Acta literal de los debates

Miércoles 25 de abril de 2007 - Estrasburgo

12. Explicaciones de voto

- Informe Lichtenberger (A6-0060/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este acuerdo de asociación tiene que ver con la iniciativa en marcha del espacio aéreo único europeo. Uno de los principales aspectos de la iniciativa –típica de acuerdos de esta clase– es la gradual liberalización del transporte entre las partes contratantes y el eufemístico «ajuste» de los monopolios estatales.

Por lo tanto, quisiéramos reafirmar el principio de que cada Estado miembro decide cómo organiza los servicios de transporte aéreo y en qué condiciones, y preferiblemente dependerá del propio Estado el prestar o no este servicio.

También queremos reafirmar que creemos que el principio que debe regir todas las acciones que se desarrollarán en el ámbito de estos acuerdos es el de la cooperación y el respeto por la soberanía nacional, incluida la gestión del espacio aéreo por parte de cada Estado miembro.

La liberalización del transporte aéreo ha provocado un deterioro de la calidad de los servicios prestados y ataques a los derechos de los trabajadores en este sector clave. Al mismo tiempo, la liberalización ha servido a los intereses de los grandes operadores internacionales, concentrando el sector en detrimento de los de menor tamaño.

Por último, quisiera destacar la incomprensible implicación de la administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo.

- Recomendación Costa (A6-0134/2007)

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ¿cuántas veces oímos el argumento de que debido a la dimensión internacional de un determinado campo de la política, necesitamos la jurisdicción de la UE? El argumento es aparentemente válido, pero si se examina con detenimiento se comprueba que no lo es, y en ningún lugar queda tan patente como en la política aeronáutica.

Está claro que se trata de un asunto que supera las fronteras nacionales, pero, tal como se ha visto en este informe, le corresponde un tratamiento nacional antes que supranacional y afecta tanto a Estados miembros como a terceros países.

Sin duda, este es un modelo de organización de nuestro continente mejor que el control desde Bruselas de todos los asuntos transfronterizos. Extendamos, pues, esta dispensa más allá de la aviación.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (SV) He votado a favor de del Reglamento sobre la seguridad de la aviación civil.

Por otra parte, me gustaría defender la expiración en un plazo de seis meses de las medidas concretas adoptadas, como la prohibición de no transportar a bordo bebidas y líquidos. La situación actual, en la que los aeropuertos aplican esta norma de formas distintas y poco profesionales, de forma que muchos viajeros no saben exactamente qué artículos pueden llevar consigo y cuáles son las normas realmente vigentes, no es sostenible y es comprensible que la gente se harte. Si se pretende que los pasajeros se sometan al control pacífico y eficiente del personal de seguridad de los aeropuertos, es esencial que se les informe de forma precisa sobre sus derechos y obligaciones.

En caso de que un Estado miembro decida lo contrario, en primer lugar habrá que volver a evaluar los costes y efectos para los vuelos a los que afecten estas medidas.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) He votado a favor de la recomendación de una posición común del Parlamento Europeo y el Consejo sobre las normas comunes en el campo de la seguridad en la aviación civil y de revocar el Reglamento (CE) nº 2320/2002.

El señor Paolo Costa ha señalado con acierto que las medidas de seguridad adicionales propuestas por la Comisión no implicarán obligatoriamente que haya agentes de seguridad armados a bordo de los aviones. Según el ponente, una decisión así dependería de las correspondientes autoridades del Estado miembro.

También se trató adecuadamente el problema de la financiación de las medidas de seguridad adicionales. Los Estados miembros deberían pagar parte de los costes de seguridad y no dejar que los asuman en su totalidad los operadores aéreos, tal como propone la Comisión Europea. Todos los costes de la seguridad a bordo incluidos en el precio del billete deberían indicarse aparte en el mismo o comunicarse a los pasajeros de forma comprensible.

También estoy de acuerdo con la propuesta hecha en el informe de que los instrumentos especiales de aplicación de las normas básicas comunes, como la decisión de la Comisión Europea de restringir el transporte de líquidos a bordo, deberían expirar transcurridos seis meses tras su imposición. Si hay que ampliarlos, deberán someterse a una nueva evaluación exhaustiva de la amenaza para la seguridad y los costes de la medida.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado en contra de las enmiendas encaminadas a otorgar tareas de protección a la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Esa es una cuestión separada que no se debe mezclar aquí.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El refuerzo de las normas comunes de seguridad aérea constituye un objetivo clave de la política de transporte.

Hay que hacer frente a las amenazas terroristas con objetivos claros y precisos. Nuestros objetivos deben ser garantizar la máxima seguridad de los pasajeros y combatir estos delitos de forma implacable.

La eficacia, la claridad y la coherencia de las disposiciones europeas deben ser nuestros objetivos principales.

Quedan algunas cuestiones importantes por resolver, como el reparto de los costes de la seguridad en la aviación, las medidas más restrictivas aplicadas por uno o varios Estados miembros y el transporte de líquidos a bordo. Sin embargo, a la hora de resolver estas cuestiones no debemos perder de vista el objetivo principal de garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluso aunque a veces sea a expensas de la comodidad y la puntualidad de los servicios de transporte aéreo. Por lo tanto, nuestra obligación es conseguir un equilibrio entre estos dos factores: la seguridad y la calidad del transporte. Al mismo tiempo ¿qué sentido tiene el transporte de gran calidad si no se cumplen las exigentes normas de seguridad?

- Informe Seeber (A6-0064/2007)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El objetivo de esta Directiva es crear un marco legislativo para la evaluación y la gestión de los riesgos de inundaciones con el fin de proteger la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Este objetivo debe conseguirse mediante un planteamiento de tres fases. En primer lugar, se hará una evaluación inicial de los riesgos de inundaciones con el fin de identificar las zonas de riesgo, a continuación se trazarán mapas de este tipo de riesgos y, por último, se elaborarán planes de gestión de los mismos para las cuencas hidrográficas.

Sin querer cuestionar los principios y objetivos de la propuesta que tenemos ante nosotros, me gustaría saber por qué no se ha establecido un instrumento similar para el problema de la sequía, que cada año afecta a millones de ciudadanos de la UE, con consecuencias especialmente devastadoras para el sector agrícola y el suministro de agua a las poblaciones.

Esta omisión es especialmente grave dadas las recomendaciones realizadas por el Parlamento en su resolución de mayo de 2006 sobre desastres naturales, la cual, entre otros aspectos, solicitaba a la Comisión que presentase una estrategia sobre la sequía en la que basar la política europea de prevención y gestión de riesgos de sequía, lo que incluye estrategias para minimizar su impacto.

Por lo tanto, pese a que hemos votado a favor de este informe, nos decepciona enormemente esta omisión y quisiéramos destacar que es necesaria una estrategia sobre sequías.

  Christa Klaß (PPE-DE), por escrito. (DE) Cuando se trata de inundaciones, el agua es una fuerza de la naturaleza que pone en peligro nuestra salud, el medio ambiente, las infraestructuras y nuestra propiedad. El agua no tiene en cuenta las fronteras. Es importante que la UE use esta propuesta de Directiva sobre la evaluación y la gestión de riesgos de inundaciones para promover una mayor colaboración transfronteriza, que deberá basarse en los planes existentes y los diseños que poseen los Estados miembros, fundamentados en los mejores datos, procedimientos y tecnologías disponibles en el campo de la gestión de riesgos de inundaciones.

Me complace que se haya alcanzado un acuerdo sobre las últimas cuestiones pendientes, de forma que la nueva Directiva pueda entrar rápidamente en vigor.

