Acta literal de los debates

Jueves 10 de mayo de 2007 - Bruselas

8. Explicaciones de voto

- Informe Reynaud (A6-0143/2007)

  Richard Corbett (PSE), por escrito. (EN) En nombre del Grupo Socialista, acojo con gran satisfacción esta modificación de nuestro Reglamento, que permitirá al Parlamento ocuparse de forma mucho más eficiente y rápida de las propuestas encaminadas a simplificar la legislación europea, bien a través de la codificación de la legislación existente, sin cambios de sustancia, bien mediante la refundición de las propuestas, donde los cambios sustanciales se combinan con la simplificación de la legislación vigente.

Las propuestas legislativas europeas que examinamos en este Parlamento tratan, cada vez más a menudo, de modificar o actualizar la legislación europea vigente en lugar de elaborar nuevas normativas sobre nuevos temas. Sin embargo, pocas cosas contribuyen más a la opacidad y complejidad de la legislación europea que el hábito de tener series de directivas por las que se modifican directivas anteriores, sin que los textos en su conjunto se consoliden nunca en un único documento. La Comisión debe acelerar su programa de codificación de la legislación comunitaria vigente, no solamente para reducir el número de páginas del acervo comunitario, sino también para ofrecer mayor transparencia y facilidad de acceso para todos. Al modificar hoy su Reglamento, el Parlamento envía un firme mensaje de que está dispuesto a ayudar en este proceso con la debida rapidez y diligencia.

- Informe Meijer (A6-0131/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Si alguien tuviera alguna duda de los objetivos de estas recomendaciones, no tendría más que examinar de cerca la información facilitada sobre ellos por el Parlamento: el reconocimiento «por primera vez» de la libre elección por parte de las autoridades públicas de operadores de los llamados «servicios públicos» de transporte de pasajeros por ferrocarril y carretera, sean públicos o privados. En otras palabras, eso es equivalente a la «adjudicación de contratos de servicio público» en el marco de la competencia; es decir, se cuestiona el concepto de servicios públicos prestados por las autoridades públicas de manera que no se vean afectados los derechos de los trabajadores y de los usuarios de unos servicios públicos asequibles y de alta calidad.

Aunque es cierto que contiene algunos aspectos útiles –como la posibilidad de que las autoridades competentes decidan prestar ellas mismas los servicios, o adjudiquen directamente el contrato a una entidad que controlan–, las recomendaciones aprobadas forman parte de las políticas de liberalización y de promoción de privatizaciones y monopolios a expensas del erario público, sobre la base de la correlación de fuerzas en cada país.

Lamentamos que se hayan rechazado las propuestas que presentamos nosotros para salvaguardar los derechos de los trabajadores en el sector, como la inclusión en los contratos de disposiciones sobre la protección del empleo en caso de cambio del operador.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He apoyado estas enmiendas para introducir nuevas normas sobre los servicios públicos de transporte de pasajeros por carretera y ferrocarril, que pretenden reequilibrar la adjudicación de contratos para estos servicios entre los sectores público y privado. Apoyo particularmente la iniciativa de revocar la antigua legislación de la UE y sustituir las normas nacionales vigentes en materia de competencia en el sector del transporte público por normas comunes para toda Europa.

  Erik Meijer (GUE/NGL), por escrito. (NL) La propuesta de la Comisión, que se remonta a 2000, en la que la obligación de anunciar licitaciones debía de aplicarse a todo el sector del transporte público, encajaba en el contexto político del momento, cuando la idea que prevalecía era que el Gobierno debía desprenderse de muchas tareas para poder rebajar los impuestos y permitir que el mercado lo organizara todo de una manera adecuada. Eso formaba parte de los acuerdos alcanzados unos meses antes de presentar esta propuesta en la cumbre de Jefes de Gobierno celebrada en Lisboa, con la expectativa de que más mercado y más beneficio producirían también un mayor crecimiento económico e incluso servicios públicos mejores y más baratos Esta ideología neoliberal ha sido desde entonces rebatida en la práctica. La Estrategia de Lisboa no ha estado a la altura de las expectativas. El mercado no ofrece ninguna respuesta y, desde luego, ninguna en lo que respecta al transporte público y otros servicios que son tan necesarios como poco rentables. Esta situación llevaría a la desaparición de redes integradas, sobreviviendo únicamente las líneas más saturadas. En los últimos siete años hemos adquirido más experiencia con privatizaciones y licitaciones, y las decepciones sufridas en ese contexto han contribuido al crecimiento de fuerzas opuestas. En parte gracias a eso se pudo conseguir mi objetivo como ponente, que era mantener las empresas municipales de transporte y la libertad de elección.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El informe sobre las obligaciones de servicio público que hoy hemos votado nos deja la expectativa de una conclusión positiva, en segunda lectura, de una cuestión que ha tardado décadas en resolverse. La inseguridad jurídica de la situación actual no ha hecho más que fomentar contenciosos y ha servido para entorpecer el desarrollo del mercado de los servicios públicos de transporte de viajeros.

Esperamos, por tanto, que este texto se ultime garantizando unas condiciones transparentes de acceso al mercado, sin restricciones artificiales que únicamente sirven para proteger el statu quo, en el que estamos abrumados por la burocracia y que está lleno de trabas a la mejora y la prestación más eficiente de servicios de transporte público de viajeros a la población.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de un Reglamento relativo a los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera es otro ataque más a las rentas populares y los derechos de los trabajadores del transporte público y de los pasajeros en general.

Tras la liberalización del transporte marítimo y de cabotaje en aplicación de la legislación antipopular del Reglamento (CEE) nº 3577/92, y del transporte aéreo y ferroviario de viajeros, ahora ha llegado el turno de la privatización del transporte local por ferrocarril y carretera, para que las grandes empresas puedan aumentar sus beneficios.

Las grandes empresas extienden sus tentáculos a los desplazamientos diarios de los trabajadores en tranvía, metro, tren de cercanías y autobús, con un elevado precio de los billetes y un paquete de subvenciones públicas a empresas de transporte privadas y monopolistas, con consecuencias especialmente negativas para la seguridad y las normas de los que trabajan y utilizan esos medios de transporte: el conjunto de la población trabajadora.

Las consecuencias de la privatización del transporte público, como demuestra la experiencia de poblaciones donde ya se ha aplicado, y por la experiencia que se tiene con la liberalización del transporte marítimo de cabotaje y el transporte aéreo, son especialmente negativas para las zonas aisladas y las clases pobres de la sociedad.

