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Procedūra : 2005/0267(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0170/2007

Pateikti tekstai :

A6-0170/2007

Debatai :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Balsavimas :

PV 21/06/2007 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0279

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. birželio 20 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

17. Valstybių narių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro (diskusijos)
Protokolas
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  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)) (A6-0170/2007).

 
  
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  Franco Frattini, Vice-President of the Commission. Mr President, at present information on criminal records does not circulate efficiently between the Member States of the EU. This is not acceptable in a European area of freedom, security and justice and that is why the objective of the EU in the area of criminal records is twofold: firstly, to improve the circulation of information on criminal records between the Member States and, secondly, to use this information outside the territory of the sentencing Member State.

As you know, in 2005 the Commission adopted two legislative proposals dealing with these aspects respectively. A proposal dealing with the second aspect – circulation of information – was adopted in December 2006. Political agreement on the proposal dealing with the circulation of information was fortunately reached by the Council of Interior Ministers in Luxembourg on 13 June. This instrument is another important step forward.

In improving the way in which information is exchanged and made available to Member States, it radically overhauls the outdated, inefficient system of information exchange under the Convention on Mutual Legal Assistance of 1959. In its place, it establishes a streamlined system that will ensure that information stored in a single Member State is updated and then accessible to other Member States. In addition, the information will be easier to understand and, therefore, of greater value to the end users.

I note, with regret, that Member States have decided that the follow-up work should take the form of Council decisions and, even more regrettably, Member States do not trust each other enough to accept that these implementing measures will be adopted not by qualified majority but by unanimity.

I know that there are some amendments and I thank the rapporteur for the quality of his report. I share the spirit of the great majority of all the amendments proposed. I have a reservation concerning the amendments that propose the introduction of general provisions on data protection. Why? Because this instrument is a sectoral one: it contains a small number of provisions on data protection which are specific to criminal records and therefore they are more restrictive. Therefore, my worry is that the application of general provisions on data protection will be too flexible and less restrictive. That aside, personal data handled as part of the implementation of the framework decision should be protected in accordance with the provisions of the future framework decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. You all know perfectly well that I am urging the Council to find an agreement on such an important framework decision on privacy protection by the end of this year.

 
  
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  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE), Ponente. – Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría agradecer a todos mis colegas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior su colaboración en el presente informe y especialmente a las ponentes alternativas, señoras Buitenweg, Vălean y Grabowska.

La información sobre las condenas penales circula entre los Estados miembros por medio de los mecanismos previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959, pero dicho mecanismo presenta serias disfunciones.

Estas disfunciones se pusieron dramáticamente de manifesto tras el caso Fourniret, un francés condenado en los años 80 a siete años de cárcel por la violación de una menor que, tras cumplir dos, fue puesto en libertad. Años después sabríamos que, desde su excarcelación y hasta su nueva detención en junio de 2003, Fourniret había asesinado a nueve niñas y era sospechoso de la muerta de otras doce. Había conseguido escapar a la acción de la justicia durante más de 14 años, simplemente cambiando su domicilio de un Estado miembro a otro, donde además consiguió, para más inri, trabajo en un colegio. Era evidente que había que modificar y mejorar los mecanismos de intercambio de información sobre los antecedentes penales.

La propuesta de decisión marco del Consejo pretende sustituir los mecanismos de intercambio de información regulados en el artículo 22 del Convenio de 1959 y derogar la decisión de 21 de noviembre de 2005, todo ello con el fin de garantizar que el Estado miembro de nacionalidad esté en condiciones de proporcionar una respuesta correcta, rápida y exhaustiva a las peticiones de información que reciba en relación con las condenas impuestas a sus nacionales.

Por lo que se refiere a las medidas recogidas en la propuesta del Consejo, debemos destacar las siguientes:

- se mantiene el principio de centralización de la información;

- se establece el marco que permitirá contribuir, concebir y desarrollar un sistema informatizado de intercambio de información sobre las condenas penales, basado en la utilización de un formato europeo estándar que haga posible intercambiar información de manera homogénea, informatizada y de fácil traducción mediante mecanismos automatizados;

- se recoge el principio de obligatoriedad de transmisión al Estado miembro de la nacionalidad, eliminando la dispensa de notificación cuando la persona tiene, asimismo, la nacionalidad del Estado miembro de condena; y, por último,

- se impone la obligación de conservar la información transmitida al Estado de nacionalidad.

