemente una reforma, pues de lo contrario corremos el riesgo de exacerbar los desequilibrios presupuestarios y las desigualdades generadas por no reconocer que la única manera de mejorar la Unión pasa por más y mejores políticas, inclusive en el plano presupuestario, basadas en recursos suficientes.

Después de hablar sobre esta cuestión con la Comisión de Desarrollo Regional, que presentó su opinión a la Comisión de Presupuestos, propuse algunas enmiendas, que fueron aprobadas posteriormente por amplia mayoría. Estas enmiendas pretendían en primer lugar establecer un vínculo directo entre la UE y sus ciudadanos a través del pago de una parte de un impuesto ya existente a fin de no incrementar la carga fiscal de los contribuyentes europeos y, en segundo lugar, poner fin a las deducciones presupuestarias para determinados países, muchos de los cuales gozan de niveles de prosperidad superiores a la media europea, como el Reino Unido.

Por último, también propuse que en el futuro el estudio de los recursos propios de la UE tenga en cuenta las disposiciones especiales en materia tributaria que los Tratados contemplan para las regiones ultraperiféricas de la UE.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Parlamento intenta abrir el debate sobre los recursos propios de la UE, anticipándose así al debate que debe tener lugar en 2008 y 2009. Dicho debate será posible gracias a la cláusula de revisión incluida en el Acuerdo Interinstitucional sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013.

Al criticar el sistema vigente, que previamente había sancionado y al cuestionar que deba haber unanimidad en el Consejo para proceder a cualquier cambio, el Parlamento propone destinar al final una parte o la totalidad de la recaudación por impuestos ya existentes en los Estados miembros directamente al presupuesto comunitario, aunque manteniendo abierta la posibilidad de introducir nuevos impuestos a este fin. Esto se debe a que, para los Parlamentos nacionales, «a corto plazo aún es demasiado pronto para introducir un impuesto genuinamente europeo».

Rechazamos cualquier intento de introducir impuestos europeos, ya sea directa o encubiertamente, tanto a corto como a largo plazo.

Consideramos que un sistema justo de recursos propios debería basarse en contribuciones nacionales proporcionales a la riqueza relativa de cada país (basadas en el PIB), de tal forma que la carga fiscal sea similar para todos los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la UE, garantizándose así que el presupuesto comunitario desempeñe el papel de redistribución que le corresponde, dando prioridad a la auténtica convergencia y a una cohesión económica y social eficaz.

  Anne E. Jensen y Karin Riis-Jørgensen (ALDE), por escrito. (DA) Hemos votado a favor del informe porque ofrece una vía práctica para escapar del complejo sistema que rige actualmente los recursos propios de la UE, que contempla deducciones y regímenes especiales. Sin lugar a dudas, el derecho de autodeterminación fiscal de cada país deberá respetarse en cualquier sistema nuevo. Además, es importante que una nueva fuente de ingresos para la UE no implique una subida de impuestos.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación del informe del señor Lamassoure por no estar a favor de la cofinanciación del primer pilar de la PAC que se menciona en el apartado 25, que abre las puertas a la inevitable renacionalización de una de las contadas políticas realemente comunes. Podría añadir que esta idea ya fue avanzada –pero rechazada con razón– en la época del Acuerdo de Berlín de 2000.

No me parece conveniente reorientar la PAC –que se supone es más justa y más compatible con el desarrollo sostenible– para que sea cofinanciada por los Estados miembros.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) En el informe sobre el futuro de los recursos propios de la UE, esta se prepara para ampliar la feroz política fiscal de los Gobiernos de los Estados miembros. El grueso del coste del impulso de políticas antipopulares en la Unión Europea recaerá sobre los trabajadores.

Algunas medidas fundamentales propuestas, como el incremento del IVA y el impuesto sobre el consumo de energía a partir de 2004, irán en detrimento del nivel de vida de los trabajadores. En Grecia, el aumento de un punto del IVA y la constante subida de los precios de la energía han hecho que cada vez sea más difícil que las familias de bajos ingresos lleguen a final de mes.