Los trabajadores están luchando también contra la política antipopular de la Unión Europea en el sector del transporte. Luchamos en defensa de un transporte público moderno y de calidad, con billetes baratos, que atienda las necesidades de las clases trabajadoras y populares, y por eso hemos votado en contra de este Reglamento de la UE.

- Recomendación Toubon (A6-0144/2007)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de la Posición Común del Consejo relativa a una propuesta para desregular los tamaños de los envases de los productos preenvasados. Cuando se haya aplicado la legislación, se podrán vender muchos productos de consumo diario en una gama de tamaños más amplia que actualmente. Considero que esto supone un avance para los intereses de los consumidores.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) La legislación europea actual sobre materiales de envasado obligatorios tiene 30 años de antigüedad y no refleja ya las pautas de consumo actuales. Las nuevas normas que hemos aprobado hoy aquí en segunda y última lectura –de acuerdo plenamente con el Consejo, por lo que quiero felicitar de todo corazón al ponente– pretenden atender la demanda de los consumidores de una mayor diversificación de los formatos de envasado. Se suprimirán los obstáculos a la competencia y la innovación se promoverá en toda Europa. Los fabricantes europeos podrán decidir por ellos mismos qué formatos de envasado encajan mejor con los requisitos de sus clientes. En cuanto a la posibilidad apuntada en este informe de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la indicación del precio por unidad de medida a determinadas pequeñas empresas, quiero expresar una reserva y decir que estoy totalmente a favor de que los consumidores sean correctamente informados, y no tengo nada en contra de exigir a las grandes cadenas de distribución que acaparan la mayor parte del mercado que indiquen el precio por unidad de medida en sus productos, pero no me parece una buena idea que se imponga también esa obligación a las PYME o a los pequeños comercios. Así pues, defenderé esto con uñas y dientes cuando el Parlamento Europeo, dentro de poco, revise la actual legislación en materia de consumo.

- Recomendación Harbour (A6-0145/2007)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He apoyado estas enmiendas para introducir nuevas normas relativas a las normas de fabricación de los vehículos de motor. Esto elevará las normas en materia ambiental y de seguridad, y facilitará que los fabricantes vendan sus vehículos en toda Europa. En particular, me satisface que la legislación vaya a tener más en cuenta las necesidades de los conductores discapacitados.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Señor Presidente, Señorías, creo que el informe Harbour, a favor del cual he votado hoy en segunda lectura, merece el pleno apoyo de esta Cámara, porque hoy se ha dado luz verde a la aprobación de tipo que se aplicará a vehículos como autobuses, autocares y camiones, además de coches. El reconocimiento mutuo de las aprobaciones, y para un gran número de vehículos, en efecto, es otro paso importante para la realización del mercado interior. Además, la introducción de esta Directiva marco será también beneficiosa para la seguridad, en parte porque es probable que acelere la entrada en vigor de otra serie de medidas de seguridad para autobuses y autocares.

La simplificación de esta Directiva marco beneficiará al consumidor y al fabricante, porque garantiza la consolidación del mercado interior, aumenta la seguridad y beneficia al medio ambiente. Todas estas razones me han convencido para dar todo mi apoyo al ponente.

- Informe Costa (A6-0124/2007)

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) Voy a votar a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la retroadaptación de los retrovisores de los vehículos pesados matriculados en la Comunidad.

El señor Paolo Costa ha insistido con razón en que la retroadaptación de retrovisores en todos los vehículos pesados matriculados después de 2000 para eliminar el ángulo muerto en la visión del conductor salvaría la vida a miles de personas de aquí a 2020. Sin esta legislación de obligado cumplimiento y de conformidad con la Directiva de 2003 que recomienda la retroadaptación de retrovisores en camiones a partir de 2007, se prohibiría la circulación de vehículos sin retrovisores gran angular solo a partir de 2023. Eso retrasaría notablemente el trabajo que queda por hacer.

El informe describe también el método de financiación de retrovisores adicionales. El coste de la retroadaptación de cada vehículo no debe sobrepasar los 100-150 euros, lo que equivale a un depósito de gasolina.

Estoy también de acuerdo con la propuesta de investigar si otros automóviles, como furgonetas u otros vehículos de reparto, deben ir también provistos de esos retrovisores.

- Propuesta de resolución RC-B6-0190/2007

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Celebro que la gran mayoría de los diputados al Parlamento Europeo se hayan distanciado de las partes de la resolución sobre la cumbre UE-Rusia en la cual la izquierda ha tratado de manipular a los ciudadanos europeos haciéndoles creer que la instalación del paraguas antimisiles de los Estados Unidos en Polonia y la República Checa ha allanado el camino a una nueva carrera armamentística. Es un falso argumento de la izquierda por dos razones: primero, porque se refiere a la culminación de un sistema de defensa que pretende frenar los ataques del este, procedentes de los regímenes que amenazan la paz, y segundo, en cuanto a la carrera armamentística, Rusia ha aumentado enormemente el gasto militar desde que Putin llegó al poder, tanto en términos absolutos como en términos del PIB, donde la cifra del 4 % sigue siendo un 30 % mayor que lo que los países de la UE gastan en defensa. La resolución resultante es un mensaje político claro que debemos llevar a la inminente cumbre con Rusia, declarando que no aceptamos las políticas agresivas de ese país con Chechenia, Estonia, Polonia y otros países.

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el debate celebrado en el Parlamento Europeo antes de la cumbre UE-Rusia ha sido un ejemplo de nuestro consenso y unidad. Se ha insistido en que la Unión defendería los intereses de todos los Estados miembros en sus relaciones con Rusia. Estonia ha sido el ejemplo utilizado con más frecuencia, y también se ha mencionado el embargo ruso sobre los productos cárnicos polacos. Sin embargo, no se ha mencionado que algunos Estados miembros están manteniendo relaciones unilaterales con Rusia, a espaldas de otros Estados miembros de la Unión Europea y en contra de los intereses de esta. En lugar de eso, Rusia ha sido objeto de numerosas críticas como un todo, sin tratar de diferenciar entre el papel de los que ostentan el poder, que imponen su política, y la posición del ciudadano ruso medio, que está sometido a la manipulación de los medios de comunicación. La defensa de valores como la libertad, los derechos humanos, la democracia y la cooperación internacional en igualdad de condiciones, beneficiará tanto a Europa como a Rusia y al resto del mundo.

