Véronique Mathieu (PPE-DE), por escrito. – (FR) La evolución del mundo del trabajo, la fragilidad de ciertos sectores como la industria, la enorme expansión del sector de los servicios y la creciente movilidad de la mano de obra son otros tantos fenómenos que obligan al Parlamento Europeo a procurar mejorar la protección de los trabajadores.
Ya en diciembre pasado, el informe de la señora Bachelot proponía la creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, y la misma preocupación por los derechos de los trabajadores está en el origen de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
Cada año, miles de trabajadores se ven privados de sus ingresos, a veces durante meses, debido a la quiebra de sus empresas, y eso les lleva a pasar apuros económicos.
A presente Directiva permitirá la codificación de todas las reglas relativas a la protección del trabajador asalariado en caso de insolvencia del empresario y se aplicará a todas las relaciones laborales, con independencia del tipo de contrato.
La realización del mercado interior, a la que a veces se acusa equívocamente de aumentar la inseguridad en el mercado del trabajo, por el contrario, podrá ser fuente de una auténtica normativa y de la creación de un sistema de protección de los trabajadores. Prueba de ello es el presente informe, que cuenta con mi apoyo.
Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. (SK) La aprobación de la Directiva del PE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización de los equipos de trabajo es motivo de gran satisfacción para mí.
La versión codificada ha elaboró con ayuda de un sistema de tratamiento de datos a partir de la versión consolidada de la Directiva 89/655/CEE.
Es muy importante que los empresarios adopten siempre las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores mediante equipos adecuados y condiciones idóneas para el desarrollo de su trabajo.
Los nuevos empresarios, sobre todo, tienden a veces a centrar la atención en los beneficios netos, en vez de hacer un gasto en diferentes equipos de seguridad o en las condiciones de trabajo, lo cual puede poner en peligro la salud y, a veces, la vida de los trabajadores. Los empresarios se encontrarán ahora con un marco claro de normas que deberán cumplir. Por eso celebro la aprobación de este texto, que mejora sin lugar a dudas la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.
Miroslav Mikolášik (PPE-DE), por escrito. (SK) Hemos aprobado una propuesta codificada basada en la versión previa consolidada de Directiva 87/477/CEE y de los actos modificadores.
Tengo presente que una mejor protección de la seguridad, la higiene y la salud de los trabajadores implica la eliminación del amianto y de todos los materiales que lo contengan del entorno de trabajo, dado que estos son extremadamente peligrosos para la salud humana, por su carácter cancerígeno.
La consolidación de dicha Directiva constituye un texto vinculante que prohíbe el uso de amianto y sus derivados en obras de construcción, demolición y reparación, y que mejorará en todos los aspectos la situación de los trabajadores expuestos al amianto. También acojo con satisfacción las medidas preventivas destinadas a proteger la salud en el trabajo.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente informe se refiere al acuerdo con Santo Tomé y Príncipe sobre las posibilidades de pesca comunitaria durante un período cuatro años, a partir de junio de 2006. En virtud de dicho acuerdo, Portugal dispone cinco licencias para atuneros palangreros de superficie.
Las posibilidades totales de pesca se han reducido en un 32 % en el nuevo acuerdo. Al mismo tiempo, la carga financiera para los armadores ha aumentado de 25 a 35 euros por tonelada de atún capturada, mientras que la carga financiera para la Comunidad se reduce en la misma cantidad. Nos preocupan mucho estas medidas, dadas sus repercusiones en el sector.
En el plano comunitario, las citadas condiciones se traducen en acuerdos con cada vez menos posibilidades de pesca y con más cargas y obligaciones para los armadores. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos de qué forma contribuyen dichas condiciones a mejorar la situación económica del sector pesquero en los distintos Estados miembros de la Unión.
Por último, tenemos especiales reservas con respecto a la enmienda 2 del informe, aprobada por el Parlamento y que concede un poder discrecional a la Comisión para retirar las licencias en caso de incumplimiento de las obligaciones. A nuestro juicio, se debería mantener en vigor el actual procedimiento para este tipo de situaciones.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente acuerdo establece las posibilidades comunitarias de pesca para los próximos seis años en aguas de Kiribati y mantiene, en lo esencial, las condiciones del Acuerdo pesquero de mayo de 2003. El Acuerdo, que se refiere exclusivamente al atún, mantiene el número de licencias disponibles para la flota portuguesa –o sea, seis licencias para palangreros de superficie– y distribuye la financiación, de manera que los armadores deberán aportar un 35 %.
No obstante, es importante señalar que el marco de referencia ha cambiado: Se han sustituido los antiguos acuerdos de pesca, de carácter comercial, con países terceros por los nuevos acuerdos de asociación, con unos protocolos, que en la práctica adquirirán cada vez más la forma de una ayuda al desarrollo.
En este contexto, quisiera recordar que las posibilidades de pesca se están reduciendo continuamente, mientras aumentan las cargas financieras para los buques y las normas de pesca son cada vez más restrictivas, con lo cual la mayor parte de las flotas no pueden sacar pleno partido de dichas posibilidades de pesca. Además, algunas empresas de países de la UE deslocalizan a veces la producción del sector. Todos estos problemas nos despiertan dudas y preocupación, y habría que estudiarlos y evaluarlos más detenidamente cuando se apliquen los acuerdos.
Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias una vez más al ponente, el señor Schnellhardt, por haber negociado un excelente compromiso que, gracias a Dios, también ha obtenido la mayoría necesaria en el Pleno. Para nosotros, los austriacos, la cuestión del «Jagatee» reviste un interés especial. Nos ha sido posible alcanzar un compromiso en el Consejo con los Ministros Pröll y Seehofer que nos parece totalmente aceptable. También nuestros amigos alemanes podrán producir ahora una bebida que tendrá el nombre exclusivo de «Hüttentee». Creo que así se ha solucionado esa cuestión de la mejor manera posible y también de forma amistosa.
Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señorías, quiero agradecerles los esfuerzos que estamos haciendo desde el Parlamento para salvaguardar el legado cultural europeo. Por encima de las diferencias políticas, compartimos el objetivo de velar por la exactitud de las denominaciones técnicas o geográficas tradicionales de los licores y asegurarnos de que ningún otro producto pueda utilizarlas. Con ello no solo protegemos la diversidad cultural, sino también los derechos de los consumidores. He votado como lo he hecho para que todos los consumidores, siempre que pidan una copa de vodka, de whisky, de ron o del slivovice checo, puedan estar seguros de que les sirven exactamente lo que desean.
He votado, por lo tanto, a favor de que podamos distinguir, a partir del texto de la etiqueta, si su contenido no corresponde a un licor tradicional. Por ejemplo, las bebidas espirituosas elaboradas a partir de plátanos y no de patatas, cereales o melaza no deberían recibir el nombre de vodka de plátano, sino que deberían llamarse bebida o aguardiente de plátano. Tal vez no resulte demasiado difícil defender el vodka europeo en el marco de la OMC. Los consumidores europeos deben poder estar seguros de que lo que pagan es lo que han pedido y no una imitación.
Para la República Checa es igualmente importante que la indicación de slivovice checo, destilado tradicionalmente de ciruelas, no se pueda utilizar para designar destilados europeos con sabor a ciruela, por ejemplo, conseguido añadiendo zumo de ciruela al aguardiente. Les aseguro que no se pueden comparar con el destilado de ciruelas del slivovice; si alguien lo duda, le invito a que vaya a mi país y lo pruebe.
Solicito que conste en acta mi voto afirmativo en la última votación nominal, ya que lamentablemente mi dispositivo no funcionaba.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, es de lamentar que la mayoría de los diputados hayan apoyado una definición amplia de vodka. Una tradición de siglos ha salido derrotada.
El ponente y los diputados que han apoyado la definición amplia han respaldado unos principios que se traducirán en la producción de un vodka de peor calidad y sabor. Lo cual, a su vez, puede dar lugar a un vodka elaborado a partir de diferentes productos agrícolas, incluidos algunos de origen animal y los residuos de producción, lo que entraña un riesgo para la salud del consumidor.
Productos como el vodka se asocian con ciertas regiones del mundo, que a menudo pueden presumir de una tradición de muchos años en la elaboración de vodka. Se trata de productos nacionales, y no podemos jugar con ellos introduciendo definiciones ambiguas, que es exactamente lo que hemos hecho hoy. Ha sido una decisión errónea.
Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Cuando Eslovaquia accedió a la UE, se exigió a los productores locales que modificaran las denominaciones del alcohol y los licores. Aunque no les entusiasmaba la idea, los productores acataron disciplinadamente la modificación necesaria. El «ron» que producían pasó a llamarse um; para poder conservar la denominación de «ron» se tendría que haber elaborado con alcohol de caña. Por motivos económicos, los productores prefirieron seguir produciendo bebidas espirituosas a partir de cereales o de melaza de remolacha. Es uno de los motivos por los que en Eslovaquia, en vez de ron, tenemos um, un aguardiente con un sabor particular a ron que el público consume por su sabor, desarrollado a lo largo de generaciones, el cual no ha tras la adhesión a la UE.
Por eso me solidarizo con los diputados de Polonia, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y por eso he firmado y votado a favor de la enmienda que pide una definición estricta del vodka, que acepte únicamente como materias primas los cereales, las patatas y, en todo caso, la melaza de la remolacha. No me parece aceptable el compromiso del Informe Schnellhardt, pues, aunque no modifique el etiquetado de los vodkas de cereales, patatas o melaza, supondrá que productos elaborados con otras materias primas se designen como «vodka elaborado con…», seguido del nombre del ingrediente original.
La cuestión es sencilla y las definiciones de la UE también deberían serlo. Dado que la enmienda no se ha aprobada, me he abstenido en la votación del informe de mi colega, el señor Schnellhardt.
Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Señor Presidente, mi intervención se refiere al Informe Schnellhardt. No soy amante del vodka ni deseo hacer publicidad del producto, pero creo que la solución de compromiso aprobada hoy, al igual que la relativa a la definición de vodka, constituye un paso adelante. Por mi parte, he votado a favor, a pesar de que el país al que represento, Lituania, deseaba una definición mucho más específica.
Creo que las soluciones adoptadas hoy no satisfacen plenamente las expectativas de los consumidores y productores comunitarios de vodka, sobre todo en nuestra región, pero he votado a favor de la propuesta por tratarse de una solución de compromiso.
Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, yo también he votado a favor del informe Schnellhardt, porque cada país –incluido el mío, Austria– ha desarrollado sus propias especialidades y bebidas espirituosas que a menudo tienen carácter regional.
Ya se ha mencionado la cuestión del «Jagatee». Para nosotros era muy importante, pues creo que este tipo de tradiciones forman parte de la identidad nacional de un país, incluso en el ámbito de las bebidas espirituosas.
La protección de los métodos de producción es asimismo una garantía de alta calidad y, desde luego, de que se protegerá a los productores y métodos de producción. Y el hecho de que finalmente se haya puesto fin a la llamada «guerra del vodka», ha sido otra de las razones por las que he votado a favor de este informe.
Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) El nuevo reglamento relativo a las bebidas espirituosas aportará mayor claridad a la definición y a los métodos de elaboración de este tipo de bebidas.
El Informe Schnellhardt mejora la propuesta de la Comisión Europea, dotándola de mayor claridad y mediante la incorporación de algunas bebidas espirituosas de difícil definición y de otras que se habían omitido en la propuesta inicial.
El informe cuenta con nuestro apoyo, ya que se trata de un documento completo, en el que se han incluido las dos únicas bebidas portuguesas inicialmente olvidadas por la Comisión Europea: el ron de Madeira y la poncha da Madeira.
Por lo que respecta al vodka, se decidió someter a votación una enmienda que pedía una referencia clara a las materias primas utilizadas cuando no sean las tradicionales, patatas, cereales y melaza.
Nos parece una posición adecuada, pues promueve los valores de la producción tradicional original de vodka y porque a los consumidores les interesa tener una idea clara de lo que consumen.
Por otro lado, también es posición de cautela encaminada a evitar que en el futuro se perpetúe una situación que afecta negativamente a la producción y comercialización de alguna bebida tradicional portuguesa, por ejemplo.
Aunque dicha enmienda no se haya aprobado, hemos respaldado el informe, que incluye una referencia, si bien menos clara, a la materia prima utilizada en la elaboración del vodka.
Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del Informe Schnellhardt sobre la propuesta de reglamento relativo a la definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, porque considero fundamental que no se confunda a los consumidores. Es importante que los productores transmitan una información clara sobre la naturaleza del producto, con objeto de garantizar una mayor transparencia del mercado.
La adopción de un solo reglamento que unifique los dos existentes tiene como finalidad introducir una política bien definida en relación con las bebidas espirituosas y adaptar la normativa actual a los nuevos requisitos técnicos, definidos también por la Organización Mundial del Comercio.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La Comisión ha aprobado esta propuesta de reglamento encaminada a actualizar la legislación comunitaria sobre bebidas espirituosas y que incluye la definición de los criterios para el reconocimiento de nuevas indicaciones geográficas. La propuesta también responde al propósito de aportar al consumidor información clara sobre la naturaleza del producto y obliga a los productores a facilitar toda la información necesaria para garantizar que no se confunda al consumidor.
Fue uno de los textos que requirieron varios compromisos de última hora entre los distintos Grupos políticos, con el fin de conseguir una propuesta aceptable de reglamento relativo a la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas.
En el centro de la polémica se encontraba la definición de la palabra «vodka», pues mientras unos defendían que este se debería elaborar solo a partir de cereales, patatas o melaza, otros argumentaban que el etiquetado debería permitir que los pudieran identificar la materia prima.
Por lo que respecta a Portugal, creo que las propuestas del reglamento en relación con las indicaciones geográficas, que incluyen los diversos aguardientes de vino, de orujo de uva y de pera, el ron de Madeira, el aguardiente de fruta del Algarve y de Buçaco, la ginjinha portuguesa, el licor de Singeverga, el anís portugués y la poncha da Madeira, no plantean ningún problema.
Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Votaré a favor de este informe. Creo que es necesario aproximar más la normativa sobre el vodka a la del whisky. Pero al mismo tiempo espero que sigamos prestando atención a la petición de los pequeños productores de «licor de manzana y pera» del Reino Unido, que en el pasado han sufrido una discriminación injusta.
Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe, que tiene por objeto mejorar la aplicabilidad, legibilidad y claridad del etiquetado de las bebidas espirituosas.
Dichas bebidas cumplirán, así, las nuevas exigencias técnicas y, en especial, las reglas y normas de la Organización Mundial del Comercio.
El objetivo es permitir que los productores europeos de bebidas espirituosas puedan mantener sus indicaciones de origen geográfico en el mercado mundial.
Durante las negociaciones se consiguió conservar la definición de «ron agrícola». Los productores y consumidores han aprobado el compromiso alcanzado en relación con los criterios de calidad, en particular. En los Departamentos Franceses de Ultramar, la definición de «ron agrícola» permite a los productores diferenciarse de los competidores de países terceros. Producido exclusivamente con zumo de caña de azúcar, la designación «ron agrícola» es una garantía de calidad reconocida por los consumidores.
La solución adoptada para la cuestión del vodka también permite conservar la denominación «vodka tradicional», producido a partir de cereales, patatas o melaza, que ello impida la producción a partir de otros productos agrícolas. En este último caso, la etiqueta debe llevar la indicación «vodka elaborado con...».
Jens Holm (GUE/NGL), por escrito. (SV) Hoy he votado en contra del informe del señor Schnellhardt en la votación final. El motivo de discrepancia es la situación social en Europa, donde es necesario restringir el consumo de alcohol. Es necesario otorgar la máxima prioridad a la actuación para mejorar la salud pública. En tales circunstancias, es escandaloso que el Parlamento Europeo defina el vodka y favorezca así el consumo de una bebida alcohólica que, consumida en grandes cantidades, es perjudicial para la salud.
Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La batalla del vodka se ha librado abiertamente este mediodía en la Asamblea durante la votación sobre la revisión de la legislación relativa a las bebidas espirituosas, en el curso el Parlamento Europeo ciertamente ha actuado con imparcialidad, pero no ha defendido con firmeza el patrimonio culinario y vitivinícola.
Ha demostrado imparcialidad al estimar, con acierto, que el vodka, una bebida alcohólica elaborada tradicionalmente en Polonia, Suecia, Finlandia y los Países Bálticos, merece la misma protección legal que otras bebidas espirituosas con designación de origen protegida, como la ginebra, el whisky y el brandy.
Luego se ha introducido una confusión, pues los productores que destilan vodka a partir de otros ingredientes distintos de las patatas y los cereales (según parece, los hay en Italia, el Reino Unido e incluso en Bélgica) podrán mantener la designación de «vodka» para sus productos a cambio de una simple declaración en la etiqueta.
En definitiva, quienes saldrán perdiendo no son los consumidores, sino una cierta concepción del legado cultural y de las tradiciones alimentarias o vitivinícolas profundamente arraigada en nuestras regiones y territorios. Europa debe fomentar, no obstante, la dedicación a estas industrias tradicionales y no provocar el desánimo entre los productores locales.
Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Hoy, el Parlamento Europeo ha votado sobre la definición de vodka. El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, incluido yo mismo, ha decidido, en primer lugar, votar a favor de una definición restringida del vodka, que, en opinión de los países productores, solo debería contener cereal y patatas. Lamentablemente, esta concepción restringida no ha salido adelante. En el futuro será posible elaborar vodka a partir de otras materias primas, como la uva. Finalmente, he decidido aceptar este texto, aunque no era mi primera opción.
Marek Siwiec (PSE), por escrito. – (PL) El 19 de junio de 2007, el Parlamento Europeo ha votado el Informe Schnellhardt (PPE) que incluye, entre otras medidas, una propuesta por la que se actualiza la definición imprecisa de vodka vigente desde 1989.
La última definición de vodka, que figura en el informe, elaborada por el Parlamento Europeo en colaboración con el Consejo (a partir de una propuesta de la Presidencia alemana), no es favorable desde el punto de vista de los países considerados productores tradicionales de vodka europeo, especialmente Polonia. Dicha propuesta permite la elaboración de vodka a partir de cualquier producto agrícola, lo que va en contra de la tradición y la historia de la elaboración del vodka y también de las peticiones formuladas por Polonia y los países escandinavos.
