Acta literal de los debates

Martes 19 de junio de 2007 - Estrasburgo

15. Misión de investigación en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid (debate)

  El Presidente. – De conformidad con el orden del día se procede al debate de:

- la pregunta oral de Marcin Libicki y Michael Cashman, en nombre de la Comisión de Peticiones, al Consejo sobre la misión de investigación en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid (O-0030/2007 – B6-0127/2007), y

- la pregunta oral de Marcin Libicki y Michael Cashman, en nombre de la Comisión de Peticiones, a la Comisión sobre la misión de investigación en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid (O-0031/2007 – B6-0128/2007).

Al igual que sus Señorías, creo que no puedo más que lamentar la ausencia del Consejo, que no estará presente para responder a las preguntas de los diputados.

  Marcin Libicki (UEN), autor. – (PL) Señor Presidente, me gustaría comprobar algo. Si no me equivoco, tengo dos minutos y medio para hablar, porque parece que el señor Cashman también va a intervenir sobre este asunto. ¿Es cierto que tengo dos minutos y medio para intervenir? Quería comprobarlo, porque usted no lo ha mencionado antes.

Señor Presidente, desde el punto de vista de los turistas y los europeos del norte que desean cambiar de residencia, la costa mediterránea es el destino más atractivo. La costa de España se ha visto particularmente expuesta a un proceso de urbanización extremadamente intenso. Esta urbanización extrema se ha traducido en una serie de conflictos.

Parece que hay tres partes implicadas en este conflicto, en concreto los promotores, las autoridades y los residentes. Asimismo, y esto hay que subrayarlo, el conflicto implica tanto a españoles como a ciudadanos de otros Estados miembros, que quieren establecerse en estas regiones o que ya se han trasladado allí.

Dado el ingente número de peticiones de este tenor que se han enviado a la Comisión de Peticiones, organizamos una visita de investigación especial y, ya en diciembre de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, sobre la base de estas peticiones, relativa a la infracción de las Directivas sobre contratación pública y suministro de agua y la violación de derechos de propiedad.

Este año se ha cursado otra visita de investigación y, el 11 de abril de 2007, la Comisión de Peticiones ha elaborado su propia posición sobre la cuestión, con referencia a la anterior resolución aprobada por el Parlamento Europeo.

En este contexto, me gustaría formular una pregunta a la Comisión y al Consejo. ¿Qué medidas han tomado la Comisión y el Consejo para garantizar que se aplique correctamente el Derecho comunitario y se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de propiedad, en aplicación del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea?

  Michael Cashman (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, me entristece tener que tomar la palabra de nuevo sobre este asunto. Más de 18 meses después de la aprobación del informe Fourtou, en diciembre de 2005, por una amplia mayoría de esta Cámara, aún seguimos discutiendo los mismos temas sin que nada haya cambiado. El Consejo está ausente, y eso es una vergüenza.

Ciudadanos de muchos Estados miembros, incluido el mío, pero también de España, Alemania, Países Bajos y Bélgica, están viendo cómo sus tierras legítimamente adquiridas les son arrebatadas por las autoridades locales sin el debido proceso, lo cual, estoy seguro, es contrario al Derecho de la UE. Además, se les obliga a pagar grandes cantidades de dinero –decenas de miles de euros– para sufragar nuevas infraestructuras y nuevas urbanizaciones que ellos no desean y que ocupan sus tierras.

La situación que describo parece inimaginable en la UE del siglo XXI, pero es una triste realidad para miles de ciudadanos en España. Son personas que han comprado terrenos de buena fe para ver ahora cómo se los quitan por lo que, en el mejor de los casos, podemos llamar incompetencia administrativa y, en el peor, negligencia criminal y corrupción.

El asunto se denunció ante la Comisión de Peticiones en 2003; entonces, 15 000 ciudadanos nos escribieron pidiendo ayuda. ¿Qué hemos hecho? Hemos aprobado el informe Fourtou, que formuló una serie de recomendaciones a la Generalidad valenciana, y esta efectuó algunos cambios menores en la LUV, que no resuelven el problema crucial de la expropiación de terrenos. Merece la pena mencionar que numerosos proyectos en Valencia se aceleraron para concluir antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Este es un claro síntoma de que los constructores y los promotores querían seguir aprovechándose de las algunas de la legislación anterior.

Ahora hemos enviado tres misiones de investigación, la última de las cuales sufrió vergonzosos ataques por parte del Partido Popular, que suponían ataques a la integridad de esta Cámara. Me entristece decir que el Presidente del Parlamento, el señor Pöttering, permanece indiferente ante dichos ataques a la integridad de esta Cámara.