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el voto emitido por la Liga Norte para la Independencia de la Padania respecto a la propuesta de Resolución UE-Rusia está motivado en parte por el deseo de manifestar una fuerte protesta en contra de la actitud extremadamente blanda que ha adoptado la Unión Europea frente a la crisis de Estonia. Un Estado miembro, una joven nación, cuyo pueblo ha logrado con valor y determinación liberarse de la prisión del comunismo soviético, se ha visto seriamente amenazado por los anteriores ocupantes soviéticos a raíz de una decisión política interna.

Europa se ha contentado mientras tanto con esperar, manifestando solo una vaga protesta por los incidentes ocurridos en la embajada de Estonia en Moscú. Tenemos que sustituir o, cuanto menos, añadir a las palabras de vacía retórica con las que se ha celebrado el 50º aniversario del Tratado de Roma, otras palabras más firmes y valerosas en defensa de ese Estado miembro, cuya libertad se ha visto amenazada.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Como es bien sabido, la Lista de Junio cree que ni la UE ni sus instituciones deben inmiscuirse en la política exterior. Una pauta que se repite en el Parlamento Europeo es empezar las relaciones con terceros países en el ámbito de la política comercial. Estamos de acuerdo con esto. El problema empieza cuando se añaden otros ámbitos de la política, como las relaciones exteriores, las ayudas y la pesca. La UE debe dedicarse estrictamente a las cuestiones relacionadas con el comercio y a las cuestiones ambientales que transciendan las fronteras.

En sí misma, la enmienda 9 presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea es encomiable. No obstante, el Parlamento Europeo no debe ocuparse de ella, porque se refiere a una cuestión de política exterior. A petición de Naciones Unidas, el señor Ahtisaari ha elaborado un plan para Kosovo. Pero no corresponde a esta Cámara opinar sobre el plan o sobre las medidas que debe adoptar Rusia.

En cuanto a los problemas en Rusia, como por ejemplo la falta de respeto de los derechos humanos y el principio del Estado de Derecho, el incremento del comercio es bueno. En lo que se refiere a cuestiones estrictamente de política exterior, corresponde a los Parlamentos y Gobiernos nacionales, junto con las Naciones Unidas, encabezar el trabajo.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución, que reconoce la importancia de Rusia para Europa, especialmente por lo que respecta a las relaciones energéticas, pero también subraya la necesidad de valores democráticos y derechos humanos. En particular, apoyo la petición de que Rusia «respete plenamente sus obligaciones con arreglo al Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas», garantizando la protección de las embajadas y de los diplomáticos.

  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. (IT) Rusia es un importante socio económico y comercial para la Unión Europea, que debe establecer relaciones cada vez más estrechas con ese país, en parte para facilitar el proceso de democratización y el respeto de los derechos civiles y humanos.

Pero no podemos ocultar nuestra preocupación por lo que ha ocurrido estos últimos días en las relaciones entre Rusia y los Estados bálticos, y Estonia en particular. Debemos insistir en que las autoridades rusas se han acostumbrado a utilizar las presiones económicas y comerciales contra países vecinos para obtener un dominio geopolítico en la región.

La UE tiene que mantenerse unida y unificada en la defensa de Estonia y, de una manera más general, de cualquiera de sus Estados miembros, contra las presiones y amenazas comerciales de cualquier país tercero.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) La tensión entre Rusia y Estonia exige una resolución. Es sumamente preocupante lo rápido que esta dificultad relativa a una decisión local estonia podría llevar a la interrupción del suministro de energía por parte de Rusia. Nuestra dependencia de Rusia con respecto a nuestras necesidades energéticas continúa preocupando a quienes están interesados en la seguridad del suministro. El 60 % de las exportaciones de petróleo de Rusia va para la Unión Europea, lo que supone el 25 % de nuestro consumo de petróleo. Asimismo, el 50 % de las exportaciones de gas natural de Rusia supone el 25 % del consumo total de gas natural de la Unión Europea. Espero que el 18 de mayo, cuando se celebre la cumbre entre la Unión Europea y Rusia, se pongan de relieve y se aborden estas cuestiones.

- Informe Rocard (A6-0127/2007)

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, he votado en contra del informe Rocard, un documento que vuelve a demostrar que la Unión Europea no está dispuesta a afrontar la realidad el mundo árabe. Nos guste o no, lo cierto es que en el mundo árabe no existe el más mínimo interés por las reformas políticas, y todavía menos por el diálogo cultural o intercultural que tanto se glorifica aquí.

El informe Rocard tendría que haber sido una dura crítica contra la deplorable situación del Estado de derecho, la libertad de expresión de opiniones y la libertad de culto en los países árabes. En su lugar, esta Cámara y este informe han llevado la llamada definición cultural de los derechos humanos a un nuevo nivel.

Además, el hecho de que los mandarines europeos no hayan podido ocuparse menos de la situación de las minorías religiosas en los países islámicos es algo que también observamos repetidamente en la actitud de la Unión Europea frente a Turquía. A pesar de las campañas de odio contra los cristianos lanzadas por los imanes turcos y otros financiados por el Estado turco, con todas las consecuencias negativas que eso entraña, el proceso de adhesión prosigue silenciosamente. Mi partido seguirá combatiendo esa política débil de apaciguamiento frente a los efectos agresivos del islam.

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, durante el debate y la votación, hemos sido testigos de un conflicto en torno a una enmienda que nosotros presentamos y que estamos muy satistechos de que se haya aprobado. El informe deja claro que estamos buscando un compromiso con la libertad de expresión, o con el derecho del individuo y la comunidad a profesar libremente sus creencias y practicar su culto, y la enmienda estipulaba «garantizar también la independencia y la separación de las instituciones y el poder político de las autoridades religiosas».

Yo he estado de acuerdo con la enmienda oral presentada por la señora De Keyser, que dejaba claro que eso es aplicable a todas las democracias. Lamento que se pusiera una objeción a la votación, pero no creo que eso cambie la naturaleza de la enmienda. De hecho, cuando hablamos del mundo árabe, no estamos hablando únicamente de Estados árabes, de naciones árabes o de meras instituciones, sino de pueblos y, en consecuencia, de ciudadanos árabes que viven en la Unión Europea. Cuando hablamos de separación de instituciones y poder politico de las autoridades religiosas, hablamos también de nosotros mismos, porque el problema obviamente existe, de una forma y naturaleza muy específicas, no solo en la Meca, sino también en Roma. Si combatimos el problema del laicismo en esos países, tenemos que combatirlo también en nuestros propios países.