Por eso he votado en contra del compromiso alcanzado por el Consejo y el Parlamento. Asimismo, quiero manifestar mi apoyo a la reducción de la lista de ingredientes que se pueden utilizar para elaborar dicha, de manera que solo incluya los cereales, las patatas y la remolacha azucarera.
Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Me ha tranquilizado saber que el compromiso alcanzado no perjudicará al whisky escocés. Por eso apoyo este informe.
Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Voto en contra del informe del señor Schnellhardt sobre la «definición, descripción, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas».
Una definición amplia del vodka sin duda menoscaba devalúa su reputación y representa una amenaza real para su calidad. La introducción en el mercado de vodkas no elaborados con los ingredientes habituales y se aprovecharán de la reputación de los vodkas elaborados a partir de cereales y patatas confundirá, además, a los consumidores. El uso de la denominación «vodka» dará a entender implícitamente que se trata de productos reputados y de calidad elaborados con cereales y patatas.
La delegación polaca del PSE ha hecho todo lo posible para que la definición de vodka responda a los intereses de Polonia y ha pedido que se respeten las recetas tradicionales y los métodos regionales de producción de bebidas espirituosas. Sin embargo, nuestra posición no ha obtenido el apoyo de la mayoría parlamentaria.
Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Es necesario establecer un instrumento que armonice las normas aplicables al comercio de pieles de perro y de gato y de productos derivados, y que prohíba totalmente su utilización, importación y exportación en el espacio comunitario.
Esta exigencia parte no solo de la consideración ética de que estos también son animales de compañía, sino también de la necesidad de garantizar un nivel de protección y respeto del bienestar de los animales, que los crueles métodos de cría y sacrificio no tienen en cuenta.
Hay que recuperar la confianza de los consumidores y de los comerciantes de pieles europeos, un objetivo que solo se puede conseguir con un cuerpo legislativo común que prohíba ese comercio y que clarifique los requisitos legales en todos los Estados miembros por lo que respecta a la prohibición de la venta y distribución de pieles de gato y de perro, y que elimine los obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior en el sector peletero en general.
Dada la preocupación generalizada de los ciudadanos europeos por este comercio ilícito e inmoral, considero que la adopción de un conjunto de medidas concretas en este ámbito por parte de la Unión contribuirá a la aproximación de los ciudadanos a las instituciones europeas.
Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del Informe Svensson porque considero que, dotarnos de un conjunto de medidas que impidan la utilización de pieles de gato y perro, contribuirá a acabar con ese comercio absolutamente inhumano.
También creo que es fundamental introducir métodos de análisis a escala comunitaria que permitan un control eficaz del origen de las pieles de gatos y de perros, además de prohibir su importación y exportación en el mercado europeo. Por consiguiente, no tiene sentido ningún tipo de excepción que tenga como finalidad prever excepciones en relación con la comercialización de esas pieles.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente Reglamento responde al gran número de peticiones y preocupaciones expresadas con la propuesta de prohibición de la comercialización, así como la importación o exportación desde la Comunidad, de pieles de gato y de perro y productos que las contengan. Dicha prohibición sustituirá las diferentes medidas existentes que se aplican en diversos Estados miembros y que tienen por objeto de prohibición de la producción y la comercialización de pieles de gato y de perro. La propuesta tiene también como finalidad garantizar que la información sobre los nuevos métodos que permiten identificar las pieles de gato y de perro y distinguirlas de las de otros animales se ponga a disposición de la Comisión y se intercambie entre los Estados miembros.
La ponente apoya firmemente la propuesta, pero destaca la necesidad de eliminar cualquier laguna jurídica que pueda desvirtuar la prohibición de la importación y comercialización, e insiste en la necesidad de un mayor rigor en los controles aduaneros y las sanciones administrativas –y también penales, cuando sea posible– aplicadas por los Estados miembros, con el fin de crear un marco realmente disuasorio que permita acabar con ese comercio escandaloso e ilegal.
Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) He votado a favor de la prohibición de importar en la UE y exportar de ella pieles de gato y perro (y de productos que contienen dichas pieles) a partir del 31 de diciembre de 2008. A este respecto es sumamente importante que no se permitan excepciones y que el Reglamento no contribuya al fomento del comercio de pieles.
Me opongo a la idea de imponer una obligación de etiquetado debido a que resultaría insuficiente y demasiado costosa.
He votado igualmente a favor de sanciones concretas, como por ejemplo el decomiso o la retirada de licencias, y espero que los Estados miembros establezcan estas sanciones y garanticen su ejecución. Debe llevarse a cabo un intercambio regular de puntos de vista sobre la aplicación del Reglamento.
Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) Hay que prohibir absolutamente la importación de pieles de gato y de perro en la UE. Por eso no voy a apoyar las derogaciones propuestas por la Comisión, sino que respaldaré íntegramente el informe.
Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain y Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Acogemos con agrado el informe Hökmark sobre la «banda ancha». Hemos votado a favor de las enmiendas que señalan que las autoridades públicas deben hacer todo lo necesario para que todos los ciudadanos tengan acceso a la banda ancha. Los beneficios de la banda ancha deben extenderse a todos los grupos de población de Europa, incluida Irlanda. Creemos que las autoridades públicas desempeñan un papel fundamental en la extensión efectiva y rápida de la banda ancha y el acceso a ella en las regiones económicamente menos desarrolladas, donde pueda resultar más difícil crear infraestructuras TIC a un coste asequible y de calidad suficiente para garantizar los servicios necesarios, sobre todo en las zonas rurales. El acceso general a la banda ancha es un requisito esencial para el desarrollo y la cohesión social y económica y para la mejora de los servicios públicos. Los beneficios de la banda ancha no deben estar reservados a unos pocos y la «infomarginación» debe evitarse a toda costa.
Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) Lamento que el informe Hökmark no recoja las numerosas propuestas de la Comisión de Desarrollo Regional, de la que he sido ponente.
Por consiguiente, deja de lado la preocupación inicial de la Comisión Europea, concretamente que a pesar del aumento general de la conectividad de banda ancha, el acceso en regiones más remotas y rurales es limitado debido a los elevados costes por la baja densidad de población y la lejanía, y de ahí la búsqueda de soluciones.
