Acta literal de los debates

Jueves 26 de abril de 2007 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

(Se abre la sesión a las 10.00 horas)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señor Presidente, no deseo entorpecer los trabajos, pero otros diputados y yo hemos presentado un texto para una declaración por escrito sobre el hecho de que la Mesa de este Parlamento haya revocado su decisión de prohibir totalmente que se fume en el Parlamento Europeo.

He recibido comunicaciones de los servicios y ahora del Presidente señalando que el Reglamento no contempla la posibilidad de presentar declaración por escrito sobre un asunto interno del Parlamento. Sin embargo, si se fija usted en el Reglamento, está muy claro que una declaración por escrito puede referirse a cualquier asunto del ámbito de responsabilidad de la Unión Europea, cosa que sin duda lo es. Por tanto ¿podría pedirle al Presidente, a través de usted, que remita esta cuestión de interpretación del Reglamento sobre este punto a la comisión responsable de dicha interpretación, a saber, la Comisión de Asuntos Constitucionales?

  El Presidente. Sí, así procederemos, señor Corbett. Toda recomendación que haga usted con respecto al Reglamento se escuchará atentamente. Por tanto, procederemos como usted dice.

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Transferencias de créditos: véase el Acta

4. Relaciones entre la Unión Europea y Suiza (debate)

  El Presidente. – El punto siguiente es la declaración de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y Suiza.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. - (ES) Señor Presidente, voy a leer la declaración de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y Suiza y, aunque usted y yo compartimos la misma lengua, lo haré en inglés.

(EN) Señor Presidente, la Comisión está satisfecha de que se haya incluido este tema en el orden del día porque ya han pasado más de dos años desde que hablamos de Suiza por última vez. Fue en 2004, con ocasión de la conclusión de los 10 nuevos acuerdos bilaterales. Por lo tanto, permítanme comenzar con un comentario general.

Las relaciones bilaterales y multilaterales que vinculan a la Unión Europea con Suiza son muy buenas. Suiza es un socio muy valioso para la Unión Europea en muchos ámbitos. Nuestras relaciones bilaterales se asientan sobre una sólida base de unos 20 acuerdos importantes y más de 100 acuerdos sectoriales de menor importancia. Estos acuerdos van desde el libre comercio de mercancías y la libre circulación de personas hasta la participación de Suiza en nuestra investigación y su cooperación en el marco de Schengen. Cualquier diferencia que pudiera haber no debería afectar excesivamente a nuestras relaciones.

En febrero, la Comisión aprobó una decisión en materia de ayudas estatales en relación con los beneficios fiscales concedidos por cantones suizos a ciertos tipos de empresas, en particular sociedades de cartera. Esta decisión ha despertado un fuerte eco en los medios de comunicación de Suiza y ha sido dramatizada, por algunos, como si fuera un conflicto importante.

Desde el punto de vista jurídico, la Comisión no tiene ninguna duda de que los regímenes fiscales cantonales se pueden calificar de subsidios, dado que ofrecen ventajas fiscales injustas a empresas establecidas en Suiza por beneficios generados en la Unión Europea. Los ingresos generados en Suiza devengan impuestos superiores que los generados en la UE. Esta desigualdad de trato es el meollo del problema de la ayuda estatal. Las normas en cuestión son susceptibles de distorsionar la competencia y pueden afectar al comercio entre Suiza y la UE. Por lo tanto, se cumplen todos los criterios del artículo 23 del acuerdo de 1972, la disposición que declara incompatible esta ayuda estatal con la buena marcha del acuerdo.

Desde el punto de vista político, también parece difícil de aceptar que un país vecino que disfruta de un acceso privilegiado a nuestro mercado interior y participa en gran parte de nuestros programas y otras actividades, conceda estos favores fiscales. Las empresas beneficiarias se establecen a menudo con el único objetivo de eludir los impuestos aplicados sobre los beneficios en nuestros Estados miembros. Me gustaría señalar que los regímenes fiscales de este tipo o similares no están permitidos dentro de la Unión Europea, en virtud de las normas en materia de ayuda estatal recogidas en el Tratado CE. En el pasado, la Comisión ha adoptado decisiones en contra de tales prácticas. No estamos en contra de la competencia fiscal, que también tiene lugar entre los Estados miembros, pero debe ser justa.

La Comisión desea encontrar una solución mutuamente aceptable. Por lo tanto, en febrero también pedimos al Consejo un mandado para comenzar las negociaciones con Suiza sobre este tema. Los Estados miembros apoyan a la Comisión a este respeto y el Consejo está preparando este mandato en estos momentos. También cuento mucho con un el apoyo del Parlamento en esta cuestión. Actuamos con la confianza de que encontraremos una solución a este problema, como siempre hemos encontrado soluciones a los problemas en nuestras relaciones con Suiza en el pasado.

Con respecto a otra cuestión importante quiero expresar que la Comisión espera que Suiza esté pronto dispuesta a negociar la inclusión de Bulgaria y Rumanía en el Acuerdo sobre la libre circulación de personas. Si Suiza excluyese a los ciudadanos de dos Estados miembros de este acuerdo tan importante, ello sería inaceptable por razones jurídicas, institucionales y políticas.

Bulgaria y Rumanía también deberían percibir una contribución financiera de Suiza para la reducción de las disparidades económicas y sociales, en las mismas condiciones que los otros 10 nuevos Estados miembros.

En vista de la postura de Suiza con respecto a la adhesión a la UE y al Espacio Económico Europeo, actualmente no hay ninguna alternativa a seguir reforzando las relaciones bilaterales. Teniendo eso en cuenta, la Comisión está dispuesta a analizar la propuesta suiza para la negociación de un acuerdo marco general, siempre que aporte un valor añadido a nuestras relaciones, por ejemplo con respecto a la actualización de acuerdos existentes en función de la evolución del acervo comunitario.

  Andreas Schwab, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, acojo con satisfacción las declaraciones realizadas hoy por el Comisario Almunia. Creo que mi Grupo también está de acuerdo en gran medida con las mismas. La relación entre la Unión Europea y Suiza ha sido especial desde tiempos inmemoriales. El Comisario Almunia ha hablado de los diversos acuerdos.

A este respecto, nuestra asociación con Suiza se caracteriza por una cooperación particularmente estrecha, pero que, hasta ahora, no ha culminado con la adhesión de Suiza a la Unión Europea. No obstante, Suiza es un socio comercial extremadamente importante, además de un país amigo y vecino. Esto me parece particularmente agradable, dado que mi circunscripción linda directamente con Suiza. Por lo tanto, me gustaría pedir a todas las partes que no pongan en peligro estas buenas relaciones de vecindad, por un exceso de testarudez o por unas demandas excesivas de cualquiera de ellas sobre la otra.

Ya se ha hablado acerca del conflicto fiscal. El tema de Suiza indudablemente también sería motivo de un extenso debate aquí en el Parlamento. Sin embargo, como ya ha descrito el Comisario Almunia, hoy estamos obviamente preocupados por el tema de las prácticas fiscales. Con respecto a esta cuestión, quiero decir que, a diferencia de nuestros colegas de Gran Bretaña, por ejemplo, y de las manifestaciones contrarias procedentes de Suiza, en nuestra opinión, este tema no implica una intervención sobre el derecho de un país a gravar impuestos, sino que se trata más bien de si las empresas que pertenecen al mercado único europeo y que pueden disfrutar de las ventajas que ofrece este mercado único están recibiendo ayudas injustificadas. Estamos hablando sobre el principio de la igualdad de trato y sobre la abolición de ayudas ocultas. A este respecto, el planteamiento adoptado por la Comisión, de que los suizos tienen que aplicar algunos retoques en este sentido, es el correcto, aunque habría sido más prudente comenzar con las negociaciones, en lugar de un procedimiento. En mi opinión, la declaración de que esta cuestión es competencia del cantón no es aplicable ni efectiva, porque de lo que estamos hablando es de ayudas ocultas que deben ser abolidas.

Por su parte, la Unión Europea debe aclarar el hecho de que, a pesar de que naturalmente respeta la soberanía de Suiza en cuestiones fiscales, deben aplicarse los principios básicos de la Unión Europea, de los que las empresas suizas también se benefician, a todas las empresas del mercado interior.

Finalmente, quiero señalar que debemos encontrar una solución a este problema, por el bien de las empresas y de los ciudadanos europeos, al que ambas partes han contribuido. Esa es la razón por la que apelo tanto a la Comisión como a nuestros vecinos suizos.

  Pervenche Berès, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, me complace su declaración, pues acaba usted de tomar nota de algo que venimos diciendo desde hace algún tiempo, a saber, que la práctica que se ha desarrollado en algunos cantones suizos –por no citar los principales: Zug, Vaud y Schwyz– constituye una violación del Acuerdo de 1972 sobre las formas de ayudas estatales que vulneran las reglas de la libre competencia y afectan a la naturaleza del comercio entre la Unión Europea y Suiza. El caso es que Suiza, amiga de la Unión Europea, goza de las mismas condiciones de acceso al mercado interior de la UE que cualquier Estado miembro. No se puede tenerlo todo, es decir, tanto el  mercado interior como las excepciones para algunos cantones suizos.

No se trata de mencionar aquí tal o cual figura mediática entre las personas físicas, sino las considerables sumas que están en juego debido a las prácticas desarrolladas por algunas personas jurídicas. Cuando, entre amigos, se identifica un problema, hay que abordarlo. Eso es lo que usted nos propone hacer. Tendrá todo el apoyo de mi Grupo en este asunto y celebro que otros Grupos en esta Cámara compartan el mismo enfoque.

Por parte suiza se nos dice que sería una ingerencia en los asuntos interiores suizos. Sin embargo, en un entorno de comercio mundial, la libertad no es unilateral. Hay que tener en cuenta la situación de los demás, y la libertad de unos llega hasta donde empieza la de otros. Creo que en el marco de nuestras excelentes relaciones con Suiza –el Presidente Barroso lo reiteró en su visita a Berna hace unos días– es así como debemos actuar.

En ocasiones, Suiza ha dividido para reinar entre los europeos; todo el mundo recuerda cómo, cuando queríamos adoptar, a raíz de las conclusiones de Feira, la directiva sobre la fiscalidad del ahorro en la Unión, algunos utilizaron Suiza para dividirnos. Celebro que las condiciones de negociación del mandato concedido a la Comisión permitan claramente a los Estados miembros hablar con una sola voz, dentro del respeto de la soberanía suiza. Me parece una excelente señal.

Por último, quisiera recordar simplemente un elemento evidente: observando la lógica del sistema fiscal suizo, se percibe que la idea de que un sistema fiscal debe tener en cuenta los costes externos está totalmente integrada en el razonamiento fiscal suizo. En pocas palabras, algunas prácticas suizas validan el hecho de que, desde el momento en que una producción no tiene lugar en territorio suizo, el coste de las infraestructuras o del empleo de mano de obra cualificada no debe integrarse en el sistema fiscal. Debemos poner de relieve –al menos en el comercio con la Unión Europea– la situación siguiente: tal como se aplica el sistema fiscal suizo en algunos cantones en relación con el de los Estados miembros de la UE, estamos perdiendo ingresos, ya que esas actividades de producción se desarrollan en nuestro territorio y el impuesto sobre las ganacias de capital así generadas se canaliza a Suiza para evitar la necesidad de aportar financiación para esos costes externos. Le deseo mucha suerte en las negociaciones.

  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su declaración.

En el Parlamento hace mucho tiempo que queríamos debatir sobre toda nuestra relación con Suiza y celebrar el éxito de Suiza en tres referendos sucesivos sobre cuestiones de la UE, referendos que difícilmente habrían triunfado en muchos de nuestros Estados miembros. Aunque Suiza no es un Estado miembro, los suizos son europeos informados.

Queríamos debatir el interesante informe del Gobierno sobre política europea el pasado otoño para reconocer que sí, que los suizos quieren ahora velar por sus propios intereses nacionales al margen de la adhesión, pero también quizás para rectificar algunas nociones equivocadas acerca de lo que tenemos sobre la mesa. En mi opinión, como ha dicho el Comisario, se trata de seguir adelante sobre la base de los acuerdos bilaterales y quizás un acuerdo marco que simplifique la carga administrativa para ambos bandos. No obstante, la oferta no incluye lo que algunos de nosotros llamaríamos «adhesión light», y esta es la raíz de donde tal vez se derivan las actuales dificultades con los impuestos cantonales.

Se es miembro de la Unión Europea o no se es miembro. Suiza no lo es y ambos bandos hacen bien en recordarlo. Suiza no disfruta de las ventajas de la adhesión ni es un país sujeto a todas las obligaciones. Esa es la dificultad de una geometría variable tan atípica: siempre creará problemas y motivos de enfado. No obstante, estos problemas deberían resolverse con buena voluntad.

Debemos abordar el problema fiscal. Si lo que la Comisión realmente quiere de Suiza –como sospecho– es ampliar el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, entonces hablemos de ello. Incluso entre Estados miembros se trata de un código voluntario. No me cabe duda de que existen regímenes fiscales extraterritoriales en un Estado miembro que yo conozco muy bien que no soportarían un examen detallado, aunque no veo ninguna actividad de la Comisión en ese sentido.

Necesitamos un debate beneficioso para la relación entre la Unión Europea y nuestro vecino geográfico s más cercano en el corazón de Europa, un país que representa nuestro segundo mercado de exportación más importante y una inspiración para muchos de nosotros en lo que respecta a sus estructuras democráticas y su internacionalismo. En lugar de esto, decimos a los suizos que sus regímenes fiscales cantonales son «depredadores». Es una palabra dura y desagradable. Si realmente son depredadores, yo esperaría ver una serie de casos evidentes de perjuicio real para el comercio comunitario: ejemplos prácticos que pudieran citarse para demostrar que tienen este efecto depredador. No he oído mencionar a ninguno. En lugar de esto, la Comisión blande el argumento de que no tiene que demostrar, sino simplemente exponer que las estructuras podrían tener este efecto. Sin embargo, no existen ejemplos reales y me pregunto si es porque, al examinarlos, no se sostendrían con el argumento debilitado que se plantea, un argumento que se esgrime frente a un país que no es miembro sobre la base de un viejo acuerdo sobre el libre comercio, concebido principalmente para el comercio de mercancías.

Examinemos esto desde otro punto de vista. Quizás mis electores de Yorkshire se pregunten por qué dedico tanto tiempo a Suiza. No obstante, si mi región del norte de Inglaterra hubiese disfrutado durante años del nivel de autonomía fiscal frente a Londres que tienen los cantones suizos en su país, quizás no habríamos consumido tantos Fondos Estructurales de la UE.

Suiza contribuye económicamente a nuestro proceso de ampliación con el consentimiento de la población. Se trata de una relación profunda y complicada, una relación que durante años me ha parecido exasperante y frustrante, pero nunca pesada. A menudo se nos dice que seamos amables con los suizos antes de un referendo. Se nos pregunta constantemente qué haremos si votan «no». La respuesta es que la elección corresponde siempre al pueblo suizo, pero si quieren trabajar con nosotros, tenemos que trabajar con ellos de forma respetuosa y apropiada. Lo que más me gustaría es que un día hubiera Ministros suizos en el Consejo, un Comisario suizo y diputados suizos aquí con nosotros, para debatir estas cuestiones, en lugar de hacerlo nosotros de forma indirecta.

  Mario Borghezio, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, Señorías, este debate sobre las relaciones entre la Unión Europea y la Confederación Suiza nos brinda una ocasión interesante y oportuna para reflexionar brevemente sobre lo que podemos aprender de la antigua democracia de la pequeña pero históricamente importante república federal de Suiza.

Si el sistema fiscal federal suizo fuese bien conocido por los contribuyentes de los Estados miembros de la UE, sería –como es efectivamente– un modelo digno de ser imitado, sobre todo para proteger la libertad económica.

Recuerdo a los contribuyentes de los Estados miembros que la legislación suiza se basa en principios importantes, como el principio de igualdad jurídica, el principio de libertad económica y, sobre todo, el principio de garantía de la propiedad.

El principio de igualdad jurídica determina una imposición fiscal en función de la capacidad económica. Gracias a ciertas disposiciones constitucionales, el principio de libertad económica prohíbe la recaudación de determinados impuestos sobre el comercio que serían ilícitos en el ámbito de la política comercial. Por último, el importante principio de garantía de la propiedad, consagrado en el artículo 26 de la Constitución federal, prohíbe aplicar impuestos que tengan carácter de expropiación, por lo que la garantía de propiedad constituye un límite a la imposición fiscal.

Esto es lo que deben aprender los Estados miembros que, como el Estado italiano, siguen oprimiendo al contribuyente con una legislación tributaria y una presión fiscal que en Italia supera el 40 %. Debemos aprender de esta gran experiencia histórica los principios de libertad económica consagrados en la Constitución suiza. Los padanos tenemos la suerte de ser vecinos directos de los hombres libres de Suiza.

Pensamos también, por último, en el principio de la libertad religiosa, sobre cuya base uno no está obligado a pagar impuestos para sufragar el coste de una religión si no pertenece a la misma, así como en el derecho fundamental a expresar directamente la propia voluntad en el referéndum sobre los impuestos. Es hora de acabar con la dictadura fiscal de los Estados sobre los contribuyentes. ¡Los ciudadanos deben poder expresarse en materia de impuestos!

  Andreas Mölzer, en nombre del Grupo ITS. – (DE) Señor Presidente, Señorías, cuando los ciudadanos suizos rechazaron la adhesión al Espacio Económico Europeo en 1992, nadie habría podido imaginar los acontecimientos que se están produciendo actualmente. Por una parte, tanto la Unión Europea como Suiza se benefician de la cooperación y de acuerdos bilaterales, por ejemplo, en materia de seguridad y asilo. Por otra parte, mantenemos incesantes negociaciones, demandas e incluso chantajes, por ejemplo, con respecto a la ampliación de la libre circulación de personas y a la fiscalidad del ahorro, o actualmente con respecto a la fiscalidad de las empresas, para lo que se pretende aplicar derogaciones relativas al tránsito ferroviario, que son tan importantes por lo que respecta a Suiza, como un medio para ejercer presión.

Cuando Suiza endureció su Ley de Asilo hace muchos años, la Unión Europea no reprimió sus críticas. Esto estaba pensado para poner freno al 75 % de las solicitudes de asilo que se presentaba de forma incorrecta cada año, que es realmente lo que ha ocurrido. Este giro radical de Suiza, que tradicionalmente ha acogido muy bien a los visitantes, obligó a las personas de nuestra Unión que sueñan con el multiculturalismo a reconsiderarlo y la Unión incluso tuvo que dar un castigo ejemplar a esta Ley de Asilo suiza.

Ahora es el momento de que busquemos soluciones juntos a los problemas comunes a los que nos enfrentamos en el sector fiscal, así como con respecto a la migración y la integración. Sobre todo, deberíamos utilizar a Suiza como ejemplo en términos de democracia directa, dado que solamente si los ciudadanos de la Unión Europea vuelven a tener la impresión de que sus intenciones son tomadas en serio, de que tienen voz y voto en las cuestiones, entonces quizás lograremos salir de la crisis a la que actualmente se enfrenta la Unión Europea.

Los conflictos que rodean a la Constitución europea y a una nueva ampliación de la Unión ofrecen una oportunidad adecuada de poner a Suiza como ejemplo.

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, la Unión Europea mantiene muchos acuerdos bilaterales con Suiza. Estos acuerdos han acompañado al aumento de la prosperidad tanto de Suiza como de los Estados miembros de la Unión Europea. Los acuerdos bilaterales deberían ser reconocidos por todos los representantes de un deseo conjunto y compartido de prosperidad. Hay otros indicadores que demuestran las cosas que compartimos y la dirección que estamos siguiendo: entre otras cosas, Suiza es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea, después de los Estados Unidos. Nada menos que 900 000 ciudadanos de la Unión Europea viven y trabajan en Suiza, y son muchos más los que cruzan sus fronteras con regularidad. No obstante, el actual desacuerdo entre la Comisión y el Gobierno suizo es desconcertante y conviene abordarlo rápidamente.

Soy consciente de que la cuestión de la doble imposición a la que se enfrentan la UE y Suiza no es de poca monta, pero no me gustaría que se blandiesen amenazas en las rondas preliminares de las negociaciones ni en rondas posteriores relacionadas con esa cuestión. La cuestión de la doble imposición no ofrece una vía fácil para la inversión, la creación de puestos de trabajo ni la generación de ingresos para los cantones suizos que admiten los dobles criterios. El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben hacer todo lo posible por proteger los intereses de los Estados miembros.

Les deseo lo mejor en las negociaciones y espero que el resultado sea positivo.

  Aloyzas Sakalas (PSE). – (LT) En primer lugar, quiero dar las gracias al Comisario Almunia por la información que ha presentado acerca de las relaciones entre la Unión Europea y Suiza.

No obstante, me gustaría escuchar lo que el señor Almunia tiene que decir acerca del objetivo político último de estas relaciones. En otras palabras, ¿el desarrollo de unas relaciones más estrechas entre la Unión Europea y Suiza se emprende con vistas a la adhesión de Suiza a la Unión Europea en una fecha futura? En ese caso, ¿para cuándo podemos esperar esto y qué deben hacer Suiza y la Unión Europea antes de eso? Si el desarrollo de unas relaciones más estrechas no se realiza pensando en la adhesión de Suiza, sino en una asociación privilegiada para Suiza con la Unión Europea, entonces ¿cuáles deberían ser los principios de esta asociación?

No creo que los acuerdos bilaterales resuelvan definitivamente el problema del futuro político de Suiza; por lo tanto, me gustaría escuchar al señor Almunia explicar algo similar a una hoja de ruta, con la que se pueda ver la dirección del trabajo de la Comisión para el desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con Suiza. Con el material presentado me resulta difícil decir si la Comisión tiene una hoja de ruta así o si los acuerdos provisionales son un sustituto de la misma.

Mi propuesta sería la siguiente: es necesario elaborar una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y Suiza, cuyo objetivo final sería la adhesión de Suiza a la Unión Europea o bien su asociación privilegiada, en términos del acuerdo constitucional por aprobar. Con el fin de elegir alguna de las soluciones, es fundamental conocer la opinión del pueblo suizo acerca de las perspectivas para su país.

Hasta que resolvamos este problema político, continuaremos celebrando diversos acuerdos y las dos partes de las negociaciones intentarán exigir unas condiciones más favorables para ellas mismas a costa de la otra.

Según entiendo los acuerdos existentes y previstos, tengo serias dudas acerca de si deberíamos exigir más a Suiza, que todavía no pertenece a la Unión Europea, que a los propios Estados miembros. En mi opinión, debería ser todo lo contrario.

Espero que el Comisario Almunia pueda aclarar mis dudas, respondiendo a las cuestiones que he planteado.

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – (PL) Señor Presidente, muchas personas consideran a Suiza un ejemplo histórico de integración europea. Solamente tenemos que pensar en Jean Jacques Rousseau o Johannes von Müller. Sin embargo, parece mantenerse como una isla, una excepción, más allá de la Europa unida que la rodea por todas partes.

Debemos recordar que, en un referendo celebrado en 1992, el 50,3 % de los ciudadanos suizos votó en contra de la adhesión de su país al Espacio Económico Europeo. No quiero interferir en los asuntos internos de la Confederación de ninguna manera. Al poner de manifiesto la buena cooperación entre Suiza y la Unión Europea en casi todos los ámbitos, espero que también se pueda encontrar rápidamente la solución apropiada en términos de fiscalidad. Esto es sumamente importante para conseguir transparencia para nuestra cooperación.

En nombre de los nuevos Estados miembros, incluyendo mi propio país, quiero agradecer específicamente el resultado del referendo celebrado el 26 de noviembre de 2006, por el que se aceptó el establecimiento de un Instrumento financiero suizo por valor de 1 000 millones de francos. Por su parte, estos países han abierto de golpe sus puertas a las inversiones de capital suizo. En Polonia, por ejemplo, las importaciones de Suiza aumentaron un 20 % durante este periodo, mientras que las exportaciones crecieron solamente un 5 % menos. No me cabe duda de que los fondos suizos se emplearán de forma prudente con fines innovadores, incluyendo la investigación científica, ofreciendo apoyo a las pequeñas y medianas empresas, protegiendo el medio ambiente y fomentando el desarrollo regional.

Finalmente, quiero añadir que Suiza tiene una imagen particularmente positiva en la Unión Europea. Según mis datos, alrededor del 72 % de los europeos acogería con satisfacción a la Confederación Suiza en nuestro hogar europeo común. Quizás sería acertado aprovechar al máximo esta actitud positiva.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ¿por qué los suizos hacen las cosas mucho mejor que nosotros? ¿Por qué la Confederación Helvética es más rica, más disciplinada y está más satisfecha y mejor administrada que la Unión Europea? Permítanme sugerir una razón. Suiza se basa en lo que podríamos llamar el «principio de Jefferson»: la noción de que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de las personas a que afectan. Sin embargo, la Unión Europea se basa en el principio contrario. La primera línea del primer artículo del Tratado de Roma nos compromete a una unión cada vez más estrecha. Mientras que el poder en Suiza está disperso, en la Unión Europea está concentrado y de ese error estructural se derivan la mayoría de nuestros malestares actuales: las consecuencias no intencionadas de nuestras directivas y reglamentos, la inflexibilidad de nuestras políticas, el sentido de que el Gobierno se ha alejado del pueblo al que gobierna, la determinación de nuestros electorados nacionales a votar «no» a Bruselas a la mínima oportunidad.

¿Por qué seguimos entonces acosando e intimidando a los suizos por su negativa a unirse a nosotros? ¿Por qué nos metemos con su logro de mantener bajos sus impuestos cantonales? ¿Por qué alentamos a esa minoría de legisladores suizos para los que la adhesión a la UE es precisamente una manera de pasar por alto a sus votantes y zafarse de su sistema de democracia directa? ¿Envidiamos el éxito de nuestros vecinos o acaso tememos que nuestros propios ciudadanos sigan su ejemplo de pedir independencia para sus propios Estados?

Permítanme proponer un enfoque alternativo. En lugar de intentar arrastrar a Suiza a nuestra Unión, ¿por qué nuestros Estados miembros no solicitan convertirse en cantones de su Confederación? ¡Después de todo, estos suizos están haciendo bien algunas cosas!

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, hay muchos referendos en Suiza y esa es una de las razones por las que no me gustaría ser un cantón ni siquiera de un país tan agradable. Suiza es un país rico, que no necesita ser miembro de la Unión y que, por el momento, no desea unirse a la Unión. Al mismo tiempo, es un buen socio estratégico para la Unión Europea. Cuando uno tiene un socio así, señor Comisario, negocia y debate, en lugar de iniciar procedimientos. En este sentido estoy de acuerdo con mi colega del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. Como diputado polaco, el caso de Suiza me recuerda los desafortunados y, hasta ahora, infructuosos intentos de ciertos políticos alemanes y franceses, como el señor Sarkozy, de unificar la fiscalidad en la Unión Europea, lo que se traduciría de facto en una subida de los impuestos en mi país. No se consentirá este cambio. Por lo tanto, no me sorprende que los suizos se quejen ahora de que Bruselas interfiera en los asuntos internos de su país. Toda esta cuestión demuestra que la Unión debería echarse un vistazo a ella misma. Debería reformar su propia economía para que fuese realmente competitiva, sin recurrir a procedimientos, sanciones y demandas dirigidas a terceros países o a sus propios miembros.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, permítame decir solamente unas palabras.

En primer lugar, quiero insistir en que la Comisión considera que las relaciones entre la Unión Europea y Suiza son muy buenas. La Comisaria Ferrero-Waldner tuvo la oportunidad de reunirse con el Presidente de la Confederación Helvética el 3 de abril. Debatieron acerca de estas excelentes relaciones, que no excluyen algunos problemas jurídicos, comparables a los que existen entre los Estados miembros de la UE.

Cada vez que la Comisión considera que los Tratados o las disposiciones jurídicas comunitarias no se respetan plenamente, como guardiana de los Tratados está obligada a reaccionar. Esto es lo que ha ocurrido con la cuestión que estamos debatiendo: las decisiones fiscales adoptadas en algunos cantones de la Confederación Helvética. No se trata de competencia fiscal. Se trata de la ejecución de las normas que se adoptaron en nuestro Acuerdo con Suiza de 1972. No se trata de competencia fiscal, sino de ayuda estatal. La Comisión inicia muy a menudo este tipo de procedimientos si constata que no se respetan las normas en materia de ayudas estatales en los Estados miembros, y se trata de una cuestión muy importante.

No sé si sus Señorías saben que en Suiza se han establecido más de 20 000 «sociedades buzón» con el único fin de evitar el pago de impuestos en los Estados miembros de la Unión Europea. Hemos debatido esta cuestión con las autoridades suizas desde 2005 y no hemos encontrado otra solución que la de incoar este procedimiento. Vamos a pedir al Consejo un mandato para negociar con las autoridades suizas a fin de llegar a una solución de este conflicto. Espero que en las próximas semanas el Consejo nos dé este mandato con el apoyo de una amplia mayoría de los Estados miembros. Espero que estas cuestiones, que suponen importantes problemas para miles de empresas europeas, se resuelvan durante las negociaciones.

  El Presidente. – Con esto se cierra este punto.

5. Situación de las mujeres con discapacidad en la Unión Europea (debate)

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Esther Herranz García, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la Unión Europea (2006/2277(INI) (A6-0075/2007).

  Esther Herranz García (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, me gustaría comenzar esta intervención dando las gracias a los servicios del Parlamento por su colaboración y gran profesionalidad durante todo este proceso de elaboración del presente informe, que ha sido extraordinariamente largo hasta su votación.

También quisiera dar las gracias a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por autorizar la redacción de este informe, y también al Pleno del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes, que lo han autorizado.

Realizar este informe sobre la situación de las mujeres que sufren discapacidad o que comparten con otras personas discapacitadas su quehacer diario me llena de satisfacción por la importancia que tiene este asunto para todos ellos, y para todos nosotros como sociedad.

Este es el resultado de muchas aportaciones realizadas a lo largo de este tiempo por parte no solo de mis colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sino también de las organizaciones de discapacitados y de la propia Comisión Europea en el encuentro mantenido con el Comisario Špidla.

Este informe fue aprobado casi por unanimidad dentro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género con tan solo una abstención y deja claro que se trata de un informe equilibrado, que trata de resaltar no solo la situación de las mujeres con discapacidad sino también el importantísimo papel que desempeñan las mujeres responsables y dedicadas al cuidado y la ayuda de las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad, así como la labor de las asociaciones implicadas en ello.

El informe –que luego votaremos en esta Cámara– contiene un importante llamamiento: la necesidad de que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros traten de introducir e implementar unas medidas flexibles y un sistema de ayudas acorde a la heterogeneidad de este colectivo, de modo que se puedan aplicar y adaptar a cada caso, puesto que se trata de un colectivo donde no caben estereotipos y donde la mujer, por lo general, sufre una doble discriminación. Por un lado, el hecho de ser mujer –que ya es un hándicap en muchas regiones europeas, lamentablemente– y, por otro, el de ser discapacitada.

Es necesario contar con los recursos y las políticas adecuadas, con servicios innovadores, para lograr garantizar una vida lo más independiente y autónoma posible.

Me gustaría destacar también la importancia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, herramienta fundamental en la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

Es importante sensibilizar a la opinión pública desde la infancia, desde que son niños, puesto que son ellos, los niños, quienes tienen en su mano la llave del futuro.

Se debe seguir fomentando la reflexión y el debate para lograr así, día a día, que la igualdad de oportunidades sea un hecho real para todas las personas, con independencia de su género, de su estatus social, económico o político.

Por último, quiero resaltar el papel de las familias –en especial las mujeres, que suelen ser quienes, en la mayor parte de los casos, tienen a su cargo a las personas con discapacidad–, así como el papel imprescindible que las asociaciones de discapacitados desempeñan día a día.

Considero fundamental que se apoye y se reconozca la labor de las familias y de las organizaciones, tanto desde el punto de vista económico como social, puesto que en muchos casos constituye una actividad de dedicación plena que provoca el aislamiento.

Por tanto, y aunque se trate de un tema subsidiario, creo que desde las instituciones de la Unión Europea tenemos que pensar en trabajar todos juntos para ello.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. – (ES) Señor Presidente, señora ponente, Señorías, la Comisión Europea está preocupada por la situación de las mujeres discapacitadas, víctimas de una doble discriminación: por razón de género y a causa de su discapacidad.

Las diferentes discriminaciones que padecen las mujeres y las jóvenes discapacitadas les impiden vivir de forma independiente, dado que esas barreras les suelen cerrar el acceso a la educación y al mercado de trabajo.

Es totalmente inaceptable que cerca del 80 % de las mujeres discapacitadas sean víctimas de agresiones. El riesgo de ser objeto de abusos sexuales es cuatro veces mayor para las mujeres discapacitadas que para las que no lo son. La Unión Europea debe proteger los derechos de estas personas y permitirles el acceso efectivo a todos los ámbitos de protección.

Quisiera agradecer a la señora diputada Herranz que haya tenido la iniciativa de elaborar este informe para sensibilizar a la opinión pública sobre la dramática situación a la que acabo de referirme.

Dentro del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, la adopción de una resolución sobre la situación de las mujeres discapacitadas en la Unión Europea por parte de este Parlamento es absolutamente pertinente. El proyecto de resolución menciona, con mucho acierto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, firmada por la Comisión en nombre de la Comunidad Europea el mismo día que se abrió a la firma, el 30 de marzo pasado. A esta firma ya se han sumado, al menos, 22 Estados miembros. Quiero, además, señalar que la Comisión inspiró las disposiciones específicas de dicha Convención sobre el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres discapacitadas.

La adopción de la resolución por este Parlamento se inscribe también plenamente en la estrategia europea en materia de discapacidad, una estrategia que contribuye a la ejecución de las medidas mencionadas en el informe. Así, la Comisión ya se ocupa de la aplicación de las disposiciones de la directiva contra la discriminación sufrida, en particular, por las personas discapacitadas que desean tener acceso al empleo y a la formación profesional. Asimismo, el nuevo reglamento sobre fondos estructurales introduce la utilización de la accesibilidad para las personas discapacitadas como criterio de selección de los proyectos.

Tomo nota, por otro lado, de la invitación que se hace a la Comisión para la elaboración de una legislación que garantice la autonomía de las mujeres y de los hombres discapacitados. A este respecto, la Comisión tiene intención de lanzar un estudio de impacto para considerar la posibilidad de proponer nueva legislación a este respecto, basada en el artículo 13 del Tratado, que permita ampliar el ámbito de las actuales directivas.

Por último, la Comisión iniciará próximamente un estudio sobre la situación actual de las mujeres discapacitadas, teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas; dicho estudio permitirá definir, sobre esta base, actuaciones concretas, así como la recopilación de datos y de información por parte de la Comisión.

  Anna Záborská, por el Grupo PPE-DE. – (SK) El informe elaborado por mi colega, la señora Herranz García, hace un llamamiento a que cambiemos nuestra visión de las personas discapacitadas. Debemos preguntarnos, junto con ellas, qué solidaridad necesitan realmente y también aceptar todo lo que ofrecen estas personas como testimonio del innegable valor de sus vidas. No obstante, me pregunto si las instituciones políticas de todos los niveles son capaces de dar este paso. Como médica y como mujer que simpatiza con las mujeres discapacitadas, no concibo su situación como un castigo, sino como un ámbito del que la sociedad humana puede obtener gran inspiración y una hermosa fuente para un mundo basado en la solidaridad, la esperanza y el amor.

Las personas con discapacidades son una gran fuente de inspiración para nosotros. Con sus recursos morales y espirituales, tienen un valor insustituible para el género humano. Nos demuestran y nos enseñan que los seres humanos tienen valor por el simple hecho de existir y no por lo que poseen o por lo que son capaces de producir. La sociedad europea, que suele ser esclava de la influencia perniciosa del neoliberalismo económico, no entiende estas cosas. Una persona con discapacidad representa un desafío viviente para nuestra humanidad compartida.

Este informe también es un desafío para que demostremos respeto a todos aquellos que, de manera formal o informal, cuidan de personas con discapacidad. El reconocimiento formal de quienes cuidan de las personas con discapacidad debería ser el objetivo de todas las instituciones. Por lo tanto, me gustaría concluir pidiendo que la Comisión Europea realice un estudio sobre el reconocimiento del trabajo informal en el ámbito del cuidado de las personas con discapacidad.

  Lissy Gröner, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, por lo que respecta al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, este informe, que hace de las mujeres con discapacidad un tema central de nuestro trabajo, es sumamente importante.

Hay una serie de instrumentos jurídicos, como la Convención de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 13 [del Tratado de la Unión Europea] y el Manifiesto de las mujeres con discapacidad, que deberían cumplirse a rajatabla. En todos los niveles está claro que las mujeres no son víctimas, sino que más bien sufren múltiples desventajas. Esta discriminación múltiple también se debe reflejar en las medidas adoptadas por la Unión Europea.

Hemos designado el año 2007 como el «Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos». No obstante, aquí también, las mujeres, especialmente las mujeres con discapacidad, constituyen un grupo marginal. Como el Comisario Almunia ha señalado de forma tan inequívoca, el 80 % de las mujeres con discapacidad son también víctimas de la violencia, la violencia cotidiana. Sufren repetidamente la violencia y, sobre todo, la violencia sexual, de forma mucho más frecuente.

Por lo tanto, el programa Daphne debe hacer más hincapié en la lucha contra esta violencia y también debemos reforzar las redes de las mujeres con discapacidad. En sus vidas laborales, las mujeres lo tienen doblemente difícil, si sufren una discapacidad. Ya sufren en cualquier caso. Los niveles de desempleo entre las mujeres se encuentran por encima de la media y la exclusión social de las personas discapacitadas está aumentando a un ritmo que ya no resulta aceptable.

Por lo tanto, debemos utilizar el mejor modelo de todos los países europeos como ejemplo y hacer un uso mucho mejor del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo, para promover proyectos modelo y recordar a los Estados miembros sus obligaciones. Hemos incluido la integración de la perspectiva de género en los reglamentos estructurales, pero no tenemos los fondos disponibles para seguir adelante con las sanciones contra los Estados miembros que no los cumplen. Este es un requisito bastante central. Está claro que es necesario aplicar una mayor presión en este sentido.

Exigimos una educación integrada. Esto es necesario para ambos sexos. Un proceso de aprendizaje muy importante es que las personas –con y sin discapacidad– se preparen ya desde el jardín de infancia para vivir una vida independiente. Para este fin, no debemos permitir que la caridad prevalezca y debemos ayudar de forma definitiva a los hombres y mujeres a obtener sus derechos, además de establecer un acceso sin obstáculos para ellos, no solamente a los edificios y al transporte local público, sino también a los nuevos medios de comunicación.

También espero que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género pueda ayudar a reunir a las organizaciones y las buenas prácticas. Cualquiera de nosotros puede levantarse mañana sufriendo una discapacidad. Lo importante es reforzar la individualidad de cada persona y valorar su singularidad. Entonces estaremos realmente de acuerdo con respecto a muchas cuestiones.

  Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (SV) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su informe constructivo e increíblemente importante.

En el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica creemos que es necesario prestar atención a la situación de las mujeres con discapacidad y tomar medidas para remediarla. Las personas con discapacidad son objeto de discriminación y las mujeres son objeto de discriminación. Por lo tanto, existe una doble discriminación contra las mujeres con discapacidad, por no mencionar la discriminación adicional que sufren las mujeres discapacitadas, de un origen étnico diferente y de una orientación sexual diferente.

Son los Estados miembros y la sociedad los que tienen la responsabilidad de eliminar todos los obstáculos a todos los que participan plenamente en la sociedad. Así pues, en particular, es necesario tener en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad. Nunca debe ser la persona con discapacidad ni sus familiares los que soporten la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad colectiva y común de crear una sociedad caracterizada por la solidaridad y la plena participación de todos en todos los aspectos de esa sociedad –por ejemplo, la vida formativa, laboral o la vida social y cultural– es algo de lo que deberíamos responsabilizarnos.

En bastantes Estados miembros, son las mujeres las que soportan la responsabilidad principal del cuidado de los hijos con discapacidad y de los familiares en una situación similar. Leí una cita muy reveladora de la madre de un niño con discapacidad, que decía: «Yo no soy solamente una madre, sino también, entre otras cosas, una fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, una enfermera, un neurólogo, una profesora y una arquitecta especializada en la adaptación de nuestro hogar a las necesidades de nuestro hijo discapacitado».

Por lo tanto, las mujeres no solamente son las cuidadoras, sino que también tienen que luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Creo que este informe deja muy claro que son las mujeres las que suelen soportar la responsabilidad principal. Eso es inaceptable. No es responsabilidad de las mujeres, sino de la sociedad, permitir que todas las personas con discapacidad, junto con sus familias, lleven vidas independientes y tomen decisiones por ellas mismas. Esto es también, por supuesto, una demanda de igualdad de género.

Las niñas y mujeres con discapacidad física y mental son objeto de más violencia y abusos sexuales que otros grupos. Por lo tanto, no solamente sufren discriminación por su discapacidad; también son objeto de abusos. Las mujeres con discapacidad mental, en particular, están abiertas a los abusos, con frecuencia por parte de las personas que componen su círculo inmediato. Estas mujeres están en una posición terriblemente vulnerable. Si queremos prevenir el abuso, debemos ser conscientes de esta violencia y aumentar la concienciación sobre la misma.

Las mujeres con discapacidad no necesitan ni piden nuestra compasión, sino el derecho manifiesto a participar plenamente en la sociedad.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señor Presidente, una sociedad se juzga por su actitud ante los débiles, los enfermos y discapacitados. Esa es la razón por la que todas las acciones destinadas a ofrecer ayuda a las personas con discapacidad, enfermas o con dificultades de adaptación a su entorno no solamente previenen la exclusión social o la pobreza, sino que también fomentan la integración social, además de mejorar la calidad de vida y la salud física y mental de las personas que están de alguna manera discapacitadas, permitiéndoles llevar una vida plena.

Todas las acciones emprendidas para ofrecer más información y aumentar la sensibilización con respecto a la discapacidad, y que incluyan accesos para los discapacitados a edificios, oportunidades educativas, reducción de la burocracia en el sistema de ayudas y aumento de los fondos, especialmente para mujeres y niños discapacitados, deberían ser una prioridad para los programas a nivel nacional y europeo. Es importante mejorar el acceso al mercado laboral, incluyendo el acceso a Internet, aprovechar los incentivos fiscales destinados a fomentar el empleo de las personas discapacitadas y flexibilizar el horario de trabajo, especialmente para las madres con hijos discapacitados.

Es igualmente importante que las instituciones sean más accesibles, mejorar el control de la forma en la que se distribuye la ayuda, ofrecer servicios de fisioterapia y ayuda psicológica general, y aumentar el número de instructores y terapeutas titulados.

No obstante, ofrecer ayuda y cuidado para las personas con discapacidad, lo que ayuda a su desarrollo físico y personal, no debería fomentar el egoísmo. El problema, especialmente en mi país y en otros países pobres que se han unido a la Unión Europea, no es tanto la falta de voluntad por ayudar a las personas que sufren algún tipo de discapacidad física o mental, sino más bien el hecho de que existe pobreza y desempleo, una carencia de fondos para el transporte, sillas de ruedas y otros equipos que, junto con las medidas para facilitar el acceso a los edificios para los discapacitados, facilitarían la movilidad.

Casi el 15 % de los polacos sufren una discapacidad. Estas personas se enfrentan a muchos problemas a diario, a pesar del gran trabajo de las ONG y de las legiones de voluntarios que quieren dedicar su tiempo a ayudar a los demás. En Polonia, existe una carencia de colegios para niños autistas, no hay suficientes materiales de lectura escritos en Braille para los ciegos y las personas discapacitadas pobres no pueden permitirse vehículos especialmente adaptados. Además de esto, casi todas las exenciones fiscales han sido abolidas para las personas que ya viven en la pobreza, en ocasiones en una pobreza extrema, como resultado de las bajas pensiones.

Los anteriores Gobiernos socialistas en particular perseguían objetivos macroeconómicos en su planteamiento relativo a las personas con discapacidad. Abolieron las exenciones fiscales para familias y redujeron notablemente los subsidios por discapacidad. Esto ocurrió cuando el país estaba adaptando su legislación para armonizarla con la legislación de la Unión Europea, donde el utilitarismo neoliberal, más que la valía y la dignidad humana, es lo que realmente cuenta.

La mayoría de los niños con discapacidad mental asiste a colegios de educación especial y no de educación general, lo que no ayuda a su integración. Esa es la razón por la que incluso los informes mejor elaborados y más meticulosos que abordan la cuestión de la discapacidad se mantendrán como entidades teóricas, sin ninguna oportunidad de aplicación práctica, en vista de la avaricia de los ricos y del hecho de que los principios y valores morales han sido sustituidos por las leyes del mercado y la libre circulación de capital en una dirección, concretamente de los pobres a los ricos. Esa es la razón por la que apelamos, una vez más, a la solidaridad. Necesitamos solidaridad, no solamente sobre el papel de los documentos de la Unión, sino también en las decisiones y acciones emprendidas. Pedimos especialmente solidaridad a las autoridades responsables de salvaguardar nuestra salud y nuestra sociedad.

  Lydia Schenardi, en nombre del Grupo ITS. – (FR) Señor Presidente, Señorías, en todo el mundo, unos 240 millones de mujeres sufren alguna discapacidad. Además, en la Unión Europea, la tasa de empleo de las mujeres con discapacidad es del 2 %, frente al 36 % de los hombres con discapacidad. Están infrarrepresentadas, por no decir ausentes en ocasiones, en muchos ámbitos de la vida social, cultural y política no solo de Francia, sino de toda Europa.

En Francia, la ley exige a las empresas con más de veinte trabajadores que cumplan el objetivo de tener un 6 % de trabajadores con discapacidad en la plantilla. En realidad, sin embargo, la tasa de empleo es tan solo del 4 %. Es muy normal que algunas empresas prefieran pagar multas, a veces incluso muy elevadas, a emplear personas con discapacidad. Sin embargo, un 40 % de las mujeres con discapacidad están buscando un empleo duradero. Esta situación absurda debe cesar.

Por último, me sorprende comprobar que las técnicas de cuotas y discriminación positiva, ampliamente utilizadas por el Parlamento para defender, en particular, los derechos de los extranjeros en la Unión Europea o la presencia de mujeres en los partidos políticos o en los órganos profesionales de decisión, no se recomienden con la misma insistencia para las mujeres con discapacidad, y ni siquiera se contemplen en este informe. Europa es indudablemente una Europa de múltiples velocidades.

  Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, un hito en lo que respecta a los derechos de estas personas, entró en vigor a principios de abril. Dicha convención estipula que los 650 millones de personas con discapacidades que existen en todo el mundo tienen los mismos derechos que quienes que no las sufren. Abarca derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y por consiguiente ofrece una protección jurídica efectiva. Por vez primera, las discapacidades se reconocen como una cuestión de derechos humanos. Es lamentable, y en este caso también agradecería mucho otra declaración de la Comisión, que la Comisión de la UE se haya acobardado y se haya negado a firmar el protocolo adicional, que habría otorgado a las personas individuales y a las organizaciones el derecho a apelar ante el Comité de Expertos de la ONU.

Cuando aquí, en el Parlamento, hablamos de personas con discapacidad, sobre todo de las mujeres y las niñas con discapacidad, no podemos dejar de preguntarnos si no sería preferible hablar de las barreras del entorno. Si consideramos este edificio y el resto de edificios institucionales, incluidos los de las instituciones europeas, salta a la vista que todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar efectivamente las oportunidades disponibles para las personas con discapacidad. Aquí en esta Cámara, por ejemplo, una mujer o una niña con una discapacidad solo podrían acceder a la cantina mediante el montacargas. Es algo muy lamentable y desde luego debemos acondicionar nuestra propia casa y procurar hacer algo por las personas que no cuentan con una libertad de movimientos razonable.

En todo el mundo, esta doble discriminación afecta principalmente a las mujeres. No obstante, por lo que respecta a esas mujeres y niñas, es muy importante que no nos limitemos a hablar de su desgracia, ya que también son personas conscientes y, a pesar de sufrir una discapacidad, lógicamente tienen los mismos derechos en lo que respecta al diseño de la sociedad.

