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Procedimiento : 2006/2084(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0226/2007

Textos presentados :

A6-0226/2007

Debates :

PV 19/06/2007 - 17
CRE 19/06/2007 - 17

Votaciones :

PV 20/06/2007 - 5.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2007)0273

Debates
Martes 19 de junio de 2007 - Estrasburgo Edición DO

17. Transposición y aplicación de la legislación relativa a la contratación pública (debate)
PV
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0226/2007) de la señora McCarthy, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre problemas específicos de transposición y aplicación de la legislación relativa a la contratación pública y su relación con la Agenda de Lisboa (2006/2084(INI).

 
  
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  Arlene McCarthy (PSE), ponente. – (EN) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a los coordinadores de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor por apoyar mi labor de presidenta de sacar adelante el primer trabajo detallado que ha emprendido la comisión sobre la transposición y aplicación de la legislación sobre el mercado interior, en este caso examinando la efectividad de la legislación sobre los contratos públicos.

El informe es la culminación de meses de extensa investigación y consulta informal con Estados miembros, encargados de la contratación pública y especialistas en esta cuestión, y con funcionarios de la Comisión. Ha prestado una gran ayuda el personal de la secretaría de la Comisión de Mercado Interior, al que también quiero expresar mi agradecimiento.

Hemos organizado un taller para examinar las buenas prácticas, centrando la atención en los contratos públicos y demostrando la firme voluntad del Parlamento de «legislar mejor» y al mismo tiempo de mejorar la experiencia de las empresas con la legislación de la UE y de demostrar las ventajas para los ciudadanos.

¿Por qué hemos decidido examinar la legislación sobre los contratos públicos? Una serie de artículos de prensa negativos de 2003 a 2006 parecían indicar que el mercado interior estaba fallando debido al incumplimiento de las normas sobre contratos públicos de la UE, en particular de las normas sobre no discriminación por razones de nacionalidad. Se expresaba también la preocupación de que aumentaba el número de adjudicaciones directas ilegales. El mercado de los contratos públicos, cuyo valor estimado ronda el 16 % del PIB de la UE y representa alrededor de 1,7 billones de euros, tiene sin duda un enorme significado económico para el crecimiento y la creación de empleo en la UE. Nuestras autoridades locales intensifican la contratación pública y generan un mayor potencial de empleo a nivel local, en particular para las PYME.

Nuestro análisis nos lleva al punto de vista de que hay, efectivamente, muchos problemas con la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea sobre los contratos públicos, inclusive casos de discriminación transfronteriza. Un número significativo de casos de infracción de la Comisión se refieren a asuntos de contratación pública, y podríamos haber redactado un informe denunciando expresamente las malas prácticas o señalando a los Estados miembros, cinco de los cuales, en 2007, todavía no han aplicado las Directivas sobre los contratos públicos. De haberlo hecho, seguro que habríamos salido en los titulares de los medios de comunicación.

No obstante, creemos que, a fin de cuentas, la apertura del mercado de los contratos públicos en la Unión Europea contribuye positivamente a la salud del mercado interior y ayuda a la Unión Europea a cumplir los objetivos de Lisboa. Hemos preferido por ello centrarnos de manera constructiva en acciones que van a mejorar los avances de los Estados miembros a la hora de abordar los problemas persistentes –y, efectivamente, emergentes– de transposición y aplicación.

El informe recomienda por ello que la Comisión proponga un plan de acción que anime vivamente a los Estados miembros a abordar los problemas. Pedimos prácticas de colaboración entre los Estados miembros y la Comisión, incluida la divulgación de información informal en una fase temprana. Subrayamos el papel del arreglo informal de disputas, junto con los recursos formales. Pedimos a la Comisión que publique directrices sobre la aplicación de criterios sociales, una vez que haya completado su estudio en este terreno, y queremos ver más intercambio de buenas prácticas en los contratos públicos, por ejemplo, con la formación sistemática de profesionales de contratación y la coordinación del trabajo de las redes europeas para el intercambio de buenas prácticas. Recomendamos la adopción de todos los elementos optativos de la nueva directiva, como las subastas por Internet, y queremos que se establezcan agencias de asesoría nacionales para ayudar a las autoridades contratantes, así como a los licitantes.