El elemento esencial para la corrección de los desequilibrios presupuestarios que se menciona en el informe es una reducción del gasto agrícola, lo que implicará el cierre de aún más pequeñas y medianas explotaciones. Y todo esto se nos presenta como una distribución más justa de los recursos. En un momento en que la UE refuerza supuestamente su política antiterrorista, en realidad redobla su ataque contra los derechos personales y las libertades de los pueblos.

La política de comunicación de la UE se basa en el «necesito saber» con el fin de cultivar una «conciencia europea», en otras palabras, a fin de someter a los trabajadores a políticas antipopulares.

El informe habla de los ingresos indirectos que reciben los Estados miembros a través de las políticas de la UE. Estos ingresos son un regalo de la UE capitalista al capital. Y los trabajadores tan solo ven cómo se deteriora su nivel de vida.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que propone una reforma del sistema de recursos propios que acentuará la igualdad entre Estados miembros. El sistema actual es complejo y no es transparente para el público. Por lo tanto, me satisface que vaya a ser reformado.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) A diferencia de la CECA, que se financiaba con sus propios recursos en el verdadero sentido del término, la Unión Europea ha dejado virtualmente de recaudar derechos de aduana –que actualmente no representan más del 9,8 % de sus recursos– y el presupuesto comunitario se decide de la misma manera que el de cualquier organización intergubernamental ordinaria financiada por los Estados, es decir, con contribuciones pecuniarias basadas en el PIB, que representan el 73,8 % de los recursos comunitarios.

Hoy en día, los recursos han tocado techo con el 1,24 % del PIB, y en ese límite habrán de mantenerse. Simplemente se ha decidido que después de 2014 entrará en funcionamiento un nuevo sistema derivado de la solución federal tradicional consistente en repaartir el producto de un impuesto entre la UE y los Estados miembros. Se ha propuesto una selección de doce impuestos para dividirlos de esta forma, que van desde el IVA hasta la tasa Tobin y el impuesto ecológico sobre las empresas.

Se trata del sistema adoptado en Francia entre 1791 y 1917, en el que añadían ciertos porcentajes al impuesto estatal para financiar las comunidades locales.

Si la UE tuviera una política de grandes inversiones en salud, investigaciones, universidades y ferrocarriles para sustituir el planteamiento maltusiano del artículo 104 quater del Tratado de Maastricht, el apoyo que tendría a escala nacional permitiría financiarla, bien por medio de préstamos, bien incluso mediante un impuesto hipotecado que resulte atractivo por sus ventajas para la sociedad.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Me he abstenido en la votación sobre el informe del señor Lamassoure sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea. Extoy de acuerdo en que el régimen comunitario de ingresos y gastos necesita una reforma y más transparencia, pero este informe va demasiado lejos. Sostengo que la UE debería financiarse mediante cuotas de sus miembros y no deseo que se avance hacia un impuesto comunitario.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe del señor Lamassoure sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea.

Este informe es una parte importante de los preparativos para proceder a una revisión exhaustiva de todos los aspectos de la financiación y gastos de la Unión Europea, ya que el actual sistema de recursos propios presenta imperfecciones fundamentales.

Este sistema está formado por cuatro fuentes de financiación y una serie de mecanismos de deducción. Hay que recordar que casi un 70 % de los ingresos de la Unión Europea no proceden de sus recursos propios, sino de fondos procedentes directamente de los presupuestos nacionales. Además, en vista de los actuales déficit presupuestarios, sobre todo los de los grandes Estados miembros, no podemos garantizar que la Unión Europea cuente con recursos suficientes para llevar a cabo todas las estrategias que conllevan sus políticas.

La Unión Europea requiere un sistema de financiación eficaz y transparente. La finalidad de la reforma de los ingresos comunitarios debe consistir en crear auténticos recursos propios para la Unión Europea. Estos recursos deben basarse en impuestos ya existentes recaudados en los Estados miembros, que contribuirían al presupuesto de la Unión. Creo que también deberíamos estudiar la posibilidad de introducir un verdadero impuesto de la Uniópn Europea.

- Informe Belet (A6-0036/2007)

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Gracias, señor Presidente. Junto con los demás diputados al Parlamento Europeo del Partido Civil Democrático Checo (ODS), he votado en contra del informe Belet por considerar que constituye un paso prematuro para un debate sobre la posible armonización del complejo ámbito del fútbol profesional en los Estados miembros.