Hemos de reconocer que en ciertas zonas de la Unión Europea –zonas aisladas y rurales y nuevos Estados miembros– el mercado falla y esto justifica la intervención de las autoridades públicas y, en particular, de las autoridades locales y regionales con ayuda de los Fondos Estructurales. Esto lo he experimentado en Limousin con el proyecto DORSAL. Por tanto, me complace la aprobación de las dos enmiendas socialistas que aportan realismo a este asunto, porque en estas zonas remotas, de hecho, es donde se necesitan más y son más útiles estas tecnologías de la información y la comunicación, ya que permiten superar distancias facilitando las relaciones entre usuarios y servicios –clientes y proveedores– y entre el público y las instituciones públicas, así como reducir los costes y plazos para la prestación de servicios.
Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Hökmark sobre la elaboración de una política europea de la banda ancha, porque es muy importante promover iniciativas que faciliten el acceso de todos a Internet y, en general, al conocimiento.
De acuerdo con los objetivos de Lisboa es esencial desarrollar tecnologías de la información y, entre ellas, la banda ancha. Incluso en caso de que las nuevas tecnologías sean un objetivo de la Unión Europea en las regiones más remotas, también han de tenerse en cuenta las persistentes discrepancias, respecto de las nuevas tecnologías, dentro de las propias regiones. Hay muchos pueblos que, al quedar lejos de los centros urbanos, todavía no tienen acceso a Internet, o lo tienen pero es tan lento que no permite conexiones satisfactorias, mientras que el conjunto de la región a la que pertenecen esos pueblos está, en general, bien servido.
En aras a la cohesión, estas disparidades intrarregionales deberían abordarse mejor con vistas a combatir la brecha digital.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) En su exposición de motivos del informe, el ponente defiende dos argumentos contradictorios. Por un lado, señala que no es tarea de la Unión Europea financiar el desarrollo de la banda ancha. Por otro lado, sostiene que la Unión Europea tiene que defender un ritmo más rápido de innovación a fin de convertir a Europa en el mercado más dinámico del mundo.
Es imposible defender la elaboración de una política de banda ancha a escala de la UE con recursos generales. ¿Qué pasaría si fuera a fallar esta política, como lo ha hecho la Estrategia de Lisboa?
En primer lugar, la Lista de Junio cree que el desarrollo de la banda ancha es tarea del mercado. Los agentes del mercado son quienes, a través del desarrollo tecnológico en el marco de la libre competencia, deben garantizar la generación de una demanda para sus servicios. En segundo lugar, la Lista de Junio cree que los objetivos políticos en este terreno han de formularse y aplicarse a escala nacional en el marco de la competencia institucional para diseñar soluciones constructivas a fin de fomentar el desarrollo de la banda ancha.
Por tanto, la Lista de Junio votará en contra del conjunto del informe.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Acogemos con agrado la aprobación de nuestra enmienda encaminada a considerar que «el acceso general a la banda ancha es un requisito fundamental para el desarrollo social y la mejora de los servicios públicos y que las autoridades públicas deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la banda ancha, permitiendo así que todos los sectores de la población disfruten de sus beneficios, en particular en las regiones menos desarrolladas de la Unión». Sin embargo, estamos muy decepcionados por el rechazo de nuestras enmiendas, entre las que se incluían las siguientes:
- «considerando que algunas partes de las regiones geográficamente más fragmentadas todavía no tienen acceso a infraestructuras esenciales de TIC, como Internet de banda ancha; considerando que eso se cumple, por ejemplo, en el caso del grupo de las Azores Occidentales (Flores y Corvo), que, por tanto, han de sufrir mayores limitaciones debido a su lejanía y de este modo se ven doblemente penalizadas»;
- y «considera necesario permitir diferencias entre las distintas regiones ultraperiféricas, como por ejemplo la limitación impuesta por la fragmentación geográfica del tipo que existe en las Azores y las islas Canarias, que exige garantizar el derecho al acceso a infraestructuras esenciales de TIC, como Internet de banda ancha, en todas las partes de las regiones ultraperiféricas para el conjunto de sus habitantes».
Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Votaré a favor del informe de Gunnar Hökmark sobre una política europea en materia de banda ancha (2006/2273(INI)).
El ponente hace hincapié en que el desarrollo de las conexiones de Internet de banda ancha ayudarán a crear avanzados sistemas globales de asistencia sanitaria y a mejorar el acceso a la formación profesional y los servicios administrativos gubernamentales. Los 500 millones de ciudadanos europeos que tienen acceso de banda ancha también brindarán a Europa la oportunidad de convertirse en la principal economía mundial basada en el conocimiento. Apoyo plenamente la petición, dirigida a los Estados miembros, de asegurar el acceso de banda ancha en todas las escuelas, universidades y centros educativos.
Creo que mejorar la infraestructura de banda ancha debería ser una prioridad y que convendría asignar fondos suficientes a este fin. Asimismo, estoy seguro de que los fondos de la Unión Europea deberían utilizarse para modernizar o sustituir las redes de banda ancha que no proporcionan acceso con un volumen de tráfico suficiente.
Margie Sudre (PPE-DE), por escrito. – (FR) El dinamismo de las economías regionales depende mucho del nivel de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, entre las cuales está el acceso a Internet mediante conexiones de banda ancha de alta velocidad.
La Unión Europea debe desempeñar indiscutiblemente un papel importante en el impulso, entre sus Estados miembros y sus regiones, de la lucha contra la «brecha digital», a fin de reducir la distancia que separa a las personas, las empresas y los territorios desde el punto de vista del acceso a la sociedad del conocimiento. El apoyo estatal, canalizado en el marco de las colaboraciones público-privadas, debe centrarse prioritariamente en zonas que están mal servidas.
Las conexiones inalámbricas y las comunicaciones móviles y por satélite pueden dotar de banda ancha a zonas tradicionalmente excluidas de las redes de telefonía fija, ofreciendo así soluciones interesantes y económicas para personas que viven en zonas remotas o relativamente inaccesibles, como islas o regiones montañosas y, por supuesto, las regiones ultraperiféricas.