Las inundaciones constituyen un riesgo constante para las personas que viven en los valles fluviales, aunque en cierta medida pueden hacer que sus propiedades sean a prueba de inundaciones. Un pueblo del valle del Mosela vecino al mío encontró su salvación en la construcción de una presa protectora ante inundaciones, pero aquellas medidas preventivas en las que participa todo el público son mucho mejores y más efectivas.

En el informe se hace referencia al principio de solidaridad, que entra en juego en los pueblos cuando se produce una inundación y todos ayudan a todos y los voluntarios de la brigada de incendios muestran una admirable dedicación. Es este principio de solidaridad el que debe desarrollarse y respaldarse, no solo en los pueblos afectados por inundaciones, sino también a través de todas las fronteras.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Las acciones comunitarias sobre cuestiones relativas al cambio climático tienen una importancia fundamental para el futuro. Por este motivo, considero que las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias y los Estados miembros no pueden ser medidas particulares que se concentren solamente en un aspecto de los fenómenos y pasen por alto el resto.

Por lo tanto, defiendo que existan medidas integradas sobre fenómenos climáticos. A la hora de votar sobre la evaluación y la gestión de inundaciones, es obvio que estamos pasando por alto el hecho de que estas van de la mano de otros fenómenos como la sequía y el fuego.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Esto es un guiño a la naturaleza: justo cuando una ola de calor sin precedentes se abate sobre el norte de Europa en abril de 2007, este mediodía el Parlamento Europeo acaba de decir «sí» a una mayor coordinación entre los Estados miembros en la lucha contra las inundaciones.

Se trata de una respuesta práctica a las catástrofes naturales cada vez más frecuentes y dramáticas en nuestros territorios: mis compatriotas belgas recordarán las inundaciones de diciembre de 2002 y ¿cómo no mencionar en esta Cámara las inundaciones de Europa Central y Oriental en los veranos de 2002 y 2005? Esas dos tragedias que justificaron la activación del mecanismo europeo de protección civil.

A este respecto, celebro el papel de coordinación desempeñado por la Comisión en la gestión de catástrofes graves a través del Centro de Control e Información de Bruselas.

Quiero hacer una sugerencia: en aras de la eficacia, el Centro europeo debería estar coordinado con los servicios meteorológicos e hidrológicos de los 27 Estados miembros.

Para evitar que Europa sufra inundaciones demasiado a menudo, me parece que es urgente que en los planes de gestión de riesgos se tengan en cuenta los permisos de deforestación, cultivos agrícolas y de construcción en zonas de riesgo de inundación, tal como reclama el informe Seeber.

- Informe Mikolášik (A6-0031/2007)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Acabamos de votar un informe en el que se solicita que se adopten un texto y enmiendas que eliminarían, tanto en la actualidad como en el futuro, la posibilidad de que todos los Estados miembros de la UE se vean obligados a aceptar el uso de embriones humanos para la investigación y posiblemente para tratamientos, además de la creación de híbridos de humanos y animales con los que se comerciaría por sus tejidos, y también intervenciones en la línea germinal humana.

Tal como ha votado la mayoría en esta Cámara, parecería que por el momento se ha aprobado un texto que es todavía neutral desde el punto de vista ético, pero solo será así mientras no aparezcan en el mercado productos basados en la investigación con células madre. Como ser humano, padre y doctor, siempre haré presión a favor del derecho de las naciones a no aplicar estas prácticas. Rechazo firmemente toda posibilidad futura de comerciar con tejidos humanos, comprar y vender embriones, utilizar la eugenesia o modificar de forma eugenésica el genoma humano.

El 23 de abril la Comisión Europea garantizó al Parlamento que la comercialización del cuerpo humano es totalmente imposible, ya que está contemplada en la legislación Europea. Puedo garantizarles que el Parlamento Europeo y yo haremos un seguimiento de cerca y controlaremos que se cumpla este principio.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) El Parlamento ha votado a favor de la armonización en las áreas de la terapia genética, la terapia celular y los productos de ingeniería de tejidos. La existencia de un registro central integrará el mercado, reducirá los costes, aumentará la competitividad europea y aumentará la esperanza de encontrar curas a enfermedades graves. Hasta aquí los beneficios.

Como cuestión de principios, Señorías, me opongo al hecho de que ustedes se hayan negado a establecer límites a la experimentación con genes humanos. Los liberales europeos, los socialistas y la izquierda extrema no han tenido en cuenta las opiniones de los expertos de tres comisiones y han rechazado nuestro paquete de enmiendas que ilegalizaban ideas monstruosas como el transplante del ADN humano en embriones de animales. También se ha abierto la posibilidad de modificar las células humanas y comerciar con cuerpos humanos. Me gustaría saber conforme a qué criterios funcionará el registro de Londres.

¿Cómo podemos cumplir los objetivos del mercado único cuando en algunos antiguos Estados miembros la clonación de seres humanos con animales y otros experimentos que constituyen una amenaza para el desarrollo humano no se consideran delitos? Lamentablemente, algunos países todavía deben ratificar el Convenio Internacional de Derechos Humanos y Biomedicina. Mi «no» en la votación final constituye una expresión de sentido común, que indica que este es un paso terriblemente irresponsable e imprudente.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) Hoy he votado a favor del paquete de medidas encaminadas a asegurar la inclusión de salvaguardias éticas fundamentales en la legislación sobre medicamentos de terapia avanzada. Con esas enmiendas se pretende proteger los principios de no comercialización del cuerpo humano y de sus partes mediante la donación voluntaria y gratuita de tejidos y células; prohibir todas las intervenciones en el genoma humano que puedan transmitirse a las generaciones futuras, y asegurar que no se use en investigación el material procedente de embriones ni quimeras de híbridos humanos y animales. Por último, estoy de acuerdo con la enmienda relativa al principio de subsidiariedad, que en este caso aporta seguridad jurídica a los Estados miembros para excluir el uso de ciertas células éticamente controvertidas.

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), por escrito. (DE) Al dar luz verde al Reglamento de las nuevas terapias, la Cámara se ha dejado cegar por una alianza de socialdemócratas, la Comisión y el Gobierno alemán, y al hacerlo ha vendido sus valores. Es vergonzoso que los diputados borren del mapa la prohibición explícita relativa a la comercialización del cuerpo humano, la interferencia en la identidad genética y la producción de híbridos de humanos y animales.

La votación ha estado en gran parte influenciada por la intensa presión ejercida en nombre del Gobierno alemán, que al tiempo que presidía el Consejo, contribuía a la demolición de los valores europeos destacados en la Declaración de Berlín y a garantizar que solo se defendieran de boquilla.

Solamente la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento (de la que fui ponente) para la retirada de las células madre embrionarias del ámbito de aplicación del Reglamento habría garantizado claridad y seguridad jurídica. Ahora es algo más que una sospecha que los representantes del Gobierno alemán querían utilizar a la Unión Europea para anular la legislación alemana sobre células madre y la derogación de la Comisión, que esta Cámara respalda ahora en un principio, será desestimada en una resolución judicial.

Hoy el Parlamento no ha conseguido llegar tan lejos como el consenso europeo prevaleciente, expresado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en la Directiva sobre patentes de biotecnología, y ha abierto las puertas para que las personas sean tratadas como mercancías. Todavía cabe esperar que otros Estados miembros en el Consejo sean lo suficientemente valientes para detener la decadencia de la bioética que se pregona hoy y exijan un cambio completo.

  Niels Busk, Anne E. Jensen y Karin Riis-Jørgensen (ALDE), por escrito. (DA) Explicación de voto en nombre de Karin Riis-Jørgensen, Anne E. Jensen y Niels Busk, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.

Se han presentado varias enmiendas éticas que son bastante superfluas y que, como poco, enturbian las aguas respecto a este tema.

