Acta literal de los debates

Martes 24 de abril de 2007 - Estrasburgo

12. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0017/2007).

Se han formulado las siguientes preguntas a la Comisión.

Primera parte

  El Presidente.

Pregunta n.º 42 formulada por Alain Hutchinson (H-0212/07)

Asunto: Chantaje a los obreros de VW Forest - las deslocalizaciones invertidas

Al condicionar el mantenimiento de actividad en la planta de VW Forest a un aumento de las horas de trabajo sin aumento de sueldo y a una mayor flexibilidad, los dirigentes de VW Forest han ejercido sobre los trabajadores un chantaje laboral. Estos últimos se vieron obligados a aceptarlo para evitar el cierre de la empresa. En su resolución del 14 de marzo de 2006 relativa a las deslocalizaciones en el marco del desarrollo regional, el Parlamento Europeo pidió que se considerara tomar medidas para evitar este tipo de chantaje laboral, que puede calificarse de «deslocalización invertida», ya que tiene como consecuencia la importación de peores condiciones de trabajo sin desplazamiento de la actividad de la empresa.

¿Podría indicar la Comisión qué medidas propondrá para evitar las deslocalizaciones invertidas causantes de una deterioración de las condiciones de trabajo sin desplazamiento de la actividad empresarial?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, de acuerdo con la normativa comunitaria vigente, la Comisión solo expresa su opinión sobre las decisiones adoptadas por los países e interviene entre los interlocutores sociales en el caso de que se haya infringido la legislación comunitaria.

No obstante, la UE puede contribuir a los cambios y las reestructuraciones, y a asegurar que se lleven a cabo de forma responsable, a través de los Fondos estructurales y, en especial, del Fondo Social Europeo. La Comisión también ha mantenido un diálogo político en el contexto del foro de reestructuración, con el objetivo de mejorar el intercambio de experiencias y planteamientos probados y contrastados entre los principales actores y, en particular, entre los Gobiernos, los interlocutores sociales y las regiones.

La Unión posee además un marco legal para el procedimiento de información y consulta a los trabajadores. Lo menciono porque existen una serie de medidas que son aplicables a la autorización y la gestión de las reestructuraciones, en concreto las directivas sobre despidos colectivos, relocalización de empresas y comités de empresa europeos, así como la directiva que establece el marco general para el procedimiento de información y consulta a los trabajadores.

Resulta esencial garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria a la hora de informar y consultar a los trabajadores. No obstante, quiero subrayar que la tarea de garantizar que se cumpla la legislación comunitaria corresponde primordialmente a los Estados miembros.

Además, la Comisión respeta plenamente el principio de autonomía de los interlocutores sociales y hace hincapié en el papel fundamental del diálogo social para resolver las cuestiones referentes a los trabajadores sindicados y a las relaciones laborales. En este sentido, los comités de empresa europeos tienen un importante papel que desempeñar, de apoyo al diálogo social a escala nacional y comunitaria.

En 2003, los interlocutores sociales aprobaron unos principios de referencia a escala europeo para gestionar los cambios y sus repercusiones sociales. La Comisión apoya a los interlocutores sociales en la promoción e implantación de dichos principios en toda la UE.

Señorías, muchas gracias por su atención.

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Señor Presidente, agradezco al Comisario su respuesta. Simplemente, recordaré que formulé esta pregunta en un contexto un tanto especial, el de los acontecimientos en Volkswagen, pero lo que pasó en Volkswagen pasa todos los días en el la UE. Las deslocalizaciones son hoy moneda corriente. Solo hablamos de las más importantes, pero las hay continuamente. En Bélgica, mi país, Opel decidió hace poco despedir a miles de trabajadores. Este es el resultado de una política económica muy, muy agresiva.

Sin duda recordará, señor Comisario, que en su día votamos, por una muy amplia mayoría, una resolución sobre las deslocalizaciones que no pretendía impedirlas, porque no podríamos hacerlo, pero que tiende, al menos, a que el dinero público no sirva para favorecerlas. Cuando digo «dinero público», pienso esencialmente en los Fondos Estructurales.

Quería preguntarle si es posible obtener la lista de empresas que han efectuado deslocalizaciones, con las sanciones que tal vez se les hayan aplicado, en su caso.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) He tomado nota de su pregunta, señor Hutchinson. En estos momentos no dispongo, evidentemente, de la información necesaria para facilitársela, pero pediré a mi oficina que la consiga en un plazo razonable de tiempo. Muchas gracias.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Comisario, permítame formular la pregunta en términos algo más generales. Antes, en su respuesta inicial, ha dicho usted que, como Comisario, es guardián de las leyes y los tratados de la Unión. Sé muy bien que este papel implica ciertas obligaciones, pero por supuesto es usted también un impulsor de la legislación. Por ello me interesaría saber si no cree que sería beneficioso que la Comisión dejara por fin de promulgar leyes para las grandes empresas, para los operadores económicos y para todos los que consiguen enormes beneficios de la actividad comercial, y que empezara a promulgar leyes también para los trabajadores para que este tipo de cosas ocurra mucho menos en el futuro

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Por supuesto, la Comisión puede impulsar la legislación en el marco de sus competencias y así lo hace en todos los casos.

Podría mencionar el debate sobre la radiación óptica, que acaba de cerrarse con éxito, porque es un ejemplo típico de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Hay otras muchas directivas que se están negociando o que ya se han finalizado. En cualquier caso, creo que es importante utilizar activamente el ámbito que se ha abierto a través de la posibilidad de una legislación social.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) El cierre de fábricas se trata a menudo como un producto de la globalización. Es normal. A los nuevos países miembros de la UE se nos explicó que ignorábamos cuál era la forma correcta de actuar: teníamos que deslocalizar nuestras fábricas textiles a terceros países, y luego no tendríamos ningún problema.

Mi pregunta es: ¿qué pasa con el contexto más amplio? El mundo es una esfera, y si lo transferimos todo a otra parte, algo debería volver a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son nuestros procesos mentales? ¿No deberíamos tener una política manufacturera común? ¿No deberíamos invertir en sectores de la industria manufacturera que no tengamos que deslocalizar más tarde?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señora Budreikaitė, a mi entender, el debate que ha abierto usted encaja más en el marco de la reestructuración que unas meras deslocalizaciones de empresas.

Quisiera mencionar algunos estudios importantes que demuestran que las deslocalizaciones, en el sentido tradicional del término, representan menos del 2 % de los cambios anuales en el empleo dentro de la UE. Es decir, no se trata de una cantidad grande si la comparamos con los movimientos globales de trabajadores. Por otra parte, ese 2 % tiene que ver con la UE en su conjunto, lo cual significa que implica a decenas de miles de personas, y eso es una cantidad considerable.

Su pregunta tiene que ver con la reestructuración. El mundo cambia continuamente y muchas empresas grandes se están reestructurando. En este caso, la Comisión adopta un enfoque activo. La cuestión también está siendo tratada por el foro de reestructuración que resuelve cuestiones tales como cuál es la mejor forma de responder a la reestructuración desde una perspectiva socioeconómica, y esto incluye la búsqueda de perspectivas.

Quiero señalar que algunas cosas no son lo que parecen en un primer momento. Aunque la industria de los productos textiles, por ejemplo, ha experimentado una importante reestructuración, diversas empresas, sobre todo en Suecia, aunque también en otras partes del mundo, se han hecho un hueco en el sector textil, especialmente con la producción de tejidos que son técnicamente muy complejos.

Al mismo tiempo, han aparecido muchas oportunidades en el ámbito del medio ambiente, como productos, maquinaria, etc. Sea como fuere, en este momento no puedo ofrecer sugerencias ni ideas específicas. Solo puedo señalar que, por un lado, hay empresas y ramos de la industria que están en declive y por otro, hay sectores en estos ramos que se desarrollan rápidamente y que incluso aparecen nuevos ámbitos como el de la tecnología ambiental.

  El Presidente.

Pregunta n.º 43 formulada por Ignasi Guardans Cambó (H-0244/07)

Asunto: Riesgos de arbitrariedad y contradicción en la aplicación de las nuevas medidas de seguridad aérea

El pasado 6 de noviembre de 2006 entró en vigor el Reglamento (CE) n° 1546/2006(1) que modifica el Reglamento (CE) n° 622/2003(2) en materia de seguridad aérea. Teniendo en cuenta el carácter secreto del anexo que establece las nuevas medidas de seguridad y la inexistencia de instrucciones claras de cómo se aplican las medidas, ¿ha calculado la Comisión Europea los riesgos de que este secretismo pueda llevar a una multiplicidad de interpretaciones en la puesta en práctica de las medidas, no únicamente entre los Estados miembros, sino también entre aeropuertos de un mismo Estado Miembro?

¿Ha realizado la Comisión un análisis sobre la puesta en marcha de estas medidas en los aeropuertos de la UE?

