Acta literal de los debates

Miércoles 23 de mayo de 2007 - Estrasburgo

6. Explicaciones de voto

- Informe Mauro (A6-0169/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, pese a que refrendo el informe del señor Mauro, lamento la ausencia en el mismo, al igual que en el borrador de la Comisión, de toda referencia a que las ayudas comunitarias estén asociadas a medidas de protección contra el ruido del tráfico ferroviario y por carretera. Por mucho trabajo de desarrollo que sea necesario hacer, la gente que vive en las proximidades también debe ser tenida en cuenta, y no solo su salud, sino también su aceptación del trabajo.

Por ello insto a que se modifiquen lo antes posible las normas sobre protección contra el ruido de vehículos ferroviarios para hacer referencia a niveles máximos más bajos y promover medidas para combatir el ruido exactamente del mismo modo en que promueven la ampliación de las redes transeuropeas.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor presidente, he votado en contra del informe Mauro basándome en que la cantidad de tráfico en Europa está aumentando enormemente y en que las carreteras desbordadas y los permanentes atascos de tráfico presagian el colapso del sistema de transporte. Aunque ya hace muchos años que decidimos los proyectos que formarían las redes transeuropeas de transporte, nos estamos quedando muy rezagados en lo que respecta a ponerlas en práctica, de forma que lo que debería ser la obra maestra de Europa, de momento, es más bien una chapuza.

También debemos hacer algo para que el viaje por ferrocarril sea más atractivo, y creo que esto debería hacerse no solo con el tráfico transnacional, sino también en creciente medida con los desplazamientos locales.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Aunque la propuesta de reglamento sobre la concesión de ayuda financiera comunitaria en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía establece un incremento del actual nivel de cofinanciación comunitaria, esta se queda corta con respecto a la propuesta original en lo que se refiere tanto a las redes de transporte como a las redes energéticas, debido al perjudicial acuerdo sobre las perspectivas financieras para 2007-2013.

En este caso hay otra cuestión de fondo. Las redes transeuropeas se ponen en práctica con financiación comunitaria y de los Estados miembros, es decir, claramente con financiación pública, con el objetivo de completar el mercado interior, tal como se explica en el punto primero de la posición común del Consejo: «unas redes de energía y de transportes potentes e integradas constituyen la columna vertebral del mercado interior europeo y un mejor uso de las redes existentes y el establecimiento de las conexiones que faltan permitirán aumentar la eficiencia y la competitividad». Dicho de otro modo, la esencia de estos proyectos consiste en completar el mercado interior, abriendo los mercados y entregando los sectores claves de la economía de un país a los intereses privados, por supuesto una vez que se ha hecho una inversión pública.

Dada la importancia de estos sectores para el desarrollo de cualquier país, defendemos que se mantengan en el sector público y por lo tanto nos oponemos a su privatización.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, a mi Grupo le habría gustado que nuestras enmiendas se hubieran incorporado a este informe, lo que habría aumentado las competencias del Parlamento en relación con los futuros presupuesto para las redes transeuropeas de transporte y energía, pero no ha sido así. Sin embargo, sigue siendo importante que este objeto de inversiones siga bajo estricto control parlamentario, ya que representa un ejemplo claro de «valor añadido europeo». La UE lleva muchos años desmantelando las barreras en Europa, pero sigue habiendo muchas barreras infraestructurales en el sector energético que hay que abordar. Escocia en particular tiene mucho que aportar a las necesidades energéticas de Europa, pero para ello necesitamos las conexiones pertinentes y me propongo explorar todas las formas posibles de destinar fondos europeos a estas conexiones a fin de maximizar el potencial de energía verde de Escocia.

- Informe Rübig (A6-0155/2007)

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Creo que esta ha sido una de las votaciones más importantes, al menos desde el punto de vista de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos de a pie saben muy poco sobre legalidades comunitarias. Están más interesados en averiguar qué significa pertenecer a la UE en sus vidas cotidianas.

Cuando las fronteras se desmoronan, cuando uno puede pasar de un país a otro sin pasaporte, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué debemos pagar tarifas punitivas adicionales para contactar por teléfono entre fronteras? Creo que lo mejor habría sido que el Parlamento decidiese abolir por completo todas las tarifas de itinerancia y declarase que todas las tarifas de telefonía móvil dentro de la Unión Europea deben ser iguales.

Sin embargo, admito que habría sido difícil ponerlo en práctica como primer paso, y por lo tanto celebramos el hecho de que al menos hayamos conseguido la reducción gradual de las tarifas de itinerancia. Son 10 millones de personas los que viven en Hungría y de ellos 9,5 millones utilizan teléfonos móviles. En mi opinión, era muy importante votar a favor.

  Ivo Strejček (PPE-DE). – (CS) He votado en contra de las propuestas sobre las llamadas de itinerancia por las siguientes razones: en primer lugar, estas medidas no son de naturaleza económica, sino política. Son una expresión del proteccionismo y de la nueva forma de comercialismo europeo. En segundo lugar, atentan contra el principio de la oferta y la demanda. En tercer lugar, aunque no espero que los operadores de telefonía móviles compensen esta reducción con el aumento de los precios en el mercado doméstico, presumiblemente reducirán la inversión en desarrollo y casi con toda seguridad romperán el ciclo de descenso de los precios nacionales.

El aspecto más preocupante para la UE es que los inversores perderán la confianza, ya que verán como el órgano regulador les mueve los postes de la portería en medio del partido.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) Para variar, me complace que se haya aprobado este acto legislativo de la UE. La reducción forzosa de las tarifas de itinerancia es positiva para los consumidores de toda Europa. No obstante, sigue siendo caro pagar 35 peniques por minuto para hacer una llamada y 17 peniques por minuto para recibirla, aunque está previsto que sigan cayendo en los próximos tres años. Ahora hay que conseguir reducciones en las conexiones de texto y correo electrónico.

  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) Los diputados al Parlamento Europeo del UKIP, al igual que los de todos los demás Grupos, tienen un interés personal en la reducción de las tarifas de itinerancia en la telefonía móvil. Por tanto, los diputados del UKIP no votarán sobre el informe Rübig. El UKIP cree que no es moralmente correcto que los diputados al Parlamento Europeo voten sobre una cuestión que pudiera suponer un enriquecimiento personal. Además, nunca aprobamos la normativa de la UE.

  Richard Corbett (PSE) , por escrito. (EN) Acojo con gran satisfacción el nuevo acuerdo sobre tarifas de itinerancia en la telefonía móvil. Los diputados laboristas al Parlamento Europeo hemos estado dos años luchando por introducir estas medidas, que representan un verdadero triunfo para los consumidores europeos y no podrían haberse logrado sin la UE. Durante demasiado tiempo, las empresas de telefonía móvil han estado cobrando cantidades escandalosas a las personas por utilizar los teléfonos en otros lugares en la UE.

Es una vergüenza que los diputados conservadores al Parlamento Europeo se pusieran de lado de las compañías de telefonía móvil para oponerse a la protección de los consumidores, defendiendo un aumento de las tarifas.

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Rübig sobre la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad porque las posiciones defendidas en este informe permitirán mejorar notablemente la situación de los consumidores europeos. Muchos ciudadanos europeos, incluidos los habitantes de la zona fronteriza de Nord-Pas-de-Calais, viajan con frecuencia al extranjero por razones profesionales o personales, y las tarifas actualmente en vigor cuando efectúan o reciben llamadas en su móvil son excesivas e injustificables.

El informe Rübig corrige una situación que penaliza la movilidad. Acojo, pues, favorablemente las tarifas fijadas en este informe: los costes por minuto que se han elegido son totalmente satisfactorios y muy inferiores a los que se aplican actualmente. No obstante, habríamos preferido unas tarifas aún más bajas, que hubieran constituido un incentivo mayor a la movilidad en Europa.

Además de unas tarifas notablemente reducidas, la exigencia de transparencia es un principio importante. Por lo demás, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha defendido también una mayor transparencia de los costes de las llamadas y ha conseguido que, de ahora en adelante, los ciudadanos europeos puedan saber qué les costará una llamada recibida o efectuada en el extranjero.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Rübig (A6-0155/2007) sobre la itinerancia de las redes de telefonía móvil en la Comunidad. Considero que el acuerdo preliminar entre el Parlamento y la Presidencia del Consejo sobre el texto del reglamento, en cuya formulación han desempeñado un papel clave los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, constituye una importante victoria para el consumidor.

Creo que estas medidas resultarán esenciales para el futuro de la sociedad de la información. Estas nos permitirán ahorrar miles de millones de euros y servir mejor a los intereses de los consumidores. La reducción de las tarifas de itinerancia hará posible derribar las barreras que aún persisten en el mercado interior, reforzando así la competitividad europea.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este reglamento afirma que su objetivo final es el de crear un mercado interior europeo de telecomunicaciones que funcione. Esto, tal como dice el informe, se debe a que la autorregulación no funciona.

En este caso es interesante observar que se reconozca el hecho de que el mercado no funciona, de ahí la necesidad de regular los precios. Por lo tanto proponen regular los precios minoristas y al por mayor, incluyendo la creación de un precio al por menor regulado –la Eurotarifa– que todos los operadores estarán obligados a ofrecer, con el fin de conseguir una reducción significativa del precio de la itinerancia. Incluso así, sigue existiendo la posibilidad de enormes márgenes de beneficios para los grandes operadores del sector. Dicho esto, hay ventajas para los consumidores: llamadas internacionales más baratas, sin que este coste se transfiera a los mercados nacionales y la libertad de elegir el operador y la tarifa más favorable.

