Acta literal de los debates

Miércoles 20 de junio de 2007 - Estrasburgo

1. Apertura de la sesión

PRESIDENCIA DE LA SRA. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

2. Mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria (debate)

  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de la señora Oomen-Ruijten (A6-0080/2007), en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD)).

  Vladimír Špidla , miembro de la Comisión – (CS) Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias a la señora Oomen-Ruijten por su dedicación y el esfuerzo que ha realizado para redactar este informe.

El informe ha requerido gran cantidad de duro trabajo, recurriendo a los esfuerzos combinados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y los de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y constituye una base importante para un nuevo debate de cara a llegar a un acuerdo final sobre esta Directiva esencial, que queda ampliamente justificada en el contexto del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa y la protección social de los trabajadores migrantes y los trabajadores en general que se desplazan en el mercado laboral.

Además del informe en sí, me complace el ambiente en el que el Parlamento ha trabajado con la Comisión y el Consejo, porque nos ha ofrecido la mejor oportunidad posible de llegar a un acuerdo en primera lectura.

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Presidencia alemana por su trabajo al abordar esta cuestión y por conseguir un auténtico progreso.

No deberíamos subestimar el reto que esta Directiva representa para el sistema de pensiones alemán y es un gran mérito de la Presidencia alemana y del Vicecanciller Müntefering que se haya conseguido este avance. Pero debo compartir con sus Señorías mi decepción por el hecho de que, a pesar de todos los esfuerzos, esta vez no se haya conseguido un acuerdo en primera lectura. No obstante, creo que el enfoque constructivo que ha surgido hasta el momento permitirá que pronto se adopte la Directiva. Y eso ejercerá una gran influencia en los obstáculos a la movilidad creados por algunos regímenes de pensión complementaria.

Señorías, quiero resaltar una vez más que esta Directiva no es solo una recopilación de palabras; afecta directamente a millones de trabajadores que cambian de trabajo en el moderno mercado laboral y aprovechan la oportunidad que representan las pensiones complementarias. Dado que un 40 % de los trabajadores tienen una relación laboral de menos de cinco años, es evidente lo importante que es nuestra labor y lo importante que es esta Directiva.

Antes de entrar en el contenido del informe, quiero resumir brevemente el objetivo y la necesidad de dar un enfoque europeo a esta cuestión. La Comisión, los miembros de esta Cámara, el Consejo y los agentes sociales han expresado reiteradamente su insatisfacción con la flagrante inadecuación de los derechos y de la protección que se confiere a los trabajadores móviles en relación con el vínculo existente entre sus aportaciones a la pensión obligatoria y sus aportaciones a la pensión complementaria. Ya en 1992, el Consejo instaba a los Estados miembros a fomentar cambios en las condiciones inherentes a los derechos de pensión complementaria, de modo que se pudieran eliminar los obstáculos para la movilidad de los trabajadores. El concepto de obstáculos a la movilidad laboral de los empleados es relativamente común, pero en principio significa que cuando se es móvil, se pierde. Con los regímenes existentes, cuando los trabajadores emigrantes cambian de trabajo, en mayor o menor medida, están en desventaja. A veces esto ocurre de forma casi imperceptible, pero nunca están en la misma posición, con las mismas ventajas que tendrían si no hubieran decidido cambiar y convertirse en móviles.

La primera medida para conseguir este objetivo fue la Directiva 98/49/CE. Pero era evidente que esa Directiva no conseguía resolver esos problemas que, según los expertos, tienen un efecto especialmente perjudicial en la movilidad, es decir, la adquisición y protección de los derechos de pensión diferidos y la portabilidad de esos derechos. La Directiva propuesta sobre la portabilidad de los derechos de pensión complementaria no se redactó en un abrir y cerrar de ojos, sino después de un largo período de intensas negociaciones y consultas, y no sin razón. Aunque al principio se convocó a los agentes sociales para que presentaran propuestas, como corresponde a su papel fundamental en la prestación de pensiones complementarias, en seguida se comprobó que la única forma de avanzar era mediante un enfoque legislativo dirigido, teniendo en cuenta las opiniones de los agentes sociales y los principales participantes.

Un enfoque selectivo de esa naturaleza –que reconociera no solo la enorme diversidad y, de hecho, la rápida evolución de los regímenes de pensión complementaria, sino también la naturaleza voluntaria de esos sistemas– fue, y sigue siendo, la forma correcta de abordar este tema complejo y delicado. Esto explica por qué la Comisión decidió prudentemente no iniciar un proceso de armonización sino más bien establecer unos requisitos mínimos Aparte de esto, uno de nuestros grandes retos es conseguir el equilibrio adecuado entre eliminar los obstáculos a la movilidad y asegurar que se conserve el actual entorno estable y sostenible para el desarrollo de las pensiones complementarias.

Si analizáramos el progreso positivo y los problemas que se suponía que debíamos resolver con el desarrollo de esta Directiva, resulta bastante decepcionante que en estos momentos no todos los Estados miembros del Consejo puedan llegar a un acuerdo o un compromiso en relación con la misma No obstante, es alentador que el informe que debatimos hoy coincida considerablemente en muchos aspectos con la opinión de la Comisión. En mi opinión, pues, existe una auténtica posibilidad de llegar a un acuerdo con el Consejo en un futuro próximo.

Señorías, aunque en las negociaciones más recientes en el Consejo no se llegó a una conclusión, siento que cada participante puede confirmar que hubo un fuerte deseo de llegar a un acuerdo y que el Consejo sigue compartiendo ese deseo, que será la base para un nuevo avance. Reflejando ese espíritu de cooperación, quiero resaltar dos de los puntos principales de divergencia entre el Parlamento y el Consejo, sobre los que tendremos que negociar un consenso. El primero de ellos es el reconocimiento de los derechos complementarios y cuáles deberían ser las condiciones mínimas.

Me interesan muchísimo las enmiendas y la decisión de centrar la legislación en los trabajadores de más de 25 años. Es empíricamente evidente que la movilidad en este grupo de edad es significativamente menor que la de los más jóvenes, por lo que esa enmienda es muy acertada. También soy consciente de que el Consejo no verá con buenos ojos la idea de excluir el reconocimiento de los derechos para los mayores de 25 años, por lo que ese podría ser uno de los temas que requerirán negociación y compromiso. Pero conviene aplaudir los intentos de sus Señorías de reducir obstáculos y considero que esa es sin duda la forma correcta de avanzar.

La segunda cuestión que probablemente habrá que debatir entre el Parlamento y el Consejo es la del alcance de la Directiva. En cuanto a los derechos vigentes y la fecha límite para transponer la Directiva a la ley nacional, la Comisión apoya plenamente el contenido de las enmiendas al artículo 2 y cree que son adecuadas y acertadas. La Comisión cree firmemente que toda restricción del alcance y por lo tanto de la eficacia de la Directiva deben reducirse al mínimo y en este sentido apoya al Parlamento. La reciente enmienda técnica al artículo 5 del informe es una aclaración razonable que debería impedir malentendidos respecto a cómo deben protegerse los derechos. El artículo 5 es una parte esencial de esta Directiva y es vital para la finalidad de eliminar obstáculos para la movilidad de los trabajadores.

Si me lo permiten, quiero decir a sus Señorías una vez más que no hay en esta Directiva ninguna propuesta que establezca un método para proteger estos derechos. Es más una cuestión de asegurar que los trabajadores móviles reciban un trato justo en términos de derechos de pensiones diferidos. Teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral y cómo se está alargando progresivamente la vida laboral activa, pienso que cuando hablamos de trabajadores móviles en realidad estamos hablando de todos los trabajadores, porque a lo largo de una vida profesional sin duda alguna la mayoría de los trabajadores cambian de trabajo al menos una vez, y podrán aprovechar la protección que la Directiva les proporcionará. En cuanto a la transposición de la Directiva a la legislación nacional, compartimos la opinión de que debe ser lo antes posible. Pero al mismo tiempo reconocemos que las enmiendas a esta Directiva no deben dificultar la provisión de pensiones complementarias en la UE.

Para terminar, quiero agradecer sinceramente las propuestas que contiene el artículo 10, cuyo contenido apoyo sin reserva alguna. En mi opinión, la eliminación del artículo 6 sobre la transferibilidad de derechos es lamentable. No obstante, las enmiendas al artículo 10 que contiene el informe envían un claro mensaje de que este tema tan complejo y especializado no se ha olvidado sino que simplemente se ha pospuesto. Mientras, la Comisión, junto con el Parlamento y los agentes sociales, buscan formas de permitir eliminar con eficacia y sostenibilidad los obstáculos que quedan para la movilidad en lo que se refiere a los regímenes de pensión complementaria.

Señorías, esta Directiva era, política e intelectualmente, de lo más complejo, por no hablar de la complicada naturaleza del concepto de la política en general. La Directiva propuesta forma parte de nuestra respuesta al cambio demográfico, porque es evidente que los sistemas complementarios desempeñarán un papel cada vez más importante en esa respuesta. La Directiva también forma parte del concepto de flexiguridad, porque su método es un ejemplo típico de cómo conseguir mayor movilidad con una protección social responsable. También considero que esta Directiva cae en general dentro del concepto global de política social europea, es decir, en ningún momento y en ningún lugar de la UE los trabajadores deben encontrarse en una situación que les perjudique.

Señorías, una vez más, quiero darles las gracias por el trabajo que el Parlamento ha realizado en la negociación de esta Directiva.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el tema de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria figura desde hace más de 20 años en el orden del día de la Unión Europea. El Comisario acaba de exponer los avances que han tenido lugar desde entonces, incluso con respecto a los trabajadores migrantes. Tras el fracaso en 2002 y 2003 de una iniciativa en el marco del denominado procedimiento entre los interlocutores sociales, la Comisión Europea presentó en octubre de 2005 una propuesta de Directiva relativa a la portabilidad de los derechos de pensión complementaria.

La propuesta de la Comisión comprende los siguientes cuatro ámbitos principales: en primer lugar, la portabilidad de los derechos de pensión complementaria en forma de un importe monetario al cambiar de empresa, es decir, la portabilidad en sentido estricto; en segundo lugar, la determinación de los períodos de adquisición de los derechos de pensión; en tercer lugar, el trato justo y equitativo de los derechos de pensión cuando un trabajador abandona una empresa y, en cuarto lugar, las obligaciones de información que garantizan que los trabajadoras conozcan sus derechos de pensión para poder planificar mejor su jubilación. También afecta, como ha señalado el Comisario Špidla, a la cuestión de la flexiguridad.

Esta Directiva regula una parte del Derecho social y laboral, por lo que para su adopción se requiere la unanimidad, cosa que vale la pena subrayar. Por ello, entre otras cosas, las negociaciones resultaron tan difíciles desde un principio, lo que no sorprende en un tema tan complejo. A ello hay que agregar que en la Unión Europea no existe uniformidad en este terreno, sino una amplia variedad, y casi todos los Estados miembros cuentan con su propio régimen de pensiones complementarias que generalmente no encaja con los de los demás.

Por ello, muchos de los Estados miembros consideran muy problemática la portabilidad del capital de las pensiones a otra empresas, que es el principal aspecto que pretende regular la Directiva. Los Países Bajos rechazaron desde un principio esta posibilidad. Por ese motivo, durante la Presidencia finlandesa se eliminó la portabilidad en sentido estricto de la propuesta de Directiva, ya que habría resultado inútil seguir negociando en vista de que la adopción de la misma requiere unanimidad.

Posteriormente, los principales objetivos de la Presidencia alemana fueron concretar el trato justo y equitativo, las disposiciones relativas a las obligaciones de información, así como el ámbito geográfico y temporal de aplicación de la Directiva. En todos estos temas fue posible alcanzar un acuerdo tras intensas negociaciones y un gran número de contactos bilaterales de carácter técnico. Sin embargo, no ha sido posible lograr la unanimidad exigida en el Consejo de Ministros, cosa que lamento. En particular, un Estado miembro se vio con las manos atadas políticamente cuando su Parlamento y su Gabinete rechazaron las propuestas.

En vista de estas reservas políticas fundamentales contra la concepción de la propuesta original, será muy difícil en el futuro obtener la unanimidad necesaria para esta Directiva.

Mediante esta Directiva deseamos fomentar la movilidad de los trabajadores. Sin embargo, al mismo tiempo debemos reforzar su pensión de jubilación. Para ello no solo necesitamos el apoyo mayoritario del Parlamento Europeo, sino también el acuerdo de los 27 Estados miembros. Quizás podríamos lograr más con un primer paso menos ambicioso. Se necesita tiempo para generar la confianza necesaria y los Estados que carecen de pensión complementaria la introduzcan y los Estados con sistemas muy especiales no sientan que se aprovechan de ellos. Por lo tanto, considero que, en vista de ello, las reivindicaciones maximalistas resultan contraproducentes. Estas lo único que provocan es rechazo en los Estados miembros y no hacen avanzar esta cuestión. Al igual que en todas las decisiones que se toman en la Unión Europea, solamente se podrá alcanzar un acuerdo cuando todos tengan la voluntad política de pactar.

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), ponente. – (NL) Señora Presidenta, decir que se trata de una cuestión difícil es quedarse corto. Hemos trabajado sobre nueve artículos durante casi dos años. Los acuerdos europeos para las pensiones complementarias son necesarios por tres motivos.

Ante todo, las pensiones obligatorias, el primer pilar, experimentan cada vez más presión porque disminuye la cifra de jóvenes y aumenta la cifra de personas mayores. Por eso se necesitan acuerdos sólidos para las pensiones del segundo pilar. En la actualidad, uno de cada diez empleados de Europa tiene una pensión complementaria. En Gran Bretaña y Alemania, este porcentaje supera de lejos la marca del 50 %, y en Dinamarca, Suecia o los Países Bajos incluso el 90 % de los empleados han contratado un régimen de pensión complementaria. Por lo tanto es causa suficiente para animar a los Estados miembros y a los agentes sociales a que hagan frente a su responsabilidad y empiecen a ofrecer un régimen eficaz que ofrezca protección para la vejez.

En segundo lugar, casi cada día me encuentro con personas que han cambiado de trabajo y que se han visto perjudicadas por ello, porque ejercen su derecho a la libertad de movilidad. Han acumulado una pensión, han pagado las primas, pero si el capital no cambia, no les será de ninguna utilidad cuando se jubilen. Esta Directiva intenta abordar este problema.

En tercer lugar, en el marco de la Agenda de Lisboa, pedimos que se promueva aún más la movilidad de los trabajadores. A todo el mundo le gustaría ver que se aplica este principio, pero tenemos problemas para ponerlo en práctica. Mi objetivo era, y sigue siendo, presentar un texto legislativo que aporte algo, no solo para los empleados, que sea realista para los Estados miembros y los agentes sociales y también ofrezca holgura suficiente para que los gestores de los regímenes de pensión complementaria se adapten a ella. La legislación que no contiene más que excepciones o una ley que no se aplique a todos los Estados miembros y no entre en vigor hasta 2018 no tiene ninguna utilidad. Debemos abordar ahora los problemas del futuro.

Quiero extender mi agradecimiento en especial al señor Ettl y al señor Cocilovo, a los demás ponentes alternativos de asuntos sociales, a la señora Lulling por sus consejos, pero también a los ponentes y a los ponentes alternativos de los anteriores informes sobre pensiones, el señor Karas y la señora Van den Burg. Juntos buscamos un resultado y también asumimos la responsabilidad de este informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

Podemos –y también pienso en la Presidencia del Consejo cuando digo esto– avanzar al respecto sin deteriorar los regímenes existentes. Además, esta Directiva habla de unas normas mínimas. No hay nada que impida a los agentes sociales ofrecer más protección en un acuerdo.

Ahora quiero perfilar rápidamente los puntos más importantes. En relación con la adquisición, las condiciones que estipula el Parlamento afectan a algunos regímenes. Hace falta tiempo para adaptarse, y la enmienda 22 proporciona este tiempo adicional de cinco años.

En relación con los derechos de pensión latentes, como la fórmula actual se ha desarrollado con la colaboración de la Presidencia alemana, pronto votaremos sobre un principio básico que los Estados miembros podrán desarrollar como lo consideren conveniente. En cuanto a la transferencia, como se hizo evidente muy pronto que era un puente demasiado lejano, ya no seguimos persiguiendo esta opción. En relación con la información, los trabajadores tienen cada vez más acceso a la situación de sus pensiones.

Así pues, podría muy bien ser que los Estados miembros necesitaran más tiempo para adaptar sus regímenes, que es precisamente lo que les da esta Cámara. Los Estados miembros, junto con los agentes sociales, tienen hasta 2013 para adaptar sus programas tanto en el ámbito de la adquisición como en el de un ajuste equitativo de los derechos de pensión latentes.

Al cabo de dos años de consulta casi constante, ha llegado el momento de que esta Cámara se defina. Quiero añadir que las señales que he recogido, sobre todo de la próxima Presidencia portuguesa y de mi propio Estado miembro, los Países Bajos, son decididamente positivas, porque este informe ofrece muchas cosas para pasar a la segunda lectura.

Si queremos conseguir los objetivos de Lisboa, solo podemos hacerlo tomando como base temas específicos de este tipo. No hemos conseguido acabarlo hoy. Negociaremos con el Consejo y yo como ponente y nosotros como Parlamento intentaremos seguir adoptando la postura más constructiva posible para liquidar este tema, porque eso es lo que realmente hace falta.

  Eoin Ryan (UEN), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. – (EN) Señora Presidenta, yo también quiero felicitar a la señora Oomen-Ruijten por su trabajo sobre este instrumento legislativo tan difícil y complejo, que, como ya se ha dicho, lleva unos 15 a 20 años sobre la mesa.

Sin embargo, como ponente de opinión sobre este informe en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, creo que es vital que los ciudadanos puedan llevarse con ellos los beneficios de sus planes de pensión complementaria cuando se van a trabajar a otra empresa o a otro Estado miembro; el mercado interior va a ser testigo de un gran aumento del número de personas que se trasladan de un Estado miembro a otro.

Esta legislación debe garantizar que los trabajadores que cambian de trabajo no se vean penalizados indebidamente y que el valor de su pensión se ajuste de forma equitativa al cambiar a un nuevo empleo.

Asimismo, tenemos que valorar el hecho de que las empresas que proporcionan estos planes de pensión complementaria lo hacen de forma voluntaria. Por tanto, habría que minimizar cualquier presión financiera innecesaria derivada de la prestación de estos regímenes. Sin embargo, equilibrar los objetivos de estos dos fines no es tarea fácil, pero creo que los textos de compromiso de las Presidencias finlandesa y alemana constituyen un paso en la buena dirección.

Creo que si fomentamos la movilidad de los trabajadores, no podemos penalizarlos injustamente a través de sus pensiones si cambian de trabajo. En la actualidad, cambiarse a un nuevo empleo o trabajar en otro país puede provocar pérdidas importantes. Asimismo, debemos garantizar que cuando alguien saca su dinero de un plan de pensiones, los trabajadores que permanezcan en dicho plan no salgan perdiendo.

Uno de los retos más importantes y complejos al que tendrán que hacer frente los Estados miembros en la próxima década será el efecto del envejecimiento de la población. Las pensiones se van a convertir –si no lo son ya– en un gran problema para los Estados miembros. Considerando que este instrumento legislativo ha estado encima de la mesa durante los últimos 15 a 20 años, ya es hora de adoptar medidas adecuadas al respecto y de que nos aseguremos de que los trabajadores reciban un trato justo y que se vele por sus planes de pensiones si se trasladan de un Estado miembro a otro o de una empresa a otra.

  Astrid Lulling (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género – (FR) Señora Presidenta, Señorías, cuando alguien es, como yo, ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y a la vez miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, a menudo se siente, por así decirlo, como en alta mar, es decir, en manos de Dios. Eso es lo que me ha ocurrido con mi proyecto de opinión. En la forma en que ha sido aprobado, apenas reconozco a mi bebé.

Lo que recomendé al principio del trabajo sobre esta tan debatida propuesta de Directiva o bien ya ha desaparecido porque fue rechazado por una mayoría de quienes por casualidad estaban presentes en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, o bien no fue aceptado por la comisión responsable. Por lo tanto, no puedo más que lamentar que no quede ni rastro de la propuesta más importante de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, que resaltaba que esta Directiva debía ser aplicada de forma que respetara las Directivas relacionadas con la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

En cuanto al contenido, las discusiones más turbulentas empezaron después de la aprobación de mi opinión, que tuvo lugar hace un año, y cuya intención era asegurar que las personas empleadas pudieran conservar sus derechos de pensión y seguir pagando sus contribuciones cuando cambiaran de puesto de trabajo o interrumpieran o cesaran en su actividad profesional, ya fuera por razones familiares, o para reconciliar mejor la vida profesional con la vida familiar.

No entraré en detalles sobre las disputas que sigue habiendo, entre otras cuestiones, sobre los empresarios que ofrecen pensiones complementarias para fomentar la lealtad del personal, mientras que la Directiva es parte de una perspectiva que fomenta la movilidad de los trabajadores. Sé que no será fácil reconciliar esos dos puntos de vista, pero quiero decir que debemos perseguir el principal objetivo, es decir, garantizar los derechos adquiridos en unas condiciones aceptables, que no pongan en peligro la sostenibilidad financiera de los regímenes ni la oferta de regímenes de pensión complementaria por parte de los empresarios, para las personas empleadas que cambian de empresa en un mismo Estado miembro o fuera de él, respetando los principios de subsidiariedad y flexibilidad.

  Othmar Karas, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todos estamos de acuerdo con el mercado interior y es cierto que conviene ampliarlo porque es nuestra respuesta más efectiva a la globalización. Todos estamos de acuerdo con la movilidad, pero esta no está suficientemente desarrollada en la Unión Europea. Sin embargo, para reforzar el mercado interior y fomentar la movilidad es necesario no perder de vista la red de seguridad social. Tenemos que reforzar las pensiones complementarias –el segundo pilar – en Europa, como complemento y no como sucedáneo del primer pilar. Por ello hemos apoyado la Directiva sobre los fondos de pensiones complementarias financiadas con capital. Está claro que también necesitamos una Directiva sobre la portabilidad de los derechos de pensión complementaria.

Para ello debemos velar por el mantenimiento de los derechos de pensión de los trabajadores. Es necesario aclarar conceptos como el de transferibilidad –lo que resulta más fácil con los nuevos contratos que con los antiguos–, la adquisición de derechos y el trato de los trabajadores que abandonan una empresa, al igual que los derechos latentes. ¿Cuál es la base de cálculo? ¿Cómo evaluamos las cotizaciones, tanto su cuantía como su duración del tiempo a lo largo del cual se han desembolsado? ¿Cómo planteamos el periodo de prestación esperado? Se trata de lograr un equilibro entre la seguridad económica de las empresas y la seguridad social de los trabajadores, así como un equilibrio entre aquellos que permanecen en la empresa y aquellos que la abandonan por motivos de seguridad de empleo o de impulso de su carrera profesional.

Con la decisión de hoy no llegaremos al final de esta cuestión. Se trata de la posición del Parlamento que servirá de base para futuras negociaciones. Queremos una solución. No obstante, queremos una solución que trate en pie de igualdad la perspectiva empresarial y la seguridad social y que encuentre una fórmula de compromiso. Por ello les pido que voten a favor de la propuesta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

  Harald Ettl, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señora Presidenta, quiero expresar mi especial agradecimiento a la señora Oomen-Ruijten por su extraordinaria labor. Cuando el representante de la Presidencia alemana del Consejo ha hablado hoy de «reivindicaciones maximalistas», está claro que ha exagerado mucho sin ningún fundamento.

La propuesta de Directiva debe considerarse una parte de la Estrategia de Lisboa. Cumple las reivindicaciones de los trabajadores que desean que se proteja su derecho a adquirir y mantener derechos de pensión y su derecho a una pensión complementaria, ahora que se han levantado las barreras a la libre circulación de los trabajadores. Para los Estados miembros se prevé un plazo de cinco años de adaptación y organización a fin de que ofrezcan un trato justo a los derechos latentes.

Este punto del artículo 5 es al mismo tiempo el elemento fundamental de la propuesta de Directiva. Si se acepta la enmienda del señor Mann al respecto, se despojará a la propuesta de Directiva de su contenido esencial y la propuesta carecerá de valor para los trabajadores. Nosotros adoptamos normativas económicas, pronunciamos palabras grandiosas sobre las condiciones sociales, pero hacemos todo lo contrario. Esta forma de proceder, llevada al paroxismo por la enmienda del señor Mann, no es admisible para el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, porque está dirigida contra los elementos fundamentales y aspectos cruciales de la propuesta de Directiva.

Por ello pido a sus Señorías que apoyen la propuesta de la ponente de una solución progresista.

  Luigi Cocilovo, en nombre del Grupo ALDE – (IT) Señora Presidenta, Señorías, también me complace en gran manera poder dar las gracias a la ponente, así como a los muchos diputados que han trabajado como ponentes alternativos, por sus esfuerzos y por su trabajo en este tema tan complejo.

Sin embargo, quiero dejar claro que nadie se libra de la complejidad. Nadie ignora las diferencias entre los diversos tipos de fondos: fondos de redistribución, fondos de capitalización, fondos de aportación definida y de beneficio definido, fondos que en realidad son fondos de empresa y fondos gestionados con la acumulación de reservas de aportaciones en los libros de la empresa. Por lo tanto es difícil encontrar soluciones que no tengan en cuenta este elevado grado de diferenciación. Pero también es cierto que sobre este tema todos deberíamos haber demostrado un poco más de coherencia.

Me refiero en concreto al Consejo, que en mi opinión se está convirtiendo en una ciénaga que absorbe y asfixia todos los esfuerzos del Parlamento para conseguir un progreso equilibrado y coherente sobre temas sociales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Directiva sobre el tiempo de trabajo y las Directivas aprobadas por el Parlamento en materia de reglamentación de las agencias de contratación temporal. En la medida de lo posible hemos conseguido algún progreso aunque, por supuesto, hemos tenido que aceptar compromisos inevitables, si no una absoluta carnicería, pero no hemos progresado nada en absoluto respecto a la portabilidad. Una vez más se aplaza el problema.

Sobre este punto, esperamos que esos pasos hacia delante, tímidos pero positivos, pensados para garantizar ciertos requisitos mínimos, no desaparezcan del todo. Esos pasos son, por ejemplo, las condiciones de los derechos de pensión para los trabajadores que entran en el segundo pilar, las condiciones para el reembolso de las contribuciones pagadas en nombre de trabajadores que salen de los regímenes antes de adquirir los derechos de pensión, y las condiciones referentes al tratamiento que reciben los trabajadores que salen de un régimen y dejan sus contribuciones en el fondo, en la medida en que en realidad existe un aplazamiento del pago de los beneficios, pero ya constituyen derechos adquiridos en relación con el capital de esos beneficios. Sobre esos puntos, en algunos casos los límites mínimos identificados en el informe siguen siendo objeto de crítica o han sido cuestionados.

En el futuro deberemos adoptar un enfoque distinto para abordar problemas de este tipo, un enfoque que garantice que podamos ofrecer a los trabajadores móviles al menos la seguridad de que no se verán discriminados o penalizados. Pero creo que toda solución que quede por debajo de esos límites indicados sería tan negativa que sería preferible la traumática solución de un rechazo en el Parlamento. Esperamos que al menos el compromiso conseguido entre esos límites se pueda mantener en la relación con el Consejo.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias a la ponente por su trabajo. No ha sido fácil llegar a la votación, como hemos oído, porque nos hemos visto obligados a responder a las sucesivas posiciones del Consejo, que han ido cambiando y en ocasiones eran intransigentes.

Mi Grupo apoyará varias enmiendas de la comisión, en concreto las que cambian el ámbito de aplicación de trabajadores a personas, lo que sin duda permitirá incluir determinados casos particulares. Esperamos que esta Directiva abarque a todos los que han contribuido a estos regímenes del segundo pilar a través de su trabajo y que se aplique de forma no discriminatoria. Por tanto, no apoyaremos la enmienda 34 o las enmiendas de otros Grupos políticos.

Hemos oído que la movilidad se ve como algo cada vez más importante. En efecto, así es la vida. La flexiguridad es un término que está de moda en nuestros debates y los trabajadores móviles necesitan un escenario de seguridad, del que forma parte su pensión. Deben poder diversificar el riesgo de sus pensiones, pero las pensiones particulares tienen sus problemas, como ha demostrado nuestro debate sobre Equitable Life. Todos los Estados miembros deberían darse por advertidos si apuestan únicamente por regímenes de pensiones públicos y privados, sin un pilar basado en el trabajo. Como sabemos, ni siquiera se ha solicitado introducir estos regímenes en la presente propuesta, de modo que los Estados miembros que tienen estos regímenes no deberían obstaculizar a los demás.

Todos deberían poder beneficiarse del aumento de las pensiones y no ver cómo sus contribuciones pagadas a distintos regímenes se secan como rodajas de salami, de ahí la enmienda 49 que pretende reintroducir la portabilidad, el núcleo de esta propuesta. Sabemos que no hay un apoyo mayoritario, pero queremos que el Consejo sepa que tiene que abordar realmente esta cuestión, porque es cada vez más necesaria. A muchos nos parece que su enfoque actual es una táctica dilatoria y, en ocasiones, una traición a sus propios llamamientos en favor de una mayor movilidad.

Necesitamos normas para proteger los derechos de pensión latentes, por lo que no podemos apoyar la enmienda 38, que es destructiva y no redunda en interés de los ciudadanos. Apoyamos la posición de la comisión en este punto. Sin embargo, tenemos problemas con las disposiciones relativas a la edad del artículo 4 y la duración de los periodos de carencia en las enmiendas de la comisión. Creemos que son propuestas discriminatorias y, a pesar de lo que nos ha dicho la Comisión, consideramos que un aumento de la movilidad por encima de los 25 será una continuación de lo que está ocurriendo ahora. Por tanto, la enmienda 47 se basa en la edad legal en la que los Estados miembros permiten el trabajo a tiempo completo, que, al menos en un caso, es a los 15 años. No podemos apoyar que se vaya más allá de la propuesta de la Comisión.

También queremos una aplicación temprana, de ahí la enmienda 49. Sin embargo, el Consejo tiene que asumir su responsabilidad y presentar una propuesta que refleje su retórica y mejore la situación de los que cambian de trabajo dentro de la Unión Europea.

  Jiří Maštálka, en nombre del Grupo GUE/NGL – (CS) Señorías, quiero empezar felicitando a la ponente por este gran trabajo; en efecto, ha vuelto a escribir la totalidad de la propuesta original de la Comisión.

Sin embargo, creo que por desgracia no ha conseguido resolver algunas de las principales diferencias y redactar un texto de compromiso que sea aceptable para todos, como podemos ver por la persistente actitud negativa de algunos Estados miembros. En mi opinión también es una pena que a pesar de las largas negociaciones en torno al proyecto, el Consejo fuera incapaz de encontrar una posición común.

En lo que a mí respecta, la propuesta original de la Comisión me parece mucho más adecuada para los sectores de población en cuestión que la propuesta de la ponente, porque ofrece más derechos a los titulares de pensiones. Es difícil de comprender por qué el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos sigue apoyando la propuesta de la ponente aunque ha desaparecido de la misma la parte más importante, es decir, la transferibilidad de los derechos de pensión de un Estado miembro a otro. Nuestro Grupo político agradece la retirada del artículo 6 sobre la transferencia de derechos, no solo debido a las cuestiones fiscales, la ausencia de un programa de cálculo a escala comunitaria y la ausencia de unas normas mínimas sobre la política de índices, pero sobre todo porque la transferencia de los derechos de pensión comportaría unos costes más elevados para los titulares de una pensión individualmente.

En concreto, nuestro Grupo no está de acuerdo con los puntos aprobados por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales porque deterioran considerablemente la propuesta original de la Comisión, por ejemplo, al elevar la edad mínima para poner en práctica esos derechos de 21 a 25 años, restringiendo la gama de posibles beneficiarios de esos derechos, eliminando del proyecto a los trabajadores autónomos y ampliando hasta cinco años el tiempo que la gente debe estar en el sistema para poder reivindicar sus derechos.

Junto con otros diputados de nuestro Grupo –el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica– he presentado varias enmiendas que al menos deberían mejorar esos puntos más importantes. Nuestro voto sobre la propuesta en conjunto vendrá determinado por si se adoptan nuestras enmiendas o no.

  Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EN) Señora Presidenta, cuando cuatro expertos sobre pensiones asistieron a una reunión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en mayo del año pasado, no se mostraron satisfechos con esta Directiva. Dijeron que no respetaba suficientemente la subsidiariedad y que era demasiado prematura.

La propia Comisión de Empleo está en desacuerdo con esto. Nunca antes había visto a un diputado levantarse, arengando y gritando a otros. Esto es así porque se trata de una cuestión muy compleja, a raíz de las diferentes actitudes que los Estados miembros tienen con respecto a las pensiones. Hay sistemas distintos, de ahí la complejidad.

Estoy a favor de que la gente se desplace a otros lugares y se lleven consigo sus pensiones, consolidándolas, pero dejemos que los fondos de pensiones se encarguen de ello. Para eso están. Ellos tienen la experiencia, así que dejemos que sean ellos los que tengan los quebraderos de cabeza. Después de todo, tenemos la Directiva relativa a los servicios, que se supone que es una ayuda en este terreno.

Por tanto, pido a sus Señorías que apoyen mi enmienda de rechazo. No estarán solos: ya ha sido rechazado en el Consejo, así que este expediente está predestinado a acumular polvo en alguna estantería.

  Luca Romagnoli, en nombre del Grupo ITS. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, el derecho a la libre circulación entre Estados miembros de la Unión en relación con las pensiones complementarias no debería verse perjudicado. Ni los sistemas de pensión de cada Estado miembro ni las condiciones para adquirir derechos de pensión deberían poner en duda la portabilidad de los derechos adquiridos.

La media de la población de Europa vive más tiempo y, como ha dicho correctamente la señora Oomen-Ruijten, las pensiones complementarias son cada vez más importantes en la Unión, sobre todo si queremos garantizar la calidad de vida de una población anciana en el contexto de un modelo social europeo que, aunque podría ser mejor, sigue siendo un sistema que no se encuentra en ningún otro continente.

Por lo tanto, es vital seguir mejorando los mecanismos para adquirir pensiones complementarias y su portabilidad, sin aceptar nada menos que lo que parece ser apenas suficiente. En concreto, convendría ampliar el ámbito de aplicación de los regímenes complementarios a todos los grupos. Personalmente me habría gustado que este informe hubiera establecido también los principios aplicables a las pensiones de invalidez y de supervivencia.

En relación con el período de cotización necesario, estoy de acuerdo con un período mínimo de cinco años y con las demás condiciones que establecen las enmiendas relacionadas con este derecho. Los requisitos para tratar los derechos de pensión complementaria adquiridos por los trabajadores salientes parecen equilibrados, aunque creo que habría que avanzar más en la mejora de la portabilidad de los derechos.

Para terminar, estamos viviendo una época en la que los Estados miembros intentan combinar la flexibilidad y la movilidad en el empleo con incentivos para acceder a la seguridad social, hasta un punto que creo que es excesivo.