¿Que medidas piensa tomar la Comisión para evitar una disparidad en la puesta en práctica de estas medidas en los aeropuertos europeos, que podría socavar los derechos de los pasajeros europeos?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) En primer lugar quiero dar las gracias a su Señoría por plantear esta pregunta sobre este asunto del máximo interés: todos somos pasajeros aéreos, así que con mucha frecuencia nos topamos con estas disposiciones.

Al analizar los registros del Parlamento Europeo he observado que se han formulado varias preguntas orales sobre el tema de las restricciones de la UE sobre los líquidos que los pasajeros pueden introducir en el avión. La Comisión respondió en detalle al Parlamento en la sesión del 12 de febrero.

Como es sabido, no soy el Comisario que mejor conoce esta cuestión y, por tanto, me permito aventurar humildemente que las respuestas ya facilitadas por mis colegas más duchos en esta materia son suficientes. Sin embargo, resumiendo las respuestas a preguntas anteriores, es preciso decir que, aun cuando la legislación esté clasificada como «EU RESTRICTED», tal como exige el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento marco (CE) nº 2320/2002, las normas sobre líquidos están siendo aplicadas por los Estados miembros de una manera apropiada e idéntica en toda la Comunidad. La responsabilidad sobre la aplicación de las normas corresponde a los Estados miembros; la Comisión lo controla a través de sus inspecciones regulares.

No obstante, en el caso de que su Señoría desee más información sobre esta cuestión, propongo que plantee sus preguntas durante el debate sobre seguridad aérea. Casualmente, dicho debate se celebra esta noche y mi colega, el señor Barrot, Vicepresidente responsable de Transportes, estará presente.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (EN) Señor Presidente, el colega del Comisario está eludiendo esta pregunta y no va a responder a ella ni esta noche ni nunca.

La Comisión a la que pertenecen usted y los demás Comisarios aprobaron una reglamentación secreta que impone restricciones a los ciudadanos y crea una situación arbitraria. Cuando los ciudadanos llegan al aeropuerto parecen colegiales ante un maestro autoritario a quien se ven obligados a obedecer. Nos enfrentamos a la aplicación de una reglamentación secreta y no tenemos posibilidad de quejarnos. La consecuencia es la existencia de interpretaciones diferentes de la normativa en el territorio europeo. Lo que en un aeropuerto está prohibido, en otro está autorizado. Por tanto, no se ha conseguido el resultado apetecido por la Comisión a la que pertenecen tanto usted como los demás Comisarios. Usted puede confiar, desde luego, en sus colegas Comisarios, pero es igualmente responsable.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Como he dicho en mi respuesta inicial, también soy un pasajero aéreo, así que a menudo tengo sentimientos encontrados, pero eso no altera el cuadro general. Ante todo: ¿por qué es necesario tener normas secretas? Las normas de seguridad aérea, incluidas las aprobadas en el Reglamento (CE) nº 1546/2006, no son de dominio público porque los presuntos terroristas podrían hacer uso de la información para conseguir sus propósitos.

La legislación sobre seguridad aérea de la Comisión Europea está clasificada como «EU RESTRICTED» de acuerdo con la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión. ¿Cómo se supone que deben aplicar nuestros aeropuertos y compañías aéreas unas disposiciones –que son normas aplicables directamente– que son secretas? Las disposiciones sobre seguridad aérea están dirigidas a la autoridad competente de cada Estado miembro. They have an obligation under Article 8(1) of framework Regulation (EC) No 2320/2002 to communicate the information to interested parties on a need-to-know basis in accordance with applicable national rules for the dissemination of sensitive information. Así pues, el personal de seguridad del aeropuerto no recibe instrucciones precisas en cuanto a sus obligaciones del Diario Oficial de la Unión Europea, sino de la autoridad nacional competente.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, ya ha indicado usted que su colega, el Comisario Barrot, nos ofrecerá respuestas a su debido tiempo. Sin embargo, tengo que recordar una vez más que ya han pasado seis meses desde que se introdujeron las nuevas normas. Ni una sola vez en el transcurso de estos seis meses se ha informado de que estas medidas hayan evitado u obstaculizado con éxito un acto de terrorismo Por otra parte, día tras día recibimos cientos de quejas de ciudadanos europeos que se sentían ofendidos. Sin duda algo está mal. ¿Puede usted ofrecer la perspectiva de que se van a retirar estas medidas o transmitir esta solicitud de la forma debida al Comisario Barrot?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Sí, pienso que el hecho de que no se haya tenido conocimiento de intentos terroristas constituye un éxito en sí mismo, ya que si no está permitido llevar más de 100 ml de líquido –lo que, según los expertos, no es suficiente para crear materiales explosivos–, los terroristas posiblemente no intenten transgredir esta norma. Eso podría explicar por qué no ha habido noticias de ningún intento terrorista.

Por lo que respecta a las quejas, puedo confirmar esta apreciación porque en muchas ocasiones he escuchado en los aeropuertos discusiones y disputas entre los agentes de seguridad y los pasajeros, pero tengo la sensación y la experiencia de que la situación se ha apaciguado y que ahora es más fluida que en los momentos iniciales de las nueva reglamentación.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Todos nosotros somos expertos sobre la situación en los aeropuertos europeos. En algunos aeropuertos de la Unión Europea, los procedimientos de seguridad se realizan con amabilidad, rapidez y comodidad, mientras que en otros aeropuertos hay largas colas y todos los pasajeros con considerados como terroristas en potencia.

Quizá la Comisión Europea pueda preparar directrices y recomendaciones, utilizando ejemplos de buenas prácticas, sobre cómo debería atenderse a los pasajeros con educación y seguridad.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) He vivido experiencias similares de comportamiento poco civilizado por parte de los agentes de seguridad fuera de la Unión Europea. Sin embargo, no creo que la Unión Europea, la Comisión o ninguna otra institución de la Unión puedan incidir de forma alguna en el comportamiento de países de fuera de la Unión Europea.

  El Presidente.

Pregunta n.º 44 formulada por Jacek Protasiewicz (H-0265/07)

Asunto: Aplicación de las normas sobre ayudas de Estado en apoyo al empleo de las personas discapacitadas

A la vista de la experiencia adquirida hasta la fecha con la aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas de apoyo al empleo de las personas discapacitadas con arreglo al Reglamento (CE) no 2204/2002(1), y en referencia a los cambios en la legislación en materia de ayudas estatales (Plan de acción de ayudas estatales) previstos por la Comisión, ¿tiene intención la Comisión de cambiar en el futuro las normas de control del apoyo al empleo de esos trabajadores, junto con los requisitos para programas exentos de notificación obligatoria según las exenciones por categorías y, ajustándose a los principios del mercado común, introducir medidas por las que los costes adicionales que conlleva emplear a personas minusválidas estén establecidos a tanto alzado?

¿Piensa la Comisión que el apoyo que se presta en la actualidad a los empresarios que emplean a personas con discapacidad debería en el futuro tratarse como ayuda estatales?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) La experiencia obtenida en la aplicación del Reglamento (CE) nº 2204/2002 está siendo aprovechada actualmente por la Comisión para establecer unas normas revisadas sobre la ayuda para el empleo de trabajadores discapacitados dentro del contexto de la elaboración de un nuevo reglamento de la Comisión, que planteará la revisión, consolidación, simplificación y armonización de las disposiciones vigentes sobre exenciones en bloque.

Este nuevo Reglamento, que forma parte de la ejecución del plan de acción de ayuda estatal, reemplazará los instrumentos existentes, incluido el Reglamento (CE) nº 2204/2002. La Comisión ha aprobado hoy mismo un primer borrador del Reglamento. Eso va a permitir a la Comisión consultar a los Estados miembros y escuchar las opiniones de otras partes interesadas, incluido el Parlamento Europeo, en los próximos meses, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea acerca de determinadas categorías de ayuda estatal horizontal.

Las disposiciones de exenciones en bloque solo son aplicables a medidas que constituyan ayuda estatal dentro del espíritu del artículo 87 del Tratado CE. El hecho de que el Reglamento (CE) nº 2204/2002 incluya disposiciones sobre ayuda al empleo en favor de los trabajadores discapacitados no significa que todas las medidas estatales en favor de dichos trabajadores deban considerarse ayuda estatal. Tal como se expone en el considerando 6 del Reglamento (CE) nº 2204/2002, algunas medidas estatales en favor de los trabajadores discapacitados no merecen la consideración de ayuda estatal, debido por ejemplo a que son de naturaleza general. Tales medidas seguirán sin ser consideradas una ayuda estatal en el futuro.

El propósito de la exención en bloque consiste en garantizar que los Estados miembros no se vean obligados a notificar a la Comisión aquellas medidas estatales que efectivamente constituyen ayuda estatal según el artículo 88 del Tratado de la CE, en tanto la medida de ayuda en cuestión satisfaga una serie de condiciones según lo especificado en las disposiciones.