El principio que rige la donación de células madre y tejidos sin remuneración alguna ya se establece en la Directiva sobre células madre y tejidos. Respaldamos este principio, que se ha aplicado antes de esta votación, durante la misma y seguirá aplicándose después.

Son los Estados miembros los que tienen y deberían seguir teniendo la competencia en el tema de las decisiones éticas.

  Marco Cappato (ALDE), por escrito. (IT) Hemos votado a favor de las enmiendas de transacción presentadas por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa junto con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, porque creemos que solo la rápida aprobación de una reglamentación europea sobre las terapias avanzadas puede proteger a millones de ciudadanos que esperan tratamientos eficaces y la libertad de la investigación científica. Médicos e investigadores deben poder moverse en un contexto normativo seguro, que reconozca su trabajo sobre una base europea y garantice el acceso a los tratamientos a todos los pacientes que los necesiten.

El Parlamento ha rechazado, por una amplia mayoría, las denominadas «enmiendas éticas», en realidad anticientíficas y que persiguen el único objetivo de retrasar e impedir la adopción de una normativa que permita más funcionalidad y competitividad a la investigación científica europea, así como esperanza a los pacientes.

Las supuestas objeciones éticas han sido ampliamente superadas por el hecho de que la independencia de los Estados miembros garantiza la posibilidad de imponer limitaciones a la investigación, como aún sucede en Italia por lo que respecta al uso de células madre embrionarias. El voto de hoy, pues, no es más que un paso indispensable para garantizar a los ciudadanos europeos la igualdad de acceso a los tratamientos y dar una perspectiva de esperanza a los muchos que hoy se ven obligados a afrontar costosos viajes para acceder a tratamientos más adecuados, reforzando al mismo tiempo la libertad científica.

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), por escrito. (EN) Nuestra postura en la votación, especialmente sobre el bloque 3, refleja una serie de factores, entre ellos la convicción de que esas materias deben decidirse en el plano nacional, así como el hecho de que nuestro partido aún debe adoptar una postura formal sobre ciertas cuestiones surgidas en la votación de hoy.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He apoyado todas las enmiendas favorables a las terapias avanzadas y, en particular, a los productos de terapia celular. He votado en contra de las enmiendas de los eternos reaccionarios, que, con el pretexto de defender la vida naciente –el embrión–, quieren prohibir todo recurso a las células de origen embrionario, aunque sea indirecto. A fuerza de sacralizar cualquier célula embrionaria, los defensores de la vida naciente olvidan la vida que ya está ahí, las enfermedades genéticas y todos los sufrimientos humanos que podrían evitarse o mitigarse con las terapias avanzadas.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Señor Presidente, he votado a favor de lo que, por conveniencia, denominaré el paquete del diálogo a tres bandas. Con esta legislación y este planteamiento quisiéramos dar a la gente enferma o que sufre la oportunidad de beneficiarse lo antes posible de los nuevos y avanzados tratamientos. He estudiado detalladamente la propuesta de Reglamento y las enmiendas, y he llegado a la conclusión de que podíamos aprobar esta legislación con la conciencia tranquila sin socavar la autonomía de los Estados miembros.

Por lo tanto, comparto la alegría de muchos pacientes por el hecho de que la votación haya concluido favorablemente.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. (DE) Apruebo el informe, incluso a pesar de que no se aprobarán todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ni todas ellas puedan verse con buenos ojos. Es suficiente que las cuestiones éticas se regulen conforme a la base de la subsidiaridad. El Reglamento prácticamente se aplicaba a productos que no permiten ninguna discusión ética y debe entrar en vigor si quiere garantizarse la protección y la seguridad de los pacientes europeos.

Me opongo a la explotación del cuerpo humano o de las partes del mismo a cambio de un beneficio comercial.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. (DE) El denominado «paquete de enmiendas de transacción» de los comunistas, socialistas y liberales no solo rechaza importantes exigencias en cuanto a las normas éticas comunes, sino que también pone a los Estados miembros en una situación de impotencia con respecto a su responsabilidad en la prestación de atención sanitaria nacional.

El compromiso, tal como se ha aprobado, no es para nada adecuado a la labor en cuestión. Las pequeñas y medianas empresas que trabajan en el ámbito nacional conjuntamente con los hospitales quedan exentas del requisito de obtener licencias nacionales, mientras que otros se ven obligados a ir ante la agencia en Londres. El compromiso se ha deshecho por indicación de la industria a gran escala, a pesar de los intereses de los trabajadores por cuenta propia y el sector de la pequeña y mediana empresa.

No solo esto, sino que los Estados miembros también están perdiendo su independencia en cuestiones de salud pública, ya que ahora será una agencia situada en Inglaterra la que decidirá sobre la concesión de licencias para fármacos. Esto va en contra del concepto de subsidiaridad y responsabilidad nacional en áreas tan fundamentales como la salud pública y la protección del consumidor.

Se ha perdido la oportunidad de establecer principios éticos fundamentales para toda Europa. Antes en Europa no se apoyaba la interferencia en la identidad genética humana y se prohibía ipso facto la comercialización del cuerpo humano y sus órganos. Aunque el compromiso alcanzado rechaza estos principios de respecto por la vida humana, existen algunas cuestiones que son esenciales y adversas a los raídos compromisos políticos, y la manipulación de la vida humana es una de ellas. Por esto he votado en contra del informe.

- Informe Zingaretti (A6-0073/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, pese a la importancia obvia de la protección de la propiedad intelectual y su papel esencial para el éxito de las empresas, he votado en contra del informe Zingaretti. Si la Unión Europea desea tomarse realmente en serio la protección de la propiedad intelectual, tal como se establece en la Carta de los Derechos Fundamentales, lo que debe hacer es tomar más medidas para hacer frente a las infracciones que se cometen contra esta en lugares como China. Pero, en lugar de otorgar finalmente una gran importancia a este problema y hacer algo al respecto, parece que lo que se pretende es poner obstáculos a las nuevas invenciones y castigar como delitos las infracciones cometidas en el ámbito privado sin ánimo de lucro, ya que esto es precisamente lo que haría la Directiva en su forma actual. Desde mi punto de vista, las actuales palabras huecas podrían perjudicar a la competencia, obstaculizar el crecimiento económico y preparar el camino para una especie de censura.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Me gustaría explicar por qué he votado en contra de la Directiva sobre penalización de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Esto comenzó como una buena idea, ya que realmente apoyo las penalizaciones contra las falsificaciones y la piratería.

Lamentablemente, tal como ha resultado la Directiva no contribuiría mucho a combatir la falsificación procedente de Asia. Al contrario: en lugar de ofrecer protección a los empresarios innovadores, la falta de coherencia de algunos apartados los deja expuestos al abuso en la lucha por la competitividad. Incluso los empresarios europeos podrían enfrentarse en el futuro a quejas injustas quizás procedentes de falsificadores asiáticos. La Unión debería centrarse en hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual fuera de sus fronteras, no en penalizar a sus propios ciudadanos y empresas.

Me opongo a la idea de que, por primera vez en su historia, la Unión intervenga en el derecho penal de los Estados miembros. No estoy de acuerdo con que la Unión aplique la responsabilidad penal contra entidades jurídicas en países que, como la República Checa, no la incluyen en su legislación. Me opongo a la idea de que el público en general, periodistas, científicos y consumidores normales puedan ser castigados conforme a la denominada «responsabilidad penal derivada».