Es especialmente lamentable que las niñas y las mujeres con discapacidades sean objeto de abusos sexuales con demasiada frecuencia, ya sea por parte de familiares, cuidadores u otro personal. En particular, lamentablemente, estas mujeres también tienen muchas dificultades debido a su victimización y a que no disfrutan de los mismos derechos en relación con el matrimonio o la creación de una familia. Todavía se da el caso de que se esterilice y se obligue a abortar a las jóvenes y mujeres con discapacidad. Los casos de abortos forzosos son muy elevados y, dado que a dichas mujeres no se les conceden los mismos derechos en materia de sexualidad y maternidad, sus derechos reproductivos también se ven muy restringidos.

Según el informe de las Naciones Unidas, solo una cuarta parte de las mujeres con discapacidad tiene un empleo remunerado. En este ámbito debemos introducir verdaderos cambios a escala europea. También es sabido que, en comparación con los hombres con discapacidad, las mujeres, en parte, solo ganan la mitad que los hombres. También en este ámbito, tendríamos que volver a solicitar datos más precisos a la Unión Europea. Ya somos conscientes de que, a pesar del principio de «a igual trabajo, igual salario», existen flagrantes diferencias entre hombres y mujeres por lo que respecta a las mujeres con discapacidad. Es algo vergonzoso.

Según cálculos de la UNESCO, solo el 3 % de las personas con discapacidad en todo el mundo pueden leer y escribir, una cifra que desciende al 1 % en el caso de las jóvenes y mujeres con discapacidad. En este aspecto, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor en el ámbito de la ayuda humanitaria, pero también deberíamos volver a dar una alta prioridad al tema de las oportunidades educativas y la mejora de la educación, en especial para niñas con discapacidad. Los Estados miembros deben hacer mucho más en este ámbito.

Por lo tanto, es muy importante que demos un impulso a este tema a escala europea y que dediquemos mucha más atención a este ámbito. No obstante, por mi parte considero es muy importante que nuestra resolución no se quede por debajo de la Convención de la ONU. Por esto, en realidad tenemos que dejar mucho más claro que esas mujeres naturalmente no desean que se las considere solo como víctimas. Quieren dejar claro que, a pesar de sufrir una discapacidad, esta no debe traducirse en una discriminación en el mercado laboral o en lo que respecta a la educación. Debemos conceder mayor importancia a la protección de estas mujeres contra la violencia y emitir señales muy claras.

Espero sinceramente que podamos avanzar un paso con nuestra resolución y que no nos quedemos rezagados respecto de la Convención de la ONU.

  Amalia Sartori (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, también yo quiero agradecer, antes de nada, a la señora Herranz García el trabajo que ha realizado y el empeño con que ha llevado a cabo este informe.

Por lo que respecta al contenido, creo que es interesante para todos contar con unos pocos puntos clave que caracterizan nuestra labor. Partiendo del propio informe, en primer lugar quiero decir que creo que es importante, en nuestra relación con los Estados miembros, insistir en que los costes de la discapacidad deben correr a cargo de toda la comunidad. El segundo punto es que todas las disposiciones, directrices, proyectos y planes establecidos por las instituciones comunitarias deben tener en cuenta el hecho de que en nuestros países también hay discapacitados y que siempre constituyen una parte importante de todas las disposiciones que debemos adoptar. El tercer punto tiene que ver con la necesidad de asegurar la dignidad económica y social a todas las personas que trabajan en el sector asistencial.

Estoy segura de que en todos los países prevalece ahora el sentimiento de que la auténtica respuesta que hay que dar al problema de la discapacidad es evaluar las capacidades restantes de cada persona y ponerlas a disposición de la comunidad. Esta es la mejor respuesta para los que tienen capacidades distintas y también para todos nosotros.

Trabajamos para que nuestros países alcancen unas tasas de crecimiento y desarrollo económico cada vez más altas, porque consideramos que solo una comunidad rica, cultural y económicamente, puede dar las respuestas que esos mundos esperan.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Señor Presidente, en este Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, que esperemos que lo sea para todos, independientemente de su género, este informe es de especial importancia, ya que llama la atención sobre las mujeres con discapacidad, que son particularmente vulnerables a diversas formas de discriminación.

Por lo tanto, felicito a la ponente por su trabajo y quiero manifestar la esperanza de que la Comisión y los Estados miembros hagan suyas debidamente las propuestas del informe. Sabemos que las personas con discapacidad y sus familias suelen enfrentarse con mayores dificultades en la vida cotidiana. Necesitan ayuda y medidas que tomen en consideración su situación particular, que les permitan participar plenamente en las diversas actividades de la sociedad.

Por consiguiente, es necesario integrar las necesidades de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres en todas las políticas, a escala nacional, regional y local, y en particular en las políticas de desarrollo urbanístico, educación y formación, empleo, vivienda, transporte, sanidad y servicios sociales, incluida la asistencia personalizada cuando proceda.

Por lo tanto, se requieren políticas públicas sólidas respaldadas por inversiones importantes en ámbitos especialmente sensibles, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y las personas con discapacidad. Para que esto suceda, las prioridades públicas deben cambiar.

No podemos seguir dando prioridad a los criterios de convergencia nominal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, a la vez, recortar la inversión pública, como ha ocurrido en Portugal, lo que ha conducido al cierre de maternidades, servicios de urgencias, servicios sanitarios y escuelas. Ello debilita los derechos humanos, en especial los de los sectores más vulnerables de la sociedad, como en el caso de las mujeres y de las personas con discapacidad.

No está bien declarar que deseamos igualdad de oportunidades para todos y lanzar una campaña de propaganda, y luego aplicar políticas neoliberales que agravan la desigualdad y la injusticia social. Más que declaraciones de intenciones, lo que necesitamos es un cambio político que dé prioridad a la justicia social y a auténticas políticas de inclusión social e igualdad de oportunidades para todos, independientemente del género.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, doy las gracias a la ponente por habernos dado la oportunidad de celebrar un debate tan amplio sobre las personas con discapacidad en general y las mujeres con discapacidad en particular.

He aquí otra resolución europea relativa a un grupo social vulnerable, ¿pero hasta qué punto se aplican nuestras propuestas parlamentarias? ¿Hasta qué punto afectan a las políticas dirigidas a las regiones? ¿Hasta qué punto se abordan los casos específicos y especiales de discapacidad, ya sea mayor y visible o menor e invisible? ¿Hasta qué punto se planifican para las personas con discapacidad nuevas tecnologías y nuevos métodos de tratamiento? ¿Cómo garantizamos que reciban una atención humana? ¿Cómo se dispone de los Fondos Estructurales europeos para facilitar la vida de las personas con discapacidad, sobre todo de las mujeres con discapacidad, teniendo en cuenta que tienen derechos plenos pero especiales a la educación, el empleo y la vida? Como ha manifestado con mucha razón mi distinguido amigo, el señor Breyer, las mujeres con discapacidad también desean disfrutar de una vida familiar plena.

Para poder prestarles ayuda, es preciso recordar, naturalmente, que son las mujeres quienes cuidan a las personas con discapacidad y que también ellas tienen derechos. ¿Garantizamos que las mujeres que cuidan a personas con discapacidad tengan la posibilidad de desarrollar las capacidades adquiridas al realizar esta tarea para poder usarlas de nuevo? ¿Reconocemos el servicio que prestan las mujeres en la familia, en las escuelas y en la comunidad? ¿Reconocemos su servicio voluntario? Hoy contamos con una oportunidad no solo de votar, sino también de ver cómo podemos poner en práctica, con medidas específicas, todo lo que deseemos para las mujeres con discapacidad.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la señora Herranz García por su labor como ponente.

Creo que todos en esta Cámara estaremos de acuerdo en que las mujeres discapacitadas suelen ser las personas más vulnerables y los valores de la Unión Europea nos instan a proteger y a mejorar las oportunidades para las mujeres discapacitadas. Una forma de abordar este problema es la creación de más oportunidades en el mercado laboral y educativo para mujeres con discapacidades, proporcionándoles así independencia y aliviando la presión sobre sus cuidadores.

Sin una educación adecuada, es muy difícil poder acceder al mercado laboral actual y prosperar. No obstante, la incorporación de programas educativos para discapacitados en nuestros sistemas escolares y el fomento del aprendizaje permanente entre las mujeres con discapacidades permitirían a estas mujeres mantenerse por sí mismas y conservar su independencia.

Los Estados miembros también deberían fomentar que los empresarios contraten a discapacitados, creando incentivos económicos para ello. Lo que sugiere la propuesta de resolución es un giro en la dirección correcta a ese respecto.

No hay dos personas iguales e incluso cuando comenzamos a clasificar y a etiquetar a las personas, debemos recordar que todo ser humano es único y tiene necesidades individuales. Los Estados miembros de la Unión Europea deben tener en cuenta este hecho a la hora de analizar la legislación relativa a las mujeres con discapacidades. Las mujeres con discapacidades constituyen un grupo muy diverso y todas las acciones destinadas a ayudar a estas mujeres deben tener en cuenta esta diversidad.

Finalmente, este es el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos. Ayer comenzamos una gira europea con un camión para enviar este mensaje a todos los europeos. Creo que aliviar la grave situación de las mujeres con discapacidades es una prioridad muy importante en el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Aş dori să felicit raportorul pentru munca depusă şi aş dori să subliniez importanţa acestui subiect pentru dezvoltarea economică şi socială a Uniunii Europene. Avem nevoie de o Europă socială şi, tocmai de aceea, cred că persoanele cu handicap au un rol important şi un loc al lor în Uniunea Europeană. Europa va avea succes doar dacă utilizăm creativitatea tuturor cetăţenilor săi. Anul 2007 este anul egalităţii de şanse, dar, din păcate, deşi una din patru familii are o persoană cu handicap printre membrii săi, nu îi vedem nici pe stradă, nici în sălile de concerte, nici în mijloacele de transport în comun. Tocmai de aceea cred că avem obligaţia să facem mai mult pentru persoanele cu handicap. În acest sens, cred că utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării va ajuta persoanele cu handicap să se integreze în viaţa economică şi socială. În special, rolul femeilor este extrem de important şi delicat şi, de aceea, o atenţie deosebită trebuie acordată acestui subiect. Este important, întâi şi întâi, ca femeile cu handicap să poate fi integrate în câmpul muncii, dar, în acelaşi timp, să poată deveni mame şi să poată să aibă grijă de familia lor. Este importantă reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi, de aceea, cred că rolul femeilor cu handicap este important şi trebuie să protejăm aceşti cetăţeni pentru a se integra în Europa. Felicit încă o dată raportorul şi aş dori ca prin revizuirea pieţei interne, pe care Comisia Europeană o va efectua şi, de asemenea, prin măsurile viitoare pe care le vom lua, să ne gândim la persoanele care îngrijesc oamenii cu handicap, la femeile cu handicap, pentru a le putea oferi condiţii cât mai bune.

  El Presidente. - Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

6. Comunicación de posiciones comunes del Consejo: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 11.20 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SEÑOR POETTERING
Presidente

7. Comunicación de la Presidencia

  El Presidente. Señorías, la Conferencia de Presidentes me ha pedido que emita una declaración en relación con este asunto y puedo decir, con toda firmeza, que no habrá debate ni discusiones al respecto. No se aceptarán intervenciones.

La Conferencia de Presidentes me ha dado instrucciones para que les facilite el texto de un comunicado de prensa emitido ayer por el Presidente del Parlamento y para realizar un comentario adicional en relación con dicha declaración.

Por amplia mayoría, la Conferencia de Presidentes aprobó el contenido de un comunicado de prensa que el Presidente del Parlamento Europeo emitió ayer sobre la cuestión del mandato del señor Bronisław Geremek. El comunicado de prensa de ayer dice lo siguiente:

«A día de hoy, el Parlamento Europeo todavía no ha recibido comunicación alguna de las autoridades polacas en relación con el mandato del señor Geremek: Bronisław Geremek es una personalidad política de alto valor que siempre ha luchado por la democracia en su país y por la unidad de Europa. Examinaremos todas las vías legales para asegurar que el señor Geremek pueda proseguir su labor.»

(Grandes aplausos)

Mi declaración de ayer continúa de la siguiente forma: «Según la información de que disponemos, el Tribunal Constitucional polaco también está estudiando en la actualidad la cuestionable ley sobre la que se fundamenta la retirada del mandato del señor Geremek. Se espera que dicho Tribunal emita su veredicto la próxima semana. He encargado al servicio jurídico del Parlamento Europeo el análisis preciso de la situación legal. La Conferencia de Presidentes discutirá asimismo este tema mañana.»

Señorías, esto que acaba de suceder y la Conferencia de Presidentes desea transmitir su simpatía y solidaridad a nuestro colega, el diputado Bronisław Geremek.

(Grandes aplausos)

8. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Resultados y otros detalles de las votaciones: cf. Acta)

8.1. Simplificación y racionalización de los informes sobre la aplicación práctica (votación)

– Informe Figueiredo (A6-0059/2007)

8.2. Compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y de los departamentos franceses de Guayana y de la Reunión (votación)

– Informe Freitas (A6-0083/2007)

8.3. Política Pesquera Común (consejos consultivos regionales) (votación)

– Informe Attwooll (A6-0078/2007)

8.4. Situación de las mujeres con discapacidad en la Unión Europea (votación)

– Informe Herranz García (A6-0075/2007)

8.5. Información básica sobre las paridades de poder adquisitivo (votación)

– Informe Bowles (A6-0077/2007)

8.6. Equipos de intervención rápida en las fronteras (votación)

– Informe Deprez (A6-0135/2007)

8.7. Conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros (votación)

– Informe Gklavakis (A6-0085/2007)

8.8. Galileo (votación)

– Propuesta de resolución: B6-0155/2007

8.9. Derechos humanos en el mundo en 2006 y política de la UE (votación)

– Informe Coveney (A6-0128/2007)

– Antes de la votación de la enmienda 19

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Señor Presidente, quiero proponer una enmienda oral a la enmienda 19, de forma que la segunda mitad del apartado incluya las palabras «pide urgentemente que se extienda el mecanismo internacional temporal y», para continuar después con «urge al Consejo y a la Comisión a vigilar de cerca la evolución de las circunstancias», etc. De este modo, esta enmienda oral solamente añadiría unas cuantas palabras del apartado 28 original al texto de la enmienda 19.

  Simon Coveney (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, como ponente no tengo nada en contra de que se añadan esas palabras.

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación del apartado 94:

  Simon Coveney (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, pasra ser exactos y estar al día, con respecto al apartado 94, propongo mediante nuestra enmienda oral la inclusión de las palabras «sin embargo, acoge con satisfacción el restablecimiento de la ayuda en febrero de 2007».

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación de la enmienda 13

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Señor Presidente, prometo que esta es la última vez. Quiero proponer una pequeña y eficiente enmienda de la enmienda 13, de forma que quede: «pide a sus comisiones que hagan todos los esfuerzos razonables por respetar el equilibrio de género».

Esto permitiría al Grupo ALDE votar a favor de esta enmienda. De lo contrario, tendremos que abstenernos, porque el texto original es demasiado prescriptivo. Espero que esta enmienda oral pueda ser aceptada y que quizás incluso el ponente la acepte.

  Simon Coveney (PPE-DE), ponente. – (EN) Señor Presidente, como sabrán los diputados del Grupo del PPE-DE, recomendé que rechazásemos esta enmienda, porque la consideraba demasiado prescriptiva. No obstante, sobre la base de la enmienda oral, como ponente acepto la enmienda tal como queda.

(Se acepta la enmienda oral)

– Antes de la votación del apartado 150:

  Józef Pinior (PSE). – (EN) Señor Presidente, quiero proponer que las palabras «acoge con satisfacción» sean sustituidas por la palabra «señala» en el apartado 150. El resto de la frase se mantendría sin cambios.

(No se acepta la enmienda oral.)

8.10. Moratoria sobre la pena de muerte (votación)

– Propuesta de resolución: B6-0164/2007

– Antes de la votación

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, en el cuarto visto, donde se dice que la declaración fue firmada por 85 países, quisiera añadir la palabra «inicialmente», de modo que el visto diga: «declaración... inicialmente firmada por 85 países».

(Se acepta la enmienda oral)

8.11. Homofobia en Europa (votación)

– Propuesta de resolución: RC-B6-0167/2007

– Antes de la votación

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quisiera hacer una breve observación. Desde el punto de vista semántico, el contenido de la resolución no se corresponde con el concepto de homofobia. La palabra en el título se ha usado de forma incorrecta.

– Antes de la votación del apartado 12a:

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, tras el debate sobre la declaración de la Comisión, nos gustaría actualizar la propuesta de resolución, añadiendo un nuevo apartado 12a, que diría: «Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión Europea haya iniciado el procedimiento para una nueva directiva que ampliaría el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE relativa a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación social, para incluir áreas de discriminación fuera del mercado laboral;»

(No se acepta la enmienda oral.)

8.12. Finanzas públicas en la UEM en 2006 (votación)

– Informe Lauk (A6-0076/2007)

  El Presidente. Con esto concluye el turno de votaciones.

9. Explicaciones de voto

Informe Figueiredo (A6-0059/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, el creciente temor a la pérdida de puestos de trabajo, que no solo se ha traducido en un aumento de la incidencia de varias enfermedades y, como consecuencia, en unos altos costes para las empresas y las aseguradoras médicas, en combinación con el riesgo asociado de la pobreza, también disminuye la posibilidad y la inclinación de las mujeres europeas a tener hijos. No obstante, tener hijos no debería seguir siendo motivo para quedar atrapado en la pobreza, y la decisión consciente de formar un hogar y una familia no debería castigarse con una vida de miseria. Si continuamos impulsando nuestra política de creación de empleos a tiempo completo y de salvaguarda de los puestos de trabajo, no solo reduciremos el índice de absentismo provocado por las enfermedades, sino que quizás también contribuiremos a que vuelva a aumentar el número de nacimientos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las cuestiones relativas a la salud y las condiciones laborales de los trabajadores, la organización de los servicios sanitarios, higiénicos y de seguridad en el lugar de trabajo y la lista de enfermedades profesionales se plantearon en la Comunidad en 1989 con la publicación de la Directiva marco 89/391. Desde entonces se han adoptado otras directivas que cubren diversos aspectos de la higiene y la seguridad en el trabajo.

Es de esperar que la aprobación de este informe se traduzca en una mayor atención a la aplicación efectiva de dichas directivas y a las condiciones laborales, con vistas a reducir la cifra de más de 4 millones de accidentes laborales anuales y de más de 4 500 muertos y lesionados con discapacidad permanente en toda la UE.

Estamos firmemente convencidos de que es necesaria una política de mejora real en las prácticas de los distintos Estados miembros. La Comisión debe presentar urgentemente un informe más detallado sobre la situación actual en lo que se refiere a la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Además, deben aplicarse las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, así como el resto de la legislación en esos ámbitos.

Informe Freitas (A6-0083/2007)

  Jean-Claude Fruteau (PSE), por escrito. – (FR) El informe Freitas, sometido hoy a votación, versa sobre las regiones ultraperiféricas y, en particular, sobre la isla de Reunión. Las regiones ultraperiféricas padecen limitaciones geográficas y geopolíticas que acentúan su aislamiento y reducen su capacidad para exportar mercancías al continente europeo.

Concebido para compensar los costes adicionales, este régimen pretende apoyar a los sectores de la pesca local a través del procesado de los productos de la pesca y su transporte y comercialización en el continente europeo. Contribuye asimismo a incrementar la competitividad de las empresas locales y del sector pesquero a escala europea. La eficacia de este régimen se refleja en el hecho de que las compensaciones han permitido un aumento en volumen y valor de las exportaciones de Reunión desde el año 2000.

Con la prórroga del régimen de compensación se podrá proseguir el esfuerzo de integración de los sectores de la pesca industrial, de palangre y de bajura de las regiones ultraperiféricas en el mercado interior. Dicho esfuerzo de integración deberá respaldarse con otros factores, como la consideración de la variación de los precios del petróleo, pues no hay que olvidar que las regiones ultraperiféricas dependen mucho del petróleo y que los costes de transporte representan un freno a la exportación de los productos locales.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos alegra mucho que el informe aprobado hoy haya incorporado todas las propuestas presentadas por el Partido Comunista portugués (PCP). Dichas propuestas ya estaban incluidas en la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional, que nos encargamos de elaborar.

Dada su importancia, quisiéramos destacar las siguientes propuestas presentadas al Parlamento por el PCP en relación con el aumento en el presupuesto general:

- el incremento de 2 millones de euros en el presupuesto general, de 15 a 17 millones de euros, de los cuales 570 000 euros se han asignado a las Azores y Madeira;

- la eliminación del límite de compensación del 75 % para los gastos de transporte y otros costes relacionados, garantizando una cobertura completa del 100 % de dichos costes para la Europa continental y para los mercados locales de las regiones ultraperiféricas;

- la supresión de la cláusula de caducidad, de manera que el plan de compensación pase a ser permanente, con una revisión cada cinco años;

- continúa permitiéndose que la industria transformadora local utilice pescado capturado por barcos comunitarios, en el caso de que las capturas pesqueras locales sean insuficientes para abastecer a dicha industria;

- la discriminación positiva a favor de la pesca tradicional costera a pequeña escala;

- la admisibilidad [para cubrir sus costes] del transporte dentro de cada región ultraperiférica, con el fin de abordar el problema de la fragmentación geográfica, como en el caso de las Azores.

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Freitas por las siguientes razones:

1. Toma en consideración las características particulares del sector pesquero en las regiones ultraperiféricas, garantizando la compensación de los costes adicionales incurridos por los operadores económicos que intervienen en la actividad pesquera.

2. El informe propone que el plan de compensación pase a ser permanente, en consonancia con las dificultades permanentes a las que se enfrenta el sector de la pesca en las regiones ultraperiféricas.

3. Propone la posibilidad de complementar el plan de compensación comunitario con ayudas nacionales.

4. Propone una mayor flexibilidad en la gestión financiera del plan, mediante la admisión de variaciones en los fondos asignados a cada región o Estado miembro.

5. Propone un incremento de 15 a 17 millones de euros de los recursos financieros, que financiará anualmente el plan de compensación durante el periodo 2007-2013.

En otras palabras, aunque en principio la propuesta de la Comisión era buena, las propuestas del Parlamento han conseguido mejoras importantes que satisfacen plenamente la necesidad de compensar los costes adicionales asociados a la pesca en Madeira y las Azores, que ahora contarán con un presupuesto general anual de 5 millones de euros para tal fin.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La realización del mercado interior y la supresión gradual de las barreras comerciales han contribuido enormemente a impulsar las economías de escala en las regiones ultraperiféricas. No obstante, las barreras naturales al comercio que se mantienen en dichas regiones ponen a las empresas allí ubicadas en una situación de clara desventaja en comparación con aquellas que se benefician plenamente del acceso al mercado comunitario. Estas condiciones geográficas y culturales específicas de las regiones ultraperiféricas justifican la compensación que se paga por los costes adicionales incurridos en la comercialización de los productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas para el mercado de la Europa continental.

En consecuencia, la continuidad de los planes de compensación para las Azores, Madeira, las Islas Canarias y los departamentos franceses de Guayana y La Reunión en el periodo 2007-2013 significa que finalmente tendremos que adoptar una estrategia de ayuda al desarrollo específica para dichas regiones, en particular en el sector pesquero, mediante una consolidación de la cooperación. Por lo tanto, este debería ser un régimen permanente, con la posibilidad de un cierto grado de flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones específicas de dichas estas regiones y con el fin de optimizarlo.

En consecuencia, es fundamental que demos nuestro apoyo solidario a estas medidas.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me complace mucho el informe del señor Freitas, que tiene muy en cuenta los costes adicionales que soportan algunos departamentos ultramarinos franceses para la exportación de los productos de la pesca. Se han defendido realmente bien los intereses de Guayana y Reunión, que exportan este tipo de productos. El Parlamento Europeo ha formulado en particular las cuatro peticiones siguientes.

En primer lugar, que se suprima el límite inicial de compensación de los costes adicionales, fijado arbitrariamente en un 75 %. Por un lado, dicho porcentaje no se basa en ningún criterio lógico y, por otro, no existe ninguna razón para que los productos de la pesca no se beneficien de un régimen igual de ventajoso que los productos agrícolas.

En segundo lugar, que sea posible conceder ayudas estatales a la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca procedentes de esas regiones y que se conceda una compensación para los productos de importación utilizados para la transformación de los productos de la pesca, como sal y aceite.

En tercer lugar, que se autorice el recurso a la importación intracomunitaria cuando las capturas de las flotas de las regiones ultraperiféricas sean insuficientes para garantizar la rentabilidad de las industrias de transformación de estas regiones.

Por último, que la dotación financiera para Guayana y Reunión se incremente a 5 518 000 euros.

Informe Attwooll (A6-0078/2007)

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) Los consejos consultivos regionales (CCR) se establecieron en aplicación de la reforma de la política pesquera común aprobada en 2002. La Decisión del Consejo 2004/585/CE define un marco general para el funcionamiento de los CCR con el fin de asegurar su gestión coherente y equilibrada. La propuesta de la Comisión, apoyada plenamente por la ponente del Parlamento, tiene como objetivo situar a los CCR sobre una base operativa más firme mediante la mejora de las condiciones en virtud de las que se fundaron. Las enmiendas introducidas tienen por objeto a garantizar que la contribución comunitaria no sea decreciente, como se propuso en principio.

Votaré a favor de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Apoyamos este informe que mejora las condiciones de funcionamiento de los consejos consultivos regionales (CCR). Su integración en el presupuesto significa que la contribución comunitaria ya no será decreciente y que estarán sujetos a un método de contabilidad único.

No obstante, la cuestión fundamental que se debe abordar es la de la viabilidad financiera a largo plazo de los CCR. Dado que estos son parte integrante de la política pesquera común (PPC), la financiación comunitaria para su funcionamiento habitual debe estar garantizada de forma permanente.

El informe que tenemos sobre la mesa se refiere a la financiación y no a otros aspectos de la decisión del Consejo, tales como la cantidad, la composición y el funcionamiento de los CCR, que se tratarán en otra revisión de la Decisión 2004/585/CE. En la actualidad, resulta difícil realizar una evaluación de los CCR, dado que solo están en funcionamiento cuatro de los siete.

No obstante, nuestro apoyo a la propuesta se basa en una visión de los CCR como un instrumento para promover la descentralización de la PPC, asegurar que los pescadores y sus órganos representativos participen en el proceso de toma de decisiones en relación con la PPC –lo cual consideramos que no está sucediendo en estos momentos– y garantizar que los intereses de todos los Estados miembros estén representados de forma equitativa en el asunto de la industria pesquera.

Informe Herranz García (A6-0075/2007)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del informe elaborado por Esther Herranz García porque transmite un mensaje importante a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres que experimentan distintas dificultades en su vida diaria y no pueden ejercer plenamente sus derechos. A mi parecer, todavía hay que mejorar en la ayuda a las personas discapacitadas, por lo que acojo con satisfacción los esfuerzos del Parlamento Europeo por mejorar las prestaciones sociales para las personas que no pueden cuidar de sí mismas y dependen de la ayuda de otros.

No debemos olvidar la importante contribución de las familias y las organizaciones de las personas con discapacidad, que nos ofrecen un cuadro detallado de las dificultades y las barreras –incluidas las barreras arquitectónicas– a las que se enfrentan y sugieren soluciones para mejorar su calidad de vida, así como para ayudarlas a integrarse plenamente en la sociedad. Creo firmemente en el valor de tender la mano a aquellas personas que se han visto privadas de algo, pero que están dotadas de la capacidad de observar y percibir el mundo de manera distinta. Ven el mundo con una mirada diferente y pueden percibir cosas que en las que el resto de nosotros a menudo no reparamos o cuya belleza se nos escapa muchas veces. Y lo maravilloso es que pueden correspondernos con creces con su entrega y reconocimiento ilimitados.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe trata sobre la estrategia comunitaria para aumentar los esfuerzos para conseguir el importantísimo objetivo de mejorar la situación de las mujeres con discapacidad en la UE.

Hemos votado en contra del informe porque tenemos la seguridad de que los respectivos Parlamentos nacionales de los Estados miembros son capaces de hacerse cargo de forma adecuada de esta cuestión tan importante. En principio nos oponemos a la tendencia general por la que las instituciones de la UE intentan conseguir más influencia y mayores competencias en un número creciente de ámbitos.

Informe Deprez (A6-0135/2007)

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, en 2006, 31 000 refugiados ilegales llegaron a las Islas Canarias e intentaron emigrar desde allí al continente europeo, seis veces más de los que llegaron el año anterior. Hemos sido testigos de escenas similares en el sur de Italia y en Lampedusa.

Si queremos hacer algo ante la tragedia humana de los refugiados, hay que hacerlo tratando de resolver la situación desesperada de sus países de origen y no importando tensión social transitoria.

En consecuencia, nuestro Grupo acoge con satisfacción la creación de la agencia Frontex y de equipos de intervención en los países que sufren el problema de la inmigración masiva, con la condición de que este nuevo instrumento se despliegue de forma eficaz y no sirva simplemente como espectáculo mediático.

El control de las fronteras exteriores es competencia de los Estados miembros, pero el flujo de refugiados habitual hoy en día demuestra que dichas fronteras exteriores se han hecho demasiado permeables. Por lo tanto, solo se puede hacer frente a la afluencia exponencial de inmigrantes ilegales adoptando medidas adicionales, pero no sustitutivas, de apoyo a los Estados miembros, que es el cometido que es de esperar que cumpla la agencia Frontex.

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Señor Presidente, he votado a favor del informe Deprez porque las enmiendas al texto de la Comisión en general se refieren a correcciones técnicas. Los equipos de intervención rápida de Frontex son sin duda una necesidad urgente, vistas las grandes deficiencias de los distintos Estados miembros cuando se trata de proteger las fronteras exteriores.

Tendremos que esperar para comprobar hasta qué punto resultan eficaces esos equipos en la práctica. Todo el planteamiento depende de la voluntad de todos los Estados miembros de cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio de Schengen. En estos momentos, sobra apatía e indulgencia, y las regularizaciones en masa de inmigrantes ilegales han puesto en peligro todo el planteamiento de Schengen. Aunque los equipos de intervención de urgencia de Frontex trabajen de forma satisfactoria y eficaz, ello será completamente en vano si algunos Estados miembros no quieren asumir su responsabilidad política.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, también he votado a favor del informe Deprez porque, en mi opinión, es sin duda razonable recurrir en estos momentos al despliegue de tropas para reforzar las fronteras meridionales con el fin de controlar la amenaza que suponen hordas de refugiados.

No obstante, a la vez, no debemos olvidar las otras rutas principales, en primer lugar nuestras fronteras exteriores con la Europa Oriental. En este contexto, considero que deberían aumentarse de forma considerable los recursos disponibles para Frontex. Al mismo tiempo, tenemos que poner de manifiesto la realidad europea en los países de origen de los inmigrantes ilegales, de forma que el sueño de un país de la abundancia no continúe alentando tales actos de desesperación, y garantizar que la cooperación con dichos países en el ámbito de la repatriación, que de hecho financiamos en gran parte, funcione de forma más eficaz.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos oponemos a la creación a escala de la UE de los llamados equipos de intervención rápida en las fronteras de los distintos Estados miembros, ya que revelan la naturaleza militar represiva de la UE.

Esta medida forma parte de la tendencia actual hacia una seguridad a cualquier coste y refleja la política de criminalización de la inmigración, que es un ejemplo de una falta de respeto por la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales. Estos equipos de intervención rápida en las fronteras, los muros y los centros de detención de inmigrantes son instrumentos para la aplicación de una política que hace de Europa una fortaleza, a la que nos oponemos con vehemencia.

Esta medida se justifica alegando que se trata de combatir la inmigración ilegal. Deseo destacar que uno de los principales componentes de la política propuesta es la represión, a la vez que se pasan por alto las causas reales de la inmigración, a saber, la pobreza, el hambre, la guerra, la falta de perspectivas de una vida digna para millones y millones de seres humanos, incluido el pueblo portugués, provocadas por la explotación capitalista y la centralización brutal de la riqueza.

Por otro lado, dado que la protección de las fronteras es competencia de cada Estado, consideramos que esta propuesta –a pesar de algunas salvaguardas– constituye un paso más hacia la creación de un cuerpo europeo de guardacostas que, si se materializara, constituiría un ataque a la soberanía nacional.

Por lo tanto, hemos votado en contra del informe.

  Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) He votado a favor del informe porque creo que el mecanismo RABIT es necesario para hacer frente a la extraordinaria presión migratoria a la que periódicamente se ven sometidos varios Estados miembros de la UE. RABIT es de carácter voluntario y no es un intento de construir muros para aislarse del mundo exterior. Más bien creo que es importante que los Estados miembros cooperen si quieren combatir con eficacia el tráfico de seres humanos y el contrabando ilegal de personas, que a menudo ponen en situación de riesgo las vidas de quienes, desesperados, se han visto obligados ha abandonar su país. Miles de personas mueren cada año en su intento de llegar a Europa de forma arriesgada. RABIT es parte del trabajo pensado para impedir que las personas mueran en manos de cínicos traficantes de seres humanos. Como socialdemócrata, trabajo para conseguir una política de refugiados generosa y humana y quiero aumentar las oportunidades para que las personas encuentren legalmente su camino hacia Europa.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) El Reglamento que se nos presenta instituye un mecanismo destinado a prestar, durante un tiempo limitado, a los Estados miembros que se enfrenten a entradas masivas de inmigrantes ilegales, una ayuda en forma de equipos de intervención rápida en las fronteras. Esta reserva, integrada por 250 a 500 guardias de fronteras en el seno de la Agencia Europea para las Fronteras (Frontex), se pondrá a disposición de los Estados miembros que lo necesiten para proteger sus fronteras exteriores.

Lo cierto es que, si bien el control de las fronteras exteriores incumbe a los Estados y pertenece al ámbito intergubernamental, los flujos masivos de inmigrantes clandestinos registrados sobre todo entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre de 2006 frente a las costas de África Occidental en dirección a las Islas Canarias, demostraron hasta qué punto son permeables las fronteras exteriores de la Unión a una inmigración exponencial. Por consiguiente, la cooperación entre Estados parece crucial en este terreno. En 2006 llegaron a las costas de las Islas Canarias más de 31 000 inmigrantes ilegales, es decir, seis veces más que el año anterior.

Si bien estamos a favor del principio de cooperación entre Estados miembros para la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, estaremos en cambio muy atentos ante la banalización de Frontex por motivos esencialmente mediáticos y ante todo abuso federalista y supranacional de esta Agencia.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) He votado a favor de la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras, a condición de que se utilicen solo en casos excepcionales y en situaciones de emergencia. En mi opinión, este tipo de situaciones se dan cuando un Estado miembro se ve confrontado con un flujo masivo e ilegal de ciudadanos de un tercer país. En este sentido conviene destacar que debe respetarse la dignidad humana de los inmigrantes y que no se puede discriminar a las personas por motivos de género, raza, origen étnico, religión o modo de entender la vida, ni por cualquier discapacidad que puedan tener, edad u orientación sexual, y el Reglamento no debe tener tampoco un impacto negativo en los derechos de las personas que buscan protección.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Se pueden presentar varios principios y justificaciones –todos ellos válidos– a favor de la máxima cooperación en el seguimiento y la toma de medidas para proteger nuestras fronteras exteriores.

La UE en su conjunto se define también por sus fronteras. En este contexto, es evidente que las fronteras exteriores de la Unión son un territorio que queda bajo la soberanía exclusiva de los Estados miembros, pero también son territorios cuya integridad, seguimiento y protección repercuten en beneficio de todos, dado que los problemas que surgen en esas fronteras suelen tener ramificaciones para los demás Estados miembros. En primer lugar y ante todo, uno piensa en la inmigración ilegal. Pero también existe un tráfico ilegal y –en otro orden de cosas pero también con los mismos argumentos– las amenazas medioambientales.

Es enteramente correcto y de máxima importancia que podamos compartir la desproporcionada carga que soportan aquellos Estados miembros que, por motivos geográficos, tienen las fronteras exteriores más vulnerables. Además de ser una expresión de solidaridad entre Estados miembros de la UE, la cooperación de este tipo surge sobre todo de la necesidad de hacer que la protección de las fronteras sea lo más eficaz posible.

La idea de defender esas fronteras no debe confundirse con la del proteccionismo o el aislamiento; es sencillamente una cuestión de cumplir las normas.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) Debido a que varios Estados miembros se han enfrentado a situaciones críticas a resultas de la entrada masiva de inmigrantes clandestinos por vía marítima, la Unión Europea ha considerado necesario crear equipos de intervención rápida en las fronteras. La piedra angular de este proyecto es la solidaridad entre los Estados miembros.

Dichos equipos no se crean con el objetivo de expulsar a esas personas. Se trata más bien de prestar ayuda europea a los Estados miembros que acojan un aflujo excesivo de inmigrantes clandestinos. En efecto, los sucesos del verano pasado confirmaron la urgencia de prevenir situaciones difíciles, tanto para los Estados de destino y de tránsito como para los propios inmigrantes.

Así pues, los equipos tendrán la misión de patrullar las inmediaciones de las fronteras exteriores de la Unión Europea bajo la autoridad de los guardias de fronteras nacionales del Estado miembro de acogida.

Los miembros de los equipos de intervención rápida podrán ejercer todas las competencias necesarias para sus actividades de control o vigilancia de las fronteras. No obstante, deberán respetar plenamente la dignidad humana en el desempeño de sus actividades; del mismo modo, deberán respetar los derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea.

Para concluir, las preocupaciones expresadas por algunos sectores por el uso de estos equipos de intervención rápida en las fronteras no deben hacerse realidad con el paso del tiempo.

Informe Gklavakis (A6-0085/2007)

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos decidido votar en contra del informe porque creemos que los niveles de reasignación del tonelaje propuestos por la Comisión son adecuados. Además, cuestionamos la necesidad de aumentar la ayuda para un sector ya establecido en exceso. La UE ya tiene un exceso considerable de capacidad en su flota pesquera, y unos recursos pesqueros limitados. La dificultad, según se discutió en el Consejo, de comprobar que la capacidad de captura no aumente con la conversión es, pues, una de las razones por las que hemos decidido no apoyar un incremento de los niveles en cuestión.

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. (PT) En junio de 2006, después del acuerdo político conseguido en el Consejo sobre el nuevo Fondo Europeo de Pesca, se tomó la decisión de modificar dos disposiciones del Reglamento básico sobre la Política Pesquera Común revisada (2371/2002) que se aplica a la gestión de la capacidad de la flota pesquera. Con la enmienda se pretende permitir algunas adaptaciones de la flota para mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la higiene, la calidad de los productos a bordo y la eficiencia energética.

La enmienda ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de un aumento limitado de la capacidad de su flota con el fin de mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo, la higiene y la calidad de los productos a bordo, así como la eficiencia energética.

Votaré a favor de este informe.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe se refiere a la enmienda de los artículos 11 y 13 del Reglamento 2371/2002, el principal instrumento para revisar la Política Pesquera Común de 2002.

Uno de los problemas del Fondo Europeo de Pesca (FEP) era que ponía en peligro la ayuda comunitaria para modernizar y renovar las flotas que se ofrecía en el anterior instrumento financiero.

La propuesta actual, de junio 2006, posterior al FEP, ofrece una ayuda limitada para modernizar la flota con el fin de mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y la higiene. Abarca la eficiencia energética al permitir la reutilización de un 4 % del tonelaje retirado con ayudas públicas. Además, establece que no se podrá recuperar la reducción de la potencia después de la substitución de un motor con ayuda pública.

A pesar de nuestras reservas en relación con la propuesta de la Comisión, nuestro voto a favor se basa en dos propuestas presentadas por el ponente, que son las siguientes:

- el 10 % del tonelaje desechado puede utilizarse para la modernización, que, siendo limitada, permitirá dar prioridad a la modernización de buques de pesca costera de pequeñas escala, es decir, buques con una eslora total inferior a 12 metros;

- hacer que la ayuda para sustituir motores a efectos de mejorar la eficiencia energética sea más flexible.

Propuesta de resolución: B6-0155/2007

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Programa Galileo (el programa europeo de radionavegación por satélite) puede ser un instrumento importante. Al proporcionar un servicio público, será una oportunidad de cooperación, avance científico e intercambio de accesibilidad e información.

El proyecto debería incorporarse a una estrategia de inversión pública y seguimiento. Hay que encontrar soluciones para asegurar su financiación en el contexto de la cooperación internacional.

El sistema Galileo es visto con interés en países como China e India, que podrían ser socios importantes del proyecto. Sería una ayuda para terminar con el monopolio del GPS y crear en vez de ello un proyecto basado en una amplia cooperación internacional.

Creemos que todos los usuarios deberían tener garantizado un acceso universal y que la población en general debería tener acceso gratuito a la información disponible.

Sin embargo, es necesario reafirmar que, cuando se trata de este proyecto, deben garantizarse los derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos y que no se utilice para fines militares –el rechazo de la militarización del espacio y su uso para fines militares– y/o para poner en práctica una seguridad excesiva, en contravención de lo que está actualmente establecido.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El Programa Galileo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares de la Estrategia de Lisboa, dado su ámbito tecnológico y el valor añadido que de él se espera en términos no solo de puestos de trabajo sino también de progreso tecnológico. El potencial de crecimiento económico derivado del programa es un factor muy importante para la economía europea. Somos responsables de garantizar que se creen las condiciones para su puesta en práctica con la claridad, la eficacia y la velocidad necesarias. En consecuencia, comparto la preocupación de mis colegas por el hecho de que las negociaciones relativas al contrato de concesión estén bloqueadas, porque esos retrasos tendrán un impacto considerable en el coste global del proyecto.

Creo que es vital que, en estos momentos, canalicemos nuestros esfuerzos para garantizar que, en junio, la Comisión presente un calendario claro y creíble, soluciones para las futuras obligaciones financieras y escenarios alternativos para llevar a cabo el programa. Entonces el Consejo estará en posesión de todos los datos necesarios para asegurar la continuidad del proceso, con el fin de compensar los retrasos. Así pues, la resolución tiene todo mi apoyo.

  Lydia Schenardi (ITS), por escrito. – (FR) Hemos votado a favor de la resolución sobre el proyecto de navegación por satélite Galileo.

Hemos tenido varias ocasiones de expresar aquí nuestro apoyo a un proyecto industrial ambicioso, en el que, por una vez, la dimensión europea ocupa el lugar que le corresponde, aun cuando destacamos también sus insuficiencias o defectos, como su dimensión puramente civil o también la transferencia de tecnologías a países no europeos, como China, es dictadura comunista y exponente de una competencia comercial desleal.

Hoy, las negociaciones en torno al despliegue y la explotación del sistema están paralizadas. Además, pienso que fue gracias a la voluntad política de Estados que fueron muy pragmáticos en sus esfuerzos por cooperar entre ellos que se pusieran todos los medios técnicos, humanos y financieros al servicio de la construcción de una industria aeronáutica europea y que naciera Airbus. En el caso de Galileo, como la eurocracia ha ampliado sus poderes, la Comisión de Bruselas es la que brega en la negociación con socios privados y las conversaciones tropiezan con problemas relacionados con el dinero.

Está claro que el primer método era mucho mejor.

Informe Coveney (A6-0128/2007)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Creemos que los derechos humanos son universales e inviolables y que deben incluirse entre los fundamentos de toda sociedad. Por desgracia, esos derechos se violan en muchos lugares del mundo, e incluso en los Estados miembros de la UE.

Una gran parte del Parlamento Europeo y sus diputados se consideran a sí mismos como garantes de los derechos humanos en el mundo. Esos diputados no deben ser considerados ni más ni menos que eso, porque sin duda tienen buenas intenciones, y es esencial luchar por esos derechos fundamentales. La dificultad surge cuando los derechos humanos se utilizan como medio para promover las posturas de la UE en relación con, por ejemplo, el desarrollo de una política exterior y de seguridad común.

Hemos votado en contra de bastantes enmiendas que básicamente creemos que son lógicas, justas y, en algunos casos, incluso deseables, pero que bajo ningún concepto deben presentarse, ni decidirse, en esta Cámara.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Una vez más, la mayoría del Parlamento ha elaborado un informe sobre derechos humanos en el mundo que, a pesar de contener algunos puntos en los que estamos de acuerdo, se caracteriza esencialmente por una visión absolutamente manipuladora y reductora de los derechos humanos –políticos, sociales, económicos y culturales– y los utiliza como argumento para el intervencionismo y para ejercer presión política en algunos países, siempre a favor de los intereses y las conveniencias de la UE.

Es una estrategia de derechos humanos que implica un intento de instrumentalización del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la idea es aislar a aquellos países que no se rinden a los dictados del imperialismo.

Como hemos destacado antes, es un acto de extrema hipocresía en el que se protege a países que se consideran «amigos» y se critica a los «otros», aquellos que los Estados Unidos y la UE han señalado como objetivo. Es un ejercicio en el que no queremos tomar parte. Una vez más, el informe es completamente negligente en lo que se refiere a Israel; ignora completamente la política brutal de Israel de agresión y ocupación de Palestina, así como el hecho de que Israel viole sistemáticamente el derecho internacional y deteriore el derecho inalienable del pueblo de Palestina a tener su propio Estado soberano, independiente y viable.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) A pesar de su pretensión de ser exhaustivo, el informe sobre los derechos humanos en 2006 no menciona una de las principales causas de violación de dichos derechos: el comunismo, que todavía oprime a más de 1 500 millones de personas en China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Cuba, Zimbabue... En todos los países en que los comunistas están en el poder, se niegan las libertades fundamentales y se persigue a quienes se oponen, que son enviados por millones a campos de concentración.

En nuestro continente, el comunismo sometió a 300 millones de europeos. Hoy, a pesar de la caída del muro de Berlín, sigue ejerciendo su terrorismo intelectual. El hecho de que el señor Coveney no se atreva a mencionar la palabra en su informe es prueba de ello. Algunos diputados, como el señor Cohn-Bendit, llegan incluso a querer prohibir a los polacos que descomunisticen su país. Es un insulto a la memoria de los obreros de Gdansk, de los insurgentes de Berlín en 1953, de Budapest en 1956, de Praga en 1968 y de todos los combatientes de la libertad.

Desde 1917, el comunismo ha matado a más de 100 millones de seres humanos. Esta Cámara, tan prolija en temas de derechos humanos, debería exigir un proceso contra el comunismo.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (EN) Las razones por las que no puedo votar a favor de la resolución relativa al informe sobre los derechos humanos son las siguientes:

1. El informe no menciona los derechos sociales, económicos y culturales; tampoco pide que estos derechos reciban un trato prioritario en la Unión Europea. A pesar de que millones de personas de todo el mundo mueren de hambre, no tienen vivienda ni trabajo y viven en la más profunda miseria, el informe de la Unión Europea no menciona estas violaciones. Reduce los derechos humanos exclusivamente a las libertades civiles, pasando así por alto el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas;

2. El informe no menciona las violaciones de los derechos humanos cometidas o respaldadas por Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, con el fin de evitar la hipocresía, la Unión Europea necesita investigar y hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas con la participación o el apoyo de Estados miembros de la Unión Europea en terceros países o contra nacionales de terceros países;

3. La resolución pide una intervención militar en Sudán. Esto no es correcto, porque la protección de los derechos humanos debe ejercerse mediante acciones civiles, no militares. La guerra sigue siendo la violación más grave de los derechos humanos, aunque no se menciona en el informe. No se hace referencia al asesinato de civiles por parte de las fuerzas de Estados miembros de la UE en Afganistán y en Iraq.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Entre los diversos puntos planteados en el informe hay uno que debería resaltarse reiteradamente. Me refiero al punto 10: «Reitera que, en los futuros Informes anuales sobre los derechos humanos, el Consejo y la Comisión deben analizar la forma en que se incluyen los derechos humanos en otras políticas de la UE, como por ejemplo la Política Exterior y de Seguridad Común, las políticas en materia de desarrollo, comercio e inmigración, y otras cuestiones pertinentes relacionadas con las relaciones exteriores de la UE…»

El papel de la UE en el mundo, y en concreto en su vecindad inmediata, implica su capacidad de utilizar el poder atractivo para aumentar el respeto universal por los derechos humanos.

En la otra cara de la moneda, ha llegado el momento de que abordemos con seriedad la enorme amenaza para la difusión de los derechos humanos que surge de la estrategia de cooperación con China y la ayuda internacional, dado que China es un poder emergente en este ámbito. Ha llegado el momento de que nos planteemos de nuevo nuestra estrategia para que podamos seguir la vía más eficaz, de acuerdo con los valores que defendemos y que queremos promover.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos reconocen el importante papel de la Unión Europea para la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo, tal y como se señala en el informe Coveney. No obstante, hay algunos apartados con los que estamos fundamentalmente en desacuerdo, como por ejemplo los apartados 4, 16, 28, 31, 47 y 132.