Reconocemos que la Comisión necesita recursos humanos suficientes en este terreno para abordar los problemas, y pedimos también una mejor recopilación de datos sobre contratación pública, que sabemos es un ámbito muy difícil debido al volumen total implicado y a la variedad de sistemas contables nacionales. Queremos el compromiso político de los Estados miembros, en particular para acelerar la correcta transposición y aplicación de esta legislación.

Una cuestión candente es la prestación de servicios dentro de la empresa y la aplicabilidad de las normas de los contratos públicos a las sociedades público-públicas. La comisión decidió que actualmente no hay suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, después del asunto Teckal, como para aclarar jurídicamente lo que deben hacer las autoridades públicas. Sin embargo, instamos a la Comisión a que continúe su trabajo en este terreno para resolver y aclarar jurídicamente las cuestiones. Recuerdo a los colegas que hemos adoptado recientemente el informe de la señora Weiler, que formula excelentes recomendaciones sobre las sociedades público-públicas.

Finalmente, hay una clara relación entre este informe y el futuro del mercado único. En realidad, se espera que la Comisión vuelva a informar sobre la futura política en otoño.

Quisiera dar las gracias a todos los colegas por su aportación a este debate y a todos los que han contribuido a nuestro taller y de muchas otras maneras. Espero una gran ayuda de la Comisión para lo que creo que es un informe positivo y práctico para mejorar este importante sector del mercado interior.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, como saben, la Comisión reflexiona actualmente sobre el futuro del mercado único. Este otoño esperamos presentar nuestras ideas sobre lo que será el foco de la política de mercado único en los próximos años.

Un elemento fundamental de nuestro análisis afecta a la cuestión de cómo garantizar mejor que el Derecho comunitario se aplique correctamente sobre el terreno. Acojo con satisfacción el hecho de que dediquen ustedes un informe a esta cuestión, que se centra específicamente en los contratos públicos, y elogio a su ponente, la señora McCarthy, por la iniciativa.

Como recomendación fundamental, el informe sugiere establecer organismos nacionales asesores para ayudar a las autoridades contratantes, así como a los licitadores. Ese punto de contacto a escala nacional podría desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la correcta aplicación de las normas de contratación pública. Acercar el asesoramiento en materia de contratación pública a las numerosas autoridades contratantes y a los licitadores individuales, a través de un organismo nacional, es una buena idea. La Comisión está dispuesta a cooperar con esos puntos de contacto nacionales y a responder a cualquier duda que tengan.

Los Estados miembros deberían aceptar las sugerencias del informe y, por ejemplo, establecer un organismo asesor nacional de este tipo. Algunos Estados miembros están actualmente en trance de establecer puntos de contacto, o centros de mercado interior, que podrían ayudar a las empresas y a los ciudadanos en el contexto de SOLVIT, la libre circulación de mercancías, o de la Directiva de Servicios. Acojo con satisfacción esas iniciativas y espero que esos organismos nacionales extiendan su actividad a todos los sectores del mercado interior, incluida la contratación pública.

Queremos garantizarles también que la Comisión aproveche todos los medios disponibles para garantizar la aplicación de las directivas de contratación de 2004 tan rápidamente como sea posible en los Estados miembros que siguen rezagados. Lamento que nuestros esfuerzos por prestar todo el asesoramiento y ayuda posibles no puedan evitar el hecho de que tengamos que emprender acciones legales contra varios Estados miembros por no llevar a cabo su proceso de transposición. Sin embargo, no nos podemos permitir perder tiempo en asegurar la igualdad de condiciones para los licitadores de toda Europa.

Permítanme subrayar en conclusión que necesitamos el compromiso de los Estados miembros con la causa de los contratos públicos si queremos progresar en la correcta transposición y aplicación. Los asuntos relacionados con la contratación pública siguen representando todavía una parte importante de los expedientes de infracción abiertos contra los Estados miembros. Eso va en detrimento de la libre competencia entre licitadores. Va también en detrimento de las finanzas públicas, y por ello de los contribuyentes. Su informe subraya la necesidad de mejorar, y doy las gracias a la Cámara por su ayuda.

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mis felicitaciones más sinceras a la ponente, la señora McCarthy, por su excelente informe.

