Acta literal de los debates

Martes 24 de abril de 2007 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

2. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el Acta

3. Decisión sobre la urgencia

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos biológicos (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. – (FR) Señor Presidente, Señorías, muy brevemente, pido a todos los Grupos que rechacen la petición de aplicar el procedimiento de urgencia, que es totalmente innecesario. Por un lado, estamos hablando de un reglamento que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2009, y por otro, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural está realizando su trabajo perfectamente bien. Ha abordado esta cuestión en su última reunión y la abordará de nuevo los días 7 y 8 de mayo próximos, para avanzar en las conversaciones que mantenemos con el Consejo. Todavía quedan dos sesiones plenarias aquí mismo, en Estrasburgo, antes de que finalice la Presidencia alemana, en particular, y nos hemos hecho cargo del asunto. Proseguimos con nuestros debates. Por tanto, no hay ninguna necesidad de votar a favor a esta petición del Consejo de que se aplique el procedimiento de urgencia.

(El Parlamento rechaza la petición de aplicación del procedimiento de urgencia)

4. Aprobación de la gestión para el ejercicio 2005 (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de

- el informe (A6-0095/2007) de Salvador Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección III - Comisión [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC)] [SEC(2006)0915 – C6 0262/2006 – 2006/2070(DEC)],

- el informe (A6-0094/2007) de Bart Staes, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección I - Parlamento europeo [C6-0465/2006 – 2006/2071(DEC)],

- el informe (A6-0108/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección II - Consejo [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)],

- el informe (A6-0109/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección IV – Tribunal de Justicia [C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC)],

- el informe (A6-0107/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección V – Tribunal de Cuentas [C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC)],

- el informe (A6-0110/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección VI – Comité Económico y Social Europeo [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)],

- el informe (A6-0106/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección VII – Comité de las Regiones [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)],

- el informe (A6-0104/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección VIII A – Defensor del Pueblo Europeo [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)],

- el informe (A6-0111/2007) de Daniel Caspary, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2005, Sección VIII B - Supervisor Europeo de Protección de Datos [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)],

- el informe (A6-0115/2007) de Mogens N.J. Camre, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto del sexto, séptimo, octavo y noveno Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2005 [COM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC)],

- el informe (A6-0097/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)],

- el informe (A6-0098/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)],

- el informe (A6-0116/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)],

- el informe (A6-0118/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)],

- el informe (A6-0100/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)],

- el informe (A6-0103/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)],

- el informe (A6-0105/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)],

- el informe (A6-0101/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)],

- el informe (A6-0099/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)],

- el informe (A6-0120/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust para el ejercicio 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)],

- el informe (A6-0113/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)],

- el informe (A6-0114/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)],

- el informe (A6-0121/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)],

- el informe (A6-0112/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)],

- el informe (A6-0119/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] y

- el informe (A6-0102/2007) de Edit Herczog, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)].

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), ponente. – (ES) Señores diputados, Comisario Kallas, llegamos finalmente al término del procedimiento presupuestario del año 2005, que ha sido precedido de su elaboración, la aprobación del presupuesto, su ejecución y, posteriormente, la aprobación de la gestión.

Tengo que decir que, desde un punto de vista presupuestario, el año 2005 no ha sido un mal año. Ha sido un ejercicio difícil, en cuanto que la Comisión Europea y el Colegio de Comisarios se enfrentaron con unas circunstancias no muy sencillas, ya que se trataba del primer presupuesto completo de la Unión ampliada y, además, es el primer presupuesto ejecutado en su totalidad por este nuevo Colegio de Comisarios.

Por tanto, debo empezar diciendo que no ha sido una mala labor realizada por la Comisión Europea. Es por eso que este ponente propone que concedamos la aprobación de la gestión del presupuesto comunitario en el año 2005, y esto será lo que se someterá a los diputados en la votación.

Eso, desde luego, no quiere decir que no exista una crítica fuerte y bien fundamentada, tanto en determinadas direcciones generales como una crítica de carácter estructural y, posiblemente, de muy difícil solución, sobre algunos de los temas del control financiero que deberían ser mejorados por la Comisión en los próximos años.

También quiero señalar que la Comisión ha reaccionado bastante bien al informe del Tribunal de Cuentas y ha avanzado bastantes líneas de su nuevo plan de acción que, espero, permitirá un control positivo en los próximos años.

En mi resolución me he basado, fundamentalmente, en el tema de las declaraciones nacionales. Las declaraciones nacionales de gestión tienen una gran importancia para este Parlamento. Nacieron en el año 2003 y tienen como finalidad ofrecer una garantía por parte de los Estados miembros de que cuentan con sistemas efectivos de auditoría para el gasto comunitario.

Además, deberían ser firmadas por alguien con cierta autoridad a nivel nacional y, aunque el Tratado establece que la Comisión Europea es la responsable de gestionar el presupuesto, no debemos olvidar que el 80% del mismo está gestionado en los Estados miembros.

Por tanto, era necesario lanzar, desde nuestro punto de vista, una nueva iniciativa de declaraciones nacionales. Apoyamos las iniciativas, a nuestro entender, valientes, que han tomado algunos Estados miembros y señalo particularmente a los Países Bajos o al Reino Unido , que han lanzado en el seno del Consejo estas ideas de declaraciones nacionales de control que, posiblemente, no puedan ser seguidas por otros Estados miembros, en cuanto que su distribución territorial, su organización territorial es distinta. Pero es un paso adelante. Y nosotros lo que proponemos en el informe es que se deje abierto el tipo, la forma de las futuras declaraciones, para poder reflejar así las realidades de los sistemas políticos de cada Estado miembro.

Pero como idea fundamental, nosotros, como Parlamento Europeo, queremos que estas declaraciones nacionales salgan adelante, porque será la única manera de implicar realmente a los Estados miembros en la responsabilidad del control de los fondos comunitarios, que es realmente la base de esta declaración de descarga.

Y, además, hay un tema muy importante con respecto a las declaraciones nacionales: la DAS, como la entendemos los diputados, es un camino que no tiene salida, y lo sabemos desde hace doce años aquellos diputados que hemos seguido muy estrechamente las declaraciones de fiabilidad.

Hoy en día, es imposible que se pueda establecer la legalidad de las operaciones subyacentes en los Estados miembros, particularmente en los Fondos Estructurales.

Por tanto, es necesario que hagamos algo para mejorar la calidad de la auditoría, la implicación de los Estados miembros y, por eso, nosotros lo que pedimos al Consejo es una declaración nacional de gestión que cubra todos los fondos cogestionados, basada en las declaraciones de diversos organismos nacionales responsables de la gestión del gasto.

Para finalizar, señor Presidente, aunque mi informe cubre más cosas, yo creo que podríamos obtener en los próximos años una DAS positiva, lo que es necesario para las instituciones comunitarias y, particularmente, muy necesario para la opinión pública, que quiere ver fiabilidad, transparencia y control de hasta el último euro de los fondos públicos administrados tanto por la Comisión como por los Estados miembros.

  Bart Staes (Verts/ALE), ponente. – (NL) Señor Presidente, Señorías, mi informe versa sobre la aprobación de la gestión del presupuesto del Parlamento, tema sobre el que quisiera hacer cuatro observaciones.

Antes que nada, me gustaría expresar algo que hemos venido articulando durante años en las distintas resoluciones sobre la aprobación de la gestión, a saber, que la aprobación del Parlamento no se refiere únicamente a la gestión del Secretario General y de la Administración, sino también a las políticas y decisiones adoptadas por los órganos administrativos de esta Cámara, como las decisiones del Presidente, de la Mesa y de la Conferencia de Presidentes. Además, no aprobamos la gestión del Secretario General del Parlamento, sino la de su Presidente. En este sentido, el apartado por el cual el Presidente del Parlamento debe estar a disposición de la Comisión de Control Presupuestario durante el procedimiento de aprobación de la gestión para hablar sobre esta en un debate público y formal reviste en mi opinión una enorme importancia. A este respecto, prefiero mi texto al de la enmienda presentada por la señora Grässle y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. De hecho me parece que la enmienda de la señora Grässle no concuerda con lo que aprobamos el año pasado en el informe Ferber.

En segundo lugar, la política inmobiliaria es importante. Está en juego una gran cantidad de dinero y quisiera destacar ante sus Señorías el litigio entre el Parlamento y el Gobierno belga a este respecto. Hace años, el Gobierno belga garantizó, al igual que otros países en los que el Parlamento tiene edificios a su disposición, que el coste del suelo y de la construcción sería reembolsado al Parlamento. Ahora existe un litigio precisamente sobre esta cuestión en Bruselas y se trata de una cantidad que ronda los 15 millones de euros, que es mucho dinero. El Gobierno belga no ha cumplido su promesa y por ello en esta resolución le pido que cambie de actitud, ya que esto sería un estímulo para nuestros negociadores, el Presidente del Parlamento y el Vicepresidente encargado de la política inmobiliaria. En la resolución destaco igualmente el impacto que tiene el Parlamento en el barrio en que nos reunimos en Bruselas. Los residentes experimentan numerosas molestias por lo que se refiere al tráfico, las condiciones de vida y de trabajo, y creo que es de vital importancia que el Parlamento consulte a estos residentes. Creo que debemos ser buenos vecinos y la consulta es positiva en ese sentido. Me gustaría que se redacte un informe sobre este tema para el procedimiento de aprobación de la gestión del año próximo.

Mi tercera observación –y se trata de una cuestión muy espinosa– es el fondo de pensiones voluntario, que actualmente registra un déficit actuarial de 28,8 millones de euros. Se trata de mucho dinero, aunque tengo que decir que dicho déficit está disminuyendo, ya que el año pasado era de 43,7 millones de euros. Este fondo de pensiones voluntario, en su estado actual, representa un total de 202 millones de euros que se han invertido en el mercado de valores. Todos sabemos que el mercado de valores encierra riesgos y que sus resultados no siempre son positivos. El mercado de valores puede ser veleidoso. Por consiguiente, hay muchas posibilidades de que este dinero sufra grandes pérdidas. De ahí la petición de inversiones de bajo riesgo y de que se aplique lo que ya hemos decidido en innumerables resoluciones, a saber, promover las inversiones éticas. En el presupuesto de 2005, el Parlamento incrementó este fondo de pensiones voluntario en 11,4 millones de euros. Eso también es mucho dinero y me parece normal que se publique la lista de los beneficiarios finales.

Pedimos que se haga pública la lista de beneficiarios finales del sector agrícola, que representa una parte considerable del presupuesto comunitario. Todo el mundo está a favor de ello. Y esto es lo que se hará, como se muestra en un sitio web. Así pues, ¿por qué nos oponemos a ello cuando se trata de los diputados al Parlamento Europeo? ¿No deberíamos poner fin a esta situación?

En relación con la lista nominal, he observado que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado cuatro enmiendas para suprimir ciertas cosas y también que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha solicitado una serie de votaciones por separado. Están en su derecho. Sospecho que su intención es votar en contra de todos estos apartados. Ahora bien, en aras de la transparencia, quiero anunciar en este momento que he solicitado votaciones nominales, porque de esta manera las diputadas y diputados que voten en contra tendrán la oportunidad de justificarse ante su electorado. En todo caso me parece inaceptable que, a fin de cuentas, el Parlamento deba pagarlo todo. Es inaceptable y constituye una mala gestión de los fondos públicos.

Por último, me gustaría hablar sobre el Plan Kyoto +. La Unión Europea y esta Cámara están a la cabeza de la lucha contra el cambio climático. Hemos aprobado importantes resoluciones en este ámbito. Ahora bien, debemos imponernos a nosotros mismos lo que pedimos a los ciudadanos, a los consumidores, a los hogares, a la industria, al mundo del transporte; por consiguiente, mi resolución recoge toda una serie de propuestas concretas para reducir el impacto ambiental de nuestra Cámara, de nuestro Parlamento Europeo, de forma mucho más ambiciosa que antes.

Quisiera acabar diciendo que las dos enmiendas presentadas por el señor Fjellner y otros gozan de mi pleno apoyo.

  Daniel Caspary (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, Señorías, entre las instituciones de cuya aprobación de la gestión me he encargado en el pasado se encuentran el Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, el Defensor del Pueblo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, y actualmente no veo razón alguna para formular duda acerca de estos dos últimos.

No obstante, si me lo permiten comenzaré con el Consejo. Desde 1970 se aplica lo que podríamos denominar un pacto entre caballeros sobre determinadas cuestiones presupuestarias, pero desde entonces la Comunidad Europea ha experimentado un cambio enorme. Han sucedido muchas cosas –ninguna de las cuales carece totalmente de importancia– que hacen que este pacto entre caballeros ya no sea adecuado en el mundo actual; por ejemplo, ahora el Parlamento Europeo es elegido directamente en elecciones libres y por votación secreta, y al estar firmemente convencido de que este acuerdo debe adaptarse urgentemente a la situación actual, propongo que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario celebren en los próximos meses una reunión conjunta para debatir este importante tema y soliciten al Consejo, a través de una posición común, que introduzca los cambios que tan urgentemente se requieren.

Y ahora que hablo del Consejo, me alegro de que cada vez se conceda más importancia a la Política Exterior y de Seguridad Común, cosa que me parece muy acertada, si bien resulta intolerable que el Consejo no cumpla su parte del acuerdo y establezca una clara distinción entre los costes operativos que deben consignarse en el presupuesto de la Comisión y los gastos puramente administrativos, por lo que le insto a atenerse a las normas en el futuro.

Tanto en el Tribunal de Justicia como en el Tribunal de Cuentas aún pueden introducirse mejoras; por ejemplo, la publicación de los intereses económicos y financieros de los jueces y magistrados del Tribunal de Cuentas todavía no se ha dilucidado. Este es un tema que hemos planteado una y otra vez en esta Cámara, y por ello en nuestra resolución fijamos un plazo hasta el 30 de septiembre de este año para que estas dos instituciones indiquen la forma en que se proponen cumplir la exigencia del Parlamento de publicar estos intereses económicos y financieros, pues ya hemos esperado demasiado tiempo a estas declaraciones.

Incluso antes de la última ronda de ampliación se había planteado en el seno del Tribunal la cuestión de si debe mantenerse el número de magistrados y desde hace algún tiempo se han presentado varios modelos para su reforma; por ejemplo, su ex Presidente, el profesor Bernhard Friedmann, redactó una excelente propuesta que contempla un sistema de rotación similar al que se utiliza para el Consejo de Gobierno del BCE. Asimismo sería conveniente sustituir el actual régimen colegiado mediante la creación del puesto de auditor jefe, de modo que el Tribunal no se escude en el hecho de que este puesto no está contemplado en los Tratados para justificar su negativa a estudiar una reforma, ya que la reforma llegará tarde o temprano, y sería conveniente que el Tribunal presentara por iniciativa propia una propuesta sensata, práctica y bien meditada al respecto.

El futuro de los Servicios Comunes es objeto de debate no solo en el Comité de las Regiones, sino también en el Comité Económico y Social Europeo, pues algo no marcha en la organización de dichos servicios cuando incluso el Comité de las Regiones considera que se encuentra en una posición de desventaja, de modo que ambos comités deberían poner en marcha un análisis imparcial basado en valores de referencia adecuados, de los costes, ventajas y ahorros posibles, y cuando sea necesario para ello, pedir consejo al Tribunal de Cuentas o a otro órgano consultivo. El objetivo de este debate es hacer que Servicios Comunes haga en el futuro el trabajo que tenga que hacerse y lo haga de forma coordinada y a un coste razonable.

El procedimiento de aprobación de la gestión de este año se ha centrado en particular en el discutible uso de la ponderación, no solo por parte del Comité de las Regiones, sino también en otras instituciones. El procedimiento de aprobación de la gestión no es el momento ni el lugar para juzgar la legalidad de estos pagos, pues eso corresponde a los tribunales de justicia. La cuestión es si la dirección del Comité de las Regiones, las personas que los dirigen, reaccionaron correctamente y qué principios aplicaron en este caso. Estoy convencido de que el Comité de las Regiones aún tiene cosas por hacer; en todos los casos en que se hayan cometido fraudes deberán aplicarse medidas disciplinarias lo antes posible y pedirse cuentas a las personas responsables. Esta Cámara seguirá muy de cerca este asunto, respecto del cual tendremos que examinar el Estatuto del Personal para determinar si la interpretación de las normas y disposiciones transitorias puede quedar exclusivamente en manos de funcionarios, y considero que las instituciones legislativas de la Unión deben conceder a sus administradores menos margen de maniobra que antes.

En su conjunto, el resultado del procedimiento de aprobación de la ejecución del presupuesto pone de relieve la importancia de que el Parlamento Europeo controle con precisión los presupuestos, y recomiendo que se apruebe dicha gestión, dando las gracias a todas las instituciones por su cooperación y por facilitar la información necesaria y teniendo en cuenta las observaciones ya mencionadas.

  Mogens N.J. Camre (UEN), ponente. – (DA) Señor Presidente, la aprobación de las cuentas anuales comprende todas las cuentas y subcuentas de todas las instituciones de la UE. La criba de los informes del Tribunal de Cuentas supone mucho trabajo. La Comisión ha contribuido activamente a informarnos, y la secretaría de la Comisión de Control Presupuestario ha tenido que trabajar mucho para que los diputados a esta Cámara puedan evaluar el contenido de las cuentas.

Una vez más cabe lamentarse de que este año el Tribunal de Cuentas no haya podido presentar un dictamen sin reservas. Cada vez se afianza más la idea de que las condiciones en que funciona la UE hacen casi imposible que el Tribunal de Cuentas presente un dictamen sin reservas de este tipo. Ello se debe en gran parte a que cerca del 80 % de los recursos de la UE se transfieren de nuevo a los Estados miembros, donde son administrados, lo que significa que las probabilidades de presentar una imagen de conjunto varían notablemente, debido a las numerosas formas y a la calidad desigual de las administraciones nacionales.

Si deseamos evitar los problemas que plantea la correcta administración de los recursos comunitarios, no basta con exigir una mayor supervisión. Debemos preguntarnos si no es necesario revisar completamente la legislación sobre ayudas al sector agrícola y los Fondos Estructurales. El ex Comisario neerlandés, el señor Bolkestein, señaló hace poco que un 85 % de los gastos de la UE podrían recortarse ventajosamente. En realidad es sin duda inútil que los 15 Estados miembros se den dinero entre sí. Es como pagar las cotizaciones a la seguridad social de la clase media a la clase media del mismo país. Los antiguos Estados miembros podrían organizar mucho mejor las ayudas necesarias para su desarrollo empleando sus propios recursos. La situación por la cual un país tiene que pagar, en virtud de la legislación comunitaria, por cosas que dicho país no desea o que podría pagar por sí mismo, es un pretexto para no hacer nada. Aquellos que no han llevado a cabo reformas reciben la ayuda de aquellos que sí las han puesto en marcha, por lo que no tienen que hacer nada. Como dijo en una ocasión el ex Primer Ministro sueco Göran Persson: «No puede ser correcto que nosotros que estamos dispuestos a exigir impuestos elevados a nuestros ciudadanos tengamos que dar dinero a países que no desean exigirlos a sus propios ciudadanos». En mi país, por ejemplo, el impuesto sobre los vehículos particulares es del 200 % con el fin, entre otras cosas, de poder enviar mucho dinero a países en los que puedo ver muchos más coches nuevos que en Copenhague, por los cuales no se ha pagado impuesto alguno. Es evidente que esto no parece sensato.

La mayoría de los miembros de mi Grupo desean votar a favor de conceder la aprobación. Personalmente tengo algunas reservas, ya que considero que algunos ámbitos de la gestión de los gastos en la Comisión y en ciertos comités no cumplen las normas correspondientes. Quiero dar las gracias a la secretaría del Comité de Control Presupuestario por la gran labor que ha realizado, y a mis colegas de la comisión parlamentaria por sus numerosas e importantes observaciones en este debate y por la constructiva cooperación que existe normalmente dentro de la comisión.

  Edit Herczog (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, quisiera presentar mi opinión sobre la aprobación de la gestión de las 16 agencias de la UE en 2005.

Las agencias influyen de modo importante en la imagen de las instituciones comunitarias, ya que sus objetivos y compromisos son compartidos por todos los ciudadanos de la UE. Por lo tanto, ese 1 % del presupuesto total de la UE se gasta de forma sabia.

Celebro las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo, que ha certificado que las cuentas de las 16 agencias son fiables, legales y regulares en todos los principales aspectos, a excepción de algunas observaciones específicas. La declaración de fiabilidad positiva para todas las agencias constituye un importante logro y quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a todas ellas por sus esfuerzos.

Me he centrado en el funcionamiento general de las agencias y quisiera dedicar la mayor parte de mi intervención de hoy a esta cuestión. Podemos sacar la conclusión de que durante el ejercicio de 2005 las agencias estuvieron en general bien gestionadas. Sin embargo, todavía quedan aspectos mejorables. Ha habido algunos problemas en ámbitos concretos de la contabilidad financiera. Otro campo problemático para algunas agencias ha sido el incumplimiento de las normas de contratación. Los sistemas de TI no siempre se han adaptado a las necesidades. Por otra parte, debemos mencionar que las carencias en la gestión de los recursos humanos, concretamente en los procesos de contratación, plantean algunos problemas.

Por último, es preciso mencionar que no es una sorpresa que hayan surgido algunos problemas propios de la puesta en marcha en las agencias de nueva creación. Permítanme presentarles las nueve propuestas que he desarrollado en mi informe y que podrían mejorar notablemente la eficiencia de las agencias en beneficio de la Unión.

El número de agencias en constante aumento no siempre refleja las verdaderas necesidades de la Unión y de sus ciudadanos. Por lo tanto, el establecimiento de cualquier agencia nueva debería ir acompañado y estar respaldado por un estudio de costes y beneficios. El Tribunal de Cuentas debería emitir su opinión sobre el estudio de costes y beneficios antes de que el Parlamento tome su decisión. Este último debería pedir a la Comisión que presente un informe cada cinco años sobre el valor añadido de cada agencia existente. En caso de evaluación negativa del valor añadido de una agencia, todas las correspondientes instituciones deberían tomar la medida necesaria de reformular el mandato de la agencia en cuestión o de cerrarla.

Insto firmemente al Parlamento a que pida al Tribunal de Cuentas que introduzca un capítulo adicional en su informe anual dedicado a todas las agencias cuya gestión sea aprobada conforme a las cuentas de la Comisión, con el fin de tener una imagen mucho más clara de la financiación comunitaria en las agencias. El Parlamento debería pedir a la Comisión que mejore el apoyo administrativo y técnico a las agencias. Deberíamos pedir a la Comisión que presente una propuesta para armonizar el formato de los informes anuales de las agencias y desarrolle indicadores de desempeño que permitan la comparación y la evaluación de su eficiencia.

En mi informe celebro las notables mejoras de la coordinación entre las agencias de la UE. Instamos a todas las agencias a que aumenten el uso de los objetivos SMART, que deberían dar pie a una planificación más realista y a una aplicación mejor de los objetivos. Insisto en que todos los programas de trabajo de las agencias deberían expresar su contribución en términos operativos y medibles y en que deberían considerarse adecuadamente las normas de control internas de la Comisión.

Permítanme ahora un comentario concreto sobre el procedimiento de aprobación de la gestión de todas las agencias. Quisiera destacar que todas las agencias de la UE se someten a un procedimiento de aprobación de su gestión, pero de dos formas distintas. Las 16 agencias de las que hablamos hoy se someterán a un procedimiento individual de aprobación de su gestión, mientras que las demás lo harán en el marco del presupuesto de la Comisión. Por lo tanto, no hay ninguna agencia que no esté sujeta a los controles del Tribunal. Sin embargo, existe una considerable falta de transparencia en lo tocante a la gestión de aquellas agencias cuya gestión se aprueba en el marco de las cuentas de la Comisión. Con el fin de mantener la corresponsabilidad de la Comisión y aumentar la transparencia y la claridad del procedimiento de aprobación de la gestión de todas las agencias, solicito al Tribunal de Cuentas europeo que cree un nuevo capítulo en su informe anual que incluya a todas las agencias de la UE.

En el tiempo que me resta quisiera centrarme exclusivamente en la Agencia Europea para la Reconstrucción. Son muy loables los resultados conseguidos y las considerables mejoras implantadas por la agencia para responder positivamente a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo y del Parlamento. Quisiera felicitar al Director y a su personal por su trabajo. Teniendo en cuenta el alto valor de la agencia, el Parlamento debería pedir a la Comisión que modificase el mandato de la misma, cuya conclusión se prevé para 2008, y la convierta en una agencia responsable de aplicar determinadas acciones externas de la UE, concretamente en zonas recién salidas de una crisis.

Por último, quisiera dar las gracias a los ponentes alternativos y a todos mis colegas por su trabajo, así como a la Secretaría. Recomiendo al Parlamento una aprobación positiva de la gestión de las 16 agencias.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, agradezco la calidad y ecuanimidad del informe que se nos presenta hoy. Quisiera dar las gracias por ello a la Comisión de Control Presupuestario, al ex presidente de la misma, el señor Fazakas, a su presidente actual, el señor Bösch, y, por supuesto, al ponente, el señor Garriga Polledo.

El informe del señor Garriga Polledo propone que el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto y el cierre de las cuentas. La Comisión toma nota de ello con satisfacción. Quiero comentar por qué me parece que se lo merece.

Para empezar, se tendrán en cuenta sus recomendaciones. De hecho, ya hemos hecho mucho, incluido lo siguiente:

Estamos aplicando el Reglamento financiero revisado, que implica, entre otras cosas, ejecutar las disposiciones acordadas que exigen a los Estados miembros elaborar «un resumen anual, al nivel nacional apropiado, de las auditorías y declaraciones disponibles».

Continuaremos informando del progreso de nuestro plan de acción para un marco de control interno integrado, como se solicita en el apartado 56. De hecho, presentaré el informe de situación a la Comisión de Control Presupuestario la semana que viene.

Hemos mejorado, podemos mejorar y mejoraremos las cuentas. Respecto a las cuentas de 2006, ya hemos facilitado una información mejor sobre recuperaciones y correcciones financieras. Eso significa que pueden ustedes estar seguros de la fiabilidad de nuestras cuentas.

Proseguimos con la Iniciativa Europea a favor de la Transparencia. Con ayuda del Parlamento progresamos a diario en este aspecto.

En el informe de este año, el Parlamento «apoya totalmente a la Comisión en la aplicación rigurosa de la legislación en materia de suspensión de pagos» a los Estados miembros. Cuando comparecí ante la Comisión de Control Presupuestario el 1 de marzo para discutir el proyecto del informe Garriga Polledo, dije que propondría a mis colegas de la Comisión un análisis muy cuidadoso de las cuestiones que dieron pie a la manifestación de reservas en las declaraciones de los Directores Generales ese año y, en función de la importancia de los problemas y del riesgo detectado, suspender pagos o aplicar correcciones financieras. Mantuvimos serias discusiones durante más de dos horas, y el resultado fue la afirmación enérgica de la voluntad de la Comisión de tomar las medidas necesarias.

Quisiera destacar hoy varias decisiones concretas que se han adoptado. En primer lugar, en cuanto al Sistema Integrado de Administración y Control (IACS) en Grecia y los subsidios agrícolas, se ha pactado ahora un plan de acción muy claro con Grecia para garantizar la aplicación adecuada del IACS en ese país. El plan de acción establece plazos inequívocos para las medidas que hay que adoptar. Tal como ha declarado la Comisaria Fischer Boel durante la audiencia de aprobación de la gestión en la Comisión de Control Presupuestario el pasado mes de noviembre, la Comisión suspenderá los pagos de ayuda directa a Grecia si las autoridades griegas no respetan el plan de acción acordado ni los plazos. El primer informe importante de las autoridades griegas está previsto para el 15 de mayo.

Quisiera recordar también que la Comisión, de forma rutinaria, recupera el dinero agrícola de la UE indebidamente gastado por los Estados miembros, devolviendo los fondos al presupuesto comunitario por el procedimiento de «compensación de cuentas».

De acuerdo con la última decisión adoptada la pasada semana, se recupera un total de 285,3 millones de euros de 14 Estados miembros por razones relativas en particular a las deficiencias de los controles, así como al incumplimiento de los plazos de pago por los Estados miembros.

En segundo lugar, en el ámbito de la acción estructural, el 4 de abril de 2007 la Comisión suspendió los pagos a los programas del Feder en cinco de las nueve regiones de Inglaterra, más un programa en una sexta. Si no se toma ninguna medida, o las que se toman son insuficientes, la Comisión aplicará una corrección fija del 5 % al 10 % o al 25 % de las cantidades pagadas específicamente para cada programa, a fin de abordar la infracción de las reglas y la amplitud y las implicaciones financieras de las demás deficiencias.

Las suspensiones y reservas llevan a menudo a las mejoras necesarias. En 2005, por ejemplo, la DG de Política Regional tenía reservas sobre la suficiencia de los sistemas de control en España. En 2006, la DG auditó de nuevo esta cuestión y encontró que el progreso había hecho innecesario repetir la reserva.

Asimismo, para el Fondo Social Europeo, a comienzos de 2006 la Comisión señaló sus reservas sobre los sistemas aplicados en el Reino Unido. El Reino Unido introdujo mejoras y se levantó la reserva.

Estos ejemplos demuestran que la Comisión puede suspender y suspende pagos. Las bases para la adopción de decisiones como estas deben estar bien justificadas y explicadas de manera detallada. Hemos vuelto a hacer grandes esfuerzos este año por mejorar la calidad de los informes anuales de actividad de las Direcciones Generales de la Comisión.

El Tribunal ha sido bastante crítico con los controles de la Comisión en el ámbito de la investigación. Este está sometido a la gestión directa de la Comisión y hemos dado a esta cuestión la máxima prioridad. Ahora se aplica una estrategia de auditoría ex post en toda la familia de investigación de las Direcciones Generales para las auditorías sobre el Sexto Programa Marco. Esta es una estrategia contundente y viene acompañada de un aumento significativo del porcentaje del presupuesto de investigación abarcado por auditorías ex post. Habrá 300 auditorías para el Sexto Programa Marco en 2007, frente a las 45 realizadas en 2006.

Dada la prioridad de esta cuestión, la Comisión procede a desplazar un número significativo de miembros del personal a tareas de auditoría y a iniciar la necesaria contratación de personal adicional.

Además, se piensa seriamente en la introducción gradual de importes a tanto alzado en determinados ámbitos específicos del programa marco.

Permítame decir unas palabras sobre las agencias. La Comisión ha señalado la creciente preocupación del Parlamento sobre las agencias reguladoras. Ya prestamos mucha ayuda a las agencias y creo que es preciso clarificar las expectativas y responsabilidades, en particular antes de que se creen nuevas agencias.

Por ello impulsaremos activamente el progreso inmediato del acuerdo interinstitucional propuesto. El Consejo ha indicado su deseo de continuar las discusiones sobre el tema. Su adopción ayudaría realmente a abordar recomendaciones del Parlamento sobre cuestiones como una evaluación sistemática y regular y estudios de costes y beneficios de las agencias y la armonización de sus informes anuales.

La Comisión sigue siendo responsable ante la autoridad presupuestaria de la aplicación del presupuesto. Lo hacemos informándoles abierta y sinceramente de nuestros puntos fuertes y débiles. Les agradecemos su justo reconocimiento de ambos.

  Ralf Walter (PSE), – (DE) Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar expresando mi profunda gratitud por la cooperación entre la Comisión de Desarrollo y la Comisión, el Tribunal de Cuentas y los dos ponentes, el señor Camre y el señor Garriga Polledo. Es alentador que la Cámara tenga plenamente en cuenta nuestras observaciones para llegar a sus decisiones.

La función de nuestra Comisión de Desarrollo consiste en comprobar que los fondos que destinamos a ayudar a las personas más vulnerables del mundo y para conducirlos a la autosuficiencia se han utilizado correctamente. La aceptación de esta ayuda por parte del público depende en gran parte de que no se dé la impresión de que se trata de dorar los grifos de la bañera de este o aquel potentado, sino que el dinero vaya a parar a las personas que realmente lo necesitan, de modo que eso es lo que hemos examinado con gran detenimiento.

Al igual que en otros muchos contextos, el Tribunal de Cuentas ha descubierto que se han cometido graves errores en la manera en que se ha gastado este dinero. Y en lugar de ser errores que perjudican a la Unión Europea, se trata más bien de errores de procedimiento que deben corregirse si queremos decir sin temor a equivocarnos que los fondos se han utilizado como es debido. Los hemos examinado uno por uno y, por supuesto, no tenemos más remedio que observar que se han cometido errores de procedimiento a la hora de gastar ese dinero.

No obstante, tenemos que decir que el proceso de aprobación de la gestión reviste igualmente un carácter político, ya que examinamos si la Comisión ha hecho realmente lo previsto en el momento de la elaboración del presupuesto. Por ello examinamos si la legislación ambiental ha sido realmente prioritaria, si se han hecho avances reales en materia de prevención de crisis y si se ha gastado el 20 % de los fondos para educación básica y atención sanitaria en los países en desarrollo, tema acerca del cual existe un grave desacuerdo. Tenemos que decir que las cifras han aumentado, pero todavía están muy lejos del 20 % que acordamos. El hecho de que todo ello está relacionado con un gran número de donantes e instituciones que deben coordinarse no resulta especialmente tranquilizador.

Tengo que dejar claro ante esta Cámara que la Unión Europea –junto con sus Estados miembros– es de lejos el mayor donante de ayuda del mundo, cosa que podemos afirmar con orgullo. No obstante, al mismo tiempo es inaceptable que alguien se dirija a esta Cámara para decirnos que se ha centrado en otros ámbitos temáticos, y esperamos que las prioridades fijadas por el Parlamento y el Consejo al formular sus resoluciones se tomen finalmente como tales.

Hemos mantenido una excelente cooperación con los funcionarios de la Comisión; se han asumido compromisos firmes para que durante el año se nos facilite la información y los indicadores que necesitamos y para presentar pruebas de mejoras palpables. Al ser una persona que siempre ha intervenido ampliamente en el proceso presupuestario, puedo asegurarles que, cuando se elabore el siguiente presupuesto, seguiré muy de cerca las mejoras de la ejecución del presupuesto que se han anunciado –no solo en lo referente al uso de los fondos para su fin previsto, sino también al logro de los objetivos de las políticas– y que nuestra conducta como Parlamento dependerá de que ustedes cumplan lo que se han comprometido a hacer.

  Jutta Haug (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la parte del presupuesto destinada a las políticas que revisten un interés especial para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria no es particularmente elevada, pues en 2005 –ejercicio sobre el cual se supone que debemos confirmar que el dinero de los contribuyentes europeos ha sido debidamente empleado– representaba menos de 0,5 % del presupuesto total de 116 millones de euros.

Debo decir desde un principio que nada se opone a que aprobemos la gestión presupuestaria de las cuatro agencias –la EMEA, la AEMA, la AESA y el ECDC – por parte de sus directores.

Los primeros cuatro meses de funcionamiento del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en 2005 fueron un éxito y la gestión de su presupuesto fue responsabilidad de la DG de Salud.

En 2005, tercer año de funcionamiento de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, esta inició su traslado a Parma, lo que conllevó problemas para contratar el personal altamente cualificado que necesita y sin duda impidió gastar todos los recursos que se le habían asignado, de forma que se revertieron más de cuatro millones de euros al presupuesto comunitario. La forma en que este dinero, que pertenece a la AESA, se utilice este año no es algo que deba ocuparnos en el procedimiento de aprobación de la gestión, sino que tendremos que hablar con la Comisión al respecto.

La Agencia Europea de Medicamentos ha desempeñado su tarea satisfactoriamente y no ha gastado todo el dinero que se le había asignado, entre otras cosas porque se presentaron problemas en la conversión de su sistema informático.

La Agencia Europea del Medio Ambiente llevó a cabo la excelente labor a la que nos tiene acostumbrados, utilizó correctamente todos sus fondos e incluso habría podido recibir más.

La Comisión de Medio Ambiente no tiene crítica fundamental alguna contra la gestión del presupuesto de sus cuatro agencias, pero hemos aprovechado la ocasión que nos brinda este procedimiento de aprobación de la gestión para pedir a las dos agencias «antiguas» –la EMEA y la AEMA– que cumplan lo que ya se exige a las «nuevas» en los reglamentos fundacionales, a saber, que su labor sea revisada y evaluada periódicamente por expertos independientes. Nos gustaría que todas las formas de actividad administrativa –incluidas las agencias– aporten valor añadido a Europa.

Ahora me referiré al ámbito relacionado con el medio ambiente, la salud pública y las seguridad alimentaría del que es responsable la Comisión, y aunque en dicho ámbito observamos que el empleo de los créditos de compromiso resulta altamente satisfactorio en todos los sectores, debemos señalar que el porcentaje de desembolso deja mucho que desear, pues es inferior al 80 %, no solo en el sector de la salud y la seguridad alimentaria, sino también en el del medio ambiente. Por supuesto, existen factores que explican esta situación: uno de ellos es que aún no se ha ultimado la creación de la agencia ejecutiva de salud pública y, al mismo tiempo, el personal tuvo que dedicarse a elaborar el nuevo programa de salud y protección de los consumidores, mientras que los problemas de los compromisos presupuestarios de 2004 dieron lugar a problemas de pago en el sector ambiental en 2005.

Y si bien las explicaciones presentadas por los servicios de la Comisión resultan comprensibles, la Comisión debe aprender a anticiparse a los problemas a fin de poder adoptar medidas inmediatas para resolverlos, ya que, después de todo, no le falta experiencia en la solución de problemas administrativos.

  Michael Cramer (Verts/ALE), ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Transportes y Turismo desea señalar que el presupuesto de 2005 destinaba un poco más de 1 000 millones de euros a créditos de compromiso y algo más a créditos de pago para la política de transportes, la mayor parte de los cuales –a saber, 680 millones de euros en créditos de compromiso y 750 millones de euros en créditos de pago– estaban destinados a las Redes Transeuropeas, por lo que esta comisión parlamentaria se complace en señalar que dichas cifras incluyen los pagos para seguridad vial y los compromisos con el programa Marco Polo, habiéndose asignado 70 millones de euros en créditos de compromiso y 60 millones de euros en créditos de pago a las agencias de transporte.

Sin embargo, a esta comisión parlamentaria le preocupa el elevado número de errores –superior a la media– que aparecen en los contratos de investigación en el sector del transporte, así como el hecho de que tan solo un 51 % de los fondos disponibles se hayan asignado a la seguridad vial, que constituye un programa importante, dado nuestro deseo de reducir a la mitad el número de accidentes.

Por lo que se refiere a las Redes Transeuropeas, es importante que nos centremos en hacer más eficiente el transporte, en lugar de comenzar directamente con grandes proyectos, tan solo para descubrir después que tan solo disponemos de la mitad de los fondos necesarios. En muchos Estados miembros se han suspendido proyectos por falta de fondos. Lo que debemos hacer es dar prioridad absoluta a la modernización de la infraestructura que ya tenemos y únicamente después pensar en obras de construcción, lo que implica usar los escasos recursos que tenemos de la forma más eficiente posible.

Tampoco debemos pensar únicamente en los proyectos que conectan el Norte con el Sur, pues Europa debe crecer conjuntamente, y por ello los proyectos ferroviarios de este a oeste también deben modernizarse, ya que muchas de esas vías se remontan al siglo XIX, la era de las locomotoras de vapor.

Por supuesto, el cambio climático también es importante. El sector del transporte es una de las grandes fuentes de CO2, ya que representa un 30 % de las emisiones, por lo que nuestros proyectos de investigación deben dar prioridad a la política climática y de sostenibilidad. En este aspecto, estos proyectos han sido hasta ahora totalmente insatisfactorios y es necesario modificarlos.

Hemos aprobado la gestión de las agencias, pero estas siguen necesitando recursos para llevar a cabo las tareas que se les han confiado.

  Helga Trüpel (Verts/ALE), ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. – (DE) Señor Presidente, Señorías, lo primero que quisiera decir en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación es que no estamos seguros de que el gasto en cultura y educación sea suficiente. La Comisión de Cultura y Educación aspiraba a mucho más y lamenta que el Parlamento, la Comisión y el Consejo no hayan facilitado una financiación global más elevada para lo que queremos, que es dar un alma a Europa, permitir que todos los estudiantes puedan estudiar en Europa, y, con este objetivo en mente, la Estrategia de Lisboa requiere que se lleven a cabo cambios en esos ámbitos en los próximos años.

Muy a grandes rasgos, quiero manifestar que es fundamental, especialmente en los principales programas culturales y para la juventud, desarrollar, por un lado, una política de gasto muy meticulosa –es decir, responsable y transparente–, pero evitando al mismo tiempo que una aplicación abusiva de las normas existentes nos conduzca a callejones sin salida burocráticos. Soy consciente de que, tras el caso de corrupción y los escándalos que hemos sufrido, debemos ser muy cautelosos, pero sin pasarnos tampoco de la raya. Especialmente cuando los proyectos son pequeños y no pasan de 20 000 euros, no se debería exigir a los solicitantes que presenten infinidad de papeles para que se acepten sus solicitudes.

Mi segunda observación es que, con 99 agencias culturales nacionales, es fácil que las cosas se descontrolen y sería deseable una gestión más adecuada en ese ámbito.

En tercer lugar, quiero decir que me parece un enfoque equivocado que sigamos financiando este segundo edificio parlamentario en Estrasburgo con cargo a nuestro presupuesto. Si los franceses no están dispuestos a renunciar a esta segunda sede y así ahorrar dinero, deberá ser el Consejo quien asuma la responsabilidad de ese gasto en el futuro.

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. – (ES) Hablo como ponente de la Comisión de Libertades Civiles con respecto al presupuesto 2005.

Se trata de bastantes agencias, de las cuales la señora Haug ya ha mencionado algunas y, en general, tenemos las mismas observaciones.

Pero, primero, quisiera referirme a la ejecución del presupuesto general de la Comisión de Libertades Civiles, y se puede hacer bastante brevemente.

Constatamos que se han realizado unos progresos a nivel de ejecución en los compromisos pero, sin embargo, hay que dar un varapalo en cuanto a la ejecución de los pagos. Estamos en un nivel de 79,8% para 2005 en comparación con el 80,3% para 2004. Este nivel es uno de los más bajos de la Comisión.

Ya la señora Haug ha mencionado otros que parecen estar en la misma situación. Yo creo que sobra decir que hay que mejorar esa situación. Además, sabemos que peligra el dinero para el siguiente año si no sabemos usarlo.

En cuanto a la ejecución del presupuesto para Eurojust (unidad europea de cooperación judicial), constatamos que el Tribunal de Cuentas tiene las garantías razonables de que las cuentas anuales de este ejercicio han sido fiables y, en cuanto a las operaciones correspondientes, que todas son legales, como no podía ser de otra forma, y regulares.

Sin embargo, no hay situaciones que no sean mejorables. Aquí también hay que pedir a Eurojust que siga por esta vía, mejorando su gestión financiera.

En cuanto a la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, también hay una satisfacción por parte de la Comisión, en cuanto a la legalidad de las operaciones subyacentes. Sin embargo, constatamos que hay que pedir al Observatorio que mejore su claridad y, sobre todo, la transparencia de sus procedimientos de licitación.

Y, por último, trataré de la ejecución del presupuesto del Observatorio de la Droga y las Toxicomanías. En este caso, la Comisión de Libertades Civiles, al igual que el Tribunal de Cuentas, desea hacer dos serias amonestaciones.

Se han encontrado diferentes anomalías inaceptables en los procedimientos de contratación y licitación y hay que exigir una mejora sustancial de estos procesos. Hay que reconocer, sin embargo, que algunas medidas ya están surgiendo efecto, pero aún queda mucho camino para que todo sea, digamos, aceptable y correcto.

Quizás, lo más espinoso de todo –ya hemos interpelado a la Comisión a este respecto– es que, al igual que el Tribunal de Cuentas, constatamos y deploramos la mala administración en el caso de un agente enviado a Bruselas en misión de larga duración sin una clara definición de sus objetivos; sobre todo, hay mucha oscuridad sobre su ulterior asignación a la Comisión. Allí hay bastantes euros de los contribuyentes europeos que deberían explicarse.

La Comisión de Libertades Civiles pide, por consiguiente, que se investigue a fondo este caso y que se adopten las medidas procedentes para evitar que sucedan estos hechos en el futuro.

Por lo tanto, la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, coincidente con la Comisión de Control Presupuestario, es que se recomienda la aprobación de la gestión.

  Lissy Gröner (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (DE) Señor Presidente, Señorías, para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género esta evaluación no es un asunto sencillo, puesto que ya hemos insistido repetidamente en la necesidad de disponer de datos desglosados por género para poder evaluar el gasto y, lamentablemente, esos datos no están aún disponibles, por lo que todavía hay limitaciones para poder incluir en la evaluación los aspectos relativos a la aplicación de la perspectiva de género en la elaboración del presupuesto y la integración de la misma en todas las políticas. Pedimos que esos datos se presenten en los informes para la aprobación de la gestión del próximo presupuesto.

Disponer de datos precisos es esencial, sobre todo en el caso de los programas con cargo a los Fondos Estructurales y otros parecidos, para poder apreciar cuánto se ha destinado finalmente a equiparar el apoyo a las mujeres. Resulta que se ha bloqueado la liberación de fondos en el marco del programa Daphne y esto plantea un grave problema, pues sabemos que persiste la violencia en gran escala contra las mujeres, los niños y los jóvenes. Sabemos que los proyectos propuestos eran muy buenos, pero aún así no se ha liberado el dinero y es preciso que se haga algo al respecto.

En el caso real en el que pienso, toda una serie de proyectos transeuropeos fueron rechazados. Estamos preparando un Año Europeo contra la Violencia y el Consejo de Europa ha iniciado una campaña. Las necesidades en ese terreno son enormes y la Comisión debe empezar a actuar.

  Véronique Mathieu, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señor Presidente, Señorías, por lo que respecta a la aprobación de la gestión de las agencias, quiero hacer en primer lugar algunas observaciones. La primera es que el número de agencias aumenta constantemente y que dicho aumento es inquietante, ya que parece realizarse sin ningún marco político global. Esta situación plantea varios problemas: el del control financiero de estas agencias y el de las deficiencias organizativas observadas, que no se han subsanado en todos los casos.

En cuanto al primer aspecto, me parece esencial establecer unas normas claras para el procedimiento de aprobación de la gestión. En efecto, de 35 agencias, 16 son objeto hoy de una aprobación de la gestión individual por parte del Parlamento. Para evitar las incoherencias actuales en la aplicación del artículo 185 del Reglamento financiero, puesto que muchas agencias siguen siendo objeto de una aprobación de la gestión global en el marco del presupuesto general de la Comisión Europea, sería oportuno que, en el futuro, todas las agencias, cualquiera que sea su estatuto, fueran sometidas a una aprobación de la gestión individual por parte del Parlamento Europeo.

El segundo aspecto que quiero mencionar se refiere a la administración efectiva de las agencias. Aunque se han registrado mejoras en este terreno, siguen siendo insuficientes. Es necesario, de forma prioritaria, mejorar los sistemas contables, garantizar una buena ejecución de los procedimientos de licitación y de las normas de control interno y, por último, hacer los procedimientos de contratación más transparentes. Paralelamente, la Comisión debe proseguir sus esfuerzos tanto por mejorar la visibilidad de las agencias, elaborando una estrategia de comunicación eficaz, como por desarrollar las sinergias y, por último, por poner a su disposición más servicios técnicos y administrativos adaptados a sus necesidades.

Por otra parte, apoyo las dos propuestas encaminadas a declarar obligatoria la publicación de un estudio de costes-beneficios antes de crear cualquier agencia y a exigir la elaboración cada cinco años de un informe de evaluación sobre el valor añadido generado por cada agencia en su ámbito de actividad. Estas dos propuestas son esenciales para garantizar que las actividades desarrolladas por las agencias respondan a las necesidades específicas de los distintos sectores.

En conclusión, quisiera subrayar que aunque el Tribunal de Cuentas tenga reservas con respecto a tres agencias, me complace que las agencias en su conjunto hayan registrado progresos con respecto al ejercicio de 2004 y les pido que prosigan sus esfuerzos en este sentido.

  Dan Jørgensen, en nombre del Grupo del PSE. – (DA) Señor Presidente, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo recomienda la aprobación de la gestión. Recomendamos que el Parlamento apruebe la gestión de los presupuestos para 2005, pero al mismo tiempo queremos aportar algunos comentarios y formular algunas peticiones. Tenemos dos peticiones básicas. En primer lugar, nos parece evidente que es necesario intensificar todavía más la supervisión. Creemos que el control del dinero de los contribuyentes aún no es suficiente. En segundo lugar, también creemos que se necesita mayor claridad y transparencia.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, cabe decir que se ha progresado algo en ese aspecto. Reconocemos y elogiamos la implantación de un nuevo sistema de contabilidad en la Comisión. No ha sido un proceso fácil, pero ha superado todas las expectativas. Reconozco que el sistema de control financiero integrado, en particular con relación a los fondos agrícolas, se ha aplicado a una gran parte del presupuesto, lo que es ciertamente muy positivo. No obstante, también mantenemos una posición crítica con respecto a aquellos ámbitos en los que el Tribunal de Cuentas formuló, lamentablemente, algunas críticas muy señaladas. Están especialmente en entredicho las políticas internas y, lamentablemente, también una parte de fondos agrícolas. Simplemente va a ser necesario intensificar los controles en esos ámbitos. La Comisión tiene que actuar con mayor rigor, pero también deben hacerlo, en particular, los Estados miembros. El hecho es que, como saben sus Señorías, alrededor del 80 % de los fondos de la Unión Europea se administran mediante una gestión compartida, lo que significa que en realidad el dinero se aplica en los Estados miembros. En estas circunstancias, está claro que, evidentemente, dependemos por completo –tanto la Comisión como también el Parlamento– de que los Estados miembros asuman seriamente esa responsabilidad y, por desgracia, no tenemos la impresión de que lo estén haciendo. La responsabilidad política debe estar asignada claramente y habrá que hacer un seguimiento de esta cuestión con vistas al año próximo.

Además, salta a la vista, como es lógico, que todo este debate sobre la transparencia ya se viene desarrollando desde hace un par de años y nos complace que así sea. También nos satisfacen algunas iniciativas de la Comisión que han resultado claramente muy positivas. Creemos que los ciudadanos europeos tienen que poder conectarse a Internet y comprobar cómo se ha asignado el dinero europeo a los fondos agrícolas, los Fondos Estructurales, etcétera. Este proceso está en marcha pero, evidentemente, debe proseguir hasta que se haya completado. Más aún, necesitamos una mayor transparencia en relación con los numerosos grupos de trabajo que existen. Se nos tienen que facilitar los nombres de las personas que participan en esos grupos de trabajo.

  Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los ponentes, a quienes puedo asegurar que el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa comparte su opinión. Por nuestra parte, también apoyamos la aprobación de la gestión, tal como se ha recomendado.

El año en cuestión –el 2006– es el primer ejercicio presupuestario completo cuya responsabilidad recae totalmente sobre la actual Comisión. Hemos recibido de nuevo un dictamen negativo del Tribunal de Cuentas, por duodécima vez consecutiva, y todo el mundo sabe, por supuesto, que las cosas no pueden seguir así. Me complace que el Tribunal de Cuentas haya anunciado una revisión por un grupo de pares, que dejarán que otros examinen en detalle sus propias actividades y sus métodos. Todo eso está muy bien, pero se mire como se mire, la responsabilidad última sigue siendo de la Comisión y no puede trasladarla a los Estados miembros.

El año pasado firmamos las perspectivas financieras que, por primera vez, contenían una disposición en virtud de la cual los Estados miembros deben declarar en el nivel político adecuado que han aplicado el presupuesto correctamente. Mi pregunta fundamental es: ¿qué ha hecho exactamente la Comisión con dicho artículo de las perspectivas financieras? ¿Ha enviado una carta a los Estados miembros para recordárselo? ¿Cuál es la estrategia de la Comisión en relación con este tema?

También quisiera llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que el año que viene será fundamental para ella. En 2008, hará diez años que, en 1998, el Parlamento se negó a aprobar la gestión. Claro que no voy a anticiparme a anunciar que esto volverá a pasar; todo dependerá de cómo se desarrollen las cosas, pero debe haber un progreso claro. Es inaceptable que, dentro de un año, en vísperas de las próximas elecciones europeas, esta Asamblea vuelva a aprobar sin la menor vacilación la gestión de la Comisión cuando es evidente que esta no ha hecho cuanto estaba en su mano para mejorar la situación. Una de las claves para superar esta dificultad es cumplir las perspectivas financieras.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, esta Asamblea va a decidir hoy si aprueba la gestión del presupuesto de las instituciones de la Unión Europea para 2005.

Dado que el informe del Tribunal de Cuentas Europeo no ha expresado ninguna reserva importante con respecto a ninguna de dichas instituciones, por mi parte mantengo que podemos aprobar la gestión de todas ellas. Esto, sin embargo, no significa que las cuentas anuales presentadas al Parlamento sean perfectas.

En primer lugar, aunque el Tribunal de Cuentas reconoce que, en conjunto, el informe financiero de las Comunidades Europeas refleja fielmente la situación financiera de la Comunidad a finales de diciembre de 2005 y que no ha encontrado errores significativos, también es cierto que ha detectado numerosos errores, tanto en las cantidades registradas en los sistemas centrales de contabilidad como en los informes presentados por diferentes Estados miembros. Resulta especialmente preocupante que, a pesar de las observaciones críticas tanto del Tribunal de Cuentas como del Parlamento Europeo, algunas de esas inexactitudes se repitan año tras año.

En segundo lugar, quisiera sumarme a quienes, desde el Tribunal de Cuentas y también en esta Asamblea, reclaman mayor transparencia en el uso y gestión de los fondos de la Unión Europea. En particular, quisiera apoyar la intención de la Comisión de publicar la ayuda directa recibida por los principales productores agrícolas de algunos Estados miembros y también aguardo con interés la simplificación de los procedimientos, tanto en materia de contratación como de subvenciones, lo cual mejorará la transparencia en las actividades de la Comisión y reducirá el riesgo de corrupción.

  Bart Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (NL) Señor Presidente, nuestro Grupo también está dispuesto a aprobar la gestión de la Comisión, de hecho con las mismas condiciones que ha expuesto hace un momento el señor Jørgensen. El señor Mulder acaba de señalar que por duodécima vez consecutiva el Tribunal de Cuentas no ha emitido una declaración de fiabilidad positiva; una situación que, ciertamente, se tiene que acabar. En su comparecencia ante nuestra comisión, el Comisario Kallas manifestó, tras su nombramiento, que durante su mandato se debía conseguir una declaración de fiabilidad positiva; al menos, ese era su objetivo. Sé que el Comisario mantiene en estos momentos un cierto enfrentamiento con el Tribunal de Cuentas; se realizará una revisión por un grupo de homólogos de los métodos que este emplea y, por mi parte, sigo confiando en que dicha declaración de fiabilidad positiva llegue a emitirse en algún momento y sin duda durante el presente mandato. Es cierto que hay un par de problemas que parecen insuperables, no en último lugar en el ámbito de la agricultura. En este sentido, me ha alegrado la declaración del Comisario en relación a la gestión integrada y el sistema de control. Todos sabemos que Grecia dista mucho de estar a la altura, como ya ha señalado en dos ocasiones el informe anual del Tribunal de Cuentas. Ahora existe un plan de acción concreto; el Comisario ha dejado muy claro que está dispuesto a suspender los pagos si Grecia no cumple las condiciones o no aplica correctamente el plan de acción. Se han presentado dos enmiendas a ese efecto, una del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y otra de nuestro Grupo. Espero que por lo menos una de ellas salga adelante y que pueda ayudar de manera considerable al Comisario cuando llegue el momento de tener que decidir la suspensión de los pagos.

He observado la ausencia del Consejo en el contexto de las declaraciones nacionales de gestión. Es escandaloso que el Consejo se ausente en un debate sobre la aprobación de la gestión, que también tenemos que conceder al Consejo, en un momento en el que sabemos que los Estados miembros gestionan directamente el 80 % de los recursos financieros totales, y lo lamento profundamente.

Apoyo también la pregunta del señor Mulder a la Comisión sobre las medidas que ha adoptado para garantizar que los Estados miembros emitan declaraciones nacionales de gestión. En nuestro debate con el Secretario de Estado alemán, se llegó a la conclusión de que los defectos eran atribuibles a nuestra estructura federal. Me parece inconcebible que sea así. En cambio, puedo concebir que un Estado federal como Bélgica diga: «De acuerdo, tres de nuestras regiones han emitido declaraciones, de las cuales dos no cumplen todos los requisitos y una sí». ¿Por qué no se puede proceder así? Visto así, reclamo insistentemente que los Estados miembros también emitan declaraciones positivas de gestión.

PRESIDENCIA DE LA SERA. WALLIS
Vicepresidenta

  Esko Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FI) Señora Presidenta, señor Comisario, el Tribunal de Cuentas no ha emitido una declaración de fiabilidad positiva de las cuentas de la Unión desde hace diez años. Uno de las principales razones es probablemente que el dinero lo concede la Comisión, pero los responsables de supervisar cómo se gasta son los Estados miembros. El órgano responsable de la concesión de los fondos no controla su uso. Algunos Estados miembros son más negligentes que otros en el modo de controlar los fondos que reciben de la Unión. Nuestro Grupo comparte el punto de vista expresado en el informe de que en el futuro el Tribunal de Cuentas debería mencionar más a menudo por su nombre a los países que no hayan realizado un control adecuado. No existe ningún buen motivo para no dejar al descubierto la actuación de Grecia o de otros países que son poco estrictos en este aspecto.

El Parlamento siempre ha opinado que los Estados miembros deberían emitir una declaración sobre la gestión a escala nacional de los fondos que reciben de la Unión. Algunos Estados miembros así lo han hecho; por ejemplo, los Países Bajos, lo han hecho adecuadamente, con la firma del Ministro. La mayoría de los Estados miembros se oponen a emitir una declaración. Por otra parte, hay que decir que el caso de Martha Andreasen no ha dado pie a que en adelante la jefa de contabilidad de la Comisión apruebe la autenticidad de las cuentas con su firma. El Parlamento pide con toda razón que se le concedan poderes jurídicos para ello.

Este año, nuestro Grupo está a favor de la aprobación de la gestión.

  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. – (SV) Señora Presidenta, la exigencia de responsabilidades es fundamental en el proceso democrático. Los esfuerzos del Parlamento en este terreno, en el pasado, han sido vergonzosos. A pesar de la retahíla de informes que señalan fraudes, irregularidades, incompetencia y despilfarro, año tras año esta Asamblea aprueba la gestión con mayorías que casi parecen dignas de Corea del Norte.

El año pasado fue una excepción. El Parlamento había pagado un alquiler demasiado alto por el edificio en el que estamos ahora. Fue imposible ocultar el problema. En vez de ello, se produjo una situación patética con la comparecencia de los dirigentes de los grandes Grupos en el papel de «plañideras profesionales», asegurando que la denegación de la aprobación de la gestión en realidad era solo de cara a la galería. Así lleva a cabo su tarea democrática la mayoría de esta Asamblea.

El año pasado fui ponente y me resultó imposible proponer la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones. Una cultura de corrupción parecía impregnar a su Secretaría. Pese a que todavía había tres investigaciones diferentes en curso sobre el Comité de las Regiones, la Asamblea aprobó la gestión de todos modos. Ahora, la OLAF ha presentado su informe y las autoridades nacionales han llevado el asunto a los tribunales. Por lo tanto, todavía hay motivos más sólidos para no aprobar la gestión del Comité de las Regiones este año. Además, la ponente, la señora Herczog, ha demostrado que no habría que aprobar la gestión ni de la Agencia Europea de Seguridad Marítima ni de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Por consiguiente, hemos de denegársela.

  Ashley Mote, en nombre del Grupo ITS. – (EN) Señora Presidenta, creo que urge que el Consejo de Ministros se plantee nombrar un equipo de contables verdaderamente independientes y de renombre internacional para llevar a cabo una investigación y un análisis completo de la auditoría de esta institución, su tesorería, sus sistemas contables y controles y también todas sus entidades operativas, muchas de las cuales se dedican al comercio pero escapan a la plena aplicación de la ley en sus gestiones financieras y de negocios.

Fíjense simplemente en las cuentas de 2005: un equipo de contables forenses independientes ha concluido que hay pagos por importe de 27 000 millones de euros que simplemente no estaban registrados correctamente en las cuentas y esa increíble falta de responsabilidad ha tenido unas consecuencias igualmente increíbles e inaceptables. Sabemos ahora, por ejemplo, que la Unión Europea ha perdido unos 600 000 millones de euros a lo largo de los años, cifra que excede de lejos la contribución neta del Reino Unido, que asciende a 75 000 millones de libras esterlinas desde nuestra adhesión.

El Presidente del Tribunal de Cuentas ha admitido que hay serios problemas que no acaban de resolverse: cada informe anual los pone de manifiesto, página tras página, sin que realmente pase nada a raíz de ello. Se supone que la declaración de fiabilidad abarca toda la cadena, «hasta el nivel de los contribuyentes». Sin embargo, año tras año, se hace caso omiso de los intereses de estos. Las discrepancias entre los balances de un año y el siguiente son regulares, rutinarias e inaceptables. En 2002, por ejemplo, la diferencia fue de 200 millones de euros. El año pasado, fue de 179 millones de euros, lo que no supone una gran mejora a lo largo de cuatro años. Y no se trata solo de errores: los contables los califican de malas prácticas financieras de carácter grave.

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Señora Presidenta, un procedimiento de aprobación de la gestión como este no debe mirar solo hacia atrás, sino que también ha de considerar qué conclusiones deben extraerse. Estoy seguro de que el Comisario está escuchando con mucha atención lo que se está diciendo sobre las agencias y también es consciente de que quienes desean ejercer un cierto control están cada vez menos satisfechos con lo que está ocurriendo en muchos ámbitos, en los que existe una confusión considerable y las cosas han empezado a írseles de la mano. Estoy seguro, señor Comisario Kallas, de que también usted es consciente del rumbo que están tomando las negociaciones en el marco del diálogo tripartito. Resulta bastante preocupante ver reconocer una y otra vez a los miembros de la Comisión de Presupuestos, personas que llevan años bregando con este tipo de cosas, que ni siquiera ellos consiguen verlo claro y que no existen líneas divisorias claras entre el presupuesto operativo y el administrativo, de manera que es en este ámbito donde, obviamente, se producen ingentes abusos, en su mayor parte relacionados con la ocultación de gastos administrativos en los programas.

Esto, señor Comisario, va diametralmente en contra de lo que usted intenta conseguir con sus esfuerzos de transparencia y quisiera animarle a que intente hacer en su propio ámbito lo que ya ha empezado a hacer con la agricultura, a saber, poner al descubierto cómo se emplean los fondos, hasta el último euro. Esto es lo que cualquier empresa moderna es capaz de hacer. Estas siempre disponen de unidades para la asignación de costos y de referencias claras; incluso saben exactamente qué se hace en los viajes de negocios. Me parece sumamente lamentable y perjudicial que no hagamos lo mismo y estoy seguro, señor Comisario, de que usted comparte mi punto de vista de que se requieren recortes en todos los ámbitos, ya que no hay duda de que se consigue una mayor eficiencia con menos trabajadores en lugar de lo contrario, como sucede actualmente.

  Esther de Lange (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, me limitaré a comentar la parte relativa al Parlamento Europeo. Ante todo, quiero agradecer al ponente, señor Staes, su muy sólido informe. Apoyamos su propuesta de que se apruebe la gestión y también la mayor parte de sus observaciones y comentarios al respecto. Huelga decir que, como Grupo, deseamos destacar algunas cuestiones, incluida nuestra enmienda 3, sobre la que quisiera llamarles especialmente la atención, porque en ella se pide, con mayor énfasis que en el texto actual, un trabajo en equipo constructivo y un diálogo político con el Presidente de esta Asamblea, cuya gestión se aprueba, aunque todavía no había sido designado para ese puesto durante el ejercicio presupuestario que estamos examinando.

También quisiera también llamar su atención sobre las enmiendas que ha presentado el señor Fjellner, que también he firmado, relativas a los costes reales de mantener tres lugares de reunión en un momento en el que contamos con 27 Estados miembros. Las cifras actuales datan de cuando solo eran 15.

Desde una perspectiva un tanto personal, quisiera añadir que, obviamente, en mi calidad de antigua asistente, he considerado con ojos críticos las observaciones sobre las compensaciones al secretariado y la situación del personal parlamentario, que en algunos casos todavía dejan mucho que desear.

