Acta literal de los debates

Jueves 24 de mayo de 2007 - Estrasburgo

14.3. Derechos humanos en Sudán

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Sudán⁽¹⁾.

  Karin Scheele (PSE), autora. – (DE) Señor Presidente, el 6 de marzo y el 13 de febrero de 2007, respectivamente, Amouna Abdallah Daldoum, de 23 años, y Sadia Idries Fadul, de 22 años, fueron condenadas por adulterio y sentenciadas a muerte por lapidación. Ambas mujeres habían sido declaradas culpables de adulterio por un tribunal penal de la provincia de Managil, en el Estado de Gezira. Según los informes, las mujeres no tuvieron abogado durante el juicio y ni siquiera pudieron llevar a cabo su propia defensa porque únicamente hablan el idioma de su respectivo grupo étnico. El juicio se celebró en lengua árabe, pero las mujeres no dispusieron de intérpretes. El veredicto fue recurrido.

Según la Embajada sudanesa en Bruselas, el tribunal anuló la sentencia de muerte por falta de asistencia letrada. Acogemos con satisfacción la anulación de la sentencia de muerte si el tribunal realmente confirma esto, y exigimos al Gobierno sudanés que garantice que las mujeres no sufran daños físicos o mentales.

El 3 de mayo, dos jóvenes de 16 años fueron sentenciados a muerte por asesinato y robo. La imposición de la pena de muerte sobre los delincuentes jóvenes está prohibida por la legislación internacional. Sudán ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y, por consiguiente, se ha comprometido a no ejecutar a ninguna persona menor de 18 años. Se solicita al Gobierno sudanés que levante la pena de muerte impuesta a las dos menores y garantice que no sufrirán daños físicos o mentales.

Instamos a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que condenen la pena de muerte, la flagelación y los demás castigos crueles y degradantes.

  Ryszard Czarnecki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, este es mi primer mandato como diputado al Parlamento Europeo, pero recuerdo que este es nuestro tercer debate sobre el tema de Sudán. En una situación ideal, desde el punto de vista de los ciudadanos sudaneses, no habría necesidad de nuestra implicación. Acojo con satisfacción el hecho de que los seis Grupos políticos más grandes del Parlamento hayan llegado a un acuerdo sobre el asunto de Sudán y que tengamos una posición conjunta. Resulta paradójico, pero podría decirse que el sufrimiento y los terribles veredictos pronunciados por el sistema de injusticia, repito, el sistema de injusticia, en este país parecen unirnos en Europa.

Es inadmisible que en el siglo XXI se siga produciendo una situación en la que se sentencia a las mujeres a morir lapidadas por haber cometido adulterio o en la que se sentencia a morir en la horca a menores de dieciséis años de edad. Sí, nos hemos implicado en asuntos internos de Sudán. Es más, deberíamos implicarnos por motivos morales y de otra índole. Uno de estos motivos es que, tan solo en este año, ya hemos destinado 85 millones de euros a ayuda humanitaria en ese país. Esa cifra se incrementó hace dos meses, puesto que originalmente era de 40 millones de euros. También tenemos que denunciar en voz alta prácticas crueles como la mutilación de mujeres jóvenes, que también ocurre en ese país.

A título personal, no tiene sentido ocultar el hecho de que haya un debate en mi país sobre el tema de la pena de muerte. Personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Los acontecimientos de Sudán confirman mis convicciones, aunque no cabe duda de que el contexto cultural es totalmente distinto.

Quisiera subrayar el hecho de que tenemos que mostrar solidaridad en este asunto. Tenemos que actuar conjuntamente, puesto que solo nuestra solidaridad, la solidaridad de la Unión Europea, puede poner fin a estos absurdos veredictos.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, puede que Sudán sea más conocido por el conflicto de Darfur, donde los abusos de los derechos humanos han alcanzado proporciones descomunales. No obstante, Sudán también es un Estado donde la vulneración de los derechos humanos está generalizada en todo el país.

