Acta literal de los debates

Miércoles 20 de junio de 2007 - Estrasburgo

6. Explicaciones de voto

- Informe Coelho (A6-0211/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como ha declarado nuestro Grupo, la presente propuesta, que introduce información de los datos biométricos en el modelo uniforme de permisos de residencia para los nacionales de países terceros, «suscita grave preocupación respecto de su viabilidad técnica, de los costes financieros y del riesgo de abuso».

Como hemos subrayado, es muy discutible que la introducción de identificadores biométricos mejore realmente la seguridad. Al contrario, podría ponerla en peligro debido a los riesgos de abusos, a las deficiencias tecnológicas y a la falta de transparencia y de una protección adecuada de los datos.

Se trata de una medida desproporcionada que forma parte de una dinámica supranacional, una medida encaminada a crear instrumentos de vigilancia y de control en la UE. No va acompañada en absoluto acompañada de «medidas de seguridad especialmente estrictas y coherentes, sobre todo en lo referente a la de recoger y utilizar los datos » y es completamente imposible garantizar que se utilicen en un «entorno relativamente seguro».

La propuesta es a la vez consecuencia y parte intente de la tendencia a una excesiva preocupación por la seguridad adoptada por las instituciones de la UE, y como tal la rechazamos.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) La segunda propuesta modificada que introduce información sobre datos biométricos en el Reglamento 1030/2002 por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países, suscita diversas preocupaciones en relación con su viabilidad técnica, los costes financieros y el riesgo de que se abuse del mismo. Todavía no está claro si la introducción de identificadores biométricos incrementa realmente la seguridad o si es más bien una amenaza contra la seguridad debido al riesgo de abuso, fallos tecnológicos y falta de transparencia y de una buena protección de datos. Ahora es técnicamente imposible la propuesta original de la Comisión y se han perdido en parte los recursos financieros destinados a su desarrollo. Por esos motivos, no podemos apoyar la propuesta modificada de la Comisión, que, repito, no haría más que plantear costes financieros y dificultades técnicas y sería totalmente inadecuada para conseguir un valor añadido en seguridad.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Gracias a las visiones de algunos soñadores multiculturales se ha producido una situación cada vez más insoportable para la población autóctona. Los inmigrantes y sus hijos muchas veces no solo no tienen consideración por la población autóctona, sino que exigen cada vez más derechos para ellos y por lo visto quieren arrancar las raíces cristianas de Occidente; por el contrario, hacen oídos sordos cuando se trata de obligaciones, como la voluntad de integración.

La entrega generalizada de viviendas de protección oficial a nacionales de países de fuera de la UE y neociudadanos de la Unión que no están integrados, no solo ha provocado una mayor inseguridad entre la población autóctona, sino también un gran deterioro de las condiciones de residencia y de la calidad de vida, una situación en la que los estallidos de violencia son casi cotidianos. En vista de estas realidades es necesario restringir en general el derecho de inmigración. El informe Coelho no ofrece una base para ello y por tanto he votado en contra del mismo.

- Informe Papadimoulis (A6-0227/2007)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Mi formación es de dentista. En odontología, el mercurio se usa en los empastes de amalgama y he estado observando con interés la estrategia de la UE con respecto al mercurio y su eliminación en todos los ámbitos en los que existe una alternativa adecuada. En principio, estoy de acuerdo con muchas de las medidas propuestas por la Comisión bajo la de un proyecto de legislación de conformidad con la estrategia con respecto al mercurio.

No obstante, espero con interés cómo se va a responder a la opinión de que el mercurio también se debería prohibir en la odontología, pues las amalgamas de mercurio se han venido usando durante 150 años y con muy buenos resultados, por cierto. No hay pruebas concluyentes de los efectos tóxicos de las amalgamas si se usan de forma adecuada. Al mismo tiempo, no existe una opinión clara respecto a la disponibilidad de materiales alternativos adecuados para los empastes. Creo que si los residuos de amalgama se separaran de forma adecuada en los departamentos de odontología y se desecharan de forma adecuada, segura y permanente, como propone el informe, de momento no sería necesario de suprimir la amalgama como material para los empastes.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al informe y he votado a favor del mismo. Es importante que contemos con una estrategia europea para el mercurio, ya que se trata de uno de los peores contaminantes ambientales y Europa debe tomar sin duda la delantera en este sentido. He votado en contra de algunas enmiendas más estrictas porque creo que es necesario prever disposiciones de adaptación para la economía y permitir una transición sin problemas para no poner en peligro la competitividad. También me preocupa una excesiva burocracia y por ello es necesario proceder con tiento para evitar este riesgo. En su conjunto, este informe es muy alentador.

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain y Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Hemos votado en contra de las enmiendas que sugieren que el mercurio líquido debería almacenarse en instalaciones de superficie. La Comisión no ha realizado evaluaciones de impacto respecto a la seguridad de dicho almacenamiento y no se dispone de tecnología para solidificar el mercurio líquido. Así pues, el almacenamiento de mercurio en una instalación de superficie es cuestionable desde el punto de vista de la seguridad y del paso del tiempo (las enmiendas sugieren que ese almacenamiento sería temporal). Sin una nueva tecnología, el almacenamiento no sería temporal. Por otro lado, la Comisión ha realizado evaluaciones de impacto para el almacenamiento de mercurio líquido en minas de sal y en formaciones subterráneas de roca dura, y se ha confirmado que son seguras.