Quiero terminar expresando mi satisfacción también por la aprobación de la enmienda oral relativa al «Estado palestino democrático», porque de lo contrario, el Estado nacional correría el riesgo de no ser una frontera de la libertad, como queremos que sea.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) El informe del señor Rocard sobre las reformas en el mundo árabe acaba de ser aprobado por una gran mayoría, y quiero felicitar al ponente por la calidad y el enfoque equilibrado de su trabajo.

Este informe propone una estrategia innovadora de la UE en la relación con el mundo árabe, basada en una asociación equilibrada encaminada a favorecer reformas fundamentales que conllevarán cambios en la legislación y la participación indispensable de la sociedad civil.

El informe tiene también la virtud de recordar la actitud acomodaticia de la que se han beneficiado algunos regímenes de esta región del mundo. Al mismo tiempo, reconoce los esfuerzos por establecer un diálogo por medio de los mecanismos de integración regional, como el proceso de Barcelona.

Por último, el informe insiste en la necesidad de que esos Estados hagan prevalecer los valores de la tolerancia, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, para asegurar su estabilidad y su prosperidad. Insiste también en la estrecha relación que existe entre el auge de los movimientos extremistas en el escenario político y la realidad económica y social que prevalece en esos Estados.

Estoy a favor de este nuevo enfoque realista y equilibrado y por tanto he apoyado la aprobación de este informe en la votación final en el Pleno.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El Parlamento Europeo ha adoptado hoy una posición sobre lo que debe hacer la UE para favorecer las reformas en el mundo árabe. Nos oponemos rotundamente a ello, porque las cuestiones de este tipo tienen que resolverse en el marco de las Naciones Unidas.

La enmienda 20 presentada por el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas para Europa propone que la UE no apoye los movimientos «fundamentalistas y nacionalistas extremistas». Eso es evidente, pero la UE no debe inmiscuirse para nada en la política exterior apoyando movimientos en otras partes del mundo. Por eso, hemos votado en contra de la enmienda.

En la enmienda 21, el Grupo ALDE pretende, además, conseguir de los países árabes que garanticen «la independencia y separación de instituciones y poder politico de las autoridades religiosas». Como institución, la UE tiene definitivamente que abstenerse de opinar sobre el sistema de otro país.

Por considerar que esta cuestión no compete a la UE, hemos votado en contra del informe en su totalidad en la votación de hoy.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Estoy de acuerdo con la idea general que defiende el ponente en esta cuestión. Es imperativo llevar la paz a Oriente Próximo y la Unión Europea está bien situada para influir en ese proceso.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Respecto a esta cuestión y este informe, me creo con derecho a insistir en una idea que he propuesto en varias ocasiones.

Para promover la paz, la prosperidad, la democracia y los derechos humanos en nuestros países vecinos, teniendo en cuenta los intereses directos de la UE y los valores universales, soy partidario de un proyecto europeo que se base en la asociación con nuestros vecinos mediterráneos, una asociación que idealmente crearía, a medio plazo, un espacio de libre circulación en el Mediterráneo lo más parecido posible al modelo de la UE, al que podrían adherirse los países vecinos que cumplieran los criterios de democracia, economía de mercado y respeto de los derechos humanos; es decir, lo fundamental de los criterios de Copenhague. Sería una asociación muy reforzada a cambio de las reformas. Tendría también la virtud incidental y subsidiaria de aportar una solución que, si interesase a Marruecos, a Israel o a Túnez, podría tal vez interesar también a Turquía si se llegase a concluir que el proceso de adhesión había topado con obstáculos insalvables.

Tener vecinos prósperos, democráticos y atraídos por la expectativa de unos beneficios y con poblaciones sin necesidad de emigrar a toda costa, sería un proyecto europeo constructivo, aunque en ningún caso nuevo.

  Marc Tarabella (PSE), por escrito. – (FR) En la votación del informe Rocard sobre las reformas en el mundo árabe, hemos tenido que manifestar nuestra opinión sobre la enmienda 21, que pide a los países árabes que no lo han hecho todavía que se comprometan más en serio con la libertad de culto o con el derecho del individuo y de la comunidad a profesar libremente sus creencias y a practicar su religión, garantizando también la independencia y separación de las instituciones y poder político de las autoridades religiosas.

Entonces se ha presentado una enmienda oral que pretendía extender esa regla fundamental a todas las democracias, cosa que apoyo totalmente. Diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se han opuesto a esa extensión. He considerado que debía apoyar plenamente el contenido del texto original de la enmienda 21. Por eso he decidido votar a favor de la enmienda, y me complace que haya sido aprobada por 382 votos a favor, 222 votos en contra y 33 abstenciones.

- Informe Kaczmarek (A6-0146/2007)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Kaczmarek (A6-0146/2007) sobre el Cuerno de África: una asociación política regional de la UE para la paz, la seguridad y el desarrollo, porque me parece fundamental consolidar la presencia de la UE en una región devastada por tres grandes conflictos –Sudán, Etiopía/Eritrea y Somalia– y donde una parte importante de la población, más del 22 %, vive por debajo del umbral de pobreza.

La asociación para la paz, la seguridad y el desarrollo solo tendrá éxito si se adopta un planteamiento estratégico regional que procure la participación de las organizaciones regionales existentes, como la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, conjuntamente con otros socios internacionales en el marco de las Naciones Unidas.

Además, la comunidad internacional tiene que apoyar a la región para aumentar sus posibilidades de adaptarse a las graves consecuencias del cambio climático. Al fin y al cabo, aunque África es el continente que menos contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, es también el continente que más sufre las consecuencias del calentamiento mundial debido a su subdesarrollo y su pobreza.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Consideramos que los principios que deben orientar el enfoque de la compleja situación en la región del Cuerno de África deben ser el estricto cumplimiento del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, la resolución pacífica de conflictos y la distensión.

Una solución genuina de los problemas a que se enfrentan los pueblos y los países de la región no debe formar parte ni promover, aunque sea indirectamente, las aspiraciones imperialistas en esa región. Ese tipo de imperialismo refuerza los mecanismos de injerencia y el militarismo, como demuestra la reciente creación de un único mando militar de los Estados Unidos para África y la instalación en el continente de nuevas bases militares.