Los políticos del Partido Popular dicen que las peticiones de los valencianos eran ficticias. Pero el sufrimiento es real, es desesperado, y por eso la población se ha dirigido a nosotros.

La Comisión no está satisfecha. Cree que es posible que se esté infringiendo el Derecho de la UE. Por eso, diré que no hacer nada no es una opción; ya hemos hecho todo lo que se puede hacer desde esta Cámara y esto se resolverá en el Tribunal de Justicia, o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y será para vergüenza del Partido Popular en España.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, permítame empezar dando las gracias al señor Libicki y al señor Cashman por su duro trabajo en la preparación del informe para la Comisión de Peticiones en la tercera misión de investigación en Valencia. Esta misión ha dado a los miembros de la comisión la oportunidad de encontrarse con los representantes de las administraciones y los demandantes y ganar experiencia de primera mano sobre la situación en el terreno.

Los proyectos de urbanización en las regiones españolas en cuestión implican tres aspectos principales: contratos públicos, derechos fundamentales y normas ambientales. Permítanme darles algunas indicaciones de nuestras acciones en estos ámbitos.

En primer lugar, sobre los contratos públicos: la Comisión opina que la aprobación de programas de acción integrada en el marco de la legislación urbanística valenciana implica la concesión de contratos públicos de obras y servicios. Consideramos que algunas actividades se llevaron a cabo de una manera que infringe la legislación de la Unión Europea sobre los contratos públicos. Informé al Parlamento de ello en diciembre de 2005.

Decidimos por ello iniciar un procedimiento de infracción contra España sobre esta cuestión. La Comisión cuestionó la legislación urbanística entonces vigente. El 30 de diciembre de 2005, las autoridades regionales aprobaron una nueva legislación urbanística que derogaba y sustituía a la anterior. Sin embargo, la nueva legislación no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a las convocatorias públicas o a la información requerida por las convocatorias públicas y a la definición poco clara del objeto del contrato. Contiene otras disposiciones que son también incompatibles con la directiva sobre suministros, servicios y contratos públicos de obras. Emprendimos el procedimiento legal en 2006. Las respuestas que recibimos de las autoridades competentes no fueron convincentes. Quiero proponer por ello que la Comisión traslade este asunto al Tribunal de Justicia.

En segundo lugar, con respecto a los derechos fundamentales, la Comisión no puede intervenir en esta área. Desde nuestro punto de vista, las supuestas infracciones de derechos de propiedad no afectan a ninguna disposición de Derecho comunitario que permita a la Comisión intervenir en este terreno.

En tercer lugar, sobre la legislación ambiental: también en este caso la Comisión solo puede adoptar medidas legales cuando se infringe el Derecho comunitario. Sin embargo, en lo que se refiere al medio ambiente, la política de desarrollo urbanístico como tal no entra en las competencias de la Unión. Sin embargo, los departamentos que son responsabilidad de mi colega el señor Dimas, investigan casos de desarrollo urbanístico que se supone infringen el Derecho ambiental comunitario. Le puedo garantizar que la Comisión continuará procurando que las autoridades españolas competentes cumplan la normativa ambiental en la ejecución de los planes de desarrollo urbanístico.

La Comisión ya ha actuado en otros casos cuando entran en su competencia, por ejemplo cuando proyectos de desarrollo urbanístico infringen directivas ambientales, por ejemplo sobre el agua o sobre la evaluación de impacto ambiental.

  Carlos José Iturgaiz Angulo, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, se ha hablado por activa y por pasiva de este tema, y yo no voy a entrar en el fondo, porque ha sido discutido en muchas ocasiones en la propia Comisión de Peticiones.

Pero sí quiero entrar en un asunto que me parece importante, y es que, al traer esta resolución a este Pleno, estamos ante un problema de competencias, porque esta resolución, creo, Señorías, que está invadiendo competencias nacionales. Ustedes quieren sustituir decisiones de Parlamentos autonómicos, quieren sustituir decisiones de Parlamentos nacionales, quieren sustituir al propio Tribunal Constitucional, quieren sustituir al organismo jurisdiccional español, es decir, esta resolución es una invasión de competencias sin precedentes.

Y por eso, yo creo que el Servicio Jurídico de esta Casa debería decirnos si aquí se puede votar absolutamente todo, cuando, como en este caso, se pisan competencias nacionales y autonómicas.