  Jacek Protasiewicz, (PPE-DE) . – (PL) Señor Presidente, señor Comisario, gracias. El problema es la falta de certidumbre jurídica en algunos Estados miembros, entre ellos mi país, lo cual significa que desde la adhesión de Polonia a la Unión Europea, el número de compañías y empresas interesadas en emplear a personas discapacitadas ha disminuido radicalmente debido a las dudas sobre si se superan los niveles permitidos de ayuda pública.

Por esta razón, quisiera volver a preguntar sobre esta cuestión. Soy partidario de trabajar de forma que el empleo de personas discapacitadas, al margen de donde vivan y en qué sector de la industria trabajen, no sea considerado por la Comisión como ayuda pública, sino simplemente como otro medio para ayudar a personas que, de lo contrario, no conseguirán ser socialmente activas.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Las medidas de apoyo estatales a favor de los trabajadores discapacitados, lo mismo que cualquier otra medida de apoyo, solo se considerarán ayuda estatal en el caso de que la medida en cuestión reúna todas las condiciones del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Esto implica, entre otras cosas, que si la ayuda se concede a las personas discapacitadas y no a las empresas, la medida no constituye ayuda estatal. Análogamente, cualquier medida a favor de trabajadores discapacitados que no afecte al comercio entre Estados miembros, por ejemplo, porque se considere «de minimis», no constituye una violación de las normas del Tratado.

Segunda parte

  El Presidente.

Pregunta n.º 45 formulada por Martin Dimitrov (H-0219/07)

Asunto: Modificación de la Directiva 92/84/CEE con objeto de aumentar los tipos mínimos del impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas

La Comisión propone (COM(2006)0486 – C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS)) modificar la Directiva 92/84/CEE(1) con objeto de aumentar los tipos mínimos del impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas. Esta propuesta se ha justificado con el argumento de que los tipos mínimos del impuesto especial no se habían ajustado desde 1992 para tomar en consideración la inflación, que ha sido del 31%.

Es importante observar que durante los últimos 15 años la existencia de tipos mínimos no ha llevado a la convergencia de los tipos del impuesto especial en la UE. El elevado impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas es la razón principal del contrabando y un incentivo para su aumento, en particular, en la Europa Oriental. Por ejemplo, en Bulgaria se introdujeron impuestos sobre la producción casera de rakia, causando un considerable descontento entre la población.

¿Considera la Comisión que debería seguir habiendo tipos mínimos del impuesto especial sobre los productos alcohólicos, teniendo en cuenta las considerables diferencias en las rentas en la UE, especialmente después de las dos últimas ampliaciones?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Quiero informar a su Señoría de que considero que las tasas mínimas del impuesto especial sobre productos alcohólicos deben mantenerse. Según manifesté en mis declaraciones a la prensa cuando fue presentada la propuesta el 8 de septiembre de 2006, las tasas mínimas son la piedra angular del sistema de impuestos especiales de la UE, que fue aprobado en 1992 como el mínimo necesario para el funcionamiento del mercado interior. Su revalorización constituye un paso necesario para restablecer la posición con respecto a lo acordado en 1992.

Estoy de acuerdo en que se precisa una mayor convergencia de las tasas del impuesto especial en los diferentes Estados miembros con el fin de reducir las distorsiones de la competencia y el fraude. No obstante, como bien sabe su Señoría, sin el acuerdo de todos los Estados miembros no se puede cambiar nada. Pero concluir simplemente, como sugiere su Señoría, que esa es una razón para suprimir la tasa mínima, no parece la solución apropiada a la vista de la necesidad de cierta armonización dentro del mercado común y, por lo tanto, no constituye una propuesta viable.

Quiero facilitar alguna información adicional sobre el tema. Durante la reunión del Consejo nos encontramos con una marcada resistencia de muchos de los nuevos Estados miembros, que sostenían que no tenían nada que ver con el punto de partida de 1993, al no formar entonces parte de la Unión Europea. Junto con la Presidencia presentamos, en consecuencia, una propuesta de compromiso. En dicha propuesta se trasladó el punto de partida al 1 de mayo de 2004, la fecha de adhesión de los 10 nuevos Estados miembros. Eso se tradujo inmediatamente en una tasa de inflación mucho más baja: en lugar del 31 %, la nueva tasa propuesta es solamente del 4,5 %. Esa fue la nueva propuesta, pero también fue vetada por un Estado miembro: la República Checa.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, no se trata de una cuestión de observancia del Reglamento, pero me planteaba si la pregunta 46 va a ser respondida hoy en esta Cámara, porque en caso contrario, me gustaría formular una pregunta complementaria a esta en particular.

  El Presidente. – La pregunta 46 ha sido retirada.

  Мартин Димитров (PPE-DE). – (BG) Господин Ковач, уважаеми г-н Председател, не съм доволен от Вашия отговор. Оставам с впечатлението, че Вие сте решили да увеличите всички нива на акцизите. Вече има Ваши предложения за по-високи акцизи върху алкохолните продукти и върху дизела. Нивата на доходи в страни като България и Румъния са повече от десет пъти по-ниски в сравнение със „старите“ страни-членки на Европейския съюз. Това създава непропорционално по-висока данъчна тежест и сериозни стимули за неплащане на данъци и „сива“ икономика. Така че тези идеи за увеличение на акцизното облагане ще доведат до още по-сериозни протести, протести които вече са факт в България. Имаше митинги, имаше подписки срещу увеличението на акцизното облагане. Предложенията, които Вие сте внесли, не са обосновани. Не виждам икономическата логика зад тях. Те ще доведат единствено до още по-високи стимули за неплащане на данъци. Например, вземете предвид, че за 15 години акцизните ставки върху алкохолните продукти не са довели до сближаване на нивата. За 15 години. Така че това, което правите няма да има ефект.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Mi opinión es que la Comisión está al tanto de los problemas en los nuevos Estados miembros. Antes de ingresar en la Unión Europea, estos países tuvieron que aceptar el acervo comunitario y tuvieron que aplicar unas tasas mínimas, aun cuando se les otorgaran ciertas excepciones. Ahora resulta muy difícil para los nuevos Estados miembros, incluida Bulgaria, elevar la tasa especial mínima sobre bebidas alcohólicas.

En consecuencia, hemos presentado una propuesta al Consejo que se ha redactado en términos generales, sin cifras concretas. Siguiendo una decisión del Consejo, hemos acordado que cualquier Estado miembro –sin especificar si se trata de un Estado miembro nuevo o antiguo– que encuentre dificultades para elevar el impuesto especial, puede solicitar una excepción. Bulgaria y Rumanía no eran miembros de la Unión Europea en esas fechas, pero lo dicho es sin duda aplicable a esos dos países. Así pues, si Bulgaria tiene alguna dificultad para cumplir la reglamentación que se aprobó en aquel entonces, puede solicitar una excepción que, estoy seguro, será apoyada por la Comisión.

  El Presidente. A raíz de mi intercambio de opiniones con el señor De Rossa, por esta vez aceptaré tres preguntas adicionales.

  John Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Comisario, usted y yo hemos discutido sobre este tema en varias ocasiones en el pasado, pero tendrá que admitir que la enorme divergencia en Europa en las tasas especiales sobre bebidas alcohólicas y otros productos de consumo constituye uno de los mayores obstáculos para la consecución de un auténtico mercado único en Europa.

¿Está usted de acuerdo en que incrementar las tasas mínimas en un porcentaje cualquiera sobre unos impuestos especiales que son iguales a cero en algunos países se traduce en un incremento cero, por lo que la divergencia cada vez se amplía más? ¿No está persiguiendo un objetivo imposible, y no sería mejor eliminar de golpe las tasas mínimas y permitir al mercado libre que opere libremente en cuanto a los productos comerciales y de uso personal?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Si le he entendido correctamente, su propuesta o idea haría referencia no solo a las bebidas alcohólicas, sino a la totalidad del impuesto especial. Pero aun cuando no fuera eso a lo que usted ha hecho referencia, si decidiéramos suprimir la tasa mínima sobre las bebidas alcohólicas, eso tendría un impacto sobre el impuesto especial que grava los productos energéticos y el tabaco.

No creo que eso pudiera ser una solución, ya que si no existiera una tasa mínima, eso alentaría a algunos Estados miembros a optar por una tasa especial muy baja o nula. Eso, a su vez, generaría más contrabando y más compras al otro lado de la frontera, que ciertamente se traduciría en una mayor distorsión del mercado interior. Entiendo la lógica de su razonamiento, pero no creo que pudiera resolver el problema. Al contrario, generaría mayores distorsiones en el mercado interior.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) No creo que un tipo reducido del impuesto especial o la ausencia de un impuesto especial aumente el volumen del contrabando. Es precisamente la presencia de elevados tipos de impuesto especial lo que hace posible que el contrabando fluya desde los países del Este, donde no se aplican estos impuestos especiales y donde el alcohol es barato.