En cuanto a las medidas parlamentarias propuestas destaco las siguientes:

- al objeto de garantizar la integridad y autenticidad de la información transmitida, el Estado miembro que impone una condena debe ser considerado como titular o propietario de los datos relativos a las sentencias que pronuncian sus tribunales y juzgados;

- es necesario que la futura Decisión marco prevea un conjunto de garantías adicionales en el ámbito de la protección de datos de carácter personal;

- en cuanto a la definición de condena es necesario mantener, por coherencia con otros informes de este Parlamento, que se conserve la definición contenida en el informe de mi apreciado amigo y colega el señor Demetriou;

- la inscripción de las condenas en el registro de antecedentes penales del Estado miembro de condena es un requisito previo necesario, pues garantiza la autenticidad y la corrección de la información transmitida; por tanto, sólo se transmitirá la información relativa a las condenas una vez que éstas hayan sido registradas, pero no antes;

- es necesario aclarar que la cancelación de los antecedentes penales depende, no sólo del cumplimiento de la pena, sino también del cumplimiento de otras condiciones accesorias, como, por ejemplo, satisfacer las responsabilidad civiles derivadas de los delitos, o no reincidir en los plazos legalmente previstos;

- es necesario establecer claramente qué marco jurídico regulará la cancelación de los datos, es decir, si se aplicará la legislación del Estado miembro de condena, o por el contrario, la del Estado de nacionalidad del condenado.

En cuanto a las condiciones de uso, señor Frattini, comparto realmente su preocupación sobre los datos de carácter personal. La propuesta es mucho más restrictiva que las disposiciones vigentes en materia de cooperación judicial penal, lo que se justifica por la rapidez con que la información sobre antecedentes puede quedar desfasada. Por tanto, cada vez que se quieran conocer los antecedentes penales de una persona para los fines de un nuevo procedimiento penal, será necesario hacer una nueva solicitud de información.

Quisiera terminar, señor Presidente, solicitando a sus Señorías que voten a favor de la propuesta del informe, y agradeciéndoles su atención.

 
  
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  Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση που συζητούμε απόψε είναι ένα αναγκαίο βήμα για την ανάπτυξη δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα βήμα για την προώθηση της στρατηγικής για δημιουργία χώρου δικαιοσύνης, ασφάλειας και συγχαίρω τον Επίτροπο, κ. Frattini, για την προώθηση προτάσεων όπως αυτή που εξετάζουμε σήμερα, που προωθούν τη στρατηγική της Χάγης.

Η καταγραφή καταδικών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η διαβίβασή τους για καταγραφή στο κράτος μέλος της ιθαγένειας του καταδικασθέντος και γενικά η ανταλλαγή πληροφοριών για καταδίκες συμβάλλει αναμφισβήτητα στην καταπολέμηση του εγκλήματος και εθνικά και διασυνοριακά.

Υπάρχουν βέβαια κενά στην πρόταση. Δεν ρυθμίζεται με κοινοτική μέθοδο το θέμα της καταγραφής διοικητικών καταδικών, οι οποίες στα πλείστα κράτη μέλη δεν καταγράφονται στα ποινικά μητρώα. Δεν ρυθμίζεται κοινοτικά το ζήτημα της καταγραφής καταδικών από τα ποινικά μητρώα. Η ποικιλότητα των εθνικών ρυθμίσεων παραμένει, δυστυχώς, ανάγκη. Η εξομοίωση του δικαίου και σε αυτά ακόμη τα διαδικαστικά θέματα εκλείπει παντελώς. Παρά ταύτα, η σύζευξη των εθνικών συστημάτων καταγραφής και χρήσης των πληροφοριών για καταδίκες, που γίνεται στην πρόταση πλαίσιο, αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό την έλλειψη ενιαίας κοινοτικής πολιτικής για όλες τις πτυχές του θέματος. Δεν μπορεί, όμως, να μην τονισθεί η ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Αυτό θα διαφανεί, φυσικά στην πορεία. Ελπίζουμε ότι ο σεβασμός αυτού του δικαιώματος θα είναι έμπρακτος και συνεχής.

Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Díaz de Mera, του αγαπητού φίλου και τον συγχαίρω για το ενδιαφέρον το οποίο συνεχώς επιδεικνύει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση αυτής της στρατηγικής όσον αφορά τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πιστεύω δε, ότι η έκθεσή του θα υποστηριχθεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο αύριο.

