Acta literal de los debates

Jueves 24 de mayo de 2007 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DEL SRA. ROTHE
Vicepresidenta

(Se abre la sesión a las 10 horas)

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Señora Presidenta, sobre la observancia del Reglamento, le recuerdo que según el artículo 2 del anexo I, si un diputado no ha presentado una declaración de intereses, el Presidente tiene que obligación de advertírselo. Si él o ella sigue sin presentarla, este hecho se publicará en el Acta. Luego se afirma que, si el diputado sigue negándose a presentar la declaración, el Presidente tomará medidas de conformidad con el artículo 147 para suspender al diputado en cuestión.

Veo en el acta de la sesión del lunes que el señor Herrero-Tejedor y el señor Nattrass, del Partido por la Independencia del Reino Unido, aún no han presentado su declaración de intereses. Hace ahora varios meses que se aparecieron mencionados explícitamente en el Acta e insto al Presidente a que tome las medidas que exige la situación. Esto socava la reputación y la credibilidad de esta Cámara.

  La Presidenta. Transmitiré esa información, señor Corbett.

2. Presentación de documentos: véase el Acta

3. Transferencias de créditos: véase el Acta

4. Cachemira: situación actual y perspectivas (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0158/2007) de la baronesa Nicholson de Winterbourne, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Cachemira: situación presente y perspectivas futuras (2005/2242(INI)).

  Nicholson of Winterbourne (ALDE), ponente. – (EN) Señora Presidenta, tengo el honor de presentar el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores titulado «Cachemira: situación actual y perspectivas futuras».

Este informe contrasta acertadamente la democracia secular más grande del mundo, que tiene estructuras delegadas en todos los niveles –la India, que incluye Jammu y Cachemira–, y Pakistán, que aún no ha aplicado la democracia plenamente en Azad Jammu y Cachemira y tiene que tomar medidas hacia la democracia en Gilgit y Baltistán. También subraya el hecho de que hay pruebas suficientes de que durante muchos años Pakistán ha proporcionado a los combatientes cachemires entrenamiento, armas, financiación y refugio y les ha alentado a cometer atrocidades en el lado administrado por la India. Denuncia con firmeza las violaciones de los derechos humanos en Jammu y Cachemira.

También es constructivo porque subraya el patrimonio común compartido por la India y Pakistán, ejemplificado en la antigua cultura de Jammu y Cachemira, y reconoce y valora el pluralismo, el multiculturalismo y la pluralidad religiosa y las tradiciones seculares de los pueblos de Jammu y Cachemira, que se han mantenido vivos en la parte india de la región.

Se trata de un informe equilibrado, que denuncia el terrorismo y a quienes lo apoyan; promueve una visión de paz, coexistencia, amistad e integración económica y comercio entre los pueblos de ambos lados de la frontera y en Gilgit y Baltistán en la línea del modelo de la Unión Europea.

Insto a esta Cámara a que lo apruebe en su totalidad, con determinadas enmiendas, para enviar un mensaje inequívoco a los que alteran la paz en esa parte del mundo de que la comunidad internacional no tolerará el extremismo ni el terrorismo y de que respetamos y defendemos los derechos y la identidad étnica del pueblo de Cachemira.

Tengo conmigo una declaración firme –de esta mañana– de Mohtarma Benazir Bhutto, Presidenta del Partido Popular de Pakistán, en la que acoge con satisfacción este informe porque llama la atención sobre el derecho de autodeterminación del pueblo de Cachemira; porque reafirma el compromiso de la UE con la resolución de disputas por medios pacíficos; porque toma nota del impacto del terremoto e insta a la Unión Europea a ayudar y apoyar a los cachemires; porque apoya el papel del proceso de paz y avanza hacia una solución duradera para los cachemires basada en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; porque insta a los Gobiernos indio y pakistaní a facilitar el alto al fuego en la Línea de Control pidiendo a los grupos armados que se desarmen, se desmovilicen y rehabiliten; porque insta al Gobierno pakistaní a transformar el alto al fuego imperante en Siachin desde 2003 en un acuerdo de paz duradero; porque insta a ambos Gobiernos a permitir que las organizaciones internacionales de derechos humanos tengan acceso inmediato e ilimitado a todas las partes del antiguo principado para investigar las situación de los derechos humanos; porque pide al Gobierno indio que ponga fin a todas las prácticas de asesinatos extrajudiciales, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias en Jammu y Cachemira; porque pide a las autoridades indias y pakistaníes que reduzcan las restricciones de viaje entre Srinagar y Muzaffarabad; porque pide a Pakistán que revise sus conceptos de derechos fundamentales y libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de credo en Azad Jammu y Cachemira y Gilgit y Baltistán; porque pide que se celebren las primeras elecciones en Gilgit y Baltistán y una mayor representación democrática en las Regiones del Norte. Apoya firmemente este informe.

Estoy orgullosa de informar a la Cámara de que el diputado Imran Khan, ex capitán del equipo de críquet de Pakistán y jefe del partido político Tehreek-e-Insaaf, ha declarado hoy su pleno apoyo a este informe.

La situación del pueblo cachemir preocupa a la comunidad internacional desde hace casi 60 años. La Unión Europea apoya firmemente la integración regional, la liberalización comercial y la cooperación económica. El Parlamento Europeo está realmente interesado en todos los aspectos de la situación.

Permítanme llamar su atención sobre los cientos de jóvenes que se han manifestado a favor de este informe, reclamando las libertades democráticas que nosotros recomendamos. La policía les ha golpeado, destruyendo sus pancartas y peticiones a la ONU. Han vuelto a manifestarse. Han secuestrado a doscientos familiares suyos y desde entonces no se sabe nada de ellos. Posteriormente, miles de ciudadanos de Azad Jammu y Cachemira han celebrado reuniones y han prometido su apoyo al informe.

A lo largo de la frontera en Jammu y Cachemira, la India sigue siendo criticada por fuerte presencia militar. El informe se muestra firme sobre los derechos humanos en Jammu y Cachemira, así como en las otras regiones.

En Gilgit and Baltistán, los ciudadanos siguen viviendo en la pobreza, el analfabetismo y el retraso.

El informe deja claro su apoyo al actual proceso de paz. Reconoce la herencia antigua y única del pueblo cachemir. Refleja muchos principios de la Unión Europea. Espero sinceramente que esta Cámara apoye el informe de todo corazón en la votación de hoy igual que lo apoyó la Comisión de Asuntos Exteriores.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, he seguido con gran interés el animado debate en la Comisión de Asuntos Exteriores acerca del informe sobre Cachemira de la baronesa Nicholson. Este informe nos da mucho que pensar. Es demasiado completo para responder en detalle, pero quiero reflexionar sobre algunas cuestiones que plantea.

La insistencia en Cachemira es oportuna. En el frente político ha habido muchos acontecimientos positivos que, por primera vez en muchos años, alientan un poco la esperanza de que se resuelva este antiguo contencioso. Tanto la India como Pakistán han indicado que la Línea de Control podría convertirse en una «frontera blanda».

La Unión Europea ha expresado su firme apoyo al proceso de reconciliación entre la India y Pakistán. Pero el camino sigue lleno de trampas. Es alentador que el proceso de diálogo siga adelante a pesar del terrorismo. Yo estaba en Delhi cuando ocurrieron los terribles atentados contra el expreso diario Lahore-Samjhota el pasado mes de febrero.

Sin duda sería trágico que los terroristas tomaran de rehén el proceso de paz. La única alternativa es que ambos países aborden sus diferencias a través del diálogo. Esto conducirá finalmente, espero, a una resolución de todas las cuestiones bilaterales. También creo que es importante que los propios cachemires se hayan implicado más en la organización del proceso de paz.

Quiero decir unas palabras sobre el terrible terremoto que asoló Cachemira la mañana del 8 de octubre de 2005 y que, como describe el informe de la baronesa Nicholson, tuvo un efecto devastador en las vidas de los cachemires a ambos lados de la Línea de Control, sobre todo en la Cachemira administrada por Pakistán y en la Provincia Fronteriza del Noroeste. Tuve la oportunidad de visitar las zonas afectadas por el terremoto cuando visité Pakistán para representar a la Comisión Europea en la conferencia de reconstrucción tras el terremoto de noviembre de ese año.

La Comisión Europea respondió a esta tragedia prestando en concepto de ayuda humanitaria 48 millones de euros y comprometiéndose, en diciembre de 2005, a llevar a cabo un programa de 50 millones de euros sobre «Recuperación tras el terremoto y apoyo a la reconstrucción de Pakistán», que abarca rehabilitación y educación y ayuda sanitaria a las zonas afectadas, un programa de educación de emergencia y programas de recuperación del modo de vida basados en la comunidad. Así pues, estamos intentando hacer lo que recomienda el informe, a saber, ayudar a los más vulnerables y restaurar las actividades económicas en la zona afectada.

Esta respuesta al terremoto se añade a otros programas de desarrollo en Pakistán amparados en nuestra estrategia para el país. Aunque la Comisión ha reaccionado rápido a este desafío, creo que el esfuerzo de reconstrucción durará unos años. El programa de reconstrucción de la Comisión se aplicará durante un período de cinco años.

En cuanto a las Regiones del Norte de Pakistán, durante muchos años la Comisión ha desarrollado activamente los recursos humanos, mejorando el sistema educativo público y cooperando con los Servicios de Educación Aga Khan. Al aplicar nuestros programas, nos aseguramos de que todas las comunidades –y escuelas estatales– se beneficien de los proyectos.

Antes de concluir, quiero dar las gracias a la baronesa Nicholson por las palabras de aliento que ha encontrado para reconocer el trabajo de las delegaciones de la Comisión en Islamabad y Nueva Delhi. Se lo agradecemos.

Solo quiero añadir que me encantaría quedarme para todo el debate pero, como he comunicado, tengo que irme antes del final debido a compromisos previos que no he podido aplazar tras el cambio del orden del día del Parlamento, pero mi colega, la señora Grybauskaitė, se quedará hasta el final del debate.

  Charles Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, la trágica y sangrienta disputa entre el hermoso territorio del Himalaya y el antiguo principado de Cachemira entre los dos grandes países del sudasiáticos, la India y Pakistán, es una de las más antiguas del mundo, y se remonta a las resoluciones número 39 y 47 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1948.

Apoyo firmemente el informe Nicholson y felicito a la ponente por su contenido y calidad, después de reequilibrarlo notablemente en comisión, tanto en el tono como en términos de su enfoque. El informe es preciso y sobre todo reconoce que las actuales conversaciones bilaterales destinadas a recuperar la confianza entre los Gobiernos indios y pakistaní siguen siendo la mejor estrategia para conseguir una paz justa y duradera entre estos dos Estados dotados de armas nucleares. Mi colega británico, el señor Bushill-Matthews, que votó en contra del informe en la Comisión de Asuntos Exteriores, me informa de que ahora apoyará el informe, lo que indica cómo ha progresado en el paso por sus diferentes fases.

Por suerte, desde el alto al fuego del 25 de noviembre de 2003, ahora estamos presenciando uno de los períodos más pacíficos en términos de acción militar, desde la guerra indo-pakistaní de 1971: un alto el fuego que ha sobrevivido a graves provocaciones contra el Gobierno de la India, incluidos los bombardeos terroristas en Mumbai. No obstante, los Pandits cachemires siguen afirmando que los terroristas que se infiltran por las fronteras están intentando hacer una campaña de limpieza étnica en contra de la población local hindú, aunque en una escala muy reducida.

Asimismo, el informe pide que se limite la presencia militar india y que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos, el bienestar de la población civil y la observancia de las órdenes del tribunal.

El informe subraya la falta de una verdadera democracia en Azad Cachemira y, en particular, por primera vez, la situación de los habitantes de Gilgit-Baltistán. También se han expresado preocupaciones en AJK sobre una serie de cuestiones, incluidos los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías religiosas. Yo, y muchos colegas, acogemos con satisfacción en 2005 el lanzamiento de un servicio de bus en la línea de control entre Srinagar y Muzaffarabad, lo que permitió que familias separadas se reunieran después de casi 60 años, y espero que, en última instancia, las fronteras, incluida la línea de control, solo sea una línea en el mapa cada vez más irrelevante.

La UE ya lo ha demostrado con sus cuatro libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capital. Una visión de futuro similar de una comunidad económica del sur de Asia para 2025 exigirá libre comercio en la línea de control. Tanto la India como Pakistán han cooperado positivamente tras el terremoto de octubre en Cachemira y han prestado ayuda humanitaria a miles de víctimas y de personas desplazadas. Pero queda mucho por hacer para instalar permanentemente a las poblaciones desplazadas.

En mi opinión, el papel de la UE es ayudar a una solución pacífica del problema sobre el antiguo principado y actuar como un honesto agente pacificador, pero solo si los Gobiernos soberanos nos piden ayuda, pues en última instancia, consideramos que la disputa de Cachemira es una cuestión bilateral.

Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para repetir mi llamamiento a todas las partes que apoyan a los radicales que favorecen una yihad violenta para que detengan sus actividades de inmediato.

  Jo Leinen, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, la India y Pakistán han librado tres guerras por la región de Cachemira. Esto me recuerda la disputa entre Alemania y Francia por la región de Alsacia-Lorena, lugar donde se está celebrando esta sesión. En esta región también se libraron tres guerras, pero tras la Segunda Guerra Mundial Alemania y Francia decidieron poner fin a la confrontación y hacer de la cooperación la máxima de su política. Los éxitos de esta política pueden verse hoy en la Unión Europea.

Al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo también le gustaría que la India y Pakistán dejaran la confrontación e hicieran de la cooperación la máxima de su política. Los ciudadanos de la región de Cachemira se beneficiarían enormemente y toda la región florecería. Creo que la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional) tiene el potencial de ser un éxito similar.

Evidentemente, la paz florece donde prevalece la democracia. En este informe somos muy críticos con la ausencia de democracia –los déficit democráticos– en la región de Cachemira, y también con las muchas violaciones de los derechos humanos. Los ciudadanos están sufriendo a ambos lados de la Línea de Control. Por tanto, pedimos a todas las partes implicadas que introduzcan la democracia y el respeto de los derechos humanos de una vez por todas.

Sabemos que hay muchísima violencia dentro de la región y también infiltración del exterior, y que 80 000 personas han perdido sus vidas. Tiene que haber un final a la llegada de grupos violentos a la región desde el otro lado de la frontera. Por supuesto, también pedimos al ejército que respete los derechos humanos. Solicitamos asimismo a las comisiones de derechos humanos que penalicen, incluso en los tribunales, las violaciones de este tipo que suceden en ambos países. Es inaceptable que se secuestre, se torture y se mate con impunidad.

En nuestra opinión, la UE debería apoyar la rehabilitación ambiental y económica de la región. Se ha hecho un excelente trabajo en el ámbito de la ayuda humanitaria, como he podido ver con mis propios ojos. Este compromiso debe proseguir. Este informe es el primero en el mundo que trata el tema de Cachemira. Quiero dar las gracias a la ponente por el valor que ha tenido al incluir bastantes cosas en su informe. Hemos estado luchando durante meses. Creo que este informe ayudará a los habitantes de la región y también al proceso de paz entre India y Pakistán.

  István Szent-Iványi, en nombre del Grupo ALDE. – (HU) En primer lugar, quiero felicitar a la baronesa Nicholson por su exhaustivo e importante informe. Sé que ha estado sometida a toda clase de presiones, pero ha sido capaz de resistirlas. Soy consciente de que no es fácil para un diputado británico liberarse de las consideraciones políticas interiores, y ella lo ha conseguido. Por tanto, merece todo nuestro respeto, y yo apoyo el informe.

La Unión Europea está asumiendo un compromiso importante para reparar el daño causado por el terremoto en Cachemira. Hemos acordado dar una ayuda de 100 millones de euros, y en los próximos años ofreceremos 200 millones a Pakistán y 470 millones en forma de ayuda al desarrollo. Esto significa que tenemos una base moral para expresar una opinión sobre estas cuestiones.

A todos nos preocupa mucho que a ambos lados de la Línea de Control estén ocurriendo graves violaciones de los derechos humanos. Pero es muy alentador que el Primer Ministro Singh de la India haya anunciado una política de tolerancia cero, y durante los últimos años se han dado pasos muy positivos en el territorio controlado por la India. Esperamos lo mismo de Pakistán.

También esperamos que Pakistán tome medidas mucho más firmes contra los extremistas y los terroristas, y que no les permita pasar la frontera hacia el territorio controlado por la India. El conflicto no es solo una cuestión de fronteras. No puede resolverse de un día para otro. La primera condición para crear confianza es que se resuelva el conflicto.

El informe de la baronesa Nicholson demuestra que se necesita una mejora real en la situación actual. Hay que crear las condiciones sociales y económicas necesarias. La reunificación familiar tiene que ser posible. Hay que fomentar los vínculos comerciales, desarrollar la infraestructura, establecer nuevas instituciones educativas y crear empleo. Pero esto no basta. Es necesario, pero no suficiente. Es importante que comience el diálogo político con el Gobierno indio, el Gobierno pakistaní y todo el espectro de la vida política cachemir, con todas las autoridades que están dispuestas a abandonar el uso de la fuerza.

Es muy importante que los cachemires se impliquen en encontrar una solución al problema, porque no habrá solución duradera al problema de Cachemira mientras los líderes elegidos libre y democráticamente no puedan tomar parte. En mi opinión, la India ha demostrado un alto grado de flexibilidad en los últimos tiempos, y por esta razón esperamos lo mismo de Pakistán, puesto que nos unen vínculos muy estrechos con ambos países. Ambos países son socios importantes para nosotros, y redunda en nuestro interés que pongan fin a su conflicto de forma pacífica y constructiva, y que mientras tanto todo se haga en una atmósfera de confianza y diálogo.

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señora Presidenta, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a la ponente, baronesa Nicholson, por su informe. También quiero dar las gracias a los diputados que han ayudado a conducir este difícil y controvertido informe en la dirección de un compromiso, y que por tanto nos han ayudado a todos a avanzar. Pero creo que aún nos queda un trecho por recorrer en la votación de hoy antes de tener un informe que –sin atraer la censura de la India, Pakistán u otro país– en última instancia sirva a nuestro objetivo común de ayudar a Cachemira a convertirse en una región caracterizada por la paz, la prosperidad y el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos. Podemos hacer una importante contribución si juntos encontramos la fuerza de voluntad y nos centramos en el núcleo de la cuestión. Este es un informe sobre Cachemira, no sobre la India o Pakistán. Es perfectamente justificable elaborar informes similares.

Quiero señalar que una gran parte de la crítica a la India o Pakistán en el informe es sin duda legítima; en particular en el caso de Pakistán podría haberse dicho mucho más. Pero este no es el lugar para un debate sobre Pakistán, puesto que estamos hablando de Cachemira. Desde tiempos inmemoriales, Cachemira ha sido un cruce de caminos entre Oriente Próximo, Asia Central y el sureste asiático. La región, que ha sido objeto de una canción de Led Zeppelin, puede volver a ser una región en la que las personas de todas partes de Cachemira puedan vivir juntas, en paz y prosperidad. Contribuyamos hoy a eso. Sería la mejor contribución que podríamos hacer en la lucha contra el terrorismo. La región no necesita más fuerzas armadas; necesita menos armas, menos fuerzas armadas. El Parlamento debería enviar hoy una señal a la India y Pakistán para que sigan por el camino de la paz; para que hagan todo lo posible por aumentar la irrelevancia de la frontera, para que un día Cachemira pueda ser una región pacífica y próspera.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señora Presidenta, durante mucho tiempo Europa decidió cómo debían gobernarse otras partes del mundo. Uno de los efectos de eso fue que todos los Estados de una gran parte del sudeste asiático se convirtieron en un enorme imperio colonial británico. Algunas partes estaban gobernadas directamente por oficiales de la colonia y otras indirectamente por los sucesores de soberanos tradicionales que se habían sometido a la autoridad colonial suprema.

En 1947, el futuro de los estados anteriormente gobernados por esos soberanos estaba en manos de los propios soberanos. Pudieron unirse a uno de los dos nuevos estados que habían ganado la independencia durante ese año y en los cuales se había desmembrado el imperio colonial: la India, que era grande y secular y Pakistán que, aunque en aquella época también comprendía Bangladesh, era pequeño e islámico. Los estados más antiguos fueron incapaces de volver a ganar la independencia y no hubo un referendo para saber si querían unirse a la India o a Pakistán.

En la mayoría de zonas esto no ocasionó problemas insuperables, porque la preferencia del soberano y de la mayoría de habitantes coincidía. Cachemira fue la excepción a la regla. Seguramente el pueblo habría elegido Pakistán, mientras que el soberano optó por la India. Esto explica en cierto modo los problemas de los últimos 60 años.

La India es la mayor democracia del mundo, pero esa democracia está sufriendo serios reveses a causa de la superposición de una gran parte de Cachemira con el territorio indio. Sin un apoyo mayoritario de sus habitantes, Cachemira solo puede seguir bajo control indio mediante el ejército y la policía.

La democracia no puede funcionar bajo esas condiciones. La India, una democracia secular, tiene ventajas considerables sobre Pakistán, donde los fanáticos religiosos y el ejército siempre han tenido demasiada influencia. Pero los habitantes de Cachemira no ven esos beneficios que la India puede ofrecerles.

En los contactos entre la Unión Europea y la India, deberíamos llamar la atención sobre el problema en lugar de esconderlo bajo la alfombra, y es una idea que no encuentro en el texto original de la ponente, que se ha centrado en tres componentes: la recuperación tras el terremoto, cimentar las relaciones entre la Unión Europea y la India y fomentar el comercio y el transporte como medio de mejorar las relaciones entre los líderes de la India y Pakistán.

Pero el pueblo de Cachemira no tiene ningún papel en todo esto. Se ha omitido expresamente su deseo a largo plazo de un referendo sobre el futuro y el apoyo internacional a dicho referendo, aunque ahora parece que el resultado final será más equilibrado.

  Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, el tema de la semana Cachemira-EU a principios de junio será «la construcción de la paz en Cachemira», y es una importante iniciativa dadas las violaciones de los derechos humanos en esa región, donde queda de manifiesto la necesidad de ayuda a ambos lados de la frontera, sobre todo por las acciones de los grupos militantes tanto en los estados indios de Jammu y Cachemira como en la parte pakistaní de Azad Cachemira. Es importante que la ayuda europea se ofrezca a todas las víctimas de Cachemira.

Pero la ayuda humanitaria no implica interferencia política. Las Naciones Unidas han visto a principios de este mes lo difícil que resulta gestionar las operaciones de ayuda en la región: ochenta y tres funcionarios tuvieron que ser evacuados porque, según un portavoz de la ONU, los grupos locales que no habían conseguido proyectos de reconstrucción habían estado enfrentando a la población contra ellos.

La ponente también señala acertadamente que no se le ha pedido a la Unión Europea que actúe como mediador externo en el conflicto de Cachemira, si bien el espacio que se da en el informe a la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional) contrasta fuertemente con esta opinión. La UE no puede perder de vista el valor de la intervención, la ayuda y la mediación internacional. Es una omisión que se dedique tan poca atención a este valor en el informe. ¿Cómo tienen pensado el Consejo y la Comisión ayudar a todos los cachemires y a los socios regionales asiáticos?

  Philip Claeys, en nombre del Grupo ITS. – (NL) Señora Presidenta, huelga decir que la Unión Europea tendrá que contribuir de forma significativa al proceso de paz en Cachemira. Es importante que los canales de comunicación entre todas las partes interesadas estén y se mantengan abiertos.

Voy a tratar uno de sus muchos aspectos, el problema del terrorismo. Es un hecho que muchos actos terroristas los cometen grupos que operan desde Pakistán, o apoyados por este país, por ejemplo Lashkar e-Taiba y Hizb ul-Mujahideen. El Presidente Musharraf se ha comprometido en varias ocasiones a abordar el problema del terrorismo, pero me temo que aún le queda mucho camino por recorrer.

Lo mismo puede decirse del Islamismo extremista que se fomenta a gran escala a través de las llamadas escuelas madrasas. Si Pakistán no consigue controlar este problema, el proceso de paz está destinado al fracaso a largo plazo. Por eso la Unión Europea no debe seguir contentándose con promesas de Pakistán; también debe esperar medidas concretas.

  James Elles (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, me complace mucho el debate de esta mañana. Es la culminación de un largo proceso que comenzó en marzo de 2000, cuando la Cámara votó por gran mayoría a favor de un informe objetivo sobre la cuestión de Cachemira. Así se ha convertido no solo en un problema británico, sino que se ve cada vez más como un problema europeo, como demuestra nuestro debate de esta mañana. Hemos mantenido intensos debates en comisión y ahora tenemos un informe más equilibrado que cuando comenzamos esta mañana. Se han presentado 450 enmiendas y se han incluido unas 180 en este documento, así que ha habido una revisión sustancial.

Aún hay algunos ámbitos que no me satisfacen, en particular la enmienda 21, que se refiere a la cuestión de los pasaportes de Pakistán legibles a máquina. Entiendo que en AJK eso no les preocupa. Tenemos que mantener la objetividad del informe. Pero hay tres enmiendas en particular sobre las que quiero llamar la atención de los colegas y que apoyaré. La primera es la que ha presentado el señor Tannock en nombre de mi Grupo, y le doy las gracias por haberlo hecho, según la que para crear un clima de confianza y buena voluntad es esencial eliminar todos los obstáculos y barreras para que todos los cachemires viajen libremente en todo el Estado de Jammu y Cachemira.

En segundo lugar, esto se refiere en particular a los aspectos financieros del terremoto. Todos sabemos que hubo mucho sufrimiento. Ha habido una petición para conseguir más fondos del Gobierno de Azad Cachemira, pero creo que aún no han tenido una respuesta completa, por lo que la enmienda 41 pide una respuesta clara de la Comisión para que sepamos lo que tenemos que hacer en términos presupuestarios. El último aspecto se refiere a la desmilitarización, y por eso hemos presentado la enmienda 55 junto con la señora Lambert.

El artículo en The Economist del 7 de abril fue muy claro y lo recomiendo a la Cámara. Dice que hay tres razones fundamentales para que presionemos por la desmilitarización. La primera es que no se necesitan los números actuales. Hace tres años que hay un alto al fuego y los peligros del radicalismo han disminuido notablemente. La segunda es que sería enormemente popular en Cachemira, donde, y cito a The Economist, hay una alienación «de la dominación india muy arraigada, la retirada del ejército se vería no como una retirada de un escudo protector, sino como la desaparición de una lacra opresora». La tercera es que la retirada de las tropas de Cachemira sería un gran impulso al laborioso acercamiento entre la India y Pakistán.

En conclusión, como han hecho uno o dos colegas, quiero llamar la atención sobre el trabajo de mi colega, señor Bushill-Matthews. Votaré a favor de este informe porque tiene un mensaje positivo y arroja una luz de esperanza sobre los problemas a los que se enfrenta cada día el pueblo de Jammu y Cachemira. Deberíamos mantener esa luz encendida y asociar a todo el mundo al proceso para encontrar una resolución al problema del pueblo cachemir.

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Señora Presidenta, el papel positivo de la Unión Europea a la hora de enfrentarse a cualquier conflicto en el mundo y nuestro papel en relación con Cachemira será apoyar los procesos de paz y respetar el Derecho internacional. Nuestras enmiendas del Partido Laborista a este informe se centraban en avanzar la retirada de las tropas en ambos lados, ampliando la ayuda al desarrollo y fomentando la implicación práctica del propio pueblo cachemir: equilibradas, constructivas, diplomáticas en su enfoque.

Cuando estuve en Cachemira en marzo al mismo tiempo que el Comisario, vi una AJK más abierta que nunca; los indios estaban dispuestos a hablar con los secesionistas y ambos Gobiernos eran optimistas con respecto a su diálogo mixto, y cuando esa bomba en un tren de Nueva Delhi a Lahore mató a 68 personas en febrero, la política de culparse unos a otros fue sustituida por una solidaridad mutua para derrotar a los terroristas.

Pero el apoyo que la ponente liberal-demócrata pide para su informe esta mañana es posible solo porque en la comisión parlamentaria hemos derrotado sus propuestas de cortar las relaciones comerciales con una parte y no con la otra; de prestar ayuda económica a una parte; de anular la resolución de la ONU a favor de la autodeterminación; y, lo más ofensivo de todo, de marcarse tantos políticos sobre el sexto peor terremoto de la historia de la humanidad.

Hoy observo que la enmienda liberal-demócrata 58 culpa a una parte de impedir un plebiscito y que la enmienda Conservadora 5 rechaza un plebiscito en el futuro. Los diputados Laboristas y Socialistas se opondrán a ambas.

En este informe, lamento decir que hemos visto a una ponente declarar que respeta el principio de primum non nocere –no dañar– pero lo único que ha hecho es dañar. Aviso a otros en este debate y en nuestra votación: no hablen por la India o por Pakistán; hablen por Europa, por la paz y los derechos humanos, y harán un gran favor al pueblo de Cachemira y al honor de este Parlamento.

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, acojo con satisfacción los comentarios de la Comisión. En octubre de 2005, el terremoto catastrófico abrió los ojos del mundo a la situación desesperada del pueblo cachemir. Esta tragedia ofrecía a la India y Pakistán una oportunidad de hacer las paces desde la catástrofe. También brindaba a la comunidad internacional la posibilidad de implicarse en una región previamente cerrada.

El Consejo ha subrayado que la India y Pakistán tienen que cerrar un acuerdo duradero para Jammu y Cachemira que tenga en cuenta los deseos de todo el pueblo de Cachemira. Este es un enfoque justo y responsable que la Cámara debe seguir si quiere contribuir de forma constructiva al debate de Cachemira.

Como liberales cuyos antepasados dieron forma al concepto, la pasión de mi Grupo tiene que ser la autodeterminación, la autodeterminación y la autodeterminación. Es un derecho absoluto consagrado por las Naciones Unidas y respetado y protegido por la Unión Europea. Es un proceso democrático que esta Cámara tiene el deber de apoyar.

La UE ha de apoyar las ideas positivas que se presentan: sistemas de autogobierno, eliminación de las fronteras, y gestión conjunta en la Línea de Control. No nos corresponde a nosotros rechazar ninguna opción. Pero tenemos que insistir en que se exploren a través de una consulta completa con los cachemires y, si las condiciones son adecuadas, tenemos que apoyar su deseo de decidir su destino a través de un plebiscito democrático. Con una historia de abusos de los derechos humanos, una solución sostenible es imposible sin acabar con la impunidad y garantizar que los derechos humanos sean los componentes básicos de la paz. La India y Pakistán son miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ser miembro implica la responsabilidad de dirigir.

Las mujeres y los niños han cargado con el peso del conflicto y el terremoto. Las mujeres se han quedado viudas y los niños huérfanos. Todos se esfuerzan en reconstruir sus vidas. La UE, a través de sus relaciones comerciales y económicas con India y Pakistán, tiene que proteger a los más vulnerables a corto plazo y garantizar su sustento a largo plazo. La mayor tragedia del terremoto fue la pérdida de una generación entera de cachemires. Tenemos que llorar sus muertes. Para los que quedan, nuestros objetivos principales tienen que ser la paz, la justicia y la autodeterminación para la próxima generación de cachemires.

  Jean Lambert (Verts/ALE). – (EN) Señora Presidenta, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir mi colega, el señor Karim, especialmente que la autodeterminación tiene una importancia crucial, y más, si cabe, para los pueblos divididos por la Historia.

Estamos de acuerdo en que las condiciones para un plebiscito no se cumplen actualmente, pero no deben dejarse de lado. De ahí que nuestras enmiendas 18 y 56, presentadas junto con colegas del Grupo ALDE, tengan una importancia crucial para nosotros.

Este conflicto de Cachemira ha llevado al mundo más cerca del conflicto nuclear que ningún otro desde la década de los sesenta. Por consiguiente, es muy importante para todos los presentes en esta Cámara. Independientemente de que nuestros países se encuentren implicados históricamente o no, la Unión Europea sin duda tiene un interés. Acogemos favorablemente las medidas que refuerzan la confianza. El medio ambiente representa una preocupación común para los pueblos de cualquier lado de la Línea de Control, y puede ser un elemento valioso para la construcción de la paz. Necesitamos la normalización de las relaciones en todos los niveles, desde el pueblo llano al nivel político, y la flexibilización de la frontera como medida intermedia.

  David Casa (PPE-DE). – (MT) Gracias, señora Presidenta. A lo largo de los años, el conflicto en Cachemira ha dejado miles de víctimas, sobre todo miles de víctimas separadas de sus familias y otros tantos miles que se han visto obligadas a abandonar su país para buscar una vida mejor en otra parte. Por tanto, creo que todos estaremos de acuerdo en que ha llegado la hora de que la Unión Europea haga todo lo posible por buscar una solución a largo plazo sin violencia, una solución que beneficie a todos los implicados. Seguro que todos estarán de acuerdo en que tras años de inseguridad, derramamiento de sangre y promesas incumplidas no es una tarea fácil, aunque haya consenso a nivel oficial. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que lo que hemos conseguido hasta ahora no se pierda, y también debemos apoyar plenamente el diálogo permanente entre India y Pakistán. Tanto India como Pakistán deben tener la oportunidad de perseverar con sus medidas para recuperar la confianza y de seguir permitiendo que los ciudadanos crucen las líneas de control. Este paso fue acogido con satisfacción tras muchos años de división. Estoy seguro de que la Unión Europea apoyará cualquier iniciativa que pueda lograr la paz, aunque sea un proceso largo y lento. Como ha dicho el Comisario, tenemos que asegurarnos de que las personas que se encuentran en campos de refugiados reciban toda la ayuda humanitaria que necesiten, sobre todo tras el devastador terremoto que dejó a tantas personas en una situación desesperada. Hay que aumentar la ayuda y los campos que han existido durante tanto tiempo deben tener alguna forma de categoría oficial. Pido encarecidamente a todas las autoridades indias y pakistaníes que cumplan con sus obligaciones y otorguen a la población cachemir la dignidad que se merece, porque todos tenemos derecho a esa dignidad. Por último, creo que necesitamos tomar medidas para proteger la historia única de ese pueblo. La población india, pakistaní y cachemir tienen que centrarse en los factores que los unen. Solo así tendrá éxito el proceso de paz. Por último, quiero dar las gracias a la ponente por todo el trabajo que ha realizado para que este informe tenga éxito.

  Neena Gill (PSE). – (EN) Señora Presidenta, quiero felicitar a la baronesa Nicholson por su labor en torno a lo que ya se ha convertido en uno de los informes más comentados de iniciativa propia de esta Cámara.

Cuando encabecé una delegación a Pakistán el pasado mes de diciembre, nos hablaron de este informe casi en todas partes y, habiendo seguido de cerca la tramitación del informe, no subestimo los retos que ha habido al sacar a la luz los hechos fundamentales relativos a estas cuestiones. Estoy segura de que, con el tiempo, se convertirá en un informe de referencia sobre este asunto.

Yo también he visitado una parte de la dividida región de Cachemira y siento profundamente la difícil situación en que se halla el pueblo cachemir, especialmente tras los trágicos efectos del terremoto. Este informe también ha sacado a la luz por primera vez las condiciones que prevalecen, no solo en Cachemira, sino también en las zonas del norte. Mientras estuve en Pakistán, conocí a mucha gente que expresó un gran deseo de más democracia y más cauces de expresión popular. Por lo tanto, espero que un resultado de este informe sea más democracia y más estructuras democráticas, especialmente en Gilgit y Baltistán, en el próximo futuro.

Una de las cuestiones que divide más a los diputados de esta Cámara ha sido la cuestión de un plebiscito. No obstante, acojo con satisfacción el consenso que se ha desarrollado ahora sobre esta cuestión en el informe, y es importante recordar que la resolución de las Naciones Unidas que solicitaba la celebración de un plebiscito afirmaba que debería celebrarse únicamente cuando se cumplieran las condiciones. Por lo tanto, es lamentable que las condiciones en las que pueda convocarse no se hayan cumplido hasta la fecha.

Habiendo presidido la Delegación para las relaciones con los países del sur de Asia y la Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional, y ahora la Delegación para las relaciones con la India, reconozco que este asunto ha obstaculizado el desarrollo adecuado entre los países vecinos y la región en su conjunto. Por lo tanto, acojo con gran satisfacción las medidas de creación de confianza que tanto la India como Pakistán se han comprometido a impulsar en los últimos años. Les insto a que sigan por este camino con fronteras flexibles y más comercio, porque esto ya ha arrojado dividendos en cuanto a la prosperidad regional, y sinceramente espero que en el futuro consiga mejoras en todos los frentes para el pueblo de Cachemira.

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) Señora Presidenta, este informe trata de las perspectivas actuales y futuras del pueblo cachemir, y eso no debemos perderlo de vista. Este informe no trata de la India ni trata de Pakistán. Me complace que el informe se haya modificado de manera sustancial en comisión. No obstante, he intentado modificarlo todavía más, y muchas de las enmiendas presentadas por mi Grupo –aunque no todas– son las que espero que puedan ustedes aprobar.

La enmienda 18 solicita que el pueblo de Cachemira ejerza su derecho a la autodeterminación mediante un plebiscito en el futuro. En mi opinión, esta es la cuestión principal. Creo que todas las personas deben tener derecho a determinar su propio destino. Eso es lo que el pueblo de Cachemira lleva pidiendo muchos años. Hace sesenta años, las Naciones Unidas aprobaron las resoluciones y todavía siguen sin entrar en vigor. ¿Cómo podemos ser tan selectivos con respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas a las que nos adherimos? No obstante, quisiera que fueran más allá y que cualquier plebiscito tuviera las tres opciones: gobierno de la India, gobierno de Pakistán o independencia. De ahí la enmienda 57.

Otra preocupación que tengo con respecto a este informe, aunque ahora está mucho mejor de lo que estaba, es que parece centrarse demasiado en las deficiencias del Gobierno pakistaní en Pakistán, en lugar de adoptar un enfoque equilibrado con respecto a los errores de la India y Pakistán en Jammu y Cachemira en general.