Si hablamos en sentido amplio sobre los impuestos especiales para carburantes y otros productos, entonces una reducción en los tipos de impuesto especial impulsaría el crecimiento de la economía y la haría más competitiva.

La cuestión que planteo es más amplia; concretamente, me pregunto si, mientras estamos debatiendo los tipos del impuesto especial para el alcohol, no deberíamos reflexionar sobre cómo habría que educar a los ciudadanos para que usaran menos este producto. Por en la actualidad, el consumo de alcohol es elevado, sobre todo entre los jóvenes.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, existen diferentes connotaciones con respecto a los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas y productos del tabaco, por ejemplo las consideraciones referentes a la salud. Muchos Estados miembros no desean una tasa baja del impuesto especial debido a factores sanitarios y entiendo su punto de vista.

Por lo que se refiere a la energía, si no aumentamos la tasa del impuesto especial sobre determinados productos energéticos como los combustibles, eso se traduciría en un mayor consumo de los mismos, lo que originaría una mayor contaminación y agravaría el peligro añadido de cambio climático. Por tanto, el impuesto especial desempeña una importante función, no solo en la mejora del mercado interior, sino también en otros ámbitos, como los factores sanitarios, climáticos y ambientales. Si tenemos implantado un impuesto especial, resulta lógico fijar una tasa mínima por debajo de la cual no puede situarse ningún Estado miembro.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, he querido plantear una cuestión con respecto a la pregunta 46 y me gustaría preguntar al Comisario Kovács: en relación con los temas fiscales, ¿qué planes o poderes tiene la Comisión para poder obligar a un país como Irlanda, por ejemplo, a incrementar su base del impuesto de sociedades? Supongo que su respuesta va a ser que no tiene ninguno. Sin embargo, agradecería realmente que dejara constancia de los poderes y planes que tiene la Comisión para obligar a un aumento de las tasas del impuesto de sociedades en Irlanda.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) La pregunta no tiene nada que ver con el asunto que estamos debatiendo, pero me complace escuchar sus preguntas y disponer de la posibilidad de dar una respuesta a las mismas.

En primer lugar, quiero dejar claro que la Comisión ni siquiera sueña con aumentar o armonizar la tasa del impuesto de sociedades; nada más lejos de nuestra intención. Lo que estamos contemplando y que ya hemos presentado como una propuesta general –ni siquiera una propuesta legislativa– es solamente la armonización de la base impositiva, es decir, el cálculo de la base impositiva, que ahora es diferente en todos y cada uno de los Estados miembros. Tenemos 27 formas diferentes de calcular la base impositiva, lo que se traduce en unos enormes costes de cumplimiento y de cargas administrativas para las empresas. La ausencia de consolidación y de transparencia hace que sea muy difícil, o carente de sentido, comparar la tasa del impuesto de sociedades de Irlanda, que es 12,5 %, con la tasa del impuesto de sociedades de Francia, que es superior al 30 %, ya que no podemos comparar las dos bases impositivas.

No tenemos intención alguna de armonizar las bases impositivas, solamente el método de cálculo de las mismas, y desde luego no tenemos ningún poder para imponer nada. Si la propuesta legislativa actual, de acuerdo con nuestro calendario, merece la aprobación unánime a principios de 2008, entonces Irlanda, desde luego, y todos los demás Estados miembros deberán cumplirla. Si no existe consenso –y pienso, que al menos al principio, no lo habrá–, lo que podemos hacer es presentar una nueva propuesta, no para todos los 27 Estados miembros, sino solo para aquellos que deseen aceptarla. Eso es lo que denominamos cooperación reforzada. La cooperación reforzada es opcional. Únicamente participarían aquellos Estados miembros que estén de acuerdo con el objetivo del ejercicio, e Irlanda, que yo sepa, no se hallará entre los países que defenderán la participación.

Sin embargo, creo que al cabo de un tiempo, cuando se conozcan las experiencias positivas, entonces incluso aquellos Estados miembros que de momento se muestran remisos y que no se adherirán en principio a la cooperación reforzada, podrán sumarse más adelante, ya que una de las condiciones de la cooperación reforzada consiste en dejar la puerta abierta a otros Estados miembros que deseen unirse en una etapa posterior.

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) He pedido la palabra en relación con la pregunta n.º 45, es decir, antes de que se diera la palabra al señor De Rossa. Sin embargo, no se me dio la oportunidad de formular mi pregunta al señor Kovács. Tenía que ver con la pregunta que, de hecho, debatimos en esta Cámara, concretamente la Pregunta n.º 45 sobre los tipos del impuesto especial sobre el alcohol.

  El Presidente. Como sabrá su Señoría, la Mesa solo acepta dos preguntas adicionales. En esta ocasión, he aceptado tres porque el señor De Rossa estaba dispuesto a hablar sobre otra pregunta, que entre tanto había sido retirada. La pregunta del señor De Rossa fue contestada por amabilidad del señor Kovács.

  El Presidente.

Pregunta n.º 47 formulada por Gianluca Susta (H-0216/07)

Asunto: Escuelas Europeas - matrículas

Se ha abierto el plazo de matrícula en las Escuelas Europeas de Bruselas, de cuya gestión se encarga la oficina central de matriculación (ACI).

La ACI es en realidad poco más que una entelequia, porque carece de personal y de medios. Por ejemplo, no registra todos los datos necesarios para un seguimiento efectivo de las referencias correspondientes a las matrículas actuales o futuras (no se consigna, por ejemplo, el número de hermanos de alumnos que se habrán de matricular en años subsiguientes). Además, las informaciones que se facilitan son deficientes, y las familias no reciben ningún resguardo de matrícula.

¿No considera la Comisión que, una vez más, la falta de profesionalidad del secretario general de las Escuelas, unida a la negligencia de los servicios competentes de la DG Administración, pueden socavar los auspicios del Consejo Superior dirigidos a asegurar un proceso de inscripciones transparente e imparcial, y que hipotecan todo intento de mejorar la política de matrículas.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para evitar que la ocupación de Berkendael sea un fracaso?

¿Cómo piensa proceder la Comisión para garantizar que las decisiones en materia de matriculación de alumnos sean recurribles ante la Cámara de apelaciones de las Escuelas Europeas, en base a un fundamento legal concreto, durante la presente campaña de matrícula?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) El asunto de las Escuelas Europeas es uno de los temas más complicados de mi cartera.

La Junta de Gobernadores de las Escuelas Europeas ha creado un Organismo Central de Matriculación con el fin de resolver la situación sumamente difícil causada por el país anfitrión en lo referente a la oferta de un emplazamiento para la cuarta escuela en Bruselas. La Comisión ha trabajado constantemente en favor de una política de matriculación clara y objetiva con el necesario grado de flexibilidad y con la posibilidad de que los padres reclamen.

Asimismo, la Comisión ha mantenido informados regularmente a los padres y a sus representantes durante el año escolar. Por consiguiente, la Comisión no comparte la opinión de su Señoría de haber desatendido sus responsabilidades.

Según quedó claramente estipulado por la Junta de Gobernadores en su comunicado aprobado en enero de 2007, la política de matriculación para 2007-2008 solo será aplicable a este curso escolar. La política de matriculación para el año que viene estará basada en un análisis en profundidad y una estrecha vigilancia de la situación durante y después del primer año de funcionamiento de la Escuela Europea de Berkendael. La política tendrá en cuenta además todos los elementos pertinentes y el progreso de los alumnos de las diferentes Escuelas Europeas en Bruselas durante el curso escolar 2007-2008.

El Secretario General de las Escuelas Europeas ha elaborado unos procedimientos claros para las solicitudes individuales y ha presentado una propuesta a la Junta de Gobernadores para su aprobación durante su reunión de abril, con el fin de proporcionar a los padres la posibilidad de plantear solicitudes durante la actual campaña de matriculación. Se ha debatido una propuesta para modificar las normas generales de las Escuelas Europeas con el fin de ampliar los poderes de la Junta de reclamaciones a las decisiones relacionadas con la matriculación por parte de la Comisión Pedagógica Mixta en marzo de 2007, la Comisión Administrativa y Financiera del 19 al 21 de marzo de 2007 y el Organismo Central de Matriculación el 28 de marzo, antes de su presentación a la Junta de Gobernadores el 17 de abril.

Antes de la presentación de la propuesta a la Junta de Gobernadores, la Comisión pidió que se tomaran las medidas necesarias para garantizar que los plazos para responder a las solicitudes sean compatibles con el calendario de inicio del próximo curso escolar. La Comisión se complace en que haya sido aprobada una normativa transitoria por la Junta de Gobernadores el 17 y 18 de abril y que se hayan fijado unos plazos más cortos para la posible presentación de solicitudes por los padres. Durante esa reunión, la Comisión insistió de todas formas en que se realizara cuanto antes una evaluación de las modificaciones de los procedimientos y de los medios necesarios de la Junta de reclamaciones, con el objeto de cumplir lo requisitos asociados con la ampliación de sus poderes.