Por esta razón, en general los conservadores británicos se han abstenido en la votación final sobre el informe.

Propuesta de resolución: B6-0164/2007

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como hemos dicho antes, agradecemos la iniciativa de presentar una propuesta de resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiendo la adopción de una moratoria universal sobre la pena de muerte, que, según los informes, tiene el apoyo de 88 países.

La abolición de la pena de muerte es algo a lo que aspiran millones de hombres y mujeres de todo el mundo. En efecto, un número cada vez mayor de países la han eliminado ya de su legislación nacional o han establecido una moratoria en su uso.

Creemos que este paso es en beneficio de la civilización y que lo ideal sería que se ampliara a otros países. Esta iniciativa podría ser un paso positivo en esta dirección.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta Resolución porque creo en la dignidad humana, de la que nadie debe ser despojada a base de sentencias de muerte.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Si existe una causa a la que podamos y debamos adherirnos sin asomo de duda es esta. Las razones son evidentes. Una sociedad que no considera que la vida sea el máximo valor, la norma, la base de todo, será siempre una sociedad capaz de la peor de las atrocidades. Por este motivo, no me sorprenden esos países sedientos de sangre que sentencian a sus opositores a la muerte sin escrúpulo alguno. Creo que tenemos la obligación, y quizás la capacidad, de detenerlos. Lo que más me sorprende son los países democráticos que imponen la pena de muerte, como si se hubieran visto sorprendidos por una repentina incapacidad de discernir correctamente el mal o por un desmoronamiento de los valores.

No quiero hacer aquí una digresión, pero debo decir que me sorprende que se pueda condenar la muerte de un ciudadano adulto, aunque esa persona sea culpable del más ruin de los crímenes, mientras que la vida de un bebé que todavía no ha nacido no se considera merecedora de protección.

Quiero finalizar diciendo que este compromiso por parte de la UE es un compromiso que tiene todo mi apoyo. También quiero expresar el deseo de que los Estados miembros, y la UE en conjunto, conviertan en hechos sus palabras.

Propuesta de resolución RC-B6-0167/2007

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, me opongo rotundamente a la discriminación contra los homosexuales, pero espero que esta Cámara redacte algún día una resolución que ya no sea causa de confusión con el concepto no satisfactorio de homofobia. Ya he hablado antes de este tema y quiero hacerlo una vez más.

Si estamos hablando de un problema real, la discriminación, contra el que realmente debemos hacer algo, ¿por qué demonios utilizamos la palabra errónea «fobia» en este sentido? Las fobias son diferentes tipos de ansiedad: son estados de temor que se consideran trastornos neuróticos. Se necesita una terapia para ayudar a curarlas y no se pueden curar con una acción política, como no se pueden curar así la claustrofobia, el temor a los espacios cerrados, o la aracnofobia, el temor a la arañas.

Lamento que las personas empiecen a sentirse culpables de sus sentimientos o sus fobias. El resultado no será más que otra nueva forma de discriminación y manipulación. También lamento que esta resolución haya discriminado a Polonia ofreciendo una imagen errónea de los sucesos y las actitudes habidas en dicho país. A causa de esos puntos relacionados con Polonia, y después de pensarlo mucho, he decidido abstenerme. Pero deseo expresar mi simpatía por todos aquellos homosexuales que han sufrido una verdadera discriminación e injusticia.

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, ni que decir tiene –y no sé de nadie en esta Cámara que opine lo contrario– que la discriminación de los homosexuales a causa de su orientación sexual es inaceptable en nuestros Estados miembros. Pero esto no significa que deba ponerse en duda el derecho de las personas muy religiosas a expresar libremente sus opiniones debido a la sofocante atmósfera de corrección política y terrorismo intelectual que está invadiendo esta Cámara. Como mencionó ayer brevemente el señor Claeys, se está empezando a imponer aquí una fobia contra la libertad de expresión, un miedo irracional a dejar que las personas expresen libremente sus opiniones. Es una fobia contra la que debemos luchar con todas nuestras fuerzas, porque esta resolución está superando la marca. Allí donde en el pasado se celebraban en muchas ocasiones debates sobre la homofobia, en la actualidad más bien todo el mundo se permite atacar a Polonia. Al fin y al cabo, igual que en el tema Geremek, sobre el que nadie habló con ninguna autoridad ayer, así es como el interrogatorio de la izquierda sobre la denominada homofobia en Polonia ha adoptado el papel de autoridad moral sin ningún conocimiento de causa, ni honestidad intelectual al respecto. Por este motivo he votado en contra de esta resolución.

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, en relación con mi voto quiero hacer constar aquí que no he votado en contra de esta resolución porque esté a favor de la discriminación de los grupos minoritarios. También condeno la declaración del ministro polaco. He votado en contra porque creo que hay temas más importantes que deberíamos abordar esta semana, también en forma de resolución, como el asesinato de cristianos en Turquía. Deberíamos poder abordar el tema de las mujeres turcas que se ven obligadas a casarse, incluso las que viven en Europa, o el del genocidio perpetrado por milicias musulmanas en Darfur, o incluso el de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, he votado en contra porque opino que deberíamos haber abordado otros temas más importantes.

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quiero hacer una declaración en nombre de todo el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. El Grupo del Partido Popular Europeo se ha abstenido en la votación porque no está de acuerdo con el procedimiento que se ha adoptado esta vez. El Grupo del PPE-DE manifiesta su apoyo a las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo en relación con la homofobia, en concreto, la decisión del 16 de enero de 2006. En este espíritu, el Grupo del Partido Popular Europeo rechaza enérgicamente toda forma de homofobia así como todas las formas de discriminación.

Al mismo tiempo, el Grupo del PPE-DE tiene la máxima confianza en las instituciones de la Unión Europea, en concreto en la Comisión, como guardiana de los tratados. Dada la postura jurídica existente –Directiva contra la discriminación–, la Comisión tomará las medidas necesarias siempre que así lo necesiten los Estados miembros de la UE, para poner fin a esas iniciativas que deben rechazarse desde todo punto de vista.

Además, nuestro Grupo apoya sinceramente la intervención de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para investigar la homofobia en Europa y quiere esperar a los resultados de esta investigación antes de tomar nuevas medidas.

El Grupo del PPE-DE confía absolutamente en que la sociedad polaca tomará las medidas adecuadas contra esas tendencias homófobas que han empezado a aparecer.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me he abstenido sobre la propuesta de resolución relativa a la homofobia en Europa. En primer lugar, este documento no trata de toda Europa, sino que se centra en Polonia; por tanto, el título de la resolución es, a mi entender, demasiado general. Por otra parte, me parece reduccionista abordar la lucha contra la homofobia como si se tratara principalmente de la lucha contra las discriminaciones basadas en la orientación sexual. Esta confusión entre la homofobia, cuya definición es «temor al prójimo», y la aversión a la homosexualidad es una fuente de malentendidos.

Estoy a favor, naturalmente, de la lucha contra todas las formas de discriminación basadas en la orientación sexual, con la reserva de las cuestiones relativas al matrimonio y a los hijos, en las que la reflexión política debe desarrollarse de acuerdo con la demanda social. No obstante, considero que la cuestión de la desigualdad de trato de los seres humanos y el temor a nuestros prójimos merecen algo mejor que esta resolución, si bien comparto muchas de las consideraciones recogidas en este documento.

  Gerard Batten, John Whittaker y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El Partido por la Independencia del Reino Unido no apoyará esta resolución porque consideramos que no compete al Parlamento Europeo establecer normas morales en los diferentes Estados miembros.

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), por escrito. (DA) En la votación de hoy sobre la homofobia en Europa, he elegido no votar ni a favor del informe en conjunto, ni en contra del mismo, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el informe. No he votado ni a favor ni en contra del informe porque no creo que tenga que haber un «tribunal popular» que condene a Polonia. En cambio, creo que tendría que haber un tribunal adecuado. El Parlamento Europeo no tiene competencia para actuar en este ámbito.

Si se infringen los derechos humanos, el asunto debería ponerse en manos del Tribunal Internacional de los Derechos Humanos.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de esta resolución por su defensa general de los derechos humanos en los Estados miembros de la UE, aunque queremos manifestar algunas críticas puntuales en relación con la redacción de uno de los puntos.

Es inaceptable seguir fomentando la práctica homófoba así como cualquier tipo de discriminación contra los ciudadanos por motivos de su orientación sexual. Por lo tanto, apoyamos que se pida a la Comisión un paquete legislativo contra la discriminación basado en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, para poner fin a la discriminación por diversos motivos, como el de la orientación sexual. Defendemos una gama de medidas para alentar el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades para todos, en vez de unas simples declaraciones formales no apoyadas con contenidos legislativos o presupuestarios.

También defendemos la petición de intensificar la aplicación práctica de la legislación existente en esos ámbitos, con el fin de defender y promover los derechos humanos. Nos oponemos a los comentarios discriminatorios expresados por políticos en relación con los homosexuales, dado que dichos comentarios a menudo incitan al odio y a la violencia.

  Jens Holm, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (SV) Hemos votado a favor de esta resolución porque expresa la importancia de prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual.

No apoyamos aquellas partes de las conclusiones de la resolución que proponen que la UE tenga más poder y el derecho a tomar decisiones.

Nuestro apoyo a esta resolución es simplemente un voto en contra de la detestable discriminación contra las personas debido a su orientación sexual.

Sin embargo, nos oponemos a todas aquellas conclusiones de la resolución que se refieren a más poder para la UE en varios ámbitos.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo nos hemos abstenido en esta propuesta de resolución conjunta. A pesar de que rechazamos toda forma de discriminación contra los homosexuales y todos los aspectos de la homofobia, creemos que esta propuesta se ha presentado sobre una base políticamente especulativa, partiendo de una grave falta de información objetiva.

En nuestra opinión, lo acertado sería ver cómo se desarrollan los acontecimientos mencionados en la propuesta con respecto a Polonia, en lugar de comentar acusaciones generalizadas.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) Estoy orgullosa de haber votado a favor de esta resolución y lamento mucho que algunos colegas se hayan opuesto a su presentación. Este es el Año europeo de la igualdad de oportunidades, en una Unión que se enorgullece de su compromiso a favor de los derechos humanos. No obstante, todavía tenemos ciertos Estados miembros, como Polonia, donde el Gobierno aún tiene que tomar conciencia de lo que significa realmente este compromiso. Significa asegurar la igualdad en el trabajo; significa no utilizar un lenguaje que incite al odio y la agresión contra las personas por el mero hecho de ser quienes son; significa respetar los derechos humanos de los demás, incluido su derecho de reunión y su derecho a ser protegidos de la violencia, incluida la violencia estatal. Espero sinceramente que esta sea la última vez que esta Cámara tenga que abordar este tema y confío en que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en virtud de la legislación y del Convenio internacional. Quiero dar las gracias a los diputados de los países involucrados que también han votado a favor de esta resolución.

  Marek Siwiec (PSE), por escrito. (PL) La resolución del Parlamento Europeo podría haber sido mejor o más precisa. Sin embargo, la preocupación por la imagen de nuestro país no puede ser una excusa para callar ante la discriminación por motivos de orientación sexual. La homosexualidad no es una enfermedad, como han declarado en el debate de hoy algunos participantes polacos. La homofobia es la verdadera enfermedad que contamina a muchas sociedades, como Polonia. La resolución abarca una cuestión fundamental; la grave situación con que se enfrentan miles de ciudadanos europeos, entre los cuales se encuentran miles de compatriotas míos.

En Polonia, igual que en otros Estados miembros, existe una sensación de disgusto contra los homosexuales. Sin embargo, en ningún otro Estado miembro las autoridades y las personas públicas realizan declaraciones que infringen los derechos civiles fundamentales, y, como tales, infringen los principios y valores que forman la base de nuestro sistema democrático.

Me entristece decir que en Polonia las personas homosexuales se ven acosadas e insultadas. Si salen a la luz, se enfrentan con agresiones verbales e incluso físicas. Si quienes están en el poder no llegan al extremo de apoyar esas acciones, ciertamente tampoco se oponen a ellas.

De la misma forma que no hay lugar para el racismo o el antisemitismo en una democracia moderna, tampoco puede haber lugar para la discriminación por motivos de orientación sexual. ¡Y mucho menos en el siglo XXI! Por este motivo, siguiendo los dictados de mi conciencia, tengo la intención de votar a favor de la resolución sobre la homofobia en Europa, dado que pide que se defiendan los derechos de esas personas, unos derechos que muchos otros, sobre todo en Polonia, les negarían.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Votaré en contra de la resolución sobre la homofobia en Europa.

No estoy del todo de acuerdo con el contenido de la resolución del Parlamento Europeo. El texto, que se basa exclusivamente en información procedente de Polonia, no refleja las intenciones y el título de la resolución («Resolución sobre la homofobia en Europa»). Por desgracia, en la Unión Europea encontramos homofobia a cada paso. El hecho de que no se mencionen las violaciones de los derechos de los homosexuales en otros países europeos hace que el documento sea incompleto.

Afortunadamente, las declaraciones realizadas por políticos como Maciej Giertych, Jaroslaw Kaczýnski o Ewa Sowińska no se traducen en medidas legislativas específicas. No se ha preparado ninguna legislación que infrinja los derechos de los homosexuales. Sin embargo, me temo que este estado de cosas puede cambiar. Nadie apoya el punto de vista de que habría que despedir a los maestros que promueven la homosexualidad entre sus alumnos. Ese tipo de declaraciones irresponsables son ofensivas para quienes desean vivir en una Polonia libre, tolerante y abierta. Son una amenaza para la democracia y no reflejan los puntos de vista de la mayor parte del pueblo polaco.

  Manfred Weber (PPE-DE), por escrito. (DE) El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se ha abstenido de votar sobre la resolución contra la homofobia en Europa dado que esta vez no está de acuerdo con el procedimiento.

El Grupo del PPE-DE expresa su apoyo a las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo en relación con la homofobia (en especial, la decisión del 16 de enero de 2006). En este espíritu, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos) rechaza enérgicamente todo tipo de homofobia así como todas las formas de discriminación sea cual sea su naturaleza.

Al mismo tiempo, el Grupo del PPE-DE tiene la máxima confianza en las instituciones de la Unión Europea, en concreto en la Comisión, como guardiana de los tratados. Dada la postura jurídica existente (Directiva contra la discriminación), la Comisión tomará las medidas necesarias siempre que así lo necesiten los Estados miembros de la UE, para poner fin a esas iniciativas que deben rechazarse desde todo punto de vista.

Además, el Grupo del PPE-DE apoya en su totalidad la designación de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales para que investigue la situación relacionada con la homofobia en Europa, y no desea tomar más medidas antes de conocer los resultados de este estudio.

La sociedad polaca tiene toda la confianza del Grupo del PPE-DE y sabemos que tomará las medidas adecuadas contra esas tendencias homófobas que han empezado a aparecer.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. – (FR) Todas las personas son iguales en dignidad, una dignidad que debe ser respetada y fomentada. Este enfoque debe guiar siempre todas nuestras acciones.

El procedimiento del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento especifica que «al incluir en el orden del día una declaración con debate, el Parlamento decidirá si procede o no cerrar el debate con una resolución.» ¿Cuál es el sentido de este procedimiento si ya antes del debate tienen que haberse presentado todas las propuestas de resolución y ha concluido ya el plazo para la presentación de enmiendas? Es, pues, un diálogo de sordos.

Esta resolución no es una repetición del debate interinstitucional, en el que, por cierto, solo han podido participar los iniciados. El procedimiento es tanto más criticable cuanto que los servicios del Parlamento consultados invalidan las alegaciones adoptadas. La propia Polonia ya había respondido, el 5 de marzo, en la página web oficial del Primer Ministro, a las nuevas acusaciones hechas por el Parlamento.

Aunque el título pretende hablar de la homofobia en Europa, incriminamos injustamente a un Estado soberano y a su Gobierno democráticamente elegido. Sin duda, esta resolución se utilizará con fines distintos de nuestro deseo de mostrarnos solidarios con todo ser humano contra todas las formas de discriminación.

Informe Lauk (A6-0076/2007)

  Jonathan Evans (PPE-DE), por escrito. (EN) El Partido Conservador en el Parlamento Europeo se ha opuesto sistemáticamente (y sigue oponiéndose) a la entrada del Reino Unido en la zona del euro, por lo que normalmente se abstiene con respecto a los informes relativos al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, dado que estas cuestiones atañen exclusivamente a los países que pertenecen a la misma.

No obstante, entendemos que la salud de las economías de los países que han optado por unirse a la UEM es importante para la del Reino Unido y apoyamos todas las medidas encaminadas a garantizar la estabilidad económica de nuestros principales socios comerciales.

En este caso nos abstenemos, aunque queremos expresar nuestro apoyo a la firme defensa por el ponente de unas finanzas públicas saneadas y a la debida aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estos principios son esenciales para asegurar unas condiciones económicas y comerciales saneadas y una buena relación entre la economía del Reino Unido y las economías de la zona del euro.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Los informes anuales del Parlamento sobre finanzas públicas presentan siempre la misma fórmula independientemente de cual sea la situación económica en cada momento. La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es uno de los mayores impedimentos para el desarrollo económico y social de la UE y en los Estados miembros menos desarrollados que tienen dificultades económicas, como Portugal.

En el informe se manifiesta claramente el objetivo de utilizar «la recuperación económica para reducir sus déficit presupuestarios y hacer que los mercados laborales sean más competitivos». En otras palabras, la idea es reducir las funciones sociales del Estado y liberalizar el mercado laboral en términos de salarios y seguridad de los puestos de trabajo de los empleados de la administración pública.

El principal objetivo de este informe ya no es el déficit cero sino el exceso presupuestario. Por supuesto, el ponente no se siente cómodo con la supuesta revisión del Pacto que se llevó a cabo en 2005, cuando hay pruebas evidentes de la irracionalidad del Pacto dada la recesión económica que la UE estaba viviendo. Como todos sabemos, se trata de un pacto político, fruto de la prevalencia de la ideología neoliberal, donde la justificación económica no es más que una excusa. Esta ha sido nuestra postura desde 1997, y desde entonces hemos pedido la abolición del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe.

10. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 12,50 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DE LA SERA. WALLIS
Vicepresidenta

11. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

12. Orden del día: véase el Acta

13. Zimbabue (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a Zimbabue.

  Günter Nooke, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Señorías, los sucesos de marzo han servido para subrayar de forma drástica el hecho de que la crisis que durante tanto tiempo ha maltratado Zimbabue ha ido en aumento. El trato brutal recibido por los manifestantes pacíficos y políticos de la oposición, así como las amenazas expresadas contra embajadores occidentales, muestran a un régimen que finalmente ha desenmascarado su «simulación de Estado de Derecho».

El Presidente Mugabe lucha para mantenerse en el poder con todos los medios que tiene a su disposición. Dada la deplorable situación económica (no hay más que recordar un índice de desempleo del 80 % y una tasa de inflación de más del 1 700 %) y el aumento de la represión, la opinión pública del país se le está volviendo cada vez más en contra. Y este hecho ya no se limita a la población en general. Ni siquiera su propio partido, el Zanu-PF, le apoya en su totalidad. Su intento en el congreso del partido celebrado en diciembre de 2006 de posponer dos años las elecciones presidenciales para que coincidieran con la fecha de las elecciones parlamentarias de 2010 fue remitido de nuevo al comité, donde no prosperó.

En nuestra calidad de país que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE, en las últimas semanas hemos dejado bastante claro cuál es nuestra postura en relación con los sucesos de Zimbabue. En dos declaraciones del 12 y el 14 de marzo, se condenaba la criminalización de la pacífica «Prayer's Meeting», que se celebró en Harare el 11 de marzo, y se exigía la liberación de las personas arrestadas, junto con una petición de ayuda jurídica y médica.

En su nota del 13 de marzo de 2007, la embajada alemana en Harare, en nombre de todos los socios de la UE, pedía enérgicamente al Gobierno de Zimbabue que observara los principios de la constitución. Con una buena coordinación entre ellos, los embajadores de la UE en el país expresaron al Gobierno de Zimbabue que en todo momento estaban dispuestos a ocuparse de las personas arrestadas y heridas por el Gobierno, y también estaban dispuestos a hacerlo personalmente.

En nuestra calidad de país que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE, en nuestra declaración del 18 de marzo condenábamos en los términos más fuertes posible los nuevos arrestos y el maltrato de los miembros de la oposición el 17 y 18 de marzo, así como la prohibición de salir del país impuesta a dos mujeres de la oposición gravemente heridas en los ataques del 11 de marzo y que querían pasar una revisión médica en Sudáfrica. Después de esto, los miembros de la oposición que habían sido heridos pudieron volar hasta Sudáfrica. La mayoría de los miembros de la oposición que habían sido arrestados, fueron liberados.

A petición de la UE, en su debate del 29 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas trató exclusivamente sobre Zimbabue. En una declaración apoyada por 50 países en total, la UE dejó perfectamente clara cuál era su postura en relación con la actual situación de Zimbabue y pidió al Gobierno de Mugabe que respetara la ley y el orden, defendiera los derechos humanos y cooperara con los mecanismos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Todos estamos controlando muy de cerca las reacciones de los vecinos de Zimbabue. Nuestras embajadas en la zona participan en un intenso diálogo político con los Gobiernos de sus países anfitriones. Todos estamos de acuerdo en nuestro análisis de que cada vez son más los indicios de que la solidaridad con el régimen de Mugabe se desmorona en el conjunto de la región, sobre todo por la presión que ejerce la sociedad civil. En este sentido, esperamos con especial interés que nuestros socios africanos muestren ahora abiertamente por primera vez lo importante que es para ellos la solución de la crisis de Zimbabue.

Además de comentarios individuales como el realizado por el Presidente Mwanawasa de Zambia, que comparó Zimbabue con el hundimiento del Titánic, nos ha llamado la atención en concreto el cambio político experimentado por la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). En una cumbre especial celebrada el 28 y 29 de marzo de 2007, sus Jefes de Gobierno reconocieron por primera vez su responsabilidad regional en el conflicto de Zimbabue. El Presidente Mbeki ha recibido el claro mandato de iniciar un diálogo entre el Gobierno y la oposición. En sus actividades tendrá el apoyo de su colega de Tanzania, el señor Kikwete, en su calidad de actual presidente del órgano de la SADC responsable de política, defensa y seguridad. El Secretario General de la SADC presentará un informe sobre la situación económica de Zimbabue.

Las principales demandas que la SADC presenta a Mugabe son mantener la fecha de las elecciones presidenciales en 2008 y abandonar la represión de la oposición. El 30 de marzo, el comité central del partido Zanu-PF decidió mantener las elecciones presidenciales en marzo de 2008 y avanzar las elecciones parlamentarias, en principio previstas para 2010, también a 2008.

Mugabe ha sido elegido como candidato sin que hubiera ningún debate interno. A la vez, se anunciaron cambios que mejorarán por la fuerza la posición de salida de Mugabe y su partido en el período previo a las elecciones. Esos cambios son, entre otras cosas, un aumento de los distritos electorales y, en consecuencia, de sus manipulaciones, el nombramiento, no mediante elecciones directas, de los miembros del senado de forma proporcional a la fuerza del partido en el Parlamento, y el hecho de que si el cargo de Presidente queda vacante, el nuevo Presidente será nombrado por el Parlamento y no mediante unas nuevas elecciones. Esas nuevas normas todavía tienen que convertirse en ley como resultado de los cambios en la constitución.

El Gobierno no ha dejado de usar la fuerza contra los miembros de la oposición. Ha llamado terroristas a los miembros del ala de Tsvangirai del partido de la oposición MDC y, con ello, intenta abrir una brecha entre la oposición que se unió por primera vez después de los disturbios de marzo. No obstante, el Estado se ha abstenido de prohibir o disolver acontecimientos a gran escala, como el «Prayers Meeting» antes mencionado, en las dos ciudades más grandes del país. También se ha levantado la prohibición de reunirse y manifestarse, excepto en algunas zonas de Harare.

Ya a finales de 2006, el congreso del partido Zanu-PF manifestó que el puesto de Mugabe ya no era incontestable. Mientras, Mugabe ha ido creando cada vez más una mentalidad de asedio, que se ha manifestado, sobre todo, en la formación de organizaciones paralelas como la milicia juvenil, que queda fuera de la jerarquía militar y policial. Seguro que su impresionante e incluso opresiva presencia frente al edificio de sesiones del comité central influyó en el proceso de toma de decisiones de los miembros del Politburó a favor del nombramiento de Mugabe como candidato presidencial.

A pesar de la victoria táctica de Mugabe en la reunión del comité central del 30 de marzo, que le valió el nombramiento como candidato presidencial en 2008, debilitando así la postura de sus críticos en el partido, en Zimbabue existe la sensación de que prevalece una especie de atmósfera apocalíptica. Por lo tanto, en el seno de la UE, además de discutir los actuales acontecimientos, el pensamiento vuela hacia la era posmugabe. En los últimos días, tanto el grupo de trabajo UE/África como los directores UE/África han observado a Zimbabue detenidamente. El Consejo de Ministros Exteriores del lunes discutió a fondo la crisis de Zimbabue.

En sus conclusiones el Consejo agradeció la iniciativa de la SADC y declaró su voluntad de apoyarla, si se le pide que lo haga. Ha subrayado su opinión de que solo un diálogo amplio y constructivo puede formar la base de una auténtica reforma y la reconciliación nacional en Zimbabue. Al mismo tiempo, ha resaltado que la UE también pondrá en práctica en el futuro medidas humanitarias que beneficien directamente a la población.

En su comunicado, después de la cumbre especial de marzo, la SADC pidió a la UE que pusiera fin a las sanciones. En vistas de la actual situación del país, no accederemos. Nuestra política debe seguir siendo creíble. Como reacción ante los disturbios que tuvieron lugar en marzo, y es algo que el Consejo también decidió el lunes, ampliaremos la lista consolidada de personas sometidas a sanciones para incluir a los jefes de policía que fueron principalmente responsables de la actual crisis y de las violaciones de los derechos humanos.

Existe un acuerdo entre los socios de la UE de que solo con ayuda africana se conseguirá resolver la crisis de Zimbabue. Después de la media vuelta política que dieron en marzo, nuestros socios africanos pidieron expresamente a la UE que fuéramos pacientes. Pero seguiremos vigilando de cerca si la política que sigue la SADC adquiere algún tipo de forma, y hasta qué punto.

Somos conscientes de que no podemos sentarnos a esperar indefinidamente. En un futuro inmediato, la UE tendrá que adoptar una postura en relación con la iniciativa de la SADC en términos de su contenido. También reaccionaremos con el vigor necesario ante los acontecimientos del país. La UE no puede permanecer callada ante las violaciones de los derechos humanos, y no lo hará.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la Comisión está muy preocupada por el actual deterioro de la situación política y socioeconómica en Zimbabue. En particular, condenamos los recientes actos de represión violenta contra la oposición.

La Comisión también ha apoyado plenamente las declaraciones emitidas por la Presidencia alemana, condenando los recientes actos de violencia, las detenciones y el maltrato de los detenidos. Asimismo, se ha pedido al Gobierno de Zimbabue que libere a esos detenidos y que respete los derechos fundamentales. La crisis debería resolverse a través del diálogo con todas las fuerzas políticas.

El pasado lunes, el Consejo de Asuntos Generales también emitió sus conclusiones a este efecto. En este contexto, la Comisión sigue dando gran importancia a la intensificación del diálogo con los homólogos regionales de Zimbabue. Reconocemos plenamente el papel fundamental que pueden desempeñar para promover la reconciliación nacional en este país.

Por lo tanto, la Comisión acogió con satisfacción la cumbre extraordinaria de Jefes de Estado de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), que tuvo lugar los días 28 y 29 de marzo de 2007 en Dar es Salaam. Los líderes regionales decidieron participar en la resolución de la crisis de Zimbabue, designando mediador al Presidente sudafricano, Thabo Mbeki. Se acordó con todos los Estados miembros europeos que se enviaría un mensaje de alto nivel a la SADC sobre el tema. En primer lugar, para reconocer el importante papel que la organización puede desempeñar en la resolución de la crisis y, en segundo lugar, para dar a la SADC un verdadero balón de oxígeno en sus esfuerzos de mediación.

Por lo tanto, en nuestra opinión no deberíamos hacer nada que pusiera en peligro la iniciativa de la SADC y la UE debería estar dispuesta a apoyar los esfuerzos de la SADC para resolver la crisis de Zimbabue.

Asimismo, se acordó hacer un esfuerzo por informar debidamente a la región y a África en general del contenido de las medidas de la UE, o de las sanciones, con respecto a Zimbabue. Consisten en una prohibición de la concesión de visados a los dirigentes de Zimbabue y la congelación de sus activos, además de un embargo de armas. La cooperación económica, comercial y en materia de ayuda básica no se ha visto afectada por las medidas de la Unión Europea. En este sentido, el nivel de ayuda asignado a Zimbabue en 2006 fue de unos 193 millones de euros: 86 millones de la Comisión y 107 de los Estados miembros. Este tipo de ayuda, en beneficio directo de la población de Zimbabue, debe continuar.

  Geoffrey van Orden, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por sus declaraciones. Todos los diputados a esta Cámara conocerán la terrible situación de Zimbabue. Hemos expresado nuestras opiniones en unas 16 resoluciones en los últimos años, pero el régimen de Mugabe nos recuerda constantemente que, por muy mal que esté la situación, siempre puede empeorar trágicamente.

Millones de personas han huido del país; muchos de los que se han quedado dependen de la ayuda alimentaria; se prevé que la hiperinflación alcance el 5 000 % para finales de año; el desempleo se mantiene en el 80 %; 3 000 personas mueren de VIH/sida cada semana y Zimbabue tiene la mayor tasa de orfandad del mundo. Estas son las crudas estadísticas. Cuando las personas intentan reunirse o expresar cualquier tipo de protesta, como hemos visto, son brutalmente atacadas por la policía del régimen.

Estoy de acuerdo en que ha habido un cambio positivo: las últimas crueldades de Mugabe han provocado al menos una respuesta de los países africanos vecinos. Esto debemos alentarlo. La Comunidad para el Desarrollo de África Austral ha reconocido finalmente que hay crisis en Zimbabue. Se trata de un paso muy importante. Es una prueba más de que la opinión en toda África está cambiando. Los homólogos de Mugabe lo consideran ahora un dictador que ha abusado de forma egoísta de su propio pueblo y cuyas acciones suponen una amenaza para el desarrollo económico general de todo el continente. Ya no aceptan la vieja excusa de Mugabe de que los problemas de Zimbabue venían de fuera.

Todos ven claramente que es Mugabe el que ha puesto al país y a su pueblo al borde del desastre. Acudió a la cumbre de la SADC esperando la aprobación de sus políticas, pero en lugar de esto lo despacharon con cajas destempladas y con el nombramiento del Presidente sudafricano Mbeki como facilitador del diálogo entre el Zanu-PF y la oposición. La tarea de Mbeki consistirá en crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas.

No obstante, hasta que se recupere la libertad en Zimbabue no debe haber tregua en la presión sobre el régimen. Con demasiada frecuencia, los Gobiernos europeos han dejado de aplicar incluso, por motivos espurios, la prohibición de viajar y otras medidas restrictivas de la propia UE.

Cuando finalmente Mugabe pierda el poder, la comunidad internacional debe estar preparada para actuar sin demora. Pido a la Comisión y al Consejo que comiencen ya a planificar de forma seria un programa de ayuda masivo, completo y urgente para Zimbabue con vistas a la era de después de Mugabe.

  Margrietus van den Berg, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señora Presidenta, el Zimbabue que yo conocí era un país orgulloso, líder en la región, orgulloso de la libertad que tanto les había costado conseguir, un país hermoso, donde zimbabuenses negros y blancos creían en el futuro, donde negros y blancos juntos intentaban curar las dolorosas heridas del racismo de la era Rodesia, un país donde los ciudadanos trabajaban para construir una democracia.

Es un profundo contraste con el Zimbabue de hoy, con sus espantosas estadísticas. La expectativa de vida en Zimbabue es actualmente una de las más bajas: 37 años para los hombres y no más de 34 para las mujeres; un 80 % de los zimbabuenses viven por debajo de la línea de pobreza; una tercera parte de la población ha huido del país, y millones de personas han buscado refugio en los países vecinos. Cincuenta mil refugiados más se añaden cada mes a esa cifra.

La economía del país que antes se conocía como la despensa de cereales de África se ha hundido un 40 % en una década, y no se ven mejoras a la vista. La economía de Zimbabue sigue encogiendo un 5,7 %, lo que hace que Zimbabue sea el único país de África cuya economía no crece. La hiperinflación, a la que ya se ha hecho referencia, significa que es imposible para muchos zimbabuenses que se han quedado en el país, con su desempleo generalizado, satisfacer sus necesidades básicas diarias.

La Unión Europea hizo bien al decidir penalizar con sanciones personales cada vez más amplias a los dirigentes zimbabuenses que, con su terror de Estado, han traído consigo este nivel de devastación. Como todos sabemos, se necesita mucho más para encontrar el camino de salida. Este camino de salida se describe en nuestra resolución conjunta. En ella se perfila cómo el país podría avanzar hacia una era posmugabe, describe unos pasos y unas medidas concretas, y, con razón, hace un llamamiento drástico a Mbeki y a los miembros del SADC para que bloqueen la puerta del terror de Estado, con toda la mano dura que haga falta, y allanen el camino del diálogo en la era posmugabe.

Respaldamos la oposición más amplia posible en contra de Mugabe y a favor de Zimbabue. Queremos pedir al Consejo que amplíe el alcance de las sanciones. Cualquiera que sea responsable de esta caída en espiral cada vez más profunda en este país que antes se sentía tan orgulloso debe dar cuenta de ello, incluyendo a ministros, representantes, líderes del ejército, la policía y el servicio secreto, así como al gobernador del banco central. Queremos pedir al Reino Unido que utilice su presidencia en el Consejo de Seguridad para que añada el tema de Zimbabue en su agenda. Finalmente, esperamos que Mbeki, desempeñando un papel cada vez más importante, ponga fin al régimen de Mugabe, porque, después de casi tres décadas, ya es hora de que se vaya para siempre.

  Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, cuando un país se menciona a menudo en el Parlamento es mala señal, porque significa que la situación de los derechos humanos en dicho país debe de ser grave. Y me temo que Zimbabue ha sido, es y seguirá siendo en un futuro inmediato un país de este tipo.

La paradoja reside en el hecho de que estamos celebrando el 27º aniversario de la independencia del país. Por desgracia, esta independencia no implica libertad. Por ejemplo, hace un mes y medio, la oposición fue abatida brutalmente. Dos personas resultaron muertas y hubo 300 detenidos.

Este es el lado político de la situación, que es el que con frecuencia más nos gusta discutir en el Parlamento. Pero existe también un lado económico del problema que es quizás aún más grave. En Zimbabue, sufren desnutrición casi 4,5 millones de personas, una tercera parte de las cuales han recibido ayuda del Programa Mundial de Alimentos, y han recibido comida como parte de este programa. Se trata de un país donde la media de vida es de 35,5 años. Y como ha dicho el anterior orador, Zimbabue ostenta uno de los récords mundiales (en términos negativos) en este sentido. Una quinta parte de la población está infectada por el VIH, y cada semana aparecen 3 200 casos nuevos. Zimbabue tiene el índice más elevado de huérfanos del mundo. ¡El índice de desempleo en este país es del 80 %! ¡También un ochenta por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza! Cada mes, miles de personas huyen del país. Más del 30 % de sus ciudadanos ya han emigrado a los países vecinos.

Zimbabue es el único país africano en el que la economía va a la baja. Durante la última década, el volumen económico de este país descendió un 40 %, y este año ha bajado casi otro 6 %. El año pasado, la tasa de inflación media se elevó al 2 200%. ¡Este año, sobrepasará sin duda el 5 000 %! Desde 1998, la producción agrícola ha bajado cuatro quintas partes. Las dos principales industrias del país, es decir el tabaco y la extracción de oro, están al borde del colapso.

No son más que estadísticas y, por trágicas e indicativas que sean, me temo que las cifras, los porcentajes y los números a secas pueden impedir ver con claridad las tragedias individuales con que se enfrentan millones de personas. Zimbabue puede estar muy lejos; pero recordemos las palabras de Ernest Hemingway: «No preguntes por quien doblan las campanas, doblan por ti.» Zimbabue es un país que ha caído en un «agujero negro». Está desapareciendo ante nuestros ojos, está dejando de existir económica y socialmente, y el único signo de un Gobierno activo es la represión política. No podemos permanecer callados. No podemos pretender que basta con la simpatía, sin decisiones políticas.

Por eso necesitamos este debate; por eso necesitamos esta resolución. Necesitamos una resolución conjunta, una resolución que esté por encima de las divisiones políticas.

  Athanasios Pafilis, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señora Presidenta, parece bastante irónico y trágico que quienes hicieron de Zimbabue una colonia, quienes saquearon sus recursos naturales durante todos esos años, luchen ahora por su independencia y su libertad. ¿Por qué sigue abordando el Parlamento Europeo el tema de Zimbabue? ¿Es porque se infringen los derechos humanos? No, Señorías. Llamemos a las cosas por su nombre. Es porque Gran Bretaña sueña con convertirlo de nuevo en una colonia y porque los demás grandes países de la Unión Europea sueñan de nuevo con nuevas colonias en el continente africano. Esta es la realidad. Zimbabue consiguió la independencia con una guerra dura y sangrienta con los colonizadores británicos.

¿Hay problemas? Por supuesto que sí. ¿La situación es como se ha descrito? Por supuesto que sí, pero es el resultado de años de colonización, es el resultado de las medidas impuestas durante todos esos años por la Unión Europea y otros países imperialistas, medidas pensadas para conseguir un poder económico y el aislamiento político del régimen de Zimbabue. En el análisis final, el hecho de si la situación cambia en Zimbabue, y cómo, depende de su pueblo, y no de la Unión Europea, y nadie más tiene derecho a interferir en sus asuntos internos.

Hoy existe un plan que se ha desarrollado durante muchos años. ¿Cuál es ese plan? Financiar y comprar a la oposición. Se han dado millones a varias personas que se erigen como oponentes políticos al régimen. Se financian organizaciones no gubernamentales que consisten en empleados pagados que se quedan para nada en la comunidad de Zimbabue. Hay sanciones y, a la vez, Gran Bretaña no cumple los acuerdos que ha firmado con Zimbabue. Incluso sigue el comercio ilegal de armas y el hijo de Margaret Thatcher fue arrestado, y es un hecho conocido que se publicó en todos los periódicos.

Por lo tanto, consideramos que la Unión Europea no tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Zimbabue ni de ningún otro país. Los problemas que allí surjan deben resolverlos los mismos ciudadanos como ellos elijan. Por eso hemos votado en contra de la propuesta de resolución conjunta y nos entristece el hecho de que, aunque Sus Señorías saben que todas las medidas que tomen y el embargo que imponen a Zimbabue no hace más que empeorar las cosas y hace que miles de personas mueran, sigan con la misma política brutal.

  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, señor Mugabe y cazadores de ratones. ¿Existe alguna relación entre el Presidente de Zimbabue y esas personas que consienten esa más bien curiosa persecución? Sí, mucha, porque en la vecindad inmediata de la propiedad de Mugabe –la residencia privada más grande de África– unos ciudadanos respetables se mantienen a flote cazando ratones cada día. De hecho, según ellos, esos animales son como la ternera para nosotros. Así es como el Zimbabue profundo, hasta hace poco la despensa de cereales de África, se ha hundido bajo el régimen tiránico de Robert Mugabe.

Este régimen se basa en una campaña que es absurda y criminal en igual medida, y como resultado de la misma desde el año 2000 miles de granjas productivas han sido confiscadas a sus propietarios blancos y entregadas a cabecillas incompetentes e indiferentes de Mugabe, lo que ha comportado el hambre a gran escala. Por cierto, el partido Zanu-PF de Mugabe utiliza la escasez de alimentos como arma contra la oposición. El corresponsal R.W. Johnson hizo hace poco una verdadera crítica contra la tiranía de Mugabe. Dijo que, en Zimbabue, la gente era eliminada a gran escala como animales y que la mayor parte de las muertes son el resultado directo de la política intencionada del Gobierno. Este genocidio es probablemente diez veces mayor que el de Darfur pero es ignorado por las Naciones Unidas.

Arnold Tsunga, presidente de la organización para los derechos humanos Coalición Crisis en Zimbabue, utilizó las mismas palabras para describir la situación. Tsunga denominó a la política de Mugabe «genocidio ingenioso» porque los Gobiernos, las organizaciones de ayuda y la prensa no lo notan. Mi mensaje al Consejo, a la Comisión y a esta Cámara es que esta acusación de genocidio ingenioso, implícito, no debería permitirnos ni un solo momento de paz hasta que pueda retirarse.

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Pafilis, hace cuatro minutos, usted ha hecho la intervención más cínica sobre Zimbabue que se ha oído en esta Cámara desde 1999. Realmente no se detendrá ante nada y está legitimando una dictadura. Le recomiendo que oiga de nuevo y se tome en serio la conmovedora llamada del Obispo Tutu, porque le considero por encima de toda sospecha.

A veces se cree que es imposible que un país caiga más bajo si tiene la menor expectativa de vida del mundo, el índice de inflación más elevado del planeta, si el desempleo es del 80 %, si la misma cantidad de gente vive por debajo de la línea de pobreza y si la economía ha bajado un 40 % en la última década. Por desgracia, el poder de los regímenes en estos mismos países sigue siendo suficiente para pegar a la población, como ocurrió hace poco, el 11 de marzo. Muchos fueron arrestados y torturados. Como miembros del Parlamento, nos sentimos especialmente horrorizados por el maltrato brutal que recibió nuestro colega, Nelson Chamisa, que, de camino hacia Bruselas para asistir a una reunión de la comisión de nuestra Asamblea Parlamentaria Mixta, fue brutalmente apaleado en el aeropuerto de Harare por matones del régimen, y perdió un ojo en el proceso.

Quiero agradecer al Consejo que haya expresado claramente su opinión sobre la situación del Consejo el 13 y el 18 de marzo, así como en el Consejo General el 23 de abril, y también que haya ampliado la lista de prohibiciones de viaje impuestas a los defensores del régimen. Por fin la SADC ha reconocido que existe una crisis en Zimbabue y ha nombrado al Presidente Mbeki como mediador. Somos conscientes de que, por desgracia, Mugabe se siente alentado después de la reunión de la SADC, y la represión también continúa en todo el país sin que la comunidad internacional le preste ninguna atención.

Sudáfrica siempre desempeña un papel fundamental. El Presidente Mbeki debe ejercer su papel como mediador de forma creíble. Sabemos que es difícil aceptar que un liberador pueda evolucionar hasta convertirse en tirano, pero está en manos de Mbeki pasar a los anales de la historia como alguien que, al final, también ha ayudado a los derechos humanos y a la democracia en África a avanzar hacia el éxito tomando partido por las personas que hace tiempo que sufren.

  Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) El Arzobispo católico de Bulawayo, Pius Ncube, condenó hace poco la pobreza y la opresión que Mugabe ha llevado a Zimbabue en los últimos años y pidió a las personas que tomaran las calles y se enfrentaran a las fuerzas armadas del régimen. Dijo lo siguiente:

(EN) «Mugabe está loco por el poder y se aferrará a él aunque esto signifique la destrucción de la economía y la destrucción de Zimbabue. Mugabe es un hombre malo, un matón y un asesino. No conseguirá intimidarme ni comprarme. Acepto que esto puede suponer mi muerte.»

(PT) ¿Los líderes de la oposición, quienes defienden los derechos humanos, los que hacen campaña para el desarrollo de Zimbabue y este valiente arzobispo, reciben el apoyo adecuado de la Comisión y el Consejo? Este apoyo implica movilizar la solidaridad necesaria de los demás africanos de la Unión Africana y de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional. En nombre de un serio debate sobre los problemas de África y la interacción positiva entre Europa y África ¿serán invitados también y bienvenidos a Lisboa en ocasión de la cumbre UE-África durante la Presidencia portuguesa?

La resolución de este Parlamento es importante y oportuna para que podamos tener respuestas claras.

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Gahler con respecto al señor Pafilis. En toda mi vida no había escuchado tergiversar la verdad como lo ha hecho él con lo que acaba de decir en esta Cámara.

En primer lugar, acojo con satisfacción la propuesta conjunta que pretende mantener firmemente las sanciones contra la violencia implacable del régimen que está asolando Zimbabue de la peor forma posible. Quiero dar las gracias a todos los que han puesto todo su empeño en esta propuesta de resolución y estoy satisfecho con el resultado.

Aislar a Mugabe y a otros miembros de su régimen es sumamente importante para demostrar tanto a la comunidad internacional como a los demás países africanos que los Estados miembros de la Unión Europea no tolerarán estos abusos flagrantes de los derechos humanos y de la dignidad. Nos hemos opuesto sistemáticamente a esta amenaza brutal y continuaremos haciéndolo. Mugabe debería recordar su promesa de dimitir y hacerlo ahora. Esto es lo único que podría hacer por el bien de Zimbabue. El poder absoluto corrompe absolutamente.

Los miembros del Gobierno ilegítimo de Zimbabue no tienen permitida la entrada a ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea y me refiero, en particular, a la cumbre entre la Unión Europea y África que esta previsto que se celebre en Lisboa en el mes de diciembre. La propuesta de resolución conjunta deja claro y reafirma que esta iniciativa socavaría gravemente la firme voluntad de la Unión Europea. Impediría el futuro uso del poder blando dondequiera que pudiéramos necesitarlo. Las actuales sanciones de la Unión Europea ejercen una presión real sobre el régimen brutal de Mugabe. Por lo tanto, es preciso reforzarlas, intensificarlas y ampliarlas.

Con respecto a su ampliación, es bien sabido que Mugabe busca el respaldo financiero y el apoyo de países como China, que no siempre son tan firmes por lo que respecta a la libertad y la democracia como a mí y a otros muchos nos gustaría. Esta propuesta conjunta demuestra la firme voluntad del Parlamento de llevar este asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Finalmente, el dinero que damos a Zimbabue debe gastarse de forma apropiada y no acabar en las arcas del dictador.

Quiero terminar dejando claro que estamos a favor del pueblo de Zimbabue, pero en absoluto del señor Mugabe.

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Señora Presidenta, a todos nos impresionó en gran manera la lucha por la independencia que el pueblo de Zimbabue sostuvo hace veintisiete años. En ese momento, los demás países del mundo en desarrollo vieron a la sociedad zimbabuense como un ejemplo de lucha colonial. Este respeto por el pueblo de Zimbabue proporciona ahora el principal imperativo moral para ayudar a la lucha por la democracia y el Estado de Derecho en Zimbabue.

Hace exactamente un mes, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, vimos la cara sangrienta del líder de la oposición democrática, Morgan Tsvangirai, en las pantallas de televisión de este edificio. Ahora es el verdadero líder de la sociedad zimbabuense.

Ahora, los líderes oprimidos del movimiento estudiantil, la sociedad civil, los sindicatos, la Unión Europea, las instituciones y el Parlamento Europeo, todos tenemos la obligación de hacer todo lo que podamos para ayudar al pueblo de Zimbabue, ayudar a la sociedad civil de dicho país y ayudar para que Zimbabue recupere la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. La República de Sudáfrica y su presidente, el señor Mbeki, tienen un papel especialmente importante en este proceso. El Parlamento Europeo apoya todas las acciones que fomenten la democracia y el Estado de Derecho en Zimbabue.

  La Presidenta. He recibido seis propuestas de resolución⁽¹⁾, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en breve.

(1) Cf. Acta.

14. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

14.1. Reciente represión de manifestaciones en Rusia

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre seis propuestas de resolución relativas a la reciente represión de manifestaciones en Rusia⁽¹⁾.

  Danutė Budreikaitė (ALDE), autora. – (LT) Cuando se trata de sus actividades y su relación con otros países, la Unión Europea actúa de acuerdo con sus valores fundamentales, los más importantes de los cuales son la democracia y las libertades y los derechos humanos.

Cuando se dirigen al Parlamento Europeo, los delegados de la Duma rusa dicen que profesan los mismos valores que la Unión Europea. Pero Rusia no está dispuesta a escuchar el consejo de nadie sobre cómo debe abordar sus asuntos internos.