En este contexto, las instituciones no solo deben hacerse eco reiteradamente de la preocupación de los jóvenes respecto a sus pensiones futuras y respecto a la gran dificultad que comporta mantener una calidad de vida digna en la vejez, sino que además deben abordar esos problemas con seriedad, en concreto porque se ha demostrado que es poco probable que los regímenes de pensiones con contribuciones definidas aporten pensiones proporcionales al coste de la vida. Como sostienen la ponente y muchos colegas diputados, la movilidad en el empleo debería remunerarse mejor, sobre todo mediante sistemas integrados de pensiones.

  Jim Allister (NI). – (EN) Señora Presidenta, en una época en la que pocos trabajos son para toda la vida, cuando los regímenes de pensiones públicos son en general insuficientes, cuando la movilidad de los trabajadores no tiene trabas y cuando la población de Europa está envejeciendo notablemente, las deficiencias de los regímenes de pensiones tienen cada vez más importancia para muchos de nuestros electores. Así pues, ¿qué se puede hacer para garantizar unos regímenes de pensiones suficientes y flexibles?

Para muchos, las pensiones complementarias son una parte esencial de sus planes financieros, por lo que las normas que las regulen no deberían ser agobiantes ni restrictivas. Tampoco tendrían que dar cabida a la intervención gubernamental mediante impuestos sigilosos, cosa a la que estamos muy acostumbrados en el Reino Unido.

Sin embargo, mi principal petición es que al fomentar la portabilidad de las pensiones no solo estamos estableciendo otra capa de regulación de la UE. Recuerden, se trata de acuerdos voluntarios. Los Estados miembros deben mantener el control de lo que ocurre en su territorio, donde hay regímenes y prácticas diferentes.

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, en el mercado interior se supone que la movilidad de los trabajadores debe fomentarse y no impedirse. Otro tanto debe suceder con los derechos de pensión complementaria al cambiar de puesto de trabajo. Sin embargo, los regímenes son sumamente distintos. En Francia y España se aplican ante todo a los directivos. En Estados miembros como Austria, Luxemburgo y Alemania constituyen una prestación voluntaria. Su objetivo es establecer un vínculo duradero entre el personal cualificado y la empresa. De este modo se recompensa la fidelidad a la empresa. Su valor total asciende, tan solo en Alemania, a 250 000 millones de euros.

Lo que se ha construido bajo la responsabilidad de cada Estado miembro, no debe ser destruido mediante una armonización forzosa a escala europea. Unos niveles mínimos y costes demasiado elevados impiden la creación de nuevos regímenes complementarios o su mantenimiento. La media en la UE se sitúa en el 10 %. Mis enmiendas, que cuentan con el apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, contribuyen a incrementar esa cifra.

En primer lugar, estoy a favor de una reducción de la edad mínima a 25 años. La Comisión propone 21 años. El informe presentado renuncia incluso a indicar una edad. Eso no puede funcionar. Los trabajadores jóvenes cambian de trabajo con frecuencia, lo que conllevaría una gran cantidad de pensiones muy reducidas y gastos administrativos enormes.

En segundo lugar, el período de consolidación de cinco años viene a apoyar –en contra de lo que ha dicho el señor Ettl– la posición de la Presidencia alemana del Consejo, que tantos esfuerzos ha hecho para llegar a un acuerdo. Los dos años que pide la Comisión provocarán un aumento de los gastos del 20 %. Y la Comisión lo sabe. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no quiere establecer plazo alguno. ¿Quién pagará la cuenta?

En tercer lugar, junto con otros 80 diputados estoy a favor de que se elimine la indexación. Si los trabajadores que han cambiado de empresa reciben el mismo trato que los trabajadores que ya se encuentran en ella, los gastos se incrementarían un 30 %. El Ministro de Asuntos Sociales neerlandés teme un desastre económico en su país, donde el 90 % de los asalariados reciben una pensión complementaria.

Las pensiones complementarias solo tendrán un futuro si se basan en lo posible y financiable. Recomiendo que se rechace la totalidad del informe en caso de que no se acepten las enmiendas de mi Grupo.

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a la ponente, la señora Oomen-Ruijten, por su propuesta constructiva y equilibrada.

Las pensiones complementarias son importantes en muchos Estados miembros y serán cada vez más importantes en el futuro. Creo que el equilibrio conseguido en la propuesta es sólido. Por una parte, se garantiza la libertad para el desplazamiento geográfico entre Estados miembros y, por otra, se tienen en cuenta diversos sistemas.

Algunas personas sostienen que esta Directiva es innecesaria. Al contrario, es realmente necesaria. Muchos de los sistemas que tenemos en Europa se han creado sobre la base de un mercado laboral que antes era bastante diferente. Actualmente tenemos un mercado laboral flexible en nuestros países, entre diferentes compañías y entre fronteras nacionales, de modo que también los sistemas de pensiones deben cambiar.

Por diversos motivos, siempre me he opuesto al derecho a trasladar las pensiones, y apruebo que se haya eliminado. Tenemos diferentes sistemas fiscales y la expectativa de vida varía de un país a otro. Además, en algunos casos, el derecho a trasladar las pensiones podría comportar que quienes se quedan en un fondo sufrieran el deterioro de ese fondo. Es más importante hacer lo que hemos propuesto, es decir, concentrarse en los derechos latentes para que quienes abandonan un fondo no se vean discriminados, sino que se les reconozcan plenamente sus derechos.

Creo que el período de adquisición y la edad mínima deberían ser lo más bajos posible, porque son un obstáculo para la circulación. Sobre este tema, hemos conseguido un equilibrio en el Parlamento que permite prever que a largo plazo se van a eliminar tanto los periodos de adquisición como las edades mínimas.

Las condiciones para llegar a un acuerdo serán buenas si el Parlamento vota a favor de la propuesta de la señora Oomen-Ruijten y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Hemos intentado mantener un diálogo con el Consejo, y nuestras posturas no están tan lejos una de otra. Espero que aprobemos nuestra postura. Creo que, si así fuera, sería también un incentivo para el Consejo y sería posible llegar a un acuerdo en segunda lectura.

  Ona Juknevičienė (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, Señorías, hoy estamos debatiendo una Directiva muy importante que debería reforzar la libertad de los trabajadores a elegir un empleo adecuado. Tendría que ser además otro estímulo para fortalecer la competitividad del mercado laboral de la Comunidad. Felicito a la señora Oomen-Ruijten, que ha elaborado este documento, y espero que en la votación lo apoye la mayoría del Parlamento.

Señoría, le felicito por sus esfuerzos para fomentar la movilidad de los trabajadores y abolir todos los obstáculos que la dificultan. Esta Directiva es un paso adelante para revitalizar el mercado laboral, estimular inversiones y competencia y reforzar las garantías sociales para los trabajadores.

Los miembros de la Comunidad tienen derecho a decidir si quieren sistemas de pensión complementaria. En la actualidad, siete de los diez Estados miembros que se adhirieron en 2004 no los tienen. Lituania es uno de ellos. En algunos países, los sistemas de pensión complementaria no están generalizados e incluyen solo a una parte insignificante de los empleados. Espero que esos países que no tienen un sistema de pensión financiado por el empresario lleguen a comprender las ventajas del mismo, y aprovechen la experiencia de sus vecinos para instituir esos sistemas para su propia población.

Al intentar contribuir a que la Directiva propuesta consiga su objetivo es muy importante que se impulsen los sistemas de pensión complementaria financiados por el empresario y que los fondos acumulados sean transferibles no solo dentro de cada territorio, sino también en toda la Comunidad. También es muy importante que los empresarios tengan derecho a elegir sistemas de pensiones y modos de transferibilidad que sean rentables y a no soportar pérdidas financieras.

Apoyo la opinión de la ponente de que esta Directiva debería aplicarse lo más ampliamente posible y que no tendría que haber excepciones en el requisito de que los derechos sean portables. Una portabilidad flexible y eficaz de las pensiones es una garantía social adicional para los trabajadores y una motivación para utilizar de forma correcta los conocimientos y las aptitudes de cada persona. A su vez eso elimina un obstáculo más a la movilidad y libera el potencial del conjunto del mercado laboral de la Unión Europea, aumentado así la competencia.

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, es lamentable que se siga creyendo, en particular en el país que mejor conozco, que las pensiones complementarias son un premio por permanecer durante muchos años en la misma empresa. Esto no es así desde hace mucho tiempo. Las pensiones complementarias son el segundo pilar de la jubilación y a menudo van acompañadas de recortes salariales en los convenios colectivos; como tales forman parte de las actuales biografías e historiales laborales. Estos historiales se caracterizan por la movilidad, interrupciones laborales y las más diversas condiciones de trabajo. En los niveles de renta más bajos actualmente apenas es posible hoy en día sobrevivir con las pensiones estatales.

En respuesta a esta realidad, el proyecto de la Comisión sobre la portabilidad de las pensiones complementarias es coherente, lógico y ambicioso. No es posible que en nuestra época, en la que se fomenta la movilidad y la vida profesional resulta inimaginable sin ella, se pretendan eliminar de la Directiva sobre pensiones complementarias tanto la portabilidad como los derechos latentes. Quien lo pretende impide que las generaciones jóvenes constituyan su fondo de jubilación. Quien lo pretende incrementa la carga futura del erario público, porque la gente estará abocada a la pobreza tras una larga, aunque agitada, vida laboral.

Me parece sumamente lamentable que los Estados miembros se muestren tan poco dispuestos a dar el valeroso paso que propone la Comisión. Parte de la culpa del fracaso registrado en el Consejo corresponde a la Presidencia alemana por haber presentado una propuesta inaceptable, y no debería escudarse tras los Países Bajos.

Incluso si la portabilidad no obtiene hoy la mayoría necesaria, no debemos abandonar este aspecto tan importante para la jubilación de las próximas generaciones y debemos alcanzar conjuntamente esta meta, aunque sea a pequeños pasos.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – (EN) Señora Presidenta, yo también quiero felicitar a la señora Oomen-Ruijten por su trabajo. Asimismo comparto su opinión de que lo que, por supuesto, quiere este Parlamento y lo que los ciudadanos de Europa necesitan es un resultado en esta materia, porque no cabe duda de que los trabajadores se desplazan cada vez más por todo tipo de motivos y que es algo que hay que fomentar y apoyar.

Yo apoyo la propuesta original de la Comisión más allá del informe que tenemos ante nosotros. Me parece inexplicable que se proponga aumentar el umbral de la edad de 21 a 25 años. Acepto que muy a menudo los trabajadores dejan para muy tarde cualquier tipo de consideración sobre su derecho a una pensión, pero que creo que, por norma, deberíamos animar a los ciudadanos a que se planteen estas cuestiones lo antes posible, por lo que nuestro Grupo apoyará las enmiendas destinadas a cambiar estas disposiciones relacionadas con la edad.

Asimismo, no puedo entender por qué los trabajadores por cuenta propia no están incluidos en estas disposiciones. Creo que esto es muy preocupante y de nuevo nuestro Grupo votará conforme a esta preocupación.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señora Presidenta, los resultados de la investigación del caso Equitable Life han hecho que mucha gente cuestione la seguridad de sus pensiones. Cuando las personas hacen sacrificios durante sus años de trabajo para ahorrar para su jubilación, lo hacen únicamente por un motivo: su propia seguridad y la de su familia. Europa envejece, como muestran las perspectivas demográficas, y la gente siente que no puede confiar su futuro a los fondos de pensiones públicos. Los Estados serán pragmáticos y harán lo que tienen que hacer cuando un tercio de su población esté por encima de los 65 años. Hoy en día, los trabajadores consideran que los planes de pensiones públicos son una base sobre la que mejorar sus ingresos mediante regímenes complementarios, para lo que podrían ser 20, 30 o incluso 40 años de vida tras la jubilación.

Reconozco que es difícil encontrar un equilibrio entre la protección de los sistemas de pensiones actuales y la creación de un marco que soporte el tipo de presión que representarán las pensiones conforme Europa vaya envejeciendo y que también garantice que los jubilados no se pasen toda su jubilación luchando por recuperar el dinero que han estado ahorrando durante toda su vida laboral.

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – (PT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero empezar elogiando a la señora Oomen-Ruijten por su extraordinario informe. Las propuestas que contiene son innovadoras, equilibradas y prudentes, y es evidente que pretenden conseguir una mayor libertad de circulación con más protección, un componente vital del proyecto europeo.

Señorías, la globalización de la economía y el envejecimiento de la población son dos aspectos para los que Europa aún tiene que encontrar una respuesta clara y convincente. Una economía más globalizada implica estar dispuesto al cambio, y esto significa una mayor movilidad. La movilidad de los trabajadores implica garantizar la adquisición, la retención y la transferencia de los derechos de pensión, y es crucial para el desarrollo del mercado interior.

Por otra parte, en vistas del envejecimiento de la población, con el previsible e inherente aumento del gasto público que implica, es esencial garantizar la sostenibilidad financiera de los modelos de seguridad social, una tarea que será más fácil de conseguir si se dan las condiciones adecuadas para los regímenes complementarios a las pensiones subvencionadas por el Estado. Así es como funcionan las cosas, de cara al cambio demográfico y la presión financiera que ha ejercido en las autoridades públicas.

El principal reto a que se enfrenta la UE es el de mantener los valores esenciales en que se basa el modelo social europeo y a la vez seguir siendo competitiva en el escenario mundial. Solo lo conseguiremos si tomamos medidas políticas y si podemos reelaborar algunos aspectos del modelo social, y tomar medidas más enérgicas para intensificar el mercado interior, en concreto en lo que se refiere a la libertad de circulación, en este caso de personas. En este sentido, la propuesta de hoy es una señal muy positiva y alentadora.

PRESIDENCIA DE LA SRA. MORGANTINI
Vicepresidenta

  Karin Jöns (PSE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, antes que nada quisiera felicitar cordialmente a la señora Oomen-Ruijten por su extraordinaria labor. No podemos pedir a los trabajadores cada vez más flexibilidad en el mercado de trabajo y exigirles al mismo tiempo que hagan más para asegurarse su propia jubilación sin dar a muchos de ellos una oportunidad para adquirir derechos de pensión complementaria. Alrededor del 20 % de los trabajadores cuentan hoy únicamente con un contrato de trabajo temporal. Un 40 %, como ha señalado el Comisario, trabajan menos de cinco años en la misma empresa. En vista de ello, considerar que las pensiones complementarias son un premio a la fidelidad, como sucede por ejemplo en mi país, raya en el cinismo.

Necesitamos urgentemente una normativa adaptada a los tiempos en que vivimos. Quienes insisten en establecer plazos de consolidación prolongados, quieren excluir además totalmente los derechos latentes del ámbito de aplicación de la Directiva y encima pretenden que esta mezquina disposición no entre en vigor hasta en 2018, todavía no se han dado cuenta de la realidad. Eso es lo que quería decir a mi colega diputado, el señor Mann, aunque ya ha abandonado el Pleno.

No es casualidad que la Comisión y el Parlamento mantengan posiciones tan próximas sobre este aspecto. Nuestra población envejece y nosotros debemos actuar en consecuencia. En mi país, por ejemplo, en 1970 todavía trabajaban ocho personas por cada pensionista, pero en 2030 serán únicamente dos. Por ello debemos tirar urgentemente del freno de emergencia. Debemos crear las condiciones para que cada trabajador tenga realmente la oportunidad de acumular por sí mismo un fondo para su pensión. Por supuesto, las empresas también deben asumir su parte de responsabilidad. Que no me digan que las disposiciones que proponemos –tal como figuran en el informe Oomen-Ruijten– llevarán a la quiebra a decenas de miles de empresas.

  Anne E. Jensen (ALDE). – (DA) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo también pienso que la propuesta presentada hoy por la señora Oomen-Ruijten es una propuesta constructiva, y quiero darle las gracias. La propuesta tiene totalmente en cuenta la movilidad en el mercado laboral, sin menoscabar los regímenes de ayuda mutua existentes, como las pensiones del mercado laboral danés. Por mucho que sienta simpatía por normas como las que propone la Comisión, que permitirían la libre transferencia del régimen de pensiones de un empleado, es difícil encontrar un modelo que encaje con los acuerdos existentes. Por lo tanto, creo que la solución a la que hemos llegado, que no incluye la transferencia de pensiones, es una buena solución.

En Dinamarca tenemos normas que garantizan el derecho de los empleados a transferir sus pensiones gratuitamente durante los primeros dos años después de haber cambiado de puesto de trabajo y eso impone un tope en los gastos que las sociedades de pensiones pueden cargar cuando se transfiere una pensión. Por supuesto, esto no impide que cada país de la UE desarrolle de forma similar sus propias normas para la transferencia de pensiones. La propuesta que tenemos ante nosotros garantiza los derechos de pensión básicos de cada empleado e incluye normas que rigen la obtención de los derechos de pensión y los derechos latentes, así como la obtención de información. Es lo mínimo que debemos pedir. Además, para quienes cruzan las fronteras nacionales con el fin de cambiar de trabajo, esta legislación es especialmente importante.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, la propuesta de Directiva que estamos debatiendo promueve la inseguridad, la adaptación a un despido fácil, a la reconversión y la contratación en otro trabajo con condiciones inseguras, tomando como base las necesidades unilaterales del mercado, en vez de un trabajo a tiempo completo, permanente y regulado, con derechos. Sin embargo, la Comisión Europea ha vuelto a presentar la propuesta, participando en un juego político a expensas de los ciudadanos con el fin de asegurar su aprobación.

La propuesta pretende eliminar lo que considera que son obstáculos tanto para la libre circulación entre Estados miembros como para la movilidad dentro de un Estado miembro, obstáculos que proceden de determinadas disposiciones de los sistemas complementarios de pensión. Esos obstáculos tienen que ver con los términos con que se adquieren los derechos de pensión, los términos con que se retienen los derechos de pensión latentes y la portabilidad de los derechos fundamentales. Por supuesto, todos ellos se han rebajado. Este es el motivo por el que, sintiéndolo mucho, no apoyaremos esta propuesta.

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Señora Presidenta, en Dinamarca tenemos unos fondos de pensiones que ascienden a más de 2 200 000 millones de coronas danesas, y que se han acumulado mediante exenciones fiscales. Ahora llega el Tribunal de Justicia Europeo con una sentencia que nos prohíbe gravar los ahorros para pensiones acumulados en otros países. Ahora debemos permitir plenas exenciones fiscales sin ninguna garantía de recuperar los impuestos más tarde. El Movimiento de Junio quisiera que hubiera libre competencia para que las personas consigan las pensiones más elevadas posible a cambio de sus cotizaciones, pero la competencia debe ser justa.

También queremos conservar nuestro modelo social financiado con impuestos, con derechos sociales iguales para todos. Por ejemplo, pagamos a las personas pensiones de jubilación tanto si han participado en el mercado laboral como si no. Es un derecho cívico que se adquiere por el simple hecho de vivir en Dinamarca. Si tenemos que proporcionar pensiones de jubilación a todas las personas que se establecen en Dinamarca, esas pensiones se van a reducir rápidamente. Un acuerdo según el cual una pareja danesa casada pueda llevarse consigo a un paraíso fiscal su pensión estatal y una pensión por jubilación anticipada, sin pagar impuestos, sería tan caro para la sociedad que tendría un impacto en el volumen de esas pensiones.

La UE debe tener más en cuenta el peculiar modelo social danés, con sus elevados impuestos y sus correspondientes beneficios sociales, también elevados. Necesitamos una normativa práctica que permita a las personas llevarse consigo sus pensiones si se trasladan a otro país, pero las pensiones de quienes se van no deben pagarlas los demás contribuyentes. El Movimiento de Junio pide al Consejo y a la Comisión que respeten nuestros derechos sociales financiados con impuestos.

  Csaba Őry (PPE-DE). – (HU) Como todos ustedes saben, en 2006 celebramos el Año de la Movilidad en Europa. Representantes de las instituciones europeas, representantes de las administraciones de los Estados miembros, organizaciones que representaban a los empresarios y a los empleados, expresaron en numerosos actos profesionales sus opiniones sobre lo importante que es promover la movilidad en la Unión Europea.

En consecuencia, se diría que cada una de las instituciones de la UE, la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento y cada uno de los Estados miembros se comprometieron categóricamente en general y en principio a mejorar la movilidad. Pero eso solo es cierto en la medida en que este tema importante se debate en términos generales. Tan pronto como tenga que tomarse una decisión sobre medidas o reglamentos específicos, el entusiasmo que mostraban los políticos durante el debate general se desvanece como por arte de magia. Nos centramos principalmente en las preocupaciones y los problemas. Esa es la sensación que tenemos también cuando se habla de la nueva legislación para garantizar la portabilidad de las pensiones complementarias.

Señorías, muchas personas están a favor de preservar la situación actual y una inercia total. Argumentan que en Alemania hay un modelo histórico que no se puede alterar en lo más mínimo. Estoy totalmente a favor de mostrar un gran respeto por las tradiciones históricas. Pero en este caso hablamos de los intereses de todos los trabajadores de Europa y de toda la economía europea. Decididamente pienso que este tema tiene mayor prioridad. No podemos permitir que el impulso del desarrollo europeo se interrumpa debido a esos intereses particulares que, si se tienen en cuenta, significará que varias decenas de millones de trabajadores de un Estado miembro determinado sufran una grave discriminación en relación con los demás trabajadores de la UE.

Promover la movilidad, garantizar la portabilidad de las pensiones complementarias, son temas que, pase lo que pase, deben resolverse a escala europea. Si no lo hacemos así es muy probable que nos quedemos rezagados en el entorno competitivo mundial en el que competimos con nuestros rivales, encarnados en las economías del sudeste asiático, la India y América del Norte. Debemos comprender que están produciéndose acontecimientos inevitables y que es de primordial importancia conseguir acuerdos que vayan más allá de las fronteras y de la mano de obra. Es una obligación. Por consiguiente, les pido que lo aprueben. Quisiera hacer un comentario final adicional: las pensiones y las inversiones afectan personalmente a los trabajadores, sobre todo cuando son las empresas quienes los pagan.

  Alejandro Cercas (PSE). – (ES) Señora Presidenta, continuo donde lo ha dejado el señor Őry porque quiero expresar los mismos motivos de preocupación, los mismos motivos de satisfacción, y también la felicitación a la comisión, a la ponente, señora Oomen-Ruijten, por haber sido tan valiente y haber entrado en este campo de minas con la decisión y con la voluntad de avanzar y de eliminar los obstáculos que hemos ido viendo.

Efectivamente, hay una necesidad absoluta de coherencia entre las palabras y los hechos; hay una necesidad absoluta de eliminar los obstáculos a la movilidad y a la libre circulación de los trabajadores. Lo decimos nosotros, lo dice Lisboa, lo dice el Consejo miles de veces, pero vemos que no avanzamos. Hay también la necesidad absoluta de respetar y de garantizar los derechos de los trabajadores que son móviles y que se desplazan en el seno de la Comunidad y en el interior de nuestros propios países.

Por tanto, quiero expresar mi preocupación por las dificultades que ha habido en el Consejo y por las que pueda haber hoy también en el Parlamento. Mi preocupación, en primer lugar, porque el Consejo, una vez más, frena esperanzas razonables y esperanzas mínimas, avances que son mínimos y son frenados por cuestiones nacionales y por egoísmos nacionales. Mi preocupación porque no es la primera, ni será la última vez, en la que los señores del Consejo parecen estar sordos a las demandas de los europeos. Mi preocupación porque el trabajo que ha hecho el Parlamento se dice que va a servir de base para trabajos posteriores, cuando los consensos del Parlamento no sirven ya para desbloquear posiciones del Consejo. Y mi preocupación porque esos mismos problemas en el Consejo se transfieran aquí, al Parlamento, y hoy tengamos una votación difícil.

Ojalá, señora Oomen-Ruijten, que no salgan adelante las enmiendas que pretenden frenar su informe y que su informe, razonable y mínimo, pueda salir adelante con el apoyo de todos y sirva de base para continuar avanzando –que buena falta le hace a Europa y buena demanda hay de los ciudadanos, que no son escuchados suficientemente por nuestros Gobiernos.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señora Presidenta, tiene que ser posible transferir pensiones de un país a otro. La libertad de circulación de los trabajadores de un país al país vecino depende de que las personas puedan recibir sus pensiones sin problemas, sin muchos trámites y sin un procedimiento de solicitud.

Por lo tanto, estoy a favor de eliminar los problemas asociados a las pensiones complementarias para la libre circulación de los trabajadores. Pero la transferencia de pensiones complementarias de un sistema de pensiones a otro es un proceso laborioso. Aumenta la burocracia y los costes. La futura legislación de la Unión Europea no debería permitir transferir los derechos de pensión complementaria. Además, existe una solución más simple: cada sistema de pensión complementaria debería pagar al empleado, de forma independiente, las pensiones que ha devengado en su sistema. Sería una forma más simple, más eficaz y más barata para los empleados, los beneficiarios de pensiones y los propios sistemas de pensiones.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, si queremos salvaguardar la movilidad de los trabajadores, debemos salvaguardar también la portabilidad de sus derechos. No podemos tener trabajadores que se desplazan y pierden, con esa movilidad, los derechos de pensión adquiridos durante años de trabajo en su país de origen. Las políticas neoliberales plantean aquí grandes obstáculos y problemas.

Quiero dar las gracias a la señora Oomen-Ruijten por su importante labor, pero lamento que nuestro Grupo político no pueda estar de acuerdo con el informe en su forma final porque, en la cuestión material más básica regulada por la nueva Directiva, es decir, las condiciones en que se adquieren los derechos de pensión complementaria, el informe empeora la propuesta inicial de la Comisión pidiendo un período de carencia de cinco años en vez de dos y una edad mínima de 25 años en vez de 21. Se necesita un acuerdo más favorable en el artículo 4 de la Directiva para beneficiar a los trabajadores jóvenes. Por este motivo les pido que aprueben las enmiendas 50 y 51, que consideramos importantes.

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Señora Presidenta, quiero felicitar a la señora Oomen-Ruijten por su informe. La portabilidad de los derechos de pensión complementaria no es una cuestión fácil. Si en el debate sobre las pensiones en los Países Bajos –que al fin y al cabo es un país pionero– se considera la posibilidad de emitir un veto cuando se propone una nueva legislación sobre pensiones, es que realmente conviene reflexionar.

Es muy importante que se tomen nuevas medidas para garantizar una mejor armonización de los diferentes regímenes de pensiones. Además de la armonización, otra causa de preocupación es, sobre todo, la viabilidad financiera de los diferentes regímenes. Evidentemente no todo el mundo puede apoyar este informe, porque en relación con la propuesta de la Comisión, la ponente ha sugerido que no se permita ninguna excepción más.

Pero me queda una duda. Si cuando se elimina la opción de exención del apartado 3 del artículo 9, se instará a los Estados miembros a pasar a un régimen de pensión basado en el capital, porque con toda seguridad es lo que debería hacerse. En la Unión Europea, donde los ciudadanos son libres de trabajar en diferentes Estados miembros, debería haber un sistema de seguridad social adecuado, y la transferencia de los derechos de pensión que cada cual haya acumulado debería ser un derecho mínimo.

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, todos estamos de acuerdo en que es necesario fomentar la movilidad de los trabajadores. No obstante, en muchos Estados miembros, como Luxemburgo, Austria y Alemania, esta Directiva tendría graves repercusiones en todos los regímenes de pensiones complementarias. Tan solo un 1,5 % de los trabajadores se van a una empresa de otro Estado miembro, pero esta Directiva afecta al 98,5 % restante que permanecen en su Estado miembro. Y quiero decir lo siguiente a la señora Jöns: estos trabajadores saldrán perjudicados si las empresas dejan de ofrecer pensiones complementarias, que tienen desde luego carácter voluntario, porque no pueden financiarlas. De este modo podrían hundirse regímenes nacionales enteros.

En vista del creciente envejecimiento de la sociedad, las pensiones complementarias revisten una gran importancia. Sin embargo, las empresas no están obligadas a ofrecer dichas pensiones. La aplicación de la Directiva a concesiones realizadas anteriormente –como se plantea por ahora– constituiría un castigo para las empresas que hayan hecho anteriormente amplias promesas en materia de pensiones. Corremos el peligro de que las empresas abandonen sus sistemas de pensiones complementarias voluntarias.

Asimismo, de acuerdo con la propuesta actual de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a partir de la edad de 25 años se adquirirían derechos de pensión sin que se aplique un período de consolidación. Ello conllevaría un enorme incremento de la administración y los gastos, por lo que no podría financiarse. La adaptación de los derechos de pensión de los afiliados inactivos al valor de los derechos de pensión de los trabajadores en activo –la indexación– implica un incremento de los gastos del 30 %. Ese es el principal motivo por el que el Ministro de Trabajo neerlandés votó en contra de la Directiva.

Necesitamos reglas fiables, predecibles y asequibles. Estamos a favor de la movilidad, pero con la condición de que los regímenes de pensión complementaria, que tanta importancia tienen para los trabajadores, no corran peligro.

Si no se aprueban las enmiendas en cuestión, votaré en contra del informe en interés de los trabajadores.

  Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Señora Presidenta, quiero realizar algunos comentarios. En primer lugar, en relación con el análisis de la Presidencia alemana de las razones por las que fue tan difícil conseguir una conclusión satisfactoria de este tema. Una cosa que, en mi opinión, ha ido mal desde el principio es que se acordaron excepciones, entre otros por su propio país, y que esto puso en marcha un proceso como resultado del cual otros países también empezaron a insistir en excepciones, lo que finalmente ha provocado que ya no quede nada de la Directiva inicial. Creo que esto debería mencionarse en el análisis.

En segundo lugar, volviendo al papel de los empresarios, los agentes sociales y los propios fondos de pensiones, soy una defensora incondicional de los mismos si se toman las medidas necesarias, pero, como ya ha dicho el Comisario Špidla, han perdido su turno. Pero creo que si ahora adoptáramos esta Directiva sin incorporar este elemento de transferencia de valor, sería como un incentivo para que volvieran a recuperar este elemento voluntariamente, y quiero recalcar este punto en concreto con el énfasis necesario. También me oponía al artículo 6, tal como lo formuló la Comisión, porque concedería un derecho individual a la transferencia de valor, pero como debería estar bien regulado, hay que hacer los esfuerzos necesarios.

En cuanto a los derechos latentes, señor Mann, decididamente no es cierto que los Países Bajos se opusieran a este componente por el hecho de que no sería financiable. Hemos resuelto este tema bastante bien en nuestro propio país, donde los titulares de derechos latentes también comparten los beneficios que rinden las aportaciones de sus primas. Los ciudadanos neerlandeses que han trabajado en Alemania, por ejemplo, o en otros países, y se han trasladado, no tienen acceso a los derechos que han devengado en esos países. Esto no es justo. Creo que este es el motivo por el que el artículo 5 sobre los derechos latentes es tan importante; por lo tanto, me decepciona profundamente que tanto la Presidencia alemana como el señor Mann intenten ahora que estos derechos se apliquen solo a los futuros derechos latentes. El argumento de la aplicabilidad retroactiva es realmente absurdo. Los derechos de pensión se determinan cada año, sobre todo para la población activa. Puede hacerse exactamente lo mismo para la población latente. No tiene nada que ver con la aplicabilidad retroactiva; se trata simplemente de ajustar la normativa y es una participación equitativa que necesitan tener en ella.

En resumen, apoyamos sin reservas el informe Oomen-Ruijten y esperamos que no quede empantanado, como la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, en el cenagal que ha mencionado el señor Cocilovo, sino que ahora sea abordado realmente en el Consejo.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, el dinero que pagan los trabajadores para recibir una pensión complementaria es dinero que pertenece a los trabajadores. El dinero que pagan los empresarios para que sus trabajadores puedan vivir mejor cuando se jubilen, también es dinero que pertenece a los trabajadores. Por lo tanto, no tendría que haber ningún problema en adoptar una Directiva sobre la portabilidad de los derechos que ya pertenecen a los trabajadores.

Señor Mann, usted ha dicho que esta Directiva, en la forma tan valiente como la ha presentado la Comisión, implica unos costes considerables para los fondos aseguradores, y que por lo tanto debería rechazarse. Pero yo digo que cuanto más elevados sean los costes para los fondos de pensiones, más elevados serán los beneficios para los trabajadores y mayor el número de trabajadores que contratarán fondos de pensiones voluntarios.

Para terminar, una vez más compruebo que, por desgracia, el Consejo está actuando como freno de la Unión Europea. Dado que se necesita el acuerdo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, en el Consejo un solo voto en contra de una propuesta basta para bloquearla. Me pregunto, pues, por qué seguimos lamentando que en Francia y en los Países Bajos los resultados de las votaciones fueran negativos para la Constitución. A todos nos gustaría que Europa avanzara, pero cuando se trata de abordar realmente las expectativas que los ciudadanos tienen depositadas en nosotros, siempre adoptamos la postura que es peor para los ciudadanos y trabajadores. Es evidente que no podemos avanzar si actuamos de esta forma.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señora Presidenta, felicito a la señora Oomen-Ruijten y a todos los que han participado en la consecución de un amplio consenso sobre esta cuestión tan extremadamente complicada. Hoy necesitamos un voto firme a favor del informe Oomen-Ruijten y tenemos que asegurarnos de que las enmiendas de Thomas Mann no salgan adelante. Apelo a mis colegas y, de hecho, amigos del Grupo GUE/NGL a que lo piensen bien y presten su apoyo en la votación final de hoy.

Es una pena que tras 20 años de debate sobre la portabilidad y los derechos adquiridos, terminemos con una directiva que solo aborda realmente la cuestión de los derechos adquiridos y no la portabilidad. No obstante, apoyo este enfoque particular en este momento. Entiendo plenamente por qué estamos donde estamos, y necesitamos una indicación de los Estados miembros de que van a abordar seriamente los obstáculos que impiden la plena portabilidad.

El veto en el Consejo en este terreno de la política tiene que ser eliminado. No me refiero necesariamente a esta directiva en particular –aunque creo que debería ser así–, sino a la necesidad de eliminar el veto en el terreno de la política social. Espero que la nueva CIG aborde esta cuestión en los próximos meses. Una votación por mayoría cualificada no impondrá a nadie ninguna posición, sino que obligará a los Estados miembros y al Consejo a abordar las cuestiones y a negociar más que a poner obstáculos.

Tras la votación de hoy, el Consejo, creo, debe tener una actitud seria. No pueden esperar que los sindicatos acepten la adaptabilidad con respecto a la reforma de la legislación laboral, si no están dispuestos a abordar esta cuestión fundamental de la seguridad de los trabajadores.

  Gabriele Stauner (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, Señorías, la propuesta de Directiva comporta serios problemas, como sucede tan a menudo cuando afecta directamente a las personas. De lo que se trata es ni más ni menos de los derechos de pensión, es decir, una de las fuentes de las que dependen los ingresos en la tercera edad. Alemania, Austria, los Países Bajos y Luxemburgo cuentan con regímenes de pensiones complementarias sumamente detallados, que son de alta calidad y que han beneficiado a ambas partes, tanto a trabajadores como a empresas.