En vez de la injerencia, de las interferencias exteriores en un intento de resolver conflictos y de la militarización del continente, y en particular de esta región, ha llegado el momento de promover iniciativas diplomáticas –que están lejos de haberse agotado, como demuestra el reciente acuerdo de paz firmado entre Sudán y Chad– para resolver los problemas que están en el origen de la grave situación actual, sobre todo la injusta distribución del acceso a los ricos recursos naturales de la región. Se necesita también ayuda humanitaria urgente, políticas reales de cooperación y ayuda al desarrollo.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) Señor Presidente, apoyo el informe del señor Kaczmarek relativo a la estrategia de la Unión Europea para África, que trata de crear una asociación política regional con la Unión Europea para promover la paz, la seguridad y el desarrollo en el Cuerno de África.

El ponente ha insistido claramente en la necesidad de soluciones para estabilizar el Cuerno de África, que se ha visto desgarrado por los conflictos. Cinco de los siete países de esa región están en guerra con sus vecinos. La propuesta, presentada por el ponente, de designar a un representante especial de la UE para el Cuerno de África merece nuestro apoyo. Ese representante coordinaría las iniciativas de la Unión Europa en dicha región.

Otra iniciativa que merece la pena es la que se ha presentado al Consejo y a la Comisión, instándoles a iniciar consultas con otras partes interesadas en la región, con el fin de organizar una conferencia conjunta sobre seguridad en todos los países del Cuerno de África.

El señor Kazcmarek insiste en que si se prestara atención y se coordinaran las iniciativas, y se promoviera la cooperación en esa región, se ayudaría a resolver problemas como los refugiados ilegales, la seguridad de las fronteras, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, el control de la carrera armamentística, la educación y las infraestructuras, además de iniciar un diálogo político entre los países del Cuerno de África.

  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. (IT) Hemos votado a favor del informe Kaczmarek sobre el Cuerno de África, que ha incorporado cuatro de las enmiendas que nosotros presentamos para situar en contexto la tragedia de Somalia.

Aunque el informe en su conjunto deposita grandes esperanzas en una asociación política entre la Unión Europea y el Cuerno de África, queremos insistir en que es necesario convocar una conferencia mundial centrada no sólo en la seguridad, sino también en la paz y el desarrollo, para tratar estas cuestiones con todos los países del Cuerno de África.

Queremos insistir en que las mujeres y los niños son los que más sufren durante los conflictos, porque son los grupos más vulnerables de la población, y por eso hemos añadido al texto una importante referencia a la resolución de las Naciones Unidas sobre las mujeres en los conflictos.

Hemos añadido también la declaración de que, para erradicar la pobreza y promover el desarrollo económico, se tiene también que librar una decidida batalla contra la terrible práctica de la mutilación genital femenina.

Por último, hemos presentado enmiendas sobre la importancia del principio de autodeterminación del pueblo somalí y Somaliland, la única entidad democrática del país, dominada por la rivalidad entre clanes y el intento de infiltración de los tribunales islámicos, cuyo único objetivo es minar las iniciativas de paz en el país.

- Informe Maldeikis (A6-0129/2007)

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) La organización EURATOM, al contrario que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, no prevé el final de sus actividades. Aunque no haya llevado a cabo todas las tareas que tenía previsto y no haya realizado todas las actividades planeadas con relación a la energía atómica, estas tareas se han concluido con éxito trabajando conjuntamente con otras instituciones internacionales dedicadas a la energía atómica. La situación actual en los mercados europeo y mundial de la energía y los efectos del cambio climático asociados al uso de combustibles fósiles y combustibles orgánicos han hecho que la organización EURATOM adquiera una relevancia aún mayor. Quince Estados miembros de la UE tienen centrales nucleares y la producción de energía nuclear está aumentando en otros países del mundo. La supuesta falta de seguridad de la energía atómica es solo una cuestión política, dados los mecanismos actuales de control de la seguridad. La organización EURATOM tiene que seguir siendo independiente, y eso puede conseguirse dotándola del fundamento jurídico adicional que necesita. He votado en contra de que se convoque una Conferencia Intergubernamental, puesto que lo más probable es que sea improductiva. Como han demostrado los debates sobre energía atómica, no hay ninguna necesidad de aumentar justo ahora las competencias del Parlamento.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quiero manifestar mi satisfacción por la decisión que ha adoptado esta Cámara hoy, con la que ha confirmado claramente que en los últimos 50 años ha existido un déficit democrático en el Tratado Euratom y, por amplia mayoría, ha exigido poder de codecisión en asuntos relacionados con dicho tratado. Verdaderamente ha llegado la hora de que los Estados miembros no resuelvan por sí solos las cuestiones de seguridad, porque la seguridad y la protección de la salud son cuestiones que afectan al conjunto de Europa, y por eso la delegación ha decidido apoyar estas demandas.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Me he abstenido en la votación sobre este informe. A pesar de que no deseo el cierre de las centrales nucleares existentes, no estoy a favor de su expansión masiva, con todos los problemas que eso conlleva para la salud y el medio ambiente. Puede que se limite la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, pero los riesgos que supone una fuga radiactiva quedaron demostrados, de forma sumamente gráfica, en Chernobyl y en la catástrofe nuclear de los Urales, descrita de forma tan explícita por Roy Medvedev. También me opongo a la naturaleza antidemocrática de las decisiones de Euratom y al derroche de recursos que supone el proyecto ITER. Apoyé su ubicación en Japón y no en Francia porque entonces serían los japoneses los que malgastarían su dinero, y no la UE el nuestro.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) La energía nuclear es una forma especial de energía. Tiene implicaciones militares y estratégicas, está sujeta a grandes restricciones por razones ambientales y de seguridad de las instalaciones y las poblaciones, y posee una dimensión política real e incluso «emocional». Por sí sola, no puede afrontar los retos energéticos o los pretendidos retos del cambio climático que se presentan hoy a los Estados europeos, pero sigue siendo ineludible en muchos aspectos.

El Tratado Euratom permite ahora cierta libertad de elección: los Estados que lo deseen pueden desarrollar este sector y esta tecnología, en la que Europa es líder. Los Estados que no lo deseen no pueden ser obligados a dotarse de un sector nuclear. Además, el Tratado permite la existencia de un marco de cooperación para las distintas partes en temas de interés común.