Para acabar, quisiera referirme a la interminable historia del fondo de pensiones voluntario. A mi modo de ver y el de mi delegación, es de la mayor importancia evitar cualquier impresión de que se están utilizando recursos públicos –la cobertura general de gastos– para fines privados, a saber, para incrementar el fondo de pensiones voluntario.

Por último, quisiera ceder los 20 segundos que me quedan a la siguiente oradora.

  Edith Mastenbroek (PSE). – (NL) Señora Presidenta, ante todo quisiera dar las gracias al señor Staes por su excelente informe y a la oradora anterior por los 20 segundos adicionales. ¿Será que procedemos del mismo Estado miembro? Es muy posible que así sea, porque yo quisiera subrayar los mismos aspectos que ha destacado usted.

Volviendo en primer lugar al informe del señor Staes, quisiera darle las gracias de nuevo, porque el informe es sobresaliente. Por primera vez desde mi elección, ha conseguido que se apruebe la gestión sin que eso generara una gran polémica durante la semana anterior. Permítanme que me centre en unas pocas cuestiones. Es lamentable que en este procedimiento sea la norma, en lugar de la excepción, que tengamos que seguir insistiendo en reclamar lo mismo una y otra vez; no solo cosas como las firmas electrónicas o que se reduzca la burocracia en esta Cámara, sino también asuntos de importancia como de quién aprobamos realmente la gestión. Por nuestra parte, apoyamos lo que ha manifestado el señor Staes al respecto.

En un plano personal, también quisiera llamar su atención sobre las enmiendas del señor Fjellner. Creo que es de la mayor importancia que sepamos exactamente en qué gastamos el dinero del Parlamento y, en mi opinión, es fundamental para el debate que sepamos el coste exacto que supone repartir nuestras horas de trabajo en tres sedes. Volviendo al estatuto de los asistentes, se trata de un asunto importante, que espero que –ahora que hemos conseguido alcanzar un acuerdo mutuo sobre el estatuto de los diputados– no tengamos que volver a plantear el año próximo, y del que se está ocupando uno de los grupos de trabajo de la Mesa mientras desarrollamos este debate. Me parece fundamental que el estatuto de los asistentes entre en vigor lo antes posible y que podamos conocer debidamente cuál es la posición laboral de esos asistentes, su seguridad social y sus regímenes fiscales.

  Bill Newton Dunn (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, es un placer verla en la Presidencia, presidiendo el debate de manera eficiente.

En primer lugar quiero hacer un comentario para el señor Mote, que, siento decirlo, no se ha molestado en quedarse para escuchar el resto del debate. Su solución de los problemas de la corrupción y el derroche en Europa es añadir otra capa de burocracia, contratando a un equipo de contables del sector privado. Me parece una solución completamente absurda, que amontona coste sobre coste.

Nuestro Grupo apoyará las enmiendas 1 y 3, que reclaman la aclaración de los costes de nuestro funcionamiento en tres diferentes lugares, que es un disparate que nadie, ni el público ni nosotros, puede entender. Queremos una aclaración sobre esto. Sin embargo, estamos muy perplejos de que el Grupo del PPE-DE haya presentado cuatro enmiendas –79, 80, 81 y 83– que suprimirían otras partes útiles de este informe. La señora De Lange, que acaba de hablar en nombre del Grupo del PPE-DE, me desconcierta. Ha dicho que queremos evitar dar la impresión pública de que el dinero se gasta incorrectamente en el fondo de pensiones. Estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, el Grupo del PPE-DE propone, de acuerdo con la enmienda 83, suprimir una auditoría de las prestaciones a los miembros y cómo se gastan, lo que no tiene ningún sentido. Le instaría a que convenciera al resto de sus colegas a retirar esas enmiendas que pretenden suprimir cosas útiles en este informe y a que lo apoyen.

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Señora Presidenta, quisiera felicitar a los ponentes por sus informes bien planteados y muy completos. También quisiera dar las gracias al Tribunal de Cuentas, cuyos informes nos han aportado mucha información sobre cómo se elabora el presupuesto. No obstante, me parece que los informes se han redactado en un lenguaje que no resulta fácilmente comprensible para el ciudadano medio y pienso que deberíamos mejorar la claridad de nuestros documentos, ya que en definitiva no los redactamos para nosotros, sino también para el público.

En lo que se refiere a los procedimientos de control, la mayoría de las observaciones se refieren a la exactitud de las cuentas. Eso es importante, pero en la contabilidad todo se equilibra, mientras que en la vida real los fondos se despilfarran y se gastan de manera ineficiente. Desearía que en el futuro se preste más atención a una evaluación sustancial de los gastos individuales en lugar de a su corrección formal.

  Paul van Buitenen (Verts/ALE). – (NL) Señora Presidenta, desde 2000, dos contables internos del Comité de las Regiones han demostrado sucesivamente serios casos de fraude, cosa que la oficina antifraude también ha confirmado en varios informes. Durante todos estos años, el Comité de las Regiones ha minimizado los problemas y prometido mejoras, y por nuestra parte, desde el Parlamento, siempre hemos aprobado su gestión.

Solo el año pasado, se planeó celebrar una audiencia con la participación de los dos contables despedidos por el Comité de las Regiones. Sin embargo, debido a una intensa presión del mismísimo Comité, la audiencia se retiró del orden del día de la Comisión de Control Presupuestario en el último momento y una vez más reaccionamos limitándonos a aprobar la gestión del Comité de las Regiones. Hace unos meses, apareció el último informe –hasta el momento– de la OLAF sobre esta saga. Este recomienda no solo la adopción de medidas disciplinarias, sino incluso que se proceda por la vía penal. Tras la repetida negativa del Comité de las Regiones a autorizarlo, finalmente se permitió que la Comisión de Control Presupuestario leyera dicho informe, que reveló malversaciones organizadas estructuralmente en diversos niveles jerárquicos. Asimismo, de nuevo se han empezado a recibir nuevas informaciones anónimas. Las normas no me permiten citar textualmente el informe de la OLAF, pero incluso ahora, tras años de fraudes, no se ha emprendido ninguna acción disciplinaria y, en cambio, se ha despedido a ambos contables.

Resulta inconcebible que nos dispongamos a aprobar una vez más la gestión del Comité de las Regiones.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – (CS) Señora Presidenta, quisiera felicitar a los ponentes y hacer algunos comentarios, tanto generales como específicos, basados en mi experiencia personal.

En primer lugar, el apartado 1 señala que no todas las agencias tienen siempre una buena reputación. Quisiera referirme a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, que es seguramente una excepción fundamental y a la que no es aplicable ese punto.

En mi calidad de ponente, he trabajado con dicha Agencia en la elaboración de una evaluación de la Directiva marco para la protección de la salud en el trabajo y actualmente colaboro en la redacción de nuevas normas para las estadísticas sobre accidentes laborales. Además, he visitado la Agencia dos veces y puedo confirmar que nos facilita unos datos muy buenos.

En cuanto al apartado 11, que pide que se mejore la asistencia técnica a las agencias, quisiera manifestar que no se trata únicamente de una cuestión de apoyo técnico, sino que también depende de que las peticiones que dirigimos a las agencias del Parlamento se formulen mejor. El Parlamento tiene que intervenir de manera más activa.

Finalmente, lo mismo cabe decir en relación con el apartado 15, relativo a la cooperación con otras organizaciones. En este contexto, puedo informar que la Agencia de Bilbao colabora estrechamente con la Organización Mundial de la Salud y facilita datos estadísticos muy interesantes.

Un comentario final: estoy totalmente a favor del apartado 25 y me alegra poder decir que la Agencia ha mejorado sus comunicaciones y que se está haciendo un mayor uso de su pericia, especialmente entre las PYME. Muchas gracias.

  John Whittaker (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, una y otra vez oímos las excusas de la Comisión, «¡No es culpa nuestra! ¿Cómo podemos vigilar nuestro dinero comunitario?» Es decir, el dinero de los contribuyentes de los Estados miembros lo gastan los Estados miembros. En efecto, tenemos el hecho notable de que el año pasado la Comisión censurara al Tribunal de Cuentas por meterse con ellos.

Pero quizás la Comisión tenga un propósito, y esta línea de pensamiento ha servido para convencer a los Gobiernos del Reino Unido, Suecia y los Países Bajos de que acepten declaraciones sobre la futura gestión de los fondos de la UE, por lo que eso vale. Más en detalle, el punto de vista de la Comisión demuestra la debilidad esencial del sistema. Las agencias de los Estados miembros que gastan el dinero de la Unión Europea tienen pocos incentivos para preocuparse por los contribuyentes de algunos otros Estados miembros que se lo facilitan.

¿Qué hacemos pues con esto? Bueno, yo continuaré diciendo a la gente de mi país que el despilfarro y las irregularidades financieras son una consecuencia desgraciada pero inevitable del sistema, un sistema defectuoso en el que la desconexión entre los contribuyentes que proporcionan los fondos y los que los gastan es cada vez más grande.

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, como un explorador, siempre estoy al tanto. Tengo tres observaciones que hacer.

En primer lugar, me parece que olvidamos un poco por qué estamos aquí. Hablamos del informe, que trata de la buena gestión financiera. Creo que hay tres razones por las que tenemos estos informes. La primera es la confianza. Necesitamos que los mercados confíen en nosotros. La segunda es la democracia. Necesitamos que la gente confíe en nosotros. Si tenemos una buena gestión financiera, otros nos seguirán. La tercera se refiere a la transparencia, es decir, la reducción del escepticismo. Tratamos de mejorar el control financiero. Así que mi primera observación es que hay una razón por la que hacemos esto. Creo que la Comisión está haciendo una buena labor, contrariamente a lo que ha dicho el orador anterior.

En segundo lugar –y este es un momento histórico para mí, porque voy a estar de acuerdo en lo fundamental con mi compatriota de la izquierda de esta Cámara–, el señor Seppänen tiene toda la razón, como la tienen todos los oradores anteriores que han dicho que el problema no radica en la manera en que la Comisión maneja el dinero, sino en la manera en que lo manejan los Estados miembros. En otras palabras, el 80 % de los fondos los gestionan los Estados miembros. Allí no hay ninguna responsabilidad financiera. Permítanme hacer una propuesta. Si en la próxima CIG planteamos un par de cuestiones institucionales, ¿por qué no hacemos lo mismo con los Estados miembros que hacemos con la Comisión? ¿Por qué no consagramos en los nuevos Tratados la obligación legal de que los Estados miembros sean responsables del dinero de la UE que gastan? Quizás con esto consigamos a la larga una declaración de fiabilidad positiva.

En tercer lugar, por último, quisiera expresar mi conformidad con todos los que apoyan las enmiendas del señor Fjellner: el señor Newton Dunn, la señora De Lange, el señor Staes y la señora Mastenbroek. Necesitamos dos cosas en este informe. Una es la evaluación del impacto ambiental del coste de las tres sedes y la otra es el coste de las tres sedes del Parlamento Europeo.

  Paulo Casaca (PSE). – (PT) Señora Presidenta, quisiera felicitar a todos los ponentes por su excelente trabajo. Por supuesto, hago extensivas estas felicitaciones a los presidentes de nuestra comisión, señores Fazakas y Bösch. También quisiera agradecer las palabras del señor Kallas sobre las auditorías ex post previstas en relación con todo lo que atañe a la gestión directa de los fondos. Debo manifestar desde ya que seguiremos examinando atentamente dichas auditorías, cómo se llevan a cabo, el número de errores detectados y la necesaria comparación con los resultados obtenidos por el Tribunal de Cuentas.

Sobre todo, quisiera decirle a nuestro Vicepresidente que el Parlamento tiene la última palabra sobre la aprobación de la gestión y que desde luego va a hacer pleno uso de dicha competencia cuando volvamos a reunirnos aquí el año próximo para debatir el tema de la recuperación de los fondos.

Fui ponente de un informe muy crítico sobre la actuación de la Comisión al respecto. El Tribunal de Cuentas declaró en la Comisión de Control Presupuestario que no consiguió encontrar los miles de millones de euros que, según la Comisión, se iban a recuperar. Debo decir que también he sido incapaz de encontrar esas cantidades y quisiera señalar que esta cuestión se debe abordar el año próximo de una manera totalmente diferente; de lo contrario, tendremos que actuar con mucha mayor dureza.

  Kyösti Virrankoski (ALDE). – (FI) Señora Presidenta, la administración de los fondos de la Unión Europea es una tarea bastante delicada. Para que el presupuesto se pueda aplicar efectivamente es necesario contar con instrumentos jurídicos claros y una clara división del trabajo. Hay posibilidades de mejora en ambos aspectos. Además, como sabemos, los fondos de la Unión Europea los gestionan principalmente las autoridades nacionales.

No parece que se haya progresado nada en la simplificación de la legislación. Aunque se está reduciendo el número de antiguos reglamentos, constantemente se redactan otros nuevos. Se deslumbra a la gente con una microgestión meticulosa y nadie se atreve a delegar la toma de decisiones a instancias inferiores. Esto ha generado y continúa generando una necesidad de supervisión cada vez mayor. Por lo menos en el ámbito normativo, los fondos de la Unión Europea se controlan con gran rigor. Por otra parte, la cantidad de supervisiones realizadas no mejora necesariamente su calidad o la manera en qué se gestionan. A menudo, el exceso de supervisiones solo ralentiza y paraliza las operaciones. Por ejemplo, las empresas privadas están ahora menos dispuestas a participar en proyectos con fondos estructurales de la Unión Europea debido a la enorme burocracia. Por eso es bueno que instituciones como el Tribunal de Cuentas hayan empezado a prestar mayor atención a la calidad que a la cantidad de las supervisiones que se llevan a cabo.

La supervisión del presupuesto requiere una división de responsabilidades más clara. La responsabilidad del titular de un cargo debe estar absolutamente clara. El sistema no debería estar demasiado jerarquizado. La responsabilidad colectiva no es responsabilidad en absoluto. Por eso, la supervisión financiera debe ir unida a la simplificación de las normas y a la clarificación de las responsabilidades de los titulares de los cargos.

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos los ponentes, ya que los nuevos progresos conseguidos se deben a su trabajo y seguramente hemos avanzado sobre todo en el frente de las agencias, más que en ningún otro, de manera que la señora Herczog merece nuestro especial agradecimiento por las excelentes ideas que ha aportado.

Es fundamental que se establezca una vinculación más clara entre las agencias y la Comisión, que necesita disponer de una minoría de bloqueo en sus consejos de supervisión, y debe entender y aceptar la cooperación de dichas agencias en la tarea legislativa y en la gestión de los programas de la Unión Europea. Lamentablemente, empero, la situación en lo que respecta al presupuesto de la Comisión apenas ha cambiado.

Desde ahora hasta el final del periodo, tendremos que dedicarnos a examinar cómo podemos obtener una declaración de fiabilidad ilimitada, al menos para los fondos que se gestionan directamente, y la Comisión ha demostrado ser capaz de ello en su propio ámbito y de hacerlo bien. Queremos colaborar con ustedes en este aspecto y apoyarles, pero eso requiere que tomen la iniciativa; les apoyaremos en todo, empezando por el riesgo tolerable y hasta las auditorías únicas y todas las cuestiones relacionadas con las mismas.

Quisiera añadir también unas palabras de agradecimiento al Tribunal de Cuentas –que consideramos una institución muy importante– y a las personas que allí trabajan, que han hecho un buen trabajo y en quienes continuaremos confiando los próximos años.

Tengo que decirle al Comisario que todavía nos queda trabajo pendiente y quizás deberíamos conceder prioridad a una cuestión, puesto que aún nos debe información sobre las cifras y la recuperación de fondos, que hasta ahora no hemos conseguido desentrañar. Nos parece que sería muy importante que comunicara a esta Asamblea en qué cifras podemos confiar, ya que durante las últimas seis u ocho semanas han circulado por lo menos cuatro.

En cuanto al presupuesto de esta Cámara, hemos presentado enmiendas de supresión en relación con el fondo de pensiones, no porque nos opongamos a él y queramos manifestar algo sobre el fondo de la cuestión, sino porque no queremos anticiparnos a los resultados del grupo de trabajo que hemos nombrado conjuntamente; en efecto, ¿qué sentido tendría imponer ahora limitaciones a su trabajo? Les pido, por tanto, que apoyen dichas enmiendas. Lejos de anticiparse a lo que se pueda descubrir más adelante, estas ofrecen al grupo de trabajo la oportunidad de proceder cómo le parezca adecuado.

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Señora Presidenta, debemos felicitar a nuestros ponentes, ya que para los contribuyentes es importante poder comprobar que esta Asamblea dedica considerable atención a la protección de su dinero.

Soy perfectamente consciente –y creo que esto es lo que quería decir la señora Gräßle– de que siempre resulta muy difícil distinguir cuáles son las auténticas prioridades cuando un gran número de personas tratan de decidir qué desearían que se haga, pero nuestra comisión se plantea precisamente este problema técnico como un reto. Creo que el problema se ha resuelto muy bien y continuaremos siguiendo de cerca las cuestiones que se han planteado; queremos colmar las lagunas en el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), y agradezco el apoyo de la Comisión, que ha vuelto a garantizarnos el Vicepresidente Kallas.

Quisiéramos poder comparecer ante el electorado y decirle que se ha confirmado la fiabilidad de la PAC, y nos falta poco para poder hacerlo; se ha progresado y eso nos parece muy alentador.

En segundo lugar, queremos que los Estados miembros respondan por el 80 % de ese presupuesto de 100 000 millones de euros que se gastan con su intermediación y me parece lamentable la ausencia del Consejo en el debate de hoy. Puede que sean nuestros amos y señores –actualmente procedentes de Alemania, otras veces de otros Estados miembros; no está en mi ánimo señalar a ningún país en particular–, pero se lo recordaremos la próxima vez que comparezcan ante sus votantes y hablen del horrible caos que hay en Bruselas.

No podemos esperar que nuestros contribuyentes toleren la ausencia de los Estados miembros cuando debatimos estas cuestiones y añadiría que lo mismo puede decirse de los dirigentes de esta Asamblea, puesto que ni el Secretario General ni el Presidente se encuentran en el hemiciclo, y lo digo, señora Vicepresidenta, sin ánimo de poner en duda su propia competencia. Queremos que los Estados miembros asuman su responsabilidad en el futuro.

Finalmente, señor Comisario Kallas, me ha preocupado bastante su declaración –que espero no se repita–, ya que el Tribunal de Cuentas existe para controlar y criticar a la Comisión, y no al contrario, y eso es justamente lo que sucede en un Estado organizado democráticamente.

  El Presidente. Hemos tomado nota de lo que ha dicho acerca de la ausencia de ciertas partes.

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Quisiera apoyar los puntos de vista expresados por la señora Herczog sobre las agencias y señalar que, en comparación con el año pasado, se aprecia claramente una mayor disciplina fiscal en ese ámbito.

Sin embargo, las agencias proliferan como setas después de la lluvia. Si en 1990 teníamos tres agencias, ahora, junto con las agencias ejecutivas, son 23. Salta a la vista que no existe un plan estratégico para la creación de agencias. En mayo del año pasado, la Comisión nos invitó a conocer las actividades de la Agencia Ejecutiva de la Energía Inteligente. Fue un gran ejemplo de cómo operan las agencias: a finales de año la Comisión propuso su reorganización.

Es evidente que debemos prestar más atención al problema fundamental: ¿cuántas agencias necesitamos y son estas realmente necesarias?

De momento, el proceso es poco sistemático. Los diferentes comisarios comparecen ante diferentes comisiones del Parlamento, que son responsables de determinados ámbitos, y ante la Comisión de Presupuestos. En consecuencia, resulta difícil evaluar el proceso global de creación de agencias y la necesidad de las mismas, aunque muchos aspectos del procedimiento parecen estar ya definidos.

Por eso pienso que la Comisión de Control Presupuestario, junto con todo el Parlamento, debería apoyar la iniciativa y favorecer que se alcance pronto un acuerdo entre las instituciones con respecto al funcionamiento de las agencias europeas, sus procedimientos de trabajo y su creación.

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE). – (ES) Quisiera comenzar con una pregunta procedimental. Señora Presidenta, ¿dónde está el Consejo?

Insisto, ¿dónde está el Consejo?

Estamos hablando de un presupuesto que gastan los Estados miembros en un 90 %. ¿Dónde está el Consejo? Señor Kallas, ¿dónde está el Consejo? Querido amigo Herbert Bösch, queridos medios de comunicación alemanes que nos están siguiendo, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, ¿dónde está el Consejo?, ¿por qué no está presente si estamos hablando de cómo gasta el Consejo el 90 % de nuestro presupuesto?

Queridos amigos Herbert Bösch, Markus Ferber, queridos colegas alemanes, estamos en Presidencia alemana, ¿dónde está el Consejo?, ¿por qué no está aquí el Consejo, dando la cara, escuchando todas las alusiones que estamos haciendo sobre cómo gastan los Estados miembros el presupuesto?

Yo espero que en la Comisión de Control Presupuestario, con la presidencia de Herbert Bösch, hagamos alguna iniciativa para decir que es escandaloso –si no lo dice ya la prensa– que aquí no esté presente el Consejo, alguien del Consejo, para dar la cara, para poder responder si es necesario a las alusiones que le hacemos. Desde luego yo, más directamente, no le puedo aludir.

Bueno, pasando este asunto, que es grave, este debate, año tras año, va ganando peso, y nosotros entendemos, y yo aplaudo, la comunicación del vicepresidente Siim Kallas de que ya hemos recuperado 2,1 billones de euros, precisamente de los Estados miembros, que han gastado mal y los estamos recuperando. Me encantaría saber la distribución de estos 2,1 billones de euros. Se lo hemos pedido y estamos seguros de que, dentro de la iniciativa de transparencia que él está liderando y que este Parlamento apoyará, podamos conocer los detalles.

Esta es, tal vez, la forma de que el Consejo entre en razón. Que lo que no gasta bien vuelva a las arcas comunitarias; y, por eso, aplaudo con las dos manos la iniciativa de Siim Kallas de ser especialmente duro, honesto y fuerte en la recuperación de los fondos mal gastados.

  El Presidente. Para que no haya dudas, y como varios oradores han planteado la cuestión, está muy claro que el orden del día se establece con la participación del Consejo. Es libre de estar presente; está claro que ha decidido no acudir. Se tomará nota de ello y ha quedado claramente señalado.

  Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) La aprobación de la gestión para 2005 representa uno de los hitos importantes de las reformas que inició hace tres años la Comisión de Control Presupuestario. Uno de sus objetivos era simplificar el procedimiento, lo cual, además de ser acogido con satisfacción por todos los participantes, también se puede poner en práctica de inmediato.

Ha resultado, en cambio, mucho más difícil y complejo cumplir el objetivo, que compartimos con el Comisario Siim Kallas, de garantizar una declaración de fiabilidad positiva para 2009, que permita anticiparse a las críticas, con frecuencia infundadas. Para que el Tribunal de Cuentas Europeo emita un certificado sin reservas, es necesario contar con las declaraciones de los Estados miembros que certifiquen la utilización de un 80 % de los fondos. Hasta la fecha, los Gobiernos de los Estados miembros han eludido hacerlo. El año pasado también conseguimos alcanzar un acuerdo interinstitucional al respecto, donde se suscribía la necesidad de una declaración positiva, y las oficinas nacionales de auditoría están dispuestas a colaborar con el Tribunal de Cuentas Europeo. Todo ello fue posible gracias a la participación de los Parlamentos nacionales, que nos permitió contar con los fundamentos políticos necesarios.

  James Elles (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, quisiera felicitar a los ponentes de este debate particular, especialmente al señor Garriga Polledo, por el informe sobre la aprobación de la gestión de la Comisión, en el que quisiera centrar la mayoría de mis comentarios.

Señor Comisario, creo que en el Parlamento y en este debate notamos que en la Comisión del señor Barroso se ha realizado un auténtico progreso para poder garantizar que se rinda cuentas como es debido ante los ciudadanos europeos con respecto a los fondos. Sin embargo, sabemos por el informe del Tribunal de Cuentas que, aunque las transacciones subyacentes fueron legales y regulares, en algunas partes del presupuesto hay errores materiales que aún permanecen en elementos de los programas operativos, por lo que no emite una declaración de fiabilidad para el duodécimo año consecutivo, cosa que, como creo que subrayamos todos, es totalmente inaceptable. La pregunta es, ¿cómo conseguirlo?

De acuerdo con los Tratados, la Comisión estipula que la Comisión es responsable de la gestión del presupuesto, pero sabemos que el 80 % del mismo, como han dicho otros colegas, es gestionado por los Estados miembros. Es lógico que no se emita ninguna declaración de fiabilidad hasta que los Estados miembros presenten sus declaraciones nacionales. Acojo con satisfacción que la Presidencia del Consejo acuda por lo menos al final de nuestro debate, porque se refiere a la Presidencia y a su responsabilidad de permitir que se hagan las declaraciones nacionales.

Evidentemente, en el acuerdo interinstitucional hemos avanzado algo al pedir a los Estados miembros que presenten declaraciones nacionales. Estoy de acuerdo con nuestro ponente en que necesitamos la propuesta de la Comisión para animar a los Estados miembros a hacerlo, pero uno tiene la sensación de que a los Estados miembros no les preocupa el dinero de la UE gastado en sus países porque dicen que no es suyo. ¡Por supuesto que lo es! Es dinero de los contribuyentes y hay que rendir cuentas como es debido de ese dinero.

Llego así a la conclusión, viendo el excelente informe del señor Garriga Polledo, de que si hay una conferencia intergubernamental este año, tenemos que hacer que sea legalmente vinculante para todos los Estados miembros presentar declaraciones de gestión nacionales, porque claramente el fundamento legal en esta fase es insuficiente y algunos Estados miembros quieren librarse simplemente de él y decir que no se preocupan porque no les afecta. Pero afecta a todo el mundo.

  El Presidente. Aunque tomamos nota con satisfacción de la presencia de representantes del Consejo, me dicen que en realidad vienen para el próximo debate.

  Markus Ferber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, quisiera empezar por agradecer a los ponentes el espléndido trabajo que han realizado. Quizás la Ministra de Sanidad aporte su granito de arena en nombre del Consejo a una mayor transparencia de los controles presupuestarios ya que está trabajando duramente con ese fin en el sector de la sanidad, lo cual tal vez pueda servirnos de ejemplo.

En Alemania decimos que cuando se sale a cabalgar hay que dejar limpio el establo y con ello quiero señalar que el 80 % de los fondos los gestionan los Estados miembros, pero si releemos los grandes titulares de los últimos años, o incluso de los meses recientes, sobre la política de edificios de la Comisión y sobre ciertas estructuras que no han contribuido nada a que unos procedimientos transparentes sean la norma en la concesión de contratos, salta a la vista que tenemos que examinar con sumo cuidado el 20 % que gestiona la Comisión.

La Comisión y los Estados miembros se pasan la patata caliente entre ellos y eso no conduce a ninguna parte; cada uno tiene su propia responsabilidad. También en la Comisión es necesario un esfuerzo importante para desmantelar ese tipo de estructuras; todavía recuerdo claramente todas lo que nos prometió la Comisión, aquí, en esta Cámara, en 1999, en el contexto de la dimisión de la Comisión del momento.

Por lo que respecta a la transparencia, a veces no tengo ni idea de qué aspectos de este debate tienen sentido y cuáles no, y espero que alguien pueda explicármelo.

Con respecto al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), quisiera decirle al señor Bösch que en mi propio país, la incidencia del fraude –que en realidad no tiene nada que ver con el fraude, sino que más bien se trata de una incidencia de errores, debido a que no se cumplimentan bien las peticiones, pero sin intención delictiva– es del 0,9 %. Cuando veo la cantidad de esfuerzo administrativo que se requiere para reducirla del 0,9 % al 0,5 %, a veces me preocupa que los costes de la burocracia que esto genera sean mucho mayores que lo que podamos ahorrar en beneficio de los contribuyentes y es preciso encontrar un punto de equilibrio si queremos avanzar por buen camino.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, Señorías, solo tengo unos breves comentarios que hacer.

En primer lugar, gracias a todos por sus observaciones. Con respecto a algunas cuestiones menores, como el traslado de agentes, investigaremos o estudiaremos el caso planteado acerca de la integración de las cuestiones de género. Se está llevando a cabo un estudio piloto y es difícil recoger información sobre políticas relacionadas con las cuestiones de género.

Quisiera subrayar también que el diálogo interinstitucional relativo a las agencias es extremadamente valioso, si el Parlamento está a favor de esta idea. La Comisión ha propuesto un acuerdo interinstitucional sobre las agencias en 2005, que está bloqueado en el Consejo. Ahora, durante la Presidencia alemana, ustedes han intentado revitalizar el interés por este acuerdo. Esto es fundamental si realmente queremos resolver esta cuestión.

Con respecto a algunos detalles pequeños, un diputado ha preguntado por la magnitud de las pérdidas del presupuesto europeo. Simplemente quiero repetir que, en términos contables precisos, las pérdidas son esas cantidades de dinero que se amortizan en nuestro balance. En el año 2005, el importe fue de 90 805 147,47 euros, lo que supone el 0,09 % de nuestro presupuesto. Esa es la cifra exacta correspondiente a la definición de pérdidas.

Debo decir también al señor Seppänen que las cuentas para 2006 ya habían sido firmadas por nuestro contable jefe. Esas agencias son un asunto importante. En segundo lugar, las declaraciones nacionales han sido la cuestión principal que han mencionado muchos oradores, diciendo que hay problemas con la gestión compartida de los fondos de la Unión Europea. La redacción del acuerdo interinstitucional se incluyó en el reglamento financiero revisado. La letra b del artículo 53 dice que los Estados miembros deben presentar un resumen anual al nivel nacional apropiado de las auditorías y declaraciones disponibles. Se ha acordado con el Consejo que el 15 de febrero de 2008 estaría disponible un resumen de las auditorías de agricultura. Los aspectos técnicos de la repetición de esto en otros ámbitos, en particular en relación con los Fondos Estructurales, todavía están discutiéndose, pero está claro que habrá resultados contrastados.

La Comisión planteó esta cuestión el 27 de marzo en el ECOFIN y ayer se discutió en el Comité Financiero del Consejo. Hemos estado en contacto con la Presidencia alemana y con el Ministro alemán de Finanzas para volver a discutir en junio cómo podemos llegar a un resultado definitivo sobre la cuestión de la gestión compartida. El principal problema, visible en todas estas discusiones, es que hay que hacerlo de manera que sea demostrable ante el Tribunal de Cuentas. Podría producirse una gran tensión si el Tribunal de Cuentas dijera: «Nos pueden aportar su declaración nacional, pero eso no significa nada. Seguiremos haciendo nuestros controles y auditorías y evaluaremos la situación». Tiene que haber una solución factible.

Desde el principio, la Comisión ha apoyado la idea de una gestión compartida. Estamos trabajando con instituciones nacionales de auditoría para implicarlas en este proceso, pero también tiene que estar muy claro para el Tribunal de Cuentas. Este sigue adelante. Cinco países ya han declarado su disposición a emitir declaraciones nacionales. Cuando comparo las reuniones del Consejo a las que asistía al comienzo de esta Comisión con la situación de hoy, que es completamente diferente, veo un gran salto adelante.

Quisiera hacer una última observación sobre una cuestión planteada por algunos diputados. Sí, habrá una conferencia intergubernamental. A nuestro juicio se están haciendo preparativos muy intensivos para esta conferencia intergubernamental. Esta es una situación en la que también nosotros podemos hacer una contribución sobre esta cuestión de la aprobación de gestión, quizás desde el ángulo al que se refería el señor Elles, o en términos de la redacción de la declaración de fiabilidad. En cualquier caso, algo se puede hacer. Si también el Parlamento expresa su gran interés por estas posibles enmiendas, ayudará definitivamente a allanar el camino a una declaración de fiabilidad positiva.

  Bart Staes (Verts/ALE), ponente. – (NL) Señora Presidenta, mi intervención se refiere más bien a una cuestión de orden, de conformidad con el artículo 165. Varios oradores han preguntado por qué la Presidencia alemana, que llegó al final de este debate –supongo que se dirigirá a esta Cámara en el próximo–, estaba ausente.

Quisiera preguntarle muy expresamente a la Presidencia alemana por los motivos de que no haya participado en el debate sobre la aprobación de la gestión. Es un debate importante, habida cuenta de que estamos hablando del 80 % de los recursos gastados por la Comisión y los Estados miembros, como ya han señalado varios oradores. Me resisto a recomendar a mi Grupo la aprobación de la gestión del Consejo si no me dan una buena razón. En ese caso, preferiría votar en contra de la aprobación de la gestión del Consejo, de manera que podamos volver a celebrar este debate dentro de seis meses.

  El Presidente. Gracias, señor Staes. Los representantes del Consejo que están ahora presentes con nosotros son del Ministerio de Sanidad alemán y creo que sería injusto pedirles que contestaran a esta cuestión.

A la vista del tenor de varios discursos, he dejado muy claro que estamos insatisfechos con la ausencia y vamos a insistir en ello. No voy a pedir al representante presente que responda específicamente, pero se ha tomado nota de la observación como es debido.

El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar hoy a mediodía.

5. Lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009 (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A6-0091/2007) del señor Andrejevs, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 20062009 (2006/2232(INI).

  Georgs Andrejevs (ALDE), ponente. – (EN) Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a la Presidenta en ejercicio por sus palabras alentadoras pronunciadas en Bremen –y espero que también aquí durante nuestro debate de hoy– y por reafirmar su voluntad de luchar contra el VIH/sida. Tal como señaló la Canciller Federal, la señora Merkel, en su discurso de apertura en la conferencia de Bremen, la lucha contra el VIH/sida es responsabilidad de todos los Estados miembros. Creo firmemente que cada uno Gobierno nacional debería seguir el ejemplo de Alemania y asumir su plena responsabilidad política poniendo la lucha contra el VIH/sida en su lista de prioridades políticas principales.

Hoy se pide al Parlamento que vote sobre mi informe sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009, que contiene propuestas muy importantes sobre cómo combatir la enfermedad. Varios colegas han participado en la elaboración de esta versión consolidada final y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos mis colegas que han contribuido a este informe como ponentes alternativos o presentando enmiendas. Su contribución ha sido muy útil y se agradece mucho.

Como saben, después de la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, los Grupos políticos han presentado varias enmiendas nuevas para someterlas a votación en la sesión de hoy. La mayoría de esas enmiendas cuentan con mi apoyo. Sin embargo, podría no estar de acuerdo con algunas. Si sale aprobada, una de las enmiendas prolongaría en realidad la situación actual en la que dos Estados miembros de la Unión Europea no facilitan datos a los organismos supervisores de la Unión Europea relativos al VIH/sida, especialmente al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Por eso, en mi informe insto a los organismos responsables de esos dos Estados miembros a que empiecen a facilitar datos. Todos los demás 25 Estados miembros facilitan sus datos nacionales anónimamente, lo que no contraviene la protección de los datos personales.

Quiero llamar su atención y pedir su apoyo a la enmienda 4, presentada por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, relativa a la igualdad de acceso a los medicamentos en la Unión Europea. Permítanme explicar brevemente los motivos para presentar esta enmienda. Como ya se señala en el informe, el acceso al tratamiento y los fármacos contra el retrovirus es diferente y varía entre los Estados miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo, permítanme recordarles que el artículo 300 del Tratado CE establece el fundamento jurídico para que la Comisión pueda llevar a cabo negociaciones en nombre de todos los Estados miembros si el Consejo autoriza a la Comisión a hacerlo. En este caso, si el Parlamento Europeo y el Consejo votan a favor de esta propuesta, el alcance y la duración del mandato de la Comisión se limitarían exclusivamente a estas negociaciones concretas, a saber, al libre acceso a medicamentos antirretrovirales. El resultado de negociar en nombre de 27 Estados miembros podría ser beneficioso para todos y facilitar a todos los ciudadanos de la Unión Europea el acceso libre a estos medicamentos.

Para concluir, quisiera dar las gracias una vez más a todos mis colegas que han contribuido al trabajo hecho en torno a este informe. El combate contra esta pandemia proseguirá después de la votación de hoy: continuará sobre el terreno. Por ello, quisiera pedir a todos los Gobiernos nacionales y a la Comisión que apoyen a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales y a la sociedad en su conjunto en la lucha contra el VIH/sida. Pido que se les autorice a conceder los recursos financieros necesarios para fortalecer a los que luchan contra esta epidemia en primera línea. No hay que subestimar el papel de la sociedad civil en esta lucha y tenemos que garantizar nuestro pleno apoyo político.

PRESIDENCIA DEL SR. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

  Ulla Schmidt, Presidenta en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, Señorías, les agradezco que me ofrezcan la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes y también agradezco al señor Andrejevs la presentación de su informe, que deja claro que el VIH/sida sigue siendo una enfermedad peligrosa, que también afecta a nuestro propio continente europeo, aunque a menudo la asociemos, con razón, a África.

En algunas zonas de nuestro continente, la infección se está propagando actualmente con mayor rapidez que en otras partes del mundo y está aumentando, lamentablemente, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, debemos asumir este problema como propio, pues el VIH/sida es más que un problema sanitario; también guarda relación con el desarrollo económico y social de los Estados a los que afecta.

Por eso, estoy muy satisfecha de haber conseguido que más de 41 Estados europeos, incluidos algunos de nuestros vecinos, estuvieran representados en la Conferencia de Bremen por ministros o ministros en ejercicio, de haber logrado dejar patente la importancia de la alianza entre los Gobiernos y la sociedad civil en la lucha contra el VIH/sida y de que también quedara claro que el VIH/sida se tiene que considerar como un problema de primer orden. Estoy muy agradecida a la Canciller federal alemana por sus claras declaraciones y también por la inclusión de la Conferencia y sus conclusiones no solo en el orden del día del Consejo de Ministros de Sanidad, sino también en el de la Cumbre de junio.

El mayor logro de la Declaración de Bremen fue establecer, en cuatro puntos centrales y con un lenguaje claro, cuáles deben ser nuestras prioridades y estas coinciden en gran medida con lo que usted expone en su informe y en su exposición de motivos.

Todas nuestras estrategias deben dar prioridad a la prevención, porque no se dispone de medicamentos ni vacunas que permitan evitar el contagio del VIH/sida.

Es absolutamente fundamental que se reconozcan, se respeten y se promuevan los derechos humanos de las personas que han contraído la enfermedad, incluido su derecho a ser protegidas de la discriminación y contra la estigmatización.

Debe garantizarse el acceso general al diagnóstico y al tratamiento; se acaba de plantear si será posible negociar los precios de los medicamentos. Un avance conseguido en Bremen es que la industria farmacéutica ha dejado claro que una buena atención requiere necesariamente medicamentos asequibles y ha manifestado su voluntad de sumarse a los esfuerzos de la Comisión, de esta Asamblea y de los Estados miembros para encontrar la manera de que cada Estado miembro pueda negociar los precios y garantizar, así, el acceso al tratamiento y a las inyecciones a un precio asequible. Sin duda es un gran progreso.

También se requiere un compromiso mayor y renovado a favor de la investigación y el desarrollo, con una mayor imbricación de los servicios en Europa y mayor inversión en vacunas y microbicidas.

Creo que la Conferencia nos ha permitido avanzar bastante y me alegraría mucho que nuestros Estados miembros, junto con el Parlamento y la Comisión, situaran esta cuestión en los primeros lugares de sus agendas y dejaran claro, así, que el sida es un problema que nos afecta a todos. No es solo un problema para nuestros Estados vecinos, sino un problema para Europa; guarda mucha relación con nuestro desarrollo económico y social, y también con que consigamos ofrecer o no un valor añadido a los ciudadanos.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Andrejevs, y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por su excelente trabajo en la elaboración de este informe. Quisiera dar las gracias también a las otras dos comisiones, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, por sus contribuciones en torno a esta importante cuestión.

Permítame decir también lo feliz que me hace que la señora Schmidt, la Ministra de Sanidad alemana, esté hoy aquí. Es la primera vez en mis tres años como Comisario que mi homólogo del Consejo asiste a este debate en el Pleno. Estoy muy contento porque demuestra la importancia de que las tres instituciones cooperen muy estrechamente, con firmeza y eficacia, para hacer frente a esta enfermedad.

El VIH/sida, ¿es un problema olvidado o es una enfermedad escondida? ¿Pensamos que si no hablamos de él, desaparecerá? Bueno, parece que no funciona así. Entonces, la pregunta es: ¿nos hemos dormido en los laureles? ¿Damos por hecho que hemos superado este problema, que no se necesita ninguna acción o que es un problema para otros, para determinados grupos de riesgo? ¿Que por tanto son ellos los que deben enfrentarse a él, mientras que nosotros no tenemos que preocuparnos? Puede que así pensara la gente en el pasado, pero me satisface que hoy ya no sea este el caso. Ahora sabemos que se trata de un problema para la sociedad en su conjunto. Quizás la sociedad esté pagando ahora nuestra complacencia del pasado y sea ahora el momento de adoptar nuevas medidas efectivas para tratar este problema.

La mayoría de ustedes conocen mi frustración de que en la Unión Europea, donde tenemos el nivel de educación más alto del mundo, el nivel de asistencia sanitaria más alto y el nivel de vida más alto, las personas todavía se mueran por haber elegido el estilo de vida equivocado. Nuestros esfuerzos por garantizar la prevención pretenden abordar este problema. Para mí es frustrante, e incluso penoso, que 20 o 25 años después tengamos que seguir discutiendo las mismas cuestiones relativas al VIH/sida. Tenemos que seguir discutiendo las mismas medidas que hay que adoptar, medidas que ya deberían ser normales y rutinarias en la Unión Europea. Seguimos teniendo que explicar que el simple uso de condones es el modo más efectivo de protegernos. Es la pura verdad. Debemos explicar también que todo el mundo está en riesgo; no podemos empezar a decir a algunos grupos que es su problema y que los que no están en el grupo de riesgo no tienen que preocuparse. Tenemos que seguir señalando que las simples medidas preventivas protegen.

Los resultados de la encuesta del Eurobarómetro han sido, como saben, espantosos. Un alto porcentaje de personas en la Unión Europea siguen creyendo que pueden infectarse con el VIH/sida besando a otra persona en la boca, bebiendo del mismo vaso o usando el mismo retrete. Es penoso que 25 años después se siga sin saber más que eso. O peor todavía, que ocuparse de los pacientes infectados por el VIH podría infectar realmente al trabajador sanitario.

Creo que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Ahora tenemos un problema para la población general, especialmente los jóvenes y las mujeres. Gran número de jóvenes han pasado a ser sexualmente activos una vez finalizadas las campañas de la década de los ochenta. Vimos una enorme oleada de campañas con famosos –actores, jefes de Gobierno y cantantes– que llamaba la atención sobre este problema y ayudaba a centrarse en cómo tratarlo. Por desgracia, esto se ha parado. Pensamos que teníamos el asunto controlado, pero no era así. Las nuevas generaciones crecen sin saberlo. Por ello estoy muy agradecido a la Presidencia alemana y a la Ministra de Sanidad, así como a la Canciller, por volver a prestar atención a esta enfermedad y a las maneras sencillas con las que podemos protegernos.

Al mismo tiempo, es extremadamente importante invertir en investigación, y la Comisión lo hace. Es muy importante invertir en medicina –no repetiré lo que ya se ha dicho– y garantizar el acceso a medicamentos antirretrovirales asequibles y eficaces. Estas son medidas importantes que podemos adoptar. Para nosotros es una prioridad fundamental y, como he dicho, me complace mucho que el Consejo y la Presidencia alemana, como también el Parlamento, lo vean del mismo modo.

Reanudaremos e intensificaremos nuestras campañas para educar a los jóvenes. Fomentaremos nuevamente el uso de condones. Continuaremos la investigación sobre medidas preventivas y medicamentos. Esto estará relacionado con el género, porque somos conscientes de que hay aspectos que difieren entre los hombres y las mujeres y adaptaremos nuestra investigación y nuestros esfuerzos para tener en cuenta esta realidad. He apuntado el apartado del informe y estoy de acuerdo en que, en la Comisión, tenemos que asegurar la cooperación entre nosotros, entre los distintos departamentos responsables de áreas concretas, al mismo tiempo que también enfocamos el asunto como un problema global. Sabemos que afecta a los países vecinos, pero también a los países en vías de desarrollo, y tenemos la responsabilidad de trabajar también con ellos.

Quisiera elogiar al ponente y al Parlamento por el informe. Aborda realmente todas las cuestiones importantes. Trabajaremos sobre esas cuestiones. En algunos casos, como la cooperación interdepartamental en la Comisión, ya lo hacíamos. También actuaremos mediante financiación y programas. Por ejemplo, en 2007 trabajaremos en el desarrollo de mejores prácticas para abordar el comportamiento sexual de riesgo entre los jóvenes y la prevención del VIH/sida en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y en el desarrollo de programas de formación para que el personal y las ONG mejoren el tratamiento y la asistencia a las personas que viven con el VIH/sida.

Para nosotros es una prioridad fundamental. No es simplemente una política o una estrategia. Es una cuestión de obligación moral. Creo que el sistema en su conjunto ha fallado a nuestros ciudadanos durante los últimos 20 años y ha llegado el momento de reanudar nuestros esfuerzos y corregir nuestros errores.

  El Presidente. – Muchas gracias, señor Comisario, por su intervención, llena de sentimiento y de compromiso y también llena de coincidencias con lo que son la preocupación y las exigencias del Parlamento.

  Zita Gurmai (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (HU) El VIH/sida, una de las enfermedades más peligrosas en la actualidad, no conoce fronteras. En los dos últimos años, el número de jóvenes y mujeres infectadas con el VIH ha aumentado en todas las zonas del mundo, y con especial rapidez en la Europa oriental, Asia y América Latina. La adopción de medidas contra la epidemia no se puede limitar, por lo tanto, al territorio de la Unión Europea, sino que requiere urgentemente una colaboración a escala mundial. En 2005 hubo cerca de 5 millones de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo y las enfermedades relacionadas con el sida se cobraron la vida de 3 millones de personas. De las cuales alrededor de medio millón eran niños.

El otro grupo con un riesgo creciente es el de las mujeres, pues cada vez son más numerosas las que se contagian con el virus del VIH sin saberlo y pasan a ser portadoras que pueden transmitir el virus a sus hijos. Una estrategia contra el VIH/sida debería incluir la protección de las mujeres y los niños como su componente más importante. Los instrumentos más eficaces en esta lucha son la prevención, la información, las herramientas de formación de la población y un mayor uso creciente de los canales de comunicación más adecuados, la recogida de datos, la investigación y la detección y el tratamiento precoces; debemos garantizar una atención sanitaria de alta calidad y no excluyente, con independencia de la edad y el sexo de la persona.

  Antonios Trakatellis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, para curar el VIH/sida en la Unión Europea y en los países vecinos necesitamos una estrategia integrada que promueva la prevención a escala comunitaria y también en dichos países, pero diría que asimismo a escala mundial.

El número de personas infectadas por el sida aumenta constantemente, así como el de quienes viven con él, y a diario se registran 12 000 nuevos contagios en el mundo. No existe ninguna vacuna que prevenga la enfermedad, y ningún tratamiento terapéutico ha tenido éxito hasta ahora.

De acuerdo con la antigua máxima de Hipócrates, «más vale prevenir que curar», una estrategia integrada consistiría en promover una prevención efectiva. Esta se puede conseguir –como ha mencionado el Comisario– mediante la concienciación de la población, que permitiría adoptar todas las medidas preventivas necesarias.

Además, tenemos que dar algunos pasos para eliminar los prejuicios relativos a esta enfermedad concreta. Las personas infectadas se enfrentan constantemente con la intolerancia y la discriminación. Desde luego, al mismo tiempo, junto con los esfuerzos de prevención, debemos impulsar los campos de la investigación y la innovación que nos permitirán disponer de nuevas medicaciones y posibles vacunas.

Para terminar, quisiera dar las gracias al ponente, señor Andrejevs, por el trabajo excepcional que ha realizado. Hemos mantenido una colaboración excepcional, que le agradezco. Creo que el informe nos permitirá elaborar una estrategia extraordinaria para la prevención, tanto en la Unión Europea como a escala mundial.

  Dorette Corbey, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, la tragedia del sida continúa, no solo en los países en desarrollo, sino también en Europa, no solo entre los homosexuales y los consumidores de drogas, sino también entre los heterosexuales y entre quienes practican la abstinencia total; por consiguiente, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a nuestro ponente. El señor Andrejevs, que ha trabajado con gran dedicación, ha elaborado un buen informe.

Nuestro Grupo debe hacer todo lo posible para acabar con la epidemia del sida, y tenemos que invertir con ese objetivo en mente. En primer lugar, debemos invertir en las personas, en las mujeres. Tenemos que tomarnos en serio la prevención. Tenemos que tomarnos en serio la realidad de las mujeres, de los jóvenes, de las trabajadoras sexuales y de los consumidores de drogas y tenemos que partir de esa realidad. Es esencial que en las escuelas y los hospitales se ofrezca una buena información, que trate con respeto las decisiones morales de las personas y que también debería incluir información sobre todas las enfermedades de transmisión sexual, ya que aumentan la vulnerabilidad al sida.

En segundo lugar, tenemos que invertir en nuevos productos, en microbicidas, en productos que permitan a las mujeres protegerse contra el sida, en medicamentos y vacunas, y en medicamentos más compatibles con la protección del medio ambiente. Los preservativos para hombres y mujeres deben ser mucho más accesibles.

En tercer lugar, necesitamos invertir en innovación política. Tenemos que superar sin demora los obstáculos existentes. Los medicamentos y las vacunas a menudo no están al alcance de los grupos que más los necesitan. Los motivos son los altos costes de desarrollo de los medicamentos y el plazo de recuperación relativamente breve, como resultado de lo cual los nuevos medicamentos tienen un precio prohibitivo. Tenemos hacer frente a estos problemas y asumir la consiguiente responsabilidad pública. Hay caminos para superar esta situación; por ejemplo, más acuerdos de cooperación público-privada para desarrollar medicamentos y vacunas contra el sida, lo cual podría reducir un poco su coste, a la vez que también debemos emplear todos los medios a nuestro alcance para invalidar las patentes en aras del interés público, cosa que facilitan los acuerdos sobre los ADPIC.

Finalmente, para poder disponer de los medicamentos esenciales para combatir el sida es necesario negociar mejor con la industria farmacéutica, aspecto en el que la Comisión puede desempeñar un papel fundamental y apoyo sinceramente la enmienda del ponente con este fin.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, felicidades al profesor Andrejevs por su excelente informe. El sida es una grave amenaza para la salud mundial y, por extraño que parezca, lo es cada vez más a medida que mejora el tratamiento de los que lo sufren, porque con un tratamiento mejor, mejora también la supervivencia de los pacientes y, por tanto, aumenta el potencial de infectividad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para insistir en un único aspecto: la infección causada por la utilización de jeringuillas infectadas entre los consumidores de drogas. Muchos miles de personas se infectan todos los años de esta forma. El problema podría atajarse fácilmente al menos en algunos Estados miembros de la UE si los Gobiernos entendieran el simple hecho de que la drogadicción es una enfermedad, no un delito penal, y que, por tanto, es preciso adoptar las medidas oportunas para que los drogodependientes reciban jeringuillas limpias y desinfectadas y las utilicen en el tratamiento de su enfermedad. Eso debe hacerse bajo la debida vigilancia y supervisión médicas y sin la participación de la policía ni de las autoridades judiciales. Espero que, con el tiempo, los Gobiernos utilicen el sentido común médico, y no una estrategia de acoso policial, para tratar a los enfermos de drogadicción.

Tengo interés en escuchar los comentarios del Comisario y de la Ministra sobre esta cuestión.

  Bogusław Rogalski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, es una satisfacción para mí intervenir ante esta Asamblea en el importante debate sobre uno de los problemas y amenazas más graves de los tiempos modernos: la lucha contra el VIH y el sida.

El mundo parece haberse vuelto bastante indiferente con respecto a la cuestión del VIH/sida, y no está prestando suficiente atención al problema, ni invirtiendo lo suficiente en relación con la gravedad y extensión de la amenaza. La realidad contrasta fuertemente con ello: casi 40 millones de personas tienen el virus del VIH en todo el mundo y más del 95 % viven en países en vías de desarrollo. Esto nos debería inducir a aumentar la ayuda a esos países. Lo alarmante es que más de la mitad de los nuevos casos de VIH corresponden a menores de 25 años. Los casos están aumentando a un ritmo alarmante en la Unión Europea y países vecinos. Tenemos que recordar también que las personas más expuestas al contagio del VIH son los drogadictos, los emigrantes y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Todos estos grupos requieren atención y ayuda especiales. Por eso es tan importante que todas las instituciones y organizaciones promuevan estilos de vida más seguros y que la prevención de riesgos incluya de manera habitual la lucha contra el VIH en sus programas. También es importante que la Comisión haga uso de su política de vecindad para prestar apoyo a las zonas en situación de riesgo de los países vecinos de la Unión Europea, con especial atención al enclave de Kaliningrado, donde la amenaza también está aumentando de manera alarmante. No obstante, deberíamos centrarnos sobre todo en desarrollar campañas de información claras sobre la infección del VIH, ya que constituyen el medio más importante para detener esta plaga moderna. Una vez más, quisiera subrayar que solo la prevención del contagio del VIH y la educación, especialmente entre los jóvenes, ayudará a evitar una epidemia a escala mundial.

  Umberto Guidoni, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos muy lejos de haber derrotado el sida. El número de infecciones sigue aumentando y adquiere dimensiones de epidemia mundial. Lo más preocupante es que la mitad de los nuevos casos afectan a personas de menos de 25 años.

En Europa, más del 50 % de la población está convencida de que puede contraer el sida a través de un beso. Por ello, es preciso lanzar campañas de comunicación que utilicen un lenguaje científicamente correcto, que informen con claridad a la población sobre la prevención, los mecanismos de protección y los comportamientos de riesgo.

Hay que combatir cualquier forma de guetoización elaborando políticas y programas que fomenten la integración social y la entrada en el mercado de trabajo de las personas afectadas por el virus. Además, es preciso aportar financiación pública para promover actividades de investigación y desarrollo centradas en las exigencias de salud pública, garantizando el acceso a los resultados de la investigación a todos los pacientes, incluidos los más pobres.

Los fármacos necesarios para salvar millones de vidas no pueden considerarse mercancías normales reguladas por las leyes de mercado. Como afirma el informe, hay que garantizar a todo ser humano el derecho a la asistencia sanitaria, a prestaciones médicas y al acceso a los medicamentos.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Quisiera empezar por dar las gracias al ponente por su detallado informe, que abarca todos los aspectos de la lucha contra esta insidiosa enfermedad. Es lamentable que EuroHIV no disponga de datos nacionales sobre España e Italia, a pesar de que la agencia los considera los dos países con mayor incidencia de la epidemia y de que el número estimado de personas infectadas con el virus es casi tres veces superior a la cifra oficial en algunos países de la Unión. Por ejemplo, se estima que Eslovaquia tiene diez veces más pacientes infectados de lo que indican las estadísticas oficiales.

Es comprensible que resulte difícil obtener datos estadísticos exactos, ya que también hay pacientes que rechazan el tratamiento y permanecen fuera de la vista de los médicos. La legislación no resuelve este problema y, a pesar del riesgo de contagio, nadie puede obligar a una persona a recibir tratamiento. Muchas veces incluso resulta difícil determinar la fuente del contagio. En el caso de la sífilis, la identificación de una persona infectada es un asunto sencillo. Con el VIH, se tarda mucho. Apoyo al Comisario Kyprianou cuando destaca las dificultades de la investigación, y también en sus esfuerzos para garantizar que se facilite el tratamiento con arreglo al Séptimo Programa Marco.

  Michael Cashman (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. – (EN) Señor Presidente, antes de nada felicito al ponente por el trabajo que ha realizado con este informe de extrema importancia.

Permítanme decir primero que, por supuesto, el sida y el VIH no tienen prejuicios. Afectan a cualquiera que se vuelva vulnerable, ya sea por el uso de sangre mal tratada que a menudo está contaminada y se emplea en transfusiones, por practicar sexo inseguro o por utilizar mal las jeringuillas, para citar solo algunos ejemplos.

Pero lo que debe preocuparnos es la manera de prevenir la transmisión. Creo que la información y la educación son aspectos prioritarios. Tenemos que informar a las personas de cómo pueden protegerse a sí mismas. Tenemos que informarles de sus derechos y del acceso a medicamentos. Al mismo tiempo, tenemos que iniciar todo un proceso de concienciación de las comunidades y las personas que piensan que no corren ningún riesgo o que no se verán afectadas por el sida y el VIH.

Cuando analizamos la situación en África en particular, donde esta enfermedad hace estragos en millones y millones de vidas, y luego pensamos en Europa, donde cada vez más jóvenes se están infectando con el VIH, tenemos que considerar no solo la accesibilidad del tratamiento, sino también su coste. Tenemos que hacer todo lo posible por reducir el coste de ese tratamiento y ponerlo a disposición de todos.

A los que dicen que el uso de preservativos no es eficaz para prevenir la transmisión del virus del sida les digo que hacen un gran daño y que, de hecho, sus declaraciones cuestan vidas. Los preservativos sí que funcionan. El intercambio de jeringuillas sí que funciona. Las buenas prácticas sí que funcionan y salvan vidas. ¿Y los que promueven la abstinencia? Bueno, si la abstinencia puede tener cabida en las relaciones sexuales, por supuesto que funcionará. Pero ¿qué ocurre cuando la abstinencia no es una opción? La niña de 14 años violada en una carretera en África: ¿tiene alguna opción? No. No tiene ninguna. Y por eso la educación y las campañas de concienciación y lucha contra la discriminación que arruina las vidas de las personas que viven con sida y VIH son tan importantes.

Por último, aunque no creo que se la cite con frecuencia en esta Cámara, hoy quiero citar a Madonna, la estrella del pop. Una vez dijo que salir del armario y declarar la sexualidad de uno es un acto de heroísmo. Salir del armario y decir que se es portador del VIH y afrontar la discriminación y el rechazo que se sufrirá a partir de ese momento significa convertirse en un luchador: un luchador porque habrá que librar las batallas que no se desea que tenga que librar de nuevo otra generación.

Apoyo el informe y pido a la Cámara que lo apoye.

  Åsa Westlund (PSE). – (SV) Señor Presidente, según los datos oficiales, más de 215 000 personas de la Unión Europea se infectaron con el VIH entre 1998 y 2005. En Europa, se infectaron casi 650 000 personas, muchas de ellas menores de 25 años.

De algún modo, esto me entristece y me desanima profundamente. También me indigna mucho porque, como ha dicho antes el señor Kyprianou, es algo que no tenía por qué haber sucedido. Esas personas podrían haber evitado el contagio. Por eso me alegra mucho que hoy celebremos este debate. Estoy muy satisfecha con el informe que vamos a votar y me complace que la Comisión y el Consejo hayan manifestado su voluntad de dar prioridad a estas cuestiones.

El hecho es que hay que actuar frente a la evidente ignorancia que existe con respecto a las formas de contagio del VIH y del sida. Lo cual indica que tenemos que concentrarnos todavía más en facilitar información y fomentar que se hable con franqueza de la sexualidad en general. Tenemos que atrevernos a hablar de la igualdad de género y la libertad de decisión en materia sexual. El hecho de que el VIH afecte sobre todo a los grupos más vulnerables de la sociedad y la propagación de la infección indican que tenemos que incorporar nuevas formas de trabajo si queremos llegar realmente a todos los grupos sociales. El hecho de que los afectados sean grupos vulnerables también plantea algunos retos muy difíciles para nuestra labor de prevención de la estigmatización de las personas con VIH. Es necesario dar una gran prioridad a esta cuestión.

También es una gran satisfacción que el informe haga hincapié en el apoyo al Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Es una tarea muy importante, que espero podamos apoyar más. Me complace asimismo que el informe y varias de las enmiendas indiquen la importancia de combatir paralelamente la tuberculosis y el VIH. Agradezco el trabajo que nos hemos comprometido a realizar conjuntamente para combatir esta propagación totalmente innecesaria de la infección.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, la importancia del debate de hoy sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y sus países vecinos responde al hecho de que incluso en esta Asamblea a veces nos olvidamos de lo que significa.

El VIH/sida sigue siendo una amenaza, no solo en los países africanos, sino también en nuestros propios Estados miembros y en los países vecinos. La tasa de contagio del VIH está aumentando y se estima que el número de personas infectadas por el virus es –como se ha repetido varias veces hoy– tres veces superior a las cifras oficiales.

Aunque es bueno que todas las instituciones europeas se hayan manifestado, una vez más, a favor de declarar una guerra efectiva contra esta enfermedad amenazante, no puedo dejar de compartir la frustración del Comisario Kyprianou cuando volvemos a enfrentarnos con datos como los citados sobre nuevos contagios y con una información tan engañosa después de llevar años convencidos de que las nuevas generaciones habían comprendido el mensaje. Hay que organizar campañas de información, no solo para prevenir nuevos contagios del VIH, sino también para evitar que se estigmatice a las personas afectadas y para ofrecer los conocimientos necesarios a la población, pues resulta bastante asombroso que todavía se crea que una persona se puede contagiar a través de un beso o un vaso de agua, y habría que empezar por ahí, en el ámbito de la educación y la prevención, en el que se está haciendo demasiado poco.

No deja de escandalizarme la reacción de algunos grupos religiosos ante las campañas de educación e información patrocinadas por los ministros competentes en algunos Estados miembros y también en este contexto tenemos que enarbolar firmemente nuestra bandera política.

Está en juego, entre otras cosas, el cumplimiento de la actual legislación de la Unión Europea; hay una directiva que establece normas de calidad y de seguridad para la extracción, tratamiento y distribución de sangre humana y debemos insistir en que todos los Estados miembros la transpongan en su totalidad, entre otras cosas para proteger a sus propios habitantes.

  Ulla Schmidt, Presidenta en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, quiero agradecer a todos los diputados al Parlamento Europeo y también a la Comisión el debate que hemos celebrado hoy, el cual demuestra muy claramente que nuestra acción común para hacer cuanto esté a nuestro alcance para reducir al mínimo posible los nuevos contagios y garantizar el acceso sin restricciones al tratamiento para las personas infectadas depende en gran medida de que el tema no se convierta en tabú y de que no se discrimine ni estigmatice a las personas afectadas.

Me alegra que se haya explicado en detalle, tanto aquí como en la conferencia principal de Bremen, que el VIH/sida debe ocupar un lugar de primer orden en la agenda, ya que estoy firmemente convencida de que solo si los Jefes de Estado o de Gobierno hacen suyo este asunto –y si efectivamente se hace lo que aquí se ha mencionado– podremos garantizar que se cree en todas partes, entre otras en nuestros países vecinos, la infraestructura necesaria para que la cooperación con la sociedad civil y, sobre todo, con los enfermos pueda dar frutos.

Lo primero que tenemos que hacer es pensar en la prevención y en la información, y preguntarnos cómo podemos hacer llegar el mensaje a los jóvenes, a los inmigrantes o a las personas difícilmente accesibles, como por ejemplo las mujeres forzadas a ejercer la prostitución; esto solo se puede hacer mediante una estrecha cooperación entre las personas con poder político y las personas de la sociedad civil que acepten la responsabilidad y colaboren con nosotros, y la referencia a la prostitución forzosa deja claro que no se trata solo de una cuestión de política sanitaria, ya que los Gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger a las mujeres.

En tercer lugar, la prevención solo es posible si se habla francamente de cómo se puede producir el contagio y eso podría llevarnos perfectamente a adoptar, en nuestros países, una política que no criminalice las drogas, pues, aunque se deben adoptar medidas, incluso por la vía legal, contra los traficantes de droga, se tiene que garantizar el acceso de quienes han enfermado como resultado de su adicción a jeringuillas y agujas no contaminadas, y a apoyo y servicios fácilmente accesibles, entre otras cosas. Todo ello interviene en esta cuestión. No resulta nada fácil seguir ese camino, también en los países de nuestro entorno, donde los Estados miembros y sus Gobiernos se enfrentan a la acusación de que, al adoptar esa política, están actuando como traficantes y fomentando la drogodependencia, un tema tabú en muchos países.

Por eso me alegró mucho comprobar en Bremen que todos los ministros de los nuevos Estados miembros de la Europa oriental se mostraban dispuestos a hablar con toda franqueza sobre esas cuestiones, porque considero que enfocar de manera franca y abierta estos problemas, eliminando los tabúes, es una forma de poder avanzar en la dirección que todos esperamos.