Últimamente he notado una tendencia en el Parlamento Europeo que, como europea, me parece preocupante: la falta de respeto por las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El TJCE no aplica criterios nacionales en sus sentencias: tiene en cuenta los intereses de la Unión y sus ciudadanos. Además, una de las bases del Tratado es que la jurisprudencia del TJCE es aplicable en todos los Estados miembros. Nuestro papel en el Parlamento Europeo es principalmente legislativo. Para cumplir nuestra tarea es fundamental que usemos el enfoque europeo del TJCE como un imán, en lugar de contemplar al TJCE como un enemigo: un punto de vista que no es tan raro hoy en día, por desgracia.

La legislación sobre contratos públicos experimenta todavía unos cuantos problemas de crecimiento. Muchos de los problemas de deben a la falta de aplicación nacional o a las dificultades con que choca. Debe ser siempre nuestro objetivo, y el de los Estados miembros, hacer la legislación tan comprensible y adaptable a las necesidades reales como sea posible. Las PYME deberían poder participar en el mercado transfronterizo en la realidad, no solo en la teoría.

Debemos hacer que funcione el marco de las colaboraciones público-privadas y aportar seguridad jurídica para las empresas, así como para las autoridades públicas, y controlar que todas actúen de acuerdo con la legislación de la UE sin imponer una burocracia innecesaria. Nuestra tarea es asegurarnos de que los intereses nacionales y locales no excedan nuestro objetivo europeo, que es, y debe ser, el mejor resultado para todos los ciudadanos y empresarios europeos.

Voy a acabar expresando mi confianza en la Comisión y en nuestra futura buena cooperación.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo PSE. (ES) Señor Presidente, quiero felicitar en primer lugar a mi colega, la señora McCarthy, por su excelente informe, pero creo que esta es una buena ocasión de decir cosas claras que pueda entender la gente que está fuera del hemiciclo, los ciudadanos ordinarios.

Yo tengo una cierta experiencia de práctica profesional en este ámbito precisamente, y he de señalar que la contratación pública es la piedra de toque de la lucha contra la corrupción. La transparencia y el nivel de buen gobierno de las administraciones públicas se miden en función del nivel de funcionamiento de las normas jurídicas y de su aplicación por parte de las instituciones.

Yo quería felicitar a la Comisión por la labor que ha llevado a cabo en la aplicación de esas normas jurídicas, y hacer llegar mi reconocimiento al Tribunal de Justicia por la correcta aplicación de esas normas. Ahora bien, como señala la ponente, no podemos estar conformes con la situación actual, pues hay muchas normativas de la Unión Europea que todavía no han sido incorporadas a los Derechos nacionales y, por desgracia, hay todavía muchas administraciones públicas dentro de la Unión Europea que no están aplicando correctamente la normativa comunitaria.

Yo creo que este momento –como recomienda la ponente– es el momento de que la Comisión haga un gran plan de acción dirigido, por un lado, al cumplimiento de la normativa comunitaria y a su perfeccionamiento y, mediante la colaboración con los Estados, que son los responsables de la aplicación de esa normativa, a la consecución de la aplicación efectiva en todos los niveles de la administración, porque quizás haya algún país que no tenga corrupción, pero diría que ese es el mayor peligro que tiene tanto el funcionamiento de la administración como el funcionamiento de nuestra democracia.

Mi agradecimiento de nuevo a la señora McCarthy. Creo que mañana podremos aprobar este informe por una amplia mayoría.

 
  
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  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE.(DE) Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la señora McCarthy por su magnífico informe. Yo también creo que es urgente que velemos porque las directivas se apliquen en la práctica. Una transposición incompleta puede dar lugar a inseguridad jurídica y distorsiones de la competencia, que debemos evitar.

Desgraciadamente, este informe indica que las nuevas Directivas solo han sido transpuestas hasta ahora en 20 de los 27 Estados miembros, a pesar de que el plazo para hacerlo expiró el 31 de enero de 2006. Los motivos citados con más frecuencia para no transponerlas son la falta de conocimientos jurídicos o recursos humanos a escala nacional, así como la falta de voluntad política de los Estados miembros. Esto es lo que debemos abordar y considero que las propuestas de la señora McCarthy son excelentes. La comisión parlamentaria propone a la Comisión Europea un plan de acción para estimular a los Estados miembros a que aborden los problemas actuales y futuros en materia de transposición y aplicación en el ámbito de la contratación pública.