Por último, debemos apoyarnos en los pasos positivos que han dado tanto la India como Pakistán y no socavarlos. No obstante, ninguna solución es posible sin que el pueblo cachemir tenga la última palabra.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, Cachemira ha sido uno de los lugares más volátiles del mapa en los últimos 56 años. La población civil lleva muchos años en una situación complicada y no ha recibido prácticamente ninguna ayuda o protección de la comunidad internacional. Hay luchas continuas en Cachemira. Las organizaciones de derechos humanos informan que, desde la insurrección de los muyaidines de 1989, más de 30 000 civiles han muerto en Cachemira.

Cachemira debería pesar mucho sobre todas nuestras conciencias. Todas las democracias europeas que se enorgullecen de tener una tradición de diálogo y libertad, en especial sobre cuestiones de fe, no parecen darse cuenta o ignoran la tragedia a la que se enfrenta la población civil en Cachemira. La Unión Europea tiene que formar parte de la difusión y promoción de la democracia por todos los medios posibles, en especial en las zonas afectadas por el conflicto religioso o racial armado durante muchos años.

En este momento, en vista de las negociaciones que se están llevando a cabo entre India y Pakistán sobre la cuestión de Cachemira y que, por desgracia, es improbable que acaben con éxito, necesitamos que la Unión Europea demuestre una voluntad fuerte de apoyar a la población civil de Cachemira. Necesitamos que la Unión Europea demuestre la misma actitud activa de apoyo al proceso de paz en Asia que demostró al apoyar la Revolución Naranja y a Aleksander Milinkiewicz cuando le otorgó el premio Sajarov.

No podemos olvidar que Asia será el socio más importante de la Unión Europea en el futuro, gracias a sus recursos naturales y a sus recursos humanos. Ignorar conflictos es una señal de ignorancia y estupidez, algo que no podemos permitirnos en el siglo XXI, sabiendo que pueden usarse armas de destrucción masiva en estos conflictos.

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Quiero dar las gracias a todos por haber alcanzado un compromiso aceptable. La India, Pakistán y Cachemira no constituyen una cuestión tradicional para mí como socialdemócrata sueca y diputada al Parlamento Europeo, pero me comprometí cuando leí el primer borrador y oí a representantes de diferentes partidos, sobre todo del Reino Unido, en este debate.

Nuestra tarea no es vivir en el pasado ni adoptar una posición a favor o en contra de la India y Pakistán. Tenemos una responsabilidad por lo que está ocurriendo en Cachemira y por la situación de los derechos humanos. Nuestra tarea como diputados al Parlamento Europeo es ver si podemos desempeñar un mayor papel y luego ofrecer nuestra ayuda y experiencia y así ayudar a resolver el conflicto en Cachemira.

Lo que está sucediendo, y lo que lleva sucediendo desde hace tanto tiempo, es un escándalo. Creo que dos países civilizados como la India y Pakistán deberían poder compartir más responsabilidad, pensar en un plazo para alcanzar resultados prácticos y, por supuesto, ayudarse unos a otros a combatir el terrorismo. Si esto no ocurre, las Naciones Unidas y la Unión Europea tendrán que intervenir más seriamente que en el pasado. La estrategia de la UE es presionar a través de acuerdos, ayuda y contactos. Me habría gustado que hubiésemos ido más lejos y que hubiéramos apoyado un referendo, pero entiendo que aún no estamos en posición de hacerlo.

Los deseos de Cachemira tienen que guiarnos en nuestro trabajo futuro y guiar a todos los que desean aceptar la responsabilidad de la región. Pido a todos que piensen en términos de paz y no de prestigio, de presente y de futuro y no de historia. Como ha dicho el señor Leinen, si Francia y Alemania fueron capaces de crear paz en Europa y fundaron la UE, estoy convencida de que la India y Pakistán podrán conseguir la libertad y la paz en Cachemira.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la Comisión desea subrayar su convicción de que ahora existen esperanzas renovadas de que la cuestión de Cachemira pueda acercarse a una solución.

Creemos que ambas partes han enviado señales que parecen ser más flexibles ahora que en el pasado. No obstante, esperamos un proceso lento y gradual, más que resultados rápidos. Pero es importante –y en esto la ponente es muy clara en su informe– que la clave para la resolución de este conflicto sean, en gran medida, las aspiraciones políticas de los ciudadanos de ambos bandos y de ambos países.

La Unión Europea continuará apoyando el proceso de reconciliación entre la India y Pakistán y, por su parte, la Comisión está totalmente dispuesta a seguir prestando ayuda a la región mediante sus distintos programas de cooperación; en respuesta al señor Elles diré que ya hemos decidido aportar 50 millones de euros para los trabajos de reconstrucción, que creemos que se alargarán durante algunos años. No hemos recibido ninguna otra petición de recursos adicionales de ninguno de los dos Gobiernos, pero estamos abiertos a debatir esta cuestión en el futuro si nos llegan solicitudes en este sentido.

Este programa también ayudará a recuperar el desarrollo económico y la gobernanza de ambos países. Esta es la condición principal y fundamental para encontrar una solución sostenible para la situación de Cachemira.

  La Presidenta. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito

(artículo 142 del Reglamento)

  David Martin (PSE), por escrito. – (EN) Cachemira ha sufrido más que la parte de la tragedia que le corresponde, y el caso más reciente ha sido el devastador terremoto. A veces, de la tragedia surge la esperanza, por lo que después del terremoto, tanto la India como Pakistán han mostrado su deseo de cooperar para mejorar las vidas de la población cachemir. Debemos animar a que todas las partes continúen con las medidas de confianza y sigan «flexibilizando» la frontera. India debe reducir el efecto de sofoco de sus tropas en Cachemira y Pakistán debe seguir atajando el terrorismo. Cuando llegue la hora, la población de Cachemira debe tener voz para determinar su futuro.

5. Vía Báltica (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la Vía Báltica.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) En nombre de la Comisión, y sustituyendo a mi colega, el Comisario Dimas, que no puede participar hoy debido a graves problemas de salud, quisiera realizar una presentación sobre la situación y explicar por qué la Comisión ha acudido al Tribunal.

Las autoridades polacas dieron luz verde a la construcción de la carretera de circunvalación de Augustov, que atraviesa el singular valle de Rospuda, situado en una zona forestal de Natura 2000, a pesar de haberse iniciado previamente procedimientos por incumplimiento. El 15 de diciembre de 2006 se envió a Polonia una carta de notificación formal, que mencionaba la carretera de circunvalación de Augustov, entre otras cuestiones, mientras que las autoridades polacas emitieron la decisión que autorizaba el comienzo de las obras el 2 y el 9 de febrero de 2007.

El valle de Rospuda es el último sistema de turberas de su especie en Europa. Por lo tanto, la Comisión es de la opinión de que, si el proyecto se ejecuta en su forma actual, incumpliría las directivas sobre aves y hábitats. El 28 de febrero de 2007, la Comisión emitió una opinión razonada con carácter urgente en la que solicitaba que Polonia cumpliera la legislación ambiental de la CE en el plazo de una semana. Al haber considerado la respuesta de las autoridades polacas insatisfactoria, la Comisión decidió remitir el caso al Tribunal de Justicia el 21 de marzo. La decisión incluye una solicitud de medidas cautelares, lo cual significa la suspensión de las obras de construcción hasta que se produzca el fallo del caso principal, a fin de evitar daños irreversibles a la zona Natura 2000 en cuestión.

  John Bowis, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, quizás en primer lugar podamos enviar nuestros buenos deseos al Comisario Dimas y desearle una pronta recuperación.

En segundo lugar, permítame decir a mis amigos polacos que no se trata de una cuestión que la haya tomado con Polonia. Hay muchos Estados miembros que han sido objeto de presión por parte del Parlamento y la Comisión cuando una propuesta de desarrollo perjudica potencialmente al medio ambiente.

Creo que en este caso tenemos una cuestión grave que va a ser una prueba de voluntad para la Comisión, para la política y sin duda también para este Parlamento. Prevemos daños potenciales irreversibles para los hábitats de un gran número de especies, desde águilas a pájaros carpinteros, urogallos, lobos y linces. Acojo con satisfacción la medida de la Comisión de acudir al Tribunal de Justicia Europeo, como por supuesto también la posterior decisión de solicitar un trámite especial del TJCE para que emita una providencia urgente exigiendo a Polonia que ponga fin a las obras hasta que se tome una resolución definitiva. Esto es razonable. El Presidente del Tribunal de Justicia Europeo admitió esto el 18 de abril y espero que esto suponga un mensaje contundente a las autoridades polacas implicadas en este plan. Pero lamentablemente parece que Polonia hace caso omiso de esto y prosigue, al menos en parte, con las obras de construcción de dos proyectos en el noreste de Polonia.

Por lo tanto, mi petición a la Comisión es insistir en que busquemos seriamente rutas alternativas, porque creemos, y mi comisión cree, que existen alternativas mucho más beneficiosas para el medio ambiente. Creemos que dichas alternativas deben explorarse plenamente, deben someterse a los principios estratégicos de evaluación ambiental, y solo si se cumplen dichos principios debemos prestar nuestro consentimiento a la construcción de este corredor vial.

Espero que la Comisión transmita ese mensaje a su colega. Espero que eso le haga sentirse mejor. Sin duda, también será mejor para el medio ambiente polaco que cumplamos las normas.

  Thijs Berman, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señora Presidenta, mi Grupo apoya a la Comisión en su disputa con el Gobierno polaco.

Con sus directivas ambientales, incluida la Directiva Hábitat y la Directiva de Aves, la Unión Europea ha dado un paso fundamental hacia el desarrollo sostenible de nuestro continente. Las directivas son un gran éxito. Las zonas a las que se aplican a menudo forman parte de la red europea Natura 2000, una red de espacios naturales protegidos situados en los Estados miembros que está en el centro de la política ambiental de la UE y de la preservación y recuperación de la biodiversidad. Dan a la protección de la naturaleza y del medio ambiente un impulso enorme.

En algunos casos, esto va en contra de los intereses locales y nacionales. Los políticos ceden muy fácilmente a la presión sobre la base de intereses económicos a corto plazo, en lugar de defender con valor un medio ambiente limpio por el bien de las generaciones futuras.

Huelga decir que la Vía Báltica es de gran importancia económica. Eso es indiscutible. Además, es esencial abrir el norte y el este de Europa, y unir los Estados bálticos con el oeste de Europa. Una mayor prosperidad y bienestar en Polonia redunda en interés de toda Europa.

Por eso se están invirtiendo miles de millones de euros de los Fondos Estructurales en ese país, y todos entenderán que los residentes de la ciudad de Augustov están interesados en ver el final de la peligrosa y ruidosa contaminación ocasionada por los camiones.

Habrá que desviar el tráfico lejos del centro de la ciudad. ¿Pero a qué precio? El valle Rospuda es una zona única, una zona especial protegida bajo la Directiva de Aves, y dado su extraordinario valor, también está incluida en la Directiva Hábitat. Polonia tiene recursos naturales enormes, con un paisaje de extraordinaria belleza natural. Estos recursos son la clave del futuro económico de Polonia.

En los Países Bajos, nos enfrentamos a una situación similar no hace mucho tiempo, con la construcción –que posteriormente se rechazó– de una nueva autopista que cruzaba una parte de Naardermeer, el espacio natural protegido más antiguo de nuestro país, que entra dentro del ámbito de la Directiva de Aves. Esta situación era comparable a la zona natural polaca donde se planea construir la Vía Báltica.

La Comisión estaba en lo cierto al advertir al Gobierno polaco en contra de la construcción de esta sección de la autopista. Como Estado miembro europeo, Polonia tiene el deber de proteger el valle Rospuda y, aunque ha propuesto medidas destinadas a compensar la destrucción de parte de esta zona natural, esta compensación es insuficiente.

El estudio de las posibles rutas alternativas no se ha concluido. Hay otras rutas posibles que podrían impedir que se causara un daño irreparable a la zona.

A mitad de junio, la Comisión de Peticiones de esta Cámara enviará una misión de investigación que estudiará las quejas de los ciudadanos polacos que no quieren que el valle se destruya.

Aunque escucharemos a todas las partes y sopesaremos todos los argumentos, una cosa es segura: no podemos permitir que la Vía Báltica dañe uno de los lugares naturales más atractivos de Europa. La construcción de esta carretera no puede infringir la legislación ambiental europea que Polonia también ha firmado. Pacta sunt servanda: hay que cumplir los tratados.

  Paweł Bartłomiej Piskorski, en nombre del Grupo ALDE. – (PL) Señora Presidenta, podemos ver el caso de la Vía Báltica y del Valle Rospuda desde dos perspectivas diferentes que no deben ser contradictorias.

El primer punto de vista es práctico, e implica a las personas que viven allí y que usan esas carreteras. No solo los polacos están afectados, sino también los habitantes de los Estados bálticos y de Escandinavia. Es un problema real que no podemos ignorar. Muchas personas mueren en esas carreteras. Esas personas tienen derecho a carreteras que se construyan con el mayor nivel de calidad posible y tienen derecho a viajar cómodos y seguros.

La otra cuestión en juego es la de las autoridades responsables de tomar las decisiones. No es cierto que no haya una ruta alternativa, a pesar de los intentos de demostrar lo contrario. Hay alternativa: es posible y práctica de aplicar y solo se necesita voluntad política. En Polonia, esta cuestión se ha debatido durante muchos años. Nosotros, junto con un grupo de diputados al Parlamento Europeo, llamamos la atención de este problema el año pasado cuando formulamos una pregunta a la Comisión y pedimos al Gobierno polaco que detuviera ese proyecto, pues era una buena idea que cumpliera con las normas europeas en la fase de planificación.

La segunda cuestión es la de las lecciones aprendidas. Este es el primer caso de ese tipo en Polonia, y sienta un precedente. Nosotros, como diputados al Parlamento Europeo y las instituciones europeas, deberíamos asegurarnos de que, por el bien de los ciudadanos y para mejorar su seguridad, todos los Estados miembros planeen sus proyectos de inversión de forma adecuada, de conformidad con las directivas de la Unión Europea y las normas de protección ambiental.

Esto puede conseguirse. No hay contradicciones. Esta lección tiene que ser eficaz. Por tanto, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoyamos una solución que permita que la Vía Báltica se construya lo antes posible. Pero esta solución también tiene que llevar rápidamente a un adelanto muy importante basado en el hecho de que no tiene sentido insistir en decisiones malas que perjudican el medio ambiente.

  Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN. – (LV) Gracias, Señora Presidenta y señora Grybauskaitė. En primer lugar, quiero decir que, al conocer la historia de este tramo de carretera, me parece, como ciudadano letón, que se sabía hace años que se iba a construir ese tramo. Es posible que el anterior gobierno polaco no alcanzara un acuerdo sobre los territorios Natura 2000 de la mejor manera. Pero, en consecuencia, este retraso está haciendo sufrir no solo a los polacos, en particular a los de la región oriental, que usarán este tramo de carretera cada día, sino también a tres Estados miembros de la Unión Europea: Estonia, Letonia y Lituania, y no solo a los ciudadanos que viajan a la Unión Europea, sino también a una gran parte de la industria, puesto que 4 500 camiones pasan por la ciudad de Augustov cada día a través de ese tramo de carretera. Me gustaría mucho que se alcanzara un compromiso que no siguiera retrasando la construcción de esta carretera. Me preocupa que estos tres Estados bálticos no estén conectados con la Unión Europea a través de una autopista normal y moderna. Estos tres Estados bálticos no están conectados con la Unión Europea a través de Polonia por ferrocarril, puesto que parece que la sección Rail Baltica en esa región se encontraría con las mismas dificultades para cumplir con las normas ambientales. Tampoco están conectados con el mercado eléctrico europeo en la frontera Polonia-Lituania. Así pues, pido a la Comisión y a todas las partes, incluido el Gobierno polaco, que tomen decisiones en un plazo de tiempo razonable, que reflexionen sobre esta cuestión no solo desde el punto de vista de las necesidades ambientales de Europa y Polonia, sino también desde el punto de vista de los intereses de estos tres Estados miembros de la Unión Europea. Gracias.

PRESIDENCIA DE LA SRA. WALLIS
Vicepresidenta

  David Hammerstein, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señora Presidenta, estamos ante un pulso entre el Gobierno polaco y las Instituciones europeas.

La legislación ambiental europea se tiene que aplicar. La Directiva sobre los hábitats naturales existe para que se aplique. Habrá un antes y un después de esta cuestión. O vamos en serio con el Derecho comunitario, o vamos en serio con la aplicación y la utilización de fondos europeos en grandes infraestructuras, o todo, poco a poco, se va a convertir en papel mojado.

He tenido el placer de recorrer esta zona tan preciosa y tan singular que es el valle de Rospuda, y puedo afirmar que este proyecto es absurdo. Este proyecto es, incluso, técnicamente casi imposible por la zona pantanosa que tiene que atravesar. Puedo afirmar, al mismo tiempo, que existen alternativas claras que son, incluso, más factibles, más económicas y podrían servir para el mismo fin que esta carretera.

Las personas que sufren el paso de camiones en Polonia oriental, en Augustov, son rehenes de un juego político que está haciendo el Gobierno polaco sobre otras cuestiones. Es un pulso político con la Comisión Europea, que se junta con otras cuestiones políticas. Son los habitantes de la zona y la naturaleza los que van a sufrir las consecuencias.

Además, las alternativas a esta carretera que discurre por el bosque cuentan con el respaldo del estudio preliminar, del estudio estratégico ambiental, preparado por la consultora Scott Wilson, una consultora internacional muy prestigiosa. Entonces, no es verdad que solo exista la alternativa de esta carretera por la vía Báltica a través del valle de Rospuda o nada. En absoluto.

Lo que está en juego es la seriedad de este Parlamento y la seriedad de la legislación ambiental europea. Espero que haya firmeza por parte de la Comisión Europea, y firmeza consistente en no entregar más fondos regionales hasta que Polonia se dé cuenta de que ser parte del club europeo también quiere decir asumir las reglas.

  Erik Meijer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (NL) Señora Presidenta, la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea que se adhirieron en 2004 y 2007 poseen redes ferroviarias bien desarrolladas.

Lamentablemente, esta red ferroviaria se ha reducido en los últimos quince años, y también ha habido mermas en su mantenimiento. Además, en muchos casos, las antiguas compañías ferroviarias no han recibido la compensación estatal con la que contaban de antemano por sus deficiencias operativas, y esto disuade a nuevas empresas que, de otro modo, estarían dispuestas a participar en licitaciones, por lo que lo que ocurrirá probablemente es que la red ferroviaria se utilice cada vez menos y que el material rodante se torne inservible.

En su tiempo, estos países aventajaban al oeste de Europa en el ámbito del transporte ferroviario, pero ahora han perdido esta ventaja, y también su medio ambiente es especialmente vulnerable.

Menos vías no implica menos tráfico. Con el fin de canalizar este tráfico hacia otra modalidad, ahora se centra toda la atención en las inversiones en autopistas. Este tipo de carreteras ya existían hace quince años, aunque se limitaban a los trayectos con mayor tráfico, especialmente alrededor de las grandes ciudades. Ahora se construirán carreteras de este tipo con gran rapidez.

En un esfuerzo por limitar los costes, a menudo se pasan por alto los intereses de la naturaleza y del paisaje. Se prefiere el trayecto más corto para atravesar las zonas que se consideran vacías, y no hay dinero para desvíos, túneles o puentes para la fauna salvaje.

Polonia no es el primer país ni el único que se enfrenta a este problema. Lo mismo ocurrió hace años en la República Checa, que planificó una conexión entre Praga y Dresde, e igualmente en Bulgaria, cuando se proyectó un enlace entre Sofía y Salónica.

El modo en el que se gestionan valiosas zonas de conservación de la naturaleza no solo aparece en los noticieros nacionales, sino también internacionales, a medida que organizaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza llaman la atención sobre ello. Subrayan asimismo que la Unión Europea es, en parte, responsable de destruir el medio ambiente si ayuda a financiar proyectos perjudiciales de este tipo. Llevo años instando a la Unión Europea a que rechace toda responsabilidad en esta materia.

El 2 de julio de 2002, la Comisaria Wallström afirmó en su respuesta a mis preguntas por escrito que Polonia debía adaptar sus planes para la Vía Báltica. Le recordaría que, según el plan original, la Vía Báltica evitaba esta zona vulnerable, pero dichos planes fueron revisados posteriormente en una apuesta por servir mejor a otras ciudades. La Unión Europea debe insistir en que se vuelva al plan original concebido hace mucho tiempo.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señora Presidenta, es bueno que a pesar de la urbanización que va de la mano con la creciente prosperidad sigamos contando con inestimables zonas de conservación de la naturaleza dentro de las fronteras de la Unión Europea. Estas zonas forman parte de la red Natura 2000, que desempeña una función muy importante al garantizar que la naturaleza en la Unión Europea goce de protección y, por ejemplo, al ayudar a mantener la biodiversidad.

Esta misma semana hemos aprobado la propuesta del señor Adamou, en la que se defiende el mantenimiento de la biodiversidad. Además, el estatuto de Natura 2000 garantiza que las zonas de conservación de la naturaleza permanezcan intactas para la posteridad.

Al menos, así es como debería ser. No todos los Gobiernos parecen darse cuenta de esto, como quedó patente el año pasado. El Gobierno polaco quiere construir la nueva carretera, la Vía Báltica, a través de la zona Natura 2000 del Valle de Rospuda.

Junto con una delegación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria he visitado el valle de Rospuda y he podido constatar yo mismo el valor y la singularidad de este lugar polaco de conservación de la naturaleza. No entiendo que sea el Ministro de Medio Ambiente polaco, nada menos, el que esté a favor de este proyecto, a pesar de que existen alternativas factibles. Sin duda él, entre todas las personas, debería darse cuenta los desastrosos efectos que este proyecto podría tener.

A modo de compensación por la construcción de la carretera, se pretende plantar un millón de árboles en el norte de la región, a pesar de los efectos adversos que esto tendrá sobre la naturaleza. Me consta que esta es una cuestión muy sensible en Polonia. Para la seguridad del tráfico, es necesario que la Vía Báltica esté construida en breve, siempre que se adapte a las circunstancias regionales y tenga los mínimos efectos adversos sobre el medio ambiente.

Me encanta que la Comisión haya advertido al Gobierno polaco y que, al no haber recibido respuesta a sus peticiones, haya llevado la cuestión ante el Tribunal de Justicia Europeo. Es de esperar que la sentencia del Tribunal de 18 de abril, según la cual el Gobierno polaco debe poner fin a las medidas de compensación con efecto inmediato, sirva de mensaje para el futuro en el sentido de que los Estados miembros no pueden estropear tranquilamente los valiosos lugares de conservación de la naturaleza.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, la construcción prevista de la Vía Báltica ha ocasionado muchas controversias, al igual que muchas otras rutas de transporte transeuropeas. Habiendo estudiado las estadísticas de la Comisión sobre el tema, está claro que una serie de Estados miembros tienen problemas considerables relacionados con la planificación de proyectos de infraestructura en las zonas incluidas en la red Natura 2000, a saber, Austria, España y Portugal.

De momento, el Gobierno polaco todavía desea continuar con la construcción de la carretera de circunvalación de Augustov, que atravesará el Valle de Rospuda. Argumenta que la decisión con respecto al proyecto se tomó antes de que Polonia se adhiriera a la Unión Europea, cuando Polonia no estaba obligada a respetar los estrictos requisitos de las directivas de la Unión Europea sobre aves y hábitats. La Comisión Europea acusa a Polonia de infringir estas directivas a raíz de su inversión en el proyecto de construcción de la carretera. Para Polonia, la seguridad vial es el argumento a favor de la construcción de la carretera de circunvalación. No obstante, parece que se han olvidado los criterios ambientales que han de cumplirse en la ejecución de este proyecto.

Sin embargo, a pesar de la situación actual, no podemos permitir que se paralicen las conversaciones sobre la carretera de circunvalación. El problema ha de resolverse en forma de compromiso satisfactorio para ambas partes. Tanto los argumentos relativos a los aspectos ambientales como los que conciernen a la seguridad vial son igualmente importantes y afectarán a cientos de proyectos similares en Polonia y en otros países. Deberíamos hacer que los mecanismos de cooperación fueran más eficientes en distintos niveles y adaptar los criterios normativos a la actual situación ambiental y social.

No obstante, yo pediría que las propuestas de debate similares recibieran el mismo trato en el futuro. Hasta hoy, a pesar del apoyo de más de 60 diputados, no se ha dado luz verde a un debate sobre la principal amenaza ambiental, que se deriva de la construcción del gasoducto del norte de Europa debajo del Mar Báltico. Quiero recordarles que más del 10 % de las zonas marinas forman parte de la red Natura 2000 y nadie, nadie en absoluto ha planteado esta cuestión en el Parlamento Europeo.

De momento, cuando importantes zonas de biodiversidad están siendo destruidas ante los propios ojos de los ecologistas y de toda Europa, parece no existir voluntad alguna de debatir la cuestión de la amenaza ambiental para nuestro único mar interior, el Báltico.

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Señora Presidenta, la delegación polaca del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo subraya desde hace mucho tiempo la necesidad de construir la carretera de circunvalación de Augustov.

No obstante, el plan de construcción elegido para la nueva carretera, que atravesará el Valle de Rospuda, tendrá sin duda un impacto negativo sobre el ecosistema, único en Europa y situado en una zona protegida por el programa Natura 2000. Permitir que la carretera de circunvalación de Augustov atraviese el valle ocasionará daños irreparables para el medio ambiente natural, incluida la destrucción de 20 000 árboles y la desaparición de especies animales y vegetales raras. Lamentablemente, tenemos que ser conscientes del hecho de que cualquier alternativa a la carretera de circunvalación tendrá cierto impacto en el entorno natural de dicha región. Deberíamos elegir el proyecto cuyo impacto negativo sobre la fauna y la flora del Valle de Rospuda sea mínimo.

Representantes del Partido Ley y Justicia, que actualmente gobierna en Polonia, nos aseguraron antes de las elecciones que la Vía Báltica, que incluye la carretera de circunvalación de Augustov, evitaría las zonas naturales más preciadas. Ahora incumplen su promesa. Las autoridades polacas han tenido tiempo para reconsiderar el trazado de la carretera de circunvalación. No obstante, han ignorado las sugerencias de los ecologistas de que un cambio de trazado de la autopista evitaría daños al medio ambiente y ahorraría dinero. El Ministro de Medio Ambiente no aprovechó las oportunidades de reconciliar los intereses de los residentes de Augustov, que están haciendo campaña a favor de una autopista, y aquellos que quieren proteger el medio ambiente. El Gobierno polaco ignora el problema de lo increíblemente costosa que será esta inversión y la gran carga que supondrá para los contribuyentes polacos, puesto que la Unión Europea no contribuirá a la construcción de la carretera de circunvalación en una zona donde la directiva Hábitats prohíbe destruir el medio ambiente. Además, dada la evaluación negativa del proyecto por parte de la Comisión Europea, puede que los futuros trabajos de construcción de la carretera obliguen a Polonia a pagar multas por importe de millones de euros. Será una carga que tendrán que soportar los contribuyentes polacos.

En mi opinión, la propuesta del Primer Ministro Kaczyński de celebrar un referendo local y regional sobre la carretera de circunvalación de Augustov y su paso por el Valle de Rospuda es una mera señal de que el Gobierno polaco quiere eludir su responsabilidad en asuntos de interior y es una manzana de la discordia innecesaria para la sociedad polaca. El referendo se celebró porque al mismo tiempo se estaban celebrando las elecciones al gobierno regional en la voivodía de Podlasie. No obstante, desde el principio se vio claro que el resultado de este referendo no sería vinculante para el Tribunal de Justicia Europeo, que se ocupa de este asunto actualmente. Por lo tanto, es irrelevante, y este tipo de actividades sirven únicamente a fines políticos internos. Además de esto, quisiera subrayar que, de acuerdo con la legislación polaca, un referendo es válido únicamente si la participación supera el 30 % de las personas con derecho a voto. La participación del domingo no superó este umbral.

El medio ambiente natural es uno de nuestros mayores tesoros y aun así no hacemos lo suficiente por protegerlo. Creo que el Gobierno polaco debería hacer un verdadero esfuerzo por elaborar soluciones alternativas al problema lo antes posible.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, Señorías, la carretera de circunvalación de Augustavas debería formar parte de la Vía Báltica. Esto es muy importante para la ciudad de Augustavas, donde cada año cruzan el centro de la ciudad alrededor de un millón y medio de vehículos.

La Comisión Europea ha recurrido al Tribunal de Justicia Europeo contra la construcción de la carretera de circunvalación de Augustavas en la Vía Báltica por parte de Polonia, que comenzó antes de que Polonia se adhiriese a la UE. El recurso se basa en la supuesta vulneración de los requisitos de protección ambiental del Valle de Rospuda, a través del cual debe pasar el viaducto planificado. El territorio se encuentra protegido por el programa Natura 2000.

No obstante, no se han planteado cuestiones de protección ambiental con respecto al gasoducto del norte de Europa, que está previsto que atraviese territorio Natura 2000 y que puede tener secuelas ecológicas impredecibles.

Polonia está buscando la manera de resolver el problema, quizás mediante la construcción de un túnel bastante más caro. No obstante, los habitantes de Augustavas quieren vivir tranquilamente. A nadie le preocupa que los residentes sufran contaminación.

He preguntado a la Comisión qué solución puede haber, aparte de la prohibición de construir la carretera de circunvalación, y qué ayuda puede obtener Polonia. Se me ha explicado que en línea con el principio de subsidiariedad, la Comisión carece de autoridad para dictar soluciones concretas a los Estados miembros o para prescribir gastos.

Entonces quizás sea hora de revisar las competencias de la Comisión.

¿Se verán obligados los residentes de los países bálticos a viajar a Europa únicamente en avión?

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Señora Presidenta, el medio ambiente natural es muy importante. De hecho, es una de las cuestiones más importantes hoy en día. El mundo natural es una parte independiente de nuestro entorno. Nosotros no lo creamos y sin duda debemos protegerlo.

No obstante, proteger el medio ambiente no puede convertirse en coartada para ciertos grupos reducidos de activistas ecologistas que chantajean a ciertas regiones y Gobiernos. Por motivos mucho más políticos que ecológicos, y debido a las ganancias materiales previstas, estos grupos están intentando bloquear la construcción de carreteras en general, carreteras de circunvalación y aeropuertos. Un clásico ejemplo del mal uso de argumentos ambientales es la campaña contra la construcción de un aeropuerto en Świdnica, cerca de Lublin, en Polonia. El motivo aducido es la colonia de marmotas. No obstante, no se menciona el hecho de que este no era su hábitat original, y que según los expertos, podrían ubicarse sin problemas en otro lugar.

Los ecologistas utilizan argumentos igual de dudosos para argumentar en contra de otras inversiones previstas en Europa Central y Oriental, incluida la Vía Báltica. No se menciona el hecho de que el referendo celebrado en Polonia arrojó una mayoría contundente a favor del proyecto en la región en la que se supone que se va a construir la carretera de circunvalación.

La normativa ambiental europea no puede aplicarse automáticamente sin reconocer la existencia de casos específicos. Debemos utilizar el sentido común y no dejarnos llevar por sentimientos ideológicos. El uso del medio ambiente como espantapájaros podría evitarse con una mayor inversión en infraestructura en los nuevos Estados miembros. No olvidemos que estas inversiones ejercen una verdadera influencia en la calidad de vida de los ciudadanos y que el derecho de estos a una infraestructura de buena calidad es, como mínimo, tan importante como las consideraciones ambientales.

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, es verdad que, lamentablemente, Polonia, que ha hecho mucho desde que comenzó su programa de reformas hace dieciocho años, ha dejado de lado la construcción de carreteras. Eso es un hecho.

Ahora estamos intentando recuperar rápidamente el terreno perdido, aunque está claro que esto no será fácil ni mucho menos. Uno de los obstáculos en nuestro camino son las restricciones ambientales. Debemos tener en cuenta que cuando Europa Occidental construía carreteras que ocupaban una parte significativa de su territorio, no existían dichas restricciones sobre la construcción de redes de transporte. Ahora ha surgido un conflicto.

No obstante, la naturaleza no está muda en este conflicto. Distintos grupos ecologistas hablan en nombre del medio ambiente. De hecho, a menudo alzan la voz demasiado, olvidando que el hombre también es una parte importante, si no la principal, de este ecosistema. De hecho, lo primero y principal que hay que proteger es al hombre.

Es lamentable que el conflicto alrededor de la obra de construcción en el Valle de Rospuda haya llegado hasta tal extremo y que se haya complicado tanto, incluida su dimensión política. ¿Hay una salida? ¿Hay una solución sensata que pueda satisfacer a ambas partes? Me temo que la respuesta es no y que la Comisión tiene que elegir. Hay que tomar una decisión.

Personalmente, creo que la carretera debería construirse. No obstante, el permiso para las obras debería implicar una estricta serie de condiciones que deban cumplirse para minimizar el daño al medio ambiente. Eso se debe a que tenemos que admitir que las pérdidas no pueden evitarse. Acompañan a la civilización, puesto que el progreso nunca es gratis. Todo tiene su precio.

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Señora Presidenta, la Vía Báltica es muy importante para aumentar la cohesión en el seno de la Unión Europea. Es importante para reducir la distancia temporal que separa a los Estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, y de manera indirecta también a Finlandia, del resto de la Unión Europea, mediante el acceso a través de Polonia. Los beneficios para la Unión y para Europa parecen ser significativos y palpables.

También soy consciente de la difícil situación en la que se encuentran los habitantes de Augustov, puesto que cada vez atraviesa la ciudad un mayor número de camiones, vehículos de pasajeros y autobuses. Esas personas no pueden seguir viviendo así. Esta región de Polonia es muy rica en recursos naturales: flora, fauna, lagos, bosques y el paisaje en general. Cualquier carretera que atraviese esta zona tendrá un impacto negativo sobre el medio ambiente. No obstante, sencillamente es imposible evitar esta región. La carretera proporcionará a los europeos acceso a estos paisajes, acercándolos a ellos, mientras que si la carretera no se construye, la región seguirá siendo una fortaleza inaccesible.

A pesar del hecho de que la postura del actual Gobierno polaco ha sido a veces menos que profesional, quisiera pedir a la Comisión que tenga en cuenta estos aspectos. Es posible y necesario que la Comisión y el Gobierno polaco busquen una solución beneficiosa para la Unión y para los ciudadanos y que alivie tanto a los habitantes de Augustov como a los conductores de los vehículos que pasan por la zona sin causar muchos daños al medio ambiente. A mediados de la década de los noventa fui Ministro de Transporte en Polonia. Entonces apoyé el proyecto, puesto que lo consideraba necesario. Hoy sigo apoyando la construcción de la Vía Báltica.

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Señora Presidenta, como diputado polaco al Parlamento Europeo, es mi deber informar a mis colegas de que el caso de la Vía Báltica tiene dos caras. La primera es de carácter ambiental y la otra es política.

Lo peor de este caso es que la Comisión Europea también se ha visto implicada en los conflictos electorales locales. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar el hecho de que últimamente la Comisión Europea se ha implicado con demasiada frecuencia y de manera innecesaria en asuntos que forman parte de las competencias del Gobierno nacional y la administración local de Polonia. Por ese motivo, pronto oiremos hablar mucho de la carretera E-19.

Esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué quiere la Comisión? En Polonia la gente dice que quiere bloquear los recursos asignados a Polonia para la construcción de autopistas. Quizás sería mejor que la Comisión se ocupara de cuestiones como los OGM en Europa, puesto que este es el motivo por el que nos enfrentamos a la amenaza de un desastre ambiental y biológico, o quizás las granjas Schmidt, cuya creciente contaminación del medio ambiente sigue impune. Hay mucho que hacer y no hay necesidad de interferir con los que están realizando un trabajo honrado.

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, la Comisión Europea decidió denunciar a Polonia ante el Tribunal de Justicia Europeo porque comenzó a construir un tramo de una carretera que era 1 500 metros más larga que la carretera que habitualmente utilizan los camiones y cinco kilómetros de la cual invade un paraje protegido por el programa Natura 2000. El estado actual de la carretera es tan desastroso que los residentes la llaman «carretera de la muerte». Tan solo en 2006, catorce personas murieron y veinticinco resultaron heridas en esa parte de la carretera cercana al pueblo de Augustov. Retrasar la construcción de la carretera entre tres y cinco años, puesto que es el período de tiempo mínimo que necesitará el Tribunal para ocuparse del caso, y quizás el hecho de tener que empezar desde cero con el proceso de inversión, puede ocasionar entre cuarenta y setenta muertes.

También quisiera mencionar la contaminación acústica creada por los miles de camiones que pasan por Augustov y la amenaza potencialmente letal de los accidentes en los que se ven envueltos camiones que transportan mercancías peligrosas a través de zonas construidas.

La Directiva Hábitats permite invertir en proyectos que se desarrollen en terrenos de Natura 2000 en circunstancias excepcionales y siempre que se ofrezca una compensación. El pasado domingo, casi el 92 % de los residentes locales votaron en un referendo a favor de la nueva carretera designada. ¿No basta esta postura de los residentes para retirar la denuncia presentada en el Tribunal de Justicia Europeo?

Si la Comisión no decide retirar su queja, demostrará que no ha podido equilibrar de manera justa las opiniones de una minoría reducida pero significativa en la Dirección General de Medio Ambiente, los grupos ecologistas y los ecoterroristas, al igual que las expectativas y necesidades de los habitantes, que tanto el Alcalde y el Jefe de Policía de la voivodía presentaron a la Comisión.

En esta situación, si los métodos alternativos para construir un puente que atraviese el Valle de Rospuda no contentan a la Comisión, puede producirse un grave conflicto que amenaza con bloquear y paralizar permanentemente la carretera que se está utilizando actualmente. Viendo lo decididos que están los residentes locales, y sé que lo están porque yo misma vivo en esa zona, a diferencia del resto de sus Señorías, cualquier cosa es posible. Si la carretera mencionada no se va a construir en breve, quizás deberíamos considerar la apertura de negociaciones con Rusia, Belarús y Ucrania, con vistas a desviar el tráfico que se desplaza desde los Estados bálticos a estos países.

  Katrin Saks (PSE). – (ET) Señora Presidenta, como representante de Estonia, quisiera subrayar la importancia de la Vía Báltica. Para nosotros, ha sido históricamente una conexión importante con los países europeos y es preciso desarrollarla para que sea rápida y segura. Hoy en día no rápida ni segura.