Por lo tanto, si ponemos en común las mejores prácticas en el campo de la prevención e intercambiamos ideas, si invertimos conjuntamente en investigación y desarrollo y apoyamos esta causa, ya habremos avanzado un paso.

En segundo lugar, soy muy partidaria de que esta Asamblea, los Estados miembros y la Comisión lleguen conjuntamente a la conclusión de que cualquier auténtica campaña contra el VIH/sida también requiere una infraestructura que permita la asistencia sanitaria y a la vez garantice asimismo que las personas que reciban tratamiento encuentren a personas capacitadas con quienes poder hablar cuando acudan a recibirlo.

En tercer lugar, tenemos que garantizar el acceso a medicamentos asequibles en todos los Estados miembros, permitiendo que el 10 % del presupuesto sanitario se gaste en vacunas o tratamientos contra el VIH.

Agradezco la oportunidad de poder celebrar el debate de hoy y me alegra mucho que vayamos a continuar cooperando estrechamente para afrontar este problema en beneficio de las personas que conviven con nosotros y con el fin de que los jóvenes puedan protegerse contra el contagio del VIH/sida.

  Markos Kyprianou, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todas sus Señorías y a la Ministra por un debate muy interesante.

Como saben, el lema de nuestra campaña contra el VIH/sida era «Sida – ¿te acuerdas de mí?». Lamentablemente, tenemos que seguir recordando a la gente –y también, lamento decirlo, a quienes deciden– que esta enfermedad existe.

Eso tiene que hacerse de varias formas. Primero, en lo que respecta a los responsables de tomar decisiones, repito lo que acaba de decir la Ministra: «El gasto en esta iniciativa no es un coste; es una inversión.» Tenemos que recordar esto a nuestros dirigentes y responsables de tomar decisiones. Además, la lucha contra el VIH/sida en países vecinos y en países en desarrollo no es solo una obligación moral que tenemos con respecto a terceros países que son socios nuestros, sino también una medida de autoprotección. Tenemos que utilizar todos los argumentos prácticos para convencer a los que toman las decisiones.

Por supuesto, estoy de acuerdo en que la prevención es la política más importante, ya que de momento no existe cura. Pero eso puede hacerse más efectivamente por medio de la educación y la información. Tiene que hacerse de una manera muy equilibrada: por una parte, tenemos que educar a las personas, especialmente a los jóvenes, para que sepan que se trata de una enfermedad peligrosa. No es como la gripe: no desaparece tomando antibióticos. Puede incluso llegar a matar. Tenemos que explicar los riesgos de la enfermedad, pero no de una forma que margine, estigmatice o discrimine a los infectados. La estigmatización interfiere además con el tratamiento de la enfermedad, porque las personas tienen miedo al estigma. No quieren hacerse la prueba y siguen sin saber que están infectadas. Terminan infectando a otros y ellas mismas no reciben tratamiento.

Se trata de conseguir un delicado equilibrio, pero es nuestra obligación y tenemos que hacerlo. Como ya se ha dicho aquí, es lamentable que los jóvenes de hoy sigan practicando un sexo inseguro. Como he dicho al principio, tenemos que seguir insistiendo a los jóvenes en la simple utilización de preservativos: es una manera importante de protegerse. La abstinencia es una decisión que debe basarse en creencias morales o religiosas, pero no una medida para combatir una enfermedad, porque queremos que las personas sepan cómo protegerse a sí mismas si deciden mantener relaciones sexuales. Todas las personas tienen derecho a sus creencias morales. Pueden actuar en base a dichas creencias, pero la educación tiene que estar ahí. Tienen que saber protegerse a sí mismas.

Como he dicho, haremos también especial hincapié en medidas de investigación y desarrollo, sobre todo en medidas de protección de las mujeres y, especialmente, en medidas que las mujeres puedan adoptar sin necesidad del consentimiento de su pareja. Por tanto, estoy muy de acuerdo con ese párrafo del informe.

La sociedad civil es un factor muy importante para nosotros. Tenemos que establecer asociaciones –no solo las instituciones europeas, sino también los ciudadanos europeos–, por lo que pensamos trabajar y, de hecho, estamos ya trabajando muy estrechamente con la sociedad civil. En 2005 creamos un Foro de la Sociedad Civil sobre el VIH/sida y lo hemos convertido en un aspecto fundamental de nuestro trabajo contra el VIH/sida en Europa. Efectivamente, el Foro de la Sociedad Civil se ha reunido y se está reuniendo ayer y hoy en Luxemburgo para debatir esta importante cuestión. Está formado por ONG, grupos de mujeres, grupos de varones que mantienen relaciones sexuales con varones, trabajadores sexuales, presos y consumidores de drogas. Tenemos que conseguir que toda la sociedad participe en la lucha contra este problema.

Coincido con el señor Matsakis en que tenemos que trabajar por resolver el problema de los toxicómanos y el intercambio de jeringuillas, porque creo que es un problema sanitario y no una cuestión que deba criminalizarse.

Asimismo, tenemos que mencionar el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el instrumento que creamos conjuntamente y que debe convertirse en un mecanismo muy eficaz para vigilar y combatir este importante problema. Por tanto, creo que este debate, al que espero que sigan otros, no solo ayude a centrar la atención de todos los responsables de tomar las decisiones acertadas, sino que ayude también a los ciudadanos europeos a mantenerse informados sobre la existencia continuada de este problema. En nombre de la Comisión, puedo asegurarles que esta cuestión sigue ocupando un lugar prioritario en nuestro programa de trabajo político.

  El Presidente. – Se cierra el debate.

Creo que es procedente felicitar al señor Andrejevs una vez más por el estupendo informe que ha preparado y, desde luego, creo que este debate ha sido de los más gratificantes que hemos seguido en los últimos tiempos, comprobando una gran sintonía entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Un debate que marca un compromiso y que creo da esperanza para lo que ha de ser la actuación de la Unión Europea en su conjunto, la actuación interinstitucional en un problema que está, efectivamente, a la cabeza del orden del día de las preocupaciones de todos.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) El sida es la epidemia más grande de la historia y afecta a todas las regiones, a todos los sectores sociales y a todos los grupos de edad. Hoy se infecta una persona cada 6 segundos.

El Parlamento Europeo debe relanzar una campaña que se agota, por lo que acojo con agrado el informe de iniciativa sobre el que votamos hoy.

El sida está cayendo en el olvido, pero él a nosotros no nos olvida; se expande principalmente entre los jóvenes, las mujeres y las poblaciones migrantes y en los nuevos Estados miembros de la UE. Los jóvenes europeos bajan cada vez más la guardia, y parecen confundir tratamientos existentes con curación. Recordémoslo: el sida todavía mata a personas.

La enfermedad no conoce fronteras y, más que nunca, nuestra solidaridad debe ser transnacional. Por esta razón, me alegra que el informe no solo recomiende acciones europeas en materia de prevención, información e investigación, sino también medidas internacionales, a través de la política de vecindad y del programa TACIS.

La lucha contra el sida no es solo la lucha contra una pandemia, sino que desempeña también un papel de promoción de la salud y los derechos sexuales, así como de los derechos de las mujeres. No es solo una medida política común, es un deber universal.

  Alessandro Battilocchio (NI), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, los datos sobre la situación actual de la lucha contra el sida son sobrecogedores: en el mundo viven más de 39 millones de personas con el VIH, y solo en 2006 se contagiaron 4,3 millones de personas. Son desconcertantes también los datos relativos a la Unión Europea, que registra un aumento considerable de los contagios en los últimos siete años.

Por tanto, es necesario que las instituciones, nacionales y europeas, adopten lo antes posible un enfoque nuevo, para identificar medidas de prevención destinadas a los grupos de riesgo, y apoyar campañas de información y educación sexual en los colegios, dado que la mitad de los nuevos contagios afectan a jóvenes de menos de 25 años. A escala global, la Unión Europea y la comunidad internacional tienen el deber tanto de garantizar el acceso a los fármacos y a los tratamientos a precios asequibles incluso para los países más pobres, luchando contra el grupo de presión de los laboratorios farmacéuticos, como de proseguir las actividades de investigación para lograr lo antes posible la puesta a punto de nuevos fármacos antirretrovirales innovadores, vacunas y microbicidas.

A la luz de estos datos, pido a todos los Estados miembros que no lo hayan hecho aún, entre ellos Italia, que desbloqueen los fondos prometidos al Fondo Mundial. Es necesario que el Gobierno italiano aporte lo antes posible su contribución económica, que en este caso particular son 260 millones de euros, al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

(La sesión, suspendida a las 11.50 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

6. Bienvenida

  El Presidente. Tengo el honor de dar la bienvenida al Parlamento al ex Presidente de México, Vicente Fox, presente en la tribuna de honor.

7. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas, véase el Acta)

7.1. Acuerdo CE/Malasia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (votación)

- Informe Costa (A6-0093/2007)

7.2. Sueldos base e indemnizaciones aplicables al personal de Europol (votación)

- Informe Cavada (A6-0136/2007)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, ¿no podría juntar todo el grupo de informes, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento, a modo de votaciones únicas en bloque?

  El Presidente. El procedimiento presupuestario prevé una votación por separado para cada informe. Lo único que puedo hacer para acelerar la votación es prescindir de la referencia al procedimiento simplificado para cada informe.

7.3. Contingentes arancelarios para la importación en Bulgaria y Rumanía de azúcar de caña (votación)

- Informe Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

7.4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Vural Öger (votación)

- Informe Speroni (A6-0140/2007)

7.5. Aprobación de la gestión 2005: Sección IV, Tribunal de Justicia (votación)

- Informe Caspary (A6-0109/2007)

7.6. Aprobación de la gestión 2005: Sección V, Tribunal de Cuentas (votación)

- Informe Caspary (A6-0107/2007)

7.7. Aprobación de la gestión 2005: Sección VI, Comité Económico y Social Europeo (votación)

- Informe Caspary (A6-0110/2007)

7.8. Aprobación de la gestión 2005: Sección VIII A, Defensor del Pueblo Europeo (votación)

- Informe Caspary (A6-0104/2007)

7.9. Aprobación de la gestión 2005: Sección VIII B, Supervisor Europeo de Protección de Datos (votación)

- Informe Caspary (A6-0111/2007)

7.10. Aprobación de la gestión 2005: Sexto, séptimo, octavo y noveno Fondos Europeos de Desarrollo (votación)

- Informe Camre (A6-0115/2007)

7.11. Aprobación de la gestión 2005: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (votación)

- Informe Herczog (A6-0097/2007)

7.12. Aprobación de la gestión 2005: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (votación)

- Informe Herczog (A6-0098/2007)

7.13. Aprobación de la gestión 2005: Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (votación)

- Informe Herczog (A6-0118/2007)

7.14. Aprobación de la gestión 2005: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (votación)

- Informe Herczog (A6-0100/2007)

7.15. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea de Medio Ambiente (votación)

- Informe Herczog (A6-0103/2007)

7.16. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (votación)

- Informe Herczog (A6-0105/2007)

7.17. Aprobación de la gestión 2005: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (votación)

- Informe Herczog (A6-0101/2007)

7.18. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea de Medicamentos (votación)

- Informe Herczog (A6-0099/2007)

7.19. Aprobación de la gestión 2005: Eurojust (votación)

- Informe Herczog (A6-0120/2007)

7.20. Aprobación de la gestión 2005: Fundación Europea de Formación (votación)

- Informe Herczog (A6-0113/2007)

7.21. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea de Seguridad Marítima (votación)

- Informe Herczog (A6-0114/2007)

7.22. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea de Seguridad Aérea (votación)

- Informe Herczog (A6-0121/2007)

7.23. Aprobación de la gestión 2005: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (votación)

- Informe Herczog (A6-0112/2007)

7.24. Aprobación de la gestión 2005: Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (votación)

- Informe Herczog (A6-0119/2007)

7.25. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (votación)

- Informe Herczog (A6-0102/2007)

7.26. Servicios de pago en el mercado interior (votación)

- Informe Gauzès (A6-0298/2006)

- Antes de la votación:

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), ponente. – (FR) Señor Presidente, Señorías, el informe que tienen ante ustedes es fruto de un amplio esfuerzo concertado con el Consejo de Ministros y la Comisión para conseguir someterlo a votación en primera lectura. Por tanto, les pido que voten a favor.

En cambio, les pido que rechacen la enmienda al artículo 71, que no tiene nada que ver con el proyecto de directiva. De hecho, se trata de una cuestión relativa a la preservación de los datos en el sistema SWIFT en particular y, a este respecto, debo informar a nuestros colegas diputados de que en el debate ayer la Comisión indicó que se ocuparía de garantizar la seguridad de los datos. Por otra parte, acabo de recibir una carta de la Presidencia alemana en la que se suma a esta posición. En consecuencia, les pido que rechacen la enmienda al artículo 71. Pero estoy a favor de la enmienda oral que presentará la señora Berès con ocasión de la votación sobre la resolución legislativa.

Para terminar, quisiera dar las gracias a todos los que han colaborado en la redacción de este informe: la comisión parlamentaria, los ponentes alternativos y los ponentes de opinión, así como a todos los colaboradores técnicos que me han ayudado.

- Antes de la votación sobre la resolución legislativa:

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, de acuerdo con el ponente, quisiera proponerles una enmienda oral a este informe con el fin de añadir un visto cuyo texto les leo: «Vista la carta enviada al Presidente del Parlamento Europeo con fecha 1 de marzo de 2007 por el presidente del Grupo de trabajo previsto en el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE en relación con las cuestiones relativas a la protección de los datos, en particular por lo que respecta al funcionamiento del sistema SWIFT». Les pido que la Cámara apruebe esta enmienda oral al excelente proyecto de informe de nuestro colega diputado, el señor Gauzès.

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

7.27. Régimen de contingentes para la producción de fécula de patata (votación)

- Informe Wojciechowski, Janusz (A6-0137/2007)

- Antes de la votación sobre la enmienda 8:

  Janusz Wojciechowski (UEN), ponente. – (PL) Señor Presidente, hace poco votamos una enmienda encaminada a ampliar a cuatro años el sistema de cuotas de fécula. Una buena noticia para los antiguos Estados miembros, que disponen del 90% de dichas cuotas, lo cual les basta para cubrir sus necesidades.

Hagamos ahora algo que complazca a los nuevos Estados miembros, que no están tan satisfechos con sus cuotas, y adoptemos la enmienda 8. Esto permitirá que las cuotas se transfieran de un año al siguiente; las que no utilicen los antiguos Estados miembros en un año se asignarían el año siguiente a los nuevos Estados miembros, con el acuerdo de la Comisión.

Quisiera señalar que a largo plazo esta enmienda no tendría como resultado un incremento de las cuotas y pido que se apruebe en aras de la solidaridad europea. Si esta se adopta, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones me ha autorizado a retirar las enmiendas 5, 6 y 7, que redundarían en un incremento de las cuotas.

  El Presidente. Hemos recibido informaciones que habrían sido más oportunas en el debate que ya ha tenido lugar sobre el informe.

7.28. Repercusiones de las futuras ampliaciones sobre la eficacia de la política de cohesión (votación)

- Informe Pieper (A6-0087/2007)

- Antes de la votación:

  Markus Pieper (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados que han contribuido a la elaboración del informe. En comisión, pactamos 19 enmiendas de compromiso. La mayoría en la comisión fue clara, 35 contra 3, y espero una confirmación similar por parte del Pleno.

- Antes de la votación sobre la enmienda 26:

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EN) Señor Presidente, solo quiero decir que se ha cometido un error que nos gustaría corregir. Está en el apartado 2a. Empieza diciendo: «Lamenta el acuerdo alcanzado sobre el marco financiero 2007-2013, en particular las reducciones de los Fondos Estructurales del 0,47 %.» Debería decir «0,41 %».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

7.29. Presupuesto 2008: Estrategia Política Anual de la Comisión (votación)

- Informe Virrankoski (A6-0123/2007)

- Antes de la votación sobre el apartado 17:

  Kyösti Virrankoski (ALDE), ponente. – (FI) Señor Presidente, ¿se podría cambiar la palabra «revisar» por «mejorar»?

(EN) En inglés, en lugar de «revision», la palabra «improvement».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

7.30. Aprobación de la gestión 2005: Sección III, Comisión (votación)

- Informe Garriga Polledo (A6-0095/2007)

- Antes de la votación:

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral destinada a suprimir dos notas a pie de página en los apartados 37 y 108 del informe, que se encuentran en las páginas 16 y 25 de la versión inglesa. El motivo es que ambas notas son redundantes y no aportan nada al informe. Pido, por favor, que todos los Grupos de la Cámara acepten esta enmienda oral.

(El Parlamento aprueba las enmiendas orales)

7.31. Aprobación de la gestión 2005: Sección I, Parlamento Europeo (votación)

- Informe Staes (A6-0094/2007)

- Antes de la votación sobre la enmienda 7:

  Edith Mastenbroek (PSE). – (EN) Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de observancia del Reglamento, en aplicación de los artículos 166 y 71 del mismo. Al margen de la enmienda Fjellner, que pregunta por los costes de mantener tres lugares de trabajo del Parlamento Europeo, quiero recordar a la Cámara que el apartado 83 del texto original reclamaba también una evaluación del impacto ambiental. La enmienda 7D, del PPE-DE, propone que se suprima.

- Antes de la votación sobre el apartado 77:

  Daniel Caspary (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, no estoy totalmente seguro, pero me parece que no se ha votado el apartado 75. Cuando ha dicho que se sometía a votación el apartado 76, la pantalla indicaba el apartado 75. Luego ha dicho que se sometía a votación el apartado 77, pero la pantalla indicaba el apartado 76. Le ruego que aclare esta discrepancia.

  El Presidente. Creo que todo se ha desarrollado correctamente. Primero hemos votado sobre el apartado 75, que ha sido aprobado. Después hemos votado sobre el apartado 76, también por votación nominal, que ha sido aprobado. Ahora anuncio la votación sobre el apartado 77, sobre el cual hay votación nominal, y declaro abierta la votación.

7.32. Aprobación de la gestión 2005: Sección II, Consejo (votación)

- Informe Caspary (A6-0108/2007)

- Antes de la votación:

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Señor Presidente, antes de que se proceda a la aprobación de la gestión del Consejo, quisiera hacer notar a la Asamblea que el Consejo no ha estado presente en el debate sobre la aprobación de la gestión del presupuesto de la Comisión y de las demás instituciones y, como podemos constatar, tampoco está presente en el momento de tomar la decisión.

Esto nos parece intolerable, habida cuenta de que los Estados miembros gestionan el 80 % de los recursos del presupuesto de la Unión Europea y son responsables de esos fondos. Esperamos que el Consejo presente en los próximos meses un plan de acción definitivo para la elaboración de las declaraciones de fiabilidad nacionales.

(Grandes aplausos)

  El Presidente. Tomo nota del comentario del señor Bösch, que sin duda no nos impide proseguir con la votación. Declaro abierta la votación nominal sobre la aprobación de la gestión.

7.33. Aprobación de la gestión 2005: Sección VII, Comité de las Regiones (votación)

- Informe Caspary (A6-0106/2007)

7.34. Aprobación de la gestión 2005: Agencia Europea para la Reconstrucción (votación)

- Informe Herczog (A6-0116/2007)

7.35. Lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009 (votación)

- Informe Andrejevs (A6-0091/2007)

  El Presidente. Con esto concluye el Turno de votaciones.

8. Explicaciones de voto

- Informe Cavada (A6-0136/2007)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Aunque entiendo la necesidad de que Europol lleve a cabo cambios internos en materia de salarios e indemnizaciones, desde 1998 el Parlamento se ha opuesto sistemáticamente a todas las iniciativas presentadas cuando se le ha consultado sobre cuestiones detalladas relativas a Europol.

Esa consulta no podía considerarse pertinente mientras Europol siguiera teniendo un carácter intergubernamental, sin ningún control democrático ni jurídico.

Acojo con satisfacción que las repetidas peticiones del Parlamento por fin hayan obtenido respuesta: en diciembre de 2006, la Comisión declaró su intención de dotar a Europol de un marco jurídico más aceptable, concediéndole el estatus de una agencia de la Unión Europea, financiada con cargo al presupuesto comunitario y otorgando a su personal la condición de funcionarios comunitarios.

Aunque el proceso de transformación de Europol todavía no ha concluido, he decidido votar a favor de la iniciativa finlandesa con vistas a la adaptación de los sueldos base y las indemnizaciones de Europol, y este es un mensaje de confianza y de total apoyo a dicho proceso de transformación, que confío que se complete lo más pronto posible.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio considera deseable un mayor control democrático, jurídico y presupuestario de Europol. Sin embargo, debido a que el Convenio Europol constituye una cooperación intergubernamental, ese control deben ejercerlo los Parlamentos nacionales y no el Parlamento Europeo. Por esto hemos votado en contra del informe.

- Informe Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) Las refinerías búlgaras y rumanas dependen en gran medida de la importación de azúcar de caña en bruto de terceros países.

Dada esta circunstancia, para evitar una interrupción del abastecimiento de azúcar de caña en bruto a las refinerías dedicadas exclusivamente a esta actividad se debe conceder a Bulgaria y Rumanía cuotas arancelarias para la importación de azúcar de caña en bruto de terceros países.

La propuesta de la Comisión, que no va a tener ninguna repercusión para las refinerías de otros Estados miembros, se ha formulado en este contexto.

Estoy de acuerdo con dicha propuesta de la Comisión, dadas las circunstancias excepcionales, y voy a votar a favor del Informe Graefe zu Baringdorf.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado en contra de este informe. La Lista de Junio opina que es necesaria una reforma total del mercado del azúcar en la Unión Europea con el fin de liberalizarlo sin demora y ofrecer a los terceros países productores de azúcar la oportunidad de competir en condiciones equitativas.

Por lo tanto, resulta absurdo incorporar a los nuevos Estados miembros a un sistema sin futuro y habituarles a las normas de dicho sistema. Dado que Rumanía y Bulgaria tienen mercados del azúcar que funcionan debidamente, se les debería permitir mantenerlos y no incorporarlos a la organización común del mercado del azúcar de la Unión Europea. Al contrario, habría que abolir dicha organización común.

- Informe Herczog (A6-0118/2007)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Votaré a favor de este informe. Soy un diputado que representa al Parlamento Europeo en la comisión consultiva «Racismo y xenofobia» del Consejo de Ministros, y he apoyado firmemente la creación del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Desde que se creó, ha realizado un trabajo excelente. Cuando se creó inicialmente, yo me resistí a que se ampliara su ámbito de competencias para abarcar no solo la UE, sino también el territorio del Consejo de Europa, porque creía que diluiría el trabajo del Observatorio y le haría perder su atención prioritaria por la creciente oleada de racismo, xenofobia y antisemitismo dentro de la Unión.

Ahora vamos a convertirlo en una agencia de derechos fundamentales. Creo que es un error similar que reducirá la atención que hay que prestar a las organizaciones y partidos de extrema derecha en la Unión, sobre todo en algunos de los nuevos Estados miembros. ¡Algunos de los que han apoyado el cambio están simplemente equivocados, pero otros saben muy bien lo que hacen!

- Informe Herczog (A6-0121/2007)

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) Señor Presidente, voy a votar a favor del informe de Edit Herczog sobre la aprobación de la gestión del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para 2005.

La señora Herczog ha valorado con exactitud el problema del número creciente de agencias de la Comunidad, que no siempre consiguen cumplir los requisitos generales y cuyas tareas no siempre responden a las necesidades reales de la Unión Europea y a las expectativas de sus ciudadanos.

Apoyo que se inste a la Comisión a que establezca un marco general de requisitos para la creación de nuevas agencias comunitarias, para que se realice un análisis de costes y beneficios antes de que se cree ninguna agencia nueva, y para que todas las agencias operativas presenten cada cinco años un informe que analice el valor que aportan.

Apoyo con agrado la decisión del Consejo de Administración de la Agencia de adoptar normas de control interno basadas en las adoptadas por la Comisión y en la norma ISO 9000.

- Informe Gauzès (A6-0298/2006)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Durante esta fase monopolista del capitalismo, la respuesta a las contradicciones de un sistema que vive de la especulación financiera ha sido dar prioridad a las finanzas, lo cual ha generado una necesidad aún mayor de canalizar más dinero hacia el sector financiero. La directiva que tenemos sobre la mesa forma parte de este guión.

El objetivo de la propuesta es crear un mercado interior para los servicios de pago y forma parte del plan de acción para los servicios financieros encaminado a integrar los mercados de servicios financieros de la Unión Europea. Una vez más, el sector se caracteriza por la iniciativa privada, en este caso del sector bancario, aunque la intención es siempre la misma, a saber, promover la apertura de los mercados nacionales a los servicios de pagos transfronterizos, suavizar las normas en materia de prevención y autorizar a operadores no sujetos a la supervisión del sector bancario a ofrecer dichos servicios, mientras que se promueve la concentración del sector a escala de la Unión Europea.

Los países que, como Portugal, ya cuentan con servicios de operadores y de pagos avanzados, como el sistema Multibanco, se verán especialmente afectados, ya que el tema de la transmisión de datos a los servicios de información externos no ha quedado claro.

Por eso hemos votado en contra del informe.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) Los ciudadanos de la UE quieren sistemas de pago rápidos y asequibles y la creación de un mercado interior eficaz y funcional para las transferencias que hacen y los pagos que reciben.

La votación del informe del señor Gauzès puede llenarnos de satisfacción, pues para el Parlamento Europeo representa un trabajo bien hecho en el interés de todos, que demuestra que Europa facilita la vida diaria.

Pero habríamos podido obtener este resultado mucho antes. En efecto, el trabajo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios concluyó el 12 de septiembre del año pasado.

A pesar de la buena voluntad del Parlamento Europeo, el Consejo ha tardado siete meses en dejarse convencer al fin de que nuestras propuestas son las mejores también para proteger al consumidor.

Era igualmente importante garantizar una competencia equitativa entre las instituciones de pago que cree o legitime esta Directiva y los bancos, que están sujetos a reglas estrictas en materia de capital. Es importante mantener la buena reputación del sector de los servicios de pago apartando a las agencias de pago dudosas.

El tiempo de ejecución del pago fijado por el Consejo es más riguroso que el que nosotros proponemos.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque la Directiva debe garantizar a los ciudadanos europeos que los bancos procesen con más rapidez sus pagos, que sus tarjetas de crédito sean aceptadas en más establecimientos de otros países y que sus derechos se vean mejor protegidos en caso de conflictos. Creo que esta será una mejora importante para los consumidores europeos.

  Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Los pagos son los lubricantes financieros que permiten que la economía real funcione. En la actualidad, cada ciudadano de la UE realiza una media de 138 pagos por cheque o transferencia al año y es probable que esa cifra aumente. Creo firmemente que si los ciudadanos y las empresas europeos quieren aprovechar todas las ventajas de este mercado interior, tienen que poder confiar en unos pagos eficientes, baratos y seguros. Por eso apoyo el informe del señor Gauzès sobre los servicios de pago.

En la actualidad, tanto los consumidores como los establecimientos tienen que enfrentarse al hecho de que las mercancías puedan trasladarse físicamente de un lado a otro de la UE en uno o dos días, mientras que los pagos relacionados con esas mercancías tarden entre tres y cinco días en hacerse efectivos. La lentitud de los pagos ha dejado de ser admisible en una época en la que podemos presumir de tecnología del nanosegundo.

Creo firmemente que la competitividad europea mejorará únicamente cuando, en Irlanda, por ejemplo, las empresas y los consumidores puedan efectuar un pago de Dublín a Madrid tan fácilmente como de Dublín a Cork.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Señor Presidente, he votado a favor, porque creo que el mercado interior funciona, y también los servicios de pagos. Si se aplica correctamente, la iniciativa del Área Única de Pagos Europeos debería conducir a un aumento de la competencia en un mercado más amplio, con mayores niveles de seguridad, mejores servicios y precios atractivos. Podríamos describirlo como «el mejor servicio al menor coste».

No obstante, tengo una reserva. En países con mercados de pagos más avanzados, como Bélgica –aunque no somos los únicos– existe el temor de que la conversión de los programas de pagos nacionales existentes pueda generar costes adicionales para los empresarios y los consumidores. En dicho contexto, se habla de la llamada «liquidación interbancaria».

En respuesta a una pregunta por escrito relativa a esta cuestión, la Comisión me ha garantizado que controlará que se cumplan las normas de la competencia y se reservará el derecho de adoptar medidas de regulación si fuera necesario. Confío en que la Comisión haga uso de los mecanismos de corrección de los que dispone, en el caso de que resulten ser necesario.

Sobre todo, confío en que el sector bancario tendrá la perspicacia de hacerlo innecesario y de prestar su plena cooperación para la ulterior unificación del mercado interior de servicios financieros.

- Informe Wojciechowski, Janusz (A6-0137/2007)

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Cuando Lituania se incorporó a la Unión Europea, se le asignó una cuota de fécula que solo permitía que las fábricas de fécula funcionasen al 9,32% de su capacidad de producción. Hace dos años, en una sesión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, se negoció que la cuota de fécula de patata se revisaría al cabo de dos ejercicios económicos. El consumo de fécula está aumentando en Lituania. Actualmente es diez veces superior a la cuota de fabricación autorizada.

Teniendo en cuenta que en enero de 2007, según los datos de la Comisión, las cuotas de producción de fécula de la Unión Europea presentaban una tasa de infrautilización del 5 %, un aumento de la cuota lituana a diez mil toneladas no equivaldría ni al 0,5 % de las cuotas de producción de féculas.

Lituania pide, por lo tanto, que su cuota de producción de féculas se aumente hasta diez mil toneladas. Esto es esencial no solo para el consumo interno, sino también para preparar la renovación de la capacidad de producción de fécula de patata, aumentar su consumo y garantizar también un cierto nivel de ingresos para los productores de patatas feculentas. Es inadmisible que se concedan privilegios a otros países a expensas de la capacidad lituana de producción de fécula y de sus productores agrícolas en general.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Nos oponemos a la política agrícola común en su forma actual y estamos en contra de que se introduzcan cambios de escaso calado en el sistema actual. Pedimos una transformación total y que se revise toda la política agrícola común; por consiguiente, resulta difícil considerar de manera aislada sectores concretos como este sobre el que vamos a votar ahora.

En nuestra opinión, no se debe prorrogar de ningún modo el sistema de cuotas de fécula de patata. Por el contrario, la Unión Europea debe abolir todos los sistemas de cuotas en el sector agrícola.

Como en mayo de 2005, la mayoría federalista del Parlamento continúa propugnando la prórroga del sistema de cuotas. La Lista de Junio señala que, dada esta situación, es preferible que el Parlamento no tenga poderes de codecisión en relación con la política agrícola de la Unión Europea. De lo contrario, la Unión Europea acabaría cayendo en la trampa del proteccionismo y de subvencionar fuertemente a todos los grupos del sector agrícola.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Aunque nos oponemos claramente a las cuotas sobre cualquier producto agrícola, ¿por qué establece la Unión Europea tantas barreras al desarrollo de la producción que cada Estado miembro podría conseguir en función de sus necesidades y capacidades, pero en cambio aceptamos aumentar las cuotas de producción de patatas para Lituania y Polonia? Porque una vez más reconocemos que se ha cometido una flagrante injusticia contra los nuevos Estados miembros en la asignación de cuotas relativas a la producción de fécula de patata. Es una injusticia provocadora contra los nuevos Estados miembros que estos solo reciban alrededor del 10 % de las cuotas, cuando tienen aproximadamente el 30 % de la producción.

La presente propuesta de ampliación del plazo y las cuotas es un remedio parcial para Lituania y Polonia. Para demostrarlo, diré que aunque Polonia es el mayor productor de patatas de Europa, con las que tiene asignadas se ve obligada a importar fécula de patata debido a las restricciones impuestas a su producción, lo cual naturalmente arruina a las empresas agrícolas de tamaño medio.

Hay problemas similares en Grecia en relación con otros productos, que obligan a nuestro país a importarlos, a pesar de las condiciones climáticas favorables para la producción agrícola, lo cual aumenta en millones de euros el déficit de la balanza comercial agrícola y conduce a la desaparición forzosa de las empresas agrícolas de tamaño medio.

- Informe Pieper (A6-0087/2007)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el informe plantea dos problemas fundamentales a los que se enfrenta la Unión Europea. El primero es la futura ampliación y el segundo, la nueva dimensión de la política de cohesión tras la última ronda de adhesiones. El avance de las negociaciones con Croacia y la necesidad de una total estabilización de los Balcanes Occidentales hace necesario analizar el impacto de dicha ampliación en toda la Unión Europea. Dicho análisis resulta especialmente significativo, dado que, si bien hemos mantenido un largo período de asociación y actualmente estamos desarrollando negociaciones con Turquía, tampoco debemos olvidar a países como Ucrania. El informe constituye una buena base para trabajar en la revisión del presupuesto para 2009. Es una buena preparación para el futuro de la Comunidad durante sus próximos 50 años de su existencia. La adhesión de diez países de la Europa central y oriental en 2004 y de Bulgaria y Rumanía en 2007 ha aumentado la competencia y ha dinamizado a toda la Comunidad, además de aportar estabilidad, seguridad y democracia sólida. La política de cohesión significa solidaridad y es un instrumento para integrar a los países menos desarrollados. Por esto es tan importante este informe.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del Informe Pieper, ya que me alegra que la Unión Europea por fin parezca reconocer que la adhesión de Turquía nos impondría exigencias excesivas en el aspecto financiero, político y social. Croacia, en cambio, ya se ha aproximado tanto a la Unión Europea que apenas se puede dudar de su adhesión inminente, especialmente cuando se ha demostrado que las repercusiones financieras serían mínimas. Las disparidades existentes, no solo entre los Estados miembros, sino también entre regiones, se han acentuado como consecuencia de la última ronda de ampliaciones, la globalización, el envejecimiento de la población y también de la inmigración a los centros urbanos procedente de terceros países.

Es posible que –como se puede leer efectivamente en la página web de la Unión Europea– ciudades como Londres, Hamburgo y Bruselas se cuenten entre los lugares más prósperos para vivir, pero no se debe olvidar que, también allí, se han ampliado las diferencias y ya han empezado a aparecer barrios degradados. Ya hemos visto, con el ejemplo francés, a dónde puede conducirnos esto. Por lo tanto, ya va siendo hora de que prestemos más atención a la cohesión interna para evitar el estallido de esos polvorines sociales.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) La política de cohesión europea es la fuerza impulsora del desarrollo duradero y sostenible, especialmente en las regiones menos desarrolladas. Contribuye significativamente a elevar el nivel de vida de la población. El Parlamento Europeo, conjuntamente con los ministros de los Estados miembros, tiene la última palabra en la aprobación del presupuesto de la Unión Europea. En este programa de siete años, se consignaron 347 000 millones de euros para 84 regiones de 17 Estados miembros cuyo PIB está muy por debajo del 75 % de la media de la Unión Europea, y 16 regiones cuyo PIB, debido al promedio estadístico resultante tras la ampliación, estaba solo ligeramente por encima del 75 % de la media de la Unión Europea. Dichas regiones contemplan la expansión irlandesa con enorme esperanza. Irlanda es el éxito más destacado de la política de cohesión. Recurriendo con éxito a los fondos estructurales, ha conseguido transformarse de la región más pobre de Europa en una de las más ricas y aportar ayuda a los más necesitados a través del Fondo Europeo de Solidaridad.

He expresado mi apoyo a Markus Pieper porque al Parlamento Europeo le preocupa mucho que la política de cohesión consiga también éxitos en la Europa oriental. Para que la política de cohesión resulte eficaz, tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la futura ampliación, especialmente a medio plazo en lo que respecta a Turquía y a Croacia, que ya tienen el estatus oficial de países candidatos a la adhesión y con los cuales la Unión Europea ya ha iniciado las negociaciones para la adhesión.

Luego están los siete Estados de los Balcanes Orientales que son potenciales candidatos a los fondos del IPA. Estas ampliaciones por sí solas requerirían un aumento del presupuesto de la política de cohesión en 150 000 millones de euros. Si Europa tiene que convertirse en la economía más competitiva...

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en realidad tenía la intención de votar a favor del Informe Pieper, ya que lo considero un buen informe, pero al haberse rechazado mis dos enmiendas, he terminado por votar en contra. Mi punto de vista es que la adhesión de Turquía forzaría demasiado la capacidad de integración de la Unión Europea a través de su política de cohesión y me asombra que la mayoría de la Cámara no lo comparta.

Mi segunda enmienda dice así: «considera que, por razones financieras y políticas, no es posible aplicar los principios de la política estructural de la Unión Europea a Turquía». Aunque hoy la mayoría haya votado en contra de esta enmienda, a pesar de todo estoy convencido de que mi punto de vista resultará acertado a la larga.

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) He querido apoyar las enmiendas siguientes.

Las enmiendas 25, 20 y 28, pues es necesaria una financiación adecuada de la política regional para reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones y llevar a cabo las futuras ampliaciones.

Las enmiendas 22 y 39, porque considero inadmisible hablar de «una forma especial de adhesión a la UE», «de un planteamiento progresivo» en materia de política regional exclusivamente para Turquía, y no prever, desde ahora, un resultado de las negociaciones en curso con dicho país que no sea la adhesión.

Las enmiendas 14 y 24, ya que el aumento de la cofinanciación nacional en las regiones que se benefician de fondos estructurales desde hace varios periodos de programación, como propone el ponente, condenaría el mantenimiento de esta política en las regiones con más retrasos de desarrollo de los antiguos Estados miembros.

Estoy en contra del enfoque excesivamente cicatero del ponente, que propone un período máximo durante el cual las regiones pueden recibir financiación estructural. En mi opinión, son justamente esas regiones, que sufren desventajas naturales o humanas o un difícil proceso de regeneración económica y no están realmente equipadas para afrontar la competencia mundial, a las que hay que seguir ayudando a través de los Fondos Estructurales.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Este informe es negativo en lo que respecta a la futura ampliación y, en particular, a la posible adhesión de Turquía a la UE. No estoy totalmente de acuerdo con él, aunque creo que los ciudadanos europeos no aceptarán durante algún tiempo ninguna otra ampliación hasta que no asimilemos e integremos a los doce nuevos Estados miembros incorporados en 2004 y posteriormente. En cuanto a Turquía, sigue teniendo mucho trabajo por delante, como por ejemplo con respecto al tratamiento de los sindicalistas y a los derechos humanos para las minorías kurda y asiria, antes de encontrarse en una situación política que permita su adhesión, por mucho que logre cumplir los criterios económicos exigidos a los nuevos miembros. Por ello me abstendré en la votación sobre este informe.

  Ambroise Guellec (PPE-DE), por escrito. – (FR) La cohesión territorial en Europa con el fin de reducir las disparidades inter e infrarregionales es un objetivo fundamental de la Unión Europea. Celebro hoy la aprobación de este informe, que plantea el tema de la capacidad de absorción de la Unión Europea y precisa, en particular, que en el estado actual del sistema de recursos de la Unión no podrían financiarse ampliaciones sin menoscabar la eficacia de las políticas de cohesión actuales.

En esta perspectiva, es necesaria una racionalización de los gastos regionales. Es deseable una reforma institucional, financiera y política en el contexto de una revisión del marco financiero comunitario. Por otra parte, es imposible una política de cohesión honesta y eficaz sin un aumento del presupuesto de la Unión Europea.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Estamos muy satisfechos de que, tras la adopción de nuestras propuestas y como resultado de nuestra actividad, se haya conseguido suprimir del informe dos de las propuestas más perjudiciales. Las propuestas en cuestión habrían socavado la política de cohesión y habrían centrado el debate en la revisión intermedia del marco financiero actual y de la política de cohesión. Las propuestas rechazadas eran las siguientes:

- el aumento de la cofinanciación nacional de la política de cohesión;

- el establecimiento de un plazo máximo para recibir fondos estructurales, con independencia de los criterios de elegibilidad;

- condicionar la concesión de fondos al cumplimiento de determinados criterios de política económica y/o presupuestaria, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Además y con independencia de la opinión predominante sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea, acogemos con satisfacción la retirada del informe de las propuestas encaminadas a establecer un estatus de adhesión diferente para los nuevos países, conforme al cual se integrarían plenamente en el mercado interior, pero sin ninguna participación en las instituciones ni en el proceso de toma de decisiones, con la consiguiente creación de una forma de neocolonialismo en la que la denominada ayuda estaría siempre condicionada a que los países en cuestión cedieran a la presión política.

Sin embargo, el informe aún contiene algunos aspectos muy preocupantes, como los relativos a los recursos financieros y a los objetivos de la política de cohesión. No podemos aceptar de ningún modo esos puntos y por esto hemos votado en contra del informe.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Me preocupaban las referencias negativas a Turquía en este informe y, como han sido respaldadas por el Pleno, no he tenido más remedio que votar en contra del informe.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La cohesión es uno de los principios y valores centrales de la Unión Europea, ya sea de doce o de treinta Estados miembros.

Se basa en la idea de que, en primer lugar, los socios del mismo proyecto deben beneficiarse todos por un igual y, en segundo lugar, cuanto mayor y más generalizado sea el desarrollo económico de la Comunidad, mayor será el éxito del proyecto en su conjunto y para todos los ciudadanos. Por esta razón, comparto muchas de las preocupaciones que plantea el ponente, aunque no esté totalmente de acuerdo con todas las soluciones propuestas.

Sin embargo, hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta. Dado el tipo de reto económico al que actualmente nos enfrentamos, como resultado de las presiones de la globalización y de la acelerada modernización de las estructuras económicas, debemos buscar los instrumentos más apropiados para cambiar los paradigmas. Por consiguiente, creo que, aunque debemos mantener firmemente los valores y principios que nos guían, también tenemos que ser creativos e innovadores en nuestras respuestas a los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Preparar a las regiones económicamente menos privilegiadas para el siglo XXI ya no es un gesto visionario, sino una prioridad actual. Los tiempos han cambiado, y las respuestas tienen que ser innovadoras.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe porque, en primer lugar, llama la atención sobre las dificultades presupuestarias que se espera que experimenten los Estados miembros, habida cuenta de los cambios demográficos que se predicen en la Unión Europea. Este punto es sumamente importante porque, con la ampliación de la Unión Europea, el gasto en la política de cohesión alcanzará proporciones poco realistas desde una perspectiva política.

En segundo lugar, sería inaceptable que algunas regiones de la Unión Europea dejaran de beneficiarse exclusivamente a causa del efecto estadístico de una nueva ronda de ampliación. La globalización, además, tendrá un impacto negativo en algunas regiones europeas.

Esta es una cuestión que exige una gran prudencia y, por consiguiente, apoyo que se pida a la Comisión para que calcule el gasto probable en política regional en el contexto de las próximas rondas de la ampliación si se aplicasen los criterios actuales, junto con las consecuencias que tendría dicho gasto probable para las regiones que hasta ahora se han considerado elegibles para recibir financiación.

Por último, estoy de acuerdo con que existe la necesidad de desarrollar modelos escalonados que permitan diferenciar mejor la ayuda de preadhesión y la plena participación en la política de cohesión.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) ha tratado de modificar el informe Pieper eliminando las enmiendas más conflictivas. Sin embargo, esas enmiendas han sido aprobadas y nuestros esfuerzos han resultado infructuosos. El EPLP ha votado en contra de un informe muy negativo tanto por su visión general de la futura ampliación como por sus referencias concretas a Turquía.

Informe Virrankoski (A6-0123/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, he votado en contra del informe Virrankoski y el motivo es que el control del presupuesto debería organizarse de forma más eficiente dada la inminencia de la revisión del presupuesto de la UE anunciada para 2009, con objeto de mejorar la transparencia; entre otras cosas, desbrozando el camino entre la maraña de rebajas. Sobre todo, es necesario que, de una vez por todas, se haga algo para recuperar las cantidades de dinero abonadas por error, ya que de lo contrario, quienes defrauden continuarán exentos de castigo y los Estados miembros no tendrán incentivo alguno para hacer más estrictos sus controles, excesivamente informales y permisivos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La presentación de la política estratégica de la Comisión para 2008 constituye el inicio del proceso de negociación del presupuesto comunitario. Con el telón de fondo de los intentos de revivir el Tratado Constitucional ya rechazado y del debate sobre el presupuesto comunitario para 2008-2009, 2008 debe contemplarse como el penúltimo año de la sexta legislatura del Parlamento y de la Comisión Barroso.

Entre las prioridades políticas que plantea la Comisión, me gustaría resaltar algunos aspectos negativos, como la liberalización del mercado laboral a través de la denominada «flexiguridad», la financiación de la infraestructura europea que apoya la liberalización del gas y la electricidad, la creación de la patente europea y la consolidación del elemento militar de la UE.

La Comisión afirma que «el presupuesto de 2008 se basará en el presupuesto de 2007» y, una vez más, parece que quedará por debajo del techo presupuestario establecido en las perspectivas financieras para 2007-2013. Esto va a resultar claramente insuficiente para cubrir las necesidades de la cohesión económica y social en la UE ampliada.

Rechazamos propuestas de este tipo y subrayamos la necesidad de aprobar políticas que fomenten el desarrollo económico sostenible y el empleo, que combatan el paro, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad salarial, y que reduzcan los desequilibrios regionales y promuevan una auténtica convergencia.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) En el informe sobre las prioridades estratégicas anuales de la Comisión con respecto al presupuesto de 2008 late un intento de mejorar la eficiencia del presupuesto monetario de la UE para que se adecue mejor a sus políticas antisociales.

Se aportan estudios de investigación para confirmar la eficiencia con que se han utilizado los recursos en relación con las prioridades de la UE imperialista regional. Sin embargo, nadie se molesta en conseguir datos sobre el paro, la «extinción» de las empresas agrícolas de tamaño medio y los demás problemas de la población en lo que respecta a la sanidad, la educación, la seguridad social, que han surgido por culpa de las políticas antisociales de la UE.

Buscan un mayor espacio de maniobra en el presupuesto para «situaciones de emergencia». Se trata de un nuevo paso para satisfacer las necesidades de emergencia del capitalismo.

Todas las políticas antisociales de la UE se están fomentando de manera intensiva, al tiempo que se incrementa la financiación para la promoción de la Estrategia de Lisboa, contraria a los trabajadores, y se está a la espera de estudios de investigación para la revisión de la PAC, a fin de acelerar la extinción de las empresas agrícolas de tamaño medio. Se adoptan medidas para suprimir la resistencia de los trabajadores de una forma compulsiva (con un aumento de los gastos de Eurojust), así como acciones para su subordinación a través de la consolidación del mecanismo de propaganda.

Se concede abiertamente prioridad a la financiación de la intervención imperialista por parte de la UE. Los pueblos han sufrido acciones de «paz» encaminadas a su subordinación en aras del capitalismo.

Para finalizar, el plan presupuestario para 2008 refuerza la agresividad del capitalismo contra los pueblos. Vamos a votar en contra y hacemos un llamamiento a la gente para que lo combata, ya que la asignación de recursos revela el carácter reaccionario de la política de la UE.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Voy a votar a favor del informe del señor Virrankoski sobre las prioridades estratégicas anuales de la Comisión respecto del procedimiento presupuestario para 2008.

Este informe constituye un primer paso en el procedimiento presupuestario anual. Define las prioridades estratégicas del Parlamento Europeo para 2008 y sirve de guión a la Comisión para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para 2008.

El informe cubre la mayoría de los asuntos importantes. Plantea la cuestión de la mayor integración entre el programa de trabajos legislativos y el procedimiento presupuestario, y subraya la necesidad de respetar los planteamientos básicos de las perspectivas financieras para 2007-2013.

Además, los diputados a esta Cámara han manifestado que durante los trabajos de elaboración del presupuesto para 2008, se va a conceder nuevamente prioridad al principio de un «presupuesto basado en resultados», como ya se hizo en el caso del presupuesto para 2007.

- Informe Garriga Polledo (A6-0095/2007)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, evidentemente he votado en contra de la aprobación de la gestión de las cuentas de la Comisión, como siempre hago. Hace tanto tiempo que ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que el Tribunal de Cuentas emitió una declaración de fiabilidad positiva de las cuentas de la Comisión. Me parece una ironía de la historia que justo el día en que la Comisión de Control Presupuestario de esta Cámara votaba para hacer borrón y cuenta nueva y aprobar las cuentas, la policía belga entró en tropel en las oficinas de la Comisión y detuvo a varias personas. Evidentemente, pensaban que había algunos problemas.

He hecho una encuesta masiva en la región que represento. En una parte concreta de la bella circunscripción de Daventry envié 15 000 cuestionarios preguntando a los ciudadanos si pensaban que Gran Bretaña debe mantener su contribución cuando las cuentas no han sido aprobadas. Más del 10 % de las personas devolvieron ese cuestionario y el 95 % de quienes respondieron dijeron que no debe darse más dinero mientras siga habiendo este problema.

  Gabriele Stauner (PPE-DE), por escrito. (DE) En la votación de hoy sobre la aprobación de la gestión de la Comisión con respecto al Presupuesto 2005, he votado en contra debido a que el Tribunal de Cuentas no ha emitido una declaración de fiabilidad para este año, como tampoco lo hizo en años anteriores. Esto equivale a declarar que la utilización prudente y eficaz de los fondos está tan poco garantizada como en años anteriores. Como es bien sabido, el señor Barroso, Presidente de la Comisión, ha manifestado su intención de obtener una declaración de fiabilidad sin reservas en 2009, y por la aprobación concedida hoy me queda muy claro que no se ha dado ningún paso visible en esa dirección.

- Informe Staes (A6-0094/2007)

  Christofer Fjellner, (PPE-DE). – (SV) Señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a mis colegas diputados al Parlamento Europeo por apoyar las dos enmiendas que he presentado. Durante mucho tiempo he estado intentando averiguar cuánto cuesta realmente todo el sinfín de viajes a Estrasburgo y lo embarazoso es que nadie ha sido capaz de proporcionarme una respuesta. Así pues, nadie sabe cuánto cuesta el circo ambulante.

En cualquier caso, no estamos gastando nuestro dinero, sino el de los contribuyentes. Lo mínimo que nosotros y los contribuyentes tenemos derecho a exigir es que se realice una investigación seria de los costes, una consideración que planteo en las dos enmiendas que he presentado hoy. Según la única información que he encontrado, el circo ambulante cuesta 2 000 millones de coronas suecas, pero se trata de una cifra del año 2000, cuando solo contábamos con 15 Estados miembros en la UE.

Tengo la esperanza de que ahora se nos proporcione una nueva cifra y nuevos argumentos para este debate, de manera que, tras la votación de hoy, podamos dar, con suerte, el primer paso hacia la abolición de todo el circo ambulante.

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe A6-0094/2007 sobre aprobación de la gestión del Parlamento Europeo para el ejercicio 2005.

El resultado de la votación ha de considerarse, en parte, como un éxito, a pesar de que se hayan rechazado una serie de enmiendas –que nosotros hemos apoyado durante la votación– relativas a un examen más minucioso de las condiciones de las pensiones de los diputados al Parlamento Europeo.

Los socialdemócratas suecos hemos optado por no incorporarnos al sistema de pensiones del Parlamento Europeo. Creemos que dicho sistema es inmoral por la forma en que está diseñado y, por consiguiente, hemos decidido permanecer al margen del mismo.

Sin embargo, dado que solo una parte muy reducida de la actividad del Parlamento se refiere a las pensiones, consideramos innecesario votar en contra de la totalidad del informe por el hecho de que se hayan rechazado precisamente esas enmiendas.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) La Comisión de Control Presupuestario ha vuelto a pecar de exceso de celo.

Si aplicáramos algunas de sus propuestas, habría que contratar un pequeño ejército de funcionarios para trabajos y controles superfluos que no aportan nada en materia de transparencia o de lucha contra los abusos, y cuyo único efecto sería generar gastos y disputas.

Lamento que ni el ponente ni la mayoría de los miembros de la Comisión hayan estado dispuestos a tomar en consideración las observaciones del presidente del fondo de pensiones voluntario de los diputados para eliminar falsedades manifiestas, entre otras cosas por lo que respecta al Estatuto que entrará en vigor en 2009.

En vez de comportarse como populistas irresponsables, algunos diputados de la Comisión de Control Presupuestario harían mejor en ocuparse de los verdaderos problemas, por ejemplo las exorbitantes cargas potenciales resultantes del sistema de pensiones para los diputados al Parlamento Europeo franceses e italianos, que serán del orden de 150 millones de euros.

Estoy a favor de aprobar la gestión, pero he votado en contra de toda una serie de propuestas tan peregrinas como costosas y totalmente superfluas, que no tienen nada que ver con la aprobación de la gestión para el ejercicio 2005.

- Informe Caspary (A6-0108/2007)

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos hemos decidido apoyar la enmienda 1 sobre la necesidad de imputar al Consejo los costes de la actividad del Parlamento Europeo en Estrasburgo, porque el Consejo le niega el derecho de decidir por si mismo la ubicación de su sede. Sin embargo, la mejor solución sería que se permitiese que el Parlamento decidiera por su cuenta y que este optara por desarrollar sus actividades únicamente en Bruselas.

- Informe Caspary (A6-0106/2007)

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, normalmente solo hago una intervención o explicación de voto sobre la aprobación de las cuentas, explicando mis motivos para votar en contra. Sin embargo, en este caso en particular puedo imaginarme al Comité de las Regiones descorchando botellas de champaña porque esta Cámara ha barrido y escondido alegremente bajo las alfombras todo tipo de problemas que existen desde hace años.

En esta Cámara, hace dos o tres años, pedimos que se presentaran disculpas al entonces auditor interno del Comité de las Regiones, el señor McCoy, quien nos había pedido ayuda para solicitar al Parlamento Europeo y a la Comisión de Control Presupuestario que obligara al Comité de las Regiones a cambiar y a administrar correctamente los fondos públicos. Nosotros hicimos caso omiso de la petición. Aprobamos una resolución en la que se decía que debía recibir disculpas, pero el Comité de las Regiones hizo caso omiso de ello y, hasta el día de hoy, el señor McCoy no ha recibido ninguna disculpa y el Comité de las Regiones sabe que puede hacer caso omiso de todo lo que el Parlamento Europeo decida, porque a nadie le importa. Es una gran vergüenza.

- Informes Caspary (A6-0110/2007), Garriga Polledo (A6-0095/2007), Staes (A6-0094/2007), Caspary (A6-0108/2007) y Caspary (A6-0106/2007)

  James Elles (PPE-DE), por escrito. (EN) Los Conservadores vamos a votar en contra de los informes principales del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria del Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, teniendo en cuenta que por decimosegundo año consecutivo, el Tribunal de Cuentas no ha podido emitir una declaración de fiabilidad positiva de las cuentas generales de la UE. Los Conservadores creemos que la Comisión tiene que resolver esta situación con urgencia y que tiene que haber tolerancia cero en todos los casos de mala gestión y fraude.

Aparte de aplicar los nuevos sistemas de contabilidad y de fomentar la presentación de denuncias, los Conservadores consideran prioritaria la cuestión del 80 % del presupuesto que se gasta en los Estados miembros y que preocupa a los auditores. Aplicando el concepto de «gestión conjunta», el sistema de la Unión separa poder de responsabilidad: la Comisión es responsable del gasto de todos los fondos de la UE pero, en realidad, el poder se delega en los organismos pagadores de los Estados miembros. Ha habido cierto progreso con la inclusión, en el acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, del compromiso de que en el futuro se exigirá una certificación del gasto de los Estados miembros. Es fundamental que esta medida se aplique plenamente. Tiene que haber mayor transparencia en el uso que los Estados miembros hacen de los fondos de la UE...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 163 del Reglamento)

- Informes Virrankoski (A6-0123/2007), Garriga Polledo (A6-0095/2007), Staes (A6-0094/2007), Caspary (A6-0108/2007), Caspary (A6-0106/2007) y Herczog (A6-0116/2007)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Comparto la opinión del Tribunal de Cuentas de que se puede aprobar la gestión de las siete instituciones.

- Informe Andrejevs (A6-0091/2007)

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Señor Presidente, desearía que quede registrado que en la votación del Informe Andrejevs, a la hora de votar sobre el punto L del Preámbulo (se trataba de una votación nominal), he votado accidentalmente a favor cuando mi intención era hacerlo en contra.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) El primer caso de infección por el VIH se detectó hace 25 años. La enfermedad se ha propagado por todo el mundo. No se conoce el número exacto de personas que la padecen. El tratamiento es costoso y no resulta accesible para todo el mundo, sobre todo en los nuevos Estados miembros de la UE. El informe expone una observación muy importante respecto de la compleja relación entre el problema del VIH/sida y los procesos migratorios.

Los flujos de inmigrantes, especialmente los procedentes de países donde el VIH/sida está extendido y de países del Este, acerca de los cuales disponemos de muy poca información, constituyen una amenaza de una mayor propagación del VIH/sida.

Las investigaciones demuestran que los inmigrantes se están convirtiendo en el mayor grupo de riesgo en relación con el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno. Pruebas sanitarias realizadas a doce mil inmigrantes en Moscú han puesto de manifiesto que el 10 % padecía VIH/sida y otras enfermedades infecciosas.

Apoyo la propuesta de utilizar la política de vecindad para proporcionar ayuda para la prevención del VIH/sida y el tratamiento entre los grupos vulnerables, sobre todo los inmigrantes. Es fundamental prestar mayor atención a este problema.

  John Attard-Montalto, Louis Grech y Joseph Muscat (PSE), por escrito. (MT) Mi voto en el caso del Informe Andrejevs sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009, es un voto a favor de una estrategia coherente destinada a combatir un problema tan vasto y trágico.

Deseo dejar claro que mi voto no debe interpretarse como una aprobación de las prácticas abortistas.

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain y Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Ni que decir tiene que yo y mis colegas de la delegación de Fianna Fáil estamos muy a favor de la erradicación del VIH/sida y la lucha contra esta epidemia en la UE y en los países vecinos.

Nosotros y el Gobierno irlandés tenemos reservas en lo que respecta a las referencias a una estrecha relación entre la prevención del VIH/sida y los derechos sexuales y reproductivos en las políticas, las estrategias y la educación pública. El Gobierno irlandés considera que ese tipo de referencias deben situarse en su debido contexto, relacionando esos derechos con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, y la Plataforma de Acción de Pekín (1995) y las revisiones que ha hecho de ellas la AGNU en 1999 y 2000, para asegurar que se respeten los regímenes legislativos/reglamentarios nacionales de Irlanda.

Tanto la CIPD celebrada en el Cairo, como la Declaración de Pekín, hacen referencia a la necesidad de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero esos derechos se supeditan a la necesidad de respetar los procesos legislativos nacionales cuando se considera la cuestión del aborto. «Cualquier medida o cambio relacionado con el aborto dentro del sistema de salud solo podrá decidirse a escala nacional o local de acuerdo con el proceso legislativo nacional». ...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el artículo 163 del Reglamento)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de este informe, ya que contiene muchos aspectos positivos, entre los que quiero resaltar los siguientes:

- insta a la Comisión a que asigne recursos para medidas de prevención en el marco del Programa en materia de acción de salud pública para combatir el VIH/sida y que obligue a los beneficiarios de dichos fondos a dedicar una parte de sus investigaciones a dichas enfermedades;

- subraya el hecho de que los cuidados paliativos tienen que desempeñar un papel importante en el cuidado de las personas con VIH/sida, e insta a su desarrollo y expansión en toda la Unión Europea;

- pide a la Comisión que preste una atención especial a la promoción de los programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a las mujeres, a fin de contrarrestar la feminización de la epidemia;

- alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que destinen subvenciones y fondos a la investigación y el desarrollo de microbicidas y preservativos femeninos, que ofrecen a las mujeres la posibilidad de protegerse y proteger a su pareja de sexo masculino contra el VIH/sida, con el consentimiento de su pareja o sin él, dado que el condón sigue siendo la protección más conocida y de más fácil acceso contra el VIH/sida y las enfermedades de transmisión sexual (ETS), pero requiere el consentimiento de la pareja de sexo masculino.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) Voy a votar a favor del informe sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009.

El informe del señor Georgs Andrejevs constituye una magnífica respuesta al Programa de la Comisión Europea para 2006-2009 para combatir el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno.

El ponente señala acertadamente la necesidad de una campaña de información pública exhaustiva que contribuya a mejorar los conocimientos sobre la forma de evitar el sida y también sirva para empezar a combatir la estigmatización y la discriminación que sufren las personas que padecen dicha enfermedad. Las últimas tendencias revelan que el número de personas infectadas por el virus está aumentando.

Georgs Andrejevs ha subrayado el papel que desempeñan las organizaciones internacionales en la lucha contra el sida, apuntando al mismo tiempo que estas no disponen de financiación suficiente para cumplir esa función de manera adecuada.

La iniciativa del ponente en el sentido de alentar a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen sus métodos de apoyo a sus servicios sanitarios, que están en primera línea en la difícil situación que supone garantizar el acceso general a un tratamiento antirretroviral costoso, merece nuestro apoyo.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe para 2006-2009 sobre el tratamiento del VIH/sida en la UE y en los países de su entorno pone de manifiesto algunos aspectos acertados. Sin embargo, olvida referirse a la necesidad que tiene la población de medidas preventivas y de tratamiento del VIH/sida a través de unos sistemas sanitarios modernos comunes, públicos y gratuitos en los Estados miembros. No proporciona respuesta alguna a la demanda de que se suministren gratuitamente todos los medicamentos necesarios a los pacientes. La investigación sobre el tratamiento del VIH/sida forma parte del antisocial Séptimo Programa marco de investigación, ajustado a las necesidades de las grandes empresas multinacionales.

El tratamiento del VIH/sida requiere un plan exhaustivo por parte de los Estados miembros. Las ONG no pueden desempeñar ese papel. La petición de un mayor apoyo a las ONG pretende distraer a los trabajadores de las responsabilidades de los Gobiernos de los Estados miembros y de las actuales necesidades de las personas que trabajan en el sector sanitario. Una vez más se obliga a los trabajadores a soportar la carga a través de una labor de voluntariado. La responsabilidad del tratamiento del VIH/sida no está en manos de una sola entidad y la unión de fuerzas con las grandes empresas no resultará eficaz, ya que solamente les interesa obtener beneficios. Se trata de un asunto que afecta a todos los trabajadores, que deben luchar y obligar a los Gobiernos a que adopten medidas de gran alcance en relación con la prevención y la investigación, así como con respecto al acceso a los medicamentos y los tratamientos, que actualmente tienen un precio excesivo.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que trata de reforzar la lucha contra el VIH/sida fomentando la prevención por medio de la educación y la información y combatiendo la discriminación y las desigualdades en el acceso a tratamientos y medicamentos.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. (EN) Me he abstenido en la votación porque no me parece que esta sea una iniciativa que pueda frenar la tendencia expansiva de la infección por el VIH/sida en la UE.

El VIH/sida causa un gran sufrimiento y, así y todo, el Parlamento, con motivo de la votación en comisión, ha rechazado incluir todos los medios de eficacia conocida.

Yo quiero salvar vidas, así que esperaré y votaré a favor de cualquier iniciativa que sea realmente positiva.

9. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

PRESIDENCIA DEL SRA. ROTHE
Vicepresidenta

10. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

11. Sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo - Investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo - Responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar o vías navegables en caso de accidente - Control de los buques por el Estado rector del puerto (refundición) - Organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (refundición) (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:

– el informe (A6-0086/2007) del señor Sterckx, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo (COM(2005)0589 – C6-0004/2006 – 2005/0239(COD)),

– el informe (A6-0079/2007) del señor Kohlíček, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE y 2002/59/CE (COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD)),

– el informe (A6-0063/2007) del señor Paolo Costa, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar o vías navegables en caso de accidente (COM(2005)0592 – C6-0057/2006 – 2005/0241(COD)),

– el informe (A6-0081/2007) del señor Vlasto, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y el Consejo sobre el control por el Estado rector del puerto (refundición) (COM(2005)0588 – C6-0028/2006 – 2005/0238(COD)), y

– el informe (A6-0070/2007) del señor de Grandes Pascual, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (refundición) (COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD)).

  Karin Roth, Presidenta en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Señorías, es un placer estar de nuevo hoy en Estrasburgo para debatir con ustedes los asuntos parlamentarios de los próximos días.

Antes de abordar los distintos temas, quisiera hacer cuatro observaciones preliminares. La primera es que la mejora de la seguridad marítima es una preocupación común al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Hemos realizado considerables progresos en esa dirección. Me refiero, por ejemplo, a la mejora de la seguridad de los transbordadores de carga rodada (ro-ro) en 2002, la temprana introducción de los buques de doble casco en 2003 y la inminente renuncia voluntaria de los Estados miembros de la UE a recurrir a exenciones internacionalmente autorizadas para los buques de un solo casco. Todo eso son noticias positivas.