El informe promete crear lo que denomina el modelo europeo de fútbol. Sin embargo, dicho modelo apenas existe. No cabe duda de que el fútbol profesional es actualmente un enorme fenómeno a escala mundial e intentar regularlo de alguna manera desde una perspectiva europea no me parece una idea especialmente buena. El Parlamento todavía no es una especie de organización de gestión mundial capaz de resolver los problemas del mundo.

Coincido plenamente con aquellas partes del informe que hablan del conflicto entre el fútbol profesional y nuestras normas administrativas y económicas. Sin embargo, no puedo aceptar las partes del informe que proponen la regulación de ámbitos que no forman parte de las competencias de la UE. Me refiero sobre todo a la propuesta de crear órganos de vigilancia selectiva. Gracias por su atención.

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, a pesar de las reservas con respecto a uno o dos puntos del mismo, los diputados laboristas al Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe Belet. Esto se debe a que el informe confía en ayudar a las autoridades del fútbol a abordar algunos problemas muy reales a los que se enfrentan, garantizando que las legislaciones europeas adoptadas para otros fines no interfieran en su camino a la hora de tratarlos. En otras palabras, es todo lo contrario de lo que ha dicho el orador anterior. No vamos a intentar armonizar las normas relativas al fútbol ni a hacernos con el control del fútbol. Intentamos conceder a las autoridades del fútbol algo más de espacio, para que puedan hacer frente a sus problemas por sí mismas.

En este contexto, quiero añadir que me ha sorprendido mucho que el señor Heaton-Harris haya presentado una enmienda que le hizo llegar un grupo de presión del Real Madrid. Los efectos de permitir la venta individual de los derechos de televisión por parte de los clubes individuales, en lugar de colectivamente por parte de una liga con la redistribución de los beneficios entre todos los clubes, se sentirán ahora únicamente en España entre los 27 Estados miembros. No solamente destruye la competición deportiva dentro de la liga española –porque el Barcelona y el Real Madrid percibirán miles de millones de euros en los próximos años–, sino que también distorsiona la competición deportiva a escala europea, al dar a esos clubes una ventaja injusta con respecto a los demás clubes de cualquier otra liga europea. Me asombra que el señor Heaton-Harris haya presentado semejante enmienda.

  Jan Andersson y Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe sobre el futuro del fútbol profesional en Europa. En general se trata de un informe constructivo que aborda, entre otras cosas, los problemas a los que se enfrentan los pequeños clubes de fútbol para mejorar su situación financiera a fin de desarrollar jugadores de la cantera. Asimismo, el informe aborda la cuestión de que las selecciones nacionales pueden utilizar gratuitamente a los jugadores. Otros temas importantes de los que se ocupa el informe son los esfuerzos por luchar contra la violencia en las gradas, el racismo, el consumo de drogas, la corrupción y la explotación de jugadores jóvenes. Creemos que la UE debería colaborar con las federaciones que gobiernan el fútbol a escala nacional y europea, como la UEFA, para resolver estos problemas.

Sin embargo, actualmente no vemos la necesidad de nuevos instrumentos legales para solucionarlos, excepto una eventual directiva relativa a los agentes de los jugadores. Tampoco consideramos necesario que los Estados miembros modifiquen su legislación social y tributaria debido a que las diferencias entre un país y otro generan problemas para la transferencia transfronteriza de jugadores. Además, interpretamos que el concepto de «prostitución forzada» que figura en el informe, comprende todos los tipos de prostitución, porque toda prostitución tiene lugar bajo alguna forma de coacción.

  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) no acepta que la UE tenga competencia sobre el deporte y se opone a este informe en general, para defender los derechos de todos los Estados miembros de la UE y de sus clubes y aficionados, así como para mantener la política alejada del deporte.

Acepta que los beneficios de los derechos de difusión están en gran medida determinados por el tamaño de los mercados nacionales de teledifusión.

Rechaza el control del deporte por parte de los sindicatos, de las asociaciones de aficionados y de la UE. Los aficionados apoyan a los equipos ganadores, no a los que tienen un buen comité.

Se opone a la interferencia en la toma de decisiones de la FIFA y de la UEFA.

Apoya que haya un seguro para los jugadores de las selecciones nacionales.