  Lapo Pistelli (ALDE), suplente del autor. – (IT) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Kallas.

Quisiera preguntar al Comisario si, en caso de que la mayoría de los padres de alumnos que actualmente deberían ir a Berkendael no diesen su consentimiento a la matriculación de sus hijos en este centro temporal, la Comisión pretende seguir a toda costa con la política de llenar el centro de Berkendael. ¿Se han previsto alternativas? Por ejemplo, ¿es posible, como han pedido las asociaciones de padres, aceptar solicitudes para un acceso limitado a las escuelas históricas de Bruselas? En caso afirmativo, ¿qué modalidades se aplicarían para elegirlas?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Ante todo, he de decir que el tema de las Escuelas en Bruselas es muy complicado debido al notable aumento de alumnos en los últimos años. Todas las escuelas principales tienen un exceso de alumnado, así que, como bien sabrá, las autoridades belgas han designado un emplazamiento adicional para la siguiente escuela en Laeken. Berkendael es un emplazamiento temporal. Hasta el momento no tengo conocimiento de que los padres se hayan negado a aceptar el emplazamiento de Berkendael. Sé que ha habido discusiones, pero, como usted sabe, las Escuelas Europeas son una entidad autónoma gestionada por una Junta de Gobernadores en la que están representados todos los Estados miembros. Todas las ubicaciones alternativas y cualquier propuesta relativa a la infraestructura de las escuelas dependen de las autoridades belgas, para las que el asunto de la infraestructura social para las instituciones europeas cada vez entraña mayor dificultad.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, ¿sabe usted que los padres que no trabajan para las instituciones europeas tienen cada vez más dificultades para matricular a sus hijos en las Escuelas Europeas? Ello crea una especie de mentalidad de gueto y en particular aumenta la oposición a estas escuelas entre los ciudadanos de Bruselas.

En segundo lugar, dado el muy deficiente transporte público, quisiera preguntarle cómo se le puede haber ocurrido a nadie ubicar la cuarta escuela en Laeken. Los autocares escolares que se ofrecerán tendrán que cruzar toda la ciudad para transportar a los alumnos que, por consiguiente, perderán mucho tiempo. ¿Por qué no se encontró un mejor emplazamiento con las autoridades belgas?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Hemos intentado trabajar con las autoridades belgas para explorar todos los posibles emplazamientos. No existen demasiados emplazamientos en Bruselas que cumplan los requisitos necesarios de esta complicada tarea. Hasta ahora, ha estado en manos de las autoridades belgas: ellas hacen propuestas para emplazamientos anexos y temporales y nosotros no podemos introducir muchos cambios. Hemos intentado encontrar otras soluciones de común acuerdo con la Junta de Gobernadores, pero por ahora es algo que viene fijado por las autoridades belgas.

Con respecto a la categoría 3 y un posible «gueto» para funcionarios europeos en escuelas de categoría 3 –estoy utilizando un tipo concreto de lenguaje que me resulta muy familiar–, se trata de estudiantes que no son hijos del personal de las instituciones europeas. Los hijos del personal en otras instituciones internacionales se encuentran en lo que se conoce como categoría 2. La categoría 3 abarca plazas libres que se asignan a hijos de otros padres, sobre la base de la disponibilidad. Como ya he dicho, cada vez resulta más complicado conseguir para los padres que trabajan en nuestras instituciones las plazas necesarias en nuestras guarderías y escuelas. En este contexto de normas y condiciones, hemos de dar preferencia desde luego a nuestro propio personal, los hijos de quienes trabajan en las instituciones europeas. Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo con usted en que existe un problema y en que hemos de idear formas para desarrollar el sistema escolar europeo. Existen algunas ideas adicionales acerca de cómo hacer más flexible este sistema y de desarrollar otros tipos de escuelas, siendo la más prometedora la escuela de tipo 3, que realmente es un tipo de Escuela Europea. En determinadas circunstancias, estas escuelas pueden otorgar el título de bachillerato europeo. Esta es la parte más prometedora de este proyecto y no podemos dejarla de lado. El sistema se encuentra en un punto muerto muy grave, pero esta propuesta ha sido aprobada por los Estados miembros en una reunión del Consejo en la que participaron representantes de los Ministros de Educación, a la que yo también asistí.

Así pues, contamos con la idea básica y tal vez contemos con muchas más Escuelas Europeas que otorguen el título de bachillerato como un tipo particular de educación, lo que le convertiría en un sistema mucho más abierto.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, en base a una pregunta formulada hoy por un colega, quisiera saber si los niños con diversas dificultades de aprendizaje pueden matricularse en la escuela, teniendo en cuenta sus dificultades, así como si se pueden matricular los que ya estudian en escuelas de idiomas minoritarios, como el griego. ¿Por qué no se tienen en cuenta las dificultades de aprendizaje, como en la legislación de sus países de origen?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Básicamente, sí: existe un sistema sobre cómo tratar a niños con dificultades de aprendizaje, pero no conozco más detalles. Hemos solucionado algunos casos específicos en los que han existido graves dificultades para adaptar el sistema a las necesidades de los niños con determinados problemas, pero existe un sistema y la Junta de Gobernadores, la Secretaría General y la Administración de las Escuelas Europeas procuran adaptarlas a las necesidades de los niños que tienen problemas específicos.

  El Presidente.

Pregunta n.º 48 formulada por Proinsias de Rossa (H-0247/07)

Asunto: Reestructuración de Eurydice

¿Está informada la Comisión de las consecuencias para la política europea de la pérdida de competencias y experiencia acumuladas en materia de políticas y de programas de educación que va a resultar de la decisión de sustituir el personal profesional actual de la unidad Eurydice por personal contratado mediante concurso general? Dicho concurso no tiene por objetivo ni está diseñado para valorar la experiencia del actual personal de la unidad Eurydice o de personal con experiencia y cualificaciones directamente comparables en este ámbito. ¿Podría la Comisión indicar qué medidas se propone adoptar para evitar la pérdida lamentable de un recurso tan valioso que inevitablemente se derivaría de esta iniciativa?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, el pasado mes de febrero, la Comisión modificó la Decisión por la que se establecía la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural. Dicha modificación ampliaba el mandato de la Agencia hasta 2015, al tiempo que le encargaba dirigir la red sobre la educación en Europa –Eurydice– a partir de 2008. La Decisión se tomó después de haber oído el dictamen favorable del Parlamento Europeo y del Comité regulador de la Agencia Ejecutiva.

Un organismo privado dirige este programa sobre la base de un contrato con la Comisión, que expira a finales del presente año. La Comisión no tiene ninguna dificultad especial en contratar al personal actual, pero la política de personal en las agencias ejecutivas ha de garantizar, en particular, que los procedimientos de selección de los agentes contractuales sean transparentes y den un trato igual a todos los candidatos interesados. Para ello, la Agencia ha llamado la atención del personal que trabaja en la unidad Eurydice de que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) inició recientemente el proceso de selección de agentes contractuales. Si participan en este proceso de selección y tienen éxito, la Agencia podrá ofrecerles un contrato como agente contractual.

Además, el proceso de selección de la EPSO abarca una serie de perfiles. Siempre que superen el proceso de selección de la EPSO, la experiencia específica del personal que actualmente trabaja en la unidad Eurydice será tenida en cuenta en el momento de la contratación. Además, la Agencia ya se ha comprometido a esperar los resultados de la selección de la EPSO antes de contratar a los agentes contractuales que necesitará para la unidad Eurydice.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, el Comisario comprenderá la inquietud de quienes actualmente trabajan en la unidad Eurydice y temen perder su puesto de trabajo debido al procedimiento de contratación que se está aplicando. De hecho, la EPSO pretendía ser un procedimiento de contratación más general, y no uno para una agencia específica, y aquí tenemos personal con experiencia, que es muy competente y que la unidad puede perder debido al procedimiento que se ha aplicado porque, evidentemente, los que consigan un lugar en el panel a raíz del proceso de la EPSO estarán compitiendo con los que ya están ahí y tienen la competencia y la experiencia.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Algunos diputados han afirmado que estas personas están perdiendo su trabajo debido a un proceso de selección. No es este el caso. El contrato entre la institución europea y el organismo privado expirará y las funciones serán asumidas por una agencia europea, por lo que se trata de un proceso diferente y es realmente imposible transferir personas de un organismo privado al personal de la Unión Europea sin procedimientos normales. Tienen ustedes que comprender que en las instituciones europeas hay personas que trabajan a jornada completa o parcial hasta 40 000 personas y las reglas de contratación del personal son muy estrictas y son seguidas y supervisadas muy de cerca por los sindicatos de trabajadores, por lo cual la Comisión se compromete a seguir claramente estas reglas. Las reglas son que todo el mundo ha de recibir un trato igual, y que hay que reclutar a personal de fuera, el procedimiento ha de seguir una normativa y unos reglamentos en materia de personal muy claros, así que esta es la base.