En segundo lugar, creo que también es importante hacer referencia a las condiciones laborales de los trabajadores. Ya hemos realizado un notable progreso en la ejecución del Convenio sobre las normas de trabajo marítimo de la OIT de 2006. Se trata de otro ámbito en el que existe amplio consenso en el Parlamento Europeo y con los organismos representativos de los estamentos directivos y de los trabajadores.

Mi tercer comentario se refiere a la protección del clima. En este contexto nos aguardan tareas fundamentales y algunas de ellas afectan a las operaciones marítimas. Espero que se pueda conseguir un progreso notable también en relación con este tema.

Mi cuarta apreciación se refiere a nuestro deseo de mejorar los buques y los puertos, así como las actividades asociadas en el marco de la economía marítima. Con este objeto, el 28 de febrero aprobamos una opinión del Consejo de Ministros de Transportes sobre la Estrategia de Lisboa. Nuestro propósito es mejorar la competitividad de las empresas marítimas y promocionar con ello a la Unión Europea como sede para tales operadores. Este será asimismo un tema importante de nuestra reunión sobre la futura política marítima de la UE, que se va a celebrar en Bremen del 2 al 4 de mayo, y espero que aquí también se elaboren propuestas positivas al respecto, pues soy consciente de que el Parlamento Europeo comparte nuestro interés por una visión europea de los océanos y los mares.

Permítanme que me centre ahora en las siete propuestas para mejorar la seguridad marítima, nuestro tema de hoy. El transporte marítimo es una modalidad esencial dentro de la economía global. Para garantizar la sostenibilidad de las operaciones marítimas, hay que mejorar continuamente su seguridad y su compatibilidad ambiental.

La votación de mañana en el Parlamento Europeo va a permitir que el Consejo siga avanzando en el proceso de toma de decisiones. La Presidencia del Consejo alemana concede la máxima importancia a las propuestas actuales para mejorar la seguridad marítima. No solo hemos proseguido los debates que se iniciaron durante las Presidencias austriaca y finlandesa, sino que los hemos intensificado e incluso acelerado. En ese contexto, estamos persiguiendo unos objetivos realistas y nos estamos centrando en lo factible.

Gracias a la concentración de los esfuerzos en un número reducido de propuestas legislativas y al apoyo del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo, estaremos en condiciones de adoptar diversas decisiones políticas con vistas a la reunión del Consejo de junio. Voy a aprovechar gustosamente esta oportunidad para informarles sobre el estado de las iniciativas sobre seguridad marítima durante la Presidencia del Consejo alemana. La propuesta de Directiva relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo fue una de las primeras propuestas analizadas por el Consejo.

En junio de 2006, bajo la Presidencia austriaca, se alcanzó un acuerdo sobre un enfoque general. Desde entonces, el órgano competente del Consejo ha examinado las enmiendas aprobadas por la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo y ha identificado algunos puntos –como las características de las autoridades competentes y los procedimientos para proporcionar acogida a los barcos en dificultades– que requieren una ulterior consulta. Sin embargo, está fuera de toda duda que ambas instituciones legislativas pretenden mejorar la seguridad del transporte marítimo y evitar las catástrofes ambientales.

Tras la aprobación del oportuno informe mañana, el Consejo desearía alcanzar una decisión política en junio. Nuestros trabajos sobre el proyecto de directiva acerca del control por el Estado rector del puerto han progresado satisfactoriamente. En diciembre del pasado año, bajo la Presidencia finlandesa, el Consejo logró establecer las líneas generales de su planteamiento y ahora la Presidencia alemana, que es muy consecuente con el resultado de las deliberaciones del Consejo en muchos aspectos, se propone alcanzar un acuerdo político durante la reunión de junio del Consejo de Ministros de Transportes. Este acuerdo deberá tener en cuenta asimismo el resultado de la próxima reunión de la Comisión de control por el Estado rector del puerto, creada en virtud del Memorando de Acuerdo de París; dicha comisión tiene previsto reunirse en Bonn dentro de dos semanas.

Las negociaciones sobre la propuesta de directiva acerca de la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar o vías navegables están resultando bastante más arduas. Dicha propuesta se comenzó a debatir bajo la Presidencia finlandesa. La Presidencia alemana no solo ha continuado las deliberaciones, sino que las ha intensificado de manera notable. Los debates del Consejo han demostrado que existe un acuerdo de principio sobre la propuesta de reglamento. Sin embargo, la inclusión del transporte por vías navegables interiores ha sido rechazada.

Quedan, además, algunos puntos que todavía hay que debatir. Estos no se refieren solo a cuestiones de detalle, como las condiciones en que ha de efectuarse un pago por adelantado, sino también a algunas cuestiones fundamentales. ¿Hasta qué punto debe cubrir este Reglamento el tráfico nacional (cabotaje)? Es un punto que hay que clarificar. El pasado mes de octubre, el Comité Jurídico de la OMI aprobó el texto de una reserva al Protocolo 2002 del Convenio de Atenas. ¿Qué implicaciones tiene esta reserva para la legislación europea? Este es otro de los asuntos no resueltos. ¿Cual es la relación entre la legislación propuesta y las previsiones del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho marítimo y su Protocolo de 1996, cuya ratificación está prevista, como saben, en la propuesta que el Parlamento está examinando acerca de la responsabilidad de los propietarios de buques? El acuerdo en el seno del Consejo depende de que se aclaren estos detalles y estas cuestiones fundamentales.

La propuesta de directiva sobre la investigación de accidentes en operaciones de transporte marítimo se ha presentado durante nuestra Presidencia. Los debates mantenidos hasta ahora han revelado la enorme importancia que los Estados miembros conceden a mejorar las directrices para la investigación técnica de los accidentes en el mar y han demostrado el deseo de los Estados miembros de establecer las oportunas normas comunitarias sin pérdida de tiempo sobre la base del código OMI pertinente y de los resultados de su actual revisión. A la luz de las deliberaciones actuales de los órganos del Consejo y del informe parlamentario que ustedes van a someter asimismo a votación hoy, también resultará posible alcanzar un acuerdo político sobre esta propuesta de Directiva durante la reunión del Consejo de Transportes de junio.

La propuesta de directiva sobre la responsabilidad de los Estados de pabellón fue presentada por la Comisión al Consejo como documento de trabajo en noviembre de 2006. Entonces ya quedó claro que la mayoría de los Estados miembros no apoyaban la propuesta. El Consejo va a analizar el asunto a la luz de la opinión emitida por el Paramento Europeo en marzo de 2007, prestando la debida atención al principio de subsidiariedad.

Esto significa que se han incluido en la agenda de los órganos del Consejo cinco propuestas legislativas sobre seguridad marítima y estos van examinarlas. La Presidencia alemana es perfectamente consciente de que el Parlamento Europeo desea mayores progresos. Por esto, después del Consejo de Ministros de Transportes el 7 y 8 de junio, tenemos previsto dedicar un tiempo a iniciar los debates sobre la propuesta de Directiva sobre sociedades de clasificación. Una opinión parlamentaria sobre esta propuesta también figura, naturalmente, en el orden del día del presente período parcial de sesiones.

Para lograr un progreso notable, todas las partes interesadas tendrán que colaborar. En consecuencia, quiero darles las gracias, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, y en especial a los ponentes, por contribuir a garantizar que se pudiera avanzar deprisa y conseguir los objetivos durante esta Presidencia. Incluiremos la opinión del Parlamento Europeo, si no se ha hecho ya, en los preparativos para la reunión del Consejo de Ministros de Transportes y luego intentaremos conseguir nuevos avances también en relación con esta propuesta.

Muchas gracias por su atención. Espero con impaciencia el animado debate al que, desde luego, estoy acostumbrada a asistir en esta Cámara.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a la señora Roth, que acaba de demostrar que la Presidencia alemana se preocupa mucho por el problema de la seguridad marítima, y se lo agradezco de todo corazón.

En marzo les presenté dos de las siete propuestas del tercer paquete legislativo relativo a la seguridad marítima. El debate y la votación que tuvieron lugar entonces demostraron claramente el amplio apoyo del Parlamento. Confío en que suceda lo mismo hoy con las otras cinco propuestas.

Tres de ellas forman parte del capítulo preventivo del paquete. Mencionaré en primer lugar la modificación de la Directiva sobre las sociedades de clasificación. Al conceder una autorización comunitaria a estas sociedades, controlamos indirectamente cerca del 90 % del tonelaje mundial. Esto nos dice cuán esencial es la calidad del trabajo de estos organismos. Por esta razón, la Comisión ha propuesto crear una estructura independiente, encargada de certificar los sistemas de control de calidad.

Después, instauramos un régimen de sanciones financieras graduales y proporcionadas. Es un sistema más flexible que el régimen actual, que solo prevé la retirada de la autorización. Así, la Comisión podrá imponer más fácilmente la corrección de posibles disfuncionamientos.

Es más, los certificados relativos a los equipos instalados a bordo de los buques deberían ser objeto de un reconocimiento mutuo por parte de los organismos autorizados. Dicho reconocimiento mutuo, efectuado sobre la base de normas equivalentes y del máximo nivel técnico, tendrá dos efectos positivos. Eliminará las barreras inútiles a la libre circulación en el mercado interior y reducirá, para los fabricantes de equipos marinos, los costes derivados de la multiplicidad de procedimientos de certificación. Los ahorros obtenidos podrán consagrarse útilmente a la investigación en materia de seguridad.

Además del necesario ejercicio de simplificación formal de la Directiva sobre el control por el Estado del puerto, la Comisión desea promover un uso más eficaz de los recursos. Queremos, por una parte, sustituir el objetivo individual por Estado miembro de controlar el 25 % de los buques por un objetivo colectivo a escala europea. En pocas palabras, queremos controlar la totalidad de los buques. Por otra parte, queremos efectuar inspecciones más frecuentes en los buques con un perfil de riesgo elevado. Todavía son demasiados los buques que no cumplen las normas y que escapan aún a todo control.

El nuevo sistema permitirá evitarlo, al mismo tiempo que recompensará a los buques de calidad con menos controles. Los buques que no cumplen las normas y que transitan por aguas europeas sin hacer escala en ningún puerto presentan un riesgo especial. Por esta razón, hemos querido reforzar las inspecciones en los fondeaderos frente a las costas.

Por último, el refuerzo de las disposiciones en materia de denegación de acceso, en especial mediante la introducción de medidas de prohibición definitiva, es una medida fuerte. No es admisible que haya buques que no solo sean detenidos sino también desterrados de forma reiterada. La Unión debe decir con toda claridad que no aceptará reincidentes múltiples en sus aguas.

El tercer texto que viene a reforzar nuestro arsenal preventivo es la modificación de la Directiva sobre el seguimiento del tráfico. Hay que aclarar el marco jurídico aplicable a los lugares de refugio para mejorar la eficacia y la rapidez de la toma de decisiones con ocasión de accidentes marítimos. Ello exige estar preparado para afrontar cualquier tipo de situación con cualquier tipo de buques. El punto crucial a este respecto es la independencia en la toma de decisiones, condición para la rapidez y, por tanto, condición para que una situación peligrosa no se convierta en una catástrofe ambiental que afecte a varios Estados. Se trata por otra parte de consolidar la red SafeSeaNet como sistema de intercambio de información a escala de toda Europa sobre el seguimiento del tráfico de buques y los movimientos de cargas peligrosas o contaminantes.

El último elemento de la propuesta consiste en equipar progresivamente los buques de pesca de eslora superior a 15 metros con sistemas de identificación automática que reduzcan los riesgos de colisión con buques comerciales. Se evitarán así muchos dramas. Esto por lo que se refiere a las tres primeras propuestas de carácter preventivo.

Las dos últimas propuestas tienen por objeto mejorar el manejo de las consecuencias de los accidentes marítimos. La Comisión propone la realización sistemática de investigaciones técnicas tras un accidente marítimo. No se trata de sustituir las investigaciones judiciales, sino de dotar a la Unión Europea de un instrumento eficaz, basado en las normas internacionales, que permita conocer mejor las causas de los accidentes. A este respecto también, es capital la cuestión de la independencia de los organismos de investigación. La idea es asimismo favorecer la colaboración entre administraciones, en especial cuando varios Estados resulten afectados por un mismo accidente. La Agencia Europea de Seguridad Marítima, que trabaja ya en una metodología común de investigación, debe ayudarnos a establecer un marco sistemático de cooperación comunitaria.

Para concluir, la última propuesta se refiere a la indemnización de las víctimas de accidentes. Se trata de incorporar al Derecho comunitario las disposiciones del Convenio de Atenas de 2002 sobre los derechos de los pasajeros y hacerlas extensivas al tráfico nacional y a la navegación fluvial. Todos los pasajeros europeos podrán beneficiarse así del régimen de protección instituido por dicho Convenio, cualesquiera que sean el modo de transporte utilizado y el trayecto efectuado. Insisto en este punto. ¿Cómo explicar que un pasajero que efectúe un trayecto entre dos puertos de un mismo país no reciba el mismo trato que otro que realice un viaje internacional?

Estas son, Señorías, mis observaciones introductorias. Más tarde expresaré la posición de la Comisión sobre los informes de la señora Vlasto y de los señores Sterckx, Kohlíček, Costa y Grandes Pascual. Les doy las gracias por anticipado por el notable trabajo que han realizado.

Quisiera concluir, señora Presidenta, diciendo que, si queremos evitar nuevas mareas negras, debemos hacer ahora más segura toda la cadena del tráfico marítimo y, a este respecto, ninguna de estas propuestas es inútil. Estas siete propuestas son necesarias para disponer realmente de un dispositivo eficaz, un dispositivo que realmente permita a Europa ser un ejemplo para el mundo en el ámbito de la seguridad marítima.

  Dirk Sterckx (ALDE), ponente. – (NL) Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, les pido disculpas por no haber estado presente durante su intervención, pero se está celebrando simultáneamente una reunión de conciliación sobre un paquete ferroviario, del que también soy uno de los ponentes, y sobre el que he tenido una discusión bastante complicada con su embajador, que espero que tenga un final feliz.

Pasando al tema de la seguridad marítima, ¿cómo podemos evitar los problemas y cómo respondemos ante los accidentes, los incidentes y las desgracias marítimas? De esto trata todo el paquete que ha presentado la Comisión y considero que la propuesta sobre el control y los aeropuertos es un componente clave del mismo. ¿Cómo se pueden evitar los problemas? Mediante un mejor control del transporte marítimo y un mejor conocimiento de lo que ocurre en nuestras aguas. Por esto, en este informe, queremos pedir un control más estricto por medio del sistema de identificación automática de los buques (SIA), que tal vez ya esté en funcionamiento, pero al que desearíamos añadir algunas cosas, incluidos los datos sobre la tripulación y sobre el buque, y también datos más detallados sobre la carga y el combustible. De ahí mi propuesta de que se incluya el combustible del buque como uno de los elementos que se deban registrar en el SIA, ya que, al fin y al cabo, las cantidades de combustible son a veces enormes y pueden causar un daño inmenso.

Mi segunda apreciación se refiere al SIA para los barcos de pesca. En principio, estamos a favor, pero un aspecto pendiente de dilucidar es el requisito relativo al tamaño de los barcos para los que será obligatorio este equipo, un tema en el que, en mi calidad de ponente, no estoy totalmente de acuerdo con la Comisión de Transportes y Turismo. Coincido con la Comisión en su criterio de que los barcos de menos de 15 metros también deberían estar incluidos, mientras que la Comisión de Transportes y Turismo sostiene que no debería incluirse ningún barco que no tenga más de 24 metros de eslora. Mañana conoceremos el resultado de la votación. Un punto importante es la utilización de los datos y la confidencialidad; hemos de garantizar que los datos se utilicen con ánimo positivo y que de ningún modo se haga mal uso de los datos destinados al SIA. Uno de los capítulos y varias enmiendas se refieren al tráfico de largo alcance, la nueva generación; ¿cómo se debe incluir esta nueva generación dentro del ámbito de SafeSeaNet?, ya que es evidente que esta tiene que convertirse en el nuevo instrumento de comunicación entre todos los Estados miembros y en el ámbito del transporte marítimo, de forma que todos conozcan todos los datos.

Tercero, ¿qué va a ocurrir en caso de accidente? Huelga decir que tenemos que prepararnos lo mejor posible para tales eventualidades. No siempre lo hemos hecho y las catástrofes marítimas protagonizadas por el Erika y el Prestige son dos ejemplos de ello. Me complace que la Comisión haya hecho suyos varios apartados del informe que elaboró la Comisión Temporal sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima del Parlamento a raíz de la catástrofe del Prestige. En fin de cuentas, se debería centrar sobre todo la atención en el grado de preparación de los Estados miembros. ¿Cuál es el nivel de preparación existente en caso de que se produzca un problema?

Un importante elemento de discordia en el Consejo fue la creación de una autoridad competente independiente. Si bien a la Comisión le gustaría que cada uno de los Estados miembros tuviera una autoridad competente independiente encargada de tomar las decisiones cuando surja un problema, el Consejo se muestra menos entusiasta al respecto. Puedo entender que la sucinta definición del Consejo plantee algunos problemas y por esto desde esta Cámara vamos a facilitarles las cosas a los Estados miembros; en las enmiendas 31 y 32 explicamos exactamente qué esperamos de dichas autoridades competentes independientes, a saber, que protejan las vidas humanas, que protejan la costa, que protejan el medio marino, que creen seguridad y que protejan la economía. A mi juicio, todo el mundo estará ciertamente de acuerdo en que esta es la tarea de tal autoridad. En segundo lugar, esta debe poder adoptar sus propias decisiones. También deberá poseer competencia o ser capaz de recabarla rápidamente. En tercer lugar, dicha autoridad también tiene que estar habilitada para una serie de cosas: Tiene que poder plantear ciertas exigencias al capitán. En caso necesario, tiene que poder desplegar equipos de rescate. En caso necesario, tiene que poder evaluar por su cuenta los daños exactos, ya que no todos los propietarios o capitanes de buque están dispuestos a admitir los daños en todo su alcance. En algunos casos, intentan ganar tiempo, en cuyo caso la autoridad competente tiene que poder intervenir. Esa es la finalidad de las enmiendas 31 a 34, para las que quiero pedir el apoyo de la Asamblea, ya que son esenciales. Quiero invitar al Consejo a que considere también el mismo razonamiento, esto es, que no se limite a rechazar la definición, sino que examine su contenido y entable diálogo con nosotros al respecto. Todos los Estados miembros deben contar con un sistema que funcione. Si no lo tienen, nos encontraremos en grave peligro. La situación en este momento, incluso una vez presentada la Directiva sobre control con el documento acerca de los aeropuertos, es que una serie de Estados miembros todavía no tienen un órgano eficaz para gestionar los accidentes; todavía no cuentan con los planes o los medios necesarios para hacer frente a los accidentes. No podemos continuar aceptándolo.

Como ya ha manifestado la Comisión, hay siete informes interrelacionados; por tanto, redunda en interés de la Unión que construyamos un sistema completo en un intento por mejorar la seguridad marítima y, por consiguiente, quisiera instar al Consejo a que siga el camino que marca el Parlamento en este asunto.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), ponente. – (CS) Muchas gracias, señora Presidenta. El tercer paquete marítimo comprende una serie de propuestas de directiva encaminadas a mejorar la seguridad del transporte marítimo.

El objetivo fundamental de todo el paquete es incrementar la responsabilidad de los Estados del pabellón. Esta responsabilidad está recogida en el Derecho marítimo internacional e incluye la obligación de realizar investigaciones técnicas de todos los incidentes marítimos graves. Aun cuando no existiera este paquete, seguiría existiendo la obligación legal de colaborar con los demás países participantes.

La investigación, o más bien la ausencia de ella, que presenciamos a raíz de la catástrofe del petrolero Prestige, demostró –tal como confirmaron las conclusiones de la Comisión Temporal sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima (MARE)– la necesidad de elaborar instrucciones más precisas que, en el caso de producirse incidentes, permitan efectuar investigaciones cuyas conclusiones puedan hacerse públicas en tiempo real y utilizarse para evitar que se repitan incidentes parecidos.

El paquete, en su conjunto, contiene también medidas técnicas destinadas a reducir el riesgo de cualquier tipo de incidentes. La prevención es el concepto clave en este contexto. La investigación técnica de los incidentes deberá efectuarse, por consiguiente, en aquellas situaciones en las que hayan fallado todas las medidas preventivas. Los resultados de una investigación deberán utilizarse para garantizar que el incidente en cuestión no vuelva a repetirse.

Por lo tanto, se han de investigar las razones por las que se produjo el incidente. La directiva es aplicable a los accidentes que afecten a los buques definidos en el artículo 2, es decir, los barcos de pesca de menos de 24 metros de eslora y los de pasajeros con más de 12 plazas. Puesto que otras secciones del tercer paquete también contienen una definición similar de aplicabilidad, y como consecuencia de los debates con los miembros de la Comisión y los expertos, no recomiendo una ampliación para cubrir a todos los barcos de pesca de no menos de 24 metros de eslora, tal como propone la enmienda 25, aun cuando en principio defendí dicha extensión. El límite lógico siguen siendo 15 metros, como en el informe anterior.

La propuesta global de la Comisión, complementada y mejorada por las enmiendas aprobadas en comisión y publicadas con los números 2 hasta 24, constituye una buena directiva técnica. Conforme a los acuerdos SOLAS y MARPOL y en virtud del artículo 2 del acuerdo UNCLOS, esta propuesta identificará quién investiga los incidentes y definirá un mecanismo de toma de decisiones, así como los plazos para adoptarlas.

Un problema importante para algunos Estados miembros sigue siendo el de establecer una comisión de investigación permanente verdaderamente independiente. En los países del Norte funcionan comisiones de este tipo, pero en los países mediterráneos sigue existiendo un problema en cuanto a la independencia formal de tales organismos. Únicamente España ha declarado que pronto creará una comisión de esas características.

Otro interrogante que se ha planteado es el de si es posible que una comisión de investigación independiente funcione con autorización de otro Estado. Me han preguntado al respecto y mi respuesta es que, desde un punto de vista formal, no hay nada que lo impida y el apartado 2 del artículo 7 de la directiva propuesta lo recoge. Eslovenia y otros países pequeños han consultado sobre esta posibilidad.

Un requisito fundamental de la directiva es que las investigaciones técnicas se lleven a cabo con la condición de que sus conclusiones serán las únicas que se podrán facilitar para otras investigaciones. Igualmente importante es el requisito de atenerse a las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) en lo que respecta al trato justo de los marineros en caso de accidente marítimo. Sabemos cómo se trató a la tripulación en España y cuán deficiente fue, al parecer, toda la investigación.

La directiva y las directrices OMI ciertamente no persiguen criminalizar al capitán y a la tripulación. Además, a los Estados miembros se les encomienda que no se haga mal uso de las declaraciones o cualquier información facilitada por los testigos en las investigaciones penales.

La Comisión informará cada tres años al Parlamento sobre los resultados de la aplicación de la directiva y las medidas adoptadas conforme a la misma. Por lo tanto, un órgano independiente, en este caso el Parlamento Europeo, se hará cargo de la supervisión y este podrá adoptar las medidas oportunas sobre la base de las propuestas de la Comisión.

La parte técnica de la directiva, que abarca los anexos I y II, incluye el formato y el contenido de los informes de investigación de accidentes. El anexo I contiene una breve sinopsis y el anexo II, una lista de los elementos de información que figurarán en todo informe sobre un accidente. Creo que esta información constituirá un buen fundamento para evaluar la directiva y que las medidas técnicas aprobadas sobre la base de la información obtenida permitirán reducir el número de incidentes.

El contenido de esta directiva es muy parecido al de la relativa a las investigaciones de los accidentes industriales, en la que estuve trabajando varios años y que considero que está bien redactada desde un punto de vista técnico. Espero que el esquema global contenido en la presente directiva se pueda aplicar en el futuro a otros accidentes que afecten al transporte por barco, por ejemplo en el caso del transporte marítimo en barcos más pequeños, o en la investigación de accidentes en el transporte fluvial. Muchas gracias por su atención.

  Paolo Costa (ALDE), ponente. – (IT) Señora Presidenta, señora Roth, señor Barrot, Señorías, creo que la Unión Europea está reconquistando parte de la confianza de los ciudadanos europeos, entre otras cosas porque está siguiendo una estrategia de protección de los consumidores con cierta coherencia, o al menos espero que lo haga. En nuestro caso, esto significa una estrategia de protección de los viajeros, es decir, de los consumidores cuando viajan.

Se ha hecho ya en el ámbito de la aviación civil y espero que se esté haciendo también en el sector ferroviario. Creo que el Reglamento sobre el que he tenido el honor de ser ponente también debe entenderse en este sentido. Se trata de un Reglamento que da algunos pequeños pasos significativos hacia la armonización de la protección de los pasajeros y sus equipajes. A tal fin pretende dar carácter obligatorio o en todo caso ampliar la aplicación del Convenio de Atenas, que regula ya este ámbito por lo que se refiere a la definición de normas y responsabilidades, así como exigir un seguro obligatorio para todos aquellos que transportan a personas, especificando formas de compensación inmediata en caso de accidente, con indemnizaciones rápidas y satisfactorias.

El Reglamento que estamos examinando va un poco más allá que el Convenio de Atenas. En este momento no quiero detenerme en los aspectos técnicos, pero sí subrayar que se amplía el ámbito de aplicación de estas medidas de protección. El Convenio de Atenas solo abarcaba los transportes internacionales. Ahora bien, el Báltico y el Mediterráneo son cuencas en las que muchos transportes son interiores. Además, a raíz de la ampliación de la Unión a Bulgaria y Rumanía, las grandes vías de navegación interior europeas deben recibir ahora el mismo trato. Por este motivo, he defendido y sigo defendiendo –y espero que el Parlamento, el Consejo y la Comisión hagan lo mismo– que se amplíe la protección de los pasajeros al transporte interior.

Hablando del transporte interior, las débiles resistencias que había prácticamente se han disipado después del último accidente, acaecido a principios de abril con el Sea Diamond cerca de la isla de Santorini. No podemos imaginar que las dos personas desaparecidas no tuvieran protección, cuando la habrían tenido si hubieran desaparecido en el océano Atlántico o en el Índico. Es evidente que esta discriminación no es admisible. Porque me parece que todavía quedan algunas dificultades para aceptar la ampliación de la protección a las aguas interiores, espero que no tengamos que esperar a que se produzca un accidente en algún río antes de decidirnos a ampliar la cobertura a los transportes interiores. Me parece evidente que no podemos pensar en proteger de un modo diferente a quien viaja en un gran barco fluvial y a quien viaja en una pequeña embarcación en los mares que nosotros protegemos.

Además, si consideramos el aspecto técnico de algunas embarcaciones que ahora efectúan recorridos fluviales y marítimos, sería bastante ridículo que solo estuvieran amparadas cuando se encuentran en el mar y no navegando en los ríos. Considero, por tanto, que el Reglamento que vamos a aprobar apunta en la dirección correcta por dos motivos, en el sentido de que también tiene en cuenta este aspecto de la seguridad marítima, de modo que da más tranquilidad a quienes viajan asimismo por vía marítima.

Quiero hacer constar que las personas con movilidad reducida están protegidas de un modo más adecuado, que cualquiera que tenga un accidente será compensado de inmediato, que existen también límites de responsabilidad para los transportistas, dado que si adoptan el Convenio de Atenas no tienen responsabilidad ilimitada, etc. Hay mil aspectos más, pero el fundamental es que tratamos del mismo modo a todos los ciudadanos europeos cuando viajan, tanto si recorren itinerarios internacionales como nacionales, circulan por las vías navegables interiores o salen fuera de las aguas europeas, cuando estén amparadas por las disposiciones europeas.

En vista de todo esto, espero que podamos avanzar en esta dirección, lo que nos merecerá la atención y el reconocimiento de los ciudadanos europeos. Estos podrán fijarse en esta parte de la actividad de la Unión, que sigue dando soluciones útiles e importantes a todos los ciudadanos y que, de algún modo, también puede colmar otras deficiencias en el debate más general que en este momento estamos manteniendo.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), ponente. – (FR) Señora Presidenta, señor Barrot, Señorías, comenzaré diciendo que el control por el Estado del puerto es un aspecto clave de la seguridad marítima, porque es preventivo y nos permite detectar las principales anomalías a bordo de los buques. Además, es un control muy riguroso, que nosotros, los europeos, efectuamos con arreglo a nuestras normas, cualquiera que sea el pabellón del buque, lo que le confiere una gran fiabilidad.

La directiva sobre la que trabajamos data de 2001 y ha permitido imponer a los Estados miembros una obligación de controlar el 25 % de los buques que hacen escala en sus puertos. Ahora bien, para alcanzar esa cifra, los controles se efectúan demasiado a menudo sobre buques que se hallan en buen estado; así, la inspección es más rápida y el Estado puede jactarse de que ha cumplido su objetivo. Pues bien, hay que hacer que las inspecciones se centren de forma prioritaria en los buques más peligrosos.

Este el nuevo elemento poderoso del régimen de inspección que apoyo: controlar el 100 % de los buques, en función del riesgo que encierran realmente. Así, propongo modular las inspecciones con arreglo al perfil de riesgo determinado para cada buque. Habrá que fijar tres perfiles: riesgo bajo, riesgo normal y riesgo alto, que se determinarán sobre la base de la aplicación de parámetros definidos en el informe. Estos perfiles de riesgo determinarán a su vez los intervalos entre inspecciones, que no podrán exceder de seis meses para los buques de alto riesgo. En el informe también se detalla el alcance de las inspecciones.

Nuestro objetivo es sencillo, pero claro: erradicar los buques basura que contaminan. A este fin, proponemos medidas más coercitivas, destinadas a otorgar mayor responsabilidad a los agentes del transporte marítimo. El texto estipula, pues, medidas más enérgicas, como la denegación del acceso a puertos y fondeaderos para los buques peligrosos, e introduce la prohibición definitiva para algunos buques peligrosos. Me gustaría que esto quedara claro: queremos que las compañías navieras respeten las normas europeas. Hoy por hoy, algunas son todavía demasiado negligentes; es una de las razones por las que proponemos elaborar una lista negra de compañías que no cumplen, para publicarla en Internet.

No obstante, quiero subrayar que en todas estas propuestas ha habido una amplia convergencia de puntos de vista, aun cuando el informe es mucho más ambicioso que lo que era al principio. En efecto, hemos decidido, con el apoyo de la Comisión Europea –a la que quiero agradecer su trabajo– pasar a una velocidad superior, para que nuestro régimen de control siga siendo ejemplar a escala internacional. Por esta razón, debemos acomodarnos a las normas adoptadas en el marco del Memorando de Acuerdo de París, a fin de respaldar la posición de la Unión Europea en las negociaciones con los demás Estados, sobre todo con Rusia o Canadá.

En conjunto, el Consejo ha acogido favorablemente el informe, y quisiera dar las gracias a los sucesivos presidentes que han hecho avanzar esta cuestión. No obstante, veo que subsisten dos grandes puntos de divergencia. El primero es la aplicación de la directiva a los fondeaderos, en especial a los situados en alta mar. Insisto en ello, pues, de no ser así, me temo que los buques de riesgo eviten los puertos para ir a los fondeaderos y rehuir las inspecciones. El Consejo se opone a esto, pues teme que genere unos costes elevados y la aplicación sea difícil. Yo pregunto: ¿no es el precio que hay que pagar por una mayor seguridad marítima? ¡No podemos esperar a la siguiente catástrofe para aceptarlo!

En segundo lugar está la cuestión de la flexibilidad: el Consejo quiere flexibilidad para efectuar las inspecciones. Estoy de acuerdo en que se permita aplazar una inspección prevista en un puerto a la escala siguiente, pero no quiero que se fije una tolerancia cifrada de inspecciones no realizadas. Me niego a que no se alcance el objetivo declarado de inspeccionar el 100 % de los buques.

Las negociaciones van a continuar y confío en las posibilidades de encontrar un acuerdo rápido con el Consejo. Por lo demás, el voto unánime en la Comisión de Transportes y Turismo subraya la gran convergencia de puntos de vista que existe entre nosotros, lo que recuerda que nuestra Asamblea ha estado siempre muy decidida y unida a la hora de defender y desarrollar la seguridad marítima. Estoy convencida, señora Presidenta, de que con la firme voluntad de nuestro Comisario, el señor Barrot, el apoyo de esta Cámara y un consenso en torno a los puntos clave en el Consejo, de que conseguiremos establecer pronto este nuevo régimen de control por el Estado del puerto.

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE), ponente. – (ES) Señora Presidenta, Señorías, yo entiendo sinceramente que hay razones para estar satisfechos por los resultados alcanzados, fruto de la colaboración y el consenso que existen en esta Cámara sobre una cuestión tan sensible para la opinión pública como es la seguridad de nuestros mares.

Este sentir es el que tenemos que trasladar al Consejo, animándole a que participe de esta misma actitud, porque tenemos que aprender la lección. Hay que actuar ya. No podemos esperar el consenso que sigue siempre a las catástrofes, a las imágenes terribles de nuestras playas contaminadas, a los barcos de nuestros pescadores atracados en los puertos ante la imposibilidad de faenar, a las familias y regiones que viven del mar, rotas de dolor por la tragedia.

El tratamiento que debemos dar a estas siete propuestas es el de un todo, a pesar de las complejidades que puedan surgir, porque los cruces entre unas y otras propuestas existen; están implicados todos los actores de la cadena del transporte marítimo.

Por lo tanto, no cabe plantearse si alguna de estas propuestas es innecesaria o inoportuna. Todas y cada una de ellas son imprescindibles.

Sin embargo, hay una cuestión que me preocupa enormemente y a la que me gustaría referirme, pues toca un aspecto esencial del paquete. Me estoy refiriendo al carácter independiente de los organismos y autoridades creadas a propósito con la finalidad de adoptar las mejores decisiones en el menor tiempo posible.

A este respecto, hablo en concreto de la autoridad independiente que se pretende crear para la siempre tan difícil decisión de acoger a un buque en peligro en un lugar de refugio. Pues bien, Señorías, quiero mostrar mi disconformidad con la actitud –a mi juicio voluntarista– adoptada por la Comisión de Transportes en este asunto y que viene a debilitar aún más la ya de por sí frágil estructura de toma de decisiones para lugares de refugio propuesta en su día por la Comisión Europea.

Señorías, de nada serviría crear una autoridad que sea independiente de las influencias del poder político, si no se la dotara de los recursos y capacidades necesarias para tomar decisiones. Pero, más grave aún es investirla de poderes si, a la hora de la verdad, solo se le deja un camino: acoger obligatoriamente al buque aun cuando este carezca de seguro y garantías.

Así las cosas, toda la carga queda para el Estado miembro afectado, a la postre víctima de los daños ecológicos y sociales que pueda ocasionar acoger a un buque en un lugar de refugio, además de tener que hacer frente a la cobertura de dichos daños.

Seamos realistas y atendamos a la historia que tantas veces se repite. En España, en los últimos tres meses, hemos padecido dos casos de buques en peligro cercanos a nuestras costas, y, en ambos casos, la autoridad competente, sobre la base de una pormenorizada evaluación de la situación de emergencia, decidió, en aras de minimizar los riesgos, no acercar el buque a nuestras costas.

Ni qué decir tiene, el alivio de la población civil de la zona al ver alejar los buques, porque una cosa es ver tus playas rodeadas de motos de lujo y perfumes sin estrenar y, otra cosa bien distinta, es ver tus playas, tu medio marítimo y fauna impregnados de chapapote o a tus conciudadanos afectados por gases tóxicos.

Por tanto, sí a la creación de esta autoridad, pero que se la dote de poderes permanentes y que la admisión de un buque en dificultades se haga solo si la evaluación previa de la situación permite concluir que su acogida es la mejor decisión y limita los riesgos.

Dicho esto, agradezco el tesón del señor Sterckx en esta difícil empresa con la que ha tenido que lidiar. Le congratulo especialmente por los avances conseguidos en los instrumentos de seguimiento de los buques, imprescindibles para reconducir las situaciones de riesgo.

Antes de pasar a hablar de mi informe, yo quisiera, por cortesía, elogiar el trabajo de la señora Vlasto, del señor Kohlícek y destacar, sin duda, el enorme trabajo del señor Costa. Esperamos que dicha propuesta salga adelante porque, ahora más que nunca, después de lo sucedido en los últimos días con el hundimiento del crucero en aguas griegas, es necesario ahondar en la protección de los derechos de los viajeros.

Paso, por último, a hablarles de mi informe. Como recordarán, hemos estado trabajando con la cuarta revisión de la Directiva 94/57. Se trata del papel vital que desempeñan las denominadas sociedades de clasificación. De ahora en adelante, organizaciones reconocidas.

En la evaluación llevada a cabo por la Comisión estos últimos seis meses, se ha detectado que subsisten graves deficiencias en el proceso de inspección y certificación de la seguridad de la flota mundial. Ante este hecho, es nuestro deber reforzar de nuevo, más y mejor, la actuación de estas organizaciones.

Con este fin, la Comisión Europea plantea una serie de reformas que yo asumo y que se han visto reforzadas, fruto del diálogo con la Comisión y las aportaciones positivas de las partes afectadas y de los miembros de la Comisión de Transportes.

Solo así hemos conseguido reforzar los mecanismos de vigilancia de las organizaciones reconocidas con la creación de un comité de evaluación de carácter independiente revestido de poderes permanentes y con autonomía de acción.

Solo así hemos logrado un sistema de sanciones más flexible y equitativo y, a la postre, más eficaz, pues sanciona al que no actúa como es debido, pero lo hace en función de la gravedad de la infracción cometida y de la capacidad económica de la organización. Y solo así hemos logrado avanzar en la cuestión tan espinosa del reconocimiento de los certificados de clasificación, planteando las condiciones bajo las cuales las organizaciones reconocidas tendrán que reconocerse mutuamente, sin poner por ello en peligro la seguridad marítima y tomando como referencia las reglas más exigentes. Muchas gracias.

  Willi Piecyk (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Pesca. – (DE) Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, con este debate y la votación de mañana sobre los cinco informes relativos a la seguridad marítima concluirá la primera lectura del paquete Erika III. Lo señalo porque, como es sabido, ya aprobamos los informes de Marta Vincenzi y Gilles Savary. Por esto también debo recordar una vez más al Consejo que el paquete Erika III comprende siete propuestas y en el Parlamento estamos firmemente convencidos de que constituyen un paquete, que en consecuencia deseamos que se tramite de forma conjunta.

Dado que intervengo en más de un concepto –no solo en nombre de la Comisión de Pesca, sino también en el de mi Grupo político–, quiero comenzar por dar las gracias a todos los ponentes por su trabajo. Al igual que las votaciones en comisión, la votación de mañana en el Pleno pondrá de manifiesto que estamos abordando todos estos asuntos sobre la base de un alto grado de unanimidad. Como hemos escuchado, el Consejo no ha acogido precisamente con entusiasmo algunas de nuestras decisiones y votaciones parlamentarias y todavía tiene que debatir varios puntos.

El Informe Sterckx pone de manifiesto la estrecha interrelación que existe entre las distintas propuestas. No hace falta decir que sería bueno que los Estados miembros designaran, de una vez por todas, los equipamientos portuarios de emergencia y los lugares de acogida. También sería bueno que una autoridad independiente determinara en cada país lo que se debe hacer exactamente después de un naufragio, de manera que un incidente de ese tipo no diera pie a la creación de un foro de debate, sino a una decisión. En caso de catástrofe marítima, resulta desde luego inconcebible que el patrón del equipo de rescate pregunte al capitán si está asegurado y que, al ser informado de que el armador no ha asegurado como es debido el barco, se niegue a prestar ayuda y regrese a puerto. Huelga decir que el equipo de rescate tiene que prestar ayuda. La cuestión del seguro debe plantearse como parte del proceso de control por el Estado rector del puerto. Así lo prevé también el Informe Vlasto, sobre el que hemos llegado a un acuerdo.

Sobre lo que todavía no estamos totalmente de acuerdo, tal como ya ha expuesto el señor Sterckx, es con respecto a la cuestión de qué barcos de pesca deben ir equipados con qué sistemas. Se trata de elevar al máximo la seguridad. Sigo estando convencido de que tiene poco sentido equipar a los barcos de menos de 24 metros de eslora con sistemas de identificación automática y que se podrían conseguir idénticos resultados con otros recursos situados en tierra firme. Las estadísticas sobre accidentes no nos proporcionan mucha información. Para ser coherentes, tendríamos que incluir todas las embarcaciones particulares, no solo los barcos de pesca pequeños. Sin embargo, es posible que en el futuro se encuentre una solución tecnológica distinta.

Permítanme que exponga algunas consideraciones sobre el control por el Estado rector del puerto, en parte en nombre de mi distinguido colega, el señor Robert Navarro, que no puede estar presente hoy aquí. Me parece razonable abandonar el rígido principio de examinar el 25 % de los barcos. Seguramente era muy necesario como un paso inicial, pero examinar el 25 % en cada uno de los Estados miembros resulta menos útil que lo que actualmente tenemos en perspectiva, a saber, concentrarse en los buques de alto riesgo. Esto significa examinar a todos los operadores sospechosos, desde las ovejas negras hasta las de todas las tonalidades de gris, desde las más oscuras hasta las más claras. En cambio, no tiene mucho sentido controlar a las ovejas blancas. Indudablemente, el planteamiento lógico es un proceso de control focalizado.

Sin embargo, hay algo esencial que no se ha incluido en las propuestas de la Comisión, a pesar de que destacamos su necesidad tanto en el Informe Sterckx como en el de la Comisión Temporal sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima (la Comisión MARE). Todo lo relacionado con el factor humano –la dimensión de bienestar o, en otras palabras, unas buenas condiciones de trabajo a bordo– afecta a la seguridad de un buque. Tan importante como que el buen estado técnico de un barco es que esté garantizado el bienestar de quienes se hallan a bordo. De lo contrario, la seguridad general del barco se verá afectada.

Como hemos proclamado en repetidas ocasiones en esta Cámara, el 80 % de los accidentes son consecuencia de un error humano. Por eso necesitamos que la Comisión presente más propuestas relativas a dicho factor humano, incluidas también ideas sobre el control de la seguridad. Solo entonces podrá darse por zanjado este tema.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. – (EN) Señora Presidenta, quiero empezar felicitando al señor Costa y a los diputados que han participado en la elaboración de este importante informe sobre la responsabilidad de los transportistas.

Como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quiero llamar su atención sobre una serie de cuestiones. Apoyo totalmente la incorporación del Protocolo de Atenas de 2002 de la Organización Marítima Internacional a la legislación comunitaria. Es también fundamental que la legislación se mencione en el régimen comunitario de responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar o vías navegables en caso de accidente. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro ponente es que eso contribuye en gran medida a la seguridad de los pasajeros.

En cuanto a la cuestión del seguro, es importante saber que los transportistas de pasajeros deben tener la posibilidad de suscribir un seguro que cubra las responsabilidades mencionadas en el Protocolo de Atenas. No obstante, en el caso de los pequeños transportistas que naveguen por vías fluviales nacionales, debe tenerse en cuenta la naturaleza cíclica de sus actividades. Esas pequeñas empresas no pueden cumplir las reglas, reglas que deben aplicarse únicamente en casos en que ambas partes hayan acordado la responsabilidad estricta del transportista.

Quiero insistir también en la importancia de mencionar los casos poco frecuentes de terrorismo. Puesto que el terrorismo suele dirigirse contra un Gobierno o un grupo político y no contra un transportista, no es razonable pedir responsabilidades al transportista por los daños causados por tales atentados. Espero que esto quede absolutamente claro en cualquier negociación futura sobre el Protocolo de Atenas.

Por último, es muy importante que este Reglamento sea lo más similar posible al Protocolo y que se aplique al mismo tiempo que el Protocolo en la Unión Europea.

  Ioannis Kasoulides, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, como ponente alternativo quiero felicitar al señor Sterckx, en nombre del Grupo del PPE-DE, por su excelente informe sobre el sistema de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo en la Comunidad y manifestar nuestro apoyo al informe en su versión actual.

Respecto al tema en particular de los lugares de refugio designados, mi comentario es que conviene regular correctamente esta cuestión en toda la Unión, ya que es fácil –y lamentablemente ya ha sucedido en el pasado– que los Estados miembros tiendan a rechazar buques con problemas, sobre todo petroleros, por miedo a que se produzca una catástrofe ecológica, pese a haberse demostrado que es posible evitar una gran catástrofe ecológica si el buque en peligro y con daños limitados puede encontrar refugio en lugares designados. Estoy seguro de que los Estados miembros pueden asumir esta responsabilidad.

En este informe se habla también del otro aspecto importante de la seguridad en la navegación: la mejor interoperabilidad de los sistemas para una mejor información y comunicación.

En el contexto general del debate sobre el transporte marítimo, nuestra Unión está debidamente motivada para introducir normas que mejoren la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente –tanto marítimo como de nuestras costas–, la protección de los consumidores, etc., como se recoge en los informes de hoy y en algunos del pasado.

Pero quisiera también que, al mismo tiempo y en paralelo, la Unión Europea hiciese un esfuerzo conjunto, como agente de importancia mundial esta vez, para trabajar en el plano internacional a través de la OMI y por medio de otros acuerdos multilaterales o bilaterales, de cara a la aplicación de medidas similares en todo el mundo. Este sector de la economía opera en todo el mundo. No debemos permitir a nuestros competidores sacar provecho de nuestras sensibilidades a costa de la competitividad de la flota comercial europea.

PRESIDENCIA DE LA SRA. MORGANTINI
Vicepresidenta

  Emanuel Jardim Fernandes, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Barrot, Señorías, ahora que estamos debatiendo el paquete Erika 3 para mejorar la seguridad y estamos abordando la estrategia marítima europea, quisiera comenzar por resaltar la importancia de nuestros mares y océanos como recurso público.

Su contribución a las dimensiones geográficas de la UE y su mercado único, así como a la consiguiente influencia de la UE en el escenario mundial, es enorme. Junto con las regiones ultraperiféricas de la UE y los 320 000 km de costa, donde vive una tercera parte de la población de la Unión, nuestros mares y océanos han proporcionado a la UE una mayor zona marítima global. También contribuyen a la expansión del transporte marítimo de entrada y salida de la UE, así como interno.

En mi calidad de ponente alternativo por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo para el Informe Costa sobre la responsabilidad civil de los transportistas de pasajeros, quiero felicitar al señor Costa y a todos los ponentes por su actitud abierta y por la excelente labor que han realizado. He procurado difundir la importancia de este informe entre diferentes partes interesadas, consultándolas y sondeando sus opiniones. También he intentado consolidar los derechos de los pasajeros en el caso de un accidente o incidente, garantizando que reciban una indemnización económica apropiada que mitigue el daño causado cuando ocurre lo peor, y como todos sabemos, a veces sucede lo peor, tal como pusieron de manifiesto las catástrofes del Erika y el Prestige.

Considero que los transportistas marítimos deben asumir la mayor responsabilidad cuando se producen accidentes o incidentes, ya que en ellos depositamos nuestra confianza cuando ocurre lo peor. A mi juicio, las víctimas deben recibir una indemnización rápida y justa, y por esto he presentado algunas propuestas en este sentido. Además, me propongo votar en contra de las enmiendas encaminadas a suprimir del campo de aplicación de la propuesta cualquier derecho aplicable a las rutas de navegación interiores, ya que también en estas ocurren tragedias y la navegación interior es un medio de transporte que merece la pena promover por razones ambientales y económicas.

Como ha señalado el señor Barrot, el Reglamento sobre seguridad debería ser aplicable a todos los ámbitos de la navegación marítima y, por consiguiente, también a la interior. Como lo ha expresado muy acertadamente el señor Costa, ¿sería aceptable ofrecer protección a una ruta internacional y denegarla cuando un barco surca repetidamente las vías fluviales interiores?

El mercado único no se puede crear con vacíos legales en lo que respecta a la responsabilidad o a expensas de una merma de derechos, sobre todo cuando se ha reducido la carga económica para el sector privado, tal como ha señalado la Comisión. Las enmiendas están encaminadas a mejorar la información facilitada a los pasajeros, con el fin de hacerla más clara y accesible, y a proporcionar un apoyo financiero directo adecuado con la mayor rapidez posible. A este respecto, también aplaudo la posibilidad de que los Estados miembros amplíen la indemnización establecida en el Convenio.

Por todas estas razones, Señorías, les insto a votar a favor de estos informes en la forma en que han sido presentados. Con que una víctima reciba el apoyo adecuado como resultado de lo que estamos haciendo aquí y ahora, nuestros esfuerzos habrán merecido la pena y, una vez más, el Parlamento habrá demostrado ser la institución que representa de verdad a los ciudadanos de Europa.

  Josu Ortuondo Larrea, en nombre del Grupo ALDE. – (ES) Señora Presidenta, estamos debatiendo, entre otras, la cuarta revisión de la Directiva sobre las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y las actividades correspondientes de las administraciones marítimas en nombre de los Estados de abanderamiento.

La anterior revisión, que fue la tercera, formó parte del primer paquete legislativo con el que se pretendió atajar y corregir conductas no demasiado responsables en el transporte marítimo que dieron lugar a desgraciados accidentes, como el del buque Erika, que dejó tan seriamente afectado nuestro medio ambiente y nuestras costas.

En esta nueva propuesta la Comisión Europea se plantea seriamente si el sistema de clasificación e inspección en su conjunto hace suficientes esfuerzos para alcanzar los niveles de calidad requeridos.

Yo, que fui ponente de la tercera revisión, tengo que responder que realmente no se hacen los suficientes esfuerzos. Pero no solo por culpa del sector marítimo, sino también porque algunos Estados miembros –que son los responsables últimos– y parte de los diputados europeos no quisieron hacer más.

Recuerdo cómo la mayor parte de las enmiendas que planteé en mi informe, buscando un mayor grado de exigencia y de control en las inspecciones, fueron rechazadas. Entonces manifesté mi decepción y mi convencimiento de que esa revisión no serviría para mejorar las cosas. Desgraciadamente, así fue y tuvimos otro triste capítulo con el accidente del Prestige, que nuevamente dejó en entredicho la última de las inspecciones que se había realizado a dicho buque y el irregular cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la misma inspección.

Ahora estamos de nuevo modificando la Directiva sobre las organizaciones reconocidas para ejercer las inspecciones a buques y, aun cuando no me gusta que dichas organizaciones puedan formar parte del comité responsable de evaluación, ya que ello podría condicionar su independencia, tengo que reconocer que los cambios acordados en la Comisión de Transportes y Turismo mejoran sustancial y positivamente la misma: por ejemplo, la prohibición de efectuar cambios de clases de buques sin que la organización precedente pase toda la información sobre sus inspecciones a la nueva organización clasificadora; o la supervisión, por parte de los Estados, sobre las organizaciones reconocidas y el control sobre la eficacia de sus reglas y normas de inspección por parte de la Comisión ejecutiva; o el reconocimiento mutuo de dichas reglas entre las diferentes organizaciones reconocidas tomando como referencia los modelos más exigentes y rigurosos.

Confío en que todas estas modificaciones sean aprobadas por el Pleno del Parlamento Europeo, porque hará que nuestros mares y el medio ambiente corran menores riesgos y todos saldremos beneficiados por ello.

Lamento que, en relación con los puertos de refugio, no pueda compartir todo lo expuesto por nuestro colega –el señor de Grandes Pascual, que ahora no se encuentra en el Hemiciclo–, pero no comparto su opinión. Creo que la decisión de alejar el Prestige de las costas gallegas fue perjudicial e hizo que padeciéramos peores consecuencias que si hubiera sido dirigido a un puerto de refugio. No por ello dejo de felicitar al señor de Grandes Pascual por su informe, así como al resto de los colegas que han intervenido y que han sido responsables de este tercer paquete legislativo.

  Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN. – (LV) Muchas gracias, señora Presidenta, señora Roth, señor Barrot, Señorías. Quiero agradecer a todos los ponentes del paquete Erika 3 la importante labor que han realizado. Por mi parte, querría referirme a dos aspectos del informe de la señora Vlasto relativo al control por el Estado rector del puerto. En primer lugar, el proyecto de informe plantea la idea de que las inspecciones deberían realizarse en los fondeaderos, sin evaluar debidamente cómo se podría hacer esto en la práctica o qué se conseguiría con ello. Si la definición de «fondeaderos» incluye todas las zonas dentro de la jurisdicción de un puerto, entonces en el caso del mar Báltico, por ejemplo, esto significaría inspecciones en mar abierto a 8 o 10 millas de la costa. El resultado logrado –el control de una pequeña cantidad de buques– no sería proporcionado con los recursos materiales que serían necesarios para aplicar la directiva, ni tampoco con los riesgos para la indemnidad y seguridad de los inspectores que intervinieran en dichas inspecciones.

Además, en las condiciones climáticas de los Estados bálticos, de hecho no resulta posible realizar inspecciones de alta calidad en alta mar; por lo tanto, pido a los colegas que reconsideren la propuesta que permite que los propios Estados miembros definan dichos fondeaderos. Un segundo aspecto es el relativo a la lista «gris» y la lista «negra». Por ejemplo, el porcentaje de buques letones inmovilizados no es mayor que el de otros muchos países que figuran en la lista «blanca», pero los barcos de Letonia se hallan en la lista «gris» y, de acuerdo con el procedimiento que figura en el Memorando de Acuerdo de París, sus perspectivas son muchos peores que las de los representantes de países con flotas mayores. A su vez, esto no alienta a los barcos a volver a navegar bajo pabellón letón, lo que origina un círculo vicioso: nuestros barcos no salen de la lista «gris» y, en consecuencia, no hay manera de promover la inclusión de la lista de Letonia en la lista «blanca». Por consiguiente, les pido que respalden la idea de una posible modificación del procedimiento empleado para realizar esos cálculos en el marco del Memorando de Acuerdo de París. Muchas gracias.

  Jacky Henin, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (FR) Señora Presidenta, el sector de los transportes es vital para el desarrollo de nuestras sociedades. En este sector, el transporte marítimo adquiere cada año más importancia y podría mejorar realmente nuestro paisaje ambiental y económico. No obstante, durante treinta años los naufragios de buques cargados de petróleo crudo, aceite pesado o productos químicos se multiplican frente a las costas de la Unión, con consecuencias dramáticas para las actividades económicas y de ocio asociadas al mar, como la pesca, el cultivo de ostras, el turismo, el recreo, y tantas otras. Se hunde un barco cada tres días. Cada año mueren en el mar 1 600 marinos. A diario circulan por nuestros océanos más de 6 000 buques oficialmente calificados de peligrosos. Esto es inaceptable.

Actuar con seriedad implica atacar enérgicamente la causa principal de la inseguridad en los mares. Los pabellones de conveniencia y los paraísos fiscales que los abrigan y protegen, y la complicidad criminal entre sociedades de clasificación y compañías de seguros, son los responsables de los buques basura, atendidos por tripulaciones de marinos reducidos casi a un estado de esclavitud. En función de esta realidad, las inspecciones efectuadas en los puertos de la Unión deberían centrarse tanto en el estado de los buques como en la situación de las tripulaciones, a fin de verificar que su formación, condiciones de trabajo, remuneración y estado de salud sean compatibles con las exigencias de seguridad de la navegación.

Señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, ¿se subirían ustedes a un avión cuya tripulación fuera incapaz de comunicarse en una lengua común, cuyo piloto no hubiera cobrado su sueldo desde hace tres meses y cuyo copiloto no hubiera tenido un período de descanso desde hace seis meses? Está claro que no. Entonces ¿por qué aceptarlo en un buque?

Otro tema importante: la creación de una autoridad independiente que sustituya a los Estados miembros para gestionar las situaciones de crisis marítima es absurda, sería ineficaz, peligrosa y antidemocrática. El balance de la mayoría de las autoridades independientes de la Unión, empezando por la labor del BCE, es tan calamitoso para el conjunto de los pueblos de Europa que yo no dejaría la responsabilidad de la seguridad marítima frente a Calais, mi ciudad, en manos de un organismo seudoindependiente, cuyo único objetivo sería, como de costumbre, proteger los intereses financieros de unas pocas grandes empresas.

Mi última observación se refiere al equipamiento de los buques de pesca con un sistema anticolisión, es decir, un coste de 2 000 euros. ¿Podrían soportar ese coste los fletadores y, en particular, los fletadores de buques petroleros?

  Ian Hudghton, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señora Presidenta, las catástrofes del Erika y del Prestige se mencionan con toda la razón para justificar la necesidad de una legislación mejor y más estricta en materia de seguridad del transporte marítimo. Lamentablemente, esos no son los únicos ejemplos. El vertido de petróleo del Braer frente a las Islas Shetland en Escocia es otra catástrofe ecológica que ha tenido largos y devastadores efectos para las comunidades de esas islas.

Mi Grupo ha apoyado generalmente los informes que ha ido presentando la Comisión de Transportes y Turismo. En cuanto al seguimiento y la información, es simplemente una cuestión de sentido común que se necesita una política más estricta sobre la aceptación de buques en peligro y que los Estados miembros tienen que designar a una autoridad competente independiente que sea responsable de ello. Cuando una actuación rápida resulta esencial, es fundamental que existan unas líneas claras de responsabilidad en esta cuestión.

Creo que el informe del señor Sterckx en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo ha realizado una contribución constructiva a las propuestas de la Comisión. Celebro que el señor Sterckx haya reconocido la existencia de aspectos prácticos y financieros en relación con el sector pesquero que han de tenerse en cuenta cuando se considera un sistema de identificación automático y la cuestión de la confidencialidad de la información relacionada con el mismo. Apoyo la idea de un fondo de compensación para lugares de refugio y puertos. Esto es particularmente importante si un buque, por ejemplo, no está debidamente asegurado. Hemos apoyado el informe Sterckx en comisión, pero como Grupo hemos presentado dos enmiendas que espero que se acepten en la votación. Creemos que se basan simplemente en el sentido común y que guardan relación con la designación de zonas sensibles desde el punto de vista ambiental. Sin duda, en la evaluación de un posible lugar de refugio es importante identificar recursos costeros vulnerables, así como el posible impacto de los vertidos de petróleo en esos recursos. Aunque esta información puede variar según la estación y en muchos casos ya existe para muchas aguas europeas, ocurre sencillamente que todavía no se ha centralizado ni puesto a disposición de los responsables de tomar las decisiones para acortar el tiempo de respuesta en caso de una emergencia.

En cuanto al control estatal de los puertos, aunque se ha refundido la Directiva vigente, celebramos el nuevo régimen de inspección, los tres tipos de inspección y las nuevas disposiciones sobre la denegación de acceso a los puertos comunitarios. Sin embargo, creemos que el informe de la Comisión de Transportes y Turismo, de nuevo buscando el sentido común, simplifica la estructura de la propuesta y la hace más coherente. Describe con más precisión la futura base de datos de las inspecciones y refuerza y clarifica el vínculo entre los sistemas de inspección comunitarios y el sistema de inspección del memorando de París, y por eso la hemos apoyado en comisión.

En cuanto a las organizaciones de inspección y control de buques, como otros han mencionado, la cuestión de su transparencia e independencia es muy importante. En la vigilancia de sus actividades, es sin duda una cuestión de sentido común asegurar que el control y la vigilancia de las actividades de las organizaciones de inspección sean totalmente transparentes, imparciales y estrictos. En comisión hemos presentado algunas enmiendas al informe Grandes Pascual, en las que se pedía una mayor participación de la Agencia Europa de Seguridad Marítima. Dichas enmiendas han sido rechazadas porque, según nos han dicho, la Comisión pretende proponer un nuevo reglamento sobre el mandato de la AESM. Quisiera alguna garantía de que la Comisión tiene realmente la intención de examinar constructivamente esta cuestión.

El tipo de catástrofes que hemos visto con demasiada frecuencia no causan simplemente un daño ambiental a corto plazo. En ocasiones pueden arruinar totalmente las industrias locales, desde las pesquerías hasta la acuicultura, además de tener otros efectos de larga duración, que también deben tenerse en cuenta. Se ha hecho un progreso considerable a escala comunitaria en cuanto a la seguridad del transporte marítimo y debemos utilizar la experiencia que hemos adquirido con anteriores paquetes marítimos como base para seguir mejorando en el futuro.

Espero que el Consejo acepte que los informes parlamentarios de la Comisión de Transportes y Turismo contribuyen constructivamente al proceso con lo que creemos que es sentido común. Espero que se acepten y sigan sus sugerencias.

  Graham Booth, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, el Reino Unido es uno de los pocos países que han firmado el Protocolo de Atenas y, por tanto, no tiene necesidad de que la UE lo firme en su nombre. Pero lo más importante es que el consentimiento del Reino Unido protege explícitamente a los pequeños buques que navegan por las vías fluviales nacionales de los onerosos costes que supondrá el cumplimiento de la legislación. Ahora bien, Bruselas no está satisfecha con eso y quiere que Europa vuelva a firmar. Esta vez incluirá a los buques con menos capacidad para soportar dichos costes.

Además, su argumento de que las vías fluviales nacionales son esencialmente las mismas que las del transporte internacional puede reflejar en efecto la situación existente en la mayor parte de Europa continental, pero no refleja la realidad en el Reino Unido. Para nosotros, viajar al extranjero significa realmente eso: tenemos que surcar el mar. Eso es lo que implica ser una isla.

El propio señor Costa admite que esta extensión creará una carga innecesaria para los operadores del sector. El Gobierno británico lo considera problemático, pero se ha limitado a decir a esas pequeñas empresas, «Mala suerte, pero os fastidiáis. ¡Vamos a hacerlo de todos modos!» Para mí es evidente que este informe no ha incluido una evaluación seria del impacto.

Cuando mi oficina contactó con el Gobierno británico para preguntar si la nueva legislación afectaría a los transbordadores arrastrados por cable y cadena, como el Transbordador de Sandbanks, cerca de Poole, en mi circunscripción, la respuesta volvió con la expresión poco seria de: «que sepamos». ¡Pero ellos tienen que saberlo! El Gobierno británico y esta legislación se contradicen. Uno dice que abarca el tráfico marítimo, el otro las vías navegables.

Esta Asamblea tiene que recordar que se trata de empresas reales, de puestos de trabajo reales, de personas reales y de familias reales, que pueden verse arruinadas con toda esta legislación poco meditada y proscriptiva. No es una legislación suficientemente buena. En cuanto a la seguridad y la paz mental de los que trabajan en este sector, no protege debidamente sus intereses. En conjunto, resulta evidente que este informe es un martillo demasiado grande que no se limitará a cascar la nuez, sino que la destruirá por completo.

  Fernand le Rachinel, en nombre del Grupo ITS. – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como representante electo francés de la vasta región de Nord-Ouest, una región con muchos litorales, me afectan, como es natural, las cuestiones relativas a la seguridad marítima. Por consiguiente, apoyo plenamente la iniciativa de la Comisión de crear, sobre la base de un paquete de textos legislativos, un mecanismo de defensa destinado a proteger a Europa de los riesgos de contaminación y accidentes marítimos.

En efecto, a pesar de los progresos realizados desde los naufragios del Erika y el Prestige –por ejemplo, con los controles obligatorios de los buques en los puertos o con el desguace de los petroleros de casco único–, pienso que el dispositivo de prevención de accidentes sigue siendo insuficiente. Esta triste constatación la comparten, qué remedio, los sindicatos profesionales de marinos, las asociaciones de defensa del medio ambiente e incluso representantes elegidos de todo el espectro político.

Se trata, en particular, de la cuestión de los pabellones de conveniencia, que, a pesar de la voluntad de la Comisión y de este Parlamento de reformarlos, siguen siendo demasiado numerosos. Cerca del 60 % de la flota mundial navega aún bajo pabellón de conveniencia, que ofrece, además del beneficio de una fiscalidad mínima, la posibilidad de multiplicar los intermediarios para eludir toda responsabilidad en caso de accidente o catástrofe. Por otra parte, permite la mayor negligencia en materia de seguridad de los buques y de régimen laboral.

Por último, la seguridad marítima debería descansar, evidentemente, en tres responsabilidades: la del Estado del pabellón, la del armador y la de las sociedades de clasificación, que se ocupan de la supervisión de los buques. Estas medidas figuran por supuesto en el tercer paquete relativo a la seguridad marítima. Esperemos, no obstante, que se apliquen en la práctica, lo cual lamentablemente no siempre es el caso.