El objetivo de una directiva europea debe ser establecer un equilibrio entre el motivo original de premiar la fidelidad a la empresa y la necesidad de movilidad de los trabajadores, que exigen por supuesto de forma tan vehemente el sector privado y la Comisión Europea. En mi opinión, el método utilizado para transferir los derechos de pensión estatal dentro de la Unión Europea –el prorrateo– también debería aplicarse a los derechos de pensión complementaria. Si deseamos movilidad, debemos aceptar las consecuencias que esta conlleva. Apoyo las enmiendas de mi Grupo; sin embargo, independientemente de que sean aceptadas o no, apoyo el informe en su conjunto porque brinda seguridad, previsibilidad y posibilidad de planificación a los trabajadores y a las empresas.

No obstante, esta propuesta de Directiva suscita un problema fundamental para la legislación de la UE en el ámbito social, pues requiere la unanimidad en el Consejo. Este caso es un ejemplo más de que dicha unanimidad es imposible en el Consejo, a pesar de los esfuerzos que debemos reconocer que ha hecho la actual Presidencia. Por ello, la decisión de nuestro Parlamento no llegará muy lejos, ya que la posible decisión del Consejo y su contenido son inciertos. Por esa razón, si queremos trabajar efectivamente en pro de los ciudadanos, el Parlamento debe insistir también en este terreno que las decisiones se tomen por mayoría.

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona constituie o prioritate pentru noi toţi. De aceea, orice iniţiativă care promovează creşterea mobilităţii forţei de muncă şi care poate contribui la creşterea economică şi la reducere şomajului este binevenită. Armonizarea legislativă în domeniul pensiilor suplimentare, care să promoveze mobilitatea europeană a muncii, nu poate fi realizată, însă, în mod abrupt. Unele state membre au sisteme mai dezvoltate, cu o îndelungată tradiţie în domeniu, iar altele sunt în stadiul incipient al introducerii pensiilor suplimentare. De aceea, vreau să felicit raportorul pentru reflectarea acestei diversităţi în toate amendamentele aduse directivei. Suntem în faţa unui raport echilibrat, care facilitează păstrarea sau rambursarea drepturilor de pensii suplimentare, dobândite de angajaţii care schimbă locul de muncă, fără a împovăra angajatorii, fondurile de pensii private sau ceilalţi contribuabili. Este un prim pas pe care toate statele membre îl pot accepta şi pe care se poate construi mai departe.

Transferul pensiilor de orice fel trebuie să fie posibil pentru cetăţenii europeni care lucrează într-un alt stat membru al Uniunii. Un avantaj în plus pentru angajat este transparenţa sporită a sistemului. Statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru ca angajaţii să fie informaţi despre drepturile băneşti ce li se cuvin, în cazul în care încetează să lucreze pentru o anumită companie. Pentru România , introducerea acestei directive în domeniul pensiilor suplimentare înseamnă un standard care ne permite să dezvoltăm acest sector economic, aflat în stadiu incipient în ţara noastră, fără a mai suporta costurile implicate de o reformă. Începând cu 2008, legislaţia românească prevede introducerea pensiilor suplimentare, ceea ce însemnă că aproape toţi cetăţenii români vor putea beneficia de drepturile conferite de această directivă. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru a implementa noile cerinţe. De aceea, sprijin ideea acordării unui termen suplimentar de şaizeci de luni pentru punerea în practică a măsurilor prevăzute în directivă.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, me satisface ver que este informe ha llegado hasta aquí por una serie de razones. Los cambios propuestos apuntan en una dirección muy sensata.

Durante el proceso, las propuestas de la Comisión nos desconcertaron de algún modo, por ejemplo por la aplicación retroactiva de las normas de los periodos de carencia y la diferencia entre pensiones públicas, privadas y complementarias. Afortunadamente, si aceptamos los cambios propuestos hoy, el resultado será mucho mejor que la propuesta original de la Comisión.

Hemos de tener una visión completa de la situación. Si hacemos que los regímenes voluntarios sean demasiado burocráticos y radicalmente diferentes de las alternativas que existen hoy en día, nadie, especialmente las PYME, los ofrecerá. Esto no animará a las empresas a ampliar el ámbito de los regímenes voluntarios a más trabajadores, que es el objetivo. También significa que se desaprovechará la oportunidad de que las empresas utilicen los regímenes voluntarios como herramientas atractivas a la hora de contratar trabajadores y recompensar su fidelidad. Asimismo, potencialmente se perderán millones en inversiones.

El objetivo es animar a tantas empresas como sea posible a que opten por el tipo correcto de regímenes complementarios, lo que contribuirá, entre otras cosas, a aliviar las implicaciones democráticas nefastas para los regímenes de seguridad social públicos. Esto también se puede fomentar dejando que sean los Estados miembros los que decidan cuándo y cómo desarrollarán la portabilidad, de modo que las empresas en su territorio no se encuentren con grandes sorpresas.

Si lo hacemos bien, entonces la UE podrá, sin transgredir la subsidiariedad, hacer una verdadera contribución a la modernización de la seguridad social en Europa y lograr sus objetivos de Lisboa.

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, apoyo plenamente la movilidad de los trabajadores y una mayor portabilidad de las pensiones, pero es importante que esta propuesta sobre una cuestión tan compleja y especial no dé lugar a una reducción del número de empresas que decidan ofrecer a sus trabajadores regímenes de pensión voluntarios. Tenemos que permitir a los empleadores que puedan permitírselo ofrecer pensiones generosas para atraer y remunerar al personal de alto calibre.

Una encuesta reciente del Eurobarómetro muestra que el 50 % de los trabajadores más jóvenes y el 30 % de los que se encuentran en el grupo de edades comprendidas entre 45 y 54 años esperan cambiar de trabajo en los próximos cinco años, por lo que nuestro objetivo debería ser garantizar que los ahorros de pensiones siguen a los trabajadores a lo largo de toda su carrera. A este respecto, apoyo los esfuerzos de nuestra ponente, la señora Oomen-Ruijten, por preservar los derechos latentes.

Conforme los regímenes legales de seguridad social de los Estados miembros afrontan mayores retos desde el punto de vista de la demografía y la tasa de dependencia, los regímenes de pensiones complementarias cobran cada vez más importancia. Sin embargo, las empresas tienen que ser capaces de ofrecer pensiones en un nivel de acceso que sea viable para ellas. Puedo aceptar el compromiso alcanzado por el Consejo a este respecto, por el que, en los casos en los que los regímenes estipulen una edad mínima, esta no pueda superar los 25 años. En Irlanda, el 54 % de todos los trabajadores están afiliados a regímenes de pensiones ocupacionales y el periodo de carencia es de dos años. Esto funciona bien, pero puedo aceptar un periodo de carencia de cinco años que alivie los temores por los costes y lograr un compromiso que garantice la transferencia de capital de los regímenes de pensiones privados sin socavarlos.

Espero que se superen las dificultades más pronto que tarde y que la propuesta revisada de la Comisión trace un camino más aceptable para el Consejo y el Parlamento. Después de todo, nuestro objetivo es, como ha dicho el Comisario, no la armonización, sino unos requisitos mínimos para garantizar que no nos encontramos en una situación en la que alguien se traslade y pierda sus derechos de pensión diferidos.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, muchas gracias por sus intervenciones. Me gustaría abordar un tema que han mencionado varios diputados.

Como es lógico, muchos han hecho referencia a la Estrategia de Lisboa, a la cada vez más necesaria movilidad de los trabajadores y a las medidas que es preciso tomar a resultas de ello, como por ejemplo la adopción de disposiciones en materia de portabilidad de los derechos de pensión complementaria.

Independientemente de cómo evaluemos las distintas propuestas que han hecho ustedes o que figuran en el informe, el Consejo debe adoptar su decisión por unanimidad. Y uno de los Estados miembros dice con toda claridad que debe atenerse a la resolución de su Parlamento. Los diputados al Parlamento nacional han pedido a su Gobierno que actúe con arreglo a dicha resolución en las negociaciones en el Consejo y que presente propuestas en este sentido, lo que ha hecho que finalmente no se haya llegado a la unanimidad que necesitamos.

Señora Schroedter, no debemos crear leyendas ni criticar aquí el papel de Alemania. Durante la Presidencia finlandesa ya se vio con claridad la dirección que podíamos seguir y los puntos en que había una aproximación y aquellos en que no la había. Por ello se excluyó en aquel entonces la portabilidad en sentido estricto. Hemos intentado en todas las numerosas reuniones llegar a un entendimiento, a un acuerdo, pero al final nos falta la aprobación de un Estado miembro. He recibido señales positivas de los Países Bajos y de Portugal, que ocupará la Presidencia el semestre próximo. Si existe voluntad de aproximación, cabe esperar que aún sea posible un acuerdo, al menos en algunos ámbitos.

  Vladimír Špidla , miembro de la Comisión – (CS) Señorías, sin duda este debate puede considerarse un éxito porque, desde muchos puntos de vista, ha conseguido aclarar la tendencia del enfoque adoptado por la señora Oomen-Ruijten en su informe.

Ha dejado clara la idea de proteger y reforzar los derechos de los trabajadores emigrantes, y, a su vez, preservar y reforzar el equilibrio a largo plazo de esos regímenes complementarios, porque la injusticia manifiesta de la solución actual comportará inevitablemente que cada vez menos personas participen en los regímenes complementarios. Desde una perspectiva a largo plazo, este enfoque comportará por supuesto un fortalecimiento.

Creo que, en una sociedad humana moderna, caracterizada por una gran inseguridad, hay dos certezas muy arraigadas. Una de ellas es, por supuesto, la certeza de que la muerte llegará, y la segunda certeza de los sistemas modernos es que mis derechos de pensión estarán realmente protegidos. Creo que es una certeza tan fundamental que es muy bueno reforzarla cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo.

Señorías, en pocas palabras, el debate ha demostrado que el informe de la señora Oomen-Ruijten sigue un fuerte enfoque imparcial basado en el desarrollo económico y social de la Comunidad Europea, y mejora la situación de los trabajadores móviles protegiendo los derechos diferidos y garantizando la debida adquisición de derechos. El debate ha demostrado claramente que este informe está muy equilibrado y no afecta ni perjudica a los sistemas existentes, ni siquiera a escala nacional.

También quiero mencionar algunos puntos de vista que han salido en el debate. Uno es que el informe aborda el concepto de hacer que los derechos de pensiones sean más dinámicos. Esta idea no estaba ni en la propuesta original ni en el informe de la señora Oomen-Ruijten.

Señorías, en mi opinión es correcto apoyar sin reservas el informe que tenemos ante nosotros. Crea una buena base para un mayor desarrollo que, como ha ilustrado este debate, es vital, y en mi opinión representa una importante mejora en el actual estado de cosas.

  La Presidenta. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar en breve.

Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Richard Seeber (PPE-DE), por escrito. – (DE) La movilidad de los trabajadores es un derecho fundamental en la Unión Europea. Este derecho solo puede hacerse realidad si se establecen las condiciones correspondientes, en particular en el ámbito de los regímenes de seguridad social. No basta con que los derechos de pensión estatal sean transferibles, sino que también deben serlo los regímenes de pensiones complementarias.

Lo importante es que estas disposiciones sean viables: no queremos procedimientos bien intencionados que anulen sus beneficios adicionales, ya que un exceso de burocracia hace que sean pesados. En general, el planteamiento propuesto es un paso en la buena dirección.

3. Mejora del método de consulta al Parlamento Europeo en los procedimientos relativos a la ampliación de la zona del euro - Adopción por Chipre de la moneda única el 1 de enero de 2008 - Adopción por Malta de la moneda única el 1 de enero de 2008 (debate)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de

- las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la mejora del método de consulta al Parlamento Europeo en los procedimientos relativos a la ampliación de la zona del euro,

- el informe (A6-0244/2007) del señor Werner Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la propuesta de Decisión del Consejo, de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado, relativa a la adopción por Chipre de la moneda única el 1 de enero de 2008 (COM(2007)0256 – C6-0151/2007 – 2007/0090(COD)), y

- el informe (A6-0243/2007) del señor Werner Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la propuesta de Decisión del Consejo, de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado, relativa a la adopción por Malta de la moneda única el 1 de enero de 2008 (COM(2007)0259 – C6-0150/2007 – 2007/0092(COD)).

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, al comenzar este debate, que trata de cuestiones de procedimiento, en primer lugar no deberíamos olvidar las gratas conclusiones de los informes de convergencia publicados por la Comisión y el Banco Central Europeo sobre Chipre y Malta. La Presidencia está encantada de que la Comisión haya podido constatar que Chipre y Malta han alcanzado un alto grado de convergencia duradera y de que sobre esta base haya podido presentar propuestas para la introducción del euro en estos dos países.

En la reunión del Consejo de Economía y Hacienda el día 5 de junio de 2007, los Ministros refrendaron la evaluación de la Comisión en el sentido de que Chipre y Malta cumplen los requisitos para la introducción del euro.

Por ello, la Presidencia acogería con gran satisfacción que el éxito de Chipre y Malta no se viera enturbiado por cuestiones de procedimiento y que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo llegaran a una solución amistosa.

A todos nos interesa evitar que se produzcan retrasos o se generen incertidumbres con respecto a los preparativos técnicos y jurídicos de Chipre y Malta para la introducción del euro. Quiero dar las gracias expresamente al Parlamento Europeo por su voluntad de colaboración.

La Presidencia comprende el deseo del Parlamento Europeo de tener más tiempo para examinar los informes de convergencia y las propuestas de Decisión del Consejo relativas a la introducción del euro.

No obstante, el Consejo y la Presidencia deben atenerse al procedimiento establecido en el Tratado CE. En lo esencial, el calendario viene determinado por las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluido el Reglamento de notificación de los criterios de Maastricht.

La obligación que tiene el Consejo de consultar al Parlamento Europeo sobre las propuestas para la introducción del euro en los Estados miembros figura en el apartado 2 del artículo 122 del Tratado CE. La Presidencia considera que el Consejo ha respetado las disposiciones del Tratado CE en el caso de Chipre y Malta.

El Consejo recibió las dos propuestas de decisión del Consejo los días 21 y 22 de mayo de 2007, en tres versiones lingüísticas. Las demás versiones lingüísticas le fueron transmitidas a lo largo de las dos siguientes semanas. El Consejo consultó el 25 de mayo al Parlamento Europeo sobre las dos propuestas de la Comisión.

En su petición de consulta, el Consejo señalaba que sería conveniente que el Parlamento Europeo adoptase su dictamen sobre las propuestas de la Comisión durante el pleno de los días 18 al 21 de junio. De este modo, estos dictámenes estarían a disposición del Consejo, reunido en la cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno del 21 de junio de 2007.

Aunque no es una condición jurídica, la Presidencia celebraría que la declaración de los Jefes de Estado o de Gobierno pudiera tener en cuenta la posición del Parlamento Europeo. En todo caso, los dictámenes del Parlamento Europeo son necesarios para que el Consejo pueda adoptar estas dos Decisiones sobre la introducción del euro.

La Presidencia apoya en principio las propuestas formuladas por el Presidente Barroso en su respuesta del 13 de junio de 2007 a la carta del Presidente Pöttering. La Presidencia estima –como expuso la Presidenta del Consejo, la señora Merkel, en una carta al Presidente del Parlamento Europeo remitida el 19 de junio– que este asunto atañe en primer lugar a la Comisión y al Parlamento Europeo.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señora Presidenta, Señorías, ante todo quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento y al ponente, señor Langen, la rapidez con la que han examinado los informes de convergencia sobre Chipre y Malta aprobados el 16 de mayo por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo.

El Consejo Europeo debatirá mañana, en Bruselas, la ampliación de la zona del euro a estos dos países y todos confiamos en que el 10 de julio, después del acuerdo positivo del Consejo Europeo de mañana, el Ecofin tome la decisión legal definitiva para la ampliación de la zona del euro a estos dos países.

Tanto este Parlamento como el Consejo Ecofin del pasado 5 de junio coinciden con el análisis de la Comisión y del Banco Central en cuanto al cumplimiento por parte de Chipre y Malta de los criterios de convergencia establecidos por el Tratado.

En la reunión mantenida con los coordinadores de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento el pasado 7 de junio, tuve ocasión de explicarles que en la Comisión hemos dispuesto, a la hora de elaborar los informes de convergencia, de datos presupuestarios completos y fiables por parte de estos dos países.

Hay una confusión en algunos documentos que acompañan al proyecto de resolución porque se confunden unos datos relativos a las cuentas trimestrales financieras con los datos que en el procedimiento de déficit excesivo son notificados dos veces al año por los países, datos relativos al déficit y a la deuda. Debo reiterar ante este Pleno del Parlamento que, en relación con la información necesaria para tomar decisiones sobre procedimientos de déficit excesivo, no hay ningún tipo de reserva por parte de la Comisión sobre la calidad de los datos enviados por Malta y Chipre. Ningún tipo de reserva.

En lo que respecta a Malta, la Comisión emitió un juicio sobre el criterio de sostenibilidad de las finanzas públicas, condicionado a la aprobación por parte del Consejo Ecofin de la anulación del procedimiento de déficit excesivo que se había abierto a este país en el año 2004 y el Ecofin del 5 de junio ha confirmado este punto, poniendo fin al procedimiento de déficit excesivo con respecto a Malta.

Hay también precedentes respecto a una aprobación condicionada en el informe de convergencia al cumplimiento de condiciones, ya sea en cuanto a la estabilidad del tipo de cambio o a la declaración de déficit excesivo. Por lo tanto, en relación con el cumplimiento por parte de Malta de este criterio no hay ningún tipo de excepción o de situación particular. Se ha aplicado el procedimiento general que se ha aplicado en otros muchos casos a otros muchos países anteriormente.

En las próximas semanas y una vez confirmada la decisión positiva del Consejo en cuanto a la ampliación de la zona del euro a Chipre y a Malta, la Comisión emitirá sendos informes sobre el estado de preparación para el paso al euro por parte de ambos países. También me consta la preocupación de algunas de sus Señorías sobre este particular. Ese informe sobre el grado de preparación para el cambio de monedas y billetes no es propio de los informes de convergencia, no es un criterio de convergencia y, regularmente, la Comisión publica, como lo haremos en las próximas semanas, informes y comunicaciones precisamente enfocados sobre ese tema.

En estas condiciones, Señorías, podemos augurar que el próximo 1 de enero de 2008 la zona del euro pasará a contar con quince Estados miembros con la adhesión de Chipre y Malta. Es un hecho sumamente positivo para esos dos países, para la zona del euro y para el conjunto de la Unión Europea. El euro es, sin duda, uno de los mayores logros de la integración europea y, cuantos más ciudadanos disfruten de sus ventajas, mayor será el reconocimiento de la capacidad de la Unión para ofrecer a todos sus ciudadanos mayores garantías de prosperidad y bienestar social.

Señorías, con este debate sobre la solicitud de Chipre y Malta para ingresar en la zona del euro, es la cuarta vez que las instituciones europeas se pronuncian sobre la composición de la zona. La primera de ellas tuvo lugar en 1998 y tuvo por objeto determinar qué países formarían parte inicialmente de la zona del euro el 1 de enero de 1999. En aquel entonces se decidió el ingreso en la zona de once Estados miembros. Dos años más tarde, en 2000, se analizó la solicitud de Grecia y se aprobó que Grecia podía formar parte de la zona del euro a partir del 1 de enero de 2001. El año pasado, todas las instituciones europeas debatimos y acordamos que Eslovenia formaría parte de la zona del euro a partir del 1 de enero de 2007 y, por fin, llega esta solicitud de Chipre y Malta, que espero que sea definitivamente aprobada por el Consejo Europeo y por el Ecofin del 10 de julio.

Por lo tanto, no puede decirse en absoluto que la zona del euro, como alguna vez se ha dicho, es un club cerrado. Es un club totalmente abierto a todos los miembros que quieren pertenecer a él y que están preparados y cumplen las condiciones para llegar a ese punto.

Tras estos cuatro procedimientos de constitución o de ampliación de la zona del euro, esta va a contar a partir del próximo año con quince Estados miembros, hay otros dos que tienen cláusula de «opt-out» (Reino Unido y Dinamarca) y quedan otros diez Estados miembros que aún no pertenecen a la zona y que espero que lo hagan en los próximos años.

Sin hacer ningún pronóstico sobre cuándo podrán cumplir todas las condiciones para integrarse en la zona del euro, creo que se puede decir ya que, prácticamente, durante los próximos años, año tras año, las instituciones europeas vamos a tener que pronunciarnos sobre nuevos ingresos en la zona en cumplimiento del Tratado que proclama el euro como la moneda oficial de los Estados miembros de la Unión.

El Tratado fija, también, en sus artículos 121 y 122, con arreglo a qué criterios se determina si un Estado miembro cumple las condiciones para adoptar la moneda única y fija el procedimiento a seguir por las instituciones europeas. Y en la medida en que sus Señorías han preparado un proyecto de resolución sobre estos procedimientos de consulta al Parlamento para la ampliación de la zona, quiero referirme en la segunda parte de la intervención a ese aspecto.

Según lo dispuesto en el Tratado, en el procedimiento deben intervenir cinco actores: la Comisión, el Banco Central Europeo, el Parlamento, el Consejo Europeo y el Consejo Ecofin. Pero el Tratado no contiene ninguna disposición específica en cuanto a los plazos en los que cada una de las instituciones debe pronunciarse.

En las cuatro ocasiones en las que nos hemos pronunciado, se sigue un calendario similar: primero, la solicitud de ingreso en la zona por parte del Estado o Estados miembros, que en general se suele presentar a principios del año anterior al año en que se desea formar parte de la zona del euro; en segundo lugar, la evaluación por parte de la Comisión y del Banco Central Europeo del cumplimiento o no de los criterios, que se realiza en primavera; en tercer lugar, la decisión definitiva del Consejo, que tiene en cuenta la opinión del Parlamento y el debate en el Consejo Europeo, que suele tener lugar a mediados del año anterior a la introducción y, finalmente, la adopción del euro por el Estado o Estados miembros el 1 de enero del año siguiente.

Hay una serie de condicionantes en estos pasos, y me quiero referir a ellos porque nos afecta a todas las instituciones. En primer lugar, ¿por qué el euro se introduce el 1 de enero? Dadas las enormes implicaciones jurídicas, económicas, fiscales, contables y prácticas del cambio de moneda es absolutamente desaconsejable contemplar una fecha distinta a la del 1 de enero para la adopción del euro y creo que ahí hay un acuerdo general por parte de todos.

En segundo lugar, hay un plazo que conviene otorgar al Estado miembro para que lleve a cabo de manera ordenada y eficaz los preparativos del paso al euro y, disponiendo de la experiencia con la que ya contamos en anteriores ampliaciones, se puede afirmar que, en interés de los ciudadanos del país concernido, que son los primeros que sufrirían las consecuencias de una adopción del euro mal preparada, es deseable finalizar el proceso de toma de decisiones por parte de las instituciones europeas con varios meses de antelación a ese 1 de enero en el que se introducen los billetes y monedas y entra en vigor el tipo de cambio irrevocable en el país que forma parte del euro.

Estos son los condicionantes de carácter práctico y, por supuesto, ninguno de los dos está en manos de la Comisión. Lo que sí depende de la Comisión, en coordinación con el Banco Central Europeo, es la adopción del informe de convergencia acerca del cumplimiento o no de los criterios. Y la fijación de la fecha en la que la Comisión tiene que adoptar el informe de convergencia está determinada, en primer lugar, por el momento en que el Estado miembro presenta la solicitud –la Comisión no puede decidir en nombre del Estado miembro cuándo se presenta la solicitud– y, en segundo lugar, por el momento en que la Comisión puede disponer de datos fiables y rigurosos para poder efectuar una valoración adecuada, rigurosa y correcta acerca del cumplimiento o no de esos criterios de convergencia.

Por lo tanto, la fecha del informe de convergencia de la Comisión depende, por un lado, de cuándo el Estado miembro presenta la solicitud y, en segundo lugar, de cuándo la Comisión puede disponer de los datos adecuados, rigurosos y preciosos para efectuar la valoración.

En los años 1998 y 2000, la Comisión aprobó los informes de convergencia, con carácter general, a principios de mayo. En los años 2006 y 2007, la aprobación se realizó a mediados de mayo debido a que, a partir de 2005, se ha aplazado un mes, del 1 de marzo al 1 de abril, el plazo límite para que los Estados miembros transmitan los datos sobre su situación presupuestaria. Esto se ha hecho para poder obtener datos ciertos y rigurosos acerca de cuál ha sido la ejecución presupuestaria del Estado candidato a ingresar en la zona del euro el año anterior. La experiencia nos decía que las notificaciones el 1 de marzo no incluían todos los datos precisos para poder tener una idea adecuada de cómo se había cerrado el ejercicio presupuestario del año anterior.

En estas condiciones, si tenemos en cuenta que Chipre y Malta cumplieron con el criterio de estabilidad del tipo de cambio el 2 de mayo de este año, la Comisión ha dispuesto de dos semanas, lo mismo que sucedió el año pasado en el caso de Eslovenia, para acabar de elaborar y adoptar los informes de convergencia. Lo que les quiero decir con esta exposición, quizá demasiado detallada, es que todas las instituciones tenemos una compresión de plazos en los cuales tenemos que tomar decisiones en este procedimiento.

El plazo disponible para el Parlamento viene determinado, por un lado, por la aprobación del informe de convergencia por parte de la Comisión y del Banco Central Europeo, pero también, por otro, por las fechas que el Consejo decide para su procedimiento de toma de decisiones, tanto en el Consejo Europeo como en la reunión del Consejo Ecofin, y eso, evidentemente, no está en manos de la Comisión.

En todo caso, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha escrito una carta al Presidente Pöttering mostrando la disponibilidad de la Comisión para explorar el modo de permitir que cada institución ejerza de la mejor manera posible las competencias que nos confiere el Tratado en este procedimiento y la Comisión quiere reiterarles hoy, quiero reiterarles hoy personalmente, en respuesta al proyecto de resolución de este Parlamento, nuestra voluntad de encontrar la forma, el procedimiento, un acuerdo entre las tres instituciones para mejorar el modo en que trabajamos, dadas las limitaciones objetivas con las que tenemos que hacerlo para tomar decisiones en esta materia.

En todo caso, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sabe perfectamente, y lo deben saber todos ustedes, que la Comisión y yo personalmente estamos, por supuesto, a su entera disposición para todo lo que tenga que ver con información disponible antes de que estos plazos venzan –acerca de la situación económica de los países candidatos, del grado de cumplimiento de los criterios de convergencia–, antes incluso de que los Estados miembros presenten sus solicitudes.

  Werner Langen (PPE-DE), ponente. – (DE) Señora Presidenta, señor Ministro de Estado, señor Comisario, permítanme hacer algunas observaciones sobre el euro antes de abordar el tema de Malta, Chipre y el procedimiento. No cabe duda de que el euro ha sido un proyecto de gran éxito, pues goza de estabilidad, tanto en el interior como en el exterior. No deberíamos olvidar esto en el debate de hoy. En el interior tenemos unos tipos de interés bajos; en el exterior, el euro se ha convertido en la segunda divisa del mundo y es sumamente estable respecto al dólar. Todo esto no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una estructura en la que la principal responsabilidad corresponde a los Estados miembros y a la Comisión: los criterios de Maastricht en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –que por supuesto ya ha sido flexibilizado bajo el liderazgo del Comisario Almunia–, el procedimiento de déficit, la claridad de los datos estadísticos y la independencia del Banco Central Europeo. Únicamente si coinciden todos estos factores, el euro seguirá siendo a la larga una divisa estable. Digo esto como observación previa, ya que aún tengo que hablar del procedimiento.

El Tratado, desde luego, es claro, pero también estipula que hay que consultar al Parlamento Europeo. Señor Comisario, se lo digo con toda franqueza: no permitiremos que nuestra función se reduzca a un mero complemento opcional. Acabo de escuchar que la Comisión ha hecho todo correctamente y que el Parlamento debe crearse su propia oportunidad. Si este es el caso –y esto es lo que decimos en la propuesta–, entonces, si no se llega a un acuerdo interinstitucional que contenga los puntos que vamos a probar posteriormente por amplia mayoría, la próxima vez suspenderemos nuestras consultas, como lo hemos hecho en la política agrícola. Entonces no aprobaremos las cosas con tanta rapidez como se nos pide ahora por tercera vez. Lo digo con toda claridad: El Parlamento no será tratado como un complemento opcional, por nadie.

Paso ahora a Chipre y Malta. Me alegro de que podamos aprobar una ampliación de 13 a 15 Estados miembros. Malta y Chipre solicitaron en el mes de febrero un informe de convergencia en virtud del artículo 121 con el objetivo de ingresar en la zona del euro. Al examinar los datos presentados –y el Comisario ya ha expuesto los problemas que sin duda existen con estos datos– observamos lo siguiente: Chipre forma parte desde hace mucho tiempo del Mecanismo de Cambios II, cumple desde el 5 de mayo los requisitos en materia de tipos de interés a largo plazo, tiene una renta per cápita igual al 75 % de la media de la UE y da muestras de una gran convergencia, pero tenía un problema con los datos, en particular con las cuentas financieras trimestrales. Esta cuestión también se debatió el 3 de mayo.

Deberíamos examinar la precisión de los datos, incluso por lo que respecta a la responsabilidad de la Comisión. No basta con que la Comisión diga que depende de los datos que le facilitan los Estados miembros. La Comisión tiene la responsabilidad de que estos datos sean correctos. El caso de Grecia es un ejemplo de ello: la Comisión no llevó a cabo un examen suficiente en el caso de este país y seis meses después recibimos una fea sorpresa.

Chipre cumple las condiciones y ha adaptado la ley sobre su banco emisor –y ha sido criticada a este respecto–, aunque mucho después de solicitar el informe de convergencia, a saber, el 15 de marzo, es decir, un mes más tarde. Sin embargo, ahora esta ley ya ha sido modificada, la inflación es baja, la deuda pública sigue siendo superior al 60 %, pero evoluciona en la dirección correcta. Así pues, podemos decir hoy en día que aprobamos sin reservas el ingreso de Chipre. Estoy seguro de que eso es lo que hará el Parlamento Europeo.

En el caso de Malta sucede algo similar, aunque con una excepción. Apoyamos el ingreso de Malta. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se pronunció el lunes por una amplia mayoría –en el caso de Malta por 39 votos a favor y en el de Chipre por 38 votos a favor–, casi por unanimidad, a favor del ingreso de estos dos Estados miembros. Pero en el caso de Malta se presentaba el problema de que en el momento en que se presentó el informe de convergencia aún no había concluido el procedimiento de déficit. Así pues, la Comisión presentó un informe de convergencia que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo sobre los criterios de convergencia, que establece que el procedimiento de déficit debe haber concluido en el momento del examen. Eso es un hecho. No obstante, aceptamos el informe, pero la Comisión no puede decir aquí que ha hecho todo correctamente y que este Parlamento se dedica a perturbar sus consultas con el Consejo.

Por último, en relación con nuestra propuesta de resolución, hemos recibido los informes y las cartas del Presidente Barroso y de la señora Merkel. La señora Merkel tiene que llevar a cabo un procedimiento difícil. Tiene que escuchar a los 26 Estados miembros restantes. El señor Barroso tan solo necesita una decisión de la Comisión. Estoy de acuerdo en que decidamos a pesar de que no se hayan satisfecho ni de lejos nuestros deseos, pero por ello exigimos un acuerdo interinstitucional. En este acuerdo, que debería adoptarse antes de que finalice este año, pedimos al Consejo y a la Comisión que sean más flexibles con el calendario. De lo contrario, la próxima vez –que previsiblemente será el turno de Eslovaquia– insistiremos en nuestro derecho a contar con un periodo de al menos dos meses para nuestra consulta. La próxima vez no aceptaremos el calendario al que hoy nos sometemos por tercera vez.

Teniendo esto presente nos complace que Chipre y Malta puedan ingresar a la zona del euro, pero pedimos a la Comisión y al Consejo unas condiciones de consulta razonables para el Parlamento Europeo.

PRESIDENCIA DEL SR. ONESTA
Vicepresidente

  David Casa, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (MT) Señor Presidente, no puedo empezar sin expresar antes mi agradecimiento a la población de Malta y Gozo por los grandes avances que ha conseguido durante los tres años transcurridos desde que Malta se convirtió en miembro de la Unión Europea. Han sido tres años difíciles que han presentado numerosas dificultades. En esos tres años los malteses han demostrado que son capaces de adaptarse al futuro. Ha sido un período de gran importancia para mi país, y puedo afirmar rotundamente que empiezan a verse los resultados. La introducción del euro en enero próximo lo confirma.

Malta ha demostrado claramente que es capaz de cumplir los criterios necesarios para asegurar que esta importante transición tenga lugar sin problemas. Esta transición reforzará la economía del país y, a su vez, la competitividad. Los cambios nunca son fáciles. Pero creo que Malta está totalmente dispuesta a hacer frente a este nuevo reto en enero. Debemos tener en cuenta que se concedió a Malta un período de tiempo restringido para adaptarse a las medidas necesarias para que tuviera lugar este cambio, y adoptarlas. En menos de tres años, Malta ha reducido su tasa de inflación al 2,2 % y la proporción de la deuda nacional respecto al producto nacional bruto disminuye y va acercándose al índice de referencia del 60 %. Ha habido una reducción considerable del déficit presupuestario, que ahora es de menos del 3 %, y hay que tener en cuenta también que, desde que Malta entró en el programa ERM2, la lira maltesa no ha sufrido ninguna devaluación y en ningún momento ha habido indicios de inseguridad en el país. Como ha dicho el Comisario Almunia, Malta ha conseguido un alto nivel de sostenibilidad y convergencia. Malta y los malteses están habituados a hacer frente y superar sus retos, unos retos que, en el pasado, no fueron precisamente pequeños y, sin embargo, los éxitos se han encadenado a lo largo de nuestra historia. Este es un momento histórico para la Unión Europea, porque comportará que la zona del euro sea más amplia, que incorpore más países y más personas. También es un momento histórico para Malta porque contribuirá a una mayor integración de sus ciudadanos en la Unión Europea.

También quiero dar las gracias al ponente por su trabajo sobre este tema, que ha demostrado ser muy útil.

  Dariusz Rosati , en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que me complace que, el 1 de enero de 2008, la zona del euro tenga dos nuevos miembros, Chipre y Malta. Ambos países han cumplido los criterios de convergencia estipulados en el Tratado. Quiero felicitar sinceramente a nuestros colegas chipriotas y malteses.

Ampliar la zona del euro es un proceso importante que fomenta una integración más profunda en la Unión Europea. Este proceso también ha tenido un efecto positivo en los países candidatos y la posición económica de la zona del euro. Los países que se preparan para unirse a la zona del euro se desarrollan a un ritmo mucho más rápido que los que ya pertenecen a ella. Su situación macroeconómica también es mejor, sobre todo desde el punto de vista de la deuda pública y del déficit presupuestario. Los nuevos miembros consolidarán el conjunto de la zona y la moneda única.

Al mismo tiempo, quiero decir también que no me complace el hecho de que se esté ejerciendo una gran presión sobre el tiempo que el Parlamento invierte en su trabajo para valorar la adhesión de estos nuevos países a la zona del euro. Nuestro programa de trabajo actual no permite que el Parlamento elabore una opinión adecuada. Por este motivo, la resolución, que espero que se adopte hoy, pretende iniciar un debate sobre un acuerdo interinstitucional que, en el futuro, facilitará un análisis eficiente y eficaz de los informes de convergencia.