Esta propuesta de resolución nos recuerda de nuevo el primitivo y anacrónico sistema judicial que se aplica en Sudán, un sistema que admite que se sentencie a mujeres a morir lapidadas si son declaradas culpables de adulterio y que se sentencie a muerte a niños. Verdaderamente es difícil de creer que en el siglo XXI siga habiendo Gobiernos que continúen tolerando y apoyando esos sistemas extraordinariamente bárbaros.

Entendemos que Sudán es un país muy pobre, que tiene muchos problemas políticos y económicos, pero esos problemas no deben ser una excusa para no seguir un camino de progreso guiado por el sentido común en defensa de los valores universales de la justicia y la democracia. Es más, nos resulta difícil aceptar cómo la religión puede interferir en de forma tan drástica y en ocasiones sádica en asuntos de Derecho penal y civil.

Queremos enviar un mensaje contundente al Gobierno sudanés en el sentido de que se nos está acabando la paciencia y los límites de nuestra tolerancia se han rebasado hace tiempo. Exigimos que procedan a una revisión urgente de su sistema judicial a la luz del Derecho internacional, las convenciones de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos sudaneses. Confiamos en que esto se lleve a cabo de manera rápida, a fin de evitar tener que recurrir a medidas persuasivas más drásticas.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el señor Matsakis, excepto en un punto. Afirma que Sudán es un país pobre, lo cual es cierto, pero con su riqueza petrolera y muchos más recursos tiene potencial para ser un país extremadamente rico. Aún así está siendo explotado, y las empresas y fuerzas internacionales sin duda han avivado las llamas de la guerra en Darfur y en otros lugares para promover sus intereses energéticos.

No obstante, Sudán, con su deficiente sistema político, también sigue infligiéndose un daño infinito a sí mismo, no solo a raíz del conflicto entre norte y sur, este y oeste, cristianos y musulmanes –como siempre reza la generalización–, sino también a raíz de multitud de conflictos individuales. Por este motivo, debemos insistir en el respeto de los derechos humanos fundamentales en ese país. Como muy bien se acaba de afirmar, Europa rechaza la pena de muerte. Se ha mencionado el debate en Polonia. Como sabemos, la pena de muerte es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea y también al Consejo de Europa, pero poco a poco hay que desarrollar normas similares en África, por supuesto. A este respecto se insta especialmente a la todavía incipiente Unión Africana, no solo a desarrollar, sino también a aplicar y hacer cumplir políticamente las normas relevantes de derechos humanos, paso a paso, pues sabemos que esto no puede lograrse de la noche a la mañana.

Por este motivo instamos al Gobierno sudanés no solo a poner fin a la pena de muerte –en particular a su aplicación especialmente escandalosa a menores–, sino también a abstenerse a) de malinterpretar la sharía como lo está haciendo, como las costumbres bárbaras que se practican y que no tienen nada que ver con la sharía y b) de extender la sharía a las comunidades no islámicas. El país debe cumplir la legislación civil normal que está en consonancia con las normas de derechos humanos de las Naciones Unidas.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) De todos los horrores que se pueden infligir a un ser humano, la muerte por apedreamiento es, sin duda, de los más incompresibles y, a todas luces, inaceptable.

El caso que nos ocupa hoy, la condena a muerte por apedreamiento de Sadia Idris Fadul y de Amouna Abdallah Daldoum, tiene dos dimensiones igualmente importantes. Por un lado, nos obliga a reiterar una vez más nuestra oposición a la pena de muerte como forma de castigo bajo ninguna circunstancia, y, por otro, nos sitúa de nuevo ante una flagrante discriminación por razones de género, puesto que la sentencia en cuestión se basa en un supuesto crimen –el adulterio– considerado como tal solamente en el caso de las mujeres, pero no en el de los hombres.

No basta, pues, con reclamar el cumplimiento de la legislación internacional con relación a la aplicación de la pena de muerte contra menores, ni tan siquiera es suficiente con instar a todos los países que aún mantienen dicha práctica a que la releguen a la historia jurídica y política. En este caso, además, debemos poner sobre la mesa una situación de manifiesto machismo o, lo que es lo mismo, de asesinatos selectivos en nombre del patriarcado.