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Barrot, acojo con gran satisfacción la obligación europea de realizar investigaciones independientes de las catástrofes marítimas, y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya sin reservas esta iniciativa, ya que el objetivo de tales investigaciones es descubrir la causa de la catástrofe, a fin de poder adoptar medidas para evitar que en el futuro se repitan incidentes similares. Poseemos ya una excelente experiencia al respecto en el caso de las catástrofes aéreas. Después de las catástrofes de los petroleros Erika y Prestige no se realizó ninguna investigación independiente, con el riesgo de que la responsabilidad se fuera traspasando de una región a otra o de un Estado miembro a otro. Cuando se produce una catástrofe importante en nuestras aguas internacionales, ello afecta inevitablemente a varios Estados miembros y a muchas partes. Esta directiva europea nos va a permitir llegar al fondo del asunto y evitar que los Estados miembros se echen la culpa mutuamente.

En la Comisión de Transportes y Turismo hemos acentuado la independencia de la investigación al estipular que la información que genere solo se podrá utilizar para mejorar la seguridad marítima y mi Grupo no está de acuerdo con la Comisión en relación con este punto. La información resultante de la investigación de la causa de una catástrofe no debe facilitarse para procedimientos penales en los Estados miembros, debido al considerable riesgo de que los implicados no se atrevan a revelar informaciones importantes por temor a una acusación penal. Por tanto, es esencial establecer una separación estricta entre la investigación penal y la investigación de la causa de la catástrofe.

A pesar de que, además de las enmiendas sobre este tema, y otras encaminadas a acelerar la investigación, también se han presentado varias sobre cuestiones de detalle a las que no concedemos especial valor, creo que el informe que tenemos sobre la mesa es, en conjunto, muy válido.

Quisiera añadir asimismo un comentario acerca de la Directiva sobre los derechos de los pasajeros, que estaba pensada para el transporte marítimo, pero que ahora cubre el transporte por vías navegables, algo que, según me ha parecido, apoya el Comisario Barrot. No puedo entender su postura, ya que un barco de pasajeros que navega por el Danubio, el Mosa o el Rin no es comparable a un barco que surca las aguas oceánicas. Equivale a comparar un tren con un autobús: el perfil de riesgo es muy distinto. Dentro del contexto del Programa de Acción NAIADES, usted, Comisario Barrot, se comprometió a armonizar la legislación europea sobre el transporte por vías navegables –la relativa a la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR)– y ahora se propone aplicar la legislación marítima al siguiente incidente. Es un mal camino. Espero que siga intentando armonizar, y consolidar, la normativa CCNR. Hemos vuelto a presentar las enmiendas encaminadas a retirar el transporte por vías navegables de esta Directiva y espero que su inclusión no obtenga un apoyo mayoritario, o al menos no una mayoría cualificada, y se dé satisfacción al Consejo en este ámbito.

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Señorías, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, colegas, la catástrofe del Prestige en 2002 marcó, como la del Erika en el 1999, un antes y un después en la adopción de una legislación comunitaria de seguridad marítima, y este Parlamento puede estar orgulloso de su papel al respecto.

El punto primero de la tercera resolución sobre el Prestige, que aprobó esta Cámara en septiembre de 2003, pedía a la Conferencia de Presidentes que examinase favorablemente la solicitud de creación de una comisión temporal destinada a profundizar en el examen de las causas y consecuencias de la catástrofe, para que algo así no se volviese a repetir nunca más.

La comisión temporal, que costó mucho crear, fue muy positiva para esta Cámara. Nos permitió asumir nuestra responsabilidad en el control político de una catástrofe de ámbito europeo y ejercer una tarea de impulso de una verdadera política europea de transporte marítimo, porque la investigación y el análisis técnico y profesional de los accidentes e incidentes –que no sucesos marítimos– resultan imprescindibles para evitar su repetición.

El Erika y el Prestige revelaron una degradación del transporte marítimo, tanto desde el punto de vista societario y comercial como del de los propios buques.

Votamos la Resolución Mare el 21 de abril de 2004. Recuerdo una de las enmiendas que presenté en nombre de mi Grupo y que solicitaba una política europea del mar global y coherente que nos permitiese dotar de transparencia al entramado del transporte marítimo, erradicar las banderas de conveniencia y mejorar la formación y las condiciones de vida y de trabajo de los tripulantes.

Usted, señor Barrot, fue el encargado de redactar esas nuevas propuestas que hoy, por fin, debatimos. Es curioso, señor Comisario, sin embargo, que este paquete no tenga nombre. Hay quien le llama Erika III, pero este Parlamento, señor Comisario, pidió que se le llamase Prestige y así figura en la resolución aprobada.

Quizás como honor sea un poco dudoso, pero forma parte de la misma lógica que hace que, solo cuando tiene lugar un accidente, se recupere el interés para poner en marcha una normativa más exigente.

Lo cierto es que tenemos dos paquetes Erika y no tenemos ningún paquete Prestige, por lo que quiero continuar reivindicando ese deseo que no fue atendido desde aquí.

Sí lo fueron, sin embargo, y tengo que felicitarle por ello, otros deseos. Este paquete satisface muchos: aborda la cuestión de los puertos refugio, el régimen de inspecciones de los buques –que es un factor esencial de la seguridad marítima–, amplía este a los buques en tránsito –que deberán aportar documentación y avales que aseguren que van a poder responder en caso de daños o accidentes–, clarifica responsabilidades, refuerza y armoniza el régimen comunitario relativo a los organismos habilitados, como las sociedades de clasificación, y, desde luego, mejora el régimen de control.

Para terminar, señor Comisario, algo que sigo echando en falta: las dotaciones de los buques se han reducido a la mitad en los últimos 30 años. En la actualidad, todo el mundo lo sabe, son insuficientes para llevar a cabo un correcto mantenimiento.

Le pido, por lo tanto, propuestas relativas a la mejora de las condiciones de vida, de trabajo y de formación de los profesionales del mar, la dignificación de la profesión marítima y la formación de los equipajes, incluida la formación en seguridad y el incremento de las inspecciones sociales a bordo de los navíos.

Quiero terminar felicitándole a usted y a su equipo, y también a los ponentes y los ponentes alternativos por el trabajo realizado.

  Anne E. Jensen (ALDE). – (DA) Señor Presidente, señora Ministra Roth, señor Comisario Barrot, si tuvieran que elegir un ámbito en el que la UE obtiene resultados positivos para sus ciudadanos, la legislación sobre seguridad marítima constituiría un buen ejemplo. Existe una abundante y sólida reglamentación internacional y global sobre seguridad marítima y jamás debemos olvidar que el transporte marítimo es un sector de ámbito planetario. La UE ha llegado a situarse en los últimos años en la vanguardia en lo que respecta a los requisitos para una seguridad marítima efectiva y está bien preparada para hacer frente a los vertidos de petróleo y otros accidentes contaminantes. Es una evolución de la que podemos sentirnos orgullosos, aun cuando haya tenido unos antecedentes trágicos, a saber, las grandes catástrofes de los naufragios del Erika y el Prestige. El tercer paquete sobre seguridad marítima es una continuación de la legislación aprobada como consecuencia de esas dos catástrofes.

Me gustaría destacar sobre todo las dos Directivas de las que he sido ponente por mi Grupo: la Directiva sobre el control por el Estado rector del puerto y la Directiva sobre investigación de accidentes marítimos. Quiero dar las gracias a la señora Vlasto por su excelente y arduo trabajo en la Directiva sobre el control por el Estado rector del puerto. En su informe respalda los principios propuestos por la Comisión, esto es, que se deben controlar todos los barcos, que el control de los buques deficientes debe ser aún más intenso y que, de hecho, no queremos ver ningún buque muy deficiente en aguas europeas. Afirma asimismo que el control por el Estado rector del puerto debe cumplir unos estándares apropiados, de manera que la inspección sea más uniforme en todos los puertos de la UE, y clarifica la función de los prácticos en cuanto a la denuncia de los barcos deficientes.

La señora Vlasto ha reelaborado la propuesta de la Comisión de manera que ahora se establece una división mucho más clara entre los barcos en buen estado y los deficientes. Esto también la hace merecedora de un gran elogio, al igual que la flexibilidad y la voluntad de compromiso con que ha trabajado en la elaboración del informe. El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa no ha presentado, por tanto, ninguna enmienda al informe de la Comisión de Transportes y Turismo.

También quiero dar las gracias al señor Kohlíček por su colaboración constructiva en la Directiva sobre la investigación de accidentes. La investigación de los incidentes y la comunicación de los resultados son, desde luego, vitales para garantizar que los accidentes no se repitan. Hemos de aprender de los accidentes que se producen y es necesario que el mayor número de personas posible aproveche la experiencia de otros. Considero importante garantizar, siguiendo el ejemplo de lo que hemos aprendido en el ámbito de la aviación, que todas las partes implicadas tengan un incentivo para proporcionar una descripción lo más sincera y cabal posible del desarrollo de un accidente. La declaración testimonial durante el procedimiento de investigación no se deberá utilizar en conexión directa con ninguna acusación, ya que en tal caso se deben respetar debidamente los derechos del acusado durante los interrogatorios. Resulta complicado conjugar estos intereses y agradezco al señor Kohlíček el resultado positivo conseguido. El Grupo ALDE propone que los barcos de pesca de menos de 24 metros de eslora también estén sujetos a las investigaciones de la naturaleza propuesta, ya que existe un gran número de accidentes en los que intervienen tales barcos. No obstante, puedo aceptar que se establezca el límite en los barcos de pesca de menos de 15 metros de eslora, si eso sirve para hacer avanzar la propuesta. Por tanto, confío en el apoyo de mis colegas diputados.

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN). – (IT) Señora Presidenta, señor Barrot, Señorías, no digo nada nuevo cuando subrayo que la cuestión de la seguridad del transporte marítimo en las aguas territoriales de la Unión Europea es por desgracia de una actualidad continua y a veces trágica.

Solo hace tres meses se produjo el 45º accidente en 50 años en el Estrecho de Messina, una de las zonas más concurridas del transporte marítimo mediterráneo. El accidente, en el que se vieron implicados un transbordador y un hidroala, causó de nuevo muertos y heridos. Este desastre se habría podido evitar si el sofisticado sistema de radares terrestres, que debía estar controlando el tráfico marítimo, hubiese estado en pleno funcionamiento.

Por tanto, hoy, para vigilar el tráfico del Estrecho de Messina solo queda el AIS –el sistema de satélites de identificación automática de las embarcaciones–, que es obligatorio para los buques de tonelaje superior a 300 toneladas.

A este respecto, la Comisión de Pesca, con la intención de mejorar la seguridad de los pescadores y sus embarcaciones –recuerdo que muchos accidentes marítimos graves se deben a la falta de avistamiento de los pesqueros desde los buques mercantes–, ha incluido en su opinión una enmienda en la que se reclama el uso obligatorio del sistema AIS en todos los pesqueros nuevos.

Por lo que respecta a los pesqueros existentes, habría que prever una financiación, en especial para los de pequeñas dimensiones, dado que la mayor parte de los pesqueros que operan en el Mediterráneo pertenecen a pequeños operadores que tienen ya graves dificultades económicas, pues han tenido que hacer ingentes sacrificios para cumplir los requisitos de la política pesquera con las denominadas «cajas azules».

Señora Presidenta, señor Barrot, confiar en el crecimiento del transporte marítimo significa garantizar la seguridad de todos y en todas partes, de los pasajeros y los trabajadores a bordo, en las aguas interiores y no interiores, pero significa también aumentar los controles y endurecer las penas para los transgresores. El voto de esta Cámara puede constituir una prueba concreta de la voluntad de Europa de avanzar en este sentido.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, la mayoría de los ciudadanos europeos aboga por medidas más estrictas con respecto a la seguridad del transporte marítimo y la protección no solo del medio ambiente y la salud pública, sino también de la pesca y el turismo. El tercer paquete de propuestas en el sector marítimo constituye un importante avance positivo.

El Convenio de Atenas de 1974, modificado por el Protocolo de 2002, tiene que entrar en vigor. Lamentablemente, hasta la fecha solo cinco Estados miembros han suscrito el correspondiente protocolo y se requieren diez ratificaciones. Quiero dirigir un llamamiento a todos los Estados miembros y en especial a mi país, Grecia. Grecia es una potencia marítima mundial; por tanto, no debería permanecer cruzada de brazos, sino que tendría que estar a la cabeza de la seguridad en el mar.

Apoyo el seguro obligatorio que cubra a los pasajeros que viajan por barco. Por desgracia, estos a menudo no conocen bien sus derechos institucionales. Por consiguiente, hay que mejorar el conocimiento público. Pero, al mismo tiempo, resulta necesario un análisis adicional del coste de aplicar la reglamentación, así como una asignación de los costes, con el fin de evitar un aumento desproporcionado entre el precio de los billetes y el de los fletes. En países insulares, como Grecia, este aspecto es muy importante.

Personalmente, al igual que mi Grupo político, apoyo decididamente la creación de una lista negra de armadores y compañías marítimas, así como una lista gris o negra de Estados de pabellón. Decimos «sí» a un control más eficaz de los barcos con unas inspecciones más estrictas. Decimos «sí» a la aprobación de reglamentos de operación más estrictos e inspecciones por parte de sociedades de clasificación. Pero decimos «no» a los armadores irresponsables y «no» a las sociedades de clasificación que emiten certificados de navegabilidad carentes de fiabilidad. Decimos «sí» a la creación de un órgano permanente de investigación de accidentes y decimos «sí» al establecimiento de un sistema de inspección para el transporte por barco que contribuya a la prevención de accidentes y también a acelerar la intervención en caso de accidentes.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señora Presidenta, quiero centrarme en el informe Costa, que al parecer contiene dos puntos clave. Ante todo, está la idea de un régimen de responsabilidad en el caso de actividades terroristas, que se ha sido debatido y considerado de forma prolija en la Organización Marítima Internacional y que constituye un buen ejemplo de un procedimiento en que se han alcanzado soluciones acertadas en los niveles adecuados.

Lo cual enlaza con el segundo punto, a saber, el ámbito de aplicación del Reglamento. Dado que el Convenio de Atenas está pensado para la navegación marítima, me ha sorprendido constatar que se ha ampliado su ámbito de aplicación para incluir al transporte por vías navegables. Las grandes diferencias entre la navegación marítima y la navegación por vías interiores no justifican que se establezca un mismo régimen de responsabilidades para ambos, como tampoco lo justifican las consecuencias que tendría armonizar ambos regímenes. Se espera que el aumento de responsabilidad para los transportistas en la navegación por vías navegables tenga consecuencias que incluso podrían obligar a ponderar la viabilidad financiera del servicio. Dada la importancia social del transporte de pasajeros por vías navegables en una serie de países, lo encuentro inaceptable. Por esto, mi Grupo sugiere que se retire el transporte por vías navegables de la propuesta y que, en cambio, colaboremos con la Comisión Central para la Navegación del Rin para contribuir a mejorar el régimen de responsabilidad para la navegación por vías interiores. Me satisface la posición aprobada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en este ámbito y espero sinceramente que los demás Grupos se sumen a ella.

  Luca Romagnoli (ITS). – (IT) Señora Presidenta, señor Barrot, Señorías, la seguridad marítima, que es objeto de cinco directivas que el Parlamento está llamado a aprobar, conforma un paquete de medidas que, de forma loable, pretende mejorar la prevención de los accidentes marítimos y asegurar una intervención más eficiente en caso de que se produzcan y la gestión eficaz de su impacto ambiental.

A mi juicio, es bueno incorporar el Convenio de Atenas de 2002 al Derecho comunitario, objetivando de este modo la responsabilidad de los transportistas y la cobertura de seguro de los pasajeros y sus equipajes. Esto ofrece a los usuarios las garantías justas y se inicia además una especie de ciclo de seguridad que estimula un mejor seguimiento de las embarcaciones y los aparatos, así como procedimientos de seguridad, precisamente porque se implica a los diversos operadores del transporte marítimo.

Por lo que respecta en particular al informe Sterckx, me parece oportuno que se desarrolle el sistema europeo de intercambio de información y el uso del sistema de identificación automática para los buques pesqueros, siempre que haya después un apoyo concreto del 90 % de la UE para equipar las flotas con el nuevo instrumental, sobre todo para los pequeños operadores.

No apruebo, en cambio, que se quiera sustraer a los Estados nacionales su margen de maniobra en materia de gestión de las emergencias y procedimientos de acogida de los buques en peligro. Apruebo, sin embargo, el texto de la enmienda que precisa que un Estado no puede ser eximido de la obligación de asistencia a un buque en peligro. Comparto también lo que sugieren la señora Vlasto y la Comisión con respecto al refuerzo del régimen de inspección de los buques y sus perfiles de riesgo.

En conclusión, apruebo todas las medidas a favor de una política continental marítima y de seguridad a modo de activo humano, ambiental y económico y de todas las medidas de fomento de la mejora y la armonización de los servicios prestados por las administraciones marítimas, así del registro bajo pabellón de la Unión Europea.

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, voy a referirme concretamente al informe Sterckx. Quiero comentar dos de las enmiendas del ponente que tratan de las restricciones de acceso a los datos. Aun estando de acuerdo con el propósito del ponente en procurar reducir el riesgo del abuso comercial de los datos, pienso que las consecuencias no intencionadas resultantes superarán a las ventajas.

Teniendo en cuenta el hecho de que ya se han emprendido acciones fuera de la UE con respecto a dicho asunto, esto plantea interrogantes graves de por qué consideramos necesario legislar sobre esto. Me refiero a la iniciativa de Lloyd's Register de Londres y su homólogo neerlandés de establecer un régimen de autorregulación. Estos debates han dado lugar a la reestructuración del AIS, con el fin concreto de disipar los temores suscitados y beneficiar a la auténtica industria, así como a los usuarios gubernamentales. Seguidamente, todas las partes que utilizan estos datos AIS han acordado utilizar estas medidas.

Mi temor radica en que si se aprueban las propuestas sobre la restricción del acceso a estos datos, los puertos y las compañías europeas quedarán comercialmente en desventaja. Ello se debe a que los competidores de ultramar van a poder seguir abasteciéndose de servicios que hacen uso de estos datos del AIS. Además, puesto que la información susceptible de llevar a un abuso comercial puede obtenerse fácilmente de otras fuentes con más detalle, ¿por qué elegimos únicamente este sistema concreto de datos?

Por último, sería imposible hacer cumplir estas cláusulas. Los datos del AIS se transmiten utilizando señales normales de alta frecuencia y existe en el mercado una serie de equipos receptores que son totalmente indetectables, lo que significa que cualquiera que desee hacer un uso indebido de los datos, puede seguir haciéndolo. Por consiguiente, solicito a la Cámara que reflexione con detenimiento sobre el contenido de este informe y no caiga en la trampa de una regulación excesiva, ahora que pedimos que la Comisión regule menos.

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señora Presidenta, acojo con satisfacción el tercer paquete marítimo. Este Parlamento se toma muy en serio, desde hace ya mucho tiempo, la seguridad marítima. Tras las catástrofes del Erika y el Prestige hemos de garantizar que no vuelva a ocurrir jamás nada de esta índole y que tratemos de establecer las normas de seguridad marítima más estrictas del mundo.

Quiero hablar concretamente del informe del señor de Grandes Pascual. Aplaudo esta iniciativa de reformar el funcionamiento de las sociedades de clasificación europeas y de mejorar la calidad de estas organizaciones. Pienso que el informe constituye un progreso notable en el proceso de reforma de las tareas de inspección, verificación y certificación de buques con pabellón de los Estados miembros, pero hay algunas cuestiones quiero plantear.

Primero, Comisario Barrot, usted ha hablado en su intervención inicial de la necesidad de una estructura independiente para el control de calidad. No voy a llevarle la contraria al respecto, pero creo que este informe, tal como se propone, es contradictorio. Para que tenga realmente valor, el nuevo comité propuesto, el Comité de evaluación, tiene que ser independiente, no solo respecto de las organizaciones reconocidas, sino de los Estados miembros y de la Comisión. Sin embargo, de momento y tal como están las cosas, el informe afirma que la Comisión «podrá pedir al Comité de evaluación que adopte las medidas que la Comisión considere necesarias». Bien poca autonomía e independencia le concede al Comité si la Comisión le va a dictas las medidas que considere necesarias.

Por tanto, solicito el apoyo a mi enmienda 73 que, lamentablemente, el señor de Grandes Pascual declara no tener intención de apoyar por ahora. Mi enmienda 73 vendrá a paliar esa circunstancia y conceder a la Comisión la facultad de asesorar o sugerir, en lugar de pedir, ya que a un comité independiente no se le puede pedir que haga algo, pues de lo contrario perdería completamente su independencia.

En cuanto al artículo 8, estoy totalmente a favor del planteamiento de establecer un esquema de sanciones gradual para las organizaciones reconocidas y considero que no debería introducirse ningún cambio significativo en el régimen de responsabilidad civil. Respecto del artículo 12, apoyo las sanciones por las deficiencias de las organizaciones reconocidas, siendo un sistema mucho más justo que el desmantelamiento actual. Se trata de una forma más flexible de funcionar y permitirá la adopción rápida de acciones correctivas, en el caso de que existan deficiencias en una organización reconocida. Apoyo plenamente una sanción máxima del 5 %, frente a la cifra original del 10 %, y respaldo la posición expresada en el artículo 20 sobre el reconocimiento mutuo de certificados por las organizaciones reconocidas.

Creo que estamos progresando en este punto. Espero que el informe pueda ser aprobado con mi enmienda y seré uno de los primeros en apoyarlo.

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para manifestar mi acuerdo y mi apoyo a que se incorpore a la legislación comunitaria el Convenio de Atenas de la Organización Marítima Internacional.

Mi posición concuerda plenamente con la de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la que soy miembro. También estoy a favor de que se amplíe la responsabilidad en el caso del transporte de pasajeros dentro del territorio de la Unión Europea, tanto en el transporte marítimo como en el transporte por carretera. A mi juicio, cualquier suceso en el que los pasajeros puedan sufrir daños entraña especial importancia, lo que equivale a decir que resulta primordial aumentar su seguridad.

Por esto considero que, antes de incluir la Conferencia de Atenas de la Organización Marítima Internacional en la legislación comunitaria, esta debería centrarse en el tema de un seguro del transportista que cumpla las obligaciones establecidas en el Protocolo de 2002, así como en la aplicación de unas tasas razonables. También merecería la pena estudiar la posibilidad de unas tasas adecuadas para el seguro de los transportistas, así como el tema de su exención de toda responsabilidad civil en el caso de actos terroristas.

Y una observación final: a mi juicio, se debe prestar más atención a la situación de los pequeños operadores en vías navegables en lo tocante a la seguridad de los pasajeros.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, los recientes sucesos, como el hundimiento del barco Sea Diamond en Santorini, el varamiento del Napoli frente a las costas del Reino Unido, la colisión de dos buques en Mesina, Italia, y otros, confirman nuestra opinión de que la seguridad de las vidas humanas en el mar constituye el mayor problema político y social del sector marítimo.

Lamentablemente, el marco legislativo de los tratados y reglamentos internacionales no contribuye a resolver el problema y resulta ineficaz. La principal causa del problema radica en el hecho de que las compañías marítimas, así como los organismos públicos y privados que controlan la navegabilidad y las actividades comerciales de los barcos, operan sobre la base de la rentabilidad. Por consiguiente, infringen las disposiciones en materia de seguridad, al tiempo que cuentan con el apoyo político tanto de la Unión Europea como de los Gobiernos y los Estados miembros.

La seguridad se convierte en un problema aún mayor cuando se trata de buques que enarbolan pabellones de conveniencia en segundos registros. La vida y el trabajo en el mar en barcos faltos de mantenimiento y con deficiencias se han convertido en una forma moderna de esclavitud para los marineros. El criterio expresado por la Comisión, los Gobiernos de los Estados miembros y los armadores en el sentido de que el factor humano es el elemento principal en los accidentes marítimos resulta enormemente peligroso. Minimiza la importancia de las condiciones del barco, las consecuencias de un mantenimiento inadecuado y el número elevado de años de utilización. De esta forma se minimizan las responsabilidades de los armadores, así como las de todos los organismos implicados en la emisión de certificados de navegabilidad de los buques. Los planes propuestos en lo referente a la adopción de numerosas obligaciones aumentan las responsabilidades de la tripulación –especialmente del capitán y el mecánico– y plantean mayores peligros para las vidas humanas en el mar.

Hay que rebatir estos planes durante la próxima reunión general de la OMI sobre seguridad marítima en octubre. Hay que mejorar la formación sobre cuestiones marítimas de la población, la composición operativa de las tripulaciones de los barcos se debe establecer en función de las necesidades esenciales y hay que promover la reducción de la jornada de trabajo, así como la mejora de las condiciones de trabajo de los marineros. No será posible encontrar una solución sobre la base de unas políticas que, en aras del beneficio, sacrifican vidas humanas y el medio ambiente, y utilizan a los marineros como chivos expiatorios de sus delitos.

Las directrices y reglamentos de la UE, de naturaleza burocrática y tecnocrática, en el fondo no pueden proteger las vidas humanas, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores de manera eficaz. Apoyamos las peticiones del movimiento de los trabajadores del mar en favor de la actualización de la educación marítima, la mejora de las condiciones laborales, el control de los reglamentos –con la participación de los trabajadores–, la construcción y la navegabilidad de los barcos, y la creación de estaciones de emergencia.

  Georgios Karatzaferis (IND/DEM). – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, hace tres semanas usted visitó mi país, Grecia. La gente que trabaja en el sector marítimo esperaba mucho de usted. Pudieron ver cómo se apresuró a dar su visto bueno a Olympic Airways, pero no escucharon lo que esperaban de usted, la principal persona a cargo de los temas relacionados con el transporte marítimo.

Tres días después de su partida se produjo un terrible naufragio a 20 metros de la costa. Un crucero con cerca de 1 300 personas a bordo se hundió a 20 metros de la isla más turística de Grecia, Santorini. Murieron dos ciudadanos franceses. Todo esto demuestra algo no funciona. El capitán proclamó: «Asumo toda la responsabilidad». Hay que evaluar a los capitanes con un criterio más estricto. No podemos tolerar la actual situación, pero aún así no se le presta mayor atención. Ambos informes van bien encaminados, pero tenemos que garantizar la seguridad de las vidas humanas. En este caso, nos hallamos ante un accidente en el Egeo y no sabemos cuál es el organismo competente que se va a encargar de la investigación y de la operación de rescate. Existe una gran incertidumbre. Si la Unión Europea no es capaz de definir qué aguas pertenecen a qué país, ¿cómo va a haber una investigación y una operación de rescate?

Otro asunto importante, señor Comisario, es cómo vamos a garantizar puestos de trabajo para las tripulaciones. Faltan puestos de trabajo. Tenemos el número más elevado de marineros en paro. ¿Cómo vamos a asegurar una línea de comunicación que conecte las islas más pequeñas? Grecia tiene más de un millar de islas. La mitad de ellas están habitadas. ¿Cómo van a permanecer estas personas en contacto con el centro? Es decir que hemos creado un país cuya población recibe un trato desigual. Hay que analizar todo lo que acabo de señalar y darle una solución. Si no es posible abordarlo en el presente informe, deberán hacerlo en uno de sus futuros informes.

  Luís Queiró (PPE-DE). – (PT) Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el tema de la seguridad marítima no solo es controvertido y resulta difícil de resolver, sino que además –y esto es más importante– es un factor vital para elevar los buques, los barcos de transporte de contenedores y los petroleros a la categoría de una modalidad segura y fiable de transporte, después de los accidentes y catástrofes ambientales que se han producido. No debemos renunciar a este principio. Por esto deseo felicitar a nuestros ponentes por su labor y por los esfuerzos que han realizado para encontrar soluciones operativas junto con los representantes de las organizaciones afectadas por las propuestas.

Las medidas que estamos debatiendo hoy –tanto de carácter preventivo como referidas a las consecuencias de los accidentes– junto con las dos ya adoptadas en el último período parcial de sesiones, como es lógico, son indicativas del empeño del Parlamento por garantizar una respuesta rápida y coherente al problema de la seguridad marítima. Por tanto, esperamos que la Comisión y, sobre todo, el Consejo actúen con la misma celeridad y la misma orientación, aplicando el enfoque trazado en el presente expediente.

Aprovechamos la ocasión para felicitar al Consejo por su plan para adoptar una decisión política sobre este tema en julio, tal como se ha expuesto en esta Cámara. Medidas como el refuerzo de las disposiciones destinadas a compensar a las personas e indemnizarlas por la pérdida de sus bienes en caso de accidente marítimo, el desarrollo y mejora del sistema para el intercambio de datos sobre transporte de sustancias peligrosas, el control del tráfico de barcos, el intercambio de información relevante y la clarificación de la naturaleza y el alcance de las inspecciones en materia de seguridad por parte de organismos imparciales permanentes, contribuirán a establecer unas normas más claras y a consolidar la labor conjunta que han de realizar las distintas autoridades afectadas.

Otras iniciativas importantes, que contribuirán a conseguir un transporte marítimo más seguro con unas normas más comprensibles para usuarios y más atentas a ellos, incluyen el aumento de la frecuencia de las inspecciones portuarias de los buques, con especial atención a los más peligrosos, y la mejora de los sistemas de control de los organismos homologados mediante la reforma del sistema de penalización y la garantía de que dichos organismos actúen de manera independiente.

Para finalizar, mejorar la normativa para hacerla más dinámica y garantizar una vinculación más estrecha con los convenios de la Organización Marítima Internacional, nos permitirá contribuir a una mayor seguridad y a un transporte marítimo más adecuado, sin vertidos de petróleo, lo cual beneficiará a su vez al ambiente y a las personas, así como a las mercancías transportadas.

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, sucede que yo mismo fui ponente de la primera parte de este paquete marítimo en el último periodo parcial de sesiones, en el mes de marzo, porque decidimos deliberar sobre el informe Vincenzi relativo a los Estados del pabellón y sobre mi informe relativo a la responsabilidad civil.

Creo que es muy importante reafirmar hoy que se trata de un paquete global y transmitir al Consejo el mensaje de que no hace falta jugar a los horacios y los curiacios. Queremos ser muy coherentes, y espero que lo consigamos, porque este paquete está integrado por un conjunto de textos muy importantes y particularmente ejemplares.

Una vez no hace costumbre: vamos a deliberar sobre textos de seguridad marítima en frío, es decir, sin la presión de sucesos catastróficos. Estuve aquí, en esta Cámara, en la época de las dos catástrofes anteriores, con el Erika y con el Prestige. Estuve también aquí cuando se plantearon las cuestiones, a veces hipócritas, de los Estados miembros que denunciaban a las carencias de Europa: pues bien, ¿qué hace Europa? Es culpa de Europa que haya tanta imprevisión, es culpa de Europa que se deje navegar a barcos en ese estado, es culpa de Europa que no se sepa compensar las catástrofes ecológicas resultantes. Pues bien, no será culpa de Europa, sino de los Estados miembros, si llegamos hasta el final del ejercicio al que se nos convoca hoy. Por cierto, podemos ver, a raíz de los dos primeros paquetes, que cuando se dice a los Estados miembros que pongan manos a la obra en materia legislativa, son mucho menos entusiastas y la aplicación de los textos tarda mucho más.

Tenemos por tanto aquí un paquete legislativo integrado por siete textos especialmente coherentes, en un entorno marítimo europeo que sin duda es –hay que decirlo– uno de los más frágiles y más arriesgados del mundo. Tenemos una geografía complicada y zonas de riesgo: el Pas-de-Calais –el aumento del tráfico en el Pas-de-Calais ha originado y sigue originando graves accidentes–, el Báltico y el Oresund, el Bósforo, sin olvidar Gibraltar. Somos además una de las principales potencias marítimas del mundo, probablemente la primera, aunque China está empezando a superarnos. Es por tanto absolutamente esencial disponer de un corpus jurídico fuerte, que permita proteger a Europa y enviar a todos la señal de que tenemos exigencias en materia de seguridad y que esas exigencias son, en primer lugar, preventivas.

Ninguno de nosotros quiere hacer pagar a los fletadores y forzarles a reembolsar ganancias mal habidas, pero queremos que los fletadores, así como todos los operadores del tráfico marítimo, sean mucho más precavidos y sepan que van a ser presionados por las compañías de seguros y por todos los partícipes para que sean extremadamente rigurosos y reduzcan los riesgos al mínimo posible. Siempre habrá accidentes, pero creo que nos honrará haber hecho todo lo que hayamos podido, permaneciendo dentro del marco del Derecho internacional de la Organización Marítima Internacional, para crear una zona europea ejemplar de Derecho marítimo.

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, quiero comenzar con una cita de Joseph Conrad, posiblemente el más grande navegante del mundo, que en «El espejo del mar» escribía: «Impenetrable y desalmado, el mar no ha entregado nada a quienes pretenden sus precarios favores. Como si fuera demasiado grande, demasiado poderoso para tener virtudes comunes, el océano carece de compasión, de fe, de ley, de memoria».

Conrad escribió estas palabras hacia finales de la gran época de la navegación a vela, pero el mar continúa siendo un elemento altamente impredecible y, como bien podría haber dicho el propio Conrad, sujeto a la anarquía más que a su voluntad. La navegación marítima no es comparable, por tanto, con la navegación por vías interiores, sobre todo por las vías fluviales del interior de Europa, que a menudo están formadas por canales artificiales o ríos controlados y remansados artificialmente.

Desde esta perspectiva, la propuesta de la Comisión de equiparar la responsabilidad civil de quienes transportan pasajeros por alta mar y quienes lo hacen por vías navegables es totalmente equivocada. Es bueno que la Comisión de Transportes y Turismo haya rechazado dicha propuesta. Espero que podamos seguir manteniendo este rumbo durante la votación en el Pleno.

No dispongo de tiempo suficiente para enumerar todos mis otros argumentos, así que me limitaré a mencionar el hecho de que si en verdad estamos buscando una manera de aliviar el transporte por carretera, que es lo que estamos haciendo, no podemos imponer cargas adicionales a las posibles alternativas, una de las cuales es el transporte por vías navegables.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Señor Presidente, el propósito del informe del señor Sterckx es evitar accidentes y colisiones. En este sentido, es importante identificar y analizar los casos de casi colisión en la aviación. Sin embargo, la propuesta de nombrar un organismo independiente que vele por la seguridad en el mar plantea una serie de interrogantes. En Polonia, por ejemplo, ya contamos con oficinas marítimas que tienen autoridad para hacer cumplir las disposiciones en materia seguridad y ya lo están haciendo. La simple ampliación de sus poderes a la investigación de los accidentes, algo para lo que los Estados del mar Báltico están bien equipados, puede ser suficiente. También podrían compartir su experiencia con las regiones del Mediterráneo y el mar Negro. Agradezco al ponente, señor Kohlíček, la profundidad y flexibilidad de su informe, sobre todo teniendo en cuenta que representa a un país sin salida al mar.

Por lo que respecta al informe de Paolo Costa, considero positivo que hayamos combinado el tema de los accidentes con el seguro de responsabilidad civil para los transportistas marítimos, tanto en el mar como en las vías navegables. Estoy a favor de las reglamentaciones uniformes y de la inclusión en el Protocolo de Atenas de todos los tipos de transporte, incluido el de pasajeros por vías navegables y por mar. El paquete de reglamentaciones aumentará la responsabilidad en aras de una mayor seguridad y de la protección de las vidas y el ambiente, pero va a costar dinero. Por tanto, los nuevos reglamentos se tendrán que aplicar de manera coherente. Tiene que ser así para que todos los armadores, puertos y países se vean obligados a realizar idénticos esfuerzos. Cualquier discrepancia en la aplicación de los reglamentos originará desequilibrios en la competencia interna dentro de la Unión Europea.

Para terminar quiero dar las gracias al Comisario Barrot. Apoyo las siete propuestas exhaustivas y conjuntas de la Comisión sobre asuntos marítimos.

  Ville Itälä (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, hoy estamos debatiendo un asunto de enorme importancia, la seguridad en la navegación. La reglamentación propuesta para hacer más rigurosas las normas resulta vital para que podamos reducir el riesgo de accidentes en el mar.

Quisiera llamar especialmente la atención del señor Comisario sobre la situación en el mar Báltico. En los últimos años, Rusia ha aumentando notablemente sus remesas de petróleo a través del Báltico. Un solo accidente en esta reducida zona marítima podría resultar catastrófico para el propio mar Báltico y para los países ribereños. Por esto, es magnífico que se hayan presentado propuestas legislativas destinadas a prohibir el uso de buques monocasco para el transporte de petróleo, por ejemplo, y el señor Comisario merece nuestro agradecimiento por ello.

Las especiales circunstancias del mar Báltico, sobre todo las gélidas condiciones en invierno, exigen que los barcos posean características especiales de seguridad, aunque, por desgracia, no todos los Estados de pabellón parezcan estar demasiado interesados en la seguridad. Es verdaderamente necesario controlar los buques que incumplen las normas. Espero que el señor Comisario mantenga una conversación con Rusia, con el fin de que también se comprometa a cumplir estas normas comunes y podamos reducir, así, el riesgo de accidentes en el mar Báltico.

Me gustaría mencionar otro asunto importante, que guarda relación con la seguridad en el mar y en el mar Báltico, en particular. Muchos barcos vierten aceite de sentina al mar y para acabar con esta situación necesitamos una legislación estricta que sea aplicable a todos nuestros países. Cada vertido de aceite de sentina constituye por si solo una catástrofe natural y el Báltico no podrá soportarlo si persiste dicha práctica.

Pienso que la legislación que se está preparando es exactamente lo que espera de nosotros la población.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Aş dori să încep prin a felicita raportorii pentru munca efectuată şi, mai ales, Comisia Europeană pentru importanţa acordată transportului maritim. Astăzi, pe căile maritime se realizează 39% din transportul intern de marfă şi 90% din schimburile de marfă dintre Uniunea Europeană şi ţările terţe. Până în 2020 se estimează că, în Uniunea Europeană ,55% din transportul de marfă se va realiza pe mare. De asemenea, 25% din flota maritimă internaţională se află sub pavilionul unui stat membru, iar 40% din navele maritime sunt în proprietatea armatorilor comunitari.

Prin aderarea României şi a Bulgariei, Uniunea Europeană a dobândit la frontiera de est vecinătatea cu Marea Neagră. Astfel, Uniunea Europeană are la nord, la vest, la sud şi la est frontiere maritime. Dezvoltarea transportului naval constituie o prioritate a politicii europene de transport deoarece este mai puţin poluant şi mai ieftin. Reţeaua europeană de transport, programul Marco Polo şi programul Naiades vor permite dezvoltarea transportului naval şi asigurarea transferului de marfă din sistem naval în sistem rutier, feroviar şi vice-versa. Din nefericire există însă şi accidente maritime şi imense pagube provocate de acestea. Tocmai de aceea, cel de al treilea pachet maritim va contribui la adoptarea de norme europene comune care să asigure îmbunătăţirea siguranţei maritime. Măsuri precum monitorizarea traficului şi echiparea navelor cu sisteme de identificare automată care să permită determinarea poziţiei, vitezei şi direcţiei unei nave maritime vor permite salvarea mai multor vieţi şi reducerea pagubelor datorate accidentelor maritime. Accidentele maritime trebuie investigate de către organisme independente şi în aceste investigaţii trebuie făcută o distincţie clară între intenţii criminale şi incidente tehnice. Inspecţia navelor ce intră în porturile maritime europene va determina armatorii şi statele membre să ia măsuri pentru ca navele aflate sub pavilionul lor să îndeplinească condiţiile de securitate maritimă impuse prin convenţiile internaţionale în vigoare. Este important ca pavilioanele statelor membre să nu se afle pe lista neagră a Organizaţiei Maritime Internaţionale. Deşi transportul maritim înregistrează un volum mic de pasageri, este important să fie clar definite răspunderile transportatorilor, despăgubirile pe care aceştia trebuie să le acorde persoanelor în caz de accident, iar pasagerii să-şi cunoască drepturile şi acestea să fie respectate. Dezvoltarea transportului maritim trebuie să se facă cu respectarea mediului şi, în acest context, siguranţa maritimă este esenţială.

Consider, însă, că pentru a creşte siguranţa maritimă trebuie ca şi condiţiile de muncă din acest sector să fie îmbunătăţite. Având în vedere că în Uniunea Europeană există aproximativ 3 000 000 de angajaţi, aştept cu interes viitoarele iniţiative ale Comisiei Europene în acest domeniu. Felicit încă o dată raportorii pentru munca depusă.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hoy estamos celebrando un debate magnífico sobre el transporte marítimo aunque, como de costumbre, se está alargando un poco. Voy a intentar recuperar algo de tiempo ciñéndome a un solo punto, que considero importante. El informe Costa versa sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar o vías navegables en caso de accidente.

Me preocupa garantizar que los instrumentos aprobados con anterioridad –de forma acertada– para la navegación por alta mar, concretamente, el Convenio de Atenas y la legislación relacionada con el mismo, no se hagan extensivos de manera indiscriminada al transporte por vías navegables. Ya se ha dicho que con ello podríamos hacer más mal que bien. Por lo tanto, me permito pedirles que voten a favor de las enmiendas que hemos presentado.

  Nikolaos Sifunakis (PSE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, con las siete propuestas legislativas del paquete Erika III y los correspondientes informes del Parlamento Europeo, hemos dado un nuevo paso, a escala de Europa, para aumentar la seguridad en los transportes marítimos, combatir la contaminación marina y reforzar los derechos de los pasajeros en caso de accidente marítimo.

Las medidas propuestas, como el refuerzo de los puertos de acogida, el control de los buques, la investigación de los accidentes marítimos, el control estricto y paralelo de los barcos, tanto de Estados de pabellón como Estados portuarios, el aumento de las inspecciones y la mejora de las normas para las sociedades de clasificación, así como el aumento de los derechos de indemnización de los pasajeros, constituyen medidas necesarias para la prevención de los accidentes marítimos, pero también para hacer frente a sus consecuencias.

El trágico naufragio del crucero Sea Diamond hacer tres semanas en Grecia, que ocasionó la muerte de dos pasajeros y provocó la contaminación de las aguas, no solo ha puesto de manifiesto la negligencia humana, sino también la incapacidad de las autoridades estatales para resolver tales incidentes trasladando el barco a un puerto de acogida.

Quiero felicitar a la Unión Europea y a los ponentes de la Comisión de Transportes y Turismo por su labor y expresar el deseo de que la aprobación de las medidas Erika III evite tales incidentes en el futuro.

  Karin Roth, Presidenta en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, muchas gracias por un debate tan interesante. Ha quedado patente la enorme importancia que todos concedemos a la aprobación de normas de seguridad para el transporte marítimo. Los ponentes también han vuelto a resaltar la importancia de estas normas, no solo en el contexto del reciente accidente marítimo en Grecia, sino también en conexión con incidentes anteriores. Lo que se plante, por lo tanto, es cómo podemos mejorar las medidas preventivas y actuar sensatamente cuando se produzca algún accidente.

Antes de abordar los diferentes aspectos específicos, me gustaría dejar claro que comprendo perfectamente el deseo del Parlamento de deliberar y tal vez incluso de decidir sobre todas estas propuestas conjuntamente. Sin embargo, el hecho es que existen diferencias muy apreciables en cuanto a la rapidez con que el Consejo podrá alcanzar un acuerdo sobre cada una de las propuestas legislativas. Seguramente es otro de esos ámbitos en los que deberíamos adoptar el enfoque pragmático que el Consejo decida, con el consentimiento del Parlamento Europeo, sobre las propuestas que estén listas para ser adoptadas y hacer lo propio en una fecha posterior con aquellas que requieran mayor consideración. Si queremos avanzar hacia un mayor grado de seguridad, actuar sobre la base de la viabilidad y el pragmatismo tal vez sea la política más prudente también para el Consejo.

Voy a centrarme en algunos puntos, entre los que destaca el de la inspección de los barcos, al que se ha dedicado mucha atención aquí. Permítanme que recuerde que el Memorando de Acuerdo de París prevé la supresión del principio de inspeccionar el 25 % de todos los barcos en favor de un enfoque basado en el riesgo. Lo cual, evidentemente, requiere un examen y clasificación de los riesgos asociados con los distintos buques. Sus opiniones están, por consiguiente, muy próximas al enfoque planteado en el Memorando de Acuerdo de París. El hecho de que el Memorando de Acuerdo también incluye a Rusia y Canadá es de especial importancia. Uno de los últimos oradores se ha referido al mar Báltico. Precisamente debido a la conexión báltica resulta tan importante el apoyo de Rusia a esta declaración de intenciones.

Mi segundo punto se refiere a los lugares de acogida. Este tema también se ha sido debatido ampliamente aquí. A la hora de definir una autoridad independiente y de concretar el procedimiento para la atribución de responsabilidades, el objetivo sin duda tiene que seguir siendo el de encontrar una solución pragmática. Hay que resolver la cuestión de la responsabilidad. No obstante, en términos generales, existe un acuerdo firme en el sentido de que en todas partes debe haber lugares de acogida. Solo se trata de determinar cómo deben estar registrados y cómo se deben dar a conocer. Es otro de los asuntos que deberíamos poder resolver conjuntamente, ya que en realidad no existen discrepancias respecto del fondo, sino solo en cuanto a quién regula qué. Eso habrá que discutirlo con los Estados miembros.

Otra cuestión es cómo podemos garantizar una institución independiente y, por consiguiente, una investigación independiente de los accidentes en el mar. Tampoco tengo la menor duda de que podremos avanzar en relación con este tema durante nuestra Presidencia. Es prudente y necesario que se adopte una decisión independiente respecto de la investigación y la publicación discrecional de sus resultados.

Se ha señalado –y respaldo decididamente este análisis– que la seguridad en el mar no es solo cuestión de normas técnicas –de sistemas de control e información–, sino que también depende de la calidad del trabajo realizado a bordo de los barcos. Por esto, al comienzo de mi intervención inicial, he hecho hincapié en que concedemos especial importancia al Convenio sobre las normas de trabajo marítimo de la OIT. La aplicación de dicho convenio laboral es una forma importante de garantía de la calidad a bordo, no solo porque exige que los miembros de la tripulación posean un determinado nivel de preparación, sino también porque la calidad del trabajo realizado por la tripulación de un barco garantiza la seguridad a bordo. Este es otro aspecto notable de la seguridad que no se contempla en el presente paquete, pero que figura en otros instrumentos y, por tanto, lo complementa. Por esto, me complace especialmente que estemos realizando progresos en relación con el Convenio sobre las normas de trabajo marítimo en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea con vistas a garantizar la rápida aplicación de las normas mínimas de la OIT, que son aplicables en todo el mundo y, por tanto, a los barcos que atracan en los puertos europeos.

En conjunto, ha sido un debate muy importante. Ustedes adoptarán en los próximos días una decisión sobre las diferentes propuestas y entonces veremos hasta qué punto pueden converger nuestras posiciones. Espero que pronto podamos ocuparnos de este paquete, así como de las demás propuestas que todavía no figuran en la agenda del Consejo. Creo que todos estamos deseosos de dejar constancia de nuestro compromiso con la seguridad en el mar antes de que finalice la Presidencia alemana en junio.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento y también felicitar a la señora Roth, pues ha sido un debate muy rico. Confío en que me disculpen por no responder a todos los que han intervenido, pero hemos tomado muchas notas y se lo agradezco a todos ustedes.

Señor Presidente, comenzaré con el control por el Estado del puerto. Quisiera agradecer a la señora Vlasto su labor. Se ha propuesto que sus Señorías suscriban el principio del objetivo comunitario de un mecanismo de inspección de todos los buques, cuya frecuencia dependerá de los riesgos que presenten. Celebro el muy amplio apoyo prestado a los demás elementos de la propuesta de la Comisión y, en particular, a la inspección de los buques en los fondeaderos y el refuerzo de las normas de prohibición. Asimismo quiero aprovechar la oportunidad para aclarar que el control por el Estado del puerto permite comprobar la aplicación de determinados convenios de la OIT, en especial los relativos al tiempo de trabajo. Me alegra mucho que la señora Roth haya mencionado este punto.

Siguiendo con el control por el Estado del puerto, se ha propuesto tener en cuenta desde ahora los trabajos técnicos efectuados en el marco del memorando de acuerdo de París para especificando cómo debe aplicarse el nuevo régimen. La Comisión coincide plenamente con el Parlamento en este punto y puede aceptar en su totalidad, o al menos en principio, una amplia mayoría de enmiendas, que mejorará la claridad del texto que propusimos.

Sin embargo, con la enmienda 17 se propone incluir una definición de «puertos», y por qué no, efectivamente, pero entonces hay que relacionarla correctamente con la definición de fondeadero y precisar en el apartado 1 del artículo 3, relativo al ámbito de aplicación de la Directiva, que las inspecciones en los fondeaderos se centrarán en los buques de más alto riesgo.

El único punto de divergencia entre nosotros con respecto a este texto sobre el control por el Estado del puerto reside en los artículos 34, 36 y 37. No prevén ustedes ningún margen de flexibilidad para la ejecución de las inspecciones, una flexibilidad que existe en la Directiva actual. Comprendo el deseo del Parlamento de que se encuadre de forma muy rigurosa la realización de las inspecciones, pero es indispensable un mínimo de flexibilidad para el buen funcionamiento del nuevo régimen de inspección. Por ello, celebro que la enmienda 115 introduzca mayor flexibilidad para las inspecciones en los fondeaderos. Además, aunque se trata de un punto más técnico, sigo siendo de la opinión de que las inspecciones detalladas deben efectuarse a los buques de más de doce años y no de quince, como propone la enmienda 107. Esto por lo que se refiere a este primer texto sobre el control por el Estado del puerto.

Ahora que está aquí el señor Sterckx, a quien agradezco mucho su apoyo, quisiera comentar la propuesta de enmienda a la Directiva relativa al seguimiento del tráfico marítimo, en particular por lo que respecta a los lugares de refugio. Quiero precisar a este respecto que, cuando hablamos de un organismo independiente para los lugares de refugio, no se trata de un organismo comunitario. Corresponde a los Estados miembros designar esos organismos a escala nacional; para nosotros, lo que importa es su independencia.

En las enmiendas 31, 32 y 33 plantea usted una presentación algo diferente de dos principios esenciales. En primer lugar, que los buques en peligro sean acogidos en un lugar de refugio. La negativa es posible, pero ha de ser la excepción, basada en una evaluación objetiva de la situación, a partir de los elementos contenidos en el plan de emergencia elaborado de antemano. En segundo lugar, la decisión debe tomarla una autoridad independiente, no sujeta a presiones políticas y económicas. Puedo aceptar esta presentación, que mejora nuestra propuesta inicial. En cambio, no estoy a favor de las enmiendas 55 y 56 sobre la elaboración de mapas de medio ambiente marino y del índice de recursos humanos, pues la Comisión ha propuesto ya que la descripción de los factores ambientales y sociales debería formar parte de los elementos integrantes de un plan de «lugares de refugio».

La Comisión puede aceptar asimismo, en algunos casos previo cambio de la redacción, una serie de añadidos que le parecen muy útiles. Por ejemplo, la enmienda 41 sobre la plena compensación de los perjuicios económicos. Las enmiendas 64 y 65 sobre el papel esencial de SafeSeaNet, que debe funcionar las 24 horas del día. Las enmiendas 13, 14, 20, 24 y 41 sobre la creación de un Centro europeo para la gestión de los mensajes de larga distancia transmitidos por los buques con fines de seguridad y protección marítima, y las enmiendas 62 y 63 sobre la notificación de combustible.

Asimismo pueden contar ustedes con mi pleno apoyo a la enmienda 66, encaminada a asegurar la protección frente a los riesgos de abuso en la transmisión de los datos de navegación y que constituye sin duda una mejora con respecto a la redacción anterior de esta enmienda. Por último, por lo que respecta a la comitología y en respuesta a las enmiendas 58, 59, 60 y 61, les señalo que la Comisión procederá, si es necesario, a ajustar sus propuestas para tener en cuenta el nuevo procedimiento legislativo con fiscalización.

A pesar de todo, hay algo que no puedo aceptar. La Comisión ha propuesto que los buques de pesca de más de 15 metros de eslora se equipen con sistemas de identificación automática –AIS– para prevenir los riesgos de colisión. Si se limita este equipamiento obligatorio a los buques de pesca de más de 24 metros de eslora, me temo que esta disposición pierda gran parte de su alcance, e insisto ante el Parlamento en que la salvaguardia de vidas humanas nos parece absolutamente esencial. Continuamente se producen accidentes que afectan a barcos de menos de 24 metros de eslora y es una pena privarse de esta posibilidad.

Así que, señor Sterckx, le doy las gracias de nuevo. Esto es lo que tengo que decir sobre la propuesta de la que usted ha sido ponente.

Paso a la propuesta abordada por el señor Kohlíček, sobre las investigaciones de los accidentes. También en este caso puedo decir que contamos con el pleno apoyo del Parlamento y estoy dispuesto a aceptar muchas enmiendas que aclaran o mejoran el texto. Por ejemplo, la enmienda 12 sobre el establecimiento de un plazo fijo para el inicio de las investigaciones. Por lo que respecta al ámbito de aplicación, el efecto de la enmienda 25, que pretende suprimir todos los límites para los buques de pesca, sería el de aumentar notablemente la carga administrativa asociada, y la Comisión no puede aceptar esto. También tengo algunos problemas con las enmiendas 1 y 14, que, si bien hacen hincapié en los recursos de los organismos de investigación, suprimen su carácter permanente y debilitan las disposiciones relativas a su independencia, cuando se trata de una garntía fundamental para la calidad de las investigaciones. En cambio, estoy plenamente de acuerdo con la enmienda 26.

Las enmiendas 5, 9, 15 y 16 también demuestran el deseo de asegurar una separación todavía más clara entre las investigaciones técnicas y las judiciales, en particular las de carácter penal. La señora Wortmann-Kool ha insistido en este punto. La Comisión reconoce la necesidad de minimizar las interferencias entre estos dos tipos de procedimiento, pero hay que tener en cuenta a este respecto las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Por tanto, propongo al Parlamento que preserve el equilibrio afirmando el principio según el cual los dos tipos de investigaciones deben llevarse a cabo independientemente entre sí, preservando, en su caso, las prerrogativas del juez.

Por último, se plantea la cuestión de integrar en la propuesta de Directiva las directrices de la OMI relativas al trato justo de las gentes del mar, adoptadas en 2006; me refiero a la enmienda 22. Por supuesto, la Comisión es sensible a este aspecto, pero dichas directrices rebasan de lejos el ámbito de las investigaciones y tendremos que ser prudentes con toda referencia que se introduzca en el texto.

Paso a la propuesta relativa a la indemnización de las víctimas de accidentes. Agradezco al señor Costa su pleno apoyo a la propuesta de la Comisión. Celebro que la Comisión de Transportes y Turismo haya seguido el enfoque del ponente y cuento ahora con el apoyo de todo el Parlamento.

Estoy a favor de la enmienda 8: la nueva norma que propone incluir, según la cual se excluirán los convenios competidores que pudieran reducir las compensaciones abonadas a las víctimas y favorecer la coexistencia de regímenes dispares en la UE, es muy útil.

Apoyo asimismo las enmiendas 13, 14 y 15, que prevén la aplicación escalonada del Reglamento para tener en cuenta las dificultades de adaptación de los distintos sectores, como las líneas regulares de transbordadores y el transporte por vías navegables interiores. Es una solución pragmática totalmente razonable.

Las enmiendas 16 y 27 pretenden excluir pura y simplemente el transporte por vías navegables interiores del ámbito de aplicación de la normativa. Si así lo hiciéramos, el Derecho aplicable seguiría siendo un mosaico de normas nacionales, que en su mayoría son inadecuadas y no ofrecen una protección real a las víctimas de un naufragio. Responderé también a este respecto, pues he observado en el Parlamento una gran vacilación con respecto a la ampliación del ámbito de aplicación al transporte por vías navegables interiores.

Felizmente, los accidentes en las vías navegables interiores son raros, pero los hay: 50 muertos en la catástrofe del Marchioness en el Támesis en 1989, y el hundimiento del Oca en el lago de Banyoles, en España, en 1999, donde hubo 20 muertos, en su mayoría personas de edad avanzada. Por supuesto, algunos accidentes de este tipo pueden estar cubiertos por el CLNI, el convenio sobre la limitación de responsabilidad en la navegación interior, pero no olviden que el ámbito de aplicación de este convenio se limita hoy por hoy al Rin y el Mosela y no abarca los demás ríos y lagos de Europa. Por otra parte, insistiré, Señorías, en las limitaciones de la responsabilidad, que son muy bajas, y cuyas perspectivas de aumentar también son muy reducidas. No existe régimen de responsabilidad objetiva en caso de accidente de navegación, no hay seguro obligatorio, no hay acción directa por parte de los aseguradores, todo esto me permite decir, tras un detenido examen, que hay que mantener la navegación interior en el ámbito de este nuevo régimen de indemnización a las víctimas de accidentes.

A mi juicio también es difícil justificar la enmienda 9, que tiene por objeto limitar el pago por adelantado al caso de que el transportista tenga una responsabilidad estricta, es decir, exclusivamente a los accidentes de navegación, como un naufragio, y no a los accidentes de tipo hotelero, como el resbalón de un pasajero en la cubierta. Esto por lo que se refiere al informe del señor Costa relativo a la indemnización de las víctimas de accidentes.

Señor Presidente, perdone que me alargue tanto, pero tengo que ser preciso, porque el trabajo del Parlamento ha sido coherente. Por tanto, es lógico que la Comisión dé a conocer claramente su punto de vista. Es la condición para un buen diálogo entre el Parlamento y la Comisión, bajo la atenta mirada de la Presidencia, a la que agradezco que también siga el debate de cerca desde el comienzo del mismo.

Paso al informe del señor Grandes Pascual, relativo a la propuesta sobre las sociedades de clasificación. Hay que decir que la mayoría de las enmiendas, señor Pascual, aclaran el texto y aportan añadidos efectivos, ya se trate de evaluar a plazo el funcionamiento del mecanismo de reconocimiento mutuo de los certificados de clasificación, ya de sacar posibles consecuencias desde el punto de vista legislativo; me refiero a la enmienda 53.

Como he recordado, un aspecto esencial de la propuesta reside en el sistema de gestión de la calidad de las sociedades de clasificación autorizadas a trabajar en la Comunidad. El Parlamento desea que el organismo encargado de certificar este sistema sea creado por los Estados miembros y las organizaciones reconocidas: enmiendas 58 y 74. La Comisión, si bien puede aceptar el principio de estas enmiendas, considera que la implicación de los Estados miembros exige recurrir al mecanismo de la comitología, que ofrece una vía jurídica clara y precisa. Además, la enmienda 73 debilitaría la capacidad de evaluación y corrección del funcionamiento de dicho organismo por la Comisión, por lo que tenemos que rechazarla.

Más en general, en lo que respecta a la comitología y en respuesta a las enmiendas 11 y 36, les indico que la Comisión procederá, si es necesario, a ajustar sus propuestas para tener en cuenta el nuevo procedimiento de legislativo con fiscalización.

Por último, debo manifestarles nuestras serias dudas sobre algunas enmiendas que conciernen al régimen de responsabilidad civil de las organizaciones reconocidas: enmiendas 28, 30 y 31. En el informe que la Comisión les remitió, al igual que al Consejo, indicábamos que era prematuro abordar la reforma de este régimen en esta fase. Debemos ser prudentes y no lanzarnos sin reflexionar a una reforma que podría hacer aún más vulnerables a las víctimas.

Pienso en particular en la trampa que consiste en ampliar automáticamente a las organizaciones reconocidas la misma protección e inmunidades de que goza el Estado del pabellón por cuya cuenta trabajan. Francamente, creo que se impone una diferencia entre el Estado del pabellón y la organización de clasificación reconocida y que si, en un caso, puede aceptarse la inmunidad, en otro es totalmente discutible. Se ignoraría el hecho de que estos organismos trabajan al mismo tiempo para los armadores, en una relación de naturaleza estrictamente privada, y que tal inmunidad jurisdiccional, esta clase de protección, sería absolutamente desorbitada.

Esto es en esencia lo que tengo que decir sobre el conjunto de las enmiendas. Señor Presidente, le remitiremos a usted y a la Secretaría del Parlamento una lista completa de las enmiendas y posiciones de la Comisión⁽¹⁾.

Terminaré dando las gracias de nuevo al Parlamento. Uno de ustedes ha dicho que es necesario que Europa sea líder mundial en normas de seguridad. Es una expresión excelente. Ha sido el señor Evans quien la ha utilizado, y se lo agradezco. También ha recordado hace un momento que este es un paquete coherente y que el espacio marítimo europeo es especialmente frágil, con cierto número de estrechos hacia el mar Báltico y el mar Negro, lo que exige un armazón jurídico suficientemente sólido.

No se trata, una vez más, de querer incriminar a toda costa, se trata de prevenir. Eso es lo importante para nosotros. Por otra parte, estoy convencido de que el arsenal europeo, o más bien los arsenales nacionales de los Estados miembros, saldrán ganando en la competencia mundial gracias a la mejora de la calidad. Estoy profundamente convencido de ello. No existe antinomia entre la búsqueda de una mayor calidad de los arsenales nacionales en Europa y su competitividad en el mercado mundial.

Esto es lo que quería decir, señor Presidente, agradeciendo mucho al Parlamento la calidad de este debate y de los trabajos que ha llevado a cabo.

  El Presidente. – El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Anexo - Posición de la Comisión

Informe Costa (A6-0063/2007)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

La Comisión puede aceptar en parte la enmienda 1.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.

Informe Grandes Pascual (A6-0070/2007)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 70 y 72.

La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 11, 36 y 69.

La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 1, 4, 8, 16, 26, 45, 58, 62, 64, 65, 71 y 74.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 14, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 46, 47, 48, 49, 57, 67, 73 y 75.

Informe Kohliček (A6-0079/2007)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 3, 4, 11, 12, 15, 17, 21, 24 y 26.

La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 5, 8, 9, 10 y 22.

La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 7 y 20.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 23 y 25.

Informe Sterckx (A6-0086/2007)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 62, 63, 64, 65 y 66.

La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 43, 48, 58, 59, 60 y 61.

La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 15 y 49.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 3, 6, 11, 21, 23, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57.

Informe Vlasto (A6-0081/2007)

La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 47, 52, 53, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 113 y 115.

La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 2, 9, 13, 17, 25, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 63, 69, 75, 77, 88, 89, 92, 103, 110 y 114.

La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 6, 10, 12, 21, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 56, 68, 70, 71, 93, 96, 107,109, 111 y 116.

La Comisión no puede aceptar las enmiendas 11, 73, 82 y 91.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. – (EN) A ningún buque en peligro debería negarse la entrada en puerto o refugio seguro. Ante todo porque una sola vida humana es demasiado valiosa y, en segundo lugar, porque es la única forma de poner coto a las catástrofes ambientales y ecológicas. En tercer lugar, la acogida del buque en peligro puede causar graves daños y costes para el puerto en cuestión. Hay que establecer un régimen de indemnizaciones para los puertos y lugares de refugio. Aun cuando pueda existir una posibilidad de indemnización a través de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil y garantías financieras de los propietarios de buques, las autoridades portuarias pueden mostrarse remisas a aceptar buques en situación de peligro en el caso de barcos con seguros insuficientes, e incluso así, la cobertura no llegaría a contemplar la indemnización por la pérdida económica sufrida por el puerto.

Esa es la razón por la que es tan importante el régimen de indemnización. Además, animaría a los responsables de la toma de decisiones en la autoridad portuaria a no incurrir en dilaciones y admitir inmediatamente buques en situación de peligro sin trámites y pérdidas de tiempo para comprobar la validez del seguro y los instrumentos financieros en tales situaciones de emergencia.

(La sesión, suspendida a las 17.40 horas, se reanuda a las 18.00 horas para el Turno de preguntas)

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

(1) Posición de la Comisión sobre las enmiendas : véase el Anexo.

12. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0017/2007).

Se han formulado las siguientes preguntas a la Comisión.

Primera parte

  El Presidente.

Pregunta n.º 42 formulada por Alain Hutchinson (H-0212/07)

Asunto: Chantaje a los obreros de VW Forest - las deslocalizaciones invertidas

Al condicionar el mantenimiento de actividad en la planta de VW Forest a un aumento de las horas de trabajo sin aumento de sueldo y a una mayor flexibilidad, los dirigentes de VW Forest han ejercido sobre los trabajadores un chantaje laboral. Estos últimos se vieron obligados a aceptarlo para evitar el cierre de la empresa. En su resolución del 14 de marzo de 2006 relativa a las deslocalizaciones en el marco del desarrollo regional, el Parlamento Europeo pidió que se considerara tomar medidas para evitar este tipo de chantaje laboral, que puede calificarse de «deslocalización invertida», ya que tiene como consecuencia la importación de peores condiciones de trabajo sin desplazamiento de la actividad de la empresa.