Acojo con satisfacción la postura abierta y constructiva que el Presidente Barroso y el Comisario Almunia han declarado, en nombre de la Comisión. Señor Gloser, espero que la postura del Consejo sea también constructiva. Cuento con la creación de un mecanismo eficiente para una ampliación sin problemas de la zona del euro en el futuro

En el debate sobre la ampliación de la zona del euro, debería resaltarse que algunos de los criterios de Maastricht obligatorios no se aplican a la situación actual. Concretamente es el caso de la inflación. En primer lugar, no parece adecuado que los criterios de adhesión a la zona del euro se definan según la tasa de inflación media de países que no pertenecen a dicha zona.

En segundo lugar, el criterio actual no tiene en cuenta el hecho de que el rápido crecimiento económico de los nuevos Estados miembros se traduce naturalmente en una mayor tasa de inflación, que no es en absoluto un signo de debilidad económica. De hecho, es precisamente todo lo contrario. Refleja la realidad de que los nuevos Estados miembros se están poniendo al día con las economías desarrolladas de la vieja Unión.

En tercer lugar, quiero llamar su atención sobre el hecho de que la definición de estabilidad aplicada por la Comisión y el Banco Central Europeo en los informes de convergencia es distinta de la definición de estabilidad de precios que utiliza el Banco Central Europeo en el ámbito de la política monetaria. En cambio, el texto del Tratado solo contiene una definición de estabilidad de precios, y no podemos tener dos interpretaciones distintas de este término.

Los criterios de inflación actuales implican que algunos de los nuevos Estados miembros no puedan unirse a la zona del euro durante muchos años. Esto divide permanentemente a los Estados miembros en dos categorías, es decir, los países de la zona del euro y los que quedan fuera de ella. Esta situación es una amenaza para la cohesión de la Unión y contradice el espíritu del Tratado. Los criterios de convergencia se elaboraron hace 16 años en circunstancias totalmente distintas. Deberían adaptarse a la situación actual. Pido que se abra un profundo debate sobre este tema.

  Donato Tommaso Veraldi, en nombre del Grupo ALDE. – (IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Langen, el ponente, por el excelente trabajo que ha conseguido a pesar del breve plazo de tiempo disponible.

En realidad, el 16 de mayo de 2007 la Comisión adoptó su informe de convergencia sobre los criterios para que Malta y Chipre se unieran a la moneda única, y el 25 de mayo el Parlamento Europeo era invitado a expresar su opinión sobre la propuesta de Decisión del Consejo respecto a la adopción de la moneda única por parte de Chipre y Malta el 1 de enero de 2008. Dado el poco tiempo disponible, el Parlamento no pudo realizar una valoración profunda de la situación de esos países y de los informes presentados por la Comisión.

Sin embargo, quiero expresar una opinión favorable respecto a la adopción de la moneda única por parte de Chipre y Malta, dado que se han cumplido los criterios de convergencia. De hecho, en relación con Malta, en los últimos 12 meses la tasa de inflación ha sido del 2,2 %, que es inferior al valor de referencia del 3 %. El déficit excesivo se ha corregido mediante una reducción sostenida del déficit presupuestario por debajo del límite del 3 % del PNB y el porcentaje de la deuda está bajando, acercándose al valor de referencia del 60 % del PNB. Hasta marzo de 2007 el tipo de interés medio a largo plazo de Malta era del 4,3 %, que está por debajo del valor de referencia del 6,4 %. La economía maltesa está muy integrada en la Unión Europea y el déficit de la balanza de pagos bajó hasta el 6,3 % en 2006, en parte gracias a las inversiones extranjeras directas.

En cuanto a Chipre, en los últimos 12 meses el índice de inflación ha sido del 2 %, que es inferior al valor de referencia del 3 %. Para 2007 las previsiones de la Comisión en primavera de este año eran de un déficit invariable del 1,4 % del PNB. Desde su entrada en el ERM II, el mecanismo de tipos de cambio europeo, la libra chipriota ha cotizado de forma estable a un tipo de cambio satisfactorio. En los últimos 12 meses, el tipo de interés medio a largo plazo era del 4,2 % que está por debajo del valor de referencia del 6,4 %. La economía chipriota está muy integrada en la economía de la Unión Europea. La Comisión considera que se ha conseguido la integración económica a pesar de un aumento del déficit de la balanza de pagos.

Con el fin de evitar que en el futuro siga habiendo problemas con los calendarios de procedimiento, conviene mejorar el método de consulta al Parlamento Europeo, estableciendo una cooperación interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión. Así se podrá disponer del tiempo necesario para realizar una valoración adecuada de las propuestas de la Comisión y del Banco Central Europeo. Dicho esto, creo que el intercambio de opiniones con el Comisario Almunia y la respuesta del señor Barroso, presidente de la Comisión a la carta que le envió el señor Pöttering, Presidente del Parlamento, fueron francamente positivos. La Comisión debería notificar al Parlamento con la máxima antelación todas las solicitudes de informes de convergencia presentadas por los Estados miembros y las decisiones sobre el calendario del procedimiento debería tomarlas conjuntamente con el Parlamento y el Consejo.

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, al tomar la palabra en el debate sobre la ampliación de la zona del euro para incluir a Chipre y a Malta, quiero llamar su atención sobre las siguientes cuestiones. En primer lugar, la Comisión nos recuerda una vez más la necesidad de que los nuevos Estados miembros deben cumplir todos los criterios de Maastricht antes de unirse a la zona del euro. Al mismo tiempo, cierra los ojos ante el hecho de que cuando se introdujo el euro, muchos de los antiguos Estados miembros no cumplían esos criterios.

En segundo lugar, a pesar de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión se ha mostrado muy indulgente con los Estados miembros más grandes en relación con su cumplimiento de los criterios de Maastricht. En el pasado, la Comisión ha tolerado, y parece que aún tolera, déficit presupuestarios importantes y, en concreto, un nivel de deuda pública que a menudo sobrepasa el 60 % del PNB. Las estadísticas lo confirman. En 2006, la deuda pública en los países de la vieja Unión Europea era del 63,3 % del PNB y nada menos que en la mitad de los países de la zona del euro esta deuda sobrepasaba el 60 % del PNB.

En tercer lugar, la actitud de la Comisión respecto a los países que desean adherirse a la zona del euro varía en gran manera. Hace muy poco tiempo, se rechazó la solicitud de Lituania de unirse a la zona, a pesar de que había cumplido los criterios de Maastricht, y su índice de inflación apenas superaba en un 0,1% el valor de referencia.

De modo que el hecho de que la Comisión haya aceptado tan rápidamente la adhesión de Chipre y Malta a la zona del euro podría parecer sorprendente teniendo en cuenta que la deuda pública de ambos países supera claramente el 60 % del PNB. En 2006, la deuda pública de Chipre era nada menos que del 65,3 % y la deuda de Malta era de un 66,5 % del PNB. Además, ambos países están teniendo dificultades para proporcionar a Eurostat estadísticas referentes a su situación financiera.

A pesar de las dudas que acabo de expresar, quiero felicitar tanto a Chipre como a Malta por su adhesión a la zona del euro.

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, tanto Malta como la parte griega de Chipre cumplen los criterios de Maastricht. Por tanto, es lógico que se extienda la zona del euro para incluir a estos dos países. A mí y a mi Grupo nos gustaría que otros Estados miembros de la Unión Europea ingresaran en la zona del euro, siempre que cumplieran los criterios, pues esto solo puede ser bueno para la Unión Europea.

Sin embargo, este acontecimiento está teñido de tristeza y me gustaría explicar por qué: desgraciadamente, en Chipre se perdió una oportunidad de incorporar las dos partes del país en la zona del euro, enviando así una señal a favor de la reunificación de la isla de Chipre sobre la base de dos comunidades y dos zonas. Todo ello resulta muy lamentable, ya que con ello la división de Chipre se reforzará en vez de debilitarse.

  Andreas Mölzer, en nombre del Grupo ITS. – (DE) Señor Presidente, Señorías, al parecer los expertos económicos están de acuerdo en que la zona del euro experimenta una coyuntura económica favorable. Hablan incluso de una tendencia positiva sostenida en materia de empleo. Sin embargo, me parece que muy a menudo se registra tan solo un aumento del empleo a tiempo parcial –o de las nuevas formas de empleo, como las llaman ahora con un eufemismo–, que no puede compensar la pérdida de puestos de trabajo a tiempo completo. En estas condiciones no debemos sorprendernos de que descienda el índice de natalidad. Nadie puede alimentar una familia con un «empleo basura». Hablar de coyuntura económica favorable es una bofetada en la cara de los millones de desempleados en la UE. Es burlarse de los millones de personas que se denominan trabajadores pobres.

Nos enfrentamos a un problema que no debemos subestimar: las divergencias dentro de la zona del euro se amplían, ya que, por ejemplo, los países del sur de Europa asisten a un continuo deterioro de su competitividad. El ejemplo del Reino Unido viene a demostrar que el euro no es una panacea. Como es sabido, la economía británica está en buena forma, incluso sin el euro. El sector de fabricación británico ocupa el sexto lugar del mundo y su sector de servicios el octavo. Aunque solo sea por esta razón, en mi opinión no debería obligarse a ningún Estado miembro de la UE a introducir el euro. Es necesario tomarse en serio los temores que despierta la cesión de derechos de soberanía al Banco Central Europeo, así como la subida de precios que teme la población. Muchos millones de ciudadanos consideran que el euro ha provocado una subida de precios de los productos de primera necesidad. Ni las estadísticas oficiales ni las campañas de imagen modificarán esa percepción. Cualquier país que se plantee introducir el euro debería dejar siempre, por regla general, a mi juicio, que decida el poder soberano, es decir, el pueblo.

  Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Langen, y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por su informe positivo sobre la adhesión de mi país, Chipre, y por supuesto también de Malta a la zona del euro. También quiero dar las gracias al señor Almunia por la ayuda que ha prestado a Chipre durante todo este tiempo para lograr dicho objetivo. A pesar del ajustado plazo de tiempo concedido al Parlamento por la Comisión y de las reacciones suscitadas, el señor Langen ha mostrado un enorme sentido de la responsabilidad, ha sorteado las cuestiones de procedimiento y, repito, ha demostrado su capacidad para llegar al fondo del asunto cuestión en su informe positivo. Vuelvo a darle las gracias.

Hoy el Parlamento Europeo recompensa los esfuerzos a largo plazo de Chipre para poner en orden su economía y converger con los indicadores de la Unión Europea. El Parlamento Europeo está dando la tercera luz verde institucional a la adopción del euro en Chipre. Esta llevará el euro a Oriente Próximo y creará un vínculo monetario entre Europa y Arabia a través de Chipre. La zona monetaria de la Unión Europea se extenderá desde Bruselas hasta los confines del Mediterráneo oriental. Chipre siempre ha tenido una economía fuerte; incluso durante los difíciles años que siguieron a la invasión militar y la ocupación del norte de Chipre por Turquía y la pérdida de sus recursos económicos básicos, consiguió desarrollar una economía sólida. En consecuencia, pueden tener la seguridad de que Chipre hará antes del 1 de enero de 2008 todo lo necesario para lograr una integración económica y una convergencia plenas. Por lo que respecta al comentario de Eurostat sobre la aportación de datos imperfectos, nos damos por satisfechos con la aclaración del señor Almunia.

Confío en que el 1 de enero de 2008 se habrá creado la base necesaria para una resolución adecuada del problema de Chipre y para su reunificación política, social y económica, de manera que el euro pase a ser la moneda de todos los chipriotas, tanto de los griegos como de los turcos. La Unión Europea tiene la obligación de tomar la iniciativa en ese sentido.

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, señor Gloser, señor Comisario, de hecho es la cuarta vez que se le pide al Parlamento Europeo que tome una decisión sobre la zona del euro, en su composición inicial o con ocasión de sus ampliaciones. El tema del euro no es un asunto insignificante para nuestros conciudadanos: en sus manos, constituye uno de los activos más valiosos de la Unión Europea.

No obstante, desde el año pasado, desde que se inició el debate sobre la adhesión de Lituania, tenemos la impresión de que se ha convertido en un debate del que hay que eliminar cualquier cuestión política y en el que solo pueden plantearse argumentos exclusivamente técnicos.

En este debate, el Parlamento Europeo pide que se le permita llegar a una decisión de esa clase de la forma habitual. Y para ello necesita tiempo, como cualquier otra institución. Tal es el espíritu de la carta remitida por nuestro Presidente a los Presidentes de las otras dos instituciones. La respuesta recibida del Presidente de la Comisión está inspirada por un espíritu de cooperación y de conciliación, cosa que agradecemos. Por parte del Consejo, se trata de un proceso en curso. Tenemos que ir más allá, señor Gloser. Tenemos que manifestar el mismo espíritu de consulta y conciliación que ha manifestado la Comisión, de lo contrario nos va a ser difícil seguir adelante.

Más allá de los argumentos técnicos, no desearía que el conjunto del debate se desarrollara sin que en algún momento planteemos los problemas de la gobernanza de la zona del euro. En fin de cuentas, ¿cuál es la situación actual, con dos países con una cláusula permanente de exención y países que tienen que adherirse a la zona sin que en ningún momento nos planteemos la cuestión de su gobernanza?

Pronto tendrá lugar la rotación de las autoridades del Banco Central Europeo (BCE). Es un mecanismo que hemos criticado desde aquí, desde esta Asamblea, y que seguimos criticando. También consideramos que el funcionamiento del Eurogrupo no es satisfactorio y que aún se tendría que mejorar.

Mañana tendremos la adhesión de Eslovaquia y luego, hasta 2012, nuestro calendario estará claramente menos cargado. Aprovechemos ese tiempo para mejorar la gobernanza de la zona del euro, de lo contrario nuestros conciudadanos dejarán de confiar en su propia moneda, cuya extensión geográfica se amplía sin mejorar primero su funcionamiento.

Con su permiso, señor Presidente, voy a añadir una observación final sobre el criterio de inflación. Sé que ese criterio se definió en 1992, en un momento en que Europa era muy diferente. Pero si queremos revisar los criterios de Maastricht desde una perspectiva estrictamente económica, independientemente de cualquier condición política que permita reabrir el debate, entonces también se deberían revisar otros aspectos de los criterios de Maastricht.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, la zona del euro es otra institución importante, que acerca a las naciones de Europa y que conecta el bienestar y las perspectivas de nuestros ciudadanos en el futuro común de una Europa unida.

Por este motivo, los ciudadanos a los que represento como diputado chipriota al Parlamento Europeo están satisfechos con la decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de aprobar la propuesta de la Comisión para proceder a la adopción del euro por Chipre el 1 de enero de 2008.

Por supuesto, lamento que el apartado 7b de la exposición de motivos del informe indique de forma equivocada que el Gobierno chipriota ha incumplido las disposiciones del Reglamento (CE) nº 501/2004 de 10 de marzo de 2004 al no proporcionar a Eurostat toda la información sobre las cuentas financieras públicas.

Ayer escribí al Ministro de Finanzas de Chipre y a la Comisión a este respecto. Aplaudo la rápida rectificación realizada por el Comisario Almunia, tanto a mí por escrito como hoy aquí esta mañana. Me pregunto si también sería posible una rectificación y aclaración adecuadas en el informe, aunque sea algo tarde. Apreciaría la ayuda del ponente a este respecto.

La adopción del euro por parte de Chipre tendrá, aparte de todo lo demás, otros dos efectos beneficiosos. Primero, acercará Turquía a Europa, dado que, en la práctica, el euro sustituirá a la lira turca como moneda usada en la parte septentrional de Chipre, ocupada por Turquía.

Segundo, acercará a Europa al Reino Unido, dado que el euro será la moneda que usará la población civil que vive en las dos colonias británicas en Chipre, Akrotiri y Dhekelia. En estas zonas, la libra –aunque se trata de la libra chipriota, una versión colonial de la poderosa libra británica– será sustituida por el euro. Estas colonias serán el primer territorio oficial británico en el que el euro será la moneda de uso general. En el futuro, el euro podría extenderse gradualmente de las colonias al Reino Unido, sin duda para regocijo de todos los diputados británicos a esta Cámara, de los que, por cierto, no veo a muchos.

En conclusión, pido a mis colegas que apoyen este informe y aprovecho esta oportunidad para hacer extensiva una invitación a todas sus Señorías para que visiten Chipre en 2008, que disfruten de la hospitalidad chipriota y se gasten sus euros libremente al sol.

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, hoy me limitaré a hablar del procedimiento y no abordaré las numerosas otras cuestiones que se han planteado. En la cuestión de fondo coincido plenamente con la evaluación que hace el señor Langen de Malta y Chipre y sus comentarios sobre la aprobación del Parlamento.

Por consiguiente, me concentraré en el procedimiento. Para ello partiré simplemente de las palabras del Ministro de Estado, el señor Gloser, quien ha dicho que no deberíamos centrarnos sobre todo en el procedimiento. Se ha hablado de simpatía, peticiones y consideración. Me gustaría decir que para el próximo procedimiento consideraremos con simpatía las peticiones del Consejo y la Comisión de que tomemos nuestras decisiones rápidamente. Pero la próxima vez también utilizaremos el procedimiento que prevé la intervención del Parlamento en estas materias. Comprendemos perfectamente la presión que impone el calendario de reuniones al Consejo. También la presión que supone para la Comisión el plazo del 1 de enero; el Parlamento entiende todo eso. Pero si no se entiende, a la inversa, que en el Parlamento también tenemos un procedimiento particular y que ahora no podemos, y no es la primera vez, cumplir debidamente una de las normas fundamentales de este procedimiento, por ejemplo los plazos de traducción, la próxima vez habrá consecuencias.

Por tanto, tan solo podemos insistir en que se llegue a un acuerdo entre las instituciones en esta materia. De lo contrario, el Consejo tendrá que hacerse cargo de que el Parlamento dejara de ser consultado en el futuro. Se ha señalado, por supuesto, que este procedimiento está consagrado en el Tratado vigente, y si está consagrado en el Tratado, entonces hay que respetarlo. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y todos los Ministros de Exteriores europeos han hecho repetidos intentos de impedir que el Parlamento adquiera demasiada fuerza, pero esto se refiere a otros ámbitos.

Ahora bien, un ámbito que me parece sumamente importante es la aportación de datos. Por eso en el Parlamento queremos tener tiempo suficiente para tratar esto. Hemos visto lo que pasó en Grecia y en Hungría. La Comisión es responsable de garantizar que los datos en los que se basa la decisión de ingreso se comprueben también lo más estrictamente posible, de modo que podamos considerarlos correctos. Me remito al Ministro de Hacienda húngaro, que tras lo sucedido en su país se puso a filosofar en público sobre las diversas posibilidades que tiene el Ministro de Hacienda a la hora de enviar datos a Bruselas. Incluso el Presidente del BCE, el señor Trichet, ha señalado que la recogida de datos en la Unión Europea es problemática.

Para nosotros es crucial que la Comisión no escurra el bulto y nos remita a Eurostat en estos casos, sino que se responsabilice ella misma. No obstante, también queremos reforzar a la Comisión frente a los Estados miembros. No es de recibo que la Comisión deba cumplir las exigencias correspondientes, pero que los Estados miembros sigan limitando por todos los medios los poderes de supervisión de la Comisión en aquellos ámbitos en que realmente es necesario ejercerlos.

  Joseph Muscat (PSE). – (MT) Gracias, señor Presidente, la votación de hoy es significativa para Malta, porque aparte de los argumentos importantes y legítimos que se han presentado sobre cuál sería el mejor momento para la adopción del euro, también existe un consenso y un compromiso político para que el cambio se realice el 1 de enero de 2008. En cuanto la Comisión Europea haya aceptado las estadísticas y la metodología presentada por las autoridades maltesas, estas serán aceptadas por todas las autoridades europeas cuando los sucesivos Gobiernos apliquen el mismo criterio.

En los próximos años habrá que dedicar un esfuerzo considerable a la sostenibilidad de las finanzas públicas para poder cumplir los criterios de Maastricht. Como han manifestado tanto la Comisión como el Banco Central Europeo, hasta ahora el Gobierno maltés ha recurrido a la venta de activos públicos, mientras que seguía intensificando la presión fiscal, especialmente sobre los trabajadores y la clase media. Esto no se puede sostener. La Comisión Nacional está haciendo un buen trabajo de preparación de la transición al euro, pero hay que dedicar un mayor esfuerzo a promover la participación directa de los representantes de los consumidores en la tarea de combatir la percepción de que con el euro va a aumentar el coste de la vida. Hay que ofrecer más información básica, incluida la información sobre los tipos de interés. Acogemos con satisfacción la iniciativa «FAIR», que permite que las empresas lleguen a un acuerdo sobre los precios duales. No obstante, en la actualidad poco más de la mitad de las empresas maltesas y gozitanas han participado en dicho programa. Invito a las empresas que aún no se han sumado a la iniciativa a que lo hagan sin más dilación.

Consigamos que la transición al euro sea un éxito, aunque no podemos engañarnos pensando que va a resolver los problemas económicos del país. La solución depende de nosotros. En los últimos años, el PIB de Malta ha descendido del 78 % al 71 % de la media europea. El progreso registrado durante este período procedió sobre todo de los beneficios de los grandes bancos y los proyectos gubernamentales con gasto directo. Esta clase de política se verá muy limitada dados los criterios de convergencia. Mientras tanto, los sectores que tendrían que ser los motores de nuestra economía, como el turismo y la manufactura, han caído en picado. Así lo demostró claramente la conmoción económica y social que sufrió ayer nuestro país, en la que 570 personas perdieron su empleo en un día debido al cierre de la fábrica VF. Por eso se requiere un esfuerzo nacional que favorezca la competencia en esos ámbitos.

  Ieke van den Burg (PSE). – (EN) Señor Presidente, tengo que disculparme ante mis colegas chipriotas y malteses por arruinar este momento histórico que constituye la adhesión a la zona del euro con este debate sobre nuestros problemas institucionales a la hora de afrontar las cuestiones relativas a la adhesión. Sin embargo, esto no merma lo más mínimo nuestro apoyo a su adopción del euro y a ambos informes del señor Langen.

No queríamos ensombrecer la adhesión de estos dos países con la cuestión del futuro procedimiento, pero espero que podamos llegar a un acuerdo con la Comisión y el Consejo hoy para que, en el futuro, el procedimiento sea mejor y el Parlamento pueda expresar su opinión de manera más seria sobre esta cuestión.

Por este motivo, hemos elaborado una propuesta de resolución no legislativa sobre el procedimiento. Nos gustaría que nos inviten a reunirnos con las otras dos instituciones para llegar a un acuerdo interinstitucional sobre varias cuestiones, que se enumeran en nuestra propuesta de resolución. Este texto defiende un sistema de comunicación previa, por el que los Estados miembros que deseen adherirse nos lo notifique por adelantado para que podamos empezar a estudiar la situación, y esto también se refiere a la evaluación de la calidad de las estadísticas y datos facilitados.

Mi último punto se refiere a la planificación de las fechas para el procedimiento formal. Reconocemos que todo se ha producido en muy poco tiempo. Sin embargo, si estamos mejor preparados, tendremos una mejor oportunidad para celebrar un debate serio.

El Comisario ha dicho que está deseando sentarse con nosotros para concluir un acuerdo interinstitucional de este tipo. Me gustaría que el señor Gloser contrajera también este compromiso, en nombre del Consejo, la Presidencia alemana y las futuras Presidencias.

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la solicitud de Chipre y Malta para que se examine su estado de convergencia se presentó antes de cumplirse dos años de su participación en el mecanismo de tipos de cambio, que data del 2 de mayo de 2005, y los informes del Banco Central Europeo y de la Comisión se han presentado siguiendo las pautas de los solicitados por Grecia, Lituania y Eslovenia.

Aunque siempre es útil perfeccionar los procesos de ampliación de la zona del euro y mejorar la intervención del Parlamento Europeo, mi mensaje central se dirige a nuestros conciudadanos chipriotas y malteses, para que conozcan nuestra posición de que Chipre y Malta pueden ingresar en la zona del euro y deben poder disfrutar de todas las ventajas de la unión monetaria desde principios del próximo año.

Esta ampliación de la zona del euro será un paso importante en el proceso de integración europea. Por primera vez desde la reunificación, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea formarán parte de la zona del euro.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero darle las gracias, señor Langen, por las dos partes de su intervención, pues se ha pronunciado a favor de acoger a Malta y Chipre en la zona del euro, a pesar de las objeciones respecto a los plazos que expone en la segunda parte de sus observaciones. Es muy importante que podamos llevarlo a cabo antes de que expiren los distintos plazos, como acaba de señalar el Comisario Almunia. Ambos países necesitan cierto tiempo para prepararse para dar este paso, a fin de que los ciudadanos de Malta y Chipre no salgan perjudicados en última instancia debido a la excesiva lentitud de los preparativos.

Quisiera referirme expresamente a que el Consejo Europeo ha comunicado al Presidente del Parlamento Europeo que existe una situación difícil y que posiblemente no haya suficiente tiempo. Permítanme hablar también de lo que es factible, de lo que se puede hacer antes de que expiren determinados plazos oficiales. Los calendarios ya han sido acordados. No podemos desviarnos de ellos porque tienen que ver con disposiciones del Tratado CE. La otra cuestión consiste en saber hasta qué punto reciben ustedes, en las consultas entre el Ecofin y su comisión, las informaciones que necesitan para hacer un seguimiento continuo de la situación y así estar preparados. Otra cuestión es hasta qué punto reciben ustedes ejemplares adelantados de los informes de cada uno de los países que ha presentado una solicitud de ingreso.

Permítanme asimismo decir esto en respuesta a diversas cuestiones planteadas en el debate: por un lado, muchas cosas están prescritas, pero en aquellos ámbitos en que existen posibilidades de modificación –y esto lo expone la señora Merkel en su carta al señor Pöttering y también lo ha mencionado el Presidente de la Comisión–, si queremos reconocer estas posibilidades debemos mantener el debate a través de las correspondientes propuestas de la Comisión. En todos los demás aspectos es cuestión de esperar acontecimientos. Por ello pido a sus Señorías que comprendan que hoy no puedo hacer promesas en este punto en nombre del Consejo.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, quiero reiterar en esta última intervención en el debate mi felicitación personal y la de la Comisión a Chipre y Malta por el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí y por el esfuerzo que están haciendo para introducir el euro con éxito, tanto para su economía como para sus ciudadanos.

Creo que esto demuestra, una vez más, que la zona del euro no es un club cerrado y que el ingreso en el euro no solo es una obligación de los Estados miembros, sino que es una buenísima oportunidad tanto para quienes quieren compartir la moneda única con otros 318 millones de europeos como para los países que ya pertenecen a la Unión Económica y Monetaria.

Creo que es, por lo tanto, una buena decisión apoyar, como hace el informe del señor Langen, el ingreso de Chipre y Malta en la zona del euro.

Dos comentarios sobre el cumplimiento de los criterios: en la intervención del señor Langen se ponía en duda el modo en que Chipre y Malta cumplen los criterios o la manera en la que en el informe de convergencia de la Comisión se ha evaluado el cumplimiento de estos criterios.

Debo decir que la derogación del procedimiento de déficit excesivo en el que estaba incursa Malta, derogación que tuvo lugar en el último Consejo Ecofin a propuesta de la Comisión, es una condición necesaria para que Malta cumpla el criterio de Maastricht en este punto y lo que ha dicho el informe de convergencia de la Comisión el 16 de mayo, es decir que, si el Consejo Ecofin aprobaba la derogación del déficit excesivo, Malta cumplía. Y lo hemos hecho para no retrasar el informe de convergencia, porque si no hubiésemos tenido que esperar hasta el 5 de junio para publicar el informe de convergencia y ustedes hubiesen tenido todavía menos tiempo para debatirlo.

Por lo tanto, esa valoración del cumplimiento condicionado a la aprobación definitiva es para favorecer el trabajo del Parlamento y del Consejo, no para perjudicarlo.

Las cifras: las cifras de Chipre y Malta relativas al déficit y la deuda notificadas en el marco de los procedimientos de notificación del déficit excesivo, que tienen lugar dos veces al año, el 1 de abril y el 1 de octubre, son tan fiables –una vez que Eurostat las ha analizado y ha publicado su opinión el 23 de abril– como las de los demás Estados miembros. No hay ninguna reserva por parte de Eurostat con respecto a las cifras notificadas con relación al déficit y la deuda.

No hay ninguna base para poner en duda las cifras de Chipre y Malta y no poner en duda las cifras de Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Suecia, Dinamarca o cualquier otro Estado miembro. Ninguna base.

Hay otras dificultades con otras cifras: las hay con las cifras trimestrales de cuentas financieras en las cuentas nacionales, con las estadísticas de desempleo en este momento de la encuesta sobre la fuerza de trabajo alemana o con las cifras francesas, pero ese es el trabajo estadístico de todos los días, y si el Parlamento quiere darle más recursos a Eurostat, bienvenidos sean. Si el Parlamento quiere apoyar el trabajo de Eurostat, saben sus Señorías que yo, como responsable de Eurostat en la Comisión, siempre agradezco el apoyo del Parlamento, a la Comisión y a Eurostat, pero no quiero que haya ninguna duda sobre la validez, la calidad de las cifras con arreglo a las cuales estamos valorando si Chipre y Malta cumplen los criterios de convergencia.

En cuanto a los procedimientos, señor Langen, quería dirigirme directamente a usted en este punto. No hay ninguna marginación, ninguna voluntad de marginación, ninguna razón por la cual la Comisión quisiese marginar al Parlamento o dificultar el trabajo del Parlamento en este debate. Todo lo contrario, y he manifestado, y también lo ha hecho el Presidente Barroso en la carta, la plena disponibilidad de la Comisión y del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios.

Quiero que me escuche, señor Langen, porque le estoy diciendo que –repito lo que ha dicho el Presidente de la Comisión en la carta al señor Poettering y lo que dije el 7 de junio en la Comisión ECON a los coordinadores en su presencia– estamos totalmente dispuestos a compartir con ustedes información, a anticipar la información disponible. Pero lo que no pueden pedir a la Comisión es que considere que un país cumple definitivamente el criterio de déficit cuando el Consejo aún no ha derogado el procedimiento de déficit excesivo. Y el año que viene, si Eslovaquia presenta una demanda, vamos a tener también ese problema, porque Eslovaquia está hoy incluida en un procedimiento de déficit excesivo que solo podrá ser derogado –en el caso de que se pueda derogar– una vez que las cifras definitivas del presupuesto 2007 hayan sido validadas por Eurostat.

Por lo tanto, no vamos a poder anticipar, ni el Consejo Ecofin va a poder anticipar, las decisiones sobre derogación del procedimiento de déficit excesivo de Eslovaquia antes de las fechas en las que este año se ha derogado el procedimiento de déficit excesivo de Malta.

Podremos anticipar el informe de convergencia diciendo que, si el Consejo Ecofin aprueba la derogación, Eslovaquia cumple el criterio. Es una hipótesis. Pero no podremos decir en febrero que Eslovaquia cumple el criterio de déficit cuando la derogación solo podrá ser aprobada en mayo o junio del año que viene. Igual que no podremos hacer una valoración rigurosa –y hacen bien ustedes en pedirnos que hagamos una valoración rigurosa– sobre si los países cumplen los criterios de Maastricht, los criterios de convergencia, antes de conocer en mayo de 2008 las previsiones económicas de primavera, que no podrán aprobarse antes ni ser publicadas antes por la Comisión y sus servicios, porque si anticipamos las previsiones de primavera serán previsiones de invierno y no valdrán para saber cuál es la situación económica y los datos económicos de primavera.

Por lo tanto –quiero ser claro ante este Parlamento–, el informe de convergencia del año que viene no podrá anticiparse antes de mayo. A partir de ahí tenemos que hablar, tenemos que acordar entre Comisión, Parlamento y Consejo el modo en que podemos trabajar de forma rigurosa, de forma coherente y de forma cooperativa para llegar a unas decisiones acertadas que nos permitan a todos trabajar con rigor y tomar las decisiones en el momento oportuno para que los ciudadanos de los próximos países que vayan a unirse a los 13 actuales miembros de la zona del euro no sufran las consecuencias de una decisión tardía y de una mala preparación de la introducción de las monedas y los billetes de euro.

Esta es la actitud y esta es la convicción de la Comisión, el acuerdo entre las tres instituciones. Es deseable. No tiene sentido que en cada ampliación de la zona del euro estemos debatiendo aquí, no sobre los países que entran y las consecuencias beneficiosas para sus ciudadanos, sino sobre procedimientos. Tenemos que resolver este problema, pero solo lo resolveremos manteniendo una actitud cooperativa entre las tres instituciones y teniendo en cuenta las limitaciones objetivas con la que las tres instituciones tenemos que tomar esta decisión.

  Werner Langen (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, tengo que volver sobre las últimas declaraciones del Comisario Almunia. Me decepciona la forma en que me ha interpretado sin reproducir realmente lo que he dicho.

En primer lugar, no he dicho que los datos de Chipre y Malta sean peores que los de otros países. Pero en los casos de Portugal, Hungría y Grecia, la Comisión nos vendió datos malos como si fueran buenos. Esto es un hecho. En segundo lugar, no se trata de atacar a determinados países, sino de que la Comisión asuma su responsabilidad. En tercer lugar, la Comisión presentó el 3 de mayo de 2007 el documento COM(2007)0230, es decir, el informe de calidad al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las cuentas financieras trimestrales de las administraciones públicas. En dicho informe se plantean problemas con Eslovenia, Malta y Chipre. En la exposición de motivos de mi informe no consta nada más y nada menos que esto.

  Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (ES) Señor Presidente, señor Langen, en cuanto al último aspecto, vuelvo a repetir que es evidente que, sobre esas cuentas trimestrales, la Comisión y Eurostat piden a una serie de países, entre otros Chipre y Malta, que suministren información, que la mejoren o que la completen. Pero, repito, esas estadísticas no son relevantes a la hora de valorar si un país cumple o no cumple los criterios de convergencia. Hay miles de estadísticas, muchas series estadísticas que los países deben enviar a Eurostat, que forman parte del aparato estadístico del sistema europeo de estadísticas. Pero esas estadísticas, que son incompletas o deficientes en el caso de Chipre y Malta, no son las estadísticas que hemos utilizado y que debemos utilizar para la valoración de los criterios de convergencia. Son diferentes.

En cuanto a su observación anterior: Portugal, Italia, Francia, Grecia, Hungría y tantos otros países han recibido de Eurostat revisiones de las cifras del PIB o del déficit o de la deuda o de otros aspectos. Pero, en particular, estamos hablando de déficit y deuda, sin duda alguna.

Pero usted, señor Langen, y cualquiera de sus Señorías, sabe que esas revisiones han tenido lugar y sabe que ahora las cifras que estamos utilizando gracias al trabajo de Eurostat y de la Comisión, trabajo que ha mejorado considerablemente en los últimos tres años, son más realistas y más acordes con la realidad. Ustedes han aprobado junto con el Consejo un Reglamento que da mejores instrumentos y más posibilidades para revisar las cifras que Eurostat recibe de cada Estado miembro. Les agradecemos el apoyo que Eurostat ha recibido y que está permitiendo que pueda hacer un trabajo de más calidad que el que hizo anteriormente, y si yo, como Comisario responsable de Eurostat, necesito nuevos instrumentos legislativos para mejorar la calidad de trabajo, se los pediré.