Sin embargo, también me parece importante que la comisión parlamentaria haya recalcado que en determinados ámbitos existen buenas prácticas que deberían compartirse. Los Estados miembros deben intercambiar activamente entre ellos los conocimientos y mejores prácticas en materia de transposición en el ámbito de la contratación pública y mejorar su cooperación con la Comisión en este terreno. La comisión parlamentaria invita insistentemente a los Estados miembros a coordinar y simplificar las técnicas de compra electrónica y a facilitar el acceso a dichas compras. Acoge con beneplácito el manual de la Comisión sobre la aplicación de criterios ambientales y pide que se publiquen directrices para la aplicación de criterios sociales. Esto contribuiría asimismo a evitar la inseguridad jurídica.

Debemos mencionar otro ámbito relacionado con el tema de la inseguridad jurídica, a saber, el problema aún no resuelto de la cooperación pública, que en Alemania denominamos «cooperación intermunicipal». En esta cooperación, los municipios –y realmente se trata en exclusiva de municipios– gestionan instalaciones comunes, como parvularios, el suministro de agua, la evacuación de aguas residuales y los residuos sólidos urbanos. Esta cooperación entre ellos sirve para controlar el descenso demográfico en las zonas rurales.

Considero que este tipo de cooperación intermunicipal no forma parte de la contratación pública y espero que la Comisión clarifique este aspecto de una vez por todas. Por este motivo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea retirará la enmienda 12 y no la someterá a votación mañana.

 
  
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  Nils Lundgren, en nombre del Grupo IND/DEM. (SV) Este es, por una vez, un informe por el que alguien del partido de euroescépticos, la Lista de Junio, puede expresar un significativo aprecio. Esta es precisamente la materia de la que debería ocuparse la Unión Europea, es decir, la cuestión de garantizar –como deberíamos hacer en todos los casos– la aplicación de soluciones económicas liberales en aquellos ámbitos en los que hemos optado por el mercado. El enfoque del informe es, por tanto, perfectamente correcto.

Resulta increíblemente importante tanto para la UE como la Comisión garantizar el cumplimiento de los sistemas normativos y que esté absolutamente prohibido intentar favorecer a los proveedores nacionales a expensas de los extranjeros. Esto beneficia tanto a los consumidores como a los ciudadanos.

No obstante, ¿qué tipo de euroescéptico sería yo si no tuviera nada que objetar? Tengo dos cosas que objetar.

Primero, creo que ahora es un error empezar a exigir que la Comisión nombre más personal con responsabilidades de supervisión. En la Comisión de Control Presupuestario, de la que soy primer vicepresidente, adoptamos más bien el planteamiento contrario, porque lo importante es lo que exigimos a los Estados miembros y a los políticos que nos lideran, incluidos los Ministros de Economía y los Primeros Ministros, que sean capaces de garantizar que realmente se cumplan las normas a las que están sometidos los países cuando pertenecen a la Unión Europea.

Segundo, también debemos recordar que los países tienen derecho a optar por otras soluciones. Si un país no quiere la desregulación y desea tener un servicio postal estatal o algún otro tipo de institución bajo control gubernamental, está en todo su derecho de adoptar esa posición y, por tanto, no tiene necesidad de licitar el servicio en las condiciones en cuestión.

 
  
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  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, Señorías, yo también quiero dar las gracias a todos los coordinadores y a su representante, la ponente, por la buena labor que han realizado en este informe. Todos los Grupos estábamos de acuerdo en que la orientación y el contenido del informe son correctos, como demuestra también el hecho de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor votara claramente a favor del mismo.

Por lo general cabe señalar que la legislación en materia de contratos públicos se aplica con distinta coherencia en los diferentes Estados de la UE y que por ello la afirmación reiterada de la Comisión en el sentido de que dicha legislación plantea problemas en algunos Estados miembros no se sostiene si se basa en criterios macroeconómicos. Lo que es crucial, sin embargo, es obtener datos más precisos sobre los problemas que existen en este ámbito en los Estados miembros. Por ello me complace que el informe aborde este tema y que pida a la Comisión que amplíe los datos utilizados para evaluar los sistemas jurídicos nacionales en materia de contratación pública.

Ahora quisiera hablar de algunas enmiendas. Rechazamos la mayoría de las enmiendas que se han presentado. Me complace que la señora Rühle haya declarado que retira la enmienda 12. No discrepamos con todas las enmiendas presentadas por el señor Lipietz o la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero debilitarían el informe, que forma un conjunto muy completo.