Por ejemplo, esta primavera me costó más de doce horas llegar en coche a Tallin desde Varsovia, y no debería ser así. Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción las oportunidades que ofrece el Décimo Programa Marco para la construcción de la autopista. Dicho eso, una buena carretera no justifica el incumplimiento de todos los requisitos ambientales. Y probablemente ese tipo de carreteras tampoco nos conduzcan a un futuro feliz. Lamentablemente, el incidente de Polonia proyecta sombras sobre la totalidad del proyecto de la Vía Báltica, que es esencial para la región báltica en particular.

Esperamos que el Tribunal de Justicia Europeo tome una decisión en breve y que pueda lograrse un compromiso entre la Comisión y las autoridades polacas lo antes posible. Quisiera reiterar la importancia de todas las conexiones existentes entre los Estados miembros de la Unión Europea, ya sean carreteras, líneas ferroviarias o líneas eléctricas. No podemos sentirnos miembros plenos de la Unión Europea si estas conexiones son deficientes o simplemente no existen.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, entiendo el carácter sensible de esta cuestión. Estamos hablando de redes transeuropeas, de obras y carreteras transeuropeas y de gente que vive cerca de estas carreteras.

Sabemos que este proyecto comenzó antes de la entrada de Polonia en la Unión Europea. No obstante, quiero subrayar, en nombre de la Comisión, que hay que seguir ciertos procedimientos antes de iniciar grandes programas, especialmente evaluaciones de impacto. La Comisión insta a Polonia –puesto que ahora es su responsabilidad– a que concluya la evaluación de impacto a la mayor brevedad posible.

En comparación, y en respuesta a la cuestión de la propuesta de North Stream, el proyecto en cuestión no se ha iniciado; la evaluación de impacto sigue su curso y este proyecto solo podrá comenzar una vez concluida la evaluación de impacto. Se trata de una cuestión distinta. Es lo contrario a la situación de la Vía Báltica. No ha habido ninguna evaluación de impacto; el proceso está a mitad de camino, pero las obras siguen su curso.

Las obras siguen su curso fuera de Natura 2000. No tenemos ninguna información de que Polonia esté violando alguna resolución del Tribunal. También puedo confirmar que el proyecto todavía no ha recibido recursos financieros europeos.

Ha habido algunos comentarios con respecto a las responsabilidades y facultades de la Comisión. Están especificadas en los Tratados europeos. Si quieren cambiarlos, entonces tendrán que cambiar los Tratados.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. – (PL) Señora Presidenta, Polonia, Lituania y Letonia necesitan tanto la Vía Báltica como otras inversiones en proyectos de construcción de carreteras, al igual que medidas para proteger el medio ambiente natural, incluido el Valle de Rospuda. No podemos separar ciertas zonas de la Unión de otras regiones y países simplemente por requisitos de protección ambiental.

No obstante, tampoco podemos ignorar el medio ambiente y utilizar la necesidad de mejoras en infraestructura para justificar cualquier decisión que tomemos. Los expertos nos dicen que existen rutas alternativas que no perjudican el medio ambiente tanto como los planes actuales. Si es así, deberíamos centrarnos en impulsar su ejecución, en lugar de obcecarnos con esta solución menos que ideal.

Este problema está suscitando muchas emociones en Polonia. Parece que sería más sensato encontrar una solución basada en datos objetivos. La coalición que gobierna Polonia ha politizado el asunto hasta el extremo. Incluso ha forzado un referendo local, que es difícil de considerar como otra cosa que un intento de utilizar la cuestión de la carretera de la Vía Báltica para su propios fines, puesto que el referendo se llevó a cabo al mismo tiempo que las elecciones regionales. Además, el referendo no es vinculante ni para el Tribunal de Justicia Europeo ni para las autoridades polacas.

La mejor solución para los habitantes de la región y los futuros usuarios de la carretera parece ser un compromiso a escala europea, para asegurar que el principio del desarrollo sostenible no suene a hueco.

(La sesión, suspendida a las 11.35 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. POETTERING
Presidente

6. Bienvenida

  El Presidente. Señorías, el 15 de abril invité a Garri Kaspárov a venir al Parlamento Europeo, en un momento en el que se encontraba detenido durante once horas, y un miembro de mi personal se hallaba en Moscú por otros motivos, que tenían que ver con el legado de Andrej Sajarov. Me complace que el señor Kasparov haya estado aquí ayer y hoy, y me alegro por el gran apoyo que han expresado ustedes hacia él y sus amigos en Rusia.

(Aplausos)

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EN) Señor Presidente, quisiera informar a la Cámara de que la pasada noche las autoridades israelíes arrestaron a una serie de representantes electos del CLP, incluido un Ministro del Gobierno Abbás. Por ello le pido, señor Presidente, que condene esta medida de Israel y que realice una declaración contundente contra su práctica de arrestar a representantes elegidos del pueblo palestino. Ese no es el camino para avanzar en el proceso de paz.

(Aplausos)

  El Presidente. Acabamos de debatir este asunto también en la Conferencia de Presidentes. A menos que haya cambios inevitables en mi agenda, voy a volar a Oriente Próximo el domingo y buscaré la manera adecuada de expresar esta cuestión.

7. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de las votaciones: véase el Acta)

7.1. Organización común de mercados en el sector agrícola (votación)

- Informe Busk (A6-0171/2007)

7.2. Organización común de mercados en el sector de los cereales (votación)

- Informe Glattfelder (A6-0141/2007)

- Antes de la votación sobre la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural:

  Neil Parish (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, ¿podría dejar totalmente claro que se rechaza por recomendación del ponente, no de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural? No deseo realizar más declaraciones.

  El Presidente. El ponente recomienda rechazar la propuesta de la Comisión. Quienes deseen seguir al ponente deben votar en contra.

7.3. Verificación de credenciales de Beniamino Donnici (votación)

- Informe Gargani (A6-0198/2007)

- Antes de la votación:

  Graham Watson (ALDE). – (EN) Señor Presidente, intervengo al amparo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento para pedirle que haga uso de sus poderes presidenciales, definidos en el artículo 19, para declarar inadmisible y por tanto frenar la votación sobre el informe del señor Gargani (A6-0198/2007). Este informe contraviene los Tratados, y en especial los artículos 12 y 13 de la Ley de 1976. Por ello, carece de fundamento jurídico y le pido que utilice sus poderes presidenciales para declararlo inadmisible.

  El Presidente. Este informe es de la Comisión de Asuntos Jurídicos: ¡quién mejor para informar sobre la situación jurídica que ellos! El Presidente no se considera en condiciones de rectificar una decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre una cuestión jurídica, aunque él también estudió Derecho hace mucho tiempo. Por este motivo, es mi decisión que se proceda con la votación sobre este informe.

- Después de la votación final:

  Graham Watson (ALDE). – (EN) Señor Presidente, mi Grupo considera que lo que la Cámara acaba de hacer es ilegal, como he explicado anteriormente. No obstante, aceptamos el veredicto de la Cámara. Como a veces dicen en mi lengua, ¡nos veremos en los tribunales!

(Risas)

  El Presidente. Este asunto atañe a todo el Parlamento; puesto que usted es uno de sus diputados, también tendría que comparecer allí.

(Aplausos)

7.4. Situación en Nigeria (votación)

- Propuesta de resolución (B6-0201/2007)

7.5. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (votación)

- Propuesta de resolución (B6-0200/2007)

8. Bienvenida

  El Presidente. Señorías, quiero dar la bienvenida a los miembros de una delegación del Parlamento de Kirguistán, liderada por el señor Matubraimov, que ha tomado asiento en la tribuna oficial. La delegación se encuentra aquí para tomar parte en la quinta sesión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Kirguistán, aquí en Estrasburgo.

¡Mi más cálida bienvenida a todos!

(Aplausos)

Nos alegramos del nuevo avance realizado en las relaciones entre nuestros dos Parlamentos desde la entrada en vigor, en 1999, del Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y la República de Kirguistán.

Les deseo una agradable estancia en Estrasburgo.

9. Turno de votaciones (continuación)

9.1. Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE (votación)

- Informe Gierek (A6-0159/2007)

9.2. Desarrollo de un concepto estratégico para hacer frente a la delincuencia organizada (votación)

- Informe Newton Dunn (A6-0152/2007)

9.3. Cachemira: situación actual y perspectivas (votación)

- Informe Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

- Antes de la votación de la enmienda 5:

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral para eliminar la palabra «actualmente» de este apartado.

(El Parlamento rechaza la enmienda oral)

- Antes de la votación de la enmienda 11:

  Jo Leinen (PSE). – (EN) El texto en inglés dice: «Insta a la Unión Europea a que adopte una postura firme en defensa de la cláusula de la democracia y los derechos humanos… examinando la posibilidad de establecer un diálogo concreto sobre derechos humanos con Pakistán». Y acto seguido viene la enmienda oral: «como ya sucede con la India».

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

- Antes de la votación de la enmienda 13:

  Jo Leinen (PSE). – (EN) Dice lo siguiente: «[…] advierte a la Unión Europea y a la comunidad internacional que la disputa de Cachemira sigue representando un grave riesgo de conflicto en la región y en el resto del mundo, […]». La enmienda dice así: «[…] advierte a la Unión Europea y a la comunidad internacional que la disputa de Cachemira ha representado un grave riesgo de conflicto en la región, […]».

(El Parlamento rechaza la enmienda oral)

- Después de la votación de la enmienda 52:

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Señor Presidente, tenía entendido que se había presentado una solicitud de enmienda oral por mi parte a través de la secretaría del Grupo ALDE. ¿Le importaría comprobar sus anotaciones?

  El Presidente. Puede que se haya solicitado, pero no consta en mis documentos. Por lo tanto, tenemos que proceder de la manera habitual.

9.4. Estonia (votación)

- Propuesta de resolución (B6-0205/2007)

10. Explicaciones de voto

- Informe Busk (A6-0171/2007)

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo con satisfacción el informe Busk, que debe simplificar de manera significativa la Política Agrícola Común. Aunque estoy a favor de seguir reformando la PAC, acepto el argumento del ponente de que esto no debe hacerse por la «puerta trasera».

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) Es bueno que se simplifique el marco legal, pero tanto las subvenciones a la exportación como otro tipo de ayuda en forma de intervención se mantienen. Se trata de una situación que nunca podré aceptar, y por ello me abstengo en la votación.

  Salvatore Tatarella (UEN), por escrito. – (FR) Dudo de la legitimidad de la iniciativa de la Comisión Europea, que, bajo la apariencia más bien simpática de un deseo de simplificación administrativa, hará que se tengan menos en cuenta las especificidades de determinados modos de producción. Lamento asimismo que ni mis colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ni yo mismo hayamos tenido tiempo de estudiar debidamente la propuesta de la Comisión Europea, a causa del infernal calendario dictado por la Presidencia del Consejo. Todo este procedimiento habría merecido una reflexión más profunda por parte de las instituciones europeas, y lamento que no se haya podido disponer de más tiempo para un tema tan fundamental.

Por esta razón, me he abstenido en la votación final.

- Informe Glattfelder (A6-0141/2007)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha elaborado de nuevo un informe opuesto a la reforma de la Política Agrícola Común.

Deseamos abolir la organización común del mercado de los cereales. No obstante, apoyamos la propuesta de la Comisión Europea, contraria al enfoque de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, porque ahora dicha comisión parlamentaria quiere oponerse a la abolición de la intervención del maíz.

La Lista de Junio observa que en esta situación es una suerte que el Parlamento Europeo no tenga poderes de codecisión con respecto a la política agrícola de la UE. De lo contrario, la UE caería en la trampa del proteccionismo y de la entrega de cuantiosas subvenciones a todos los diversos grupos agrícolas.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Glattfelder sobre la organización común del mercado de los cereales, no porque apoye la totalidad de sus contenidos, sino porque está en línea con la reforma de la PAC. También he aceptado a modo de compromiso la supresión progresiva de las intervenciones públicas para apoyar los cultivos de cereales.

  Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) Reformar el régimen de intervención del maíz es una necesidad.

Dicho régimen, concebido como una red de seguridad en caso de dificultades para dar salida a la producción, ya no desempeña solo ese papel primario, en particular en Hungría, sino que constituye nada menos que una oportunidad de negocio.

No obstante, no hay que suprimirlo de un día a otro, y menos aún sobre la base de un estudio coyuntural relativo a dos campañas de comercialización excepcionales y de las dificultades de un solo Estado, Hungría.

La propuesta de la Comisión es inaceptable, porque es precipitada, y los productores no podrán gestionarla en buenas condiciones. No conviene confundir velocidad con precipitación.

Una limitación de las cantidades que pueden beneficiarse del régimen de intervención y un reexamen con ocasión del «chequeo de salud» constituirían un buen compromiso entre la necesidad de actuar y la de tomarse el tiempo para ello.

La solución de un problema local debe ser local, la respuesta del Parlamento a una medida radical e irreflexiva de la Comisión Europea será la de una reforma progresiva, la reflexión, la escucha de los agricultores y el reexamen con ocasión del «chequeo de salud».

- Informe Gargani (A6-0198/2007)

  Bruno Gollnisch (ITS). – (FR) Señor Presidente, Señorías, me limitaré a constatar el hecho lamentable de que la votación que ha tenido lugar a favor de nuestro colega será fácilmente anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y el motivo de ello es que existe una jurisprudencia de geometría variable.

Cuando hubo el escandaloso intento de privar al señor Le Pen de su mandato, ustedes recurrieron a la competencia nacional y no quisieron confirmar que las autoridades francesas estaban menoscabando sus derechos. Consideraron oportuno hacer lo mismo a la hora de verificar las credenciales de otro diputado a esta Cámara, el señor Ruiz-Mateos, cuando de nuevo aplicaron la ley nacional.

Pero ahora quieren ustedes defender las prerrogativas de este Parlamento, y ¿por qué no? En todo caso, el producto final de su actitud ha sido una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, por desgracia para ustedes, les es desfavorable y confirma, por consiguiente, la expresión latina «hodie mihi, cras tibi», hoy para mí, mañana para ti. Que esta Cámara haga de juez solo es defendible si la Cámara juzga por igual a todos los diputados.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las cuestiones planteadas en este informe son complejas y tienen implicaciones de amplio alcance. El quid de la cuestión es el poder soberano de los Estados miembros para designar diputados al Parlamento Europeo y para definir su representación en el Parlamento Europeo en el contexto del marco reglamentario existente para las elecciones al Parlamento.

No quiero entrar en detalles sobre una cuestión procesal y jurídica que corresponde únicamente a los Estados miembros en cuestión, pero según el informe que tenemos ante nosotros, las autoridades italianas han decidido designar, basándose en una decisión del Consejo de Estado italiano, a un político en concreto para el Parlamento Europeo cuyas credenciales cuestiona este informe.

Somos de la opinión de que, puesto que todos los criterios y condiciones para designar un diputado al Parlamento Europeo se han cumplido –en el plano nacional y en el del Parlamento Europeo– se debe permitir que el Estado miembro en cuestión proceda con la designación, de conformidad con el marco legal interno.

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (B6-0200/2007)

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, simplemente quería que se supiera que me he abstenido en la votación sobre CITES: no porque no estuviera de acuerdo con muchos de los aspectos incluidos en la resolución, sino porque, como ocurre a menudo, esta Cámara dicta a los países en vías de desarrollo unos comportamientos que a nosotros nos parecen correctos, pero que puede que dichos países no los consideren apropiados. Por eso me he abstenido.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional concebido para garantizar que el comercio internacional de ciertas especies de la fauna y flora silvestre no amenace su supervivencia. Son 171 los países que han suscrito esta Convención, inclusive Portugal, que ratificó el texto de la Convención en diciembre de 1980, que entró en vigor en Portugal en marzo de 1981.

Dada la vulnerabilidad de numerosas especies, la CITES reviste una importancia crucial. Actualmente hay 5 000 animales y 28 000 plantas protegidas por la CITES, incluidas algunas especies que se encuentran en territorio portugués. Las especies amparadas por la CITES se dividen en tres apéndices, según el nivel de protección necesario.

El comercio legal de animales y plantas ha constituido durante una serie de años una grave amenaza para muchas especies, y aunque muchos países han intensificado la lucha y redoblado su vigilancia, lamentablemente la amenaza sigue siendo grave.

Como en otros tipos de acuerdos y planes de protección de especies salvajes, el éxito de la CITES también depende de la adopción de un enfoque equilibrado basado en criterios científicos y recomendaciones de organismos acreditados, para así garantizar la validez y la credibilidad de sus acciones y la aplicación efectiva de las recomendaciones acordadas.

– Informe Gierek (A6-0159/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe considera que la innovación es una variable del mercado interior. Pide la liberalización de los mercados y la eliminación sistemática de los obstáculos existentes a la libre circulación de mercancías, servicios y capital, a la libertad de establecimiento y a la movilidad de la mano de obra; todo esto forma parte de un enfoque capitalista basado en la competencia y la concentración.

Con el fin de abordar la dotación insuficiente del Séptimo Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo, el informe sigue la tendencia de asegurar el uso de los Fondos Estructurales y pretende «promover y reforzar las cooperaciones público-privadas», o dicho de otro modo, poner la inversión pública al servicio del beneficio privado.

Lo que hace falta es fomentar la inversión pública en materia de investigación, educación e innovación, sobre la base de estrategias de desarrollo sostenible, en todos los países. Esto ayudaría a mejorar la calidad de vida, a crear empleo (con derechos) y a generar riqueza (distribuida de manera justa). Lo que hace falta son estrategias opuestas a la comercialización del conocimiento, la educación y la investigación y opuestas a la idea de que tan solo puede haber investigación si es altamente rentable y tiene oportunidades de mercado. Lo que hace falta son estrategias que fomenten una mayor inversión en educación y formación en todos los niveles, y que realmente faciliten el acceso de las PYME a los programas y acciones en curso.

(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del Reglamento)

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (PL) Básicamente, el informe subraya la necesidad de una amplia estrategia de innovación en Europa, que mejoraría la competitividad de su economía. La estrategia de innovación debe basarse en la creación de ámbitos de conocimiento especializados, la reforma de la legislación sobre patentes y la introducción de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en investigación e innovación.

Para facilitar el intercambio de conocimientos entre instituciones de investigación y entidades económicas, el ponente ve la necesidad de fomentar ámbitos de conocimiento especializados en los Estados miembros, una mayor cooperación transfronteriza y una cooperación más intensiva con expertos de terceros países.

En línea con el espíritu del informe, yo afirmaría que el Instituto Europeo de Tecnología debe crear las condiciones necesarias para relacionar centros de conocimiento con empresas mediante el impulso de la innovación y los esfuerzos por fomentar la competencia en sectores económicos centrados en la innovación.

Otra parte importante del informe es la insistencia que hace en la necesidad de reformar la política europea de patentes. No podemos negar que la existencia de sistemas fiables y justos de protección de la propiedad industrial y de los derechos de autor son elementos clave para construir una economía y una sociedad basada en la innovación y el conocimiento.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe Gierek pero en contra de todas las enmiendas que podrían haber suscitado de nuevo debates acerca de la Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. Dados los esfuerzos por encontrar una mayoría en primer lugar para esta directiva, no habría sido productivo reabrir el debate.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Existe una idea muy arraigada de que las relaciones estrechas entre la educación superior y los negocios solo pueden beneficiar a ambas partes. No obstante, a veces hay discrepancias entre esa idea y la realidad. A menudo, las autoridades públicas se comprometen a crear las condiciones (en función de los métodos y momentos) que favorecen la investigación científica y académica, pero no siempre lo hacen –o no consiguen hacerlo– con tanta eficacia como en la comunidad empresarial.

Sin duda, el apoyo a la innovación en la esfera empresarial sigue normas y métodos distintos a los que rigen la inversión en materia de investigación en la esfera académica. Aun así, teniendo en cuenta que la mayoría de la innovación procede directamente de la actividad empresarial y de la búsqueda de respuestas a las necesidades del mercado, considero que este informe del Parlamento contribuye de manera útil a las propuestas incluidas en la comunicación de la Comisión. Esperemos que las autoridades nacionales y regionales aprovechen estas oportunidades al máximo.

  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. (ES) Señor Presidente, quisiera explicar mi voto en relación con el informe del señor Gierek sobre innovación.

Mi voto ha sido afirmativo, pues el ponente ha hecho un trabajo difícil y necesario en un tema esencial para conseguir los objetivos de Lisboa, pero que es todavía nuestra asignatura pendiente.

Para llegar a ser una sociedad avanzada basada en el conocimiento, no solo hay que ser fuertes en investigación y desarrollo tecnológico, es decir, en la capacidad de generar, absorber, asimilar y transmitir a la sociedad y a las empresas nuevos conocimientos y habilidades, sino que también hay que ser fuertes en la capacidad para transformar estos conocimientos en riqueza y bienestar social y esto es innovación.

No todos los países de la UE estamos al mismo nivel en cuanto a los indicadores que definen a una sociedad basada en el conocimiento, tampoco en el de esfuerzo en innovación. Reducir estas diferencias repercutiría en beneficio de todos.

La innovación es probablemente el único instrumento que permite, en un plazo relativamente razonable, conseguir objetivos tan importantes como:

1) Mejorar la calidad y la competitividad de nuestras empresas;

2) Compatibilizar el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente, y con la calidad de vida y con la cohesión social;

3) La innovación permite el mantenimiento de sectores tradicionales;

4) Y, desde luego, la innovación puede contribuir a mejorar sustancialmente las condiciones laborales y también la integración de determinados colectivos, como sería el caso de las personas con alguna discapacidad.

Los análisis económicos más actuales establecen una relación directa entre esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación y productividad, lo cual es especialmente interesante para la mayoría de nuestros países con economías basadas en el sector servicios, que tienen quizás en la productividad una de sus mayores debilidades.

Todo ello está contemplado en mayor o menor medida en el informe y por esta razón le he dado mi voto positivo.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Voy a votar a favor del informe del Profesor Adam Gierek sobre «Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE».

En este momento hay en el mundo una gran brecha en materia de innovación. Por un lado están los países que crean «frentes de innovación», que agrupan a la mayoría de sectores científicos, de investigación y desarrollo, y por otro lado los países marginados que han de limitarse a importar o ver cómo se difunde la innovación en su territorio. Los líderes mundiales en innovación son los Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea, y la competencia entre estas economías estimula a su vez la innovación.

No obstante, en la Unión Europea ha aparecido recientemente la llamada «paradoja de la innovación». Los resultados económicos para la Comunidad pueden considerarse decepcionantes en vista de las oportunidades que ofrece el mercado único europeo. El plan de hacer de la UE la «economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo» es, por una parte, un indicio de que la Unión es consciente de la necesidad de realizar una reforma fundamental de su sistema social y económico, y por otra, de la visión ambiciosa y optimista de que dicho cambio es posible.

En el informe, el ponente subraya correctamente las principales razones a las que se debe esta situación en la UE, y sobre todo subraya la necesidad de desarrollar una estrategia de innovación efectiva para Europa.

– Informe Newton Dunn (A6-0152/2007)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) La recomendación de hoy del Parlamento Europeo al Consejo con respecto al desarrollo de un concepto estratégico para abordar el crimen organizado es una noticia muy importante para los ciudadanos de Europa y se acoge con gran satisfacción. Es prueba de que la Unión está cumpliendo su función central en un ámbito que exige la cooperación internacional más estrecha posible. Dicha cooperación ya funciona muy bien, pero ya no es suficiente. El terrorismo y otras formas del crimen organizado no conocen límites y también están, de manera bastante literal, explotando los beneficios de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, debemos sopesar cuáles son los valores supremos en cualquier situación concreta: la lucha contra el crimen o la libertad ilimitada. Ha llegado la hora de que recortemos nuestra maravillosa libertad sin límites en situaciones en las que dicha libertad nos impide proteger lo más preciado de todo, la vida misma. Ha llegado la hora de recapacitar y eliminar ciertos obstáculos internos, incluidos los que protegen los recursos económico-financieros adquiridos de manera ilegal. El Consejo debe conceder una mayor independencia y autoridad a Europol y Eurojust. Se trata de una nueva tarea estratégica y es una responsabilidad que tenemos hacia los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Me alegro de que el informe de iniciativa del señor Newton Dunn hay sido aprobado por una amplísima mayoría. El Parlamento transmite así al Consejo varias recomendaciones sobre la elaboración de un concepto estratégico de lucha contra la delincuencia organizada.

La supresión de las fronteras interiores entre los Estados miembros del espacio Schengen es, sin duda, un gran avance para nuestros conciudadanos, pero también presenta ventajas para la delincuencia organizada. Por tanto, la Unión Europea tiene un papel especialmente importante que desempeñar en este terreno.

Es urgente y esencial aplicar una política preventiva y crear unos instrumentos eficaces. Hay que realizar importantes progresos para mejorar la confianza entre los Estados y, más en concreto, entre sus servicios de policía. También hay que incitar a los países de donde procedemos a dotar los programas de intercambio y formación de recursos presupuestarios suficientes.

Por último, el Parlamento ha recordado la necesidad, por una parte, de reforzar las medidas de protección de las víctimas y los testigos de actos criminales y, por otra, de promover programas de sensibilización de la opinión pública sobre el tráfico de seres humanos.

Por todas estas razones, he apoyado al ponente y me he pronunciado a favor de este texto en la votación final.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Acojo favorablemente el informe del señor Newton Dunn sobre la resolución del problema de la delincuencia organizada. Es vital que la Unión Europea disponga de los instrumentos necesarios para promover y reforzar una estrategia coordinada para resolver el problema del crimen organizado. Las funciones de Europol y Eurojust han de reforzarse y es preciso que el público sea más consciente del papel de la Unión Europea en esta cuestión.

  Claude Moraes (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor del informe sobre la lucha contra el crimen organizado presentado por el señor Newton Dunn (ALDE, GB) porque garantizará el refuerzo del papel de Europol como organismo de investigación criminal, permitiéndole que cumpla su tarea de proporcionar información a los Estados miembros para conseguir resultados más efectivos en la prevención y la lucha contra el crimen organizado.

La UE siempre ha desempeñado un papel importante en la lucha contra el crimen organizado, y ahora es necesario proporcionar a la Unión un instrumento más poderoso y ambicioso para trabajar más estrechamente con los Estados miembros a fin de mejorar la cooperación y combatir el crimen organizado de manera más efectiva.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Más que una cuestión de elección o deber, la necesidad de cooperación cuando se trata de luchar contra el crimen organizado tiene claramente un valor práctico, puesto que el crimen organizado se hace más sofisticado, cuenta con mejores equipamientos y adquiere una mayor destreza en el uso de la tecnología más avanzada.

Al igual que la apertura de fronteras físicas derivada del proceso de integración de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que la globalización y sus mecanismos también entran en juego en el ámbito del crimen. Como sucede con todas las innovaciones tecnológicas, siempre puede ser utilizada para bien y para mal. Por ello acojo con agrado la orientación general de este informe, que aboga por la cooperación reforzada y la necesidad de un enfoque estratégico que englobe esta lucha y todo lo relacionado con ella en todas sus fases.

Dicho eso, la recomendación solo puede ser útil y muy eficiente si además de aprobar leyes, se toman medidas encaminadas a reforzar la confianza mutua entre las instituciones responsables de la lucha contra el crimen en los distintos Estados miembros. Este tipo de confianza, que no siempre es evidente, ha demostrado ser vital para el éxito de esta misión.

  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) La Unión Europea debe dotarse de instrumentos para luchar más eficazmente contra la delincuencia organizada, que trasciende las fronteras y por desgracia va en aumento.

Dado que la delincuencia organizada se extiende sobre distintos ámbitos, la Unión Europea debe coordinar y maximizar el efecto de sus acciones; mientras por un lado ha de ser capaz de responder, también debe aplicar una política de prevención. La adopción de esta estrategia permitirá mejorar la comprensión de los problemas y proporcionará instrumentos para luchar mejor contra la delincuencia organizada, y una de nuestras prioridades es reforzar la cooperación policial y judicial a través de Europol, Eurojust y la OLAF.

Es primordial un enfoque multidisciplinar para si queremos encontrar el mejor modo posible de mantener en jaque a las bandas criminales organizadas, porque debemos desmantelar esas organizaciones, llevar a los criminales ante la justicia y privarlos del producto del crimen. La lucha contra el blanqueo de dinero y el tráfico de armas es una de las prioridades europeas en esta batalla, ya que esos dos tipos de delincuencia organizada sirven a los intereses del terrorismo.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe utiliza el actual problema del crimen organizado como pretexto para fomentar una política más estricta con vistas a restringir los derechos fundamentales individuales y reforzar el estado policial y las acciones sin control de los mecanismos de represión de la UE.

En este marco, propone lo siguiente: la aproximación de las disposiciones de Derecho penal de los Estados miembros, allanando así el camino a la «comunitarización» del Derecho penal y el recorte de uno de los principales fundamentos de la soberanía nacional de los Estados miembros; la creación de equipos conjuntos de investigación que actúen para los mecanismos represivos; la autonomía de Europol y Eurojust y el refuerzo de su carácter y sus competencias para que puedan actuar como un «espíritu en movimiento» en el ejercicio de la política de los Estados miembros; el reconocimiento del papel fundamental del Coordinador europeo de lucha contra el terrorismo y la adopción de un mecanismo de información, proponiendo «un estatuto de colaborador de la justicia a escala europea».

Sin duda, después de todo eso, no sorprende que el informe no haga referencia al vínculo existente entre el crimen organizado y las instituciones estatales y los propios mecanismos represivos estatales, aunque sus relaciones clandestinas son conocidas por todos.

Está claro que, en última instancia, el verdadero objetivo del informe es «combatir» los derechos democráticos y las libertades populares, no el crimen organizado.

– Informe Nicholson of Winterbourne (A6-0158/2007)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Puesto que creemos que no es en el ámbito de la UE donde debe ejercerse la política exterior o, por extensión, donde deben realizarse las declaraciones de política exterior, hemos votado en contra de todas las enmiendas y del informe en su conjunto. No cabe duda de que muchas de las propuestas son encomiables en sí mismas, pero ni la Unión Europea ni el Parlamento Europeo deberían tener competencia en estas cuestiones.

  Richard Howitt (PSE), por escrito. (EN) El Partido Laborista en el Parlamento Europeo se complace en haber logrado introducir cierto grado de equilibrio e imparcialidad en este informe, características que faltaban totalmente en el primer borrador presentado en comisión.

En relación con las enmiendas 16 y 34, expresamos nuestra profunda preocupación con respecto a la suspensión del Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán y los consiguientes disturbios que han ocasionado más de 40 muertes. La protección de la independencia del poder judicial es vital en una sociedad democrática moderna. No obstante, las referencias a este caso no son apropiadas en un informe que trata específicamente de la disputa en torno a Cachemira.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, hemos apoyado el lenguaje más constructivo y orientado al futuro de las enmiendas 55 y 56, que reconocen que se ha progresado en la reducción de los niveles de infiltración por parte de grupos radicales, pero que hay que tomar más medidas paralelas a la desmilitarización efectiva.

Al votar a favor de las enmiendas 18 y 56, reafirmamos el derecho a la autodeterminación de la población de Cachemira, que podrá expresarse mediante un plebiscito cuando las condiciones sean idóneas.

  Jean Lambert (Verts/ALE), por escrito. (EN) Con ciertas reticencias he votado a favor de este informe. Reconozco que es radicalmente distinto de la versión de una de las partes que originalmente se presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores, y doy las gracias a los implicados en los cambios introducidos. Cachemira es una región dividida por la historia y se ha convertido en motivo de conflicto, que a veces ha sido perpetuado por el Gobierno y la acción de grupos radicales a ambos lados de la Línea de Control.

No es simplemente una cuestión que interese a los Gobiernos, sino también a la población Cachemira. Lamento que el Parlamento no haya votado a favor de reforzar la defensa del derecho de estas personas a autodeterminarse mediante un plebiscito. También lamento que no reforzáramos nuestras peticiones de desmilitarización de la región. Reconozco el papel de la insurgencia, pero debemos admitir que el lado indio tiene una de las tasas más altas del mundo de personal militar y de seguridad en la población. Reclamamos medidas de creación de confianza y más democracia: la democracia no puede florecer en esas circunstancias. Por ello, habría deseado que el informe final hubiera sido más contundente en estos ámbitos cruciales, pero también reconozco que ahora esta versión tiene un valor político en las relaciones de la UE con los pueblos afectados.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que es más equilibrado que el texto presentado en comisión. Me he abstenido en una enmienda que se lamenta de la suspensión del Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, no porque no esté de acuerdo con la crítica, sino porque no me parece relevante para este informe. He votado a favor de la enmienda que pide un plebiscito en una fecha futura, porque creo que los ciudadanos de Cachemira deberían ser responsables de su propio destino.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. (EN) Al haber visitado Cachemira y haber sido testigo de algunos de los efectos devastadores de la violencia pasada, pero habiendo visto un pueblo preparado para la paz, apoyo este informe basado en la importancia que tiene para el camino que busca la Unión Europea, ofreciendo medidas y experiencia de mejores prácticas, para demostrar a otros países el modo en el que una zona económica puede desarrollar paz y prosperidad en regiones que tienen una historia bélica.

Celebro las medidas de creación de confianza propuestas en este informe, especialmente la célula de supervisión conjunta para el intercambio de datos sobre actividades sísmicas a fin de emitir alertas tempranas ante posibles terremotos. También veo la importancia de las medidas de desarrollo comunitario que estimulen la economía y activen los recursos económicos sin explotar en la región.

Además, es sumamente importante que la región de Azad Jammu y Cachemira esté debidamente representada en el Gobierno pakistaní, cosa que aún no sucede.

- Estonia (B6-0205/2007)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mis colegas que han votado a favor de la resolución sobre Estonia. La votación de hoy en el Parlamento Europeo ha demostrado que la política exterior y de defensa común de la UE no es una mera declaración sobre el papel o una sarta de lemas. Ha demostrado que es una política operativa. Hoy el Parlamento Europeo ha demostrado también otra cosa: que la solidaridad en la Unión Europea está viva y es un principio operativo. Es fácil declarar y mostrar solidaridad cuando no hay problemas y todo va bien. No obstante, es mucho más importante y más complejo aplicar la solidaridad en momentos críticos, en tiempos de crisis. Hoy el Parlamento Europeo también ha demostrado que no hay división en la Unión Europea entre Estados miembros antiguos y nuevos o grandes y pequeños, y que no hay diputados más o menos importantes, cuyos intereses puedan sacrificarse en aras del beneficio o los intereses de los países grandes.

  Gerard Batten y Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP deplora el comportamiento de Rusia con Estonia, pero no puede votar a favor de ninguna resolución del Parlamento de la UE, cuya legitimidad no reconocemos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nos oponemos firmemente a la resolución que ha aprobado hoy el Parlamento, que trivializa y ofusca la verdad, el grave significado de los recientes acontecimientos en Estonia y forma parte de los intentos de reescribir la historia. Por eso hemos votado en contra de la resolución.

Conviene subrayar que la resolución no hace referencia alguna a los actos del nazismo y el fascismo en Estonia, como la renovada veneración de quienes colaboraron con los ocupantes nazis, escondiendo así su participación en la brutal represión y el asesinato sistemático de miles de personas.

La reciente decisión de eliminar un memorial de la II Guerra Mundial en honor de los que perdieron sus vidas en la lucha contra los nazis y los fascistas –que implicó la retirada de restos humanos– del centro de Tallin es otra provocación que forma parte de este revisionismo. Los ciudadanos de Estonia expresaron legítimamente su oposición a esta decisión y sus acciones se vieron reprimidas brutalmente. A esta provocación se añade la inaceptable discriminación que sufren amplios sectores rusófonos de la población estonia, a los que las autoridades les deniegan la ciudadanía.

Se trata de una cuestión que va mucho más allá de las relaciones de la UE con la Federación Rusa. Todos los antifascistas y demócratas deben unir sus fuerzas para expresar su indignación.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Apoyo la resolución porque creemos que la interferencia rusa en los acontecimientos ocurridos en Estonia es inaceptable y muy grave.

No obstante, no estoy de acuerdo con el apartado 8. Corresponde a cada Estado soberano decidir si entablar o no el diálogo. El apartado 7 comenta los ataques realizados en Internet. Se trata de acciones muy graves, pero no creo que la Unión Europea deba diseñar un plan a este respecto, porque la cuestión puede abordarse mejor en los respectivos Estados miembros.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He apoyado la resolución sobre Estonia, que expresa nuestra solidaridad con el país ante la injerencia de las autoridades rusas en los asuntos internos de Estonia. En particular, apoyo el llamamiento al Gobierno ruso a que respete la Convención de Viena sobre la protección de los diplomáticos.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra de la propuesta de resolución de compromiso sobre los recientes sucesos de Estonia, como ha hecho el ala izquierda del Parlamento Europeo, porque se rige por percepciones unilaterales y porque creo que es inaceptable que alguien revise la historia, por mucho que haya sufrido a manos de los soviéticos. El monumento cuya retirada provocó las manifestaciones y la tensión es un monumento a la victoria sobre el fascismo. Nadie puede denominarlo de otro modo en nombre de la oposición a la soberanía soviética. El enfoque unilateral de este asunto no es aceptable. No solo no ayuda a reducir la tensión ocasionada entre Estonia y Rusia, sino que la alimenta.

  Marek Siwiec (PSE), por escrito. (PL) Los disturbios en Tallin y el ataque a la embajada estonia en Moscú han hecho que los Estados miembros sean conscientes de la política del gobierno actual hacia determinados Estados miembros. No obstante, en esta ocasión, Moscú, que ha adoptado una postura muy agresiva hacia uno de los países europeos más pequeños, ha mordido más de lo que puede masticar. Por primera vez, Europa ha presentado un frente unificado hacia Rusia. Hoy es un día importante en la historia de la Unión Europea, puesto que la solidaridad es uno de los principios fundamentales en los que se basa la Comunidad. Por eso me complace haber formado parte de la mayoría de diputados que han apoyado la aprobación de la mencionada resolución.

11. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

12. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

13. Orden del día: véase el Acta

14. Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (debate)

14.1. Caso de la cadena "Radio Caracas Televisión" en Venezuela

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre el caso de la cadena «Radio Caracas Televisión» en Venezuela⁽¹⁾.