La brutalidad contra las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos de Moscú, San Petersburgo y Nizhny Novgorod demuestran la intolerancia del Gobierno ruso y el temor que le inspiran los pensadores independientes, sobre todo a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2008.

Tan pronto como Rusia se dio cuenta del poder político y económico del «arma» que le otorga el suministro energético, dejó de prestar atención a la opinión pública internacional y a los mensajes que esta le envía en relación con las violaciones de derechos humanos en el país. Rusia es un socio estratégico de la Unión Europea, y en aras de la política energética aplicamos una doble moral: una para Rusia y otra para el resto del mundo.

Ahora que negociamos un nuevo tratado de cooperación entre la Unión Europea y Rusia, invito al Consejo a observar los acontecimientos que tienen lugar en Rusia y a no hacer ninguna concesión al respecto.

  Michał Tomasz Kamiński (UEN), autor. – (PL) Señora Presidenta, es bueno que hayamos conseguido, en esta Cámara, elaborar una versión de compromiso de la resolución sobre las infracciones de los derechos humanos en Rusia, porque es importante para el Parlamento Europeo mantener una postura unida y dirigirnos tanto a la sociedad rusa como al presidente ruso, Vladimir Putin, con una sola voz. En los tristes días siguientes a la pérdida del primer presidente ruso democrático, Boris Yeltsin, es especialmente importante que quienes han luchado por la democracia en Rusia y para quienes una Rusia democrática debería ser un socio importante para Europa, reconozcan ahora que la Rusia de hoy no ha cumplido todos los sueños que compartíamos cuando Boris Yeltsin apareció en el escenario político de dicho país. Por desgracia, esas esperanzas han quedado sin cumplir. Debemos reconocerlo y eso es lo que expresa nuestra resolución. Quiero señalar una vez más que me complace que la resolución sea el resultado de un compromiso entre muchos Grupos políticos, y muy diversos.

Debo decir que, para mí, las imágenes que muestra la televisión de cómo se reprimieron las manifestaciones de los defensores de los derechos humanos en Rusia fueron realmente traumáticas, porque me recordaron los peores tiempos de mi país cuando las protestas de la calle eran abatidas brutalmente por la policía. Quiero señalar que, sorprendentemente, el Defensor de los Derechos Humanos ruso comparte esta valoración de la brutalidad de la policía rusa. Por este motivo nuestra declaración contiene un llamamiento a la Duma rusa y a nuestros colegas, es decir los diputados rusos, para que creen una comisión especial sobre este tema.

Al mismo tiempo que pido a Sus Señorías que adopten esta resolución, quiero pedir también a los ciudadanos rusos, que tristemente en la actualidad no tienen acceso a una información real, que sepan que nuestras acciones no son un indicio de rusofobia, como dice a menudo la propaganda del Kremlin, De hecho, es precisamente todo lo contrario. Nuestras acciones, nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos en Rusia, para devolver la democracia a Rusia, surgen de nuestros más profundos sentimientos de amistad hacia este país y nuestro más profundo respeto por la gran literatura rusa y por Rusia como una gran nación. Queremos que esa nación disfrute de las mismas libertades que la Unión Europea y queremos que el Parlamento Europeo sea para los rusos una institución similar a un faro de luz, que ilumine su camino hacia la democracia.

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, esta semana, el Parlamento Europeo ha tratado en varias ocasiones el tema de Rusia, en la Subcomisión de Derechos Humanos con el Comisario Piebalgs, en una reunión conjunta de la Delegación para las relaciones con Rusia, Belarús y Ucrania, y ahora en la sesión plenaria, porque los problemas son cada vez más graves. Hemos observado con consternación las repetidas violaciones de los derechos humanos en Moscú y San Petersburgo, donde las manifestaciones pacíficas contra la tendencia autoritaria del sistema fueron reprimidas con una intervención violenta por parte de la policía, con ataques contra transeúntes que no tenían nada que ver y contra periodistas occidentales.

La intimidación y la supresión de la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa en Rusia son ahora sistemáticas. Estamos familiarizados con este tipo de desinformación y mentiras desde la guerra de Chechenia. Muchos medios de comunicación están bajo el control gubernamental o se autocensuran. Los periodistas independientes como Anna Politkóvskaya mueren asesinados. Con el asesinato de 13 periodistas tan solo en el tiempo de mandato de Putin, Rusia ocupa el tercer lugar después de lraq y Argelia. Un resultado alarmante.

La oposición política no encuentra ningún portavoz. La libertad de prensa y la libertad de expresión están bajo una amenaza inmensa. Los posibles oponentes políticos de Putin, como Jodorkóvsky y Lébedev, están en prisión sin un juicio justo, y Gary Kaspárov ha sido detenido varias veces. Las organizaciones no gubernamentales se ven acosadas por leyes que restringen los derechos de la sociedad civil. Mientras, los dirigentes rusos no solo utilizan sus tribunales sino también todo el aparato de seguridad para intimidar a sus oponentes políticos. Quienes detentan el poder en el Kremlin pegan fuerte. Como consecuencia, el progreso hacia el Estado de Derecho y un sistema judicial independiente también se ve amenazado. Es una estrategia pérfida denominar extremistas a las personas que piden una auténtica democracia en el país con el fin de menoscabar su credibilidad. Putin no es un demócrata intachable. Proviene del KGB y sus orígenes han dejado marca.

Rusia forma parte del Consejo de Europa, de la OSCE y de las Naciones Unidas, pero sigue violando los derechos humanos básicos y fundamentales. La UE está negociando un nuevo acuerdo de asociación. Este acuerdo debe contener una sección sobre derechos humanos que forme parte también de todos los acuerdos y tratados. Estamos mostrando nuestra solidaridad hacia nuestros amigos de Rusia que luchan por un futuro democrático y pacífico.

  Tunne Kelam (PPE-DE) , autor. – (EN) Señora Presidenta, la represión de personas que se manifestaban pacíficamente hace unas semanas constituye una señal alarmante sobre el futuro de las libertades fundamentales en Rusia: la libertad de expresión, de prensa y de manifestación. El Gobierno ruso se comprometió a garantizar estas libertades para que el país fuera admitido en el Consejo de Europa en 1996. Hoy, once años después, la mayoría de los habitantes se sienten inseguros y no confían en la ley y la justicia. Un 65 % afirman sentirse insatisfechos y más de la mitad no aprueban al Gobierno, que ya ha traspasado los límites del mero autoritarismo, como señala un dirigente de la oposición.

Esperamos que el Gobierno ruso responda a esta resolución, que constituye una expresión unánime de grave preocupación, aunque sea amistosa. Asimismo esperamos que el Consejo Europeo y la Comisión dejen absolutamente claro en la próxima cumbre UE-Rusia que el retablecimiento de estas libertades fundamentales será una prueba crucial de la capacidad y voluntad de Rusia para ser un socio creíble en la escena internacional.

En estos momentos, Rusia se ha convertido un Estado esencialmente autoritario. Los dirigentes de la UE comparten la responsabilidad por el ulterior deterioro de la situación si no se muestran dispuestos o capaces de hacer frente a estas nuevas realidades con firmeza y claridad. La única vía para ayudar a que Rusia regrese al camino de la democracia es hablar con una sola voz y sobre la base de los valores europeos. Es vital que los ciudadanos rusos gocen de las mismas libertades –incluido el derecho a vivir libres del miedo y de la violencia policial– que disfrutamos nosotros.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señora Presidenta, durante mucho tiempo los países de las antiguas Comunidades Europeas trabajaron con la ilusión de que el Estado unipartidista autoritario y la opresión violenta de cualquier tipo de oposición organizada en Rusia eran producto del Comunismo. Recuerdo que el líder estudiantil radical alemán Rudi Dutschke, que murió ya hace mucho tiempo y que recibió el apodo de Bürgerschreck, advirtió a la Izquierda de la Europa occidental contra esta postura. En su opinión, lo que ocurría en Rusia por aquel entonces no tenía nada que ver en absoluto con el Socialismo o el Comunismo, sino que era, más que nada, lo que él denominaba una tradición «asiática». Es una tradición según la cual un grupo pequeño, utilizando las medidas más duras, se las arregla para permanecer en el poder en un país grande y poco poblado.

Cada vez que en Rusia ha llegado al poder alguien que deseaba resolver esta situación insatisfactoria, hasta la fecha, han surgido todo tipo de oportunidades para que su sucesor recurriera a los viejos abusos. Ni Jrushchov en la década de los cincuenta y los sesenta, ni Gorbachov en la de los ochenta y los noventa consiguieron cambiar Rusia de arriba a abajo.

El actual Presidente, Putin, igual que los zares y Stalin antes que él, encaja perfectamente en este viejo molde ruso. Consiguió llegar al poder cuando su caótico predecesor, Yeltsin, ya no podía gestionar el país y, habiendo ganado popularidad entre los rusos a base de destruir Chechenia, se encuentra ahora en el proceso de llevarse su democracia.

Por desgracia, es el país que posee petróleo o gas natural, y esa posesión, y la riqueza que su exportación proporciona, coloca a los dirigentes en una posición de poder más fuerte y hace que el cambio interno sea prácticamente imposible. Además, las acusaciones expresadas por la mayor parte del mundo exterior que quiere comprar energía se apagarán enseguida. Rusia se encuentra ahora en la misma situación que Arabia Saudí o Irán. Incluso en las dos ciudades más grandes que, hasta ahora, ofrecían un mayor margen para la crítica y la diversidad, las manifestaciones de los oponentes ya son imposibles. Los países europeos y sus ciudadanos no deberían aceptarlo sin protestar, sino que deberían actuar en solidaridad con quienes quieren que Rusia se convierta en una democracia decente.

  Panagiotis Beglitis (PSE), autor. – (EL) Señora Presidenta, la necesidad de desarrollar relaciones entre la Unión Europea y Rusia y la creación de una nueva asociación estratégica dinámica, necesaria bajo las actuales circunstancias geoeconómicas y geoestratégicas, no puede atenuar o negar nuestra crítica respecto a las continuas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia. Entiendo y comprendo la «Realpolitik» de la Unión Europea respecto a Rusia; pero al mismo tiempo debemos defender los principios básicos de nuestra civilización democrática europea colectiva. Desde este punto de vista, considero que es necesario que la cuestión de los derechos humanos ocupe uno de los primeros puestos de la agenda de la Unión Europea, así como en el marco del fortalecimiento del diálogo político con Rusia y sus dirigentes políticos. Una primera oportunidad será la cumbre del 17 de mayo y la reunión con el Presidente Putin.

Sin embargo, quiero comentar algo más. Sería un grave error político que la Unión Europea equiparara los derechos humanos en Rusia y la situación que allí prevalece con determinados círculos que están abiertamente financiados por determinados refugiados políticos rusos en la conocida camarilla de oligarcas. Las recientes declaraciones del señor Berezovsky en Londres son una muestra de las intenciones de determinados círculos.

  Gabriele Stauner, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, Rusia es tierra de cultura. Sus éxitos en el ámbito de la literatura, la música y las artes escénicas merecen una y otra vez nuestra admiración y respeto. En este sentido, Rusia es un verdadero miembro de la familia europea de naciones.

Sin embargo, Rusia también tiene su lado turbio. Las medidas que actualmente ha tomado el Gobierno ruso contra los derechos humanos y las libertades fundamentales proyectan sombras muy oscuras. Actuar contra sus propios ciudadanos en la forma en que lo hizo el 14 y el 15 de abril en Moscú y en San Petersburgo no es digno de un auténtico miembro de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

La libertad de expresión y la libertad de prensa son piedras fundamentales de un Estado democrático. Los pueblos de Europa, incluidos los ciudadanos de Rusia, pagaron con su sangre esos derechos. Por lo tanto, es una desgracia que el Gobierno de Putin, que se vanagloria de ser una potencia mundial y ofrece sus servicios como mediador en todos los conflictos internacionales mientras se pavonea como un pavo real, actúe en contra de su propio pueblo de forma tan cobarde y violenta.

Un Gobierno así no puede negociar con nosotros cara a cara ni como socio con igualdad de derechos. La libertad es siempre libertad para disentir. Y eso debe quedar muy claro para el Gobierno ruso.

  Józef Pinior, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señora Presidenta, quiero empezar expresando mi admiración por el gran dirigente ruso, Boris Yeltsin. Es una de las personas a las que tenemos que dar las gracias por el triunfo de la democracia sobre la dictadura en la segunda mitad del siglo XX. Yeltsin representó a la verdadera Rusia, una Rusia que fomenta la sociedad civil, una Rusia democrática, una Rusia que defiende el Estado de Derecho.

Esta semana, en Estrasburgo, hubo una reunión especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores, durante la cual entrevistamos detenidamente a testigos de lo que está ocurriendo en Rusia en estos momentos. Todos estuvimos de acuerdo en que Rusia sigue una dirección peligrosa. El minucioso seguimiento de las próximas elecciones a la Duma en diciembre de este año y las elecciones presidenciales del próximo año son actualmente de máxima importancia para el Parlamento Europeo. Por nuestra parte, tenemos que hacer todo lo que podamos para que la sociedad civil de Rusia se aproxime más a la democracia, para ayudar a esas instituciones a asegurar que las elecciones sean verdaderamente libres y justas, y que no se falsifiquen los resultados.

  Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, en Rusia están teniendo lugar acontecimientos muy tristes. Se están reprimiendo los intentos de llevar la democracia a Rusia, como son las manifestaciones y la libertad de expresión. Sin embargo, debemos ser conscientes de que Rusia no tiene una tradición de democracia y de que quienes, como Alejandro I, quisieron llevar la democracia a Rusia en el pasado se vieron obligados a abandonar el intento o fueron duramente criticados, como fue el caso de Boris Yeltsin, cuando murió. Debemos ser conscientes de que, según los estudios, los rusos prefieren el orden a la democracia. Por eso, cuando apoyamos todo lo que es positivo en Rusia y que nos permite tener esperanza, debemos ser conscientes de que, al tratar con el Gobierno ruso, estamos preparando acuerdos con un Gobierno que tiene unos valores distintos a los de Europa. Rusia no tiene democracia, y no tiene ninguna experiencia en este sentido. Tampoco tiene experiencia en cuanto a una conducta normal, civilizada en términos de relaciones exteriores. Esto debería servir como advertencia para quienes quieren construir un futuro para Europa con la esperanza de que Rusia se muestre solidaria y será un buen socio.

  Witold Tomczak, en nombre del Grupo IND/DEM. – (PL) Señora Presidenta, las medidas para reprimir a la oposición, abatir a los manifestantes pacíficos, limitar la libertad de expresión e infringir los derechos humanos son fenómenos preocupantes que deben ser denunciados ocurran en el país que ocurran.

Por desgracia, esas acusaciones podrían dirigirse contra todas las potencias actuales, tanto del este como del oeste, que usurpan el derecho a dominar el mundo, que quieren erigirse en jueces, policías y guardianes de la moral del mundo. Podría decirse que acusar a Rusia de prácticas antidemocráticas e infracciones de los derechos humanos es como «ver la paja en el ojo ajeno».

El acoso de oponentes políticos y minorías étnicas y religiosas, así como las medidas que hacen difícil que la gente practique su religión forman parte de la vida política cotidiana en muchas partes del mundo, aunque suelen disimularse con mentiras difundidas en los medios de comunicación. Sobre todo, el derecho fundamental de todas las personas a la vida, desde la concepción hasta una muerte natural, se viola en todo el mundo, tanto en Rusia como en la Unión Europea. ¡No hay nadie inocente, aquí! ¡Este crimen es la raíz de todo mal!

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, en 1991, no solo conocí al estonio de más edad que luchaba por la libertad, Tunne Kelam, sino también a Boris Yeltsin cuando vino aquí, a Estrasburgo, a traer el testimonio de una nueva Rusia. Desde entonces, ha habido un inmenso retroceso. Rusia es un Estado autoritario con una política exterior cada vez más agresiva. Creo que deberíamos destacar con la máxima claridad que el pez siempre empieza a pudrirse por la cabeza. El uso de la policía antidisturbios OMON contra los manifestantes y contra periodistas extranjeros como los corresponsales de la televisión alemana no habría sido posible sin unas instrucciones explícitas del Kremlin. Debemos dejar claro el hecho de que el Presidente Putin debería asumir toda la responsabilidad de la represión de los primeros intentos de aparición de la democracia y la libertad en Rusia.

Necesitamos un lenguaje claro, y no deberíamos hablar simplemente de errores. Putin es responsable; el dirigente ruso es responsable. Se trata de nuestra credibilidad, porque Rusia ha ratificado los principios europeos en la Declaración de derechos humanos del Consejo de Europa, cuya observancia debemos exigir con unanimidad y claridad.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) En los últimos años Rusia ha crecido económicamente, y los estudios de opinión muestran un resultado favorable en relación con el régimen actual. Por lo tanto, es particularmente difícil comprender las acciones del Gobierno ruso dirigidas contra la oposición a mediados de abril.

Incapaz de hacerse oír en los medios de comunicación, los partidos de la oposición y las organizaciones no gubernamentales han intentado llamar la atención hacia la violación de la democracia en Rusia. La reacción exagerada ante la manifestación de unos pocos miles de personas, así como las acciones del ejército y de la policía OMON, reducen la ya débil autoridad de Rusia en occidente y complican las próximas negociaciones de un nuevo tratado entre la UE y Rusia.

Solo algunos funcionarios de Moscú se atreven a admitir que las acciones de las estructuras de poder han sobrepasado los límites permisibles. Los incumplimientos de los derechos humanos y la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición en Rusia, ahora que la campaña electoral tan solo acaba de empezar, reducen la esperanza de que la campaña sea transparente y democrática.

  Günter Nooke, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por tener la oportunidad de participar en el debate por segunda vez y tomar la palabra como portavoz alemán de los derechos humanos.

Todos observamos los sucesos del 14 y 15 de abril en Moscú y San Petersburgo con una gran dosis de preocupación. Bastantes nos preguntamos si, en vistas de esos acontecimientos, la libertad de asociación en Rusia está en peligro. La Constitución rusa garantiza a los ciudadanos rusos el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, para celebrar concentraciones y manifestaciones, desfiles y piquetes.

Es obviamente lo contrario de cómo actuaron hace poco las autoridades rusas contra los manifestantes en Moscú, San Petersburgo y Nizhny Novgorod. Gary Kasparov me informó de esas acciones en una llamada telefónica personal. También debemos tener en cuenta que las manifestaciones del 14 y el 15 de abril fueron distintas a las marchas anteriores por el hecho de que el ejército actuó con mucha más dureza y porque, en esa ocasión, se detuvo temporalmente y se atacó a periodistas acreditados.

Las noticias que aparecieron en varios periódicos después de los incidentes fueron profundamente críticas. Kommersant hablaba de «Hacer picadillo a quienes disienten» y Moskovskiy Komsomolets de «Todo el poder para OMON», mientras que Novaya Izvestiya hablaba de «Una fortaleza asediada y una dureza sin precedentes».

Sin embargo, también hubo noticias en las que se restaba importancia a los sucesos. Una imagen similar se podría ver en la reacción del Gobierno ruso. Aunque algunos cargos del Gobierno defendieron la actuación, el portavoz para los derechos humanos, por ejemplo, el señor Lukin, reconoció que la policía había sobrepasado considerablemente su autoridad. El Gobernador de San Petersburgo, el señor Matvienko, ordenó que se investigaran todas las quejas relacionadas con ataques por parte de unidades de la policía rusa. Serguei Yastrzhembsky, asesor del Presidente ruso para los temas relacionados con la UE, hizo la misma petición, mientras que Ella Pamfilova, Presidenta de la comisión, indicó que las acciones de la milicia habían deteriorado el prestigio de Rusia en todo el mundo.

El Gobierno federal alemán también reaccionó a esos acontecimientos y el 16 de abril expresó públicamente su preocupación en una declaración concedida por la Presidencia del Consejo de la UE. Además, el viceportavoz del Gobierno alemán, el señor Tomas Steg, declaró en Berlín el 16 de abril que el uso excesivo de la fuerza durante el fin de semana había sido motivo de preocupación. La acción llevada a cabo contra los periodistas fue también inaceptable.

El Gobierno federal alemán espera de las autoridades rusas una explicación completa de los sucesos. Después de los incidentes de Moscú y San Petersburgo, la embajada alemana en Moscú presentó inmediatamente una queja en el más alto nivel y pidió una explicación inmediata y completa. Naturalmente, también nosotros hablaremos con las autoridades rusas con un cierto grado de vigor en relación con la situación referente a la libertad de expresión y la libertad de asociación en las próximas consultas sobre derechos humanos entre la UE y Rusia que están previstas para el 3 de mayo.

La evolución de la situación de los derechos humanos en Rusia debe seguir siendo objeto de un atento escrutinio. Esto se aplica especialmente a la libertad de expresión y de asociación y al acceso libre y justo a los medios de comunicación. Como miembro de las Naciones Unidas, así como por su papel como miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa y la OSCE, Rusia está obligada a respetar los derechos fundamentales. El respeto por esos derechos fundamentales también es de máxima importancia de cara a las próximas elecciones en Rusia.

Dejaremos claro ante Rusia que repercutirá en beneficio propio del país hacer todo lo posible para asegurar que la libertad de expresión y la libertad de asociación se consoliden y no se debiliten aún más.

Creo que una parte considerable de los valores y los derechos humanos en los que se basa Europa han sido establecidos por intelectuales y artistas rusos. Debemos recordar este hecho y asegurarnos de que es ese el camino que seguimos y no ningún otro.

(Aplausos)

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, también la Comisión está inquieta por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden rusas contra manifestantes y periodistas pacíficos, en particular en Moscú y San Petersburgo, los días 14 y 15 de abril. Asimismo nos preocupa el número de detenciones arbitrarias practicadas en esos actos de protesta de la oposición.

Las libertades de expresión y reunión –incluida la realización de manifestaciones– forman parte de los derechos humanos fundamentales. Son la piedra angular de la democracia pluralista. Rusia se ha comprometido a respetar estas libertades a través de su participación en las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa. Dicho respeto resulta aún más importante en el período previo a las elecciones parlamentarias y presidenciales en Rusia.

La UE planteó estas cuestiones en una declaración de la Presidencia publicada el 16 de abril. Señalamos que el Portavoz Adjunto de la Presidencia ha declarado públicamente que se produjeron algunas reacciones excesivas por parte de la policía antidisturbios.

La Comisión seguirá muy de cerca la situación en el período preelectoral en Rusia. Asimismo seguiremos planteando estas cuestiones en el marco de nuestras conversaciones bilaterales con las autoridades rusas, por ejemplo en las próximas Consultas sobre Derechos Humanos entre la UE y Rusia que tendrán lugar los días 2 y 3 de mayo.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en breve.

(1) Cf. Acta.

14.2. Secuestro del periodista Alan Johnston en Gaza

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución⁽¹⁾ sobre el secuestro del periodista Alan Johnston en Gaza.

  Richard Howitt (PSE), autor. – (EN) Señora Presidenta, con su venia me gustaría comenzar diciendo que la semana pasada se reunieron más de mil miembros del personal de la BBC, amigos y compañeros de profesión de Alan Johnston ante los locales de la BBC de todo el mundo para recordar que se encuentra secuestrado. Quiero dar la bienvenida a los trabajadores de la BBC de aquí en Estrasburgo que se encuentran en la galería del público para escuchar nuestro debate, en señal de homenaje a su compañero secuestrado.

(Aplausos)

Cuando se comete un secuestro en cualquier lugar del mundo, los amigos y familiares de la víctima siempre acuden a los medios de comunicación para que estos recuerden al público y a nosotros, los políticos, la situación en que se hallan sus seres queridos. Cuando la propia persona secuestrada es un periodista, es nuestra responsabilidad velar por su suerte y como ellos velan por la de los demás.

Este es el caso del periodista de la BBC Alan Johnston, secuestrado en Gaza hace 46 días. La carrera personal de Alan simboliza la extraordinaria reputación de integridad y objetividad de la BBC. Después de trabajar en Uzbekistán y Afganistán, Alan se apasionó por informar sobre el pueblo palestino, con el que guarda una estrecha relación y por el que siente un profundo respeto. Este hecho ha encontrado eco en su público y 50 000 personas han firmado esta semana una petición en Internet para pedir su liberación.

Nuestros primeros pensamientos están, por supuesto, con Graham y Margaret Johnston y los demás miembros de su familia, a quienes enviamos nuestra solidaridad y apoyo.

Quisiera ensalzar los esfuerzos que han realizado la dirección y el personal de la BBC, y a los periodistas, sindicatos británicos y de todo el mundo que han encabezado la campaña a favor de la liberación de Alan.

Uno de sus compañeros aquí presentes me ha dicho que Alan es conocido simplemente por infundir vida a las noticias. Hoy su vida es nuestra noticia. La valerosa presencia de Alan Johnston, el único periodista occidental con base permanente en Gaza, le ha permitido precisamente informar sobre el sufrimiento del pueblo palestino y ahora se ha convertido en el caso más reciente de un periodista capturado por su propia historia, en una víctima del mismo sufrimiento.

Nos han dicho que Alan sigue sano y salvo, pero no quiénes le retienen. Podemos especular sobre si su secuestro se debe a razones políticas, económicas o de reconocimiento, pero no sabemos el motivo, en caso de que exista alguno. Sabemos que para evitar que otros corran la suerte de Alan es necesario un entendimiento político y una solución política.

Sin embargo, hoy nuestra respuesta no es política, sino humanitaria, y consiste en decir a quienquiera que nos escuche que liberen a Alan Johnston incólume y sin trabas. El Parlamento debe acoger con agrado las promesas de ayuda brindadas esta semana por los Ministros de Asuntos Exteriores europeos y por el «contacto permanente» que prometió nuestro propio Alto Representante. Estamos convencidos de que cumplirán su palabra. Tengo entendido igualmente que el Comisario Almunia prometerá, en respuesta al debate de hoy, que su colega, el señor Michel, planteará este fin de semana el caso de Alan Johnston al Presidente Abbás y a los representantes de la Autoridad Palestina. Les damos las gracias.

El Parlamento Europeo reconoce el apoyo y la cooperación de la Autoridad Palestina y nos sentimos orgullosos de la ayuda que Europa brinda para mantener a su personal y los servicios vitales que presta, pero han sido sus servicios de inteligencia los que han podido ponerse en contacto con los secuestradores de Alan y en usted depositamos nuestra esperanza de lograr un feliz desenlace.

En los círculos radiofónicos se dice que el mayor crimen es no decir nada ante el micrófono. El secuestro de Alan Johnston es el silencio radiofónico al que hay que poner fin.

(Aplausos)

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señora Presidenta, hay periodistas que cumplen con sus obligaciones en mayor o menor grado, al igual que hay medios de comunicación mejores y peores. Alan Johnston era un buen periodista, y trabajaba para un medio de comunicación famoso, popular y respetado, es decir la BBC. Alan Johnston fue secuestrado, a pesar de o debido a que había querido específicamente trabajar para y entre las personas de Oriente Medio, una zona que actualmente está en crisis. Trabajaba para esas personas cuando informó al mundo de su situación, y, al proporcionarnos esa información, permitió que nosotros, los políticos, también intentáramos resolver la crisis, una crisis en la que tristemente tenemos muy poca influencia.

Señora Presidenta, lamentablemente, los secuestros, el terrorismo y el asesinato son fenómenos que forman parte del mundo actual, un mundo en el que ya no quedan principios, ni siquiera los principios de la guerra, si es que pueden llamarse así. Esas guerras se luchan de la forma más básica. Alan Johnston cayó víctima de este fenómeno. Hasta cierto punto, todos somos víctimas. Espero que las autoridades competentes hagan todo lo posible para liberar a Alan Johnston.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señora Presidenta, no hay duda alguna de que los palestinos que viven en Gaza sufren graves violaciones de sus derechos humanos debido al terrible cerco que les imponen las agresivas acciones del Gobierno israelí y la tolerancia que muestran por tales acciones los Gobiernos occidentales.

Al mismo tiempo, no cabe duda de que la suerte que corre diariamente la población palestina llega a conocimiento del público de todo el mundo gracias a la labor de los periodistas. Estos periodistas arriesgan su vida para servir a la causa de la libertad de información y, por consiguiente, contribuyen a dar a conocer la lucha del pueblo palestino por la justicia. Por ello, el secuestro de periodistas como Alan Johnston va en contra de los intereses del pueblo palestino y menoscaba gravemente sus fundadas demandas. Pedimos al pueblo palestino que redoble sus esfuerzos por lograr la liberación de Alan Johnston. Creemos que al hacerlo, a quien más ayudarán será a ellos mismos.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señora Presidenta, Gaza es una zona pequeña pero muy urbanizada, prácticamente aislada del mundo exterior. La oposición de la vecina Israel ha significado que el puerto y el aeropuerto que se habían previsto con fondos de la UE no se hayan convertido en realidad, así como tampoco lo ha hecho el enlace abierto con la parte mucho más grande del futuro Estado palestino por el río Jordán. Durante mucho tiempo, Israel fue un lugar que ofrecía empleo, pero en general ha descartado esta opción por temor a ataques, y permite entrar a mucha menos gente en el país a través del puesto fronterizo de Erez.

Israel controla también el paso fronterizo con Egipto. En esta zona aislada, una gran parte de la población palestina vive como sardinas, sin trabajo, sin ingresos y sin un alojamiento adecuado. La sabia decisión de eliminar los asentamientos de colonos israelíes de esta franja costera puede haber servido de algo para quienes habían vivido en ellas y fueron odiados por quienes les rodeaban, pero apenas ha servido de nada para nadie más.

Gaza es una zona catastrófica llena de personas sin ningún futuro al que mirar, y eso la convierte en una especie de cárcel o de caldo de cultivo de actos desesperados. Desde hace mucho tiempo, esos actos desesperados consisten principalmente en ataques suicidas contra objetivos israelíes, pero también incluyen secuestros. Alan Johnston es el quinceavo periodista secuestrado en Gaza y, al cabo de un mes de su secuestro no se sabe nada de él desde hace mucho tiempo.

Todos los líderes palestinos, el Presidente Mahmoud Abbas, el Primer Ministro Ismail Haniya, y el líder encarcelado de la OLP, Marwan Barghouti, condenan unánimemente este tipo de actos abyectos. La falta de historias de éxito convincentes en su camino hacia un Estado propio y de provisiones e ingresos para su gente ha significado que estén perdiendo el control de los acontecimientos. Sin perspectivas para el futuro, criminales desconocidos están asumiendo el poder. Esto no aporta nada bueno a la situación de Palestina, ni a la de Israel. Los periodistas de Iraq y Afganistán, por ejemplo, cada vez tienen menos medios para seguir los acontecimientos sobre el terreno. Por este motivo debemos estar alerta, y por este motivo hay que liberar a los periodistas secuestrados.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), autor de la propuesta de resolución. – (SV) Señora Presidenta, el año pasado, los periodistas de todo el mundo sufrieron un número récord de secuestros y asesinatos. Ahora tenemos la obligación de asegurar que este récord no se vea superado en 2007, y tenemos la obligación de ayudar a liberar a Alan Johnston.

Mis pensamientos vuelan hacia su familia inmediata y familia extensa, y hacia sus colegas, y debo decir que tengo grandes esperanzas de que va a ser liberado. Sabemos que los dirigentes palestinos condenan el secuestro y que los secuestradores no tienen el apoyo del pueblo palestino. Sabemos que entienden que Alan Johnston ha hecho más que nadie para informar sobre su sufrimiento durante un período de 16 años. Armados con esos factores, también nosotros podemos ayudar a su liberación.

Yo mismo he estado en Gaza y sé lo difícil que es allí la situación. Sin embargo, precisamente asegurando la presencia en el lugar del máximo número de periodistas posible y asegurando que el máximo número de periodistas posible escriban sobre lo que ocurre, quienes viven en Gaza tendrán la mejor oportunidad para que todos ayudemos a mejorar la situación de esa gente. Dado que el pueblo palestino sabe que el secuestro en cuestión va en contra de sus intereses, estoy seguro de que los secuestradores no recibirán ningún apoyo y que, al final, tendrán que liberar a Alan Johnston.

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE), ponente. – (EL) Señora Presidenta, permítame que exprese yo también mi pesar por este incidente. Otro periodista que tuvo la valentía de trabajar en condiciones difíciles y peligrosas ha caído víctima de los secuestradores, privándonos así de la información que los políticos y la opinión pública internacional podemos obtener sobre las trágicas condiciones que prevalecen en la zona.

Confío en que el hecho de que esto haya impulsado a la opinión pública y a los dirigentes políticos de los territorios palestinos así como la eficacia del Gobierno de Unidad Nacional, que cada día es un poco más visible, ayude a conseguir la liberación del periodista Alan Johnston, a identificar a los culpables y a repartir responsabilidades.

Una misión de diputados, de la que yo formo parte junto con algunos compañeros diputados presentes en esta Cámara, iremos a los territorios palestinos la próxima semana. En el marco de los convenios internacionales, y de nuestras relaciones bilaterales con la Autoridad Palestina, transmitiremos nuestra preocupación y ejerceremos toda la presión posible –si el asunto aún no se ha resuelto– para que Alan Johnston sea liberado y para que se aseguren las máximas garantías de seguridad para los ciudadanos locales y los visitantes en la zona.

  Simon Coveney, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, espero que este debate y esta resolución contribuirá de alguna manera a la presión internacional a favor de la liberación de Alan Johnston tras su secuestro hace dos semanas.

Los diputados a este Parlamento debemos pronunciarnos firmemente y enviar un mensaje muy claro de condena de los actos de violencia que ha tenido lugar y del secuestro de un hombre considerado uno de los principales reporteros del mundo. A lo largo de muchos años, y en particular durante los últimos tres años que ha pasado en Gaza, se ha ganado una reputación de reportero objetivo y ecuánime en sus informaciones sobre una situación sumamente difícil.

Pedimos a todas las personas que tengan influencia o poder sobre sus captores que hagan todo lo que esté en su mano para obtener su liberación. Esta crisis viene a empeorar la ya trágica situación del pueblo palestino, pues envía un mensaje al resto del mundo de que ni siquiera los periodistas experimentados son bienvenidos o están seguros en Gaza.

Hablamos de un hombre que ha estado informando al resto del mundo sobre el sufrimiento, la injusticia y la tragedia que siguen asolando la zona. Su secuestro no es solo un crimen atroz en sí mismo, sino que es contraproducente para la causa del pueblo palestino.

Gaza ya está suficientemente aislada como para impedir que de ella salga información precisa. Pedimos en particular a la Autoridad Palestina que dé prioridad absoluta a su liberación, y al Consejo y a la Comisión que redoblen al máximo sus esfuerzos con este fin.

Por último, deseo expresar a la familia y amigos de Alan Johnston mi sincero apoyo en nombre del Grupo del PPE-DE en este Parlamento. Espero que la dura prueba por la que están pasando llegue pronto a un final feliz y positivo.

  Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Yo también quisiera brindar mi apoyo y el del Grupo ALDE a Alan Johnston y su familia.

Creo que ninguno de nosotros podemos saber por qué ha sido secuestrado. Se trata de un hombre que siempre ha defendido al pueblo palestino. Resulta increíble que hayan secuestrado a una persona como él. ¿Qué esperan lograr? Sin duda esto no contribuye para nada a la causa palestina, como han señalado incluso muchos palestinos. Su único delito es creer que la historia de Gaza y de su población debe ser contada de forma ecuánime y equilibrada, como ha venido haciendo de manera excepcional durante los últimos tres años. Era el único corresponsal extranjero que vivía permanentemente en la Franja de Gaza.

Todos esperábamos que ya hubiese sido liberado, como lo fueron las otras 14 personas secuestradas desde 2005, y hoy sumamos nuestras voces a las que piden a la Autoridad Palestina que redoble sus esfuerzos por obtener la rápida liberación de Alan Johnston. Asimismo pedimos que cesen todos los atentados contra periodistas. ¿Qué más podemos decir? Estoy convencida de que en toda la UE hay personas que esperan y rezan por su liberación. Todo lo que hacemos hoy es tratar de unir nuestras voces a las de sus padres y compañeros de trabajo para decir a sus secuestradores: recordad que si algo le pasa, habréis perdido una voz firme que cuenta vuestra historia al mundo. Todo lo que lograréis es aislaros todavía más a vosotros mismos y al pueblo palestino. Y eso no puede ser lo que queréis. Queréis que se escuche vuestra voz y no seguir estando marginados. Estos actos dificultan la tarea de aquellos de nosotros que siempre hemos apoyado la causa palestina para convencer a la gente de la validez del argumento, y por ello este secuestro es completamente contraproducente y traiciona al pueblo palestino, que seguirá sufriendo.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señorías, he firmado la carta de los diputados europeos pidiendo a las autoridades palestinas y demás organizaciones que canalicen inmediatamente todos sus esfuerzos para asegurar una liberación incondicional del periodista de la BBC.

Ahora pedimos urgentemente a la Comisión y al Consejo que hagan lo mismo e impongan sanciones si fracasan las negociaciones diplomáticas. Tanto los secuestradores, que ya hace 46 días que retienen al periodista, como el Presidente Abbas deben saber que están reteniendo a toda Palestina en su camino hacia el desarrollo y la están condenando al aislamiento.

Quiero resaltar que la liberación de Alan Johnston es vital para la seguridad de todos los periodistas que trabajan en Oriente Medio. Quiero expresar aquí, en el Parlamento, la estima que siento por el trabajo que Johnston ha realizado en los últimos tres años en Gaza y aplaudir el heroísmo del trabajo de todos sus compañeros periodistas y sus familias al defender la libertad periodística en las zonas conflictivas del mundo. Son una fuente importante de esperanza para las poblaciones locales que se enfrenten con una espantosa violencia que no podría demandarse ante la justicia si no hubiera libertad periodística.

Europa debe hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los periodistas en esta zona.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, Alan Johnston es periodista en la BBC desde hace 16 años y ha trabajado en diversos países, entre ellos Afganistán y Uzbekistán, por lo que no ha elegido exactamente lo que llamaríamos una vida cómoda. Durante los tres años que ha pasado en Gaza ha mostrado un profundo interés por los acontecimientos sociales y políticos de la Franja y ha contado la historia de la población gazí. Por lo tanto, como ya han dicho otros oradores, el hecho de que no esté haciendo el trabajo que ama y hace tan bien daña seriamente la causa palestina.

Tan solo en 2005 y 2006 fueron asesinados 181 periodistas y asistentes, 1 678 fueron detenidos, 56 secuestrados y 2 780 sufrieron lesiones físicas o recibieron amenazas. En 2006 se ha producido el mayor número de muertes desde 1994, año en el que murieron 103 periodistas, en particular en Ruanda, Argelia y la antigua Yugoslavia. Por otra parte, la censura y el cierre de medios de comunicación continúan y se practican en muchas partes.

En esta propuesta de resolución conjunta pedimos a todos los órganos de la UE –a los diplomáticos de los Estados miembros, al Alto Representante de la PESC y a la Comisión– que redoblen y coordinen sus esfuerzos por obtener la liberación del señor Johnston. Asimismo pedimos a la Autoridad Palestina que incremente sus esfuerzos y estamos seguros de que dará a esta cuestión la máxima prioridad si así se lo pide el pueblo palestino. Quiero dar las gracias a todos aquellos que en Gaza –periodistas y ciudadanos de todo tipo– han hecho oír su voz para pedir la liberación de Alan Johnston, pues saben que necesitan un periodista íntegro y comprometido para abrirles una ventana al mundo.

Las democracias no pueden prosperar sin libertad de prensa. Al insistir en la liberación de Alan Johnston sano y salvo, rendimos homenaje a la valentía de todos los periodistas que ponen en peligro su seguridad para llevar la verdad al mundo y para permitirnos gozar de la democracia.

  Günter Nooke, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Señorías, llegados a este punto, permítanme realizar un breve comentario en nombre del Consejo y expresar lo deprimente que es este tema para todos nosotros. El corresponsal de la BBC, Alan Johnston, fue secuestrado en Gaza el 12 de marzo. En el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores prevaleció el pasado lunes una gran preocupación por el señor Johnston, que ya hace seis semanas que desapareció. Pedimos su liberación inmediata e incondicional.

El señor Johnston es un periodista internacionalmente respetado con muchos amigos en Gaza. Siempre le ha preocupado que el mundo vea con sus propios ojos las cosas que allí ocurren. Su secuestro es un acto criminal que no puedo más que condenar en los términos más fuertes posible. Dicho eso, también quiero expresar mi simpatía a su familia, que lucha en su nombre y que ya hace más de un mes y medio que vive con temor y con esa difícil incertidumbre.

(Aplausos)

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, han transcurrido más de seis semanas desde el secuestro de Alan Johnston y la Comisión ha expresado su solidaridad con su familia, sus amigos y compañeros de trabajo en este momento tan difícil.

La Vicepresidenta de la Comisión, la señora Wallström, ha realizado una declaración pública sobre el secuestro del señor Johnston en nombre de todo el Colegio de Comisarios, en la que expresa su profunda inquietud por su suerte y pide su inmediata liberación. Esta semana, el Consejo condenó este secuestro, pidiendo la liberación sin condiciones del señor Johnston. Por otra parte, mi colega, el Comisario Michel, planteó ayer la cuestión del secuestro del corresponsal de la BBC durante una reunión con el Viceprimer Ministro palestino, el señor Al Ahmad. Le pidió que utilizara toda su influencia y sus contactos y que hiciera todo lo que esté a su alcance para localizar al señor Johnston. El Viceprimer Ministro aseguró al señor Michel que haría todo lo posible por obtener su pronta liberación.

El Comisario Michel repitió estas peticiones en sus reuniones con otros interlocutores palestinos durante el viaje que realizó a esa región. Se están llevando a cabo intensos esfuerzos diplomáticos coordinados para lograr la inmediata liberación del señor Johnston. El personal de nuestra Delegación en Jerusalén sigue muy de cerca la evolución de la situación y nos informa de que las autoridades palestinas, en cooperación con las fuerzas de seguridad, estudian todas las opciones posibles con el Gobierno británico a fin de lograr un resultado positivo.

El Presidente Abbás sigue dando alta prioridad a este secuestro, y queremos destacar las declaraciones públicas que han realizado el Primer Ministro Haniya, así como el señor Barguti, en nombre de los presos palestinos, y por palestinos de todo el mundo, en las que se condena este secuestro.

Es evidente que el secuestro de un destacado periodista como Alan Johnston, que tanto ha hecho por dar a conocer la situación de los palestinos entre la opinión pública mundial, resulta inquietante. Los responsables de su secuestro no están haciendo favor alguno a la causa del pueblo palestino y al proceso de paz en Oriente Próximo.

(Aplausos)

  La Presidenta. Gracias por estas declaraciones.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en breve.

(1) Cf. Acta.

14.3. Situación de los derechos humanos en Filipinas

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución⁽¹⁾ sobre Filipinas.

  Karin Scheele (PSE), autora. – (DE) Señora Presidenta, mediante esta resolución queremos expresar hoy nuestra gran preocupación por el cada vez mayor número de asesinatos políticos que se han cometido en los últimos años en Filipinas. La organización por los derechos humanos, Karapatan, ha registrado 839 casos de ejecuciones sumarias desde 2001. Todas las víctimas eran personas que habían expresado su apoyo por los problemas con que se enfrenta el pueblo filipino: agricultores que luchaban por sus tierras, trabajadores y líderes sindicales que defendían unos salarios justos y unas mejores condiciones de trabajo, y miembros comprometidos del clero.

Ejecuciones arbitrarias, una represión política omnipresente, una creciente militarización y el hecho de que los perpetradores que pertenecen a unidades paramilitares y militares estén exentos de castigo y protegidos, se han convertido, por desgracia, en una marca del Gobierno. Durante mucho tiempo los países extranjeros han desviado la mirada. En lo que se refiere al Tribunal de Justicia de La Haya, la ignorancia y una interpretación errónea de la situación son responsables por igual de que los demás países hayan desviado sus miradas durante tanto tiempo, así como la aprobación otorgada por los Estados Unidos, en el que el Gobierno de Manila confió y puede seguir confiando.

Condenamos las violaciones brutales y sistemáticas de los derechos de los ciudadanos, los secuestros, las desapariciones y los asesinatos políticos. Pedimos firmemente a las autoridades estatales de Filipinas que realicen las investigaciones necesarias y lleven a los responsables ante la justicia. Pedimos a las autoridades estatales que ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre retenciones forzosas y promulguen las disposiciones de aplicación. Todo esto es necesario como primer paso para que disminuya la violencia, de modo que, en pocas semanas, se puedan garantizar unas elecciones medio democráticas.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señora Presidenta, la situación de los derechos humanos en Filipinas es mala y sigue deteriorándose. Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos reciben con creciente frecuencia informes sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, amenazas y acoso de políticos, sindicalistas, estudiantes, religiosos y trabajadores pro derechos humanos.

El Gobierno de Filipinas parece incapaz y, en muchas ocasiones, no se muestra dispuesto a preceder con la firmeza necesaria tanto para investigar estas violaciones de los derechos humanos como para enjuiciar de forma enérgica y efectiva a quienes las han perpetrado. En esta propuesta de resolución deseamos expresar nuestra profunda inquietud al Gobierno de Filipinas por la lamentable y preocupante situación que existe en su país. Al mismo tiempo queremos enviar una firme señal de que la UE no permanecerá de brazos cruzados mientras observa que la situación de los derechos humanos en Filipinas continúa deteriorándose. Adoptaremos todas las medidas necesarias si no se pone remedio a esta situación lo antes posible.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señora Presidenta, en su informe del 22 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el relator especial de las Naciones Unidas, señor Philip Alston, explicaba en términos inequívocos lo que significaban esas ejecuciones sumarias en Filipinas. Como se dice en la resolución conjunta, las víctimas de esas ejecuciones sumarias son miembros de los partidos de la oposición, el clero, líderes sindicales, agricultores, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, etc., así como testigos de otros asesinatos sumarios que fueron acusados por representantes del Gobierno de estar al frente de grupos ilegalmente armados.

El Gobierno Arroyo tiene un alto grado de responsabilidad en más de 800 asesinatos políticos ocurridos desde que llegó al poder en 2001. En el marco de la denominada contrainsurgencia, también el ejército filipino y la policía recurren a los asesinatos políticos. En un capítulo del informe titulado Orders of Battle, a la luz de documentos guardados por las Fuerzas Armadas de Filipinas, se muestra claramente que las ejecuciones sumarias son una estrategia del ejército y la policía. En este informe, en el que se basa la ley de las Fuerzas Armadas de Filipinas, y que tan a menudo pone en práctica la Política Nacional filipina, se dan instrucciones para la lucha militar contra los oponentes políticos.

Ahora, obviamente el Grupo conservador desea eliminar de la resolución conjunta toda referencia al «papel de las fuerzas armadas en esos asesinatos». Es ni más ni menos que escandaloso. Eso no solo comportaría una bofetada para las Naciones Unidas y su relator especial, sino también una bofetada para las víctimas, sus amigos y sus familias. Del informe del relator especial de las Naciones Unidas, hay que resaltar también lo siguiente: «Casi cada día los periódicos publican artículos de altos cargos militares que instan a la neutralización de esos grupos y piden al pueblo que reconozca que apoyar a esos candidatos en las próximas elecciones sería apoyar al enemigo.» Ya no se puede ser más explícito y pido que el pasaje mencionado no se elimine de la resolución para que esta Cámara pueda enviar un mensaje claro.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señora Presidente, a las puertas de unas elecciones importantes –como son las locales y legislativas en Filipinas– es pertinente y oportuno hacernos eco de algunos de los principales problemas del país, muy especialmente de la preocupante escalada de crímenes y asesinatos extrajudiciales –que son ya más de 800 desde que la Presidenta Arroyo asumiera el poder en el archipiélago en 2001–, la inmensa mayoría de los cuales sigue todavía impune.

La situación actual muestra un claro patrón de asesinatos políticos en Filipinas, por lo que es necesario hacer un llamamiento al Gobierno de Manila para que tome las medidas oportunas con objeto de que cesen las amenazas y los hostigamientos hacia miembros de la oposición, periodistas, campesinos que reclaman sus derechos en el marco de la reforma agraria en curso, defensores de los derechos humanos e incluso testigos en juicios contra sus victimarios.