Una transposición y aplicación a tiempo y correcta de las disposiciones legales en materia de contratos públicos contribuiría significativamente al logro de los objetivos del programa de la UE sobre «legislar mejor» y a la mejora de la aplicación de la Directiva en el mercado interior mediante una transposición mejor y más coherente.

Pedimos a la Comisión, pero en particular al Consejo, que presione a los Estados miembros para que dediquen más fuerzas al aumento del nivel de profesionalidad en el ámbito de la contratación pública e intercambien mejores prácticas con el fin de garantizar una aplicación uniforme de estas disposiciones en todos los ámbitos de la Unión Europea.

En relación con la enmienda del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa quisiera agregar que aunque es probable que las autoridades municipales se alegrarán de que las entidades locales puedan cooperar sin trabas burocráticas, en última instancia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo no plantea directrices claras con respecto a las posibilidades de una cooperación intermunicipal o de colaboraciones público-privadas en España ni en Tracia. Por ello, la Comisión debe examinar las medidas que es necesario tomar en este terreno.

 
  
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  Barbara Weiler (PSE).(DE) Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias a la Presidenta de nuestra comisión parlamentaria, que ha sabido integrar perfectamente este informe en la línea de nuestros informes anteriores y que incorpora asimismo todas nuestras propuestas. Agradezco en particular que este informe sea una consecuencia directa del informe sobre las colaboraciones público-privadas y que sea sumamente oportuno y útil.

Las propuestas de la ponente me parecen excelentes, pues constituyen un avance en la realización del mercado interior. Las críticas que expone son dignas de reflexión tanto para todos nosotros, incluida la opinión pública.

Cuando leemos que los motivos son «la falta de conocimientos jurídicos o recursos humanos a escala nacional, así como la falta de voluntad política de los Estados miembros», nos encontramos ante una muestra de incapacidad. De nuestros países vecinos, de Asia y África esperamos que actúen correctamente, pero nosotros no alcanzamos los objetivos que nosotros mismos nos hemos fijado. No quiero culpar a nadie, pero todos los procedimientos judiciales a este respecto resultan molestos, innecesarios y costosos. Por ello es importante que actuemos en este terreno y apoyemos igualmente las actividades de la Comisión.

Quiero señalar una vez más que es bueno que se dé una mayor difusión a los criterios ambientales y sociales. Resulta muy sorprendente que muchas PYME de los Estados miembros, que son el principal motor de nuestra innovación económica, no conozcan estas posibilidades, y que la mayoría de los ciudadanos de nuestros Estados miembros crean que solo deben ocuparse de los licitadores más baratos sin guiarse por otros criterios.

Por último, quiero dar las gracias por la cooperación constructiva de que he gozado. Ha sido tan buena que recomiendo a todos los que han presentado enmiendas que las retiren.

 
  
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  Graham Booth (IND/DEM).(EN) Señor Presidente, quisiera disculparme con los intérpretes, porque esto realmente solo funciona en inglés.

Debo confesar que en los 60 segundos de que dispongo

me resulta imposible pronunciar un discurso histórico;

de modo que para mayor provecho de este precioso minuto,

enumeraré las cuestiones que interesan en forma de poema.

El Comisario Verheugen dice que los reglamentos de la UE

suponen un coste de 500 billones para todas las naciones.

Ello favorece a las grandes empresas y perjudica a las pequeñas.

Son directivas como estas las que las hunden en la miseria.

No contenta con estos logros, el gran sueño de la señora McCarthy

era la política centralizada en materia de contratos públicos.

Las agencias asesoras nacionales y el objetivo de compartir los datos

le convencen de seguir cavando y ahondar el agujero.

Si el paraíso socialista necesita normas que nosotros apliquemos,

me comeré mi sombrero, y también mi abrigo, con salsa o sin ella.

(Aplausos del Grupo IND/DEM)

 
  
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  El Presidente. Gracias, señor Booth, ha elevado usted el nivel poético en este Parlamento.

 
  
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  Malcolm Harbour (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, me temo que no puedo responder de manera tan poética. Todo lo que voy a decir es que, cuando le digo al señor Booth que este régimen de contratos públicos va a reportar las mayores ventajas posibles para las pequeñas empresas de Europa, estoy seguro de que podremos encontrar un fabricante de sombreros que le facilite uno para que pueda comérselo en su momento.