Este es otro ejemplo de que el «mercado» claramente no protege a usuarios y consumidores, y por ese motivo es necesario este reglamento. Es hora de que la Comisión y los Estados miembros reconozcan esto en otros ámbitos y consigan un beneficio para los consumidores.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Hay momentos, extremadamente raros en esta Asamblea, en los que los diputados están llamados a votar sobre un texto realmente útil para los ciudadanos europeos y en los que, por una vez, Europa aporta un verdadero valor añadido.

Así sucedió, hace algunos años, con las transferencias transfronterizas en la zona del euro: una reglamentación europea impuso que su coste fuera idéntico al de una transferencia nacional. Nada más lógico y normal, puesto que se acababa de introducir la moneda única.

Así sucede hoy con el Reglamento sobre el coste de la itinerancia en las redes de telefonía móvil. Imperfecto, como todos los compromisos, este texto permitirá con todo controlar mejor las tarifas prohibitivas practicadas por los operadores en las comunicaciones internacionales comunitarias. Y la cláusula de revisión, prevista para dentro de 18 meses, brindará, esperamos, la ocasión de ir más allá en la defensa de los consumidores.

  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe contiene numerosas propuestas prácticas con la idea de mejorar la situación para los consumidores. La Lista de Junio celebra estas propuestas que, en lo que respecta a la información a los consumidores y la información sobre precios fácilmente accesible, son beneficiosas para el pueblo.

Sin duda los actuales precios de la itinerancia parecen absurdamente elevados. Sin embargo, antes de que se tome una decisión sobre medidas políticas, debe dejarse claro cuál es el fallo del mercado que se encuentra tras esta insatisfactoria situación. ¿Se trata de una cuestión de competencia insuficiente a través de lo que se conoce como colusión implícita? En ese caso sería bastante erróneo introducir la regulación de precios, ya que esto no contribuiría a solucionar el problema. Proponer un tratamiento sin un diagnóstico previo sería absurdo. Los investigadores en este ámbito deberían averiguar a qué fallo del mercado nos enfrentamos antes de adoptar medidas populistas.

A largo plazo, la libre competencia es lo que más beneficiará a los consumidores, y no la regulación de precios. Permitir que los políticos fijen los precios en lugar del mercado casi nunca es una solución constructiva a largo plazo.

En mi opinión, la propuesta también afectará a aquel sector de la población que, por motivos económicos o de otro tipo, en raras ocasiones viaje al extranjero.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Votaré a favor del informe sobre la propuesta relativa al Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil dentro de la Comunidad y que modifica la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2006)0382 – C6-02442006 – 2006/0133(COD)).

El señor Rübig ha señalado con acierto la necesidad de encontrar soluciones que permitan a los ciudadanos de la UE emplear los teléfonos móviles para llamar a casa mientras están en el extranjero. Actualmente no existe un mercado único en la telefonía móvil, y esta es una barrera para el uso cotidiano de teléfonos en el extranjero.

Estoy de acuerdo con la fórmula que establece tarifas máximas al por mayor y al por menor. Es muy importante reducir los injustificadamente altos niveles de tarifas de itinerancia, explicar a los usuarios cómo activar las nuevas tarifas e informarles de la fecha en la que entrará en vigor esta legislación.

Otra iniciativa positiva consiste en que cualquier cliente que no elija ninguna tarifa concreta en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del reglamento, disfrutará automáticamente de la tarifa regulada por la UE, y el hecho de que los operadores de telefonía móvil tengan que informar a sus clientes de los precios de itinerancia aplicados a las llamadas salientes y entrantes para sus tarifas concretas.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil muy a pesar mío, ya que va en contra de mis principales convicciones políticas. En efecto, considero que cualquier tarificación por parte del legislador constituye una intervención indebida en la economía de mercado y un vestigio de otra era que no hay que resucitar.

La aplicación de la Eurotarifa así fijada suscitará graves problemas a los operadores de los Estados miembros pequeños, que tendrán dificultades para financiar las inversiones necesarias para aplicar las nuevas condiciones de itinerancia. Los efectos a largo plazo de este Reglamento podrían saldarse incluso con un aumento de tarifas de las comunicaciones nacionales, lo cual sería contraproducente y desastroso para el buen funcionamiento de las economías nacionales.

Apoyo una tarificación transparente y una reducción de los costes de las comunicaciones itinerantes en un espíritu de libre competencia, pero esta reducción no debe efectuarse mediante la fijación de los precios al por menor ni a expensas de las tarifas de las comunicaciones nacionales.

Celebro también que en este compromiso se haya salvaguardado el principio de inclusión voluntaria, aun cuando habría sido preferible establecerlo sin condiciones ni plazos.

Este Reglamento solo tendrá una vigencia de tres años: ¡qué consuelo!

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) El informe contiene numerosas propuestas prácticas con la idea de mejorar la situación para los consumidores. La Lista de Junio celebra estas propuestas que, en lo que respecta a la información a los consumidores y la información sobre precios fácilmente accesible, son beneficiosas para el pueblo.

Sin duda los actuales precios de la itinerancia parecen absurdamente elevados. Sin embargo, antes de que se tome una decisión sobre medidas políticas, debe dejarse claro cuál es el fallo del mercado que se encuentra tras esta insatisfactoria situación. ¿Se trata de una cuestión de competencia insuficiente a través de lo que se conoce como colusión implícita? En ese caso sería bastante erróneo introducir la regulación de precios, ya que esto no contribuiría a solucionar el problema. Proponer un tratamiento sin un diagnóstico previo sería absurdo. Los investigadores en este ámbito deberían averiguar a qué fallo del mercado nos enfrentamos antes de adoptar medidas populistas.

A largo plazo, la libre competencia es lo que más beneficiará a los consumidores, y no la regulación de precios. Permitir que los políticos fijen los precios en lugar del mercado casi nunca es una solución constructiva a largo plazo.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He apoyado este acuerdo de compromiso en primera lectura. Se trata de una victoria importante que beneficiará a los consumidores, que podrán disfrutar de costes de itinerancia más baratos este verano.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de la propuesta de Reglamento relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil, que dará lugar a una reducción de los precios para millones de clientes que estén de viaje. La iniciativa ayudará a un gran número de clientes que se ven afectados por unas tarifas de itinerancia que son injustificablemente elevadas.

El Reglamento garantizará que los precios pagados por la itinerancia internacional al viajar por el territorio de la Unión Europea no serán injustificablemente más elevados que las tarifas pagadas dentro del país del usuario. Los consumidores se beneficiarán de precios más bajos a la hora de hacer llamadas en el país visitado, al volver a su país o desplazarse a otro Estado miembro de la UE. Los consumidores también ahorrarán considerablemente al recibir llamadas.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica ha votado a favor del informe Rübig sobre itinerancia, ya que después de la presión ejercida por del Parlamento Europeo, se ha conseguido un compromiso satisfactorio en beneficio de los consumidores europeos.

Por supuesto, todavía queda mucho por hacer para conseguir tarifas transparentes y ampliar su ámbito de aplicación y reducir aún más los cargos incontrolados que realizan las empresas de telefonía móvil.

También es necesario acelerar el proceso ante el Consejo de Telecomunicaciones, de forma que el reglamento pueda aprobarse cuanto antes y los consumidores puedan beneficiarse de los reglamentos introducidos ya este verano.

Este reglamento debe servir de ejemplo. Es necesario crear marcos reguladores en otros sectores en los que las reglas del libre mercado han demostrado ser inadecuados y reinan los cárteles.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. (PT) Los precios actuales de itinerancia penalizan a los usuarios que viajan entre distintos Estados miembros y constituyen un obstáculo para un verdadero mercado único.

Dada la naturaleza transfronteriza de las relaciones contractuales que implican estos servicios, los Estados miembros han demostrado su escasa capacidad para abordar este problema. Aunque la solución ideal sería que el sector se regulase a sí mismo, esto ha resultado ser imposible una vez más.

Los consumidores europeos merecen un trato más justo y transparente. Por lo tanto es necesaria una enmienda reguladora para toda Europa, que ponga fin al abuso, cree transparencia, garantice equilibrio en el mercado, permita una mayor facilidad de movimiento y comunicación, y fomente un mayor dinamismo económico.

Aunque los límites sobre el precio de las llamadas se han quedado muy por debajo de lo que pedía inicialmente el Parlamento, considero que este es un primer paso en la dirección correcta. También introduce la claridad y capacidad de previsión que faltaba en el mercado.

Espero que los operadores no reaccionen ante la pérdida de ingresos con una subida injustificada del precio de las llamadas nacionales, sino que en su lugar aprovechen la oportunidad de conseguir ingresos al aumentar el número de clientes y mejorar los servicios que prestan tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Con la aprobación este mediodía del Reglamento sobre las tarifas de telefonía móvil en el extranjero, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una legislación esperada por millones de consumidores: trabajadores o turistas, exasperados por los exorbitantes costes de las llamas transfronterizas efectuadas o recibidas en el GSM y que han recibido el apoyo de la Comisión Europea, autora de esta propuesta legislativa.

Aunque la filosofía liberal, que es la mía, se acomoda mal al intervencionismo en los precios del mercado, me opongo ante todo al dejar hacer, a la laxitud y a la formación de cárteles en un sector económico determinado.