Para concluir, quisiera pedir que se modifique mi primera votación de los Artículos 43 y 44. Pese a estar a favor, presioné la luz roja por error.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de las enmiendas 43 y 44 y en contra del informe en la votación final, ya que creemos que no se ha demostrado de forma adecuada que existen motivos jurídicos conforme al primer pilar para las disposiciones comunes de Derecho Penal en el campo de la legislación en materia de propiedad intelectual. La extensa interpretación del fallo del Tribunal Europeo de Justicia en el caso C-176/03 hecha por la Comisión ha sido cuestionada, y no puede ampliarse así sin una investigación previa de forma que también se aplique en el área de la legislación de la propiedad intelectual.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega deiputado, el señor Zingaretti, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Naturalmente, la Comisión Europea no tiene y no debe tener poderes jurídicos, salvo a la hora de negociar entre los pueblos. La justicia penal es responsabilidad del pueblo y no de la Unión Europea. Ello no impide adoptar directivas que transmitan mensajes a los Estados miembros con el fin de garantizar la efectividad del Derecho comunitario. Así, en el ámbito de las patentes y, más en general, de la propiedad intelectual, es urgente elaborar un marco jurídico europeo fiable y respetado. La falsificación, la piratería, la copia, el robo, etc. son demasiado graves para no sancionarlos.

  Marco Cappato (ALDE), por escrito. (IT) Como miembros radicales del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa hemos votado junto con nuestro Grupo en contra del informe del señor Zingaretti porque creemos que, para aplicar por primera vez disposiciones penales a las violaciones del derecho de autor, hacen falta cautelas y contrapesos, que no han quedado reflejados en las enmiendas aprobadas.

Hacer frente a las organizaciones y las mafias internacionales de la falsificación es sin duda una prioridad, pero arriesgarse a incriminar a decenas de millones de ciudadanos, aunque solo sea exponiendo a aventurados procesos penales a quien utiliza Internet para descargar música en las redes de intercambio, se traduce en una política alejada de la realidad y contraproducente también para la lucha contra las organizaciones criminales.

El Grupo ALDE había presentado enmiendas pragmáticas para equilibrar el informe, reduciendo el ámbito de aplicación de la Directiva a los derechos de autor y las marcas industriales e indicando claramente las circunstancias agravantes, como la delincuencia organizada o los atentados contra la salud pública y la seguridad, que permitirían aplicar sanciones penales. Tratamos también de circunscribir el mandato de los «equipos conjuntos de investigación», que conferirían a las empresas la facultad de participar activamente en las investigaciones y en la recopilación de pruebas.

  Charlotte Cederschiöld, Lena Ek, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Olle Schmidt, Anders Wijkman y Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha votado en contra del informe del señor Zingaretti basándose en que, conforme a los tratados de la UE, el Derecho Penal es competencia nacional. En aquellas áreas en las que los Estados miembros han optado, no obstante, por colaborar en este ámbito (por ejemplo en determinado tipo de delitos transfronterizos), las decisiones debería tomarlas el Consejo, y por lo tanto el fundamento jurídico debe encontrarse conforme al tercer pilar intergubernamental (que abarca cuestiones jurídicas e interiores) y no conforme al primero, que recoge el Derecho comunitario.

Dado que no contamos con un Tratado Constitucional que otorgue derechos fundamentales en el ámbito comunitario, tampoco podemos contar con un Derecho Penal común europeo.

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (PSE), por escrito. (DA) Los diputados socialdemócratas daneses al Parlamento Europeo hemos votado a favor de la enmienda 43, presentada por el señor Guidoni, el señor Holm, el señor Pafilis, el señor Remek y la señora Figueiredo en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

La Directiva no tiene una calidad suficientemente alta conforme a la opinión de la delegación. A pesar de no poder impedir de forma adecuada la delincuencia organizada en este ámbito –objetivo de la propuesta–, la Directiva tampoco proporciona una protección satisfactoria a los ciudadanos que sin saberlo han infringido derechos de propiedad intelectual.

Los diputados socialdemócratas daneses al Parlamento Europeo nos hemos abstenido en la votación sobre la propuesta en su conjunto, ya que la delegación cree que la propuesta es contraria a los reglamentos existentes. Sin embargo, la delegación quisiera destacar que apoya que se hagan cumplir los derechos de propiedad intelectual.

  Brian Crowley (UEN), por escrito. (EN) Yo no estoy de acuerdo con la decisión aprobada hoy, que pretende dar a la Unión Europea el poder de imponer sanciones penales a quienes infrinjan los derechos de propiedad intelectual.

Espero que el Consejo de Ministros de la UE adopte un punto de vista contrario al que ha decidido hoy el Parlamento Europeo. En Irlanda funcionamos con el llamado sistema del Derecho común, en oposición al sistema de Código civil vigente en muchos otros Estados miembros. En Irlanda tenemos un sistema judicial en el que se presume la inocencia de una persona hasta que se demuestre su culpabilidad, mientras que en muchos otros Estados miembros sucede lo contrario.

No podemos permitir que se desarrolle un sistema según el cual la Unión Europea tiene las manos libres para imponer sanciones penales en Europa.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dicho que la UE puede imponer sanciones penales por graves infracciones del Derecho ambiental de la UE, pero esto no se puede interpretar en el sentido de que la Unión Europea pueda imponer sanciones penales por cualquier cosa que se le antoje.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos oponemos totalmente al fundamento jurídico empleado por la Comisión para presentar esta propuesta sobre medidas penales dirigidas a garantizar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y nos decepciona enormemente que no se aprobase nuestra propuesta de rechazo.

Conforme a un fallo del Tribunal Europeo de Justicia sobre el medio ambiente –respecto al que se podrían plantear una serie de preguntas–, la Comisión ha presentado una propuesta de Directiva que establece medidas penales que deberán adoptar los Estados miembros en caso de incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. El derecho penal corresponde exclusivamente a los Estados miembros. Por lo tanto, creemos que la Comisión no tiene derecho a presentar textos legislativos sobre esta cuestión.

Nos decepciona que se hayan rechazado la mayoría de nuestras propuestas, que pretendían bloquear la mayor parte de los aspectos más negativos de la propuesta de la Comisión. El informe contiene algunos puntos positivos, aprobados por la mayoría, pero en general lo negativo supera a lo positivo. También nos parece inaceptable que, conforme a la propuesta de la Comisión, se permita a las empresas privadas participar en las investigaciones penales.

Por lo tanto, hemos votado en contra del informe.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Lista de Junio ha señalado en numerosas ocasiones que el derecho penal no debería ser competencia de la UE. Esto se ha confirmado en general con el fallo del Tribunal Europeo de Justicia del 13 de septiembre de 2005 en el asunto C-176/03, en el que la Comisión se opuso al Consejo. Sin embargo, el ponente cree que las propuestas relacionadas con la imposición de sanciones en el ámbito comunitario son «perfectamente coherentes con la interpretación amplia realizada por la Comisión... de la sentencia del Tribunal de Justicia».

El informe es insostenible desde un punto de vista jurídico. Nos preocupa la libertad de expresión y el derecho al intercambio de información. Es obvio que la Comisión y muchos diputados al Parlamento Europeo están cediendo ante las potentes industrias de la música y el cine y sus intereses especiales. Lo hacen sin tener en cuenta ni la clara interpretación de los poderes de la UE que hace el Tribunal Europeo de Justicia, ni la necesidad de seguridad jurídica de los ciudadanos. Aparte de algunas enmiendas que respalda la Lista de Junio, es difícil encontrar algo que constituya una ventaja para los ciudadanos en lo que se refiere al derecho a la libertad de expresión y el intercambio de información. Por tanto, hemos optado por abstenernos en la votación de estas enmiendas en las que habríamos tenido que elegir entre dos males.

La Lista de Junio defiende la protección mediante derechos de autor, pero cree que la propuesta de la Comisión constituye una amenaza para la democracia.