 
  
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  Genowefa Grabowska, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Państwa członkowskie dopracowały się własnych zasad gromadzenia danych o skazanych w procesach karnych. Dane o wyrokach sądowych są przechowywane w Krajowych Rejestrach Karnych. Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za centralizację i zarządzanie informacjami o wyrokach skazujących, ale my coraz częściej przekraczamy granicę i jako, że nie jesteśmy aniołami, zdarza się, że wchodzimy w konflikt z prawem karnym innego państwa członkowskiego, tam też bywamy sądzeni i skazywani.

I co uczynić z wyrokami: czy je rejestrować, czy nie? Są różne, bardzo niejednolite praktyki państw członkowskich i dlatego jest konieczne, aby w trybie pilnym ujednolicić ten obszar, zacieśnić współpracę między organami sądowymi, poprawić i usprawnić wymianę informacji, a także zapewnić, że państwa będą sobie przekazywały prawidłowe, pełne, wyczerpujące informacje w odpowiedzi na każdy wniosek o udzielenie informacji z rejestrów skazanych.

Ku temu zmierzamy w prezentowanej decyzji ramowej. Potrzebujemy europejskiego mechanizmu wymiany informacji w znormalizowanej, skomputeryzowanej formie, ułatwiającej łatwe tłumaczenia przy wykorzystywaniu automatycznych procedur i na podstawie znormalizowanego formatu.

Dlatego moja grupa polityczna popiera to sprawozdanie. Jednakże w kontekście tego sprawozdania, które mówi o współpracy organów sądowych i przekazywaniu informacji, moja grupa polityczna ma jedno istotne zastrzeżenie. Otóż, mając na uwadze potrzebę ukazania całej prawdy, a także poszanowanie prawa i sprawiedliwości wobec ofiar ataku terrorystycznego z 11 marca w Hiszpanii, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wyborem sprawozdawcy tego sprawozdania, który jest również odpowiedzialny za inne sprawozdania dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Parlament Europejski musi być postrzegany jako instytucja transparentna, która służy obywatelom. I dlatego sprawozdawcy poszczególnych sprawozdań w zestawieniu z ich działalnością na gruncie narodowym nie mogą być postrzegani jako osoby kontrowersyjne.

Konkludując, chcę wskazać, iż moja grupa polityczna wita z zadowoleniem dobry kompromis, który znaleźliśmy w tym sprawozdaniu. Popieramy to sprawozdanie i będziemy za nim głosować. Wierzymy, także, że wdrożenie tej decyzji w życie przyczyni się do tego, że państwa członkowskie będą sobie bardziej ufały, że zbudujemy tak potrzebny fundament zaufania, który będzie działał także w procedurach karnych.

 
  
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  Adina-Ioana Vălean, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I would first of all like to thank the rapporteur, Mr Díaz de Mera García Consuegra, for his very good work that led to this report.

I will recall, as he has already done, the terrible story which took place three years ago in Belgium. A Frenchman, aged 62, was given a job at a school. He was then arrested and confessed to nine murders on both sides of the Franco-Belgian border. It was then learned that he had previously been convicted of rape in France but that no one in Belgium was aware of his criminal record. We all remember the Fourniret case. This case, among others, demonstrates how urgently we need a functioning European criminal records system in a Europe composed of so many different legal systems.

I congratulate the Commission on this very valuable proposal. This is a clear case of much-needed legislation that could bring tangible improvements to citizens’ security in their day-to-day lives. I therefore salute last week’s agreement in the Council, but I urge the Council to adopt this important text as soon as possible. For the first time, we now have uniform EU-wide rules which will ensure a faster exchange of information on criminal records and bring more legal certainty. It is also a first step towards online data communication between the EU countries. I am satisfied that the option chosen was an interconnection of records rather than having another central EU database. This is a positive step as far as cost and above all data protection are concerned.

I should like to insist again on the privacy issue. In the absence of any agreement on the framework decision on procedural rights in criminal proceedings and on data protection in the third pillar, I urge the Council to adopt the additional data protection provisions included in this report. We cannot continue adopting such instruments without giving additional guarantees to our citizens that their fundamental rights are respected.