Esta ley europea representa un avance considerable para la protección de los consumidores, que verán reducida su factura hasta un 70 %. Otro avance es la libertad de elección que se deja al operador de ofrecer al cliente una opción entre la tarifa reglamentada y una tarifa a tanto alzado que abarque asimismo los SMS y los MMS. Con todo, una queja: esta reducción de los cotes de la itinerancia no estará operativa para la temporada estival.

Los ciudadanos se consolarán con esta voluntad claramente expresada por las tres instituciones europeas de ganárselos de nuevo y responder a la primera de sus misiones: hacer leyes que cambien a mejor su vida cotidiana.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Hoy me he abstenido en la votación sobre la cuestión de la itinerancia. Cualquiera que haya viajado al extranjero sabe lo caro que es realizar y recibir llamadas, pero el hecho de que la UE establezca límites máximos de precios tiene sus peligros. Habría aceptado un reglamento a nivel de mayoristas que regulase, por ejemplo, la relación entre Telia y una empresa española, pero no apruebo que se establezca un máximo para los precios al consumidor. No debería ser un máximo, sino un mínimo. Si el máximo se establece en el 49 %, es obvio que las empresas deducirán dicho porcentaje. Los beneficios de las empresas se reducirían ya que anteriormente habrían tenido ingresos que podrían utilizarse para competir en el ámbito nacional. La desaparición de los beneficios podría provocar que las empresas tuviesen que aumentar sus precios nacionales. Entonces, la UE habría debilitado al vulnerable consumidor al que en todo momento afirmó querer proteger. El mercado de telefonía móvil es relativamente nuevo. En Suecia el mercado se ajustó gradualmente y los precios han descendido de forma significativa. Si el sistema se hubiese hecho más transparente, se hubiesen buscado mejores soluciones técnicas y se hubiese hablado de los sistemas de información en las propuestas introducidas, probablemente estas medidas habrían sido suficientes para empujar los precios a la baja. Los precios de la itinerancia se han reducido considerablemente, y aunque es cierto que lo han hecho de forma desigual en toda Europa, esto sigue siendo una prueba de que el mercado se está regulando a sí mismo.

  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de esta medida porque muchos ciudadanos europeos se ven afectados por unas tarifas de itinerancia más elevadas de lo necesario. La reducción de costes para tantas personas y empresas representa un ahorro muy útil para el bolsillo de los ciudadanos, así como de costes para las empresas. La función del mercado de la telefonía móvil es permitir la máxima eficiencia de la industria, al tiempo que se encuentra el equilibrio adecuado en relación con los intereses de los consumidores.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Votaré a favor del informe sobre la propuesta relativa al Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil dentro de la Comunidad y que modifica la Directiva 2002/21/CE sobre un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Cuando adoptamos la Agenda de Lisboa, nuestro objetivo era convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Por ese motivo debemos garantizar que el mercado de tecnología de telefonía móvil de la Unión Europea sea un mercado dinámico sin fronteras interiores.

En la actualidad, el 80 % de los ciudadanos de la UE tiene un teléfono móvil, pero las tarifas de itinerancia son tan altas que limitan la demanda de este servicio. Sin embargo, la telefonía móvil no se restringe a la comunicación de voz, sino que también incluye otros tipos de comunicación de nueva generación, como GPS, Wi-Fi y acceso remoto a Internet. Se trata de tecnologías muy avanzadas, que constituyen un elemento especialmente importante para ayudar a promover una economía basada en el conocimiento.

Por ese motivo no podemos permitir que su uso y su desarrollo se vean contenidos por barreras de precios exorbitantes.

  Jeffrey Titford (IND/DEM), por escrito. (EN) Los diputados al Parlamento Europeo del UKIP, al igual que los de todos los demás Grupos, tienen un interés personal en la reducción de las tarifas de itinerancia en la telefonía móvil. Por tanto, los diputados del UKIP no votarán sobre el informe Rübig. El UKIP cree que no es moralmente correcto que los diputados al Parlamento Europeo voten sobre una cuestión que pudiera suponer un enriquecimiento personal. Además, nunca aprobamos la normativa de la UE.

- Informe Lulling (A6-0148/2007)

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señor Presidente, Señorías, la introducción de impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas en 1992 constituyó el inicio de los esfuerzos por coordinar los impuestos en la creación de un mercado común. Este fue y es un proceso complejo.

Hasta el momento se ha conseguido un éxito parcial al conseguir coordinar los impuestos indirectos, establecer un nivel mínimo para el alcohol, las bebidas alcohólicas, el tabaco y los combustibles. Sin embargo, en realidad, la política de tributación ha seguido estando bajo la jurisdicción de los Estados miembros.

Aumentar el impuesto especial basándose en los índices de la inflación de la UE para 1993-2006 no es lógico. ¿Por qué debe aplicarse esta tasa de inflación a países que se incorporaron a la UE después de 2004?

La total abolición de los impuestos especiales basándose en el hecho de que son pequeños ingresos para los Estados miembros tampoco está justificado. Siguiendo el objetivo de la introducción de los impuestos especiales, de igual modo también deberíamos abolir los impuestos especiales sobre el tabaco y el combustible.

Apoyo mantener la situación actual, no cambiar los impuestos especiales y, basándose en el principio de subsidiaridad, permitir que los Estados miembros sigan fijando sus propios niveles de impuestos. Y más aún porque entre los propios Estados miembros no existe un acuerdo común sobre la abolición de los impuestos especiales.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, he hecho lo que la señora Lulling realmente quería que hiciésemos, y he votado en contra de su informe basándome en que busca el aumento de más impuestos, en esta ocasión retomando el antiguo argumento familiar de que es necesario para impedir las distorsiones de la competencia, aunque ahora resulta que –tal como habían previsto los expertos– las tarifas mínimas introducidas en 1992 no han hecho más que aumentar la diferencia entre las tasas de los Estados miembros, algunos de los cuales las aumentaron repetidamente y ahora quieren que los demás se vean obligados a hacer lo mismo.

Creo que actuar conforme a esta propuesta sería considerado por el público como otro atentado de Bruselas.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) A los socialdemócratas suecos nos habría gustado que el Parlamento hubiese respaldado la propuesta original de la Comisión de incrementar los impuestos mínimos teniendo en cuenta la inflación desde 1993.

Dado que se preveía que la votación sería muy justa, optamos por respaldar las enmiendas que pretendían aumentar las tasas mínimas de forma que tuviesen en cuenta la inflación desde la ampliación de 2004.

Nos complace que ahora el informe se haya devuelto a la comisión y esperamos que esta vez llegue a la conclusión de que los impuestos sobre el alcohol son necesarios para reducir el daño que este causa en la UE.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Es muy positivo que la mayoría del Parlamento haya rechazado este informe. Hemos votado en contra de imponer impuestos especiales en el ámbito supranacional, ya que esto habría limitado la soberanía tributaria y de la toma de decisiones mediante impuestos y el presupuesto.

El principal objeto de los impuestos especiales, que en la actualidad constituyen una parte significativa de los ingresos de numerosos Estados miembros, es moderar el consumo, como sucede en el caso de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, además de proteger la salud pública.

Aparte del impacto directo de estos impuestos sobre las actividades del sector agrícola y una parte importante del sector industrial, en primer lugar y por encima de todo, esta debería ser una decisión nacional basada en la preferencia del consumidor por los productos tradicionales, en la diversa preferencia social respecto al consumo de bebidas alcohólicas, y en cómo los distintos países emplean instrumentos tributarios diferentes, como sucede con el vino en Portugal, donde es importante mantener el tipo mínimo actual de cero euros, algo que se ha aceptado en el Pleno.

Sin embargo, nos oponemos a la propuesta de la Comisión de aumentar los tipos mínimos y las ideas de la ponente de contar con un tipo máximo.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Como indica el propio informe, la Directiva de 1992 sobre los impuestos especiales no ha conducido a ninguna aproximación de los tipos entre los Estados miembros, ni siquiera ha resuelto los supuestos problemas de distorsión de la competencia. Conforme a su programa «legislar mejor», la Comisión, si fuera coherente, debería pedir ella misma la abolición de este texto.

La verdad es que corresponde a los Estados miembros, y exclusivamente a ellos, fijar los impuestos, ya sean directos o indirectos, en su territorio, en función de sus necesidades presupuestarias, económicas y sociales, y que la armonización fiscal pretendida por la Comisión solo tiene de hecho una finalidad ideológica.

Concluiré señalando que no es una pequeña paradoja que quienes militan por la supresión de los controles en las fronteras, la libre circulación de las personas, las mercancías y los servicios y la libre competencia sean los primeros en quejarse cuando esta abolición y esta libertad de circulación incitan a los ciudadanos a sacar partido de la competencia.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos votado en contra de este informe porque no aborda los objetivos en conflicto que constituyen la esencia del problema en cuestión. Por supuesto, lo que nos preocupa realmente en este caso es el hecho de que el derecho de los Estados miembros a decidir sobre una cuestión tan importante como la política relativa al alcohol esté en conflicto tanto con la demanda de un mercado interior libre como con el derecho de los Estados miembros a tomar sus propias decisiones sobre sus sistemas tributarios. El alcohol no es un producto cualquiera. El mercado interior es la esencia de la UE, y el derecho de tributación es uno de los activos más importantes del Estado soberano.