Por lo tanto, la Lista de Junio votará en contra de este informe en su conjunto.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado en contra de este informe, pues pretende imponer sanciones penales a los usuarios finales de bienes falsificados, es decir, a los consumidores. Creo que son los productores de esos bienes a quienes hay que castigar, no a los consumidores.

  Arlene McCarthy (PSE), por escrito. (EN) Aunque el Partido Laborista en el Parlamento Europeo aplaude el trabajo del ponente, el señor Zingaretti, sobre la propuesta relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, seguimos teniendo serias reservas acerca de la propuesta de la Comisión de ampliar urgentemente las sanciones penales a la legislación del primer pilar antes de que concluyan los actuales juicios ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Además, algunas de las propuestas aprobadas hoy en relación con las definiciones de infracción intencional y escala comercial, amenazan con eliminar la discrecionalidad de los cualificados jueces nacionales para tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Tales decisiones han de dejarse en manos de los órganos jurisdiccionales nacionales, que tienen amplia experiencia en este tipo de asuntos. El texto aprobado por el Parlamento puede conducir a encarcelar a consumidores inocentes, generando al mismo tiempo lagunas en beneficio de delincuentes individuales implicados en el crimen organizado y delitos graves.

El compromiso aceptado por el ponente llevará a la inseguridad jurídica y acabará con una discrecionalidad esencial para los jueces y tribunales nacionales. Por este motivo, los diputados laboristas al Parlamento Europeo hemos votados en contra.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La Directiva constituye un esfuerzo por restablecer «por debajo de la mesa» importantes disposiciones reaccionarias de la «Euroconstitución» que ha sido rechazada por el pueblo. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo tratan de anular de forma flagrante el principio de unanimidad de los Estados miembros con el fin de adoptar medidas penales en el ámbito comunitario, aboliendo uno de los principios básicos de la soberanía nacional de sus Estados miembros.

Por otra parte, el contenido de la Directiva, aprobada en el Parlamento Europeo por la archiconocida «santa alianza» entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, los socialistas y los liberales, no hace más que ajustarse a las provocativas demandas de los monopolios de dominar, sin barrera alguna, el sector de la creatividad intelectual. Con la vaguedad intencionada de las definiciones de los «delitos» de incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, la imposición de penas severas (un mínimo de cuatro años de prisión y 300 000 euros de multa) y la privatización sin precedentes de los procesos penales, al disponer la participación de las grandes empresas en las indagaciones judiciales y policiales con respecto a la violación de sus derechos, existe un intento claro de los monopolios por ejercer un control riguroso sobre todos los sectores de la creatividad intelectual. La UE incluso ha penalizado el libre acceso de los trabajadores a las creaciones intelectuales para dominar este sector de la creatividad humana e impulsar los beneficios del capital eurounificador.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Conforme a la propuesta de Directiva sobre medidas penales para garantizar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, los Estados miembros deben penalizar cada violación deliberada de los derechos de propiedad intelectual si dichas acciones se producen a escala comercial. Las falsificaciones y la piratería constituyen delitos claramente sancionables. Hasta ahí, todo en orden.

Sin embargo, me niego a respaldar el informe Zingaretti por una serie de motivos. La lista limitadora de los derechos de propiedad incrementa la incertidumbre jurídica. Es inaceptable que se desanime la innovación, la creatividad y las inversiones de las empresas si resulta que estas han violado dichos derechos sin proponérselo, e inmediatamente serán perseguidas conforme al derecho penal.

Por otra parte, el concepto de «escala comercial» se ha dejado un poco vago. ¿Incluiría a un músico callejero? ¿Queda excluido el uso personal?

También se me ocurren algunas preguntas serias sobre la subsidiaridad y la proporcionalidad. Especificar la naturaleza y el nivel de las sanciones no depende de la UE, especialmente si afectan a las libertades personales y, pese a que el informe propone en su artículo 7 equipos de investigación en beneficio de los gestores colectivos de los derechos de autor, la privatización del enjuiciamiento penal tampoco es una opción.

La gente tiene derecho a una legislación inequívoca y este informe se queda corto en ese sentido.

- Informe Sterckx (A6-0086/2007)

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) La política europea en materia de seguridad marítima ha ocupado un lugar destacado en la agenda política europea desde 1999. Los desastres del Erika en 1999 y el Prestige en 2002 trágicamente demostraron en qué medida se han quedado cortas la política europea y las estrategias de los Estados miembros en caso de naufragio.

Creo que este informe contribuirá a mejorar la seguridad y la efectividad del tráfico marítimo en su conjunto.

Respecto a las implicaciones para el sector pesquero, desde mi punto de vista el informe es equilibrado y establece protección para los pequeños buques pesqueros que no parecen estar obligados a instalar el Sistema de Identificación Automática.

Votaré a favor de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) En términos generales celebramos la propuesta de instalar un sistema de control e información sobre el tráfico de buques con la idea de prevenir accidentes y mejorar la seguridad del tráfico marítimo.

Sin embargo, no podemos aceptar algunas de las enmiendas propuestas, como por ejemplo la de entregar el poder de decisión sobre la acogida de buques en peligro a una denominada «autoridad independiente», que en absoluto sería independiente, dado el conflicto de intereses que implica, como sucedió con el desastre del Prestige incluido el nombre del puerto de refugio.

Esta es una responsabilidad que recae en cada uno de los Estados miembros. La gestión de las Zonas Económicas Exclusivas depende de las autoridades nacionales de cada Estado miembro titular de su soberanía. Los Estados miembros son responsables de garantizar la gestión de sus recursos marítimos.

Por lo tanto, proponemos que toda iniciativa en el marco de la seguridad del transporte marítimo en el ámbito comunitario –al menos las iniciativas que consideramos relevantes y necesarias– forme parte del marco de cooperación entre los Estados miembros, sin infringir sus poderes soberanos.

- Informe Costa (A6-0063/2007)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Pese al afán de muchos euroescépticos miembros del UKIP por demonizar este informe, votaré a favor de él porque se ha desbaratado el intento de la Comisión y del ponente de ampliar su ámbito de aplicación a la navegación por vías interiores. En cuanto a la inclusión del transporte marítimo nacional, las reglas aprobadas ya se aplican en gran medida en el Reino Unido, por lo que no suponen ningún peligro para el servicio de transbordadores en mi región, ya sea a las islas Scilly o a Lundy, y su dimensión internacional tampoco afectará a los servicios desde Gibraltar. Básicamente, no veo motivo para que los viajeros que usen el barco no tengan el mismo nivel de protección que quienes viajen en tren o en avión.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) En términos generales, celebramos esta propuesta sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar.

Se trata de una propuesta principalmente dirigida a tener en cuenta los derechos de los pasajeros en el mar de acuerdo con lo que sucede actualmente en el transporte aéreo. Por ejemplo, conforme a la propuesta que tenemos ante nosotros, los transportistas deben contar con un seguro que pueda activarse en caso de accidente. También amplía el alcance de la responsabilidad de los transportistas en lo que respecta a los niveles de compensación económica que se concederán a los pasajeros en caso de accidente.

Es menos loable que en la votación de hoy se haya eliminado del ámbito de aplicación de este Reglamento el transporte por vías navegables interiores.

Consideramos que la necesidad de crear este tipo de instrumento también está asociado al descenso de los niveles de seguridad que, a su vez, es consecuencia de la eliminación o la reducción de los transportistas estatales y el aumento de los operadores privados. Con frecuencia, estos últimos no cumplen las normas de calidad y las condiciones de trabajo, lo que se manifiesta en el aumento del uso de contratos laborales poco estables. El respeto por la seguridad de los pasajeros va de la mano del respeto por los trabajadores.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe relativo a la protección en caso de accidentes marítimos. Sin embargo, en particular he votado en contra de las enmiendas que pretendían excluir la navegación interior de la legislación, pues me da la impresión de que existe una diferencia de cobertura de responsabilidad entre los accidentes en el mar y los producidos en otras aguas, como los ríos.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de excluir la navegación interior del ámbito de aplicación de esta Directiva por varios motivos.