¿Podría indicar la Comisión qué medidas propondrá para evitar las deslocalizaciones invertidas causantes de una deterioración de las condiciones de trabajo sin desplazamiento de la actividad empresarial?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señor Presidente, Señorías, de acuerdo con la normativa comunitaria vigente, la Comisión solo expresa su opinión sobre las decisiones adoptadas por los países e interviene entre los interlocutores sociales en el caso de que se haya infringido la legislación comunitaria.

No obstante, la UE puede contribuir a los cambios y las reestructuraciones, y a asegurar que se lleven a cabo de forma responsable, a través de los Fondos estructurales y, en especial, del Fondo Social Europeo. La Comisión también ha mantenido un diálogo político en el contexto del foro de reestructuración, con el objetivo de mejorar el intercambio de experiencias y planteamientos probados y contrastados entre los principales actores y, en particular, entre los Gobiernos, los interlocutores sociales y las regiones.

La Unión posee además un marco legal para el procedimiento de información y consulta a los trabajadores. Lo menciono porque existen una serie de medidas que son aplicables a la autorización y la gestión de las reestructuraciones, en concreto las directivas sobre despidos colectivos, relocalización de empresas y comités de empresa europeos, así como la directiva que establece el marco general para el procedimiento de información y consulta a los trabajadores.

Resulta esencial garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria a la hora de informar y consultar a los trabajadores. No obstante, quiero subrayar que la tarea de garantizar que se cumpla la legislación comunitaria corresponde primordialmente a los Estados miembros.

Además, la Comisión respeta plenamente el principio de autonomía de los interlocutores sociales y hace hincapié en el papel fundamental del diálogo social para resolver las cuestiones referentes a los trabajadores sindicados y a las relaciones laborales. En este sentido, los comités de empresa europeos tienen un importante papel que desempeñar, de apoyo al diálogo social a escala nacional y comunitaria.

En 2003, los interlocutores sociales aprobaron unos principios de referencia a escala europeo para gestionar los cambios y sus repercusiones sociales. La Comisión apoya a los interlocutores sociales en la promoción e implantación de dichos principios en toda la UE.

Señorías, muchas gracias por su atención.

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Señor Presidente, agradezco al Comisario su respuesta. Simplemente, recordaré que formulé esta pregunta en un contexto un tanto especial, el de los acontecimientos en Volkswagen, pero lo que pasó en Volkswagen pasa todos los días en el la UE. Las deslocalizaciones son hoy moneda corriente. Solo hablamos de las más importantes, pero las hay continuamente. En Bélgica, mi país, Opel decidió hace poco despedir a miles de trabajadores. Este es el resultado de una política económica muy, muy agresiva.

Sin duda recordará, señor Comisario, que en su día votamos, por una muy amplia mayoría, una resolución sobre las deslocalizaciones que no pretendía impedirlas, porque no podríamos hacerlo, pero que tiende, al menos, a que el dinero público no sirva para favorecerlas. Cuando digo «dinero público», pienso esencialmente en los Fondos Estructurales.

Quería preguntarle si es posible obtener la lista de empresas que han efectuado deslocalizaciones, con las sanciones que tal vez se les hayan aplicado, en su caso.

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) He tomado nota de su pregunta, señor Hutchinson. En estos momentos no dispongo, evidentemente, de la información necesaria para facilitársela, pero pediré a mi oficina que la consiga en un plazo razonable de tiempo. Muchas gracias.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Comisario, permítame formular la pregunta en términos algo más generales. Antes, en su respuesta inicial, ha dicho usted que, como Comisario, es guardián de las leyes y los tratados de la Unión. Sé muy bien que este papel implica ciertas obligaciones, pero por supuesto es usted también un impulsor de la legislación. Por ello me interesaría saber si no cree que sería beneficioso que la Comisión dejara por fin de promulgar leyes para las grandes empresas, para los operadores económicos y para todos los que consiguen enormes beneficios de la actividad comercial, y que empezara a promulgar leyes también para los trabajadores para que este tipo de cosas ocurra mucho menos en el futuro

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Por supuesto, la Comisión puede impulsar la legislación en el marco de sus competencias y así lo hace en todos los casos.

Podría mencionar el debate sobre la radiación óptica, que acaba de cerrarse con éxito, porque es un ejemplo típico de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Hay otras muchas directivas que se están negociando o que ya se han finalizado. En cualquier caso, creo que es importante utilizar activamente el ámbito que se ha abierto a través de la posibilidad de una legislación social.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) El cierre de fábricas se trata a menudo como un producto de la globalización. Es normal. A los nuevos países miembros de la UE se nos explicó que ignorábamos cuál era la forma correcta de actuar: teníamos que deslocalizar nuestras fábricas textiles a terceros países, y luego no tendríamos ningún problema.

Mi pregunta es: ¿qué pasa con el contexto más amplio? El mundo es una esfera, y si lo transferimos todo a otra parte, algo debería volver a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son nuestros procesos mentales? ¿No deberíamos tener una política manufacturera común? ¿No deberíamos invertir en sectores de la industria manufacturera que no tengamos que deslocalizar más tarde?

  Vladimír Špidla, miembro de la Comisión. (CS) Señora Budreikaitė, a mi entender, el debate que ha abierto usted encaja más en el marco de la reestructuración que unas meras deslocalizaciones de empresas.

Quisiera mencionar algunos estudios importantes que demuestran que las deslocalizaciones, en el sentido tradicional del término, representan menos del 2 % de los cambios anuales en el empleo dentro de la UE. Es decir, no se trata de una cantidad grande si la comparamos con los movimientos globales de trabajadores. Por otra parte, ese 2 % tiene que ver con la UE en su conjunto, lo cual significa que implica a decenas de miles de personas, y eso es una cantidad considerable.

Su pregunta tiene que ver con la reestructuración. El mundo cambia continuamente y muchas empresas grandes se están reestructurando. En este caso, la Comisión adopta un enfoque activo. La cuestión también está siendo tratada por el foro de reestructuración que resuelve cuestiones tales como cuál es la mejor forma de responder a la reestructuración desde una perspectiva socioeconómica, y esto incluye la búsqueda de perspectivas.

Quiero señalar que algunas cosas no son lo que parecen en un primer momento. Aunque la industria de los productos textiles, por ejemplo, ha experimentado una importante reestructuración, diversas empresas, sobre todo en Suecia, aunque también en otras partes del mundo, se han hecho un hueco en el sector textil, especialmente con la producción de tejidos que son técnicamente muy complejos.

Al mismo tiempo, han aparecido muchas oportunidades en el ámbito del medio ambiente, como productos, maquinaria, etc. Sea como fuere, en este momento no puedo ofrecer sugerencias ni ideas específicas. Solo puedo señalar que, por un lado, hay empresas y ramos de la industria que están en declive y por otro, hay sectores en estos ramos que se desarrollan rápidamente y que incluso aparecen nuevos ámbitos como el de la tecnología ambiental.

  El Presidente.

Pregunta n.º 43 formulada por Ignasi Guardans Cambó (H-0244/07)

Asunto: Riesgos de arbitrariedad y contradicción en la aplicación de las nuevas medidas de seguridad aérea

El pasado 6 de noviembre de 2006 entró en vigor el Reglamento (CE) n° 1546/2006(1) que modifica el Reglamento (CE) n° 622/2003(2) en materia de seguridad aérea. Teniendo en cuenta el carácter secreto del anexo que establece las nuevas medidas de seguridad y la inexistencia de instrucciones claras de cómo se aplican las medidas, ¿ha calculado la Comisión Europea los riesgos de que este secretismo pueda llevar a una multiplicidad de interpretaciones en la puesta en práctica de las medidas, no únicamente entre los Estados miembros, sino también entre aeropuertos de un mismo Estado Miembro?

¿Ha realizado la Comisión un análisis sobre la puesta en marcha de estas medidas en los aeropuertos de la UE?

¿Que medidas piensa tomar la Comisión para evitar una disparidad en la puesta en práctica de estas medidas en los aeropuertos europeos, que podría socavar los derechos de los pasajeros europeos?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) En primer lugar quiero dar las gracias a su Señoría por plantear esta pregunta sobre este asunto del máximo interés: todos somos pasajeros aéreos, así que con mucha frecuencia nos topamos con estas disposiciones.

Al analizar los registros del Parlamento Europeo he observado que se han formulado varias preguntas orales sobre el tema de las restricciones de la UE sobre los líquidos que los pasajeros pueden introducir en el avión. La Comisión respondió en detalle al Parlamento en la sesión del 12 de febrero.

Como es sabido, no soy el Comisario que mejor conoce esta cuestión y, por tanto, me permito aventurar humildemente que las respuestas ya facilitadas por mis colegas más duchos en esta materia son suficientes. Sin embargo, resumiendo las respuestas a preguntas anteriores, es preciso decir que, aun cuando la legislación esté clasificada como «EU RESTRICTED», tal como exige el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento marco (CE) nº 2320/2002, las normas sobre líquidos están siendo aplicadas por los Estados miembros de una manera apropiada e idéntica en toda la Comunidad. La responsabilidad sobre la aplicación de las normas corresponde a los Estados miembros; la Comisión lo controla a través de sus inspecciones regulares.

No obstante, en el caso de que su Señoría desee más información sobre esta cuestión, propongo que plantee sus preguntas durante el debate sobre seguridad aérea. Casualmente, dicho debate se celebra esta noche y mi colega, el señor Barrot, Vicepresidente responsable de Transportes, estará presente.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (EN) Señor Presidente, el colega del Comisario está eludiendo esta pregunta y no va a responder a ella ni esta noche ni nunca.

La Comisión a la que pertenecen usted y los demás Comisarios aprobaron una reglamentación secreta que impone restricciones a los ciudadanos y crea una situación arbitraria. Cuando los ciudadanos llegan al aeropuerto parecen colegiales ante un maestro autoritario a quien se ven obligados a obedecer. Nos enfrentamos a la aplicación de una reglamentación secreta y no tenemos posibilidad de quejarnos. La consecuencia es la existencia de interpretaciones diferentes de la normativa en el territorio europeo. Lo que en un aeropuerto está prohibido, en otro está autorizado. Por tanto, no se ha conseguido el resultado apetecido por la Comisión a la que pertenecen tanto usted como los demás Comisarios. Usted puede confiar, desde luego, en sus colegas Comisarios, pero es igualmente responsable.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Como he dicho en mi respuesta inicial, también soy un pasajero aéreo, así que a menudo tengo sentimientos encontrados, pero eso no altera el cuadro general. Ante todo: ¿por qué es necesario tener normas secretas? Las normas de seguridad aérea, incluidas las aprobadas en el Reglamento (CE) nº 1546/2006, no son de dominio público porque los presuntos terroristas podrían hacer uso de la información para conseguir sus propósitos.

La legislación sobre seguridad aérea de la Comisión Europea está clasificada como «EU RESTRICTED» de acuerdo con la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión. ¿Cómo se supone que deben aplicar nuestros aeropuertos y compañías aéreas unas disposiciones –que son normas aplicables directamente– que son secretas? Las disposiciones sobre seguridad aérea están dirigidas a la autoridad competente de cada Estado miembro. They have an obligation under Article 8(1) of framework Regulation (EC) No 2320/2002 to communicate the information to interested parties on a need-to-know basis in accordance with applicable national rules for the dissemination of sensitive information. Así pues, el personal de seguridad del aeropuerto no recibe instrucciones precisas en cuanto a sus obligaciones del Diario Oficial de la Unión Europea, sino de la autoridad nacional competente.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, ya ha indicado usted que su colega, el Comisario Barrot, nos ofrecerá respuestas a su debido tiempo. Sin embargo, tengo que recordar una vez más que ya han pasado seis meses desde que se introdujeron las nuevas normas. Ni una sola vez en el transcurso de estos seis meses se ha informado de que estas medidas hayan evitado u obstaculizado con éxito un acto de terrorismo Por otra parte, día tras día recibimos cientos de quejas de ciudadanos europeos que se sentían ofendidos. Sin duda algo está mal. ¿Puede usted ofrecer la perspectiva de que se van a retirar estas medidas o transmitir esta solicitud de la forma debida al Comisario Barrot?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Sí, pienso que el hecho de que no se haya tenido conocimiento de intentos terroristas constituye un éxito en sí mismo, ya que si no está permitido llevar más de 100 ml de líquido –lo que, según los expertos, no es suficiente para crear materiales explosivos–, los terroristas posiblemente no intenten transgredir esta norma. Eso podría explicar por qué no ha habido noticias de ningún intento terrorista.

Por lo que respecta a las quejas, puedo confirmar esta apreciación porque en muchas ocasiones he escuchado en los aeropuertos discusiones y disputas entre los agentes de seguridad y los pasajeros, pero tengo la sensación y la experiencia de que la situación se ha apaciguado y que ahora es más fluida que en los momentos iniciales de las nueva reglamentación.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Todos nosotros somos expertos sobre la situación en los aeropuertos europeos. En algunos aeropuertos de la Unión Europea, los procedimientos de seguridad se realizan con amabilidad, rapidez y comodidad, mientras que en otros aeropuertos hay largas colas y todos los pasajeros con considerados como terroristas en potencia.

Quizá la Comisión Europea pueda preparar directrices y recomendaciones, utilizando ejemplos de buenas prácticas, sobre cómo debería atenderse a los pasajeros con educación y seguridad.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) He vivido experiencias similares de comportamiento poco civilizado por parte de los agentes de seguridad fuera de la Unión Europea. Sin embargo, no creo que la Unión Europea, la Comisión o ninguna otra institución de la Unión puedan incidir de forma alguna en el comportamiento de países de fuera de la Unión Europea.

  El Presidente.

Pregunta n.º 44 formulada por Jacek Protasiewicz (H-0265/07)

Asunto: Aplicación de las normas sobre ayudas de Estado en apoyo al empleo de las personas discapacitadas

A la vista de la experiencia adquirida hasta la fecha con la aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas de apoyo al empleo de las personas discapacitadas con arreglo al Reglamento (CE) no 2204/2002(1), y en referencia a los cambios en la legislación en materia de ayudas estatales (Plan de acción de ayudas estatales) previstos por la Comisión, ¿tiene intención la Comisión de cambiar en el futuro las normas de control del apoyo al empleo de esos trabajadores, junto con los requisitos para programas exentos de notificación obligatoria según las exenciones por categorías y, ajustándose a los principios del mercado común, introducir medidas por las que los costes adicionales que conlleva emplear a personas minusválidas estén establecidos a tanto alzado?

¿Piensa la Comisión que el apoyo que se presta en la actualidad a los empresarios que emplean a personas con discapacidad debería en el futuro tratarse como ayuda estatales?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) La experiencia obtenida en la aplicación del Reglamento (CE) nº 2204/2002 está siendo aprovechada actualmente por la Comisión para establecer unas normas revisadas sobre la ayuda para el empleo de trabajadores discapacitados dentro del contexto de la elaboración de un nuevo reglamento de la Comisión, que planteará la revisión, consolidación, simplificación y armonización de las disposiciones vigentes sobre exenciones en bloque.

Este nuevo Reglamento, que forma parte de la ejecución del plan de acción de ayuda estatal, reemplazará los instrumentos existentes, incluido el Reglamento (CE) nº 2204/2002. La Comisión ha aprobado hoy mismo un primer borrador del Reglamento. Eso va a permitir a la Comisión consultar a los Estados miembros y escuchar las opiniones de otras partes interesadas, incluido el Parlamento Europeo, en los próximos meses, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea acerca de determinadas categorías de ayuda estatal horizontal.

Las disposiciones de exenciones en bloque solo son aplicables a medidas que constituyan ayuda estatal dentro del espíritu del artículo 87 del Tratado CE. El hecho de que el Reglamento (CE) nº 2204/2002 incluya disposiciones sobre ayuda al empleo en favor de los trabajadores discapacitados no significa que todas las medidas estatales en favor de dichos trabajadores deban considerarse ayuda estatal. Tal como se expone en el considerando 6 del Reglamento (CE) nº 2204/2002, algunas medidas estatales en favor de los trabajadores discapacitados no merecen la consideración de ayuda estatal, debido por ejemplo a que son de naturaleza general. Tales medidas seguirán sin ser consideradas una ayuda estatal en el futuro.

El propósito de la exención en bloque consiste en garantizar que los Estados miembros no se vean obligados a notificar a la Comisión aquellas medidas estatales que efectivamente constituyen ayuda estatal según el artículo 88 del Tratado de la CE, en tanto la medida de ayuda en cuestión satisfaga una serie de condiciones según lo especificado en las disposiciones.

  Jacek Protasiewicz, (PPE-DE) . – (PL) Señor Presidente, señor Comisario, gracias. El problema es la falta de certidumbre jurídica en algunos Estados miembros, entre ellos mi país, lo cual significa que desde la adhesión de Polonia a la Unión Europea, el número de compañías y empresas interesadas en emplear a personas discapacitadas ha disminuido radicalmente debido a las dudas sobre si se superan los niveles permitidos de ayuda pública.

Por esta razón, quisiera volver a preguntar sobre esta cuestión. Soy partidario de trabajar de forma que el empleo de personas discapacitadas, al margen de donde vivan y en qué sector de la industria trabajen, no sea considerado por la Comisión como ayuda pública, sino simplemente como otro medio para ayudar a personas que, de lo contrario, no conseguirán ser socialmente activas.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Las medidas de apoyo estatales a favor de los trabajadores discapacitados, lo mismo que cualquier otra medida de apoyo, solo se considerarán ayuda estatal en el caso de que la medida en cuestión reúna todas las condiciones del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Esto implica, entre otras cosas, que si la ayuda se concede a las personas discapacitadas y no a las empresas, la medida no constituye ayuda estatal. Análogamente, cualquier medida a favor de trabajadores discapacitados que no afecte al comercio entre Estados miembros, por ejemplo, porque se considere «de minimis», no constituye una violación de las normas del Tratado.

Segunda parte

  El Presidente.

Pregunta n.º 45 formulada por Martin Dimitrov (H-0219/07)

Asunto: Modificación de la Directiva 92/84/CEE con objeto de aumentar los tipos mínimos del impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas

La Comisión propone (COM(2006)0486 – C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS)) modificar la Directiva 92/84/CEE(1) con objeto de aumentar los tipos mínimos del impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas. Esta propuesta se ha justificado con el argumento de que los tipos mínimos del impuesto especial no se habían ajustado desde 1992 para tomar en consideración la inflación, que ha sido del 31%.

Es importante observar que durante los últimos 15 años la existencia de tipos mínimos no ha llevado a la convergencia de los tipos del impuesto especial en la UE. El elevado impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas es la razón principal del contrabando y un incentivo para su aumento, en particular, en la Europa Oriental. Por ejemplo, en Bulgaria se introdujeron impuestos sobre la producción casera de rakia, causando un considerable descontento entre la población.

¿Considera la Comisión que debería seguir habiendo tipos mínimos del impuesto especial sobre los productos alcohólicos, teniendo en cuenta las considerables diferencias en las rentas en la UE, especialmente después de las dos últimas ampliaciones?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Quiero informar a su Señoría de que considero que las tasas mínimas del impuesto especial sobre productos alcohólicos deben mantenerse. Según manifesté en mis declaraciones a la prensa cuando fue presentada la propuesta el 8 de septiembre de 2006, las tasas mínimas son la piedra angular del sistema de impuestos especiales de la UE, que fue aprobado en 1992 como el mínimo necesario para el funcionamiento del mercado interior. Su revalorización constituye un paso necesario para restablecer la posición con respecto a lo acordado en 1992.

Estoy de acuerdo en que se precisa una mayor convergencia de las tasas del impuesto especial en los diferentes Estados miembros con el fin de reducir las distorsiones de la competencia y el fraude. No obstante, como bien sabe su Señoría, sin el acuerdo de todos los Estados miembros no se puede cambiar nada. Pero concluir simplemente, como sugiere su Señoría, que esa es una razón para suprimir la tasa mínima, no parece la solución apropiada a la vista de la necesidad de cierta armonización dentro del mercado común y, por lo tanto, no constituye una propuesta viable.

Quiero facilitar alguna información adicional sobre el tema. Durante la reunión del Consejo nos encontramos con una marcada resistencia de muchos de los nuevos Estados miembros, que sostenían que no tenían nada que ver con el punto de partida de 1993, al no formar entonces parte de la Unión Europea. Junto con la Presidencia presentamos, en consecuencia, una propuesta de compromiso. En dicha propuesta se trasladó el punto de partida al 1 de mayo de 2004, la fecha de adhesión de los 10 nuevos Estados miembros. Eso se tradujo inmediatamente en una tasa de inflación mucho más baja: en lugar del 31 %, la nueva tasa propuesta es solamente del 4,5 %. Esa fue la nueva propuesta, pero también fue vetada por un Estado miembro: la República Checa.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, no se trata de una cuestión de observancia del Reglamento, pero me planteaba si la pregunta 46 va a ser respondida hoy en esta Cámara, porque en caso contrario, me gustaría formular una pregunta complementaria a esta en particular.

  El Presidente. – La pregunta 46 ha sido retirada.

  Мартин Димитров (PPE-DE). – (BG) Господин Ковач, уважаеми г-н Председател, не съм доволен от Вашия отговор. Оставам с впечатлението, че Вие сте решили да увеличите всички нива на акцизите. Вече има Ваши предложения за по-високи акцизи върху алкохолните продукти и върху дизела. Нивата на доходи в страни като България и Румъния са повече от десет пъти по-ниски в сравнение със „старите“ страни-членки на Европейския съюз. Това създава непропорционално по-висока данъчна тежест и сериозни стимули за неплащане на данъци и „сива“ икономика. Така че тези идеи за увеличение на акцизното облагане ще доведат до още по-сериозни протести, протести които вече са факт в България. Имаше митинги, имаше подписки срещу увеличението на акцизното облагане. Предложенията, които Вие сте внесли, не са обосновани. Не виждам икономическата логика зад тях. Те ще доведат единствено до още по-високи стимули за неплащане на данъци. Например, вземете предвид, че за 15 години акцизните ставки върху алкохолните продукти не са довели до сближаване на нивата. За 15 години. Така че това, което правите няма да има ефект.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Mi opinión es que la Comisión está al tanto de los problemas en los nuevos Estados miembros. Antes de ingresar en la Unión Europea, estos países tuvieron que aceptar el acervo comunitario y tuvieron que aplicar unas tasas mínimas, aun cuando se les otorgaran ciertas excepciones. Ahora resulta muy difícil para los nuevos Estados miembros, incluida Bulgaria, elevar la tasa especial mínima sobre bebidas alcohólicas.

En consecuencia, hemos presentado una propuesta al Consejo que se ha redactado en términos generales, sin cifras concretas. Siguiendo una decisión del Consejo, hemos acordado que cualquier Estado miembro –sin especificar si se trata de un Estado miembro nuevo o antiguo– que encuentre dificultades para elevar el impuesto especial, puede solicitar una excepción. Bulgaria y Rumanía no eran miembros de la Unión Europea en esas fechas, pero lo dicho es sin duda aplicable a esos dos países. Así pues, si Bulgaria tiene alguna dificultad para cumplir la reglamentación que se aprobó en aquel entonces, puede solicitar una excepción que, estoy seguro, será apoyada por la Comisión.

  El Presidente. A raíz de mi intercambio de opiniones con el señor De Rossa, por esta vez aceptaré tres preguntas adicionales.

  John Purvis (PPE-DE). – (EN) Señor Comisario, usted y yo hemos discutido sobre este tema en varias ocasiones en el pasado, pero tendrá que admitir que la enorme divergencia en Europa en las tasas especiales sobre bebidas alcohólicas y otros productos de consumo constituye uno de los mayores obstáculos para la consecución de un auténtico mercado único en Europa.

¿Está usted de acuerdo en que incrementar las tasas mínimas en un porcentaje cualquiera sobre unos impuestos especiales que son iguales a cero en algunos países se traduce en un incremento cero, por lo que la divergencia cada vez se amplía más? ¿No está persiguiendo un objetivo imposible, y no sería mejor eliminar de golpe las tasas mínimas y permitir al mercado libre que opere libremente en cuanto a los productos comerciales y de uso personal?

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Si le he entendido correctamente, su propuesta o idea haría referencia no solo a las bebidas alcohólicas, sino a la totalidad del impuesto especial. Pero aun cuando no fuera eso a lo que usted ha hecho referencia, si decidiéramos suprimir la tasa mínima sobre las bebidas alcohólicas, eso tendría un impacto sobre el impuesto especial que grava los productos energéticos y el tabaco.

No creo que eso pudiera ser una solución, ya que si no existiera una tasa mínima, eso alentaría a algunos Estados miembros a optar por una tasa especial muy baja o nula. Eso, a su vez, generaría más contrabando y más compras al otro lado de la frontera, que ciertamente se traduciría en una mayor distorsión del mercado interior. Entiendo la lógica de su razonamiento, pero no creo que pudiera resolver el problema. Al contrario, generaría mayores distorsiones en el mercado interior.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) No creo que un tipo reducido del impuesto especial o la ausencia de un impuesto especial aumente el volumen del contrabando. Es precisamente la presencia de elevados tipos de impuesto especial lo que hace posible que el contrabando fluya desde los países del Este, donde no se aplican estos impuestos especiales y donde el alcohol es barato.

Si hablamos en sentido amplio sobre los impuestos especiales para carburantes y otros productos, entonces una reducción en los tipos de impuesto especial impulsaría el crecimiento de la economía y la haría más competitiva.

La cuestión que planteo es más amplia; concretamente, me pregunto si, mientras estamos debatiendo los tipos del impuesto especial para el alcohol, no deberíamos reflexionar sobre cómo habría que educar a los ciudadanos para que usaran menos este producto. Por en la actualidad, el consumo de alcohol es elevado, sobre todo entre los jóvenes.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, existen diferentes connotaciones con respecto a los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas y productos del tabaco, por ejemplo las consideraciones referentes a la salud. Muchos Estados miembros no desean una tasa baja del impuesto especial debido a factores sanitarios y entiendo su punto de vista.

Por lo que se refiere a la energía, si no aumentamos la tasa del impuesto especial sobre determinados productos energéticos como los combustibles, eso se traduciría en un mayor consumo de los mismos, lo que originaría una mayor contaminación y agravaría el peligro añadido de cambio climático. Por tanto, el impuesto especial desempeña una importante función, no solo en la mejora del mercado interior, sino también en otros ámbitos, como los factores sanitarios, climáticos y ambientales. Si tenemos implantado un impuesto especial, resulta lógico fijar una tasa mínima por debajo de la cual no puede situarse ningún Estado miembro.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, he querido plantear una cuestión con respecto a la pregunta 46 y me gustaría preguntar al Comisario Kovács: en relación con los temas fiscales, ¿qué planes o poderes tiene la Comisión para poder obligar a un país como Irlanda, por ejemplo, a incrementar su base del impuesto de sociedades? Supongo que su respuesta va a ser que no tiene ninguno. Sin embargo, agradecería realmente que dejara constancia de los poderes y planes que tiene la Comisión para obligar a un aumento de las tasas del impuesto de sociedades en Irlanda.

  László Kovács, miembro de la Comisión. (EN) La pregunta no tiene nada que ver con el asunto que estamos debatiendo, pero me complace escuchar sus preguntas y disponer de la posibilidad de dar una respuesta a las mismas.

En primer lugar, quiero dejar claro que la Comisión ni siquiera sueña con aumentar o armonizar la tasa del impuesto de sociedades; nada más lejos de nuestra intención. Lo que estamos contemplando y que ya hemos presentado como una propuesta general –ni siquiera una propuesta legislativa– es solamente la armonización de la base impositiva, es decir, el cálculo de la base impositiva, que ahora es diferente en todos y cada uno de los Estados miembros. Tenemos 27 formas diferentes de calcular la base impositiva, lo que se traduce en unos enormes costes de cumplimiento y de cargas administrativas para las empresas. La ausencia de consolidación y de transparencia hace que sea muy difícil, o carente de sentido, comparar la tasa del impuesto de sociedades de Irlanda, que es 12,5 %, con la tasa del impuesto de sociedades de Francia, que es superior al 30 %, ya que no podemos comparar las dos bases impositivas.

No tenemos intención alguna de armonizar las bases impositivas, solamente el método de cálculo de las mismas, y desde luego no tenemos ningún poder para imponer nada. Si la propuesta legislativa actual, de acuerdo con nuestro calendario, merece la aprobación unánime a principios de 2008, entonces Irlanda, desde luego, y todos los demás Estados miembros deberán cumplirla. Si no existe consenso –y pienso, que al menos al principio, no lo habrá–, lo que podemos hacer es presentar una nueva propuesta, no para todos los 27 Estados miembros, sino solo para aquellos que deseen aceptarla. Eso es lo que denominamos cooperación reforzada. La cooperación reforzada es opcional. Únicamente participarían aquellos Estados miembros que estén de acuerdo con el objetivo del ejercicio, e Irlanda, que yo sepa, no se hallará entre los países que defenderán la participación.

Sin embargo, creo que al cabo de un tiempo, cuando se conozcan las experiencias positivas, entonces incluso aquellos Estados miembros que de momento se muestran remisos y que no se adherirán en principio a la cooperación reforzada, podrán sumarse más adelante, ya que una de las condiciones de la cooperación reforzada consiste en dejar la puerta abierta a otros Estados miembros que deseen unirse en una etapa posterior.

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) He pedido la palabra en relación con la pregunta n.º 45, es decir, antes de que se diera la palabra al señor De Rossa. Sin embargo, no se me dio la oportunidad de formular mi pregunta al señor Kovács. Tenía que ver con la pregunta que, de hecho, debatimos en esta Cámara, concretamente la Pregunta n.º 45 sobre los tipos del impuesto especial sobre el alcohol.

  El Presidente. Como sabrá su Señoría, la Mesa solo acepta dos preguntas adicionales. En esta ocasión, he aceptado tres porque el señor De Rossa estaba dispuesto a hablar sobre otra pregunta, que entre tanto había sido retirada. La pregunta del señor De Rossa fue contestada por amabilidad del señor Kovács.

  El Presidente.

Pregunta n.º 47 formulada por Gianluca Susta (H-0216/07)

Asunto: Escuelas Europeas - matrículas

Se ha abierto el plazo de matrícula en las Escuelas Europeas de Bruselas, de cuya gestión se encarga la oficina central de matriculación (ACI).

La ACI es en realidad poco más que una entelequia, porque carece de personal y de medios. Por ejemplo, no registra todos los datos necesarios para un seguimiento efectivo de las referencias correspondientes a las matrículas actuales o futuras (no se consigna, por ejemplo, el número de hermanos de alumnos que se habrán de matricular en años subsiguientes). Además, las informaciones que se facilitan son deficientes, y las familias no reciben ningún resguardo de matrícula.

¿No considera la Comisión que, una vez más, la falta de profesionalidad del secretario general de las Escuelas, unida a la negligencia de los servicios competentes de la DG Administración, pueden socavar los auspicios del Consejo Superior dirigidos a asegurar un proceso de inscripciones transparente e imparcial, y que hipotecan todo intento de mejorar la política de matrículas.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para evitar que la ocupación de Berkendael sea un fracaso?

¿Cómo piensa proceder la Comisión para garantizar que las decisiones en materia de matriculación de alumnos sean recurribles ante la Cámara de apelaciones de las Escuelas Europeas, en base a un fundamento legal concreto, durante la presente campaña de matrícula?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) El asunto de las Escuelas Europeas es uno de los temas más complicados de mi cartera.

La Junta de Gobernadores de las Escuelas Europeas ha creado un Organismo Central de Matriculación con el fin de resolver la situación sumamente difícil causada por el país anfitrión en lo referente a la oferta de un emplazamiento para la cuarta escuela en Bruselas. La Comisión ha trabajado constantemente en favor de una política de matriculación clara y objetiva con el necesario grado de flexibilidad y con la posibilidad de que los padres reclamen.

Asimismo, la Comisión ha mantenido informados regularmente a los padres y a sus representantes durante el año escolar. Por consiguiente, la Comisión no comparte la opinión de su Señoría de haber desatendido sus responsabilidades.

Según quedó claramente estipulado por la Junta de Gobernadores en su comunicado aprobado en enero de 2007, la política de matriculación para 2007-2008 solo será aplicable a este curso escolar. La política de matriculación para el año que viene estará basada en un análisis en profundidad y una estrecha vigilancia de la situación durante y después del primer año de funcionamiento de la Escuela Europea de Berkendael. La política tendrá en cuenta además todos los elementos pertinentes y el progreso de los alumnos de las diferentes Escuelas Europeas en Bruselas durante el curso escolar 2007-2008.

El Secretario General de las Escuelas Europeas ha elaborado unos procedimientos claros para las solicitudes individuales y ha presentado una propuesta a la Junta de Gobernadores para su aprobación durante su reunión de abril, con el fin de proporcionar a los padres la posibilidad de plantear solicitudes durante la actual campaña de matriculación. Se ha debatido una propuesta para modificar las normas generales de las Escuelas Europeas con el fin de ampliar los poderes de la Junta de reclamaciones a las decisiones relacionadas con la matriculación por parte de la Comisión Pedagógica Mixta en marzo de 2007, la Comisión Administrativa y Financiera del 19 al 21 de marzo de 2007 y el Organismo Central de Matriculación el 28 de marzo, antes de su presentación a la Junta de Gobernadores el 17 de abril.

Antes de la presentación de la propuesta a la Junta de Gobernadores, la Comisión pidió que se tomaran las medidas necesarias para garantizar que los plazos para responder a las solicitudes sean compatibles con el calendario de inicio del próximo curso escolar. La Comisión se complace en que haya sido aprobada una normativa transitoria por la Junta de Gobernadores el 17 y 18 de abril y que se hayan fijado unos plazos más cortos para la posible presentación de solicitudes por los padres. Durante esa reunión, la Comisión insistió de todas formas en que se realizara cuanto antes una evaluación de las modificaciones de los procedimientos y de los medios necesarios de la Junta de reclamaciones, con el objeto de cumplir lo requisitos asociados con la ampliación de sus poderes.

  Lapo Pistelli (ALDE), suplente del autor. – (IT) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Kallas.

Quisiera preguntar al Comisario si, en caso de que la mayoría de los padres de alumnos que actualmente deberían ir a Berkendael no diesen su consentimiento a la matriculación de sus hijos en este centro temporal, la Comisión pretende seguir a toda costa con la política de llenar el centro de Berkendael. ¿Se han previsto alternativas? Por ejemplo, ¿es posible, como han pedido las asociaciones de padres, aceptar solicitudes para un acceso limitado a las escuelas históricas de Bruselas? En caso afirmativo, ¿qué modalidades se aplicarían para elegirlas?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Ante todo, he de decir que el tema de las Escuelas en Bruselas es muy complicado debido al notable aumento de alumnos en los últimos años. Todas las escuelas principales tienen un exceso de alumnado, así que, como bien sabrá, las autoridades belgas han designado un emplazamiento adicional para la siguiente escuela en Laeken. Berkendael es un emplazamiento temporal. Hasta el momento no tengo conocimiento de que los padres se hayan negado a aceptar el emplazamiento de Berkendael. Sé que ha habido discusiones, pero, como usted sabe, las Escuelas Europeas son una entidad autónoma gestionada por una Junta de Gobernadores en la que están representados todos los Estados miembros. Todas las ubicaciones alternativas y cualquier propuesta relativa a la infraestructura de las escuelas dependen de las autoridades belgas, para las que el asunto de la infraestructura social para las instituciones europeas cada vez entraña mayor dificultad.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, ¿sabe usted que los padres que no trabajan para las instituciones europeas tienen cada vez más dificultades para matricular a sus hijos en las Escuelas Europeas? Ello crea una especie de mentalidad de gueto y en particular aumenta la oposición a estas escuelas entre los ciudadanos de Bruselas.

En segundo lugar, dado el muy deficiente transporte público, quisiera preguntarle cómo se le puede haber ocurrido a nadie ubicar la cuarta escuela en Laeken. Los autocares escolares que se ofrecerán tendrán que cruzar toda la ciudad para transportar a los alumnos que, por consiguiente, perderán mucho tiempo. ¿Por qué no se encontró un mejor emplazamiento con las autoridades belgas?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Hemos intentado trabajar con las autoridades belgas para explorar todos los posibles emplazamientos. No existen demasiados emplazamientos en Bruselas que cumplan los requisitos necesarios de esta complicada tarea. Hasta ahora, ha estado en manos de las autoridades belgas: ellas hacen propuestas para emplazamientos anexos y temporales y nosotros no podemos introducir muchos cambios. Hemos intentado encontrar otras soluciones de común acuerdo con la Junta de Gobernadores, pero por ahora es algo que viene fijado por las autoridades belgas.

Con respecto a la categoría 3 y un posible «gueto» para funcionarios europeos en escuelas de categoría 3 –estoy utilizando un tipo concreto de lenguaje que me resulta muy familiar–, se trata de estudiantes que no son hijos del personal de las instituciones europeas. Los hijos del personal en otras instituciones internacionales se encuentran en lo que se conoce como categoría 2. La categoría 3 abarca plazas libres que se asignan a hijos de otros padres, sobre la base de la disponibilidad. Como ya he dicho, cada vez resulta más complicado conseguir para los padres que trabajan en nuestras instituciones las plazas necesarias en nuestras guarderías y escuelas. En este contexto de normas y condiciones, hemos de dar preferencia desde luego a nuestro propio personal, los hijos de quienes trabajan en las instituciones europeas. Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo con usted en que existe un problema y en que hemos de idear formas para desarrollar el sistema escolar europeo. Existen algunas ideas adicionales acerca de cómo hacer más flexible este sistema y de desarrollar otros tipos de escuelas, siendo la más prometedora la escuela de tipo 3, que realmente es un tipo de Escuela Europea. En determinadas circunstancias, estas escuelas pueden otorgar el título de bachillerato europeo. Esta es la parte más prometedora de este proyecto y no podemos dejarla de lado. El sistema se encuentra en un punto muerto muy grave, pero esta propuesta ha sido aprobada por los Estados miembros en una reunión del Consejo en la que participaron representantes de los Ministros de Educación, a la que yo también asistí.

Así pues, contamos con la idea básica y tal vez contemos con muchas más Escuelas Europeas que otorguen el título de bachillerato como un tipo particular de educación, lo que le convertiría en un sistema mucho más abierto.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, en base a una pregunta formulada hoy por un colega, quisiera saber si los niños con diversas dificultades de aprendizaje pueden matricularse en la escuela, teniendo en cuenta sus dificultades, así como si se pueden matricular los que ya estudian en escuelas de idiomas minoritarios, como el griego. ¿Por qué no se tienen en cuenta las dificultades de aprendizaje, como en la legislación de sus países de origen?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Básicamente, sí: existe un sistema sobre cómo tratar a niños con dificultades de aprendizaje, pero no conozco más detalles. Hemos solucionado algunos casos específicos en los que han existido graves dificultades para adaptar el sistema a las necesidades de los niños con determinados problemas, pero existe un sistema y la Junta de Gobernadores, la Secretaría General y la Administración de las Escuelas Europeas procuran adaptarlas a las necesidades de los niños que tienen problemas específicos.

  El Presidente.

Pregunta n.º 48 formulada por Proinsias de Rossa (H-0247/07)

Asunto: Reestructuración de Eurydice

¿Está informada la Comisión de las consecuencias para la política europea de la pérdida de competencias y experiencia acumuladas en materia de políticas y de programas de educación que va a resultar de la decisión de sustituir el personal profesional actual de la unidad Eurydice por personal contratado mediante concurso general? Dicho concurso no tiene por objetivo ni está diseñado para valorar la experiencia del actual personal de la unidad Eurydice o de personal con experiencia y cualificaciones directamente comparables en este ámbito. ¿Podría la Comisión indicar qué medidas se propone adoptar para evitar la pérdida lamentable de un recurso tan valioso que inevitablemente se derivaría de esta iniciativa?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, el pasado mes de febrero, la Comisión modificó la Decisión por la que se establecía la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural. Dicha modificación ampliaba el mandato de la Agencia hasta 2015, al tiempo que le encargaba dirigir la red sobre la educación en Europa –Eurydice– a partir de 2008. La Decisión se tomó después de haber oído el dictamen favorable del Parlamento Europeo y del Comité regulador de la Agencia Ejecutiva.

Un organismo privado dirige este programa sobre la base de un contrato con la Comisión, que expira a finales del presente año. La Comisión no tiene ninguna dificultad especial en contratar al personal actual, pero la política de personal en las agencias ejecutivas ha de garantizar, en particular, que los procedimientos de selección de los agentes contractuales sean transparentes y den un trato igual a todos los candidatos interesados. Para ello, la Agencia ha llamado la atención del personal que trabaja en la unidad Eurydice de que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) inició recientemente el proceso de selección de agentes contractuales. Si participan en este proceso de selección y tienen éxito, la Agencia podrá ofrecerles un contrato como agente contractual.

Además, el proceso de selección de la EPSO abarca una serie de perfiles. Siempre que superen el proceso de selección de la EPSO, la experiencia específica del personal que actualmente trabaja en la unidad Eurydice será tenida en cuenta en el momento de la contratación. Además, la Agencia ya se ha comprometido a esperar los resultados de la selección de la EPSO antes de contratar a los agentes contractuales que necesitará para la unidad Eurydice.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, el Comisario comprenderá la inquietud de quienes actualmente trabajan en la unidad Eurydice y temen perder su puesto de trabajo debido al procedimiento de contratación que se está aplicando. De hecho, la EPSO pretendía ser un procedimiento de contratación más general, y no uno para una agencia específica, y aquí tenemos personal con experiencia, que es muy competente y que la unidad puede perder debido al procedimiento que se ha aplicado porque, evidentemente, los que consigan un lugar en el panel a raíz del proceso de la EPSO estarán compitiendo con los que ya están ahí y tienen la competencia y la experiencia.

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Algunos diputados han afirmado que estas personas están perdiendo su trabajo debido a un proceso de selección. No es este el caso. El contrato entre la institución europea y el organismo privado expirará y las funciones serán asumidas por una agencia europea, por lo que se trata de un proceso diferente y es realmente imposible transferir personas de un organismo privado al personal de la Unión Europea sin procedimientos normales. Tienen ustedes que comprender que en las instituciones europeas hay personas que trabajan a jornada completa o parcial hasta 40 000 personas y las reglas de contratación del personal son muy estrictas y son seguidas y supervisadas muy de cerca por los sindicatos de trabajadores, por lo cual la Comisión se compromete a seguir claramente estas reglas. Las reglas son que todo el mundo ha de recibir un trato igual, y que hay que reclutar a personal de fuera, el procedimiento ha de seguir una normativa y unos reglamentos en materia de personal muy claros, así que esta es la base.

Tuvimos estos problemas cuando, durante las reformas administrativas, transferimos a personal de diferentes tipos de contrato al modelo de agentes contractuales, que se adoptó en el marco de la reforma administrativa. Funcionó bastante bien, así que creo que esas personas tienen todas las posibilidades de seguir con su trabajo, pero han de seguir los procedimientos necesarios, y en este caso es el procedimiento de selección de la EPSO.

  El Presidente.

Pregunta n.º 49 formulada por Leopold Józef Rutowicz (H-0251/07)

Asunto: Gestión de los fondos de la UE

Los fondos destinados a la gestión de los edificios del Parlamento en Estrasburgo (IPE-0, IPE-1 e IPE-2, también conocidos como los edificios WIC y SDM) se podrían destinar a usos con mayor beneficio para la sociedad, como la investigación científica. La existencia de pagos en exceso, que, según los cálculos de la administración del Parlamento, se elevan como mínimo a 32 millones de euros durante los 25 años del contrato, han suscitado mucha controversia (A6-0280/2006, informe Ferber).

¿Qué planes existen para gestionar los fondos de la UE de forma que se restrinja el gasto en alquileres de edificios y para hacer un mejor uso de los propios edificios, reduciendo de este modo los gastos administrativos?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) La pregunta tenía que ver con la política inmobiliaria. Por supuesto, la Comisión solo es responsable de sus edificios y no está en condiciones de hacer comentarios sobre los planes de otras instituciones. En lo que respecta a la Comisión, se hacen todos los esfuerzos posibles por garantizar que la financiación del alojamiento del personal de la Comisión se gestione con sensatez a fin de minimizar los costes administrativos en este terreno.

La Comisión sigue de cerca el mercado de la propiedad en Bruselas y Luxemburgo, y ha demostrado que sabe negociar muy bien las condiciones financieras de sus edificios. La Comisión analiza la rentabilidad de las diferentes opciones: compra o arrendamiento. La Comisión ha fijado una política de descentralización ubicando algunas de sus oficinas y Direcciones Generales fuera de los barrios europeos de Bruselas y Luxemburgo. El precio de estos edificios descentralizados no solo es más bajo que el de edificios equivalentes en el barrio europeo, sino que de esta forma disminuye la presión sobre los precios de la propiedad en el barrio europeo. Y lo que es muy importante, la Comisión presta especial atención a la eficiencia del edificio garantizando la flexibilidad de los equipamientos y utilizando la superficie máxima disponible. Se reduce a un mínimo la pérdida de espacio. En 2002 se lanzó el Plan de Gestión y Auditoría Medioambientales con el fin de mejorar el rendimiento energético, el consumo de recursos y los controles de emisiones en los edificios.

Actualmente, la Comisión está desarrollando una nueva metodología basada en el coste del ciclo de vida para evaluar la calidad técnica de los edificios, incluida la eficiencia energética. Se espera poder aplicarlo en septiembre de 2008. Todos los edificios menos eficientes están siendo reemplazados progresivamente por edificios mejor diseñados a menor coste.

Muchas gracias por explicar la política inmobiliaria del Parlamento, pero, como he dicho, esto es la Comisión y no hacemos comentarios sobre los planes inmobiliarios de otras instituciones.

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Señor Presidente, lo importante para nosotros es que estos ahorros se hagan no solo en la Comisión, sino en todas partes, porque hay enormes carencias a la hora de financiar diversos programas científicos o de investigación que ofrezcan un buen rendimiento en el futuro.

Mientras tanto, desperdiciar el dinero en diversos edificios que no se utilizan supone una pérdida para todos nosotros: la Comisión, el Consejo y el Parlamento. ¿Considera el Comisario que simplemente deberíamos analizar la situación general de las propiedades de la Unión Europea y aplicar algún plan de acción para hacer un uso más eficaz de estos edificios y finalmente salir ganado?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Solo quiero decir que también existe un buen intercambio de información y cooperación entre los servicios relevantes dentro de la Comisión encargados de la política inmobiliaria y los servicios relevantes dentro del Parlamento. Nuestra intención, al menos la de la Comisión, es poder debatir cuestiones, por ejemplo, como la manera de ubicar todos nuestros servicios junto con el Parlamento en Bruselas. Por supuesto, el punto de partida ha de ser la eficiencia y el uso más racional de los recursos presupuestarios.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Comisario, hemos adoptado una Directiva sobre la certificación de edificios en cuanto a eficiencia energética. ¿Conoce usted algún edificio propiedad de la Unión Europea que ya disponga de un letrero en la entrada en que se indique su nivel de eficiencia energética?

  Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Probablemente no haya captado todos los matices de su pregunta, pero he de decir que, desde el punto de vista de la Comisión, seis de nuestros edificios han recibido una buena nota por parte de diferentes agencias de certificación en lo que respecta a los requisitos ambientales y la eficiencia energética. Por supuesto, tenemos más de 60 edificios a nuestra disposición en Bruselas y algunos de ellos son muy viejos y deberían ser reemplazados, pero seis edificios han sido elogiados por su eficacia energética. Asimismo comparamos las reducciones de CO2 en los edificios, que evidencian que los edificios nuevos son muy buenos.

  El Presidente. Dado que su autor no está presente, la Pregunta n.º 50 decae.

  El Presidente.

Pregunta n.º 51 formulada por Claude Moraes (H-0180/07)

Asunto: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

¿Puede aclarar la Comisión en qué medida los programas operativos que se someten al Fondo Europeo de Desarrollo Regional tendrán en cuenta las necesidades de los grupos desfavorecidos? ¿Va a garantizar la Comisión que, en la evaluación de esos programas operativos, se dará prioridad a los problemas específicos a los que se enfrentan las comunidades más pobres?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en relación con la primera pregunta: en nuestras directrices estratégicas comunitarias relativas a la política de cohesión para 2007-2013, de hecho hay un artículo que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación en general. Esta disposición establece claramente que los Estados miembros han de tomar medidas adecuadas para evitar cualquier forma de discriminación en todas las fases de la gestión o la preparación de los Fondos Estructurales europeos.

En el transcurso de las negociaciones y del seguimiento del programa y de los proyectos, la Comisión presta quiere garantizar en particular que se respete plenamente este principio transversal de no discriminación. Las normas de ejecución de la Comisión también contienen la obligación de los Estados miembros y las regiones de informar sobre la aplicación de los programas operativos, también en relación con el respeto y la promoción de los principios de igualdad de oportunidades en el contexto de las reformas de aplicación anuales y definitivas.

Con respecto a la parte de la pregunta que hace referencia a las zonas, países y regiones menos favorecidos, la política de cohesión adopta un enfoque muy activo del problema de la pobreza, que sin duda es mayor en los países y regiones menos favorecidos. A través del método de asignación, esta política ofrece a las regiones y países menos favorecidos unos recursos financieros relativamente más altos. Asimismo, durante la programación y ejecución de programas, recalcamos el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, apoyando la inversión.

Dentro del Fondo Social Europeo en particular emprendemos acciones muy específicas dirigidas a reforzar la inclusión social de las personas desfavorecidas con miras a su integración y empleo sostenibles. Para el periodo de 2007-2013 también hemos realizado la categorización de la inversión que utilizamos para hacer un seguimiento de la programación. Entonces también haremos un seguimiento de la ejecución. En esta categorización de gastos también hay varias categorías relacionadas con la discriminación. Por ejemplo, en los programas operativos disponemos de medidas que ya son visibles en esta fase para mejorar el acceso al empleo y aumentar la participación y el progreso sostenible de las mujeres hasta 2 700 millones de euros que deben invertirse en toda Europa. En relación con las acciones específicas para incrementar la participación de los inmigrantes en el empleo, ascienden a 1 900 millones de euros.

Asimismo hay una categoría para mejorar la inclusión social de las personas menos favorecidas, sobre todo la reintegración en el mundo laboral de las personas desfavorecidas. Hoy ya vemos que en todos los Estados miembros se invertirán casi 8 000 millones de euros en los próximos años en esta categoría, para abordar las preocupaciones que ha expresado su Señoría en su pregunta.

  Claude Moraes (PSE). – (EN) Señor Presidente, celebro particularmente la respuesta de la Comisaria a la pregunta sobre las regiones más desfavorecidas. Quisiera preguntarle en concreto acerca de los pagos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a mi circunscripción electoral, que es Londres, y a algunas de sus regiones desfavorecidas. Recientemente he enviado una carta a la Comisaria sobre este particular, y me pregunto si podría explicarme cómo podría revocarse una decisión de suspender los pagos a proyectos de Londres y ofrecer garantías de que, si los auditores de la Comisión están satisfechos, ello podrá hacerse con rapidez. No quiero ponerla en un aprieto si no recuerda mi carta, pero la he escrito recientemente y le agradecería que me diera una respuesta a este respecto ahora o en un futuro próximo.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Quiero decir brevemente que, en lo que respecta a Londres, esperamos alcanzar muy pronto una solución con las autoridades. Espero que la suspensión se levante pronto, una vez que las autoridades hayan realizado todos los cambios que esperamos. Tomo nota de sus preocupaciones acerca de las regiones desfavorecidas de Londres. Hace dos años visité uno de los programas especiales dedicados a las personas desfavorecidas y a los inmigrantes en Londres. Espero que podamos abordar muy pronto el problema que le preocupa.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señora Comisaria, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los grupos desfavorecidos es una falta de unas condiciones de salubridad adecuadas. ¿Cuál cree usted que puede ser el impacto sobre las zonas desfavorecidas en cuanto al desarrollo en el ámbito de la política hídrica y la estrategia de tratamiento de aguas residuales?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Hoy no puedo decirle con exactitud cuánto se destinará al tratamiento de aguas en las regiones desfavorecidas, pero sin duda una de las prioridades en virtud del primer objetivo de la política europea la accesibilidad de las regiones es también abordar las cuestiones ambientales. Entre estas también figura la cuestión del acceso al agua y los problemas relacionados con el agua en toda su diversidad. Si está usted interesado, estoy segura de que probablemente en unas cuantas semanas podré ofrecerle información más concreta sobre la cuantía de los fondos que se destinará a este tipo de inversión, pero ocupa un lugar prominente en nuestra lista de prioridades. Hoy por hoy solo puedo decirle esto.

  El Presidente.

Pregunta n.º 52 formulada por Deputada Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0182/07)

Asunto: Política regional para las zonas insulares

La designación del año 2007 como «Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos» afecta a la política regional de la Unión Europea. Las regiones insulares, montañosas, semimontañosas o escasamente pobladas, como las regiones insulares de Grecia, necesitan, para poder disponer de las mismas oportunidades, la aplicación de unos criterios más flexibles en cuanto a los requisitos de elegibilidad y una gestión especial en el caso de lugares con una problemática concreta (dificultad de acceso, condiciones climatológicas, actividad económica específica) en el marco de la política regional.

¿Qué opina la Comisión Europea de la manera en que la Unión Europea ha actuado hasta la fecha con respecto a estas regiones? ¿Cómo interpreta su continuo retraso en comparación con el espectacular avance de otras regiones continentales y densamente pobladas?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Por lo que entiendo, la pregunta tiene que ver con la igualdad de oportunidades y las regiones insulares.

Como sabe su Señoría, la prioridad política consiste en reducir las disparidades socioeconómicas entre las regiones y lo hacemos asignando recursos financieros disponibles a las regiones sobre la base de su prosperidad relativa. Sin embargo, también examinamos los tipos de inversión necesarios. Apoyamos la inversión que estimula el crecimiento en el caso de las regiones menos favorecidas, como las islas, a fin de tratar sus problemas. Para el periodo 2007-2013 hemos reconocido la situación especial de algunos territorios no solo islas, sino también regiones escasamente pobladas y zonas montañosas. Hemos propuesto disposiciones específicas, y una de ellas es un mayor porcentaje de cofinanciación, aunque también hay asignaciones adicionales para muchas de esas regiones desfavorecidas.

Asimismo hemos incluido un capítulo específico en nuestras directrices estratégicas para concentrar la atención de los Estados miembros en la dimensión territorial de la política de cohesión, en que hemos recalcado la importancia de las unidades territoriales que sufren diversos tipos de impedimentos. En el estadio actual de las negociaciones con los Estados miembros también queremos asegurar que las limitaciones específicas que existen en esas regiones y en las islas se tengan en cuenta debidamente por los Estados miembros, en particular a la hora de elaborar programas operativos y de tomar medidas para los próximos diez años.

Ya hemos realizado una evaluación preliminar de los programas presentados a la Comisión para las negociaciones a fin de ver en qué medida las islas serán beneficiarias en el futuro. Por ahora, la Comisión ha asignado 3 600 millones de euros a las islas. Asimismo hay una asignación específica para las regiones ultraperiféricas, que también son islas, que será de 3 800 millones de euros. Asimismo hemos acordado con nuestros colegas responsables de ESPON en Luxemburgo que utilizaremos mejores indicadores para esas regiones desfavorecidas, a fin de tener información más actualizada sobre estos territorios específicos.

En otras carteras también, especialmente la de la Comisaria Kroes, que es responsable de la ayuda estatal, hemos pedido un trato especial para las islas pequeñas en lo que respecta a la ayuda a las empresas de nueva creación. Se ofrece una bonificación del 5 % a estas islas.

La segunda parte de su pregunta dice que esas regiones mantienen un retraso con respecto a otros territorios. He de decir que hasta ahora los resultados de estos territorios no han sido uniformes y negativos. Disponemos de una serie de estudios que demuestran claramente que muchas de esas regiones, sobre todo las islas, sufren más por su tamaño y su demografía que por su ubicación geográfica específica. Muchas regiones han experimentado una mejora significativa. Madeira, las islas Canarias y también regiones de Grecia, como Notio Aigaio, han recuperado claramente el retraso.

Quería que mi respuesta fuera larga porque muchas personas nos expresan las mismas inquietudes acerca de estos territorios desfavorecidos. Los tenemos muy en cuenta. Realmente nos preocupa la situación de esas regiones y también vemos algunos resultados. Dicho esto, sé que sigue quedando un largo camino por recorrer y necesitamos su cooperación en este terreno.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta; sin embargo, quiero insistir en el hecho de que para lograr un desarrollo uniforme en Europa habrá que tener especial cuidado con la planificación de programas que permitan a las zonas desfavorecidas dar un paso más en dirección al desarrollo. Aparte de Madeira que ha mencionado usted antes, hay otras islas que no tienen ningún tipo de accesibilidad marítima a una zona central. Además, ¿incluye su programa disposiciones especiales y mejores incentivos para que se elijan estas zonas?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Ahora también negociamos con Grecia los programas tanto nacionales como operativos. Lo que vemos es que ahora las autoridades proponen también una prioridad especial que es la accesibilidad, sobre todo para las islas, así que espero que, dentro del programa operativo que aborda el territorio insular griego, se dé también prioridad a la mejora la de la accesibilidad de las islas. Conocemos claramente los problemas, también en relación con la accesibilidad de las islas. Somos sensibles a ellos y con esta propuesta estamos dispuestos a cooperar de forma positiva y también a trabajar sobre esta cuestión con ustedes.

No sé si desean obtener más información específica en relación con un territorio concreto. En caso afirmativo nos complacerá recibir más tarde la información sobre las preocupaciones concretas a las que ha referido su Señoría.

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, los destinos turísticos mundiales no pueden utilizarse como una comparación fiable. Estamos hablando de complejos insulares en Europa, islas en Grecia aisladas del continente, aisladas de la espina dorsal europea. Señora Comisaria, considere el coste que supone transportar un producto desde una pequeña isla del mar Egeo al mercado europeo central. Las políticas regionales y de cohesión para las zonas insulares no son suficientes; necesitamos una agenda territorial independiente para las islas en Europa: esta es mi sugerencia.

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Si viene usted con una propuesta así, simplemente la consideraré como un mensaje, pero permítame decir también que una parte importante de las islas griegas siguen incluidas en el objetivo de convergencia, si no recuerdo mal. En cuanto a la posibilidad de acogerse a la financiación, todo es posible, así que no deberíamos tener problemas en este sentido.

Permítame decir que, en el caso de las islas, como he dicho al principio, también hemos acordado unos porcentajes de cofinanciación superiores, por lo que hay algunos mecanismos o medidas adicionales que también pueden ayudar a las islas, pero estoy abierta a cualquier debate sobre las islas. Podemos seguir con el debate más adelante.

  El Presidente.

Pregunta n.º 53 formulada por Deputada Glenis Willmott (H-0185/07)

Asunto: Promoción de la financiación comunitaria en las Regiones

En el Reino Unido, como seguramente ocurre en otros países europeos, se sabe poco sobre las distintas maneras en que el dinero comunitario se ha utilizado para sanear regiones menos prósperas y no existe gran reconocimiento al respecto. Los proyectos financiados por la UE en beneficio de las regiones figuran entre las ventajas más visibles que reporta la pertenencia a la UE y, por tanto, los ciudadanos europeos deberían tener más información sobre la contribución comunitaria a la mejora de su vida diaria.

¿Qué medidas ha tomado la Comisión con objeto de garantizar que los beneficiarios de los Fondos Estructurales promueven y divulgan la fuente de sus financiaciones? Con el objetivo de acercar la UE a la población, ¿piensa crear la Comisión una base de datos centralizada, en la que se facilitarían datos sobre financiación comunitaria clasificada por regiones, y en la que los ciudadanos pudieran ver claramente cuánto dinero se invierte en su región?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Esta es una cuestión que considero muy importante para el futuro. Hemos introducido algunos cambios también en nuestros reglamentos, en nuestro enfoque, para conseguir esta mayor visibilidad. Esta política se basa en el principio de la gestión compartida, y dentro de esta responsabilidad compartida con los Estados miembros, de hecho depende de ellos garantizar una información y publicidad adecuadas sobre la intervención de los Fondos Estructurales.

Asimismo hemos incluido en el reglamento para el periodo 2007-2013 el requisito que de cierta una manera consolida y refuerza los requisitos que tenemos hoy en nuestro reglamento. Dice claramente que para cada programa operativo tiene que haber un agente operativo; para cada programa operativo debe haber un plan de comunicación. Asimismo, en el reglamento hemos incluido los requisitos mínimos para este tipo de plan operativo de comunicación. La obligación de informar también tiene que ver con los beneficiarios finales que han de informar al público poniendo una valla publicitaria durante la ejecución de grandes proyectos que están vinculados con la inversión física y la compra de material físico. Asimismo está el requisito de tener una placa explicativa permanente para informar al público sobre la participación europea en el proyecto. Lo mismo puede decirse de los proyectos de formación en que el beneficiario ha de informar a los participantes de que se cuenta con financiación de la UE.

También hemos introducido un elemento nuevo a través de un reglamento de la Comisión. También tendremos una publicación que ofrecerá una lista de beneficiarios, así como los importes de financiación pública que reciben. De este modo habrá bases de datos nacionales que deberán estar abiertas al público y la Comisión también creará un sitio web en el que incluirá los enlaces con estas bases de datos. Todo esto deberá estar disponible a principios del año que viene.

Asimismo habrá bases de datos creadas tanto por la Dirección General de Política Regional como por la Dirección General de Empleo, con información relativa al programa; no sobre el proyecto, pues eso incumbe a los Estados miembros, sino sobre el programa. Estarán clasificadas por países y por regiones. Asimismo contendrán la descripción de los programas operativos. Así que sin duda alguna habrá acceso a la información: esto está totalmente claro.

Iniciamos el intercambio de experiencias entre todos los funcionarios de comunicación implicados en noviembre y diciembre del año pasado, pero seguiremos hasta alcanzar la velocidad de crucero a finales de año. Así, a finales de año mantendremos la primera gran reunión con los funcionarios de comunicación de todos los programas operativos para compartir las mejores prácticas e intercambiar información acerca de las actividades de comunicación que ya se habrán desarrollado. Espero que a través de estos esfuerzos y nuevos reglamentos logremos que esta política sea cada vez más visible para los ciudadanos. Asimismo espero que esta mayor transparencia tenga un efecto positivo en la calidad de la política y en la gestión de la misma.

  Glenis Willmott (PSE). – (EN) Para que la UE establezca vínculos estrechos con sus ciudadanos no basta con que estos estén enterados de la financiación comunitaria que llega a sus regiones. También es preciso que los ciudadanos participen más en el proceso de financiación de la UE y el modo en que se está gastando el dinero comunitario para alcanzar objetivos de política pública. La transparencia y la responsabilidad son requisitos esenciales para garantizar que los ciudadanos participen en la elaboración de la política europea. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar que no solo los Estados miembros, sino también la Comisión, operen con la máxima transparencia en lo que respecta a la distribución del dinero comunitario a través de los fondos estructurales? Los ciudadanos deberían poder procesar la información sobre quién recibe fondos comunitarios y con qué fin. ¿Está disponible esta información?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Esto es precisamente lo que intentaba decir. Ahora tenemos estas nuevas iniciativas de transparencia y así habrá sitios web nacionales en que los Estados miembros y las regiones estarán obligados a presentar y publicar la información sobre los beneficiarios finales y el importe de los fondos que les han sido asignados. La Comisión –todas las Direcciones Generales responsables de los fondos estructurales– habrán de ofrecer un enlace directo desde nuestro sitio web a los sitios web nacionales que contengan información. Asimismo produciremos información de forma independiente sobre los programas operativos, que también se pondrá en la web. Habrá más actividades a través de los funcionarios de información en el terreno en las regiones dentro de los Estados miembros.

Espero que de esta manera la información llegue a un mayor número de ciudadanos, a la vez que espero que aumentemos la transparencia y la calidad del programa y de los proyectos.

  El Presidente.