La verdad es que a mí la respuesta de la Comisión me ha tranquilizado ya que, cuando se dice que no ha podido y no se puede intervenir, tranquiliza a mi Grupo político, porque, lógicamente, el Parlamento o el Gobierno de Valencia han actuado siempre conforme a la ley, conforme a los planteamientos jurisdiccionales que siempre ha defendido ese Gobierno.

Y yo quiero simplemente terminar con una cuestión que, incluso en la propia Comisión de Peticiones, hemos escuchado durante este tiempo: se nos decía que los ciudadanos lo recordarían, que los ciudadanos a la hora de ejercer el voto hablarían en las urnas, y que harían pagar al Gobierno de Valencia o al Gobierno de Madrid lo que estaba ocurriendo.

Bien, los ciudadanos han hablado y se han manifestado claramente a favor de un programa, de un proyecto conocido, de lo que se ha hecho en la Comunidad de Valencia, de lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, y han dado las mayorías, pero no unas mayorías relativas, sino unas mayorías absolutas, a los Gobiernos del Partido Popular, tanto en Madrid como en Valencia.

  Carlos Carnero González, en nombre del Grupo del PSE. – (ES) Señor Presidente, no creo que la Comisión de Peticiones tuviera como objetivo fundamental de su excelente trabajo hacer caer a tal o cual Gobierno regional en España, por muy lamentable que fuera su actuación. Lo que ha hecho la Comisión de Peticiones es actuar con arreglo a un principio que es políticamente incuestionable.

Cuando se trata de defender los derechos de los ciudadanos no hay soberanía nacional ni fronteras nacionales que valgan. La cuestión es que en algunas comunidades autónomas de España, no en todo el país, determinados Gobiernos autonómicos, determinados Gobiernos locales están agrediendo al medio ambiente, agrediendo a la sostenibilidad de la vida de la ciudadanía y, por lo tanto, violando los derechos individuales y colectivos. Es el caso de Valencia, es el caso de Madrid, mi comunidad autónoma.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid no solamente lo ha hecho en el pasado, sino que pretende seguir haciéndolo: hoy mismo, sus proyectos iban en esa dirección. No se trata de casas, pero, por ejemplo, se empeña en seguir llevando adelante el proyecto de una carretera –antes M-50 y que ella llama ahora M-61– que quiere destruir, nada más y nada menos, que el monte de El Pardo, un lugar de una importancia ecológica fundamental.

Quiero felicitar a la Comisión de Peticiones y decir que ha dado la razón –y en esta resolución se vuelve a hacer– a las demandas de los peticionarios y los ciudadanos, y además quiero solidarizarme con un trabajo serio y, desde luego, decir que los insultos que han recibido la integridad de esta casa y los miembros de esa delegación fueron tan inaceptables como algunos contenidos que se quieren seguir manteniendo aquí. La razón está por encima de todo.

  David Hammerstein, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, señor Iturgaiz, haber ganado unas elecciones no da permiso para odiar la legislación europea. El interés público para justificar una gran malversación no puede emanar simplemente de una votación de la mayoría de unos concejales de un municipio.

Una mayoría política no puede servir de excusa para vaciar de contenido la democracia local mediante la creación de unos ayuntamientos paralelos cuyos protagonistas son los agentes urbanizadores insaciables y las constructoras omnipotentes.

La simple aprobación de un proyecto urbanístico no da derecho a hipotecar la conservación de los recursos hídricos del agua y de las tierras valiosas de varias generaciones mediante una avalancha de cemento por doquier.

Ha faltado mayor transparencia, un mínimo de respeto hacia los pequeños propietarios y participación pública en todos los procesos. Sí, el escándalo del ladrillo valenciano, andaluz y madrileño es un escándalo europeo que demanda una respuesta europea.

Exigimos que la Comisión actúe con energía y urgencia ante unas vulneraciones flagrantes de la Directiva en materia de contratación pública, la Directiva marco del agua y la Directiva «Hábitats» por parte de las autoridades valencianas y otros Gobiernos autonómicos.

Muchas de las 750 000 viviendas construidas en España el año pasado, más que en Francia y Alemania juntas, no han respetado el Derecho comunitario. ¿A qué espera la Comisión para actuar?

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, sin duda las cuestiones que se presentan en relación con España no se limitan a España, lo que tal vez sirva de consuelo a nuestros colegas españoles del Grupo del PPE-DE de esta Cámara. Problemas similares, no en relación con la propiedad, pero sí en relación con el impacto sobre el medio ambiente, sobre el patrimonio y realmente sobre la calidad de vida de las personas suceden a raíz de importantes proyectos de infraestructuras en Irlanda, y parece ser una cuestión a la que no hemos sido capaces de enfrentarnos a escala europea porque la legislación europea no es suficientemente rigurosa o, realmente, porque la Comisión no puede actuar con la rapidez suficiente y presentar las quejas oportunamente.