Precisamente porque ese marco, tal como funciona hoy, nos parece satisfactorio, hemos votado en contra de este informe. El informe recomienda, en efecto, que Euratom se transforme en un anexo especializado del Tratado CEE, con procedimientos institucionales que privarían a los Estados miembros de su libertad de elección. Además, ese cambio se haría bajo la influencia de una política energética controlada por Bruselas, de la que negamos no solo su pertinencia, sino también su legitimidad. La política energética tiene que ser responsabilidad de los Estados miembros, y solo de ellos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Se ha hecho referencia a la energía nuclear como una de las formas de energía que menos carbono produce. Es más, se considera que la fisión nuclear es una de las mejores formas de hacer frente al «cambio climático», y se relega a un segundo plano el ahorro y la eficiencia.

Pero nosotros creemos que el ahorro de energía, la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables deben ocupar el centro de atención de cualquier política energética. En este campo deberíamos promover y realizar más investigación pública, con el fin de conseguir una energía verdaderamente alternativa que responda a las necesidades de la población y a las exigencias de un desarrollo sostenible para nuestra sociedad.

La creciente liberalización del sector de la energía, promovida en la UE, responde a los intereses de las grandes multinacionales y menoscaba el derecho de los ciudadanos a una energía segura a unos precios asequibles. Dada la importancia de este sector para el desarrollo de cualquier país, defendemos su mantenimiento como sector público y rechazamos su privatización.

Además, consideramos preocupante que en el informe se apueste por promover la energía nuclear, cuando son conocidos los peligros asociados a la producción de este tipo de energía: peligros para el medio ambiente y para las poblaciones, peligros para la seguridad de la propia central y de los reactores, y peligros relacionados con el tratamiento y el transporte de los residuos radiactivos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El informe contiene algunas ideas que me parecen fundamentales. Por ejemplo, reitera que «la energía nuclear suministra hoy en día a la Unión Europea el 32 % de su electricidad, energía que es considerada por la Comisión (...) una de las principales fuentes de energía carentes de CO2 en Europa y la tercera fuente de energía más barata». Seguidamente concluye que «en el respeto del Tratado Euratom, la UE debe defender su liderazgo desde el punto de vista industrial y tecnológico con respecto a los actores que están reactivando enérgicamente sus actividades nucleares (Rusia, los Estados Unidos) y frente a la emergencia de nuevos actores mundiales en este sector (China e India), futuros competidores de la Unión Europea a medio plazo».

Comprendo y reconozco que se trata de una opción con dificultades perfectamente documentadas y que provoca reacciones negativas, pero entiendo que la energía nuclear no debe quedar al margen de nuestras consideraciones sobre el futuro del suministro energético, debido a los costes implicados, el impacto ambiental y las soluciones tecnológicas que entrañan hoy menos riesgos.

En mi opinión, es en la diversidad y la innovación tecnológica donde debemos encontrar la respuesta a los actuales desafíos energéticos y a las cuestiones asociados a ellos.

- Informe Wallis (A6-0156/2007)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Puesto que la Unión Europea es también una unión de valores que debe salvaguardar los derechos humanos de todos los individuos que viven en ella, hemos decidido votar a favor de este informe.

Creemos que, de este modo, hemos conseguido un equilibrio razonable entre la indicación de la política ética que creemos que un Estado miembro ha de aplicar y el respeto de la soberanía de los Estados miembros.

Creemos, pues, que Dinamarca tiene la obligación de aceptar la responsabilidad médica de los que, por orden del Estado danés, realizaron trabajos durante los cuales pueden haber resultado dañados por la radiación relacionada con el accidente de Thule en 1968.

- Informe Andria (A6-0090/2007)

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Gracias, señor Presidente. Quiero hablar de política de la vivienda y política regional. El Tratado no otorga a la Unión Europea competencias específicas en materia de vivienda. Sin embargo, los reglamentos relativos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 2007-2013 estipulan que en algunos casos se puede recibir financiación para viviendas. El resultado de la votación ha sido importante por cuatro motivos. El primero es la dimensión social, que implica el reconocimiento del problema, patente en mi país, de la falta de una vivienda digna a precios razonables. Luego está el aspecto ambiental, que incluye el desarrollo urbanístico estratégico en las ciudades, en lugar del tipo de tendencia que ha tenido lugar recientemente en Malta, con la extensión de las zonas de desarrollo. La dimensión ambiental incluye también la seguridad energética y unos precios razonables del agua y la electricidad. Eso también contrasta con lo que sucede en Malta, donde los precios se han disparado. La cuarta dimensión es la integración; es decir, un proceso integrado encaminado a mejorar la calidad de vida, al contrario de lo que está sucediendo actualmente en Malta en la población de Marsaskala, donde se está construyendo una planta de reciclaje. Gracias.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe sobre la política de la vivienda y la política regional. El informe hace bien en destacar el papel de la política de vivienda para reforzar la cohesión social y territorial. La política de la vivienda es un importante instrumento que los Estados miembros pueden utilizar para combatir la segregación, y el derecho a un lugar de habitación es fundamental.

Creemos que la política de la vivienda constituye una parte importante de las políticas de bienestar de los Estados miembros. En Suecia, el sector público de la vivienda es una forma de actividad empresarial motivada por razones sociales y la legislación sueca sobre el alquiler de viviendas está concebida para proporcionar protección social. La UE debe considerar las políticas de vivienda de los Estados miembros como una parte integral de sus políticas de bienestar y eximir por tanto a esas políticas de las reglas de competencia que rigen la ayuda estatal.

Creemos también que la definición que hace la UE de la vivienda social debe ampliarse lo suficiente para incluir el modelo sueco de vivienda en beneficio de todos.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) La ausencia de viviendas dignas a precios asequibles influye directamente en la vida de los ciudadanos, limitando su posibilidad de inserción social, así como su elección en materia de estudios, formación y desarrollo profesional.

En mi opinión, los problemas de vivienda no se limitan a cuestiones de construcción y ordenación territorial propiamente dichas. Se ven también muy influidas por una mala planificación urbanística que hace que algunos barrios, afectados por el deterioro del medio ambiente –contaminación de la atmósfera y del agua, ruido, residuos, congestión, etc.– y por problemas de funcionamiento de los servicios públicos, de accesibilidad y de seguridad, pierdan atractivo y empiecen a empobrecerse.

Enfrentados a los problemas de falta de viviendas dignas, son las autoridades locales las que suelen ocupar la primera línea del frente. No obstante, su poder sigue sin tenerse debidamente en cuenta a escala europea. Así pues, el nivel local y el europeo tienen que empezar a cooperar en la práctica.