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), autor. – (ES) Señor Presidente, queridos colegas, estamos asistiendo en Venezuela a un fenómeno clásico de progresiva concentración del poder autoritario. El poder venezolano habla frecuentemente de sí mismo como promovedor de una revolución y por ello conviene verificar si la revolución tiene un sentido democrático o no: desgraciadamente, no lo tiene.

El paso es cada vez más en contra de las libertades, de los derechos fundamentales, del pluralismo, de la paz social. Podría hablar de otros fenómenos preocupantes en la esfera política, constitucional, legislativa, social e incluso, recientemente, militar. Son hechos que preocupan a todos los demócratas, a los amigos del pueblo venezolano en el mundo y también a la numerosa comunidad portuguesa que vive y trabaja en Venezuela.

Somos conscientes de que la democracia ha sido una conquista, costosa para los venezolanos desde hace cincuenta años, y que deseamos irrevocable. Somos conscientes también de que la estabilidad política y social es valiosa para el desarrollo, la libertad y la paz.

Hoy nos concentramos en el caso «Radio Caracas Televisión» y en la amenaza que esto representa para la libertad de expresión, derecho fundamental universal. No entraré en detalles, pero ha sido su Excelencia el Presidente Chávez quien anunció, el 28 de diciembre, la decisión de cierre de las emisiones de Radio Caracas bajo acusaciones políticas gravísimas.

El acto administrativo de la autoridad competente solo ha sido realizado tres meses después, el 28 de marzo, y no menciona ninguna de las acusaciones gravísimas que también la Embajada de Venezuela en Bruselas nos comunica. Ninguna de esas acusaciones ha sido demostrada ante un tribunal y el acto administrativo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) menciona propósitos diferentes de la creación de un canal de servicio público en un proceso que, en nuestros países, calificaríamos de ilegal y arbitrario.

Los ánimos se han extremado y hemos visto a la gente manifestándose en la calle en contra de esta decisión. Sabemos por las encuestas que la opinión pública está también en contra y sabemos también que el caso es político y, siendo político, es un caso malo.

Hacemos un llamamiento para que se defienda el Estado de Derecho y apelamos al diálogo: diálogo y derecho. Eso es.

  Giusto Catania (GUE/NGL), autor. – (IT) Señor Presidente, Señorías, se ha lanzado una campaña internacional para deslegitimar a Venezuela, a su Presidente libremente elegido y a todas sus instituciones democráticas. Existe una relación directa entre el debate de hoy y esta campaña internacional; incluso el Parlamento Europeo está debatiendo indebidamente una cuestión que corresponde decidir única y exclusivamente al Gobierno nacional venezolano. Es más, nuestro debate se centra en un aspecto inapropiado, el de las violaciones de derechos humanos, cuando en realidad todos sabemos que no se han violado derechos humanos.

La realidad es que esto representa una maniobra política; no es casualidad que este punto del orden del día haya sido presentado por un grupo de diputados al Parlamento Europeo y no por una delegación oficial del Parlamento Europeo, como algunos han intentado afirmar; para ser precisos, un grupo de diputados al Parlamento Europeo que se desplazó a Venezuela y se reunió únicamente con miembros de la oposición.

En realidad, la no renovación de la licencia de Radio Caracas TV es una cuestión que compete exclusivamente al Gobierno venezolano, y su decisión respeta las leyes y la constitución del país. Radio Caracas TV podrá retransmitir por cable, satélite e Internet, por lo que los que afirman que la decisión representa un acto hostil a la libertad de expresión saben que es mentira. Hay un gran número de casos en Europa en los que las licencias de frecuencia no se renuevan, y aun así este Parlamento nunca ha hablado de violaciones de derechos humanos y de recortes de la libertad de expresión.

El hecho es que la libertad de expresión y el pluralismo de la información y las emisiones televisivas están garantizados en Venezuela. En el caso particular de Radio Caracas TV hablamos de un canal de televisión que desempeñó un papel activo apoyando el golpe de Estado de 2002 y el bloqueo petrolero en 2002 y 2003. Por lo tanto, cualquier acusación de actividades subversivas debe hacerse contra los que han fomentado la ruptura del régimen constitucional y democrático de Venezuela mediante una campaña terrorista y a través de la manipulación de información, y sin duda no debe atribuirse a un Gobierno elegido democráticamente que demuestra activamente su compromiso social.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, la RCTV es una cadena de televisión privada que lleva funcionando en Venezuela desde hace más de medio siglo. Lamentablemente, la historia de RCTV se ha visto estigmatizada, principalmente por su papel supuestamente controvertido en el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en abril de 2002 en Venezuela. Esta se considera la principal razón de la reciente decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, apoyada por una decisión del Tribunal Supremo de no renovar la licencia de emisión de RCTV.

En vista de esta posición, hay que invocar la defensa del principio de libertad de prensa y de pluralidad de medios de comunicación. Admito que la situación en este caso no es de marcados contrastes y que la línea que separa a un bando de otro es muy fina, pero únicamente con un estrecho margen consideramos que la libertad de prensa prevalece y cualquier supuesto acto reprobable por parte de la cadena RCTV debe resolverse de manera adecuada ante un tribunal de justicia. Por consiguiente, mi Grupo apoya la resolución en su forma actual.

  Monica Frassoni (Verts/ALE), autora. – (IT) Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea cree que la no renovación de la licencia de frecuencia de RCTV representa un precedente políticamente inoportuno, en el sentido de que tales medidas deberían limitarse a los casos específicos contemplados en la ley.

Al mismo tiempo, nos negamos a participar en una campaña que no solo se justifica por acontecimientos ocurridos en Venezuela, sino que ha surgido en un Estado miembro de la Unión Europea, a saber, España, donde esta idea se utiliza activamente. En nuestra opinión, tratar dichas cuestiones en un ambiente de urgencia, en una situación en la que no hay oportunidad para examinar a fondo la cuestión de la libertad de expresión, no solo en Venezuela, sino también en otros países de la Unión Europea, no permite que nuestro Parlamento trabaje en estas cuestiones de manera creíble.

No podemos dividirnos entre izquierda y derecha en estos asuntos, no podemos votar en qué lado de la Cámara se opina de una manera y en qué otro se opina de otra. Debemos enviar un mensaje positivo que fomente el diálogo y no conjure fantasmas y demonios. Aunque no vamos a apoyar la resolución, creemos y esperamos que se apruebe un apartado que permita que nuestras comisiones competentes trabajen de manera conjunta sobre estas cuestiones para lograr una postura unida que pueda ser útil para el debate en Venezuela.

No se trata de una injerencia en asuntos nacionales, pero no conviene jugar aleatoriamente con palabras del tipo «legitimidad» e «ilegitimidad». Estamos hablando de un tema serio; reconocemos que existe un riesgo de restricción de la libertad en Venezuela, pero esto no justifica una caza de brujas que desmerece a la Unión Europea.

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, cuando hablamos de libertad de expresión y del hecho de que el Presidente Chávez decidiera no renovar la licencia de una de las mayores redes de radiotelevisión de Venezuela, deberíamos considerar en términos generales cuáles son los límites de la libertad. Estamos de acuerdo en que la libertad no es absoluta, que se restringe por el bien de los demás, que está limitada por principios morales y que puede estar acotada por principios jurídicos. La libertad debe servir un propósito. La libertad de prensa es la piedra angular por antonomasia de la libertad útil.

Por eso me sorprende que aquí, en esta Cámara, haya algunos diputados de la izquierda, como ocurre a menudo, estén intentando justificar el hecho de que la libertad puede limitarse simplemente porque la libertad en cuestión es la de los adversarios políticos. Según uno de los oradores que me han precedido, la libertad para nosotros es buena, pero la libertad par nuestros adversarios no lo es. Este tipo de libertad no es libertad en absoluto. Esto es algo que hemos experimentado y observado. Hemos vivido en un Estado comunista en el que la gente decía que debía existir la libertad, pero solo para nosotros y no para nuestros adversarios, en línea con el famoso lema de que «no hay libertad para los enemigos de la libertad».

El comunismo cayó y parecía que íbamos a tener paz. Mientras tanto, resulta que el comunismo es como una hidra que vuelve a la vida en distintas partes del mundo, y que hay algunos que lo defienden incluso en esta Cámara. Dicen que el señor Chávez está haciendo lo correcto silenciando a los que no le gustan, puesto que por casualidad esas personas también caen mal a algunos de los presentes.

Señorías, tengamos cuidado con la izquierda, la extrema izquierda que siempre está dispuesta a defender todas las restricciones impuestas a los derechos humanos cuando conviene a sus propósitos.

  Daniel Hannan, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, las dictaduras no se establecen de la noche a la mañana. Toman forma a través de miles de pequeñas subversiones del orden democrático: la persecución de los líderes de la oposición, la subversión de la comisión electoral, la corrupción del poder judicial, la disolución de la asamblea nacional, y sobre todo, el silenciamiento de los medios de comunicación independientes.

La Venezuela de Hugo Chávez recuerda un poco a la Europa del Este de finales de la década de los cuarenta. Sigue habiendo elecciones, sigue habiendo partidos de oposición, sigue habiendo prensa libre, pero la dirección en que se mueve todo es inequívoca. Es verdad que el Presidente Chávez no ha anulado el proceso electoral, pero en aquel entonces hubo elecciones cada cuatro años en los Estados del Comecon durante toda la Guerra Fría. Hoy se celebran elecciones en la mayoría de los países más estrechamente aliados del señor Chávez –Irán, Belarús, Zimbabue–, lo que ocurre es sencillamente que los oponentes del régimen chocan con dificultades para participar en estas elecciones, y por eso debemos estar tan alarmados por el acoso y la expropiación a que se somete a los críticos del señor Chávez.

Venezuela no es Cuba, al menos todavía no, pero la complacencia demostrada por algunas personas en esta Cámara es, en el mejor de los casos, ingenua, y en el peor, vergonzosa. Somos testigos de la lenta asfixia de lo que una vez fue una política abierta y liberal. Si no vamos a hacer nada más, por lo menos hagamos constar nuestra desaprobación.

  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo del PSE. – (ES) Señor Presidente, me levanto en esta Cámara para defender la libertad de prensa: aquí, en Venezuela y en cualquier parte del mundo.

El Grupo Socialista ha apoyado una propuesta de resolución, básicamente presentada por el Grupo de los Verdes con algunas modificaciones, y la seguimos apoyando en esta Cámara.

Lo hacemos porque, como acaban de decir los anteriores oradores, en Venezuela hay elecciones. La señora Frassoni y yo hemos estado allí, en representación de la Unión Europea en el último proceso electoral, y hemos visto que era un proceso electoral limpio. En Venezuela hay libertad de prensa.

Es cierto que no es bueno que se restrinja la libertad de prensa y debemos estar preocupados por cualquier cosa de esta naturaleza, pero también hay que reconocer que el Gobierno de Venezuela es un gobierno democrático, hay una garantías jurisdiccionales. Por tanto, una intervención desde aquí podría ser interpretada como una inmixión de la Unión Europea en los asuntos internos de un país que está en una situación bastante delicada.

Venezuela es un país dividido en estos momentos en dos y lo último que deberíamos hacer es contribuir al enfrentamiento entre los venezolanos. El papel de este Parlamento y de la Unión Europea debe ser actuar de manera amigable con las autoridades, la sociedad y las fuerzas políticas venezolanas para evitar que ese conflicto degenere en una situación peor.

  Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, es cierto que las políticas económicas y sociales del Presidente Chávez suponen un gran reto para poderosos intereses y puede que haya, como mantiene el señor Catania, una campaña de deslegitimación de su Gobierno. No obstante, no estamos aquí para debatir lo positivo y lo negativo de sus políticas socioeconómicas ni la política interior de Venezuela. Esta propuesta de resolución es una expresión de preocupación por una supresión de pluralismo y disidencia, y eso sí es asunto nuestro. Es vergonzoso que la elevación del Presidente Chávez a un icono de la antiglobalización y el anticapitalismo ciegue a algunas personas de esta Cámara con respecto al deslizamiento hacia un sistema autoritario y antidemocrático. Yo estoy más bien de acuerdo, cosa bastante inusual, con el señor Hannan.

Esto le ha ocurrido al alcalde de mi ciudad, Londres, el señor Livingstone, que pertenece al Partido Laborista. Hace un año dijo: «Durante muchos años, los ciudadanos han exigido que el progreso social y la democracia vayan de la mano, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. ... Con Chávez la elección no es nada difícil. Está llevando a cabo un programa progresivo a través del mandato de las urnas.»

Es cierto, como ha dicho el señor Hannan, que sigue habiendo elecciones, pero hay un deslizamiento indudable hacia la autocracia y la supresión de las opiniones que no encajan en el régimen. Hace seis meses nos divertimos un poco cuando el señor Livingstone recorrió 8 000 kilómetros para ir a ver al Presidente Chávez, pero lamentablemente se quedó embarrancado en Cuba porque el Presidente no pudo encontrar tiempo para verle. Nos reímos bastante. No obstante, es bastante grave que alguien que ha sido elegido democráticamente, como el alcalde de quizá la principal ciudad de Europa, va detrás de alguien que no solo es populista, sino cada vez más autoritario. Esta propuesta de resolución se debe a que hay violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, lo hemos dicho y hay que insistir en ello: la libertad de expresión no solamente es un derecho fundamental, sino que es la garantía de la democracia. Así pues es necesario lamentar, cuando no combatir, cualquier intento de limitarla o de vulnerarla, donde quiera que tenga lugar este hecho.

Esto es precisamente lo que se pone de manifiesto en la resolución común que hemos presentado los Grupos Verts/ALE, PSE y GUE/NGL, en la que se solicitan fundamentalmente dos cosas: en primer lugar, que el Estado de Venezuela garantice la pluralidad de los medios y la no concentración como mecanismo de potenciar la libertad de expresión; y, en segundo lugar, se apela a los medios venezolanos, tanto públicos como privados, a que traten de forma objetiva e imparcial la información relativa a la política electoral.

Asimismo, la resolución también toma nota del anuncio realizado por el Gobierno venezolano de que asumirá estrictamente las decisiones que tome el poder judicial, y añadimos: sería bueno que todas las partes hicieran exactamente lo mismo.

Francamente, me parece que se trata de una resolución altamente equilibrada y coherente con los principios de la libertad de expresión y de la pluralidad de medios. Por ello, solo puedo entender la propuesta alternativa que presentan los Grupos PPE-DE, ALDE y UEN por motivos de política interna española, con una motivación que no tiene que ver con la cuestión de fondo que estamos discutiendo y con un oportunismo político que lamento que haya ocurrido también en otras ocasiones en esta Cámara.

Obvia hechos fundamentales como, por ejemplo, el hecho de que la no renovación de licencia es solamente para el VHF y no para las emisiones que se hacen por cable, UHF, satélite o por Internet.

No se trata aquí de decidir si estamos más o menos a favor o si somos más o menos simpáticos con Hugo Chávez: esta no es la cuestión. De lo que estamos tratando es de la libertad de expresión pero, por favor, sin demagogias.

  Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, Señorías, la presente resolución representa un nuevo intento de los Grupos conservadores de explotar el tema de los derechos humanos para sus propios fines. No se trata de la libertad de los medios de comunicación; se trata de condenar al Gobierno venezolano, un Gobierno que ha obtenido en repetidas ocasiones una mayoría aplastante del voto popular en sendas elecciones democráticas y un Gobierno que lucha seriamente contra la pobreza y la explotación en su país, al contrario, sin duda, que la mayoría de Gobiernos europeos, que con su programa neoliberal amplían la brecha existente entre ricos y pobres.

De hecho, en Europa hace tiempo que debería haberse establecido una cultura verdaderamente democrática de medios de comunicación y atajado el poder de los magnates y conglomerados de medios de comunicación privados. Por lo tanto, en lugar de interferir de manera arrogante en la política venezolana sobre medios de comunicación, sería más apropiado seguir el ejemplo de la norma democrática y social de la revolución boliviana. También Europa tiene alternativas al neoliberalismo.

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, el Presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez, ha dicho que no va a renovar la licencia de una de las cadenas de televisión privadas más grandes, Radio Caracas TV, que lleva emitiendo 53 años.

Esta medida no es más que un atentado a la democracia y a la libertad de expresión, al igual que un intento de debilitar a las emisoras privadas que critican al Gobierno venezolano. Esta decisión es inaceptable y contraria a todos los tratados internacionales que Venezuela ha firmado y que la obligan a respetar la pluralidad de medios de comunicación, por no mencionar el hecho de que los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana garantizan la libertad de expresión, comunicación e información. Los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela son extremadamente preocupantes, puesto que suponen otro ejemplo del flagrante abuso de los derechos humanos y civiles en países que se autocalifican de democracias, como Cuba, China o Venezuela.

La muerte de Anna Politkovska, una periodista rusa que denunció las actividades del Kremlin en Chechenia, asombró recientemente al mundo. La Unión Europea debe denunciar de manera clara y tajante los intentos de silenciar a los periodistas que se han atrevido a criticar al Gobierno. No podemos permanecer indiferentes a la vulneración de los principios democráticos.

  Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Señor Presidente, el interés superficial de los Grupos políticos del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, de los Liberales y de la Unión por la Europa de las Naciones por utilizar el pretexto de la libertad de expresión y mediante una resolución conjunta del Parlamento Europeo para airear las alegaciones falsas y sin fundamento de los propietarios de la cadena de radio y televisión Radio Caracas TV y las fuerzas políticas reaccionarias en Venezuela, que desempeñaron conjuntamente un papel importante en el intento de golpe de Estado de 2002, en el embargo de petróleo de 2003, en la acción subversiva que tuvo lugar durante el referendo sobre el cese del Presidente y las constantes y flagrantes infracciones de las normas de la libertad de información es un acto inaceptable y descarado contra el Gobierno y el pueblo de Venezuela.

La información es una mercancía social. El 82 % de las cadenas de radio y televisión pertenecen a empresas privadas. El espectro de frecuencias de radiotelevisión en Venezuela es un activo social que pertenece a los ciudadanos del país, y el representante legal de su gestión es su Gobierno. El Gobierno de Venezuela aplica plenamente las normas nacionales e internacionales sobre la libertad de información.

Hace falta mucho coraje para que alguien ataque al Gobierno de Venezuela desde esta tribuna, cuando está claro que los motivos del ataque se hallan en otra parte. Básicamente, quieren restaurar el status quo ante en Venezuela, quieren controlar los recursos que generan riqueza en este país y quieren perpetuar la explotación de los ciudadanos de Venezuela, pero el Parlamento Europeo y los propios ciudadanos de Venezuela no lo permitirán.

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) El Presidente Hugo Chávez ha denegado la renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión. Decenas de miles de ciudadanos venezolanos se han echado a las calles para defender la libertad de emisión y esperan la ayuda de la Europa democrática. Son conscientes de que si pierden su libertad de emisión les espera la «vía cubana». Son conscientes de que pronto serán prisioneros en su propio país, como los cubanos, sin una información independiente, porque están perdiendo la oportunidad de decidir sobre sus asuntos por cauces democráticos. Chávez planea silenciar a los medios de comunicación y aplastar a la oposición, que está advirtiendo que la nacionalización y la autocracia no están aportando al país desarrollo, sino raciones de alimentos para los pobres por una parte y lujo y poderes ilimitados para la oligarquía comunista por otra. Venezuela, Cuba y Bolivia: se trata de una peligrosa alianza de regímenes autocráticos que difunden ideologías antidemocráticas en América Latina y el Caribe. Europa no va a quedarse callada. Insistimos en que Venezuela defienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que mantenga la igualdad de derechos para los medios de comunicación independientes.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión ha seguido de cerca el debate sobre el futuro de Radio Caracas TV y nuestra inquietud surgió al principio a raíz de la declaración realizada por el Presidente de Venezuela y miembros del Gobierno venezolano en el sentido de que la frecuencia no se renovaría el 27 de mayo.

La Comisión ha planteado esta importante cuestión a las autoridades venezolanas varias veces. Siempre hemos subrayado el derecho soberano de cada Estado a organizar y regular sus propias políticas de radiodifusión, pero también hemos subrayado la importancia que concede la Unión Europea a la libertad de expresión como piedra angular de la democracia y el Estado de Derecho. En sus contactos con el Gobierno venezolano, la Comisión también ha subrayado su apoyo a todas las iniciativas encaminadas a promover el diálogo y el entendimiento mutuo, y ha subrayado que los procedimientos de concesión de licencias a los medios de radiodifusión deberían ser transparentes y no discriminatorios.

La Comisión recibió en abril una carta del director de la televisión, el señor Granier, y de miembros de Primero Justicia. También ha mantenido reuniones con las autoridades y miembros del Parlamento venezolano y ha escuchado con detenimiento los argumentos y explicaciones ofrecidas por ambas partes.

Quiero asegurar al Parlamento que la Comisión está siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos a través de su delegación en Venezuela y en estrecha cooperación con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros de la UE en Caracas.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

(1) Véase el Acta.

14.2. Derechos humanos en Siria

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Siria⁽¹⁾..

  Véronique De Keyser (PSE), autora. – (FR) Señor Presidente, mi interés por los asuntos de Siria es notorio. Siempre he considerado que el aislamiento de este país no aportaría nada bueno a escala internacional y no haría nada por el avance de la paz en la región, y por eso apoyo el plan del acuerdo de asociación, que está congelado desde el asesinato de Rafiq Hariri. Pero ese compromiso y esa amistad con Siria implican también hablar claro cuando se violan los derechos humanos. Por ello, repruebo y condeno la represión política de que es objeto hoy toda la oposición, independientemente de su tendencia.

La mayoría de los presos cuya liberación pedimos hoy son personas con las que nos hemos entrevistado; son casi amigos, y ninguno de ellos, cuando nos ha hablado, ha contemplado otra vía que no fuera la legal y pacífica para democratizar el país que todos aman apasionadamente. Cuando un país ataca a quienes lo aman con pasión, cuando mata la libertad de expresión, se pone a sí mismo en peligro, y no quisiera que Siria se hiciera eso.

Hoy pedimos la liberación de Michel Kilo, Mahmud Issa, Suleiman Achmar, Faek el Mir, Aref Dalila, Kamal al Labuani y Anuar Bunni. Deben ser liberados. Deseo, pues, que el Consejo y la Comisión transmitan este mensaje al Gobierno sirio y que este le preste la mayor atención, pues es un mensaje serio.

Por otra parte, sería bueno que Siria tomara una postura clara a favor de un tribunal penal de carácter internacional amparado en el capítulo 6 para juzgar a los asesinos de Hariri; la comunidad internacional apreciaría ese gesto., que permitiría salir del atolladero político en que se debate el Líbano, un atolladero que favorece la vuelta a los enfrentamientos sangrientos y hace presagiar un período de violencia e inestabilidad. Todo el mundo sabe que esa toma de postura por parte de Siria, lejos de ser una ingerencia en los asuntos libaneses, permitiría desbloquear la situación y, sobre todo, poner fin a los rumores que hacen pensar que Siria podría bloquear, bajo mano, la constitución de dicho tribunal penal.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Siria es un punto permanentemente recurrente de nuestro orden del día. La Unión Europea desea entablar buenas e intensas relaciones con ese país en el marco de la Política de Vecindad que abarca a los países ribereños del Mediterráneo. El caos que reina en el país vecino, Iraq, es una razón más por la que interesa la estabilidad en Siria.

No obstante, Siria es una dictadura que no tolera la oposición interna. Para los cristianos y los kurdos es, como mínimo, un lugar desagradable. Aunque no se trata de un Estado teocrático que simpatice con el fundamentalismo musulmán, considera a Irán –que es una dictadura teocrática– un aliado.

En el Líbano apoya a los fundamentalistas musulmanes libaneses y palestinos, siempre que ayuden a fomentar la influencia siria en su pequeño vecino. El Líbano se considera –aunque equivocadamente– una zona que ha sido separada de Siria a raíz de la intervención europea. El conflicto con Israel se alimenta con sumo cuidado, porque la tensión que genera significa que los sirios pueden considerar la persistencia del régimen como la menos mala de las dos opciones.

No hay ninguna mejoría a la vista. Tanto la agresividad hacia Siria como las relaciones amistosas con este régimen son contraproducentes. Lo único que puede contribuir a una mejoría a largo plazo es el apoyo a los refugiados sirios y los opositores sirios que se hallan encarcelados y en el exilio.

Quisiera concluir diciendo que los que recientemente se han convertido en víctimas de restricciones a la libertad, como Michel Kilo, que ha visitado este Parlamento en otras ocasiones, necesitan nuestra atención unánime.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, la lectura del informe anual de 2006 sobre la situación de los derechos humanos en Siria es realmente terrible. Se han producido detenciones y encarcelamientos arbitrarios de personalidades de la oposición política, reformistas y activistas de los derechos humanos y de la sociedad civil. Además, existen numerosos informes documentados de torturas utilizadas como método de interrogatorio sistemático y rutinario para obtener confesiones. Además, miembros corruptos del poder judicial sirio, tanto civil como militar, han dictado sentencias draconianas, incluso cadenas perpetuas y penas de muerte, principalmente por razones políticas.

Instamos al Gobierno sirio, ante la condena internacional, para que por fin realice un esfuerzo importante por mejorar el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos o cargue con las consecuencias, que espero, con ciertas reservas, que vengan pronto y sean drásticas.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo y la Siria de hoy es un antiguo espacio cultural en el que han convivido varios pueblos y religiones –casi siempre de manera pacífica– durante siglos y donde sigue habiendo una estrecha cooperación entre musulmanes y cristianos. El señor Dess y yo estamos particularmente implicados en el diálogo entre estas religiones, que sin duda tiene grandes posibilidades de éxito en ese país, un país árabe no islamista que reviste gran importancia en toda la región. Tanto más lamentable es entonces que se haya establecido allí un régimen que, bajo el socialismo nacional baazista, oprime, persigue y reprime a ciudadanos, sometiéndolos a juicios espectáculo y tomando prisioneros políticos; todo esto ocurre en un momento en que necesitamos más que nunca la ayuda de Siria para lograr la paz en la región.

No soy una de esas personas que cree en el aislamiento total de Siria. Este país tiene una antigua tradición, que debe aprovecharse para construir la paz. Sin Siria no puede haber paz en Oriente Próximo ni en el Líbano ni solución del problema de Iraq. No obstante, por esta misma razón no podemos aceptar las violaciones de los derechos humanos, como la represión de los kurdos y de otros por los motivos más nimios, por lo que instamos a Siria a que vuelva a una política de diálogo y cooperación. Estamos dispuestos a participar en esto, pero no con un régimen que carece de la voluntad básica para respetar la democracia y el Estado de Derecho. Es imposible realizar una política exterior y de seguridad razonable y mantener relaciones económicas razonables con un país que desprecia los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, esto debería ser una clara señal para que Siria cambie de orientación y vuelva al camino de la cooperación.

  Adam Bielan (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, los continuos abusos de los derechos humanos en Siria están alcanzando una escala alarmante. El Gobierno sirio recorta drásticamente toda libertad de expresión, reunión y asociación. Las autoridades sirias siguen practicando una política de intimidación y encarcelamiento frente a los defensores de los derechos humanos y quienes critican pacíficamente las políticas del Gobierno actual.

Tras la declaración de Beirut-Damasco, firmada en mayo de 2006, que exigía la mejora de las relaciones entre el Líbano y Siria, las fuerzas de seguridad sirias arrestaron a cerca de una docena de personas por expresar en esta declaración opiniones que diferían de las del Gobierno sirio. Entre los detenidos se encontraba el brillante escritor Michel Kilo y el defensor de los derechos humanos Anwar al Bunni. Sigue habiendo miles de prisioneros políticos encarcelados sin que ni siquiera hayan sido sentenciados. El año 2006 transcurrió sin que las autoridades sirias facilitaran ningún tipo de información sobre el destino de las 17 000 personas detenidas por las fuerzas de seguridad sirias. Eran principalmente miembros de la organización prohibida Hermandad Musulmana, activistas sirios arrestados en la década de los ochenta y algunos cientos de ciudadanos libaneses y palestinos arrestados en Siria y el Líbano por las fuerzas de seguridad sirias y por la policía militar libanesa y palestina controlada por Siria.

Como representantes de la Unión Europea, tenemos que oponernos firmemente a la continuidad de la represión y del abuso de los derechos humanos en Siria, como hemos afirmado conjuntamente en la resolución de hoy.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión, junto con los Estados miembros, sigue la situación de Siria muy de cerca.

Desde nuestro último debate en el periodo parcial de sesiones de junio de 2006 se han producido algunos cambios positivos. Me gustaría señalar que en enero de 2007 fue nombrado un interlocutor sobre derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio. También consideramos positivo que se conceda a la Unión Europea acceso regular a los juicios del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, del Tribunal Militar y del Tribunal Penal.

No obstante, lamentamos que ninguna de las promesas de apertura política se haya hecho realidad; por ejemplo, la relajación de la legislación de emergencia, la adopción de una legislación pluripartidista, la concesión de la ciudadanía a los kurdos apátridas o la declaración del Consejo Nacional para los Derechos Humanos. También deploramos las sentencias desproporcionadas que se han pronunciado en contra de importantes activistas de la sociedad civil en las últimas semanas. No podemos aceptar que sean encarcelados solo por haberse expresado libremente.

Reclamamos de nuevo la puesta en libertad de todos los presos políticos de Siria. Por poner un ejemplo, todos nuestros intentos de ayudar al señor Anwar al Bunni han fracasado. Hoy el señor Al Bunni ha sido sentenciado a cinco años de prisión simplemente por denunciar la tortura y las malas condiciones de las cárceles en Siria, y ha sido multado con 1 500 euros por no respetar, supuestamente, la legislación de Siria al establecer el centro de formación, que también ha sido financiado con fondos europeos.

Durante varios años, la Comisión ha apoyado el proceso de modernización de Siria mediante una serie de actividades. Hemos sido testigos de resultados muy alentadores en el campo económico. Esperamos sinceramente que dichos resultados se amplíen a la esfera política. Seguiremos animando a Siria a que respete esta obligación y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos y contra la Tortura. Estoy seguro de que el Parlamento Europeo prestará su apoyo a estos esfuerzos realizados por la Comisión.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

(1) Véase el Acta.

14.3. Derechos humanos en Sudán

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Sudán⁽¹⁾.

  Karin Scheele (PSE), autora. – (DE) Señor Presidente, el 6 de marzo y el 13 de febrero de 2007, respectivamente, Amouna Abdallah Daldoum, de 23 años, y Sadia Idries Fadul, de 22 años, fueron condenadas por adulterio y sentenciadas a muerte por lapidación. Ambas mujeres habían sido declaradas culpables de adulterio por un tribunal penal de la provincia de Managil, en el Estado de Gezira. Según los informes, las mujeres no tuvieron abogado durante el juicio y ni siquiera pudieron llevar a cabo su propia defensa porque únicamente hablan el idioma de su respectivo grupo étnico. El juicio se celebró en lengua árabe, pero las mujeres no dispusieron de intérpretes. El veredicto fue recurrido.

Según la Embajada sudanesa en Bruselas, el tribunal anuló la sentencia de muerte por falta de asistencia letrada. Acogemos con satisfacción la anulación de la sentencia de muerte si el tribunal realmente confirma esto, y exigimos al Gobierno sudanés que garantice que las mujeres no sufran daños físicos o mentales.

El 3 de mayo, dos jóvenes de 16 años fueron sentenciados a muerte por asesinato y robo. La imposición de la pena de muerte sobre los delincuentes jóvenes está prohibida por la legislación internacional. Sudán ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y, por consiguiente, se ha comprometido a no ejecutar a ninguna persona menor de 18 años. Se solicita al Gobierno sudanés que levante la pena de muerte impuesta a las dos menores y garantice que no sufrirán daños físicos o mentales.

Instamos a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que condenen la pena de muerte, la flagelación y los demás castigos crueles y degradantes.

  Ryszard Czarnecki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, este es mi primer mandato como diputado al Parlamento Europeo, pero recuerdo que este es nuestro tercer debate sobre el tema de Sudán. En una situación ideal, desde el punto de vista de los ciudadanos sudaneses, no habría necesidad de nuestra implicación. Acojo con satisfacción el hecho de que los seis Grupos políticos más grandes del Parlamento hayan llegado a un acuerdo sobre el asunto de Sudán y que tengamos una posición conjunta. Resulta paradójico, pero podría decirse que el sufrimiento y los terribles veredictos pronunciados por el sistema de injusticia, repito, el sistema de injusticia, en este país parecen unirnos en Europa.

Es inadmisible que en el siglo XXI se siga produciendo una situación en la que se sentencia a las mujeres a morir lapidadas por haber cometido adulterio o en la que se sentencia a morir en la horca a menores de dieciséis años de edad. Sí, nos hemos implicado en asuntos internos de Sudán. Es más, deberíamos implicarnos por motivos morales y de otra índole. Uno de estos motivos es que, tan solo en este año, ya hemos destinado 85 millones de euros a ayuda humanitaria en ese país. Esa cifra se incrementó hace dos meses, puesto que originalmente era de 40 millones de euros. También tenemos que denunciar en voz alta prácticas crueles como la mutilación de mujeres jóvenes, que también ocurre en ese país.

A título personal, no tiene sentido ocultar el hecho de que haya un debate en mi país sobre el tema de la pena de muerte. Personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Los acontecimientos de Sudán confirman mis convicciones, aunque no cabe duda de que el contexto cultural es totalmente distinto.

Quisiera subrayar el hecho de que tenemos que mostrar solidaridad en este asunto. Tenemos que actuar conjuntamente, puesto que solo nuestra solidaridad, la solidaridad de la Unión Europea, puede poner fin a estos absurdos veredictos.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, puede que Sudán sea más conocido por el conflicto de Darfur, donde los abusos de los derechos humanos han alcanzado proporciones descomunales. No obstante, Sudán también es un Estado donde la vulneración de los derechos humanos está generalizada en todo el país.

Esta propuesta de resolución nos recuerda de nuevo el primitivo y anacrónico sistema judicial que se aplica en Sudán, un sistema que admite que se sentencie a mujeres a morir lapidadas si son declaradas culpables de adulterio y que se sentencie a muerte a niños. Verdaderamente es difícil de creer que en el siglo XXI siga habiendo Gobiernos que continúen tolerando y apoyando esos sistemas extraordinariamente bárbaros.

Entendemos que Sudán es un país muy pobre, que tiene muchos problemas políticos y económicos, pero esos problemas no deben ser una excusa para no seguir un camino de progreso guiado por el sentido común en defensa de los valores universales de la justicia y la democracia. Es más, nos resulta difícil aceptar cómo la religión puede interferir en de forma tan drástica y en ocasiones sádica en asuntos de Derecho penal y civil.

Queremos enviar un mensaje contundente al Gobierno sudanés en el sentido de que se nos está acabando la paciencia y los límites de nuestra tolerancia se han rebasado hace tiempo. Exigimos que procedan a una revisión urgente de su sistema judicial a la luz del Derecho internacional, las convenciones de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos sudaneses. Confiamos en que esto se lleve a cabo de manera rápida, a fin de evitar tener que recurrir a medidas persuasivas más drásticas.

  Bernd Posselt (PPE-DE), autor. – (DE) Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el señor Matsakis, excepto en un punto. Afirma que Sudán es un país pobre, lo cual es cierto, pero con su riqueza petrolera y muchos más recursos tiene potencial para ser un país extremadamente rico. Aún así está siendo explotado, y las empresas y fuerzas internacionales sin duda han avivado las llamas de la guerra en Darfur y en otros lugares para promover sus intereses energéticos.

No obstante, Sudán, con su deficiente sistema político, también sigue infligiéndose un daño infinito a sí mismo, no solo a raíz del conflicto entre norte y sur, este y oeste, cristianos y musulmanes –como siempre reza la generalización–, sino también a raíz de multitud de conflictos individuales. Por este motivo, debemos insistir en el respeto de los derechos humanos fundamentales en ese país. Como muy bien se acaba de afirmar, Europa rechaza la pena de muerte. Se ha mencionado el debate en Polonia. Como sabemos, la pena de muerte es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea y también al Consejo de Europa, pero poco a poco hay que desarrollar normas similares en África, por supuesto. A este respecto se insta especialmente a la todavía incipiente Unión Africana, no solo a desarrollar, sino también a aplicar y hacer cumplir políticamente las normas relevantes de derechos humanos, paso a paso, pues sabemos que esto no puede lograrse de la noche a la mañana.

Por este motivo instamos al Gobierno sudanés no solo a poner fin a la pena de muerte –en particular a su aplicación especialmente escandalosa a menores–, sino también a abstenerse a) de malinterpretar la sharía como lo está haciendo, como las costumbres bárbaras que se practican y que no tienen nada que ver con la sharía y b) de extender la sharía a las comunidades no islámicas. El país debe cumplir la legislación civil normal que está en consonancia con las normas de derechos humanos de las Naciones Unidas.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) De todos los horrores que se pueden infligir a un ser humano, la muerte por apedreamiento es, sin duda, de los más incompresibles y, a todas luces, inaceptable.

El caso que nos ocupa hoy, la condena a muerte por apedreamiento de Sadia Idris Fadul y de Amouna Abdallah Daldoum, tiene dos dimensiones igualmente importantes. Por un lado, nos obliga a reiterar una vez más nuestra oposición a la pena de muerte como forma de castigo bajo ninguna circunstancia, y, por otro, nos sitúa de nuevo ante una flagrante discriminación por razones de género, puesto que la sentencia en cuestión se basa en un supuesto crimen –el adulterio– considerado como tal solamente en el caso de las mujeres, pero no en el de los hombres.

No basta, pues, con reclamar el cumplimiento de la legislación internacional con relación a la aplicación de la pena de muerte contra menores, ni tan siquiera es suficiente con instar a todos los países que aún mantienen dicha práctica a que la releguen a la historia jurídica y política. En este caso, además, debemos poner sobre la mesa una situación de manifiesto machismo o, lo que es lo mismo, de asesinatos selectivos en nombre del patriarcado.

A lo que nos enfrentamos, cuando tratamos de este tipo de sentencias que solo afectan a las mujeres, es a una devaluación de la vida de las mujeres frente a la de los hombres. Esto no es aceptable, ni en Sudán ni en ningún otro país del mundo.