La ponente no ha hecho ningún esfuerzo por analizar ni resolver estos objetivos en conflicto. Por lo tanto la cuestión debería ser tratada seriamente por expertos y representantes políticos que comprendan verdaderamente la materia antes de que el Parlamento se enfrente a nuevas propuestas.

- Informe Vergnaud (A6-0173/2007)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del enfoque realista planteado en el informe Vergnaud, ya que es obvio que las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia, que defienden el derecho de los pacientes a ser tratados en un país distinto del suyo, en el que de lo contrario su salud correría un gran riesgo o estaría en juego su vida, interfieren con los poderes de los Gobiernos nacionales.

Como sabemos, la Directiva de Servicios en el mercado interior excluyó los servicios sanitarios de la competencia de la Unión Europea y los dejó bajo el ámbito exclusivo de los Estados nacionales. Es obvio que aumentará la movilidad de los pacientes en Europa. Naturalmente estos pedirán acceso a la atención, incluidos los tratamientos más avanzados. Esto no se limitará a los trabajadores que desempeñen su empleo en otro país, también implicará a los pacientes que busquen tratamientos de gran calidad en el extranjero que por motivos objetivos no estén disponibles en su país de origen, y viajen al extranjero para obtener dichos tratamientos.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) Dado que creo que la prestación de unos servicios sanitarios universales y de calidad es competencia exclusiva de los Estados miembros, he votado en contra del informe Vergnaud y del intento de reintroducir la atención sanitaria en la Directiva relativa a los servicios.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos optado por votar en contra de este informe, en parte porque creemos que los propios Estados miembros deberían poder decidir para qué servicios sanitarios puede exigirse la notificación previa. Creemos que un sistema que implique la atención programada en el que podría obtenerse rápidamente la notificación previa tras un examen médico, sería beneficioso para los pacientes. Sería un sistema que prestaría igual acceso a los servicios de atención transfronterizos para todos y no solo para aquellos que pudiesen permitirse pagarlos de sus bolsillos y posteriormente esperar su reembolso. Hemos votado a favor de las enmiendas que recomiendan decisiones políticas y no decisiones de tribunales basadas en la jurisprudencia, incluso pese a que tenemos reservas sobre el hecho de que todas las iniciativas políticas sean objeto de codecisión por parte del Parlamento. También hemos votado a favor de la formulación que contiene referencias a la libertad de establecimiento, pero nos gustaría destacar que no creemos que esto implique necesariamente tener acceso a los recursos públicos.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Vergnaud.

La votación sobre este informe en el Pleno ha confirmado claramente el carácter específico de los servicios sanitarios y, por tanto, su exclusión de la Directiva relativa a los servicios. Esta votación ha evitado que se cuestione la igualdad de acceso a la asistencia y la viabilidad financiera de los sistemas de seguridad social.

Para mí, la reflexión emprendida a escala comunitaria sobre los servicios sanitarios debe centrarse ahora en la incertidumbre derivada de la jurisprudencia del TJCE y en los ámbitos en los que la Unión Europea puede generar valor añadido.

A mi entender, una directiva relativa a los servicios sanitarios acorde con el objetivo de una directiva marco sobre los servicios de interés económico general sigue siendo la única herramienta que permitiría a la Unión Europea aportar su valor añadido y recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en un ámbito que es la esencia misma de su vida.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Al igual que otras comunicaciones de la Comisión sobre asistencia sanitaria, este informe de iniciativa propia en cierto modo pretende aplicar una vez más a los servicios sanitarios el mismo planteamiento que el mercado interior de servicios, y lo hace presentando una nueva propuesta de directiva independiente para los servicios sanitarios. Por lo tanto, hemos votado en contra del informe. Sin embargo, hemos celebrado que se haya rechazado la propuesta de incluir los servicios sanitarios en la directiva sobre la liberalización de servicios.

El acceso universal a unos servicios universales y de gran calidad constituye un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que debe ser garantizado por los sistemas nacionales existentes de protección social de la UE. Los servicios sanitarios constituyen un bien público y las autoridades públicas de cada Estado miembro tienen la labor crucial de garantizar el acceso igualitario a todos los servicios sanitarios de gran calidad y de proporcionar financiación pública adecuada. Por lo tanto nos oponemos a la creación de un mercado interior liberalizado de servicios sanitarios y a la actual tendencia de reducir o privatizar los servicios sanitarios o hacerlos cada vez más dependientes de la regulación del mercado interior o de las normas de la competencia.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Los servicios sanitarios no son servicios como los demás. Por tanto, en ningún caso deben someterse a las normas europeas de la competencia, las ayudas estatales, los contratos públicos o el mercado interior. Ante todo, su organización y financiación deben ser única y exclusivamente responsabilidad de los Estados miembros.

A pesar del rechazo previsible del apartado que pedía que dichos servicios se sometieran a la denominada Directiva Bolkestein, el texto del informe nos sigue pareciendo peligroso. Propone alentar la movilidad del personal sanitario, a riesgo de crear escasez de ese mismo personal y, por tanto, de la oferta de asistencia para todos los ciudadanos en algunos países; o incluso de alentar sin control la movilidad de los pacientes, lo que puede poner en peligro la calidad de la oferta de asistencia, conducir a la saturación de las infraestructuras y comprometer el equilibrio de los sistemas de protección social.

El objetivo del acceso, para todos los ciudadanos europeos, a una asistencia de calidad y de proximidad no puede alcanzarse en ningún caso mediante una directiva europea basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre algunos casos transfronterizos litigiosos. De hecho, dicho objetivo solo puede alcanzarse si se garantiza que Bruselas no pueda legislar jamás en este terreno.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) He votado en contra de este informe, con enmiendas incluidas, porque creo que sigue dejando nuestros servicios sanitarios nacionales a merced de la liberalización rampante y la inseguridad jurídica. Aplaudo el hecho de que el Parlamento mantenga su posición de excluir los servicios sanitarios del ámbito de la Directiva relativa a los servicios. Sin embargo, por lo visto ahora rechazamos poner coto al papel del mercado en relación con el derecho de los Estados miembros a decidir el método, la financiación y el alcance de los servicios sanitarios que prestan. A menos que aprobemos un marco legislativo claro, preferiblemente respaldado por un cambio de los Tratados, animaremos activamente al Tribunal de Justicia a que decida lo que es o no un tratamiento médico y si habría que reembolsar sus costes o no o exigir una autorización previa. Como ponente sobre el Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, quiero dejar claro a algunos en esta Cámara que la situación del reembolso no es un sistema nuevo: lleva funcionando desde hace 30 años y ha demostrado ser muy poco útil para miles de ciudadanos, pero su ámbito y su funcionamiento deberían venir determinados por el Parlamento y el Gobierno –no por los tribunales–, así que lamento que se haya aprobado la enmienda 24 de los liberales.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Este informe refleja la voluntad de eludir el contenido de la Directiva relativa a los servicios, que legítimamente había excluido los servicios sanitarios de su ámbito de aplicación. Los servicios sanitarios no son servicios comerciales, sino servicios vitales para nuestras poblaciones cada vez más viejas. La salud debe escapar de la codicia de las rapaces ultraliberales, así como de la ideología federalista europea, que va a armonizarlo todo a la baja. La cuestión de la exclusión de los servicios sanitarios es competencia de los Estados miembros y debe seguir siéndolo.

Es preocupante comprobar también que se sigue haciendo referencia a la famosa Estrategia de Lisboa como paso obligado, cuando sabemos desde hace mucho que es un símbolo de la ineficiencia europeísta. Además, a la luz de las diferencias existentes entre nuestros países, cabe afirmar que la universalidad de un supuesto modelo social europeo es una utopía. Finalmente, crear un marco jurídico en este terreno equivale a crear prácticamente un mercado interior de los servicios sanitarios o, al menos, colocar sus cimientos.

Nuestro deber es impedir que se ponga en entredicho la calidad de los servicios sanitarios, preservar una ética médica y garantizar controles estrictos en materia de autorización y reembolso de la asistencia a escala nacional y ministerial.

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe sobre el impacto de la exclusión de los servicios sanitarios de la directiva Bolkenstein con el pretexto de proteger a los pacientes y a los profesionales de la salud, promueve la comercialización y la privatización adicional de un sector de elección para el capital, de forma que pueda general beneficios para este.

Los diputados al PE del Partido Comunista griego expresamos de forma clara nuestra oposición a la directiva Bolkenstein y estamos luchando con los trabajadores para que se revoque.

El informe da por hecho que los sistemas sanitarios nacionales serán inadecuados y que los servicios sanitarios no serán gratuitos. Por eso promueve la reducción de los servicios sanitarios que abarcan los fondos de seguros al mínimo denominador común, utilizando para ello la tarjeta sanitaria. Se propone el empleo nómada para los trabajadores y se infravalora la necesidad de conocimiento científico equilibrado basado en la formación y la adquisición de capacidades. También se obliga a los profesionales a contar con un seguro de indemnización, por el que se reduce la obligación del Estado de proporcionar servicios médicos y de atención a una responsabilidad personal. También se reduce la elección de tratamiento del paciente a una responsabilidad personal, a través de redes de información que sustituyen a la obligación del Estado.

Por ello, los diputados del Partido Comunista griego hemos votado en contra del informe. La salud es un bien social y los trabajadores deben ampliar su lucha contra su comercialización exigiendo unos servicios sanitarios nacionales modernos y gratuitos dirigidos exclusivamente por el Estado que cubran las necesidades actuales de los trabajadores.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe sobre las consecuencias de excluir los servicios sanitarios de la Directiva sobre servicios. En particular, me complace que el informe pida a la Comisión que proponga «un instrumento apropiado» para codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Pese a la controversia que ha generado este informe, que se ha resuelto a tiempo, creo que el formato actual del informe reafirma los derechos existentes y fomenta la movilidad de los pacientes. Eso era precisamente lo que se pretendía.