Tuvimos estos problemas cuando, durante las reformas administrativas, transferimos a personal de diferentes tipos de contrato al modelo de agentes contractuales, que se adoptó en el marco de la reforma administrativa. Funcionó bastante bien, así que creo que esas personas tienen todas las posibilidades de seguir con su trabajo, pero han de seguir los procedimientos necesarios, y en este caso es el procedimiento de selección de la EPSO.

  El Presidente.

Pregunta n.º 49 formulada por Leopold Józef Rutowicz (H-0251/07)

Asunto: Gestión de los fondos de la UE

Los fondos destinados a la gestión de los edificios del Parlamento en Estrasburgo (IPE-0, IPE-1 e IPE-2, también conocidos como los edificios WIC y SDM) se podrían destinar a usos con mayor beneficio para la sociedad, como la investigación científica. La existencia de pagos en exceso, que, según los cálculos de la administración del Parlamento, se elevan como mínimo a 32 millones de euros durante los 25 años del contrato, han suscitado mucha controversia (A6-0280/2006, informe Ferber).

¿Qué planes existen para gestionar los fondos de la UE de forma que se restrinja el gasto en alquileres de edificios y para hacer un mejor uso de los propios edificios, reduciendo de este modo los gastos administrativos?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) La pregunta tenía que ver con la política inmobiliaria. Por supuesto, la Comisión solo es responsable de sus edificios y no está en condiciones de hacer comentarios sobre los planes de otras instituciones. En lo que respecta a la Comisión, se hacen todos los esfuerzos posibles por garantizar que la financiación del alojamiento del personal de la Comisión se gestione con sensatez a fin de minimizar los costes administrativos en este terreno.

La Comisión sigue de cerca el mercado de la propiedad en Bruselas y Luxemburgo, y ha demostrado que sabe negociar muy bien las condiciones financieras de sus edificios. La Comisión analiza la rentabilidad de las diferentes opciones: compra o arrendamiento. La Comisión ha fijado una política de descentralización ubicando algunas de sus oficinas y Direcciones Generales fuera de los barrios europeos de Bruselas y Luxemburgo. El precio de estos edificios descentralizados no solo es más bajo que el de edificios equivalentes en el barrio europeo, sino que de esta forma disminuye la presión sobre los precios de la propiedad en el barrio europeo. Y lo que es muy importante, la Comisión presta especial atención a la eficiencia del edificio garantizando la flexibilidad de los equipamientos y utilizando la superficie máxima disponible. Se reduce a un mínimo la pérdida de espacio. En 2002 se lanzó el Plan de Gestión y Auditoría Medioambientales con el fin de mejorar el rendimiento energético, el consumo de recursos y los controles de emisiones en los edificios.

Actualmente, la Comisión está desarrollando una nueva metodología basada en el coste del ciclo de vida para evaluar la calidad técnica de los edificios, incluida la eficiencia energética. Se espera poder aplicarlo en septiembre de 2008. Todos los edificios menos eficientes están siendo reemplazados progresivamente por edificios mejor diseñados a menor coste.

Muchas gracias por explicar la política inmobiliaria del Parlamento, pero, como he dicho, esto es la Comisión y no hacemos comentarios sobre los planes inmobiliarios de otras instituciones.

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Señor Presidente, lo importante para nosotros es que estos ahorros se hagan no solo en la Comisión, sino en todas partes, porque hay enormes carencias a la hora de financiar diversos programas científicos o de investigación que ofrezcan un buen rendimiento en el futuro.

Mientras tanto, desperdiciar el dinero en diversos edificios que no se utilizan supone una pérdida para todos nosotros: la Comisión, el Consejo y el Parlamento. ¿Considera el Comisario que simplemente deberíamos analizar la situación general de las propiedades de la Unión Europea y aplicar algún plan de acción para hacer un uso más eficaz de estos edificios y finalmente salir ganado?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Solo quiero decir que también existe un buen intercambio de información y cooperación entre los servicios relevantes dentro de la Comisión encargados de la política inmobiliaria y los servicios relevantes dentro del Parlamento. Nuestra intención, al menos la de la Comisión, es poder debatir cuestiones, por ejemplo, como la manera de ubicar todos nuestros servicios junto con el Parlamento en Bruselas. Por supuesto, el punto de partida ha de ser la eficiencia y el uso más racional de los recursos presupuestarios.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, hemos adoptado una Directiva sobre la certificación de edificios en cuanto a eficiencia energética. ¿Conoce usted algún edificio propiedad de la Unión Europea que ya disponga de un letrero en la entrada en que se indique su nivel de eficiencia energética?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Probablemente no haya captado todos los matices de su pregunta, pero he de decir que, desde el punto de vista de la Comisión, seis de nuestros edificios han recibido una buena nota por parte de diferentes agencias de certificación en lo que respecta a los requisitos ambientales y la eficiencia energética. Por supuesto, tenemos más de 60 edificios a nuestra disposición en Bruselas y algunos de ellos son muy viejos y deberían ser reemplazados, pero seis edificios han sido elogiados por su eficacia energética. Asimismo comparamos las reducciones de CO2 en los edificios, que evidencian que los edificios nuevos son muy buenos.

  El Presidente. Dado que su autor no está presente, la Pregunta n.º 50 decae.

  El Presidente.

Pregunta n.º 51 formulada por Claude Moraes (H-0180/07)

Asunto: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

¿Puede aclarar la Comisión en qué medida los programas operativos que se someten al Fondo Europeo de Desarrollo Regional tendrán en cuenta las necesidades de los grupos desfavorecidos? ¿Va a garantizar la Comisión que, en la evaluación de esos programas operativos, se dará prioridad a los problemas específicos a los que se enfrentan las comunidades más pobres?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en relación con la primera pregunta: en nuestras directrices estratégicas comunitarias relativas a la política de cohesión para 2007-2013, de hecho hay un artículo que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación en general. Esta disposición establece claramente que los Estados miembros han de tomar medidas adecuadas para evitar cualquier forma de discriminación en todas las fases de la gestión o la preparación de los Fondos Estructurales europeos.

En el transcurso de las negociaciones y del seguimiento del programa y de los proyectos, la Comisión presta quiere garantizar en particular que se respete plenamente este principio transversal de no discriminación. Las normas de ejecución de la Comisión también contienen la obligación de los Estados miembros y las regiones de informar sobre la aplicación de los programas operativos, también en relación con el respeto y la promoción de los principios de igualdad de oportunidades en el contexto de las reformas de aplicación anuales y definitivas.

Con respecto a la parte de la pregunta que hace referencia a las zonas, países y regiones menos favorecidos, la política de cohesión adopta un enfoque muy activo del problema de la pobreza, que sin duda es mayor en los países y regiones menos favorecidos. A través del método de asignación, esta política ofrece a las regiones y países menos favorecidos unos recursos financieros relativamente más altos. Asimismo, durante la programación y ejecución de programas, recalcamos el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, apoyando la inversión.

Dentro del Fondo Social Europeo en particular emprendemos acciones muy específicas dirigidas a reforzar la inclusión social de las personas desfavorecidas con miras a su integración y empleo sostenibles. Para el periodo de 2007-2013 también hemos realizado la categorización de la inversión que utilizamos para hacer un seguimiento de la programación. Entonces también haremos un seguimiento de la ejecución. En esta categorización de gastos también hay varias categorías relacionadas con la discriminación. Por ejemplo, en los programas operativos disponemos de medidas que ya son visibles en esta fase para mejorar el acceso al empleo y aumentar la participación y el progreso sostenible de las mujeres hasta 2 700 millones de euros que deben invertirse en toda Europa. En relación con las acciones específicas para incrementar la participación de los inmigrantes en el empleo, ascienden a 1 900 millones de euros.

Asimismo hay una categoría para mejorar la inclusión social de las personas menos favorecidas, sobre todo la reintegración en el mundo laboral de las personas desfavorecidas. Hoy ya vemos que en todos los Estados miembros se invertirán casi 8 000 millones de euros en los próximos años en esta categoría, para abordar las preocupaciones que ha expresado su Señoría en su pregunta.