Por todo ello me congratulo del altísimo nivel de consenso con el que ha contado esta resolución y espero que contribuya a acabar no solo con la pena de muerte sino también con el hecho de conceder un valor diferente a las vidas de hombres y mujeres.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, incluso en los días en los que el actual Estado de Sudán todavía se denominada el Sudán anglo-egipcio, la pregunta es si esta zona tan extensa con poblaciones muy distintas debería adquirir la independencia como un único Estado. Un Estado unido sería principalmente el Estado de la población árabe del norte, este y centro, porque sería difícil que los ciudadanos negros islámicos del este y los cristianos negros y los ciudadanos animistas del sur lograran una posición equivalente.

Estas zonas, que se encontraban mucho menos desarrolladas, se hallaban a bastante distancia del mar y eran prácticamente desconocidas para la comunidad internacional. Con el tiempo fueron olvidadas por todo el mundo. Tras años de guerra, pareció lograrse un compromiso para el sur no islámico que había logrado el autogobierno y una representación en el Gobierno central. Como sabemos, no ocurre lo mismo con Darfur, situado en el oeste del país.

El fundamentalismo es una fuerza que prevalece entre los pueblos árabes dominantes, y en particular aquellos que ostentan autoridad y administran justicia, y se manifiesta externamente con la aplicación de la pena de muerte, incluso mediante lapidación, por delitos que incluyen el adulterio. La resolución llama la atención, con razón, sobre los acuerdos internacionales y la necesidad de abolir la pena capital. Debe prestarse suficiente atención a este aspecto, porque la situación a que se enfrenta Sudán es terrible.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, el conflicto de Sudán, que dura más de 50 años, se ha cobrado al menos dos millones de víctimas. El gran paso adelante en una de las guerras más sangrientas del África contemporánea se produjo cuando se firmó un acuerdo de paz en Nairobi en 2005. No obstante, el conflicto continúa en Darfur, en la parte occidental del país. Hasta la fecha, este conflicto ha provocado 400 000 muertes y ha desplazado a dos millones de personas. Los habitantes de esta provincia son víctimas de la crisis más grave del mundo en estos momentos. No tienen alimentos, agua ni servicios sanitarios. La situación de Darfur es crítica desde hace cuatro años. La Unión Europea todavía tiene que tomar medidas efectivas para obligar al Gobierno de Jartum a dejar de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Los últimos informes sobre la ejecución de menores en Sudán suponen una confirmación adicional del hecho de que este país ha infringido, una vez más, los derechos humanos. Aunque Sudán ha firmado numerosos acuerdos internacionales, incluido el acuerdo de Cotonú, los ignora flagrantemente. Ya no podemos limitarnos a expresar nuestra inquietud por la situación de Sudán, puesto que los Ministros de Asuntos Exteriores europeos lo han hecho en los últimos tres años en 19 declaraciones sobre esta cuestión. Ha llegado la hora de las sanciones económicas efectivas, que demuestren a los líderes sudaneses que su campaña de violencia masiva contra sus propios ciudadanos tiene un precio real.

  Danutė Budreikaitė, en nombre del Grupo ALDE. – (LT) Señor Presidente, Señorías, la guerra de Darfur, que dura ya cuatro años, no alimenta la esperanza de que en los países que están en guerra se respeten los derechos humanos.

Aunque se han firmado los documentos apropiados, los compromisos contraídos no se han cumplido.

Durante el conflicto militar de Darfur han perecido unas 200 000 personas, y 2,5 millones de los habitantes de la provincia se han quedado sin hogar. En el país abunda el caos y la autoindulgencia gubernamental.

Quisiera llamar la atención sobre las condiciones que siguen provocando el conflicto militar y propician las violaciones de los derechos humanos en Sudán.

¿De quién son las armas utilizadas para el combate en Darfur? Según Amnistía Internacional, China y Rusia suministran armas a Darfur, aunque lo niegan y han apoyado la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíbe la entrega de armas a Darfur.

Además, China posee numerosos intereses energéticos y de materias primas en Sudán. Vienen a beneficiarse y parece ser que la inestabilidad juega a su favor.

La resolución del conflicto y la recuperación de los derechos humanos en Sudán dependerá de la cooperación de la Unión Europea con las partes interesadas y las organizaciones internacionales y sus compromisos, que estos países no están cumpliendo.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Sudán sigue siendo motivo de extrema preocupación para la Comisión Europea y la UE, sobre todo teniendo en cuenta la inseguridad y extrema inestabilidad que todavía reinan en zonas marginales como Darfur. Casi dos años después de la firma del acuerdo general de paz, el Gobierno sudanés no cumple en modo alguno muchos de los compromisos en materia de derechos humanos contraídos en virtud del Acuerdo de Cotonú y la constitución nacional interna provisional, firmada por el Presidente de la República en julio de 2005.

En el seno de la comunidad internacional, los esfuerzos europeos por mejorar la protección civil en Sudán se centran simultáneamente tanto en acciones políticas civiles como en seguridad. Desde 2005, la Comisión ha financiado unos 35 proyectos destinados a la promoción de los derechos humanos y la democracia en Sudán, con un presupuesto total de unos 6 millones de euros.

Con respecto a los casos de las dos mujeres mencionados en la resolución del Parlamento, puedo asegurar a sus Señorías que la Unión Europea y la Comisión están siguiendo el caso muy de cerca. Este caso lo plantearon por primera vez los jefes de misión en su reunión en los Países Bajos a mitad del mes de marzo, y después por la troika de la Unión Europea el 27 de marzo, compuesta por representantes de Alemania, Grecia y la Comisión.

Más recientemente, la UE planteó la cuestión en la última reunión del Consejo Consultivo sobre Derechos Humanos, el 16 de abril. El Tribunal de Apelación ordenó que el caso se devolviera al juzgado de origen –el Tribunal Estatal de Al Gezira– para que lo volviera a examinar. Aunque seguimos oponiéndonos firmemente a la pena de muerte, el hecho de que el caso haya sido devuelto para ser juzgado de nuevo es positivo, y esperamos que las mujeres tengan un juicio justo conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

El último caso en discusión es el de dos chicos de 16 años que han sido sentenciados a morir en la horca. Varios Estados miembros y la Comisión han planteado la cuestión a la embajada alemana y están esperando que la Presidencia de la Unión Europea tome la iniciativa en esta cuestión en los próximos días. De lo contrario, la Comisión pretende plantear esta cuestión directamente en una carta a las autoridades sudanesas, como el Ministro de Justicia y el Consejo Consultivo de Derechos Humanos.

La próxima reunión del diálogo político UE-Sudán con el Consejo Consultivo de Derechos Humanos tendrá lugar a principios del mes de junio, y esta podría ser una buena oportunidad para plantear de nuevo el caso.

  El Presidente. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Kathy Sinnott (IND/DEM), por escrito. – (EN) ¿Cómo sigue ocurriendo esto? Ha habido tantos genocidios en los últimos 100 años y cada vez decimos que nunca ocurrirá de nuevo. Pero sabemos que está ocurriendo ahora mismo en Darfur, y el mundo sabe que está ocurriendo, así que ¿por qué somos tan impotentes y no lo paramos?

En mi país, Irlanda, hemos podido silenciar las pistolas y unir a las comunidades, cosa que nunca creímos imaginable. ¿Por qué somos tan incapaces de avanzar en esta parte del mundo?

Para responder a esta pregunta, tenemos que enfocar la situación de Darfur de modo diferente. Si la simpatía del mundo y nuestras resoluciones pudieran traer paz y alivio a los ciudadanos de Sudán, esto ya se habría producido hace mucho. Podemos seguir pidiendo que cambie de métodos a un Gobierno sudanés que no responde, o podemos estudiar por qué su intransigencia sigue recibiendo apoyo. Debemos cortar el cordón umbilical que está alimentando la destrucción en Darfur, como el dinero procedente del petróleo chino y las armas rusas. A menos que queramos defender estos poderes, nuestras resoluciones seguirán siendo impotentes e ineficaces.

(1) Véase el Acta.

14.4. Asunto "Presidente del Banco Mundial"

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cuatro propuestas de resolución relativas al asunto «Presidente del Banco Mundial»⁽¹⁾.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, hablo en nombre de mi Grupo. De conformidad con el Reglamento, los jueves por la tarde se celebran en una hora tres debates sobre cuestiones de derechos humanos, que versan exclusivamente sobre casos de violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ahora tenemos un cuarto debate que no tiene nada que ver con la democracia ni con los derechos humanos.

Por lo tanto, consideramos que esto constituye una infracción del Reglamento, que ni siquiera la Conferencia de Presidentes puede pasar por alto.

Por lo tanto, mi Grupo propone formalmente que se suspenda punto ahora mismo.

  El Presidente. – Señor Posselt, tomo nota de su declaración. La Conferencia de Presidentes, con pleno conocimiento de causa, decidió proponer cuatro puntos para hoy. Por tanto, lo único que puedo hacer es tomar nota de su declaración y transmitirla al Presidente, que le dará el mejor curso posible.

Dicho esto, está claro que no podemos aplazar este punto. Ya conocen las normas: los puntos que no se traten hoy en el marco del debate sobre cuestiones de actualidad y urgentes decaerán. Por tanto, si quieren absolutamente que este punto no se trate hoy, decaerá y no se aplazará al periodo parcial de sesiones adicional de Bruselas.

  John Bowis (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, usted ha dicho que la Conferencia de Presidentes había tomado esta decisión en virtud del Reglamento. ¿Podría decirme en virtud de qué artículo del Reglamento pudieron ampliar este punto del orden del día para celebrar cuatro debates en lugar de tres?

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, hubo una decisión de la Conferencia de Presidentes de seguir este procedimiento concreto. Estas cuestiones están en el orden del día y creo que deberíamos continuar. No entiendo por qué se nos impide seguir con nuestro trabajo.

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, quizás nosotros hagamos una lectura diferente del Reglamento… No obstante, en el artículo 115, que permite organizar estos puntos del orden del día bajo la rúbrica de asuntos urgentes, figura, en efecto, la cuestión del Estado de Derecho y si la Conferencia de Presidentes ha arbitrado y estimado que esta resolución podía entrar en este esquema del orden del día, es porque la situación que se ha creado en el Banco Mundial plantea una cuestión de Estado de Derecho y de funcionamiento del Derecho en esa institución.

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, como ya se ha dicho, el Reglamento habla de tres temas, y eso no puede desacatarlo nadie. Como acaba de mencionar mi colega, la cuestión ya se ha resuelto con la dimisión del Presidente del Banco Mundial. Así pues, no hay ninguna razón para abordar este asunto, puesto que el implicado ha hecho lo que tenía que hacer. El Reglamento habla del número tres y ya hemos debatido tres asuntos. Ni siquiera la Conferencia de Presidentes puede hacer caso omiso de esto.

  El Presidente. – Señorías, la situación es la siguiente. El Reglamento prevé, en efecto, la inscripción de tres puntos en el orden del día correspondientes a debates sobre casos de violación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La Conferencia de Presidentes propuso cuatro, cosa que el Pleno del Parlamento aprobó este lunes sin ninguna objeción.

La posibilidad de objetar existe en virtud del artículo 167 y se llama cuestión de no ha lugar a deliberar, pero hay que hacerlo 24 horas antes de los debates.

Considerando, pues, que la Conferencia de Presidentes, que conoce el Reglamento, hizo su propuesta al Pleno y el Pleno no se opuso a ella, no veo cómo podría yo, hoy, ir en contra de la decisión del Pleno del lunes, sobre todo cuando usted no presentó su recurso dentro de plazo.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, es posible, no obstante, proponer la suspensión de un punto al comienzo del debate, y eso es lo que he hecho.

  El Presidente. – Señor Posselt, le leo el artículo: «La intención de presentar tal solicitud se notificará al Presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y este informará inmediatamente al Parlamento».

Lo lamento, pero estoy obligado a aplicar este artículo.

Tiene usted todo el derecho a solicitar la retirada de este punto. Podía haberlo hecho cuando se aprobó el orden del día, el lunes. Le recuerdo que nadie en esta Cámara se opuso el lunes al orden del día propuesto por la Conferencia de Presidentes y que desafortunadamente el plazo previsto para solicitar la retirada de este punto ha vencido.

Lo siento realmente, pero no puedo decretar que el Pleno se equivocó el lunes. Le propongo ahora pasar al debate, que, le tranquilizo, será muy corto, pues hay muy pocos inscritos.

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. – (NL) Señor Presidente, el nombramiento del Presidente del Banco Mundial no debe ser el privilegio del líder del Estado que posee el mayor número de acciones, como ha sido el caso hasta ahora. No había necesidad de comparar al candidato de los Estados Unidos con otros candidatos o de sopesarlos mutuamente, pues una persona sola es quien decide quién va a ser el candidato de los Estados Unidos.

Wolfowitz no fue escogido por las personas más implicadas en el Banco Mundial, sino por el Presidente estadounidense, George W. Bush, y por nadie más. Para Bush, él era un aliado fiel; para otros, una persona propensa a meter la pata, siempre metida en intentos fallidos de aplicar una política equivocada.

Era un hombre muy controvertido cuando comenzó su mandato en el Banco Mundial y no ha dejado de serlo ahora que lo abandona. El trato de favor concedido a su novia no fue un error involuntario, sino la justificación necesaria para poner fin a su obcecado e inadmisible modo de proceder. Estos errores no deben repetirse cuando se escoja a su sucesor. Lo que pedimos es un proceso de nombramiento transparente con comparecencias públicas de los candidatos.

  Pervenche Berès (PSE), autora. – (FR) Señor Presidente, sesenta años después de la institución del sistema de Bretton Woods, está claro que algo debe cambiar. Dos años después de la llegada del señor Wolfowitz al frente del Banco Mundial –todos aquí recordamos las condiciones de su nombramiento, que por lo demás ha recordado el orador anterior, unas condiciones que hicieron que el señor Wolfowitz tuviera que venir a explicarse ante los representantes de la UE reunidos en el Ecofin–, por fuerza hemos de constatar que los europeos cometieron el error de tener razón demasiado pronto. Dos años más tarde, henos aquí ante una situación que ha debilitado no solo al Banco Mundial, sino también al conjunto del sistema de regulación internacional, en un momento en que tenemos verdadera necesidad de que este sea capaz de cumplir sus tareas.

Para el futuro propongo que la UE –este es el sentido de la resolución que proponemos– asuma plenamente su responsabilidad y su capacidad de propuesta de reforma del sistema de Bretton Woods, para mejorar el sistema de nombramientos, que actualmente no garantiza la legitimidad, la transparencia ni la credibilidad del responsable de una institución tan importante como el Banco Mundial. En este sentido, creo que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, maneja un sistema que permite cierta competencia entre candidatos y cierta publicidad, y esto me parece ya un sistema más aceptable. Para obtener algo por el estilo debemos entablar negociaciones exhaustivas con nuestros socios estadounidenses en torno a todos los aspectos de la cuestión. Lo recordamos en la resolución que aprobamos el mes pasado y, en este sentido, pedimos tanto a la Presidencia alemana como a la Presidencia siguiente, la Presidencia portuguesa, que reflexionen sobre las propuestas que la UE desee tal vez poner sobre la mesa. Para el nombramiento del sucesor del señor Wolfowitz esperamos que los europeos tengan la posibilidad de celebrar una audiencia con el candidato seleccionado antes de su confirmación.

Por último, lamentamos que el señor Barroso haya recibido al señor Wolfowitz cuando estaba en tela de juicio su permanencia al frente del Banco Mundial.

  Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señor Presidente, el señor Wolfowitz pertenece a la poderosa banda de la Guerra de Iraq del señor Bush. Por lo tanto, no sorprendió a nadie que en junio de 2005 el Tío Sam lo nombrara para el lucrativo puesto de Presidente del Banco Mundial.

Lo sorprendente fue la audacia mostrada por este individuo al procurarle de manera provocadora a su novia un generoso aumento de sueldo, y todavía más sorprendente fue la poca vergüenza con la que luchó por mantenerse en el cargo, a pesar de la protesta mundial contra él. Ni que decir tiene que durante esta lucha contó con el pleno apoyo del Presidente Bush, a quien no le faltan experiencias con este tipo de conducta vergonzosa. Puede que el asunto Wolfowitz haya terminado, pero el hedor asociado a la corrupta y malvada gestión del mundo por parte de la Administración Bush sigue estando pegada a nuestros receptores olfativos.

Esperemos y recemos por que, por el bien de los ciudadanos estadounidenses y del resto del mundo, pronto el señor Bush y sus socios belicistas también encuentren el camino del cese de sus cargos. Al adoptar esta propuesta de resolución, deseamos al Banco Mundial una feliz despedida al señor Wolfowitz y que vengan días mejores.

  Monica Frassoni (Verts/ALE), autora. – (IT) Señor Presidente, Señorías, cuando el señor Wolfowitz fue nombrado a la cabeza del Banco Mundial, nuestro Parlamento, a través de su Comisión de Desarrollo, envió una carta abierta detallando todos los problemas que suscitaría un nombramiento realizado de este modo, tanto desde el punto de vista de la gobernanza y por ende del Estado de Derecho, como desde el punto de vista internacional.

Los acontecimientos han demostrado que esta iniciativa estaba en lo cierto, pero lamentablemente permaneció aislada en la Unión Europea, puesto que ni la Comisión ni los miembros del Consejo han querido desarrollar realmente una posición europea sobre las instituciones de Bretton Woods.

Creo que las próximas semanas nos plantearán un reto: demostrar e intentar convencer a los Estados miembros y a la Comisión de que intervengan en esta cuestión, sin fingir que esto no nos atañe; sin una voz europea, este tipo de procedimientos no cambiarán.

  Karin Scheele, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, Paul Wolfowitz finalizará su mandato como Presidente del Banco Mundial a finales de junio. El impulso a favor de su dimisión procedía principalmente de Canadá y Europa, puesto que temíamos con razón una pérdida de confianza en el Banco Mundial.

Los principios de democracia, transparencia y responsabilidad de las instituciones públicas exigían que el Presidente saliente del Banco Mundial también aplicara las operaciones y procedimientos de decisión al propio Banco Mundial. Como muchos de mis colegas diputados, acojo con satisfacción la dimisión de Paul Wolfowitz, un líder neoconservador y uno de los principales impulsores de la guerra de Iraq. Como muchos otros, lamento que esta decisión se produzca con cierto retraso.

Sin duda, el debate de hoy y la resolución no conciernen únicamente a Paul Wolfowitz personalmente. Lo más importante es evitar que se produzca el mismo error en el futuro y buscar procedimientos de selección mucho mejores. Pedimos a las Presidencias alemana y portuguesa que presenten propuestas en nombre de la Unión para realizar la selección de los ejecutivos de las instituciones de Bretton Woods de manera más democrática, más transparente y más responsable en el futuro.

  Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señor Presidente, la resolución dice que el asunto Wolfowitz demuestra que el Banco Mundial «no está a la altura de las normas compartidas a escala mundial en materia de transparencia y democracia». ¡Menuda patraña! Cualquier norma de transparencia y democracia en el mundo se practica de manera muy limitada, y la Unión Europea apenas sirve de ejemplo.

El señor Wolfowitz ha sido depuesto por los que se oponen a sus planes de lucha contra la corrupción. Lo peor que pudieron decir los directores ejecutivos del Banco en contra de él fue que «se cometieron una serie de errores». Si el peor delito del señor Wolfowitz fue dar un empleo a su novia, entonces sería muy difícil calificarlo de pequeño error de juicio comparado con los legendarios niveles de nepotismo y corrupción de los que la Unión Europea ha sido culpable durante años y los habituales niveles de corrupción asociados con el Banco Mundial. El señor Wolfowitz quería sanearlos y ahora no podrá, pero es un mal viento que no puede utilizar la Unión Europea en beneficio propio.

Esto me lleva al punto 6 de la resolución, que exige que la Comisión cuente con un estatuto de observador en el Banco y que tenga voz y voto en ciertas reuniones del Consejo. La expresión clave a este respecto es «a la espera de que la Unión Europea cuente con personalidad jurídica propia». Esa personalidad jurídica depende de la ratificación de la Constitución Europea que la Unión Europea pretende hacer tragar a los pueblos de Europa, lo quieran o no.

El Presidente Bush debe nombrar un nuevo jefe del Banco Mundial cuya novia o novio ya tenga trabajo y que lo sanee o lo clausure, y debe asegurarse de que mientras tanto la Unión Europea no se acerque demasiado.

  Dalia Grybauskaitė, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la Comisión entiende las preocupaciones del Parlamento Europeo sobre la situación del Banco Mundial antes de la dimisión del señor Wolfowitz. No obstante, a diferencia de los Estados miembros, la Comisión no es accionista del Banco; no es miembro del Consejo de Administración y solo puede tomar nota de la decisión del señor Wolfowitz de dimitir.

La Comisión insta al Banco y a sus miembros a que entablen un debate con vistas a designar a un sucesor que garantice la continuidad y la estabilidad del liderazgo del Banco. El Banco Mundial desempeña un papel crucial en el desarrollo. La Comisión espera que el Banco Mundial continúe desempeñando su importante papel y mantenga su buena cooperación con esta institución en sus esfuerzos a favor del desarrollo.

  El Presidente. – Antes de cerrar el debate, quisiera hacer la siguiente declaración.

Comprendo el desconcierto de sus Señorías, que se han sorprendido al ver que teníamos cuatro puntos para los debates de esta tarde, en lugar de tres, como prevé el Reglamento. Se ha producido una especie de choque entre dos legitimidades: la inscrita en el Reglamento y lo que ha querido la Conferencia de Presidentes y validado el Pleno el lunes.

Pediré por tanto al Presidente del Parlamento que asegure que este problema no vuelva a plantearse a la presidencia de sesión, que ha tenido que hacer lo posible por responder a la sorpresa del Pleno, que comprendo, puesto que hoy estaban en conflicto dos fuentes de legitimidad.

No crean que sus intervenciones no han sido escuchadas: se les dará curso y se sacarán las conclusiones pertinentes.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde, es decir, ahora mismo.

(1) Véase el Acta.

15. Turno de votaciones

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones.

(Para los resultados de las votaciones y otros detalles sobre las mismas: véase el Acta)

15.1. Caso de la cadena "Radio Caracas Televisión" en Venezuela (votación)

Propuesta de resolución (RC-B6-0206/2007)

15.2. Derechos humanos en Siria (votación)

Propuesta de resolución (RC-B6-0212/2007)

- Antes de la votación:

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, nos habría gustado insertar lo siguiente:

(EN) «Pide la abolición del estado de emergencia en Siria, establecido hace más de 40 años».

(DE) en la letra (a) del apartado 6.

  El Presidente. – ¿Hay alguna objeción a la presentación de esta enmienda oral?

  Véronique de Keyser (PSE). – (FR) Señor Presidente, quisiera hacer constar en acta que el número de diputados presentes necesario para oponerse a la enmienda oral me parece absolutamente surrealista este jueves por la tarde. De hecho, se exige que se opongan más personas de las que están presentes en la Cámara. Ni siquiera estoy segura de que haya cuarenta personas que soliciten esta enmienda oral. No me puedo oponer a la enmienda oral, pero en todo caso me opongo al procedimiento. Quisiera que tomara nota de ello.

  El Presidente. – Le recuerdo la norma: el número de personas requerido para oponerse a la presentación de una enmienda oral es siempre el mismo, cualquiera que sea el momento de la votación, cualquiera que sea la hora, el día o el lugar. En cambio, para proponer una enmienda oral, basta con un solo diputado.

Por otra parte, puede usted pedir que se verifique el quórum. Hay un procedimiento para ello, otro distinto. Pero, si pide usted que se verifique el quórum y este no se alcanza, le recuerdo que esta votación no será aplazada, puesto que se trata de una votación de urgencia. El texto decaerá y no habrá votación al respecto. Esta es la norma.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, no es el Reglamento el que está mal, sino el hecho de que los colegas de nuestros Grupos se van pronto. Deberían estar aquí para votar.

(Aplausos)

(El Parlamento aprueba la enmienda oral)

15.3. Derechos humanos en Sudán (votación)

Propuesta de resolución (RC-B6-0208/2007)

15.4. Asunto "Presidente del Banco Mundial" (votación)

Propuesta de resolución (RC-B6-0209/2007)

  El Presidente. – Con esto concluye el Turno de votaciones.

16. Verificación de credenciales: véase el Acta

17. Composición del Parlamento: véase el Acta

18. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria: véase el Acta

19. Composición de las comisiones y delegaciones : véase el Acta

20. Declaraciones por escrito inscritas en el registro (artículo 116 del Reglamento): véase el Acta

21. Decisiones relativas a determinados documentos : véase el Acta

22. Transmisión de textos adoptados durante la presente sesión: véase el Acta

23. Calendario de las próximas sesiones: véase el Acta

24. Interrupción del periodo de sesiones

  El Presidente. – Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

(Se levanta la sesión a las 16.25 horas)

Una persona de mi circunscripción preocupada por la situación de los presos políticos del Gobierno de Cuba se puso en contacto conmigo recientemente.

En junio de 2006, el Consejo afirmó la relevancia y validez de su posición común sobre Cuba de 1996 que, entre otras cosas, tiene como objetivo alentar «el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales» en Cuba. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos muy respetadas como Human Rights Watch es un hecho comprobado que de los 75 disidentes políticos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos que fueron juzgados sumariamente en abril de 2003, 60 de ellos siguen en prisión. Los disidentes encarcelados, que cumplen penas de 20 años por término medio, sufren malas condiciones y un trato punitivo en la cárcel.

¿Cuál es el estado del diálogo entre la UE y Cuba sobre cuestiones de derechos humanos? ¿Qué medidas positivas se han adoptado para conseguir la liberación de los presos políticos en Cuba?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

El Consejo condenó las muy duras penas impuestas a 75 ciudadanos cubanos en 2003. La UE ha indicado en numerosas ocasiones a las autoridades cubanas que considera insatisfactoria la situación de los derechos humanos en su país y ha solicitado la liberación de todos los presos políticos. El Consejo lamenta que tan solo hayan sido liberados unos pocos presos y algunos de ellos únicamente por graves motivos de salud. Asimismo condena que otros ciudadanos cubanos hayan sido condenados recientemente a largas penas de prisión tan solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Corresponde a Cuba corregir esta situación, en particular en vista de que forma parte del Consejo de Derechos Humanos y de la obligación que se deriva de dicha pertenencia de aplicar y defender estos derechos a un muy alto nivel. En las visitas de alto nivel siempre se abordan cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como la suerte de los presos políticos. El Consejo toma nota con satisfacción que esta posición recibe el apoyo claro e incondicional de la gran mayoría de las diputadas y diputados al Parlamento Europeo.

Las consideraciones planteadas por la Presidencia alemana en su respuesta a la pregunta sobre las relaciones de la Unión Europea con Cuba (H-0277/07 ), no sólo no responden a la pregunta claramente formulada sino que refuerzan los motivos de preocupación en cuanto a los objetivos de los «debates internos en curso» y de la intención de «volver a evaluar» la política de la UE con respecto a Cuba.

Cabe recordar que es la UE y no Cuba, la que tiene una «posición común», adoptada en 1996, cuyo objetivo es «facilitar el proceso de transición» e «impulsar un cambio pacífico en Cuba». Si no se trata de ingerencia, ¿cómo se llama esto?

La Presidencia alemana afirma que la política de la UE con respecto a Cuba es autónoma de la política de los EE.UU. En ese caso, ¿cómo se explica que en la reciente Cumbre EE.UU.-UE, celebrada el 30 de abril en Washington, se afirmara que «durante el año hemos mantenido consultas sobre América Latina y, en este contexto, también sobre Cuba, incluida la perspectiva de la democracia en el futuro. A mediados de 2006, la UE renovó su posición común sobre Cuba y Estados Unidos presentó el segundo informe de la Comisión de ayuda a una Cuba libre (CAFC)»?

Por ello, reitero la pregunta: ¿qué debate piensa realizar el Consejo con respecto a Cuba y cuáles son sus objetivos?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

El Consejo no tiene nada que añadir a la respuesta que dio a la pregunta H-0277/07, formulada en el mes de abril.

Datos científicos han demostrado que, si se utiliza como principal prueba de primera línea, la prueba de detección de ADN del VPH es el último progreso lógico en materia de buenas prácticas para la prevención contra el cáncer del cuello uterino. Esta prueba no solo ofrece un nivel elevado de receptividad y un mejor porcentaje de detección de la enfermedad, sino que permite pruebas menos frecuentes, lo que hace que se pueda ganar tiempo y economizar medios en un sistema sanitario. A pesar de la introducción de nuevas vacunas, si los países no ofrecen programas de detección de calidad, mejores y mejor organizados, y que utilicen las últimas tecnologías en la materia, los europeos deberán enfrentarse a un aumento, y no a una reducción, del cáncer del cuello uterino. Desde la aprobación de la Recomendación de 2003 relativa a la detección del cáncer, un gran número de datos europeos demuestran la eficacia de la prueba de ADN del VPH y la sitúa como mejor indicador que la citología (frotis) para la detección del riesgo de desarrollo del cáncer de útero en las mujeres.

¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para asegurar que los descubrimientos y los progresos actuales se reflejen adecuadamente en su estudio sobre la próxima revisión por la Comisión de la Recomendación de 2003 sobre la detección del cáncer y para que esta Recomendación se actualice con el fin de dar cuenta de los datos científicos recientemente publicados y de las recientes orientaciones clínicas europeas, con vistas a asegurar progresos rápidos hacia la eliminación en Europa de esta enfermedad, que se puede prevenir?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el Parlamento Europeo durante el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

El Consejo desea agradecer a su Señoría el interés que muestra por este importante tema y le remite a la respuesta a su pregunta oral H-0084/07.

La Comisión tiene la intención de presentar la primera edición de las orientaciones comunitarias sobre el aseguramiento de la calidad del cribado y diagnóstico de cáncer cervical durante el primer semestre de 2007. De este modo se establecerá una norma europea de referencia para el cribado de cáncer cervical, medida con la que se dará cumplimiento a la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2003 sobre el cribado del cáncer⁽¹⁾, en la que se recomienda a los Estados miembros que realicen programas de cribado de acuerdo con las orientaciones europeas sobre buenas prácticas.

Apenas se publiquen estas orientaciones, la Presidencia del Consejo hará referencia a ellas y adoptará las medidas de seguimiento adecuadas, teniendo en cuenta los avances más recientes en este ámbito a fin de que se pueda avanzar rápidamente en toda la Unión Europea para vencer esta enfermedad prevenible.

Tras las elecciones presidenciales no democráticas celebradas en 2005 en Belarús, la UE comenzó a imponer sanciones a este país: prohibió la entrada a la UE a A. Lukaschenko y 30 funcionarios y bloqueó sus cuentas bancarias europeas.

Debido al carácter totalitario del régimen del Presidente belaruso, la restricción de los derechos de la oposición y las violaciones de los derechos humanos, las sanciones contra Belarús se han prorrogado hasta el 10 de abril de 2008. Además, el Consejo de la UE tomó la decisión de excluir a Belarús del sistema de preferencias comerciales.

El conflicto bélico en Darfur, en el que participa el ejército regular, se prolonga desde hace años. Los abusos violentos contra la población civil, las torturas y los reclutamientos forzosos de adultos y niños para el servicio militar —las típicas violaciones de los derechos humanos e infracciones del Derecho humanitario internacional— aumentan.

¿Qué sanciones aplica el Consejo a Sudán por las violaciones de los derechos humanos y qué sanciones propone? ¿Son estas sanciones proporcionales a la situación en Belarús y a las sanciones impuestas a este país?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

En principio, comparar las medidas adoptadas en los casos de Sudán y Belarús tan solo es posible y razonable hasta cierto punto, ya que la situación política en ambos países es totalmente diferente.

La UE impuso en 1994 un embargo de armamentos a Sudán que sigue siendo de aplicación. Las sanciones (restricciones de viaje y congelación de activos) de la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se aplican a las personas que obstruyan el proceso de paz y/o violen el derecho internacional o los derechos humanos o cometan otros actos de crueldad en Darfur fueron incorporados a la legislación de la UE y de la Comunidad. De conformidad con la Resolución 1672 (2006) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1 de junio de 2006, el Consejo decidió imponer sanciones a cuatro personas.

El Consejo ha subrayado en repetidas ocasiones su disposición a adoptar las medidas necesarias –incluyendo sanciones selectivas– contra todas las partes del conflicto en caso de que no se logren avances en Darfur, y asimismo ha expresado su apoyo al uso de las sanciones contempladas en la Resolución 1591 contra cualquier persona que obstruya el proceso de paz, viole los derechos humanos o el cese el fuego acordado o el embargo de armamento, aplicando plenamente las medidas previstas en la Resolución.

El Consejo ha propuesto que el Consejo de Seguridad examine con carácter urgente la posibilidad de adoptar nuevas medidas como las previstas en su Resolución 1591 de 2005, y está dispuesto a estudiar otras medidas, en particular bajo la égida de Naciones Unidas, contra cualquier parte que obstruya la aplicación del paquete de medidas de Naciones Unidas a favor de la Misión de la Unión Africana en Sudán (Mission of the African Union in Sudan - AMIS).

Tanto el jefe de la diplomacia turca como el comandante en jefe de las fuerzas armadas han comunicado que Turquía está dispuesta a intervenir militarmente en el norte de Iraq. El General Yasar Buyukanit ha calificado semejante ataque en el norte de Iraq de inevitable.

Considerando que esta ofensiva en el norte de Iraq creará nuevos problemas en dicho país y en la región en general, ¿cuál es la posición del Consejo ante esta posible intervención del ejército turco en el norte de Iraq? ¿Qué medidas piensa tomar para evitar semejante eventualidad?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

No compete al Consejo expresar opiniones sobre declaraciones públicas de este tipo. Aunque sigue muy de cerca la evolución en la zona mencionada por su Señoría, aún no ha hecho declaraciones oficiales al respecto.

No obstante, cabe señalar que Turquía, país candidato a la adhesión a la UE que celebra negociaciones a tal fin, debe aceptar los valores y objetivos de la Unión Europea que figuran en los Tratados. Por lo tanto, Turquía debe demostrar fuera de toda duda su compromiso con el mantenimiento de relaciones de buena vecindad y con la resolución de los diferendos fronterizos por medios pacíficos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.

Este compromiso, al igual que los principios por los que deben regirse las negociaciones, figuran en el marco para las negociaciones de adhesión con Turquía, y la resolución pacífica de los diferendos fronterizos aparece igualmente entre las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión con Turquía que el Consejo adoptó el 23 de enero de 2006. La UE y Turquía examinan conjuntamente y de forma sistemática estas cuestiones.

El Consejo tiene realmente conocimiento del deterioro de la situación en Sri Lanka. ¿Se han mantenido debates en el Consejo, en concreto sobre la adopción de medidas positivas que contribuyan a mitigar las violentas tensiones que se registran en el citado país??

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

Si bien el Consejo no ha celebrado recientemente un intercambio de puntos de vista sobre Sri Lanka, la UE sigue muy de cerca a nivel de trabajo la situación en ese país. Asimismo, la UE desempeña un importante papel al ocupar una de las cuatro copresidencias de la Conferencia de Tokio sobre la reconstrucción y el desarrollo de Sri Lanka (2003) y sigue apoyando sin reservas el papel de Noruega como mediador en el proceso de paz.

La Comisión ha recurrido a la línea presupuestaria 16 02 02 para financiar la difusión de Euronews en árabe. Ahora bien, la enmienda original que mencionaba claramente, entre las acciones a las que se destinaba esta línea, la inclusión del árabe entre las lenguas en las que emite esta cadena, fue rechazada en primera lectura. El Parlamento la volvió a presentar y se aprobó en segunda lectura, pero la justificación de la financiación sólo menciona acciones generales en el marco de la política de vecindad con los países mediterráneos. No se menciona ni una cadena en particular ni otro medio de información ni la utilización de fondos europeos para la difusión de programas en árabe. A la vista de lo expuesto, ¿podría precisar el Consejo cómo justifica el proyecto de utilizar los créditos de la línea 16 02 02 para incluir el árabe entre las lenguas de difusión de Euronews, tal como ha manifestado la Dirección General de Comunicación? ¿Se ha informado a los accionistas de esta empresa privada de la utilización del importe en cuestión para este fin? ¿Están de acuerdo con ello?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

El Consejo ha prestado la debida atención a la posición del Parlamento Europeo sobre el tema abordado por su Señoría, expresada en el apartado 32 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007, adoptada el 14 de diciembre de 2006.

En cuanto a su ejecución, el Consejo desea recordar a su Señoría que esta es competencia de la Comisión con arreglo al artículo 274 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

En su decisión sobre la reclamación 1273/2004/GG, el Defensor del Pueblo Europeo concluyó que el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1954/2003 sólo había entrado en vigor el 1 de agosto de 2004 y consideró erróneas otras interpretaciones de la Comisión y además consideró que las observaciones incoherentes formuladas por la Comisión a este respecto constituían un caso de mala administración.

¿Está de acuerdo el Consejo con la decisión del Defensor del Pueblo en lo que se refiere a la fecha de entrada en vigor del mencionado artículo?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

No corresponde al Consejo interpretar la legislación comunitaria.

Además, el Consejo no suele comentar las decisiones del Defensor del Pueblo Europeo, en particular aquellas que no hacen referencia al propio Consejo.

Por último, según la información de que dispone el Consejo se han hecho numerosas peticiones al Tribunal de Primera Instancia para que se pronuncie acerca de la validez del Reglamento 1954/2003, y puesto que dicho Tribunal no lo ha hecho aún, no sería correcto que yo hiciera comentarios en esta respuesta que pudieran influir sobre este asunto.

¿Apoyará el Consejo Europeo el establecimiento de un programa de información para asesorar a los ciudadanos de la UE acerca de las trampas jurídicas y fiscales a las que deben prestar atención al adquirir una propiedad en otra jurisdicción de la UE?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el Parlamento Europeo durante el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

Como sin duda sabe su Señoría, el Consejo trabaja sobre la base de las propuestas de la Comisión, y hasta ahora esta no ha presentado propuesta alguna sobre esta cuestión.

En los ámbitos en que no existen medidas armonizadas, los Estados miembros pueden adoptar su propia legislación de acuerdo con sus objetivos y necesidades internas, siempre que ejerzan esta facultad de manera compatible con la legislación comunitaria.

No corresponde al Consejo calificar o interpretar la legislación nacional. Tampoco corresponde al Consejo juzgar si las medidas nacionales por sí solas o en conjunción con medidas nacionales de otro Estado miembro no se corresponden con las obligaciones contempladas en el Tratado.