Somos muy conscientes de que se podría desarrollar tecnología en un futuro próximo. Acogemos con gran satisfacción la aceptación por el Consejo de una solicitud del Parlamento Europeo de incluir en el Reglamento propuesto una revisión de la extensión del alcance del mismo y una revisión de otras opciones disponibles para el almacenamiento de mercurio en el año 2010.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En 1990, la Comisión Oslo-París (OSPAR) recomendó que todas las fábricas de cloroalcalinas de células de mercurio se reconvirtieran a tecnologías exentas de mercurio para 2010. La resolución del Parlamento de marzo de 2006 sobre la estrategia de la comunitaria relativa al mercurio instó a la Comisión a adoptar medidas para aplicar la decisión de OSPAR.

Aparte de las emisiones actuales de mercurio de las fábricas cloroalcalinas de células de mercurio, cuando estas se reconviertan a tecnologías exentas de mercurio, se tendrán que gestionar las grandes ingentes de mercurio contenidas en sus células una forma adecuada desde un punto de vista ambiental.

Con el fin de evitar que estos excedentes de mercurio inunden el mercado mundial de mercurio, en octubre de 2006 se aprobó una propuesta de Reglamento que prohibiría la exportación de mercurio metálico a partir del 1 de julio de 2011, y se ha intentado adelantar esa fecha.

La propuesta incluye disposiciones paralelas sobre el almacenamiento seguro de los excedentes de mercurio procedentes, principalmente, de las fábricas cloroalcalinas de células de mercurio, para impedir su reventa. Actualmente hay unas 12 000 toneladas de mercurio en Europa. Con ese fin, la Comisión Europea ha pedido a Euro Chlor (la Federación Europea de Fabricantes de Cloro) que desarrolle un Acuerdo Voluntario para el almacenamiento de los excedentes de mercurio procedentes de la industria cloroalcalina.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) La gestión del mercurio es un asunto importante para la conservación del medio ambiente.

Si Europa tiene que almacenar más residuos de mercurio ello se debe a que nuestras industrias no previeron los riesgos que entraña el uso de este metal, para la producción de cloro en particular.

Primera lección: debemos reconsiderar muy pronto nuestros métodos de producción con el fin de estar preparados para una revolución ecológica imprescindible.

En segundo lugar, es necesario supervisar constantemente el almacenamiento de residuos, con la introducción de controles periódicos. Por eso he votado a favor de la enmienda 25, que excluye el almacenamiento permanente subterráneo y en superficie. Lamentablemente, no ha obtenido mayoría. Sin embargo, las otras mejoras en el texto justifican un voto a favor del informe final.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Aun reconociendo que actualmente no existe ningún método absolutamente seguro de almacenamiento del mercurio metálico, el informe intenta legalizar una forma especial de «racismo» territorial, imponiendo la elección de la provincia española de Almadén como emplazamiento para el vertedero permanente del elemento más tóxico del planeta. Lo más grave es que intenta justificar la imposición de esa zona concreta por la existencia de infraestructuras y «mano de obra». Dicho de otro modo, utiliza el desempleo como medio de coacción descarada de los trabajadores, para que se avengan a convertir su zona en un vertedero de residuos tóxicos de mercurio procedentes de toda la UE, con riesgos incalculables para la salud de sus habitantes y para el medio ambiente.

La propuesta del informe de que se promueva y se financie la participación a todo tipo de ONG en el asunto fundamental de la aplicación de tecnologías exentas de mercurio en los países en desarrollo y en las llamadas «economías en transición» forma parte de la misma política peligrosa, toda vez que elude el cumplimiento de las normas que se desprenden de los acuerdos bilaterales vinculantes en dicho sector.

Por eso el Partido Comunista Griego se ha abstenido en la votación.

El Partido Comunista Griego sostiene que la cuestión del lugar de almacenamiento y la gestión del mercurio metálico es un tema que compete a la ciencia y a la aplicación de sus conclusiones, y no ha de ser objeto de decisiones que responden a los intereses y beneficios de las empresas.

- Informe Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Los programas de pensión complementaria, designados conjuntamente como el «segundo pilar del sistema de la seguridad social», constituyen una parte inseparable de la sociedad moderna. En el pasado hemos sido testigos de la reforma de los mercados laborales y los sistemas de seguridad social en varios Estados miembros, que ha incluido reformas en el sistema de pensiones. Permítanme que cite el caso de Eslovaquia como ejemplo de un país que ha introducido programas de pensión complementaria en el contexto de la reforma del sistema de seguridad social. Un gran número de ciudadanos eslovacos ya se han incorporado al segundo pilar.

Los ahorros que este genera son de propiedad privada. Son más seguros que las promesas del Estado de pagar las pensiones con cargo al erario público. Una ventaja del segundo pilar es que las prestaciones ya no dependen de la demografía del país sino de los ahorros acumulados en la cuenta de cada uno. Por estas razones y con el ánimo de fomentar la movilidad de los trabajadores en los Estados miembros, acojo con satisfacción la propuesta de directiva encaminada a mejorar la portabilidad de los derechos de pensión complementaria, y creo que esto permitirá reducir el número de problemas asociados a la posibilidad de adquirir derechos de pensión, la conservación de los derechos de pensión latentes y con la portabilidad de los derechos adquiridos.

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el mercado interior y la movilidad dependen de las seguridad social, que debe extenderse más allá de la vida laboral activa. Se trata de mantener el equilibrio entre empresas y trabajadores, del que depende la adquisición de derechos de pensión.