Dada la especial importancia de esta cuestión, el debate debe englobar la gran variedad de diversos sistemas en los distintos Estados miembros de la UE. En cualquier caso, lo más importante es garantizar que las prestaciones que crea la movilidad de los pacientes sean claras y viables.

La salud es una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos y sería erróneo imponer soluciones a los Estados miembros mediante una legislación comunitaria que socave las normas que han acordado ciudadanos y políticos. Sin embargo esto no impide que se introduzcan normas para facilitar el uso de este servicio en un espacio libre como la UE, en el que existe una tradición de movilidad en varios aspectos.

Por lo tanto creo que el resultado es positivo y favorable para los intereses y derechos de los ciudadanos.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) La política europea en el ámbito de la atención sanitaria no debería limitarse a regular la movilidad de los pacientes ni a crear un mercado unificado. Debemos evitar una política de dos velocidades mediante la que cualquier persona que tenga una seguridad económica pueda optar por viajar para encontrar la mejor atención.

Esto socava la solidaridad y la cohesión territorial, y por lo tanto no es adecuado. La atención sanitaria –al igual que otros servicios de interés general– con frecuencia forma parte de una estructura nacional de protección social que garantiza que se salvaguarden los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por estos motivos, esta Asamblea decidió el pasado año excluir los servicios sanitarios de la directiva de servicios. Hoy no debemos anular esta decisión.

El texto que acaba de aprobarse, que examina el impacto y las implicaciones de esta exclusión, insta a la Comisión a desarrollar un instrumento sostenible para codificar la jurisprudencia con respecto a los derechos y obligaciones de los pacientes móviles, así como a los proveedores de asistencia sanitaria. No creo que esto sea suficiente.

Si se toma la jurisdicción como única base de la política, esto no hace justicia a la importancia de este ámbito en una Europa social. La salud es un derecho fundamental. Todo el mundo tiene derecho a viajar a otro país para recibir la mejor atención. Todo proveedor de atención, así como los Estados miembros implicados, tienen la obligación tratar en igualdad de condiciones a todos los pacientes.

  Marc Tarabella (PSE), por escrito. – (FR) En la votación sobre el proyecto de informe Vergnaud, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, los diputados de la derecha han apoyado una enmienda encaminada a reintroducir los servicios sanitarios en la Directiva relativa a los servicios. Con ese voto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha roto un compromiso anterior con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo que protegía los servicios sanitarios manteniéndolos fuera del ámbito de aplicación de la Directiva sobre «servicios».

Felizmente, los diputados del Grupo del PPE-DE han decidido respetar ese compromiso en la votación en el Pleno y respetar la asistencia sanitaria, negándose a hacer de la salud una mercancía. A resultas de esa votación, ha triunfado la voluntad de los socialistas de defender unos servicios sanitarios accesibles, de alta calidad y a precios asequibles para los ciudadanos de la UE.

- Informe Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)

  Richard Corbett (PSE) , por escrito. (EN) Acojo con gran satisfacción el hecho de que, a partir del año que viene, la agricultura ya no será el principal capítulo del gasto presupuestario de la UE, sino los diversos Fondos Estructurales. Se trata de una reasignación de recursos encomiable, siempre que, por supuesto, ese dinero reasignado se gaste bien. También en este punto me gustaría acoger con prudente satisfacción el cambio gradual de la propia financiación estructural a favor del desarrollo de la innovación y la empresa en nuestras regiones menos prósperas.

Los Fondos Estructurales deben ser más que una simple transferencia de recursos de los Estados miembros más prósperos a los menos favorecidos; si esto fuera todo, se podría hacer sencillamente mediante un ajuste de las contribuciones y reembolsos presupuestarios. Los Fondos Estructurales deben aportar un valor añadido y ser una verdadera política europea por derecho propio, que ayude más a las regiones menos prósperas que a los Estados miembros, desarrollando vínculos transnacionales y contribuyendo a garantizar que todos puedan beneficiarse del mercado único europeo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que la intención del informe es la de contribuir al debate sobre el futuro de la política de cohesión de la UE, debemos señalar nuestro desacuerdo con algunos aspectos importantes del mismo:

- la idea de que la concesión de fondos como parte de la política de cohesión depende del cumplimiento de los criterios de conformidad económica establecidos en el ámbito comunitario, como medio para ejercer presión adicional sobre el modo en que los Estados miembros definen sus políticas sociales y económicas;

- el establecimiento de máximos obligatorios en el modo en que se utilizarán los fondos estructurales, ya sea en el ámbito comunitario o en los Estados miembros, por ejemplo «destinar al menos el 20 % de los fondos estructurales a la promoción de I+D+I»;

- promover el uso de los fondos estructurales para la financiación de inversiones privadas mediante lo que se denominan asociaciones público privadas.

- el uso de nuevos indicadores de cohesión, como el empleo, el nivel de desigualdades del PIB entre regiones vecinas, el índice de accesibilidad y descentralización, el suministro de infraestructuras y transporte, el nivel de investigación/innovación, la actividad de educación y formación y la diversidad de producción, sin preservar la idea de que el PIB per capita debe seguir utilizándose como indicador base de la elegibilidad en lo que respecta a la política de cohesión.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) Este informe destaca con acierto el papel fundamental de la política de cohesión a la hora de apoyar al mercado interior a través del intercambio comercial y de empleo que ha surgido a través de los proyectos que han disfrutado de la cofinanciación de la Unión Europea. También deberíamos tener presente el papel que desempeña la política de cohesión para mejorar la imagen de la UE a los ojos de los ciudadanos e incrementar en apoyo a esta en regiones que se han beneficiado de forma considerable de dicha política.

Animar a la Comisión y al Consejo a que evalúen si merece apoyo la asignación de al menos el 20 % de los fondos estructurales a la investigación, el desarrollo y la innovación. La propuesta de transferir la función de iniciador tecnológico al ámbito local y regional también es digna de atención, ya que el acceso a los programas y a la ayuda europea facilitará la innovación de las empresas.

En su llamamiento a una mayor exposición y publicidad para los proyectos respaldados por los fondos estructurales, Francisca Pleguezuelos Aguilar quiere concienciar más a nuestros ciudadanos sobre los beneficios de la política de cohesión.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La idea de la cohesión, que ha estado con nosotros desde el Tratado de Roma, es una de las piedras angulares de la UE. En pocas palabras, el desarrollo de unos pocos es el desarrollo de todos.

La historia nos ha demostrado que la cohesión, un concepto probado y en el que se confía, se caracteriza por la generosidad y el realismo, tanto para los Estados miembros que acaban de incorporarse como para los que llevan más tiempo en la Unión. Por lo tanto, al igual que la ponente y la mayoría de los políticos europeos, creo que es preciso promover y defender el valor de la cohesión. Sin embargo, también creo que debe ponerse al día. Los objetivos que hace diez o quince años fueron descartados de la cohesión, debido a que había carencias y diferencias más importantes, son hoy cuestiones que sin duda deberían incluirse en el contexto de una economía en crecimiento y más competitiva. Siendo así, la cohesión debe promover la mejora de las competencias relativas a la investigación y el desarrollo, por una parte, y el apoyo a las partes más competitivas de cada ámbito, por otra.

La cohesión no es una solución para todo; más que nada, consiste en invertir para obtener el máximo beneficio de nuestras diferencias y en garantizar que la inversión es sostenible durante un periodo de tiempo, con vistas al desarrollo armonioso.

  Alyn Smith (Verts/ALE), por escrito. (EN) Señor Presidente, me complace apoyar este informe de iniciativa propia sobre la importancia de los Fondos Estructurales para la cohesión de la UE, dado que en Escocia contamos con mucha experiencia sobre la utilización de los fondos para desarrollar nuestras zonas periféricas y regenerar nuestros centros urbanos. Conforme se van desarrollando los nuevos fondos, contamos con una experiencia que estamos utilizando en Europa para ayudar a nuestros nuevos socios en la creación de sus programas y, por supuesto, tenemos un interés crucial en este tema, por lo me complace ver que este informe haya recibido hoy la aprobación de la mayoría.

- Informe Martin David (A6-0088/2007)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Enhorabuena a mi colega David Martin por su pertinente informe, que cuenta con mi apoyo. La UE tiene la responsabilidad de garantizar que los países en desarrollo cuenten con la capacidad necesaria para participar y beneficiarse de la economía mundial. No se trata solo de un sistema de comercio más justo y abierto. A pesar de los enormes avances registrados en el acceso al mercado, incluida la iniciativa «Todo menos armas» de la Comisión, el porcentaje que representan los países menos adelantados en el comercio mundial se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años, del 1,9 % al 1 %.

La ayuda al comercio es necesaria con vistas a crear las condiciones y la infraestructura necesarias para impulsar el crecimiento, pero esta ayuda debe estar bajo el control de los propios beneficiarios a fin de que se adapte a sus propios planes de desarrollo nacionales.