Pregunta n.º 54 formulada por Lambert van Nistelrooij (H-0195/07)

Asunto: Estatuto de las islas de las Antillas neerlandesas y Fondos Estructurales

El artículo 299 del Tratado de la Unión Europea enumera las regiones ultraperiféricas de la UE. Las islas San Martín y Curaçao, que actualmente forman parte de las Antillas neerlandesas, dieron a conocer en 2005 que a partir del 1 de julio de 2007 se beneficiarían de un estatuto específico dentro del Reino de los Países Bajos, tal como Aruba. Las otras tres islas, Saba, San Eustaquio y Bonaire obtendrán una posición similar a la de un municipio neerlandés, con derecho de voto para las elecciones al Parlamento Europeo.

Resulta ahora que las autoridades en cuestión examinan, para algunas de estas islas, el estatuto de región ultraperiférica, por lo que las islas correspondientes formarían parte integrante de la UE.

¿Sabe la Comisión qué islas antillanas cumplen las condiciones necesarias para convertirse en región ultraperiférica? En opinión de la Comisión, ¿cuáles van a ser, en su caso, las consecuencias para la concesión de ayudas procedentes de los Fondos Estructurales de la UE?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Mis servicios y yo hemos cooperado con el Gobierno neerlandés durante bastantes meses sobre esta cuestión, en particular con el Ministro de Asuntos Exteriores. Que yo sepa, hay un procedimiento que estoy segura que el señor van Nistelrooij conoce, pero por lo que sabemos hoy, sigue habiendo un debate interno en el seno del Gobierno neerlandés y hasta ahora no se ha hecho ninguna propuesta al Consejo para modificar el Tratado, porque este proceso exigiría la modificación del Tratado y solo en esa fase podría pedirse a la Comisión que presentara su opinión.

Pero mientras tanto, antes de que el Consejo nos lo haya pedido, o antes de que se inicie todo el proceso, estamos trabajando con el Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, ofreciéndole información sobre lo que significaría, qué tipo de ventajas e inconvenientes habría que tener en cuenta, cuáles serían las consecuencias para esos territorios si se convirtieran en nuevas regiones ultraperiféricas, y espero que esta información que ha facilitado la Comisión hasta ahora pueda ayudar al Gobierno neerlandés a tomar una decisión.

No obstante, todo el proceso solo podrá tener lugar cuando el Consejo reciba la solicitud del Gobierno neerlandés y, como he dicho, solo entonces podrá la Comisión valorar formalmente las consecuencias.

Lo que puedo decir hoy es que las tres islas de las que estamos hablando tienen una población muy reducida, de tan solo 30 000 habitantes. Así que no supone un gran aumento de la carga para los fondos. Sin embargo, todos sabemos que el marco presupuestario se ha decidido para el periodo que va hasta 2013, así que el Consejo será el que deberá negociar y decidir acerca de los fondos adicionales. Lo más probable es que forme parte de todo el proceso de cambio del presupuesto, pero de momento esta fase aún queda lejos.

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, Comisaria Hübner, por supuesto, estamos hablando de algo que han pedido las propias Antillas neerlandesas, algo que podría conllevar un cambio constitucional, y que podría brindar oportunidades a estas islas en cuanto a empleo, formación, etc.

La pregunta que quiero formularle es si estaría usted dispuesta a realizar este estudio de seguimiento junto con el Gobierno neerlandés. Disponemos de datos de evaluación de regiones como Guadalupe y Martinica. ¿Estaría usted dispuesta a colaborar, para que la decisión tomada a su debido tiempo sea la más favorable?

  Danuta Hübner, miembro de la Comisión. (EN) Como ya he dicho, los Gobiernos nos abordaron y nosotros facilitamos toda la información necesaria. Podemos hacer lo mismo para las islas si quien necesita esta información nos pide que lo hagamos. Sin duda lo haremos, pero si las islas tuvieran que cambiar su estatuto y fuera necesario modificar el Tratado, entonces la legislación de la UE sería aplicable y se aplicaría a estos territorios, incluidos todos los reglamentos relacionados con la política regional europea. Mientras tanto, como he dicho, podemos facilitar toda la información necesaria.

  El Presidente. Las preguntas que no se han tratado por falta de tiempo serán contestadas por escrito (véase el Anexo).

Con esto concluyen las preguntas a la Comisión.

13. Cuestión de no ha lugar a deliberar (Homofobia en Europa): véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 19.35 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. MAURO
Vicepresidente

14. Acuerdo multilateral sobre la creación de un Espacio Aéreo Europeo Común - Acuerdo multilateral sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de

- la declaración de la Comisión sobre el Acuerdo multilateral sobre la creación de un Espacio Aéreo Europeo Común, y

- el informe (A6-0060/2007) de Eva Lichtenberger, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración del Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumanía y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) (COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)) .

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Lichtenberger por su muy constructivo informe. Lo que está en juego con el Acuerdo sobre la Zona Europea Común de Aviación es sin duda importante.

El Acuerdo fue firmado el pasado mes de junio por 37 partes signatarias, un número que sin duda no tiene parangón entre los un acuerdo aeronáuticos. Nos ayuda a crear una red global única, que permitirá el acercamiento de pueblos, países y culturas. El transporte aéreo desempeña un papel esencial en la integración y el posterior desarrollo de Europa en su conjunto. Así, el Acuerdo sobre la Zona Europea Común de Aviación va más allá de la mera apertura de los mercados. Crea un espacio único. Integra a todos los países de los Balcanes y de Europa sudoccidental en la familia europea.

Los enlaces aéreos que permitirá este Acuerdo no solo serán más numerosos, sino de mejor calidad. Dichos enlaces favorecerán los intercambios entre poblaciones, tanto en forma de relaciones comerciales como de viajes particulares, en el marco del turismo, por ejemplo, que se halla en pleno auge en la mayoría de los países afectados. Así, el transporte aéreo puede ser una fuerza motriz para el crecimiento de otros sectores y contribuir al desarrollo de toda la región balcánica. Al igual que el Tratado de la Comunidad de la Energía con Europa sudoriental, el Acuerdo sobre el Zona Europea Común de Aviación representa una etapa indispensable para una unión cada vez más estrecha entre los europeos, que sigue siendo la vocación profunda de la UE. Representa una etapa clave para crear, de aquí a 2010, un espacio único de aviación entre la Unión Europea y su vecindad, al que se suman el Acuerdo reciente con Marruecos y las negociaciones que acaban de iniciarse con Ucrania.

El objeto de este Acuerdo es claro y mira al futuro, pero también hay que destacar el interés del método elegido, que se basa en dos pilares. El primer pilar es la convergencia reglamentaria, es decir, la armonización de las normas y reglas europeas de transporte aéreo en ámbitos tan cruciales como la seguridad, la protección, la competencia, la política social, los derechos de los consumidores o también la defensa del medio ambiente. La armonización de las legislaciones nacionales con la normativa comunitaria ilustra la voluntad de los Balcanes de compartir los valores y principios de la Unión Europea, y el nivel de convergencia reglamentaria no tiene precedentes: todos los socios reunidos en este Acuerdo se han comprometido a poner su legislación nacional en consonancia con la legislación comunitaria.

El segundo pilar es la creación de nuevas oportunidades gracias a la apertura de los mercados. Estamos creando un mercado único aeronáutico de 35 países con más de 500 millones de habitantes, y ese mercado está en plena expansión. Desde 2001, el tráfico aéreo entre la Unión Europea y Europa sudoriental aumentó casi un 120 %. Esta tendencia se acelerará con la plena integración de una región en la que se prevé un aumento de los movimientos de aviones del 6 % anual hasta 2011. Desde 2005, l número de plazas en los vuelos entre la Unión Europea y los Balcanes ha pasado de 12 a 14 millones. Estoy seguro de que todos son conscientes de las consecuencias positivas de este Acuerdo.

Para que esta empresa sea un éxito, la Comisión debe apoyarse también en un tercer pilar: la asistencia técnica. Queremos seguir de cerca la aplicación de la legislación aportando al mismo tiempo a los socios todo el apoyo que puedan necesitar, y les mantendré informados, Señorías, de los progresos realizados y la evolución de la situación.

Reiterando mi agradecimiento a la ponente, la señora Lichtenberger, les agradezco su apoyo a esta iniciativa europea de crear una Zona Común Europea de Aviación. Una vez más, la alianza entre el Parlamento y la Comisión permite alcanzar resultados muy importantes que, señor Presidente, redundan en el interés general de Europa.

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE), ponente. – (DE) Señor Presidente, estoy muy agradecida al Comisario por sus palabras introductorias. Permítame asimismo dar las gracias a sus Señorías por el hecho de que hayamos conseguido elaborar juntos un informe que, en sus principales elementos, constituye un documento muy unitario. Quiero decir que este esfuerzo coordinado no debería subestimarse.

Siempre se dice que los austriacos tenemos una afinidad con los Balcanes, y por ello me complace que hayamos alcanzado un acuerdo con los Estados balcánicos que regula nuestro desarrollo común en un ámbito de actividad especial y que ofrece un enfoque paso por paso que responde de la forma más eficaz posible a las diversas situaciones en esos países.

Los países de los Balcanes, que han atravesado épocas sumamente difíciles en el pasado reciente, con guerras, disputas y conflictos nacionalistas, difieren mucho entre sí en cuanto a sus flotas, su infraestructura, sus posibilidades de control y sus estructuras gubernamentales. Por esta razón era necesario adoptar un enfoque diferenciado. Y sin duda ello se ha logrado con éxito en el presente acuerdo.

Quisiera recalcar algunos puntos que serán cruciales para nuestros esfuerzos conjuntos. Seguiremos este proceso de convergencia por medio de la ayuda y asistencia en la introducción de medidas de seguridad: safety y security; y utilizo los términos ingleses porque me permiten establecer una distinción entre dos aspectos de la palabra alemana Sicherheit. Se trata, por supuesto, de la rutina cotidiana, de los detalles prácticos de los procedimientos de trabajo cotidianos. Huelga decir que hemos de tener bien claro que tenemos que cumplir las condiciones, que no podemos hacer la vista gorda a las deficiencias, sino que, en los próximos años, hemos de trabajar juntos en la elaboración de normas comunes de seguridad para la aviación europea y que estos esfuerzos han de estar acompañados de la creación de mecanismos de acceso al mercado.

Algunos puntos en la serie general de normas me parecen especialmente centrales e importantes, como los derechos de los pasajeros, sobre todo los derechos de los pasajeros con discapacidades, que por supuesto se aplicarán en esos países, al igual que se aplican en los nuestros. Las personas confinadas a una silla de ruedas no pueden verse impedidas de viajar debido a la ausencia de infraestructuras y personal adecuados en los países de los Balcanes. Por supuesto, también ha de evitarse el dúmping social en forma de incumplimiento de las normas comunes que rigen las horas de trabajo, porque es una cuestión clave que ahora se ha extendido al sector de la aviación.

Huelga decir que la protección del medio ambiente también desempeña un papel principal. En el contexto de este acuerdo, se ha dicho mucho acerca de altas tasas de crecimiento en el futuro tráfico aéreo entre la Unión Europea y los países de los Balcanes. Este crecimiento ha de ir acompañado por una iniciativa ambiental para reducir las emisiones y los niveles de ruido a fin de garantizar que los crecientes volúmenes de tráfico aéreo no signifiquen un fuerte aumento de la contaminación ambiental.

Un último punto importante tiene que ver con los bloques del espacio aéreo funcionales. Será difícil formar un bloque común o seguir unas políticas comunes, pero soy una vieja optimista incurable y confío en que conseguiremos un resultado satisfactorio también en este ámbito. Por supuesto, lamentablemente sabemos que estas cosas no siempre se consiguen sin dificultades, ni siquiera dentro de la Unión, pero podemos crear las condiciones para un sistema común de gestión del tráfico aéreo que sirva para reducir las emisiones y hacer la vida más fácil a los pasajeros aéreos y a las líneas aéreas y al personal de aeropuerto.

Espero que la cooperación intergubernamental en los Balcanes en virtud de este acuerdo pueda ser un paso más hacia la comprensión mutua en otros ámbitos.

  Georg Jarzembowski, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, permítanme empezar agradeciendo sinceramente a la ponente el ingente trabajo que ha realizado para este informe, y en particular para la resolución, y permítanme asegurarle que no es una vieja optimista incurable, sino una joven optimista.

El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya de todo corazón la creación de un espacio aéreo común más amplio integrado por la Unión Europea, Islandia y Noruega del Espacio Económico Europeo y los países vecinos del sureste de Europa, dado que todos estos países, a través de este acuerdo multilateral, incorporarán gradualmente el mismo código de legislación en materia de aviación y finalmente crearán un espacio jurídico uniforme en Europa que cubra todos los aspectos de la aviación, desde el control del tráfico aéreo y la gestión del espacio aéreo hasta la competencia entre líneas aéreas. De esta manera también incrementaremos la seguridad de la aviación y reforzaremos los derechos de todos los pasajeros.

Agradezco a la ponente que haya elaborado la resolución. No quiero aplicar la etiqueta ecológica a cada actividad y en cualquier circunstancia, sino defender un nivel razonable de movilidad. Por ello creemos que todos los Estados miembros deberían participar sin demora en medidas prácticas para realizar el concepto de un cielo europeo único por medio de un sistema eficaz de gestión del espacio aéreo. De esta manera podemos reducir las emisiones de CO2 en la Unión Europea hasta un 12 %.

Asimismo, apoyamos los esfuerzos destinados a introducir un sólido sistema europeo de comercio de derechos de emisión en el transporte aéreo a fin de lograr más ventajas ambientales. Sin embargo, la sensatez del comercio de derechos de emisión es algo que debatiremos más tarde en otro contexto.

Por último, permítanme señalar que también es importante que nos ayudemos mutuamente en la formación de personal y en la contratación y uso de la tecnología más avanzada de control del tráfico aéreo, pues necesitamos un sistema seguro y eficaz para vigilar el uso del espacio aéreo europeo.

  Saïd el Khadraoui, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero empezar dando las gracias a la ponente, la señora Lichtenberger, por el buen trabajo que ha realizado en este expediente, y también sobre otros expedientes relacionados con la aviación en los que hemos tenido el placer de trabajar juntos, a menudo, de hecho, con un abrumador consenso con la mayoría de los Grupos. Hemos constatado una y otra vez que aspiramos a lograr los mismos objetivos, a saber, no solo la ampliación gradual del libre mercado europeo de la aviación, sino también, y posiblemente sobre todo, aprovechar esta oportunidad para garantizar la exportación gradual –por así decirlo– del acervo europeo, la suma total de todas las normas europeas en materia de aviación, a nuestros vecinos y, con el tiempo, también a otras partes del mundo. De esta manera, nuestras normas comunes en el ámbito de la seguridad, la protección, el control del tráfico aéreo, la competencia, los aspectos sociales y ambientales pueden ser adoptadas por terceros países, pudiéndose así crear las mismas reglas de juego equitativas de alto nivel. Esto es importante a la hora de abrir nuestros mercados, aunque también en relación con la seguridad de nuestros pasajeros o el mantenimiento de la cohesión social en el sector.

Huelga decir que no será fácil para todos los países implicados aplicar las normas europeas existentes, porque a menudo carecen de la pericia necesaria o del equipamiento técnico necesario, y por ello es importante que en el acuerdo se estipule que la Comisión está preparada para ofrecer a esos países apoyo técnico, jurídico y de gestión. Es igualmente importante que en estos acuerdos mantengamos abierta la opción de tomar las medidas necesarias en el futuro, por ejemplo como ya ha mencionado la ponente, para reducir al máximo los efectos negativos sobre el clima. Ya se ha mencionado el sistema de comercio de derechos de emisión, y otra manera de lograrlo es a través del sistema europeo de gestión del tráfico aéreo (SESAR). Huelga decir que apoyamos plenamente el informe Lichtenberger y la resolución correspondiente, aunque hubiésemos querido reforzar algunas cosas, y por ello hemos presentado algunas enmiendas que, espero, puedan contar con el apoyo del Parlamento. Puede que sean simbólicas, pero son importantes y están en línea con resoluciones comparables que ya hemos aprobado.

  Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Señor Presidente, una Zona Europea Común de Aviación basada en el libre acceso al mercado, la libertad de establecimiento, la igualdad de condiciones, basada en unas normas comunes en el ámbito de la seguridad, la protección, el control del tráfico aéreo y por supuesto los aspectos sociales y ambientales, ofrece por supuesto una situación en la que todas las partes implicadas salen ganando y nadie puede decir que algo así no es necesario ni útil.

Sinceramente, esto fue lo que pensé el pasado 27 de marzo cuando conmemoramos el desastre aéreo de Tenerife. Hace exactamente treinta años, dos Boeing 747 colisionaron y 583 personas perdieron la vida en lo que fue el mayor desastre en la historia de nuestra aviación. Entonces me di cuenta de que, desde entonces, hemos tomado medidas importantes en lo que respecta a las normas comunes sobre la aviación europea, y en particular en lo que respecta a la seguridad de los pasajeros aéreos, y me di cuenta de lo mucho que nos hemos beneficiado de ello.

Así pues, considero la creación de una Zona Europea Común de Aviación, basada en los principios rectores que, entre tanto, casi todos los oradores han mencionado, como otro avance importante. A fin de cuentas, el acuerdo prevé la ampliación gradual del acervo en materia de aviación para incluir a los países asociados. Aparte de la seguridad, es evidente su importancia económica.

Al igual que la ponente y que anteriores oradores, creo que es importante recalcar que no todos los países asociados tienen la misma posición de salida. Algunos, por decirlo con suavidad, se enfrentan a un reto considerable, y el sector de la aviación en los países asociados también se encuentra en fases de desarrollo bastante diferentes.

En otras palabras, el progreso hacia una Zona Europea Común de Aviación no será uniforme; de hecho, tampoco hemos de quererlo, y por consiguiente considero que el apoyo técnico, jurídico y demás apoyo de la UE propuesto para estos países asociados es una herramienta esencial para lograr realmente la Zona Europea Común de Aviación. Por supuesto quiero finalizar dando las gracias a la ponente, la señora Lichtenberger.

  Mieczysław Edmund Janowski, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la señora Lichtenberger por su trabajo.

En nombre del Grupo UEN quiero expresar mi apoyo a este acuerdo internacional multilateral en el que la Unión Europea desempeña un papel principal, a pesar de algunas diferencias en detalles técnicos entre los asociados. Ahora estamos llegando al final de una tarea difícil y tortuosa que se inició hace años y que dará como resultado un mercado de la aviación civil común y libre en Europa. La rápida expansión de la aviación de mercancías y de pasajeros ha tenido resultados tanto positivos como negativos. En este contexto, me complace decir que el mercado de la aviación polaco es el de más rápido desarrollo en Europa, a una media de más del 11 % a lo largo del año. Solo en China se ha producido un desarrollo más rápido del transporte aéreo. El desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste ha contribuido claramente a este crecimiento y ha ayudado a desarrollar algunos importantes centros neurálgicos regionales. Ahora podemos decir que los niveles de tráfico aéreo en Europa han alcanzado el punto de saturación, y un suceso crítico como el mal tiempo, un accidente o las huelgas puede desbaratar todo el sistema europeo. Quiero recalcar que la Zona Europea Común de Aviación será responsable de supervisar a las autoridades de aviación en los países individuales, y colaborará con ellas y con Eurocontrol. El sistema SESAME desempeñará un papel importante en este contexto.

Y dos observaciones finales. La ZECA debería ser la precursora de una zona mundial de aviación. Sobre este punto estoy de acuerdo con los comentarios del Comisario. Y en segundo lugar, en todas las actividades contempladas en este acuerdo, hemos de seguir centrándonos en los pasajeros, incluidos los pasajeros discapacitados, como ha mencionado la ponente. En este contexto, creo que la reciente huelga de bomberos en el aeropuerto de Bruselas dio un ejemplo muy malo.

  Vladimír Remek, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero elogiar a la ponente por su trabajo y como ponente alternativo darle las gracias por su buena cooperación.

Una de las principales contribuciones hechas por el acuerdo es, a mi entender, el hecho de que producirá la ampliación de las normas europeas específicas a otra región, en este caso los Balcanes, que es además una región compleja.

He pasado parte de mi carrera profesional en la aviación, sé lo importante que es la cooperación internacional en este ámbito y lo necesario que es tener al menos un número de normas específicas. Con la aprobación de este documento, satisfacemos las condiciones previas para ampliar el cielo único europeo más allá del territorio de la UE. No se trata tan solo de ayudar a mejorar la seguridad, sino también de la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios a los pasajeros. El acuerdo representa asimismo más oportunidades para las empresas europeas. A mi entender, estas son consecuencias igualmente importantes del acuerdo que tenemos ante nosotros. Asimismo creo que es un ejemplo de un proyecto que ayudará, de una forma práctica, a difundir las ideas europeas. Más acuerdos prácticos de este tipo, que no sean meros intentos de ejercer un control burocrático de la vida en los países europeos, y que gocen de un amplio apoyo, aumentarían sin duda el prestigio de la UE.

La aviación en Europa está abierta a todos los países que desean integrarse en la familia aérea europea con unas cláusulas y condiciones claras y aceptadas por todos.

  Jean-Claude Martinez, en nombre del Grupo ITS. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, un mercado único, una moneda única y ahora hasta el cielo se vuelve único: esta es la confirmación de que la construcción europea es un monoteísmo jurídico, financiero y económico, que tiene, al igual que todos los monoteísmos, la fuerza para expandirse. Lo vemos aquí con esta decisión finalmente positiva del Consejo, relativa a un Acuerdo multilateral para la creación de la Zona Europea Común de Aviación entre la Unión, los países de los Balcanes, Islandia y Noruega, es decir, si he contado bien, 37 países.

Este cuerpo jurídico, que de nuevo es positivo, es un Acuerdo multilateral: 35 artículos, 4 anexos y 8 protocolos. Se alinean entre ellas las legislaciones nacionales. Se crea un mercado común del transporte aéreo y, Dios mío, el cielo se unifica más rápido que la Tierra. Tenemos aquí un solo acuerdo que crea un Derecho aéreo continental en cinco grandes capítulos: el derecho de establecimiento, la protección de la aviación en el artículo 11, la protección de la aviación sobre todo en épocas de amenazas terroristas y secuestros, la gestión del tráfico aéreo y, por supuesto, la competencia, con las ayudas estatales, los contratos públicos y la comercialización de bienes.

Contiene, además, todas las normas clásicas comunes a estos tratados multilaterales, es decir, sobre la resolución de conflictos, la interpretación y la aplicación, previendo en este caso una aplicación por etapas, con el problema clásico, una vez más, de la fecha inicial y la aplicación provisional. Por una vez, no podemos sino aplaudir algo que debería facilitar las cosas tanto a las empresas como a las personas físicas.

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, estoy de acuerdo con las observaciones muy positivas de mi predecesor. Señor Presidente, 37 países deberán ratificar este Acuerdo antes de su aplicación definitiva. Hasta entonces se aplicarán los acuerdos bilaterales, siempre que existan. Nuestra ponente ha subrayado que no conviene adoptar un enfoque de «talla única» con respecto a los países asociados.

No obstante, el enfoque intergubernamental, con un comité conjunto mucho mayor de lo necesario, como dice la ponente con delicadeza –y quisiera felicitar a la señora Lichtenberger por su informe –, hace que la cooperación resulte bastante más engorrosa. Huelga decir que la entrada en vigor del sistema SESAR facilitará la gestión del tráfico aéreo y no podemos sino brindar todo nuestro apoyo al Comisario Barrot con vistas a acelerar en la medida de lo posible la fase de desarrollo de SESAR.

¿Hay que recordar que este sistema constituiría una aportación considerable para el medio ambiente, que sería más eficaz que el sistema de intercambio de cuotas de emisión que ahora se quiere imponer a la aviación civil, con un espacio aéreo mejor organizado y un ahorro real de combustible de aviación? No solo necesitamos cielos abiertos, sino también cielos limpios, como usted ha dicho, señor Comisario.

No obstante, reitero mi temor de que los acuerdos que deben ratificar los Estados miembros retrasen la aplicación de SESAR. La etapa que se nos presenta esta tarde es de envergadura y la fecha de 2010 es ambiciosa. La fase de desarrollo de SESAR debería concluir en 2013. Señor Comisario, está justificado tener la ambición de avanzar en interés de la protección del medio ambiente, pero pediré a la Comisión que nos diga si no es posible avanzar también en los trabajos y en qué estado se hallan los trabajos reglamentarios en los Estados miembros. ¿Podría la Comisión mantener regularmente informado al Parlamento sobre la marcha de estos trabajos?

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Felicit raportorul pentru munca depusă. Încep prin a menţiona că România şi Bulgaria, ca state membre, respectă acquis-ul comunitar. De asemenea acestora se aplică regulamentele în vigoare. Acordul multilateral pentru stabilirea spaţiului aerian comun european se înscrie în politica de vecinătate a Uniunii Europene şi în procesul de extindere a pieţei interne de transport la statele vecine. Statele din Balcani sunt importante pentru Uniune Europeană. Este important pentru aceasta ca statele semnatare să respecte standardele şi reglementările europene privind siguranţa şi securitatea aviaţiei, drepturile pasagerilor, concurenţa, achiziţiile şi ajutorul de stat. Implementarea acordului se va face gradual, conform protocolului cu fiecare stat semnatar, urmând ca aplicarea integrală a acordului să se realizeze după ratificarea sa de către toate părţile semnatare. Până în acel moment se vor aplica acordurile bilaterale existente privind accesul la spaţiul aerian şi frecvenţele utilizate. Având în vedere importanţa spaţiului aerian comun european pentru politica comunitară de transport, este important ca statele semnatare să primească din partea Comisiei Europene sprijinul tehnic, legal şi procedural necesar pentru implementarea sa. Felicit încă o dată raportorul pentru activitatea depusă.

  Arūnas Degutis (ALDE). – (LT) La resolución que consideramos hoy es breve, pero crucial: con ella llegaremos a un acuerdo multilateral sobre la Zona Europea Común de Aviación (ZECA). Este acuerdo, que la Comisión negoció hace un año con los países de los Balcanes, así como con Islandia y Noruega, es importante porque amplía la aplicación de las normas de aviación de la Comunidad Europea a los países asociados mencionados.

Es de gran importancia, no solo para estos países que intentan gradualmente adecuar sus normas de aviación a las normas europeas, sino también para Europa, dado que las normas europeas empezarán a aplicarse poco a poco en la zona geográfica antes mencionada, sobre todo en el ámbito de la seguridad en la aviación, lo cual permitirá a nuestros ciudadanos viajar con mayor seguridad. Cada vez se viaja más a los Balcanes a medida que estos países se acercan a Europa.

El ámbito de la aviación civil internacional es complejo y tiene muchas facetas; por ello era correcto elegir un enfoque de negociación asimétrico con respecto a la situación específica y al nivel de aplicación de las normas existentes en cada país con el que había que firmar un protocolo. Ello permitirá una más rápida aplicación de las normas, sin frenar a los países más avanzados, y estimulando a los más rezagados.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento por haber resaltado –como han hecho todos los oradores– la importancia de este Acuerdo, por el que se crea una Zona Europea Común de Aviación.

Quisiera decir a la ponente que, por supuesto, los aspectos ambientales y sociales están contemplados en el acuerdo, que incluye las normas de la Unión Europea. Además, los Estados signatarios se han comprometido a aplicar el acervo comunitario, y esto se aplica, en particular, a los derechos de los pasajeros y en particular, como ha destacado usted, señora Lichtenberger, los de las personas de movilidad reducida. Los socios de esta Zona Europea Común de Aviación se han comprometido también a aplicar toda la legislación futura de la Unión Europea, por ejemplo los derechos sociales. Así, esta Zona Europea Común de Aviación servirá de marco común para el transporte aéreo y garantizará en todas las circunstancias la igualdad de trato de todas las partes.

Quisiera precisar también que SESAR favorecerá una gestión mejor del espacio aéreo, lo que será asimismo un factor importante. Han sido muchos también los que han insistido en que no solo hay que exigir el respeto del acervo comunitario, sino también prestar apoyo y que ese apoyo debe ser proporcional a las necesidades de cada Estado miembro, pues no todos están en el mismo nivel. Para responder a este respecto a la señora Hennicot-Schoepges, haré como ella desea y mantendré informado al Parlamento de los avances legales en los Estados miembros. Tiene usted razón, Señoría, al insistir en el riesgo de que las ratificaciones se retrasen, cuando, justamente, sería necesario que esta Zona pudiera cobrar vida rápidamente. Estoy, pues, muy al tanto de lo que usted ha dicho.

Señor Presidente, creo que he pasado más o menos revista a lo que se ha dicho. Añadiré que la Comisión realizará visitas de evaluación anuales y presentará al Parlamento Europeo un informe detallado sobre los progresos realizados por los socios de la Zona Europea Común de Aviación.

Añadiré también, para la señora Ticău, que el Acuerdo contempla la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Dado que esos dos Estados son ahora miembros de la Unión Europea, participan en el Acuerdo y no hay que prever modificación alguna.

Señor Presidente, no me alargaré más. Agradezco mucho al Parlamento el interés que presta a este Acuerdo que, en efecto, es totalmente esencial para unificar el cielo europeo y, como ha dicho el señor Martinez, quizás haya que comenzar a veces por el cielo para realizar la unidad en la tierra.

  El Presidente. El debate conjunto queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

15. Galileo (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre Galileo.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, Señorías, agradezco al Parlamento que haya tomado la iniciativa de esta resolución. El contenido de la resolución supone un apoyo a los esfuerzos de la Comisión. Su aprobación por el Pleno es un testimonio más de la voluntad clara y sin fisuras de la Comunidad Europea de llevar a cabo ese gran proyecto europeo que es Galileo.

¿Cuál es la situación? Ante el bloqueo de las negociaciones del contrato con el candidato del consorcio y a falta de progresos sobre las condiciones que planteé hace un año, lancé un ultimátum con fechas tope precisas para salir de ese punto muerto. Sobre la base de dicho ultimátum y con el apoyo del Consejo, recibí el mandato del Consejo de trabajar sobre todas las opciones posibles. Los trabajos de la Comisión sobre la base del mandato del Consejo de Transportes de 22 de marzo de 2007, a los que su resolución aporta un valioso apoyo, avanzan de forma satisfactoria. El resultado de esos trabajos será objeto de una Comunicación al Parlamento y al Consejo, que la Comisión tiene previsto adoptar el 10 de mayo de 2007, es decir, un mes antes del próximo Consejo de Transportes de junio de 2007.

La futura comunicación responderá a todas las peticiones efectuadas por el Consejo del 22 de marzo de 2007 y por el Parlamento en la resolución que van a adoptar. Dicha comunicación comprenderá un examen de la situación actual y de las dificultades a que se enfrenta el programa, en particular las razones del bloqueo de las negociaciones relativas al contrato de concesión, y un análisis de las posibilidades de una conclusión rápida del contrato de concesión, así como soluciones alternativas al plan adoptado hasta ahora. No habrá tabúes, ni sobre las causas de las dificultades actuales, ni sobre los calendarios previsibles, ni sobre las cuestiones de financiación o de gobernanza.

Por lo que respecta a las soluciones alternativas, existen varias opciones. Pueden ir desde el mantenimiento del proyecto en su estado actual hasta, evidentemente, su cierre, cosa que no contemplo, por supuesto. Una solución intermedia podría ser la asunción del despliegue de la totalidad o una parte de la infraestructura satelitaria por el sector público y, después, su explotación por un socio privado. Es una de las alternativas. Pero cada una de estas alternativas será objeto de un examen detallado de sus implicaciones técnicas y financieras, así como desde el punto de vista de la gobernanza.

El deseo de la Comisión sigue siendo conseguir la mejor relación coste-beneficio del proyecto, evitando al mismo tiempo más retrasos. Evitar más retrasos es crucial, dado el riesgo que representaría la aparición de sistemas competidores modernizados. Por supuesto, si se continuara con el plan actual y las negociaciones del contrato de concesión se reanudasen de forma muy activa en las próximas semanas, informaré al Parlamento de los progresos realizados.

Quisiera hablarles ahora del servicio europeo de navegación geoestacionaria, el programa EGNOS, que mejora el sistema de posicionamiento global para los usuarios europeos. La Agencia Espacial Europea concluirá el examen de aptitud operativa del sistema de aquí a marzo de 2008. EGNOS estará listo entonces para su plena explotación, por lo que habrá que encontrar antes de marzo de 2008 a un operador económico que pueda explotar las aplicaciones de EGNOS. A partir de esa misma fecha, las instituciones europeas estarán también en condiciones de proceder a la financiación del sistema. Insisto un tanto porque EGNOS nos permitirá, ya, evaluar cierto número de aplicaciones de la navegación por satélite y esto es muy interesante, pues representa una primera etapa que allanará el camino a Galileo.

Por lo que respecta a la financiación de los programas europeos de radionavegación por satélite, como saben, la Comisión propuso en el mes de julio de 2004 un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. La propuesta preveía para el programa Galileo un instrumento jurídico específico, coherente con el futuro programa espacial europeo y que respondiera a la preocupación de una buena gestión financiera en el marco financiero 2007-2013. La propuesta mencionaba de forma provisional una intervención financiera de la Comunidad Europea de 1 000 millones de euros. El Consejo llegó a una orientación general parcial sobre esta propuesta el 21 de abril de 2005. El Parlamento aprobó asimismo un dictamen positivo en primera lectura el 5 de septiembre de 2005. Las cifras definitivas dependerán de las opciones tomadas y, por supuesto, se someterán a su debido tiempo a la autoridad presupuestaria.

Por lo que respecta a la gobernanza del programa Galileo, la Comisión reflexiona actualmente sobre los medios para hacer posible una coordinación más eficaz entre los distintos agentes del programa: la propia Comisión, la Autoridad Supervisora y la Agencia Espacial Europea.

Unas palabras ahora sobre las relaciones exteriores. Los acuerdos internacionales relativos al programa Galileo se negocian sobre la base del artículo 300 del Tratado. El procedimiento previsto por dicho artículo incluye siempre una consulta al Parlamento antes de su celebración. He observado, por supuesto, el deseo del Parlamento de tener una participación activa en el seguimiento de la gobernanza.

En cuanto a las aplicaciones de Galileo y el Libro Verde sobre dichas aplicaciones, la fase de debate público está a punto de concluir. Se han recibido más de 70 contribuciones procedentes de una gran variedad de agentes. Ahora es necesario que la Comisión analice los resultados antes de definir el plan de acción que se aplicará a partir del año 2008.

Como saben, Señorías, Galileo es el proyecto industrial más ambicioso que Europa ha emprendido nunca. Evidentemente, no vacilaré esta tarde en pedir el apoyo del Parlamento, dada la dificultad de la empresa, pero también nuestra voluntad de llevarla a cabo con éxito. Es cierto que el mes que viene va a ser para la Comisión y los servicios competentes un período de trabajo extremadamente intenso, a fin de encontrar las mejores soluciones para superar la situación actual y hacer avanzar el programa según el calendario previsto.

Esto es lo que puedo decir esta tarde al Parlamento. Por supuesto, a medida que se desarrollen los estudios en curso, será para mí un honor informar al Parlamento, y le doy las gracias por anticipado, señor Presidente, por prestarnos, con la resolución propuesta, sobre la que se votará mañana, la ayuda necesaria para convencer a los Estados miembros de que un proyecto como este es demasiado importante para el futuro de Europa para no ser propugnado con decisión.

  Etelka Barsi-Pataky, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Señor Vicepresidente, gracias por la detallada información. Esta tarde en la inauguración de la exposición fotográfica de Airbus hemos oído hablar acerca de los impresionantes logros de los ingenieros de desarrollo europeos del siglo XXI. Pero también hemos oído decir al representante de Airbus que hubo problemas con la fabricación, que el retraso ha causado daños irreparables, y también que Airbus no era suficientemente europeo sino que estaba regido por consideraciones de los Estados miembros.

Ahora Galileo también ha emprendido su camino, pero desde el Consejo de primavera, parece que el Consejo, la Comisión y el Parlamento han acordado que estos errores aún pueden evitarse a tiempo. El pasado otoño, el Parlamento llamó la atención de la Comisión y del Consejo sobre el creciente número de problemas sin resolver y retrasos, y de ahí que aplaudamos y celebremos, señor Vicepresidente, su audaz paso y su acción decisiva. Le aseguro, señor Vicepresidente, que contará usted con el apoyo del Parlamento Europeo en la resolución de las cuestiones más difíciles si finalmente se elabora un programa claro y viable, y se logra una financiación asequible, bien por medio de la negociación o a través de una solución alternativa. Esto es lo que estamos esperando: una gobernanza pública mejor y eficaz, unas claras líneas políticas de responsabilidad para la adquisición de las herramientas necesarias. Buscamos una respuesta inequívoca en relación con la necesidad general de una financiación y responsabilidad comunitarias. Esperamos una respuesta clara, al menos de los agentes en la industria espacial europea, sobre la participación financiera, el modo de financiación basado en una fórmula de 2/3, dado que esto es lo que se afirmaba en la convocatoria.

Galileo es la primera infraestructura comunitaria y por ello el Parlamento Europeo la sigue con sumo interés. Señor Viceprensidente, ha dicho usted que el Parlamento Europeo votó a favor de casi 1 000 millones de euros para el programa Galileo en su presupuesto de siete años. El importe está disponible desde el 1 de enero y nos gustaría saber en qué lo gastaremos y cómo lo utilizaremos.

  Norbert Glante, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Comisario Barrot, Señorías, sin duda resulta frustrante ver la situación crítica en la que nos hemos metido poco a poco debido al retraso en el proyecto Galileo. Sin duda se trata de una aventura ambiciosa de llevar a cabo por primera vez un proyecto de tipo APP a escala europea. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que tomaron parte en el estudio realizado a través del Libro Verde están esperando la luz verde para diseñar, producir y comercializar sus aplicaciones, para que puedan materializarse los trabajos que todos esperan crear.

La comunidad empresarial espera que la mantengamos libre de interferencia política. «Las empresas hacen negocios» es una frase conocida. Sin embargo, una y otra vez, aunque personalmente siempre he sido favorable a las empresas, tengo la sensación de que cada vez que la comunidad de negocios tiene dificultades, vuelve a pedir ayuda política y evita tomar riesgos.

Una participación justa en la inversión, los riesgos y los beneficios es de suma importancia en el modelo APP. Con la propuesta en la opinión entregada por la Comisión de Industria, Investigación y Energía de que primero se reservaran fondos para la Autoridad Supervisora, queríamos enviar una advertencia a todas las partes para que siguieran adelante y recuperaran el tiempo perdido. Sabemos muy bien que eso equivale a golpear al perro cuando se quiere dar al amo, pero por desgracia no tenemos otra manera de ejercer presión.

Seguimos siendo optimistas y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo también sigue apoyando el proyecto, pero nuestra paciencia no es infinita. Espero que los plazos que se han fijado ahora sirvan para unir a los participantes económicos y al consorcio necesario. Para acabar con otro dicho: el movimiento se demuestra andando. Va siendo hora de echarnos a andar.

  Fiona Hall, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, señor Comisario, me complace que tengamos la oportunidad de mantener este debate sobre Galileo, pero me produce la extraña sensación de haber realizado un salto en el tiempo.

Hace siete meses ya celebramos un debate en el Pleno sobre este tema y es muy alarmante darse cuenta de que desde entonces no se ha avanzado nada. En aquella ocasión, en septiembre, expresé mi preocupación, igual que hicieron otros diputados, sobre la escalada de costes del proyecto. Hemos de ser totalmente francos: sin tabúes, como ha dicho el Comisario. Galileo tiene el potencial de ser un gran proyecto europeo, pero la tecnología avanza muy rápido. Ha habido tantos retrasos que podríamos llegar al punto de que sencillamente no merezca la pena hacer nada más. Galileo depende de los ingresos y, si no ofrece un valor añadido, nadie querrá pagar para usarlo.

He escuchado con gran interés lo que ha dicho el Comisario Barrot. Parece que algo que por fin ha cambiado es la disposición del Consejo y de la Comisión de pasar firmemente a la acción. Acojo con gran satisfacción la fecha límite del 10 de mayo y la insistencia en que para entonces haya avances sustanciales e inmediatos sobre los epígrafes del mandato. Asimismo acojo con agrado la iniciativa de explorar alternativas para llevar a cabo el proyecto, pero me alarma la posibilidad de una solución intermedia que dependa de las arcas públicas.

Por último, la Comisión ha dicho que es posible que deba reconsiderar algunos aspectos fundamentales de sus anteriores supuestos y su enfoque. Quiero preguntar al Comisario si en retrospectiva podría reconocer que fue un error acordar en julio de 2005 la fusión de los dos consorcios. Creo que fue entonces cuando la Comisión perdió toda capacidad de influir. ¿Está de acuerdo conmigo en que el impulso de la competencia y la existencia de alternativas es lo que tiene más probabilidades de mantener una asociación público-privada de acuerdo con lo programado y presupuestado?

  David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, la Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante en sus perspectivas financieras para lanzar este programa Galileo. Ahora tenemos la obligación de asegurar que el dinero de la Unión se gasta y gestiona bien.

Si los socios privados del programa no están cumpliendo con sus obligaciones, deben ser sustituidos inmediatamente. Confiamos en que el sistema Galileo sea operativo cuanto antes y se convierta en una pieza clave para ayudar al transporte y para una mejor observación de nuestros problemas ambientales, como el cambio climático.

Quisiéramos que el proyecto Galileo fuera también compatible e interoperativo con los sistemas de navegación convencionales –como el GSM– y otros sistemas. Es importante que sean así conectables y complementarios. Junto con el GPS norteamericano y el GLONASS ruso deben contribuir a mejorar nuestro sistema de navegación.

Al mismo tiempo debemos mantener nuestra vigilancia del programa para que las aplicaciones de Galileo respeten las normas éticas y de derechos humanos más exigentes.

Pero nos preguntamos ahora si Galileo es simplemente una ilusión o si será una realidad. Me pregunto si la capacidad de gestión de la Comisión Europea está a la altura de las circunstancias y los retos de Galileo. El prestigio de la Unión Europea está en juego.

  Gerard Batten , en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, hay un sistema de navegación por satélite estupendo a disposición de los ciudadanos de la UE. Pero todos sabemos que lo que se pretende con Galileo es ampliar el poder y el dominio de la Unión Europea y que la idea es que sea utilizado para fines militares por las futuras fuerzas armadas de la UE.

Mientras tanto, los planes de financiación de este presuntuoso proyecto, que ascenderá a miles de millones de euros, se topan con graves dificultades. El Gobierno británico, que no pierde nunca una oportunidad de recaudar impuestos adicionales, prevé usarlo para ejecutar programas de cobro de peajes para que los ciudadanos británicos le ayuden a pagarlo, cobrándoles por el privilegio de conducir en sus carreteras.

Galileo tiene todo lo necesario para ser un Airbus del espacio y, como señaló Galileo Galilei, todo lo que sube tiene que bajar. En este caso, para empezar, sería mucho mejor que no subiera.

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señor Presidente, el sistema de navegación por satélite Galileo asegurará un lugar para la Unión Europea en la civilización mundial del siglo que viene. Los intereses egoístas de determinadas empresas y países no lograrán socavar el interés justificado que tiene toda la Unión en este proyecto. El Parlamento Europeo está preocupado por los retrasos en la aplicación del proyecto Galileo y exige que la Comisión presente un plan que garantice que el sistema de navegación por satélite de la Unión Europea arranque por fin. El Parlamento Europeo ha de apoyar a la Comisión en su esfuerzo por conseguir que Galileo sea construido de forma alternativa por un grupo de contratistas diferente al consorcio fijado en 2005. Hemos de recordar que Europa puede ser superada por el sistema ruso GLONASS o por el sistema chino BEIDOU. El sistema Galileo garantizará el lugar futuro de la Unión Europea en la civilización.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la señora Barsi-Pataky por el apoyo que ha dado a este programa, manteniéndose al mismo tiempo muy vigilante, pues siempre ha planteado las preguntas adecuadas al respecto.

Quisiera ser muy claro ante el Parlamento: no creo, señora Hall, que el problema resida en el hecho de que exista un solo consorcio. El verdadero problema es que el programa Galileo se lanzó con una cooperación público-privada que quizás no se elaboró tan bien como habría sido posible. La cooperación público-privada se basa siempre en un plan de negocios muy concreto, y añadiré que en los Estados Unidos se alcanzó la independencia espacial a partir del presupuesto militar del ejército, que después permitió a la NASA desarrollar sus servicios.

Pienso, pues, que debemos plantearnos las cuestiones de fondo. ¿Es necesario que la cooperación público-privada, aun cuando la mantengamos, tenga exactamente la misma dimensión? Ahí está el problema. No creo, en toda mi conciencia, que el hecho de que haya uno o dos consorcios sea el problema real. El verdadero problema hoy es saber si las aplicaciones de Galileo aportan un valor añadido tal que justifiquen un compromiso de la Unión en el nivel en que se prevé dicho compromiso.

He oído también que Galileo podría ser inútil. Hay que saber, en efecto, si queremos para la Unión Europea, no solo la independencia espacial, sino también toda una serie de progresos en la vida diaria, de los que se beneficiarán los ciudadanos. No es solo un programa de prestigio, es un programa centrado fundamentalmente en la satisfacción de necesidades, y estoy bien situado para saber cuánto podría beneficiar el programa Galileo al sector de los transportes.

He prometido, señor Presidente, mantener al Parlamento regularmente informado de los progresos de nuestras deliberaciones. Debo decirles que he puesto un gran empeño personal en este asunto; realmente quiero reexaminar todos los aspectos para que esté claro que si debemos modificar algo el guión concebido inicialmente, es para estar seguros del éxito. El señor Glante, en particular, ha hablado de los beneficios que podrían obtener los ciudadanos, así como las pequeñas y medianas empresas, a las que Galileo ofrecerá nuevas oportunidades: tiene razón, es sin duda el aspecto central del tema. Hay que saber cuál es el valor añadido de Galileo y en qué consisten todas las aplicaciones que podrán ejecutarse.

Estamos estudiando todo esto muy atentamente. Esto es todo lo que puedo decir esta tarde, pero quedo a la disposición del Parlamento para hablar de este tema fascinante, aunque difícil.

  El Presidente. Les comunico que he recibido una propuesta de resolución⁽¹⁾ con arreglo al artículo 103, apartado 2, del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

(1) Cf. Acta.

16. Normas comunes para la seguridad de la aviación civil (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Recomendación para la segunda lectura (A6-0134/2007), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)) (Ponente: Paolo Costa).

  Paolo Costa (ALDE), ponente. – (IT) Señor Presidente, señor Barrot, Señorías, lamento que el «Transport live night show» no sea el favorito del Consejo, pues me habría gustado dirigirme sobre todo al Consejo. En efecto, creo que las cosas que voy a repetir ante mis colegas y el Vicepresidente de la Comisión son conocidas, y pienso que también compartidas, mientras que con el Consejo sabemos que tenemos algún problema.

El Parlamento ha acogido con gran interés y comprensión la propuesta de la Comisión de revisar las normas destinadas a afrontar el problema de la seguridad frente a cualquier atentado contra aeropuertos, aviones o el sistema aeronáutico. La Comisión ha abordado el tema con amplitud de miras, teniendo presente que nos disponemos a realizar una tarea importante, es decir, construir un sistema de seguridad único, que reduzca las molestias para los pasajeros y permita mejorar la seguridad y organizarse mejor para conseguirlo.

Creo poder decir que también nosotros hemos aportado algunas mejoras, al intentar definir los límites dentro de los cuales es posible autorizar la presencia de personal armado a bordo, tratar de resolver los problemas técnicos que plantea la diferencia entre el transporte de mercancías tradicional y el postal, identificar las modalidades para organizar las inspecciones en los aeropuertos y abordar muchas otras cuestiones técnicas.

No obstante, nos hemos quedado estancados con un problema con respecto al cual todavía no consigo entender la lógica de la oposición del Consejo. La cuestión es muy sencilla: la seguridad es, al mismo tiempo, un problema privado y un problema público. Cada uno de nosotros, cuando viaja, tiene interés en viajar de un modo seguro. Sin embargo, cuando la seguridad puede verse afectada por atentados terroristas, sin duda cada uno tiene interés en defendernos colectivamente frente a los mismos.

En los Estados Unidos, por ejemplo, este tema se considera totalmente un asunto de interés público y corre por completo a cargo del contribuyente. A este respecto, destacamos la idea que avanzamos –y que seguimos avanzando quizás con obstinación– de que habría que aceptar el principio de que los costes de la seguridad deban ser soportados ya sea por el ciudadano que viaja, ya sea por los Estados que se defienden, entre otros lugares en los aeropuertos y en los aviones, máxime cuando solo pedíamos que se aceptara este principio, dejando a cada Estado miembro la facultad de decidir cómo equilibrar las aportaciones de las dos fuentes.

Un segundo principio que pedíamos que se reconociera es que los costes soportados por el ciudadano en materia de seguridad fuesen transparentes y estuviesen claramente definidos y, como tercer principio, reclamábamos la garantía de que todo sobrecoste pagado en concepto de seguridad se destinase efectivamente a la seguridad.

Solo pedíamos la aceptación de estos tres principios, renunciando al Acuerdo Interinstitucional firmado ya en 2001, con arreglo al cual la Comisión habría debido presentar propuestas mucho más detallas para abordar el problema de la financiación de la seguridad, que obviamente fuesen después aceptadas también por el Consejo. Sobre este aspecto, no hemos obtenido respuesta y no hemos podido llegar a una conclusión.

Espero que mañana la Cámara, si no puede repetir la unanimidad de la votación en comisión, pueda al menos encontrar una amplia mayoría que demuestre no la fuerza, sino la buena voluntad del Parlamento de hallar una verdadera solución al problema para todos los ciudadanos europeos.

Insisto en el hecho de que, por desgracia, la seguridad es un tema con el que tendremos que convivir. Esconder la cabeza y hacer como si no existiera el problema de su financiación no es una respuesta que esté a la altura de los tiempos, del problema y de nuestras expectativas. Por tanto, estamos absolutamente a favor de una organización más avanzada desde el punto de vista técnico en el frente de la seguridad, pero pedimos que se resuelva este problema, al menos en lo que respecta al principio. Si conseguimos alcanzar cuanto antes este objetivo, creo que habremos actuado sin duda en el interés de nuestros ciudadanos.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señor Costa, es cierto que esta propuesta es importante. La lucha contra la amenaza terrorista sigue siendo sin duda una prioridad para todas las instituciones de la Unión Europea. La seguridad de la aviación exige una adaptación constante. Hay que seguir buscando los medios para garantizar una protección mayor y más eficaz de los ciudadanos europeos. Hay que sacar enseñanzas de la experiencia y conciliar las exigencias de seguridad con las necesidades operativas de las partes implicadas: la administración responsable de las normas de aplicación, los gestores de los aeropuertos, las compañías aéreas y, por supuesto, los pasajeros.

El marco reglamentario vigente en materia de seguridad aérea se definió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se elaboró con urgencia, lo que explica probablemente el carácter excesivamente detallado del anexo al Reglamento (CE) n.° 2320/2002. El carácter normativo y detallado de dicho anexo constituye una desventaja, pues nos impide introducir nuevas tecnologías más eficientes o prever sistemas de seguridad más modulados en función de los riesgos concretos que haya que tener en cuenta. Por último, no nos permite colmar las lagunas reglamentarias con respecto al flete aéreo y el tratamiento de los vuelos procedentes de terceros países. Así pues, esta nueva propuesta de sustituir el Reglamento (CE) n.° 2320/2002 por un nuevo reglamento, mejor por ser más simple y más claro, es evidentemente muy deseable.

La reorientación de las normas relativas a la seguridad de la aviación mejorará la protección de los ciudadanos y permitirá satisfacer el interés legítimo de las partes interesadas por un mejor equilibrio entre los riesgos que deben tenerse en cuenta y la magnitud de los controles que hayan de realizarse. Admito, señor Presidente, Señorías, que habrúa preferido que esta propuesta se aprobara en primera lectura. Este retraso es todavía más lamentable cuando se comprueba, como hago hoy, que el proyecto de informe del señor Costa valida absolutamente la necesidad de esta iniciativa y estamos de acuerdo, señor Costa, con la mayoría de las sugerencias operativas concretas.

Señor Presidente, paso pues a las enmiendas presentadas. Más de la mitad recogen enmiendas aprobadas por el Parlamento en primer lectura. Evidentemente, la posición de la Comisión al respecto sigue siendo la misma.

Quisiera hacer algunas observaciones sobre algunas de las nuevas enmiendas presentadas. En primer lugar, la enmienda 46 me parece oportuna. Permitirá a la Comisión cooperar más estrechamente con la OACI en materia de intercambio de información y de apoyo mutuo en las auditorías e inspecciones. Por tanto, señor Costa, acogemos con agrado el enfoque que se expone en esta enmienda.

La enmienda 33 incluye una cláusula de caducidad para todas las medidas de ejecución, que deberán reexaminarse al cabo de seis meses. Sin embargo, en una declaración conjunta anexa a la nueva Decisión sobre la comitología, el Parlamento y el Consejo reconocen que una buena legislación exige que las competencias ejecutivas conferidas a la Comisión no tengan límites de tiempo. Comprendo, claro está, el argumento de que un texto que haya entrado en vigor con urgencia deba reexaminarse más adelante, pero me preocupa. Una aplicación sistemática de este principio puede generar inseguridad jurídica y el sector aeronáutico verse obligado a modificar sus procedimientos o concebir otros nuevos, con consecuencias nefastas para la efectividad de los mismos, la información a los pasajeros y los costes. Por esta razón, preferiría que se rechazara la enmienda 33, tal como ha sido formulada. Dicho esto, me inclino a aceptar la inclusión de un compromiso sobre la revisión del texto.

Aprovecho la ocasión para subrayar que la Comisión examina constantemente el buen funcionamiento de las medidas adoptadas y que no duda en modificarlas si es necesario. La semana pasada, en el marco de la revisión semestral, la Comisión aplazó un año la introducción de una limitación del tamaño de los equipajes de mano para poder revisar si dicha medida está justificada y, en su caso, asegurar que los operadores estén mejor preparados para aplicarla.

La enmienda 37 brinda a los Estados miembros la posibilidad de no aplicar medidas que consideren desproporcionadas. Esta disposición, de adoptarse, podría socavar el sistema de niveles básicos armonizados para toda la Unión Europea en materia de protección de la aviación. Se correría el riesgo de volver atrás, a un mosaico de 27 sistemas legales nacionales descoordinados, y quedarían reducidos a nada cinco años de esfuerzos de armonización. Esta enmienda podría poner en peligro también el sistema de «seguridad de ventanilla única» para los vuelos intracomunitarios.

Una serie de enmiendas –10, 67, 77, 79 y 81– tienen por objeto facilitar la celebración de acuerdos de seguridad con terceros países. La intención de estas enmiendas es buena, pero lamentablemente no están vinculadas a un mandato. Su efecto es dificultar la tarea, contrariamente a lo que se proponen. Por tanto, hay que reexaminar los capítulos 4 y 5 del anexo al Reglamento propuesto sobre la base de la Posición Común del Consejo, a fin de determinar sobre qué aspectos podría llegar a un acuerdo la Comisión. Pero estas enmiendas no me parecen necesarias para realizar los objetivos fijados. Por ello, la Comisión preferiría rechazarlas.

Señor Costa, usted ha señalado, en especial a la atención del Consejo, el principal escollo, a saber, la financiación de la protección en el ámbito de la aviación. Evidentemente, es un debate importante. Por mi parte, me contentaré con abordar esta cuestión de forma más pragmática. Europa necesita un instrumento que permita garantizar que las normas adoptadas en materia de protección de la aviación se apliquen con arreglo a unas modalidades que garanticen unas condiciones de competencia equitativas. Y esas reglas del juego equitativas deben aplicarse tanto dentro de la Unión Europea como con respecto a los competidores de todo el mundo.

Dicho esto, es cierto: ¿quién paga la factura? Quisiera poner el ejemplo de una enmienda propuesta. En ella se considera que los Estados miembros que instauren procedimientos de seguridad más numerosos y gravosos que los requeridos por la legislación de la Unión Europea deberían indemnizar a los operadores por los sobrecostes provocados por esas medidas más estrictas. Comprendo muy bien la lógica en que se basa este punto de vista. Es cierto también que la Comisión dispone de una herramienta en este terreno, es decir, las normas del Tratado relativas a las ayudas estatales. Entonces, reflexionemos sobre el buen uso de esas normas en el marco de las medidas de apoyo financiero a los prestatarios en el ámbito de la seguridad de la aviación.

Comprendo perfectamente lo que ha dicho el señor Costa en su alocución al Consejo. Pero me permito llamar la atención del Parlamento sobre los inconvenientes de un retraso del establecimiento de un reglamento técnico mejorado sobre la seguridad de la aviación. El peligro es que de algún modo se tome como rehén este proyecto de normativa comunitaria frente a las decisiones financieras que deben tomarse en los Estados miembros. Mi deseo es, pues, que el Parlamento separe las normas técnicas de la cuestión de la financiación de la seguridad para poder abrir la vía a una aplicación rápida de una normativa mejor. Ese es mi deseo, pero la decisión les corresponde a ustedes.

  Philip Bradbourn , en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, quiero plantear un punto. Quiero hacer constar mi objeción a que una legislación de tanta importancia para los ciudadanos europeos se programe a una hora tan tardía. Parece ser una práctica común que las propuestas legislativas según el procedimiento de codecisión se debatan cuando hay menos diputados y miembros de público presentes, y eso es un error.

Las cuestiones principales que se debaten a esta hora lúgubre son las revisiones de las normas comunes para la seguridad de la aviación de 2001, que acogemos con agrado. Tener normas comunes en este ámbito, así como una interpretación común de las normas en torno a todos los aeropuertos de la UE, significa que se podrá mejorar la seguridad de los aeropuertos y de los pasajeros, en un momento en que es muy necesario.

Sin embargo, no podemos esperar que sean los ciudadanos que viajan lo que paguen de nuevo la factura. Me refiero a las medidas de seguridad especial a corto plazo como las que vimos el año pasado en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Estas medidas son fruto directo de las decisiones de los Estados miembros y por consiguiente deben ser financiadas con los impuestos generales, y no por los pasajeros, a quienes ya se despluma cuando viajan en avión. Esta cuestión ha sido objeto de controversia con el Consejo. El Parlamento, sin embargo, se mantiene unido; debería enviar un mensaje claro de que es una cuestión innegociable.

Asimismo, si miramos nuestra anterior legislación sobre la seguridad en la aviación, vemos que han surgido problemas, especialmente en el contexto de la aplicación. El problema está en los detalles. Por ejemplo, se confiscan a los consumidores toneladas de mercancías libres de impuestos y en tránsito. Ahora oigo que esta cuestión está en estudio y que la Comisión presentará propuestas para aliviar este problema. Quiero rendir homenaje al Comisario Barrot y al Presidente de la Comisión, el señor Barroso, por emprender acciones en este sentido y espero que los funcionarios de la Comisión sigan su ejemplo político y presenten soluciones rápidas y prácticas.

Asimismo quiero insistir en que se mantenga informado al Parlamento sobre los desarrollos en este y otros ámbitos, pues los diputados son quienes han de responder ante los ciudadanos cuando las cosas empiezan a ir mal en los aeropuertos europeos. No quiero que se retrase la ejecución de estas propuestas por cuestiones relativamente poco importantes.

Para acabar no hemos de hacer experimentos con la seguridad de los pasajeros.

  Saïd el Khadraoui, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente, en nombre de mi Grupo, por el buen trabajo realizado y expresar nuestro apoyo por la estrategia que ha propuesto, concretamente mantenerse firme mientras el Consejo se niegue a cambiar su posición. La cuestión que tratamos es importante para los ciudadanos de Europa, y el Parlamento tiene que desempeñar su papel.

Para mi Grupo, hay dos aspectos clave en el proceso de negociación. En primer lugar y es algo que el ponente ya ha mencionado todo lo que tiene que ver con la financiación. Permítanme resumirlo brevemente. En realidad, no existe ningún problema en torno a la financiación de las medidas que emite el famoso comité de expertos, pues es lógico que tanto la industria, los pasajeros como el Gobierno contribuyan a los gastos. Lo importante es que se haga con transparencia, es decir, que se informe al consumidor sobre los costes de la seguridad, y que lo que se reserva para costes de seguridad se gaste realmente en seguridad y no en otra cosa. Por supuesto, está el problema de los costes adicionales que, tal como lo vemos nosotros, deberían ser cubiertos por los Estados, siempre y cuando podamos suponer que las medidas de seguridad son buenas y suficientes para la seguridad de todos.

Un segundo aspecto, que también es importante, señor Comisario, es el control democrático. Tiene usted que comprender que difícilmente podemos dar a este comité de expertos algún tipo de carta blanca. No es que tengamos dudas acerca de su competencia, pero considerando que estas medidas tienen tal impacto en la forma en que pueden moverse nuestros ciudadanos, tenemos el deber de hacer nuestro trabajo, a saber: comprobar si la decisión es buena, si es proporcionada a la amenaza, si es eficaz, si se ha informado adecuadamente a las personas, etc.

Por ello nos gustaría encontrar una manera de evaluar estas cosas y el impacto que tendrán. Hemos presentado una enmienda en este sentido. Estamos preparados a debatirlo, pero creo que es importante que en el sistema definitivo se reserve un papel para el Parlamento.

Me gustaría hacer una observación final, señor Comisario, y es que hace unas semanas, anunció usted una evaluación del reglamento sobre líquidos. Quiero preguntarle cuándo podemos esperarla.

  Vladimír Remek, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señorías, en primer lugar quiero homenajear el trabajo de los ponentes. El documento que tenemos ante nosotros es complejo y sin duda no fue fácil encontrar compromisos, como ha demostrado finalmente el debate. A pesar de ello, creo que el informe que ha surgido es bueno y como ponente alternativo me gustaría dar las gracias tanto a los traductores como a mis colegas por su cooperación.

Creo que es posible apoyar el informe en principio, aunque contiene cuatro cuestiones sobre las que, a raíz de una consulta con diversos expertos, sigo teniendo mis reservas, y sobre las que quisiera hablar con más detalle.

Ante todo está la cuestión de la financiación de las medidas de seguridad en el ámbito de la aviación civil, como ya se ha mencionado antes. Creo que será difícil resolver la cuestión de la financiación en el marco de este reglamento. Por ejemplo, en el caso del transporte por carretera y ferrocarril fue necesaria una directiva paralela para resolver cuestiones similares. En el caso de la aviación civil no disponemos de una ley aprobada por el Parlamento y estamos proponiendo otro tipo de acción.

Otra parte controvertida del informe tiene que ver, a mi entender, con las propuestas de incorporar transparencia sobre los costes de seguridad en el precio de los billetes de avión. Es difícil llevarlo a cabo porque las compañías que venden billetes de avión no tienen la visión general necesaria de los costes de seguridad para los aeropuertos. Los que saben cuáles son los costes, los incorporan en las tasas de los aeropuertos. Una problemática similar es el uso de la expresión «que protege la seguridad de la aviación civil». Esta frase se aplica sobre todo a la protección de la aviación civil contra el terrorismo, que es importante pero que solo constituye parte del paquete de medidas sobre la protección contra actos de interferencia ilícita. Creo que aquí existe el peligro de interpretación inexacta y del problema que se estrecha para incluir únicamente al terrorismo, cuando hay muchos otros actos de interferencia ilícita en el ámbito de la aviación civil.

Al referirme a los puntos de controversia del informe que tenemos ante nosotros no quisiera en modo alguno poner en duda la calidad general del trabajo y del documento en su conjunto. Sin embargo, acabaré advirtiendo que las enmiendas 4 y 45 harán que se fortalezca mucho la posición de la Comisión, lo cual, en mi opinión, no es necesario en este momento.

Señorías, sé que estos comentarios son más detallados de lo normal, y ello se debe a que la propuesta tiene, hasta cierto punto, el carácter de un reglamento técnico, cuyo objetivo es establecer unos parámetros básicos para las normas de seguridad en el ámbito de la aviación civil. Por ello he intentado no solo incorporarlos a las enmiendas propuestas sino también expresar mis puntos de vista como antiguo piloto, siempre que lo he considerado necesario, en relación con el documento en su conjunto.

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente, mi Grupo apoya al ponente.