Hemos concluido la primera lectura y aún celebraremos muchos debates sobre este tema. La Delegación del Partido Popular Austriaco apoya sin reservas el informe Oomen-Ruijten por considerar que es el planteamiento correcto para seguir desarrollando la movilidad y el mercado interior.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, Ria Oomen-Ruijten, y a los demás colegas que han elaborado el presente informe relativo a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria. He votado a favor de este documento, pues creo que tendrá repercusiones positivas para la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, en especial los más recientes. En los países bálticos, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Malta, las pensiones complementarias aún no se han legislado, mientras que en los países escandinavos y en Eslovenia, la mayoría de trabajadores participan en esos planes de pensiones.

La decisión de nuestro Parlamento que pide que se obligue a los países de la UE a intentar facilitar la portabilidad de los derechos de pensión dará un nuevo impulso, sobre todo a los nuevos Estados miembros y también a Grecia, Italia y Portugal, para que modifiquen su legislación de manera que, en lugar de penalizar la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea, la fomenten.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, es un placer tomar la palabra para decirle a Europa: «si están ahí, es hora de actuar». Europa tiene que demostrar más valor, debe tener un corazón de león y no ser una gallina.

La Directiva sobre la transferibilidad de los derechos de pensión es absolutamente fundamental para todos los ciudadanos y trabajadores europeos. Con la aprobación de esta propuesta, vamos a hacer algo a favor de los trabajadores, pero no conseguiremos un resultado por el que los ciudadanos europeos puedan aplaudir a Europa. Por lo tanto, señor Presidente, no nos lamentemos por el resultado de los referendos que rechazaran la Constitución en Francia y en los Países Bajos. Europa debe ser más valiente.

  Lena Ek, Olle Schmidt (ALDE) por escrito. (SV) En mi calidad de liberal, me resulta difícil votar en contra de una propuesta encaminada a mejorar la movilidad de los europeos. Más aún cuando la propuesta también está encaminada a animar a los ciudadanos a responsabilizarse de forma más activa de ahorrar para sus pensiones, una cuestión verdaderamente fundamental con vistas al futuro. Sin embargo, no he podido votar a favor de la propuesta original.

El problema es doble. En primer lugar, es discutible la conveniencia de plantear este asunto complejo en el ámbito europeo, dados los diferentes regímenes de pensiones de los Estados miembros. En segundo lugar, no he podido evitar observar que Suecia, junto con Alemania, tienen regímenes particularmente inapropiados para este tipo de cambio. El modelo sueco, en el que los interlocutores sociales deciden sobre la cuestión, es incompatible con la propuesta de la ponente. También pueden surgir considerables problemas si grandes sumas de dinero se liberasen de repente a través de fondos de inversión en un corto período de tiempo para garantizar la transferibilidad de las pensiones.

A largo plazo, estoy a favor de un sistema en el que los ciudadanos puedan cambiar de empleo y desplazarse de un país a otro sin tener que preocuparse por cómo puedan verse afectadas sus pensiones. Por tanto, al final he votado a favor de la versión modificada del informe de esta Cámara en la que se permiten derogaciones nacionales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En relación con el tema de la transferibilidad de los derechos de pensión, deben tenerse en cuenta al menos dos aspectos fundamentales: que los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de los regímenes públicos de seguridad social estén garantizados.

El tema que hoy se plantea se refiere específicamente a los regímenes de pensión complementaria, no los regímenes públicos de seguridad social. Atendiendo a los dos aspectos citados, estamos en contra de las enmiendas propuestas en el informe que modifican la propuesta original de la Comisión. Dichas enmiendas proponen, por ejemplo, que se aumente de 21 a 24 la edad de acceso a los regímenes de pensión complementaria y se condicione la adquisición de los derechos de pensión a un período mínimo de cinco años.

Los regímenes de pensión complementaria no deben sustituir, sin embargo, a los públicos. Los regímenes públicos de seguridad social, basados en la solidaridad y la universalidad, son uno de los pilares de cualquier Estado y deben estar garantizados en una sociedad más justa e igualitaria.

Por último, lamentamos que se hayan rechazado las enmiendas que presentamos, sobre todo la propuesta de combinar la posición original de la Comisión sobre la edad mínima de 21 años con un período de dos años para la adquisición de los derechos, que hubiera sido más favorable para los trabajadores. Por esto hemos votado en contra en la votación final.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos decidido votar en contra del informe. La Lista de Junio apoya sin reservas un mercado interior eficaz. Apoyamos el principio de que un empleado debe poder transferir sin dificultad los puntos de pensión adquiridos de un Estado miembro a otro. que ha ganado. Sin embargo, no creemos que la UE deba opinar sobre la forma que deben adoptar los regímenes de pensión de los Estados miembros, siempre y cuando todos los ciudadanos de la UE reciban el mismo trato dentro de cada régimen vigente. Por consiguiente, somos críticos con respecto a varias propuestas concretas del informe, como las opiniones sobre las condiciones para la adquisición de derechos de pensión para quienes hayan suscrito planes de pensión complementaria, las opiniones sobre las edades mínimas para la adquisición de los derechos de pensión o las normas europeas sobre el período de carencia requerido para acceder a un plan de pensiones. La forma en que los Estados miembros decidan diseñar sus regímenes de pensión respectivos debe de ser exclusivamente de la competencia nacional, siempre y cuando todos los ciudadanos de la UE reciban el mismo trato dentro de cada régimen vigente.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Voto a favor del informe de la señora Oomen-Ruijten sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria (COM(2005)0507 – C6 0331/2005 – 2005/0214(COD)).

Los cambios demográficos y el envejecimiento de la población nos han hecho conscientes de la necesidad de unos sistemas de pensión y de seguridad social complementaria, que nos garanticen unas condiciones de vida dignas. La nueva directiva y el informe de la señora Ria Oomen-Ruijten tienen ambos por objeto mejorar la movilidad de los trabajadores dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y entre estos, estableciendo unos requisitos mínimos relativos a la adquisición y retención de los derechos de pensión complementaria.