Como diputado francés del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, me parece fundamental que todos los europeos tengan un buen acceso a servicios sociales, asistencia sanitaria y formación, así como al comercio y a la administración pública. Tienen derecho a ello.

  Den Dover (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos nos hemos abstenido en la votación final sobre el informe Andria.

Apoyamos muchos de los objetivos de este informe y, en particular, aprobamos los intercambios de buenas prácticas en materia de construcción viviendas y domotecnia, con el fin de fomentar la eficiencia energética.

Sin embargo, insistimos en que la vivienda y la política de la vivienda deben estar sujetas al principio de subsidiariedad y, por lo tanto, estas cuestiones son –y deben continuar siendo– competencia exclusiva de los Estados nacionales.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Celebramos la inclusión de nuestras propuestas, que subrayan la importancia de la vivienda social y la prioridad de resolver el problema de los «sin techo» en las políticas de la vivienda de los Estados miembros.

La inversión en vivienda social desempeña un papel esencial para permitir el acceso a una vivienda a muchas personas que de lo contrario no tendrían acceso al mercado inmobiliario, personas que normalmente ven obstruido el acceso a una vivienda.

La vivienda social es una forma de combatir la especulación inmobiliaria, de garantizar la construcción de equipamientos sociales y de promover la ordenación territorial y una planificación urbana sostenible. En este sentido, la ayuda de los Fondos Estructurales y la política regional pueden ser importantes.

Por eso, lamentamos que no se haya incluido nuestra propuesta de ayuda a las cooperativas de viviendas. El modelo que se preconiza en el informe sigue siendo lamentablemente la promoción de la colaboración público-privada en detrimento del sector de las cooperativas.

Por otro lado, la prioridad del problema de los «sin techo» en la política de vivienda es fundamental para garantizar a todos los ciudadanos una vivienda digna, combatiendo de forma eficaz esa creciente forma de exclusión social.

En cuanto a la idea de establecer indicadores de calidad a nivel europeo que definan la noción de «vivienda adecuada», tenemos que «apuntar muy alto».

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) Considero positivo que el Parlamento Europeo se haya interesado por esta importante cuestión de la vivienda en la Unión Europea. Se ha dado un primer paso, pero estamos lejos de responder a la cuestión principal: garantizar el derecho a la vivienda para todos los que viven en la Unión Europea.

Ese derecho tiene que confirmarse en la Carta de los Derechos Humanos, que hoy por hoy permite al menos que los Estados miembros concedan ayuda a los más pobres. Esa es una visión restrictiva del derecho a una vivienda, un derecho que debe hacerse universal y efectivo para todos. Además, el principio de la competencia generalizada en el mercado único tiene efectos negativos para la construcción de viviendas sociales, que es indispensable en todos nuestros países.

Me preocupa especialmente el hecho de que se cuestione el cobro de la Livret A en Francia, un sistema que garantiza una financiación continua para viviendas de bajo coste. Por tanto, creo que este informe pide un escenario nuevo y que tenemos que ir más lejos en lo que se refiere a asegurar que las políticas de vivienda se adapten a circunstancias específicas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Este informe aborda la cuestión fundamental de la vivienda. A pesar de que las competencias de la Unión Europea en este terreno no son amplias, debería intervenir siempre que sea posible, como a través del FEDER, para garantizar el acceso a una vivienda digna.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Hoy en el Parlamento Europeo hemos votado un informe en el que se describe la necesidad del acceso a una vivienda digna para todos a cambio de unos alquileres razonables. Para mí como liberal es, por supuesto, muy importante que las personas puedan tener un techo donde cobijarse, pero se trata de una cuestión que debe abordarse a escala local o regional, no comunitaria. Por eso me he abstenido en la votación de hoy.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Si queremos que la calidad de vida en Europa sea realmente sostenible, la vivienda (social) es una palanca importante para conseguirlo. El informe Andria sobre la política de vivienda y la política regional hace bien en situar como telón de fondo del tema el modelo social europeo, la política energética, el empleo, el desarrollo urbano y el mercado interior. Todos estos ámbitos se solapan, aunque con la fricción que eso comporta inevitablemente. Después de todo, la vivienda inadecuada y la pobreza están estrechamente relacionadas, y la pobreza sigue aumentando. El mercado de la vivienda ha experimentado cambios importantes en los últimos años, debido a la oferta y a la demanda, pero también a cambios sociales y demográficos en nuestra sociedad. La falta de viviendas sociales es un problema generalizado, aunque la vivienda sea no solo un derecho fundamental, sino también un aspecto crucial del desarrollo regional, tanto urbano como rural.

El informe hace referencia explícita al componente social de la vivienda, la pobreza energética que a menudo le acompaña y el empleo que puede generar unas viviendas de calidad y respetuosas con el medio ambiente. Considera también en mayor profundidad la necesidad de un enfoque integrado y el apoyo a las administraciones locales. Aunque la vivienda es y será siempre una cuestión nacional, las condiciones previas podrían garantizarse a escala europea. Eso es lo que pretende el informe y por lo que cuenta con todo mi apoyo.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) El informe Andria es importante para incluir el tema de la vivienda en la agenda política europea. Dado que cada vez más personas se encuentran excluidas del mercado de la vivienda, debemos hacer todo lo posible por encontrar soluciones a la crisis de la vivienda. Por esta razón, si aprendemos unos de otros entre los 27 Estados miembros, compartimos las mejores prácticas y encontramos soluciones comunes, podremos abordar mejor el creciente problema.

- Informe Janowski (A6-0096/2007)

  John Attard-Montalto (PSE), por escrito. (EN) La cuestión de la política regional afecta directamente al archipiélago maltés. En mi opinión, debe ser un país entero y no parte del mismo el que debe tener derecho al estatuto de una región, cuando unas circunstancias especiales así lo dicten. Esto debería impedir también que, dentro de ese país, ciertas áreas remotas o aisladas reciban ayudas adicionales.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La definición de un concepto tan vago como es la innovación, así como su contribución al desarrollo económico, es una tarea compleja.

En este informe, como en muchos documentos de la Comisión y el Consejo, la innovación se presenta como una panacea y un nuevo modelo de crecimiento, confundiéndose con el desarrollo tecnológico.