En primer lugar, el informe se presentó para conseguir que hubiera unas responsabilidades adecuadas sobre los barcos que navegan por el mar, no por las aguas interiores, como la travesía de ríos y estuarios.

En segundo lugar, la ampliación del ámbito de aplicación de esta propuesta para incluir las aguas interiores sería fuente de graves problemas no solo para la navegación interior de placer en el Reino Unido, sino también para muchos cruces de ríos, que representan un servicio público fundamental y forman parte de la red de transportes públicos.

En tercer lugar, incluir las travesías de los estuarios en esta legislación supondría una gran carga añadida para los operadores, comprometiendo la viabilidad misma de algunos de ellos.

Me ha sorprendido que los liberales demócratas hayan secundado el intento de incluir la navegación interior, lo que podría afectar negativamente al funcionamiento de los transbordadores del río Mersey, a quienes dicen apoyar.

Afortunadamente, el Pleno, con su sabiduría, ha rechazado el punto de vista de nuestro ponente liberal, eliminando los problemas mencionados.

Por lo tanto, puedo votar gustosamente a favor del informe enmendado por el Pleno.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) Junto con mis colegas del Partido Laborista en el Parlamento Europeo he votado a favor de excluir la navegación interior de estas medidas. La enmienda ha salido adelante pese a la oposición de los liberales demócratas, partidarios de incluir esas pequeñas embarcaciones, lo que generaría costes desproporcionados, reduciría su viabilidad económica y derivaría en una pérdida de servicio.

En particular, quiero expresar mi condena a los inaceptables artículos de prensa que precedieron a esta votación, alentados por ciertos partidos políticos, que despertaban falsas preocupaciones. Sin duda, operadores como los transbordadores de la isla de Wight se habrán visto obligados a considerar su viabilidad económica tras leer esos artículos. Por eso, debemos celebrar que, como he dicho, esas medidas no se vayan a introducir.

- Informe Vlasto (A6-0081/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega y amiga, la señora Vlasto, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el control por el Estado del puerto. No soy un especialista en el tema, pero celebro el importante esfuerzo realizado por la señora Vlasto por defender una posición equilibrada en la reglamentación relativa a la inspección de los buques que entran en un puerto de la Unión Europea. Todo el mundo comprende, a la vista –y lamento decirlo– de los accidentes ocurridos, que el control del pabellón debe completarse con un control por el Estado del puerto. La refundición de la Directiva dirigida por la señora Vlasto, mucho más ambiciosa de lo que inicialmente proponía la Comisión Europea, permite avanzar hacia una seguridad marítima cada vez mayor en beneficio de las costas europeas, el medio ambiente, las empresas y los ciudadanos.

- Informe Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este texto.

El informe plantea el debate sobre las mejoras potenciales del entorno competitivo de la UE, en especial por lo que se refiere a las acciones privadas en reclamación de daños y perjuicios por infracciones al Derecho de competencia presentadas ante jurisdicciones civiles. Defiendo la idea de que se haga que estas acciones por daños y perjuicios sean más fáciles de incoar. El objetivo es «promover la competencia y no el activismo judicial». Sería oportuno favorecer soluciones rápidas y amistosas de naturaleza extrajudicial. El 90 % de los litigios entre profesionales y consumidores se resuelven de forma amistosa. Las empresas tienden a transigir, incluso cuando no son responsables, a fin de evitar un procedimiento judicial largo. Es deseable que Europa no importe directamente el modelo de proceso al estilo estadounidense. Hay que privilegiar modos alternativos de solución de litigios. Si todos pensamos en los grandes grupos ataques que se verán afectados de este modo, las PYME evidentemente no están protegidas. Por tanto, hay que estar atentos para que su supervivencia no corra peligro.

- Informe Liotard (A6-0054/2007)

   Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe relativo a la estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales. Ya nadie discute que los recursos naturales están amenazados. El crecimiento demográfico mundial en estos momentos –con un aumento de mil millones de habitantes en doce años, para alcanzar la cota de 6 500 millones de habitantes en la actualidad– justifica por sí solo la atención que debemos prestar a los recursos naturales. Aunque el informe podría haber sido más ambicioso, estructurado y documentado, sigue siendo un buen documento para contribuir a este difícil asunto del desarrollo sostenible.

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy hemos votado en contra de este informe. Su principal mensaje es que necesitamos reducir drásticamente el uso que hacemos de los recursos naturales y que el mejor modo de conseguir dicha reducción es un reglamento político de gran alcance. Los conservadores suecos tenemos nuestras dudas al respecto.

Creemos que el uso sostenible de los recursos naturales requiere unos derechos de propiedad claros, que permitan un uso de los recursos naturales regido por mecanismos de mercado y no por decisiones políticas. El uso de los recursos naturales en una economía de mercado hace mucho más por fomentar el desarrollo tecnológico y el ahorro que los reglamentos políticos.

La creatividad y la vida humana pretenden dejar su huella. El triunfo de la humanidad reside en que hemos desarrollado ideas y tecnología que han aumentado la productividad y reducido la pobreza en el mundo dos tercios en 50 años. Los conservadores suecos creemos que, a través de la producción y el comercio, no solo podemos poner fin a la pobreza, sino también mejorar nuestro entorno. Son precisamente la tecnología y la prosperidad quienes nos proporcionan la voluntad y los métodos para hacer exactamente eso.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La propuesta de la Comisión sobre la estrategia para los recursos naturales es demasiado restringida, tal como ha señalado la señora Liotard, ponente y miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Ella ha tratado de ampliar su ámbito de aplicación con las propuestas que ha presentado. La propuesta trata elementos esenciales como el agua, los árboles, el suelo y el petróleo, vitales no solo para nuestra economía, sino también para nuestra existencia.

Por ello celebramos la adopción de su informe, que defiende el desarrollo económico sostenible, además de un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de los recursos naturales y del acceso a los recursos y mercados para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de las personas. Sin embargo, lamentamos que no todas sus propuestas, las cuales respaldamos, se hayan incorporado en la resolución final.

Celebramos la inclusión de propuestas que demandan la reutilización y el reciclado, que la Comisión promueva tecnologías que generen productos duraderos, reparables, reutilizables y reciclables y el principio de proximidad que se mantendrá en toda la legislación.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Votaré a favor del traslado de impuestos como principio, aunque se describa mal en el texto. Creo que el impuesto sobre el capital y el consumo favorece la prosperidad y la justicia, y que la UE debería permitir a los Estados miembros que cambiasen de un tipo de impuesto a otro.

  Lars Wohlin (PPE-DE), por escrito. (SV) Hoy he optado por respaldar la enmienda 3 del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea al informe de la señora Liotard sobre el uso sostenible de recursos naturales. Apoyo el principio de reorganizar los impuestos gravados, de forma que los impuestos sobre el trabajo, el capital y el consumo que dificultan el crecimiento, sean sustituidos por impuestos sobre actividades que dañan el entorno. También debería producirse un cambio del impuesto sobre el trabajo al impuesto sobre el alcohol y el tabaco.

Sin embargo, no he podido respaldar el informe de la señora Liotard en su totalidad, debido a una serie de declaraciones desafortunadas que incluye. Por ejemplo, califica el transporte a larga distancia de productos agrícolas y bienes de consumo al por menor como indeseable. El comercio del que es consecuencia este tipo de transporte ha contribuido a sacar a millones de personas de la pobreza. Lo que debería limitarse en su lugar son las emisiones generadas por dicho transporte.