El informe destaca con acierto el papel de los Estados miembros, que deben apoyar de forma coherente la transferencia de los derechos de pensión adquiridos, en especial en caso de que se establezcan nuevos regímenes de pensión complementaria. La Comisión Europea elaborará en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor de la directiva un informe que tenga en cuenta las condiciones que regulan las transferencias de capital correspondientes a los derechos de seguridad social o de pensión complementaria de los trabajadores remunerados.

  Thomas Mann (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado en contra del informe sobre la Directiva relativa a la portabilidad de los derechos de pensión complementaria. Esta Directiva no consigue en absoluto el verdadero objetivo, a saber, reforzar la movilidad transfronteriza de los trabajadores entre los Estados miembros. En la UE, tan solo un 10 % de los trabajadores gozan de una pensión complementaria. Los niveles mínimos que acaban de ser aprobados provocarán la pérdida de interés en la constitución o ampliación de los regímenes de pensiones complementarias debido al aumento de gastos previsto de al menos un 20 %. Me temo que ahora se cuestiona lo que los trabajadores y las empresas han creado a nivel nacional en interés mutuo a lo largo de décadas.

La edad mínima para la adquisición de pensiones complementarias se ha suprimido. Se ha eliminado el período de consolidación de cinco años. Y además los niveles mínimos tendrán efecto retroactivo, lo que va en claramente en contra del principio de salvaguardia de las expectativas legítimas. También he votado en contra de la vinculación a un índice, que el Tribunal de Justicia Europeo interpretaría muy probablemente como «ajuste equitativo» y como una obligación. El Bundesrat alemán ha calculado que si los trabajadores que han cambiado de empresa reciben el mismo trato que los trabajadores que no han cambiado se producirá un aumento del 30 % del coste de los sistemas de pensión complementaria.

El Comisario Špidla ha anunciado que presentará una nueva propuesta. Esta se basará –tras la falta de acuerdo en el Consejo– en gran parte en la resolución parlamentaria de hoy y por lo tanto pondrá en peligro los regímenes de pensión complementaria, y no solo en Alemania.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) La Directiva 98/49/CEE garantiza los derechos de los trabajadores asalariados y trabajadores autónomos que se desplacen dentro de la UE a recibir una pensión complementaria, pero no garantiza la portabilidad de las pensiones complementarias ni la flexibilidad de las condiciones para la adquisición de los derechos de pensión.

La propuesta de la Comisión contempla esta cuestión. Establece unas condiciones y propone tres normas mínimas relativas a la portabilidad de los derechos, que pueden continuar vinculados a la empresa (derechos latentes), o bien se pueden dentro de un plazo de tiempo determinado, o bien se pueden pagar en metálico (hasta cierto límite máximo). Según la Comisión, la nueva directiva debería aplicarse a todas las pensiones complementarias asociadas al trabajo remunerado.

Lamento muy especialmente que el Informe Oomen-Ruijten excluya de la directiva la propuesta de la portabilidad de los derechos de pensión. En su forma actual, solo contempla los derechos latentes.

A mi parecer, la nueva directiva debería apoyar todo lo posible a los trabajadores que inviertan en derechos de pensión complementaria. Asimismo, nadie debería quedar excluido debido a la imposición de unas condiciones mínimas en relación con la edad o un período de carencia. Solo puedo apoyar el informe si la directiva conserva el campo de aplicación amplio propuesto por la Comisión. De lo contrario, votaré en contra.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de directiva, tal como ha quedado formulada con las modificaciones contrarias a los trabajadores votadas conjuntamente por los diputados demócrata-cristianos, socialistas y liberales, apoyados por Nueva Democracia y el PASOK, hace añicos los regímenes nacionales de pensión complementaria en toda la UE. Supone un deterioro de las condiciones para la suscripción de seguros sociales y la jubilación de los trabajadores, una reducción de las pensiones y una prolongación de la edad de jubilación. Acelera los procedimientos para que las empresas de seguros privados puedan ampliar su participación en el sector. La orientación de fondo de estos cambios reaccionarios es el llamado sistema de «tres ejes», con una pensión principal de carácter estatal y derechos de pensión complementaria y ocupacional suscritos con empresas privadas. El golpe que esto supone para los derechos de los trabajadores en el ámbito de las pensiones complementarias está relacionado con la aspiración de los monopolios a usar las reservas de esos fondos de seguros para financiar sus inversiones, al tiempo que legalizan la aceptación del «riesgo de inversión» o de una posible pérdida del dinero de los trabajadores.

Por una parte, Nueva Democracia y PASOK votan a favor de todas las medidas antipopulares en el Parlamento Europeo mientras, por otra parte, arengan y engañan a los trabajadores de nuestro país procurando mostrarse a los ciudadanos bajo una máscara supuestamente amable.

El Partido Comunista Griego insta a los trabajadores a que intensifiquen su lucha contra la política antiobrera y antipopular de la UE, defiendan los regímenes estatales de seguridad social y exijan la satisfacción de sus necesidades contemporáneas, pensiones más altas y una reducción de la edad de jubilación.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado en contra de la Directiva relativa a la portabilidad de las pensiones complementarias, ya que no alcanza su verdadero objetivo, es decir, reforzar la movilidad transfronteriza de los trabajadores entre los Estados miembros. La regulación de la transferencia de derechos de pensión complementaria solo tiene carácter de recomendación para los Estados miembros. Por ello he recomendado una y otra vez rechazar la totalidad de la Directiva, ya que resulta superflua.