Aunque el informe contiene propuestas con las que estamos de acuerdo, no se distancia ni critica la estrategia neoliberal de «Lisboa», en el sentido de la mercantilización del saber, de la investigación y de la educación. Todo lo contrario, defiende las patentes (comunitarias), la concentración de la investigación en los denominados «centros de excelencia», las asociaciones público-privadas y las alianzas profanas de empresas con centros de investigación y universidades públicas. Hace referencia al «Séptimo Programa Marco», pero no critica las prioridades del programa ni los recortes que ha sufrido en el actual marco financiero. Insinúa una privatización de los transportes públicos regionales y locales, pero insiste una vez más en el objetivo de utilizar los Fondos Estructurales para financiar la «Estrategia de Lisboa».

Por eso, no podemos votar a favor de este informe.

Por último, quiero mencionar –teniendo en cuenta las propuestas que ya hemos presentado– la necesidad de garantizar el acceso a Internet de banda ancha en las regiones ultraperiféricas, que se menciona en el informe, aunque de forma mitigada.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Este informe combina dos ámbitos fundamentales para la acción de la Unión Europea: la política regional y la capacidad de innovación. Apoyo el planteamiento del ponente.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) La innovación y la futura política regional son sumamente importantes para hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más dinámica para 2010. El comentario realizado por el ponente, citando al profesor Hunt, galardonado con el Premio Nobel, de que de las 20 mejores universidades solamente tres son de la UE y que esas tres se encuentran en el Reino Unido, ilustra la necesidad de un planteamiento más estratégico para financiar la investigación en las universidades europeas. Si queremos innovación, necesitamos invertir en las instituciones de enseñanza superior de Europa.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Voy a votar a favor del informe sobre la contribución de la futura política regional a la capacidad innovadora de la Unión Europea.

La política regional debe combinar, en el marco de la capacidad innovadora de la Unión Europea, la cohesión de la Comunidad con la necesidad de medidas favorables a la innovación. Pero sin soluciones concretas, la innovación en general y los ambiciosos retos de la Estrategia de Lisboa en particular, existirán solo sobre el papel. Un buen ejemplo de ello son los resultados conseguidos por algunos países con su aplicación de la Estrategia de Lisboa. Conviene señalar que hoy los Estados Unidos no son el único rival económico de la UE y que países como China, la India y otros están haciéndose también un hueco en el pelotón de salida.

Los efectos de la introducción del principio de innovación no serán visibles hasta dentro de muchos años, tal vez cuando muchos de nosotros no estemos ya aquí en esta Cámara. Otros responsables de tomar decisiones cosecharán los beneficios de lo que puede ser una política eficaz, razón por la cual las decisiones tomadas en este terreno deben mirar al futuro lejano. Es lo que esperan los ciudadanos de nosotros.

- Propuesta de resolución RC-B6-0189/2007

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) En un momento en el que la legislación laboral está siendo objeto de debate en el Parlamento Europeo, y 13 años después de la aprobación de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos, la aprobación de esta resolución constituye una condición previa esencial.

Como diputado francés del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, pienso que existe una necesidad urgente de poner fin a las incoherencias y contradicciones entre los diferentes textos europeos que hacen referencia a la información y consulta a los trabajadores, para evitar los abusos de empresas deshonestas.

Para que los trabajadores no sean ya rehenes de proyectos de reestructuración salvajes, deben poder hacer notar verdaderamente su presencia en el proceso de toma de decisiones dentro de los consejos de administración de las empresas. Las empresas deben actuar responsablemente y aplicar las directivas vigentes, o de lo contrario ser sancionadas.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Se trata de directivas sobre el derecho a la información y consulta a los trabajadores y los comités de empresa europeos, que establecen el derecho de los trabajadores a cierta información, en particular sobre la evolución de los aspectos económicos y sociales de las empresas y las decisiones que provoquen cambios importantes en el nivel de organización del trabajo o los contratos de trabajo. Pero la dura realidad es que esas directivas simplemente no se cumplen, o cuando se cumplen, no consiguen garantizar en muchos casos los derechos de los trabajadores –por ejemplo al empleo– en los interminables procesos de deslocalización, reestructuraciones, fusiones y cierre de empresas, que causan graves consecuencias económicas y sociales.

Defendemos, desde hace mucho, la necesidad de asegurar la plena información a los trabajadores y la intervención decisiva de las estructuras de los trabajadores en estos procesos. Eso mejoraría el derecho a la información y permitiría una verdadera participación en las decisiones, incluido el derecho de veto, la posibilidad de anular decisiones de cierre de empresas y el derecho a frenar despidos.

Asimismo hacen falta medidas como el condicionamiento de la ayuda comunitaria a la realización de inversiones y al cumplimiento de condiciones contractuales por parte de las empresas, que garanticen un empleo estable y duradero y el desarrollo económico sostenible. Es también esencial que rechacemos la «flexiguridad» y las liberalizaciones.

  Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Se necesitan urgentemente medidas encaminadas a facilitar la información y consulta a los trabajadores. Hay que revisar y modernizar la legislación vigente, además de garantizar que los Estados miembros apliquen convenientemente las normas vigentes en materia de información y consulta. Cabe señalar el comentario adicional que recuerda a la Comisión la necesidad de una política industrial coherente y el papel que tienen que desempeñar los interlocutores sociales.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Hoy, una gran mayoría de esta Cámara ha aprobado una resolución que propone una nueva legislación en el ámbito de la información y consulta a los trabajadores. Lamentablemente, la directiva actual ni siquiera se ha transpuesto a la legislación nacional de mi país. El Gobierno belga no lo ha hecho a pesar del tiempo transcurrido, razón por la cual ha sido condenado por el Tribunal de Justicia Europeo. Cuando la Comisión presentó su propuesta en 1999, en seguida transcendió que la cuestión era políticamente delicada. A pesar de ello, la cuestión se reduce al simple requisito de que todos los trabajadores sean informados y consultados, por medio de la representación adecuada y de una institución adecuada, sobre las actividades de su empresa. Eso beneficia tanto a los trabajadores como a las propias empresas. Los instrumentos que se utilicen para conseguir esta democracia económica y la participacion de los trabajadores pueden variar, por supuesto, en función del tamaño de la empresa. Ni que decir tiene que una PYME no debe recibir el mismo trato que una multinacional. Los detalles de la forma en que el diálogo entre trabajadores y empresas debe llevarse a cabo es, además, una cuestión que tienen que decidir los interlocutores sociales, y la resolución que hemos votado hoy les da, en efecto, una responsabilidad considerable en ese sentido. Para mí esto es muy importante.