- Relaciones transatlánticas (RC-B6-0149/2007)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Votaré a favor de este informe. Un asunto del que Europa debe ocuparse urgentemente es la intención de los Estados Unidos de situar instalaciones de defensa contra misiles tácticos en nuestra frontera oriental. Son propuestas que amenazan con desestabilizar nuestras relaciones con Rusia, incitándola a modernizar y actualizar sus propios misiles y armas nucleares, además de animarles, en vez de disuadirles, a producir una bomba islámica. La reacción europea será una prueba de fuego para su capacidad de proteger nuestros propios intereses en política exterior en lugar de someternos al programa neoconservador estadounidense, que constituye una amenaza para todos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Resolución sobre las relaciones transatlánticas –firmada por la derecha y los socialdemócratas y aprobada hoy por la mayoría en el Parlamento– es una instantánea útil de la situación actual de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La mayoría en el Parlamento ha establecido la agenda y sus prioridades, entre las cuales me gustaría hacer hincapié en las siguientes:

- «celebra con entusiasmo la mejora de las relaciones Unión Europea-Estados Unidos de igual a igual» y expresa el deseo de compartir responsabilidades en lo que se denomina «gobernanza global»;

- «el refuerzo del mercado transatlántico» con la liberalización de los servicios financieros como «cuestión clave», y demandar «la convergencia en materia de regulación y la igualdad de las condiciones de competencia», dado el Acuerdo Multilateral sobre Inversión;

- la afirmación de «oportunidades favorables para que la UE y los Estados Unidos cooperen estrechamente» con relación a «los Balcanes occidentales, la región del Cáucaso meridional, el Asia central, Oriente Próximo, Afganistán, la Cuenca Mediterránea, la América Latina y África»;

- el refuerzo de la cooperación en el contexto de lo que denomina «la lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva» como «los principales retos en materia de seguridad para ambos socios», con la OTAN como «foro transatlántico de debate político en una genuina asociación entre iguales».

Esta agenda expresa las ambiciones de las principales potencias capitalistas europeas, especialmente Alemania, con respecto a los Estados Unidos.

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), por escrito. – (ES) En la resolución sobre las relaciones transatlánticas he votado en contra desde la convicción de que estas relaciones deben estar basadas en valores comunes que los Estados Unidos han demostrado en numerosas ocasiones no respetar, como demuestra el fracaso de la política exterior militarista del Presidente Bush, un ejemplo de la cual son los planes de situar misiles en algunos países de la Unión. La Administración estadounidense es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Afganistán, Iraq, Guantánamo y de las detenciones ilegales y las entregas en el caso de los vuelos de la CIA.

Debería ser condición inapelable para las relaciones de la UE y Estados Unidos la exigencia del respeto al Derecho Internacional sin fisuras. En el caso de Iraq debe abogarse por la retirada de tropas y el respeto sobre los recursos naturales. La UE debería exigir a EEUU la ratificación de diferentes tratados internacionales como son el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares, la Convención de Ottawa sobre minas antipersona y el protocolo de Kyoto. Del mismo modo la UE tiene denunciar la ilegalidad que supone la Ley Helms Burton y el embargo comercial que los Estados Unidos mantiene con Cuba.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Como bien señala la resolución, las relaciones transatlánticas han mejorado considerablemente durante los últimos años. Han recuperado la calidad que cabría esperar, aunque nunca podrán estar exentas de problemas y dificultades, ni tampoco puede pretenderse que lo estén. Resulta necesario invertir en esta buena relación. Si se echa un vistazo al viejo mundo de las décadas de los 70, 80 y 90 o al nuevo mundo que emergió tras la caída del Muro de Berlín, y a la llegada de la globalización, uno no puede sino llegar a la conclusión de que los Estados Unidos siguen siendo nuestro mayor aliado, nuestro mejor amigo y nuestro socio en la tarea de convertir este mundo en un lugar más libre y mejor desarrollado. La importancia de la alianza con los Estados Unidos de América es incuestionable y carece de parangón y no debe ponerse en peligro por opiniones políticas que siempre se han sustentado en la idea de que los Estados Unidos son el problema, más que una parte esencial del entramado de paz, prosperidad, democracia y libertad.

A un nivel más amplio, quiero expresar mi acuerdo con la intervención del Presidente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en el Parlamento, en la que ha abogado por la creación de un gran mercado transatlántico para 2015 y ha hecho un llamamiento a los Parlamentos a ambos lados del Atlántico para que participen en mayor medida en la elaboración de los cimientos legislativos para que se convierta en una realidad.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. Las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en la última década han sido muy fructíferas; en particular, los servicios financieros constituyen un aspecto muy positivo, en el que los Gobiernos y los políticos de ambos lados del Atlántico han constatado grandes avances.

Sería muy beneficioso que se pusieran en práctica los propósitos del Documento de Trabajo de la OCDE de 29 de mayo de 2005, que fue aprobado por ambas partes. La supresión de los obstáculos a que alude supondría un crecimiento de más de un 3 % del PIB cada año respecto al anterior. El mercado transatlántico exige grandes esfuerzos por ambas partes. No hacerlo así sería abandonar a nuestras industrias y nuestros pueblos amenazados económicamente en el entorno globalizado.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) Mi encuentro con el Presidente de la India me ha impedido votar sobre esta resolución. Como firme partidario de las relaciones transatlánticas, yo habría votado a favor. Sin embargo, estoy totalmente en contra de lo que ya es una maniobra regular y muy peligrosa en los documentos políticos de la UE: la suplantación de nuestros Gobiernos nacionales por la UE, en este caso con su intento de convertirse en interlocutor único de los Estados Unidos en las relaciones transatlánticas. Esto tiene un significado especial en el Reino Unido, y es un tipo de lenguaje que aparece también en relación con la OTAN. Además, hay que subrayar que la idea de un mercado único transatlántico fue una iniciativa conservadora británica de hace muchos años y ha sido incluida en otros informes recientes gracias a mis enmiendas. No veo motivo para que haya oficinas del Parlamento Europeo en otros países, y estoy totalmente en contra de la costosa propuesta, en el apartado 40, de una delegación oficial permanente del Parlamento en Washington DC.

- Informe Swoboda (A6-0092/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, quiero formular algunos comentarios breves acerca del informe sobre los progresos realizados por Croacia. Una vez que ha permitido a los eslovenos adquirir terrenos allí, Croacia ha hecho frente a sus obligaciones derivadas del acuerdo de estabilización y asociación, así que este punto de discordia debería darse por zanjado. También se ha realizado un progreso notable en la resolución del tema de los crímenes de guerra y, por último, hasta la Comisión de la Regiones manifestaba, en el informe que aprobó ayer, que la adhesión de Croacia acarrearía efectos financieros menores.

Así pues, opino que es una vergüenza que a Croacia, que pertenece sin lugar a dudas a la familia europea de pueblos y que cumple todas las condiciones requeridas para la adhesión, se le hayan dado largas durante tanto tiempo. En lugar de malgastar nuestro tiempo en Turquía, que ni está en condiciones ni tiene voluntad de cumplir con los requisitos de la UE, pero que sin embargo es lo suficientemente impertinente como para exigir que se señale una fecha para su adhesión, creo que todas nuestras energías deberían concentrarse en llevar a término rápidamente las negociaciones con Croacia.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, acabamos de aprobar un informe muy importante sobre los pasos cubiertos por Croacia para adherirse a los 27 Estados miembros de la UE. Nadie debería albergar ninguna duda de que Croacia pertenece a nuestra patria europea y de que debería convertirse pronto en un miembro de pleno derecho de la Comunidad.