Varias organizaciones de derechos humanos –como la Food First Information and Action Network (FIAN)– llevan tiempo alertando, por ejemplo, de la no implementación de los programas nacionales de reforma agraria, lo que conlleva que muchos terratenientes se nieguen a entregar las tierras a los agricultores. El clima de violencia vinculado a esta situación ha dejado ya un saldo de al menos 38 líderes campesinos asesinados.

Es de celebrar que la Presidenta se haya comprometido con el principio de «tolerancia cero» ante las violaciones de los derechos humanos, pero la dimensión de las mismas requieren de acciones mucho más ambiciosas, especialmente cuando son varios los informes nacionales e internacionales que implican directamente a sectores del ejército y de la policía en dichas violaciones. Entre estos informes destacan las declaraciones del Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, así como la Comisión Melo.

La situación es especialmente preocupante en la península de Bontoc, donde cientos de agricultores hacen frente a numerosos hostigamientos y violencia física ejercida por grupos armados privados.

Por último, considero relevante tomar nota del trabajo llevado a cabo por parte del panel de negociación del proceso de paz así como del anuncio gubernamental de garantizar una profunda autodeterminación para el pueblo de Mindanao.

Asimismo, debo expresar una vez más las reservas que muchas y muchos tenemos ante la inclusión de algunos grupos –como el Ejército del Nuevo Pueblo– en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, puesto que ello no contribuye a futuras negociaciones de paz sino que más bien las dificulta.

Tal y como nos han solicitados varias organizaciones e instituciones internacionales de defensa y promoción de derechos humanos, esperamos que esta resolución de urgencia contribuya a que el Gobierno de Filipinas asuma una postura mucho más firme en la lucha contra los asesinatos políticos a la vez que garantice la seguridad de las personas amenazadas, especialmente agricultores y activistas políticos y de derechos humanos.

  Thomas Mann (PPE-DE), autor. – (DE) Señora Presidenta, dentro de dos semanas se celebrarán elecciones en Filipinas. Cada vez es mayor el riesgo de que aumenten los conflictos políticos internos. Desde 2006, como han mencionado mis compañeros, se ha asesinado a periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, agricultores y sacerdotes. Lo que no está claro es quiénes son los autores. Pero es evidente que los asesinos siempre siguen el mismo modelo. Las autoridades son incapaces de llevar a cabo sus investigaciones con suficiente profundidad. El sistema judicial está sobrecargado, le faltan fondos y es ineficiente. El número de condenas es tan bajo que casi se puede hablar de un clima de impunidad.

La Presidenta Arroyo y su Gobierno conocen la gravedad de la situación. Se creó una fuerza policial especial y la Comisión Melo independiente. Sus recomendaciones comportaron que la Presidenta del Estado ordenara el refuerzo de los procesos de investigación y acusación, la creación de tribunales especiales y, finalmente, también la creación de programas de protección de testigos. En febrero, el relator especial de las Naciones Unidas, el señor Philip Alston, pudo interrogar ampliamente a los responsables y afectados. Estoy de acuerdo con su petición de que deberían examinarse las acusaciones relacionadas con la implicación de elementos del estamento militar o miembros del ejército. La Unión Europea debería ofrecer apoyo técnico y apoyo en términos de personal para que se puedan aclarar esos asesinatos y mejorar el sistema judicial de forma sostenible.

  Michał Tomasz Kamiński (UEN), autor. – (PL) Señora Presidenta, la situación en Filipinas es causa de gran preocupación. Dentro de dos semanas, se celebrarán allí elecciones. En parte esto implicará la elección de nuevos senadores. Por desgracia, una vez más la situación en Filipinas es tal que, aunque en otros países las elecciones implican democracia hasta cierto punto y son alentadoras aunque creen tensiones, la prensa filipina solo escribe sobre cuántas personas morirán y lo violentas que serán las próximas elecciones. Esto ha ocurrido durante medio año, y lo he seguido muy de cerca. Es un mal augurio para ese país.

Este año he visitado Filipinas y he intentado saber cuál era la situación. Quiero decir que en Filipinas la voz de la Unión Europea se escucha con gran atención y es bueno que nuestro Parlamento sea muy crítico con cualquier tipo de violencia que pueda acompañar el proceso electoral. Queremos pedir claramente al Gobierno de Filipinas que intensifique sus esfuerzos para asegurar que las matanzas políticas dejen de ser una constante en la campaña electoral de dicho país. Por desgracia, es un ejemplo muy extremo del paisaje político de ese hermoso país, que merece vivir en democracia, como nosotros. Me complace que haya en el Parlamento Europeo tantos diputados que compartan esta opinión y apoyen nuestra declaración conjunta.

  Charles Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, la llegada de Gloria Arroyo a la Presidencia de Filipinas tras el juicio de destitución del antiguo Presidente Estrada por cargos de corrupción y su posterior elección, en mayo de 2004, han traído consigo algunas mejoras para el país, sobre todo en lo referente a la seguridad. El Gobierno de Filipinas ha reducido la capacidad militar de los terroristas islámicos en el sudeste del país y ha negociado un acuerdo de paz con un grupo y un alto el fuego permanente con otro. Sin embargo, desde hace algún tiempo se ha producido, lamentablemente, una serie de turbias ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo supuestamente por miembros de las fuerzas de seguridad. El Gobierno reconoció acertadamente que este es un hecho sumamente grave y ordenó que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Estas dieron pie a una serie de recomendaciones publicadas en febrero por la comisión independiente del juez Melo, creada específicamente para abordar esta cuestión, seguida de un plan de seis puntos aprobado por el Gobierno para poner fin a las violaciones de los derechos humanas y al actual clima de impunidad. Acojo muy favorablemente este planteamiento y, en particular, la creación de un grupo operativo policial, denominado Usig, que se dedicará a llevar ante la justicia a las personas que ocupan puestos de autoridad y hayan ordenado violaciones de los derechos humanos.

  Günter Nooke, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Filipinas ha ratificado los principales pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos. El Gobierno de Filipinas respeta en principio los derechos humanos de sus ciudadanos. Otra nota positiva es la abolición de la pena de muerte en 2006. La UE ha trabajado intensamente para conseguirlo.

Sin embargo, hay motivo de alarma. En 2006, los asesinatos y secuestros de periodistas, activistas políticos de la izquierda, defensores de los derechos civiles y representantes de la Iglesia aumentaron considerablemente en todo el país. La oposición ha presentado informes de ejecuciones sin juicio y sostiene que el responsable es el Gobierno y su aparato de seguridad. En última instancia, el Gobierno es acusado de no saber resolver los crímenes con la fuerza necesaria. Por su parte, el Gobierno rechaza estas acusaciones y sospecha, al menos en parte, de purgas en el seno de la militancia de izquierdas.

La víctima reciente más importante fue el obispo Alberto Ramento, que era muy crítico con el Gobierno. Su asesinato ya se describió como resuelto el mismo día en que se cometió. Se dijo que había sido un robo con asesinato cometido por un joven. Los seguidores del señor Ramento expresaron graves dudas al respecto y criticaron que la recogida de pruebas fue inadecuada y poco profesional.

Poco antes de empezar su viaje europeo en agosto de 2006, la Presidenta Arroyo nombró a una Comisión presidida por el anterior juez del Tribunal Supremo, José Melo, para investigar los asesinatos de críticos políticamente activos del Gobierno. El informe de la Comisión Melo se publicó en febrero de 2007 ante una gran presión pública. El informe confirmaba la acusación de una falta de disposición para presentar pruebas clarificadoras y asignaba la principal responsabilidad a las fuerzas armadas. Una investigación del relator especial, Alston, de las Naciones Unidas ha llegado a la misma conclusión.

La UE se ha dirigido reiteradamente a Filipinas en relación con este problema de forma inequívoca a través de sus embajadas en el país y de reuniones políticas en el marco del diálogo para los derechos humanos. En virtud de todo ello, y bajo la presión política de la sociedad civil filipina activa, el Gobierno presentó públicamente las medidas tomadas hasta el momento, reconoció sus deficiencias y pidió a la UE ayuda para crear tribunales y fiscalías especiales, consolidar la protección de testigos, reforzar la capacidad técnica y forense de las fuerzas de seguridad y conseguir una mayor sensibilización por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto al respeto de los derechos humanos.

A raíz de una invitación por parte del Gobierno filipino, en la actualidad una misión de la UE está en el país examinando las condiciones para acceder a su petición. Asimismo, habría que reforzar la Comisión nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil de cara a observar la situación. Además de las matanzas y los secuestros de elementos críticos con el régimen y el Gobierno, en Filipinas se están presentando graves acusaciones en relación con la tortura, la desaparición de personas, la detención ilegal, el tráfico de seres humanos y el abuso de mujeres y niños. Sobre todo en el conflicto militar con varios grupos de rebeldes comunistas y separatistas, y en la lucha contra el terrorismo, la policía y el ejército cometen con regularidad violaciones de los derechos humanos y también hay violencia por parte de miembros de grupos extremistas.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la Comisión Europea sigue muy de cerca la situación en Filipinas. El algunos contactos de alto nivel –entre ellos, la reunión del Presidente Barroso con la Presidenta Arroyo, celebrada en septiembre, y de la Comisaria Ferrero-Waldner con el Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Romulo, en el mes de marzo– instamos a las autoridades filipinas a que prosiguieran con sus reformas económicas y sociales, pero manifestamos igualmente nuestra profunda inquietud por el fuerte aumento de las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo pusimos de manifiesto nuestro apoyo al proceso de paz en Mindanao.

Nuestro principal interés es que cesen las ejecuciones extrajudiciales y que los delitos cometidos sean debidamente investigados y sus autores juzgados sobre la base de las conclusiones de los informes del juez Melo y el profesor Alston.

Por ello, la Comisión y los Estados miembros han respondido positivamente a una petición de asistencia técnica a las investigaciones cursada por el Gobierno filipino. Debido a que los ámbitos para los que se solicita asistencia son sumamente diversos, estamos preparando una misión para determinar dichas necesidades, en la que participarán los Estados miembros y la Comisión, que visitará Filipinas en el mes de mayo para celebrar conversaciones directas con las autoridades y otros grupos interesados, incluida la sociedad civil. La Comisión financiará la mayoría de los gastos de la misión y ha desempeñado un papel destacado en estos preparativos.

Las conclusiones de la misión servirán de base para que la UE pueda prestar una asistencia eficaz para las investigaciones. Como es lógico, intentaremos colaborar en estrecha coordinación con el relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, el profesor Alston. Me satisface sobremanera que el Parlamento haya manifestado su apoyo. Debemos seguir alentando a las autoridades a que realicen las investigaciones como es debido y a que los autores sean llevados ante la justicia en su momento.

La Comisión considera que se avanza en el proceso de paz de Mindanao. Es posible que no estemos muy lejos de un acuerdo formal de paz. Actualmente prestamos un importante apoyo indirecto a través de la ayuda al desarrollo rural y la salud, y la mejora de los medios de subsistencia. Hemos indicado que estamos dispuestos a prestar una importante ayuda directa cuando las partes estén más cerca de firmar un acuerdo formal de paz.

Por lo que respecta a los insurgentes del NPA, debemos seguir instando a las autoridades filipinas a que reanuden las conversaciones de paz y permitan que las personas que están dispuestas a abandonar las armas para pasar a la política puedan hacerlo, garantizando al mismo tiempo la aplicación de la nueva legislación en materia de seguridad en el pleno respeto de los derechos humanos.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en breve.

  Simon Coveney (PPE-DE). – Señora Presidenta, antes de proceder a las votaciones me gustaría plantear brevemente una cuestión de observancia del Reglamento. En nombre de mi Grupo, reconozco y expreso mi satisfacción por el hecho de que, por primera vez en los debates de urgencia, hemos contado con la participación y contribución del Consejo.

(Aplausos)

Espero que se mantenga este precedente positivo, pues se trata de algo sumamente grato y sé que la delegación alemana ha trabajado arduamente para lograrlo. Quiero dar las gracias al Consejo por su presencia y espero que siga viniendo.

  La Presidenta. Muchas gracias y gracias también al señor Nooke.

(1) Cf. Acta.

15. Turno de votaciones

(Resultados y otros detalles de las votaciones: cf. Acta)

15.1. Reciente represión de manifestaciones en Rusia (votación)

– Propuesta de resolución conjunta RC B6-0172/2007

15.2. Secuestro del periodista Alan Johnston en Gaza (votación)

– Propuesta de resolución conjunta RC B6-0159/2007

15.3. Situación de los derechos humanos en Filipinas (votación)

– Propuesta de resolución conjunta RC B6-0160/2007

15.4. Zimbabue (votación)

– Propuesta de resolución conjunta RC B6-0162/2007

16. Explicaciones de voto

– Propuesta de resolución conjunta RC B6-0162/2007

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) En nombre de mi Grupo, el señor Pafikis ha hablado esta tarde sobre Zimbabue. Soy consciente de que lo que él y su partido griego quieren principalmente es subrayar el largo conflicto que existe entre el anterior imperio colonial británico y el anterior movimiento de la independencia, dirigido por Mugabe, el actual presidente del país. Se resume como un conflicto entre el mal absoluto y el bien absoluto. Igual que mi colega el señor Pafilis, estoy a favor del Mugabe de los años setenta y en contra del colonialismo, pero él y yo tenemos opiniones muy distintas sobre el presente, como ya he dejado claro en anteriores debates de urgencia. Estoy a favor de la reforma agraria, en otras palabras de que la tierra de los grandes agricultores se reparta a favor de pequeños agricultores. Pero la forma en que este proceso se está llevado a cabo en Zimbabue ha sido motivo de violencia, intimidación y de que las personas acaben temiendo por su propia vida, sobre todo los agricultores y trabajadores negros. En consecuencia, también las ciudades han recibido al final este tipo de violencia. Mugabe ya no está ayudando a su pueblo a escapar de los explotadores coloniales, sino que lo está sumergiendo en el caos, la opresión y la pobreza. Dado que un régimen como este se basa en la violencia y la intimidación, y no merece continuar, votaré a favor de la resolución sobre Zimbabue.

17. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

18. Composición del Parlamento: véase el Acta

19. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

20. Verificación de credenciales: véase el Acta

21. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

22. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

23. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

24. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

25. Interrupción del periodo de sesiones

  La Presidenta. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 17 horas)

La Ministra de Educación de Alemania, Annette Schavan, ha propuesto que los Estados miembros de la UE introduzcan un manual de historia común para Europa para su utilización en los centros escolares de todos los Estados miembros. Según se ha señalado, el objetivo de esta medida sería reforzar la identidad europea de los alumnos. ¿Podría indicar el Consejo por qué apoya la propuesta de elaborar un manual de historia común para Europa? ¿Considera, acaso, que entre las labores de los políticos figura pronunciarse sobre el contenido de los manuales de historia de los Estados miembros, por ejemplo en lo que se refiere a cuestiones históricas sensibles sobre las que los Estados miembros tienen opiniones divergentes como, por ejemplo, el colonialismo? ¿No considera el Consejo que deberían ser los Estados miembros los que deberían decidir de manera independiente sobre los manuales escolares que utilizan en sus sistemas educativos respectivos?

En un consejo informal de ministros de educación celebrado a principios de marzo, el ministro representante del país que ejerce la Presidencia propuso la idea de que en todos los Estados miembros se utilizase un manual de historia común. ¿Tiene previsto el país que ejerce la Presidencia plantear de nuevo el asunto? ¿Qué planes tiene sobre la elaboración del material común y el calendario del proyecto?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo desea señalar que la cuestión planteada no ha sido debatida en las reuniones formales del Consejo y no figura en los órdenes del día para futuras reuniones que ya están disponibles.

¿Reconoce el Consejo que existe una relación entre la subida de los precios de los aceites vegetales en todo el mundo y la creciente demanda de biocarburantes en la UE?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

No haré comentarios acerca de la insinuación de su Señoría de que existe un vínculo entre los precios mundiales de los aceites vegetales y la creciente demanda de biocarburantes en Europa, ya que dichas preguntas corresponden a la Comisión.

En mi respuesta me limitaré a poner de relieve algunos hechos importantes relacionados con la energía. En su última reunión, el Consejo Europeo allanó el camino para introducir un cambio decisivo mediante la adopción de un amplio plan de acción para el sector de la energía en el que se echan las bases para una política energética europea.

En particular, este plan de acción establece el objetivo vinculante de aumentar al 10 % el porcentaje de los biocarburantes dentro del consumo total de gasolina y gasóleo en la UE de aquí a 2020. Sin embargo, señala explícitamente que podría haber competencia entre las distintas maneras de utilizar las materias primas contempladas en esta política. Por lo tanto, el Consejo pidió a la Comisión que propusiera este año medidas de acompañamiento para garantizar una producción y uso sostenibles de la bioenergía y para evitar conflictos entre los distintos usos de la biomasa.

Será necesario que pase algún tiempo antes de decidir y aplicar todas estas medidas; no obstante, creo que se tomarán en cuenta las preocupaciones expresadas por su Señoría.

Al condicionar el mantenimiento de actividad en la planta de VW Forest a un aumento de las horas de trabajo sin aumento de sueldo y a una mayor flexibilidad, los dirigentes de VW Forest han ejercido sobre los trabajadores un chantaje laboral. Estos últimos se vieron obligados a aceptarlo para evitar el cierre de la empresa. En su resolución del 14 de marzo de 2006 relativa a las deslocalizaciones en el marco del desarrollo regional, el Parlamento Europeo pidió que se considerara tomar medidas para evitar este tipo de chantaje laboral, que puede calificarse de «deslocalización invertida», ya que tiene como consecuencia la importación de peores condiciones de trabajo sin desplazamiento de la actividad de la empresa.

¿Podría indicar el Consejo cuáles son las medidas que piensa tomar con el fin de evitar las deslocalizaciones invertidas causantes de una deterioración de las condiciones de trabajo sin desplazamiento de la actividad empresarial?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo considerará la posibilidad de actuar en este ámbito únicamente en respuesta a una propuesta a tal fin presentada por la Comisión. Hasta ahora no se ha presentado tal propuesta.

Actualmente, se calcula que el 90 % del comercio de opio mundial se origina en Afganistán y se teme que el año 2007 se convierta en un año de producción récord. Gran parte de esta producción acabará en las calles europeas en forma de heroína.

Dado que la población local no aceptará la erradicación de estos cultivos mediante método alguno ¿ha considerado el Consejo comprar directamente toda la cosecha a los productores para controlar los usos médicos legítimos de esta droga y, así, debilitar irremediablemente el poder de los talibanes?

Además, ¿se ha producido algún tipo de diálogo entre el Consejo y los Estados europeos colindantes que se encuentran en la ruta de abastecimiento que parte de Afganistán?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

El Consejo se toma muy en serio los problemas que plantea el cultivo de la amapola de opio en Afganistán. Como señala en sus conclusiones de 5 de marzo de 2007, el Consejo reconoce el importante y perjudicial efecto que tiene la producción y el tráfico de drogas sobre la estabilidad y seguridad de Afganistán y la región colindante, así como a nivel internacional, incluidos los propios Estados miembros de la UE.

El Consejo aprobó en mayo de 2006 un documento orientado a la acción sobre «El aumento de las ayudas de la UE para luchar contra la producción y tráfico de drogas procedentes de Afganistán, incluidas las rutas de tránsito» (doc. 9370/1/06), que contempla un marco consolidado para una política comunitaria de ayuda a Afganistán y sus países vecinos.

En sus conclusiones del mayo de 2007, el Consejo reafirmó su compromiso de contribuir a los esfuerzos que realiza el Gobierno de Afganistán para hacer frente a las drogas y hace un llamamiento a los Estados miembros para que continúen con su ayuda, en particular a través de la pronta aplicación de las recomendaciones que figuran en dicho documento.

El Consejo no ha debatido la posibilidad de comprar las cosechas a los agricultores.

El Consejo mantiene un diálogo periódico sobre temas relacionados con la droga con la Federación Rusa, que es un socio importante en la lucha contra la droga, en particular con la procedente de Afganistán. Asimismo se celebró una conferencia de expertos sobre drogas y drogodependencia en Varsovia del 12 al 14 de noviembre de 2006, en la que se debatieron medidas prácticas para fomentar la cooperación entre las dos partes (véanse las conclusiones en el doc. 16379/06). Las conclusiones acordadas en la conferencia están siendo aplicadas. La manera en que las drogas salen ilegalmente de Afganistán fue el tema principal de la Segunda Conferencia Ministerial sobre las rutas del tráfico de droga desde Afganistán «París 2 – Moscú 1»), así como la conferencia del Pacto de París, celebrada del 26 al 28 de junio de 2006 en Moscú, en la que se adoptaron la Declaraciones y las Recomendaciones de Moscú. Además, el tema de las drogas figura periódicamente en el orden del día de las reuniones del Consejo Permanente de Asociación (CPA) UE-Rusia sobre Libertad, Seguridad y Justicia.

La Presidencia alemana tiene igualmente la intención de celebrar una reunión de la Troika con los países de los Balcanes Occidentales sobre el tema de las drogas.

¿Se encuentran entre los intereses de la UE la violación del derecho de propiedad en un Estado miembro de la UE y el respeto de las correspondientes decisiones de los tribunales?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo recuerda a su Señoría que el 22 de diciembre de 2000 adoptó el Reglamento (CE) n° 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I).

El ámbito de aplicación de este Reglamento abarca, aparte de ciertas esferas legales precisamente delimitadas, los elementos esenciales del derecho civil y mercantil. El Reglamento contempla normas de jurisdicción relacionadas concretamente con derechos reales sobre propiedades inmuebles y con el alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles. En el apartado 1 de su artículo 22 se establecen las normas de jurisdicción sobre cuya base una persona puede presentar sus pretensiones ante un tribunal de un Estado miembro.

En aras de la libre circulación de sentencias, las resoluciones dictadas en un Estado miembro al que sea aplicable este Reglamento deberán reconocerse y ejecutarse en cualquier otro Estado al que sea aplicable el Reglamento con arreglo a las normas que este establece con toda claridad. La legislación en materia de propiedad es competencia de los Estados miembros.

Además, el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales determina la legislación aplicable en aquellos casos que se pueda demostrar una relación con la ley de varios Estados. El apartado 3 del artículo 4 establece en particular la ley que será aplicable si el contrato se relaciona con un derecho real sobre un solar o un derecho al uso de un solar.

En vista de ello, el Consejo comunica a su Señoría que actualmente se trabaja en la comunitarización de este Convenio.

El Tratado de Ámsterdam, en la Declaración 38, reconoce la importante contribución del voluntariado y se compromete a fomentar su dimensión europea. Las asociaciones internacionales Rotary y Lions están reconocidas por la ONU, en la que disponen de un representante permanente; se trata de asociaciones sin fines lucrativos que se financian con las cotizaciones de los socios; operan en todo el mundo y complementan las actividades de las instituciones. En Italia, en la provincia de Imperia, el Mando Provincial de la Guardia di Finanza se ha apropiado de la lista de los socios de Rotary para fines que quizá tengan que ver con el registro de contribuyentes.

¿Tiene el Consejo la intención de averiguar los motivos de la iniciativa y de adoptar las medidas apropiadas no solamente para poner fin de inmediato a estos episodios sino también para que en la Unión se fomente un reconocimiento más decidido y constructivo de estas asociaciones, según preconiza la Declaración aneja al Tratado de Ámsterdam?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Las cuestiones a las que hace referencia su Señoría no forman parte de las competencias del Consejo.

Según las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas, para 2050 la población del planeta aumentará en 2 500 millones de personas y alcanzará un total de 9 200 millones de habitantes. El mayor incremento de población del planeta se registrará previsiblemente en los países más pobres y, además, en determinados casos, la población se duplicará o incluso se triplicará, como en Afganistán, el Congo, Uganda y Nigeria. Por el contrario, en los países desarrollados la imagen será completamente distinta. El promedio de hijos que corresponde a cada mujer disminuirá de 2,75 en la actualidad a 2,05 para 2050. Al mismo tiempo, se incrementará la esperanza de vida y habrá un rápido envejecimiento de la población. Los científicos señalan que el mayor problema será alimentar a la población creciente de los países en desarrollo, donde 2 000 millones de personas ya sufren desnutrición y 854 millones padecen hambre.

¿Puede indicar el Consejo cuál será la política de desarrollo de la UE con el fin de hacer frente a los flujos de inmigración ilegal procedentes de los países en desarrollo y contribuir a combatir la pobreza y las epidemias en dichos países?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Por lo que se refiere a la evolución de la política de inmigración de la UE (Enfoque Mundial de la Migración) en el futuro, el Consejo ha desarrollado una gran actividad, en particular a través del intenso diálogo con terceros países.

En la Conferencia de los Ministros Europeos y Africanos sobre Migración y Desarrollo, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2006 en Rabat, la cual se centró en África Occidental, África Central y el Norte de África, se adoptó la Declaración de Rabat sobre la asociación entre Europa y África en materia de migración y desarrollo, así como un plan de acción que recoge medidas y recomendaciones detalladas para la cooperación en el ámbito de la migración. Las medidas para luchar contra la inmigración ilegal ocupan un lugar prominente en ambos documentos.

La Conferencia de los Ministros Europeos y Africanos sobre Migración y Desarrollo, celebrada los días 22 y 23 de noviembre de 2006 en Trípoli, la cual se centró en el continente africano en su conjunto, adoptó una Declaración conjunta de los países africanos y la UE sobre migración y desarrollo, así como el Plan de acción de Ugadugu para luchar contra el tráfico de seres humanos, en particular el comercio con mujeres y niños.

La agenda de la UE en materia de migración y desarrollo aparece en las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 2006. Los Jefes de Estado y de Gobierno estimaron importante que la política de la Unión en este ámbito, la cual reviste cada vez más importancia, sea más incluyente y asuma una forma coherente a fin de hacer justicia a la creciente importancia de este tema en las relaciones exteriores. La Unión Europea pretende que la combinación de las medidas destinadas a luchar contra la inmigración ilegal con otras medidas para aprovechar las posibles ventajas de la migración legal y para solucionar sus causas permita maximizar las ventajas de la migración y reducir al mínimo sus inconvenientes. Se decidieron las siguientes medidas:

Cumplimiento de los compromisos comunes acordados en las conferencias de Rabat y Trípoli;

Un diálogo más intenso con África sobre cuestiones migratorias mediante el envío de misiones específicas de la UE a los principales países africanos en los próximos años;

Los Estados miembros y la Comisión deberán integrar las cuestiones relacionadas con la migración y el desarrollo en sus medidas de ayuda y en la planificación de programas (al igual que en sus documentos nacionales de estrategia), intensificar la coordinación entre ellos y ampliar la planificación de programas conjuntos.

Se crearán plataformas de cooperación en materia de migración y desarrollo con países concretos.

La preparación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo Internacional (que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en Bruselas).

La mejora en la práctica de la cooperación con terceros países en lo relativo a las devoluciones y la aceleración de las negociaciones sobre los acuerdos de devolución entre la CE y terceros países.

El desarrollo de medidas para luchar contra el tráfico de inmigrantes y de seres humanos, en particular para proteger a las mujeres y los niños.

El estudio de medios para atenuar la migración circular y temporal entre la UE y terceros países sobre la base de las propuestas que la Comisión deberá presentar a más tardar en junio de 2007.

La aplicación del Enfoque Mundial para la Migración a las regiones oriental y meridional vecinas de la Unión Europea sobre la base de las propuestas que la Comisión deberá presentar a más tardar en junio de 2007.

Además de ello, entre los principales temas del debate que mantenemos actualmente con nuestros socios africanos con miras a la adopción de una nueva estrategia común para la UE y África en la Cumbre de Lisboa de noviembre de 2007 se encuentra una cooperación más intensa en materia de inmigración. Estamos convencidos de que la aportación del Parlamento Europeo a este proceso será sumamente valiosa.

El Consejo no puede resolver por sí solo la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo y, por consiguiente, eliminar una de las causas de la huida y la migración ilegal. El 20 de diciembre de 2005, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión firmaron el Consenso Europeo sobre Desarrollo, que establece que el objetivo preeminente y universal de la cooperación al desarrollo de la UE es la erradicación de la pobreza a través del desarrollo sostenible, junto con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La aplicación del Consenso Europeo sobre Desarrollo y del nuevo instrumento financiero para la cooperación al desarrollo, junto con el Décimo Fondo Europeo de Desarrollo y la conclusión de las negociaciones en curso sobre los acuerdos de asociación económica, sin duda contribuirán a alcanzar estos objetivos, y debemos recalcar que la UE se ha comprometido a incrementar y mejorar su ayuda. Uno de los objetivos que establece el Consenso Europeo sobre Desarrollo es que los Estados miembros deberán intentar aumentar su ayuda al desarrollo hasta alcanzar el 0,7 % del producto interior bruto de aquí a 2015, y fijarse el objetivo colectivo intermedio de alcanzar el 0,56 % en 2010.

Por último, en cuanto a la guerra contra las epidemias en los países en desarrollo y, en particular, contra lo que se conoce como enfermedades de la pobreza (VIH/sida, malaria y tuberculosis), las estimaciones a largo plazo son optimistas, ya que se prevé que el número de muertes provocadas por estas tres enfermedades disminuirá a condición de que prosigan los esfuerzos y tendencias actuales en la lucha contra ellas. El Consejo está firmemente decidido a tomar la vanguardia en la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, y a redoblar sus esfuerzos en el ámbito de la prevención, la atención, el tratamiento y la investigación.

En un noticiario radiofónico escuché con gran estupor la afirmación de Hans Blix, responsable de investigar la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq, de que las autoridades de un Estado miembro habían falsificado su informe, habiéndose cambiado puntos de interrogación por puntos de exclamación.

¿Puede informar el Consejo de las medidas que ha adoptado para sancionar este incalificable acto de falsedad por parte de un Estado miembro que tantos problemas ha causado y sigue causando a nuestro mundo?

¿Puede informar el Consejo de si, por lo menos, ya ha tomado la iniciativa de escrutar con rigor toda la información proporcionada por las autoridades competentes de dicho Estado miembro?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no solo no está en condición de confirmar las informaciones a las que se refiere su Señoría, sino que tampoco suele hacer comentarios sobre las declaraciones que las personas hacen a la prensa.

En cuanto a la segunda cuestión, su Señoría sin duda sabe que el Tratado no contempla disposiciones que permitan al Consejo examinar toda la información presentada por las autoridades de un Estado miembro.

El periodista sueco Dawit Isaak cumple hoy, 14 de marzo de 2007, 2000 días de detención en Eritrea. No se ha celebrado ningún juicio y otros periodistas han sido asesinados. La situación en Eritrea es muy grave. En el marco del Documento de estrategia por países y del Programa indicativo nacional (para el período 2002-2007), la UE concede ayuda a Eritrea. En total, Eritrea se ha beneficiado de una ayuda de 96,8 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED 9).

¿Podría el Consejo indicar si considera adecuado que la UE conceda ayuda a un Estado que trata a sus propios ciudadanos y a los ciudadanos de otros países de la misma manera que trata a Dawit Isaak?

¿No debería la UE interrumpir el pago de la ayuda a Eritrea hasta que este país respete la libertad de expresión y los derechos humanos?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo es plenamente consciente de la crítica situación de los derechos humanos en Eritrea, que se demuestra, entre otras cosas, por la detención desde septiembre de 2001 de Dawit Isaak y otros periodistas y políticos. Con ocasión del quinto aniversario de su detención, la UE ha dirigido un llamamiento urgente al Gobierno eritreo para que presente cargos contra los detenidos y sean objeto de un juicio justo y público con la debida representación jurídica o bien los libere sin condiciones. Asimismo, la UE ha instado firmemente al Gobierno del Estado de Eritrea a que facilite información detallada sobre el lugar y las condiciones en que se encuentran los detenidos, así como sobre su estado de salud, y los representantes de la UE en Asmara han abordado a las autoridades eritreas para tratar estas cuestiones.

Los principales objetivos de la ayuda que la Comisión presta a Eritrea son, de conformidad con el documento nacional estratégico y el programa indicativo de prioridades para la cooperación en el periodo 2002-2007, la reducción de la pobreza en el país y la promoción de su desarrollo económico y social, que comprende la ayuda humanitaria y la reconstrucción de las infraestructuras sociales y de transporte, apoyo a la desmovilización y reintegración de los grupos de la población que participaron en la guerra y asistencia para elaborar estrategias a largo plazo en el ámbito de la seguridad alimentaria, el transporte y la educación.

Para suspender la ayuda comunitaria a Eritrea sería necesario aplicar el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, conforme al cual previamente deben efectuarse consultas entre las partes. El Consejo no ha recibido propuesta alguna en este sentido.

El retraso que sufre el proyecto Galileo perjudica a todos en la Unión, incluidos la industria y el público, y resulta por lo tanto beneficioso para los competidores de Europa.

¿Cómo piensa el Consejo salir urgentemente de este punto muerto?

(DE) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

Galileo es un importante proyecto europeo de tecnología avanzada, por lo que un nuevo retraso sería inaceptable. En febrero, ante los titubeos de las negociaciones de concesión, la Presidencia, representada por el Ministro Federal de Transporte, Obras Públicas y Asuntos Urbanos, Wolfgang Tiefensee, celebró una serie de reuniones personales, tanto con la Comisión como con todos los miembros del consorcio, en las que constató que las negociaciones se encontraban en un punto muerto al menos desde principios del año. Las ocho empresas participantes todavía no han aplicado sus acuerdos internos adoptados en diciembre de 2005 relativos a aspectos organizativos claves y no han sido capaces hasta ahora de acordar un enfoque común.

En vista de ello, el Consejo decidió en su reunión de 22 de marzo de 2007 subrayar con toda firmeza que la situación actual resulta intolerable. En sus conclusiones pide al consorcio de empresas candidatas que apliquen el acuerdo de diciembre de 2005 y reanuden a más tardar el 10 de mayo de 2007 las negociaciones con la Autoridad Europea de Supervisión del GNSS. Expresó su deseo de que se logren avances sustanciales y, por consiguiente, perspectivas claras para llevar a buen término las negociaciones para cuando celebre su reunión del mes de junio. En consecuencia, se pidió a la Comisión que informara al Consejo en junio sobre los avances de las negociaciones y, además, que elaborara otros supuestos de ejecución para el proyecto Galileo a fin de que el Consejo pueda adoptar una decisión en el mes de junio sobre las siguientes fases del proyecto con pleno conocimiento de causa.

Además, en relación con las demás cuestiones pendientes de la ejecución de este proyecto, el Consejo pidió a la Comisión que le presentara propuestas en su reunión de junio con miras a garantizar los compromisos financieros públicos a largo plazo que conlleva el proyecto y a la entrada en funcionamiento lo antes posible del sistema EGNOS.

Egipto se encuentra ante unas importantes enmiendas de su Constitución, que deben poner fin al estado de excepción vigente desde hace 26 años. Sin embargo, tanto la oposición como grupos de defensa de los Derechos Humanos advierten que la nueva Ley tiene por efecto el incumplimiento de los Derechos Humanos. Miembros de la oposición egipcia protestaron ante las puertas del Parlamento, en El Cairo, contra el «golpe de Estado constitucional» del Presidente Mubarak, que esta semana pretende imponer 34 enmiendas a la Constitución. Estas medidas propician el fraude electoral y refuerzan el poder presidencial. Las enmiendas a la Constitución convierten a Egipto en un «Estado policial constitucional». En el futuro, el Presidente podrá remitir «cualquier crimen terrorista» a los tribunales castrenses, ante los que no existe la posibilidad de recurso. Por otro lado, también se prohíben los partidos políticos de base religiosa y se anula la supervisión judicial de las elecciones.

¿Qué opina el Consejo sobre los actuales acontecimientos en Egipto? ¿De qué forma influirán estas reformas egipcias en las relaciones entre la UE y Egipto? ¿Qué opina el Consejo de la abolición de los partidos de base religiosa? ¿Se trata de una forma eficaz de lucha contra el extremismo, o de una estrategia antidemocrática y dictatorial?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La UE ha venido siguiendo activamente el proceso de reforma constitucional en Egipto, que concluyó el 26 de marzo de 2007 con un referendo.

El 3 de abril de 2007, la Presidencia emitió una declaración en nombre de la Unión Europea sobre la reforma constitucional en Egipto en la que señala que el referendo se había celebrado tan solo unos días después de que el Parlamento lo hubiera acordado, por lo que hubo muy poco tiempo para un debate público.

Esta declaración instaba a la introducción de nuevas reformas para incrementar la participación pública en el proceso político y señalaba más adelante que la UE seguirá con gran atención la evolución de la anunciada nueva legislación antiterrorista y espera que toda nueva legislación sea acorde a las normas internacionales.

La declaración concluía recalcando que las prioridades comunes de UE y Egipto, que figuran en el recientemente adoptado Plan de acción UE-Egipto, constituyen el núcleo de las relaciones entre ambas partes y que la UE está decidida a colaborar con Egipto para lograr su plena consecución; asimismo reiteraba la disposición de la UE de contribuir al proceso de reforma que tiene lugar en Egipto mediante ayuda y asistencia técnica de conformidad con lo previsto en el plan de acción.

El 26 de octubre de 2006, el Parlamento de Nicaragua, por medio de una modificación en el artículo 165 del Código penal, aprobó el refuerzo de la legislación sobre el aborto. La Sra. Wieczorek-Zeul, Ministra de cooperación para el desarrollo de Alemania, entre otras personas, declaró que ello tendría inmediatas consecuencias graves en materia de cooperación para el desarrollo. Un funcionario de la Secretaría General del Consejo, el señor Karl Buck, amenazó al embajador de Nicaragua ante la UE con aislar a su país de la comunidad de Estados.

¿En qué fundamento jurídico se basa el señor Karl Buck para amenazar al embajador de Nicaragua en relación con el Derecho penal de su país, y para hacerlo en nombre del Consejo y de los Estados miembros de la UE? ¿En qué medida son las amenazas de este tipo de funcionarios vinculantes para las instituciones europeas, los Estados miembros y los terceros países?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha recibido reclamación alguna de las autoridades nicaragüenses en relación con unas supuestas amenazas efectuadas por un funcionario de la Secretaría del Consejo. Quisiera señalar que el Estatuto del Personal de la UE obliga a los funcionarios de la Secretaría del Consejo a abstenerse de cualquier acto o conducta que pueda desprestigiar a su cargo.

Los debates celebrados en el Consejo pusieron de relieve la preocupación que despierta esta ley. Sin embargo, le recuerdo que el Consejo no se pronuncia sobre el tema del aborto.

En estos momentos, se están realizando en Rusia los preparativos para reabrir el proceso contra Mijaíl Jodorkovski y Platon Lebedev, condenados por fraude fiscal en 2005. De conformidad con la legislación rusa, los condenados que hayan cumplido la mitad de la condena y hayan tenido un comportamiento ejemplar tienen el derecho solicitar la remisión de la pena. Esto significa que hay esperanza de que, cuando se adopte la decisión el próximo otoño, poco antes de las elecciones legislativas y presidenciales rusas, Mijaíl Jodorkovski y Platon Lebedev podrían ser liberados.

El hecho de que, precisamente ahora, surjan nuevas acusaciones contra estas dos personas confirma la sospecha de que este proceso, politizado desde su inicio, se puede transformar en un espectáculo. ¿Considera el país que ejerce la Presidencia de la UE que se garantizará a Mijaíl Jodorkovski y Platon Lebedev un proceso justo y no politizado? ¿Se ha indicado claramente a la Federación de Rusia que toda desviación de los principios del Estado de Derecho y toda violación de los derechos humanos afectarán inevitablemente a sus relaciones con la UE?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo desea agradecer a su Señoría que haya formulado estas preguntas. Comparte sin reservas la inquietud que le provocan los recientes acontecimientos relacionados con el Estado de derecho y las restricciones impuestas a las actividades de la sociedad civil en Rusia. El Consejo estima que la asociación estratégica con Rusia debe basarse en valores comunes, en particular aquellos cuyo cumplimiento Rusia ha asumido en su calidad de miembro del Consejo de Europa y de la OSCE.

En sus relaciones con Rusia, el Consejo ha subrayado en numerosas ocasiones que la estabilidad y la prosperidad de Rusia dependen de la presencia de una democracia viva a todos los niveles de la Federación Rusa, de la aplicación del Estado de derecho, de un poder judicial independiente y del respeto incondicional de los derechos humanos, de medios de comunicación libres e independientes y de una sociedad civil activa.

El Consejo sigue con gran atención la evolución en estos ámbitos y expresa periódicamente sus inquietudes en el marco del diálogo político con Rusia, en particular en las consultas sobre derechos humanos que se celebran dos veces al año desde marzo de 2005.

Recientemente ha entrado en vigor una ley promulgada conjuntamente por el Presidente y el Gobierno de Polonia, de acuerdo con la cual más de 700 000 ciudadanos de diversas profesiones, como representantes en los Gobiernos locales, académicos, profesores, directores de escuela, políticos, diplomáticos, abogados, periodistas, etc., nacidos antes del 1 de agosto de 1972 deberán presentar una declaración sobre sus «creencias» al «Instituto de Memoria Histórica», con el fin de comprobar y revelar si colaboraron con los servicios secretos durante el periodo en el que el país estuvo bajo Gobierno socialista. Si este Instituto encuentra culpable a una persona, se enfrenta al despido de su trabajo y a la inhabilitación para ejercer un cargo público durante 10 años.

¿Cuál es la posición del Consejo con respecto a esta ley antidemocrática que aplica uno de sus Estados miembros? ¿Está de acuerdo el Consejo con estas medidas legales, que son una flagrante violación de la libertad de opinión y expresión, e introducen el principio de castigar a los ciudadanos por sus posiciones políticas o ideológicas?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha debatido esta cuestión por no formar parte de sus competencias.

Sin embargo, desea señalar que la promoción de los derechos humanos forma parte de las prioridades de la Unión Europea y que la obligación que tienen los Estados miembros de la UE de respetar los derechos básicos se recoge igualmente en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Puesto que los Estados miembros son también miembros del Consejo de Europa deben cumplir las obligaciones resultantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Al incrementar las capacidades de seguimiento e información de la UE, la Agencia Europea de los Derechos Humanos contribuye a garantizar un respeto sin reservas de los derechos fundamentales.

Recientemente, un tribunal de Frankfurt se negó a juzgar la denuncia por violencia doméstica (con riesgo de su vida) de una ciudadana alemana de origen marroquí que reside en Alemania en contra de su marido marroquí, en la que solicitaba la declaración de separación. El juez rechazó examinar la posibilidad de separación durante al menos un año en virtud del artículo 1565 del Código Civil. Señaló que, al ser los dos «litigantes» de origen marroquí, no se podía fundamentar la aplicación del artículo citado, pues el comportamiento del marido no era contrario a las prácticas coránicas.

¿Qué piensa el Consejo de esta violación en la práctica de los derechos fundamentales de un ciudadano de un Estado miembro de la UE, y sobre la falta de aplicación del Derecho y de la protección judicial sobre la base de la correspondiente legislación nacional y del acervo comunitario? En el último Informe Anual sobre inmigración e integración no se hace referencia a los temas relacionados con la violencia doméstica, los crímenes de honor, los matrimonios forzosos, ni, por tanto, a la discriminación que sufren las mujeres inmigrantes.

¿Piensa el Consejo proponer el examen y la inclusión de estos temas en el contexto del próximo Informe Anual? ¿Ha examinado el Consejo la cuestión de la correcta aplicación del acervo comunitario a los inmigrantes que viven en la UE?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Corresponde a la Comisión en su calidad de guardiana de los Tratados supervisar la aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. Además, no compete al Consejo hacer comentarios sobre las resoluciones dictadas por el sistema judicial de un Estado miembro.

Sin embargo, la promoción de los derechos humanos forma parte de las prioridades de la Unión Europea y la obligación que tienen los Estados miembros de la UE de respetar los derechos básicos se consagra igualmente en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, los Estados miembros de la UE son miembros del Consejo de Europa y en tanto que tales deben cumplir las obligaciones que se derivan del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Al incrementar las capacidades de seguimiento e información de la UE, la Agencia Europea de los Derechos Humanos contribuye a garantizar un respeto sin reservas de los derechos fundamentales.

Habida cuenta de la Conferencia ministerial de Bolonia sobre el seguimiento del proceso de Bolonia que se celebrará el próximo mes de mayo de 2007, me gustaría saber si existe una posición conjunta sobre el asunto de la exclusión de las universidades del Norte de Chipre del mencionado proceso.

¿Se aplica la posición del Consejo sobre la necesidad de poner fin al aislamiento del Norte de Chipre a los estudiantes universitarios deseosos de participar en el proceso de Bolonia y en los programas europeos de educación y de intercambio, entre los que figuran Erasmus y Sócrates?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En relación con el Proceso de Bolonia, el Consejo desea en primer lugar comunicar respetuosamente a su Señoría que este proceso no fue iniciado por la UE, sino que se trata de una iniciativa emprendida conjuntamente por 45 Estados europeos. Así pues no forma parte del marco formal para la toma de decisiones de la Comunidad Europea y, por lo tanto, al Consejo no le corresponde avanzar las posiciones comunes a las que su Señoría hace referencia.

En cuanto al tema de la participación en los programas educativos y de intercambio de la UE, el Consejo desea hacer hincapié en que los turcochipriotas son considerados ciudadanos de la Unión Europea y, por consiguiente, tienen derecho a participar en dichos programas sin que se les impongan restricciones. Como debe saber su Señoría, la República de Chipre no reconoce en la práctica a las universidades situadas en aquellas partes de la isla sobre las cuales su Gobierno no ejerce un control efectivo, lo que implica que los estudiantes inscritos en dichos establecimientos no pueden participar en estos programas. El Consejo continuará estudiando posibles soluciones a este problema en colaboración con la Comisión y las autoridades de la República de Chipre.

El Consejo desea observar además que mediante el Reglamento 389/2006/CE de 27 de febrero de 2006 se estableció un programa de becas comunitarias que permiten a los estudiantes de enseñanza superior y a sus profesores estudiar durante un año en una universidad situada en la UE. Aunque el número de participantes en este programa no se equipara al número de participantes en programas como Erasmus, el programa de becas permite a los turcochipriotas estudiar en una universidad de la UE.

La construcción de autopistas es de especial importancia para el desarrollo de lazos de comunicación y el crecimiento económico en los países del Este de Europa. La construcción de embalses se justifica por los cambios climáticos que se están produciendo, que requieren el almacenamiento y la protección de los recursos hidrológicos, tan necesarios, frente a las inundaciones; los embalses se pueden utilizar para la producción de una energía limpia y no agresiva para el medio ambiente.

La construcción de autopistas que, desde una perspectiva a largo plazo, es favorable al medio ambiente, es de esencial importancia para la sociedad y la economía, reduce el consumo de combustible y permite una mayor seguridad y la mejora de las condiciones medioambientales en las ciudades, pueblos y aldeas actualmente atravesados por carreteras. A pesar de todo ello, son blanco de los ataques de personas no directamente afectadas por la situación actual, y se producen protestas una vez se inician este tipo de proyectos.

¿Qué opina el Consejo sobre las posibilidades de establecer rutas y construir futuros corredores viales, evitando a la vez las protestas de los ecologistas que explotan las actuales disposiciones jurídicas?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La finalidad de llevar a cabo una evaluación estratégica de impacto medioambiental con participación del público a fin de determinar la ruta de los corredores de las Redes Transeuropeas consiste en gran parte en lograr la aceptación del público.

Sin embargo, la pregunta de su Señoría sobre la construcción de autopistas y pantanos entra en el ámbito de competencia de los Estados miembros, por lo que no corresponde al Consejo hacer comentarios al respecto.

La Declaración de Berlín no ha sido firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros sino únicamente por el Jefe de Gobierno del país que ocupa la Presidencia del Consejo, lo que ha provocado vivas controversias.

¿Piensa el Consejo perpetuar esta práctica, que suscita dudas y emociones encontradas?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La Declaración de Berlín, que es un documento político, fue firmada en nombre de las tres instituciones de la Unión Europea –el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo– en concreto por la Canciller Federal Merkel en nombre del Consejo, por el señor Barroso en nombre de la Comisión y en nombre del Parlamento por el Presidente de este, señor Poettering.

Este acto singular se justifica por las celebraciones del quincuagésimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma y no cuestiona los procedimientos de decisión y ratificación que contemplan el Derecho internacional y el comunitario.

¿Puede el Consejo Europeo formular una declaración en la que destaque los asuntos políticos clave que se debatirán en la próxima cumbre UE - EE UU y lo que espera conseguir con dicha cumbre??