  Claude Moraes (PSE). – (EN) Señor Presidente, celebro particularmente la respuesta de la Comisaria a la pregunta sobre las regiones más desfavorecidas. Quisiera preguntarle en concreto acerca de los pagos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a mi circunscripción electoral, que es Londres, y a algunas de sus regiones desfavorecidas. Recientemente he enviado una carta a la Comisaria sobre este particular, y me pregunto si podría explicarme cómo podría revocarse una decisión de suspender los pagos a proyectos de Londres y ofrecer garantías de que, si los auditores de la Comisión están satisfechos, ello podrá hacerse con rapidez. No quiero ponerla en un aprieto si no recuerda mi carta, pero la he escrito recientemente y le agradecería que me diera una respuesta a este respecto ahora o en un futuro próximo.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Quiero decir brevemente que, en lo que respecta a Londres, esperamos alcanzar muy pronto una solución con las autoridades. Espero que la suspensión se levante pronto, una vez que las autoridades hayan realizado todos los cambios que esperamos. Tomo nota de sus preocupaciones acerca de las regiones desfavorecidas de Londres. Hace dos años visité uno de los programas especiales dedicados a las personas desfavorecidas y a los inmigrantes en Londres. Espero que podamos abordar muy pronto el problema que le preocupa.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Comisaria, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los grupos desfavorecidos es una falta de unas condiciones de salubridad adecuadas. ¿Cuál cree usted que puede ser el impacto sobre las zonas desfavorecidas en cuanto al desarrollo en el ámbito de la política hídrica y la estrategia de tratamiento de aguas residuales?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Hoy no puedo decirle con exactitud cuánto se destinará al tratamiento de aguas en las regiones desfavorecidas, pero sin duda una de las prioridades en virtud del primer objetivo de la política europea la accesibilidad de las regiones es también abordar las cuestiones ambientales. Entre estas también figura la cuestión del acceso al agua y los problemas relacionados con el agua en toda su diversidad. Si está usted interesado, estoy segura de que probablemente en unas cuantas semanas podré ofrecerle información más concreta sobre la cuantía de los fondos que se destinará a este tipo de inversión, pero ocupa un lugar prominente en nuestra lista de prioridades. Hoy por hoy solo puedo decirle esto.

  El Presidente.

Pregunta n.º 52 formulada por Deputada Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0182/07)

Asunto: Política regional para las zonas insulares

La designación del año 2007 como «Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos» afecta a la política regional de la Unión Europea. Las regiones insulares, montañosas, semimontañosas o escasamente pobladas, como las regiones insulares de Grecia, necesitan, para poder disponer de las mismas oportunidades, la aplicación de unos criterios más flexibles en cuanto a los requisitos de elegibilidad y una gestión especial en el caso de lugares con una problemática concreta (dificultad de acceso, condiciones climatológicas, actividad económica específica) en el marco de la política regional.

¿Qué opina la Comisión Europea de la manera en que la Unión Europea ha actuado hasta la fecha con respecto a estas regiones? ¿Cómo interpreta su continuo retraso en comparación con el espectacular avance de otras regiones continentales y densamente pobladas?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Por lo que entiendo, la pregunta tiene que ver con la igualdad de oportunidades y las regiones insulares.

Como sabe su Señoría, la prioridad política consiste en reducir las disparidades socioeconómicas entre las regiones y lo hacemos asignando recursos financieros disponibles a las regiones sobre la base de su prosperidad relativa. Sin embargo, también examinamos los tipos de inversión necesarios. Apoyamos la inversión que estimula el crecimiento en el caso de las regiones menos favorecidas, como las islas, a fin de tratar sus problemas. Para el periodo 2007-2013 hemos reconocido la situación especial de algunos territorios no solo islas, sino también regiones escasamente pobladas y zonas montañosas. Hemos propuesto disposiciones específicas, y una de ellas es un mayor porcentaje de cofinanciación, aunque también hay asignaciones adicionales para muchas de esas regiones desfavorecidas.

Asimismo hemos incluido un capítulo específico en nuestras directrices estratégicas para concentrar la atención de los Estados miembros en la dimensión territorial de la política de cohesión, en que hemos recalcado la importancia de las unidades territoriales que sufren diversos tipos de impedimentos. En el estadio actual de las negociaciones con los Estados miembros también queremos asegurar que las limitaciones específicas que existen en esas regiones y en las islas se tengan en cuenta debidamente por los Estados miembros, en particular a la hora de elaborar programas operativos y de tomar medidas para los próximos diez años.

Ya hemos realizado una evaluación preliminar de los programas presentados a la Comisión para las negociaciones a fin de ver en qué medida las islas serán beneficiarias en el futuro. Por ahora, la Comisión ha asignado 3 600 millones de euros a las islas. Asimismo hay una asignación específica para las regiones ultraperiféricas, que también son islas, que será de 3 800 millones de euros. Asimismo hemos acordado con nuestros colegas responsables de ESPON en Luxemburgo que utilizaremos mejores indicadores para esas regiones desfavorecidas, a fin de tener información más actualizada sobre estos territorios específicos.

En otras carteras también, especialmente la de la Comisaria Kroes, que es responsable de la ayuda estatal, hemos pedido un trato especial para las islas pequeñas en lo que respecta a la ayuda a las empresas de nueva creación. Se ofrece una bonificación del 5 % a estas islas.

La segunda parte de su pregunta dice que esas regiones mantienen un retraso con respecto a otros territorios. He de decir que hasta ahora los resultados de estos territorios no han sido uniformes y negativos. Disponemos de una serie de estudios que demuestran claramente que muchas de esas regiones, sobre todo las islas, sufren más por su tamaño y su demografía que por su ubicación geográfica específica. Muchas regiones han experimentado una mejora significativa. Madeira, las islas Canarias y también regiones de Grecia, como Notio Aigaio, han recuperado claramente el retraso.

Quería que mi respuesta fuera larga porque muchas personas nos expresan las mismas inquietudes acerca de estos territorios desfavorecidos. Los tenemos muy en cuenta. Realmente nos preocupa la situación de esas regiones y también vemos algunos resultados. Dicho esto, sé que sigue quedando un largo camino por recorrer y necesitamos su cooperación en este terreno.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta; sin embargo, quiero insistir en el hecho de que para lograr un desarrollo uniforme en Europa habrá que tener especial cuidado con la planificación de programas que permitan a las zonas desfavorecidas dar un paso más en dirección al desarrollo. Aparte de Madeira que ha mencionado usted antes, hay otras islas que no tienen ningún tipo de accesibilidad marítima a una zona central. Además, ¿incluye su programa disposiciones especiales y mejores incentivos para que se elijan estas zonas?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Ahora también negociamos con Grecia los programas tanto nacionales como operativos. Lo que vemos es que ahora las autoridades proponen también una prioridad especial que es la accesibilidad, sobre todo para las islas, así que espero que, dentro del programa operativo que aborda el territorio insular griego, se dé también prioridad a la mejora la de la accesibilidad de las islas. Conocemos claramente los problemas, también en relación con la accesibilidad de las islas. Somos sensibles a ellos y con esta propuesta estamos dispuestos a cooperar de forma positiva y también a trabajar sobre esta cuestión con ustedes.

No sé si desean obtener más información específica en relación con un territorio concreto. En caso afirmativo nos complacerá recibir más tarde la información sobre las preocupaciones concretas a las que ha referido su Señoría.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, los destinos turísticos mundiales no pueden utilizarse como una comparación fiable. Estamos hablando de complejos insulares en Europa, islas en Grecia aisladas del continente, aisladas de la espina dorsal europea. Señora Comisaria, considere el coste que supone transportar un producto desde una pequeña isla del mar Egeo al mercado europeo central. Las políticas regionales y de cohesión para las zonas insulares no son suficientes; necesitamos una agenda territorial independiente para las islas en Europa: esta es mi sugerencia.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Si viene usted con una propuesta así, simplemente la consideraré como un mensaje, pero permítame decir también que una parte importante de las islas griegas siguen incluidas en el objetivo de convergencia, si no recuerdo mal. En cuanto a la posibilidad de acogerse a la financiación, todo es posible, así que no deberíamos tener problemas en este sentido.

Permítame decir que, en el caso de las islas, como he dicho al principio, también hemos acordado unos porcentajes de cofinanciación superiores, por lo que hay algunos mecanismos o medidas adicionales que también pueden ayudar a las islas, pero estoy abierta a cualquier debate sobre las islas. Podemos seguir con el debate más adelante.

  El Presidente.

Pregunta n.º 53 formulada por Deputada Glenis Willmott (H-0185/07)

Asunto: Promoción de la financiación comunitaria en las Regiones

En el Reino Unido, como seguramente ocurre en otros países europeos, se sabe poco sobre las distintas maneras en que el dinero comunitario se ha utilizado para sanear regiones menos prósperas y no existe gran reconocimiento al respecto. Los proyectos financiados por la UE en beneficio de las regiones figuran entre las ventajas más visibles que reporta la pertenencia a la UE y, por tanto, los ciudadanos europeos deberían tener más información sobre la contribución comunitaria a la mejora de su vida diaria.