¿Considera el Consejo que los 27 Estados miembros de la Unión cumplen el principio de igualdad de condiciones por lo que concierne a las normas y requisitos vigentes relativos al establecimiento de los farmacéuticos en un Estado miembro distinto del de origen?

¿Tiene el Consejo la intención de revisar la aplicación de las normas vigentes por lo que se refiere a las disposiciones relativas al derecho de establecimiento y confirmar si entre los Estados miembros de la Unión Europea existe igualdad de condiciones para que los farmacéuticos puedan establecerse en un Estado miembro distinto del de origen?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el Parlamento Europeo durante el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

Como sabe su Señoría, el artículo 43 del Tratado consagra la libertad de establecimiento como una de las libertades fundamentales para el funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea.

La Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia⁽¹⁾, modificada por última vez por la Directiva 2006/101/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006⁽²⁾, establece las cualificaciones profesionales necesarias para practicar la profesión de farmacéutico y estipula que las cualificaciones nacionales tendrán la misma validez a la hora de evaluar el cumplimiento de los criterios de admisión a esta profesión.

En cuanto a otras condiciones que rigen la admisión a esta profesión, los Estados miembros pueden adoptar legislación complementaria dentro de los límites establecidos en el Tratado.

Sin embargo, si la legislación nacional, en cualquiera de sus formas, impide a ciudadanos de la Unión Europea originarios de otros Estados miembros ingresar en la profesión o les dificulta innecesariamente dicho ingreso, la Comisión iniciará un procedimiento de infracción, con arreglo al artículo 226 del Tratado, con el fin de dar cumplimiento a la legislación comunitaria, o bien adoptará las medidas legislativas necesarias para poner remedio a cualquier deficiencia para velar por el buen funcionamiento de este sector del mercado interior.

¿Puede comunicar el Consejo qué importe global se asigna en el presupuesto anual de la UE a campañas informativas destinadas a promocionar el trabajo positivo realizado por la Unión Europea en 2007?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

La política de comunicación tiene que desempeñar un papel importante para informar al público y los medios de comunicación sobre las actividades y políticas de la Unión.

El Consejo desea recordar a su Señoría que en el Título 16 de la Sección III –Comisión– del Presupuesto General de la Unión para el ejercicio 2007 se presenta amplia información sobre los créditos destinados a la política de comunicación de la UE.

Con arreglo al artículo 274 del Tratado CE, la ejecución de estos créditos compete a la Comisión.

Las Naciones Unidas aplican un programa denominado Fondo Central para Emergencias. Se trata de un fondo que asegura la recogida de recursos financieros entre donantes internacionales en previsión de catástrofes naturales, como terremotos. Permite así disponer inmediatamente de recursos que la comunidad internacional ha de distribuir cuando se produzca una catástrofe natural.

¿Considera la Unión Europea la posibilidad de contribuir al Fondo Central de las Naciones Unidas para Emergencias y de convertirse en participante en este programa?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

La Presidencia desea señalar que el Consejo nunca ha deliberado sobre la concesión de fondos comunitarios para el Fondo central para la acción en casos de emergencia de Naciones Unidas. Esta pregunta debería formularse a la Comisión en su doble capacidad de iniciadora de las acciones comunitarias y de órgano ejecutor de los actos jurídicos comunitarios y las líneas presupuestarias para la ayuda humanitaria.

El Consejo desea señalar igualmente que aproximadamente el 77 % de los fondos y contribuciones destinados al presupuesto del Fondo central para la acción en casos de emergencia corresponde a aportaciones de los Estados miembros de la UE.

El LRA (Ejército de Resistencia del Señor), encabezado por el líder rebelde Kony, lleva años aterrorizando y desestabilizando el norte de Uganda. En la ciudad de Juba, en el sur de Sudán, se han mantenido conversaciones entre el LRA y el Gobierno de Uganda, pero el LRA se ha retirado de las conversaciones. Actualmente, Kony se esconde en el Parque Nacional de Garamba, en la República Democrática del Congo. La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de arresto internacional contra Kony y cuatro de sus comandantes.

Hasta la fecha no se ha tomado ninguna iniciativa. ¿De qué forma va a presionar el Consejo a los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de Sudán para que sea posible localizar a Kony y entregarlo a la Corte Penal Internacional?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

Tras una interrupción de muchos meses, las conversaciones de paz entre el Gobierno de Uganda y el movimiento rebelde del «Ejército de Resistencia del Señor» (Lord’s Resistance Army - LRA) se reanudaron el 26 de abril de 2007 en Juba (Sudán Meridional). Ambas partes acordaron prorrogar el cese al fuego hasta el 30 de junio de 2007 y desde agosto de 2006, el LRA no ha cometido nuevos actos de violencia en el norte de Uganda. El 2 de mayo de 2007 se firmó un acuerdo sobre una solución integral del conflicto del norte de Uganda. Sin embargo, este acuerdo solo aborda el segundo punto de las negociaciones sobre el orden del día común de las dos partes.

En vista de que las conversaciones para resolver los problemas políticos del norte de Uganda aún prosiguen, se observan perspectivas alentadoras de poder poner fin a este conflicto que ya dura 20 años; los desplazados han comenzado a regresar a sus zonas de origen, proceso en el cual reciben la asistencia de las medidas humanitarias adoptadas por la UE y muchos otros Estados. La orden de detención dictada por el Tribunal Penal Internacional contra el dirigente rebelde Joseph Kony y varios de sus comandantes por graves violaciones de los derechos humanos sigue vigente.

Varios embajadores de los Estados miembros de la UE participaron en las últimas conversaciones de Juba en calidad de observadores y mantuvieron conversaciones con Joachim Chissano, enviado de Naciones Unidas para el conflicto del norte de Uganda, a fin de recalcar el gran interés de la Unión por que se resuelvan estas cuestiones.

Durante décadas, el Estado griego, de forma señalada y provocadora, ha ignorado la identidad cultural de los pomacos de la Tracia griega, a los que se esfuerza a asociar con los turcos, impidiéndoles recibir enseñanza en su lengua y obligándoles a aprender turco.

Los pomacos han protestado a través de todos los medios contra esta política y piden que se ponga fin de inmediato a la práctica fascista de obligarles a «turquizarse». Recientemente, un conocido empresario griego, Prodromos Emfietzoglou, propuso la creación de un centro de lengua y cultura pomacas en la Universidad Demócrito de Tracia, con el fin de registrar la lengua, la historia, las costumbres y tradiciones de los pomacos. ¿Podría realizarse la creación de este centro bajo la égida de la UE, ya que su objetivo es preservar un valioso ejemplo de la cultura de los Balcanes y evitar su asociación obligatoria con los turcos?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

Se recuerda a su Señoría que, si bien la Comunidad no contribuye al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, su actividad en el ámbito cultural se limita a promover la cooperación entre los Estados miembros y, por lo tanto, la creación de centros culturales nacionales corresponde exclusivamente al Estado miembro interesado.

¿Va a dar detalles el Consejo sobre el papel que está desempeñando para acabar con la utilización de niños soldados en África?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el Parlamento Europeo durante el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

La promoción y protección de los derechos del niño es una de las prioridades de la política de la UE en materia de derechos humanos. Con la adopción de las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados en diciembre de 2003, la Unión Europea expresó su intención de concentrarse más en las medidas para este ámbito. Estas Directrices imponen a la Unión Europea la obligación de tener en cuenta los efectos a corto, medio y largo plazo de los conflictos armados sobre los niños mediante el seguimiento e informes de los Jefes de Misión, comandantes militares y representantes especiales de la UE, así como a través de intervenciones ante las autoridades, el diálogo político, la cooperación multilateral y las operaciones de gestión de crisis.

La Unión Europea ha manifestado su preocupación por los niños afectados por los conflictos armados en diversos foros y ha abordado este problema en varias declaraciones. La troika de la UE ha intervenido ante las autoridades de una serie de Estados, como Burundi, Uganda, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Liberia.

El Consejo ha presentado una estrategia para la aplicación de las Directrices (doc. 8285/1/06 REV 1) que se basa en la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los representantes especiales de la UE han recibido instrucciones concretas al respecto y en junio de 2006 se publicó una lista de comprobación para integrar la protección de menores en las operaciones de la política europea de seguridad y defensa (doc. 9767/06).

La Unión Europea presta continuamente asistencia a la labor que desarrolla la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los niños y los conflictos armadas, quien hace poco evacuó consultas con el Comité Político y de Seguridad y el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Consejo.

Actualmente, tanto el Consejo como el Parlamento están ultimando sus dictámenes sobre la propuesta de la Comisión referente a la reducción de las tarifas y al aumento de su transparencia en el ámbito de la telefonía móvil desde la Unión hacia el exterior y viceversa. A propuesta del Parlamento, el documento probablemente también abarcaría el intercambio de datos (mensajes cortos (SMS) y multimedia (MMS)).

De un estudio de la Federación neerlandesa de consumidores (Nederlandse Consumentenbond) se desprende que tampoco las tarifas de Internet móvil (por teléfono móvil u ordenador portátil o manual) son transparentes y que, como las tarifas actuales de itinerancia dentro de la Unión, pueden ser excesivamente elevadas en caso de uso en el exterior.

El recurso a Internet móvil sólo va a aumentar. Es lo que nos indica la evolución continua de esta tecnología. El recurso a Internet, tal como la telefonía móvil a escala internacional, es importante para el modelo de desarrollo económico y social de la Unión.

¿Tiene previsto el Consejo, a la luz de la atención que presta al interés de los consumidores y de las empresas europeos, desarrollar próximamente también una iniciativa en materia de reducción de los costes y de aumento de su transparencia en cuanto al recurso a Internet móvil en la Unión?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

Como ha señalado su Señoría, la propuesta de Reglamento relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad se encuentra en el Parlamento y Consejo para su examen. En su versión actual, las disposiciones de esta propuesta relativas a las estructuras de precios comprenden únicamente los servicios de itinerancia para llamadas de voz, por dos razones principales, a saber:

En primer lugar, la Comisión había adoptado esta iniciativa no solo porque el precio de los servicios de itinerancia eran inadmisiblemente altos tanto para los consumidores finales como para los consumidores mayoristas, sino también porque las autoridades reguladoras nacionales no pueden resolver este problema a escala nacional. Aunque la Comisión observó el cobro de precios injustificablemente altos en el sector de los servicios de comunicación de datos, por ejemplo, en los servicios de mensajes cortos (SMS) y en los servicios de mensajes multimedia (MMS) durante sus consultas, las autoridades reguladoras nacionales aún no han detectado dichos problemas en sus investigaciones de los servicios SMS. En segundo lugar, en estos momentos resulta difícil prever la evolución que se producirá en el sector de los MMS, de otros servicios similares de comunicaciones de datos y en el ámbito del acceso a Internet, por lo que se corre peligro de obstaculizar el desarrollo de este mercado si se aplican normativas poco adecuadas. A este respecto sería conveniente que la Comisión llevara a cabo una evaluación del impacto económico y jurídico de dicha normativa.

Como sin duda sabe su Señoría, los dos órganos colegisladores desean conceder a la Comisión un mandato para que se una al seguimiento que realizan las autoridades reguladoras nacionales de los servicios de itinerancia en el sector de la comunicación de datos, incluyendo los SMS y MMS. Se prevé que la Comisión aborde igualmente, en su informe sobre la aplicación del futuro reglamento, la evolución de los precios de los servicios de comunicación de voz y datos, incluyendo la transmisión de SMS y MMS, para los clientes de servicios de itinerancia, ya sean estos consumidores finales o consumidores mayoristas, y que presente recomendaciones, en su caso, sobre las medidas reglamentarias que deban adoptarse en este ámbito.

Sus Señorías saben asimismo que el Parlamento y el Consejo desean exigir a los proveedores de servicios, en aras de la transparencia de precios, que faciliten a sus clientes de forma gratuita y a petición de los mismos información sobre el precio unitario para el envío y recepción de SMS, MMS y otros servicios de comunicación de datos en itinerancia dentro de la Comunidad.,

En el marco del reciente intercambio de puntos de vista, durante el pasado período parcial de sesiones de marzo, con el Alto Representante, Javier Solana, con respecto a las prioridades de la PESC de la Unión Europea para 2007 numerosos parlamentarios hicieron hincapié, como principal prioridad para 2007, en la necesidad de abordar el problema de la seguridad y la estabilidad en los países vecinos del este de la Unión Europea, sobre todo mediante una implicación más activa en la resolución de los conflictos «enquistados» y en la eliminación de sus consecuencias.

¿Qué medidas concretas tiene intención de adoptar el Consejo para consolidar y desarrollar aún más los esfuerzos en esta dirección en 2007? En el mismo orden de cosas, ¿cómo tiene intención el Consejo de tener en cuenta la reciente comunicación de la Comisión sobre la sinergia del Mar Negro, en la que se hace referencia directa a que «la Unión Europea desempeñe un papel más activo y asuma un mayor compromiso político en los esfuerzos desplegados actualmente para solucionar estos conflictos»?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

El Consejo desea agradecer a su Señoría que haya formulado esta pregunta.

Con la adhesión de Rumanía y Bulgaria, la UE ha alcanzado la región del Mar Negro, que abarca países pertenecientes a la Política Europea de Vecindad, como Ucrania, Moldova, Armenia y Azerbaiyán, cuyos «conflictos congelados» pueden provocar crisis políticas. Sin embargo, esta región posee un considerable potencial –todavía sin explotar– de cooperación y crecimiento económico, por lo que es en interés de la UE que esta evolución siga su curso.

Existen muchos argumentos a favor de que la UE lleve a cabo una política más activa en la región del Mar Negro, en la que, a pesar de participar actualmente, pueda asumir un papel más destacado que hasta ahora en la promoción de la cooperación en la región. Por ello, la UE ha comenzado a elaborar una política coherente e integral para la región del Mar Negro, destinada a reforzar la cooperación regional y a desarrollar las relaciones de la región con la UE a todos los niveles.

La Presidencia puede informar igualmente a su Señoría que el Consejo adoptó las siguientes conclusiones sobre la iniciativa de sinergias del Mar Negro:

«El Consejo acogió con beneplácito la Comunicación de la Comisión titulada «La sinergia del Mar Negro, una nueva iniciativa de cooperación regional». El Consejo subrayó que tras la adhesión de dos Estados ribereños del Mar Negro, Bulgaria y Rumanía, el interés de la UE por promover la estabilidad y la prosperidad en el Mar Negro es aún mayor.

El Consejo quedó a la espera de examinar con más detenimiento esta Comunicación y pidió a las futuras Presidencias y a la Comisión Europea que continúen sus trabajos sobre una participación más amplia y coherente de la UE en la zona del Mar Negro, en particular en el marco del reforzamiento de la Política Europea de Vecindad y la generación de sinergias con los órganos e iniciativas de la región. El objetivo deberá ser intensificar la cooperación regional en sectores de importancia transfronteriza, como la energía, el medio ambiente, el transporte, las telecomunicaciones, la ciencia y la tecnología, la libertad, la justicia y la seguridad, así como la democracia, la promoción de los derechos humanos, el respeto del derecho internacional y la cooperación con la sociedad civil.

Habida cuenta de la importancia que tiene la zona del Mar Muerto para la UE, el Consejo pide a la Comisión que elabore durante el primer semestre de 2008 una reseña sobre el desarrollo de la iniciativa «La sinergia del Mar Muerto», que sirva de fundamento para que el Consejo examine posteriormente su participación en el conjunto de esta región».

El desarrollo a largo plazo de la región del Mar Negro solo será posible cuando se hayan resuelto los conflictos de Abjazia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj –considerados actualmente congelados– y se hayan establecido relaciones normales y de cooperación entre todos los países de la región.

La Presidencia estima que la estrecha cooperación regional que prevé la iniciativa La sinergia del Mar Muerto no solo arrojará beneficios económicos, sino que también contribuirá a fomentar la confianza política, creando así un entorno que facilite la resolución de problemas políticos complejos.

El Consejo ha prestado atención a la cuestión de los conflictos sin resolver y ha designado enviados especiales de la UE para Moldova y el Cáucaso Meridional; asimismo ha creado la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para Moldova y Ucrania (UE BAM), cuyo jefe es también un asesor político de alto nivel del enviado especial de la UE para Moldova, así como el Equipo de Asistencia para la Protección de las Fronteras en Georgia. Estos instrumentos deben mantenerse activos y usarse de forma flexible si la UE desea hacer una contribución importante a la estabilidad de la región, y el mandato de la EU BAM acaba de ser prorrogado por dos años que terminarán en noviembre de 2009.

Los tres planes de acción de la PEV para Armenia, Azerbaiyán y Georgia se adoptaron el 14 de noviembre de 2006, y cada uno de ellos contempla, entre sus principales prioridades, la resolución de los conflictos internos en Georgia y la resolución por medios pacíficos del conflicto de Nagorno-Karabaj.

El Plan de acción de la UE para Moldova, adoptado en febrero de 2005, cita como prioridad la resolución pacífica del conflicto de Transdniéster.

En 2007, el enviado especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional seguirá intentando crear las condiciones necesarias para la resolución de los conflictos de la región, para lo cual su primer paso será establecer canales de comunicación entre las partes de los conflictos y adoptar medidas para fomentar su confianza en él. Para resolver estos conflictos, se mantendrá en estrecho contacto con la maquinaria ya existente para la resolución de conflictos, de conformidad con su mandato. Los dos copresidentes del Grupo de Minsk, el embajador Bernard Fassier y el señor Matthew Brysa, informaron en abril al Consejo sobre el estado actual de las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj.

Durante 2007, el enviado especial de la UE para Moldova trabajará asimismo para alcanzar una solución al conflicto de Transdniéster, representando a la UE en las conversaciones a tal fin e interviniendo activamente en las consultas bilaterales con Moldova y otras partes interesadas, incluida Rusia.

En 2007, el Consejo intentará que se alcance una solución a los «conflictos congelados» y está dispuesto a desempeñar su papel en la aplicación de dicha solución. Asimismo ha celebrado conversaciones internas sobre los resultados de la misión del enviado especial y de los expertos que la Comisión envió en enero de 2007 a Georgia y las regiones escindidas, ya ahora comenzará a poner en práctica las medidas acordadas.

El Consejo está dispuesto a ayudar en el tema de Nagorno-Karabaj, aunque la forma precisa de la contribución de la UE se decidirá únicamente cuando se conozcan los parámetros políticos para la resolución de este conflicto.

Detenciones masivas y decenas de manifestantes heridos tras la brutal actuación de las fuerzas de represión turcas han caracterizado el Primero de mayo en Estambul. Por lo menos 1 100 manifestantes, entre los cuales se contaban unos 600 miembros del Partido comunista de Turquía (TKP), fueron arrestados por las fuerzas de represión turcas, resultando heridos unos 30 manifestantes durante la manifestación del 1 de mayo en la plaza Taksim de Estambul. La manifestación, organizada por el Partido comunista de Turquía, el Frente Patriótico, el Partido del Trabajo (EMEP), el sindicato DISK y otros partidos y sindicatos de izquierda, conmemoraba la matanza de 34 manifestantes que tuvo lugar el Primero de mayo de 1977. Sin embargo, las fuerzas del orden especiales que habían sido trasladadas desde Ankara recurrieron masivamente al uso de productos químicos, gases lacrimógenos, cañones de agua, vehículos blindados, helicópteros, etc., para tratar de dispersar la concentración.

¿Condena el Consejo esta brutal actuación? ¿Qué medidas piensa tomar para obtener la inmediata liberación de los detenidos y proteger el derecho de los trabajadores a ponerse en huelga, a manifestarse libremente y a ejercer sin trabas la actividad sindical y política?

(DE) Esta respuesta, que fue redactada por la Presidencia y carece de carácter vinculante para el Consejo o sus miembros, no se presentó de forma oral en el Turno de preguntas al Consejo en el período parcial de sesiones de mayo de 2007 en Estrasburgo.

La Presidencia sigue con gran atención la situación en Turquía.

En un contexto más amplio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el marco para las negociaciones que el Consejo adoptó en octubre de 2005 establece, en el «contorno de las negociaciones», que el inicio de las negociaciones con Turquía presuponen que este país cumplirá de modo suficiente los criterios políticos establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, incorporados más tarde en gran parte en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y promulgados en la Carta de los derechos fundamentales.

De todo ello se desprende que la UE espera que Turquía prosiga con su proceso de reformas e introduzca nuevas mejoras en los ámbitos fundamentales de la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la jurisprudencia europea correspondiente, y que consolide y amplíe su legislación y las medidas de ejecución de esta, prestando especial atención a la política de tolerancia cero para luchar contra la tortura y los malos tratos, y a la aplicación de las disposiciones relativas a la libre expresión de las opiniones, la libertad religiosa, los derechos de la mujer, las normas fundamentales de la OIT –incluidos los derechos sindicales– y los derechos de las minorías. Además, el Consejo señaló en sus conclusiones del 11 de diciembre de 2006 que serían necesarios esfuerzos considerables para ampliar, entre otros, la libertad de expresión y los derechos sindicales. Todos estos temas se plantean periódicamente durante el diálogo político con las autoridades turcas.

La Presidencia continuará su seguimiento de la situación en Turquía y abordará de modo oportuno los aspectos que vayan surgiendo.

A la luz de los recientes actos violentos graves y problemas de seguridad en Europa, incluyendo los partidos de mi equipo en Lille el 20 de febrero de 2007 y en Roma el 4 de abril de 2007, desearía formular las preguntas siguientes:

¿Qué papel puede desempeñar la Comisión en asegurar que los Estados miembros se hacen responsables de actuaciones policiales preventivas de alta calidad y de la seguridad en los estadios?

¿Piensa la Comisión que la seguridad de los ciudadanos y consumidores y el orden público podrían mejorarse mediante la introducción de normas a nivel europeo y un enfoque común respecto a las actuaciones policiales en relación con el fútbol?

¿Piensa la Comisión que existe la posibilidad de hacer extensivas a toda Europa las órdenes británicas de prohibición de entrada a los seguidores de fútbol que representan un riesgo?

(EN) La Comisión ha asumido el firme compromiso de evitar los incidentes en los que la pasión deportiva da lugar a disturbios y conductas violentas. Nuestro objetivo es que los partidos de fútbol de dimensión europea no se consideren únicamente como una fuente potencial de jaleo en los que se infrinja la ley y el orden y seguridad públicos. Resulta inadmisible que algunos grupos de gamberros hayan empañado la imagen de la mayoría de pacíficos aficionados al fútbol.

La UE debe recopilar, sobre la base de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, las experiencias nacionales, generar sinergias y seguir desarrollando el intercambio de información entre los servicios nacionales. En opinión de la Comisión, el valor añadido europeo puede lograrse a través de las siguientes medidas:

Elaborar instrumentos legislativos en caso necesario,

Intensificar en la práctica los intercambios de experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros, en particular las fuerzas de orden público, a fin de adoptar normas comunes en materia de seguridad y orden público.

Reforzar la cooperación operativa a nivel de la UE, en particular el intercambio de información sobre evaluación de desórdenes y aficionados al fútbol, sus movimientos de un país a otro y su clasificación como aficionados pacíficos o violentos, continuando así el desarrollo de los Puntos Nacionales de Información Futbolística.

Apoyar la coordinación y desarrollo de estas actividades y otras más a través de programas financieros.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión tiene la intención de:

Elaborar un planteamiento pluridisciplinario basado en la prevención y la aplicación de la ley, que incluirá actividades educativas para los aficionados y la cooperación con los órganos internacionales y nacionales del fútbol, con la ayuda de fondos comunitarios.

Estudiar la posibilidad de seguir elaborando reglamentos obligatorios y recomendaciones.

Prestar asistencia al desarrollo de los actuales cursos de la CEPOL sobre orden público y/o gestión y control de masas y/o gamberrismo.

Promover el uso y difusión de buenas prácticas, entre ellas el Manual sobre cooperación policial en partidos de fútbol importantes.

En esta perspectiva, la Comisión organizará a finales de 2007, en colaboración con la Presidencia del Consejo y la UEFA⁽¹⁾, una amplia conferencia de alto nivel a escala de la UE con todas las partes interesadas para estudiar la elaboración de una política europea para evitar la violencia en el deporte.

En cuanto a la prohibición de entrar a los estadios a todas las personas que hayan sido encontradas culpables de conductas violentas en partidos de fútbol por parte de los Estados miembros, el Consejo adoptó una resolución en este sentido el 17 de noviembre de 2003. En ella se pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de introducir las disposiciones pertinentes en su ordenamiento jurídico y adopten las medidas necesarias para su reconocimiento en otros Estados miembros que acojan partidos de fútbol. Tras esta Resolución, únicamente unos cuantos Estados miembros adoptaron disposiciones penales o administrativas que permiten dictar órdenes de prohibición. Cabe recordar que el Consejo adoptó el 4 de diciembre de 2006 una Resolución relativa a un manual actualizado de recomendaciones para la cooperación policial internacional y de medidas de prevención y lucha contra la violencia y los desórdenes relacionados con los partidos de fútbol de dimensión internacional en los que se vea afectado al menos un Estado miembro.

Recientemente la empresa farmacéutica Abbott Laboratories Hellas AEBE, filial de la multinacional estadounidense, ha comunicado por carta a sus trabajadores que está recogiendo y tratando datos personales sensibles suyos, incluidas informaciones sobre las actividades de los trabajadores fuera del lugar de trabajo, reservándose el derecho de comunicarlos a las empresas del Grupo Abbott

y a los EE.UU., así como a las autoridades gubernamentales. La empresa mantiene que está aplicando los «principios internacionales Abbott» y que participa en el programa de intercambio de datos personales EE.UU.-UE «Safe Harbor».

¿Condena la Comisión la creación por parte de las empresas de reglamentos propios, que imponen de manera arbitraria e incontrolada, violando así el derecho a la vida privada y las disposiciones nacionales e internacionales relativas a la protección de los datos personales? ¿Cómo está haciendo frente a esta actividad ilegal de la empresa en cuestión, sobre todo la transmisión de datos personales a terceros, en particular a los EE.UU., donde los datos personales no gozan de una gran protección?

(EN) La transmisión de datos personales a la que hace referencia su Señoría se realiza a una entidad de los Estados Unidos que ha suscrito el programa Safe Harbour.

La Directiva sobre protección de datos recoge disposiciones concretas sobre la transmisión de datos a terceros países. Esta Directiva dispone que las transferencias internacionales de datos personales pueden tener lugar de forma lícita cuando el país tercero del que se trate garantice un nivel adecuado de protección. En relación con las transferencias de datos personales a los Estados Unidos, la Comisión declaró en 2000 que las transferencias a las organizaciones norteamericanas que forman parte del programa Safe Harbour ofrecen un nivel adecuado de protección con arreglo a la Directiva sobre la protección de datos (Decisión de 26 de julio de 2000).

El programa Safe Harbour es un programa específico creado por los Estados Unidos para facilitar la transferencia de datos personales de la UE a entidades estadounidenses y cumple la obligación contemplada en la Directiva 95/46/CE sobre la protección de datos de garantizar un nivel adecuado de protección para una transferencia a un país tercero. El programa Safe Harbour establece principios de confidencialidad (es decir, acceso, notificación, elección, transferencia a otras entidades, observancia, seguridad e integridad de los datos) que las organizaciones que desean formar parte de este programa deben comprometerse a cumplir y divulgar públicamente antes de recibir el certificado correspondiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos es el principal organismo de la Administración estadounidense encargado de hacer cumplir los principios de confidencialidad del programa Safe Harbour por parte de las organizaciones que forman parte de este.

El programa Safe Harbour contempla la transferencia de datos personales en el ámbito laboral y de los recursos humanos a una organización estadounidense. En este caso, el programa Safe Harbour cuenta con disposiciones concretas destinadas a garantizar la protección de los datos personales de los trabajadores de entidades comunitarias, así como sus datos sensibles. Todos los miembros del programa Safe Harbour que reciban datos personales deben comprometerse a cooperar y a cumplir las instrucciones de las autoridades norteamericanas competentes en materia de protección de datos. En el marco del programa Safe Harbour se ha creado un grupo de expertos formado por autoridades de protección de datos de la UE. Este es el órgano competente para examinar y resolver las reclamaciones presentadas por las personas por supuesta infracción de los principios del programa Safe Harbour. Si una entidad no cumple las recomendaciones de dicho grupo de expertos, este último debe informar a la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos para que adopte las acciones necesarias para que la entidad las cumpla o para que informe al Departamento de Comercio a fin de que sea eliminada del registro de miembros de Safe Harbour.

Las entidades norteamericanas que reciben datos personales de la UE deben estar inscritas en el registro oficial de entidades miembro del programa Safe Harbour del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La inclusión en este registro indica que el Departamento de Comercio ha certificado que esta entidad ha adoptado las medidas necesarias para cumplir los principios de confidencialidad necesarios para ingresar en el programa Safe Harbour a fin de poder aceptar la transferencia de datos personales de la UE.

Las entidades comunitarias que transfieren datos personales a una entidad estadounidense que forme parte del programa Safe Harbour no infringen la Directiva sobre protección de datos.

La Comisión desea informar a su Señoría que los titulares de estos datos pueden en todo caso dirigir sus reclamaciones a la autoridad nacional de protección de datos, la cual deberá examinar si la entidad comunitaria cumple lo dispuesto en relación con las actividades de procesamiento en la legislación nacional de protección de datos.

¿De qué datos dispone la Comisión sobre las condiciones de vida de los presos en las cárceles (incluidos los detenidos provisionalmente) en los distintos Estados miembros? ¿Tiene información sobre las medidas aplicadas por los Estados miembros para la reinserción normal de los presos en la sociedad? ¿Tiene intención la Comisión, en la medida en que lo permiten los Tratados, de adoptar o proponer medidas a los Estados miembros para garantizar el establecimiento de unos criterios mínimos sobre las condiciones de vida de los presos en la Unión Europea, así como el intercambio entre los Estados miembros de las buenas prácticas que contribuyen a humanizar las cárceles y ofrecer a los presos una «segunda oportunidad»? Por lo que se refiere, en particular, a la detención provisional, ¿sabe la Comisión en qué Estados miembros convive esta categoría de detenidos con los presos que cumplen una pena y en cuáles el número de detenidos provisionales provoca una saturación de las cárceles? ¿Qué medidas alternativas de control judicial se aplican en los distintos Estados miembros y con qué resultados?

(EN) La Comisión no recopila información concreta sobre las condiciones de vida de los reclusos, ni siquiera sobre los que se encuentran en detención preventiva en la Unión Europea –como estadísticas sobre el espacio de las celdas, el porcentaje de guardias por centenar de presos, etc.– ya que ello es responsabilidad y competencia de los Estados miembros.

Sin embargo, la Comisión ha recopilado algunos datos estadísticos sobre la detención en los Estados miembros para elaborar la propuesta de la orden europea de vigilancia (por ejemplo, datos estadísticos sobre la población penitenciaria, incluidos los presos en detención preventiva, que muestran que existen diferencias considerables entre los Estados miembros tanto por lo que se refiere al número de detenidos en prisión preventiva por 100 000 habitantes como a la relación porcentual entre presos nacionales y extranjeros)⁽¹⁾⁽²⁾. Cabe señalar que la Comisión es consciente de que al estudiar medidas en el ámbito de la política penitenciaria es necesario analizar su posible efecto por medio de las estadísticas disponibles. La Comisión presentó el 7 de agosto de 2006 una comunicación relativa al Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal: Plan de acción de la UE 2006 – 2010⁽³⁾, que tiene por finalidad, entre otras cosas, incluir la información sobre la nacionalidad y el lugar de residencia de la población penitenciaria, información que la política europea en materia penal necesita con urgencia.

Un estudio reciente sobre la sobrepoblación penitenciaria en 24 países europeas demuestra que este fenómeno existe en la mitad de estos países. La sobrepoblación penitenciaria constituye un grave obstáculo para la reinserción de los presos en la sociedad. Por ello, la Comisión ha propuesto, en colaboración con los Estados miembros, una serie de medidas para reducir el número de presos, incluso en prisión preventiva.

En primer lugar, la Comisión adoptó el 29 de agosto de 2006 una «Propuesta de decisión marco del Consejo sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas cautelares aplicadas entre los Estados miembros de la Unión Europea»⁽⁴⁾. Una vez adoptada, esta propuesta de decisión marco permitirá a las autoridades judiciales de los distintos Estados miembros poner en libertad a personas sospechosas de haber cometido un delito penal, pero que no residen en el Estado miembro en el que se les acusa de dicho delito y transponerla en medidas de vigilancia no privativas de libertad, que podrán ser aplicadas en el Estado miembro en que dicha persona tenga su residencia habitual. Esta medida podría aplicarse a un máximo de 8 000 personas, cifra que corresponde a la población en detención preventiva en el Reino Unido hace unos años.

Además, Francia y Alemania tomaron una iniciativa en febrero de 2007 para que el Consejo adoptara una Decisión Marco referente al reconocimiento y ejecución de las sanciones alternativas y a las condenas condicionales. Tras su adopción, esta Decisión marco facilitará la reinserción social de los condenados, a los que se permitirá regresar a su Estado de residencia. Además reducirá el riesgo de reincidencia, reforzando así la seguridad pública y la protección de las víctimas. Y por último reducirá la sobrepoblación penitenciaria.

Cabe señalar que el Plan de acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de La Haya ⁽⁵⁾ establece que antes de que termine 2007 deberá llevarse a cabo un «análisis de las normas mínimas de prisión preventiva y las prácticas habituales de revisión periódica de los motivos de detención»⁽⁶⁾. En breve se llevará a cabo un estudio para examinar esta cuestión que deberá concluir en 2008.

Por último y a fin de facilitar el reasentamiento de antiguos presidiarios y de reducir la reincidencia, más de 100 proyectos de la Iniciativa comunitaria EQUAL 2000-2006 han puesto a prueba nuevos planteamientos para prevenir la reincidencia por medio de la ayuda al reasentamiento y la asistencia tras la salida de prisión o durante el cumplimiento de la sentencia. Algunas de estas innovaciones son de orden estructural y están relacionadas con la gestión de los cambios en las prisiones, la introducción de sistemas de calidad y la motivación del personal para que adopte una actitud más creativa y con más iniciativa hacia la rehabilitación de los presos. Otros se dedican a desarrollar nuevas formas de educación y formación. Muchas de estas iniciativas implican la apertura de las prisiones a organismos y personas, como las empresas, para que los delincuentes se capaciten y preparen para desempeñar un papel más positivo en la sociedad tras su liberación.

Actualmente se lleva a cabo un programa europeo de integración con la finalidad de convencer a los principales actores responsables de las políticas penales y/o de reinserción para que adopten las buenas prácticas surgidas de los proyectos del programa EQUAL.

Las tres principales actividades de este programa son:

- Un evento de intercambio de información de los PD del programa EQUAL, celebrado en Portugal durante el mes de octubre de 2006, que acordó una serie de temas que se presentarán en un Foro sobre Políticas posterior;

- Un Foro sobre Políticas que tendrá lugar en Polonia en Junio de 2007 para presentar a los responsables políticos las buenas prácticas procedentes del programa EQUAL y para despertar su interés por su aplicación;

- Una Red transnacional, a finales de 2007, para asegurar que se mantenga la transferencia y sostenibilidad de los resultados pertinentes del programa EQUAL y de los resultados pertinentes del nuevo periodo de programación de los Fondos estructurales, siempre que los Estados miembros manifiesten suficiente interés.

Actualmente, tanto el Consejo como el Parlamento están ultimando sus dictámenes sobre la propuesta de la Comisión referente a la reducción de las tarifas y al aumento de su transparencia en el ámbito de la telefonía móvil desde la Unión hacia el exterior y viceversa. A propuesta del Parlamento, el documento probablemente también abarcaría el intercambio de datos (mensajes cortos (SMS) y multimedia (MMS)).

De un estudio de la Federación neerlandesa de consumidores (Nederlandse Consumentenbond) se desprende que tampoco las tarifas de Internet móvil (por teléfono móvil u ordenador portátil o manual) son transparentes y que, como las tarifas actuales de itinerancia dentro de la Unión, pueden ser excesivamente elevadas en caso de uso en el exterior.

El recurso a Internet móvil sólo va a aumentar. Es lo que nos indica la evolución continua de esta tecnología. El recurso a Internet, tal como la telefonía móvil a escala internacional, es importante para el modelo de desarrollo económico y social de la Unión.

¿Tiene previsto la Comisión, a la luz de la atención que presta al interés de los consumidores y de las empresas europeos, desarrollar próximamente también una iniciativa en materia de reducción de los costes y de aumento de su transparencia en cuanto al recurso a Internet móvil en la Unión?

(EN) La Comisión está de acuerdo en que un rápido crecimiento de la oferta de servicios móviles de Internet a precios competitivos es importante para el crecimiento social y económico de la UE.

En su propuesta original de reglamento sobre el precio de los servicios internacionales de itinerancia, la Comisión preveía un seguimiento muy estricto de la evolución de los precios de los servicios internacionales de transmisión de datos en itinerancia (que incluyen los servicios móviles de Internet).

Las deliberaciones que tienen lugar actualmente en el Parlamento, el Consejo y la Comisión ponen de manifiesto que el seguimiento de la evolución de los precios de los servicios de transmisión de datos en itinerancia será un elemento importante del reglamento que finalmente se adopte.

Además, el reglamento final incluirá probablemente disposiciones para incrementar la transparencia de los precios de la transmisión de datos en itinerancia para los consumidores. La Comisión apoya este planteamiento y tiene la intención de hacer un seguimiento muy minucioso de este mercado e informará sobre su evolución al Consejo y el Parlamento.

Ahora corresponde al sector responder con precios competitivos para estos servicios a fin de evitar la necesidad de adoptar nuevas normativas.

¿No piensa la Comisión que su última posición (de 2 de mayo) sobre los acontecimientos que se han desarrollado en Turquía y la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales es excesivamente tolerante respecto a las intervenciones del ejército? ¿Acaso no debería ser más explicito su mensaje sobre la intervención de las fuerzas armadas turcas en la vida política y subrayar claramente que la posición que ocupa el ejército en Turquía es un obstáculo en la perspectiva de adhesión de este país a la Unión Europea?