Dejémoslo bien claro. En 2002, nuestro Parlamento recordó a los Estados miembros que tenían que satisfacer su parte en los costes de las medidas para la protección de la seguridad y el orden públicos. Le pedimos que formulara una estrategia para resolver la cuestión de la financiación de las medidas de seguridad sin distorsionar la competencia entre aeropuertos. Entonces presentó usted un informe, pero en ese informe no se decía en ningún lado: «He aquí una manera en que podríamos resolver la cuestión sin distorsionar la competencia», ni tampoco decía que no sirviera de nada hacer una propuesta. Seguimos esperando una propuesta. El año pasado dijimos al Consejo que esperábamos que reconociera claramente su responsabilidad financiera. El Consejo declaró una vez más que no estaba preparado para hacerlo. Ya no estamos dispuestos a seguir con este juego, que se ha prolongado desde 2002, es decir, durante cinco años.

No hay ninguna presión real para realizar esta revisión porque podían ustedes promulgar los reglamentos básicos que tenemos ahora –la medida relacionada con los líquidos en el equipaje de mano es el principal ejemplo– sobre la base de estas reglas. No estoy del todo seguro de que esta medida se mantenga durante mucho tiempo. No hay motivo para decir que hay que borrarla ahora porque está bloqueando otras medidas de seguridad. Si quiere usted proponer nuevas medidas de seguridad, preséntelas al Parlamento. Estamos abiertos a nuevas propuestas.

Lo que queremos decir es que, aparte de la cuestión de los líquidos en el equipaje de mano, sobre la cual la Comisión de Transportes y Turismo debe celebrar una audiencia, hemos de abordar el análisis de riesgos como una cuestión prioritaria, y espero que podamos hacerlo con usted. Tengo serias dudas sobre si el actual Reglamento mejora realmente la seguridad o si es demasiado duro. Debatámoslo abiertamente. No nos diga «La gente inteligente tiene información que no puede transmitirnos». Tenemos la responsabilidad de ofrecer respuestas claras a los ciudadanos. Sus departamentos y en especial los del Consejo han de estar preparados para poner sus cartas sobre la mesa, pues no seguiremos tolerando las actuales tácticas.

  Ulrich Stockmann (PSE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, la versión revisada del Reglamento 2320/2002 es buena y debería aplicarse cuanto antes.

En primer lugar, permítanme hacer dos observaciones acerca de la cláusula de suspensión. Nos enfrentamos aquí a un dilema. Ningún político, y de hecho ningún funcionario, asumirá la responsabilidad de reducir unas estructuras de seguridad ineficaces. En consecuencia, la carga de la prueba debe recaer sobre quienes intentan prorrogar un reglamento de ejecución y no sobre quienes quieren que expire. Este es el principal argumento.

En segundo lugar, algunas veces es preciso reaccionar con suma rapidez, como hizo usted en el caso de los líquidos, pero luego hay que realizar una evaluación de riesgos y un análisis de costes, para que el proceso siga su curso correcto. La cláusula de suspensión es también un buen medio para lograr este fin.

Ahora, la cuestión principal: el conflicto acerca de la financiación. Deberíamos reconsiderar el problema que nos preocupó al principio, concretamente cómo podemos eliminar las distorsiones de la competencia y obtener modelos de financiación transparentes y, en la medida de lo posible, uniformes en Europa. La Comisión tiene que intervenir aquí como mediadora. No deberíamos concentrarnos tanto en la cuestión de si los contribuyentes o pasajeros deberían pagar la factura. Creo que este debate ha dejado de ser productivo y ya no aborda las cuestiones reales. Necesitamos propuestas sobre las maneras de conseguir modelos de financiación transparentes en Europa que sean lo más uniformes posible.

  Jim Higgins (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, mientras se adopta una postura bravucona con respecto a la seguridad de la aviación y las respectivas restricciones en los desplazamientos internacionales, con las molestias que esto conlleva para los pasajeros, lo cierto es que nos enfrentamos a un auténtico problema de seguridad internacional. El 11 de Septiembre ocurrió de verdad; las víctimas se contaron por miles. La amenaza que se cernía sobre la aviación británica era real, no un producto de la imaginación. Quienes cometieron los atentados del 11 de Septiembre, así como los responsables del ataque frustrado en Gran Bretaña, no solo siguen vivos, sino que, además, han declarado públicamente que pretenden continuar con su campaña de terrorismo internacional.

Seamos realistas. La Comisión de Transportes y Turismo y el Consejo tienen una causa común en este sentido. ¿Cuál es? Se trata de proteger aeronáutico y de proteger a los millones de pasajeros que viajan cada año. Dado el pulso mantenido entre el Consejo y la Comisión de Transportes y Turismo, cabría imaginar que nos encontramos ante una polarización de dos extremos del planeta, representativos de intereses dispares, y no ante dos participantes políticos paralelos de Europa que, supuestamente, deberían velar por el interés común de las personas que viajan.

Si va a haber conciliación, procedamos de una vez. Necesitamos un acuerdo en materia de seguridad de la aviación civil que garantice una seguridad real. Necesitamos un acuerdo de seguridad de la aviación civil que permita a cada Estado miembro prescindir de determinadas medidas propuestas, como la relativa a los agentes especiales aéreos. Es preciso aprobar en común un conjunto de medidas concebidas para garantizar la seguridad de los pasajeros, medidas con respecto a las cuales –y este es un punto de fundamental importancia–, primero, deberá llevarse a cabo una revisión cada seis meses; segundo, para comprobar si dan resultado; tercero, comprobar si hay que modificarlas, y cuarto, calcular su coste.

Lo que no necesitamos es el tipo de pulso que debatimos aquí esta tarde. Todos tenemos una causa común –la seguridad de los pasajeros–, así que luchemos por alcanzarla. No es de extrañar que los ciudadanos de Europa se muestren escépticos, por no decir algo peor, acerca del modo en que se trabaja en este Parlamento cuando, a pesar de que todos perseguimos el mismo objetivo, se produce este tipo de enfrentamiento entre la Comisión por un lado, el Consejo por otro y el Parlamento.

  Robert Evans (PSE). – (EN) Señor Presidente, yo también felicito al señor Costa por su informe. Tal y como ha afirmado en su introducción, todos queremos viajar de forma segura.

Tanto el señor Higgins, ahora mismo, como el señor Bradbourn, antes que él, han mencionado la alerta por los líquidos en el Reino Unido el pasado verano. A diferencia del señor Jarzembowski, la mayoría de nosotros pensamos que esta amenaza no solo está siempre presente, sino que además cambia constantemente. No podemos relajar nuestros esfuerzos ni transigir en lo que respecta a la seguridad en la aviación. Es preciso que los países europeos colaboren para alcanzar los niveles de seguridad más elevados, y sí, esto quiere decir que es posible que algunos países quieran ir más allá e implementar medidas adicionales.

No obstante, hay otros aspectos que confunden a los pasajeros. ¿Por qué algunos aeropuertos aparentan ser más seguros que otros? ¿Por qué no existe un acuerdo europeo sobre las limitaciones relativas al equipaje de mano – sobre lo que está permitido llevar y lo que no? Señor Barrot, usted ha comentado que debemos garantizar la aplicación de las normas de seguridad, y considero que, en efecto, se trata de una cuestión crucial. Sin embargo, también ha hablado acerca de una competencia leal y no estoy seguro de la relación que guarda la competencia con este debate. Tener en cuenta la competencia significaría tener que hacer concesiones y, como ya han afirmado otros, no podemos ceder en lo que concierne a la seguridad de la aviación. Es imprescindible que todos trabajemos juntos en este terreno.

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, todos queremos las máximas normas de seguridad. La pregunta es quién ha de decidir qué garantizará el máximo nivel de seguridad. Hasta cierto punto, todos nosotros podemos considerarnos expertos, simplemente porque somos pasajeros aéreos casi a diario.

Lo que sabemos es que todos nosotros podemos eludir fácilmente las nuevas normas sobre líquidos en cualquier punto de control. Lo que tenemos sobre la mesa es un placebo diseñado para asegurar que las personas se sientan seguras, pero no para aumentar la seguridad. Este es el verdadero problema. Hemos de abordarlo y esa es la finalidad de las dos enmiendas que he presentado junto con el señor Stockmann, a través de las cuales queremos asegurar que esta Cámara debata lo que constituye una verdadera medida de seguridad y lo que es un simple placebo.

En este punto podemos considerarnos verdaderos expertos, y por ello decimos claramente que, seis meses después de la introducción de esta disposición, no necesitamos normas especiales; lo que necesitamos es considerar esta cuestión de una forma más racional de lo que se ha hecho hasta ahora. De hecho, lo que tenemos es una especie de ley extraterritorial estadounidense, promulgada junto con Gran Bretaña. Así es como lo vemos. La cola británica o incluso norteamericana está meneando al perro europeo. Esto no puede ser.

Por ello pedimos que se realice cuanto antes una revisión y que las medidas puedan expirar si esta revisión no tiene como resultado un incremento real de la seguridad. Esto nos impulsaría a pensar seriamente sobre los posibles remedios reales del actual problema.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. (FR) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los oradores, y en particular al señor Costa por su informe. Está claro que un equilibrio mejor entre las exigencias de protección y los aspectos operativos es un auténtico reto para todos nosotros. Por esta razón necesitamos un nuevo reglamento marco simplificado y más flexible; he de insistir en ello.

Responderé a algunas preguntas antes de volver sobre el tema de la financiación. Señor el Khadraoui, la Comisión se esfuerza por informar al Parlamento Europeo regularmente, y dentro de unos días van a celebrar ustedes una audiencia de expertos, que el señor Costa ha tenido a bien organizar. Creo que es el método adecuado para intentar comprender y obtener información de quienes han estado detrás de estas disposiciones.

Señor Bradbourn, he de decir que nos ocupamos activamente de los problemas relacionados con los productos libres de impuestos. Espero poder aportarles algunas respuestas sobre este punto dentro de unas semanas. No está aquí, pero me dirijo a todos los diputados.

Paso al problema de la financiación. En primer lugar, quisiera decirles que comprendo muy bien la posición de la Comisión y del señor Costa. En primer lugar, creo que hay que intentar evitar las distorsiones de la competencia. Me parece totalmente lógico. Soy consciente, junto con el señor Jarzembowski, de que hemos de intentar encontrar un compromiso. No obstante, junto con el Consejo, hemos de tener en cuenta a los Ministros de Hacienda. Los Ministros de Transportes no establecen totalmente la normativa en este terreno. Por tanto, es en este punto donde tropezamos con un problema.

Lo que retengo de este debate entre nosotros es su deseo de transparencia con respecto a los costes de la seguridad. A este respecto no puedo contradecirles. En efecto, me parece totalmente necesario hacer que los costes de la seguridad sean transparentes; esto debería ser al menos una primera etapa. Lo que puedo decirles es que necesitamos este reglamento, como ya les he explicado. No obstante, no quisiera que todo esto se malograse debido a una total incomprensión de una parte y otra entre el Consejo y el Parlamento. Siendo así, la Comisión desempeñará su papel de buenos oficios e intentaremos, en la medida de lo posible, encontrar una solución, señor Presidente, porque en el ámbito de la seguridad hemos de tener los instrumentos correctos y adecuados.

Por esta razón insisto un poco en que se apruebe esta propuesta revisada, si bien reconozco al mismo tiempo que está justificado el enfoque del Parlamento, que exige, en materia de financiación, más transparencia, más competencia leal y, en la medida de lo posible, un esfuerzo de armonización por parte de los Estados miembros.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Christine de Veyrac (PPE-DE), por escrito. – (FR) La propuesta de la Comisión introduce disposiciones que permitirán un indudable avance en materia de seguridad de la aviación. Pero en ella no se menciona la cuestión de la financiación de esas medidas de seguridad.

Las enmiendas que aprobamos en la Comisión de Transportes y Turismo resuelven este problema y prevén disposiciones justificadas y equilibradas.

En efecto, no sería justo cargar todo el coste de las medidas de seguridad a los pasajeros aéreos. Es deseable evitar que los usuarios tengan que soportar una carga financiera excesiva, pues abonan ya tasas muy altas sobre los billetes de avión.

Por ello, considero que debemos apoyar la propuesta de una financiación mixta de las medidas de seguridad, es decir, a cargo de los Estados miembros y de los usuarios, y de una financiación de las medidas más estrictas exclusivamente a cargo de los Estados miembros.

Por otra parte, apoyo la enmienda 33, que condiciona la prórroga de las medidas de seguridad a una evaluación pormenorizada de los riesgos, los costes y las repercusiones de dichas medidas.

En efecto, no se pueden aplicar de forma indefinida medidas que molestan mucho a los pasajeros, como las restricciones de los líquidos en el equipaje de mano, sin estudiar detenidamente si son siempre adecuadas y sus consecuencias para los viajeros.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. – (EN) Los temas de seguridad aérea tienen una enorme importancia para nuestra seguridad y han de ser despachados con mayor agilidad que hasta ahora. Necesitamos una mínima norma de seguridad común, no solo debido a la amenaza real de los delitos en la aviación, sino también por la patente amenaza que la falta de seguridad supone para el público.

Es esencial que los Estados miembros asuman el coste de un nuevo mecanismo de seguridad y de medidas especiales a corto plazo. Los pasajeros no tienen que pagar por la seguridad. Los aeropuertos de las regiones más pequeñas tal vez tengan dificultades pagar sufragar nuevas y costosas medidas, pero no cabe exigir a las compañías aéreas que aumenten el precio de los billetes. No es cuestión de que los pasajeros paguen por el privilegio de la seguridad (no se trata de un privilegio, sino de un derecho reconocido), es cuestión de que los Estados eviten que los aviones se estrellen sobre zonas pobladas en tierra.

Es fundamental realizar una evaluación eficaz de las medidas que pongamos en práctica. Algunas medidas pueden resultar intranscendentes, otras tal vez necesiten ser más eficaces. Quizá haya que implantar nuevos mecanismos.

17. Evaluación y gestión de los riesgos de inundación (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Recomendación para la segunda lectura (A6-0064/2007), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) (Ponente: Richard Seeber).

  Richard Seeber (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme que empiece dando las gracias a mi amigo Jacques Barrot por haber hecho frente repetidas veces a los problemas que implica el transporte de mercancías trasalpino y por ser nuestro compañero de armas en la larga marcha hacia la solución de estos problemas.

Sin embargo, hoy estamos hablando de inundaciones y lo que puede hacerse al respecto a escala europea. En este punto quiero dar las gracias al Comisario Dimas y a su personal, a los ponentes alternativos y a la Presidencia alemana, que han trabajado conmigo de forma muy constructiva para alcanzar un acuerdo en la segunda lectura, un acuerdo de gran alcance que cubre todas las cuestiones clave.

Tengo que recordarles que las inundaciones se han convertido en la forma más común de desastre natural en Europa. En 2002 y 2005, tuvimos inundaciones con efectos devastadores. Se cobraron vidas humanas y causaron graves daños a las viviendas y a la infraestructura. Esas inundaciones nos golpearon duramente. Hay pruebas científicas sólidas de que las fuertes lluvias serán cada vez más frecuentes y graves, y que esta tendencia está directamente vinculada a la actividad humana.

La primera razón se halla en la urbanización concentrada, especialmente en las zonas de riesgo, con el desarrollo de superficies construidas y calles, modificación del curso de los ríos y planes de construcción apresurados en llanuras de inundación. La segunda razón es la deforestación, especialmente la deforestación autorizada de valles fluviales para construir segundas residencias, pero también zonas industriales y centros comerciales. En tercer lugar, las prácticas de agricultura muy intensiva provocan el sellado de la capa vegetal y reducen la disponibilidad de prados y llanuras de inundación. En cuarto lugar, tenemos el fenómeno de la erosión del suelo, que también es un factor que contribuye.

Después de las catastróficas inundaciones en 2002, la Comisión presentó un programa de respuesta a las inundaciones que incluía una disposición para efectuar mejoras en la investigación y la información. La Comisión también presentó una Comunicación sobre la gestión de los riesgos de inundación, en la que se analizaba la situación y proponía un programa de acción comunitario concertado. Uno de los componentes de dicho programa es la actual propuesta de directiva que ahora ha culminado en el paquete de compromiso que votaremos mañana con objeto de reducir los riesgos relacionados con las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, la infraestructura y la economía.

En vista del creciente riesgo de daños provocados por las inundaciones, es realmente esencial crear un marco regulador europeo junto con las normas nacionales, porque la gran mayoría de los ríos cruzan las fronteras nacionales. El 80 % de los ríos europeos no se limitan a un solo país, sino que se extienden a ambos lados de las fronteras. Por ello, huelga decir que Europa tenía que responder al problema de las inundaciones.

Sin embargo, también significa que en esta legislación hay que tener en cuenta el principio de subsidiariedad. El hecho es que las condiciones en un estrecho valle alpino son diferentes de las que pueden darse en una isla griega o en las tierras bajas finlandesa. Hemos de procurar evitar la adopción de disposiciones generales que no puedan aplicarse en el mundo real.

El paquete que tenemos sobre la mesa establece sabiamente tres pasos. El primero es una identificación inicial de los lugares donde existen realmente riesgos de inundación. Por supuesto, de nada serviría establecer defensas contra las inundaciones en lugares donde no existen riesgos específicos. El segundo paso es la producción de mapas de inundación y el tercero es la formulación de planes de gestión de los riesgos de inundación, pero solo donde sean absolutamente necesarios.

Muchos Estados miembros ya han realizado grandes progresos en el ámbito de la prevención de inundaciones y también hemos tenido cuidado de evitar cualquier duplicación de los esfuerzos. Por ello hay unas normas muy extensas diseñadas para salvaguardar los acuerdos existentes, y los Estados miembros no han de temer que se les obligue a aplicar un segundo conjunto de medidas. Por supuesto, sus propias medidas pueden aplicarse plenamente, siempre y cuando sean coherentes con los objetivos de la directiva.

La posición común del Consejo contenía algunos puntos que, en nuestra opinión, era preciso mejorar. En particular, no podíamos comprender por qué se había prestado tan poca atención al fenómeno del cambio climático. En nuestras negociaciones con el Consejo, logramos incorporar la cuestión del cambio climático, que ahora es un tema principal en todo el paquete. Es lo justo, pues hemos de responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

En resumidas cuentas, por lo demás ha habido algunos cambios en los plazos, hemos hecho más hincapié en las llanuras de inundación y otras zonas de retención naturales, hemos defendido un uso sostenible de la tierra y hemos impuesto el principio de solidaridad de principio a fin. La regla es que los que estén en los tramos superiores no han de emprender acciones que sean perjudiciales para sus vecinos río abajo. Lo hemos conseguido en un espíritu de buena solidaridad europea.

Ahora puedo presentar el informe a la Cámara con la conciencia tranquila y recomendar a sus Señorías que lo aprueben.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, quiero dar las gracias y felicitar al ponente, el señor Seeber, por su excepcional trabajo sobre la Directiva relativa a las inundaciones, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por su contribución positiva. Estoy sumamente satisfecho del rápido progreso en la primera y segunda lecturas. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel importante a la hora de lograr un acuerdo sobre un texto excepcional y quiero elogiar estos esfuerzos.

El objetivo de la propuesta es minimizar los riesgos de las inundaciones para la salud humana, las actividades económicas y el medio ambiente. El texto, en su forma actual, refleja estos objetivos y permite que la Unión Europea los alcance. Las principales características son las siguientes: la directiva introduce un procedimiento como ha señalado el señor Seeber en tres fases, que empieza identificando las zonas de riesgo de inundación. El siguiente paso es elaborar un mapa de inundación inminente en el contexto de escenarios intermedios y extremos.

La tercera fase hace referencia a la elaboración de planes de gestión de los riesgos de inundación. Estos se coordinarán entre las cuencas hidrográficas, las cuencas compartidas por más de un país, así como las zonas costeras.

En el marco de la gestión de los riesgos de inundación, se ha previsto un posible aumento en la frecuencia y la intensidad de las inundaciones debido al cambio climático y coincido con el señor Seeber en que me complace que el Parlamento insistiera en que debía mencionarse más claramente el cambio climático.

Dado que el clima ya está cambiando, es evidente que aparte de enfrentarse y disminuir el fenómeno, tendremos que adaptarnos a él. La Unión Europea tendrá que estar preparada para unas inundaciones inesperadas a gran escala que irán acompañadas de unas lluvias intensas e imprevistas. Las inundaciones cerca de la costa provocadas por tormentas, junto con el aumento del nivel de mar, pueden plantear más riesgos de inundación en las zonas costeras. La Unión Europea ha de estar preparada para enfrentarse a los peligros que suponen estos fenómenos naturales.

La mejora de la coordinación a través de la Directiva marco sobre el agua constituye un importante paso adelante. La amplia gestión de las cuencas hidrográficas ha de incluir ambos elementos: control de la calidad del agua y gestión de los riesgos de inundación. Me complace que el Parlamento Europeo haya apoyado a la Comisión en esta cuestión y también que se haya ampliado el ámbito de coexistencia de ambos procedimientos.

Los puntos básicos planteados en primera lectura se mantienen. Concretamente, la aplicación de la directiva en toda la Unión Europea y especialmente el énfasis en las cuencas hidrográficas compartidas por más de un Estado miembro. Con este nuevo e importante acto legislativo, la Unión Europea estará preparada para disminuir y minimizar las posibles consecuencias destructivas de las inundaciones.

  Anja Weisgerber, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente, el señor Seeber, por el espíritu cooperativo en el que han tenido lugar nuestros debates. Ha negociado un sólido compromiso con la Presidencia del Consejo, un compromiso que supone unas importantes mejoras frente a la propuesta de la Comisión.

Es importante adoptar un enfoque europeo de la prevención de los daños causados por las inundaciones. Los ríos y las inundaciones no respetan las fronteras nacionales. Las medidas tomadas por el Gobierno de un país en los tramos superiores de un río tienen efectos específicos en territorios situados río abajo. En muchos casos, estos territorios pertenecen a otro país. Por este motivo, considero importante que cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea tome medidas preventivas contra las inundaciones en lugar de esperar hasta que se produzca un desastre.

Al igual que con otras propuestas de la Comisión, nuestro deber parlamentario es asegurar que se ponga freno a la burocracia innecesaria, a los gastos administrativos excesivos y a las omnipresentes obligaciones de notificación. Hemos logrado evitar y mejorar considerablemente diversas disposiciones burocráticas excesivas. En concreto, apoyo el compromiso de salvaguardar los planes y mapas de inundaciones que ya existen o que se están preparando. Gracias a nuestra intervención, todos los mapas y planes que ya han elaborado los Estados miembros se reconocen ahora junto con los que están siendo preparados, siempre y cuando se completen antes de finales de 2010.

En algunos países ya está en marcha el proceso de elaborar y producir estos mapas de inundaciones. Cambiar las reglas del juego a estas alturas habría causado una duplicación innecesaria de los esfuerzos, y el nuevo proceso de licitación habría generado muchos gastos adicionales sin ninguna ventaja reconocible en cuando a una mejor prevención de las inundaciones. Por este motivo me complace que el compromiso ofrezca la posibilidad de reconocer estos mapas y planes en el marco de la directiva. Por ello votaré a favor del compromiso y una vez más doy las gracias al ponente por nuestra constructiva cooperación.

  Edite Estrela, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar dando la enhorabuena al señor Seeber por la manera en que ha conducido el proceso de negociación informal. Las negociaciones han sido muy fructíferas y han permitido llegar a un paquete de enmiendas de transacción ampliamente consensuadas y que el Consejo debería aceptar.

El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo apoya el compromiso que se ha alcanzado pues corresponde al objetivo clave de esta directiva, concretamente proteger la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y las actividades económicas, a la vez que tiene en cuenta el impacto del cambio climático sobre la aparición de inundaciones. Cada vez hay más periodos de extrema sequía seguidos de fuertes lluvias, lo cual provoca más inundaciones.

Además, la propuesta asegurará una mayor protección ambiental promoviendo la inclusión, en los mapas de riesgo, de información sobre las posibles fuentes de contaminación ambiental resultante de las inundaciones. Asimismo aplaudo la idea de hacer responsables a los Estados miembros de la promoción del uso sostenible de la tierra. Es decir, los Estados miembros deberán ser más cuidadosos con sus políticas de ordenación del territorio. El informe también apela al principio de solidaridad, al diálogo y a la coordinación entre países vecinos.

Sabemos que hay un ciclo de desastres naturales que dejan un rastro de muerte y destrucción. Según la Organización Mundial de la Salud, cientos de personas mueren cada año debido a los desastres naturales. Para evitar males mayores, ha llegado el momento de pasar de una cultura de reacción a una de prevención. Más vale prevenir que curar. Es más eficaz y menos costoso.

  Vittorio Prodi, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias, naturalmente, al señor Seeber por la colaboración que hemos mantenido durante el debate y la redacción de este documento. Quisiera dar las gracias también al Comisario Dimas, porque su presencia en estos momentos es siempre muy útil y apreciada.

Se trata de una directiva que considero muy importante también en el marco de otras directivas, como la Directiva sobre el agua, la Directiva sobre los residuos y la Directiva sobre el suelo, que todavía está por debatir. Estas directivas configuran un marco de prevención muy importante, en especial con respecto al cambio climático, fenómeno que tiene su origen en el calentamiento global y que consiste esencialmente en una agravación de sucesos extremos, como por ejemplo un aumento de la intensidad de las lluvias.

Es necesario, pues, adoptar un enfoque de prevención en todos los frentes, especialmente por lo que respecta a la conservación de nuestro territorio. La directiva que examinamos apunta en esta dirección, pues intenta destacar las buenas prácticas que pueden difundirse, así como el conjunto de infraestructuras y conocimientos que pueden contribuir a la prevención a largo plazo y a la previsión a corto plazo de las crecidas, a fin de prestar una ayuda crucial a los órganos de protección civil en la gestión de emergencias.

Se trata de una Directiva que a mi juicio puede ser apoyada sin problemas y me complace también el compromiso alcanzado en el diálogo a tres bandas. Por tanto, también yo pido, en nombre de mi Grupo, que apoyen ustedes el texto que estamos examinando.

  Leopold Józef Rutowicz, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, la Directiva sobre la evaluación y gestión de los riesgos de inundación recalca la necesidad de emprender una acción que, por desgracia, no siempre se respeta en la práctica de las actividades empresariales. La evaluación y la gestión de los riesgos de inundación deberían constituir la base de planes a largo plazo para las obras de ingeniería, los sistemas de información y otros medios de limitación de los daños causados por las inundaciones.

Esta Directiva debería vincularse a las disposiciones para evaluar y evitar el riesgo de sequías, que también provoca grandes daños económicos y ambientales. Estas dos cuestiones están relacionadas con la gestión y la conservación hídricas. Si se recogieran las aguas de inundación, estas podrían utilizarse para compensar el impacto de las sequías. Ambos sistemas deberían operar en todas cuencas hídricas y deberían tener en cuenta los intereses de todos los países y regiones implicados.

Quisiera dar las gracias a Richard Seeber por su informe sumamente competente. Las enmiendas propuestas mejoran y complementan su documento.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, las diferencias estacionales y regionales en cuanto a precipitaciones, el cambio climático a largo plazo y la falta de coordinación entre algunos países han tenido como consecuencia unas inundaciones catastróficas que representan el 43 % de todos los desastres naturales en Europa, y a menudo tienen un carácter transfronterizo.

La actividad humana ha desempeñado un papel en este sentido. Incluye la tala de árboles en regiones boscosas, que ha provocado la erosión del suelo y la reducción de la capacidad de retención de las aguas por el suelo, o el desarrollo urbano en llanuras de inundación. La creciente frecuencia e intensidad de los casos de inundación probablemente estén estrechamente vinculadas a condiciones meteorológicas y cambio climático, así como a cambios en los cursos de los ríos. Ello hace que sea imperativo tomar medidas para evitar las inundaciones y minimizar sus efectos.

Aunque evitar el calentamiento global es un elemento importante en este contexto, son igualmente importantes la planificación y coordinación entre los Estados miembros sobre la construcción de embalses de retención, diques, sistemas de aviso y ayuda en caso de catástrofe. En el pasado, vaciar los embalses en un país provocó desastres por inundación en el siguiente. Dado el carácter transfronterizo de estos sucesos, hemos de asegurar una cooperación internacional eficaz, tanto regional como con los países vecinos, que incluya a terceros países, que nos ayude a prepararnos mejor y que conlleve una reducción de los efectos de las inundaciones

  Andreas Mölzer, en nombre del Grupo ITS. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Seeber, puede que suframos inundaciones con menos frecuencia de lo que estábamos acostumbrados debido a unas medidas preventivas cada vez más eficaces, pero no obstante sus efectos son desastrosos.

Lamentablemente, el progreso técnico nos ha vuelto negligentes con el resultado de que se levantan edificios cada vez más cerca de zonas propensas a las inundaciones. Junto con lo que a menudo es una interferencia temeraria con el curso de los ríos y la pérdida de zonas de retención naturales como las llanuras de inundación, estas acciones han creado un problema autoinfligido. La ayuda a la agricultura ofrecida por la Comunidad Europea en las últimas décadas sin duda también ha contribuido, y la interacción entre el uso agrícola y los cambios en la estructura del suelo son otra razón para reconsiderar la política agrícola común con objeto de concentrar más apoyo en el cultivo orgánico. Como parte del sistema común planificado de gestión de los riesgos de inundación, hay que tener en cuenta, por supuesto, medidas como la restauración de ríos, la creación de vínculos entre las llanuras de inundación y la desurbanización. Si queremos tomarnos en serio los objetivos de preservar los hábitats naturales y luchar contra el cambio climático, también tendremos que adoptar enfoques nuevos e innovadores.

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Esperemos que mañana lleguemos al final de un largo viaje. Hace dos años, cuando empezamos a debatir esta Directiva, experimentamos las inundaciones en toda Europa, cuando el agua arrastró casas y destruyó diques en todas partes.

Mi país, Hungría, es un país río abajo, un cauce en el que fluye gran parte del agua de muchas fuentes. Dos de los cinco ríos más grandes de Europa atraviesan mi país, y por ello no es de sorprender que tenga la mayor cantidad de agua per cápita. Por supuesto, los daños también son enormes. En 2005, cuando se produjo la gran inundación que ya se ha mencionado, nos vimos obligados a invertir más de 200 millones de euros en protección contra las inundaciones. Para nosotros había mucho en juego.

Si tuviera que recalcar un elemento especialmente importante de la nueva directiva, sin duda hablaría de la cooperación. Creo que la preparación conjunta y planificada, el intercambio de información y la ayuda mutua son elementos que aparecen en este reglamento y dejan claro que solo podemos hacer frente y resolver el problema de las inundaciones si cooperamos unos con otros.

Estoy de acuerdo con el señor Dimas: el cambio climático global del futuro y las respuestas a estos desafíos constituyen una de las cuestiones más importantes. Es probable que Europa sufra inundaciones más frecuentes y más imprevisibles, junto con un importante aumento del nivel del mar y una mayor destrucción. Creo que esta directiva no tardará en ponerse a prueba y estoy plenamente convencido de que superará la prueba con éxito. Gracias a esta directiva se perderán menos vidas humanas y se sufrirán menos daños. Estoy completamente satisfecho con los compromisos alcanzados y felicito al señor Seeber por su excelente trabajo. Creo que hemos logrado realmente elaborar una directiva que protegerá vidas humanas e incrementará la seguridad física en Europa.

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Señor Presidente, a raíz del cambio climático, la mala gestión fluvial y las actividades de construcción en zonas propensas a las inundaciones, cada vez hay más inundaciones. El crecimiento de la población y el consiguiente incremento en el número de activos económicos en estas zonas provocan un aumento de los riesgos y unos daños más costosos. Aparte de su impacto económico y social, las inundaciones pueden tener graves consecuencias ambientales, por ejemplo, si afectan a plantas industriales donde se almacenan grandes volúmenes de productos químicos tóxicos. Nuestro ponente lo ha explicado de forma exhaustiva.

El paquete de compromiso que ha negociado nuestro ponente nos permitirá perseguir con más éxito los objetivos de esta directiva. Quiero ofrecerle mi más sincera enhorabuena. Los principales puntos de este informe ya se han incorporado a la posición común y pueden expresarse aún mejor a través de este paquete de compromiso.

Para el Parlamento Europeo es importante que se tenga en cuenta el impacto del cambio climático en la evaluación de los riesgos de inundación. Habría sido muy difícil explicar la decisión de dejar el cambio climático fuera de la ecuación a la hora de evaluar los riesgos de inundación. Una de las exigencias muy importantes es que, en cada uno de los tres pasos prescritos por esta directiva, concretamente la evaluación de los riesgos de inundación, la elaboración de mapas y la formulación de planes de gestión, se utilicen las buenas prácticas y la mejor tecnología disponible.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señor Presidente, señor Dimas, Señorías, los Países Bajos han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la Directiva sobre la evaluación y gestión de los riesgos de inundación que tenemos ante nosotros. Es importante disponer de un marco legislativo para evaluar y gestionar los riesgos de inundación, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. Lo que pueda hacerse a nivel local, se hace a nivel local, como las medidas para evitar el desbordamiento de los sistemas de alcantarillado. Es una manera de proteger el medio ambiente, la salud pública y la economía.

Dado que un país de poca altura con respecto al nivel dem mar, como los Países Bajos, depende de muchos de sus países vecinos en lo que respecta a la gestión hídrica, es importante que los Estados miembros no tomen medidas que puedan provocar un incremento de los riesgos de inundación en otros países. Por este motivo es necesario un enfoque coordinado, y por ello concedo mucha importancia al concepto de solidaridad que se ha incluido en esta propuesta de directiva y se ha mencionado más expresamente en las enmiendas 48 y 61 del paquete de compromiso, que apoyo completamente.

Además del término «solidaridad», también es importante implicar el esperado cambio climático y sus posibles implicaciones en la elaboración de planes de gestión de riesgos para las inundaciones, a fin de prepararnos para el futuro de la mejor manera posible. Solo me queda agradecer sinceramente al ponente, el señor Seeber, la excelente cooperación y darle la enhorabuena por este resultado.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, doy las gracias a todos los oradores que han intervenido en el debate de esta noche por sus contribuciones positivas.

Se han incluido varios elementos clave en el paquete de compromiso general propuesto. Entre sus aspectos más importantes, cabe destacar los siguientes: una atención más clara y previsora sobre el impacto del cambio climático en la evaluación preliminar del riesgo de inundación; un acuerdo sobre la fijación del año 2011 como fecha para la primera evaluación preliminar del riesgo de inundación, de forma que los Estados miembros dispongan de más tiempo para elaborar los mapas correspondientes; un papel reforzado de las llanuras aluviales y la promoción de prácticas sostenibles de utilización del suelo en materia de gestión de riesgos de inundación; una estrecha coordinación –también en lo que respecta a la aplicación– con la Directiva marco relativa a las aguas y una conexión con los principios de recuperación de costes de la misma; un mayor refuerzo del aspecto de la solidaridad en las demarcaciones hidrográficas; y, por último, un requisito relativo al establecimiento de prioridades claras para la aplicación de medidas incluidas en los planes de gestión de los riesgos de inundación.

Sé que el Parlamento consideró importantes todos estos elementos en primera lectura y también durante su examen en comisión. Creo que el compromiso propuesto ahora será del agrado del Parlamento, ya que se ha avanzado mucho en lo que respecta a los principios clave de unas prácticas responsables en materia de gestión de los riesgos de inundación. He de decir que me complace especialmente el hecho de que tanto el Parlamento como el Consejo den tanta importancia a esta directiva, propuesta por la Comisión hace tan solo 13 meses. Esto demuestra que ante el serio desafío de preparar a Europa para el riesgo de un mayor número de inundaciones, es posible llegar a acuerdos con relativa rapidez.

Para terminar, la Comisión se muestra muy satisfecha con el resultado de las negociaciones. Esta institución puede aceptar todas las enmiendas de transacción propuestas y desea dar las gracias y felicitar una vez más al ponente, el señor Seeber, por todos sus esfuerzos por llegar a un acuerdo en segunda lectura.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Gyula Hegyi (PSE), por escrito. – (HU) Es sumamente importante para Hungría que la Unión Europea promulgue una directiva que regule una defensa común contra las inundaciones. Mi país es un país río abajo al cual llega el 95 % del agua dulce de ríos que fluyen fuera de sus fronteras nacionales. Por ello es importante que dentro de una llanura de inundación se implique a los países río abajo así como en las tareas de prevención y defensa. Confío en que los expertos austriacos, eslovacos y rumanos colaboren bien con los funcionarios húngaros del sector del agua. Del mismo modo, considero importante que los planes de protección contra las inundaciones contengan las potenciales fuentes de peligro que pueden causar contaminación ambiental si se produce una inundación. En tales casos, a menudo hay una planta industrial inundada o alguna otra fábrica que causa más daño que el agua en sí. Dado que, al igual que la contaminación del aire, las inundaciones no conocen fronteras, habría que implicar a terceros países, como Ucrania, en la aplicación de la directiva.

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. – (EN) A través de una organización que presido en Irlanda llamada Hope Project, he estado participando en la investigación de la Comisión relativa al rescate de personas con discapacidad en situaciones de emergencia. En esta investigación hemos observado que el de inundación es un riesgo muy importante para los ancianos, los niños y las personas con discapacidades. Acabamos de iniciar una investigación complementaria centrada de manera específica en las inundaciones.

Existen dos razones por las que las inundaciones se están convirtiendo en un problema tan grave. La primera de ellas es el cambio climático, con la posibilidad de que suba el nivel del mar y, en Irlanda, de que aumenten las precipitaciones. La segunda es que en toda Europa, pero especialmente en Irlanda, se tiende a construir en las llanuras aluviales. No es raro encontrar terrenos que solían estar inundados varias semanas al año y que ahora acogen urbanizaciones con 200 casas. Esta práctica será finalmente contraproducente.

Insto al Parlamento a que proceda con sentido común y ponga en marcha medidas preventivas en el ámbito de las inundaciones y su control.

18. Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0054/2007) de Kartika Tamara Liotard, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (2006/2210(INI)).

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), ponente. – (NL) Señor Presidente y todos los presentes a estas horas de la noche, creo que en la actualidad lo que importa es la calidad, no la cantidad. Al menos, pienso que así es como deberíamos ver las cosas.

La Comisión ha tardado cinco años en presentar una estrategia relativa al uso sostenible de los recursos naturales. Dado que ha dispuesto de tanto tiempo, es lamentable que la propuesta presentada carezca de toda ambición. Para ser justos, hay que decir que la Comisión ha identificado el problema con claridad: si seguimos así, nos veremos irrevocablemente enfrentados al agotamiento de nuestros recursos y, en consecuencia, a una grave amenaza para nuestra economía y nuestra calidad de vida.

Sin embargo, en la propuesta no se presentan medidas específicas. Entre otras cosas, se pide más investigación y más datos. Eso está muy bien, pero no podemos permitirnos esperar mucho más tiempo. Como sucede con el cambio climático, la gravedad del problema de los recursos naturales es actualmente muy grave y ha llegado la hora de tomar medidas concretas. Al leer la propuesta, se puede apreciar cierta falta de urgencia por parte de la Comisión. No se invita a los ciudadanos a que reflexionen en profundidad sobre el problema, a pesar de que finalmente serán los más afectados.

El quid de la cuestión es simple. Nuestra huella ecológica, es decir, el impacto ambiental de nuestro consumo, es bastante mayor de lo que puede soportar el planeta. A modo de ejemplo, supongamos que este zapato de niño representa la huella ecológica que podríamos dejar para mantener el equilibrio de nuestros recursos naturales. Bien, pues este gran zapato de caballero representa el nivel de consumo actual. Como pueden ver, es desde luego demasiado grande. Por tanto, constituye un buen ejemplo de la situación actual.

Seré muy sincera, señor Comisario. La reacción visceral de nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria fue considerar que habría que devolver todo el documento y pedir a la Comisión que lo modificara. Sin embargo, nos pareció que no era una actitud muy constructiva y, además, no podemos esperar otros cinco años para actuar. Por esto, decidí dedicarme a elaborar una propuesta sólida y pedí a mis colegas diputados que me ayudaran en la tarea. Puedo asegurarles que algunas de las sesiones con mis colegas tuvieron un nivel de creatividad sorprendente. Con su colaboración, concebimos un gran número de ideas destinadas a mejorar el documento de la Comisión, lo cual no nos llevó más de tres o cuatro meses. Les doy las gracias porque hemos conseguido una solución realmente importante. Aunque puede que el diseño del informe no sea nada del otro mundo debido a todas esas enmiendas razonables, espero que el mensaje quede claro. El Parlamento desea que se pongan en marcha medidas concretas, sin aplazar más la cuestión.

Pasaré a comentar algunas propuestas, la primera de las cuales hace referencia a la agricultura. Este sector no aparece en la estrategia temática, lo cual me resulta bastante extraño teniendo en cuenta que se trata de uno de los mayores usuarios y consumidores de recursos naturales. Por tanto, se niega al sector agrícola una gran oportunidad. Entiendo que el motivo es que la Dirección General de Agricultura y la de Medio Ambiente no lograron llegar a un acuerdo al respecto. No obstante, resulta inadmisible que las discusiones entre los funcionarios europeos impidan que la estrategia se sustente sobre una amplia base.

Por otro lado, propongo que se establezca una relación directa entre las subvenciones agrícolas comunitarias y la sostenibilidad. Veamos un ejemplo: en caso de que el cultivo de cereales necesite una irrigación a gran escala y, por tanto, implique un derroche masivo de agua, habría que suspender las subvenciones correspondientes y destinarlas a las explotaciones agrícolas comprometidas con el uso de fuentes de energía alternativas, como la energía eólica. Además del agrícola, existen otros sectores, incluidos los de transporte, la pesca y la construcción que, equivocadamente, tampoco se contemplan en la estrategia. También tendremos que hacer algo al respecto. En resumen, es preciso que la estrategia dé cobertura a todos los ámbitos de aplicación de las políticas.

La estructura de la estrategia está determinada en gran parte por el consumidor y el productor. Entre otras propuestas se incluyen las de un enfoque basado en el ciclo de vida, un decálogo con las prioridades principales en relación con los recursos naturales amenazados, incentivos fiscales, la información, la participación de organizaciones no gubernamentales y expertos, o el uso de técnicas alternativas de reciclado y reutilización. Demasiadas propuestas para mencionarlas aquí.

Sugiero que la Unión Europea, en general, se esfuerce por conseguir reducir a la mitad el uso de los recursos para el año 2030. No se trata de ciencia ficción, sino de una necesidad real. Huelga decir que la política comunitaria no debe impedir que los Estados miembros obtengan los mejores resultados posibles. No en vano, el hecho de que un Estado miembro alcance niveles de reducción elevados puede servir como ejemplo a los demás y favorecer un mayor impulso de esta tendencia.

Durante su última visita a la Comisión de Medio Ambiente, el Comisario Dimas habló acerca de la importancia de los recursos naturales y fue una gran satisfacción oírselo decir. Le he enviado una carta solicitando su colaboración. Por tanto, espero que dicho Comisario se muestre a favor de una política más ambiciosa que la sugerida en el documento actual de la Comisión. En tal caso, sin duda acogerán favorablemente un informe crítico del Parlamento.

  El Presidente. La señora Liotard puede estar segura de que este Parlamento le ha prestado toda la atención de que es capaz a estas horas.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EL) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, doy las gracias al Parlamento Europeo por la atención especial que ha prestado a esta estrategia. También quiero agradecer a la señora Liotard y a los ponentes alternativos la elaboración del informe que hoy se debate. Se trata de un documento con una gran cantidad de información útil y constructiva que nos invita a reflexionar sobre posibles medidas para el futuro y a desarrollarlas.

El uso de los recursos naturales es de vital importancia para el estado del medio ambiente y para nuestro crecimiento económico. El cariz de la situación es inquietante, al tiempo que las consecuencias se han vuelto evidentes con la pérdida constante de biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero o el empeoramiento en la calidad del agua, del aire y del suelo, todo ello con un elevado coste financiero.

Está claro que el modo en que usamos los recursos naturales constituye una amenaza para los ecosistemas de los que dependen nuestra prosperidad y nuestra calidad de vida. Por tanto, tenemos la obligación de adaptar nuestras actividades económicas a la capacidad de carga del planeta.

Este es el objetivo de la estrategia sobre los recursos naturales, la cual es el resultado de un debate enérgico no exento de frecuentes discrepancias pero extremadamente provechoso, que ha durado más de cinco años. Esta estrategia ofrece un enfoque en materia de política ambiental centrado, por un lado, en los recursos naturales y, por otro, en el establecimiento a largo plazo de un marco destinado a limitar el impacto ambiental del uso de dichos recursos en una economía en desarrollo. Además, tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales.

A pesar de ser muy ambiciosos, dichos objetivos resultan viables. Europa ya ha logrado estabilizar el uso de los recursos naturales en algunos sectores de la economía. No obstante, aún vamos a la zaga de otros países, como Japón, donde este es mucho más eficiente que en Europa. La estrategia fomenta productos, tecnologías y pautas de consumo que resultan más eficientes en relación con el uso de los recursos naturales y menos contaminantes.

Ya se han puesto en marcha nuevas iniciativas para la aplicación de la estrategia. Permítanme mencionar tres ejemplos:

En primer lugar, la Comisión está creando un centro de datos destinado a facilitar información para la planificación de políticas, lo cual mejorará el conocimiento sobre el uso de los recursos naturales y sobre las consecuencias de las diferentes actividades económicas.

En segundo lugar, con vistas a evaluar nuestros progresos en relación con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, la Comisión se propone desarrollar una nueva generación de indicadores. Ya se han establecido numerosos indicadores cuantitativos en lo que respecta al uso de los recursos naturales, por ejemplo, en los ámbitos de la energía y del cambio climático. La determinación de objetivos estrictos en relación con la calidad del aire atmosférico y del agua y con el reciclado de residuos favorece la consecución de los objetivos de la estrategia sobre los recursos naturales. Esta estrategia nos permitirá cumplir el objetivo cuantitativo general de conservación de los recursos naturales en nuestra economía.

En tercer lugar, debemos adaptar nuestras políticas para que tengan en cuenta un uso de los recursos basado en la totalidad del ciclo de vida. Es preciso tomar en consideración los efectos ambientales de los recursos naturales desde su creación hasta su agotamiento, es decir, desde su nacimiento hasta su muerte, de forma que dichos efectos no se transfieran a otros países o entre las distintas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, cuando importamos a Europa metales procesados, no debemos pasar por alto el impacto ambiental de la actividad minera en otros países. En Europa se utiliza una cantidad cada vez mayor de recursos naturales procedentes de países en desarrollo. Los biocombustibles constituyen otro ejemplo característico.

Por tanto, estamos hablando de un desafío global frente al cual tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hemos creado un Panel Internacional sobre el uso sostenible de los recursos naturales, el cual empezará a evaluar las consecuencias del uso de los recursos en nuestro planeta y propondrá nuevas medidas. En el programa de trabajo de este nuevo Panel Internacional ya se incluyen algunas cuestiones como las condiciones ambientales para la producción de biocombustibles y la implementación de medidas a escala internacional destinadas a impulsar la sociedad del reciclado. Si dicho Panel tiene el mismo éxito que el Panel Internacional sobre el cambio climático, lograremos cumplir nuestros objetivos en gran medida.

Señorías, ya se han sentado las bases. Partiendo de su detallado análisis y de las propuestas que han presentado, la Comisión se compromete a garantizar la implementación positiva de la estrategia relativa a los recursos naturales. A largo plazo, esta estrategia permitirá que se haga un uso sostenible de los recursos naturales y puede que se convierta en un punto de referencia para otras políticas. Esta es solo la primera etapa de un proceso largo. Es preciso que cooperemos con medidas específicas a fin de que la implementación de la estrategia pueda influir en el desarrollo de todas las políticas en todos los sectores de la economía.

  Avril Doyle, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, el Comisario afirma que se trata de «objetivos ambiciosos». ¡Yo creo que no, señor Comisario! El informe de la Comisión fue objeto de numerosas críticas la primera vez que se debatió en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en el mes de octubre, ya que las aspiraciones del documento son bastante limitadas tras cinco años de gestación. En el mejor de los casos, se podría calificar de un documento básico razonable con el que empezar el debate, porque carece de objetivos concretos y, como he dicho, de toda ambición. Esto se puede atribuir probablemente a una guerra de posiciones entre la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y la Dirección General de Medio Ambiente. ¿Adivinan quién ha ganado? La estrategia de la DG de Medio Ambiente se ha limitado principalmente a la recopilación de datos, dejando al margen la consideración de algunos sectores problemáticos clave, a saber –como era de esperar –, la agricultura, la silvicultura, el transporte y muchos otros.

Aunque se mencionan algunas iniciativas nuevas, como un centro de datos sobre recursos naturales, un foro de alto nivel y un panel internacional, el horizonte temporal propuesto, de 25 años, es del todo inaceptable. En cambio, la ponente, la señora Liotard, ha hecho un gran esfuerzo por aportar algo de sustancia a la propuesta. Señala con acierto que la Comunicación de la Comisión no cumple los requisitos establecidos en el sexto plan de acción ambiental en lo que respecta a los plazos y objetivos concretos. El informe insta a la Comisión a que sustituya esta falsa estrategia por propuestas ambiciosas que incluyan objetivos claros y plazos vinculantes.

Acojo con agrado que se haga hincapié en un enfoque político integrado y en el efecto exterior de la política comunitaria para el uso sostenible de los recursos. El único problema es que puede que la ponente haya hecho un trabajo demasiado bueno. Existe un consenso tan amplio en torno a su informe en la Comisión de Medio Ambiente que se han aprobado prácticamente todas las enmiendas presentadas, de forma que el documento queda algo extenso y repetitivo en ocasiones. En mi opinión, esto desvía la atención del mensaje principal. Por este motivo, he incluido en la lista de votación de mi Grupo un voto negativo con respecto a determinados apartados que duplican algunos puntos mencionados en otra parte del informe.

  Gyula Hegyi, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, hemos heredado los recursos naturales de la naturaleza o del Creador, pero somos responsables de ellos ante las generaciones venideras. Nos llega información cada vez más diversa sobre la amenaza que se cierne sobre el equilibrio natural. Dos tercios de los ecosistemas de los que depende el ser humano están en declive. La demanda europea de recursos naturales ha aumentado en casi un 70 % desde principios de la década de los sesenta. Hay que detener esta peligrosa tendencia.

Estamos a favor del crecimiento económico, porque todavía hay mucha gente necesitada, pero siempre y cuando no aumente el uso de los recursos naturales y se reduzca el impacto ambiental. Esta disociación del crecimiento económico y el aumento en el uso de los recursos naturales es el mensaje central de este informe. La estrategia propuesta por la Comisión resulta bastante insustancial y carece de objetivos o plazos. Por este motivo he presentado unas 25 enmiendas en nombre del Grupo del PSE. Me complace que todas, excepto una, hayan sido acogidas favorablemente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Mis colegas diputados y yo hemos propuesto una serie de objetivos concretos con vistas a mejorar nuestro compromiso con el futuro. Propongo objetivos específicos en materia de alimentación, vivienda y transportes. En una economía de mercado, el sistema fiscal es la herramienta idónea para la regulación de este tipo de recursos. De ahí la importancia de crear un sistema impositivo ecológico europeo. Es preciso que este informe venga seguido de directivas y reglamentos específicos orientados a poner fin al uso excesivo y autodestructivo de los recursos naturales.

  Mojca Drčar Murko, en nombre del Grupo ALDE. – (SL) El objetivo de la estrategia temática que hoy se debate es mejorar la eficiencia en el uso de la energía y las materias primas. Probablemente sea la estrategia parcial más importante del Sexto programa de acción en materia de medio ambiente. Su finalidad principal es evitar el derroche innecesario de las fuentes renovables y no renovables que pone en peligro el equilibrio ambiental.

El enfoque basado en el ciclo de vida de los productos es una filosofía que ocupa un lugar especial entre las medidas orientadas a limitar un consumo excesivo. Es posible aumentar de manera significativa el volumen de los productos que se devuelven a la economía al final de su ciclo de vida y reutilizarlos. En este sentido, la estrategia guarda una estrecha relación con el proceso de revisión de la legislación comunitaria en materia de gestión de residuos.

Los ambiciosos objetivos que queremos incluir en esta estrategia temática son completamente realistas. De hecho, las prioridades del debate político sobre el uso económico de los recursos naturales ya han logrado aumentar el deseo de participación de los ciudadanos en lo que respecta a la beneficiosa reutilización de los residuos. Nuestras ciudades, por ejemplo, son minas potenciales de materias primas. Del mismo modo que extraemos metales de las minas, podemos recurrir a métodos avanzados de recogida y separación de residuos para extraer hierro, cobre y plástico consumiendo una cantidad de energía tres veces inferior a la necesaria para conseguir dichos productos a partir de materias primas originales. La minería urbana ofrece una visión prometedora de la ciudad moderna como un depósito lucrativo de materiales reciclados. Y este no es el único método capaz de mejorar considerablemente la eficiencia en el uso de los recursos naturales.

  Wiesław Stefan Kuc, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, ya ha pasado casi medio siglo desde la presentación del primer informe en Roma. Aunque los recursos naturales han disminuido desde entonces, hemos registrado grandes avances tecnológicos y hemos aprendido a usar de forma más eficiente las materias primas y la energía, aprovechando recursos inimaginables hace cincuenta años. ¿Hemos sacado el máximo partido posible de nuestro conocimiento, nuestra tecnología y nuestra experiencia? Rotundamente, no. Y así se demuestra en el informe.

Sin embargo, y a pesar de que apoyo plenamente el informe, creo que la Unión Europea está llevando a cabo un gran esfuerzo, mayor que el de otros países, a fin de proteger el planeta, la atmósfera y el agua. Su actuación en materia de reciclado y reutilización de las materias primas es enorme. No obstante, debemos intensificar las actividades destinadas a mejorar la utilización de los residuos de fabricación, lo cual contribuirá a reducir la contaminación ambiental y, al mismo tiempo, a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales.

  Satu Hassi, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FI) Señor Presidente, Señorías, doy las gracias a la ponente, la señora Liotard, por su excelente trabajo. En la actualidad, la humanidad vive con una tarjeta de crédito ecológica que sobrepasa el límite de sus fondos. La humanidad en general supera en un 25 % el nivel de uso sostenible de los recursos naturales, lo que significa que estamos gastando el capital de nuestros hijos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el consumo de los recursos naturales en Europa rebasó la capacidad biológica de nuestro continente allá por los años sesenta. Si se mantiene la tendencia actual, nuestro uso de los recursos naturales duplicará el nivel sostenible de aquí al año 2050. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es solo una parte del desafío de carácter más universal que supone el uso más moderado y prudente de los recursos naturales.

Si pretendemos reducir esta utilización hasta un nivel sostenible y, al mismo tiempo, conseguir que los países en desarrollo abandonen el umbral de la pobreza, los países ricos, entre los que nos contamos, deberemos multiplicar por diez la relación entre la prosperidad alcanzada y el consumo de recursos naturales en un plazo de 50 años. Aunque esto suene a ciencia ficción, expresado en forma de porcentaje supone simplemente una mejora de un 5 % anual. Si hemos sido capaces de conseguir un incremento similar en la productividad laboral, ¿por qué no vamos a poder mejorar también la productividad de los recursos naturales? Este debe ser el siglo en que aumentemos la productividad de los recursos naturales, la relación entre estos y la prosperidad alcanzada.

Como ya ha comentado alguien, la estrategia que ha presentado la Comisión resulta demasiado pobre, sobre todo porque carece de plazos y objetivos concretos, a pesar de que estos constituyen un requisito en virtud del Sexto Programa de acción en materia de medio ambiente. Contamos con la base de conocimientos necesaria para definirlos. Por tanto, tenemos que establecer objetivos y plazos claros para el año que viene, entre los que se incluyan programas de acción aplicables a todos los sectores.

El modo más barato de mejorar la productividad en el uso de los recursos naturales consiste en suspender las ayudas a todas las actividades que no respeten el medio ambiente. Esto se tendría que hacer sin demora. La conclusión de la señora Liotard de que necesitamos mejorar la calidad y reducir la cantidad se podría adoptar también como un lema aplicable a nuestro uso de los recursos naturales.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) En primer lugar, doy las gracias a la ponente por su excelente trabajo y por la posición que ha adoptado en relación con esta cuestión. Apoyo sin reservas todos los puntos de su informe sobre la estrategia temática relativa al uso de los recursos naturales. El hecho de que la Comisión haya tenido que dedicar cinco años a la elaboración de este documento pone de manifiesto la gravedad del problema.

El documento de la Comisión no incluye plazos concretos ni describe los métodos que se deben seguir. Tenemos que reconocer que nos enfrentamos a una crisis mundial del agua, en especial en lo que respecta al agua potable, a un problema de calentamiento global y a una amenaza a la biodiversidad. Nos encontramos ante una situación en la que la huella ecológica de Europa duplica su capacidad biológica y cada año muere gente de enfermedades provocadas por un medio ambiente contaminado. Por tanto, es preciso adoptar un enfoque más radical y activo.

Apoyo la propuesta de una reforma absoluta del sistema de subvenciones. Hay que reducir o suspender la concesión de subvenciones a aquellas actividades que tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre todo en el sector agrícola. Aunque la Comisión argumenta que no dispone de suficientes indicadores para establecer un calendario específico, hay que decir que la ponente menciona varios en su informe, por ejemplo, el producto interior bruto, el consumo de materiales, etc.

Si pretendemos reducir nuestra dependencia de los recursos naturales, coincido en que es preciso que un 12 % de la energía de la Unión Europea proceda de fuentes renovables para el año 2012 y que se implementen políticas y acciones específicas para los 20 primeros materiales con mayor impacto de aquí al año 2008.

  Riitta Myller (PSE). – (FI) Señor Presidente, el ejemplo del Comisario Dimas ha sido acertado, puesto que el aumento de la producción de bioenergía se debe conseguir de forma sostenible y, sobre todo, a escala planetaria. Sin embargo, el problema con esta estrategia, por ejemplo, es que en ella no se contemplan la agricultura y la silvicultura.

Esta es una de las últimas estrategias temáticas que forman parte del Sexto programa de acción en materia de medio ambiente. Ya se ha comentado aquí que, a pesar de que en el marco de este programa se han fijado diversos objetivos cuantitativos y cualitativos para la política ambiental de la Unión Europea, estos no se mencionan en las propuestas de la Comisión. Es más, en esta estrategia no se ha logrado cumplir con el objetivo de garantizar que el uso de los recursos naturales y su impacto no sobrepasen la capacidad de carga del medio ambiente.

El Sexto Programa de acción en materia de medio ambiente se tendría que haber revisado hace un año. Resulta fundamental llevar a cabo una revisión de un programa tan analítico como este, ahora que hemos avanzado mucho en los debates sobre estrategias temáticas. Por tanto, quisiera preguntarle al Comisario Dimas cuándo tiene previsto revisar dicho programa la Comisión.

  Evangelia Tzampazi (PSE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme dar las gracias a mi colega, la señora Liotard, por su exhaustivo y coherente informe. Los problemas del cambio climático y de la crisis energética a los que se enfrenta la Unión Europea exigen que se pongan en marcha acciones comunitarias y que se elabore una estrategia bien estructurada relativa al uso de los recursos naturales, que responda, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Sexto Programa de acción en materia de medio ambiente.

He de resaltar que necesitamos una estrategia orientada a lograr un uso eficiente de los recursos naturales, una mejora en la gestión de los mismos y en la de los residuos con vistas a adoptar métodos de producción sostenibles y unas normas de consumo. Una estrategia que, por un lado, persiga desvincular el uso de los recursos naturales y la generación de residuos de la tasa de crecimiento económico, y que, por otro lado, asegure que su utilización no supondrá para el medio ambiente una carga mayor de la que pueda soportar. Creo que su planteamiento es muy acertado, señor Comisario. Podemos afirmar que ya se han sentado las bases.

  El Presidente. Antes de dar la palabra al Comisario Dimas, quería indicar a la señora Liotard que he consultado el Reglamento y no es necesario que adjunte los zapatos que ha mencionado en su ejemplo a efectos de la elaboración del Acta y que por tanto se los puede quedar.

  Stavros Dimas, miembro de la Comisión. (EN) ¡Con eso sí que se deja huella!

Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero darles las gracias por los constructivos comentarios realizados en el informe y durante el debate de esta noche. Todos estamos de acuerdo en que el uso actual de los recursos naturales no es sostenible. De hecho, el uso sostenible de los recursos naturales constituye un desafío común al que nos enfrentamos todos como responsables políticos, empresarios y ciudadanos, tanto en Europa como a escala mundial.

El Parlamento tiene un papel fundamental que desempeñar en cuanto a la dirección de este proyecto y a la movilización del apoyo público necesario. Hoy, transcurrido más de un año desde la aprobación de la Comunicación, por fin hemos hecho algún avance. Los Estados miembros han aprobado la estrategia, que se está convirtiendo en un referente mundial promovido, por ejemplo, por la OCDE.

Avanzamos en su aplicación de un modo abierto, transparente y comprometido. Su informe y el debate de hoy se tendrán en cuenta de cara a futuras actuaciones.

La política relativa al uso de los recursos naturales está estrechamente vinculada al modo en que producimos y consumimos nuestros productos. El próximo plan de acción sobre la producción y el consumo sostenibles se centrará en el diseño ecológico de los productos, en un mayor peso de los criterios ecológicos en los contratos públicos y en la aplicación de medidas que ayuden al consumidor a tomar decisiones más acertadas.

Las acciones partirán de los sectores de la alimentación, la vivienda y el transporte, ya que son los que tienen un impacto ambiental más fuerte. También abordaremos sus otras prioridades fomentando enfoques de mejores prácticas, soluciones innovadoras y ecoeficientes y el uso de instrumentos económicos. Hace tan solo un mes, la Comisión publicó un Libro Verde sobre el uso de instrumentos basados en el mercado en el contexto de la política en materia de energía y medio ambiente, y me comprometo a tener en cuenta factores distintos del PIB durante la evaluación del progreso económico, social y ambiental de nuestras sociedades.

Por último, comprendo perfectamente a aquellos que desean que se intensifiquen y adelanten las actuaciones, y doy las gracias al Parlamento por el papel activo adoptado con respecto a este asunto.

Asimismo, entiendo muy bien a quienes solicitan que se fijen objetivos más específicos. Como he señalado antes, ya existen algunos objetivos ambiciosos con respecto al uso de los recursos, como por ejemplo el objetivo estratégico general de disociar los efectos ambientales negativos del crecimiento a escala europea e internacional. Puede decirse que se trata de un objetivo muy ambicioso, que cuenta con la aprobación formal de la Comisión y el Consejo.

Estudiaremos la necesidad de establecer un objetivo global sobre la eficiencia de los recursos en el contexto de la revisión de la estrategia sobre recursos planeada para 2010. Esta estrategia representa un gran paso adelante al abordar la cuestión del impacto ambiental con un enfoque basado en el ciclo de vida.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  András Gyürk (PPE-DE) , por escrito. – (HU) A pesar de que cada vez hay más pruebas que demuestran que las fuentes de energía naturales se han estado utilizando de manera irracional y excesiva y que la vida diaria ha pasado a formar parte del problema de la sostenibilidad del medio ambiente natural, la humanidad, y en especial los dirigentes políticos, no tienen claro hoy por hoy el modo de abordar el problema.

El concepto político del desarrollo sostenible es demasiado general como para conducir a resultados tangibles y, además, pretende englobar al mismo tiempo la protección del medio ambiente natural y la solución del complejo problema de la justicia entre generaciones y naciones. Los métodos de medición en materia ambiental (por ejemplo, el análisis del ciclo de vida [ACV]) y los indicadores (como la huella ecológica) tienen que hacer frente a problemas metodológicos y suelen resultar contradictorios.

Sin poner en duda la utilidad de crear una base de conocimiento unificada, compleja y clara en relación con las fuentes de energía naturales, así como un conjunto de indicadores para medir el uso de las mismas, es importante destacar que, aún sin dichos instrumentos, sería posible poner en práctica un sinfín de medidas.

Resulta lamentable que tanto la propuesta de la Comisión como el informe correspondiente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria no mencionen el hecho de que el mercado y los reglamentos orientados al mercado podrían desempeñar un papel esencial en relación con el uso eficiente de las fuentes de energía naturales. Sería un error olvidar que la regulación de las emisiones de dióxido de carbono ha tenido resultados satisfactorios, a pesar de la inevitable «sobreasignación» por parte del Gobierno durante el primer período de distribución. Sería un error ignorar que las numerosas soluciones que protegen las fuentes de energía naturales (como la distribución más generalizada de fuentes de energía renovables) se ven obstaculizadas precisamente por la ausencia en Europa de un mercado competitivo, sin limitaciones y unificado.

19. Orden del día de la próxima sesión: véase el Acta

20. Cierre de la sesión

(Se levanta la sesión a las 23.45 horas)