- Informe Langen (A6-0244/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, aunque no cabe duda de que la introducción del euro ha facilitado muchas cosas, como por ejemplo el comercio transfronterizo, no debemos pasar por alto aspectos menos positivos, como la cesión de derechos de soberanía o las subidas de precios.

Al igual que en una ampliación de la UE, la introducción del euro en los nuevos Estados miembros influye en última instancia sobre la frágil estabilidad del sistema en su conjunto. Por ello considero que es indispensable garantizar que el equilibrio del conjunto no se ponga en peligro debido a la incorporación de economías más débiles.

Es posible que Chipre y Malta estén preparados. Sin embargo, en el pasado se ha jugado muy a menudo con naipes trucados para poder ingresar en el club del euro. En mi opinión, una decisión tan importante no puede tomarse sin tener en cuenta la opinión de la población y por ello me he abstenido en esta ocasión.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Nos hemos abstenido porque creemos que cada Estado miembro debe tomar la decisión soberana de unirse o no a la zona del euro. Nuestra oposición a la creación de la Unión Económica y Monetaria y a la zona del euro es bien conocida. El ejemplo de Portugal ha demostrado ampliamente que el euro es un instrumento para promover la moderación salarial y la flexibilidad laboral. Al sustentar una convergencia nominal y no una convergencia real, va en detrimento del crecimiento, del empleo y de las condiciones de vida, y beneficia a las grandes multinacionales y a los grupos financieros.

Quiero señalar que la cuestión de acelerar la ampliación de la zona del euro también está basada en los criterios políticos de reforzar tanto la integración política como la propia zona del euro. Con los dos nuevos Estados miembros, Malta y Chipre, la zona del euro pasa a contar con más de la mitad de los miembros de la UE. Se trata de una barrera psicológica importante en un momento en que aumenta el descontento de los trabajadores y los ciudadanos en general en la zona del euro y se está debatiendo el Tratado Constitucional futuro. Por eso, la mayoría acepta la idea de la adhesión, aunque Malta no cumpla con todos los criterios de convergencia nominal. Como en el pasado, no se trata de una decisión «económica», sino política.

  Cem Özdemir (Verts/ALE), por escrito. (DE) No cabe duda de que la decisión es la correcta sobre la base de criterios económicos. No obstante, esta decisión es lamentable desde una óptica política, pues con ella se desaprovecha la oportunidad de que las dos partes de la isla de Chipre ingresen conjuntamente en la zona del euro. En lugar de unir mediante el euro al sur y al norte, se ahonda la zanja que divide las dos partes de la isla.

- Informe Langen (A6-0243/2007)

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Gracias, señor Presidente. El Gobierno ha adoptado como política la introducción del euro para el 1 de enero de 2008. Para ello tienen que cumplirse una serie de criterios, por ejemplo en relación con el déficit y la inflación. Es evidente que esto ha tenido repercusiones negativas en las políticas financieras del Gobierno, así como para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En realidad, considerábamos que había una alternativa, que también nos permitiría adoptar el euro, pero a un ritmo más lento. Es evidente que nuestra incorporación a la zona del euro tendrá una serie de efectos positivos, pero también tendrá efectos negativos en otras zonas. No obstante, teniendo en cuenta los intereses nacionales, la delegación del Partido Laborista maltés ha votado a favor.

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Señor Presidente, hoy hemos debatido y votado sobre la ampliación de la zona del euro y la adhesión de Malta y Chipre a la misma. Dejo la decisión soberana sobre la abolición de la moneda nacional de Chipre y Malta a los ciudadanos de esos países. No obstante, en mi calidad de representante de la Liga de Familias Polacas en el Parlamento Europeo, me opongo a la adhesión de Polonia a la zona del euro y a las repercusiones económicas y sociales negativas que tendría para los polacos.

Todas las encuestas de opinión actuales confirman que la mayoría de polacos no quieren el euro. Creo que no solo debemos evitar actuar precipitadamente, sino que tampoco debemos introducir el euro en Polonia. También discrepo de las opiniones expresadas hoy sobre el deber que tienen los Estados miembros de unirse a la zona del euro. Los polacos deben decidir sobre esta cuestión en un referendo nacional y espero que el zloty polaco siga siendo una moneda nacional en Europa, junto con la libra esterlina y las monedas danesa y sueca.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es de sobras conocido que nos oponemos a la creación de la Unión Europea Económica y Monetaria y al euro. En efecto, votamos en contra de la resolución del Parlamento del 2 de mayo de 1998, que establecía una zona del euro formada originariamente por 12 países, entre ellos Portugal. Creemos que la política monetaria y la prerrogativa de acuñar moneda es una competencia exclusiva de los Estados miembros y, por lo tanto, rechazamos esa transferencia de soberanía que impide abordar los problemas económicos y sociales en cada país, incluido Portugal.

En este momento, la ampliación de la zona del euro se basa en criterios políticos –por ejemplo, la consolidación de la integración política de la propia zona del euro– como bien demuestra el presente caso, dado que Malta no cumple con todos los criterios de convergencia nominal. No obstante, con los dos nuevos Estados miembros, Malta y Chipre, la zona del euro pasa a contar con más de la mitad de los Estados miembros de la UE. Se trata de una barrera psicológica importante en un momento en que aumenta el descontento de los trabajadores y los ciudadanos en general en la zona del euro y se está debatiendo el Tratado Constitucional futuro.

A nuestro entender, cada Estado miembro debe tomar la decisión soberana de unirse o no a la zona del euro, y por eso nos hemos abstenido en la votación.