Me complace que el Reino Unido tome la iniciativa al aportar su parte de 2 000 millones de euros anuales al presupuesto comercial prometido por los Estados miembros de la UE en Gleneagles hasta 2010. Solo podremos erradicar la pobreza en el Tercer Mundo si capacitamos a las empresas, en particular las que participan en el comercio justo, para ofrecer el trabajo digno que tanta falta hace.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) En lo que a nosotros respecta, la «ayuda» no puede ni debe considerarse como parte de «abrir los intercambios», tal como propone el ponente. Tampoco debe emplearse como «uno de los medios más eficaces de crecimiento económico» de los países más pobres. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar la ayuda depende de la idoneidad de las «políticas internas» de estos países y de un «aumento efectivo de la capacidad de aplicar una buena gobernanza» en interés de las poderosas multinacionales de la UE y los Estados Unidos. Es decir, se ponen condiciones al desarrollo basado en la «ayuda» de estos países, que equivale a explotar su fragilidad estructural inherente, siguiendo una historia de colonialismo, en beneficio del capital de la UE. Se ven obligados a producir para exportar, especialmente productos con escaso valor añadido con un menor rendimiento económico, cuyo precio no cubre los costes de producción. Esto se aplica a numerosos productos agrícolas, obligándoles a establecer barreras arancelarias para bloquear la entrada de productos del exterior.

En segundo lugar, esta directriz establece una jerarquía entre países, lo que acentúa aún más la diferencia entre los denominados países ricos y pobres, con consecuencias en el ámbito nacional para los Estados miembros de la UE, y en lo que se conocen como terceros países...

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Como ponente he votado con mucho gusto a favor de mi informe. Solo se presentaron un puñado de enmiendas en la votación en el Pleno, algunas de las cuales aportaban un valor añadido al informe o mejoraban la redacción. Sin embargo, algunas cambiaban demasiado el énfasis del informe, por lo que no he podido votar a favor de algunas de las enmiendas.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Todos estamos de acuerdo con el objetivo de sacar por fin de la pobreza a los países del Sur, aun cuando no siempre se tomen las medidas idóneas para el África negra, es decir, el reparto del agua, la alimentación, los medicamentos básicos y la educación.

El comercio internacional, como herramienta de lucha contra la pobreza, es necesario, pero no suficiente. Puede que a largo plazo sea suficiente, pero como dijo Keynes: «a largo plazo todos estaremos muertos».

Por tanto, hay que acelerar e innovar. En particular, mediante la invención de una nueva tecnología aduanera, con derechos de aduana deducibles en forma de crédito aduanero ofrecido por el importador al exportador a cuenta de compras en la economía del país importador e igual al importe del derecho de aduana soportado. Para los países del Sur, este crédito aduanero estaría bonificado, como los matching credits o sparing credits ya existente en fiscalidad internacional.

Así, los países pobres dejarían de perder los valiosos ingresos de sus derechos de aduana.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Tal como indica el informe con acierto, «abrir los intercambios es «uno» de los medios más eficaces de crecimiento económico, que resulta indispensable para reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico y el empleo de los pobres, así como un importante catalizador del desarrollo sostenible en todo el mundo». Por su puesto, no continúa diciendo –ni tampoco es ese mi punto de vista– que lo único que hay que hacer es abrir el comercio y las democracias florecerán para convertirse en sociedades libres y plurales. No es así, tal como se ha puesto de manifiesto en la era moderna, siendo China un ejemplo de ello. Sin embargo, el hecho es que no existe una sociedad libre, plural y democrática que en esencia no esté abierta al comercio.

Es esta idea –y no una versión diluida ni totalmente intransigente de la misma– la que debería estar al frente de las directrices de la UE en lo que se refiere a la ayuda al comercio internacional.

Nuestro compromiso en la escena mundial debería dirigirse a abrir el mundo cada vez más al comercio, sin que esto haga que las economías y los mercados vulnerables queden desprotegidos.

- Informe Sturdy (A6-0084/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Pese al lenguaje políticamente correcto, el informe no consigue ocultar las verdaderas intenciones de la UE tras los actuales Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP).

Lo que pretende la UE con los AAE es conseguir todo lo que pueda de las actuales negociaciones de la OMC, sobre cuestiones en las que hasta el momento ha fracasado, es decir, probar la puerta de atrás después de haber probado por la puerta principal.

Por lo tanto «pide que el ritmo, el calendario y el alcance de la liberalización sean graduales y flexibles». Pero «subraya los beneficios que estas cuestiones pueden aportar para el desarrollo». Considera que «los acuerdos sobre inversiones, competencia y adquisiciones del sector público... podrían contribuir a alcanzar los objetivos compartidos de buena gobernanza y transparencia, creando un entorno que debería posibilitar una mayor colaboración entre los sectores público y privado». Recuerda que los «marcos reglamentarios sólidos son un componente esencial de todo proceso de liberalización», en lo que respecta a los servicios y los servicios públicos. Dicho de otro modo, es simplemente una versión azucarada de la agenda neoliberal.

Lo que hace falta es una agenda totalmente diferente, que promueva la cooperación efectiva, la solidaridad, el desarrollo independiente y la justicia social.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Los Acuerdos de Asociación Económica han causado muchas divisiones y controversias. En ocasiones, ha parecido que las consideraciones sobre el desarrollo no han tenido prioridad en la reflexión de la Comisión sobre los AEE. Este informe del Parlamento presenta una contribución muy oportuna y equilibrada al debate y hay que felicitar al ponente, el señor Sturdy, por el enfoque adoptado en el informe.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Dentro del marco limitado de las normas de la OMC, los Acuerdos de Cooperación todavía pueden –y deben– ser un instrumento efectivo para la promoción del comercio y, lo que es más importante, para respaldar la creación que la infraestructura que propicie el comercio. En este entorno, este es un informe celebrado que establece sus principios de forma clara y está respaldado por valores dignos.

En lo que respecta a cuestiones similares debatidas en esta sesión plenaria, quisiera reafirmar mi convicción de que la promoción del comercio libre, abierto y justo sustenta la democratización de las sociedades y fomenta la pluralidad de las fuerzas sociales. Este es un motivo más de la importancia de los acuerdos de cooperación.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. – (FR) La negociación de los acuerdos de asociación económica entra en una fase crucial, pues el 1 de enero de 2008 marca la expiración de los acuerdos actuales.

Debido al carácter esencial de esos acuerdos, he votado a favor del informe, por considerar que estos acuerdos permiten crear un nuevo marco económico y comercial favorable al desarrollo sostenible de las economías de los países ACP. Insisto en esta dimensión de desarrollo: estos acuerdos no pueden reducirse a ser meros acuerdos de libre comercio con arreglo a la OMC, han de ser instrumentos al servicio del desarrollo económico y humano. Por ello, los AAE serán lo más asimétricos y progresivos posible.

He votado a favor de la enmiendas 20 y 28, relativas a la necesidad de tener en cuenta, en las negociaciones, las características específicas de las regiones y territorios de ultramar, con arreglo al apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE. En efecto, conviene examinar los intereses propios de esos territorios, prever diferenciaciones en materia de acceso al mercado y mejorar la articulación de las modalidades existentes de acompañamiento con las de los países ACP. Quiero matizar también el apartado 13 del informe recordando las conclusiones adoptadas por el Consejo, que prevén períodos de transición en la oferta de acceso al mercado de la UE para determinados productos que sean especialmente sensibles para la UE.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Hasta la fecha, el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) ha garantizado a los Estados ACP el acceso preferente al mercado de la UE, con menores aranceles a la importación en las fronteras comunitarias y un mejor acceso al mercado. Esto ha permitido que los países en desarrollo exportaran sus productos a los países europeos más ricos con mayor facilidad.

Este acuerdo dentro de la OMC constituye una excepción formal a la norma de no discriminación del principio de la Nación más favorecida. Conforme al Acuerdo de Cotonú de 2000, esta excepción no debe retirarse después de finales de 2007, y debe sustituirse por Acuerdos de Cooperación Económica (ACE) negociados individualmente. De lo contrario, todo miembro de la OMC podría denunciar discriminación.

Este informe plantea con acierto un apunte crítico. Es esencial que la Comisión negocie los ACE teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los Estados ACP. El principio de total liberalización del mercado no debería entrar en juego en este caso, ya que constituye una verdadera amenaza tanto social como económica para estos.

Sin embargo, el informe no da la debida consideración a las circunstancias sobre el terreno. Está por ver si los ACE tendrán un efecto positivo o negativo. Por ello no es muy sorprendente que los países en cuestión no tengan prisa por firmar estos acuerdos mucho antes de que termine 2007.

Si el Parlamento no elimina la presión del tiempo y no está dispuesto a perseverar con el sistema SPG+, no podré votar a favor del informe.

  Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – En el espíritu del Acuerdo de Cotonú, los AAE no son meros acuerdos de libre comercio en el sentido de la OMC, sino una verdadera asociación que permite establecer un nuevo marco económico y comercial favorable a los países ACP.

Debido a su posición geográfica cercana a numerosos países ACP, las comunidades de ultramar ocupan un lugar central en estos acuerdos preferenciales y recíprocos con los países ACP.

Es imperativo tener en cuenta la especial situación de las regiones ultraperiféricas en el marco de esta negociación, sobre la base del apartado 2 del artículo 299 del Tratado.

Los países y territorios de ultramar cercanos a los países ACP deben ser objeto asimismo de atención especial, dentro del respeto de los acuerdos de asociación que los vinculan ya a la Unión, con arreglo al apartado 3 del artículo 299 del Tratado.