Aunque algunos países se muestran contrarios a una nueva ampliación para dar entrada a Turquía o Ucrania, y a pesar de la necesidad de reforma de las instituciones de la UE para que puedan funcionar sin sobresaltos, no es posible detener el proceso de integración que se inició hace 50 años.

Estoy convencido de que Croacia proseguirá las reformas que ha comenzado, incluidas las de los ámbitos de la justicia, la administración y la lucha contra la corrupción, que le permitirán cumplir todas las condiciones políticas y económicas para ser miembro de la UE, en especial los criterios de Copenhague y las condiciones marcadas para el proceso de estabilización y asociación. Espero que Croacia se convierta en el 28º miembro de la UE, algo que deseo tanto para el país como para todos nosotros.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Opinamos que la ampliación de la UE es algo positivo. Sin embargo, la ampliación no se puede producir hasta que los países candidatos cumplan de hecho todos los requisitos impuestos para convertirse en miembros. La última ampliación, en la que Rumanía y Bulgaria entraron a ser miembros, se produjo con demasiada precipitación, ya que los países y sus sistemas no estaban preparados para ello.

A Croacia también le queda un largo camino por recorrer, por ejemplo, en cuanto a la reforma de su administración pública y su sistema judicial, antes de que pueda hacerse realidad su condición de miembro. Resulta alentador contemplar los progresos que se van realizando, pero por el bien tanto de Croacia como de la UE, este proceso importante e irrevocable no debería cubrirse con excesiva celeridad.

Además, resulta muy triste que el Parlamento Europeo esté utilizando algo tan importante como la ampliación para practicar, de forma poco democrática, propaganda en favor de la Constitución Europea. El considerando G afirma que el actual proyecto de Tratado Constitucional debe entrar en vigor, a pesar de que las poblaciones de Francia y los Países Bajos se hayan opuesto al mismo de manera clara e inequívoca. El apartado 7 señala, a su vez, que existe un «decreciente apoyo a la adhesión a la UE en Croacia». Si eso es así y la mayoría de los croatas se oponen a la pertenencia a la UE, lo más democrático es que Croacia no entre en la UE.

En consecuencia, hemos votado en contra de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Después de haber estado en primera línea en la desintegración de Yugoslavia –y no olvidemos el papel de Alemania al reconocer a Croacia a raíz del brutal ataque de la OTAN, que supuso el retorno de la guerra al continente europeo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial– y al cabo de muchos años de ocupación militar de los Balcanes por la UE/OTAN, la UE (sus principales potencias) está inquieta por avanzar hacia una nueva fase de dominio mediante la absorción de los países de esta región clave, en términos políticos y económicos, a través de su «integración».

Por lo que respecta a los objetivos planteados en el informe, quiero subrayar lo siguiente:

- el intento de supeditar las nuevas rondas de ampliación de la UE a la falsa necesidad de reformar los Tratados, que conduciría a la (nueva) imposición del denominado «Tratado Constitucional»;

- el constante énfasis sobre la adopción del acervo comunitario, o dicho en otras palabras, el manual neoliberal del «mercado abierto y competitivo» –encauzando así un proyecto de desarrollo nacional autónomo a favor de los intereses de las grandes potencias y sus grandes grupos financieros y económicos– y sobre la implantación por Croacia de «reformas» tales como la apertura a una «fuerte inversión privada» y a la «venta de las participaciones estatales minoritarias y mayoritarias en empresas».

Esto demuestra que, como es habitual, no son los intereses de los trabajadores y de la gente de la región lo que mueve a la UE.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que felicita a Croacia por algunos de los cambios que ha realizado para cumplir los criterios de adhesión.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) Desafortunadamente, a mi Grupo no se le ha concedido tiempo esta mañana para intervenir sobre el tema de Croacia. Lamentamos que las negociaciones con ese país se hayan visto seriamente retrasadas a consecuencia de la guerra durante la década de los 90 y que a ese país le resultara imposible entrar en la UE junto con Eslovenia. Croacia ya no está dominada por nacionalistas extremos y acepta la protección y el retorno de las minorías; aunque ahora se encuentra mejor preparada para ser miembro de la UE que algunos de los países que ya lo han hecho, se ve perjudicada sobre todo porque algunos dentro de la UE se niegan a admitir nuevos Estados miembros mientras no se implante la Constitución de la UE, que fue rechazada por el electorado neerlandés y francés. Indignada por este retraso, la opinión pública croata está volviendo ahora la espalda a la UE.

Mi Grupo considera extremas las exigencias planteadas en el informe Swoboda para la venta de empresas de propiedad pública y el cierre de los astilleros. Hasta ahora siempre se ha proclamado que la UE no tiene preferencias en cuanto a la propiedad en la economía, y que las empresas de propiedad estatal y las privadas pueden coexistir libremente. Sin embargo, los recién llegados probablemente tienen que cumplir unas rígidas demandas. Mi Grupo rechaza asimismo todas las enmiendas que tienen como base las reivindicaciones italianas de territorio croata y la negación de los crímenes de guerra durante la ocupación bajo Mussolini.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Voy a votar a favor del informe del señor Swoboda sobre los progresos realizados por Croacia en 2006.

El ponente ha realizado un análisis minucioso de la actual situación política, económica y social en Croacia. El informe es objetivo por cuanto resalta, de una parte, los esfuerzos que el Gobierno croata ha realizado para cumplir los requisitos de la UE, por ejemplo, en relación a los criterios políticos para la adhesión, al tiempo que enumera los problemas que aún quedan por resolver.

Un elemento importante en todo ello es la incorporación del acervo comunitario al sistema jurídico nacional en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que el proceso de control conjunto se completó con éxito en octubre de 2006 y que ahora están en marcha negociaciones sobre aspectos concretos del acervo comunitario.

Asimismo, el ponente señala acertadamente el papel positivo y dirigente que Croacia desempeña en la Europa del sureste.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos hemos votado a favor del informe Swoboda, pero nos hemos opuesto a las enmiendas relativas al considerando G. Los conservadores somos firmes partidarios de la ampliación de la UE, especialmente respecto a Croacia, cuyo proceso será relativamente suave; pero estamos totalmente en desacuerdo con la idea, expuesta en el considerando G, de que es necesaria una Constitución para una nueva ampliación.

- Informes Sterckx (A6-0086/2007), Kohlìček (A6-0079/2007), Costa (A6-0063/2007), Vlasto (A6-0081/2007), Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Tras los naufragios de los petroleros Erika y Prestige, los socialistas europeos han luchado por que la UE se dotara de una legislación destinada a mejorar la seguridad marítima y prevenir las contaminaciones accidentales en sus aguas territoriales.

Esa lucha ha dado sus frutos, pero no se ha creado plenamente un espacio europeo de seguridad marítima.

Este «tercer paquete de seguridad marítima» constituye una etapa decisiva con vistas a ese objetivo. Los cinco informes presentados al Parlamento Europeo contienen varios avances importantes:

- un marco legal claro y preciso para los lugares de refugio de los buques en peligro, bajo la égida de una autoridad independiente;

- un cuerpo de inspección permanente para facilitar las investigaciones,

- un alto nivel de protección de los pasajeros, equiparable al de otros medios de transporte,

- controles más eficaces y de mayor calidad en los puertos europeos, con especial atención a los buques de «alto riesgo».

Votaré, pues, a favor de estos informes. Ahora deseo que la UE mejore también su legislación contra los «delincuentes del mar», responsables en el Mediterráneo de «mareas negras cotidianas»: cada año se vierten 650 000 toneladas de residuos de hidrocarburos debido a las limpiezas de fondos salvajes, una cifra que representa el equivalente a nada menos que 75 Erika.