En las regiones ultraperiféricas, estas tecnologías son incluso más útiles que en ningún otro lado, ya que permiten superar distancias y reducir costes y plazos facilitando las relaciones entre los usuarios y sus proveedores de servicios, entre los clientes y sus proveedores o incluso entre el público y las autoridades públicas.
Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, nos hemos abstenido en la votación del informe Quisthoudt-Rowohl a pesar de que acojamos con satisfacción, por supuesto, que los intercambios comerciales entre Rusia y la Unión Europea hayan aumentado un 20 % el año pasado y que algunos Estados miembros mantengan una cooperación más estrecha con Rusia, por ejemplo en el sector del petróleo y el gas. Conviene mejorar en general la cooperación, aunque ambos lados deberían centrar la atención en resolver la cuestión del embargo de carne. Ante todo debemos demostrar de inmediato que las acusaciones rusas de falta de calidad y de contrabando de carne no están justificadas a fin de crear las condiciones necesarias para celebrar negociaciones en torno a una asociación estratégica en vista de que el acuerdo vigente expira a finales de año.
El abastecimiento de energía es utilizado como arma estratégica y política, como quedó claro desde el conflicto entre Rusia y Ucrania. A este respecto, los europeos tenemos que reflexionar desde ahora sobre una línea y planificación estratégica comunes para poder plantar cara a Rusia con una posición inequívoca en caso de que se repita esta situación, como es previsible. No debemos olvidar, sin embargo, que nuestra dependencia es recíproca y que nuestro objetivo debe ser formar un eje sólido entre Europa y Rusia, que en mi opinión no debería limitarse a las relaciones comerciales.
Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Creo que habría que imponer una obligación de servicio público a los proveedores de servicios de tecnología de banda ancha. Como habitante de un pueblo del Condado de Gloucester en que hasta hace menos de un año no había acceso a banda ancha, conozco las consecuencias económicas de la marginación. Reconozco que la instalación de la banda ancha ha de comenzar en las regiones más pobladas y accesibles, pero no debe detenerse hasta que abarque a más del 99 % de la población. No se puede consentir a los proveedores de servicios que escojan a su antojo, pues eso perjudica gravemente a las regiones y economías periféricas. Votaré a favor de este informe porque supone un gran avance en la dirección correcta, si es que no resuelve definitivamente la cuestión.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe refleja el clima actual de las contradicciones intercapitalistas entre las principales potencias de la UE y Rusia. El informe expone su enfoque de la intervención en Rusia –que pretende demostrar que no es sino una mera guía de política neoliberal– concebida para inducir a Rusia a complacer los intereses y ambiciones de los grandes grupos económicos y financieros de la UE.
Por ejemplo, la significativa crítica del «proyecto de ley presentado recientemente en la Federación de Rusia, que permite que el Gobierno rechace ofertas de adquisición extranjeras de participaciones mayoritarias en empresas rusas, prohibiendo con ello la propiedad extranjera de más del 49 % en empresas activas en 39 sectores estratégicos». La mayoría del Parlamento «cuestiona tanto la propia norma como la elección de los sectores clasificados como estratégicos y esenciales para la seguridad nacional» en Rusia.
Además, y quizá porque destapa excesivamente las verdaderas intenciones de este informe, se ha eliminado el siguiente apartado: «considera que no representa un paso hacia la mejora del clima de inversiones y plantea cuestiones fundamentales en cuanto al papel del Estado en una economía de mercado y competencia en sectores clave de la economía; considera que, en Rusia, al igual que en otros países, es el mercado el que mejor determina el régimen de propiedad de sociedades».
¿Hace falta decir más?
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La importancia de Rusia para la Unión Europea se basa en una combinación de factores como su geografía, su extensión, su posición estratégica, su importancia para el suministro de energía –concretamente como alternativa a las fuentes de energía situadas en Oriente Próximo–, la memoria reciente particularmente en casi todos los Estados miembros que se unieron a la UE en las dos últimas rondas de ampliación, el comercio y, por supuesto, el papel de Rusia en las relaciones internacionales. Con respecto a todos estos factores, hace falta realismo. Sin embargo, el realismo no debe confundirse con el desconocimiento de las dificultades ni con la ausencia de un marco de valores. Aunque se han introducido mejoras en algunos ámbitos, la Rusia de hoy está lejos de ser una democracia libre y abierta que respeta plenamente los derechos humanos.
Por tanto, celebro la forma en que la UE ha logrado hablar al unísono en la reciente cumbre UE-Rusia y que haya conseguido plantear una serie de preocupaciones e intereses de los Estados miembros. Aunque los resultados logrados no son ideales, es preferible un enfoque como este; un enfoque que reconozca la variedad de los intereses europeos, que represente esos intereses y que siga fiel a su marco de valores.
Eoin Ryan (UEN). – (EN) Señor Presidente, las votaciones de hoy sobre el informe Ferreira evidencian una vez más el insistente ataque a los países europeos en que rigen bajos impuestos de sociedades. La imposición de una base común consolidada del impuesto de sociedades supondrá que las arcas públicas de los grandes Estados miembros obtengan mayores ingresos por este impuesto, en detrimento de otros países. Aunque ocho o más Estados miembros se pusieran de acuerdo en torno a una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades, esto llevaría a invalidar los actuales tratados bilaterales en materia de impuestos con los Estados miembros que decidieron participar en un acuerdo sobre la CCCTB.
En algunos Estados miembros ya se está intentando que los ingresos por el impuesto de sociedades beneficien al país en que se realiza la venta. Para Irlanda, esto sería absolutamente negativo, pues muchas de las grandes empresas irlandesas solo fabrican nuevos productos o prestan servicios que se venden en los grandes Estados miembros. Que nadie dude –especialmente después de los comentarios sumamente hostiles y negativos que ha hecho recientemente el Ministro de Economía alemán– que Irlanda y otros países con bajos impuestos de sociedades emprenderán una auténtica batalla por conservar sus actuales sistemas tributarios, con los que se ha conseguido mantener un alto índice de empleo y un paro reducido y que constituyen un pilar básico para una economía próspera.
Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) He votado en contra del informe de la señora Ferreira porque en el apartado 13 la ponente propone la introducción de una base imponible consolidada en toda la UE. En mi opinión, la consolidación de la base imponible sería el primer paso hacia la consolidación de los tipos del impuesto de sociedades. Esto tendría implicaciones negativas porque disminuirían las presiones competitivas a las que se ven expuestos los Estados miembros.