Hay que examinar los intereses propios de las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar, sin omitir asociarlos en las fases más tempranas posibles a la negociación, para prever diferenciaciones en materia de acceso al mercado y coordinar sus modalidades respectivas de acompañamiento, a fin de mejorar su inserción en el entorno regional.

Me complace la aprobación de la enmienda que he presentado, destinada a encontrar un equilibrio inteligente entre la integración regional de esos territorios de ultramar y los vínculos que los unen a Europa.

- Informe Brok (A6-0130/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor de este informe basándome en que las medidas que se destacan en él deben adoptarse como cuestión de necesidad absoluta si se quiere que nuestra Unión Europea se convierta en una unión política que hable con una única voz al mundo exterior y por lo tanto sea capaz de convertirse en un agente global en lugar de convertirse en un inútil.

Por este motivo, la Unión Europea necesita concretamente el desarrollo adicional de su propia política de seguridad y defensa, con la investigación conjunta, una oficina de adquisición conjunta, fuerzas de defensa comunes capaces de actuar de forma autónoma, y operaciones conjuntas financiadas con el presupuesto de la UE. Sin embargo, esto depende de que adquiramos un nuevo marco regulador en forma de nuevo Tratado, y confío en que la presencia de la señora Merkel en la Presidencia del Consejo, junto con el pragmatismo del señor Sarkozy, haga posible que se de un paso decisivo en la dirección correcta.

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos no creemos que el informe Brok sea el foro adecuado en el que deba debatirse el Tratado y lo que este debería y no debería incluir. Creemos que debería aumentarse la cooperación sobre política exterior, pero no consideramos adecuado en esta situación comprometernos de forma irrevocable a contar con un Ministro de Exteriores común a toda la UE. Por consiguiente, hemos decidido abstenernos sobre estas cuestiones.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Entre otras cuestiones, el informe defiende el rechazado (!!!) «Tratado constitucional». Este hace un firme llamamiento a la «plena ratificación» (?) y «entrada en vigor del Tratado» (?) «a fin de que la Unión esté preparada para hacer frente a las responsabilidades, amenazas y retos globales del mundo actual», a través de la política exterior y de seguridad común y la política europea de seguridad y defensa, eso dicen…

Esta postura adoptada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (que incluyen a los Socialdemócratas, Conservadores y Socialistas portugueses) es especialmente significativa dado que son estas fuerzas políticas las que están negociando la formulación de un Tratado «simplificado» que nos dicen que es distinto al contenido de la «Constitución europea». Asegurémonos de que esto esté claro. En última instancia, ¿cómo puede presentarse algo como distinto cuando reafirma precisamente aquello de lo que se supone que es diferente? Es ahí donde está la discrepancia...

La verdadera intención de las fuerzas políticas y los intereses financieros y económicos en el origen de la integración capitalista europea consiste en acelerar la militarización de la UE, en un marco jurídico y constitucional –dentro del marco de la OTAN, recuérdenlo– y esto se establecería mediante la denominada «Constitución europea». De ahí la política exterior «común» de intervencionismo, con su planteamiento agresivo, esclava de las ambiciones e intereses de los grandes grupos económicos y financieros de las principales potencias, con Alemania a la cabeza.

  Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) He votado en contra del informe del señor Brok (A6-0130/2007) no solo porque el ponente ha optado por incluir el tema de la Constitución, sino porque también plantea la cuestión de si la UE debería contar con un Ministro de Exteriores común. En la actualidad no tenemos funciones ministeriales en la UE ni deberíamos tenerlas. Todos los Estados cuentan ya con sus propios Ministros de Exteriores. ¿Qué más podemos esperar? ¿Un Ministro común de Medio Ambiente y quizás finalmente un Primer Ministro común?

  Richard Howitt (PSE) , por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) apoya gran parte de esta resolución, en particular la alta prioridad que da a la consolidación de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la no proliferación y al importante papel de la UE en la prevención de conflictos y el establecimiento de un multilateralismo efectivo.

Sin embargo, la resolución se centra excesivamente en los cambios de procedimiento internos más que en las prioridades de política exterior. El EPLP ha votado en contra de los apartados 1, 5 y 11 y se ha abstenido en la votación de las enmiendas 2, 3, 4 y 5, dado que las referencias al Tratado constitucional y las disposiciones detalladas que contiene son inapropiadas mientras su futuro siga en discusión. En particular, la aprobación del Tratado constitucional no debería ser considerada un requisito previo para futuras ampliaciones. El EPLP también se ha abstenido en la votación sobre el apartado 8(g), dado que el valor añadido de una escuela diplomática de la UE todavía está por demostrar, y sobre el apartado 8(h), aunque estamos de acuerdo en que sin duda es necesario reforzar el papel de las delegaciones en el exterior, no creemos que deban ser «embajadas» de la UE. El EPLP apoya plenamente la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y también apoya la mejora de la forma en que la UE habla en la ONU. Sin embargo, no es apropiado hablar de un escaño común europeo, como se dice en el apartado 10.

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. (CS) El informe del señor Brok expone la raída naturaleza de la política exterior y de seguridad común de la UE. Por otra parte, solicita a la UE que se implique más en los conflictos en el Cáucaso y Transdniéster, y por lo pronto se opone a que surjan Estados en estas áreas y a su reconocimiento internacional. Por otra parte, trata de incumplir la incompleta Resolución 1244 y declarar la independencia controlada de Kosovo. El autor, junto con la señora Beer del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha optado por lo tanto por reabrir la caja de Pandora del cambio territorial en Europa.

Tengo curiosidad por saber cuándo se referirá a Cataluña, el País Vasco o incluso a Galicia para que se separen de España y cuándo se harán oír las voces de los separatistas de Eslovaquia, Rumanía y Serbia. ¿Qué haremos respecto a la demanda de dividir Macedonia (o debería seguir siendo la Antigua República Yugoslava de Macedonia)? ¿Se ha establecido un ejemplo para las comunidades musulmanas relativamente compactas de algunas partes del sur de Francia, o quizás para los emigrantes concentrados en las grandes ciudades de Europa Occidental?

El temor expresado en el Artículo 25 sobre las primeras pruebas del mecanismo de defensa antisatélite chino es igualmente contraproducente. No tenemos temores similares relativos a los Estados Unidos. Por desgracia, hay tantas partes igualmente inaceptables de este informe que ni yo ni mi Grupo parlamentario lo respaldaremos en la votación final.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Señor Presidente, votaré a favor del informe de Elmar Brok sobre el Informe Anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y opciones básicas a los que se enfrenta la PESC, incluidas las repercusiones financieras sobre el presupuesto general de las Comunidades Europeas para 2005 (apartado 40(H) del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999).

El informe del señor Brok destaca con acierto que sin un tratado constitucional la Unión Europea no estará en posición de enfrentarse a los principales retos que plantea actualmente la política exterior y de seguridad común. La designación de un Ministro de Asuntos Exteriores que también pertenezca a la Comisión y que dirija el Consejo de Ministros de Exteriores permitiría a la UE actuar con mayor efectividad y solidez en el ámbito internacional. La suma de 1 740 millones de euros asignados a la política exterior y de seguridad común para 2007-2013 no es adecuada a las ambiciones de la UE de convertirse en un agente internacional.

El informe señala con acierto la necesidad de reforzar el papel del Parlamento Europeo en la política exterior y de seguridad común y el Consejo no debería limitarse a simplemente informar al Parlamento, sino principalmente a implicarlo plenamente en las principales opciones y actividades de la política exterior y de seguridad común.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y, en particular, me complace que haga hincapié en la necesidad de fijar internamente las prioridades exteriores, por ejemplo la lucha contra la pobreza, a fin de que la UE hable con una sola voz en los asuntos internacionales.

  Marek Siwiec (PSE), por escrito. – (PL) Señor Presidente, el informe de Elmar Brok sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales a los que se enfrenta la PESC destaca acertadamente las circunstancias del caso. Sin un tratado constitucional será imposible hablar de una política exterior y de seguridad común que sea capaz de responder a los desafíos que plantea la comunidad europea.

Por otra parte, el informe define correctamente los ámbitos de interés para la UE en los que debemos concentrarnos, incluida la lucha contra el terrorismo, la inmigración, la seguridad energética y la no proliferación de armas de destrucción masiva. El informe es equilibrado y se ha puesto énfasis en los lugares correctos, por lo que respaldo plenamente su aprobación.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe anual propone reforzar el sector militar y político de la PESC en torno a los 1,8 millones de euros, lo que supone tres veces el gasto para el periodo 2007-2013, con el fin de intensificar la agresiva política de la UE, de forma que pueda reclamar una mayor parte del botín de los monopolios eurounificadores de las intervenciones imperialistas que hay en curso en contra de los pueblos.

Respalda la adopción de la Constitución europea, muerta tras los referendos celebrados en Francia y en los Países Bajos, como herramienta necesaria para la promoción de la PESC. Con el fin de aplicar los puntos de vista imperialistas y eliminar los posibles obstáculos, propone abolir la unanimidad y la aplicación del voto por mayoría cualificada, de forma que las potencias imperialistas dominantes puedan promover sus planes.

Con el fin de preparar y aplicar nuevas intervenciones con la excusa de la lucha contra el terrorismo, restaurar la democracia y otros pretextos, promueve una mayor militarización, la finalización de la formación de grupos de combate y la preparación de fuerzas militares de ocupación en Kosovo para sustituir a las fuerzas de la OTAN.