A lo que nos enfrentamos, cuando tratamos de este tipo de sentencias que solo afectan a las mujeres, es a una devaluación de la vida de las mujeres frente a la de los hombres. Esto no es aceptable, ni en Sudán ni en ningún otro país del mundo.

Por todo ello me congratulo del altísimo nivel de consenso con el que ha contado esta resolución y espero que contribuya a acabar no solo con la pena de muerte sino también con el hecho de conceder un valor diferente a las vidas de hombres y mujeres.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, incluso en los días en los que el actual Estado de Sudán todavía se denominada el Sudán anglo-egipcio, la pregunta es si esta zona tan extensa con poblaciones muy distintas debería adquirir la independencia como un único Estado. Un Estado unido sería principalmente el Estado de la población árabe del norte, este y centro, porque sería difícil que los ciudadanos negros islámicos del este y los cristianos negros y los ciudadanos animistas del sur lograran una posición equivalente.

Estas zonas, que se encontraban mucho menos desarrolladas, se hallaban a bastante distancia del mar y eran prácticamente desconocidas para la comunidad internacional. Con el tiempo fueron olvidadas por todo el mundo. Tras años de guerra, pareció lograrse un compromiso para el sur no islámico que había logrado el autogobierno y una representación en el Gobierno central. Como sabemos, no ocurre lo mismo con Darfur, situado en el oeste del país.

El fundamentalismo es una fuerza que prevalece entre los pueblos árabes dominantes, y en particular aquellos que ostentan autoridad y administran justicia, y se manifiesta externamente con la aplicación de la pena de muerte, incluso mediante lapidación, por delitos que incluyen el adulterio. La resolución llama la atención, con razón, sobre los acuerdos internacionales y la necesidad de abolir la pena capital. Debe prestarse suficiente atención a este aspecto, porque la situación a que se enfrenta Sudán es terrible.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, el conflicto de Sudán, que dura más de 50 años, se ha cobrado al menos dos millones de víctimas. El gran paso adelante en una de las guerras más sangrientas del África contemporánea se produjo cuando se firmó un acuerdo de paz en Nairobi en 2005. No obstante, el conflicto continúa en Darfur, en la parte occidental del país. Hasta la fecha, este conflicto ha provocado 400 000 muertes y ha desplazado a dos millones de personas. Los habitantes de esta provincia son víctimas de la crisis más grave del mundo en estos momentos. No tienen alimentos, agua ni servicios sanitarios. La situación de Darfur es crítica desde hace cuatro años. La Unión Europea todavía tiene que tomar medidas efectivas para obligar al Gobierno de Jartum a dejar de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Los últimos informes sobre la ejecución de menores en Sudán suponen una confirmación adicional del hecho de que este país ha infringido, una vez más, los derechos humanos. Aunque Sudán ha firmado numerosos acuerdos internacionales, incluido el acuerdo de Cotonú, los ignora flagrantemente. Ya no podemos limitarnos a expresar nuestra inquietud por la situación de Sudán, puesto que los Ministros de Asuntos Exteriores europeos lo han hecho en los últimos tres años en 19 declaraciones sobre esta cuestión. Ha llegado la hora de las sanciones económicas efectivas, que demuestren a los líderes sudaneses que su campaña de violencia masiva contra sus propios ciudadanos tiene un precio real.

  Danutė Budreikaitė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Señor Presidente, Señorías, la guerra de Darfur, que dura ya cuatro años, no alimenta la esperanza de que en los países que están en guerra se respeten los derechos humanos.

Aunque se han firmado los documentos apropiados, los compromisos contraídos no se han cumplido.

Durante el conflicto militar de Darfur han perecido unas 200 000 personas, y 2,5 millones de los habitantes de la provincia se han quedado sin hogar. En el país abunda el caos y la autoindulgencia gubernamental.

Quisiera llamar la atención sobre las condiciones que siguen provocando el conflicto militar y propician las violaciones de los derechos humanos en Sudán.

¿De quién son las armas utilizadas para el combate en Darfur? Según Amnistía Internacional, China y Rusia suministran armas a Darfur, aunque lo niegan y han apoyado la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíbe la entrega de armas a Darfur.