- Informes Langen (A6-0244/2007 y A6-0243/2007)

  Jonathan Evans (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos siempre nos hemos opuesto a la entrada del Reino Unido en la zona del euro. Sin embargo, nunca nos hemos opuesto al derecho de otras naciones soberanas a formar un sistema monetario común. Nuestra abstención refleja nuestra creencia de que está en manos de los miembros de la zona del euro decidir qué política monetaria puede serles más útil para conseguir una divisa estable.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Nuestro voto sobre la adopción del euro por parte de Malta y Chipre será idéntico al que emitimos en el caso de Eslovenia: nos abstendremos. No nos opondremos a lo que esperamos responda a la voluntad consciente de dos pueblos soberanos.

No obstante, debemos reconocer que se ha cruzado un umbral: esos países no lo han pedido expresamente, sino que tienen que adoptar el euro porque prácticamente cumplen con los «estúpidos» criterios de Maastricht, como habría dicho el señor Prodi. ¿Se ha informado de ello a sus ciudadanos? Al menos uno de dichos países no cumple con esos famosos criterios y parece que ninguno de los dos ha aportado los datos estadísticos necesarios para una evaluación adecuada de su estado de preparación. ¿Por qué precipitarse? Las medidas prácticas y técnicas para la transición a la moneda única son una gran incógnita. Y la capacidad de absorción de la zona del euro, que en otros tiempos preocupaba al señor Langen, ha desaparecido del mapa y del análisis.

Volvemos a enfrentarnos con el síndrome de la bicicleta, que parece sufrir la construcción europea: si no avanza, se cae. La zona del euro tiene que ampliarse a toda costa. ¡Punto! ¡La verdad es que los ciudadanos de Europa tendrán que pagar el precio!

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. - (SV) Hemos decidido abstenernos en la votación final sobre estos informes. Corresponde a los ciudadanos de Chipre y Malta decidir, de preferencia mediante un referendo, si quieren que sus países formen parte de la UEM.

No creemos que Suecia deba formar parte de la unión monetaria. Tampoco recomendamos a otros países que participen en ella.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la introducción del euro en Malta y Chipre porque se trata de apoyar la integración reforzada de esos países, en el sentido que le da la Unión Europea. Sin embargo, esta decisión debería ir acompañada de medidas que permitan un mayor control democrático de la moneda única (establecimiento de un verdadero gobierno económico de la zona del euro capaz de equilibrar el poder del Banco Central Europeo (BCE), modificación de los objetivos del Banco Central para incluir la investigación sobre el crecimiento y el pleno empleo, modificación de los criterios del Pacto de Estabilidad para no penalizar la política de inversión pública en el futuro).

Debemos procurar no promover una ampliación interminable de la zona del euro desprovista de nuevas perspectivas.

- Propuesta de resolución: Galileo (B6-0238/2007)

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. (EN) La delegación de los Conservadores británicos apoya la resolución de la Comisión de Presupuestos que pide a la Comisión que vuelva a presentar sus propuestas de financiación del proyecto Galileo. Sin embargo, tenemos grandes reservas respecto de las propuestas para financiarlo a través del presupuesto europeo vigente.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Lamentamos el rechazo significativo de la mayoría del Parlamento Europeo de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, encaminadas a obtener la seguridad de que el «programa Galileo no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para fines militares» y que «hay que prever salvaguardas contra cualquier privatización de este programa», garantizando así que su aplicación esté totalmente financiada con dinero público.

¿Significa este rechazo que, después de la inversión pública tan ampliamente proclamada, ya se está considerando la inaceptable posibilidad de licitar su futuro desarrollo entre el sector privado?

Nuestra posición está clara.

Creemos que el programa Galileo (Programa europeo de radionavegación por satélite) podrá contribuir a la cooperación, al progreso científico y tecnológico y al intercambio de información y el acceso a la misma.

Se trata de un proyecto que debe basarse en una estrategia de inversión y control público, con el fin de poder prestar un servicio público. Esto hará posible la igualdad de acceso y el uso gratuito de la información disponible para todos los usuarios.

Es un proyecto en el que hay que garantizar los derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos. También hay que garantizar que no se use para fines militares y/o como parte de una tendencia hacia una excesiva preocupación por la seguridad.

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Helmuth Markov, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (EN) Con el fin de llevar a cabo Galileo, el sistema europeo de radionavegación por satélite, se pide a los Estados miembros de la UE que paguen otros 2 400 millones de euros. Durante muchos años se ha dicho que este proyecto aportaría innovación tecnológica, satisfacción de las necesidades de los consumidores, empleo e independencia respecto a los Estados Unidos. Todo eso podría justificar el gasto de fondos comunitarios, en vez de dejarlo solemnemente en manos de multinacionales que buscan el lucro o de la industria de guerra estadounidense. Mientras Galileo siga siendo un proceso pacífico, no nos oponemos a ello. Por desgracia, Galileo se desarrollará con un retraso de 10 a 20 años y, mientras, el GPS, su contrapartida estadounidense, ha conquistado ya el mercado mundial. Eso hace que Galileo sea un proyecto de prestigio muy costoso. Gastar mucho dinero comunitario en eso podría resultar atractivo para las grandes empresas, pero los votantes y los consumidores lo considerarán cada vez más un escandaloso derroche de dinero. Las compañías europeas se niegan a participar en colaboraciones público-privadas porque no esperan ningún beneficio de ello debido a su retraso respecto al GPS. Esperan recibir en 2012 una gran inversión comunitaria sin que deban dar nada a cambio. En consecuencia, no queremos gastar aún más dinero en Galileo. Si no hay perspectivas reales, deberíamos atrevernos a parar.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Si no conseguimos desarrollar nuestra propia radionavegación por satélite, los Estados miembros de la UE dependerán tecnológicamente de las superpotencias militares actuales y futuras, como los Estados Unidos, Rusia y China.