Quiero dar las gracias a la señora McCarthy no solo por este informe, sino también por fijar un rumbo claro para nuestra comisión en la realización del escrutinio detallado de estas Directivas sobre contratos públicos y destacar su importancia política. Después de todo, todo el régimen de contratación pública ha sido realmente el primer documento trabajado a fondo de la legislación sobre el mercado interior que se remonta a los años cincuenta, a pesar de lo cual, en muchos casos, me pregunto si hay empresas suficientes que lo ven como una oportunidad real.

La sugerencia fundamental es que los Estados miembros necesitan realmente actuar juntos para mejorar su profesionalidad cuando tratan los contratos, abriendo oportunidades que no solo estimularán el crecimiento económico en toda Europa, sino que también prestarán servicios de mayor calidad a sus ciudadanos al reducir los costes y mejorar la calidad. Sabemos que cuando ha sucedido esto se han conseguido grandes beneficios, y hay que atender a estas empresas pequeñas en este proceso.

Para finalizar, además de dar las gracias a la señora McCarthy por aceptar una de mis enmiendas, diré que las autoridades públicas, con las enormes cantidades que compran, tienen también una auténtica responsabilidad en el fomento de la innovación de productos y servicios. Dentro del ámbito de aplicación de las directivas vigentes pueden establecer mecanismos precontractuales o precompetitivos que introduzcan en el mercado soluciones innovativas que ofrezcan auténticos beneficios a los ciudadanos. Este es el próximo asunto al que tendremos que enfrentarnos y sé que es algo en lo que la señora McCarthy y la comisión –y hablo como coordinador de mi Grupo– trabajarán juntos, para continuar generando auténticos beneficios para la economía europea y todos nuestros ciudadanos.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Licitaţiile publice reprezintă peste 16% din produsul intern brut comunitar. Sistemele de achiziţii dinamice şi licitaţiile electronice asigură transparenţa, accesul egal la piaţă şi realizarea de importante economii. În acelaşi timp, armonizarea procedurilor de achiziţii publice duce la creşterea competiţiei între întreprinderile mici şi mijlocii şi, implicit, a competitivităţii acestora. Programul comunitar IDA, destinat schimbului de date între administraţiile publice, a permis din 2003 cunoaşterea implementărilor de succes ale sistemelor de licitaţie electronice. Cu un an înainte, România a introdus sistemul electronic de achiziţii publice, în martie 2002. Cu un număr de peste 7200 de autorităţi publice contractante şi peste 7500 de ofertanţi înregistraţi în sistem, au fost astfel realizate economii faţă de bugetul planificat de 24%. Consider că utilizarea mijloacelor electronice pentru realizarea achiziţiilor publice va ajuta în mod real Uniunea Europeană să realizeze obiectivele propuse prin strategia de la Lisabona. Felicit raportorul pentru munca depusă.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Aplaudo el informe de la ponente, la señora McCarthy, que ha subrayado los problemas relacionados con la transposición y la aplicación de la legislación relativa a la contratación pública, que cada vez reviste más importancia para el crecimiento económico de la UE y su mercado interior. Los mercados de contratación pública en los Estados miembros deben estar abiertos a la competencia transfronteriza para crear unas condiciones de juego igualitarias en toda la Comunidad, especialmente para proveedores como las pequeñas y medianas empresas.

La nueva Directiva aclara cómo cumplir las obligaciones ambientales y sociales. Estoy de acuerdo con la ponente en que la creación de entidades de asesoramiento a escala nacional en materia de contratación pública serviría para asistir a las autoridades adjudicadoras en la correcta aplicación de la normativa de contratación pública y a los licitadores, en particular las pequeñas y medianas empresas, a la hora de presentar ofertas. Sin embargo, hay que tener cuidado de que las entidades cotratantes no apliquen estos criterios de un modo que discriminen a empresas de otros Estados miembros.

Una administración despolitizada y altamente profesional es fundamental para la aplicación efectiva de la legislación europea. Solo funcionarios profesionales con una amplia experiencia en la administración local o la función pública, así como con una formación regular, serían capaces de responder debidamente a los nuevos retos que plantea la legislación europea. Los nuevos Estados miembros poscomunistas, en particular, parecen haber inventado un deporte nacional, que consiste en que cuando un nuevo Gobierno llega al poder, intenta sustituir prácticamente a todos los funcionarios en puestos que deberían ocuparse en función de los méritos profesionales.