(EN) La declaración de 2 de mayo de 2007 es tan solo la última que ha emitido la Comisión acerca de la situación política reciente en Turquía.

Por lo que respecta al papel de los militares en particular y a su declaración de 27 de abril de 2007, el Comisario responsable de la Ampliación expresó al día siguiente la profunda inquietud de la Comisión. El Comisario declaró el 28 de abril de 2007 que los militares deben dejar las competencias democráticas en manos del Gobierno democráticamente electo. Asimismo subrayó que este caso pone a prueba la voluntad de las fuerzas armadas turcas de respetar plenamente las instituciones democráticas.

El pleno sometimiento del estamento militar al control civil de acuerdo con las prácticas de la UE es una prioridad de la Asociación para la adhesión y sigue siendo una de las principales prioridades de Turquía en su camino hacia la adhesión.

La Comisión espera que las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales en Turquía se lleven a cabo de modo democrático. En este contexto, el principio de la supremacía del poder civil democrático sobre el poder militar debe respetarse plenamente, como se recuerda en la declaración de 2 de mayo de 2007.

La Comisión continuará siguiendo muy de cerca la situación.

El Parlamento Europeo, en su Declaración escrita nº 21/2006 (de 5 de septiembre de 2006, P6_TA(2006)0335) y, por recomendación de la Comisión de Cultura y Educación, en el apartado 34 de su Resolución sobre el proyecto de presupuesto general para 2007 (P6_TA(2006)0570), pide a la Comisión que efectúe un estudio sobre el estado y los costes estimados de restauración de las iglesias de la parte septentrional de Chipre controlada por el ejército turco, que han sido profanadas, transformadas en mezquitas o dañadas.

¿Qué medidas ha tomado y piensa tomar la Comisión para efectuar el correspondiente estudio y, en general, para garantizar la protección y la restauración de las iglesias en la zona de la República de Chipre ocupada por el ejército turco, de acuerdo con la Declaración escrita y la Resolución sobre el presupuesto para 2007 del Parlamento Europeo?

(EN) En el marco del programa ad hoc de ayuda para la comunidad turcochipriota⁽¹⁾ se han facilitado fondos para acciones destinadas a facilitar la reunificación de Chipre. Este Reglamento sobre ayudas podría financiar un estudio sobre el patrimonio cultural que incluyera el patrimonio religioso en tanto que una medida para generar confianza a fin de promover la reconciliación de las comunidades griega y turca de Chipre.

Sin embargo, a fin de poder efectuar un estudio sobre las condiciones y el coste estimado de la restauración del patrimonio cultural sería necesario un acuerdo y la cooperación de las dos comunidades de la isla, es decir, también de la comunidad turcochipriota.

La Comisión no puede proceder de forma unilateral.

La Comisión tiene conocimiento de una reciente reunión entre los dirigentes religiosos de ambas comunidades en la que se habló de la renovación de las iglesias y mezquitas en mal estado. En caso de que surgiera un acuerdo entre las dos comunidades, la Comisión estaría dispuesta a estudiar la posibilidad de conceder ayudas para el patrimonio cultural en virtud del reglamento citado.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión, en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales, para proteger a los productores comunitarios de banana frente a las continuas presiones de las multinacionales de la zona dólar para acabar con la competencia de los pequeños productores de la Unión Europea?

(EN) Uno de los objetivos clave de la reforma básica del sector del plátano de la UE, implantada a partir de enero de 2007, es garantizar un correcto nivel de vida a los productores de plátano de la UE. La Comisión seguirá atendiendo a las necesidades de los pequeños productores del sector a través del régimen interno de la UE.

La Comisión supervisa de cerca la evolución del mercado para asegurarse de que la reforma esté respondiendo a sus objetivos. Paralelamente, la Comisión sigue firmemente comprometida con su misión de saldar con éxito las negociaciones comerciales multilaterales en el seno de la OMC, pese a lo cual todavía no es posible aventurar el resultado exacto de dichas negociaciones para determinados sectores agrícolas. No obstante, la Comisión sí puede asegurar que seguirá atendiendo a las necesidades del sector del plátano y teniendo en cuenta la integridad de las reformas del mercado de la UE en sus negociaciones sobre el tema.

Con el fin de contribuir a la lucha contra el terrorismo y a la seguridad de los transportes aeronáuticos, los ciudadanos europeos no han protestado en masa contra la confiscación de sus efectos personales en forma de líquidos y los gastos extra que les supone la compra de productos de primera necesidad tras la realización de las medidas de control.

Entre los problemas engendrados por las medidas de referencia se encuentran la renuncia injustificada a objetos de propiedad particular y a la recepción de un recibo tras el control, la falta de control sobre la calidad de los servicios prestados por el personal de seguridad, que abusa de sus nuevos poderes, el hecho de que no se suministre agua potable a precio reducido o gratuitamente como artículo de primera necesidad, en particular durante los meses estivales, y el descrédito de la Unión Europea, en cuyo nombre se anuncian por megafonía las medidas de prohibición, al menos en los aeropuertos griegos.

¿Puede decir la Comisión si, en el ámbito de sus responsabilidades de protección de las condiciones de libertad, seguridad y justicia está dispuesta, en paralelo con las prohibiciones, a poner orden en el transporte de sustancias líquidas y proponer soluciones para el suministro gratuito de agua potable y de bolsas protectoras ecológicas?

El pasado 6 de noviembre de 2006 entró en vigor el Reglamento (CE) n° 1546/2006 que modifica el Reglamento (CE) n° 622/2003 en materia de seguridad aérea cuyo anexo impone directamente a los ciudadanos una serie de medidas restrictivas sobre los líquidos que están autorizados a llevar los pasajeros en sus equipajes de mano. El carácter secreto de dicho anexo hace imposible cualquier revisión judicial de la aplicación de esta norma europea por las autoridades ¿Que opinión le merece a la Comisión la imposición por parte de ella misma de obligaciones a los ciudadanos europeos mediante normas secretas? ¿Considera la Comisión europea que garantiza debidamente los derechos fundamentales cuando aprueba normas secretas obligatorias de eficacia directa cuya aplicación queda fuera de toda posible revisión judicial?

(EN) La Comisión, que ya ha tenido en repetidas ocasiones la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión en el Pleno, destaca una vez más que la propia Comisión, los Estados miembros y el Parlamento comparten la opinión de que los explosivos líquidos de factura artesanal representan una verdadera amenaza para la aviación civil.

Por lo que se refiere a la pregunta del diputado Guardans Cambó, el Reglamento sobre la restricción del transporte de líquidos tiene, en efecto, un anexo clasificado en la categoría «EU RESTRINGIDO» que, por consiguiente, no está publicado en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento marco n° 2320 adoptado por el Parlamento y el Consejo en el año 2002. Los destinatarios directos de dicho Reglamento no son los ciudadanos, sino las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros.

Ahora bien, los pasajeros han de estar informados sobre los productos sujetos a prohibición. Dicha información se hace pública en los aeropuertos comunitarios, en los que se precisa a los pasajeros la normativa sobre el transporte de líquidos, así como en los sitios web de las compañías aéreas. Hay que reconocer que las compañías aéreas y los aeropuertos comunitarios parecen estar cumpliendo su compromiso de información pública y que toda la información necesaria es de dominio público.

Por otra parte, las principales asociaciones representativas de los intereses de los aeropuertos, las compañías aéreas y los comercios ubicados en los aeropuertos han confirmado, en general, que la Comisión contó con su participación en la fase de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1546/2006. Las medidas que contempla este Reglamento fueron aprobadas por los Estados miembros y por el Parlamento con arreglo a los procedimientos en vigor. No se adoptaron en secreto y, como en cualquier otro caso, existe la posibilidad de revisarlos de acuerdo con los procedimientos legales.

En cuanto a la pregunta del diputado Panayotopoulos-Cassiotou, la Comisión es plenamente consciente de las cuestiones que plantea. A cualquier pasajero le resulta desagradable que le incauten alguna pertenencia, sea cual sea su valor. Es, en efecto, deseable que se suministre agua potable de forma gratuita, y son encomiables las preocupaciones por los efectos que las bolsas de plástico pueden tener en el medio ambiente.

Por lo general, al menos en los vuelos de larga distancia, las compañías aéreas ponen refrescos no alcohólicos a libre disposición de los pasajeros para prevenir la deshidratación. La legislación comunitaria no regula los precios que practican los comercios ubicados en los aeropuertos. No obstante, la Comisión tiene muy en cuenta esta cuestión y alienta a los aeropuertos y a las compañías aéreas a que adopten todas las medidas oportunas para garantizar que el agua potable se encuentre disponible de forma gratuita, a bajo precio o a precios del mercado, y que se informe a los pasajeros de todas las posibles fuentes de suministro de agua gratuita.

Por último, la Comisión confirma al Parlamento que el respeto de los derechos de los pasajeros es una piedra angular de nuestra legislación en el ámbito de la seguridad de la aviación civil. Ahora bien, tampoco puede olvidarse que es un derecho fundamental viajar con seguridad y, en la medida de lo posible, sin la amenaza de ser víctima de un atentado terrorista.

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2005, la Comunidad debe orientar su actuación en el ámbito del transporte aéreo para garantizar, como prioridad, un alto nivel de protección de los pasajeros frente a los riesgos de seguridad.

En el actual marco de normas sobre seguridad aérea, adoptadas en el 2006, y teniendo en cuenta, por un lado, los importantes retos de seguridad que Europa debe abordar en la era de la globalización –y que afectan cuestiones como el terrorismo internacional y la delincuencia organizada a escala planetaria– y, por otro, que desde 1993 toda persona que ostenta la nacionalidad de un Estado miembro tiene derecho a circular y residir libremente en la Unión Europea, ¿no cree la Comisión que se debería garantizar un planteamiento coherente en toda la Unión y evitar la situación que se deriva de la existencia de una profusión de normas adoptadas en los respectivos Estados miembros? ¿No cree la Comisión que es incoherente e ineficaz para la seguridad que en cada aeropuerto se aplique la normativa de una manera distinta y que incluso los pasajeros en tránsito aéreo deban someterse en algunos aeropuertos a diferentes tipos de control?

¿Cuál cree que debería ser el papel de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para establecer un enfoque eficaz y coherente con vistas al refuerzo de la seguridad aérea en la Comunidad sin obstaculizar la libre circulación de los pasajeros?

(FR) La Comisión coincide con su Señoría en que es necesario contar con normas armonizadas en materia de seguridad de la aviación en toda la Unión Europea. Desde hace casi cinco años, desde la adopción del Reglamento (CE) nº 2320/2002⁽¹⁾, se aplican normas comunes en el ámbito de la seguridad de la aviación civil. Además, con arreglo a este Reglamento, la Comisión lleva a cabo inspecciones de los aeropuertos comunitarios con el fin de velar por la aplicación correcta y uniforme de estas normas comunes en toda la Comunidad.

Las actuales diferencias en el nivel de seguridad son resultado de la aplicación de medidas más estrictas por parte de los Estados miembros. Estas medidas pueden consistir en que los pasajeros cuyo viaje haya comenzado dentro de la Comunidad sean objeto de un nuevo control al cambiar de vuelo hacia otro aeropuerto comunitario, a pesar de que la legislación no lo exige. Sin embargo, cabe señalar que todos los pasajeros en tránsito en aeropuertos comunitarios que hayan llegado en vuelos procedentes de fuera del Espacio Económico Europeo son sometidos a un nuevo control, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento nº 2320/2002.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) fue creada mediante el Reglamento nº 1592/2002⁽²⁾, que entró en vigor en septiembre de 2002, y tiene la finalidad de promover un nivel alto y uniforme de seguridad y protección del medio ambiente en el ámbito de la aviación civil y no interviene en temas de seguridad. Esta Agencia pone a disposición de la Comisión todos los conocimientos técnicos que esta última requiere y le presta asistencia, entre otras cosas, para llevar a cabo sus tareas legislativas y de regulación. Asimismo aplica un sistema para el seguimiento de la aplicación de la legislación comunitaria, evaluando sus efectos y presentando propuestas útiles en la materia. En este contexto, la AESA desempeña un papel en la aplicación del Reglamento 2111/2005, pues transmite a la Comisión información importante para actualizar la lista comunitaria de compañías aéreas sometidas a prohibiciones y para difundir esta lista entre el público.

La Comisión presentó en el mes de noviembre de 2005 una propuesta de reglamento para ampliar sus competencias a las operaciones de vuelo y las licencias de los pilotos. La Comisión confía en que el Parlamento y el Consejo adopten esta propuesta en los próximos meses. Además, con el fin de promover un planteamiento plenamente integrado en materia de seguridad aérea en Europa, la Comisión ya está realizando preparativos para extender el cometido de la AESA al ámbito de la seguridad de las operaciones en los aeropuertos y el tráfico aéreo.

En estos momentos no tiene previsto ampliar las competencias de la AESA de la seguridad aérea a la protección de la aviación, es decir, a la prevención de actos ilegales en el ámbito de la aviación.

En la respuesta escrita a la pregunta parlamentaria (H-1020/05) de Sophie In't Veld (diputada al Parlamento Europeo) de diciembre de 2005, la Comisión describía las actividades del Grupo de Comisarios sobre derechos humanos, antidiscriminación e igualdad de oportunidades desde su comienzo. ¿Puede la Comisión actualizar esta información describiendo las principales actividades del Grupo en 2006?

Respecto al papel de la Comisión con arreglo al artículo 7 del TUE, la Comisión declaró que «tiene la intención de ejercer plenamente dichas competencias y con plena conciencia de su responsabilidad. [...] No obstante, si surgiera un caso que requiriese una evaluación política de la Comisión en virtud del artículo 7 del Tratado UE, no se excluye la posibilidad de que este Grupo pueda contribuir a la elaboración de esa evaluación a través de sus debates.»

¿Ha procedido el Grupo de Comisarios sobre derechos fundamentales a efectuar una evaluación política o jurídica con arreglo al artículo 7 sobre la cuestión de las «entregas extraordinarias» de la CIA, especialmente a la luz de las conclusiones del informe de la comisión temporal del Parlamento Europeo y en particular el apartado 228? En caso negativo, ¿qué medidas tienen intención de adoptar el Grupo y la Comisión en su conjunto sobre este asunto?

(EN) En 2006, el Grupo siguió desempeñando un papel destacado en la elaboración de las iniciativas políticas de la Comisión destinadas a promocionar activamente los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, tomando en consideración las competencias comunitarias y el principio de subsidiariedad.

En particular, el Grupo contribuyó en 2006 a ultimar la Comunicación sobre los derechos del niño y el Libro Verde sobre protección diplomática y consular antes de su adopción por la Comisión, intervino en los trabajos en curso para la organización del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades durante todo 2007 y promovió el diálogo entre las culturas –que incluye temas relacionados con las diferentes creencias– en el marco de los preparativos del Año Europeo del Diálogo Intercultural que tendrá lugar en 2008. El Grupo estudió la creación del Día Europeo contra la Pena de Muerte y puso en marcha los preparativos para el Día Europeo contra el Tráfico de Seres Humanos.

El Grupo planteó una serie de temas recurrentes, como la situación de las negociaciones institucionales para crear la Agencia de los Derechos Fundamentales y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, así como el estado del diálogo con el Consejo de Europa sobre la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo examinó la aplicación de la metodología destinada a velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales en las propuestas legislativas de la CE.

El Grupo hizo un seguimiento de la aplicación de las directivas en materia de no discriminación y pasó revista a las negociaciones que tienen lugar en las Naciones Unidas sobre la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las minorías, el racismo y la xenofobia figuraban igualmente entre las tareas del Grupo.

El Grupo celebró una reunión extraordinaria con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2006. Dicha reunión, en la que participaron diputadas y diputados al Parlamento, estuvo dedicada a la presentación y debate de los principales aspectos del Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010, que el Grupo elaboró y la Comisión adoptó el 1 de marzo de 2006. Asimismo, el Grupo examinó una serie de cuestiones de género, como los objetivos de la contratación y nombramiento de mujeres para ocupar puestos de dirección y otras plazas A*/AD dentro de la Comisión en 2006 o el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología.

Por lo que se refiere al supuesto empleo de países europeos por parte de la CIA para transportar y retener prisioneros, el Grupo ha realizado un estrecho seguimiento de los trabajos realizados por el Parlamento y el Consejo de Europa, y apoyó los argumentos de la Comisión en esta cuestión tan importante y delicada. Sin embargo, el Grupo no ha celebrado nuevas reuniones después de que el Parlamento adoptara en febrero de 2007 la resolución sobre el informe final de la comisión parlamentaria temporal. En este texto, la Comisión destaca con gran firmeza que es indispensable luchar de forma eficaz contra el terrorismo utilizando para ello todos los instrumentos legales disponibles y que todas las medidas antiterroristas deben respetar cueste lo que cueste los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. La Comisión ha prestado apoyo a los trabajos de la comisión parlamentaria temporal dentro del marco de sus competencias. Al igual que el Parlamento, la Comisión estima que es esencial que los Estados miembros interesados efectúen investigaciones y se felicita de que en algunos países se hayan puesto en marcha investigaciones judiciales o parlamentarias. La Comisión estudiará atentamente las peticiones de acción que formen parte de sus competencias, para lo cual llevará a cabo una amplia evaluación a la vista de los resultados de las distintas investigaciones nacionales.

¿Dispone la Comisión de estadísticas relativas a los efectos, dentro de la Unión Europea, de los aranceles a la importación de lámparas de incandescencia de elevada eficiencia energética procedentes de China, que se aplican desde 2002 y que llegan hasta el 66 %? En concreto, ¿sobre qué estimaciones está trabajando la Comisión para el futuro, en cuanto a posibles cantidades y precios de las importaciones de este artículo en la Unión Europea, para el caso de que se abandonen estos aranceles cuando se reexamine este asunto a finales del presente año?

(EN) Como su Señoría sabe, en julio de 2006 la Comisión inició una investigación para decidir si debe mantener durante otros cinco años las medidas antidumping impuestas a las importaciones de bombillas fluorescentes compactas originarias de la República Popular de China. La Comisión examina aún este caso y en estos momentos no puede sacar conclusión alguna respecto a su resultado final.

La finalidad de esta investigación es comprobar si aún existen distorsiones de la competencia que favorezcan las exportaciones procedentes de China o si estas pueden repetirse en el futuro en caso de que se levanten las medidas antidumping. A este respecto debe tenerse en cuenta que la finalidad de las medidas antidumping no es prohibir las importaciones ni obstaculizar el abastecimiento del mercado comunitario, sino restablecer condiciones de competencia leal en dicho mercado.

Desde una perspectiva general y sin prejuzgar el resultado final de este asunto, las estadísticas disponibles muestran que las importaciones de bombillas fluorescentes compactas originarias de China se han triplicado en el periodo 2001-2006. Durante el mismo periodo, el consumo en la Comunidad se ha duplicado y, por lo tanto, la cuota del mercado chino es superior a la existente antes de imponer estas medidas.

De las estadísticas sobre las importaciones se desprende que las medidas vigentes no han restringido los intercambios comerciales de bombillas fluorescentes compactas, sino que más bien han garantizado que ahora se comercien a precios que deberían eliminar los efectos perjudiciales del dumping previamente observados.

No obstante, sería muy difícil ofrecer una estimación precisa sobre la forma en que evolucionará este mercado en el futuro.

En el curso de su cumbre extraordinaria en Dar es Salam los días 28 y 29 de marzo de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo del África Austral afirmaron su apoyo a Robert Mugabe y al Gobierno de Zimbabue y solicitaron el levantamiento de las sanciones actuales contra este país. La situación en que se encuentra Zimbabue, tanto en el plano político como en el económico, es simplemente dramática. Aproximadamente 2 500 paramilitares angoleños irán a combatir contra los opositores al régimen del Presidente Mugabe.

Todos los países de la Comunidad de Desarrollo del África Austral son partes del acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 2000, que, en el apartado 2 del artículo 9, proclama que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho inspiran las políticas internas e internacionales de las partes y constituyen «elementos esenciales» del Acuerdo.

¿Qué consecuencia tendrá esta señal totalmente inaceptable para el apoyo financiero y de otro tipo a estos países?

(EN) La Comisión considera que el resultado más importante de la Cumbre Extraordinaria de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC), celebrada en Dar es Salam los días 28 y 29 de marzo de 2007, fue que, por vez primera, los dirigentes de la región decidieron intervenir para resolver la crisis de Zimbabwe, para lo cual nombraron al Presidente sudafricano, señor Mbeki, mediador para este proceso.

La Comisión apoya plenamente las recientes Conclusiones del Consejo en las que se acoge favorablemente el mandato recibido por el Presidente Mbeki para facilitar el diálogo entre la oposición y el Gobierno, y la participación del Presidente Kikwete como presidente del órgano de la SADC, y está dispuesta a apoyar en todo momento la iniciativa de esta organización.

La Comisión cree que la iniciativa de la SADC es, en estos momentos, la mejor opción para superar la crisis de Zimbabwe.

Asimismo, esta iniciativa de la SADC ha sido bien acogida por algunas resoluciones que el Parlamento Europeo adoptó en el periodo parcial de sesiones de este mes.

En relación con la información del despliegue de 2 500 paramilitares angoleños en Zimbabwe, la Comisión tiene conocimiento de algunas informaciones en la prensa sobre ello, pero hasta ahora no se ha confirmado ni existen siquiera indicios de que haya sucedido o de que el Gobierno angoleño tenga intención de hacerlo. De hecho, la Embajada de Angola en Harare rechazó estas informaciones en una declaración de 21 de marzo, calificándolas de «completamente falsas», y señaló que la finalidad de la reciente visita del Ministro del Interior de la República de Angola a Harare era firmar acuerdos de interés para ambos países, como el relativo al intercambio de conocimientos y experiencias, y no para reforzar el poder policial de Zimbabwe.

La Comisión no considera que la declaración de la SADC de 29 de marzo constituya de modo alguno una violación de los artículos del Acuerdo de Cotonú a los que se refiere su Señoría.

Por lo tanto, la Comisión no tiene la intención de revisar la asistencia que presta a estos países o a esta región.

Según publica la revista alemana Focus, basándose en datos de la Universidad de Hamburgo, un barco de crucero de 50 000 toneladas emite en la atmósfera, por cada hora en que funcionan sus motores, una cantidad de partículas en suspensión equivalente a la emitida por 50 000 automóviles circulando a una velocidad de 130 kilómetros por hora, una cantidad de dióxido de nitrógeno correspondiente a 45 000 automóviles y una cantidad de dióxido de carbono similar a las de 7 000 automóviles. La mayoría de los barcos de crucero permanecen en los distintos puertos de visita con los motores encendidos durante uno o dos días. Esta deplorable situación se ve aún más agravada por otros barcos de pasajeros y buques de carga.

En bastantes destinos turísticos, principalmente en los EE.UU., las autoridades han puesto en marcha instalaciones costeras de suministro de electricidad para las necesidades de los buques. En este contexto, ¿puede indicar la Comisión Europea cómo se plantea hacer frente a este problema y si piensa hacer obligatorias las instalaciones de suministro de electricidad en los lugares de turismo de masas o en las zonas costeras con graves problemas ambientales?

(EN) La Comisión des consciente del problema que representa la gran contaminación atmosférica que provocan los buques de navegación marítima en los puertos. No solo los cruceros y barcos de pasajeros, sino también los buques cargueros, como los buques cisterna y los portacontenedores. Es por ello que la Comisión Europea busca soluciones tanto para los buques de pasajeros como los de carga.

La Comisión ha publicado una recomendación sobre el fomento del uso de electricidad en puerto⁽¹⁾, que es la solución que propone su Señoría en su pregunta. En ella recomienda a los Estados miembros que estudien la posibilidad de instalar electricidad en puerto para que la utilicen los buques atracados en ellos, en particular en aquellos puertos en que se superan los límites de calidad del aire o en los que el nivel del ruido, sobre todo de los buques atracados cerca de zonas residenciales, constituya un problema para el público. Asimismo pide a los Estados miembros que estudien incentivos financieros para promover estas instalaciones y para adoptar medidas para la armonización de las instalaciones de electricidad en puerto. Sin embargo, las ventajas para el medio ambiente y la relación entre coste y eficacia deben evaluarse en cada caso. Compete en primer lugar al Estado miembro o a sus autoridades locales decidir en cada caso si esta opción resulta eficaz, teniendo en cuenta la situación de la calidad del aire en la localidad. Esta situación varía entre un puerto y otro. Por ello no se considera adecuado adoptar una legislación europea que obligue a la construcción de estas instalaciones.

Una medida ya adoptada es la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo⁽²⁾. Esta Directiva exige que, a partir de 2010, los buques en puerto usen combustibles con un contenido de azufre inferior al 0,1 %, y contribuirá a reducir la contaminación atmosférica en los puertos a partir de ese año.

A nivel internacional (en el marco de la Organización Marítima Internacional –OMI), las negociaciones para reducir la contaminación atmosférica causada por los buques de navegación marítima, incluyendo los buques de crucero y de pasajeros, se encuentran actualmente en una fase decisiva. El objetivo es reducir la contaminación atmosférica en su origen mediante la mejora de la tecnología de los motores, la reducción de emisiones y/o la mejora de la calidad del combustible. La Comisión tiene por objetivo una amplia reducción de la contaminación atmosférica que provocan los buques. De no ser posible o de no ser posible en un plazo razonable, la Comisión estudiará la posibilidad de presentar una propuesta para imponer normas más estrictas de acuerdo con las disposiciones de las Estrategias Temáticas para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima de 21 de noviembre de 2002⁽³⁾ y sobre la contaminación atmosférica de 21 de septiembre de 2005⁽⁴⁾ y las conclusiones resultantes de estas estrategias que adopten el Consejo y el Parlamento.

El 6 de febrero de 2007 formulé a la Comisaria Fischer-Boel una pregunta escrita (E-0662/07) relativa a la reforma del mercado de frutas y hortalizas, y en particular a las soluciones propuestas para los nuevos Estados miembros. En su respuesta del 23 de marzo de 2007 la Comisaria sostuvo que en aquellas regiones de la Unión en que el grado de organización de los productores es particularmente bajo, puede autorizarse a los Estados miembros a que, en determinadas condiciones, concedan a las organizaciones de productores ayudas financieras nacionales. En Polonia, el problema del escaso interés en constituir agrupaciones de productores obedece al hecho de que estas agrupaciones están sujetas al impuesto de sociedades, y sus haberes al impuesto sobre el patrimonio, mientras que por el contrario los agricultores individuales únicamente están sometidos al llamado impuesto agrícola, que supone una carga financiera sensiblemente menor.

¿Podría reconocer la Comisión Europea a las organizaciones de productores exenciones temporales de los impuestos de sociedades y patrimonio, considerándolas como ayudas financieras nacionales y sin cuestionarlas?

(EN) En la propuesta de la Comisión para la reforma del régimen de las frutas y hortalizas, adoptada el 24 de enero de 2007, se recoge una serie de medidas concretas destinadas a aumentar la concentración de la oferta a través de las organizaciones de productores (OP) y grupos de productores (GP) de los Estados miembros que se adhirieron a la Comunidad a partir del 1 de mayo de 2004. Entre estas medidas concretas podría autorizarse una ayuda financiera nacional equivalente como máximo a la mitad de la contribución financiera de los productores en determinadas condiciones, en aquellas regiones de la Unión Europea en las que existe un bajo grado de organización entre los productores. Esta ayuda se añadirá a las del fondo operativo.

Según la información con que cuenta la Comisión, con arreglo a la política tributaria polaca, únicamente las actividades agrícolas están exentas de los impuestos sobre la renta, es decir, del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto sobre la renta de las empresas (IRE). Las actividades que desarrollan normalmente las OP y GP, es decir, la preparación de productos (limpieza, secado, recorte, corte, embalaje) no son consideradas actividades agrícolas primarias y, por lo tanto, están sujetas a los impuestos sobre la renta, incluso si son realizadas por los propios agricultores.

Cabe destacar que las ventajas derivadas de las ayudas comunitarias y nacionales previstas en los Reglamentos vigentes pueden superar claramente el coste de los impuestos obligatorios en Polonia, aunque como se menciona en el segundo párrafo, la Comisión no está convencida de que la pertenencia a una OP represente un coste adicional para los productores. Por lo tanto, no puede considerarse que la política tributaria polaca sea un elemento de disuasión para que los agricultores se organicen.

Las ayudas nacionales que propone la Comisión implican una transferencia de recursos del presupuesto nacional y son complementarias del fondo operativo. La Comisión no tiene la intención de conceder a los Estados miembros otras posibilidades para prestar esta asistencia, ya que con ello se complicaría el sistema. Si las ayudas nacionales se canalizaran por otras vías que la transferencia financiera, sería difícil garantizar que sean complementarias a los fondos operativos y equivalente como máximo a la mitad de las contribuciones financieras de los productores a dichos fondos.

En cualquier caso, la propuesta está siendo examinada por el Parlamento y el Consejo. Tras su adopción por parte del Consejo se redactarán las correspondientes modalidades de aplicación. A continuación se estudiarán las modalidades de aplicación relativas al porcentaje y los detalles de la ayuda nacional complementaria, y la Comisión tomará en consideración todas las propuestas que le presenten los Estados miembros, incluyendo esta.

Por último, la Comisión desea agregar que el ámbito de la tributación directa ha sido objeto de una armonización sumamente limitada dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, los Estados miembros están facultados para determinar su propia legislación tributaria, siempre que esta se mantenga dentro del marco de lo dispuesto en el Tratado CE.

La Comisión agradecería a su Señoría que le facilitase cualquier información y pruebas adicionales.

¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de adoptar medidas adicionales para ayudar a las zonas que han perdido enlaces de transporte fundamentales o que están en peligro de perderlos? Por ejemplo, si una aerolínea de bajo coste se retira de un aeropuerto regional o si Eurostar suprime su parada en Ashford (Kent), la recuperación y crecimiento que se ha generado evolucionará inmediatamente en sentido inverso. ¿Que ayuda, en opinión de la Comisión, sería la adecuada en este ámbito?

(EN) Los cambios estructurales son algo inherente al desarrollo de las economías regionales y tienen lugar en muchos sectores de actividad, entre ellos el transporte. La Comisión Europea ayuda a las regiones, a través de su Política de Cohesión, a diseñar y aplicar políticas que permitan a las autoridades regionales, empresas y trabajadores prever estos cambios, adaptarse con más rapidez a ellos y aprovechar plenamente las nuevas oportunidades. Estas políticas son el resultado de estrategias basadas en los puntos fuertes y débiles de cada región, y en su definición participan todas las partes interesadas de la localidad e intervienen todos los conocimientos y experiencias pertinentes.

La Comisión está ultimando las negociaciones con el Reino Unido sobre su estrategia para la política de cohesión para el periodo 2007-2013, es decir, el Marco Estratégico Nacional de Referencia. Si bien esta estrategia no hace referencia concretamente al sector del transporte, se basa en la necesidad de promover la competitividad sostenible de las regiones y su capacidad para ajustarse a los cambios estructurales y aprovecharlos. La estrategia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en las regiones beneficiarias del programa regional de competitividad y empleo se basa en cuatro prioridades: 1) promover la innovación y la transferencia de conocimientos, 2) estimular a las empresas y apoyar a las empresas de éxito, 3) garantizar el desarrollo, la producción y el consumo sostenibles, y 4) constituir comunidades sostenibles. La estrategia del Fondo Social Europeo (FSE) se basa en dos prioridades: 1) suprimir los obstáculos al empleo, y 2) mejorar las cualificaciones de la mano de obra local.

En el caso concreto del Sureste de Inglaterra, la Comisión espera recibir el Programa Operativo Regional de competitividad y empleo del FEDER a finales de junio o principios de julio, por lo que en estos momentos no puede hacer comentarios sobre las prioridades que contendrá dicho programa. En vista de los fondos disponibles para este programa (coste total de 48 millones de euros, con una contribución de 24 millones del FEDER) no se prevé que contenga acciones concretas para el sector del transporte. Se espera, no obstante, que se concentre en la promoción de la innovación y del espíritu de empresa, elementos que son indispensables para el desarrollo económico sostenible del Sureste. La zona de Ashford podrá recibir subvenciones de estos programas y, por ende, tendrá acceso directo a las ayudas de la política de cohesión. La aplicación del programa, una vez adoptado por la Comisión, correrá a cargo de la Agencia de Desarrollo Regional (Regional Development Agency - RDA) para el Sureste de Inglaterra.

Para los créditos del FES existe un Programa Operativo de Convergencia y Competitividad y Empleo Regional que abarca la totalidad de Inglaterra. Se han asignado fondos del FSE a cada región dentro del importe total del programa (2 893 millones de euros en total para el programa regional de competitividad y empleo, de los cuales 229 millones se destinarán al Sureste). El Programa Operativo del FSE que ha sido presentado a la Comisión recoge dos prioridades: 1) Ampliar las oportunidades de empleo, y 2) Desarrollar una mano de obra cualificada y adaptable. Sus intervenciones se concentrarán en la lucha contra el desempleo y la inactividad por medio de la asistencia a personas carentes de cualificaciones o con cualificaciones de bajo nivel.

La Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia se reunió los días 11 y 12 de abril en Moscú. Durante está reunión, celebrada en el Parlamento ruso, el Sr. Kosachov, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, abordó la cuestión relativa a una posible adhesión de Rusia a la UE e hizo hincapié en que, hoy por hoy, se trata de una cuestión hipotética, ya que el Gobierno ruso todavía no se ha pronunciado al respecto. Señaló, no obstante, que, para que Rusia pueda comenzar a debatir esta cuestión, es necesario que se clarifique si Rusia, en algún momento (dentro de varios decenios o en un plazo más largo), puede contar con convertirse en miembro de la UE en caso de que se adopte una decisión en este sentido y cumpla todos los criterios para la adhesión a la UE.

¿Cuál es la posición de la Comisión en el contexto de estas declaraciones del Sr. Kosachov, quien ha hecho hincapié en que, a diferencia de la mayoría de sus colegas de la Duma, es partidario de que Rusia emprenda la senda europea?

(EN) La Federación Rusa es un socio estratégico para la Unión Europea. Rusia es el mayor de los vecinos de la UE, cuyas fronteras se encuentran ahora más cerca tras las ampliaciones de 2004 y 2007. Rusia y la UE son interdependientes en muchos aspectos: la UE es con mucho el principal mercado de Rusia, y Rusia es el mayor proveedor de energía de la UE. Ninguna de las cuestiones importantes de política exterior en Europa puede resolverse a menos que encontremos un acuerdo común. Y seguiremos dependiendo una de la otra durante muchos años.

Una de las prioridades clave de la Unión Europea es constituir una asociación estratégica sólida con Rusia basada en fundamentos firmes de respeto mutuo.

La Federación Rusa no ha solicitado su adhesión a la UE. Algunos dirigentes políticos rusos han manifestado su escepticismo respecto a si Rusia debe alguna vez solicitar su adhesión. Así pues, esta cuestión no se plantea.

La Comisión pretende reforzar la asociación estratégica con Rusia a través, entre otras cosas, de la aplicación de los Cuatro Espacios Comunes acordados en el mes de mayo de 2005. La Comisión se ha comprometido a celebrar con Rusia un nuevo y amplio acuerdo para reemplazar el Acuerdo de asociación y cooperación de 1997 y, por lo tanto, a proseguir con la integración de Rusia en una Europa común sobre la base del respeto de los valores que defienden ambas partes y sus intereses mutuos.

¿Puede indicar la Comisión Europea cómo va a aplicarse el nuevo programa Atlantis, de cuánta financiación se dispone para su ejecución y cuántas universidades e instituciones de enseñanza superior participarán en dicho régimen, a fin de que pueda instaurarse una mayor cantidad de programas educativos transatlánticos UE-EE.UU.?

(EN) Por medio del programa Atlantis de la UE y los Estados Unidos se aplica el Acuerdo sobre la renovación del programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales entre la CE y los Estados Unidos, firmado el 21 de junio de 2006 y que el Consejo adoptó el 4 de diciembre de 2006⁽¹⁾. El programa Atlantis ha sido diseñado y es gestionado y financiado conjuntamente por la Comisión Europea y por el Fondo para la Mejora de la Enseñanza Superior (Fund for the Improvement of Post Secondary Education - FIPSE) del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

La Comisión y el FIPSE seleccionan los proyectos de consorcios formados por instituciones de la UE y los Estados Unidos por medio de convocatorias de propuestas. Las siguientes acciones son financiadas por el programa Atlantis:

Acción de Títulos Transatlánticos: que presta asistencia a asociaciones multilaterales de instituciones de la UE y los Estados Unidos con el fin de crear programas de estudios conjuntos –que incluyen títulos conjuntos o dobles– y la movilidad transatlántica de estudiantes y profesorado.

Proyectos de Excelencia de Movilidad: que ofrecen ayudas financieras para que los estudiantes se integren en consorcios que hayan demostrado excelencia en la cooperación transatlántica;

Medidas orientadas a la adopción de políticas: estudios comparativos en materia de enseñanza superior y formación profesional, y promoción del diálogo sobre el reconocimiento de cualificaciones y acreditaciones;

La Comisión tiene previsto asignar un total de 43 millones de euros a las instituciones comunitarias que participan en el programa Atlantis durante el periodo 2006-2013. El presupuesto anual aumentará progresivamente de 3,6 millones de euros en 2006 a 7 millones en 2013.

El programa se lleva a cabo en principio mediante fondos equivalentes de la parte europea y la parte norteamericana.

Está previsto que el programa Atlantis conceda ayudas cada año a unos 45 establecimientos europeos de enseñanza superior y a 200 estudiantes de la UE. Un número equivalente de establecimientos estadounidenses deberán recibir estas ayudas.

El mes pasado, el Gobierno brasileño anunció que está reforzando una serie de controles para detener la propagación de la fiebre aftosa en el país y garantizar la seguridad y calidad de las exportaciones de carne de vacuno a destinación de la Unión Europea.

¿Puede decir la Comisión si considera satisfactorias las garantías que ofrece el Gobierno brasileño respecto de la calidad de la carne de vacuno exportada actualmente a la Unión Europea? ¿A qué nivel han tenido lugar los contactos entre la Unión Europea y el Gobierno de Brasil sobre este asunto? ¿Puede decir asimismo la Comisión si los inspectores del sector alimentario y veterinario de la Unión Europea se han desplazado recientemente a Brasil para llevar a cabo sobre el terreno los controles pertinentes?