Además, China posee numerosos intereses energéticos y de materias primas en Sudán. Vienen a beneficiarse y parece ser que la inestabilidad juega a su favor.

La resolución del conflicto y la recuperación de los derechos humanos en Sudán dependerá de la cooperación de la Unión Europea con las partes interesadas y las organizaciones internacionales y sus compromisos, que estos países no están cumpliendo.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Sudán sigue siendo motivo de extrema preocupación para la Comisión Europea y la UE, sobre todo teniendo en cuenta la inseguridad y extrema inestabilidad que todavía reinan en zonas marginales como Darfur. Casi dos años después de la firma del acuerdo general de paz, el Gobierno sudanés no cumple en modo alguno muchos de los compromisos en materia de derechos humanos contraídos en virtud del Acuerdo de Cotonú y la constitución nacional interna provisional, firmada por el Presidente de la República en julio de 2005.

En el seno de la comunidad internacional, los esfuerzos europeos por mejorar la protección civil en Sudán se centran simultáneamente tanto en acciones políticas civiles como en seguridad. Desde 2005, la Comisión ha financiado unos 35 proyectos destinados a la promoción de los derechos humanos y la democracia en Sudán, con un presupuesto total de unos 6 millones de euros.

Con respecto a los casos de las dos mujeres mencionados en la resolución del Parlamento, puedo asegurar a sus Señorías que la Unión Europea y la Comisión están siguiendo el caso muy de cerca. Este caso lo plantearon por primera vez los jefes de misión en su reunión en los Países Bajos a mitad del mes de marzo, y después por la troika de la Unión Europea el 27 de marzo, compuesta por representantes de Alemania, Grecia y la Comisión.

Más recientemente, la UE planteó la cuestión en la última reunión del Consejo Consultivo sobre Derechos Humanos, el 16 de abril. El Tribunal de Apelación ordenó que el caso se devolviera al juzgado de origen –el Tribunal Estatal de Al Gezira– para que lo volviera a examinar. Aunque seguimos oponiéndonos firmemente a la pena de muerte, el hecho de que el caso haya sido devuelto para ser juzgado de nuevo es positivo, y esperamos que las mujeres tengan un juicio justo conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

El último caso en discusión es el de dos chicos de 16 años que han sido sentenciados a morir en la horca. Varios Estados miembros y la Comisión han planteado la cuestión a la embajada alemana y están esperando que la Presidencia de la Unión Europea tome la iniciativa en esta cuestión en los próximos días. De lo contrario, la Comisión pretende plantear esta cuestión directamente en una carta a las autoridades sudanesas, como el Ministro de Justicia y el Consejo Consultivo de Derechos Humanos.

La próxima reunión del diálogo político UE-Sudán con el Consejo Consultivo de Derechos Humanos tendrá lugar a principios del mes de junio, y esta podría ser una buena oportunidad para plantear de nuevo el caso.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. – (EN) ¿Cómo sigue ocurriendo esto? Ha habido tantos genocidios en los últimos 100 años y cada vez decimos que nunca ocurrirá de nuevo. Pero sabemos que está ocurriendo ahora mismo en Darfur, y el mundo sabe que está ocurriendo, así que ¿por qué somos tan impotentes y no lo paramos?

En mi país, Irlanda, hemos podido silenciar las pistolas y unir a las comunidades, cosa que nunca creímos imaginable. ¿Por qué somos tan incapaces de avanzar en esta parte del mundo?

Para responder a esta pregunta, tenemos que enfocar la situación de Darfur de modo diferente. Si la simpatía del mundo y nuestras resoluciones pudieran traer paz y alivio a los ciudadanos de Sudán, esto ya se habría producido hace mucho. Podemos seguir pidiendo que cambie de métodos a un Gobierno sudanés que no responde, o podemos estudiar por qué su intransigencia sigue recibiendo apoyo. Debemos cortar el cordón umbilical que está alimentando la destrucción en Darfur, como el dinero procedente del petróleo chino y las armas rusas. A menos que queramos defender estos poderes, nuestras resoluciones seguirán siendo impotentes e ineficaces.

(1) Véase el Acta.