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

Las condiciones para la próxima cumbre UE-EE.UU. del 30 de abril de 2007 en Washington son favorables, pues las relaciones entre la UE y este país son buenas. Ambas partes tienen la voluntad política de entablar un diálogo constructivo y de cooperar estrechamente.

La próxima cumbre UE-EE.UU. tiene los siguientes objetivos:

En primer lugar se pondrá en marcha una iniciativa conjunta para reforzar el comercio transatlántico. El aspecto más importante de esta iniciativa es un compromiso político recíproco para intensificar la cooperación con miras a lograr una convergencia normativa y fortalecer aún más los lazos económicos.

En segundo lugar se intensificará la cooperación en materia de protección del clima y de política energética, así como en el ámbito de las nuevas tecnologías energéticas y medioambientales.

En tercer lugar, tenemos la intención de aprovechar esta cumbre para hacer patente el mayor acuerdo posible en las cuestiones de política exterior y de seguridad de actualidad.

Asimismo se intensificará la cooperación en la gestión de las crisis internacionales. Nuestra estrecha cooperación con los Estados Unidos en Kosovo y Afganistán constituye una buena base para ello.

La lucha contra el terrorismo sigue siendo un aspecto importante de nuestra cooperación. Sobre este tema, la UE subrayará la importancia de nuestras obligaciones internacionales, entre ellas los derechos humanos, los derechos de los refugiados y el Derecho internacional humanitario.

Durante la cumbre se firmará el acuerdo de transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos, que representa un paso importante hacia la completa liberalización de los servicios aéreos transatlánticos.

Otro tema importante para la UE es el Programa de exención de visados de los Estados Unidos. La UE ha planteado esta cuestión en sus reuniones con las autoridades norteamericanas a numerosos niveles y volverá a hacerlo durante la cumbre. Continuaremos pidiendo que las nuevas normas estadounidenses permitan a los ciudadanos de todos los Estados miembros viajar sin visado en un futuro próximo.

¿Puede el Consejo Europeo exponer las medidas que haya introducido o piense introducir para eliminar el exceso de trámites burocráticos que se ven obligados a efectuar los pescadores irlandeses y europeos en el contexto de la aplicación práctica de la política común de pesca de la UE?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

La mejora y simplificación del entorno normativo, a las que hace referencia su Señoría, es responsabilidad conjunta de las instituciones de la UE. En el caso de la Política Pesquera Común (PPC), la simplificación forma parte del paquete de reformas que el Consejo adoptó en diciembre de 2002. El Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de diciembre de 2003⁽¹⁾ introdujo una amplia estrategia comunitaria destinada a arrojar resultados prácticos para simplificar la legislación comunitaria en todos los sectores.

En abril de 2005, el Consejo acogió favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Perspectivas de simplificación y mejora del marco regulador de la política pesquera común» y acordó por unanimidad que era necesario un plan de acción plurianual que comprendiera medidas a corto y largo plazo, así como una revisión a medio periodo. Asimismo, el Consejo pidió a la Comisión que elaborara medidas para consolidar la legislación comunitaria.

En diciembre de 2005, el Consejo recibió la Comunicación de la Comisión titulada «2006-08 Action Plan for simplifying and improving the Common Fisheries Policy» (Plan de acción para simplificar y mejorar la Política Pesquera Común para el periodo 2006-2008). En el momento de la presentación de este Plan de acción, el Consejo decidió que los avances en la simplificación de la PPC deberían revisarse al menos una vez durante cada Presidencia. Desde las conclusiones de diciembre de 2005, el Consejo ha recibido periódicamente los informes de la Comisión sobre los avances realizados en este aspecto durante las Presidencias austriaca, finlandesa y alemana.

Además, el Consejo adoptó el año pasado una serie de disposiciones legislativas que han simplificado y mejorado la PPC. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006 , relativo al Fondo Europeo de Pesca⁽²⁾ y el Reglamento (CE) nº 1966/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, sobre el registro y la transmisión electrónicos de las actividades pesqueras y sobre los medios de teledetección⁽³⁾, así como la pronta adopción del Reglamento (CE) nº 1941/2006 del Consejo, de 11 de diciembre de 2006, por el que se establecen, para 2007, las posibilidades de pesca y las condiciones asociadas aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces⁽⁴⁾.

El Consejo se encuentra a la espera de recibir nuevas propuestas y medidas para simplificar el marco normativo de la PPC, por ejemplo, una propuesta de la Comisión para simplificar la recopilación y seguimiento de datos y para reformar las medidas técnicas para proteger a los juveniles de organismos marinos.

¿Puede el Consejo Europeo formular una declaración sobre las iniciativas que está llevando a cabo para fomentar los beneficios de la práctica del deporte en Europa?

(DE) Esta respuesta, formulada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para sus miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

El Consejo desea señalar en primer lugar que con arreglo a los Tratados –que no hacen referencia expresa al deporte o las actividades deportivas– carece de competencias específicas para el tipo de iniciativas que su Señoría menciona en su pregunta.

Desde luego, el Consejo es consciente de que el deporte puede desempeñar un valioso papel, sobre todo para promover la educación y la salud, luchar contra la discriminación y preservar una sociedad incluyente. El Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 reconoció el valor educativo del deporte, confirmando así declaraciones anteriores, en particular la declaración adjunta al Tratado de Amsterdam, en la que se hace hincapié en la importancia social del deporte y el papel que este desempeña para acercar a las personas. Además, el Consejo adoptó en mayo de 2003 una resolución sobre el valor social del deporte para los jóvenes.

Sin embargo, el Consejo debe subrayar al mismo tiempo que las medidas e iniciativas prácticas para fomentar el deporte y difundir sus ventajas son ante todo responsabilidad de las autoridades nacionales.

¿Va a hacer el Consejo Europeo una declaración sobre las iniciativas que tiene intención de adoptar para asegurarse de que se alivie la deuda en una cuantía adecuada en favor de los países del tercer mundo?

(DE) Esta respuesta, que ha sido redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no se presentó de forma oral en el turno de preguntas del primer periodo parcial de sesiones que el Parlamento Europeo celebró en Estrasburgo en el mes de abril de 2007.

El Consejo coincide con su Señoría en que la abultada deuda de los países en desarrollo constituye un importante obstáculo para el crecimiento, pues reduce el margen para adoptar medidas destinadas a luchar contra la pobreza. La comunidad internacional ha respondido en los últimos años a este problema y ha contribuido a reducirlo por medio de medidas conjuntas como la Iniciativa relativa a los países pobres muy endeudados (PPME) y la Iniciativa multilateral de reducción de la deuda.

El Consenso Europeo sobre la Política de Desarrollo, que el Parlamento, el Consejo y la Comisión firmaron en diciembre de 2005, reconoce que la condonación de la deuda es uno de los canales de la ayuda al desarrollo. La condonación de la deuda, que es equivalente a las ayudas presupuestarias indirectas, conlleva costes operativos reducidos y suele promover la cooperación y la coordinación entre los donantes, podría ayudar a reducir la vulnerabilidad de estos países a las crisis externas, cuando se considere necesaria y adecuada.

En cuanto a los países ACP en particular, con el fin de reducir la deuda de estos países y sus problemas de pago, el Acuerdo de asociación ACP-CE (Acuerdo de Cotonú) establece disposiciones especiales para la reducción de la deuda y ajustes estructurales, en virtud de los cuales los recursos contemplados en el Acuerdo pueden utilizarse para contribuir a las iniciativas de reducción de la deuda acordadas a nivel internacional en beneficio de los países ACP.

El Consejo apoya plenamente las iniciativas para la reducción de la deuda, como la Iniciativa relativa a los países pobres muy endeudados (PPME), que actualmente beneficia a 49 países, y la Iniciativa multilateral de reducción de la deuda, puesta en marcha en 2006 tras la Reunión del G-8 de 2005 celebrada en Gleneagles y cuya finalidad es la condonación total de la deuda de los PPME con el FMI, la AID (Asociación Internacional para el Desarrollo), subsidiaria del Banco Mundial, y el Fondo Africano de Desarrollo. Los recursos adicionales concedidos por el G-8 permiten mantener la capacidad de financiación de las instituciones financieras internacionales. Asimismo se cuenta con los instrumentos tradicionales para la reducción de la deuda del Club de París. Con arreglo al «enfoque Evián» se pueden concebir soluciones a medida para conceder una amplia ayuda a los países que no forman parte del grupo PPME para reducir su deuda.

Galileo, el sistema global europeo de navegación por satélite, fue concebido por la Comisión Europea para disponer de un sistema de navegación por satélite controlado por Europa y libre de las limitaciones impuestas por las autoridades militares de los Estados Unidos, que gestionan el sistema GPS. En la actualidad el proyecto corre peligro de no ser concluido en la fecha prevista, por la ausencia de negociaciones entre los Estados miembros y las empresas interesadas en participar en el programa Galileo.

¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para impulsar las negociaciones? ¿Tiene el Consejo una solución alternativa para el caso de que Galileo no arranque a tiempo? ¿De qué manera es más probable que influya el retraso en la puesta en práctica del programa y qué efecto tendrá todo ello en los Estados miembros de la UE?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Debido a que las negociaciones con el consorcio de candidatos para el contrato de Galileo habían llegado a un punto muerto, la Presidencia del Consejo se reunió con la Comisión en febrero y celebró una serie de reuniones con los miembros del consorcio en las que se puso de manifiesto que las empresas participantes en el proyecto no habían aplicado las decisiones que habían adoptado en diciembre de 2005 sobre importantes cuestiones de organización y que, a pesar de las urgentes presiones ejercidas por la Presidencia para que cumpliesen sus obligaciones, no habían sido capaces de acordar un curso de acción común.

Por ello, el Consejo resolvió en su reunión de 22 de marzo de 2007 hacer saber a los participantes en las negociaciones y al público en general que dicha situación era insostenible. En sus conclusiones, el Consejo fijó como plazo el 10 de mayo de 2007 para la reanudación de las negociaciones entre el consorcio de solicitantes y la Autoridad Europea de Supervisión del GNSS sobre la base del acuerdo de diciembre de 2005 y exhortó firmemente a las partes a lograr avances considerables en tiempo útil para su reunión de junio; la consecuencia de esta exhortación es que actualmente existen perspectivas definidas para la que las negociaciones lleguen a buen término. Aparte de ello se pidió a la Comisión que presentara un informe al Consejo sobre el estado de las negociaciones y sobre los costes y la financiación del proyecto Galileo.

Asimismo se pidió a la Comisión que elaborara escenarios alternativos para la futura ejecución del proyecto Galileo a fin de que el Consejo cuente con fundamentos firmes para tomar una decisión en junio. El Consejo tiene la intención de adoptar una decisión sobre estos escenarios a fin de evitar que el proyecto Galileo sufra nuevos retrasos.

El Parlamento de Bulgaria ha decidido recientemente constituir una comisión especial formada por 9 miembros para examinar los archivos del servicio nacional de seguridad durante el régimen socialista.

De acuerdo con declaraciones del Presidente de esta comisión, su primera prioridad es examinar y publicar los archivos referentes a todos los candidatos a las futuras elecciones europeas, así como de personajes públicos, políticos, funcionarios, jueces y periodistas. Se espera, cosa que provoca indignación, que este tipo de información se utilice para proceder a persecuciones, discriminaciones y actos de intimidación antidemocrática.

¿Cuál es la posición del Consejo en relación con este acto antidemocrático en un Estado miembro de la Unión Europea? ¿Está de acuerdo el Consejo con estas medidas, que violan flagrantemente la libertad de opinión y expresión e introducen el principio del castigo a los ciudadanos por sus opiniones políticas e ideológicas?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo no ha debatido esta cuestión por no formar parte de sus competencias.

Sin embargo, desea señalar que la promoción de los derechos humanos forma parte de las prioridades de la Unión Europea y que la obligación que tienen los Estados miembros de la UE de respetar los derechos básicos se recoge igualmente en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Puesto que los Estados miembros son también miembros del Consejo de Europa deben cumplir las obligaciones resultantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Al incrementar las capacidades de seguimiento e información de la UE, la Agencia Europea de los Derechos Humanos contribuye a garantizar un respeto sin reservas de los derechos fundamentales.

Los planes ofensivos para la instalación del llamado «escudo antimisiles» de los Estados Unidos en Europa central, que consisten en la instalación de 10 bases de lanzamiento de misiles en Polonia y un sistema de radar en Chequia de aquí a 2011, así como la implicación de los Estados Unidos en Ucrania y en el Cáucaso han provocado movilizaciones masivas de la clase obrera y de la población en general de la región. Las declaraciones contradictorias del Alto Representante de la PESC de la UE, Javier Solana recuerdan los oráculos de la pitonisa de Delfos, pero en realidad ocultan las acciones de los Estados Unidos, lo que contribuye a la inquietud y las reacciones de los pueblos.

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para impedir que se instale el escudo antimisiles que proyectan los Estados Unidos en territorio de Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que esta medida desatará una nueva carrera de armamentos, conllevará un nuevo aumento de los gastos militares, que es un acontecimiento internacional que reforzará las rivalidades y pondrá en peligro la estabilidad en el continente europeo, y que ha provocado importantes reacciones entre los pueblos y los movimientos pacifistas?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La cooperación bilateral entre la República Checa o Polonia y los Estados Unidos para la instalación de un sistema antibalístico es competencia nacional de estos Estados y, por consiguiente, no puede debatirse en el Consejo, ni este puede proceder a una evaluación de estos acuerdos, por lo que el Consejo no ha examinado su compatibilidad con los principios en que se basa la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. Del mismo modo, no han tenido lugar conversaciones entre la UE y los Estados Unidos ni acuerdos transatlánticos para cooperar en este ámbito, ni se prevén dichas conversaciones o acuerdos. El Consejo no ha estudiado la posibilidad de plantear el tema de los sistemas estratégicos de defensa antibalístico en sus conversaciones con los Estados Unidos o la OTAN.

En 1996, la Unión Europea adoptó una posición común con respecto a Cuba, con el fin de promover transformaciones políticas en la isla, en una clara actitud de ingerencia en la soberanía del país, que en la actualidad preside el movimiento de los no alineados, que cuenta con más de un centenar de países. Al haberse hecho pública la intención de la Presidencia alemana de elaborar una llamada «estrategia a medio y largo plazo» sobre Cuba, en la que además de reafirmar el inaceptable objetivo político de la posición común, incluiría un anexo «secreto» con un conjunto de medidas de ingerencia directa, a semejanza de la estrategia de los Estados Unidos con respecto a este país.

¿Qué debate piensa realizar el Consejo con respecto a Cuba y cuáles son sus objetivos?

(DE) Esta respuesta, redactada por la Presidencia y que no es vinculante para el Consejo ni para los Estados miembros, no fue hecha de forma oral durante el Turno de Preguntas al Consejo del periodo parcial de sesiones de abril de 2007 del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El Consejo se lamenta de que se haya difundido información errónea o se hayan producido malentendidos en relación con su posición hacia Cuba, cosa que no contribuye a las deliberaciones internas en curso ni a mejorar las relaciones bilaterales. El Consejo siempre se ha negado a utilizar medidas coactivas para provocar cambios, y dicha posición se expresa con toda claridad en la Posición Común, la cual prevé una oferta de cooperación y diálogo. Al contrario de lo que insinúa la pregunta de su Señoría, el diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana no puede calificarse de «ingerencia en los asuntos de un Estado soberano». Según tenemos entendido, las embajadas cubanas mantienen un contacto periódico y sin trabas con todos los sectores de la sociedad de los Estados miembros y con las instituciones de la Unión Europea, conducta que no puede considerarse ingerencia en sociedades democráticas.

La UE ha tenido numerosas ocasiones para indicar al Gobierno cubano que considera insatisfactoria la situación de los derechos humanos en su país y, al hacerlo, ha pedido igualmente la liberación de todos los presos políticos. Corresponde a Cuba cambiar estas condiciones, ya que es miembro del Consejo de Derechos Humanos y, por consiguiente, cabe esperar que su conducta sea ejemplar. El Consejo toma nota con satisfacción que esta política cuenta con el firme apoyo de la abrumadora mayoría de las diputadas y diputados al Parlamento Europeo.

Es perfectamente normal que la UE intente reevaluar su política a la vista de la nueva situación producida por los importantes cambios dentro de la cúpula cubana. La política de la UE es autónoma y no es comparable con la estrategia de los Estados Unidos, extremo que reconoce incluso este país.

¿Puede decir la Comisión si las recientes detenciones de funcionarios de la Comisión son fruto del fortalecimiento del control de la administración en Bruselas? ¿Son acaso el signo premonitorio de nuevas audiciones y arrestos? ¿Cuántos casos similares se han producido en el año 2006 y en lo que llevamos de 2007?

(EN) La Comisión agradece a su Señoría que le haya dado la oportunidad de expresar la opinión de la Comisión sobre el reciente caso de corrupción que ha despertado tanto interés en los medios de comunicación.

Nos referimos a las investigaciones de las licitaciones relativas al arrendamiento y adquisición de edificios para las delegaciones de la CE y sus instalaciones de seguridad en países extracomunitarios. Estas investigaciones han sido realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en estrecha colaboración con las autoridades judiciales y policiales de Bélgica e Italia. El 27 de marzo de 2007, una serie de registros realizados en los locales de la Comisión, del Parlamento y de varias casas particulares y empresas permitió requisar un gran volumen de expedientes y proceder a la detención de tres personas en Bélgica. Los principales cargos presentados por las autoridades judiciales belgas fueron corrupción, violación del secreto profesional y conspiración para delinquir. Recientemente, el 11 de abril de 2007, el tribunal belga decidió mantener a los tres inculpados en prisión preventiva. La Comisión tiene la intención de colaborar en esta investigación y decidió rápidamente solicitar estar representada ante el Tribunal.

Uno de los tres detenidos es miembro del personal de la Comisión, el segundo es un hombre de negocios y el tercero es asistente de un parlamentario. Según las autoridades belgas por el momento se desconoce el número real de licitaciones públicas y sus repercusiones financieras. Por ello no es posible determinar la magnitud exacta de los daños.

En cuanto a la pregunta de su Señoría, estas detenciones no fueron resultado de la adopción de nuevas medidas administrativas o de otro tipo en la Comisión. La investigación de la OLAF comenzó en 2004. Desde hace años, la Comisión se muestra muy atenta para no tolerar que los miembros de su personal cometan abusos y todas las acusaciones son objeto de un estricto seguimiento. A pesar de esta actitud de «tolerancia cero» de la Comisión, es imposible evitar todos los casos de fraude.

Sin embargo, el presente caso muestra que nuestros sistemas de detección e investigación de fraudes, que se han refinado gradualmente desde 1999, han funcionado con eficacia, y la OLAF ha confirmado que ha recibido una excelente cooperación de todas las instituciones europeas. Además, la política de rotación de los titulares de puestos de responsabilidad financiera que se introdujo como parte de la reforma administrativa, permitió a la Comisión trasladar a la persona investigada a un puesto distinto sin perjudicar la investigación en curso.

La Comisión valorará detenidamente si este caso es producto de deficiencias sistémicas a medida que reciba más información y saque lecciones para el futuro.

Por último, su Señoría pregunta cuántos casos se han presentado desde principios de 2006. En 2006 se produjo un caso comparable en el que se detuvo a un agente de contratación por corrupción pasiva en el marco de licitaciones públicas. Este asunto aún es objeto del procedimiento correspondiente ante las autoridades nacionales competentes. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006, la OLAF ha abierto 17 investigaciones internas por acusaciones de corrupción.

Uno de los objetivos básicos de la política de cohesión es contribuir a la Estrategia de Lisboa. También se considera que la investigación, la tecnología y la innovación representan instrumentos fundamentales para el desarrollo regional y la convergencia.

Sobre la base de estas constataciones, ¿puede indicar la Comisión cuál va a ser la contribución del Marco Estratégico de Referencia Nacional 2007-2013 a los indicadores nacionales y regionales de Lisboa? ¿Cómo piensa motivar a los municipios y a las regiones para que trabajen en favor de los objetivos de Lisboa? ¿Qué otros incentivos tiene previstos para la creación de un entorno innovador en las regiones de la UE?

(EN) La primera pregunta se refiere a la contribución prevista del Marco Estratégico Nacional de Referencia de Grecia para el periodo 2007-2013 a los indicadores nacionales y regionales para la Estrategia de Lisboa. La Comisión desea subrayar a este respecto que Grecia ha dado un buen primer paso al asignar cantidades considerables de la contribución comunitaria a acciones relacionadas con dicha estrategia. Un 62 % de la contribución comunitaria total prevista para las zonas de convergencia griegas se destina a acciones relacionadas con la Estrategia de Lisboa. El porcentaje correspondiente al ámbito de la competitividad y empleo regional es del 67 %. Entre los ámbitos prioritarios se encuentra el desarrollo de recursos humanos, las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de empresas y universidades, y la promoción de la convergencia digital mediante el apoyo a la infraestructura de banda ancha y los servicios digitales en los sectores público y privado. El Marco Estratégico Nacional de Referencia propone una serie de indicadores para medir los resultados, entre los que se encuentran algunos «indicadores de Lisboa», como el porcentaje de la población que ha terminado la enseñanza superior, la productividad laboral, el gasto interno en investigación y tecnología y un indicador sintético de innovación.

La asignación de recursos a actividades relacionadas con la Estrategia de Lisboa resulta justificada si valoramos los resultados de la innovación en Grecia mediante el último Cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2006. Según dicho Cuadro, Grecia ha obtenido resultados insatisfactorios en numerosos indicadores de innovación, como los siguientes: gasto de las empresas en I+D⁽¹⁾, patentes expedidas, capital de riesgo para creación de empresas, aprendizaje permanente y penetración de la banda ancha.

La asignación de recursos deberá ir acompañada de las estructuras adecuadas y de beneficiarios para la ejecución de las acciones cofinanciadas. De hecho, el actual Tercer Marco de Apoyo Comunitario ya presentaba numerosos aspectos relacionados con la Estrategia de Lisboa: así, una parte sustancial de los recursos se asignó a acciones relacionadas con dicha estrategia, en particular en el marco de los Programas Operativos «Competitividad» y «Sociedad de la información», pero también en los programas regionales. Desgraciadamente, la realización de muchas de estas acciones ha resultado problemática, razón por la cual en algunos casos se les han retirado fondos. Así pues, el principal problema que debe resolverse para llevar a cabo con éxito la Estrategia de Lisboa en Grecia será la creación de estructuras adecuadas para la ejecución de los proyectos que permitan utilizar de forma eficaz y oportuna los fondos disponibles.

La Comisión coincide plenamente con su Señoría en que la dimensión local y regional deberá desempeñar un importante papel desde esta perspectiva. Los «indicadores de Lisboa» en Grecia presentan amplias discrepancias dentro de Grecia. Por ello, la Comisión presta especial atención en las actuales negociaciones sobre los Programas Operativos a que se incluyan estrategias regionales realistas para los ámbitos de particular importancia para la Estrategia de Lisboa. En cuanto al papel concreto de las ciudades, la Comisión desea subrayar que ha propuesto el programa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) como instrumento para que las ciudades elaboren y financien planes integrados de desarrollo urbano durante el periodo 2007-2013. Las autoridades griegas tienen intención de utilizar este instrumento y colaboran con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones en la evaluación de la situación actual y de las necesidades. Asimismo se prestará ayuda a través del Fondo Social Europeo (FSE) a la promoción e integración de actividades innovadoras en la formación, la educación y los programas de empleabilidad, prestando especial atención a los grupos sociales vulnerables (jóvenes, mujeres, migrantes, minorías étnicas, etc.) con el fin de reducir al mínimo las diferencias sociales en las ciudades y zonas urbanas.

Por lo que respecta a la ayuda comunitaria para crear un entorno innovador, la Comisión quiere destacar que la Política de Cohesión presta apoyo a la innovación sobre todo de dos maneras: a) por medio de la cofinanciación contemplada en los Fondos estructurales, y b) mediante el desarrollo de un sistema de gobernanza regional basado en el desarrollo estratégico, la cooperación, la programación, el seguimiento y la evaluación. Los programas que cofinancia la Política de Cohesión deben destinar los recursos a estimular la innovación, el espíritu empresarial y el crecimiento de la economía del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación y las tecnologías de la información y la comunicación. En muchos casos, el propio sistema de gobernanza es una política innovadora. De este modo, la Política de Cohesión promueve el desarrollo de capacidades para la innovación, ya que las autoridades, las grandes y pequeñas empresas, las universidades y los institutos de investigación tienen una responsabilidad compartida. Por otra parte, se ha invitado a las autoridades políticas griegas de alto nivel para que en los próximos meses participen en una iniciativa europea, denominada «European Cluster Memorandum» (Memorando Europeo de Grupos), destinada a desarrollar grupos regionales de innovación más fuertes para convertirlos en líderes mundiales en su sector. Para ello se utilizarán actividades transnacionales de cooperación y se racionalizarán los recursos nacionales y regionales para prestar ayuda a los grupos de innovación.

¿Podría indicar la Comisión los resultados de absorción de los Fondos Estructurales a finales de 2006 para los nuevos Estados miembros, especialmente para Lituania?

¿De qué modo facilita la Comisión el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la administración de los Fondos Estructurales entre los Estados miembros?

(EN) Si consideramos que el porcentaje de los pagos realizados respecto al importe decidido (comprometido) constituye una indicación de la capacidad de absorción de los Fondos estructurales, desde el 11 de abril de 2007 la tasa media de absorción del 46,7 % refleja unos resultados bastante satisfactorios por lo que se refiere a la ejecución de los Fondos estructurales en los nuevos Estados miembros, habida cuenta de que estos tan solo comenzaron a aplicarlos en 2005, tras la adopción de los documentos de programación en 2004.

La tasa de absorción de los Fondos estructurales oscila entre 38,6 % (Chipre) y 64,7 % (Eslovenia). Lituania se sitúa ligeramente por encima de la media del 46,7 %, con una tasa de absorción del 47,5 %. Por fondos, la tasa medida de absorción de los diez nuevos Estados miembros es la siguiente: FES⁽¹⁾ 40,0 %, FEDER⁽²⁾ 46,8 %, IFOP⁽³⁾ 48,1 % y FEOGA⁽⁴⁾ 57,2 %.

Lituania sigue por debajo de la tasa media por lo que se refiere a los programas del FSE (29,7 %). En los otros tres fondos, la tasa de absorción de Lituania supera la tasa media de los diez nuevos Estados miembros: FEOGA 62,6 %, IFOP 58,1 % y FEDER 49,5 %.

Además de seguir muy de cerca los avances en la ejecución de los programas y la absorción de los fondos y de proponer iniciativas en su caso, la Comisión organiza periódicamente conferencias para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de administración de los Fondos estructurales entre los Estados miembros. En enero de 2006 se inició una serie de tres conferencias destinadas reunir a los participantes para intercambiar buenas prácticas.

La primera conferencia de esta serie, titulada «La innovación a través de la política regional», tuvo lugar en junio de 2006; la segunda, celebrada en enero de 2007, abordó el tema de las «respuestas de la política regional a los retos demográficos», y la tercera, bajo el título «La promoción de la competitividad a través de tecnologías y productos innovadores y comunidades sanas», tuvo lugar en marzo de 2007. Las tres conferencias ofrecieron una excelente oportunidad para que los participantes regionales aprendieran mutuamente de sus experiencias por medio de talleres y la constitución de redes.

La tercera conferencia fue igualmente la primera conferencia anual de primavera de la iniciativa Regiones por el cambio económico, cuya finalidad es abordar algunos de los principales problemas a los que se enfrenta Europa y reforzar los lazos entre el intercambio de mejores prácticas desarrolladas en la cooperación entre las regiones y los programas de la red de desarrollo urbano, por una parte, y el principal órgano de financiación, por la otra.

Con esta iniciativa, la Comisión ha dado un paso sin precedentes para apoyar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Además de la conferencia anual de primavera ya mencionada, la Comisión desea destacar especialmente las siguientes tres acciones.

En primer lugar, se ha creado un sitio web Regiones por el cambio económico como herramienta de información sobre los temas prioritarios que figuran en la Comunicación sobre las Regiones por el cambio económico y sobre las redes creados sobre estos temas, así como para facilitar enlaces con otras fuentes importantes de información sobre la Política de Cohesión, como la Plataforma de seguimiento de la Estrategia de Lisboa del Comité de las Regiones.

En segundo lugar, con el fin de identificar buenas prácticas innovadoras para el desarrollo regional, en la conferencia de marzo de 2007 se anunció la creación de los «premios RegioStar» con el objetivo de destacar proyectos originales e innovadores que puedan ser atractivos y convertirse en una fuente de inspiración para otras regiones. Los temas para la primera edición de estos premios, cuyos ganadores se anunciarán en la Conferencia de Primavera de Regiones por el cambio económico son: «Apoyar a los grupos y redes de empresas», «La transferencia de tecnologías entre institutos de investigación y pequeñas y medianas empresas». «La eficiencia energética y las energías renovables» y «Tecnologías medioambientales».

En tercer lugar, la Comisión ofrecerá por medio de un procedimiento acelerado su participación activa y conocimientos expertos a las redes de Regiones por el cambio económico que ofrecen una amplia cobertura territorial y experiencia, cuentan entre sus delegaciones con personas entusiastas que «mueven las cosas sobre el terreno», garantizan un vínculo con los principales programas y tienen un interés especial por su difusión.

La capacidad de los nuevos Estados miembros para utilizar las ayudas facilitadas por los fondos de la política regional de la UE determinará en no pequeña medida su desarrollo económico y social. Lamentablemente, por el momento la mayoría de los nuevos Estados miembros no logra absorber las ayudas adecuadamente. Por ejemplo, a principios de 2007 Lituania solamente había podido utilizar el 30 % de la ayuda estructural que le había sido concedida en los años 2004 a 2006. El mayor retraso se registra en los ámbitos de medio ambiente, empresa, fomento del empleo, economía del conocimiento y otros vinculados con inversiones en educación y formación.

En la opinión de la Comisión, ¿cuáles son las razones de la escasa utilización de las ayudas de la UE? ¿Qué enseñanzas puede extraer la Comisión de las prácticas adecuadas e inadecuadas de utilización de ayudas desde los primeros tiempos de la UE y cuáles de estas conclusiones pueden resultar útiles en estos momentos? ¿Qué medidas adicionales piensa tomar la Comisión para que los nuevos Estados miembros de la UE, teniendo en cuenta sus peculiaridades, puedan hacer uso de las ayudas más rápidamente y mejor en los años 2007 a 2013?

(EN) Los archivos históricos muestran que el nivel de absorción de recursos suele ser más lento en los primeros años tras la decisión de asignación de recursos comunitarios a programas de ámbito nacional o regional, que a continuación es seguido por un periodo en el que se reducen las distancias. Esto forma parte del propio ejercicio, ya que la preparación de los proyectos que integran los programas europeos a menudo implica una compleja tarea financiera, técnica y administrativa. Además, la UE siempre ha insistido en que los proyectos se preparen al más alto nivel, por ejemplo, en lo referente a la legislación y las políticas comunitarias en ámbitos como las normas de competencia, los contratos públicos y el medio ambiente.

Los nuevos Estados miembros se encuentran en esta fase inicial en la que se establecen nuevas normas y procedimientos. En algunos casos aún es necesario invertir en la cualificación de recursos humanos.

Asimismo hay que reconocer que los nuevos Estados miembros que se adhirieron en 2004 a la Unión se enfrentan al difícil reto de aplicar dos periodos de programación al mismo tiempo, los correspondientes a 2004-2006 y a 2007-2013. Esta es una de las razones por las que la Comisión decidió ofrecerles ayuda concreta mediante la creación del instrumento de asistencia técnica Jaspers, destinado a prestar asistencia a los Estados miembros a la hora de preparar proyectos importantes para solicitar ayudas comunitarias. Además, el reforzamiento de la capacidad institucional y la eficiencia de las administraciones y servicios públicos se ha convertido en una prioridad específica de las intervenciones del Fondo Social Europeo durante el nuevo periodo de programación 2007-2013.

La capacidad administrativa para llevar a cabo proyectos, en particular proyectos de gran envergadura, puede representar todo un reto, no solo para los nuevos Estados miembros, sino también para los antiguos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito del transporte, en el cual los proyectos suelen ser a gran escala y largo plazo, y exigen un alto grado de coordinación. Dichos proyectos pueden verse retrasados por largas negociaciones sobre la financiación o de carácter jurídico sobre los contratos y la planificación, que resultan difíciles de prever en un principio. Las evaluaciones suelen confirmar que los Estados miembros han logrado establecer el marco de gestión necesario para la ejecución de la política de cohesión. Además, ya están a la vista algunos avances en el ciclo de aprendizaje para la gestión de programas. Por ejemplo, las evaluaciones realizadas en Estonia y la República Checa señalan que se ha adquirido una amplia capacidad para reunir y comprobar información y definir indicadores, puntos de partida y objetivos.

Por otra parte es preciso invertir más en capacidades humanas, sobre todo en los nuevos Estados miembros. Los pequeños países que cuentan con administraciones más reducidas se enfrentan a un importante reto en este aspecto. Es necesario impartir formación sobre todos los aspectos de la gestión de programas, la preparación de proyectos para los beneficiarios potenciales y los órganos externos que participan, por ejemplo en los comités de seguimiento. Los programas para el periodo 2007-2013 ponen especial énfasis en este aspecto.

En el caso de la UE-15, se han producido mejoras en la gobernanza de los programas de la política europea de cohesión durante el periodo 2000-2006. Un ejemplo de ello es Italia, donde se ha mejorado la capacidad de evaluación, control y seguimiento de los proyectos. Austria ha aplicado un planteamiento original para la evaluación, que implica la reunión de información detallada sobre las aportaciones y resultados que las partes interesadas consideran críticos. Además, dichas mejoras a menudo han tenido efectos secundarios positivos para otros sectores de las intervenciones públicas. La eficiencia de la administración de la política de cohesión puede mejorarse igualmente promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros, y la Comisión ha estimulado activamente dicho intercambio por medio de publicaciones, seminarios y otros eventos.

En relación con el desarrollo de capacidades institucionales y administrativas, la Comisión ha insistido en la necesidad de utilizar los programas de cohesión para reforzar la capacidad administrativa e institucional más allá de la aplicación de la política de cohesión. Este aspecto resulta especialmente importante en las regiones de Convergencia y los Estados miembros de Cohesión, en los que los obstáculos administrativos e institucionales representan una carga importante para el desarrollo socioeconómico. Las inversiones en la capacidad institucional de la administración y los servicios públicos contribuirá igualmente a la aplicación de la Estrategia de Lisboa y a la consecución de sus objetivos. Los programas que han presentado hasta ahora los Estados miembros indican que durante el periodo 2007-2013 se asignarán casi 3.800 millones de euros a actividades destinadas a «mejorar el diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas, y la capacidad para llevar a cabo políticas y programas».

En relación con la asistencia técnica, los programas de la política de cohesión siempre han intentado reforzar la capacidad de las autoridades de gestión para utilizar los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión. Por ejemplo, la Comisión prestó a la administración lituana asistencia técnica específica extraordinaria para ayudar a evaluar las dificultades y hallar soluciones en la preparación y ejecución de proyectos del Fondo de Cohesión. Esta asistencia se seguirá prestando durante el periodo 2007-2013.

¿Qué consecuencias específicas tendrá el retraso confirmado por el Gobierno de Bulgaria en las tareas de desarrollo y negociación del Marco estratégico nacional de referencia y del Programa operativo nacional de desarrollo regional durante el periodo 2007-2013? ¿Motivará este retraso una reducción de los recursos económicos destinados a Bulgaria en su primer año como miembro de pleno derecho de la UE (2007) y en la totalidad del periodo de referencia (2007-2013)?

(EN) El proyecto oficial del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) para Bulgaria fue presentado a la Comisión el 16 de enero de 2007, dentro del plazo de cinco meses a partir de la adopción de las Directrices Estratégicas Comunitarias para la Política de Cohesión para el periodo 2007-2013, que tuvo lugar el 6 de octubre de 2006.

La Comisión declaró el 29 de enero de 2007 que este documento era admisible. Se había pedido a todos los Servicios de la Comisión que verificaran si se habían tomado en cuenta los comentarios hechos por la Comisión durante las reuniones informales con las autoridades búlgaras.

Asimismo, las autoridades búlgaras presentaron el 5 de marzo de 2007, es decir, dentro del plazo establecido, los siete Programas Operativos.

La Comisión negocia actualmente el MENR y los Programas Operativos de Bulgaria. No es habitual en este contexto que se produzcan interrupciones en el proceso de aprobación. Se trata de un procedimiento normal dentro de las negociaciones con los Estados miembros en aquellos casos que aún quedan temas sin resolver. La aprobación del MNER de Bulgaria está prevista para mediados de 2007.

En todo caso, la asignación financiera de Bulgaria se ha decidido en el marco de las Perspectivas Financieras, y la asignación financiera para este país (6.853 millones de euros) no podrá reducirse durante su primer año completo de adhesión (2007) o durante todo el programa de programación 2007-2013.

Por lo que respecta a la aplicación de la norma relativa a la liberación automática de créditos, el primer riesgo para Bulgaria no tendrá lugar hasta después del 31 de diciembre de 2010.

Además, la fecha de adopción de un Programa Operativo no influye sobre la fecha inicial de la subvencionabilidad de gastos. El artículo 56 del Reglamento nº 1083/2006 establece que los gastos podrán recibir una contribución de los Fondos si han sido pagados entre la fecha de presentación de los Programas Operativos a la Comisión o a partir del 1 de enero de 2007, lo que ocurra primero. En el caso de Bulgaria, su subvencionabilidad comenzó el 1 de enero de 2007.

Por último, la Comisión ya ha instado a las autoridades búlgaras a que adopten las medidas precontractuales para la ejecución, como la publicación de las convocatorias de propuestas, a fin de no perder tiempo para la preparación. De este modo contribuirán a una ejecución más expeditiva de los Fondos estructurales.

La colaboración transfronteriza entre las regiones de la UE es de gran importancia, ya que determinados ámbitos políticos, como el comercio, el turismo o el transporte, por ejemplo, pueden abordarse mejor a un nivel suprarregional, fomentándose así el crecimiento y la calidad de vida de las regiones de la UE.

Esto mismo ocurre también con la cooperación entre regiones de la UE y de terceros países, la cual, mediante su contribución al desarrollo económico y social de estas zonas fronterizas, apoya también la puesta en práctica de la política europea de vecindad y de la estrategia de seguridad.

Teniendo en cuenta su importancia, para la colaboración transfronteriza es necesario un marco jurídico claro y fiable a nivel europeo, que aclare algunas incertidumbres existentes actualmente en este ámbito. ¿Qué medidas ha tomado o tiene previstas para un próximo futuro la Comisión a este respecto?

(EN) La Comisión comparte en gran parte las opiniones de su Señoría sobre la importancia de la cooperación transfronteriza, como lo demuestra el importante incremento de fondos para el periodo comprendido entre 2007 y 2013 para esta actividad con arreglo a la Política de Cohesión de la Unión Europea, el Instrumento de Preadhesión y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.

La Comisión es muy consciente de que es necesario contar con un marco legal sólido para prestar apoyo a las actividades transfronterizas, y es por ello que propuso el concepto de una «agrupación europea de cooperación territorial», como parte de la negociación sobre los nuevos reglamentos relativos a los Fondos estructurales. La Comisión sintió especial satisfacción con la adopción en 2006 del Reglamento relativo a estas agrupaciones en el marco del nuevo paquete de la Política de Cohesión.

Las agrupaciones europeas de cooperación territorial serán una herramienta opcional que permitirá a las autoridades nacionales, regionales y locales crear una persona jurídica distinta capaz de operar a través de las fronteras europeas. Dichas agrupaciones podrán gestionar programas o proyectos de cooperación de una forma singular e integrada.

Los Estados miembros están adoptando las normas nacionales necesarias para regular la creación de estas agrupaciones, y la Comisión está a la espera de la creación formal de la primera de ellas durante el presente año.

Además, en lo relativo a las Redes Transeuropeas de Transporte y Energía, la comisión puede designar, previo acuerdo con los Estados miembros interesados y tras consultar al Parlamento, a un coordinador europeo, cuyo papel sería promover la dimensión europeo del proyecto y el diálogo transfronterizo entre los promotores del proyecto y los distintos órganos interesados (por ejemplo las autoridades regionales o locales) y contribuir a la coordinación de los procedimientos nacionales para facilitar la realización de dichos proyectos.

Nos encontramos en un momento decisivo de las negociaciones para la aprobación definitiva de los programas operativos y la concretización a su debido tiempo de los proyectos correspondientes al período de programación 2007-2013. ¿Cómo puede garantizar la Comisión Europea que los Estados miembros hayan preparado los documentos en el marco de la colaboración con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local? ¿Cómo se garantiza que se invierten los recursos necesarios para la creación de infraestructuras y sistemas que permitan una aplicación y materialización rápida y eficaz de los programas del nuevo período? ¿En qué fase se encuentran los acuerdos sobre los mecanismos de aplicación y los mecanismos de concretización de los programas del nuevo período? En el caso de Grecia, en particular, ¿cómo va a garantizar que el nuevo sistema que se va a crear sea flexible, eficaz y rentable?

(EN) El Reglamento por el que se rigen los Fondos Estructurales (artículo 11) establece que los documentos de programación deben ser elaborados entre las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores socioeconómicos y otros órganos (como las organizaciones no gubernamentales) de conformidad con las normas y prácticas nacionales.

El diseño del sistema para gestionar y controlar los programas cofinanciados por la Unión Europea durante el periodo 2007-2013 corresponde a los Estados miembros, dentro de los límites que establece el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo⁽¹⁾ y el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión⁽²⁾.

Durante la fase de negociaciones, la Comisión presta especial atención a la forma en que cada Estado miembro ha elaborado su Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) y sus Programas Operativos (PO). Como parte del análisis de cada proyecto de documento, la Comisión examina la forma en que se ha aplicado el principio de asociación contemplado en el artículo 11. Y si bien la Comisión no está en condiciones de armonizar la organización del principio de asociación en cada uno de los Estados miembros, examina durante el análisis cualitativo de cada documento de programación ciertos aspectos, como los criterios de selección de los participantes, la adecuación de los medios y estructura de comunicación a fin de garantizar la mayor cooperación entre todos los actores, así como la transparencia en dicha cooperación. Los ejemplos de buenas prácticas se comunican a las autoridades competentes. Los documentos de programación solo pueden adoptarse si se ha respetado el principio de asociación.

Hasta ahora, la experiencia indica que la mayoría de los Estados miembros mejora la aplicación del principio de asociación y considera la participación de diversos actores nacionales, regionales o locales como una parte natural del proceso de preparación. Según una encuesta interna de la DG REGIO⁽³⁾ (otoño de 2006), siempre ha habido una participación equilibrada de todos los actores contemplados en el artículo 11 del Reglamento marco en el proceso de elaboración de los MNER y de los PO, generalmente a través de una serie de eventos publicitarios y de información.

De conformidad con el artículo 71 del Reglamento del Consejo antes citado, los Estados miembros deben presentar una descripción del sistema de gestión y control para cada programa antes de presentar a la Comisión la primera solicitud de un pago provisional o a más tardar doce meses después de la aprobación de cada programa operativo.

Durante el análisis de los PO, la Comisión hace hincapié en que las estructuras y órganos se designen de conformidad con los artículos 37 y 59 del Reglamento marco. Estos documentos son:

- una identificación clara de las autoridades y órganos sin ambigüedades;

-una breve descripción de sus funciones y competencias dentro de la gestión y control del PO;

- una explicación sobre la manera que se aplicará el principio de separación de funciones entre las autoridades y órganos, y dentro de estos.

Algunos controles anteriores señalan que existe información sobre deficiencias de los sistemas actuales, información que la Comisión utilizará en las negociaciones para evitar que se repitan dichas deficiencias. En el caso de Grecia, los OP de este país fueron presentados en marzo de 2007 y actualmente son objeto de examen por parte de la Comisión. Todavía no se ha presentado la descripción del sistema de gestión y control, por lo que la Comisión no puede responder en estos momentos a esta pregunta.

¿Cuenta la Comisión con medios suficientes, sobre todo a través de la Agencia Europea para el Control de las Fronteras Exteriores (Frontex), para vigilar las fronteras marítimas de la Unión Europea y, eventualmente, prevenir y reducir llegadas masivas de inmigrantes semejantes a las que se produjeron el año pasado?

(EN) La Comisión vela continuamente por la aplicación de un enfoque europeo a la política de gestión integrada de las fronteras, que debe poseer un carácter dinámico y estar en condiciones de afrontar nuevos desafíos. La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea FRONTEX es un elemento esencial de esa política.

Desde su establecimiento, FRONTEX ha coordinado con éxito numerosas operaciones de gestión de fronteras. Las operaciones conjuntas han aportado un valor añadido europeo, que se incrementará aún más mediante la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT). El Consejo y el Parlamento tienen previsto adoptar en junio de 2007 ese nuevo reglamento, con el que se modificarán las disposiciones vigentes sobre las operaciones conjuntas y se ofrecerá seguridad jurídica a todos los actores implicados, es decir, a los agentes invitados y a la guardia de fronteras, al tiempo que se realizan con mayor eficacia las operaciones.

En 2007 FRONTEX ha puesto en práctica el artículo 7 del Reglamento por el que se crea la Agencia, lo que permite reunir a escala europea los equipos técnicos que se pondrán a disposición del Estado miembro solicitante.

Las operaciones comunes son un importante instrumento, pero no el único. Por consiguiente, la Comisión es partidaria de que FRONTEX acuerde mecanismos de cooperación con terceros países para reforzar la dimensión exterior de la gestión de fronteras.

Se han incrementado los recursos financieros y humanos de FRONTEX correspondientes a 2007, lo que permitirá a ésta llevar a cabo operaciones innovadoras de contención de la inmigración ilegal a escala comunitaria. Además, la Comisión procura mejorar la coordinación de los diferentes servicios encargados de velar por la seguridad de las fronteras exteriores a nivel nacional y europeo, es decir entre FRONTEX y otros organismos como Europol.

Con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006 y según recomienda la Comisión en su comunicación de noviembre de 2006, FRONTEX promueve la creación de una red europea de guardacostas. Se ha celebrado ya un intercambio inicial de puntos de vista al respecto con los Estados miembros en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de abril.

La Comisión volverá a examinar la manera de reforzar FRONTEX en su próximo informe de evaluación de la Agencia previsto para finales de 2007, que irá seguido de un debate político en las instituciones europeas.

Según estimaciones recientes sobre la incidencia del sida, el número de portadores del virus asciende a 47 millones en todo el mundo. Desde hace 25 años, Europa y el mundo recuerdan la necesidad de ejercer vigilancia y llevar a cabo una campaña de prevención e información de los ciudadanos, en especial de los jóvenes, sobre la enfermedad y el número continuamente creciente de casos en el mundo. Este problema también preocupa profundamente a la Unión Europea, donde bastantes Estados miembros sufren una rápida propagación del virus. Hoy en día, la UE está llamada a dar un nuevo aliento a los programas comunitarios relacionados con la lucha contra el virus del sida, teniendo en cuenta los 4 millones de ciudadanos europeos que resultan contagiados cada año.

En el marco de los esfuerzos de la UE por combatir el virus y dada la falta de recursos comunitarios, ¿puede indicar la Comisión si tiene intención de proponer a los Estados miembros que procedan a imprimir y vender un sello de correos especial de temática relacionada con el sida, acompañado de folletos informativos sobre la mejor prevención, con el fin de que los ingresos recaudados se destinen a la compra de material farmacéutico y la formación científica de personal especializado?

(EN) Durante años, la Comisión ha apoyado firmemente los programas contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) tanto a nivel de los Estados miembros, como a nivel europeo y mundial.

La Comisión ha colaborado estrechamente con el Consejo y el Parlamento para reforzar la voz y las actividades de Europa en la lucha contra el VIH/sida.

La contribución de la UE a la lucha contra el VIH/sida no puede medirse únicamente en términos financieros.

La Unión Europea adoptó en 2004 un marco político para hacer frente al VIH/sida, la tuberculosis y la malaria por medio de acciones externas y en 2005 un programa de acción en los países en desarrollo.

Además, la Comisión adoptó en 2005 la Comunicación sobre la lucha contra el VIH/sida dentro de la UE y sus países vecinos. Dicha Comunicación incluye un Plan de acción específico.