El programa Galileo es sin duda necesario, pero este costoso proyecto se debería financiar en su mayor parte de forma privada con apoyo político. El apartado 6 de la resolución afirma que, en opinión del Parlamento Europeo, el programa Galileo debería financiarse totalmente con cargo al presupuesto de la Unión Europea. No estoy dispuesto a llegar hasta ese extremo y, por lo tanto, he decidido votar en contra de la resolución en su totalidad.

  Lydia Schenardi (ITS), por escrito. – (FR) Apoyamos el proyecto Galileo, aunque teníamos algunas reservas al respecto, pero no podemos apoyar la presente resolución. Es lamentable que, tras el fracaso previsible de la asociación pública-privada, esta Asamblea declare que está dispuesta a renunciar a un sistema GPS independiente si deja de ser un proyecto puramente comunitario para incluir financiación directa de los Estados miembros.

¡Galileo es útil! Se tiene que financiar, por los medios que sea. ¿La Comisión no puede encontrar 2 400 millones de euros entre los centenares de miles de millones que tiene previsto gastar, no siempre de manera útil, de aquí a 2013? ¿Entonces qué? ¿Por qué hay que apartar a los Estados miembros? Galileo no es un juguete, ni tampoco el proyecto exclusivo y simbólico de una Europa de Bruselas que quiere hacernos creer que no se preocupa solo de sí misma, de sus competencias y de su sostenibilidad.

Por una vez, dejemos de lado los dogmas. Pongamos en esta aventura industrial una cuarta parte de la voluntad política que pusieron un puñado de Estados miembros hace algunos años para construir una industria aeronáutica y espacial europea, y demostremos lo que ustedes no quieren admitir: que la cooperación intergubernamental funciona. Aunque en Bruselas esté paralizada.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) La intención evidente de la resolución es que Galileo se financie con un cheque en blanco a partir de fondos públicos para impulsar las ambiciones políticas de la UE. Los proyectos tecnológicos de colaboración tienen un seguimiento dudoso. No requieren la implicación de la UE y solo deben llevarse a cabo por motivos industriales y estratégicos, claramente económicos, no para impulsar las ambiciones de la UE de convertirse en un agente mundial.

Los Conservadores británicos queremos oportunidades para la industria y la I+D británicas, pero esta resolución no lo garantiza. Apoya la propuesta de la Comisión de usar fondos públicos –a través del presupuesto de la UE– para todo el proyecto Galileo. Esas medidas serán una nueva sangría para los contribuyentes del Reino Unido y otros Estados miembros de la UE, y unas medidas sobre las que no tendrán ningún derecho a opinar.

Teniendo en cuenta que, en el pasado, la UE se mostraba reacia a admitir aplicaciones militares, ahora ya ha perdido esa timidez. En la Comunicación de la Comisión sobre una Política Europea del Espacio (26 de abril de 2007), uno de los objetivos clave era satisfacer «las necesidades de seguridad y defensa de Europa en relación con el espacio». Como eternos oponentes a la PESD, los Conservadores británicos nos oponemos a las propuestas que amplían el poder de la Comisión en el ámbito de la defensa.

- Informe McCarthy (A6-0226/2007)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El primer considerando ya era suficiente para que decidiéramos votar en contra del informe. La legislación comunitaria sobre contratos públicos intenta abrir –liberalizar sería una palabra más adecuada– los mercados públicos de los Estados miembros a la competencia transfronteriza, para apoyar el desarrollo del mercado interior, de conformidad con el programa liberalizador de la Estrategia de Lisboa.

Por supuesto, estamos a favor de las normas nacionales sobre la transparencia de los concursos públicos, siempre y cuando no impidan usar los mercados públicos para fomentar el tejido económico y dar un impulso a las PYME nacionales, teniendo en cuenta su tamaño e importancia. Pero en este caso hay una diferencia sustancial que nos induce a votar en contra: esta cuestión debe ser de la competencia de los Estados miembros.

Los contratos públicos también son un instrumento importante para impulsar la política social y ambiental, dado que pueden contener criterios relativos a cuestiones sociales y ambientales que intervienen en la contratación. No puede quedar restringidos al ámbito supranacional con el pretexto de unas normas de no discriminación o relativas a otros intereses económicos.

- Informe Kinnock (A6-0220/2007)

  Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Colm Burke y Jim Higgins (PPE-DE) , por escrito. (EN) Hemos votado a favor de la parte uno del apartado 40 y en contra de la parte 2 del apartado 40. De la misma forma, hemos votado a favor de la primera parte del apartado 41 y en contra de la segunda parte. Nos hemos abstenido en la votación de la resolución en su conjunto.

El motivo es que no queríamos indicar que apoyamos ninguna interpretación del término «derechos» si se refiere al apoyo al aborto. Por supuesto, apoyamos la tendencia general de los Objetivos del Milenio y, por lo tanto, no queríamos votar en contra de la resolución en su conjunto.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor de informe Kinnock (A6-0220/2007) «Objetivos de Desarrollo del Milenio-balance intermedio» porque considero que necesitamos una amplia asociación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por tanto, es deseable la participación de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil de todos los países interesados.

Uno de los factores fundamentales para la consecución de los Objetivos es reducir la pobreza en un 50% para 2015, con especial atención a problemas como los del VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria. La desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres son otros elementos que hay que tener en cuenta en los programas de desarrollo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción que el informe reconozca la gravedad de la situación mundial.