Hoy le puedo decir que si comparo la credibilidad y la calidad de las cifras de presupuesto, de déficit y de deuda de los países miembros con las que yo tenía que trabajar hace tres años, la mejora cualitativa y la mejora en cuanto a la credibilidad es evidente, y por esto nos debemos felicitar todos. No culpen a la Comisión de que la Comisión haga bien su trabajo ofreciéndoles a ustedes y a todos los demás mejores cifras de déficit y de deuda.

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, invito al señor Langen y a todos sus colegas a que participen tan activamente como hoy en el debate de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, cuando procuremos mejorar el funcionamiento de Eurostat, en el marco del debate en curso, y aprobemos los textos a los que acaba de referirse el señor el Comisario, que deberían permitir mejorar la gobernanza de Eurostat. En esos momentos, no les veo.

Quisiera preguntarle al señor Gloser si está dispuesto a comprometerse, en nombre del Consejo y en el espíritu de la respuesta del señor Barroso al señor Pöttering, a sentarse con nosotros para llegar a un acuerdo sobre un calendario común para las tres instituciones cuando llegue el momento de examinar una nueva solicitud de adhesión a la zona del euro.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) En el debate hemos escuchado las alternativas que existen. El Comisario y el señor Barroso han formulado propuestas. Ahora es necesario que nos sentemos juntos y aclaremos qué es todavía posible con arreglo a las disposiciones vigentes del Tratado. Debemos aprovechar el tiempo disponible con este fin.

  El Presidente. – He recibido una propuesta de resolución⁽¹⁾, presentada sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves, 21 de junio de 2007.

  Louis Grech (PSE), por escrito. – (EN) El apoyo del público maltés también dependerá del impacto de la adhesión a la zona del euro en los ciudadanos de a pie, la comunidad empresarial y la propia economía. Sobresalen tres factores principales. El primero es el éxito de la transición. Después de un inicio quizás flojo, parece que los preparativos están cogiendo ritmo y, sin duda, es imprescindible que consumidores y operadores controlen de cerca el proceso.

Hasta ahora hemos solido escuchar solo las ventajas, es decir, los beneficios para los consumidores malteses cuando viajen al extranjero, la mejora de la competitividad de Malta como destino turístico, un coste más bajo de las transacciones para las empresas que participan en el comercio intracomunitario, etcétera. Pero hemos escuchado muy poco sobre las posibles desventajas.

Por una parte, Malta debe adaptarse a las políticas, los mecanismos de ajuste y las medidas tomadas por el Banco Central Europeo, en relación con los tipos de interés y la oferta de dinero, que tendrán una fuerte influencia en nuestro destino. Por otro lado, el cumplimiento por parte nuestra de los criterios de adhesión no puede basarse en los resultados de una dieta de choque económica, sino que debe apoyarse en políticas económicas sostenibles que garanticen que respetemos las reglas.

  Richard Corbett (PSE), por escrito. – (EN) Me interesa ver que cada vez más países –los últimos por ahora son Chipre y Malta– deciden unirse a la zona del euro, lo que hace que la postura británica llame cada vez más la atención.

Teniendo en cuenta que el euro se establece rápidamente como la divisa más fuerte del mundo y que ya ha desplazado al dólar estadounidense como principal denominación del comercio mundial, con un 45 % del mercado mundial en comparación con el 37 % del dólar, es cada vez más evidente que para el Reino Unido mantenerse fuera significa perder.

PRESIDENCIA DEL SR. PÖTTERING
Presidente

(1) fn

4. Firma de actos adoptados en codecisión: véase el Acta

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Señor Presidente, el artículo 28 de nuestro Reglamento estipula que las preguntas relativas al trabajo de la Mesa recibirán respuesta en un plazo de 30 días.

Hace unos tres meses, el 28 de marzo, formulé una pregunta sobre las declaraciones realizadas, en presencia del Presidente de nuestro Parlamento, por el Cardenal Angelo Scola, quien dijo que el actual Parlamento Europeo no debería pronunciarse continuamente sobre cuestiones como el matrimonio, la familia y la vida. Ante dicho ataque a esta Asamblea, decidí formular la pregunta que he mencionado y creo que es importante que la Mesa del Parlamento defienda a esta Asamblea y sus deliberaciones contra los ataques de un Estado extranjero como es el Vaticano.

  El Presidente. Señor Cappato, si es cierto lo que usted dice –y no abrigo duda alguna al respecto– es necesario, por supuesto, que reciba una respuesta. Las eficientes señoras y señores que tengo a mi lado examinarán el asunto y usted recibirá una respuesta.

5. Turno de votaciones

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de la votaciones.

(Para los resultados de la votación y otros detalles, véase el Acta)

5.1. Modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (votación)

- Informe Coelho (A6-0211/2007)

– Antes de la votación:

  Carlos Coelho (PPE-DE), ponente. – (PT) Señor Presidente, en 2003 el Parlamento rechazó dos iniciativas de la Comisión sobre esta cuestión. Felicito a la Comisión por aceptar la idea del Parlamento de separar la cuestión de los permisos de residencia de la de los visados.

Aparte de las cuestiones técnicas relativas a las interferencias entre los diferentes chips de radiofrecuencia utilizados, se trata de dos asuntos separados. Una cosa es tener un documento de identidad que se use dentro de la zona Schengen, y otra bien distinta, tener un documento de viaje que se use fuera de la zona Schengen. Esto permitirá que todos los nacionales de países terceros que residan legalmente en la zona Schengen se identifiquen de la misma manera.

Por tanto, quiero felicitar a la Comisión por proponernos la introducción de identificadores biométricos que contengan una imagen y huellas dactilares en formatos interoperables. El uso de los datos biométricos es la mejor manera de evitar el uso de identidades falsas y de detectar los robos.

No obstante, quiero llamar la atención de la Comisión sobre la necesidad de que dichos cambios de residencia cumplan con los mismos niveles de seguridad elevados que se exigen para la emisión de documentos nacionales de identidad. También quiero llamar la atención de la Comisión sobre las lagunas relativa a la forma de recopilar los datos, en especial en el caso de los niños o de las personas que no puedan proporcionar sus huellas dactilares debido a incapacidades varias. Por último, permítanme que llame la atención de la Comisión sobre las normas de protección de datos y sobre la necesidad de elaborar una lista detallada de las autoridades que tendrán acceso a los mismos, así como de las que estarán autorizadas a realizar controles de los permisos de residencia, para evitar el mal uso de los datos más delicados.

5.2. Prohibición de la exportación y almacenamiento seguro del mercurio metálico (votación)

- Informe Papadimoulis (A6-0227/2007)

5.3. Funcionamiento de los sistemas fiscales: Fiscalis 2013 (votación)

- Informe Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

– Antes de la votación:

  Hans-Peter Martin (NI), ponente. – (DE) Señor Presidente, debo pedir que me presten atención durante un instante. El presente informe sobre el programa comunitario Fiscalis, que es un informe legislativo, ha sido objeto de una vergonzosa censura. La Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la diputada socialista Pervenche Berès, ha censurado de forma arbitraria e incomprensible la exposición de motivos de mi informe. Esta conducta no es digna de un Parlamento democrático. Encontrarán ustedes los pasajes censurados al final de una larga exposición sobre el derroche de dinero y la fiscalización de la Comisión Europea en un addendum –le rogaría, señor Presidente, que impusiera orden–, en un addendum que se adjunta para aquellos que están interesados.

(Reacciones diversas)

  El Presidente. Usted mismo ha causado este alboroto. Rechazo sus acusaciones contra la señora Berès. Este no es modo de comportarse aquí en el Parlamento.

(Aplausos)

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Señor Presidente, la votación en comisión de la resolución que ahora se somete a la votación de la asamblea contradijo completamente la exposición de motivos que acompaña al informe. En consecuencia, de conformidad con nuestro Reglamento, he pedido al ponente que retire los términos de la exposición de motivos puesto que no se corresponden con la resolución tal como se había aprobado en comisión. Esos términos se añadieron a la exposición de motivos en forma de una opinión minoritaria, de conformidad con la estricta aplicación de nuestro Reglamento.

Gracias, señor Presidente, por permitirme informar a la Asamblea sobre la realidad de la vida democrática en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

(Aplausos)

  El Presidente. Muchas gracias, señora Berès. No me cabía ninguna duda.

5.4. Mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria (votación)

- Informe Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

5.5. Adopción por Chipre de la moneda única el 1 de enero de 2008 (votación)

- Informe Langen (A6-0244/2007)

5.6. Adopción por Malta de la moneda única el 1 de enero de 2008 (votación)

- Informe Langen (A6-0243/2007)

5.7. Galileo (votación)

- Propuesta de resolución: Galileo (B6-0238/2007)

5.8. Transposición y aplicación de la legislación relativa a la contratación pública (votación)

- Informe McCarthy (A6-0226/2007)

5.9. Balance intermedio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (votación)

- Informe Kinnock (A6-0220/2007)

– Antes de la votación sobre el apartado 9:

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, propongo que se añada el texto siguiente al final del apartado 9: «lamenta que el Gobierno italiano aún no haya pagado los 260 millones de euros que debe al Fondo mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria en concepto de la cuotas 2006-2007 e invita al Gobierno italiano a saldar esa deuda de inmediato».

(El Parlamento aprueba las enmiendas orales)

– Antes de la votación sobre el apartado 45:

  Maria Martens (PPE-DE). – (NL) Señor Presidente, voy a leer el texto en inglés:

– (EN) «Insta a la UE a que incremente la financiación con objeto de asegurar que los progresos en el ámbito de la ciencia básica y la biomedicina dan lugar a medicamentos y vacunas nuevos y asequibles, así como a diagnósticos para las enfermedades desatendidas, apoye las fases de desarrollo de I+D y asegure el uso de nuevos productos por parte de las poblaciones desatendidas, respetando a la vez las disposiciones del acuerdo TRIPS;»

(NL) … y luego se suprimirá una sección. La sección que se suprimirá dice lo siguiente:

y se sustituirá por:

– (EN) «respetando a la vez los derechos internacionales de patentes, sin los cuales no habría I+D farmacéutica;»

(El Parlamento aprueba las enmiendas orales)

5.10. Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2006 (votación)

- Informe Cornillet (A6-0208/2007)

– Antes de la votación sobre el apartado 9:

  Thierry Cornillet (ALDE), ponente. – (FR) Señor Presidente, nuestra colega, la señora Morgantini, también ha presentado una enmienda oral y sugiero que se combinen las dos. Por tanto, se trataría de aceptar la enmienda oral de la señora Morgantini y completarla con la frase siguiente: «y pedir a la comunidad internacional que se asegure de que dicha fuerza multinacional se despliegue efectivamente.» Ambas enmiendas se complementarían para constituir una sola.

  Luisa Morgantini (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, quiero decir que estoy dispuesta a aceptar la propuesta del señor Cornillet.

(El Parlamento aprueba las enmiendas orales)

5.11. Mejora del método de consulta al Parlamento Europeo en los procedimientos relativos a la ampliación de la zona del euro (votación)

- Propuesta de resolución: zona del euro (B6-0264/2007)

6. Explicaciones de voto

- Informe Coelho (A6-0211/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como ha declarado nuestro Grupo, la presente propuesta, que introduce información de los datos biométricos en el modelo uniforme de permisos de residencia para los nacionales de países terceros, «suscita grave preocupación respecto de su viabilidad técnica, de los costes financieros y del riesgo de abuso».

Como hemos subrayado, es muy discutible que la introducción de identificadores biométricos mejore realmente la seguridad. Al contrario, podría ponerla en peligro debido a los riesgos de abusos, a las deficiencias tecnológicas y a la falta de transparencia y de una protección adecuada de los datos.

Se trata de una medida desproporcionada que forma parte de una dinámica supranacional, una medida encaminada a crear instrumentos de vigilancia y de control en la UE. No va acompañada en absoluto acompañada de «medidas de seguridad especialmente estrictas y coherentes, sobre todo en lo referente a la de recoger y utilizar los datos » y es completamente imposible garantizar que se utilicen en un «entorno relativamente seguro».

La propuesta es a la vez consecuencia y parte intente de la tendencia a una excesiva preocupación por la seguridad adoptada por las instituciones de la UE, y como tal la rechazamos.

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) La segunda propuesta modificada que introduce información sobre datos biométricos en el Reglamento 1030/2002 por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países, suscita diversas preocupaciones en relación con su viabilidad técnica, los costes financieros y el riesgo de que se abuse del mismo. Todavía no está claro si la introducción de identificadores biométricos incrementa realmente la seguridad o si es más bien una amenaza contra la seguridad debido al riesgo de abuso, fallos tecnológicos y falta de transparencia y de una buena protección de datos. Ahora es técnicamente imposible la propuesta original de la Comisión y se han perdido en parte los recursos financieros destinados a su desarrollo. Por esos motivos, no podemos apoyar la propuesta modificada de la Comisión, que, repito, no haría más que plantear costes financieros y dificultades técnicas y sería totalmente inadecuada para conseguir un valor añadido en seguridad.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) Gracias a las visiones de algunos soñadores multiculturales se ha producido una situación cada vez más insoportable para la población autóctona. Los inmigrantes y sus hijos muchas veces no solo no tienen consideración por la población autóctona, sino que exigen cada vez más derechos para ellos y por lo visto quieren arrancar las raíces cristianas de Occidente; por el contrario, hacen oídos sordos cuando se trata de obligaciones, como la voluntad de integración.

La entrega generalizada de viviendas de protección oficial a nacionales de países de fuera de la UE y neociudadanos de la Unión que no están integrados, no solo ha provocado una mayor inseguridad entre la población autóctona, sino también un gran deterioro de las condiciones de residencia y de la calidad de vida, una situación en la que los estallidos de violencia son casi cotidianos. En vista de estas realidades es necesario restringir en general el derecho de inmigración. El informe Coelho no ofrece una base para ello y por tanto he votado en contra del mismo.

- Informe Papadimoulis (A6-0227/2007)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Mi formación es de dentista. En odontología, el mercurio se usa en los empastes de amalgama y he estado observando con interés la estrategia de la UE con respecto al mercurio y su eliminación en todos los ámbitos en los que existe una alternativa adecuada. En principio, estoy de acuerdo con muchas de las medidas propuestas por la Comisión bajo la de un proyecto de legislación de conformidad con la estrategia con respecto al mercurio.

No obstante, espero con interés cómo se va a responder a la opinión de que el mercurio también se debería prohibir en la odontología, pues las amalgamas de mercurio se han venido usando durante 150 años y con muy buenos resultados, por cierto. No hay pruebas concluyentes de los efectos tóxicos de las amalgamas si se usan de forma adecuada. Al mismo tiempo, no existe una opinión clara respecto a la disponibilidad de materiales alternativos adecuados para los empastes. Creo que si los residuos de amalgama se separaran de forma adecuada en los departamentos de odontología y se desecharan de forma adecuada, segura y permanente, como propone el informe, de momento no sería necesario de suprimir la amalgama como material para los empastes.

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al informe y he votado a favor del mismo. Es importante que contemos con una estrategia europea para el mercurio, ya que se trata de uno de los peores contaminantes ambientales y Europa debe tomar sin duda la delantera en este sentido. He votado en contra de algunas enmiendas más estrictas porque creo que es necesario prever disposiciones de adaptación para la economía y permitir una transición sin problemas para no poner en peligro la competitividad. También me preocupa una excesiva burocracia y por ello es necesario proceder con tiento para evitar este riesgo. En su conjunto, este informe es muy alentador.

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain y Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Hemos votado en contra de las enmiendas que sugieren que el mercurio líquido debería almacenarse en instalaciones de superficie. La Comisión no ha realizado evaluaciones de impacto respecto a la seguridad de dicho almacenamiento y no se dispone de tecnología para solidificar el mercurio líquido. Así pues, el almacenamiento de mercurio en una instalación de superficie es cuestionable desde el punto de vista de la seguridad y del paso del tiempo (las enmiendas sugieren que ese almacenamiento sería temporal). Sin una nueva tecnología, el almacenamiento no sería temporal. Por otro lado, la Comisión ha realizado evaluaciones de impacto para el almacenamiento de mercurio líquido en minas de sal y en formaciones subterráneas de roca dura, y se ha confirmado que son seguras.

Somos muy conscientes de que se podría desarrollar tecnología en un futuro próximo. Acogemos con gran satisfacción la aceptación por el Consejo de una solicitud del Parlamento Europeo de incluir en el Reglamento propuesto una revisión de la extensión del alcance del mismo y una revisión de otras opciones disponibles para el almacenamiento de mercurio en el año 2010.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En 1990, la Comisión Oslo-París (OSPAR) recomendó que todas las fábricas de cloroalcalinas de células de mercurio se reconvirtieran a tecnologías exentas de mercurio para 2010. La resolución del Parlamento de marzo de 2006 sobre la estrategia de la comunitaria relativa al mercurio instó a la Comisión a adoptar medidas para aplicar la decisión de OSPAR.

Aparte de las emisiones actuales de mercurio de las fábricas cloroalcalinas de células de mercurio, cuando estas se reconviertan a tecnologías exentas de mercurio, se tendrán que gestionar las grandes ingentes de mercurio contenidas en sus células una forma adecuada desde un punto de vista ambiental.

Con el fin de evitar que estos excedentes de mercurio inunden el mercado mundial de mercurio, en octubre de 2006 se aprobó una propuesta de Reglamento que prohibiría la exportación de mercurio metálico a partir del 1 de julio de 2011, y se ha intentado adelantar esa fecha.

La propuesta incluye disposiciones paralelas sobre el almacenamiento seguro de los excedentes de mercurio procedentes, principalmente, de las fábricas cloroalcalinas de células de mercurio, para impedir su reventa. Actualmente hay unas 12 000 toneladas de mercurio en Europa. Con ese fin, la Comisión Europea ha pedido a Euro Chlor (la Federación Europea de Fabricantes de Cloro) que desarrolle un Acuerdo Voluntario para el almacenamiento de los excedentes de mercurio procedentes de la industria cloroalcalina.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) La gestión del mercurio es un asunto importante para la conservación del medio ambiente.

Si Europa tiene que almacenar más residuos de mercurio ello se debe a que nuestras industrias no previeron los riesgos que entraña el uso de este metal, para la producción de cloro en particular.

Primera lección: debemos reconsiderar muy pronto nuestros métodos de producción con el fin de estar preparados para una revolución ecológica imprescindible.

En segundo lugar, es necesario supervisar constantemente el almacenamiento de residuos, con la introducción de controles periódicos. Por eso he votado a favor de la enmienda 25, que excluye el almacenamiento permanente subterráneo y en superficie. Lamentablemente, no ha obtenido mayoría. Sin embargo, las otras mejoras en el texto justifican un voto a favor del informe final.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Aun reconociendo que actualmente no existe ningún método absolutamente seguro de almacenamiento del mercurio metálico, el informe intenta legalizar una forma especial de «racismo» territorial, imponiendo la elección de la provincia española de Almadén como emplazamiento para el vertedero permanente del elemento más tóxico del planeta. Lo más grave es que intenta justificar la imposición de esa zona concreta por la existencia de infraestructuras y «mano de obra». Dicho de otro modo, utiliza el desempleo como medio de coacción descarada de los trabajadores, para que se avengan a convertir su zona en un vertedero de residuos tóxicos de mercurio procedentes de toda la UE, con riesgos incalculables para la salud de sus habitantes y para el medio ambiente.

La propuesta del informe de que se promueva y se financie la participación a todo tipo de ONG en el asunto fundamental de la aplicación de tecnologías exentas de mercurio en los países en desarrollo y en las llamadas «economías en transición» forma parte de la misma política peligrosa, toda vez que elude el cumplimiento de las normas que se desprenden de los acuerdos bilaterales vinculantes en dicho sector.

Por eso el Partido Comunista Griego se ha abstenido en la votación.

El Partido Comunista Griego sostiene que la cuestión del lugar de almacenamiento y la gestión del mercurio metálico es un tema que compete a la ciencia y a la aplicación de sus conclusiones, y no ha de ser objeto de decisiones que responden a los intereses y beneficios de las empresas.

- Informe Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Los programas de pensión complementaria, designados conjuntamente como el «segundo pilar del sistema de la seguridad social», constituyen una parte inseparable de la sociedad moderna. En el pasado hemos sido testigos de la reforma de los mercados laborales y los sistemas de seguridad social en varios Estados miembros, que ha incluido reformas en el sistema de pensiones. Permítanme que cite el caso de Eslovaquia como ejemplo de un país que ha introducido programas de pensión complementaria en el contexto de la reforma del sistema de seguridad social. Un gran número de ciudadanos eslovacos ya se han incorporado al segundo pilar.

Los ahorros que este genera son de propiedad privada. Son más seguros que las promesas del Estado de pagar las pensiones con cargo al erario público. Una ventaja del segundo pilar es que las prestaciones ya no dependen de la demografía del país sino de los ahorros acumulados en la cuenta de cada uno. Por estas razones y con el ánimo de fomentar la movilidad de los trabajadores en los Estados miembros, acojo con satisfacción la propuesta de directiva encaminada a mejorar la portabilidad de los derechos de pensión complementaria, y creo que esto permitirá reducir el número de problemas asociados a la posibilidad de adquirir derechos de pensión, la conservación de los derechos de pensión latentes y con la portabilidad de los derechos adquiridos.

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, el mercado interior y la movilidad dependen de las seguridad social, que debe extenderse más allá de la vida laboral activa. Se trata de mantener el equilibrio entre empresas y trabajadores, del que depende la adquisición de derechos de pensión.

Hemos concluido la primera lectura y aún celebraremos muchos debates sobre este tema. La Delegación del Partido Popular Austriaco apoya sin reservas el informe Oomen-Ruijten por considerar que es el planteamiento correcto para seguir desarrollando la movilidad y el mercado interior.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, Ria Oomen-Ruijten, y a los demás colegas que han elaborado el presente informe relativo a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria. He votado a favor de este documento, pues creo que tendrá repercusiones positivas para la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, en especial los más recientes. En los países bálticos, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Malta, las pensiones complementarias aún no se han legislado, mientras que en los países escandinavos y en Eslovenia, la mayoría de trabajadores participan en esos planes de pensiones.

La decisión de nuestro Parlamento que pide que se obligue a los países de la UE a intentar facilitar la portabilidad de los derechos de pensión dará un nuevo impulso, sobre todo a los nuevos Estados miembros y también a Grecia, Italia y Portugal, para que modifiquen su legislación de manera que, en lugar de penalizar la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea, la fomenten.

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, es un placer tomar la palabra para decirle a Europa: «si están ahí, es hora de actuar». Europa tiene que demostrar más valor, debe tener un corazón de león y no ser una gallina.

La Directiva sobre la transferibilidad de los derechos de pensión es absolutamente fundamental para todos los ciudadanos y trabajadores europeos. Con la aprobación de esta propuesta, vamos a hacer algo a favor de los trabajadores, pero no conseguiremos un resultado por el que los ciudadanos europeos puedan aplaudir a Europa. Por lo tanto, señor Presidente, no nos lamentemos por el resultado de los referendos que rechazaran la Constitución en Francia y en los Países Bajos. Europa debe ser más valiente.

  Lena Ek, Olle Schmidt (ALDE) por escrito. (SV) En mi calidad de liberal, me resulta difícil votar en contra de una propuesta encaminada a mejorar la movilidad de los europeos. Más aún cuando la propuesta también está encaminada a animar a los ciudadanos a responsabilizarse de forma más activa de ahorrar para sus pensiones, una cuestión verdaderamente fundamental con vistas al futuro. Sin embargo, no he podido votar a favor de la propuesta original.

El problema es doble. En primer lugar, es discutible la conveniencia de plantear este asunto complejo en el ámbito europeo, dados los diferentes regímenes de pensiones de los Estados miembros. En segundo lugar, no he podido evitar observar que Suecia, junto con Alemania, tienen regímenes particularmente inapropiados para este tipo de cambio. El modelo sueco, en el que los interlocutores sociales deciden sobre la cuestión, es incompatible con la propuesta de la ponente. También pueden surgir considerables problemas si grandes sumas de dinero se liberasen de repente a través de fondos de inversión en un corto período de tiempo para garantizar la transferibilidad de las pensiones.

A largo plazo, estoy a favor de un sistema en el que los ciudadanos puedan cambiar de empleo y desplazarse de un país a otro sin tener que preocuparse por cómo puedan verse afectadas sus pensiones. Por tanto, al final he votado a favor de la versión modificada del informe de esta Cámara en la que se permiten derogaciones nacionales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En relación con el tema de la transferibilidad de los derechos de pensión, deben tenerse en cuenta al menos dos aspectos fundamentales: que los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de los regímenes públicos de seguridad social estén garantizados.

El tema que hoy se plantea se refiere específicamente a los regímenes de pensión complementaria, no los regímenes públicos de seguridad social. Atendiendo a los dos aspectos citados, estamos en contra de las enmiendas propuestas en el informe que modifican la propuesta original de la Comisión. Dichas enmiendas proponen, por ejemplo, que se aumente de 21 a 24 la edad de acceso a los regímenes de pensión complementaria y se condicione la adquisición de los derechos de pensión a un período mínimo de cinco años.

Los regímenes de pensión complementaria no deben sustituir, sin embargo, a los públicos. Los regímenes públicos de seguridad social, basados en la solidaridad y la universalidad, son uno de los pilares de cualquier Estado y deben estar garantizados en una sociedad más justa e igualitaria.

Por último, lamentamos que se hayan rechazado las enmiendas que presentamos, sobre todo la propuesta de combinar la posición original de la Comisión sobre la edad mínima de 21 años con un período de dos años para la adquisición de los derechos, que hubiera sido más favorable para los trabajadores. Por esto hemos votado en contra en la votación final.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Hemos decidido votar en contra del informe. La Lista de Junio apoya sin reservas un mercado interior eficaz. Apoyamos el principio de que un empleado debe poder transferir sin dificultad los puntos de pensión adquiridos de un Estado miembro a otro. que ha ganado. Sin embargo, no creemos que la UE deba opinar sobre la forma que deben adoptar los regímenes de pensión de los Estados miembros, siempre y cuando todos los ciudadanos de la UE reciban el mismo trato dentro de cada régimen vigente. Por consiguiente, somos críticos con respecto a varias propuestas concretas del informe, como las opiniones sobre las condiciones para la adquisición de derechos de pensión para quienes hayan suscrito planes de pensión complementaria, las opiniones sobre las edades mínimas para la adquisición de los derechos de pensión o las normas europeas sobre el período de carencia requerido para acceder a un plan de pensiones. La forma en que los Estados miembros decidan diseñar sus regímenes de pensión respectivos debe de ser exclusivamente de la competencia nacional, siempre y cuando todos los ciudadanos de la UE reciban el mismo trato dentro de cada régimen vigente.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Voto a favor del informe de la señora Oomen-Ruijten sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria (COM(2005)0507 – C6 0331/2005 – 2005/0214(COD)).

Los cambios demográficos y el envejecimiento de la población nos han hecho conscientes de la necesidad de unos sistemas de pensión y de seguridad social complementaria, que nos garanticen unas condiciones de vida dignas. La nueva directiva y el informe de la señora Ria Oomen-Ruijten tienen ambos por objeto mejorar la movilidad de los trabajadores dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y entre estos, estableciendo unos requisitos mínimos relativos a la adquisición y retención de los derechos de pensión complementaria.

El informe destaca con acierto el papel de los Estados miembros, que deben apoyar de forma coherente la transferencia de los derechos de pensión adquiridos, en especial en caso de que se establezcan nuevos regímenes de pensión complementaria. La Comisión Europea elaborará en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor de la directiva un informe que tenga en cuenta las condiciones que regulan las transferencias de capital correspondientes a los derechos de seguridad social o de pensión complementaria de los trabajadores remunerados.

  Thomas Mann (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado en contra del informe sobre la Directiva relativa a la portabilidad de los derechos de pensión complementaria. Esta Directiva no consigue en absoluto el verdadero objetivo, a saber, reforzar la movilidad transfronteriza de los trabajadores entre los Estados miembros. En la UE, tan solo un 10 % de los trabajadores gozan de una pensión complementaria. Los niveles mínimos que acaban de ser aprobados provocarán la pérdida de interés en la constitución o ampliación de los regímenes de pensiones complementarias debido al aumento de gastos previsto de al menos un 20 %. Me temo que ahora se cuestiona lo que los trabajadores y las empresas han creado a nivel nacional en interés mutuo a lo largo de décadas.

La edad mínima para la adquisición de pensiones complementarias se ha suprimido. Se ha eliminado el período de consolidación de cinco años. Y además los niveles mínimos tendrán efecto retroactivo, lo que va en claramente en contra del principio de salvaguardia de las expectativas legítimas. También he votado en contra de la vinculación a un índice, que el Tribunal de Justicia Europeo interpretaría muy probablemente como «ajuste equitativo» y como una obligación. El Bundesrat alemán ha calculado que si los trabajadores que han cambiado de empresa reciben el mismo trato que los trabajadores que no han cambiado se producirá un aumento del 30 % del coste de los sistemas de pensión complementaria.

El Comisario Špidla ha anunciado que presentará una nueva propuesta. Esta se basará –tras la falta de acuerdo en el Consejo– en gran parte en la resolución parlamentaria de hoy y por lo tanto pondrá en peligro los regímenes de pensión complementaria, y no solo en Alemania.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) La Directiva 98/49/CEE garantiza los derechos de los trabajadores asalariados y trabajadores autónomos que se desplacen dentro de la UE a recibir una pensión complementaria, pero no garantiza la portabilidad de las pensiones complementarias ni la flexibilidad de las condiciones para la adquisición de los derechos de pensión.

La propuesta de la Comisión contempla esta cuestión. Establece unas condiciones y propone tres normas mínimas relativas a la portabilidad de los derechos, que pueden continuar vinculados a la empresa (derechos latentes), o bien se pueden dentro de un plazo de tiempo determinado, o bien se pueden pagar en metálico (hasta cierto límite máximo). Según la Comisión, la nueva directiva debería aplicarse a todas las pensiones complementarias asociadas al trabajo remunerado.

Lamento muy especialmente que el Informe Oomen-Ruijten excluya de la directiva la propuesta de la portabilidad de los derechos de pensión. En su forma actual, solo contempla los derechos latentes.

A mi parecer, la nueva directiva debería apoyar todo lo posible a los trabajadores que inviertan en derechos de pensión complementaria. Asimismo, nadie debería quedar excluido debido a la imposición de unas condiciones mínimas en relación con la edad o un período de carencia. Solo puedo apoyar el informe si la directiva conserva el campo de aplicación amplio propuesto por la Comisión. De lo contrario, votaré en contra.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta de directiva, tal como ha quedado formulada con las modificaciones contrarias a los trabajadores votadas conjuntamente por los diputados demócrata-cristianos, socialistas y liberales, apoyados por Nueva Democracia y el PASOK, hace añicos los regímenes nacionales de pensión complementaria en toda la UE. Supone un deterioro de las condiciones para la suscripción de seguros sociales y la jubilación de los trabajadores, una reducción de las pensiones y una prolongación de la edad de jubilación. Acelera los procedimientos para que las empresas de seguros privados puedan ampliar su participación en el sector. La orientación de fondo de estos cambios reaccionarios es el llamado sistema de «tres ejes», con una pensión principal de carácter estatal y derechos de pensión complementaria y ocupacional suscritos con empresas privadas. El golpe que esto supone para los derechos de los trabajadores en el ámbito de las pensiones complementarias está relacionado con la aspiración de los monopolios a usar las reservas de esos fondos de seguros para financiar sus inversiones, al tiempo que legalizan la aceptación del «riesgo de inversión» o de una posible pérdida del dinero de los trabajadores.

Por una parte, Nueva Democracia y PASOK votan a favor de todas las medidas antipopulares en el Parlamento Europeo mientras, por otra parte, arengan y engañan a los trabajadores de nuestro país procurando mostrarse a los ciudadanos bajo una máscara supuestamente amable.

El Partido Comunista Griego insta a los trabajadores a que intensifiquen su lucha contra la política antiobrera y antipopular de la UE, defiendan los regímenes estatales de seguridad social y exijan la satisfacción de sus necesidades contemporáneas, pensiones más altas y una reducción de la edad de jubilación.

  Thomas Ulmer (PPE-DE), por escrito. (DE) He votado en contra de la Directiva relativa a la portabilidad de las pensiones complementarias, ya que no alcanza su verdadero objetivo, es decir, reforzar la movilidad transfronteriza de los trabajadores entre los Estados miembros. La regulación de la transferencia de derechos de pensión complementaria solo tiene carácter de recomendación para los Estados miembros. Por ello he recomendado una y otra vez rechazar la totalidad de la Directiva, ya que resulta superflua.

- Informe Langen (A6-0244/2007)

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente, aunque no cabe duda de que la introducción del euro ha facilitado muchas cosas, como por ejemplo el comercio transfronterizo, no debemos pasar por alto aspectos menos positivos, como la cesión de derechos de soberanía o las subidas de precios.

Al igual que en una ampliación de la UE, la introducción del euro en los nuevos Estados miembros influye en última instancia sobre la frágil estabilidad del sistema en su conjunto. Por ello considero que es indispensable garantizar que el equilibrio del conjunto no se ponga en peligro debido a la incorporación de economías más débiles.

Es posible que Chipre y Malta estén preparados. Sin embargo, en el pasado se ha jugado muy a menudo con naipes trucados para poder ingresar en el club del euro. En mi opinión, una decisión tan importante no puede tomarse sin tener en cuenta la opinión de la población y por ello me he abstenido en esta ocasión.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Nos hemos abstenido porque creemos que cada Estado miembro debe tomar la decisión soberana de unirse o no a la zona del euro. Nuestra oposición a la creación de la Unión Económica y Monetaria y a la zona del euro es bien conocida. El ejemplo de Portugal ha demostrado ampliamente que el euro es un instrumento para promover la moderación salarial y la flexibilidad laboral. Al sustentar una convergencia nominal y no una convergencia real, va en detrimento del crecimiento, del empleo y de las condiciones de vida, y beneficia a las grandes multinacionales y a los grupos financieros.

Quiero señalar que la cuestión de acelerar la ampliación de la zona del euro también está basada en los criterios políticos de reforzar tanto la integración política como la propia zona del euro. Con los dos nuevos Estados miembros, Malta y Chipre, la zona del euro pasa a contar con más de la mitad de los miembros de la UE. Se trata de una barrera psicológica importante en un momento en que aumenta el descontento de los trabajadores y los ciudadanos en general en la zona del euro y se está debatiendo el Tratado Constitucional futuro. Por eso, la mayoría acepta la idea de la adhesión, aunque Malta no cumpla con todos los criterios de convergencia nominal. Como en el pasado, no se trata de una decisión «económica», sino política.

  Cem Özdemir (Verts/ALE), por escrito. (DE) No cabe duda de que la decisión es la correcta sobre la base de criterios económicos. No obstante, esta decisión es lamentable desde una óptica política, pues con ella se desaprovecha la oportunidad de que las dos partes de la isla de Chipre ingresen conjuntamente en la zona del euro. En lugar de unir mediante el euro al sur y al norte, se ahonda la zanja que divide las dos partes de la isla.