En mi opinión, la competencia fiscal es necesaria, ya que impulsa a los Estados a introducir reformas necesarias. Mi país, Eslovaquia, está experimentando un auge económico gracias a las numerosas reformas aplicadas por el ex Primer Ministro, Mikuláš Dzurinda. Eslovaquia es un ejemplo de que normas sencillas, transparentes y neutrales generan más ingresos públicos. Los ingresos fiscales no dependen simplemente del tipo impositivo, sino, en primer lugar, de una amplia base impositiva y del número de excenciones, desgravaciones, regímenes especiales, etc. Por este motivo me opongo firmemente a toda armonización del impuesto de sociedades.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Parlamento suele utilizar informes sectoriales anuales, como en este caso sobre la política de competencia en 2005, para presentar sus posiciones maximalistas. Esta vez lo hace en relación con la idea de ejecutar la liberalización de todo el sector energético para el 1 de julio de 2007, con la armonización del impuesto de sociedades (con una base imponible empresarial consolidada) y con la reducción y el control de la ayuda estatal, que es una característica distintiva de la política de competencia de la UE. También plantea la cuestión de la modificación de las normas de competencia cuando bloquean la concentración y la centralización del capital Todo ello se hace en nombre del programa neoliberal que es la Agenda de Lisboa. Por ello hemos votado en contra.
Hay dos cuestiones concretamente que merecen destacarse. En primer lugar, queremos reafirmar nuestra oposición a cambios de estrategia en relación con las fusiones y el impacto de la competencia. Con estos cambios se pretende animar a multinacionales europeas cada vez mayores a competir mundialmente, en lugar de estudiar el efecto de la concentración de empresas en los mercados nacionales, mientras se sigue criticando a los «monopolios» y a las autoridades públicas. Las fusiones y adquisiciones han triplicado su valor desde 2003. En segundo lugar, se ha intentado introducir por la puerta de atrás normas de competencia aplicadas a los servicios de interés general.
Mairead McGuinness (PPE-DE), por escrito. (EN) He votado en contra del apartado 13 y del informe global sobre política de competencia 2005. Estoy en contra de la introducción de una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades, pues estoy segura de que será el primer paso hacia una armonización tributaria.
Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La política de competencia de la Unión tiene una importancia vital en una economía de mercado abierto.
Las medidas en el ámbito del comercio leal de productos y servicios –por ejemplo, reducciones de precios, aumento de la calidad, más opciones para los consumidores y el importante desarrollo de la innovación tecnológica, son requisitos indispensables si queremos aprovechar al máximo la apertura de los mercados.
Hoy hemos votado a favor de una mayor aclaración de las normas de competencia y una mayor certeza jurídica, a fin de poder obtener el máximo beneficio de todas las medidas que se han adoptado para mejorar la eficacia, la transparencia y la coherencia de esta política. El enfoque actual pretende ir más allá de una mera perspectiva formal con respecto a las normas de competencia, para que podamos valorar mejor los verdaderos o posibles efectos de ciertas prácticas o cambios estructurales de las empresas. La descentralización es una tendencia positiva a este respecto. Por lo tanto, he votado a favor del informe Ferreira.
Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) El EPLP cree que la idea general del informe es correcta. Sin embargo, en el asunto de la base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades, el EPLP mantiene su tradicional punto de vista de que compete a la soberanía nacional. Por eso hemos votado en contra de la segunda parte del apartado 13.
Godfrey Bloom (IND/DEM), por escrito. El UKIP renuncia a apoyar la recomendación de la investigación sobre Equitable Life por diversas razones. La principal es que las recomendaciones incluyen una política reguladora común de naturaleza similar a la Política Agrícola Común y a la Política Pesquera Común, que han resultado ser desastrosas.
Lo mismo sucede con la recomendación de que los contribuyentes sean quienes compensen a los titulares de pólizas de Equitable Life, pero no a los titulares de pólizas de National Provident Institution ni a los miembros del fallido sistema institucional de pensiones, cuyos casos no son menos convincentes.
Michael Cashman y Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) El EPLP apoyó la constitución de esta comisión porque creía que el Parlamento podría aprovechar la oportunidad para aportar claridad, aprender de la crisis de Equitable Life y prestar una voz a las víctimas. Sin embargo, algunos de los aspectos de la crisis y sus consecuencias no han sido incluidos en el informe, de modo que su resultado final no es equilibrado. Además, el informe ha sido utilizado por los partidos de la oposición para atacar al Gobierno laborista, engañando al mismo tiempo a los titulares de las pólizas con falsas esperanzas.
Esta votación se refiere a una recomendación de aprobar las conclusiones del informe, y no al informe en sí; tras la votación en comisión no ha habido más ocasiones de reformar o mejorar el texto. Por eso, el EPLP se abstiene en esta votación.
Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP renuncia a apoyar la recomendación de la investigación sobre Equitable Life por diversas razones. La principal es que las recomendaciones incluyen una política reguladora común de naturaleza similar a la Política Agrícola Común y a la Política Pesquera Común, que han resultado ser desastrosas.
Asimismo recomienda que los contribuyentes sean quienes compensen a los titulares de pólizas de Equitable Life, pero no a los titulares de pólizas de National Provident Institution ni a los miembros del fallido sistema institucional de pensiones, cuyos casos no son menos convincentes.
Bert Doorn (PPE-DE) , por escrito. – (NL) Como miembro de la comisión de investigación he examinado los aspectos cualitativos de la legislación.
La comisión de investigación ha concluido que si bien la Comisión supervisa la transposición formal, no controla suficientemente la aplicación. ¿Se ha transpuesto correctamente la legislación y se transpone de forma que su aplicación cumple los objetivos de la legislación europea?
Los diputados al Parlamento Europeo también deberíamos supervisar mucho más qué ocurre con la legislación en los Estados miembros una vez aprobada. Tal y como yo lo veo, el ponente responsable debería supervisar lo que se hace posteriormente en los Estados miembros. El ponente ha de hacer sonar la campana cuando las cosas van mal y, en caso necesario, hacer que intervenga la Comisión. Asimismo, me gustaría recomendar la inclusión de los Parlamentos nacionales.