Uno de los elementos de este Plan de acción son las campañas de sensibilización entre el público en general. Para llevar a cabo esta tarea, la Comisión colabora con Gobiernos, empresas mediáticas y la sociedad civil. En este contexto, la propuesta de su Señoría puede considerarse una de las medidas para promover la sensibilización ciudadana.

La Comisión no tiene los instrumentos para realizar esta iniciativa, ya que la competencia para la expedición de sellos de correo corresponde a las oficinas de correo nacionales.

No obstante, la Comisión considera esta propuesta interesante y digna de estudio en el marco de competencias antes mencionado.

Habida cuenta de la preocupación existente en el Reino Unido en torno al reciente brote de gripe aviar, ¿no hubiera podido decidir el Gobierno del Reino Unido, con todo derecho y sobre la base del principio de cautela, suspender las importaciones de aves de corral de Hungría durante un corto período de tiempo mientras se confirmaba el alcance del brote en este país, sin que la Comisión se viera obligada a interponer un recurso contra el Reino Unido?

(EN) Se ha adoptado una amplia serie de medidas armonizadas en toda la Comunidad para controlar los brotes de gripe aviar. Entre ellas se encuentran las restricciones para trasladar aves de corral y sus productos procedentes de zonas infectadas.

Hungría aplicó estas medidas de protección al confirmarse un brote de gripe aviar el 24 de enero de 2007 en una granja de ocas situada en su territorio.

Los mecanismos legales comunitarios otorgan facultades a la Comisión, asistida por los expertos de los Estados miembros que forman el Comité Permanente de la Cadena Alimenticia y Sanidad Animal, para valorar la situación y decidir si son necesarias medidas de protección complementarias en caso de producirse un brote, teniendo en cuenta el principio de cautela.

En la reunión del Comité Permanente de 26 de enero de 2007, la Comisión examinó las medidas adoptadas por Hungría y estimó que estas eran adecuadas para evitar la propagación de la gripe aviar. No se consideró necesario prohibir el comercio intracomunitario de aves procedentes de la totalidad del territorio húngaro.

Además, las investigaciones realizadas en el Reino Unido y Hungría no revelaron la existencia de elementos que indiquen que la adopción de medidas estrictas en el caso del brote húngaro habría evitado el brote en el Reino Unido.

Puesto que el comercio intracomunitario de aves de corral es un ámbito armonizado por la legislación comunitaria, los Estados miembros únicamente pueden adoptar medidas de protección de conformidad con dicha legislación (por ejemplo el artículo 10 de la Directiva 90/425 o el artículo 54 del Reglamento 178/2002), que deben notificar inmediatamente a la Comisión para que esta adopte una decisión con arreglo al procedimiento de comitología.

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para mejorar y reforzar el control de las diversas Direcciones Generales por parte del correspondiente Comisario competente en cada caso y el control de los funcionarios de la Comisión en su totalidad por parte del Colegio de Comisarios? ¿Qué otras medidas están previstas en el futuro?

(FR) La Comisión considera que el marco normativo vigente y los procedimientos actuales constituyen un sólido entorno de control en el que se define claramente la cadena de mando.

De hecho la Comisión es la que define sus prioridades políticas y adopta un programa anual de trabajo que transforma la estrategia y los objetivos políticos en un programa operativo de las decisiones que deban adoptarse. El programa de trabajo enumera las iniciativas legislativas, así como las modalidades de aplicación y otros actos que la Comisión tiene intención de adoptar para dar cumplimiento a estas prioridades. El Presidente de la Comisión presenta el programa de trabajo de su Institución al Parlamento y al Consejo. Por su parte, los servicios de la Comisión se encargan de la ejecución de este programa de trabajo y, en particular, de la elaboración de su plan anual de gestión. Este plan sirve para que las prioridades adoptadas por el Colegio de Comisarios se lleven a cabo con mayor eficacia en sus respectivos ámbitos de competencia.

El Reglamento interno de la Comisión y el Código de conducta de los Comisarios⁽¹⁾ que la Comisión adoptó al inicio de su mandato definen las relaciones entre los Miembros de la Comisión y sus servicios. Estas relaciones se basan en la lealtad, la confianza y la transparencia. Los Miembros de la Comisión deben recibir información de sus propios servicios y de los servicios centrales para poder ejercer su responsabilidad política y su función de supervisión, y son responsables de velar por que las directrices y prioridades políticas que ellos mismos han fijado se apliquen de forma coherente con el programa de trabajo del Colegio y con el principio de responsabilidad colegiada. Para ello, el Colegio y sus miembros pueden dar instrucciones a sus respectivos servicios.

Con arreglo al Reglamento interno de la Comisión y al Código de conducta de los Comisarios, deben establecerse pautas de trabajo entre cada Comisario y los Directores Generales que dependen de él. Estas normas prevén, en particular, que los servicios tienen la obligación de comunicar al miembro de la Comisión cualquier información que pueda ir en contra de su responsabilidad o la del Colegio.

Además, el artículo 11 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas establece que «realizará las tareas que le sean encomendadas con objetividad e imparcialidad, y cumpliendo con su deber de lealtad hacia las Comunidades». De conformidad con el artículo 21 del Estatuto del personal, los funcionarios deberán asistir y asesorar a sus superiores y serán responsables de los resultados de las tareas que se les encomienden. El mismo principio se aplica a los demás miembros del personal de las Comunidades.

El 23 de enero de 2007 presenté una pregunta a la Comisión con solicitud de respuesta escrita de conformidad con el artículo 110, apartado 4, del Reglamento para averiguar si existe una decisión oficial de la Comisión Europea sobre el cierre de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta nuclear de Kozloduy y, de ser este el caso, cuándo se adoptó y de quién fue tal iniciativa. El 27 de febrero de 2007, tras una demora de dos semanas, el Comisario Piebalgs dio una respuesta sin información sobre lo preguntado.

En fecha tan lejana como 2002, el Comisario Günter Verheugen, en un discurso pronunciado en nombre de la Comisión ante la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria, anunció que la Comisión exigía el cierre de las unidades menores de la planta nuclear de Kozloduy. Esta declaración del Comisario Verheugen se vio cuestionada por la sentencia pronunciada posteriormente por el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo sobre una denuncia presentada por trabajadores búlgaros del sector nuclear.

Habida cuenta de la extrema importancia de Kozloduy para la independencia energética, es necesaria una respuesta concisa y clara: ¿existe una decisión de la Comisión Europea que obligue a Bulgaria a cerrar las unidades 1, 2, 3 y 4 de la planta nuclear de Kozloduy? Si existe tal decisión, ¿cuándo se adoptó, en qué reunión de la Comisión y de quién fue tal iniciativa?

(EN) La Comisión no ha adoptado ninguna decisión sobre el cierre de la central nuclear de Kozloduy. El cierre de esta central nuclear se negoció como parte de las condiciones de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea y, como tal, figura en el Tratado de adhesión.

En su calidad de guardiana de los Tratados, la Comisión supervisará la correcta aplicación de las cláusulas correspondientes.

En particular, el artículo 30 del Protocolo del Tratado de adhesión relativo a las condiciones y al procedimiento de admisión de la República de Bulgaria a la Unión Europea, firmado el 25 de abril de 2005, establece que habida cuenta de que Bulgaria ha cerrado –de conformidad con sus compromisos– definitivamente para su posterior desmantelamiento las Unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kozloduy antes de 2003, se compromete a cerrar definitivamente las Unidades 3 y 4 de esta central en 2006 y a desmantelar dichas unidades.

En cumplimiento de sus propios compromisos, Bulgaria procedió al cierre de las Unidades 1 y 2 el 31 de diciembre de 2002, al final de su vida útil prevista de 30 años. Las Unidades 3 y 4, que se conectaron a la red en 1980 y 1982, respectivamente, se han cerrado, como media, tan solo cinco años antes de su vida útil prevista.

El mismo artículo 30 del Protocolo describe igualmente la asistencia financiera prestada a Bulgaria para las tareas de desmantelamiento y para hacer frente a las consecuencias del cierre y desmantelamiento de las Unidades 1, 2, 3 y 4 de la central nuclear de Kozloduy.

Con esta asistencia se han facilitado los medios para realizar una amplia modernización de las restantes Unidades 5 y 6 de Kozloduy, a través de la ayuda comunitaria del programa PHARE preadhesión y un préstamo EURATOM.

El 22 de febrero de 2007 se condenó a un bloguero egipcio, Abdel Karim Nabil Suleiman, a cuatro años de cárcel por un supuesto delito de menosprecio del Islam. Según las propias declaraciones del encausado, su objetivo principal es la defensa de los derechos de las mujeres musulmanas contra cualquier forma de discriminación y violencia.

En 1982 Egipto ratificó sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 19, que otorga directamente derechos a los ciudadanos egipcios, se recoge la libertad de expresión. El artículo 2 del Acuerdo de Asociación de 25 de junio de 2001 estipula que el respeto de los derechos humanos fundamentales constituye un «elemento fundamental» del Acuerdo. Según el artículo 86, cabe prever la adopción de medidas apropiadas si una de las Partes comete un incumplimiento grave del Acuerdo.

¿Considera la Comisión que la detención del Sr. Nabil Suleiman constituye una violación del artículo 2? En caso afirmativo, ¿qué medidas adoptará la Comisión al respecto?

(EN) La Comisión desea agradecer a su Señoría esta pregunta sobre las restricciones a la libertad de expresión en Egipto y la detención del blogger Karim Sulaiman. La Comisión sigue muy de cerca esta cuestión a través de su Delegación de El Cairo junto con los Estados miembros.

Como sin duda sabe su Señoría, la Comisión presta gran atención a la situación de los derechos democráticos y humanos en Egipto. La Comisión siente especial preocupación por las restricciones impuestas a la libertad de expresión, incluso en Internet. La Comisión emplea todos los medios a su alcance para hacer que las autoridades egipcias avancen en este ámbito. El llamamiento a una mayor reforma política y al respeto de los derechos humanos forma parte de hecho de la asociación entre la UE y Egipto.

La UE plantea sistemáticamente, sobre la base en particular de lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo de asociación, la importancia de respetar los derechos humanos en sus contactos bilaterales con Egipto, incluso al más alto nivel. En particular, los acontecimientos políticos de Egipto, incluidos los relacionados con los derechos humanos, se abordan en el curso del diálogo político en el Consejo de asociación.

Como sabe su Señoría, el Consejo de Asociación adoptó el 6 de marzo de 2007 el Plan de Acción UE-Egipto de la Política Europea de Vecindad (PEV). Este Plan de acción constituye un nuevo paso en nuestras relaciones con Egipto, pues contempla un amplio marco político basado en una serie de compromisos mutuos sobre cuestiones políticas, sociales y económicas, que se centra en los valores comunes que comparten Egipto y la UE. De hecho, una de las principales prioridades de acción fomentar la protección de todos los aspectos de los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación.

Asimismo, el Plan de acción prevé él establecimiento de un diálogo formal y periódico sobre derechos humanos y democracia en el marco del subcomité de asuntos políticos: derechos humanos y democracia, cuestiones internacionales y regionales, de reciente creación.

La Comisión está firmemente convencida de que el diálogo con Egipto en el marco de los acuerdos políticos que figuran en el Acuerdo de asociación y en el Plan de acción de la PEV es la forma más eficaz de recalcar ante el Gobierno egipcio las inquietudes de la UE en relación con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional. La amenaza de suspender algunas partes del Acuerdo de asociación reduciría, en lugar de aumentar, nuestra capacidad de influir sobre Egipto.

En su Resolución del 14 de diciembre de 2006 (P6_TA(2006)0604) sobre una estrategia en materia de biomasa y biocombustibles (2006/2082(INI)), el Parlamento Europeo se refiere en su considerando U a la falta de unas normas medioambientales claras en el ámbito de la producción de biocombustibles, y expresa su inquietud por las posibles consecuencias que pueden derivarse de esta circunstancia. En el apartado 46 de dicha Resolución pide a la Comisión que supedite la importación de productos derivados del aceite de palma al cumplimiento de los criterios de una producción sostenible y que desarrolle un sistema de certificación.

¿Comparte la Comisión el parecer de que es preciso desarrollar criterios de calidad, por ejemplo mediante el establecimiento de un sistema de certificación, con objeto de tener en cuenta y aplicar válidamente parámetros de balance ecológico a la hora de producir o importar de terceros países biomasa para la obtención de energía?

Si así fuera, ¿qué criterios mínimos desea establecer en el ámbito de los cultivos de biomasa? ¿Qué parámetros, en términos de aprovechamiento del suelo, balance climático y uso de fertilizantes, tiene la intención de promover con carácter prioritario?

(EN) Como señala en su Informe sobre los biocarburantes⁽¹⁾, la Comisión considera que se necesita un régimen de sostenibilidad de biocarburantes para disuadir del uso de biocarburantes de bajo rendimiento y fomentar el empleo de biocarburantes con buenos resultados medioambientales. A fin de garantizar la consecución de este objetivo y de evitar discriminaciones comerciales será necesario aplicar este sistema tanto a los biocarburantes importados como a los de producción comunitaria.

Se prevé que este régimen formará parte de la próxima propuesta legislativa en materia de energías renovables.

La Comisión está elaborando actualmente los pormenores de este régimen. Las tareas se centran en tres ámbitos en particular:

a) garantizar que los biocarburantes permitan ahorrar un mínimo de gases de invernadero;

b) evitar el empleo de tierras con altas existencias de carbono para la producción de biocarburantes;

c) evitar la pérdida de biodiversidad, impidiendo que las zonas de alto valor para la biodiversidad se utilicen para la producción de biocarburantes.

Cabe señalar que la producción y uso de fertilizantes genera emisiones de gases de invernadero, las cuales deberán tenerse en cuenta en relación con el punto a).

Asimismo se examinan detenidamente otros efectos sobre el medio ambiente (por ejemplo, los suelos y el agua).

Durante la reunión de la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo del pasado día 28 de febrero, el embajador Martin Erdmann, Vicesecretario General de la OTAN, admitió que la OTAN está cooperando estrechamente con la UE en su acción en Afganistán, lo que significa más concretamente que la Comisión de la UE financia los Equipos Provinciales de Reconstrucción (PRT).

¿Cuál es el importe de la ayuda que la Comisión de la UE destina anualmente a los veinticinco Equipos de Reconstrucción Provincial en Afganistán? ¿Podría presentar un desglose que refleje la aportación financiera que presta a los diferentes equipos provinciales?

(EN) La Comisión financia el proyecto «Ayuda a la gobernanza provincial» en Afganistán con 10,3 millones de euros para contribuir a aquellas actividades civiles de los Equipos para la Reconstrucción de Afganistán (ERA) que son dirigidas por un Estado miembro o han recibido una ayuda sustancial de un Estado miembro. Actualmente, once ERA pueden recibir subvenciones. El proyecto se financia con cargo a la línea presupuestaria Afganistán del Presupuesto general y es gestionado conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene una amplia experiencia en la colaboración con ERA.

El proyecto pretende incrementar la ayuda a la gobernanza, en particular la administración pública y las instituciones relacionadas con el Estado de derecho a escala subnacional.

Los proyectos recibirán entre 100 000 y 500 000 euros, y podrán ser llevados a cabo por organismos nacionales de desarrollo, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Las propuestas serán examinadas, en el orden en que se reciban, por un grupo de trabajo integrado por expertos de la Delegación de la Comisión, la Oficina del Representante Especial de la UE, así como la Presidencia de la UE. Se prestará especial atención a las provincias «huérfanas» que hayan recibido menos ayuda.

Según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Livestock's Long Shadow - Environmental Issues and Options, 2006), el sector ganadero es uno de los más dañinos para el medio ambiente y es responsable del 18 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Dicha cifra es superior a la que corresponde al conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de los transportes. La digestión y el estiércol del ganado son la causa de las emisiones de los potentes gases de efecto invernadero metano y monóxido de nitrógeno. También se producen emisiones cuando se talan bosques para convertirlos en pastos, porque se libera dióxido de carbono que antes estaba en forma de carbono en la madera de los árboles. La producción de carne también origina una cantidad importante de emisiones.

La FAO subraya que es muy importante tomar medidas contundentes contra las repercusiones del sector ganadero en el medio ambiente, y que una forma de hacerlo es velar por que el precio de los alimentos refleje los costes medioambientales. También podrían aplicarse otras medidas al respecto, como la de crear una bonificación ecológica para la producción de vegetales. Esto supondría una medida eficaz para reducir las subvenciones agrícolas de la UE. Probablemente, la carne se encarecería y ello reduciría la tendencia a su consumo.

¿Comparte la Comisión las conclusiones del informe de la FAO sobre las repercusiones del sector ganadero en el vertido de gases de efecto invernadero? ¿Qué medidas está la Comisión dispuesta a tomar para reducir sensiblemente las repercusiones negativas del sector ganadero en el medio ambiente?

(EN) La Comisión reconoce que el informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) plantea cuestiones de importancia mundial. Sin embargo, la respuesta de la Comisión se centrará en la situación existente en la UE.

La mayoría de las actividades económicas conllevan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de la UE consiste en hacer que las actividades económicas sean más sostenibles, incluso desde una perspectiva climática. Las actividades agrícolas, incluyendo la ganadería, representaban un 9 % de las emisiones de GEI de la UE en 2004, de las cuales más del 5 % eran de óxido de nitrógeno y un 4 % de metano (procedente sobre todo de las explotaciones ganaderas).

Las emisiones de metano disminuyeron un 14 % en el período 1990-2004, sobre todo debido al importante descenso de la cabaña ganadera (22 %). Esta tendencia se debe principalmente a los sucesivos cambios estructurales introducidos en la Política Agrícola Común (PAC). Casi todos los Estados miembros redujeron sus emisiones procedentes de la ganadería y las mayores reducciones tuvieron lugar en los nuevos Estados miembros.

La reducción de las emisiones agrícolas en general durante el período 1990-2004 (13 %) fue considerablemente superior a la reducción general de las emisiones de todos los sectores económicos (5 %). De este modo, la agricultura ya ha hecho una contribución importante para alcanzar los compromisos contemplados en el Protocolo de Kyoto. Además, se prevé que en 2010 las emisiones de la agricultura se habrán reducido un 18 % respecto al nivel de 1990. La reducción prevista de la cabaña ganadera y el aumento de la productividad probablemente contribuirán a disminuir aún más las emisiones de metano.

La Comisión está de acuerdo en que pueden hacerse esfuerzos complementarios para reducir las emisiones del sector ganadero. En las reformas más recientes de la PAC, la Comisión adoptó medidas importantes para modificar las ayudas a este sector. El desacoplamiento total o parcial de los pagos de la producción y la condicionalidad son medidas claves que reducen considerablemente los incentivos para la producción intensiva. Asimismo se han integrado los objetivos de atenuación del cambio climático en la política de desarrollo rural para el período 2007-2013.

El cambio de las prácticas ganaderas y la adaptación de la gestión del uso del suelo, por ejemplo mediante una mejor dieta o una gestión de los fertilizantes, podrían servir para reducir aún más las emisiones de metano y óxido de nitrógeno. Dichas medidas concuerdan con las conclusiones del informe de la FAO. Los Estados miembros pueden incluir dichas medidas en sus Programas de Desarrollo Rural para el período 2007-2013, de conformidad con las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural, que sitúan al cambio climático entre las tres primeras prioridades medioambientales a escala europea.

Cabe señalar que el sector ganadero, en particular las explotaciones de prados, prestan igualmente importantes servicios al medio ambiente, como el mantenimiento de los prados y de la diversidad de los paisajes europeos. El sector ganadero contribuye de forma importante a la economía de las zonas rurales. Por lo tanto es importante no socavar la competitividad del sector ganadero europeo que se enfrenta a una creciente competencia en la escena mundial. Asimismo es necesario tener en cuenta que, en vista de que no es probable que disminuya la demanda mundial de productos de origen animal (carne, leche, huevos), las medidas de atenuación que adopte la UE no tendrán como resultado una reducción mundial neta de las emisiones, debido a la relocalización de actividades ganaderas hacia otros países. El reto consiste en conciliar la demanda de productos ganaderos con la protección del medio ambiente, como preconiza el informe de la FAO.

El Parlamento de Estonia ha aprobado una ley que prevé la retirada de un monumento en el Tönismägi (Colina de Antón) en honor a los soldados soviéticos caídos en la lucha contra el fascismo en Talín.

¿Cómo valora la Comisión la prevista destrucción de monumentos antifascistas en Estonia, en particular el proyecto de derribo del monumento al soldado soviético caído en Talín, erigido en memoria de la victoria sobre el fascismo alemán? ¿Cómo valora la Comisión las declaraciones de algunos políticos estonios sobre su intención de destruir el monumento en honor a los caídos soviéticos, si fuera preciso, incluso sin fundamento legal?

(EN) La Comisión reconoce que la controversia que rodea a la estatua del «Soldado de Bronze» de Tallinn constituye una cuestión histórica extremadamente delicada. Sin embargo, corresponde a los Estados miembros decidir la forma en que desean abordar su pasado dentro del pleno respeto de sus compromisos internacionales, que incluyen las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos anexos. La Comisión estima igualmente que las presiones externas no contribuyen a la búsqueda de soluciones a estas cuestiones tan delicadas.

La Comisión desea recordar a su Señoría que el proyecto de ley al que se refiere –el proyecto de ley sobre estructuras ilegales– no fue firmado por el Presidente de Estonia y, por ende, carece de fuerza de ley. La base jurídica para resolver esta cuestión en Estonia es la Ley de protección de cementerios de guerra adoptada en enero de 2007.

La autovía conocida como «Via Baltica», que unirá Varsovia con Helsinki, enlazando a su paso los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, tendrá una importancia indudable para el mejor funcionamiento del mercado interior de la UE.

A raíz de las protestas de los Verdes polacos, que alegan que la construcción de una circunvalación provocaría daños irreparables en el paraje natural único del valle del Rospuda, se han paralizado las obras de la autovía. La Comisión Europea ha prohibido a Polonia que las continúe. Por otra parte, los habitantes de la ciudad polaca de Augustów han anunciado su intención de interrumpir el tráfico si las obras no se reanudan.

¿Qué solución propone la Comisión, después de haber prohibido las obras? ¿Cuánto costaría elaborar un nuevo proyecto? ¿Quién lo financiaría? ¿Cuánto tiempo requeriría la ejecución de una variante alternativa?

(EN) Como ya lo indica en su respuesta a las preguntas orales H-0157/07 y H-0158/07⁽¹⁾, la Comisión apoya firmemente la modernización de las infraestructuras viales de Polonia, que incluye el corredor de carreteras entre Helsinki y Varsovia, situado en el noreste del país. Sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio entre los objetivos de la mejora de las infraestructuras de transporte y la protección del patrimonio natural.

La Comisión carece de competencias para tomar decisiones en los asuntos internos de los Estados miembros, como puede ser la construcción de un proyecto en concreto. Sin embargo, con arreglo al artículo 211 del Tratado CE, la Comisión tiene la obligación de verificar el cumplimiento de la legislación comunitaria.

En relación con la circunvalación de Augustow, la Comisión tiene razones válidas para creer que las autoridades polacas han infringido la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en los procedimientos de autorización de este proyecto. Por consiguiente, la Comisión remitió una notificación formal (15 de diciembre de 2006) a las autoridades polacas en la que solicita aclaraciones, y posteriormente envió un dictamen motivado (1 de marzo de 2007) en el que pedía a Polonia que se ajustase a lo dispuesto en la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Tras considerar insatisfactoria la respuesta de las autoridades polacas, la Comisión decidió el 21 de marzo de 2007 remitir este asunto al Tribunal de Justicia.

En cuanto a las preguntas sobre costes, calendario y posibles soluciones para la circunvalación de Augustow, la Comisión quisiera recalcar que, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado CE, la Comisión no puede imponer soluciones o costes a un Estado miembro.

Si este proyecto cumple la legislación comunitaria, podrá recibir fondos de la Comunidad.

La Orden de Detención Europea, instrumento implantado por la Decisión marco del Consejo 2002/584/JAI , de 13 de junio de 2002, permite a un Estado miembro cursar a otro peticiones de detención y entrega de personas buscadas con miras al ejercicio de acciones penales o a la ejecución de penas de prisión u otras medidas de privación de libertad.

¿Cómo evaluaría la Comisión ahora la Orden de Detención Europea? ¿Ha sido un éxito? ¿Cuántas personas fueron entregadas, y en cuántos casos ha sido denegada la extradición, como ha ocurrido en el caso del antiguo oficial de la SS Søren Kam, de nacionalidad danesa, acusado de asesinato en Dinamarca, cuya extradición fue considerada improcedente por una audiencia territorial bávara (Alemania), en base a que el caso, según la ley alemana, ha prescrito? ¿Podría proporcionar la Comisión alguna información de tipo general sobre los problemas que plantea la aplicación de la Orden de Detención Europea, como los surgidos en el caso citado?

(FR) La orden de detención europea contemplada en la Decisión marco 2002/584/JAI⁽¹⁾ (en adelante la «Decisión marco») cada vez tiene mayor éxito.

La Decisión marco ha sido transpuesta en los 27 Estados miembros y el número de órdenes de detención europeas que se expiden cada año sigue en aumento. Podemos avanzar algunas cifras basadas en las estadísticas disponibles, las cuales aún no son exhaustivas. De este modo, el número de órdenes de detención europeas expedidas en 2005 fue de 6 800, es decir, más del doble que en 2004. Además, más de 1 700 personas fueron detenidas en 2005 en virtud e una orden de detención europea, de las cuales 1 532 fueron entregadas al Estado miembro que la había expedido.

Más de la mitad de estas personas fueron entregadas con su consentimiento, lo que permitió cumplir los muy ajustados plazos de ejecución (una media de once días tras la detención de la persona buscada). Incluso en el supuesto de que la persona no consienta su extradición, la orden de detención europea constituye un avance notable para acelerar el procedimiento correspondiente, ya que este tiene lugar en menos de cinco semanas como media, en tanto que los procedimientos de extradición solían tardar en promedio un año desde su inicio hasta su conclusión. La orden de detención europea ha permitido igualmente la extradición de un creciente número de nacionales. De hecho, más de la mitad de las personas entregadas en virtud de dicha orden eran nacionales o residentes del Estado miembro que ejecutó la orden.

No obstante, el buen funcionamiento de la orden de detención europea se enfrenta a algunos obstáculos erigidos por los propios Estados miembros, obstáculos que aún es necesario superar.

El principal problema es la posibilidad de entregar a una persona que es nacional del Estado miembro que ejecuta la orden. Asimismo, varios Estados miembros se han negado a someterse a la abolición parcial de la condición de doble tipificación de los hechos⁽²⁾, contemplada en la Decisión marco. Un último aspecto que ha dado lugar a numerosos problemas durante la transposición ha sido la lista de motivos de no ejecución facultativa que figura en el artículo 4 de la Decisión marco. Mientras que algunos Estados miembros han transpuesto todos los motivos de no ejecución, elevándolos así a motivos obligatorios de no ejecución, otros no han considerado necesario transponer este artículo.

Así, en la legislación alemana, en la que el apartado 4 del artículo 4 de la Decisión marco se ha transpuesto en forma de motivo obligatorio de no ejecución, la autoridad judicial alemana que ejecute la orden puede negarse a cumplirla, como sucedió en el caso de Søren Kam, alegando que es obligatoria una acusación o sentencia penal con arreglo a la legislación alemana cuando los actos entran en el ámbito de competencia de la legislación alemana aplicable, incluso si los actos de los que se acusa a la persona buscada puedan ser objeto de una sentencia en el Estado miembro que haya expedido la orden.

¿Puede confirmar la Comisión que actualmente no existe ninguna certificación que garantice que no se van a destruir bosques tropicales o turberas en el sureste asiático para sustituirlos por plantaciones de aceite de palma, ya sea para abastecer a los mercados de biocarburantes de la UE o para la producción de aceite alimentario, desplazada por la demanda de biocarburantes?

(EN) La Comisión puede confirmar a su Señoría que actualmente no existe un sistema de certificación. La Comisión está redactando una propuesta legislativa que permitirá un aumento considerable del consumo de biocarburantes en la UE, el cual pasará de 3 millones de toneladas en 2005 a más de 30 millones de toneladas en 2020, y ha anunciado que un sistema de sostenibilidad para los biocarburantes formará parte de dicha propuesta legislativa.

La Comisión está elaborando en estos momentos este sistema. Su intención es incluir en dicho sistema medidas para evitar que las selvas tropicales y turberas se dediquen a la producción de biocarburantes, así como medidas para evitar el uso de métodos de productos que no resulten eficientes por lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero. Estas medidas se aplicarán tanto a los biocarburantes producidos en la Comunidad como a los importados.

Es evidente que la adopción de dichas medidas para las materias primas utilizadas para la producción de biocarburantes no evitará que se utilicen las selvas tropicales y las turberas para la producción de aceite de palma para usos alimenticios y similares. Sin embargo, la Comisión espera que al adoptar estas medidas innovadoras el sector de la energía contribuirá a que los otros usuarios de aceite de palma actúen de forma similar sobre la base de iniciativas voluntarias ya existentes, como la Mesa Redonda sobre la sostenibilidad del aceite de palma.

Otros aceites vegetales (en particular el aceite de colza) producen biocarburantes de mejor calidad que el aceite de palma. Sin embargo, es probable que la oferta de estos aceites siga siendo reducida. Por lo tanto, si la nueva propuesta legislativa no fuera acompañada de un sistema de sostenibilidad para los biocarburantes, se correría el riesgo de que aumentara el uso de aceite de palma, lo que contribuiría a incrementar la presión sobre las selvas tropicales y turberas del sudeste asiático.

La producción mundial de aceite de palma aumentó más de 10 millones de toneladas (41 %) entre 2002-2003 y 2006-2007. A este aumento han contribuido, aparte de los usos alimenticios y de otro tipo en una amplia gama de productos de uso cotidiano, la demanda para la producción de bionenergía (no solo de Europa). Los biocarburantes representaron tan solo una pequeña parte de esa demanda (30 000 toneladas en 2005). Cabe esperar que la demanda para usos alimenticios y domésticos, al igual que para la producción de energía, siga en aumento. Actualmente no existe una certificación obligatoria que garantice que no se destruyan las selvas tropicales y turberas del sudeste asiático para la producción de aceite de palma, independientemente del uso que se dé a este.

La Directiva 93/119/CEE de la UE establece que, con objeto de garantizar el bienestar de los animales, los animales de granja deben ser sacrificados de forma que se eviten sufrimientos innecesarios. Durante el sacrificio o la matanza y las operaciones relacionadas, tanto dentro como fuera del matadero, debe evitarse en la medida de lo posible toda agitación y todo dolor o sufrimiento de los animales.

Además, el aturdido antes del sacrificio es un requisito legal en la UE (con excepciones en algunos Estados miembros para los sacrificios de carácter religioso) cuyo objetivo es provocar inconsciencia e insensibilidad (incapacidad para percibir estímulos) en los animales, de forma que el sacrificio se pueda llevar a cabo sin miedo, ansiedad, dolor, sufrimiento o angustia. (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 2004)

¿Cómo justifica la Comisión la matanza de 40 000 toros en las corridas, que supone un claro incumplimiento en todos los sentidos de la legislación de la UE?

(EN) El sacrificio de animales siempre ha sido una actividad que ha dado lugar a preocupaciones legítimas.

La Directiva 93/119/CE es la legislación comunitaria que se encarga de la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.

Sin embargo, el apartado 2 del artículo 1 de esta Directiva señala que esta no se aplicará «a los animales a los que se dé muerte en manifestaciones culturales o deportivas».

Además, el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales, anexado al Tratado, establece que la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las obligaciones en materia de bienestar de los animales, y respetarán los ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonios regionales.

Así pues, las condiciones de bienestar en las que los toros son muertos en las corridas no están contempladas en la legislación comunitaria y la Comisión no puede actuar a este respecto.

En el informe de Eurostat de septiembre de 2006 sobre el consumo energético en la UE se señala que el grado de dependencia de la UE con respecto a las importaciones para su aprovisionamiento energético asciende al 56 % (con algunas reservas en lo que se refiere al cálculo de la biomasa). Tras su refinamiento y utilización, el petróleo se considera como importado, mientras que la energía que se genera a partir del uranio tras su enriquecimiento y utilización se considera producción nacional aunque el uranio sea importado. Para lograr una visión correcta del grado de dependencia energética debería incluirse el uranio, con lo que dicho grado de dependencia superaría los dos tercios. No obstante, en la Comunicación de la Comisión sobre política energética se señala que la energía nuclear depende totalmente de las importaciones debido a las importaciones de uranio que figuran en el cuadro del anexo 1. Por lo demás, cabe señalar que en la versión sueca hay un error, ya que se habla de «kärnsäkerhet» («seguridad nuclear») en vez de «kärnkraft» («energía nuclear»).

¿Podría indicar la Comisión si, para impedir una visión equivocada del grado de dependencia energética de la UE y de la energía nuclear, tiene intención de modificar el método utilizado para calcular la energía producida a partir del uranio de modo que se exponga siempre claramente la dependencia con respecto al uranio importado?

(FR) Dos Estados miembros (la República Checa y Rumania) aún producen uranio natural, el cual cubre aproximadamente un 2 % de las necesidades de la UE. Todas las demás minas de uranio de la UE han cerrado debido a que no son competitivas. No obstante, en los últimos años los precios han aumentado considerable, lo que ha dado lugar al inicio de algunos proyectos de exploración en varios Estados miembros (Eslovaquia, Hungría, Suecia, Finlandia y España). Junto con otras fuentes internas de abastecimiento (reprocesamiento, reenriquecimiento, etc.), las importaciones de esta materia prima cubren casi un 85 % de las necesidades de la UE.

El coste total del combustible, es decir, el uranio natural, su conversión, enriquecimiento, producción, incluyendo las reservas financieras constituidas para la gestión del combustible irradiado en el futuro, representan actualmente entre el 25 % y el 30 % del coste de producción de la energía nuclear, de los cuales entre un 5 % y un 10 % corresponden a la materia prima.

Por lo tanto, la materia prima importada representa, desde un punto de vista financiero, menos del 10 % del coste de producción. En comparación, el suministro de gas representa entre el 75 % y el 85 % del coste correspondiente a la producción de energía.

Además, la Unión cuenta con capacidades industriales adecuadas y competitivas para llevar a cabo todos los demás aspectos del ciclo industrial de la producción de combustibles nucleares –sector que se encuentra en plena expansión– tanto para la importación como para la exportación.

En cuanto a los principios contables que se emplean para elaborar los Balances Energéticos, la Comisión no tiene la intención de modificarlos.

El «Balance Energético» de un país ofrece información esencial que permite evaluar diversas dimensiones de la Política Energética, entre ellas la seguridad de abastecimiento.

El sistema contable que se utiliza para elaborar los Balances Energéticos considera que la energía nuclear (en forma de calor generado en una central nuclear) es de origen autóctono.

La Comisión y los Estados miembros estiman que la energía nuclear hace una contribución positiva a la seguridad del abastecimiento energético en caso de interrupción del suministro o durante crisis energéticas, debido a la pequeña cantidad de mineral de uranio que implica y la posibilidad de almacenarlo, por lo que no se consigna como energía nuclear importada.

El Comisario Figel', en una carta del 14 de febrero de 2007 dirigida a la eurodiputada E. Bozkurt (que me ha sido comunicada en mi calidad de miembro del Grupo de contacto con la comunidad turcochipriota), utiliza la expresión absolutamente imprecisa de «Turkish Cypriot universities». Esta denominación es promovida a nivel internacional por Turquía, que con su ejército ocupa el 40% del territorio de Chipre y que ha creado un seudo Estado en la zona ocupada, cuyas seudo universidades se han construido en propiedades robadas a los chipriotas griegos.

¿Cómo puede un Miembro de la Comisión Europea utilizar unos términos absolutamente inexactos, que producen una lógica amargura a todos aquellos que han sido desposeídos de sus bienes bajo la total protección del ejército turco de ocupación, para edificar seudo universidades en el territorio ocupado?

(EN) El uso del término «universidades turcochipriotas» que hizo el Comisario encargado de la Educación, la Formación, la Cultura y la Juventud se refería a la «comunidad turcochipriota», que es un termino ampliamente reconocido, incluso en el texto de la Constitución de la República de Chipre. Su uso no implica reconocimiento alguno de las autoridades públicas en las zonas en que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce un control real, salvo el del Gobierno de la República de Chipre.

Según la información de que dispone la Comisión, la Universidad del Mediterráneo Oriental (Eastern Mediterranean University - EMU) es miembro reconocido de la Asociación de Universidades Europeas desde abril de 2005, así como de la Asociación Internacional de Universidades desde noviembre de 2005.

La pregunta de su Señoría ilustra la urgencia de lograr una solución al problema de Chipre. De acuerdo con la posición que mantiene de larga data, la Comisión continuará contribuyendo a la reanudación de las conversaciones dirigidas por NU⁽¹⁾ para lograr lo antes posible una solución completa de la cuestión chipriota.

El pasado día 22 de febrero, la Dirección de la empresa Delphi Automotive España S.L. comunicó su intención de proceder al cierre de su factoría en Puerto Real (Cádiz). Esta decisión afectará a más de 1 600 puestos de trabajo directos, así como a otros muchos indirectos tratándose además de una empresa industrial de carácter estratégico en la Bahía de Cádiz. Esta comunicación supone un incumplimiento de los acuerdos suscritos por Delphi con las autoridades locales y los representantes de los trabajadores, así como un incumplimiento de la legislación laboral española. Existe un Plan Industrial firmado en el año 2005, en el que Delphi se compromete a mantener tanto la actividad industrial como los puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Ya que es necesario modernizar la economía europea proponiendo soluciones duraderas basadas en políticas macroeconómicas sanas, que permitan garantizar el modelo social europeo, tiene previsto la Comisión algún tipo de actuaciones que defiendan a los trabajadores de la empresa Delphi?

Teniendo en cuenta que las medidas propuestas en el programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa se proponen unas medidas específicas que se refieren a diferentes objetivos principales como atraer más inversiones y facilitar el trabajo, así como crear más y mejor calidad de empleo, ¿va a permitir la Comisión el abandono de 1 600 puestos de trabajo directos y 2 500 indirectos por la decisión de Delphi de cerrar la empresa?

Andalucía (España) está viviendo una grave situación por el anuncio de cierre de la empresa Delphi Automotive España SL, situada en Puerto Real (Cádiz), empresa que a lo largo de su vida en la zona, 26 años, viene recibiendo sucesivas ayudas e incentivos para el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo.

Esta comunicación de cierre realizada por Delphi no sólo supone un incumplimiento de la legislación laboral española, sino además el incumplimiento de los acuerdos suscritos por Delphi con el Gobierno Regional de Andalucía y los representantes de los trabajadores, en tanto existe un Plan Industrial firmado en el año 2005, en el que Delphi se compromete a mantener tanto la actividad industrial como el empleo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Ante una posible deslocalización de la citada empresa y considerando la estrategia de apoyo a la industria europea y el informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre «las deslocalizaciones en el contexto regional», en el que se subrayan la necesidad de una estrategia europea de lucha contra las deslocalizaciones, así como las sanciones correspondientes a las empresas que lo incumplan,

¿Tiene previsto la Comisión algún tipo de actuación para evitar el cierre de Delphi, en apoyo del mantenimiento de la actividad industrial y del empleo en la zona?

(FR) La Comisión es consciente de que una reestructuración puede tener consecuencias negativas para los trabajadores afectados, sus familias y su región. Sin embargo, no compete a la Comisión interferir en la toma de decisiones de las empresas, excepto en caso de violación del Derecho comunitario.

En este contexto, cabe recordar que el marco comunitario prevé numerosas disposiciones relativas a la justificación y a la gestión adecuada de las reestructuraciones, en particular la Directiva 98/59/CE relativa a los despidos colectivos , la Directiva 2001/23/CE relativa a los traspasos de empresas , la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo , la Directiva 2002/74/CE sobre la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario y la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores .

El Comisario responsable de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades se reunió los días 21 y 22 de marzo de 2007 con representantes de la provincia de Cádiz y de la región andaluza. En dicha reunión, el Comisario indicó que la Comisión está dispuesta a ayudar a las autoridades nacionales competentes a verificar el respeto de las normas comunitarias y tiene la intención de enviar a la empresa Delphi una carta para recordarle su obligación de respetar la legislación comunitaria vigente. Por último, el Comisario responsable de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades alentó a las autoridades andaluzas a utilizar los Fondos Estructurales y, en particular, el Fondo Social Europeo, para reforzar las inversiones en capital humano y mejorar la anticipación y la adaptación a los cambios.

En el marco de la empresa socialmente responsable se toman iniciativas para establecer relaciones comerciales más «justas» y más «sostenibles» con los países en desarrollo. Podemos citar fundamentalmente a la organización FLO, que tiene como objetivo mejorar la situación de los productores garantizando unos precios mínimos. Iniciativas recientes como Utz Kapeh y Rainforest Alliance intentan fomentar la sostenibilidad en un contexto de mercado libre. En el sector del café, la iniciativa 4C (Código común para la comunidad del café), que agrupa a múltiples socios y puesta en marcha por impulso de la GTZ (cooperación técnica alemana), se esfuerza por favorecer la sostenibilidad en el sector «ordinario» del café.

¿Ha realizado la Comisión un análisis de rentabilidad de la ayuda financiera abonada a estos proyectos? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles han sido sus principales resultados?

Además de las subvenciones otorgadas a organizaciones, ¿ha aportado también la Comisión ayuda financiera a proyectos que se llevan a cabo en los países en desarrollo y destinados a fomentar el comercio justo/sostenible?

¿Puede indicar la Comisión si tiene la intención de examinar, en su política de subvenciones, las nuevas iniciativas, como Utz Kapeh, Rainforest Alliance y 4C, de la misma manera que las iniciativas «antiguas»?

(EN) La Comisión no ha realizado un análisis de costes y beneficios de la asistencia financiera que ha prestado a proyectos destinados a lograr la sostenibilidad en un mercado libre.

Los proyectos de Comercio Justo se financian a través de la intervención de organizaciones no gubernamentales (ONG). Varias ONG dedicadas al Comercio Justo han recibido cofinanciación en los últimos años. La mayor parte de estos proyectos es financiada por la línea presupuestaria «Cofinanciación de ONG europeas» que gestiona EuropeAid. No obstante, unos cuantos proyectos son financiados con cargo al presupuesto de la DG de Comercio. En cuanto a las demás fuentes de financiación, estas resultan difíciles identificar como tales, ya que no existen proyectos dedicados exclusivamente al Comercio Justo. Así, por ejemplo, no existe información específica sobre la ayuda al Comercio Justo de los «programas principales», como los programas indicativos nacionales y regionales. Pueden concederse algunos recursos en el marco del desarrollo rural o la agricultura. Es posible que existan componentes de Comercio Justo en proyectos de mayor envergadura, pero estos no se identifican por separado, por lo que no pueden conocerse. Se han puesto en marcha trabajos para ampliar el sistema de información a fin de permitir obtener información sobre los proyectos de Comercio Justo.

Al prestar asistencia a nuevas iniciativas, la Comisión no aplica una política distinta a la que ha seguido para prestar asistencia a iniciativas ya existentes.

¿Podría indicar la Comisión si, de acuerdo con su interpretación, un Estado miembro puede vender libremente, tanto en el mercado interior de la UE como a compradores de fuera de la UE el uranio extraído en su territorio sin infringir las disposiciones del Tratado Euratom?

(EN) Las ventas de uranio extraído en la Comunidad se rigen por lo dispuesto en el Capítulo VI del Tratado Euratom. Todos los contratos de compraventa de materiales nucleares deben estar firmados igualmente por la Agencia de Abastecimiento de Euratom (creada mediante el artículo 52 del Tratado Euratom) en caso de que una de las partes del contrato esté establecida en la Comunidad.

El Tratado Euratom establecía en un principio que los productores de materiales nucleares de la Comunidad ofrecerían su producción a la Agencia de Abastecimiento de Euratom, la cual distribuiría a continuación dichos materiales entre los consumidores europeos. Sin embargo, el Reglamento de la Agencia de Abastecimiento de la Comunidad Europea de la Energía Atómica⁽¹⁾, en su versión modificada⁽²⁾ −por el que se determinan las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales− establece que los productores y usuarios de materiales nucleares pueden negociar libremente sus contratos comerciales. Dichos contratos, sin embargo, deben presentarse a la Agencia d Abastecimiento de Euratom para su firma.

La Agencia de Abastecimiento de Euratom verifica que los contratos no son contrarios al Tratado Euratom, su legislación derivada, las obligaciones internacionales de la Comunidad o su política de abastecimiento. Las ventas de uranio extraído en la Comunidad a un usuario legítimo establecido igualmente en la Comunidad normalmente no dan lugar a problemas, siempre que se cumplan las obligaciones legales. Sin embargo, las ventas de uranio extraído en la Comunidad a un usuario establecido fuera de la Comunidad requieren, en virtud del artículo 59 del Tratado Euratom, no solo la firma de la Agencia de Abastecimiento de Euratom, sino también un permiso de exportación expedido por la Comisión Europea. Con esta disposición se pretende que los usuarios comunitarios tengan prioridad sobre la producción comunitaria en caso de que se produzca una escasez de materiales. Al examinar el permiso de exportación, la Comisión tiene en consideración, aparte de la situación del mercado el país de destino y el uso previsto de los materiales.

Además, las transacciones en que intervienen materiales nucleares deben cumplir igualmente las salvaguardias contempladas en el Capítulo VII del Tratado Euratom, y su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones por parte de la Comisión.

El Tratado de Ámsterdam, en la Declaración 38, reconoce la importante contribución del voluntariado y se compromete a fomentar su dimensión europea. Las asociaciones internacionales Rotary y Lions están reconocidas por la ONU, en la que disponen de un representante permanente; se trata de asociaciones sin fines lucrativos que se financian con las cotizaciones de los socios; operan en todo el mundo y complementan las actividades de las instituciones. En Italia, en la provincia de Imperia, el Mando Provincial de la Guardia di Finanza se ha apropiado de la lista de los socios de Rotary para fines que quizá tengan que ver con el registro de contribuyentes.

¿Tiene la Comisión la intención de averiguar los motivos de la iniciativa y de adoptar las medidas apropiadas no solamente para poner fin de inmediato a estos episodios sino también para que en la Unión se fomente un reconocimiento más decidido y constructivo de estas asociaciones, según preconiza la Declaración aneja al Tratado de Ámsterdam?

(EN) El procesamiento de los datos personales de sus miembros por parte de las asociaciones voluntarias entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE⁽¹⁾. Las autoridades públicas solo pueden acceder a los datos procesados en las condiciones contempladas en esta Directiva (artículo 13). Por consiguiente, la Comisión sugiere como primer paso que su Señoría se ponga en contacto con la Autoridad italiana encargada de la protección de datos⁽²⁾, que es competente para investigar este asunto y adoptar las medidas necesarias.

El ámbito de aplicación y el contenido de la Declaración 38, en la que se pide a la Comunidad que fomente la dimensión europea de las organizaciones de voluntarios, no guarda relación alguna con las prácticas de las autoridades italianas que menciona su Señoría.

No obstante, cabe señalar que la Comunicación de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa de 1997 subraya la importante función que cumple el voluntariado.

La Comisión fomenta también la dimensión europea de las organizaciones de voluntarios contemplada en la Declaración 38 a través del intercambio de información y buenas prácticas que llevan a cabo varios programas de acción comunitarios, como por ejemplo, los programas «Europa con los ciudadanos» y «La juventud en acción».

En la empresa británica Bernard Matthews, una de las empresas de Norfolk (Reino Unido) afectada por el virus de la gripe aviar, ya se ha empezado a despedir a trabajadores portugueses, algunos se encuentran en paro técnico y otros 400 o 500 trabajadores corren el riesgo de encontrarse en la misma situación de desempleo.

Habida cuenta de que en las granjas de cría de aves de Bernard Matthews trabajan centenares de portugueses, ¿puede informar la Comisión de las medidas que se habían adoptado para que no hubiera repercusiones negativas en el empleo de los trabajadores de dichas granjas? ¿Qué medidas están adoptándose para garantizar los derechos de los trabajadores portugueses, especialmente en los ámbitos de la prevención, de la salud y del empleo con derechos?

(EN) La Comisión es consciente de las consecuencias que este brote puede tener sobre los trabajadores afectados, sus familias y la región. Además de las indemnizaciones económicas públicas, la empresa puede recibir compensación por lucro cesante; los programas financiados por la UE pueden utilizarse para ayudar a los trabajadores que puedan ser o hayan sido despedidos, en particular los trabajadores migrantes de Bulgaria, Polonia, Portugal y España, y a las empresas que deban cerrar, reducir su tamaño o reestructurarse.