- Informe Langen (A6-0243/2007)

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Gracias, señor Presidente. El Gobierno ha adoptado como política la introducción del euro para el 1 de enero de 2008. Para ello tienen que cumplirse una serie de criterios, por ejemplo en relación con el déficit y la inflación. Es evidente que esto ha tenido repercusiones negativas en las políticas financieras del Gobierno, así como para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En realidad, considerábamos que había una alternativa, que también nos permitiría adoptar el euro, pero a un ritmo más lento. Es evidente que nuestra incorporación a la zona del euro tendrá una serie de efectos positivos, pero también tendrá efectos negativos en otras zonas. No obstante, teniendo en cuenta los intereses nacionales, la delegación del Partido Laborista maltés ha votado a favor.

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Señor Presidente, hoy hemos debatido y votado sobre la ampliación de la zona del euro y la adhesión de Malta y Chipre a la misma. Dejo la decisión soberana sobre la abolición de la moneda nacional de Chipre y Malta a los ciudadanos de esos países. No obstante, en mi calidad de representante de la Liga de Familias Polacas en el Parlamento Europeo, me opongo a la adhesión de Polonia a la zona del euro y a las repercusiones económicas y sociales negativas que tendría para los polacos.

Todas las encuestas de opinión actuales confirman que la mayoría de polacos no quieren el euro. Creo que no solo debemos evitar actuar precipitadamente, sino que tampoco debemos introducir el euro en Polonia. También discrepo de las opiniones expresadas hoy sobre el deber que tienen los Estados miembros de unirse a la zona del euro. Los polacos deben decidir sobre esta cuestión en un referendo nacional y espero que el zloty polaco siga siendo una moneda nacional en Europa, junto con la libra esterlina y las monedas danesa y sueca.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es de sobras conocido que nos oponemos a la creación de la Unión Europea Económica y Monetaria y al euro. En efecto, votamos en contra de la resolución del Parlamento del 2 de mayo de 1998, que establecía una zona del euro formada originariamente por 12 países, entre ellos Portugal. Creemos que la política monetaria y la prerrogativa de acuñar moneda es una competencia exclusiva de los Estados miembros y, por lo tanto, rechazamos esa transferencia de soberanía que impide abordar los problemas económicos y sociales en cada país, incluido Portugal.

En este momento, la ampliación de la zona del euro se basa en criterios políticos –por ejemplo, la consolidación de la integración política de la propia zona del euro– como bien demuestra el presente caso, dado que Malta no cumple con todos los criterios de convergencia nominal. No obstante, con los dos nuevos Estados miembros, Malta y Chipre, la zona del euro pasa a contar con más de la mitad de los Estados miembros de la UE. Se trata de una barrera psicológica importante en un momento en que aumenta el descontento de los trabajadores y los ciudadanos en general en la zona del euro y se está debatiendo el Tratado Constitucional futuro.

A nuestro entender, cada Estado miembro debe tomar la decisión soberana de unirse o no a la zona del euro, y por eso nos hemos abstenido en la votación.

- Informes Langen (A6-0244/2007 y A6-0243/2007)

  Jonathan Evans (PPE-DE), por escrito. (EN) Los conservadores británicos siempre nos hemos opuesto a la entrada del Reino Unido en la zona del euro. Sin embargo, nunca nos hemos opuesto al derecho de otras naciones soberanas a formar un sistema monetario común. Nuestra abstención refleja nuestra creencia de que está en manos de los miembros de la zona del euro decidir qué política monetaria puede serles más útil para conseguir una divisa estable.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Nuestro voto sobre la adopción del euro por parte de Malta y Chipre será idéntico al que emitimos en el caso de Eslovenia: nos abstendremos. No nos opondremos a lo que esperamos responda a la voluntad consciente de dos pueblos soberanos.

No obstante, debemos reconocer que se ha cruzado un umbral: esos países no lo han pedido expresamente, sino que tienen que adoptar el euro porque prácticamente cumplen con los «estúpidos» criterios de Maastricht, como habría dicho el señor Prodi. ¿Se ha informado de ello a sus ciudadanos? Al menos uno de dichos países no cumple con esos famosos criterios y parece que ninguno de los dos ha aportado los datos estadísticos necesarios para una evaluación adecuada de su estado de preparación. ¿Por qué precipitarse? Las medidas prácticas y técnicas para la transición a la moneda única son una gran incógnita. Y la capacidad de absorción de la zona del euro, que en otros tiempos preocupaba al señor Langen, ha desaparecido del mapa y del análisis.

Volvemos a enfrentarnos con el síndrome de la bicicleta, que parece sufrir la construcción europea: si no avanza, se cae. La zona del euro tiene que ampliarse a toda costa. ¡Punto! ¡La verdad es que los ciudadanos de Europa tendrán que pagar el precio!

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. - (SV) Hemos decidido abstenernos en la votación final sobre estos informes. Corresponde a los ciudadanos de Chipre y Malta decidir, de preferencia mediante un referendo, si quieren que sus países formen parte de la UEM.

No creemos que Suecia deba formar parte de la unión monetaria. Tampoco recomendamos a otros países que participen en ella.

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la introducción del euro en Malta y Chipre porque se trata de apoyar la integración reforzada de esos países, en el sentido que le da la Unión Europea. Sin embargo, esta decisión debería ir acompañada de medidas que permitan un mayor control democrático de la moneda única (establecimiento de un verdadero gobierno económico de la zona del euro capaz de equilibrar el poder del Banco Central Europeo (BCE), modificación de los objetivos del Banco Central para incluir la investigación sobre el crecimiento y el pleno empleo, modificación de los criterios del Pacto de Estabilidad para no penalizar la política de inversión pública en el futuro).

Debemos procurar no promover una ampliación interminable de la zona del euro desprovista de nuevas perspectivas.

- Propuesta de resolución: Galileo (B6-0238/2007)

  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. (EN) La delegación de los Conservadores británicos apoya la resolución de la Comisión de Presupuestos que pide a la Comisión que vuelva a presentar sus propuestas de financiación del proyecto Galileo. Sin embargo, tenemos grandes reservas respecto de las propuestas para financiarlo a través del presupuesto europeo vigente.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Lamentamos el rechazo significativo de la mayoría del Parlamento Europeo de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, encaminadas a obtener la seguridad de que el «programa Galileo no debe utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para fines militares» y que «hay que prever salvaguardas contra cualquier privatización de este programa», garantizando así que su aplicación esté totalmente financiada con dinero público.

¿Significa este rechazo que, después de la inversión pública tan ampliamente proclamada, ya se está considerando la inaceptable posibilidad de licitar su futuro desarrollo entre el sector privado?

Nuestra posición está clara.

Creemos que el programa Galileo (Programa europeo de radionavegación por satélite) podrá contribuir a la cooperación, al progreso científico y tecnológico y al intercambio de información y el acceso a la misma.

Se trata de un proyecto que debe basarse en una estrategia de inversión y control público, con el fin de poder prestar un servicio público. Esto hará posible la igualdad de acceso y el uso gratuito de la información disponible para todos los usuarios.

Es un proyecto en el que hay que garantizar los derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos. También hay que garantizar que no se use para fines militares y/o como parte de una tendencia hacia una excesiva preocupación por la seguridad.

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Helmuth Markov, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (EN) Con el fin de llevar a cabo Galileo, el sistema europeo de radionavegación por satélite, se pide a los Estados miembros de la UE que paguen otros 2 400 millones de euros. Durante muchos años se ha dicho que este proyecto aportaría innovación tecnológica, satisfacción de las necesidades de los consumidores, empleo e independencia respecto a los Estados Unidos. Todo eso podría justificar el gasto de fondos comunitarios, en vez de dejarlo solemnemente en manos de multinacionales que buscan el lucro o de la industria de guerra estadounidense. Mientras Galileo siga siendo un proceso pacífico, no nos oponemos a ello. Por desgracia, Galileo se desarrollará con un retraso de 10 a 20 años y, mientras, el GPS, su contrapartida estadounidense, ha conquistado ya el mercado mundial. Eso hace que Galileo sea un proyecto de prestigio muy costoso. Gastar mucho dinero comunitario en eso podría resultar atractivo para las grandes empresas, pero los votantes y los consumidores lo considerarán cada vez más un escandaloso derroche de dinero. Las compañías europeas se niegan a participar en colaboraciones público-privadas porque no esperan ningún beneficio de ello debido a su retraso respecto al GPS. Esperan recibir en 2012 una gran inversión comunitaria sin que deban dar nada a cambio. En consecuencia, no queremos gastar aún más dinero en Galileo. Si no hay perspectivas reales, deberíamos atrevernos a parar.

  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Si no conseguimos desarrollar nuestra propia radionavegación por satélite, los Estados miembros de la UE dependerán tecnológicamente de las superpotencias militares actuales y futuras, como los Estados Unidos, Rusia y China.

El programa Galileo es sin duda necesario, pero este costoso proyecto se debería financiar en su mayor parte de forma privada con apoyo político. El apartado 6 de la resolución afirma que, en opinión del Parlamento Europeo, el programa Galileo debería financiarse totalmente con cargo al presupuesto de la Unión Europea. No estoy dispuesto a llegar hasta ese extremo y, por lo tanto, he decidido votar en contra de la resolución en su totalidad.

  Lydia Schenardi (ITS), por escrito. – (FR) Apoyamos el proyecto Galileo, aunque teníamos algunas reservas al respecto, pero no podemos apoyar la presente resolución. Es lamentable que, tras el fracaso previsible de la asociación pública-privada, esta Asamblea declare que está dispuesta a renunciar a un sistema GPS independiente si deja de ser un proyecto puramente comunitario para incluir financiación directa de los Estados miembros.

¡Galileo es útil! Se tiene que financiar, por los medios que sea. ¿La Comisión no puede encontrar 2 400 millones de euros entre los centenares de miles de millones que tiene previsto gastar, no siempre de manera útil, de aquí a 2013? ¿Entonces qué? ¿Por qué hay que apartar a los Estados miembros? Galileo no es un juguete, ni tampoco el proyecto exclusivo y simbólico de una Europa de Bruselas que quiere hacernos creer que no se preocupa solo de sí misma, de sus competencias y de su sostenibilidad.

Por una vez, dejemos de lado los dogmas. Pongamos en esta aventura industrial una cuarta parte de la voluntad política que pusieron un puñado de Estados miembros hace algunos años para construir una industria aeronáutica y espacial europea, y demostremos lo que ustedes no quieren admitir: que la cooperación intergubernamental funciona. Aunque en Bruselas esté paralizada.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) La intención evidente de la resolución es que Galileo se financie con un cheque en blanco a partir de fondos públicos para impulsar las ambiciones políticas de la UE. Los proyectos tecnológicos de colaboración tienen un seguimiento dudoso. No requieren la implicación de la UE y solo deben llevarse a cabo por motivos industriales y estratégicos, claramente económicos, no para impulsar las ambiciones de la UE de convertirse en un agente mundial.

Los Conservadores británicos queremos oportunidades para la industria y la I+D británicas, pero esta resolución no lo garantiza. Apoya la propuesta de la Comisión de usar fondos públicos –a través del presupuesto de la UE– para todo el proyecto Galileo. Esas medidas serán una nueva sangría para los contribuyentes del Reino Unido y otros Estados miembros de la UE, y unas medidas sobre las que no tendrán ningún derecho a opinar.

Teniendo en cuenta que, en el pasado, la UE se mostraba reacia a admitir aplicaciones militares, ahora ya ha perdido esa timidez. En la Comunicación de la Comisión sobre una Política Europea del Espacio (26 de abril de 2007), uno de los objetivos clave era satisfacer «las necesidades de seguridad y defensa de Europa en relación con el espacio». Como eternos oponentes a la PESD, los Conservadores británicos nos oponemos a las propuestas que amplían el poder de la Comisión en el ámbito de la defensa.

- Informe McCarthy (A6-0226/2007)

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El primer considerando ya era suficiente para que decidiéramos votar en contra del informe. La legislación comunitaria sobre contratos públicos intenta abrir –liberalizar sería una palabra más adecuada– los mercados públicos de los Estados miembros a la competencia transfronteriza, para apoyar el desarrollo del mercado interior, de conformidad con el programa liberalizador de la Estrategia de Lisboa.

Por supuesto, estamos a favor de las normas nacionales sobre la transparencia de los concursos públicos, siempre y cuando no impidan usar los mercados públicos para fomentar el tejido económico y dar un impulso a las PYME nacionales, teniendo en cuenta su tamaño e importancia. Pero en este caso hay una diferencia sustancial que nos induce a votar en contra: esta cuestión debe ser de la competencia de los Estados miembros.

Los contratos públicos también son un instrumento importante para impulsar la política social y ambiental, dado que pueden contener criterios relativos a cuestiones sociales y ambientales que intervienen en la contratación. No puede quedar restringidos al ámbito supranacional con el pretexto de unas normas de no discriminación o relativas a otros intereses económicos.

- Informe Kinnock (A6-0220/2007)

  Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Colm Burke y Jim Higgins (PPE-DE) , por escrito. (EN) Hemos votado a favor de la parte uno del apartado 40 y en contra de la parte 2 del apartado 40. De la misma forma, hemos votado a favor de la primera parte del apartado 41 y en contra de la segunda parte. Nos hemos abstenido en la votación de la resolución en su conjunto.

El motivo es que no queríamos indicar que apoyamos ninguna interpretación del término «derechos» si se refiere al apoyo al aborto. Por supuesto, apoyamos la tendencia general de los Objetivos del Milenio y, por lo tanto, no queríamos votar en contra de la resolución en su conjunto.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. – (PT) He votado a favor de informe Kinnock (A6-0220/2007) «Objetivos de Desarrollo del Milenio-balance intermedio» porque considero que necesitamos una amplia asociación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por tanto, es deseable la participación de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil de todos los países interesados.

Uno de los factores fundamentales para la consecución de los Objetivos es reducir la pobreza en un 50% para 2015, con especial atención a problemas como los del VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria. La desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres son otros elementos que hay que tener en cuenta en los programas de desarrollo.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción que el informe reconozca la gravedad de la situación mundial.

Como ha revelado el informe de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el progreso en la lucha contra el hambre ha sido demasiado lento. En efecto, las cifras han empeorado en los últimos años: 854 millones de personas (el 17% de la población mundial) pasan hambre diariamente y casi 16 000 niños mueren cada día por causas relacionadas con el hambre.

Sin embargo, una vez más el informe pasa por alto las causas de esta situación intolerable.

Es importante subrayar que, al mismo tiempo que cada día mueren 16 000 niños:

- El presupuesto del Gobierno estadounidense ha destinado 600 000 millones de dólares para gasto militar;

- Las 691 personas más ricas del mundo tienen una fortuna que asciende a 2 200 millones de dólares, lo que equivale a la riqueza combinada de los 145 países más pobres;

- Las 500 personas más ricas tienen unos ingresos combinados superiores a los de los 416 millones de personas más pobres;

- Los 8 millones de personas más ricas del mundo poseen una fortuna equivalente al 80 % del PIB de todos los países del mundo.

Esta es la raíz del problema.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) El planteamiento de la ponente ante este tema tan importante es encomiable. Urge redoblar los esfuerzos por alcanzar los ODM. Esto significa una reducción sistemática de la deuda y una ayuda más amplia, mejor coordinada y mejor orientada.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) En el espacio disponible para la explicación de voto hay dos puntos que creo me merece la pena destacar.

El primer párrafo de la resolución dice: «el objetivo global de la cooperación al desarrollo es y debe ser la lucha contra la pobreza; subraya, sin embargo, que esta lucha no se limita al crecimiento material y, por lo tanto, la creación de democracia y la promoción de los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho y los principios de justicia, equidad, transparencia y responsabilidad deben ser siempre temas fundamentales de dicha cooperación ».

No me he opuesto a la presente resolución porque entiendo que estas preocupaciones exigen que contribuyamos todo lo que podamos, pero creo que hay que hacer hincapié en la idea de que la lucha contra la pobreza no puede ser eficaz a menos que se combatan sus causas. Entre las causas estructurales de la pobreza siempre figura la mala gobernanza. Por esta razón, y no por el deseo de imponer ningún modelo, es importante luchar en ambos frentes a la vez. De lo contrario, hoy resolveremos un problema que se repetirá mañana.

Por último, el informe afirma que «Portugal, que está previsto que actúe como anfitrión en la Cumbre UE-África que se celebrará durante su Presidencia, solo dedicó en 2006 el 0,21 % de su RNB a la ODA», lo cual es terrible.

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. (PL) Me he visto obligado a votar en contra del informe sobre los «Objetivos de Desarrollo del Milenio- balance intermedio».

La inclusión de propuestas para financiar el aborto usando la ayuda presupuestaria de la UE llevará inevitablemente a divisiones sobre la estrategia de ayuda a África. Esto socavará la eficacia de nuestras acciones. Tanto desde un punto de vista moral como médico, el aborto no es la clave para solucionar el problema de la mortalidad materna durante el parto.

Usar los recursos de la Unión Europea para financiar el aborto en África contradice el principio de la ayuda. Obliga a todos los ciudadanos de la Unión Europea a implicarse indirectamente en esta cuestión. También representa una forma imperialismo moral hacia África. El apoyo de esta Asamblea a la financiación del aborto en los países en desarrollo es el mayor error que hemos cometido en relación con la concreción de la política de ayuda humanitaria.

- Informe Cornillet (A6-0208/2007)

  Gerard Batten, Roger Knapman y Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP no reconoce la legitimidad de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y, por lo tanto, no puede apoyar esta enmienda. Sin embargo, estamos de acuerdo con el espíritu del texto y, sinceramente, esperamos que la comunidad internacional en su conjunto se asegure de que la prohibición de viajar fuera de su país para los principales personajes del régimen de Zimbabue se respete en su totalidad.

  Derek Roland Clark (IND/DEM), por escrito. (EN) El UKIP no reconoce la legitimidad de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y, por lo tanto, no puede apoyar esta enmienda. Sin embargo, estamos de acuerdo con el espíritu del texto y, sinceramente, esperamos que la comunidad internacional en su conjunto se asegure de que la prohibición de viajar fuera de su país para los principales personajes del régimen de Zimbabue se respete en su totalidad.

  David Martin (PSE), por escrito. (EN) El trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE es vital si tenemos en cuenta el gran número de países menos desarrollados que existen en ese grupo y el volumen de asistencia para el desarrollo que la UE destina a los países ACP. Apoyo muchas de las demandas que aparecen en el informe, como las que piden a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil que se impliquen más en el proceso de programación de ayuda nacional en la ACP.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. – (PT) El informe demuestra claramente que el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-EU, tanto en 2006 como antes, es un instrumento excelente para establecer las estructuras, las relaciones y el diálogo que son fundamentales para la creación de una base sólida para las buenas relaciones entre ambas partes y para el desarrollo de proyectos verdaderamente útiles.

Dicho esto, aunque conviene recordar que el camino recorrido hasta ahora es loable, ahora debemos ocuparnos de lo que queda por hacer. Tenemos la obligación –tanto moral y ética como en nuestro propio interés– de apoyar el desarrollo en los países asociados, ayudarles a desarrollar mecanismos de apertura de sus economías y convertir conjuntamente la globalización en un movimiento virtuoso; nos corresponde a nosotros reducir y eliminar los posibles escollos de este movimiento.

En ese sentido, en relación con algunos de esos socios, es fundamental que la próxima cumbre UE-África, que se celebrará durante la Presidencia portuguesa, dé resultados. El realismo con resultados es mejor que las utopías sin historia.

7. Correcciones e intenciones de voto: véase el Acta

(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDENCIA DEL SR. COCILOVO
Vicepresidente

8. Composición del Parlamento: véase el Acta

9. Aprobación del Acta de la sesión anterior: véase el Acta

10. Hacia un tratado sobre el comercio de armas (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión: Hacia un tratado sobre el comercio de armas.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, Comisaria Ferrero-Waldner, Señorías, el comercio ilegal de armas y la irresponsable política de control de las exportaciones de algunos países alimentan conflictos en todo el mundo, socavan el respeto de los derechos humanos y fomentan la delincuencia y el terrorismo. Además de ello, impiden que regiones enteras tengan un desarrollo económico sostenible.

En vista de ello, hace algunos años surgió la idea de consagrar en un acuerdo internacional unos principios vinculantes para el comercio de armas. De ese modo nació la idea del tratado sobre el comercio de armas. Los Estados miembros de la Unión Europea han apoyado desde un principio dicho tratado y la actual Presidencia del Consejo concede gran importancia a este proceso. En su reunión del 18 de junio, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores reiteró una vez más la importancia de un tratado sobre el comercio de armas.

Me ha alegrado mucho que el señor Romeva i Rueda, ponente del Parlamento Europeo para el Código de Conducta de la UE sobre la exportación de armas, haya aceptado la invitación de la Presidencia a participar en el seminario informal para los miembros del grupo de trabajo del Consejo COARM, que tuvo lugar a principios de enero en Berlín. En dicho seminario expuso ampliamente los puntos de vista del Parlamento Europeo sobre un tratado mundial sobre el comercio de armas. La Presidencia concuerda con el señor Romeva en que dicho tratado reviste una enorme importancia para someter el comercio mundial de armas a normas jurídicamente vinculantes y responsables.

Un paso importante para ello fue la adopción de la Resolución 61/89 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 6 de diciembre de 2006. En esta resolución se pide al Secretario General que averigüe la posición de los países miembros de las Naciones Unidas y que cree un grupo de expertos a más tardar en 2008. Su tarea consistiría en explorar la viabilidad, el ámbito de aplicación y propuestas de parámetros de dicho tratado. Numerosos Estados miembros de la UE participaron antes de la Asamblea General en la elaboración de la resolución y solicitaron su aprobación a otros países.

Hasta ahora, unos 80 países han aceptado la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, entre ellos todos los Estados miembros de la UE. En una nota dirigida al Secretario General, la Presidencia del Consejo destacó que el Código de Conducta de la UE constituye un buen ejemplo de cooperación internacional en el ámbito del control de las exportaciones de armas y abogó por un tratado sobre el comercio de armas. Junto con otros Estados miembros de la UE, la Presidencia sigue solicitando que los Estados miembros presenten documentos nacionales. Un gran número de opiniones favorables tiene gran importancia para demostrar el amplio apoyo de que goza este proyecto en todo el mundo.

El éxito de este tratado dependerá no solo de la participación de todos los grandes exportadores de armamentos, sino también de los importadores. Por consiguiente, las Naciones Unidas son el foro adecuado para estas negociaciones.

Permítanme citar dos ejemplos de cuestiones a las que el grupo de expertos deberá prestar especial atención para que este tratado resulte eficaz: en primer lugar será necesario detallar su ámbito de aplicación, para lo cual hará falta una lista de comprobación separada. Esta lista no debe limitarse a las categorías del registro de armas de las Naciones Unidas, sino que deberá aplicarse igualmente, por ejemplo, a las armas cortas y ligeras, a las municiones y a los sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS). Asimismo deberán tenerse debidamente en cuenta los equipos de fabricación y la tecnología.

En segundo lugar, el tratado deberá fijar un catálogo completo de criterios que deberán aplicarse a la hora de tomar decisiones sobre la exportación de armas. Entre estos criterios figura el cumplimiento de los embargos de armas, el respeto de los derechos humanos en el país de destino, el mantenimiento de la estabilidad regional, la prevención de conflictos internos o regionales, el fomento del desarrollo sostenible y la prevención de la desviación de los materiales.

Numerosas organizaciones regionales de todo el mundo ya han estudiado estas cuestiones. El Código de Conducta de la Unión Europea para las exportaciones de armas es el instrumento internacional más desarrollado para el control de exportaciones de armamentos. Gracias a su experiencia con el Código de Conducta, la Unión Europea puede hacer una contribución especial al debate sobre estas cuestiones. Sin embargo, al mismo tiempo tendrá que evitar que se tenga la impresión de que lo que se desea es imponer el Código de Conducta de la UE a otros países miembros de Naciones Unidas. El caso es que actualmente existe un notable apoyo para este proyecto en todo el mundo. Sin embargo, la Unión Europea, a la que pertenecen varios importantes países exportadores, debe desempeñar un papel destacado en este proceso.

Permítanme reconocer en particular el papel que desempeña la sociedad civil, ya que organizaciones no gubernamentales, científicos y medios de comunicación han hecho una notable contribución para convencer a los Gobiernos que dudaban de la necesidad de un tratado sobre el comercio de armas. Desde un principio han dado impulsos muy valiosos y quiero animar a las organizaciones no gubernamentales a que sigan participando activamente en este proceso.

La Presidencia toma nota con satisfacción de que el Parlamento Europeo se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de la celebración de un tratado mundial sobre el comercio de armas y que utiliza sus contactos interparlamentarios a este fin. He leído con gran interés el último proyecto de resolución y acojo con gran satisfacción las propuestas convincentes que contiene. Espero que podamos continuar y profundizar también nuestro vivo diálogo con el Parlamento Europeo sobre esta importante cuestión.

(Aplausos)

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, solo quiero añadir unas palabras a las del Presidente en ejercicio del Consejo.

En los últimos años, la lucha contra la proliferación ilícita de armas ha sido objeto de gran atención política y pública y la cuestión sigue siendo de gran importancia para todos nosotros. Permítanme elogiar a sus Señorías por el liderazgo que ejercen en relación con el tratado sobre el comercio de armas jurídicamente vinculante para regular el comercio internacional de armas convencionales. Es un planteamiento ambicioso que propone fijar normas internacionales comunes. Entiendo que su propuesta de resolución ya ha sido presentada. La Comisión también agradece las conclusiones del Consejo de hace dos días; no hace falta que entre en detalles al respecto, porque ya se ha hablado de ello.

Todos reconocemos el efecto negativo que ejercen las exportaciones irresponsables de equipos militares sobre la seguridad regional, el desarrollo económico y la seguridad humana en algunas de las partes más vulnerables del mundo. Un tratado sobre el comercio de armas sería de gran valor, por ejemplo, para reducir la proliferación ilícita de armas ligeras y de pequeño calibre. Esas armas provocan una miseria humana considerable y, al hacer que el mundo sea menos seguro, afectan a nuestra propia seguridad y prosperidad.

El comercio ilícito de armas convencionales también tiene consecuencias mundiales, lo que significa que debemos mejorar la coherencia entre la política de seguridad de la UE y la asistencia al desarrollo de la Comunidad. El desarrollo y la seguridad están relacionados más estrechamente que nunca, y la amenaza que esas armas ilícitas representan va más allá de la violencia inmediata que causan. En este nuestro mundo globalizado, la pérdida de PIB y la disminución de la inversión extranjera, por ejemplo, constituyen una pérdida de oportunidades que pocos países se pueden permitir.

Incluso con un tratado sobre el comercio de armas, seguirán circulando una infinidad de armas ilícitas en todo el mundo. Así pues, además del fuerte compromiso político de la Unión, estamos ofreciendo ayuda práctica para la creación de capacidad legislativa y administrativa, lo que otorga a la UE un papel importante en la lucha contra la expansión ilícita de armas ligeras y de pequeño calibre.

Estamos plenamente comprometidos en la implementación de la estrategia europea de 2005 contra la proliferación ilícita de armas ligeras y de pequeño calibre. Como saben, este tema no es nuevo para nosotros. La Comisión ha trabajado activamente al respecto durante muchos años y también ha ganado experiencia colaborando con organizaciones internacionales, expertos, ONG y la sociedad civil en el tratamiento de las consecuencias de la venta de armas ilegal o indebida. Queda mucho por hacer, tanto a través del tratado como fuera de él.

(Aplausos)

  Ana Maria Gomes, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) En los últimos años, no ha habido muchos motivos de satisfacción para los defensores del control de armas y el desarme enraizados en instrumentos jurídicos multilaterales. La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado mes de diciembre de abrir oficialmente el proceso de elaboración de un tratado mundial sobre el comercio de armas (ATT) es una rara ocasión de celebración.

Aunque no fue una sorpresa, el voto solitario de los Estados Unidos en contra de la resolución que inauguró el proceso es lamentable. El Tratado tiene por objeto encontrar un denominador jurídico común para la importación, exportación y transferencia de armas, dar una respuesta global a un comercio completamente globalizado y establecer unos criterios uniformes que sometan el comercio de armas a los imperativos de los derechos humanos, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

También se trata de movilizar a la opinión pública de los países desarrollados en contra de la opacidad que caracteriza a los contratos millonarios legales de venta de armas a países aliados. La escandalosa decisión del Reino Unido de bloquear la reciente investigación sobre la venta de armas a Arabia Saudí, y sobre la corrupción al más alto nivel que la ha acompañado, es un perfecto ejemplo de la verdadera naturaleza del comercio de armas.

Solo en este ámbito un gobierno europeo se atreve a bloquear una investigación seria en nombre del interés nacional. A causa del trato especial que recibe, Gobiernos de todo el mundo han adoptado medidas especiales para controlarlo. La UE puede y debe liderar los esfuerzos en este ámbito. Tiene que dar batalla para que las lecciones aprendidas de la interpretación y aplicación de su código de conducta, en particular respecto de los criterios de desarrollo sostenible y derechos humanos, se apliquen en el nuevo Tratado, porque estos dos aspectos son especialmente pertinentes, como ha señalado la señora Ferrero-Waldner.

En este sentido, acojo con satisfacción las conclusiones del último «Consejo de Asuntos Generales», que hizo hincapié en la importancia de unir fuerzas con otros países y organizaciones regionales para elaborar un nuevo Tratado. Ahora solo falta que la UE transforme esta buena voluntad en una estrategia diplomática en relación con el Tratado, debidamente fundamentada en una posición común del Consejo. Puesto que la Casa Blanca no ha hecho gala de razón ni de escrúpulos, es urgente que Europa demuestre su liderazgo en este ámbito.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, es una verdadera vergüenza que, a pesar de los peligros que suponen para la humanidad las numerosas entregas irresponsables de armas llevadas a cabo durante tantos años, aún no exista un tratado de las Naciones Unidas sobre el comercio internacional de armas que sea jurídicamente vinculante. Sin embargo, aunque existiera, dudo de que hubiéramos contado con los medios necesarios –o que quienes realmente importan hubieran tenido la voluntad necesaria– para supervisarlo de cerca y aplicarlo debidamente, pero deberíamos ocuparnos de ello cuando exista un Tratado de las Naciones Unidas.

Hoy, las personas con menos escrúpulos y más peligrosas del mundo pueden adquirir armas fácilmente. Con dinero suficiente y las relaciones adecuadas se puede comprar de todo, desde una pistola hasta un caza a reacción. Seguramente es solo una cuestión de tiempo para que puedan comprarse libremente en el mercado incluso armas nucleares.

¿Y por qué, quizás se pregunten ustedes, hay una situación vergonzosa en nuestra sociedad del siglo XXI? La respuesta es muy sencilla: siempre habrá perturbados mentales en este mundo que quieran llevar a cabo sus planes patológicamente criminales contra otros y, de la misma forma, siempre habrá comerciantes malvados que suministren a cualquiera los medios para crear muerte y destrucción, siempre que puedan sacar de ello un buen beneficio. Ni que decir tiene que las muy lucrativas empresas del sector armamentístico producen continuamente máquinas de matar más avanzadas en mayores cantidades y a un ritmo cada vez rápido.

Sé que no puedo cambiar el mundo de la noche a la mañana y que las fuerzas del mal siempre tendrán su participación en el destino de la humanidad. Sin embargo, debemos al menos intentar empezar a cambiar las cosas hasta cierto punto. Por lo tanto, apoyo esta propuesta de resolución que pide el establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, la exportación y la transferencia de armas convencionales. Al fin y al cabo, algo es mejor que nada, y esperemos que algún día los seres humanos tengan suficiente sentido común como para que no exista la necesidad de producir ningún tipo de armas.

En resumen, considero que vale la pena mencionar que, de los 17 principales países exportadores de armas, más de la mitad son Estados miembros de la UE. Esta estadística debería hacernos reflexionar.

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (ES) Señor Presidente, son ya numerosas las veces en las que esta Cámara se ha pronunciado en favor de un tratado internacional sobre transferencia de armas.

Pero lo que hace especiales este debate y la resolución que hemos presentado es que las Naciones Unidas ya están manos a la obra. Una resolución que se aprobó en diciembre de 2006 con el apoyo de 153 países ha sido el punto de partida del debate que hoy nos ocupa. Y es bueno recordar que son 153 los países que la firmaron, porque esto le da una legitimidad realmente importante al proceso.

En este contexto, hay que destacar algunos puntos de la resolución que hoy presentamos:

En primer lugar, se pide que los 153 países envíen cuanto antes a la Secretaría General de las Naciones Unidas sus informes con el contenido que creen que tiene que tener el tratado, con el ámbito de aplicación y, sobre todo, con su opinión sobre la viabilidad del mismo.

En segundo lugar, que en dichos informes se parta de la actual legislación internacional, especialmente con relación al Derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general. Existen tratados ya importantes que hay que tener en cuenta.

En tercer lugar, que los Gobiernos de los Estados se comprometan a llevar a cabo una rigurosa investigación sobre el grado de cumplimiento y, sobre todo, de incumplimiento de las actuales normas reguladoras, embargos internacionales y, en el caso europeo, de la estricta aplicación del Código de Conducta en materia de exportación de armas. Mención especial merece, entre otros, el caso de las exportaciones de armas a Sudán, tema del cual hablaremos especialmente en el periodo parcial de sesiones de julio próximo.

Y, en cuarto lugar, que los Gobiernos presten también atención y den todo su apoyo a la creación de un grupo de expertos que deberá crearse en 2008 con objeto de definir el contenido del tratado.

Finalmente, debemos ser conscientes de que el proceso hacia un tratado internacional sobre transferencia de armas, aunque esté ya en marcha, será lento, y que mientras tanto las ventas de armas en el mundo siguen creciendo. Según el SIP, en 2005 las ventas, de las que en torno a un tercio procede de la Unión Europea, ascendieron a 290 000 millones de dólares. Así pues, entretanto, es preciso ser especialmente rigurosos y exigentes con los mecanismos de control existentes y prestar especial atención al control de los intermediarios, al cumplimiento de los embargos y al incremento de la transparencia y del control parlamentario de dichas exportaciones.

  Tobias Pflüger, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, acojo con sumo agrado el hecho de que tengamos este propuesta de resolución común sobre un tratado internacional sobre el comercio de armas, pues el tiempo apremia, ya que en todo el mundo crecen vertiginosamente los gastos y exportaciones de armamentos. Según un estudio del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el año pasado se destinaron unos 900 000 millones de euros a gastos militares, lo que equivale a 137 euros por cada hombre, mujer y niño que vive en este planeta.

Esto supone un 3,5 % más que en 2005. En los últimos diez años, los gastos en armamento han aumentado un 37 % en todo el mundo. En su último anuario sobre armamento y desarme, el SIPRI observa un aumento del comercio internacional de armas del 50 % desde 2002. Una vez más, los dos principales exportadores han sido de lejos los Estados Unidos y Rusia. Entre 2002 y 2006, Alemania, con unos ingresos de 9 200 millones de dólares estadounidenses –6 900 millones de euros– se ha en el tercer lugar por delante de Francia.