(EN) La Comisión se mantiene en estrecho contacto con las autoridades brasileñas y sigue muy de cerca esta situación.

Hace poco, la Comisión efectuó una inspección en Brasil para determinar si las normas veterinarias y de salud pública que deben cumplir las exportaciones de carne de vacuno cumplen las normas comunitarias. Esta inspección tuvo lugar en marzo de 2007 y el informe final se publicará en el sitio web de la Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores (DG SANCO), de conformidad con los procedimientos habituales.

Tras la inspección, la Comisión ha escrito a las autoridades brasileñas para comunicarles que es necesario que prosigan con sus esfuerzos para mejorar las medidas de control de la fiebre aftosa.

La Comisión acogió favorablemente el anuncio hecho por las autoridades brasileñas en el sentido que intensificarán sus controles de la fiebre aftosa y para rastrear el ganado y la carne de vacuno.

Sin embargo, la Comisión indicó igualmente a las autoridades brasileñas que no se han resuelto algunas diferencias y les comunicó que se verá obligada a reconsiderar la autorización de la importación de carne de vacuno procedente de Brasil si las autoridades competentes no facilitan a la Comisión antes de que finalice el año pruebas comprobables de la corrección de todas las deficiencias pendientes.

La Comisión continuará siguiendo muy de cerca la situación.

¿Puede indicar la Comisión Europea si apoya la creación de una estructura centralizada para asesorar a las PYME, las empresas de la UE, los centros de enseñanza superior y las autoridades locales en Europa, sobre cómo atraer parte de los 5 500 millones de euros disponibles en forma de becas IDT de la UE desde ahora hasta 2013?

(EN) La Comisión ya presta asistencia a una amplia red de Puntos Nacionales de Contacto en todos los Estados miembros, así como en a los países asociados al Séptimo Programa marco, lo que arroja un total de 37 países. La red de PNC se extiende igualmente a otros países extracomunitarios situados en todos los continentes, y abarca hasta ahora a 33 países más. El sistema de los PNC está abierto a todos los participantes en el Programa marco y la Comisión financia las actividades transnacionales y organiza cursos de formación para los PNC.

La Comisión cree que un sistema descentralizado como este resulta más eficiente que uno centralizado, ya que este último sería de difícil acceso, por ejemplo, para las PYME. Los PNC pueden asesorar y prestar ayuda en diversos aspectos, como la solicitud de subvenciones o la búsqueda de socios. Además, los sistemas de los PNC en los distintos países son muy variados, lo que refleja las diferentes estructuras nacionales y regionales de investigación e innovación.

Existe un Servicio de Consultas, que presta el Centro de Contacto EUROPE DIRECT, al que se pueden formular preguntas sobre cualquier aspecto de la investigación europea en general y del Programa marco de investigación de la UE en particular por medio de un formulario de solicitud en Internet (http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries) .

Cada consulta se introduce en una base de datos a fin de que se pueda dar una respuesta lo antes posible y a continuación se transmite al departamento correspondiente para que la estudien los expertos.

Además, la Comisión ha publicado una convocatoria en el marco del Programa de competitividad e innovación (PCI) para crear un «Servicio para las empresas y la innovación».

El objetivo de esta convocatoria es crear una red única que preste servicios integrados a las empresas y para la innovación en Europa, basados en los logros y realizaciones de los actuales Centros Euro Info y los Centros de Enlace para la Innovación. Con arreglo a esta convocatoria, la nueva red deberá cumplir los requisitos contemplados en la letra c) del apartado 2 del artículo 21 de la Decisión relativa al PCI mediante la prestación de servicios complementarios, sobre todo a nivel regional, a los servicios que prestan a los PNC con el fin de promover la participación de las PYME en el Séptimo Programa marco. La red única del PCI tendrá alrededor de 600 puntos de información y en ella trabajarán entre 200 y 2 500 personas en toda la UE. Comenzará a funcionar en enero de 2008 y prestará servicios a las empresas, en particular a las PYME.

Por último, la Comisión financia igualmente el «Proyecto Helpdesk de los Derechos de Propiedad Intelectual» (http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/principal?seccion=principal&len=en) que ofrece asesoramiento gratuito sobre derechos de propiedad intelectual, incluso los relacionados con el Séptimo Programa marco.

Lamentablemente, en su respuesta a mi pregunta E-1269/07 la Comisaria Hübner no contesta a mi pregunta de cómo es posible que la empresa ELANET (en la que ella misma admite que la Federación Griega de la Industria (SEV) tiene una participación) haya intervenido en la aprobación de 299 de las 300 solicitudes presentadas al Ministerio de Hacienda, tal como ha señalado la prensa griega (por ejemplo, el diario Ethnos de 13 de diciembre de 2006). Así pues me veo obligado, como ya mencionaba en la pregunta anterior, a presentar este tema al Pleno del Parlamento Europeo con la esperanza de recibir una respuesta completa de la (entre otras cosas simpática) Comisaria Hübner: ¿Es compatible con la legislación comunitaria y con las normas que rigen a aplicación del Tercer MCA y las restantes iniciativas comunitarias que las propuestas sean aprobadas por representantes de quienes las proponen? ¿Qué opina la Comisión de que ELANET haya aprobado 299 de las 300 propuestas presentadas?

(EN) En relación con la compatibilidad con las normas comunitarias de la participación de «ΕΛΑΝΕΤ» (ELANET) en el examen de las solicitudes de algunas ayudas públicas cofinanciadas y el procedimiento para el examen de dichas solicitudes, la Comisión ya explicó en su respuesta a las preguntas escritas E-5710/06 y E-1269/07 de su Señoría, que las sociedades del sector privado pueden participar en la ejecución de operaciones cofinanciadas, en particular en las medidas de ayudas públicas. De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 de 21 de junio de 1999⁽¹⁾ (que es el Reglamento general aplicable a los Fondos estructurales durante el periodo 2000-2006), a los efectos de los Fondos estructurales, por beneficiarios finales se entienden «los organismos y las empresas públicas o privadas responsables de encargar las operaciones; en el caso de los regímenes de ayudas a efectos del artículo 87 del Tratado y en el de las ayudas concedidas por organismos designados por los Estados miembros, los beneficiarios finales son los organismos que conceden las ayudas».

Su Señoría pide a la Comisión que valore el gran número de proyectos aprobados por ELANET. Como ya se explica en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1269/07, la gestión de los Fondos estructurales, como la evaluación, selección, ejecución y auditoría de los distintos proyectos, es responsabilidad en primer lugar de los Estados miembros de acuerdo con el principio de subsidiariedad. La Comisión interviene en aquellos casos en que los informes de auditoría u otros documentos indiquen la existencia de irregularidades en el proceso de gestión que no hayan sido resueltas de manera satisfactoria por las autoridades nacionales.

Pese a que la Comisión Europea ha prohibido la caza de aves durante la temporada en la que numerosas especies de aves se desplazan desde o con destino a África, y pese a las numerosas protestas de las organizaciones protectoras de animales, el Gobierno de Malta ha permitido de nuevo este año que al principio de la primavera se cace y dispare contra varias especies de aves protegidas. Esta actitud constituye una violación flagrante de la Directiva de las aves, especialmente por lo que respecta a la protección de varias especies raras de aves. La Comisión Europea ya inició en 2004 un procedimiento contra Malta ante el Tribunal de Justicia, al parecer sin resultado alguno.

¿Qué opina la Comisión al respecto? ¿Se propone adoptar nuevas sanciones contra esta violación grave y reiterada de la legislación comunitaria por parte de un Estado miembro?

(EN) Con arreglo a la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, la caza de las aves migratorias que figuran en la lista del Anexo II de dicha Directiva no está permitida durante el retorno a sus lugares de cría. El artículo 9 de esta Directiva contempla la posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones, pero tan solo en circunstancias extraordinarias, y únicamente si se cumplen los estrictos criterios previstos en este artículo. Lo importante es que las excepciones solo son posibles cuando no existe otra solución satisfactoria.

En 2004, el Gobierno de Malta decidió aplicar esta excepción a la caza de codornices y tórtolas durante la migración de primavera. Sin embargo, la información que enviaron las autoridades maltesas a la Comisión fue insuficiente para demostrar que las excepciones concedidas cumplían las obligaciones contempladas en la Directiva. En particular, las autoridades maltesas no demostraron que no hubiese otra solución satisfactoria y que la caza de primavera tuviera lugar en condiciones de estricta supervisión. Es por ello que la Comisión llegó a la conclusión de que la excepción concedida en 2004 infringe los artículos 7 y 9 de la Directiva relativa a la protección de las aves. En julio de 2006 se inició un procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE.

Este procedimiento de infracción se refiere únicamente a la excepción concedida en 2004. Sin embargo, la Comisión tiene conocimiento de que se permitió la caza en primavera en años posteriores. La Comisión considera que el hecho de que la caza de primavera haya continuado durante todos estos años sin la debida justificación constituye un caso de mala aplicación de la Directiva. De este modo, la Comisión decidió en marzo de 2007 enviar una carta complementaria de notificación formal por la que se amplía el ámbito de la infracción y se hace referencia a la práctica generalizada de las autoridades maltesas durante todos estos años. Cabe subrayar que la Comisión concedió a Malta la oportunidad de presentar sus observaciones en la materia en un plazo de un mes, es decir, en un plazo reducido.

En su respuesta a las cartas remitidas por la Comisión, las autoridades maltesas afirman que las excepciones concedidas cumplen los criterios previstos en el artículo 9 de la Directiva relativa a la protección de las aves. La Comisión está analizando la información que ha recibido. Si se demuestra que Malta no ha cumplido plenamente esta Directiva, la Comisión no dudará en proseguir con el procedimiento de infracción hasta su conclusión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 226 del Tratado CE.

Las autoridades maltesas anunciaron el 10 de mayo de 2007 que la legislación por la que se permite la caza de primavera de codornices y tórtolas en 2007 quedaría derogada a partir de esa fecha. La caza de primavera había comenzado el 10 de abril de 2007 y debía terminar el 20 de mayo de 2007. La Comisión acoge con satisfacción la propuesta de las autoridades maltesas de suspender la caza de primavera antes de lo previsto. La Comisión espera que dicha medida de las autoridades maltesas indique que reconocen sus obligaciones en el marco de la legislación comunitaria y que no se permitirá la caza de primavera en el futuro a fin de poder cerrar el procedimiento por la infracción de la Directiva relativa a la protección de las aves en relación con la caza de primavera.

Pain in Europe, un estudio realizado sobre 46 000 personas de toda Europa, ha revelado que, pese a la disponibilidad de tratamientos avanzados, casi un adulto europeo de cada cinco sufre de dolor permanente. Según el citado estudio, las personas con dolor se sienten aisladas, están desesperadas y consideran que son una carga para su familia, amigos y colegas. Una de cada cinco ha perdido su empleo, a un número similar se le ha diagnosticado depresión a consecuencia del dolor y para una persona de cada seis el dolor es tan espantoso que lo único que desea es morir. El dolor crónico es una patología compleja cuyo tratamiento y gestión requieren un enfoque pluridisciplinar. En la actualidad, Alemania es el único Estado miembro que reconoce el dolor crónico como una enfermedad. ¿Por qué tardamos tanto en admitir que el dolor crónico es la enfermedad que evidentemente es? ¿Puede la Comisión iniciar acciones a nivel europeo para apoyar a los ciudadanos que padecen dolor crónico y garantizar que reciban los tratamientos adecuados?

(EN) La Comisión se felicita de que su Señoría mencione el tema del dolor crónico. Se trata de una cuestión seria que afecta a la vida diaria de un número considerable de ciudadanos europeos.

No obstante, es evidente que el reconocimiento del dolor crónico como enfermedad varía entre un Estado y otro. Esto significa que los ciudadanos de distintas partes de la Unión tienen un acceso distinto al tratamiento médico para este tipo de dolor.

La Comisión entiende la frustración que ello provoca, tanto entre los pacientes afectados como entre las personas que los tratan.

Sin embargo, la responsabilidad primordial de la organización y financiación de los servicios sanitarios y tratamientos médicos corresponde a los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión no puede imponer una única manera de tratar el dolor crónico a escala europea.

Sin embargo, puede promover una mejor comprensión y buenas prácticas mediante el intercambio de experiencias a nivel europeo y eso es lo que está haciendo.

En una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2006, la Comisión introdujo una serie de preguntas concretas sobre hasta qué punto el dolor limita la vida cotidiana, para valorar la magnitud de este problema. Y tiene previsto publicar los resultados en julio de 2007.

Asimismo ha financiado proyectos relacionados con este tema, como «Definición de mejores prácticas de atención paliativa» y «La importancia del dolor de cabeza en Europa».

En cuanto a este año, la Comisión ha incluido la «gestión del dolor» como uno de los temas de su convocatoria de propuestas de 2007 en el marco del programa de salud pública con el fin de seguir promoviendo la cooperación sobre estos temas, sobre todo a nivel europeo.

Estas acciones no modificarán la situación existente en los Estados miembros de un día para otro, pero la Comisión considera que este tipo de cooperación europea puede contribuir, con el tiempo, a comprender mejor el dolor crónico y a difundir buenas prácticas en el tratamiento del mismo en toda la Unión Europea.

Los lectores MP3 pueden producir hoy en día hasta 120 decibelios. Sin embargo, el Consejo Superior de la Salud, una comisión belga integrada por expertos científicos, recomienda un nivel máximo de 90 decibelios para los lectores MP3. Según este Consejo, los lectores MP3 perjudican más al oído que otros reproductores de música portátiles porque se utilizan más y durante períodos más largos. A partir de un volumen de 80 decibelios ya se pueden constatar daños, que pueden llevar a la aparición de zumbidos, trastornos del sueño y sordera.

¿Conoce la Comisión la recomendación del Consejo Superior de la Salud de Bélgica? ¿Tiene la Comisión la intención de presentar una iniciativa legislativa destinada a establecer una norma relativa al nivel acústico de los reproductores de música portátiles, que debería fijarse preferentemente en 90 decibelios?

(EN) La Comisión coincide con su Señoría en que los reproductores MP3 y de otro tipo de música pueden tener efectos perjudiciales para el oído y la salud. Varias autoridades nacionales se han pronunciado a este respecto.

La legislación comunitaria vigente limita el nivel sonoro de este tipo de reproductores de música a 100 dB. Por lo tanto, la emisión de niveles superiores puede ser peligrosa y no debería utilizarse sin medidas de protección adicionales. Estos niveles figuran en la norma armonizada EN 60065:2002 «Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos - Requisitos de seguridad».

La legislación comunitaria sobre productos hace referencia a esta norma para su aplicación tanto en los reproductores de músicas personales, como otros equipos que incluyan esa función.

El margo reglamentario que rige la seguridad de estos equipos es el siguiente:

La Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad⁽¹⁾ que regula los aspectos de salud y seguridad de los equipos de radio, incluidos los teléfonos móviles.

La Directiva 2006/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión que regula la salud y la seguridad de los equipos eléctricos dentro de ciertos límites de tensión;

La Directiva relativa a la seguridad general de los productos⁽²⁾, que pretende garantizar que todos los productos de consumo sean seguros cuando este aspecto no esté contemplado en otros actos legislativos «específicos» comunitarios (y que incluye los reproductores de música personales).

A pesar de que existe una norma, la Comisión está elaborando una solicitud de asesoramiento científico sobre esta cuestión. Este dictamen científico servirá para que la Comisión se informe para proceder posteriormente a adoptar las medidas que considere adecuadas.

En cuanto a los límites de las emisiones sonoras, se adoptará un punto de vista en firme en ese momento. A este respecto se recuerda a su Señoría que la mayoría de los resultados de las investigaciones sobre las emisiones sonoras tienen en cuenta no solo el nivel de ruido, sino también la duración y el número de exposiciones.

En la sesión plenaria del pasado 24 de abril en Estrasburgo se rechazó la enmienda nº 8 al informe sobre el régimen de contingentes para la producción de fécula de patata (A6-0137/2007). La enmienda tenía por objeto establecer un reparto más racional de los contingentes entre los distintos Estados miembros. El traspaso de los contingentes no utilizados por los antiguos Estados miembros a los nuevos Estados miembros habría dado la oportunidad de que se utilizasen al 100% y habría sido una ayuda para Polonia y Lituania, entre otros países.

Por otra parte, se habrían mejorado la correlación entre la UE-15 y la UE-10 en cuanto a la producción de fécula y de patatas. Actualmente es de 90,4-9,6% en el primer caso, y de 70-30% en el segundo. Dado el rechazo de la citada enmienda, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para regular la producción de fécula de patata y hacer frente a las necesidades de los nuevos Estados miembros?

(EN) La Comisión sabe perfectamente que algunos nuevos Estados miembros consideran que sus contingentes, negociados en el Tratado de adhesión y basados en un periodo de referencia histórico, son demasiado reducidos.

Los contingentes para los nuevos Estados miembros se calcularon mediante el mismo método que el empleado para los antiguos Estados miembros, es decir, la asignación se basa en la producción tradicional de fécula de patata durante los tres años de referencia (1999-2001; excepto en el caso de Lituania, en el que se empleó el periodo 1998-2000). No fue posible tener en cuenta la superficie de producción de patata, debido a que no se conocía la parte de la producción de patata destinada a la obtención de fécula.

Una reasignación de los contingentes no utilizados estimularía un aumento de la producción de fécula de patata sometida a contingentes y debilitaría dicho régimen. Este fenómeno debe evitarse en vista de la situación de la oferta en el mercado de fécula de patata, en la que un 40 % de la producción se exporta actualmente y en la que la fécula de cereales adquiere cada vez más competitividad en el mercado.

Por ello, la propuesta de la Comisión se limita a un periodo rotatorio de dos años y no contempla ninguna adaptación o modificación del actual régimen de contingentes. Por lo que respecta a la evolución futura de este sector, esta propuesta permitirá revisar el régimen de la fécula de patata en el marco de la «revisión médica».

¿Hasta qué punto la Comisión está llevando a cabo iniciativas para promover políticas que hagan de todos los lugares de trabajo europeos, incluidos bares y restaurantes, espacios libres de humo?

(EN) Una Europa sin humo de tabaco constituye una de las primeras prioridades de la Comisión en el ámbito de la salud.

La Comisión adoptó en enero de este año un Libro Verde mediante el cual se puso en marcha una amplia consulta pública sobre la mejor manera de promover los entornos sin humo de tabaco en Europa.

La Comisión decidirá la dirección que dará a las futuras acciones en función de los comentarios que reciba. La opinión del Parlamento Europeo tendrá una importancia crucial para nosotros en este aspecto.

La Comisión propondrá el camino a seguir en una nueva comunicación que publicará en 2008.

Además, nuestra campaña mediática HELP ya se encuentra en su tercer año. Hasta ahora, esta campaña ha tenido mucho éxito al advertir a los jóvenes sobre los riesgos que corren los fumadores pasivos y de la adicción. En el último anuncio de HELP TV se mencionan los efectos que el humo del tabaco de los mayores tiene sobre los niños.

Las nuevas advertencias gráficas que figuran en los paquetes de tabaco pretenden ayudar a los fumadores a visualizar el carácter de las enfermedades relacionadas con el tabaco, como los riesgos que presenta el humo del tabaco para los niños y las mujeres embarazadas que no fuman.

Por último, la Comisión está elaborando un informe sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la prevención del tabaquismo. En este informe se incluirá un análisis de las políticas y normativas nacionales contra el humo del tabaco.

El pasado mes de marzo, los trabajadores de la fábrica de radiadores QUINN, situada en Grobbendonk (Bélgica), se enteraron de que la dirección irlandesa tiene la intención de cerrar la fábrica (lo que conllevará 137 despidos). Este proyecto coincide con la apertura de una nueva fábrica en Newport (Gales, Reino Unido) en la que se proseguirá la producción de Grobbendonk y Leigh (Reino Unido). El grupo QUINN opera en sectores muy diferentes (entre otros, materiales de construcción, bienes inmobiliarios, hoteles y seguros) y emplea a 6 400 personas. Dado que no existe un comité de empresa europeo, no es posible aplicar un proceso estructurado de información y consulta.

¿Puede indicar la Comisión qué ayudas europeas ha recibido el grupo QUINN para las fábricas de Newport y Leigh? ¿Está dispuesta la Comisión a iniciar un proceso de reflexión sobre la forma en que puede obligarse a las grandes empresas a establecer una estructura europea de información y consulta? ¿Está dispuesta la Comisión a ponerse en contacto con las autoridades regionales competentes del Reino Unido y Flandes con objeto de evaluar esta reestructuración?

(EN) Las antiguas fábricas de Grobbendonk (Bélgica), Leigh (Noroeste de Inglaterra) y la nueva fábrica de Newport (País de Gales) no han recibido ayuda alguna del Fondo Social Europeo (FSE) ni del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

2) Todos los miembros han transpuesto la Directiva sobre el comité de empresa europeo⁽¹⁾. Corresponde a las autoridades nacionales competentes, en particular a los tribunales, velar por que las normas de transposición nacionales se apliquen correcta y eficazmente en vista de las circunstancias específicas de cada caso y por que las empresas cumplan con sus obligaciones al respecto. Según los datos más completos, de las 2 204 empresas –en las que trabajaban 23,6 millones de personas– que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, 772 –con una plantilla de 14,45 millones de trabajadores– crearon comités de empresa europeos en 2005. Las negociaciones para la creación de un comité de empresa europeo deben iniciarse por iniciativa propia de la dirección central de la empresa o por solicitud por escrito de al menos cien trabajadores o sus representantes en al menos dos empresas o establecimientos situados en al menos dos Estados miembros. La Comisión no tiene conocimiento de ninguna iniciativa o solicitud dentro del grupo Quinn con este fin.

En 2000, la Comisión informó al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación legal y en la práctica de la Directiva sobre el comité de empresa europeo⁽²⁾. La Comisión puso en marcha en abril de 2004 una primera fase de la consulta sobre la revisión de la Directiva, y en marzo de 2005 inició la segunda fase de esta consulta en el marco de la Comunicación titulada «Reestructuraciones y empleo»⁽³⁾. Sin embargo, en los documentos de esta consulta no se abordó la propuesta de transformar el derecho a la información y consulta a nivel transnacional en una obligación.

3) La Comisión ya se ha puesto en contacto con las autoridades flamencas, las cuales indicaron que en tales casos se crean células de empleo para ofrecer orientación y asesoramiento a los trabajadores durante un máximo de dos años. La Comisión seguirá muy de cerca la situación junto con las autoridades flamencas.

Últimamente se están ejerciendo presiones en Grecia para que el dinero se invierta en residencias secundarias. Estos proyectos de inversión se concentran en las islas, las zonas costeras o las regiones que presentan una belleza natural particular y afectan a un millón de nuevas residencias e implican la circulación de cuarenta millones de turistas. El pequeño tamaño de las aglomeraciones, la saturación de la vivienda y la gran penuria de infraestructuras turísticas nos sitúan ante un problema grave que afecta a la vivienda, al medio ambiente y a la sociedad que surgirá en el futuro.

¿Está informada de esto la Comisión? ¿Existen estudios sobre las incidencias de estos proyectos de inversión? ¿Qué medidas y qué políticas permitirán desalentar proyectos de inversión de tal amplitud, que no tienen en cuenta las prácticas necesarias para garantizar la sostenibilidad?

(EN) La Comisión no tiene conocimiento de la cuestión que plantea su Señoría ni de que existan estudios sobre las propuestas de inversiones a gran escala en residencias secundarias en Grecia.

La Recomendación sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa⁽¹⁾ establece los principios generales para una gestión correcta y sostenible de las zonas costeras. Con arreglo al principio de subsidiariedad, las cuestiones relacionadas con la planificación del uso del suelo son competencia de los Estados miembros. Cabe subrayar, no obstante, que estas construcciones deben realizarse de conformidad con la legislación comunitaria, incluida la legislación medioambiental y más en concreto la legislación en materia de evaluaciones de impacto medioambiental y sobre la protección de la naturaleza. De hecho, este tipo de construcciones está contemplado en el Anexo II de l Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente⁽²⁾ en su versión modificada. Los Estados miembros deben determinar si los proyectos incluidos en este Anexo deben ser objeto de una evaluación de impacto medioambiental. Además, cualquier proyecto que pueda tener un impacto potencial sobre las zonas naturales protegidas tiene que cumplir los requisitos de la legislación correspondiente y, en particular, de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres⁽³⁾ y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres⁽⁴⁾.

Recientemente la compañía Delphi ha anunciado el cierre de su planta en Puerto Real (Cádiz) situada en el sur de España. Este cierre afectará a 1 600 empleos directos así como a otros 2 500 empleos indirectos en una zona vulnerable económicamente y con un alto índice de desempleo.

La empresa ha estado recibiendo desde 1986 ayudas públicas que ascienden a más de 60 millones de euros. Por otro lado, Delphi se comprometió a aplicar un Plan Industrial hasta 2010 que ofrecía determinados compromisos de estabilidad laboral a sus empleados.

¿Va a reclamar la Comisión actuaciones al Gobierno de España para evitar el cierre de Delphi toda vez que tiene comprometido un Plan Industrial hasta 2010 para el que ha recibido ayudas públicas?

¿Va a exigir la Comisión al Gobierno de España que haga cumplir las Directivas sobre información y consulta a los trabajadores (Directivas 94/45/CE⁽¹⁾ y 2002/14/CE⁽²⁾) y sobre despidos colectivos (Directiva 98/59/CE⁽³⁾)? En caso de incumplimiento, ¿piensa la Comisión pedir alguna responsabilidad al Gobierno de España?

(EN) La Comisión está atenta a los casos de reestructuración en el sector del automóvil y se muestra especialmente preocupada por las consecuencias negativas del cierre de fábricas para los trabajadores afectados, sus familias y las regiones en las que están situadas. Sin embargo, la Comisión carece de autoridad para impedir o aplazar las decisiones de las empresas en relación con las reestructuraciones o el cierre de fábricas y no puede interferir en una decisión de la empresa a menos que esta decisión viole el Derecho comunitario.

Las autoridades españolas han informado a la Comisión de que Delphi Automotive España S.L. ha recibido las siguientes ayudas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional:

- 9 974 577 euros dentro del programa «Competitividad y Mejora del Tejido Productivo»⁽⁴⁾,

- 4 365 151 euros dentro del Programa Operativo Integrado para Andalucía⁽⁵⁾.

Delphi Automotive España S.L. no ha recibido ninguna ayuda directa del Fondo Social Europeo.

Si se revela que el cierre de las instalaciones de Delphi en Puerto Real infringe las normas sobre mantenimiento de las operaciones de los Fondos Estructurales⁽⁶⁾, las autoridades nacionales competentes deben tomar las medidas necesarias para realizar las correcciones financieras necesarias, incluida la recuperación de las cantidades indebidamente percibidas.

Por lo que se refiere al apoyo financiero concedido por España a Delphi en forma de ayudas estatales, las autoridades españolas han informado a la Comisión de que, además de alguna ayuda pública a proyectos de I+D específicos en el marco de las ayudas estatales aprobadas⁽⁷⁾, el 17 de octubre de 2006, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía decidió conceder a esta empresa una subvención de 4,26 millones de euros⁽⁸⁾ para un proyecto de inversión a realizar antes del 30 de mayo de 2006. Sin embargo, como hasta ahora Delphi no ha demostrado que el proyecto en cuestión se haya realizado, no ha abonado la ayuda correspondiente a la empresa.

España ha adoptado las medidas necesarias para transponer a su Derecho nacional la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos⁽⁹⁾, la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo⁽¹⁰⁾, y la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario⁽¹¹⁾. Por tanto, corresponde a las autoridades nacionales competentes, en particular a los tribunales, garantizar la aplicación correcta y efectiva de las normas nacionales, a la vista de las circunstancias específicas de cada caso, así como asegurar el cumplimiento de los deberes del empresario a este respecto. La Comisión ha enviado una carta a la empresa recordando la necesidad de respetar la legislación vigente.

Según el periódico The Independent, a lo largo de 2006, tan solo en el Reino Unido, unas 22 000 personas se inscribieron en programas de desintoxicación del cannabis, de las cuales 9 600 eran menores de 18 años. Asimismo, según datos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 12 millones de europeos consumen cannabis, de los cuales un 25 % a diario, mientras que el 20 % de los solicitantes de programas de desintoxicación son consumidores de cannabis. Recientes estudios demuestran la relación entre el cannabis y ciertas enfermedades psíquicas, debido al aumento de la sustancia psicotrópica tetrahidrocannabinol (THC) en el cannabis.

Se ha demostrado que la despenalización del consumo de las llamadas «drogas blandas», como el cannabis, en algunos países de la UE, ha hecho que el número de consumidores y de adictos a sustancias narcóticas aumente dramáticamente, en particular entre los jóvenes, con trágicas consecuencias para su salud e incluso su vida.

¿Cuál es la posición de la Comisión ante los resultados de los estudios científicos que demuestran que las llamadas «drogas blandas» no sólo no son menos peligrosas, sino que su despenalización conduce a un rápido aumento de la dependencia y la toxicomanía, en particular entre los jóvenes?

(EN) El consumo de cánnabis en Europa constituye un problema de salud pública. Las pruebas muestran que su consumo, en particular cuando es intenso, y entre los jóvenes puede ser perjudicial para la salud física y mental.

El consumo del cánnabis ha aumentado durante los últimos veinte años. Sin embargo, la velocidad y los indicios de este incremento varían entre un país y otro de Europa.

Se ha producido un aumento del contenido de tetrahidrocannabinol (THC) en los productos de cánnabis; sin embargo, este aumento no se observa aún en todos los países y su porcentaje varía considerablemente entre un país y otro. Todos los Estados miembros se toman muy en serio esta cuestión.

Existen muchos estudios sobre el cánnabis, su uso médico y los problemas mentales. Sin embargo, el supuesto vínculo «entre el cánnabis y los trastornos mentales» no ha sido plenamente explorado por los investigadores.

El cánnabis es la droga más consumida en la Unión Europea y de hecho en el mundo. Y es causa de preocupación para la salud pública.

Por lo tanto es necesario disponer de intervenciones selectivas en materia de prevención y tratamiento para poner freno al consumo actual. Estas intervenciones se reflejan en el Plan de acción comunitario (2005-2008).

En Grecia, y de forma general en todos los Estados miembros de la Unión Europea, el número de trabajadores empleados en régimen de «alquiler», es decir de trabajo temporal, experimenta una progresión geométrica. Estos trabajadores son contratados por varios años para responder a las necesidades recurrentes y constantes de las empresas, tanto del sector público como del sector privado, pero no son contratados directamente por las empresas, sino por mediación de agencias de empleo privadas, es decir agencias de comercio de esclavos. Los trabajadores «alquilados» no están cubiertos por los convenios colectivos y se ven privados de su libertad laboral y política. Es evidente que, mediante este método, las empresas reducen al mínimo los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores con el fin de aumentar sus beneficios. Por ejemplo, en Grecia, según las escasas informaciones de que se dispone (de hecho la situación es mucho peor), sólo el Banco Central «alquila» a 700 trabajadores, mientras que el número de trabajadores alquilados se eleva a más de 15 000 y sigue aumentando.

¿Considera la Comisión que esta forma de empleo viola el derecho de los trabajadores a un empleo estable y permanente así como el principio de igual retribución por igual trabajo, de conformidad con los convenios colectivos?

(FR) Su Señoría destaca la situación de los trabajadores contratados en Grecia y en otros Estados miembros por empresas de empleo privadas para ser puestos a disposición de otras empresas con el evidente fin de reducir los costes laborales y las cotizaciones a la seguridad social de estas empresas. Al mismo tiempo, estos trabajadores gozan de muy poca seguridad en su empleo y no están incluidos en los convenios colectivos. La situación que describe su Señoría se corresponde con la relación triangular que se denomina comúnmente «trabajo temporal», en el que las empresas de trabajo temporal, en su calidad de patrones, ponen a sus trabajadores a disposición durante un periodo determinado con el fin de prestar un servicio a la empresa usuaria.

Muchos Estados miembros, incluida Grecia, han adoptado actos legislativos nacionales que regulan este tipo de situación y conceden a los trabajadores temporales una protección adecuada. La mayoría de estas leyes contemplan el principio de igualdad de trato –incluso en el salario– entre los trabajadores temporales y los trabajadores fijos contratados por las empresas usuarias. En este caso, los trabajadores temporales gozan de las disposiciones de los convenios colectivos aplicables en las empresas usuarias. En algunos Estados miembros han sido los interlocutores sociales a nivel nacional o sectorial los que han decidido celebrar convenios colectivos con el fin concreto de conceder a estos trabajadores un marco de protección.

La Comisión adoptó el 20 de marzo de 2002 una propuesta de directiva relativa a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal⁽¹⁾. Después de que el Parlamento Europeo emitiera su dictamen en primera lectura, la Comisión adoptó una propuesta modificada el 28 de noviembre de 2002⁽²⁾. En este texto se establece el principio general de igualdad de trato, de conformidad con el cual las condiciones básicas de trabajo y empleo (en particular en lo referente a la paga y el horario de trabajo) de los trabajadores serán al menos iguales a las aplicables en caso de que estos trabajadores hubiesen sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. Este texto aún es objeto de examen en el Consejo.

El denominado «memorando de entendimiento» sobre las exportaciones chinas de determinados productos textiles y confección a los países de la Unión Europea, celebrado el 10 de junio de 2005 y aplicable a 10 de las casi 35 categorías de productos, llega a su vencimiento el 31 de diciembre de 2007.

Este acuerdo, si bien de forma limitada, establece algunas medidas de salvaguardia específicas para las exportaciones chinas, lo que no sucede para las exportaciones procedentes de otros países.

Varias organizaciones del sector han señalado la necesidad de mantener medidas que limiten el crecimiento exponencial de las importaciones de textiles y confección en la Unión Europea. Estas medidas contribuirán a defender el futuro de este importante sector, a crear y mantener el empleo para millones de trabajadores, así como al desarrollo socioeconómico, sobre todo en las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea en las que se registra una concentración de este sector de actividad.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión, incluida la limitación de las importaciones, para defender la capacidad productiva y los puestos de trabajo del sector del textil y la confección, de gran importancia socioeconómica para los países de la Unión Europea?

(EN) El Memorando de Acuerdo (MA) acordado entre la UE y China en junio de 2005 fue un acuerdo «único y permanente». Contempla las cantidades acordadas para diez categorías de productos textiles y de la confección hasta el 31 de diciembre de 2007. Su intención era dar un respiro a la industria comunitaria para adaptarse al nuevo entorno tras la expiración del Acuerdo sobre textiles y productos de la confección, prevista desde 1995. La Comisión está convencida de que el sector ha aprovechado el tiempo transcurrido desde 2005. De hecho, los interlocutores sociales que representan al sector europeo del textil y la confección no han solicitado una prórroga del memorando, sino que pidieron que se diese prioridad a las políticas para garantizar la igualdad de acceso al mercado y el cumplimiento de las normas convenidas.

A la expiración del MA, el sector textil estará sometido a las mismas normas que todos los demás sectores económicos de la UE.

Sin embargo, la Comisión continúa con su seguimiento de la situación del comercio en el sector textil y de la confección, en particular de las importaciones originarias de China.

Si la situación así lo exigiese, la Comunidad cuenta con instrumentos para hacer cumplir las normas de la Organización Mundial del Comercio y de la UE.

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización está en funcionamiento desde el 1 de enero de 2007. ¿Puede facilitar la Comisión cifras relativas a los expedientes que están tramitándose en la actualidad? ¿Se adoptaron ya decisiones sobre algunos de ellos? ¿Qué seguimiento se dio a estos expedientes?

(FR) El Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG) entró en vigor el 19 de enero de 2007 tras la adopción del Reglamento (CE) nº 1927/2006⁽¹⁾ por parte del Parlamento Europeo y del Consejo.

Hasta ahora, la Comisión ha recibido dos solicitudes de fondos del FEAG. Ambas fueron presentadas por Francia, en virtud del criterio ⁽²⁾ que prevé la intervención del FEAC en caso de que se realicen al menos mil despidos en una empresa durante un periodo de cuatro meses, incluyendo a los trabajadores despedidos por sus proveedores o empresas clientes.

De conformidad con el apartado 5 del artículo 5 de este Reglamento⁽³⁾, las dos solicitudes están siendo examinadas por los servicios de la Comisión. Este examen, que tiene por finalidad determinar si se han cumplido las condiciones para efectuar una contribución financiera, debería finalizar en breve. La Comisión presentará, en su caso, a la autoridad presupuestaria una propuesta para que se autoricen los créditos correspondientes al importe de la contribución correspondiente, como se dispone en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento⁽⁴⁾.

Los recientes acontecimientos en Estonia demuestran con toda claridad que Rusia empeora intencionadamente las relaciones con la Unión Europea. La Unión Europea no puede guardar silencio cuando uno de sus Estados miembros, en este caso Estonia, es objeto de amenazas.

¿Cómo piensa reaccionar la Comisión frente a los acontecimientos en Estonia? ¿Qué opina la Comisión al respecto y sobre la futura aplicación de los acuerdos con Rusia relativos a la readmisión y la expedición de visados?

(EN) La Comisión pidió inmediatamente a Rusia que cumpliera sus obligaciones contempladas en la Convención de Viena y protegiera a los diplomáticos estonios residentes en Moscú, y participó en la gestión realizada el 2 de mayo a tal efecto. La UE rechazó firmemente las afirmaciones rusas en el sentido de que Estonia había violado sus obligaciones internacionales cuando Rusia planteó este tema durante las consultas sobre derechos humanos celebradas el 3 de mayo en Berlín. La Comisión pide moderación y solicita a Estonia y Rusia que negocien de buena fe sus distintas interpretaciones de esta parte de la historia. Esta cuestión se debatirá igualmente durante la Cumbre UE-Rusia de los días 17 y 18 de mayo de 2007.

Los Acuerdos sobre facilitación de visados y de readmisión con Rusia entrarán en vigor el 1 de junio. No cabe duda que tendremos plenamente en cuenta lo manifestado por el Parlamento en relación con el respeto de los derechos humanos a la hora de aplicar estos Acuerdos. Esta determinación se refleja en la declaración conjunta del Consejo y la Comisión que se ha presentado al Parlamento.