La cooperación estructurada entre los Estados miembros en el ámbito de los supervisores nacionales deja mucho que desear. Esto no solo afecta a la supervisión en el ámbito de los mercados financieros, sino también en todos los demás terrenos. En los Estados miembros aumenta el número de supervisores independientes. La gran pregunta es: ¿quién supervisa a esos supervisores? ¿Y quién supervisa la calidad de la cooperación transfronteriza entre supervisores? ¿No es en este punto donde la Comisión Europea podría desempeñar un papel sustancial?
Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Me abstendré en la votación sobre este informe. Cuando se constituyó la comisión de investigación, creí que sería una buena oportunidad para aprender de la grave crisis de Equitable Life y aportaría algunas explicaciones a las víctimas. El problema es que el informe peca tanto por acción como por omisión. Da falsas esperanzas y expectativas a los titulares de las pólizas y ha sido utilizado de forma descaradamente política para atacar al Gobierno. Al tratarse del informe de una comisión de investigación en que no hay posibilidad, según nuestras normas, de presentar enmiendas, sinceramente no pudo votar a favor del informe.
Jeffrey Titford (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP renuncia a apoyar la recomendación de la investigación sobre Equitable Life por diversas razones. La principal es que las recomendaciones incluyen una política reguladora común de naturaleza similar a la Política Agrícola Común y a la Política Pesquera Común, que han resultado ser desastrosas.
Asimismo recomienda que los contribuyentes compensen a los titulares de pólizas de Equitable Life, pero no a los titulares de pólizas de National Provident Institution ni a los miembros del fallido sistema institucional de pensiones, cuyos casos no son menos convincentes.
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE), ponente. – (EL) Señor Presidente, quiero hacer hincapié en mi oposición a las enmiendas 7 y 8. No se ha controlado la votación y quiero expresar mi oposición, porque su contenido no tiene nada que ver con la cuestión planteada. Menciona el principio de subsidiariedad y yo personalmente creo que la referencia a las excepciones socava el principio de la igualdad de trato.
Espero que el informe de buen resultado y ayude a todos, sin excepciones.
Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Señor Presidente, en nombre de los diputados del Partido Liberal Demócrático alemán quisiera decir que el informe de la señora Panayotopoulos-Cassiotou, trata un tema muy importante, a saber, las medidas que permitan compatibilizar la vida familiar con un periodo de estudios. Hemos participado en la votación con el fin de expresar nuestra solidaridad a los colegas diputados que han trabajado en este tema.
No obstante, en nombre de mis colegas quiero subrayar que consideramos que se trata de un tema que debe abordarse exclusivamente a escala nacional y no de una materia de la que deba ocuparse la Unión Europea. Por consiguiente, este Parlamento debería aprovechar este informe para examinar con mayor detenimiento en qué ámbitos temáticos somos competentes y cuáles sería preferible dejar en manos de los Estados nacionales.
Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) El nivel educativo de las personas es crucial para su desarrollo personal y para el crecimiento y la innovación en Europa. La oportunidad para las estudiantes de tener familia también es muy significativa desde el punto de vista de la igualdad. Por tanto, es importante que los Estados miembros de la Unión Europea inviertan más en la creación de buenas condiciones para que las personas puedan estudiar y tener familias al mismo tiempo. A la luz de todo esto, hemos optado por votar a favor del informe a pesar del hecho de que la mayoría de los temas que aborda son responsabilidades nacionales, regionales y locales, más que europeas.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe subraya la importancia de que todas las personas jóvenes, hombres y mujeres, se beneficien de una educación y formación de alta calidad que se adapten a las nuevas necesidades del mercado, y de que actualicen constantemente sus conocimientos a fin de poder entrar en el mercado laboral y no dejar de progresar.
El nivel de educación es un factor esencial en la capacidad de crecimiento e innovación de una sociedad. La OCDE considera que añadir un año más al tiempo medio dedicado a la educación incrementa la tasa de crecimiento un 5 % de forma inmediata y cerca del 2,5 % a largo plazo. En los países con un nivel de estudios más elevado se da una menor desigualdad entre las personas, y esto constituye un gran desafío para Portugal, el país que tiene la mayor desigualdad y el menor nivel de formación de la UE.
En general, cuanto mayor es nivel de estudios, tanto mayor será el nivel de empleo. Tomando el conjunto de la población de 25 a 64 años de edad, en 2001 la tasa de empleo entre quienes tenían un nivel de educación superior era del 84 %, es decir, cerca de 15 puntos más que la media de personas con todo tipo de educación y casi 30 puntos más que aquellos que no habían pasado del primer ciclo de la educación secundaria.
Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. (EN) Señor Presidente, voy a votar a favor del informe Panayotopolous-Cassiotou sobre un marco regulador para medidas de conciliación de la vida familiar y del período de estudios en la Unión Europea (2006/2276(INI).
Los Estados miembros deberían prestar más atención a la situación de las mujeres y hombres jóvenes que tienen familia. El informe subraya acertadamente la necesidad de un marco de políticas que apoyen más a los jóvenes para que puedan estudiar y sacar adelante una familia sin necesidad de dar prioridad a uno de esos objetivos.
La ponente señala que deberían tenerse más en cuenta las expectativas de las mujeres y hombres jóvenes que estudian y tienen familia desde el punto de vista de los sistemas educativos y las estructuras sociales. Esto podría implicar la conveniencia de ofrecer un seguro favorable para los estudiantes, además de prestar ayuda social y asistencia médica, que también podría abarcar a las personas dependientes de los estudiantes. Entre otras medidas podrían incluirse la reducción de la carga fiscal o la exención de estudiantes con familia.
Como profesor universitario, creo que la petición que se hace en el informe a los Estados miembros de colaborar con instituciones de enseñanza superior y profesional para crear un marco más flexible para el estudio, que aproveche las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación, merece todo nuestro apoyo.
Catherine Stihler (PSE), por escrito. (EN) El equilibrio entre el trabajo y la vida privada y entre el trabajo, los estudios y la vida privada es fundamental para contar con una fuerza laboral sana y contenta. Las jóvenes que estudian y tienen que cuidar hijos necesitan más apoyo en toda la UE.