Los Estados miembros de la UE ocupan los primeros lugares mundiales entre los exportadores de armas. Tan solo durante el año pasado, Alemania exportó armamentos por importe de 3 900 millones de dólares, es decir, más del doble que en 2005, año en que alcanzó los 1 500 millones de dólares. Francia armó a Sudán, Bélgica entrega armas al autócrata Kabila en el Congo, con las cuales se masacra a la oposición en ese país. Una vez que se han calentado los conflictos, la UE realiza igualmente intervenciones militares en África, el Congo, Sudán, etc. De este modo, los incendiarios apagan el fuego con gasolina. La UE y los Estados miembros deben poner fin de una vez por todas a estos negocios. Las exportaciones de armas violan los derechos humanos en todo el mundo. Las exportaciones de armas matan en todo el mundo. Pongamos fin de una vez por todas a este comercio de muerte.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Señor Presidente, la Unión Europea, que siempre habla a favor de la resolución de los conflictos por medio de la negociación en lugar de la fuerza, está interesada en frenar el crecimiento descontrolado de las empresas que comercian con instrumentos de muerte. Como se ha señalado, el año pasado se gastaron 900 000 millones de euros para fines militares. Esto representa 137 euros per cápita para la población mundial total. A juzgar por el gasto militar, hemos vuelto a los tiempos de la guerra fría. Casi la mitad de esta enorme suma corresponde al gasto de los Estados Unidos en armamento militar.

El alcance del gasto en armamento está aumentando peligrosamente y el año pasado casi alcanzó los 40 000 millones de euros. En los últimos años, los grandes exportadores han sido los Estados Unidos y Rusia, con un 30 % del comercio total de armas cada uno, seguidos de cerca por la UE, con el 20 %. La mayor preocupación es el flujo de armamento ultramoderno a regiones desgarradas por conflictos en países impredecibles.

El año pasado 153 países apoyaron la resolución de las Naciones Unidas sobre un proceso para establecer un Tratado sobre el Comercio de Armas. Aunque por el momento es difícil que todos los países se pongan de acuerdo sobre un documento jurídicamente vinculante que regule las importaciones y exportaciones de armas, sin embargo es esencial que las Naciones Unidas den pasos en esa dirección. Al mismo tiempo, hay que subrayar que algunos países concretos están en la primera línea de la lucha contra el comercio de armas irresponsable y el daño que causa a la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. La comunidad internacional, al igual que la opinión pública de cualquier país que use el comercio de armas para realizar negocios peligrosos y corruptos, tiene la obligación de presionar a esos Gobiernos y Parlamentos.

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Señor Presidente, cerca de un millón de personas resultan heridas por pistolas, metralletas o lanzagranadas cada año. El alcance de la violencia perpetrada con armas de fuego es enorme, igual que el sufrimiento humano. En algunos conflictos armados recientes a menudo solo se usan armas de fuego ligeras. Solo en el África meridional circulan 30 millones de armas de fuego ligeras; en Oriente Próximo, entre 60 y 110 millones. La mayoría de ellas se fabrican y se venden legalmente. Durante docenas de años, los Tratados internacionales han controlado la expansión de las armas biológicas, químicas y nucleares, pero a pesar del elevado número de víctimas mortales, eso aún no ocurre con la venta y el comercio de armas convencionales. Esto se traduce en violaciones de los derechos humanos, guerras de larga duración y un empobrecimiento progresivo de algunos países. Cinco países ricos fabrican la gran mayoría de esas armas. En 2005, Rusia, los Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña representaban conjuntamente el 81 % del comercio mundial de armas.

Más de dos tercios de esas armas se destinan a África, Asia, Oriente Próximo y América Latina. No solo se destruyen vidas humanas, sino también economías, infraestructuras, atención sanitaria y educación. Solo en el norte de Uganda, 2 500 niños no han asistido a la escuela durante los últimos 20 años de violencia armada.

La resolución de la ONU del 6 de diciembre de 2006 sienta las bases para un tratado en contra de la libre circulación y a favor del control del comercio en su conjunto. Evidentemente, esto reviste una importancia fundamental si queremos poner freno a las armas convencionales. Por tanto, insto al Consejo –y entiendo a partir de las palabras del Presidente en ejercicio, señor Gloser, que algo se está haciendo algo al respecto– a que consiga una respuesta masiva, rápida y positiva de Europa y, por nuestra parte, debemos abordar las graves deficiencias en la aplicación del código europeo de conducta de 1998. Las armas de la UE siguen llegando a países como Sudán, China y Sierra Leona. Es hora de que hagamos jurídicamente vinculante ese código, lo cual daría un enorme impulso al proceso de la ONU.

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Señor Presidente, el año pasado estuve dos semanas en la República Democrática del Congo, enviado por este Parlamento. Cuatro millones de personas murieron en la guerra civil de este país y, por supuesto, el embargo internacional de armas no consiguió impedir que llegaran armas de todo el mundo –incluso de Alemania y Francia, como está demostrado– y facilitaran la matanza que tuvo lugar. No puede haber un ejemplo más gráfico de por qué la comunidad internacional debe hacer algo más por poner en práctica su voluntad y sus valores en este terreno.

Como decimos en nuestra resolución, queremos ver un tratado sobre comercio de armas completo, riguroso y plenamente aplicado. La Unión Europea puede desempeñar un papel fundamental en la comunidad internacional para asegurar que el texto consiga precisamente esto. Me siento muy orgulloso de que el texto del Parlamento Europeo que tenemos hoy ante nosotros se refiera al comercio de armas que causa «sufrimientos humanos inaceptables y exacerba los conflictos armados, la inestabilidad y los ataques terroristas». Doy las gracias al señor Gloser, a la Presidencia alemana y al Consejo por seguir una línea igualmente dura en su resolución y hablar de una «proliferación indeseable e irresponsable de armas convencionales». Cambiemos esas palabras por hechos para que realmente podamos influir en lo que ocurre en las Naciones Unidas.

La siguiente fase debe ser comprometer a la sociedad civil. Creo que nos encontramos en la situación actual a raíz de esas campañas de las ONG de mediados de los años noventa, que finalmente consiguieron colaborar con nosotros para establecer el Código de Conducta de la UE. Me siento muy orgulloso de que los expertos del Lauterpacht Centre de la Universidad de Cambridge, en mi circunscripción, elaboraran el primer proyecto de este tratado que se presenta a la comunidad internacional. Pido a los parlamentarios que firmen la declaración a favor del Tratado en el sitio web controlarms.org. Nuestra labor con la sociedad civil para conseguir el apoyo de los habitantes de este mundo a un tratado más contundente es esencial.

Por último, me siento muy orgulloso de que mi país, el Reino Unido, junto con Finlandia, propusiera esto en las Naciones Unidas y que cada uno de los Estados miembros de la UE haya ofrecido su apoyo decidido a las Naciones Unidas. También debemos sentirnos orgullosos de Europa.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero darles cordialmente las gracias en nombre de la Presidencia del Consejo por sus intervenciones, sus recomendaciones, pero también por las iniciativas que han tomado hasta ahora en este tema tan importante, así como por las advertencias que han formulado algunos de ustedes.

Permítanme responder a dos cuestiones. En primer lugar, si en el país de destino no se respetan los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, nunca se podrá conceder un permiso para la exportación de armas. He dejado claro que intervenimos en todo el mundo en diversos niveles para que se respeten los derechos humanos. Este tema se ha abordado igualmente en varias ocasiones en este Parlamento. El derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, los derechos de participación política y social, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y reunión y la prohibición de la discriminación siguen sin respetarse en muchos países del planeta. Por ello, nuestra tarea consiste en velar porque estas violaciones de los valores fundamentales no se vean favorecidas con el suministro de armamentos.

En segundo lugar, los embargos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OCDE y la Unión Europea han impuesto embargos a una serie de países y en el proyecto de resolución del Parlamento Europeo se exige especialmente el cumplimiento del embargo impuesto a Sudán. Un tratado sobre el comercio de armas debe contemplar forzosamente el respeto de los embargos como uno de sus principales criterios. No es por casualidad que este criterio figura a la cabeza del catálogo de criterios del Código de Conducta de la UE.

Puedo asegurarles que la Presidencia seguirá empleándose a fondo para conseguir un tratado eficaz sobre el comercio de armas. El papel decisivo que desempeña el Parlamento Europeo en este debate constituye igualmente una gran ayuda y un gran apoyo. Espero que seamos capaces de mantener este enfoque cooperativo a lo largo de las próximas Presidencias.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, doy las gracias al Parlamento por su apoyo, por su iniciativa y por su propuesta de resolución. Como he dicho antes, la Comisión, en el marco de los esfuerzos más amplios de la UE, apoya firmemente el inicio de negociaciones para un tratado sobre el comercio de armas jurídicamente vinculante en el marco de las Naciones Unidas; es importante resaltar esto último.

Sin duda es deseable un instrumento internacional que promueva un alto grado de responsabilidad y para que esta empresa dé resultado debemos crear el consenso más amplio posible y animar a todos los Estados a que apoyen esta iniciativa. Desearíamos que fuera una iniciativa jurídicamente vinculante, separada y autónoma que abarcara todas las transferencias de armas convencionales, estableciera unos principios que definieran las transferencias ilegales, incluyera un seguimiento y fuera de base muy amplia. Sabemos que no será fácil persuadir a todos los proveedores de todo el mundo y, por lo tanto, será muy importante que los principales fabricantes de armas eviten una situación como la que tuvimos con la CPI o con el tratado de prohibición de minas. Por lo tanto, buscaremos el consenso más amplio posible.

  El Presidente. He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.

El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves, 21 de junio de 2007.

11. MEDA y ayuda financiera a Palestina (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0210/2007) de la señora Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre MEDA y la ayuda financiera a Palestina – evaluación, aplicación y control (2006/2128(INI)).

  Rodi Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE), ponente. – (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe que hoy se debate es muy importante y de actualidad en estos momentos por muchos motivos.

Los pobres resultados del proceso euromediterráneo y, al mismo tiempo, los enormes retos en esa zona nos están obligando a evaluarlo seriamente y a adoptar políticas y compromisos financieros serios.

La trágica situación en los territorios palestinos está empeorando; los acontecimientos están haciendo sonar la señal de alarma ante el deterioro de la situación y exigen que evaluemos nuestras acciones y tomemos conciencia de nuestras responsabilidades para el futuro.

También tenemos que responder de manera convincente a las preocupaciones de los ciudadanos europeos por la gestión de los recursos en zonas que van rezagadas desde el punto de vista de los compromisos democráticos y de los mecanismos de gestión y evaluación.

Quiero recordar a la Asamblea que el programa MEDA es nuestro instrumento principal para la aplicación de la asociación euromediterránea, que apoya medidas para el capítulo político y económico, con el objetivo de crear una zona de libre comercio, y para el capítulo cultural y social, que constituye el tercer pilar.

MEDA II, que es el programa MEDA más reciente, aportó 5 300 millones de euros entre 2000 y 2006. El reglamento MEDA expiró a finales de 2006 y hoy tenemos un nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación que entró en vigor en 2007, y creemos que nuestra experiencia con MEDA será muy útil para el nuevo instrumento.

Quiero recordar a la Asamblea que los compromisos anuales de MEDA II, programa al que está dedicada la mayor parte de nuestro informe, pasaron de 569 millones de euros en 2000 a 697 millones de euros en 2004. Dicho de otro modo, aumentaron de manera constante, aunque debe tenerse en cuenta que entre MEDA I y MEDA II aumentaron nuestros créditos de compromiso aumentaron para Palestina, Siria, Argelia y Marruecos y para las actividades regionales, pero disminuyeron para Egipto, Jordania, Líbano y Túnez. Asimismo, el incremento varió según el sector de aplicación. Si comparamos MEDA I y MEDA II, se incrementó marcadamente la financiación de medidas que incluyen la educación, la formación y el apoyo económico institucional, mientras que se destinaron menos fondos a otros sectores, como la agricultura, el desarrollo local y las reformas privadas.

A juzgar por nuestra experiencia en el Parlamento Europeo y por la información recibida, junto con el informe del Tribunal de Cuentas, la gestión del programa MEDA por parte de la Comisión ha mejorado claramente desde los primeros años y podemos decir que, dadas las circunstancias políticas en la zona, la evaluación es satisfactoria y se ha hecho un gran esfuerzo, que se ha traducido progresivamente en una asignación equitativa de recursos, con períodos de preparación más breves y un desembolso más rápido.

Instamos a la Comisión Europea a que tenga en cuenta en futuras actividades que el número de proyectos y programas va aumentando progresivamente, que el apoyo presupuestario al programa global ha aumentado todavía más, que el papel desempeñado por nuestras oficinas y el reparto de responsabilidades en el ámbito local ha sido satisfactorio e importante y se debe ampliar, y que la cooperación con las autoridades locales ha desempeñado un papel que debemos consolidar. También tenemos que hacer todo lo posible para mejorar la cooperación entre los países mediterráneos (asociación Sur-Sur) con el fin de conseguir el tan buscado objetivo de la cooperación y la integración regionales.

Por lo que respecta a los sectores de financiación, opinamos que el aspecto económico de la asociación debe estar encauzado hacia la cohesión social y el desarrollo económico sostenible, sin olvidar que necesitamos una supervisión general y mejorar la actuación en todos los sectores si queremos lograr nuestros objetivos.

La cuestión de la financiación de Palestina constituye una parte importante de nuestro informe y ha sido objeto de creciente interés por parte de nuestros queridos amigos. Entre 1994 y 2006, la Comisión concedió 2 300 millones de euros al pueblo palestino. Los pagos a los territorios palestinos oscilaron entre 232 y 260 millones de euros de 2002 a 2005. Solo en 2006, se aportaron 700 millones de euros, nuestro récord hasta la fecha. Como sabemos por la decisión del Cuarteto del 9 de mayo de 2006, disponemos del mecanismo internacional temporal y la Comisión Europea usó este mecanismo para entregar la suma de 107, 5 millones de euros a sus tres ventanillas, una para las emergencias, otra para infraestructuras y otra para ayudas a los grupos sociales más pobres y vulnerables. Nuestra comisión ha examinado nuestras relaciones con la Autoridad Palestina y la mejor manera de cumplir los requisitos, tanto en lo que respecta a la ayuda política y económica a la Autoridad Palestina en sí como para la canalización de la ayuda humanitaria y, con el fin de actualizar el informe, he propuesto dos enmiendas orales, una al apartado 38, que ahora ha quedado obsoleto y puede suprimirse o modificarse radicalmente, y otra con un nuevo apartado relativo a las decisiones del Consejo, tanto sobre el apoyo al nuevo Gobierno como al compromiso, a través del mecanismo internacional, de adoptar las medidas necesarias para prestar ayuda humanitaria a Gaza. Quiero manifestar que nuestro Grupo político apoya nuestra tarea y creo que también cuento con el apoyo del resto de la Asamblea para este nuevo apartado.

(Aplausos)

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, Comisaria Ferrero-Waldner, Señorías, quisiera dar expresamente las gracias a la ponente. Hemos analizado las recomendaciones y coincidimos en gran parte con la evaluación del el programa MEDA por el Parlamento y, por supuesto, con sus conclusiones.

El informe concluye que la ayuda prestada por el programa MEDA ha sido útil para el fin previsto y que ha constituido una importante aportación a la consecución de los objetivos de dicho programa. Además reconoce que la ayuda ha sido coherente con los planes de desarrollo y las necesidades de los países beneficiarios. Quisiera recalcar esto con especial insistencia, porque aún recuerdo ciertos debates.

El Consejo reconoce los esfuerzos que ha hecho la Comisión, que han permitido una mejora notable de la rapidez y la eficiencia de la planificación en el marco del programa MEDA II.

El programa MEDA ya ha concluido y el 1 de enero de 2007 tuvo lugar la transición al Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, creado especialmente para aplicar la Política Europea de Vecindad.

El Parlamento Europeo ha llamado a desarrollar la cooperación entre los países socios de Europa en la región mediterránea, y esto se está llevando a cabo a través del programa regional meridional del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, al que se asignarán 343,3 millones de euros de aquí a 2010.

Coincidimos en que la consecución de todos los objetivos del Proceso de Barcelona reviste una importancia decisiva para toda la región. El hecho de que a pesar de las tensiones existentes en la región se haya logrado abordar y ampliar temas de forma objetiva viene a demostrar que el Proceso de Barcelona, nuestro diálogo euromediterráneo, sigue siendo el marco idóneo para lograr cambios en la región mediterránea.

A través de su diálogo interparlamentario, la Asamblea Parlamentaria Euro-Mediterránea contribuye de modo importante a profundizar las relaciones Norte-Sur. Todos nosotros, la sociedad civil, los Gobiernos y los Parlamentos, todos tenemos el objetivo, a pesar de nuestras distintas estructuras y responsabilidades, de hacer avanzar la asociación con los países de la región mediterránea y la voluntad de colaborar con este fin.

Permítanme abordar ahora la parte del informe que trata de la ayuda financiera a los palestinos. Sin embargo, antes me gustaría señalar que observamos con gran inquietud los recientes acontecimientos en los territorios palestinos, en particular en la Franja de Gaza. Las duros combates entre Al Fatah y los islamistas radicales de Hamás de la semana pasada se han cobrado más de 100 vidas humanas y han provocado un gran número de heridos.

Las milicias de Hamás se han hecho con el dominio de hecho sobre este territorio, utilizando la fuerza bruta contra las fuerzas de seguridad nacionales legítimas, la población civil y los cooperantes de las organizaciones de ayuda. En vista de ello, el Presidente Abbás se ha visto obligado a disolver el Gobierno de Unidad Nacional, a imponer el estado de excepción y a designar un Gobierno de emergencia. De este modo ha quedado cancelado el pacto entre las facciones palestinas alcanzado con ayuda de las autoridades saudíes en La Meca en el mes de febrero y se ha puesto fin a la participación de Hamás en el Gobierno del país.

La ya de por sí difícil situación humanitaria en la Franja de Gaza ha continuado deteriorándose. Los hospitales están totalmente saturados y carecen de suministros médicos. La gran mayoría de la población de Gaza depende de la ayuda alimentaria. Las organizaciones de ayuda han tenido que suspender parte de sus actividades porque temen por la seguridad de su personal, y lamento decir que con razón, como demuestra la muerte de dos trabajadores del OOPS que quedaron atrapados en el fuego cruzado durante los combates.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han pedido en el Consejo de Asuntos Generales del lunes el fin inmediato de la violencia y expresado al Presidente Abbás su pleno apoyo a sus decisiones. Han acordado la inmediata reanudación de relaciones normales con el nuevo Gobierno del Primer Ministro Fayad y declarado su intención de establecer las condiciones necesarias para poder reanudar la ayuda financiera y práctica directa. Asimismo, los Ministros de Asuntos Exteriores han reafirmado que no quieren abandonar a la población de la Franja de Gaza sin ayuda humanitaria en su actual situación desesperada. En estos momentos se delibera en detalle sobre las demás consecuencias que cabe extraer de esta nueva situación.

La creación por parte de la Unión Europea del Mecanismo Temporal Internacional de financiación, el MIP, en el mes de junio de 2006 ha contribuido de forma importante a satisfacer las necesidades más urgentes de la sufrida población palestina. La estructura del MIP es transparente y este mecanismo ha demostrado ser un instrumento flexible y eficaz.

La Comisión Europea y los Estados miembros prestaron el año pasado más de 300 millones de euros en ayudas a la población palestina a través del MIP y prosiguen con sus pagos incluso en esta situación, en la que estos fondos resulta todavía más cruciales. Esto hay que subrayarlo y destacarlo una y otra vez, porque en ocasiones se pinta un cuadro distinto, incluso en la prensa. Por ello también acogemos con satisfacción la decisión del «Cuarteto» de Oriente Próximo de prorrogar otros tres meses el mandato del MIP hasta finales de septiembre.

En su informe piden ustedes con razón a Israel que entregue a los palestinos los ingresos aduaneros y fiscales que tiene retenidos. También la Unión Europea se lo ha pedido a Israel en varias ocasiones y por última vez en la declaración del Consejo de Asuntos Generales del 18 de junio. El Gobierno israelí ha anunciado –como saben ustedes, hemos mantenido conversaciones con la Ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni– que ahora está dispuesto a liberar los fondos.

Esperamos que con ello la economía palestina reciba el impulso que necesita desesperadamente. Sin una mejora notable en este terreno no se podrá alcanzar una solución política.

La Unión Europea ya ha tomado medidas en otro terreno que usted ha mencionado, a saber, la reforma a fondo de las finanzas públicas, incluido el control financiero y la auditoría. La Comisión ayuda al Ministerio de Hacienda palestino en el desarrollo en curso de estructuras transparentes para el presupuesto palestino.

El objetivo de la Unión Europea sigue y seguirá siendo la solución de dos Estados –Israel y Palestina– que convivan en paz entre ellos y con los vecinos de la región. Queremos contribuir a que las condiciones de vida de los palestinos mejoren de forma duradera en lugar de dedicarnos a la gestión de crisis. Las últimas semanas han dejado absolutamente claro por qué es necesario hacerlo urgentemente.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Kratsa-Tsagaropoulou por su excelente informe. Llega en un momento clave porque tiene que ver con la cooperación con la zona meridional del Mediterráneo, mientras se aplica también la Política de Vecindad reforzada. Hablaré primero de los principales resultados antes de pasar a la situación actual de los territorios palestinos y nuestra respuesta al respecto.

En primer lugar, en relación con los resultados del MEDA durante los últimos 10 años, me complace que el Parlamento tenga una visión positiva de cómo ha contribuido este programa a conseguir los objetivos de la Declaración de Barcelona. Aun puede y debe progresarse más, pero comparto la opinión del Parlamento de que el Proceso de Barcelona sigue siendo el marco más adecuado para la política mediterránea. Este proceso se apoya ahora en la Política de Vecindad, que ayudará a desarrollar relaciones bilaterales y poner en práctica muchas de las aspiraciones de la agenda de Barcelona.

En términos de eficacia y rigor, los hallazgos del Parlamento y del Tribunal de Cuentas animan a la Comisión a seguir mejorando su rendimiento. Es evidente que también tendremos en cuenta las diversas sugerencias de las dos instituciones. Me comprometo a continuar los esfuerzos de la Comisión en este sentido, y ya hemos iniciado una evaluación final del Reglamento MEDA. Los resultados deberían estar disponibles a principios de 2008.

Todos nuestros esfuerzos deben considerarse en el contexto de las mejoras continuas y progresivas de la gestión que la Comisión ha introducido desde 2001. Comparto totalmente la opinión del Parlamento sobre la cuestión de fomentar una mayor cohesión social y un desarrollo económico sostenible. Asimismo, comparto su voluntad de perseguir los objetivos del Proceso de Barcelona según se identifican en el informe. Hemos tomado numerosas iniciativas en este sentido mediante el apoyo temático, por ejemplo en ámbitos como la gobernanza, la democracia y la igualdad de mujeres y hombres. Finalmente, en cuanto a la visibilidad, para mí tiene una gran prioridad personal y en este sentido ya estamos viendo progresos.

Su informe, señora Kratsa-Tsagaropoulou, analiza claramente los puntos fuertes y los puntos débiles del programa MEDA. Reconoce las mejoras que se han conseguido, pero también indica dónde es necesario mejorar más. El nuevo Reglamento ENPI, que está en vigor desde principios de este año, ofrece un enorme abanico de nuevas oportunidades. Por lo tanto, esperamos mantener el diálogo y el apoyo constructivo del Parlamento.

Volviendo a la situación actual en los territorios palestinos, nos encontramos más que nunca en un momento crítico. Seguimos la situación día a día, incluso hora a hora, y de momento estamos abordando las necesidades urgentes y probablemente tendremos que seguir haciéndolo. Como dijo el lunes el Presidente de nuestro Consejo en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, tuvimos una larga e intensa discusión sobre Oriente Próximo. Hubo un amplio acuerdo sobre la necesidad de apoyar al Presidente Abbás y a su nuevo Gobierno, dirigido por el Primer Ministro Fayad. Esto también coincide con la línea que sigue por el «Cuarteto».

Ya se ha dicho que la UE reanudará las relaciones normales con este Gobierno inmediatamente. Al mismo tiempo, no podemos abandonar las necesidades humanitarias de la población de Gaza y nunca abandonaremos a la población palestina.

En relación con la asistencia, se expresó un fuerte deseo de crear las condiciones para una ayuda urgente, práctica y financiera. Eso incluye: ampliar la ayuda de emergencia bajo el mecanismo internacional provisional (MIP) para otros tres meses, esta vez con la plena cooperación de Salam Fayad; continuar con la ayuda humanitaria, inclusive a Gaza; explorar las opciones para relanzar la ayuda financiera directa, incluida la creación de instituciones; apoyar a la policía civil palestina mediante la reanudación del EUPOL COPPS; y esperamos poder reanudar la Misión de asistencia fronteriza de la UE, EU BAM Rafah.

Ya dejé claro ante el Consejo y el Primer Ministro Fayad que reanudar la asistencia directa a la Autoridad Palestina implica determinadas condiciones técnicas –es decir, controlar las condiciones– en lo tocante al control de auditoría y la comprobación de cuentas. Puedo decirles que ya estamos en contacto con el Primer Ministro Fayad y su personal para dilucidar cómo se puede conseguir. En realidad, ayer se celebró una reunión entre mi jefe de delegación y el Primer Ministro.

En un primer paso queremos pagar 22 millones de euros directamente de una reserva para ayudar a liquidar las deudas atrasadas de la Autoridad Palestina, en especial al sector privado para que vea que hay un cierto movimiento.

El MIP también seguirá en vigor, de momento, para canalizar fondos vitales para los palestinos de forma responsable y transparente. Funcionará, como digo, para ayudar al Gobierno Fayad de inmediato. En este sentido, permítanme darles las gracias y expresar mi satisfacción por el acuerdo político sobre los 90 millones de euros adicionales para el MIP. También espero que se puedan acelerar los procedimientos para su adopción.

Como ya ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, lo más importante es que los fondos palestinos retenidos, que tantas veces hemos pedido a los israelíes que liberen, se entregarán finalmente al Gobierno de Mahmud Abbás.

Finalmente, permítanme que aproveche esta ocasión para dar las gracias al Parlamento una vez más por su ayuda, que ha sido, y seguirá siendo, esencial. Con el MIP, una iniciativa europea, hemos prestado una gran ayuda que llega a más de un millón de palestinos en forma de medicamentos, material hospitalario, combustible para servicios públicos esenciales, prestaciones tanto para los pobres como para el sector público. Nada de ello habría sido posible sin su ayuda, y ahora, de cara al futuro, necesitamos también su ayuda para todos los elementos que acabo de mencionar.

  Véronique de Keyser (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (FR) Señor Presidente, el excelente informe de la señora Kratsa, a quien agradezco su trabajo, contiene dos declaraciones importantes.

En primer lugar, la ayuda otorgada a Palestina desde 2003 se ha gestionado bien y sin fraude. Este es un elemento fundamental, que silenciará los persistentes rumores infundados sobre la corrupción en el equipo ejecutivo.

En segundo lugar, lamentablemente, a pesar de las sumas invertidas, el mecanismo de ayuda temporal que se creó tras las sanciones en 2006 contra el Gobierno de Hamás no ha conseguido evitar una tragedia humanitaria: aumento de la mortalidad infantil, aparición de nuevas enfermedades y extrema pobreza en los territorios ocupados.

Dicho esto, desde que se creó el Gobierno de emergencia y se disolvió el Gobierno de Unidad Nacional, la ayuda parece haberse reestablecido milagrosamente e incluso se han devuelto al nuevo Gobierno los impuestos retenidos por los israelíes. Es una gran satisfacción. No obstante, mientras el país, inmerso en la guerra civil, ha quedado dividido, este cambio espectacular exige que consideremos la situación desde un punto de vista distinto. La Unión Europea ha sido responsable de esta política en Oriente Próximo desde enero de 2006. Se trata de una política destinada a aislar a Hamás y privarle de su victoria electoral, que ha ignorado los avances en su plataforma política, sobre cuya base la se constituyó el Gobierno de Unidad Nacional, y se ha negado a condenar a Israel por la detención y encarcelamiento de 45 diputados al Parlamento Palestino. Ahora los extremistas han ganado y se ha establecido una zona prohibida en la región. La fe en la justicia y la democracia ha muerto para los palestinos y la imagen de la Unión Europea está manchada para mucho tiempo.

No, evidentemente no apoyamos las actividades de Hamás. Las condenamos. Pero cuando impera el caos, cuando estalla una guerra civil, llega el derramamiento de sangre y el odio, y yo diría que hemos contribuido a ese caos. Hace meses que el Parlamento Europeo emite señales de alarma y que las ONG piden ayuda. Ni siquiera la ONU permanece ya callada. Lean el Informe do Santos. Somos responsables de este desastre a los ojos de la opinión internacional y si los Estados Unidos han tenido el valor de crear una Comisión Baker-Hamilton que examine su política en Irak, hoy pido la creación de una comisión parlamentaria que evalúe nuestra política europea en Oriente Próximo y sus consecuencias actuales.

PRESIDENCIA DEL SR. BIELAN
Vicepresidente

  Ingeborg Gräßle, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero expresar mi cordial agradecimiento a nuestra ponente. Casi es una lástima que su informe quede ahora en un segundo planto ante la cuestión de si debemos seguir enviando ayuda a esta región en dificultad, porque ahora se trata únicamente de Palestina. Quiero darle las gracias por su notable labor, porque creemos que deberíamos aprender mucho más de nuestra experiencia de cara a futuros programas. Señora Comisaria, una de las cosas que le pediría es que en el futuro evitáramos que se produjeran grandes interrupciones en nuestros programas. La UE se especializa en volver a hacerlo todo cada siete años. Creo que los controladores presupuestarios avanzarían mucho más a la larga si nuestros programas tuvieran una mayor constancia.

Hoy vemos que la actualidad ha superado en varios aspectos el informe de nuestra ponente, quien ha invertido un gran esfuerzo en esta complicada cuestión, sobre todo en lo que se refiere a Palestina, realizando visitas sobre el terreno y con un informe explicativo de la OLAF que implicó largos debates sobre lo que sin duda es la zona más problemática del mundo. Por tercera vez nos enfrentamos a la pregunta de si debemos conceder fondos de la Unión Europea a esta región. En la Comisión de Control Presupuestario respondimos afirmativamente, a pesar de las objeciones de muchos de sus miembros, ante todo por razones humanitarias, ya que sabemos que con este dinero también se realizan cosas positivas sobre el terreno y que este dinero se echaría mucho a faltar si dejara de estar disponible. También el Consejo respondió una vez más anteayer a esta pregunta. Queremos recordar que el Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria y encargada de la aprobación de la gestión, viaja en el mismo barco.

Nosotros también queremos apoyar al Gobierno legítimo de Palestina y por supuesto no pasamos por alto el drama humanitario de Gaza. Pero precisamente porque en Gaza tiene lugar una guerra civil, la Comisión Europea tiene una obligación especial de rendir cuentas ante nosotros y debe cumplir su obligación de rendírnoslas, sobre todo en vista del hecho de que la ayuda presupuestaria es la forma de ayuda más arriesgada.

Me ha complacido que la Comisaria Ferrero-Waldner haya anunciado que los fondos comunitarios estarán cada vez más condicionados al éxito de una política de reformas, incluso en esta región, ya que hay una cosa que nos parece inexcusable: por razones humanitarias y políticas, y también económicas, no podemos tolerar que nuestra ayuda sea desbaratada sistemáticamente una y otra vez.

  Paulo Casaca, en nombre del Grupo del PSE. – (PT) Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Kratsa-Tsagaropoulou, señora De Keyser, Señorías, hoy debatimos el informe de la señora Kratsa-Tsagaropoulou relativo al informe del Tribunal de Cuentas sobre MEDA, el programa europeo para los países del sur del Mediterráneo. El informe se centra en particular en la ayuda comunitaria otorgada a Palestina.

El informe del Tribunal de Cuentas no incluye la ayuda a Palestina. La única institución europea que ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de dicho mecanismo financiero, la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), se ha negado a desvelar su informe. Los miembros de la Comisión de Control Presupuestario no han visto el informe, ni siquiera de forma confidencial.

Por lo tanto, no podemos garantizar el buen uso de los fondos comunitarios en el país. No obstante, políticamente, nos enfrentamos con un grave dilema; por una parte, prestar cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria a un pueblo que es víctima de dirigentes poco o nada preocupados por su bienestar y, por otra parte, asegurar que los fondos comunitarios no se desvíen para la compra de armas, terrorismo, propaganda, adoctrinamiento de niños en particular, racismo, xenofobia y odio, y ataques suicidas, como ha salido a la luz en el caso de los fondos concedidos al Líbano.

Es una cuestión de máxima importancia que exige una respuesta política contundente, basada en la convicción humanitaria de que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, independientemente de su religión o la etnia a la que pertenezcan ellos o sus antepasados; es decir, una política capaz de enfrentarse a la demagogia y la hipocresía.

Por tanto, quiero aplaudir el gesto de esta mañana de las autoridades israelíes al autorizar el libre desplazamiento a Cisjordania de centenares de refugiados palestinos que pasaron varios días retenidos en los túneles de Eretz, tras haber escapado a la ola de terror que azota Gaza. También quiero dirigir un llamamiento sincero y fraternal a las autoridades israelíes y egipcias para que procuren colaborar en la medida de lo posible con las fuerzas internacionales y con el nuevo Gobierno palestino nombrado por el Presidente Abbás para rescatar a los palestinos que huyen de las persecuciones en Gaza, que ya se han cobrado las vidas de muchos de sus habitantes.

Espero que podamos contar, como en muchas ocasiones anteriores, con la colaboración de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) para ayudar a aliviar el sufrimiento en Gaza, siempre y cuando esto no le impida desarrollar otras acciones humanitarias igualmente urgentes para ayudar a los refugiados iraquíes, no solo en Siria y Jordania, sino también en Egipto, Líbano y varios países del Golfo.

En este momento Palestina es el objetivo de una ideología fanática que usa la religión para ocultar su sed de poder y que está devastando el Líbano e Iraq. Cualquiera que siga negándose a comprender esta realidad tendrá que enfrentarse una vez más a unos hechos imposibles de prever.

  Jorgo Chatzimarkakis, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señor Presidente, señor Gloser, señora Comisaria, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la señora Kratsa-Tsargaropoulou, por su informe. Está muy bien elaborado, sobre todo la parte referente al programa MEDA, y señala los pasos que es necesario dar en el futuro. ¡Enhorabuena por trabajo realmente sólido!

Por motivos de actualidad y en vista del breve tiempo de que dispongo, quisiera limitarme al MIP, el fondo de ayuda a los palestinos. El proyecto de informe deja claro que la Comisaria ha logrado en este caso una auténtica obra maestra. Le felicito por ello, señora Comisaria, ya que la UE se vio obligada a suspender completamente el pago de la ayuda a la Autoridad Palestina. No teníamos otra opción. No podemos ayudar a terroristas. No lo hemos hecho anteriormente ni lo haremos en el futuro. Sin embargo, es necesario luchar contra el sufrimiento de las personas dondequiera que se produzca. Con el MIP, la Unión Europea ha encontrado una solución que cumple las elevadas exigencias morales de los europeos para el desembolso de ayuda.