Por ejemplo, cuando visité Madrid, me informé de la situación allí, donde la autoridad municipal trazó un anillo alrededor de Madrid como una calle urbana, decidió desarrollarlo como una autopista, lo fragmentó en aproximadamente una docena de tramos diferentes y alegó que por tanto no hacía falta que se sometiera a una evaluación de impacto ambiental. Ahora, la Comisión ha decidido finalmente que eso no se puede hacer, pero ya se habían construido tres cuartas partes de la autopista en el momento de adoptar la decisión.

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Señor Presidente, las misiones que este Parlamento ha realizado a la Comunidad Valenciana son consecuencia de los casos de abusos urbanísticos denunciados, de los que han dado cuenta, por cierto, los medios de comunicación, y que han preocupado a muchos ciudadanos.

No son las visitas de los diputados al Parlamento Europeo lo que ahuyenta a los posibles compradores de viviendas. Estas misiones son, precisamente, una contribución para que las decenas de miles de ciudadanos europeos que desean residir en nuestro territorio lo hagan con la confianza de que sus inversiones se hacen en un lugar con las reglas del juego claras y en un entorno respetuoso con el medio ambiente. Los futuros clientes son cada día más exigentes y estos dos elementos son una ventaja competitiva que no podemos permitir que sea destruida por un urbanismo sin control.

En los últimos años se han incrementado las reclamaciones por estos abusos por parte de ciudadanos que, efectivamente, consideran que han sido víctimas de actos que han afectado a sus propiedades o que han deteriorado gravemente el entorno en el que residen. Pese a ello, también quiero decir que no creo que sean generalizados, ni tampoco suceden todos los días.

Pero las promesas que las autoridades regionales realizaron anteriormente a estas misiones no se han cumplido, ni han solucionado los problemas, ni reformado las leyes, ni atendido a los afectados, ni aplicado las recomendaciones aprobadas por este Parlamento en el año 2005.

Efectivamente, el pasado 27 de mayo hubo elecciones en la Comunidad Valenciana y es verdad que es un buen momento para iniciar una nueva etapa y, sobre todo, para rectificar, para reconocer, para empezar, la existencia de este problema, cosa que el Gobierno regional todavía no ha hecho. Y para aceptar el hecho de que ha sido incapaz de solucionarlo hasta ahora. También es momento, desde luego, de abandonar la arrogancia y el desprecio que tuvo con los diputados que visitaron la Comunidad.

Y quiero decir para terminar que mi partido, el Partido Socialista, tiende otra vez, porque ya lo ha hecho en varias ocasiones, su mano para contribuir a la solución de este problema; por ello, reitera, en el caso de la región de Valencia, la necesidad de un amplio acuerdo político y social que incluya a todas las partes afectadas, que, desde luego, tenga como premisa la reforma de la Ley urbanística valenciana para su adecuación a los Tratados y para incrementar la seguridad jurídica de todas las partes, y que incluya también, desde luego, la implantación de mecanismos de atención y arbitraje para los ciudadanos que se consideran afectados por los abusos urbanísticos.

  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, muchas peticiones sobre este asunto demuestran que la compra de bienes inmuebles puede ser una auténtica carrera de obstáculos. Los casos mencionados plantean varias cuestiones jurídicas complicadas que se refieren a la legislación sobre la propiedad. Esto es de exclusiva competencia de los Estados miembros; la Comisión no puede intervenir. Cualquier reclamación al respecto debe plantearse ante las autoridades nacionales y no podemos crear falsas expectativas por parte de los demandantes.

Sin embargo, cuando los asuntos plantean cuestiones de Derecho europeo, la Comisión se toma en serio su papel de guardiana de los Tratados, al establecer si hay infracciones del Derecho comunitario. Desde nuestro punto de vista, ese es el caso con respecto a la legislación sobre los contratos públicos. Ya hemos incoado procedimientos de infracción al respecto. Pretendemos continuar esas acciones con vistas a obtener la conformidad total con el Derecho comunitario.

  El Presidente. – De conformidad con el apartado 3 del artículo 108 del Reglamento, he recibido una propuesta de resolución⁽¹⁾ al término de este debate.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves.

(La sesión, suspendida a las 17.35 horas, se reanuda a las 16.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. DOS SANTOS
Vicepresidente

(1) Véase el Acta.