No se hace referencia alguna a la defensa de mísiles balísticos, lo cual demuestra de forma indirecta pero clara que se está aceptado en la OTAN y en la propia UE.

Propone un incremento de la financiación, solicitando básicamente a los trabajadores europeos que paguen la política agresiva de la UE.

Hemos votado en contra del informe sobre la PESC.

- Informe Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, refrendo las demandas que realiza este informe, especialmente relativas a la introducción de un salario mínimo en todos los Estados miembros, que servirá de red de seguridad y está concretamente calculado para proteger a las personas que trabajan de la explotación y la pobreza, mientras que se protege al mismo tiempo la competitividad y se impide la pérdida de empleos en países como Austria, que cuentan con niveles más altos de protección social.

También estoy a favor de la introducción de una marca de calidad para los productos procedentes de terceros países que se fabrican en condiciones adecuadas y sin recurrir al trabajo infantil; sería una invitación para que los consumidores garanticen, mediante la compra de dichos productos, que en los terceros países prevalezcan condiciones de trabajo humanas y justas, y que aquí los empleos no sean eliminados por la importación de mercancía barata.

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Quería explicar en en lo que respecta al trabajo y al trabajo digno en concreto, nuestra Constitución se basa plenamente en el trabajo. También quería dejar claro que, con los años, los Gobiernos laboristas siempre han tratado de mejorar las condiciones en el lugar de trabajo para los trabajadores de nuestro país. Es importante señalar que siempre que se ha producido un caso en el que un empleado ha mejorado la calidad de las condiciones de su trabajo ha sido gracias a la iniciativa de Gobiernos laboristas. También quisiera elogiar a los sindicatos de Malta, especialmente al Sindicato General de Trabajadores, por su duro trabajo y sus esfuerzos en interés de los trabajadores de este país. Gracias.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe. Este informe es positivo, y respaldamos sin reserva el compromiso de la UE con el trabajo digno. Para nosotros es importante poder garantizar el trabajo productivo de las personas, realizado en condiciones de libertad, justicia y seguridad, tanto dentro de la UE como internacionalmente.

No obstante, quisiéramos hacer algunas aclaraciones. Es importante señalar que un impuesto sobre transacciones financieras y de divisas debe ser internacional, ya que un impuesto europeo colocaría en situación de desventaja a los países de fuera de la zona euro.

Nos oponemos a las definiciones estándar comunes de los conceptos de trabajo forzoso y abuso de la vulnerabilidad. Las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo deberían considerarse como básicas, y las demás definiciones deberían dejarse a los Estados miembros.

El informe pide a los Estados miembros que consideren los salarios mínimos. Se trata de algo que ya hemos hecho en Suecia y hemos optado de forma activa por una solución en la que la cuestión se deja en manos de los interlocutores sociales.

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. – (FR) Este informe del Parlamento Europeo representa un paso en la buena dirección.

Hace del trabajo digno un instrumento de la política europea de desarrollo, en primer lugar financiando, junto con la OIT, un programa de desarrollo del trabajo digno, creando también una etiqueta europea y elaborando una lista negra de las empresas que violan las normas laborales fundamentales y, por último, estableciendo sanciones comerciales contra los países que atenten gravemente contra los derechos sociales fundamentales.

Aporta avances para el trabajo digno en Europa, donde también queda mucho por hacer: urgiendo a los Estados miembros a ratificar los convenios de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, protección de la maternidad o los trabajadores migrantes; solicitando la introducción de un salario mínimo como red de seguridad para impedir cualquier explotación de los trabajadores; mejorando el acceso al aprendizaje a lo largo de toda la vida y abogando por una mejor armonización de los regímenes de pensiones.

Estas son las bases de la Europa social que los socialistas europeos quieren construir. Votaré, pues, a favor de este informe.

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe relativo a la promoción de un trabajo digno para todos.

El concepto de «trabajo digno» parece ser una referencia en las declaraciones y acuerdos multilaterales, pero las políticas, por su parte, todavía están muy lejos de ese concepto.

Las presentaciones y declaraciones son una cosa; las acciones y decisiones políticas cotidianas de las instituciones internacionales son otra distinta. En efecto, el mundo se caracteriza por un «déficit» de trabajo digno: en muchos empleos improductivos o de baja calidad y trabajos peligrosos con ingresos precarias se pisotean los derechos y prevalece la desigualdad de género.

Ante esta situación, la OMC y la OIT han adoptado normas internacionales en materia laboral. Pero el FMI y el Banco Mundial no apoyan ninguna iniciativa para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores.

Para que el trabajo digno sea una realidad a escala mundial, todas las instituciones internacionales deben darle prioridad y colaborar para que esto ocurra.

El trabajo digno ha de ser un objetivo universal de todas las instituciones internacionales. Es imperativo que la realización de sus principios fundamentales –empleo de calidad, derechos de los trabajadores, protección y diálogo social– determinen el conjunto de las políticas económicas y sociales a escala mundial.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007) sobre la promoción del trabajo digno para todos, ya que el trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad debería constituir la esencia de las relaciones comerciales de la UE.

Considero que deberíamos solicitar que nuestros socios cumplan con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores, con respecto a los salarios justos y la protección social adecuada. También me gustaría destacar la necesidad de que las empresas multinacionales asuman su responsabilidad social, ya sea en Europa o en cualquier otro lugar del mundo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lo que ha sucedido en la votación sobre este informe ha sido vergonzoso. La mayoría del Parlamento ha bloqueado la aprobación de algunos de los mejores apartados aprobados por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el tema «Promover un trabajo digno para todos – Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo». Esta postura debe destacarse ya que es obvio que está intrínsecamente asociada al énfasis cada vez mayor que se hace en la denominada flexiguridad.

Como sabemos, entre 2000 y 2005 el desempleo aumentó en un millón de personas en la UE, además de un incremento masivo del empleo poco estable: más de 4,7 millones de trabajadores tenían contratos de duración determinada y al menos 1,1 millones trabajaban a tiempo parcial. También es inaceptable el elevado número de trabajadores que, pese a ganar un salario, viven por debajo del umbral de pobreza.

La promoción del trabajo digno para todos implica asegurar la conformidad con la ley laboral progresiva, garantizando la dignidad de las personas que trabajan, avalando unas condiciones de vida y de trabajo dignas, sin discriminación ni desigualdad alguna. Esto no debe limitarse a meras buenas intenciones –deben tomarse medidas prácticas.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Votaré a favor de este informe, a pesar de que los conservadores y liberales lo han privado de sus elementos más vitales, por ejemplo suprimiendo «iniciativas vinculantes en la responsabilidad social de las empresas», la necesidad de introducir una «política fiscal equitativa e innovadora» y la investigación y denuncia pública de las empresas que violan las normas fundamentales del trabajo. Me espanta sus actitudes contrarias al movimiento obrero.

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos apoyamos plenamente el principio de trabajo digno de la OIT.

Estamos de acuerdo en que es importante ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente, la necesidad de promover de forma activa la participación de la mujer en el mercado de trabajo y la necesidad de hacer todo lo posible por resolver los retos que supone la reconciliación de la vida laboral y familiar.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la idea de que el Parlamento Europeo se dedique a emitir pronunciamientos sobre esta cuestión, por muy valiosos o bien intencionados que sean. El Parlamento no tiene competencias para ordenar a los Estados miembros lo que tienen que hacer en este terreno. Son los Gobiernos nacionales los que tienen que hacerlo y con razón.

Así pues, aunque hemos participado en el debate y también en la votación para limitar los excesos intervencionistas de la izquierda, los diputados conservadores al Parlamento Europeo nos hemos abstenido en la votación final.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe y en contra de las enmiendas de los liberales y del PPE, que pretendían suprimir las referencias a las iniciativas vinculantes sobre responsabilidad social de las empresas. La RSE debería ser el núcleo de las actividades empresariales europeas, tanto en la UE como fuera de sus fronteras, y estoy muy decepcionado por el hecho de que estos dos Grupos no hayan apoyado los pasos expuestos en el informe.

  Esko Seppänen (GUE/NGL), por escrito. (EN) No quiero que se impongan las políticas de la UE a las políticas nacionales del mercado de trabajo.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de la UE y el informe debatido en el pleno del Parlamento Europeo con el título engañoso de «trabajo digno» (COM – 2006 – 0249) constituyen el nuevo marco reaccionario y antisocial de la UE para conseguir los objetivos de la «Estrategia de Lisboa», minimizando el precio del trabajo y atacando los derechos fundamentales de los trabajadores, con el fin de aumentar los beneficios de los grupos empresariales monopolísticos eurounificadores.

La base de las reestructuraciones capitalistas procesadas y formuladas en la UE y en las organizaciones imperialistas internacionales y la plutocracia, así como sus portavoces políticos sobre el tema del denominado «trabajo digno», se están integrando en la política antisocial de la UE. Estos incluyen:

- la formación permanente, la ampliación de las formas flexibles de empleo, atacando los convenios colectivos, exacerbando las condiciones de seguro y jubilación y privatizando más la educación, la salud y los servicios públicos por el beneficio común en general;

- establecer un salario mínimo para los trabajadores, una red de seguridad del nivel de pobreza, con el fin de impedir la reacción de los trabajadores y la gente común, mientras la plutocracia cosecha enormes beneficios de la explotación de la clase trabajadora.

Por este motivo el Grupo parlamentario del Partido Comunista griego ha votado en contra de esta propuesta de la UE.