La Comisión entiende que, tras la caída de las ventas, el 20 de febrero de 2007 fueron suspendidos de empleo durante un período de 20 días, y 40 más el 27 de febrero de 2007. Las personas que han trabajado de forma continua durante al menos un mes recibirán por ley cinco días de sueldo con un límite máximo de 18,90 libras diarias. Además, la empresa Bernhard Matthews ha acordado con el Sindicato de Trabajadores Generales y del Transporte conceder un pago único de 100 libras a cada trabajador, al tiempo que prosiguen las conversaciones entre la empresa y los sindicatos. La Comisión desea recordar igualmente que las empresas deben cumplir la legislación británica por la que se transpone la legislación comunitaria en materia de despidos colectivos⁽¹⁾ y la relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia⁽²⁾.

Además de las normas generales en materia de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, que comprenden la Directiva 2000/54 relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo⁽³⁾, se han adoptado medidas específicas para hacer frente a este brote. El Consejo del Condado de Norfolk ha difundido un cartel con un «aviso sobre la gripe aviar» en inglés, polaco y portugués⁽⁴⁾. Se ha facilitado información sobre la situación y las consecuencias del brote del virus H5N1 en Bernhard Matthews en Norfolk en 2007 y sobre los derechos de los trabajadores en sitios web de la Administración pública y de los sindicatos, así como en líneas telefónicas de ayuda⁽⁵⁾. El Ministerio del Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Department of Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA) ha publicado consejos para la protección de los trabajadores⁽⁶⁾ en los que recuerda a las empresas que tienen la obligación legal de proteger a sus trabajadores contra riesgos para su salud y de evaluar correctamente dichos riesgos. Durante un brote, el DEFRA adopta todas las medidas necesarias para suministrar a los trabajadores los medicamentos y equipos necesarios.

Por último, la Comisión remite a su Señoría a su respuesta a la pregunta parlamentaria H-0106/07 formulada por el señor Hasse Ferreira⁽⁷⁾ sobre este mismo tema.

En los medios de comunicación se está debatiendo en qué medida ya se ha decidido en detalle el trazado del gaseoducto ruso-alemán. Se afirma que la Decisión 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, ya ha establecido el trazado de este gaseoducto.

En este contexto, ¿podría la Comisión indicar si considera que el trazado del gaseoducto ruso-alemán ha sido ya establecido en virtud de la mencionada Decisión? Por otra parte, ¿considera la Comisión que el trazado del gaseoducto es enteramente marítimo? ¿No podría el gaseoducto ser también terrestre, de manera que pudiera establecerse como proyecto RTE-E?

(EN) Las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E) forman parte integrante de los objetivos generales de la política energética de la Unión Europea destinada, entre otras cosas, a reforzar la seguridad de abastecimiento, aumentar la competitividad y proteger el medio ambiente. La construcción de un nuevo gasoducto para suministrar gas ruso al Reino Unido y el norte de Europa Central –que incluye Alemania, Polonia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos y Bélgica– forma parte del eje prioritario NG1⁽¹⁾ de las RTE-E, y las Orientaciones revisadas para las redes transeuropeas en el sector de la energía⁽²⁾ que menciona su Señoría han incluido su construcción entre los diez proyectos de interés europeo.

La Comisión considera que las decisiones sobre inversiones, que incluye la elección de la ruta más favorable, ya sea submarina o en tierra, deben ser adoptadas por los inversores en función de sus propios intereses y consideraciones comerciales. Por lo tanto, la Comisión no expresa preferencia alguna por un proyecto determinado en este contexto. Para la participación comunitaria en el proyecto es indispensable el debido cumplimiento de la legislación medioambiental y un consenso político con todos los participantes. Se está llevando a cabo una evaluación de impacto medioambiental (EIM) con arreglo al Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo de la CEPE⁽³⁾ y se está transmitiendo información sobre el medio ambiente a las autoridades competentes de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Asimismo se está facilitando información a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. De conformidad con el Convenio se celebrarán consultas públicas sobre el Gasoducto del Norte de Europa con arreglo a la legislación nacional de los países participantes. Por último, HELCOM⁽⁴⁾ ha elaborado una serie de requisitos para la realización de las evaluaciones de impacto medioambiental que también deberán tenerse en cuenta.

La Comisión no ha recibido información sobre el estado en que se encuentra la decisión de los inversores sobre la ruta definitiva del Gasoducto del Norte de Europa (Nord Stream).

¿Estaría dispuesta la Comisión a presentar una propuesta para que el tipo de etiquetado «semáforo» de alimentos a la venta se convierta en obligatorio en toda la Unión?

(EN) El sistema de etiquetado de «semáforo» para los alimentos se refiere a los sistemas voluntarios para representar la composición nutricional de un alimento, sistemas que han sido introducidos por las Administraciones públicas o determinadas empresas.

Si el etiquetado se refiere al contenido nutritivo en general de un producto, deben tenerse en cuenta las disposiciones del Reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos⁽¹⁾ recientemente adoptado. Este Reglamento regula exclusivamente las declaraciones realizadas voluntariamente y se limita a la comunicación de propiedades nutricionales benéficas. La legislación no prevé la armonización del uso del sistema de «semáforo» en toda la Comunidad.

El sistema de «semáforo» se utiliza igualmente con elementos nutricionales individuales. En tal caso es posible que deba considerarse la Directiva relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas⁽²⁾.

La revisión de la legislación en materia de etiquetado nutricional reviste una alta prioridad para la Comisión. En 2006 se llevó a cabo una consulta pública, cuyos resultados están siendo examinados. La posible presentación de información sobre el contenido nutricional en la parte anterior del paquete, como los sistemas de semáforo, formará parte de las consideraciones para revisar esta legislación. Se prevé que la Comisión adoptará una propuesta a finales de 2007.

¿Qué esfuerzos va a realizar la Comisión para establecer vínculos entre las regiones de la UE y las del mundo en desarrollo, de modo que puedan compartir conocimientos y que las regiones en desarrollo se beneficien de nuestro saber?

(EN) Las autoridades locales de los Estados miembros de la UE y de países en desarrollo pueden recibir ayudas de los instrumentos comunitarios para el exterior, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Cabe señalar que la CE no establece distinción alguna entre los distintos niveles de gobierno subnacional y denomina «autoridades locales» a todos los niveles subnacionales de gobierno, por lo que las «regiones» quedan incluidas en este término. Ahora bien, el artículo 24 del ICD establece por primera vez una clara distinción entre países, municipios, provincias, departamentos y regiones.

En este contexto es posible establecer vínculos entre las regiones de la UE y regiones de países en vías de desarrollo por medio del intercambio de buenas prácticas y la participación de las regiones de la UE en la ejecución de programas y proyectos. Actualmente se llevan a cabo varias iniciativas, entre las que se encuentran, por ejemplo:

Urb-Al, un programa regional dirigido a las autoridades locales de América Latina y de los Estados miembros que ha financiado 188 proyectos y 13 redes. Aproximadamente 500 autoridades locales han participado en este programa. La CE está considerando la posibilidad de crear un nuevo programa en 2008 cuyos temas, gestión, métodos y presupuesto aún no se han decidido.

Asia Urbs, un programa regional en Asia que ha financiado 58 proyectos con un valor de 156 millones de euros. Asia Urbs se ha fusionado con el programa «Asia Wide» para dar lugar al programa «Asia Pro Eco» que se dedica al medio ambiente urbano y a la ecología con el mismo espíritu de cooperación entre las autoridades asiáticas y de la UE.

Además, el nuevo programa temático «Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo» (artículo 14 del ICD) está destinado al desarrollo de capacidades mediante la ayuda a las iniciativas «propias» de los agentes subvencionables de la UE y otros países asociados. En 2007 se destinaron aproximadamente 30 millones de euros a las autoridades locales en el marco de este programa. Sus actividades pueden consistir en ayudar a la coordinación, comunicación e intercambio de experiencias entre las autoridades locales europeas y de los países asociados.

La promoción de la cooperación entre las autoridades regionales y locales de la UE y de los países asociados es un importante objetivo de la Política Europea de Vecindad. Se ha prestado especial atención a la cooperación transfronteriza. El recientemente adoptado Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) comprende un componente de cooperación transfronteriza que ha sido objeto de considerables mejoras. Este instrumento permitirá financiar proyectos conjuntos para fomentar el desarrollo sostenible, hacer frente a retos comunes, mejorar la gestión de las fronteras y promover los intercambios entre personas. Dicho componente contempla la creación de 15 programas de cooperación que abarcan las fronteras terrestres y marítimas entre la UE y sus países vecinos, y en los que participan sus respectivas regiones fronterizas. El presupuesto total para este componente será de 1 100 millones de euros repartidos en siete años.

Además, el IEVA financiará igualmente un pequeño programa de cooperación entre las autoridades locales y regionales de países asociados y de la UE que se basará en las experiencias de programas como el Programa Tacis de Asociación para el desarrollo institucional, el Programa Tacis de Hermanamiento de Ciudades, y la iniciativa MED-PACT del programa MEDA⁽¹⁾. De este modo, los agentes que no están situados en regiones fronterizas podrán cooperar entre sí.

Por último, las autoridades regionales y locales podrán recibir asistencia en el marco de programas nacionales y regionales, cuando sea preciso para alcanzar los objetivos de dichos programas.

El 26 de octubre de 2006, mediante una modificación del artículo 165 del Código penal, el Parlamento de Nicaragua aprobó una restricción de la normativa sobre el aborto. Por orden de Ferrrero-Waldner, Comisaria europea para relaciones exteriores, Francesca Mosa pidió al Presidente del Parlamento que suspendiera el procedimiento parlamentario. Marc Litvine, funcionario de la Comisión en Bruselas, declaró que, para la UE, la autorización del aborto se sitúa en el marco de la lucha contra la pobreza.

¿En qué fundamento jurídico basa la Sra. Ferrero-Waldner su amenaza de suspender la ayuda europea al desarrollo con el fin de imponer una modificación de la normativa sobre el aborto en un tercer país? ¿En qué se basa el Sr. Litvine para comunicar puntos de vista sobre el aborto como «embajador de la Comisión Europea»? ¿En qué medida son vinculantes, para las Instituciones de la UE, los Estados miembros y terceros países, los puntos de vista de un funcionario europeo?

(EN) La Comisión agradece la pregunta de su Señoría y desea subrayar que la información que menciona su Señoría no es exacta y no refleja en absoluto la posición de la Comisión ni de los representantes de esta. Ninguno de los funcionarios antes mencionados ha hecho declaraciones o expresado puntos de vista sobre el aborto.

La Comisión no adopta posiciones a favor o en contra del aborto, debido a que no existe legislación comunitaria en esa materia.

La Comisión tan solo ha expresado su preocupación por el cumplimiento, por parte de Nicaragua, de algunos de los compromisos internacionales de este país en el marco de algunos convenios fundamentales en materia de derechos humanos, en particular el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos (PIDCP) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), sobre todo en lo referente al derecho a la salud y al acceso a la atención médica.

La carta dirigida al Presidente del Parlamento de Nicaragua que se menciona en la pregunta es una carta común elaborada por el Representante de Naciones Unidas y firmada conjuntamente por los Jefes de Misión de todos los representantes de los Estados miembros (el Ministro de Desarrollo alemán envió una carta personal) y otros donantes bilaterales, así como todos los representantes residentes de organizaciones internacionales. En la carta únicamente se pide que se debata la tipificación del aborto terapéutico, nada más, y no puede interpretarse de modo alguno como una amenaza.

En su Comunicación de 10 de enero de 2007 , la Comisión anuncia una serie de medidas destinadas a reducir las emisiones de CO2, como la reducción de las emisiones de CO2 procedentes del transporte, el uso de energía renovable y el aumento de la eficiencia energética de los edificios. En las conclusiones de la Cumbre de primavera del pasado 9 de marzo, el Consejo Europeo pide a la Comisión que formule propuestas referentes a medidas más rigurosas para el ahorro energético de las lámparas en calles, oficinas y hogares. ¿Puede comunicar la Comisión su postura frente a una prohibición, a escala europea, de la bombilla eléctrica tradicional, sobre todo ahora que también los grandes fabricantes y el Consejo Europeo apoyarían tal medida? ¿Qué otras medidas y qué calendario prevé?

(EN) La Comisión es consciente del considerable ahorro de energía que podría lograrse en la iluminación de los hogares.

La Comisión examina, en virtud de la Directiva sobre requisitos de diseño ecológico⁽¹⁾, veinte grupos de productos (incluidos los de iluminación) a fin de mejorar su rendimiento medioambiental, prestando especial atención a su eficiencia energética. La Comisión podrá imponer en este contexto requisitos obligatorios a los productos que excluirían a los de menor rendimiento del mercado europeo. En el caso de la iluminación doméstica, los requisitos de eficiencia energética podrían implicar en la práctica la eliminación progresiva de las ineficientes bombillas incandescentes (sin que ello conlleve la prohibición de la totalidad de la tecnología de iluminación incandescente).

La mayoría de los estudios técnicos y económicos que se utilizarán para establecer los requisitos de diseño ecológico de 15 grupos de productos finalizarán en 2007, lo que permitirá a la Comisión adoptar medidas a partir de 2008. Se prevé que los primeros proyectos de medidas se publicarán a finales de 2007 para proceder a la consulta de las partes interesadas, y abarcarán el alumbrado público y de las oficinas. Los estudios para medidas posteriores se pondrán en marcha en las próximas semanas e incluirán uno sobre alumbrado doméstico que podría dar lugar a la adopción de medidas en 2009, que contemplarían, en su caso, la eliminación progresiva de las ineficientes bombillas incandescentes.

El estudio sobre el alumbrado doméstico examinará igualmente otras tecnologías para determinar si pueden ser alternativas válidas a las bombillas incandescentes convencionales, como las luces halógenas, las lámparas fluorescentes compactas y los LED⁽²⁾.

Ya se han adoptado algunas medidas en materia de eficiencia del alumbrado. La Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁽³⁾ establece requisitos de eficiencia energética para los reactores del alumbrado fluorescente. Desde 1998, una Directiva de la Comisión⁽⁴⁾ exige que en el embalaje de las bombillas domésticas figure una etiqueta energética en la que se señala a los consumidores que las bombillas incandescentes tienen un rendimiento muy bajo. Sin embargo, a pesar de haber tenido un gran éxito con otros productos, esta etiqueta no logró hacer que las bombillas económicas adquirieran una importante cuota de mercado. Al parecer esto se debe a la gran diferencia de precio para los consumidores, así como a consideraciones estéticas y de potencia.

La Comisión realizó en 2006 un estudio sobre «El consumo del alumbrado residencial y el ahorro potencial en la UE ampliada», que incluye una reseña exhaustiva de las políticas y programas actuales a nivel nacional en la mitad de los Estados miembros⁽⁵⁾. La gran mayoría de los Estados miembros han adoptado medidas, generalmente campañas de promoción dirigidas a las consumidores en las que participaron distintos agentes del mercado, para extender el uso de las bombillas fluorescentes compactas que ahorran energía en sustitución de las bombillas incandescentes convencionales.

En su comunicación sobre la reforma del sector del vino - COM(2006)0319 final -, la Comisión propone acabar con las ayudas a las destilaciones por considerar que «favorecen la producción de excedentes invendibles», sin diferenciar la destilación de crisis de la destilación de uso de boca, que tiene una verdadera salida al mercado y un coste significativamente menor para el presupuesto comunitario. Lejos de favorecer la aparición de excedentes, esa destilación da salida a 12 millones de hectolitros de vino al año, de los que más de la mitad son producidos en España. Su supresión tendría un efecto muy pernicioso para los usuarios tradicionales, como el Brandy y el vino de Jerez, que absorben algo más de tres millones de hectolitros de alcohol vínico. El aumento de costes para los fabricantes sería de 50 millones de euros anuales, por lo que muchos podrían decidir suministrarse en países terceros e incluso deslocalizar la producción. Ello provocaría la inmediata aparición de un verdadero excedente en el mercado y, a la postre, forzaría al abandono de las producciones de viñedos en muchas regiones españolas sin cultivos alternativos y con graves riesgos medioambientales.

De cara a la presentación del proyecto legislativo, ¿ha previsto la Comisión modificar su posición de partida respecto de la destilación de uso de boca?

¿Tiene intención de elaborar algún estudio que analice el impacto que tendría la supresión de esas ayudas?

(EN) En su Comunicación sobre la reforma del sector vinícola, la Comisión proponía que se retirara la ayuda financiera para destilar vino en alcohol potable. La razón de la propuesta es doble. En primer lugar, como sucede con todas las medidas de destilación que se benefician de subvenciones, tanto el descongestionamiento del mercado como el apoyo a la renta que ofrecen dichas medidas favorecen a largo plazo los excedentes de producción. En segundo lugar, una parte considerable de la destilación se produce con independencia de cualquier tipo de subvención.

La Comisión sigue estudiando todos los argumentos formulados por las partes interesadas, especialmente los que expuso el Parlamento en su Informe de propia iniciativa y en su Resolución de 15 de febrero de 2007. No se ha tomado todavía una decisión definitiva sobre la propuesta relativa a la reforma del mercado vinícola. No obstante, en el informe de acompañamiento sobre la evaluación del impacto de la propuesta que se elaborará próximamente se examinarán en profundidad los efectos de cada uno de los elementos constitutivos de la misma.

Recientemente, un tribunal de Frankfurt se negó a juzgar la denuncia por violencia doméstica (con riesgo de su vida) de una ciudadana alemana de origen marroquí que reside en Alemania en contra de su marido marroquí, en la que solicitaba la declaración de separación. El juez rechazó examinar la posibilidad de separación durante al menos un año en virtud del artículo 1565 del Código Civil. Señaló que, al ser los dos «litigantes» de origen marroquí, no se podía fundamentar la aplicación del artículo citado, pues el comportamiento del marido no era contrario a las prácticas coránicas.

¿Qué piensa la Comisión de esta violación en la práctica de los derechos fundamentales de un ciudadano de un Estado miembro de la UE, y sobre la falta de aplicación del Derecho y de la protección judicial sobre la base de la correspondiente legislación nacional y del acervo comunitario? ¿No opina también que es necesario examinar este caso con más detalle en el marco de los llamados procesos de integración de doble vía de los inmigrantes (respeto de los derechos de los inmigrantes, por una parte, y, por otra, respeto por parte de los inmigrantes de las normas y valores de los Estados miembros)?

En el último Informe Anual sobre inmigración e integración no se hace referencia a los temas relacionados con la violencia doméstica, los crímenes de honor, los matrimonios forzosos, ni, por tanto, a la discriminación que sufren las mujeres inmigrantes. ¿Piensa la Comisión examinar e incluir estos temas en la elaboración del próximo Informe anual?

(EN) La igualdad entre los géneros es un derecho fundamental y un valor común de la Unión Europea, por lo que no es posible aceptar jurisprudencia o prácticas que discriminen a la mujer. La Comisión ha asumido el compromiso de eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y de promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades. Por lo tanto, la igualdad entre los géneros es objeto de una activa promoción en las distintas políticas de la Comisión, incluida la lucha contra la violencia hacia mujeres, la inmigración y la integración.

La Comisión ha emprendido numerosas iniciativas para luchar contra la violencia hacia las mujeres desde diversas perspectivas, como los derechos humanos, el tráfico de seres humanos, la migración, la prevención de la delincuencia, la igualdad de género y la salud pública, empleando para ello diferentes políticas e instrumentos financieros. Un ejemplo de ello es Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010), en el que la erradicación de la violencia de género es uno de sus seis ámbitos prioritarios. El programa Daphne, creado en 1997, es otro elemento clave de la lucha de la Comisión contra la violencia dirigida a las mujeres. Este programa presta ayuda a proyectos destinados a hacer frente a todas las formas de violencia a través de la prevención, protección, ayuda y rehabilitación. El programa Daphne se reforzará en el futuro para permitir que la Comisión redoble su lucha contra la violencia.

Su Señoría desea saber la opinión de la Comisión sobre un procedimiento judicial en el que un juez alemán parece haber interpretado la legislación alemana en materia de divorcio a la luz de determinados pasajes del Corán. Sin embargo, la Comisión debe señalar a su Señoría que no puede intervenir en los procedimientos judiciales que tienen lugar en los Estados miembros en los que no sea aplicable el derecho comunitario.

Esto viene a demostrar la necesidad de adoptar normas claras sobre la legislación aplicable al divorcio, ámbito en el que la inexistencia de normas comunes provoca inseguridad jurídica y el riesgo de que las «parejas internacionales» que cada año se divorcian en la UE busquen para ello la jurisdicción más favorable. Para remediar estas carencias, la Comisión adoptó el 17 de julio de 2006 una propuesta que actualmente es objeto de negociaciones. Esta propuesta no armoniza las legislaciones nacionales sobre el divorcio, que siguen siendo diversas por motivos culturales e históricos, pero establece normas comunes para determinar la legislación aplicable en materia de divorcio y separación legal. El principal objetivo de la propuesta es dar seguridad jurídica y permitirá que las parejas sepan de antemano que legislación se aplicará a su procedimiento de divorcio. Limita la posibilidad de los cónyuges para elegir la legislación aplicable mediante la aplicación de una serie de garantías procesales a fin de lograr que ambos cónyuges conozcan las consecuencias de su elección. Si los cónyuges no hiciesen dicha elección, la legislación aplicable se determinaría mediante una norma común basada en primer lugar en su lugar de residencia habitual. Por consiguiente, una pareja que viva en Alemania estaría sujeta a la legislación de divorcio alemana, a menos que hayan elegido otra legislación. A fin de evitar situaciones como la que describe su Señoría, la Comisión ha incluido una cláusula de orden público en su propuesta. Esta disposición permite que los tribunales se nieguen a aplicar la legislación extranjera, ya sea parcial o totalmente, si dicha aplicación resulta manifiestamente contraria al orden público del Estado en que tiene lugar el procedimiento de divorcio. Los tribunales de un Estado miembro podrían invocar esta cláusula si consideran que la aplicación de un Derecho determinado, por ejemplo, una legislación inspirada en la sharia, va en contra del orden público. La Comisión considera que estas cláusulas de orden público, que se emplean tradicionalmente en los instrumentos de derecho internacional privado, constituyen instrumentos adecuados para hacer frente a situaciones de este tipo.

En relación con la pregunta de su Señoría sobre el carácter bidireccional de la integración, la Comisión desea dejar claro que este concepto fue avanzado por el Consejo en noviembre de 2004 en el marco de los Principios básicos comunes de integración. La Comisión desarrolló esta idea en su Programa Común para la Integración, publicado en septiembre de 2005. El primer Principio básico común señala que la integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros.

Por último, la Comisión publica los Informes Anuales sobre Migración e Integración en respuesta a la invitación del Consejo Europeo de Salónica de 2003 para que presentara «un informe anual sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política de inmigración común». La Comisión publicó su primer Informe Anual en 2004, el segundo en 2006 y la publicación del tercer Informe Anual sobre Migración e Integración está prevista para el segundo semestre de 2007. El próximo informe, al igual que el precedente, se basará en buena medida en las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario de la Comisión sobre diversos aspectos de las políticas de integración y su desarrollo, entre ellos la igualdad de derechos, los valores comunes, la lucha contra la discriminación, la posición de las mujeres, etc. Este método permitirá a la Comisión levantar un inventario de la evolución reciente de las políticas y programas de integración.

Desde hace un año y medio las exportaciones polacas de productos alimenticios, entre ellos la carne, destinadas al mercado ruso, están sujetas a embargo. Las pérdidas sufridas por los productores de Polonia ascienden a cientos de millones de euros. Además, la imposibilidad de acceder al mercado ruso de la carne ha llevado, dentro del país, a una disminución importante del precio de compra del porcino, lo que, a su vez, ocasiona dificultades financieras a miles de explotaciones agrícolas polacas.

El pasado 30 de marzo la Comisión Europea presentó a Rusia un informe en el que responde a todas las reservas formuladas por las autoridades rusas respecto de la exportación de carne polaca hacia el mercado ruso y en el que afirma que, sobre la base de dicha información, Rusia debe poner fin al embargo. Lamentablemente, tras analizar el informe durante sólo dos días, Rusia ha considerado que la información recibida era insuficiente y piensa pedir a la Comisión una nueva inspección de las empresas polacas productoras de carne.

La evolución de este expediente a lo largo de los últimos meses demuestra claramente que el embargo impuesto por Rusia a los productos alimenticios tiene un carácter meramente político. En consecuencia, ¿piensa la Comisión mantener su posición e instar a Rusia a que ponga fin a este diferendo con Polonia en el marco de las negociaciones relativas a la entrada de Rusia en la Organización Mundial de Comercio?

(EN) La Comisión concede una enorme importancia a que se levante la prohibición de la exportación de carne y productos vegetales polacos a Rusia. Los Comisarios de Salud y Comercio se lo han comunicado claramente en varias ocasiones sus interlocutores rusos. La Comisión sigue manteniendo que la prohibición de la exportación de carne y productos vegetales polacos a Rusia es desproporcionad y, por consiguiente, debe ser abolida de inmediato.

En la reunión entre el Comisario encargado de la Salud y el señor Gordeyev, Ministro de Agricultura ruso, en enero de 2007, Rusia y la UE se comprometieron a adoptar una serie de medidas, entrando así en un proceso para el levantamiento de esta prohibición. Como parte de dicho proceso, Rusia procedió a una serie de inspecciones en Polonia en el mes de febrero de 2007. La Comisión, junto con las autoridades polacas, acompañaron en dicha ocasión a los inspectores rusos. Asimismo elaboraron una respuesta exhaustiva a los comentarios de la parte rusa sobre las inspecciones. Esta respuesta fue remitida a Rusia el 29 de marzo de 2007. En su respuesta de 11 de abril de 2007 sobre cuestiones veterinarias, las autoridades rusas reconocieron las medidas adoptadas por Polonia para resolver los problemas surgidos a raíz de la inspección veterinaria rusa. Asimismo formularon algunas preguntas complementarias, a las que la Comisión respondió en estrecha colaboración con las autoridades polacas. Por último, las autoridades rusas se ofrecieron a realizar una serie de nuevas inspecciones conjuntas como paso previo para levantar la prohibición de la importación de productos cárnicos. Todavía se está a la espera de recibir la respuesta rusa acerca de las cuestiones fitosanitarias.

Asimismo, la Comisión sigue desplegando esfuerzos a nivel político. Tras las conversaciones al más alto nivel entre la Comisión, la Presidencia de la UE y Polonia celebradas el 3 abril de 2007, Polonia emitió una señal positiva al retirar su reserva sobre las directrices de negociación para el nuevo acuerdo marco entre la UE y Rusia, medida que fue bien acogida por la Comisión. Tras de ello, la Comisión continuó sus esfuerzos para el levantamiento de las prohibiciones y para llegar a un acuerdo para iniciar las negociaciones para el nuevo acuerdo.

En vista de ello, el Comisario de Salud se reunió con el Ministro de Agricultura ruso, señor Gordeyev los días 21 y 22 de abril de 2007 para iniciar una nueva ronda de negociaciones sobre la prohibición de las exportaciones polacas de carne y vegetales. Desgraciadamente, estas negociaciones no arrojaron el resultado deseado, ya que la parte rusa no se mostró dispuesta a levantar dicha prohibición. Ambas partes acordaron seguir trabajando para encontrar una solución.

Esta cuestión forma igualmente parte de las conversaciones en materia sanitaria y fitosanitaria que tienen lugar en el marco de las negociaciones de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es evidente que si no se llega a una solución o paquete satisfactorio sobre este tema, este hecho repercutiría sobre la adhesión de Rusia a la OMC.

¿Puede la Comisión Europea informar de la ayuda financiera concedida por la Unión Europea al pueblo palestino en 2006 y, con carácter indicativo, del nivel probable de la ayuda financiera que concederá la Unión Europea al pueblo palestino en 2007?

(EN) La Unión Europea (la CE y los Estados miembros) prestaron ayudas al pueblo palestino por un valor de casi 700 millones de euros en 2006, de los cuales 340 millones procedían del presupuesto comunitario. En vista de las condiciones existentes durante 2006, la mayoría de estas ayudas se destinaron a acciones de emergencia y humanitarias para paliar el sufrimiento del pueblo palestino tras la crisis socioeconómica. La ayuda se destinó ante todo a acciones humanitarias para los refugiados palestinos a través del OOPS⁽¹⁾, y a través del Mecanismo Internacional Temporal (MIT). El MIT, creado por los Estados miembros y la Comisión, ha venido prestando ayuda para mantener la prestación de los servicios públicos esenciales a la población palestina y para pagar subsidios sociales a las personas vulnerables y pobres.

Todavía es demasiado pronto para estimar con mayor precisión la asistencia que prestarán los Estados miembros a los palestinos en 2007. Esta cantidad comprende 43 millones de euros para acciones humanitarias y 28 millones para alimentos y seguridad alimentaria. A medida que evolucione la situación política y económica se podrán adoptar nuevas decisiones tomando en cuenta las necesidades.

¿Puede hacer la Comisión europea una declaración en la que especifique las medidas que se han introducido a escala de la UE hasta la fecha para reducir y eliminar los costes de itinerancia dentro de la Unión Europea? ¿Puede describir la Comisión el éxito u otros resultados de tales medidas por lo que respecta al logro de su objetivo de reducir el coste de la utilización de los teléfonos móviles para los consumidores de la UE?

(EN) La Comisión adoptó el 12 de julio de 2006 una propuesta de Reglamento del Parlamento y el Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad. Esta propuesta, mediante la que se pretende reducir considerablemente el precio que los consumidores deben pagar por usar su teléfono móvil en el extranjero, fue presentada al Parlamento y al Consejo el 20 de julio de 2006.

Las comisiones parlamentarias celebraron las votaciones sobre esta propuesta en los meses de marzo y abril. La votación en la Comisión ECON⁽¹⁾ tuvo lugar el 21 de marzo de 2007, mientras que la votación en las Comisiones IMCO⁽²⁾ y CULT⁽³⁾ se celebró un día después. La Comisión ITRE⁽⁴⁾celebró su votación y emitió su dictamen el 12 de abril de 2007. Está previsto que el Parlamento celebre la votación sobre esta propuesta en el período parcial de sesiones del mes de mayo y el Consejo examinará esta medida el 7 de junio de 2007.

La Comisión seguirá con mucha atención los resultados de este Reglamento cuando este entre en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el mismo.

¿Podría la Comisión Europea realizar una declaración sobre la situación exacta de una de zona especial de conservación situada en Crosswood Bog (Athlone), en el Condado irlandés de Westmeath? Esta zona especial de conservación tiene el número SAC 002337. ¿Se aplica a esta turbera una excepción hasta 2008, o es hasta 2015? Se trata de un tema sumamente sensible para la comunidad local, que quiere saber hasta cuándo estará autorizada a extraer turba de esta turbera.

(EN) La Comisión puede confirmar que Irlanda ha propuesto la zona denominada Crosswood Bog para su protección en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres⁽¹⁾. La conservación de este sitio reviste importancia europea porque en él existe una turbera alta activa, que es un hábitat prioritario con arreglo a esta Directiva.

El sitio figura en la lista de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica atlántica, adoptada mediante la Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004⁽²⁾. Por ello es objeto de las medidas de protección que se definen en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. Por ello, Irlanda debe adoptar las medidas necesarias para el evitar el deterioro de este hábitat de turbera alta.

En el marco de las obligaciones previstas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la responsabilidad de la protección y gestión de Crosswood Bog corresponde a las autoridades irlandesas, las cuales deben adoptar las medidas de conservación necesarias para el lugar. Irlanda no ha solicitado una excepción de las obligaciones de protección contempladas en la Directiva, ni la Comisión se la ha concedido.

Para la Comisión sería motivo de preocupación si se produjera una extracción incontrolada de turba en este lugar, ya que esta es una de las principales actividades que puede provocar daños a este hábitat. En particular una extracción comercial a gran escala de turba que, junto con los trabajos de drenaje necesarios para ello, puede provocar graves trastornos al funcionamiento hidrológico y ecológico de la turbera.

Sin embargo, compete a las autoridades irlandesas adoptar medidas de conformidad con la Directiva sobre las propuestas y actividades de extracción de turba a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación general de evitar el deterioro de la turbera alta activa de Crosswood Bog.

La reducción de las tripulaciones y el reparto de múltiples funciones entre la tripulación, entre ellas la carga y descarga, el aumento de la jornada de trabajo a 12 o 14 horas en condiciones difíciles hacen que el trabajo de los marinos sea duro, insalubre y peligroso. La propuesta de la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros de la UE a la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la expedición de certificados de aptitud para los marinos que ejercen múltiples funciones, con un título y cualificación únicos para los capitanes, los mecánicos y los trabajadores de otras especialidades, titulada «Comprehensive Review of the STCW Convention and the STCW Code», STW 38/2/4-14/11/2006, desvaloriza la formación náutica, endurece el trabajo de los marinos, multiplica los peligros para su seguridad y su vida y tiene repercusiones negativas sobre el medio ambiente. El naufragio del buque Sea Diamond el 5 de abril de 2007 en Santorini, la varada del Napoli frente a las costas del Reino Unido, la colisión entre el mercante Susan Borchard y el hidroplano Segesta Jet en Messina (Italia), y otros incidentes no hacen más que confirmar esta opinión.

¿Cuál es la posición de la Comisión sobre el los cambios en la composición de las tripulaciones y del tiempo de trabajo de los marinos, en relación con las necesidades reales de los buques? Teniendo en cuenta la oposición de los sindicatos de marinos, ¿piensa la Comisión pedir, de común acuerdo con los Gobiernos de los Estados miembros, la retirada de la mencionada propuesta a la OMI? ¿Es posible que se sigan aplicando normas peligrosas a la construcción de buques de transporte de pasajeros, de cabotaje y de turismo, en los que se amontonan miles de pasajeros sin las infraestructuras necesarias para el desembarque en total seguridad en caso de peligro o de abandono

(FR) El Consejo toma nota de la preocupación que manifiesta su Señoría respecto al horario de trabajo de las tripulaciones, pero quisiera destacar que la Comunidad cuenta desde hace ocho años con una legislación específica sobre la duración del horario de trabajo de la gente de mar⁽¹⁾ y ha adoptado medidas concretas para el seguimiento de dicha legislación en los puertos europeos⁽²⁾.

La Directiva relativa a la gente de mar, por ejemplo, establece que el horario normal de trabajo es, en principio, de ocho horas diarias, aunque se permite un número máximo de horas de trabajo (que no debe superar 14 horas en cada período de 24 horas). La Directiva especifica asimismo que a la hora de determinar la tripulación del buque debe tenerse en cuenta la necesidad de evitar o limitar en la medida de lo posible horarios de trabajo excesivos. Las empresas deben mantener un registro del horario diario de trabajo de la gente de mar a fin de dar cumplimiento a estas disposiciones.

La responsabilidad del seguimiento del estricto cumplimiento de estas normas corresponde, como es obvio, a los Estados miembros.

En relación con las condiciones de trabajo de la gente de mar en general, la Comisión concede una gran importancia a la pronta ratificación y aplicación de la Convención consolidada sobre normas marítimas de trabajo de la OIT⁽³⁾, incluso en Europa, por medio de un acuerdo entre los interlocutores sociales, acuerdo que se encuentra en fase de negociación.

En cuanto a la revisión del Convenio STCW⁽⁴⁾ emprendido por la Organización Marítima Internacional (OMI) y a la propuesta conjunta presentada por los Estados miembros y la Comisión en este contexto, habría que explicar que la única finalidad de esta propuesta, en esta fase de los trabajos, es proponer temas que podrían incluirse en dicha revisión. Entre los temas que podrían examinarse en este contexto se encuentra la posibilidad de distribuir mejor las tareas de navegación y las tareas de carácter más administrativo entre los miembros de la tripulación. Aún no se ha adoptado una posición a este respecto.

La Comisión no está de acuerdo con la afirmación de su Señoría en el sentido de que las normas internacionales que rigen actualmente la construcción de buques de pasajeros son peligrosas. En todo caso, la Comisión sigue muy de cerca las conversaciones en curso en la OMI sobre el desarrollo de estas normas.

El Parlamento Europeo ha obtenido un derecho de control reforzado en lo que respecta a la aplicación del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y está dispuesto a desempeñar un papel activo en la ejecución de la ayuda exterior de la Comunidad.

¿Cuándo se van a comunicar al Parlamento Europeo los proyectos de programas de acción anuales de la asistencia comunitaria a los países que pueden acogerse al IEVA?

La Comisión está preparando actualmente un documento oficioso sobre el mecanismo de ayuda a la gobernanza. ¿Cómo se propone la Comisión garantizar que el mecanismo de ayuda a la gobernanza recompense los progresos realizados en el ámbito de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las reformas democráticas, y no la celebración de acuerdos de libre comercio y de readmisión?

La Comisión también está preparando un documento oficioso sobre el Fondo de Inversión de Vecindad que debería estar terminado a mediados de abril. ¿Puede garantizar la Comisión que se aplicarán a los proyectos financiados con cargo al Fondo de Inversión de Vecindad las normas medioambientales y sociales de la UE?

(EN) La Comisión y el Parlamento se reunieron en diciembre de 2006 para proceder a un intercambio de puntos de vista sobre los proyectos de documentos estratégicos nacionales y regionales. La Comisión recibió las observaciones del Parlamento y las tendrá debidamente en cuenta a la hora de conceder estas ayudas.

Si bien esta medida tiene por finalidad cumplir el compromiso de la Comisión (contemplado en el acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y gestión financiera) de entablar un diálogo sobre los documentos estratégicos, los intercambios de puntos de vista entre el Parlamento y la Comisión proseguirán por los canales establecidos. La Comisión enviará automáticamente al Parlamento, a través del Registro de Comitología, los Programas anuales de acción al mismo tiempo que se remitan al Comité del IEVA⁽¹⁾ para que este emita su dictamen Estos documentos se encuentran en fase de elaboración y estarán disponibles en los próximos meses.

El Instrumento de Gobernanza facilitará asistencia complementaria a aquellos países asociados que hayan realizado los mayores avances en la aplicación del programa de reformas acordado en el Plan de acción. La evaluación examinará especialmente la gobernanza política y, en particular, la aplicación del capítulo «Diálogo político mejorado y reforma» del Plan de acción. Asimismo se tomarán en consideración los avances en otros aspectos relacionados con la gobernanza de los Planes de Acción.

El Fondo de Inversión de Vecindad (FIV) tiene por finalidad ayudar a las inversiones de las instituciones financieras de desarrollo, como el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo). De conformidad con el Reglamento por el que se crea el IEVA, la Comisión procurará que los proyectos de inversión que reciban ayudas del FIV cumplan las normas medioambientales y sean coherentes con las políticas comunitarias, en particular en el ámbito medioambiental y social. Además, estas dos instituciones son signatarias de los Principios Europeos para el Medio Ambiente⁽²⁾.

Con el fin de llegar a una transacción para un arreglo en segunda lectura sobre Reach, las tres instituciones acordaron el texto de una declaración de la Comisión que cubría las enmiendas del PE sobre aditivos del tabaco. Estas enmiendas obtuvieron en un principio un amplio apoyo en la primera lectura del Parlamento y de nuevo en la votación para la segunda lectura en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, en el entendimiento de que el texto acordado formaría parte del acto legislativo. Sin embargo, en el texto publicado en el Diario Oficial (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1) no se hace referencia a esta declaración ni se ha publicado posteriormente el texto acordado.

¿Considera la Comisión esta declaración como un compromiso efectivo y vinculante? Si lo hace así, ¿por qué no ha sido publicada? Si no lo hace así, ¿puede explicar la Comisión la relevancia política de una declaración de estas características?

¿Efectuará la Agencia Europea de Sustancias Químicas pruebas sobre las sustancias químicas presentes en el humo del tabaco como parte de su procedimiento de autorización de la inclusión de aditivos químicos en los productos del tabaco?

(EN) La declaración de la Comisión sobre los aditivos del tabaco no forma parte del texto del Reglamento REACH⁽¹⁾. Junto con otras declaraciones sobre este Reglamento, esta consta en el acta de la reunión del Consejo de Medio Ambiente de 18 de diciembre de 2006 en la que se adoptó el Reglamento REACH⁽²⁾. La inclusión de dichas declaraciones en el acta de la reunión del Consejo es práctica habitual.

Si bien estas declaraciones no se publican en el Diario Oficial, están a disposición del público en el sitio web del Consejo: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st16/st16908-ad01.en06.pdf

(REACH figura en el punto 30, la declaración sobre el tabaco comienza en la página 16).

La Comisión cumple estrictamente los compromisos que asumió en esta declaración. Cabe recordar a este respecto que estos compromisos se refieren ante todo a los trabajos que deben llevarse a cabo en virtud de la Directiva sobre los productos del tabaco⁽³⁾, y al énfasis que se pone en la declaración sobre los efectos que tienen los contenidos y las emisiones de los productos del tabaco sobre la salud.

Por lo que respecta a REACH, la declaración subraya que los ingredientes se incluyen en el Reglamento REACH al igual que cualquier otra sustancia química y que algunos de los efectos de su combustión deben incluirse en las evaluaciones de seguridad de sustancias químicas que se requieran.

Con arreglo al Reglamento REACH, no corresponde a la Agencia en tanto que tal llevar a cabo pruebas, ya sea de las sustancias químicas presentes en el humo del tabaco o para cualquier otro fin. En cambio, es responsabilidad de la empresa interesada realizar las pruebas necesarias en el marco de los preparativos para su registro. La Agencia puede evaluar los datos de las pruebas y, de ser necesario, exigir que se realicen nuevas pruebas durante la fase de evaluación.

La empresa municipal de suministro y reciclado de aguas al área metropolitana de Volos ha procedido a una serie de despidos ilegales. La empresa contrató inicialmente a una serie de trabajadores, entre los cuales había dos sindicalistas, con contratos de trabajo de vencimiento indefinido, pero, posteriormente, despidió a los sindicalistas sin abonarles siquiera la indemnización de despido prevista por la ley. Estos despidos son ilegales y abusivos porque: a) infringen la Ley 1264/82, que otorga a los sindicalistas una protección especial contra el despido, b) no hay ninguna ilegalidad en participar en actividades sindicales, y c) no se puede notificar un despido a los miembros de la administración de una organización sindical.

¿Piensa la Comisión condenar el despido y la persecución de sindicalistas por las empresas, como un acto ilegal y antidemocrático? ¿Tiene intención de tomar medidas para asegurarse de que se readmite a los dos sindicalistas con todos los derechos y obligaciones previstos en las leyes laborales?

(EN) La Comisión desea recordar que la Comunidad Europea carece de competencias en materia de derecho de asociación.

Sin embargo, en su sentencia en el asunto Bosman, el Tribunal dictaminó que «el principio de libertad de asociación, consagrado por el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, forma parte de los derechos fundamentales que [...] están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario».

Además, el artículo 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece que todos tienen derecho a la libertad de asociación, en particular en el ámbito sindical. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores recoge una disposición similar (artículo 13)⁽¹⁾.

Sin embargo, la Comisión no tiene competencias para actuar contra las empresas que violen el derecho de asociación. Compete a las autoridades nacionales y en particular a los tribunales velar por el cumplimiento de las normas nacionales que rigen el derecho de asociación y los principios generales del derecho comunitario.

No existe legislación comunitaria en relación con los despidos individuales. No obstante, varias Directivas comunitarias contemplan la protección de los representantes de los trabajadores en determinados casos, en particular la Directiva 94/45/CE relativa a los comités de empresa europeos ⁽²⁾, la Directiva 2002/14/CE relativa a la información y a la consulta de los trabajadores⁽³⁾ y la Directiva 2001/23/CE sobre los traspasos de empresas⁽⁴⁾.

Está demostrado científicamente que el uso de tecnologías desfasadas en la red urbana (presencia de amianto en los trolebuses y los raíles, transformadores de alta tensión que contienen sustancias químicas como el clofeno) es causa de enfermedades como el cáncer, malformaciones, etc., lo que constituye un gran peligro para la salud de millones de trabajadores y pasajeros.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que se retiren y sustituyan de inmediato los equipos e infraestructuras anticuados y peligrosos de los centros urbanos, y, más en general, en el sector del transporte?

(EN) La salud pública es una de las principales prioridades de la UE y la Comisión es consciente del riesgo que representan diversos materiales peligrosos que se usaron para la construcción de medios (antiguos) de transporte público. Las autoridades públicas propietarias de estos tipos de equipos e infraestructuras de transporte deben renovarlos de conformidad con la normativa nacional aplicable.

La retirada y la sustitución de equipos e infraestructuras no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los productos de construcción⁽¹⁾. De hecho, el objetivo de esta Directiva es velar por que se facilite información correcta sobre la naturaleza de los productos, el uso o usos a los que se pueden destinar estos y las características relativas al rendimiento de los productos con miras a su comercialización. No contempla la sustitución de estos productos por quedar obsoletos y no cumplir las obligaciones de seguridad y salud pública. Los Estados miembros siguen siendo responsables de velar porque las obras de construcción y de ingeniería civil realizadas en su territorio se diseñen y ejecuten de tal manera que no se ponga en peligro la seguridad, la salud, el medio ambiente ni el interés público, y que los productos de construcción empleados sean aptos para este uso y se incorporen, monten, apliquen o instalen de igual manera. Los Estados miembros deben adoptar, adaptar y aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administraciones necesarias para que se cumpla dicha responsabilidad.

En cuanto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos derivados del asbesto o sustancias químicas, cabe señalar que son aplicables la Directiva marco 89/391/CEE⁽²⁾, sus Directiva específicas 98/24/CE sobre agentes químicos⁽³⁾ y 2004/37/CE sobre agentes carcinógenos o mutágenos⁽⁴⁾ y la Directiva 83/477/CEE sobre el amianto⁽⁵⁾.

En este contexto, las empresas deben llevar a cabo una correcta evaluación de riesgos y adoptar las medidas de prevención y protección necesarias, en particular para reducir y sustituir las sustancias peligrosas y/o carcinógenas.

Las Directivas comunitarias deben transponerse a la legislación nacional y corresponde a las autoridades nacionales competentes velar por el correcto cumplimiento de las normas nacionales en materia de salud y seguridad de los trabajadores.

Con ocasión de la cumbre del 9 de marzo en Bruselas, los jefes de gobierno europeos firmaron una decisión en apoyo de la política de energía en la que se presenta la construcción del gaseoducto «Nabucco» como el proyecto más importante de la Unión en materia de abastecimiento de gas. Desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento de energía y de la diversificación de la instalaciones de transporte y fuentes de suministro, la construcción del gaseoducto, con un caudal de 30 000 millones de metros cúbicos al año, podría representar una enorme ganancia para la Unión Europea, que se enfrenta a serios desafíos en el ámbito de la energía.

Teniendo en cuenta que este proyecto no tiene competidor, hoy por hoy, como forma de ampliar las fuentes de gas natural de las que se sirve la UE, ¿qué clase de ayudas ofrecerá la Comisión para garantizar que el gaseoducto «Nabucco» esté construido lo antes posible? ¿Cuál es el calendario preliminar de la Comisión para la realización del proyecto? En comparación con otros proyectos de abastecimiento de gas para Europa, ¿qué probabilidades de éxito tiene, a juicio de la Comisión, la construcción de este gaseoducto? ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que el proyecto reciba un apoyo europeo uniforme?

(EN) En las Orientaciones revisadas para las redes transeuropeas en el sector de la energía⁽¹⁾ se incluye el gasoducto Nabucco entre los «Proyectos de interés europeo». Por consiguiente puede recibir la asistencia máxima contemplada en las disposiciones relativas a las RTE-E. La Comisión nombrará en breve, previo acuerdo con los Estados miembros y tras consultar al Parlamento Europeo, un coordinador europeo para este proyecto con el fin de que éste avance a velocidad óptima, se coordinen correctamente las ayudas y las posibles dificultades se superen sin demora.

Sin embargo, la Comisión no está facultada para dirigir el calendario del proyecto, ya que no es «responsable» de este. No obstante, el nombramiento de un coordinador europeo y la posibilidad de conceder ayuda financiera en virtud del Reglamento nº 2236/95 del Consejo⁽²⁾ contribuirá a que el proyecto avance rápidamente. El inicio de las obras está previsto para finales de 2008 y el gasoducto debería entrar en servicio entre 2010 y 2011.