Se opone a que ondee la bandera de la UE y a que suene el himno de la UE en los partidos de fútbol. No existe ninguna selección de la UE. Suiza será uno de los países anfitriones de la Eurocopa de 2008.

Se opone a la implicación de la UE en las finanzas de los clubes.

Apoya la mejora de la educación para los jugadores jóvenes al margen de la jurisdicción de la UE.

Apoya que las naciones dentro de los Estados miembros tengan su propio equipo (por ejemplo, Escocia).

Rechaza el Estudio Independiente del Deporte Europeo.

Apoya la cooperación de los Estados miembros para combatir la violencia en el fútbol, aunque rechaza categóricamente la jurisdicción de la UE, dado que esta no tiene competencia sobre la justicia ni los asuntos de interior.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe presenta una serie de aspectos positivos, pero tenemos algunas reservas con respecto a la formulación final de algunos puntos.

Consideramos que es necesario tener en cuenta el enfoque del fútbol profesional. Es un error reducir todo al marco de la competición organizada, dejando a un lado los aspectos más importantes del fútbol, como el hecho de que se trata de un juego y que contribuye a desarrollar en los niños y jóvenes la capacidad de previsión, de usar su imaginación, de trabajar en equipo y de expresarse, así como el conocimiento y la conciencia de sí mismos y de otros.

La separación artificial entre el deporte profesional y el aficionado (que surge en algunos deportes, incluso competitivos, en los que los participantes tienen diferentes profesiones y empleos) socava los derechos que deberían derivarse de forma natural de las responsabilidades inherentes al fútbol profesional, con todos sus clubes, aficionados, juntas directivas, federaciones deportivas, reglamentos y estructuras. Este fenómeno tiene lugar en estos momentos y no debemos esconder la cabeza en la arena y pretender que todo va bien.

Por ello, debemos intentar crear las condiciones, sin paternalismo, para que los profesionales puedan defender sus derechos en un sector en el que existen grandes riesgos de desgaste físico y exclusión social prematura.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. Voto a favor del informe del señor Belet, que a mi juicio defiende los intereses legítimos del fútbol en Europa, respaldando ampliamente las opiniones de la UEFA sobre el tema. Lo hago a pesar del reciente acto de discriminación flagrante de la UEFA contra el país de Gibraltar, al que represento. En la última reunión de la UEFA se rechazó la solicitud de Gibraltar de ingresar en la misma, a pesar de que su población es equivalente a la de San Marino –que pertenece a la UEFA desde hace mucho tiempo– y de que las Antillas Neerlandesas, una colonia, participara en la final de la tercera Copa del Mundo en 1938.

También apoyo la venta en bloque de los derechos de televisión por parte de las ligas nacionales, para mitigar el crecimiento de las disparidades financieras entre clubes, aunque no la compra en bloque de tales derechos, que dan el monopolio a una única cadena que explota ese monopolio en detrimento del público.

Del mismo modo, el fútbol no puede quedar exento de la legislación europea para permitir que un número limitado de clubes aumente sus beneficios a costa de los demás. La relajación de las normas debe servir al bien público y no a los beneficios privados.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El Parlamento Europeo no debería ocuparse en absoluto de este informe. La cuestión que aborda corresponde a las federaciones nacionales de fútbol y las organizaciones con las que colaboran, así como a los Parlamentos nacionales.

Nos oponemos igualmente a que el proyecto de informe mencione, por ejemplo, el proyecto de Constitución europea, que ya ha sido rechazado en dos referendos en Europa. Además, nos oponemos a la propuesta de elaborar un marco legal a escala comunitaria para el fútbol y que se estudie la posibilidad de introducir una condición jurídica comunitaria para las empresas deportivas.

Por ello, la Lista de Junio vota en contra de este informe.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe sobre el futuro del fútbol profesional. En particular, apoyo la petición a la Comisión de que aclare el estatuto jurídico del fútbol y también la recomendación de que se realicen esfuerzos por garantizar una mayor transparencia y la gobernanza del fútbol profesional europeo. En mi opinión, la existencia de un órgano de gobierno separado para el fútbol escocés –es decir, la Federación Escocesa de Fútbol– es importante y apoyo las enmiendas del Grupo Verts/ALE, destinadas a garantizar que estos órganos de gobierno independientes se mantengan como están, sin tener que incorporarse a una federación de fútbol de todo el Reino Unido.

  Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Apoyo la postura del ex presidente de la UEFA, Lars Olsen, que ha comentado que uno de los mayores desafíos a que se enfrenta el fútbol profesional es el de los agentes de los jugadores. Teniendo en cuenta las recomendaciones del reciente informe Stevens en el Reino Unido, creo que es necesario aplicar unos criterios y unas normas estrictas a las transacciones realizadas por los agentes de los jugadores. El sistema actual permite una doble representación y carece de transparencia financiera, particularmente en el caso de las transferencias fuera de Europa. Por lo tanto, lo mínimo es o bien que la UEFA regule y modifique la situación actual, o bien, de lo contrario, que se pida a la Comisión que proponga una directiva sobre un sistema común de autorización de los agentes.

Uno de los principales objetivos de este informe es indicar formas de estimular un equilibrio competitivo en el fútbol. Creo que el caso Charleroi, que se encuentra actualmente en el Tribunal de Justicia Europeo, si prospera, tendrá un importante efecto negativo sobre la competitividad de las federaciones internacionales de fútbol más pequeñas en Europa. Me mantengo firme en mi opinión de que los clubes deben liberar a sus juradores para las selecciones nacionales sin derecho a indemnización. Por lo tanto, apoyo la petición a la Comisión de que respalde el desarrollo de un sistema de seguro colectivo para los jugadores.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) El fútbol es una pasión universal, ya sea en las modernas y sofisticadas metrópolis de Occidente, en el desierto australiano, en los lugares más alejados del Pacífico, en las diminutas aldeas de Asia Central o en lo más profundo de África.

Además de una pasión, el fútbol es uno de los lenguajes universales más poderosos.

Y son estas características –la pasión y el lenguaje universal– las que confieren al fútbol su fuerza y su extraordinaria capacidad de unir a las personas.

El fútbol posee un enorme potencial, que no puede ser ignorado, para canalizar esta fuerza no solo hacia el espectáculo y hacia su economía legítima, sino también hacia causas sociales con una dimensión y un alcance igualmente universales.

Apoyo este informe y me gustaría señalar que aunque los órganos de gobierno del fútbol pueden tener el deseo legítimo de defender sus procedimientos deportivos ante los tribunales civiles, incluso cuando no estén justificados desde el punto de vista deportivo, no pueden ser penalizados por reglamentos disciplinarios.

Por ello yo pediría al órgano de gobierno del fútbol que revisara su normativa a fin de establecer un equilibrio adecuado entre el derecho de todos los agentes del deporte a recurrir a los tribunales civiles, por una parte, y el funcionamiento normal de las competiciones, por otra.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) Hay muchos desafíos a los que se enfrenta el fútbol profesional dentro de la Unión Europea. Existe la necesidad de una mayor transparencia y democracia dentro de las estructuras que gobiernan el juego. Debería prestarse apoyo a las canteras. No obstante, creo que deberíamos reconocer la autonomía del deporte y su derecho al autogobierno.

  Jeffrey Titford (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) no acepta que la UE tenga competencia sobre el deporte y se opone a este informe en general, para defender los derechos de todos los Estados miembros de la UE y de sus clubes y aficionados, así como para mantener la política alejada del deporte.

Acepta que los beneficios de los derechos de difusión están en gran medida determinados por el tamaño de los mercados nacionales de teledifusión.

Rechaza el control del deporte por parte de los sindicatos, de las asociaciones de aficionados y de la UE. Los aficionados apoyan a los equipos ganadores, no a los que tienen un buen comité.

Se opone a la interferencia en la toma de decisiones de la FIFA y de la UEFA.

Apoya que haya un seguro para los jugadores de las selecciones nacionales.

Se opone a que ondee la bandera de la UE y a que suene el himno de la UE en los partidos de fútbol. No existe ninguna selección de la UE. Suiza será uno de los países anfitriones de la Eurocopa de 2008.

Se opone a la implicación de la UE en las finanzas de los clubes.

Apoya la mejora de la educación para los jugadores jóvenes al margen de la jurisdicción de la UE.

Apoya que las naciones dentro de los Estados miembros tengan su propio equipo (por ejemplo, Escocia).