¿Qué medidas ha tomado la Comisión con objeto de garantizar que los beneficiarios de los Fondos Estructurales promueven y divulgan la fuente de sus financiaciones? Con el objetivo de acercar la UE a la población, ¿piensa crear la Comisión una base de datos centralizada, en la que se facilitarían datos sobre financiación comunitaria clasificada por regiones, y en la que los ciudadanos pudieran ver claramente cuánto dinero se invierte en su región?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Esta es una cuestión que considero muy importante para el futuro. Hemos introducido algunos cambios también en nuestros reglamentos, en nuestro enfoque, para conseguir esta mayor visibilidad. Esta política se basa en el principio de la gestión compartida, y dentro de esta responsabilidad compartida con los Estados miembros, de hecho depende de ellos garantizar una información y publicidad adecuadas sobre la intervención de los Fondos Estructurales.

Asimismo hemos incluido en el reglamento para el periodo 2007-2013 el requisito que de cierta una manera consolida y refuerza los requisitos que tenemos hoy en nuestro reglamento. Dice claramente que para cada programa operativo tiene que haber un agente operativo; para cada programa operativo debe haber un plan de comunicación. Asimismo, en el reglamento hemos incluido los requisitos mínimos para este tipo de plan operativo de comunicación. La obligación de informar también tiene que ver con los beneficiarios finales que han de informar al público poniendo una valla publicitaria durante la ejecución de grandes proyectos que están vinculados con la inversión física y la compra de material físico. Asimismo está el requisito de tener una placa explicativa permanente para informar al público sobre la participación europea en el proyecto. Lo mismo puede decirse de los proyectos de formación en que el beneficiario ha de informar a los participantes de que se cuenta con financiación de la UE.

También hemos introducido un elemento nuevo a través de un reglamento de la Comisión. También tendremos una publicación que ofrecerá una lista de beneficiarios, así como los importes de financiación pública que reciben. De este modo habrá bases de datos nacionales que deberán estar abiertas al público y la Comisión también creará un sitio web en el que incluirá los enlaces con estas bases de datos. Todo esto deberá estar disponible a principios del año que viene.

Asimismo habrá bases de datos creadas tanto por la Dirección General de Política Regional como por la Dirección General de Empleo, con información relativa al programa; no sobre el proyecto, pues eso incumbe a los Estados miembros, sino sobre el programa. Estarán clasificadas por países y por regiones. Asimismo contendrán la descripción de los programas operativos. Así que sin duda alguna habrá acceso a la información: esto está totalmente claro.

Iniciamos el intercambio de experiencias entre todos los funcionarios de comunicación implicados en noviembre y diciembre del año pasado, pero seguiremos hasta alcanzar la velocidad de crucero a finales de año. Así, a finales de año mantendremos la primera gran reunión con los funcionarios de comunicación de todos los programas operativos para compartir las mejores prácticas e intercambiar información acerca de las actividades de comunicación que ya se habrán desarrollado. Espero que a través de estos esfuerzos y nuevos reglamentos logremos que esta política sea cada vez más visible para los ciudadanos. Asimismo espero que esta mayor transparencia tenga un efecto positivo en la calidad de la política y en la gestión de la misma.

  Glenis Willmott (PSE). – (EN) Para que la UE establezca vínculos estrechos con sus ciudadanos no basta con que estos estén enterados de la financiación comunitaria que llega a sus regiones. También es preciso que los ciudadanos participen más en el proceso de financiación de la UE y el modo en que se está gastando el dinero comunitario para alcanzar objetivos de política pública. La transparencia y la responsabilidad son requisitos esenciales para garantizar que los ciudadanos participen en la elaboración de la política europea. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar que no solo los Estados miembros, sino también la Comisión, operen con la máxima transparencia en lo que respecta a la distribución del dinero comunitario a través de los fondos estructurales? Los ciudadanos deberían poder procesar la información sobre quién recibe fondos comunitarios y con qué fin. ¿Está disponible esta información?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Esto es precisamente lo que intentaba decir. Ahora tenemos estas nuevas iniciativas de transparencia y así habrá sitios web nacionales en que los Estados miembros y las regiones estarán obligados a presentar y publicar la información sobre los beneficiarios finales y el importe de los fondos que les han sido asignados. La Comisión –todas las Direcciones Generales responsables de los fondos estructurales– habrán de ofrecer un enlace directo desde nuestro sitio web a los sitios web nacionales que contengan información. Asimismo produciremos información de forma independiente sobre los programas operativos, que también se pondrá en la web. Habrá más actividades a través de los funcionarios de información en el terreno en las regiones dentro de los Estados miembros.

Espero que de esta manera la información llegue a un mayor número de ciudadanos, a la vez que espero que aumentemos la transparencia y la calidad del programa y de los proyectos.

  El Presidente.

Pregunta n.º 54 formulada por Lambert van Nistelrooij (H-0195/07)

Asunto: Estatuto de las islas de las Antillas neerlandesas y Fondos Estructurales

El artículo 299 del Tratado de la Unión Europea enumera las regiones ultraperiféricas de la UE. Las islas San Martín y Curaçao, que actualmente forman parte de las Antillas neerlandesas, dieron a conocer en 2005 que a partir del 1 de julio de 2007 se beneficiarían de un estatuto específico dentro del Reino de los Países Bajos, tal como Aruba. Las otras tres islas, Saba, San Eustaquio y Bonaire obtendrán una posición similar a la de un municipio neerlandés, con derecho de voto para las elecciones al Parlamento Europeo.

Resulta ahora que las autoridades en cuestión examinan, para algunas de estas islas, el estatuto de región ultraperiférica, por lo que las islas correspondientes formarían parte integrante de la UE.

¿Sabe la Comisión qué islas antillanas cumplen las condiciones necesarias para convertirse en región ultraperiférica? En opinión de la Comisión, ¿cuáles van a ser, en su caso, las consecuencias para la concesión de ayudas procedentes de los Fondos Estructurales de la UE?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Mis servicios y yo hemos cooperado con el Gobierno neerlandés durante bastantes meses sobre esta cuestión, en particular con el Ministro de Asuntos Exteriores. Que yo sepa, hay un procedimiento que estoy segura que el señor van Nistelrooij conoce, pero por lo que sabemos hoy, sigue habiendo un debate interno en el seno del Gobierno neerlandés y hasta ahora no se ha hecho ninguna propuesta al Consejo para modificar el Tratado, porque este proceso exigiría la modificación del Tratado y solo en esa fase podría pedirse a la Comisión que presentara su opinión.

Pero mientras tanto, antes de que el Consejo nos lo haya pedido, o antes de que se inicie todo el proceso, estamos trabajando con el Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, ofreciéndole información sobre lo que significaría, qué tipo de ventajas e inconvenientes habría que tener en cuenta, cuáles serían las consecuencias para esos territorios si se convirtieran en nuevas regiones ultraperiféricas, y espero que esta información que ha facilitado la Comisión hasta ahora pueda ayudar al Gobierno neerlandés a tomar una decisión.

No obstante, todo el proceso solo podrá tener lugar cuando el Consejo reciba la solicitud del Gobierno neerlandés y, como he dicho, solo entonces podrá la Comisión valorar formalmente las consecuencias.

Lo que puedo decir hoy es que las tres islas de las que estamos hablando tienen una población muy reducida, de tan solo 30 000 habitantes. Así que no supone un gran aumento de la carga para los fondos. Sin embargo, todos sabemos que el marco presupuestario se ha decidido para el periodo que va hasta 2013, así que el Consejo será el que deberá negociar y decidir acerca de los fondos adicionales. Lo más probable es que forme parte de todo el proceso de cambio del presupuesto, pero de momento esta fase aún queda lejos.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, Comisaria Hübner, por supuesto, estamos hablando de algo que han pedido las propias Antillas neerlandesas, algo que podría conllevar un cambio constitucional, y que podría brindar oportunidades a estas islas en cuanto a empleo, formación, etc.

La pregunta que quiero formularle es si estaría usted dispuesta a realizar este estudio de seguimiento junto con el Gobierno neerlandés. Disponemos de datos de evaluación de regiones como Guadalupe y Martinica. ¿Estaría usted dispuesta a colaborar, para que la decisión tomada a su debido tiempo sea la más favorable?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Como ya he dicho, los Gobiernos nos abordaron y nosotros facilitamos toda la información necesaria. Podemos hacer lo mismo para las islas si quien necesita esta información nos pide que lo hagamos. Sin duda lo haremos, pero si las islas tuvieran que cambiar su estatuto y fuera necesario modificar el Tratado, entonces la legislación de la UE sería aplicable y se aplicaría a estos territorios, incluidos todos los reglamentos relacionados con la política regional europea. Mientras tanto, como he dicho, podemos facilitar toda la información necesaria.

  El Presidente. Las preguntas que no se han tratado por falta de tiempo serán contestadas por escrito (véase el Anexo).

Con esto concluyen las preguntas a la Comisión.