 
  
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  Jaromír Kohlíček, za skupinu GUE/NGL. – Vážení kolegové, milé kolegyně, zpráva kolegy Díaze de Mery zcela správně konstatuje, že je třeba zajistit, aby informace sdílené mezi státy, které se týkají vyšetřování, měly jednotný formát a aby sdílení dat bylo pružnější. Zároveň je zde snaha vyměňovat si v určitých situacích i další informace, což může být rovněž užitečné. Každá taková výměna informací má logicky i svá úskalí. Přinejmenším je zde rozdílnost právních systémů členských států a z toho plynoucí odlišná kvalifikace stejného činu. V extrému může jít o hranici přestupek – trestný čin.

Mě osobně ovšem znepokojuje, že kolega Díaz de Mera může být zpravodajem této zprávy, ačkoli je obviněn z nespolupráce s policií Španělska v souvislosti se zavádějící informací obviňující organizaci ETA z útoku na vlak v Madridu. Kde je politická a lidská odpovědnost bývalého šéfa španělské policie? Jen na závěr: k této zprávě má část mé frakce významné výhrady.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE). – Senhor Presidente, não posso deixar de começar por me referir à última intervenção e por dizer que é inaceitável que neste Parlamento se pretenda cercear os direitos parlamentares e políticos de qualquer um dos nossos colegas que não têm esses direitos cerceados, nem por decisão deste Parlamento, nem por decisão judicial no seu país.

Não é possível aceitarmos este tipo de perseguição política a um homem, o deputado Díaz de Mera, que tem um percurso notável no combate ao crime e na defesa da justiça, enquanto profissional no seu Estado-Membro, e que tem feito um trabalho notável enquanto deputado neste Parlamento. O relatório que hoje debatemos é mais uma prova da capacidade política e do rigor que o deputado Díaz de Mera imprime ao seu trabalho parlamentar e que também caracterizou toda a sua vida profissional.

Em seguida, queria dizer ao Senhor Vice-Presidente Frattini que me solidarizo com tudo aquilo que ele disse relativamente à atitude do Conselho. De facto, esta medida é urgente e importante, e seria de esperar que no Conselho se tivesse ido mais longe, tanto ao nível da confiança entre os Estados-Membros como ao nível da associação deste Parlamento.

Em qualquer circunstância, partilho tudo aquilo que outros colegas disseram sobre a necessidade de conhecer com rigor os antecedentes criminais e sobre o facto de a transmissão dessa informação entre Estados-Membros constituir uma mais-valia no combate ao crime, quer na identificação de suspeitos, quer no apoio às investigações criminais, quer na determinação da severidade da pena.

Gostaria de concluir dizendo que me associo também àqueles que consideram necessário que o Conselho seja mais rápido, designadamente na adopção da decisão-quadro relativa às garantias processuais concedidas aos suspeitos e aos arguidos no âmbito dos processos penais e da decisão-quadro relativa à protecção de dados no âmbito do terceiro pilar, para a qual é relatora a deputada Roure, e que é outro elemento essencial para compensar as medidas legislativas neste sector.

 
  
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  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – Señor Presidente, he pedido la palabra por unas alusiones inaceptables, pero, fundamentalmente, he pedido la palabra para dar las gracias a mi colega Carlos Coelho, que ha hablado, no solamente desde la amistad, sino desde el conocimiento de causa. Una sola palabra para exigir rectificación y disculpas al señor Kohlíček.

Señor Kohlíček, la ignorancia, la mala fe o la obediencia inmoral es lo único que justifica su intervención, tan desafortunada, esta noche en esta Cámara. Estoy seguro, señor Kohlíček, de que usted ha oído hablar —tengo la esperanza de que haya oído hablar— de la presunción de inocencia; estoy seguro de que usted ha oído hablar de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de su artículo 48; estoy seguro de que usted ha oído hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de su artículo 11. No creo que usted conozca, y no tiene porqué conocer, el artículo 24 de la Constitución española. Pero en todas las Constituciones democráticas y libres existe un artículo 48, existe un artículo 11 y existe un artículo 24.

Así es que, espero que, cuando usted esté en condiciones de entender lo que significa la presunción de inocencia, pero, sobre todo, cuando usted esté en condiciones de saber la verdad del caso que usted, por lo que ha dicho, ignora de principio al fin, esté en condiciones de pedir disculpas privadas y públicas, y yo estaré en condiciones de aceptárselas. Desafortunada e inaceptable intervención esta noche para cerrar el debate, señor Kohlíček.

(Aplausos en la derecha y en el centro)

 
  
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  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 
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