Sobre la base de mis numerosos años de experiencia en cargos de la administración local y la función pública, y en concreto en el ámbito de la contratación pública, estoy convencida de que solo una administración profesional y creíble podrá transponer la legislación de la UE a la legislación nacional de manera responsable. Es importante que los Estados miembros no den responsabilidades a personas y entidades jurídicas que vayan más allá de las normas transpuestas, y, en particular, no deberían imponer una carga administrativa innecesaria a las pequeñas y medianas empresas. Creo que un intercambio activo de conocimientos y mejores prácticas en relación con la transposición de la legislación sobre contratación pública entre Estados miembros, así como la modernización y simplificación de las normas sobre contratación pública, aumentaría de forma considerable la eficacia de la contratación pública de la UE.

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE-DE).(PL) Señor Presidente, creo que establecer una normativa comunitaria destinada a crear un sistema de contratación pública justo y no discriminatorio es el paso adecuado que hay que tomar para fomentar el desarrollo del mercado común.

La legislación de la Unión Europea en vigor fija normas mínimas que hay que cumplir para este tipo de contratación. Sin embargo, a menudo estas normas son insuficientes, en concreto debido al problema que representa su transposición a las legislaciones nacionales y la falta de un sistema eficaz para controlar si los procedimientos de contratación cumplen los requisitos establecidos en la Directiva. La ponente define estos problemas de forma muy competente y llama nuestra atención sobre las formas en que pueden resolverse.

Los problemas tienen que ver principalmente con la preferencia mostrada por grandes empresas nacionales, con el incumplimiento de los principios de la competencia libre y leal y, por supuesto, con la corrupción, que impide que entidades como las pequeñas y medianas empresas participen en el proceso de contratación. Así pues, necesitamos introducir un sistema de control de la contratación pública que nos permita impedir la concesión de contratos de manera ilegal e independiente. Por este motivo, estoy de acuerdo con que los Estados miembros hagan el mejor uso posible del apoyo ofrecido por la Comisión Europea para mejorar la transposición y la aplicación de la Directiva.

Asimismo, también sería una buena idea crear entidades consultivas nacionales en el ámbito de la contratación pública. Además de prestar ayuda a las empresas que participan en el proceso de contratación pública, también podrían supervisar la situación en los Estados miembros y enviar datos estadísticos a la Comisión. También deberíamos facilitar el acceso a este tipo de contratación mediante la simplificación de los procedimientos de contratación electrónicos.

Debemos recordar que la contratación pública es un indicador importante del crecimiento económico en la Unión, que actualmente representa el 16 % del PIB. El objetivo de la Directiva es eliminar la discriminación en los Estados miembros y hacer que el sistema sea suficientemente flexible para que las empresas extranjeras puedan tener el mismo acceso a los mercados de otros países.

Por último, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que a la hora de resolver el problema de los procedimientos de contratación pública, deberíamos centrarnos no solo en soluciones formales, sino también en otras informales. Entre ellas figuran el fomento de las buenas prácticas, el intercambio de experiencias, la organización de la formación o el intercambio de información entre Estados miembros.

 
  
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  Charlie McCreevy, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, la aplicación y la ejecución rigurosas son una prioridad para la Comisión. La Comisión está estudiando actualmente cómo puede mejorar la correcta aplicación de nuestras normas.

La cuestión de las sociedades públicas preocupa particularmente a varios diputados. Se han hecho preguntas sobre la necesidad de clarificar conceptos como «autoridad pública» o la noción de lo que constituye un contrato interno.

Escucho la petición de una propuesta legislativa en este terreno. Se han presentado enmiendas a este efecto. Tengo que decir, sin embargo, que no estoy convencido de la necesidad de legislar al respecto. Basándonos en las pruebas que tenemos, creo que sería prematuro deslizarnos por esa pendiente.

La Comisión está estudiando prácticas nacionales en este terreno. Si esta investigación demuestra que la clarificación es necesaria, podremos decidir entonces la mejor manera de proporcionar esa claridad.

Acojo con satisfacción su informe como una contribución oportuna a esta reflexión y espero cooperar con el Parlamento Europeo y hacer que el mercado interior reporte beneficios palpables a los consumidores y las empresas.

 
  
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  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles, 20 de junio de 2007.

 
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