Rechaza el Estudio Independiente del Deporte Europeo.

Apoya la cooperación de los Estados miembros para combatir la violencia en el fútbol, aunque rechaza categóricamente la jurisdicción de la UE, dado que esta no tiene competencia sobre la justicia ni los asuntos de interior.

Informe Tabajdi (A6-0037/2007)

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) En el momento de la adhesión de la UE a diez nuevos Estados miembros en 2004 se acordaron condiciones discriminatorias para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC), al establecerse un período transitorio de nueve años para los nuevos Estados miembros. Las ayudas del primer año representaron tan solo un 25 % de las recibidas por los antiguos Estados miembros. Este hecho ha tenido consecuencias sobre el entorno competitivo entre los nuevos Estados miembros y los antiguos en el mercado de productos agrícolas.

El mensaje más importante del informe es que los nuevos Estados miembros no han tenido un efecto negativo en el mercado sobre los productos agrícolas de los antiguos Estados miembros. ¿Y cuál ha sido su efecto sobre los nuevos Estados miembros? Solo se menciona el caso de Polonia, y la Comisión se muestra renuente a enfrentarse a sus problemas.

Lituania ha perdido su mercado tradicional del lino debido a la PAC. Lituania se ha visto obligada a reducir una vez y media las ayudas a los cultivadores de lino. La cosecha de lino se ha reducido a la mitad.

Loa antiguos Estados miembros han recibido condiciones ventajosas de acceso a los mercados de productos de los nuevos Estados miembros. Creo que el informe no refleja plenamente la situación real y, por consiguiente, he votado en contra de la aplicación de la PAC en los nuevos Estados miembros.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Consideramos que la Política Agrícola Común debe ser abolida. Es absurdo inducir a los nuevos Estados miembros a un régimen desfasado y hacer que se acostumbren a sus normas y subvenciones. Dicho esto, estamos a favor del apoyo económico a los nuevos Estados miembros de la UE. Sin embargo, este apoyo debe canalizarse hacia las regiones desfavorecidas y destinarse a la educación, las infraestructuras y las instituciones legales.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Al adherirse a la UE, los diez nuevos Estados miembros tuvieron que suprimir sus subvenciones a la exportación y sus derechos sobre las importaciones procedentes de los 15 Estados miembros de la UE, abriendo así sus mercados a las exportaciones e inversiones de la UE-15. En consecuencia, el comercio y la industria de los 15 antiguos Estados miembros de la UE ampliaron sus mercados e inversiones al sector agrícola y de la alimentación de los diez nuevos Estados miembros.

Las consecuencias de ello figuran en el informe: futuras reducciones del gasto agrícola, lo que implica la desaparición de un gran número de pequeñas y medianas explotaciones en los nuevos Estados miembros. Por supuesto, al mismo tiempo se reducirán las subvenciones concedidas a las pequeñas y medianas explotaciones de los antiguos Estados miembros.

Por consiguiente, los ganadores de la ampliación son las empresas comerciales e industriales, sobre todo las de los antiguos Estados miembros, y los perdedores, aunque quizá a un grado distinto, son las pequeñas y medianas explotaciones, tanto de los nuevos Estados miembros como de los antiguos.

El informe señala que el número y la función de las cooperativas no son los adecuados en los nuevos Estados miembros y que existe una escasez de productores en el sector de los alimentos procesados. Y pasa por alto deliberadamente que una de las condiciones fundamentales para la adhesión que la UE estableció para los antiguos países socialistas fue el cierre de las cooperativas de productores que existían en la economía rural y la privatización de las cooperativas estatales procesadoras de productos agrícolas, condición que sirve directamente a los intereses del comercio y la industria en detrimento de las pequeñas y medianas explotaciones y de los consumidores.

Por este motivo he votado en contra de la propuesta.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe que pide a la Comisión Europea que tenga más en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros en sus decisiones relativas a la Política Agrícola Común. Las necesidades de los nuevos Estados miembros van desde importantes esfuerzos por cumplir las normas comunitarias en materia de seguridad e higiene hasta unos mayores costes de producción. Creo que el bajo nivel de ayuda directa que reciben estos países está generando unas condiciones de competencia desiguales y me satisface que vayamos a empujar a la Comisión a analizar esta situación.