Como ha revelado el informe de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el progreso en la lucha contra el hambre ha sido demasiado lento. En efecto, las cifras han empeorado en los últimos años: 854 millones de personas (el 17% de la población mundial) pasan hambre diariamente y casi 16 000 niños mueren cada día por causas relacionadas con el hambre.

Sin embargo, una vez más el informe pasa por alto las causas de esta situación intolerable.

Es importante subrayar que, al mismo tiempo que cada día mueren 16 000 niños:

- El presupuesto del Gobierno estadounidense ha destinado 600 000 millones de dólares para gasto militar;

- Las 691 personas más ricas del mundo tienen una fortuna que asciende a 2 200 millones de dólares, lo que equivale a la riqueza combinada de los 145 países más pobres;

- Las 500 personas más ricas tienen unos ingresos combinados superiores a los de los 416 millones de personas más pobres;

- Los 8 millones de personas más ricas del mundo poseen una fortuna equivalente al 80 % del PIB de todos los países del mundo.

Esta es la raíz del problema.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) El planteamiento de la ponente ante este tema tan importante es encomiable. Urge redoblar los esfuerzos por alcanzar los ODM. Esto significa una reducción sistemática de la deuda y una ayuda más amplia, mejor coordinada y mejor orientada.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) En el espacio disponible para la explicación de voto hay dos puntos que creo me merece la pena destacar.

El primer párrafo de la resolución dice: «el objetivo global de la cooperación al desarrollo es y debe ser la lucha contra la pobreza; subraya, sin embargo, que esta lucha no se limita al crecimiento material y, por lo tanto, la creación de democracia y la promoción de los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho y los principios de justicia, equidad, transparencia y responsabilidad deben ser siempre temas fundamentales de dicha cooperación ».

No me he opuesto a la presente resolución porque entiendo que estas preocupaciones exigen que contribuyamos todo lo que podamos, pero creo que hay que hacer hincapié en la idea de que la lucha contra la pobreza no puede ser eficaz a menos que se combatan sus causas. Entre las causas estructurales de la pobreza siempre figura la mala gobernanza. Por esta razón, y no por el deseo de imponer ningún modelo, es importante luchar en ambos frentes a la vez. De lo contrario, hoy resolveremos un problema que se repetirá mañana.

Por último, el informe afirma que «Portugal, que está previsto que actúe como anfitrión en la Cumbre UE-África que se celebrará durante su Presidencia, solo dedicó en 2006 el 0,21 % de su RNB a la ODA», lo cual es terrible.

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. (PL) Me he visto obligado a votar en contra del informe sobre los «Objetivos de Desarrollo del Milenio- balance intermedio».

La inclusión de propuestas para financiar el aborto usando la ayuda presupuestaria de la UE llevará inevitablemente a divisiones sobre la estrategia de ayuda a África. Esto socavará la eficacia de nuestras acciones. Tanto desde un punto de vista moral como médico, el aborto no es la clave para solucionar el problema de la mortalidad materna durante el parto.

Usar los recursos de la Unión Europea para financiar el aborto en África contradice el principio de la ayuda. Obliga a todos los ciudadanos de la Unión Europea a implicarse indirectamente en esta cuestión. También representa una forma imperialismo moral hacia África. El apoyo de esta Asamblea a la financiación del aborto en los países en desarrollo es el mayor error que hemos cometido en relación con la concreción de la política de ayuda humanitaria.

- Informe Cornillet (A6-0208/2007)

  Gerard Batten, Roger Knapman y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP no reconoce la legitimidad de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y, por lo tanto, no puede apoyar esta enmienda. Sin embargo, estamos de acuerdo con el espíritu del texto y, sinceramente, esperamos que la comunidad internacional en su conjunto se asegure de que la prohibición de viajar fuera de su país para los principales personajes del régimen de Zimbabue se respete en su totalidad.

  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP no reconoce la legitimidad de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y, por lo tanto, no puede apoyar esta enmienda. Sin embargo, estamos de acuerdo con el espíritu del texto y, sinceramente, esperamos que la comunidad internacional en su conjunto se asegure de que la prohibición de viajar fuera de su país para los principales personajes del régimen de Zimbabue se respete en su totalidad.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) El trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE es vital si tenemos en cuenta el gran número de países menos desarrollados que existen en ese grupo y el volumen de asistencia para el desarrollo que la UE destina a los países ACP. Apoyo muchas de las demandas que aparecen en el informe, como las que piden a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil que se impliquen más en el proceso de programación de ayuda nacional en la ACP.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) El informe demuestra claramente que el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-EU, tanto en 2006 como antes, es un instrumento excelente para establecer las estructuras, las relaciones y el diálogo que son fundamentales para la creación de una base sólida para las buenas relaciones entre ambas partes y para el desarrollo de proyectos verdaderamente útiles.

Dicho esto, aunque conviene recordar que el camino recorrido hasta ahora es loable, ahora debemos ocuparnos de lo que queda por hacer. Tenemos la obligación –tanto moral y ética como en nuestro propio interés– de apoyar el desarrollo en los países asociados, ayudarles a desarrollar mecanismos de apertura de sus economías y convertir conjuntamente la globalización en un movimiento virtuoso; nos corresponde a nosotros reducir y eliminar los posibles escollos de este movimiento.

En ese sentido, en relación con algunos de esos socios, es fundamental que la próxima cumbre UE-África, que se celebrará durante la Presidencia portuguesa, dé resultados. El realismo con resultados es mejor que las utopías sin historia.