A este respecto creo que es necesario tomar nota de las críticas por los pequeños errores de cálculo e imprecisiones, pero por favor, no las situemos en el centro del debate. Se trata de un proyecto para el que fue necesario hilar muy fino. Todos sabemos que nos encontramos ante ciertas presiones. No estoy de acuerdo con las veladas críticas a la estrategia de los israelíes de retener los pagos fiscales. No podemos acusar a los israelíes de no haber transferido este dinero a los terroristas, así que sería mejor no mencionar este asunto. Además, los acontecimientos actuales han demostrado que fue correcto mantener una prenda que ahora beneficia doblemente al Presidente Abbás y a las fuerzas moderadas. A este respecto quiero elogiar asimismo la decisión de Israel de abrir el paso fronterizo de Eretz por razones humanitarias, ayudando así directamente a los palestinos que huían de Hamás.

Por último, quiero dar las gracias a los cooperantes sobre el terreno, ya que las ayudas debían entregarse a través de personas presentes en el lugar. El Parlamento Europeo quiere agradecerles la ayuda humanitaria que han prestado, cosa que no es nada fácil. A ellos nuestro sincero agradecimiento.

  Adamos Adamou, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, quiero felicitar a la señora Κratsa-Tsagaropoulouon por su duro trabajo, aunque discrepo en algunos aspectos.

No estoy de acuerdo con el señor Chatzimarkakis; me opongo a lo que ha dicho y quiero señalarle sus responsabilidades, señora Comisaria, en su calidad de representante de la Comisión Europea, por la caótica situación que hoy existe en Palestina. Ustedes son responsables porque no permitieron un que funcionara un procedimiento para canalizar la ayuda financiera a un Gobierno llamado de Unidad Nacional. Además, son los únicos responsables de la situación actual, porque insistieron –selectivamente y sin fundamento– en eludir los canales institucionales y el canal directo de la ayuda financiera a un Gobierno de unidad nacional que había aceptado los acuerdos de la OLP y, por tanto, cumplía con las condiciones previas del Cuarteto. Y, por último, de ahora en adelante tenemos que dejar claro que la reanudación de las relaciones financieras directas no puede depender bajo ninguna circunstancia de unas condiciones que dividan a los palestinos y estén al servicio de la política expansionista de Israel.

Señora Comisaria, quiero pedirle que reconozca y asuma sus responsabilidades.

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Gracias, señor Presidente, yo también quiero unirme a mis colegas y felicitar a la Vicepresidenta Kratsa por su interesantísimo informe. Este es especialmente importante y útil en este momento concreto, en el que tenemos que responder al reto de enviar un mensaje de esperanza en una situación que parece completamente desesperada. Este es el reto que tenemos ante nosotros y nuestra respuesta, a pesar de todo, debe ser que seguimos perseverando en nuestros esfuerzos y que tenemos que cobrar ánimos. Señora Comisaria, no me cabe duda que eso es exactamente lo que está haciendo con su entusiasmo; que sigue siendo nuestro rayo de esperanza en estas difíciles circunstancias.

Por eso apoyamos las iniciativas que han adoptado, como el mecanismo MIP, que ahora se renovará. Tendrán nuestro apoyo porque creemos que este mecanismo satisfará los requisitos básicos. También lo tendrán cuando se trate de la posibilidad de aportar ayuda directa a las autoridades palestinas, evidentemente con la condición de que la transparencia financiera esté garantizada, ya que es el deber de este Asamblea asegurarse de que el dinero se gaste de forma transparente.

Es una lástima que no dispongamos de tiempo para hablar de otros aspectos del Mediterráneo, porque sabemos que los fondos MEDA se gastaron en otros países y se gastaron de forma loable. Por ejemplo, el ritmo de utilización de los fondos en países como Marruecos, Jordania y Túnez ha mejorado mucho con el tiempo.

  Proinsias de Rossa (PSE). – (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Kratsa-Tsagaropoulou por su importante informe, que refleja el excelente trabajo que realiza la Unión Europea con el programa MEDA. Pero tengo una queja en relación con el punto N, que no refleja la realpolitik de la situación después de la formación del Gobierno de unidad nacional. Creo que esa referencia concreta debería modificarse para que esa crítica sea más exacta.

La Unión Europea y el «Cuarteto» no respondieron con rapidez ni con suficiente pragmatismo, en mi opinión, a la formación del Gobierno de unidad por parte de representantes de los palestinos elegidos democráticamente. Creo que este fallo nuestro fue la gota que colmó el vaso. Ahora tenemos un golpe de Estado en Gaza que amenaza el tan deseado futuro de paz del pueblo palestino. Sí, hay que condenarlo, pero cualquier político novato podría haber previsto esta situación. En realidad, muchos de nosotros, que somos más veteranos, lo hicimos el mes pasado en esta misma Cámara.

Después de 40 años de brutal ocupación y constante humillación por parte de las autoridades israelíes, junto con el rechazo del mundo a actuar de acuerdo con sus propias normas democráticas y a reconocer la opción democrática de los palestinos, no es de extrañar que Palestina sufra esta crisis ahora. Incluso en esta fase tardía, Europa debe intentar actuar con la colaboración de todos los representantes electos del pueblo palestino para restaurar la confianza en la política, en las negociaciones y en las elecciones.

Debemos hacer todo lo que podamos por recuperar la ley y el orden, que en estos momentos es tan importante para el pueblo palestino como la ayuda humanitaria.

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, la Unión Europea ha destinado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha ayuda presupuestaria a la cooperación entre los países del Mediterráneo. La suma de los dos programas MEDA supone más de 7 000 millones de euros en compromisos y más de 600 millones de euros anuales.

Las acciones MEDA, a nuestro entender, han sido uno de los grandes éxitos de la Unión Europea y han contribuido no solamente al desarrollo económico sino, fundamentalmente, al desarrollo democrático y a la defensa de los derechos humanos en toda la Cuenca del Mediterráneo.

Creo que gran parte de todo el tejido asociativo de la sociedad civil en los países del Mediterráneo debe su existencia a la labor del programa MEDA. Por tanto, estamos muy orgullosos de que la ejecución de este programa, en todas sus vertientes, sea muy buena.

Palestina siempre ha sido polémica desde un punto de vista presupuestario; es la parte más conflictiva del programa MEDA. La ayuda directa a Palestina es muy difícil de controlar, como ha dicho algún colega, tanto en su destino como en su aplicación. Quiero recordar que en la legislatura pasada tuvimos una comisión de investigación sobre la ayuda presupuestaria directa, de la cual yo mismo formé parte, y como resultado de la cual y de sus conclusiones se sacaron una serie de enseñanzas y de medidas que sirvieron, entre otras cosas, para la creación de ese mecanismo de intervención transitoria.

Por supuesto, hoy nos encontramos en una situación en la cual la realidad humanitaria y política supera todas las prevenciones que, desde el punto de vista del control presupuestario, podemos tener sobre esa ayuda presupuestaria.

Por tanto, me uno al sentir de esta Cámara, prácticamente unánime, de que estamos completamente de acuerdo con esta muestra de confianza que depositamos en el Gobierno palestino. Sabemos que la ayuda presupuestaria directa es muy difícil de controlar, pero todos hacemos un voto de confianza para que con la ayuda de todos podamos llevarla adelante.

  Jamila Madeira (PSE). – (PT) Señor Presidente, aunque el programa MEDA es bastante nuevo, ya ha obtenido resultados positivos sobre el terreno, al otro lado del Mediterráneo. Pero aún queda camino por recorrer, antes de que sea verdaderamente eficaz y las personas que se benefician directa o indirectamente de él lo reconozcan.

Tras comprobar lo que MEDA ha hecho en Gaza y Cisjordania, acojo con satisfacción las sugerencias que formula la señora Kratsa-Tsagaropoulou en el informe, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarla. Estoy de acuerdo en que es necesario concentrar el apoyo y los esfuerzos en ámbitos específicos, pero también se deben ampliar a otros ámbitos que puedan resultar fructíferos a corto plazo sin necesidad de una gran inversión, como es el caso de los microcréditos.

Estamos pasando un período de cambio en Palestina, que muy pronto debería dar paso a la reanudación de la ayuda financiera internacional y, finalmente, al fin de la confiscación ilegal por parte de Israel de los ingresos en concepto de derechos de aduana de un pueblo y un Gobierno que están literalmente estrangulados, sin alimentos, sin ingresos económicos y sin un futuro por el que luchar.

Salam Fayad nos ha dado garantías de competencia y responsabilidad política. Nos corresponde a nosotros, la Unión Europea, darles los recursos, tanto a través de la ayuda financiera canalizada a los territorios como desbloqueando la circulación de personas, bienes y servicios en Cisjordania, dado que el bloqueo hace inviable el efecto multiplicador de esta ayuda. Para que esto suceda necesitamos una Unión Europea activa en lugar de reactiva.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias una vez más a la ponente, pero también a ustedes, por este debate y sus intervenciones que han puesto de manifiesto la importancia de lanzar el Proceso de Barcelona iniciado hace diez años y de formular una política a este fin. Se trataba asimismo de un intento de hallar nuevos instrumentos.

Algunos de ustedes han señalado que este programa ha servido para mejorar la política y las infraestructuras en estos países. Si observamos algunos países situados en la orilla meridional del Mediterráneo veremos que por desgracia aún no se han alcanzado algunos objetivos. Algunos de ustedes han manifestado que se requiere una mayor eficiencia en este terreno. La continuidad del Instrumento Europeo de Vecindad, sin embargo, desempeñará un papel importante en la consolidación de este diálogo euromediterráneo.

Quisiera hablar una vez más de la situación especial de los palestinos. Ya se ha mencionado en varias ocasiones que la Comisaria ha encontrado una vía en esta difícil situación, por lo cual ha recibido merecidos elogios. También debemos decir que tenemos que ayudar. Pero si prestamos ayuda –y en ocasiones nuestro enfoque se guiará por criterios pragmáticos– no se puede criticar de pronto el procedimiento al cabo de tres meses. Sin embargo, señora Comisaria, creo que se ha encontrado el camino para ayudar realmente en la situación actual.

Ya dije ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores que es necesario diferenciar entre causa y efecto. La Unión Europea siempre ha indicado la forma en que pretende apoyar el proceso la región de Oriente Próximo en sentido amplio, pero también dije, en relación con el reconocimiento del Gobierno tras las elecciones, que debían cumplirse determinados criterios, a saber, la renuncia a la violencia, el mantenimiento de la «Hoja de Ruta» y el reconocimiento del Estado de Israel, es decir, que son exigencias formuladas desde hace tiempo. Es importante saberlo, pues ya hemos hecho la parte que nos correspondía. Yo no echaría siempre toda la culpa a la falta de reconocimiento de Gobiernos o a la insuficiencia de recursos.

El Consejo de la Unión Europea pidió y logró igualmente hace poco que Israel hiciera una importante concesión, a saber, la de liberar los fondos congelados. Sin duda, ello se debió también a las negociaciones con los palestinos. En este aspecto pronto se obtendrán resultados –como manifestó la Comisaria en el debate con los Ministros de Asuntos Exteriores del lunes pasado–, porque es importante que la ayuda llegue tanto a Cisjordania como a la Franja de Gaza.

  Benita Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, es muy importante reconocer que existe una importante relación entre el programa MEDA y la nueva Política de Vecindad. Es cierto que hemos conseguido muchas cosas: los países mediterráneos colaboran ahora con nosotros, por primera vez, no solo de forma multilateral, sino también bilateral, es decir, no solo a través de los programas mediterráneos y el de Barcelona, sino también de forma bilateral en el Programa de Vecindad.

El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación es un instrumento especial que se basa en el Reglamento MEDA en lo que se refiere a su programación e implementación. Sin embargo, hemos intentado centrar y concretar un poco más para mejorar su eficiencia.

En cuanto al programa ECHO, el señor Michel, que es el responsable, ha hecho todo lo posible; este año se han asignado ya 60 millones de euros de los fondos de ECHO a los palestinos a través de organizaciones de las Naciones Unidas y ONG.

Permítanme que hable brevemente sobre la OLAF. Como saben, el director general mencionó que tiene que respetar las diversas normas y reglamentos de la OLAF. Pero al mismo tiempo ha entregado un resumen de las principales conclusiones, de unas 10 páginas aproximadamente, en un informe especial dirigido a la Comisión de Control Presupuestario. También se ha ofrecido a asistir a esa comisión para responder a preguntas en una sesión a puerta cerrada. Pero debo dejar claro que se referiría solo al dinero de los años 2001-2003, y no al del último período.

Permítanme que vuelva a la difícil cuestión de Palestina y nuestra financiación al respecto. En primer lugar, sus Señorías saben que se trata de una política de la Unión Europea, no solo de una política de la Comisión, y, por lo tanto, son los Estados miembros los que deciden por unanimidad la política a seguir; nosotros hemos intentado apoyar esto tanto como hemos podido. Por consiguiente, cuando se formó un Gobierno de unidad nacional, no perdimos mucho el tiempo: celebré mi primera reunión con Salam Fayad al cabo de una semana. Ya me había reunido con él antes de que estuviera en el Gobierno, e intentamos analizar qué se podía hacer. Fue él quien dijo que debíamos tener paciencia: ustedes tienen un Mecanismo Temporal Internacional, así que de momento utilícenlo. Sin embargo, estoy obligado a emitir una orden al Ministerio de Finanzas, a la cuenta única del Tesoro. Después abrió también una cuenta especial de la OLP, pero nunca llegamos a utilizar esa cuenta. Tenía que haberse utilizado para el dinero de los países árabes, en concreto, y quizás también para el dinero israelí que, al final, no se materializó.

Por lo tanto, debe quedar claro que eso era una política de la UE. Ahora la situación es distinta, y hemos reaccionado inmediatamente, al igual que el «Cuarteto». Acabo de resaltar lo que se puede hacer en relación con esta política.

En respuesta al orador que ha mencionado los microcréditos, queremos ayudar a la economía a arrancar y, por ese motivo, estamos pagando deudas atrasadas a los empresarios con dinero de los 22 millones de euros que estaban en el programa de reserva. No se había hecho durante mucho tiempo y ahora lo hemos activado; por lo tanto, también tendremos un buen control financiero al respecto.

En conjunto, hemos hecho lo que hemos podido y siempre hemos tenido en cuenta que el pueblo palestino no debería sufrir. Intentamos al menos prestarles ayuda.

  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el jueves, 21 de junio de 2007.

12. Delincuencia juvenil: papel de las mujeres, la familia y la sociedad (debate)

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0212/2007) de la señora Batzeli, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre la delincuencia juvenil: el papel de las mujeres, la familia y la sociedad (2007/2011(INI)) .

  Katerina Batzeli (PSE), ponente. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento Europeo abre hoy el debate sobre la delincuencia juvenil, un debate que crece continuamente debido al aumento tanto de casos sin resolver como de infractores y víctimas, y a una sociedad preocupada y con frecuencia estigmatizada que reacciona de manera fragmentaria porque, o bien ve a los jóvenes como un signo de los malos tiempos que corren exigiendo un castigo para ellos para que sirva de ejemplo, o demuestra indiferencia ante su suerte, o destaca las causas y la importancia su reintegración en la sociedad.

Es extremadamente difícil establecer las causas exactas del comportamiento infractor de un menor, ya que cada acción concreta se expresa en el marco de un complejo proceso de socialización y control social por parte del menor. No obstante, es posible realizar dos constataciones seguras. En primer lugar, la delincuencia juvenil no es, en ningún caso, una enfermedad atribuible a anomalías físicas, intelectuales o mentales. En segundo lugar, para analizar el comportamiento, infractor o no, de los menores debemos examinar el entorno en el que desarrollan su personalidad: la familia, la escuela, los amigos y la sociedad. Además, en particular en nuestros días, hay también factores externos que influyen en sus vidas, como los medios de comunicación, la tecnología y, especialmente, Internet, que provocan una inmersión súbita de los menores en el mundo adulto, lo que con frecuencia provoca una reacción violenta.

El propósito de nuestro informe no es intervenir en los tribunales nacionales ni en los diferentes sistemas penales, ya que nuestra comisión no tiene competencias en este campo y el papel que puede desempeñar el Parlamento Europeo es muy limitado. Nuestro objetivo es poner de relieve las mejores prácticas aplicadas a escala nacional, intensificar el intercambio de información y experiencias, establecer contactos entre las agencias competentes y proporcionarles apoyo institucional, organizativo y económico. La experiencia adquirida por cada Estado miembro supone para los demás un indicador importante del hecho de que existen métodos innovadores y alternativos que pueden funcionar más eficazmente que los métodos tradicionales de encerrar y tratar como criminales a los menores infractores.

Hace falta una estrategia integrada a escala nacional y europea que aúne las diferentes medidas sobre tres pilares básicos: mecanismos de prevención, mecanismos de reinserción social para menores y mecanismos de intervención judicial y extrajudicial. Sin embargo, a la hora de diseñar y poner en marcha una política nacional y comunitaria integrada, resulta sumamente importante que todos los organismos competentes, las autoridades locales y regionales, la comunidad escolar, la familia, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación tengan una participación social directa. Tal y como se expone en los apartados del informe, la Comisión Europea debe establecer las siguientes prioridades inmediatas:

En primer lugar, debe crear un Observatorio Europeo de la delincuencia juvenil a partir de observatorios nacionales.

En segundo lugar, debe instalarse a escala comunitaria un número de teléfono para niños.

En tercer lugar, deben plantearse políticas básicas que se centren en la divulgación de información, en la promoción de la integración de medidas preventivas en los programas comunitarios existentes y en la publicación de un estudio en colaboración con una red de expertos nacionales, con miras a la presentación de una comunicación de la Comisión y a la elaboración de un programa marco integrado para combatir la delincuencia juvenil, todo ello financiado por una nueva partida presupuestaria del presupuesto comunitario.

Entre las acciones básicas del programa se pueden incluir medidas que persigan la difusión de las mejores prácticas de prevención, sistemas de medición y análisis desarrollados para el tratamiento de los menores infractores, como el de la justicia restaurativa, el desarrollo de un modelo europeo para la integración y la protección social de los jóvenes y de los delincuentes juveniles y, sobre todo, la creación de una red que conecte los servicios competentes de las administraciones locales y regionales.

Señor Comisario, dado su conocimiento político y sus propuestas sobre los derechos del niño, sería aconsejable que incluyese esta preocupación del Parlamento Europeo en un plan europeo para jóvenes. Dicen que los niños malos suelen ser niños tristes. Démosles una razón para sonreír.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, me complace este informe y apoyo las principales recomendaciones de la ponente, la señora Batzeli. De hecho, la delincuencia juvenil es uno de los retos que debemos abordar en nuestras sociedades modernas. Les pondré un ejemplo: un estudio reciente llevado a cabo por la Red Europea de Prevención de la Delincuencia sobre el acoso escolar demostró que este fenómeno era, y sigue siendo, un problema grave en Europa, que implica entre uno de cada siete y uno de cada tres alumnos durante un período de escolarización determinado.

Como primera medida, necesitamos mejorar nuestro conocimiento del fenómeno recogiendo los datos pertinentes. Las estadísticas recogidas a escala nacional no se pueden comparar fácilmente debido a las diferencias jurídicas entre Estados miembros y a las diversas formas de elaborar estadísticas oficiales sobre la delincuencia. La Red Europea de Prevención de la Delincuencia ha realizado un trabajo notable en los últimos cinco años para mejorar la calidad y la comparabilidad de las estadísticas de la justicia penal de los Estados miembros. Además, el sitio web de la Red se ha convertido en un instrumento eficaz para facilitar información, tanto para los profesionales como para el público en general, sobre las políticas de prevención de los Estados miembros.

Asimismo, el plan de acción quinquenal sobre estadísticas, adoptado por la Comisión el mes de agosto pasado, incluirá y valorará también la delincuencia juvenil y la justicia juvenil, para que podamos tener una visión más amplia de este fenómeno a escala europea. Gracias a ello podremos identificar mejor las necesidades políticas y desarrollar indicadores, teniendo en cuenta el trabajo actual de las organizaciones internacionales, y seguramente podremos desarrollar una estrategia de prevención de la delincuencia juvenil a escala europea.

La prevención es sin duda un aspecto clave de esta cuestión y comparto la opinión de la ponente de que no podemos utilizar solo medidas represivas para afrontar este problema. Debemos trabajar sobre una base interdisciplinar y multiinstitucional. En concreto, políticas como la planificación del territorio, la vivienda social, la inclusión social, la educación y la formación, la lucha contra la discriminación y las medidas antirracistas, así como la integración de los inmigrantes, desempeñan un importante papel en la prevención de la delincuencia, en particular la delincuencia juvenil.

Además, la experiencia de las redes que trabajan en actividades de prevención de la delincuencia urbana y juvenil demuestra que todas las actividades sociales encaminadas a mejorar el entorno, como el trabajo en los espacios públicos, la renovación de plazas, el alumbrado, la limpieza de calles, la política de vivienda, los equipamientos y servicios de acción social, ayudan a reforzar la política activa y duradera de prevención de la delincuencia, destinada a los jóvenes.

La prevención de la delincuencia también debe suponer una contribución eficaz a las políticas comunitarias de seguridad, con las que se pretende evitar la aparición de riesgos, y en concreto fomentar una sociedad sana y generosa que ofrezca a los jóvenes el entorno social necesario para que tengan una sensación de identidad, integración y una vida llena de significado. Debemos ser conscientes de que los Estados miembros y las autoridades locales deben asumir la principal responsabilidad respecto a la aplicación de unas políticas eficaces para la prevención de la delincuencia. Y eso es aún más cierto cuando hablamos de delincuencia juvenil, que ocurre típicamente a escala local. Así pues, las autoridades locales son las principales responsables de abordar el problema, idealmente con la ayuda de las autoridades nacionales.

Sin embargo, la cooperación y la ayuda a escala europea pueden desempeñar un papel importante sin sustituir las políticas nacionales de los Estados miembros. Ya he mencionado el importante trabajo de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia en la recogida de datos y la facilitación del intercambio de información. Pero la red también ha tenido un papel importante en el intercambio de experiencias y de mejores prácticas entre Estados miembros en relación con políticas de prevención eficaces. Además, el año pasado empezó un estudio comparativo exhaustivo de la delincuencia juvenil en todos los Estados miembros de la UE, así como en los países candidatos, que se completará a finales de este año. Por supuesto, lo pondré a su disposición. Esos estudios nos ofrecerán una base sólida para el desarrollo de una futura política europea en este ámbito.

En los últimos años se ha prestado una ayuda financiera notable a iniciativas políticas de prevención de la delincuencia a través de varios programas financiados por la Comunidad. A través de los programas Hipócrates y AGIS, la Comisión ha cofinanciado más de 120 proyectos transnacionales en los últimos cinco años en ámbitos como el diseño de entornos urbanos seguros, el intercambio de mejores prácticas en materia de delincuencia urbana y juvenil y el desarrollo de buenas prácticas en el sistema judicial juvenil.

Asimismo, para responder a la necesidad de una acción firme contra la violencia entre niños y jóvenes, incluido el acoso en las escuelas, la Comisión ha financiado y seguirá financiando varios proyectos sobre la violencia y el acoso entre compañeros a través del programa Daphne II, que será reemplazado por Daphne III. La insistencia en el acoso escolar ha aumentado en los últimos años, como ya se ha dicho, y existen varios proyectos interesantes en curso. La nueva generación de programas financieros de las nuevas perspectivas financieras en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad, en especial el programa «prevención y lucha contra la delincuencia», junto con Daphne III, ofrecerán una ayuda financiera considerable a los proyectos nacionales y transnacionales en este terreno.

Finalmente, todo ello se verá complementado en el mismo período 2007-2013 con una financiación adicional considerable en el ámbito de educación y formación, juventud, cultura y ciudadanía. Estoy seguro de que conocen ustedes el nuevo programa Juventud en Acción. Como ya he dicho, la educación es uno de los puntos esenciales para prevenir la delincuencia juvenil, de modo que esos programas constituyen otra aportación importante a las políticas de prevención a largo plazo.

  Esther Herranz García, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero reconocer la labor de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como la de los expertos que vinieron a la audiencia pública que celebramos, porque con sus aportaciones nos han transmitido conocimientos muy valiosos a la hora de abordar el fenómeno de la delincuencia juvenil en Europa. Igualmente, quiero felicitar a la señora Batzeli por este informe y a los colegas por su esfuerzo y su trabajo.

Pero el aumento de la delincuencia juvenil en Europa es un fenómeno que no podemos ignorar. Los menores que delinquen cada vez son más jóvenes, lo cual resulta extremadamente preocupante. Por eso es necesario que desde el Parlamento Europeo hagamos un llamamiento a los Estados miembros para que en común intercambien experiencias y aporten soluciones para reducir este fenómeno.

Para ello también es importante no solo crear una estrategia coherente y eficaz sino también tener en cuenta el papel específico que desarrollan la familia, los educadores y la sociedad en general en la formación de los valores de los jóvenes. Quiero hacer una especial mención del papel que debemos desempeñar los políticos en este asunto y, por ello, doy la bienvenida a la iniciativa que se llevó a cabo en La Rioja, donde se creó la figura del animador extraescolar, una persona cercana a los jóvenes que comparte con ellos sus momentos de ocio fuera de las aulas y que potencia su desarrollo y su inserción social. Ahora podemos potenciar esa iniciativa con programas más ambiciosos, como los que ha explicado el señor Comisario.

Pero, hablando de violencia juvenil, no podemos olvidar la actualidad social. Señorías, el día 17 de mayo de 2003, Sandra Palo, una joven española de 22 años con discapacidad psíquica, fue secuestrada, violada, atropellada varias veces y quemada viva por cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Tras cumplir cuatro años de internamiento en un centro de menores, uno de ellos saldrá en libertad uno de estos días.

Señorías, la libertad conlleva responsabilidad y nuestras sociedades, que son libres, tienen que ser responsables. Si queremos que casos como el de Sandra Palo no vuelvan a repetirse, debemos huir de cualquier mensaje que genere sensación de impunidad en los menores y adoptar medidas eficaces que devuelvan a los ciudadanos la confianza en el sistema.

  Lissy Gröner, en nombre del Grupo del PSE. – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, antes que nada quisiera dar las gracias a la señora Batzeli por este informe, elaborado a iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Me complace sobremanera que hayamos recibido hoy este variado y muy amplio conjunto de propuestas para adoptar medidas contra la delincuencia juvenil. Su aplicación corresponde en primer lugar a los Estados miembros, pero la Unión Europea tiene también la responsabilidad de hacer frente a este creciente fenómeno. El Comisario ya ha presentado la estrategia sobre los derechos del niño. Esta es sin duda otra contribución al esfuerzo por desarrollar algo conjuntamente. No debemos esperar a que ardan de nuevo los suburbios para hacer algo.

Antes que nada debemos contar con un planteamiento de integración para resolver los problemas sociales. Debemos intentar reducir el desempleo juvenil y la pobreza entre los jóvenes, así como eliminar las dificultades sociales. Disponemos de los Fondos Estructurales, que podemos seguir utilizando y que brindan numerosas posibilidades a los Estados miembros. Señor Comisario, usted ha señalado muy claramente que el programa Daphne ofrece un sinfín de oportunidades realmente buenas para hacer frente a escala transfronteriza al fenómeno de la violencia y que el programa Juventud en Acción también ofrece medidas útiles con este fin.

Sin embargo, creo que los Estados miembros deben ofrecer una ayuda psicosocial eficiente a las familias con problemas. Debemos reforzar el papel de la escuela en la lucha contra la violencia y la delincuencia juvenil. En ese terreno tenemos la responsabilidad de ayudar con nuestro programa de aprendizaje permanente. Considero que es necesario hacer más hincapié en la responsabilidad de los medios de comunicación. Esto incluye la responsabilidad de frenar la proliferación de escenas de violencia. Creo que es necesario prohibir los vídeos y juegos violentos para jóvenes.

Quiero dar las gracias al señor Comisario. Gracias a la línea de atención telefónica para niños y jóvenes contribuimos a que se apoye y se escuche mejor a los jóvenes.

  Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, transmito mis felicitaciones a la ponente por su excelente informe sobre este tema de máxima importancia, que afecta, directa o indirectamente, a la vida de todos los ciudadanos.

Numerosos estudios nos indican que la delincuencia juvenil va en aumento en Europa y que es un fenómeno de lo más deprimente y preocupante en nuestros días, que supone una grave amenaza para el futuro de nuestra sociedad. Hay que hacer algo para detener y si es posible invertir esta tendencia.

La señora Batzeli ha abordado el problema en detalle hablando de aspectos como la etiología, la prevención y el tratamiento de la delincuencia. Considero que el enfoque preventivo reviste una importancia particular y, en este sentido, es esencial el papel de la madre, el padre, la familia en general, la escuela y la sociedad. Dicho esto, quiero señalar que en mi opinión no es el papel de las mujeres, sino el de las madres, el que preocupa en este contexto. También quiero comentar que el papel del padre es igual de importante y que quizás debería incluirse en el título del informe.

También observo con tristeza que este informe ha sido aprobado solo por mujeres en una comisión que, por lo que yo sé, y corríjanme si me equivoco, es una comisión formada solo por mujeres. No acabo de entender del todo por qué es así desde el punto de vista práctico e institucional. No obstante, cabría esperar más aportaciones de hombres en las deliberaciones de la comisión sobre este informe. No sé por qué no ha sido así.

Parece que la delincuencia juvenil es, al menos hasta cierto punto, un efecto secundario de la denominada vida moderna y las exigencias que sus complejas necesidades socioeconómicas imponen a los progenitores. Quizás en nuestras ansias de riqueza y promoción profesional, que en muchos casos requiere que tanto el padre como la madre estén fuera del hogar durante muchas –demasiadas– horas cada día, nosotros, los padres, hemos rebajado la prioridad que tienen los hijos.

Con motivo del debate de este informe, estaría bien instar a los padres a efectuar una pausa y reflexionar a fondo sobre qué es lo más importante en su vida: ¿obtener más ingresos o pasar más tiempo con sus hijos? Los progenitores conocen la respuesta.

  Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señor Presidente, la delincuencia juvenil es un fenómeno de masas que, desafortunadamente, va en aumento. No podemos evitar preguntarnos: ¿por qué? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué métodos y modelos debemos adoptar en la lucha contra la delincuencia juvenil?

Hay quien nos pide que abandonemos completamente los métodos restrictivos y nos centremos en la acción preventiva y en el fomento de la solidaridad social. Otros reclaman el fortalecimiento del papel de la familia y de las escuelas. También hay extremistas que piden que estos jóvenes delincuentes sean puestos en aislamiento.

Lamentablemente, los conceptos y análisis más generalizados no suelen contemplar las causas principales que hay detrás de una educación fallida. Entre ellas se incluye la globalización, que empeora la situación económica de las familias, así como la migración laboral en masa y la ruptura de los lazos familiares y del contacto entre padres e hijos, fundamental para la educación de los niños.

Además, los jóvenes se ven corrompidos por la amplia disponibilidad de material poco ético e inmoral que promueve la agresión y la violencia. Existe menos cooperación entre los padres, los organismos socioeducativos y las escuelas. Ha habido una ruptura con las tradiciones culturales y se ha debilitado el papel que la Iglesia desempeña en la educación de los jóvenes. No se han propuesto soluciones positivas y alternativas.

Es como si el corazón y el pensamiento de los ricos y poderosos hubiese ensordecido por el crujir de los billetes. El dinero es ahora más importante que la humanidad. Ha aplastado el humanismo y la fe en nombre del bien común.

  Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente. Sabemos que la inclusión de la delincuencia juvenil en el orden del día de la UE constituye un paso importante y que el programa marco comunitario envía una señal realmente positiva.

Es cierto que en primer lugar debemos utilizar medidas preventivas para que los niños y jóvenes no se tornen violentos y que haya localidades que se conviertan en hervideros de conflicto social. Sin embargo, me parece lamentable que tantos de los diputados presentes asientan con la cabeza cuando alguien culpa a los padres que trabajan, al tiempo que esos mismo diputados observan impasibles o incluso son cómplices del cierre de centros para jóvenes y niños, cuando los niños se ven prácticamente en la calle y la sociedad les niega la oportunidad de buscar activamente la realización de objetivos.

Hay una cuestión clave que considero sumamente importante, a saber, el de la presencia de la violencia en los medios de comunicación. Me parece lamentable, Comisario Frattini, que haya hablado usted tan poco de este tema y que en su informe sobre la protección de los niños el mismo se aborde tan brevemente. Sabemos que los niños están en contacto desde una edad muy temprana con películas de terror, imágenes pornográficas y escenas violentas. En Alemania, a las diez de la noche aún hay 800 000 niños delante del televisor y, como sabemos, en los Estados Unidos un joven de 18 años ya ha visto más de 200 000 escenas de violencia. Esto viene a destacar la importancia de que nos ocupemos de este tema. Los juegos de asesinos que enseñan a los jóvenes a matar por medio de la simulación, ya sea en el teléfono móvil o en la realidad, embotan su sentido de la empatía. Me habría gustado que la Comisión hiciera más en este terreno.

Presentaremos enmiendas al informe sobre los derechos del niño. Es necesaria una prohibición. Los Estados miembros deben examinar con más detenimiento si no deben mejorar la protección de menores en el sector de los medios de comunicación. No debemos apartar la vista, ni minimizar ni quitar importancia a este fenómeno.

  Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señor Presidente, no se puede hablar de delincuencia juvenil sin analizar las causas subyacentes. Después de todo, debemos centrar nuestra atención en las medidas de prevención, que son muy necesarias.

La raíz del problema, no lo olvidemos, está en la intensificación de las políticas neoliberales que han llevado a la desigualdad social y territorial, al desempleo juvenil –cuyas consecuencias son mucho más graves que las del desempleo en general–, a elevados niveles de pobreza y de exclusión social debidos a los bajos salarios y al deterioro de los sistemas de prestación social, por no mencionar la debilitación de los servicios públicos y el impacto que el trabajo precario tiene sobre las vidas de las familias y sobre la educación de niños y adolescentes.

De ahí la necesidad de un cambio radical en las políticas que han generado esta situación. Ha llegado la hora de detener estas estrategias. Las condiciones de vida de las familias deben mejorar para que los niños y los jóvenes reciban más atención. Por consiguiente, los trabajadores necesitan más derechos, incluyendo mejores salarios y menos horas de trabajo sin por ello perder ingresos. También se necesitan mejores servicios públicos, incluyendo educación, sanidad, vivienda y protección social. Sin embargo, sabemos que todo esto requiere de directrices políticas nacionales y comunitarias que den prioridad a la gente frente a la competitividad y a los beneficios de los grandes grupos económicos y financieros.

Es hora de defender los valores consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, tal y como sugerimos en las propuestas que hemos presentado. También enfatizamos la importancia de que los magistrados que trabajan con menores, y todos aquellos que trabajan en tribunales de menores, posean una capacitación especializada, para invertir así en prevención antes de que sea demasiado tarde.

  Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM. − (PL) Señor Presidente, el aumento de la delincuencia juvenil está inextricablemente ligado al creciente deterioro y descomposición de la unidad familiar, así como al fomento de un enfoque feminista sobre el papel de la mujer. Según este enfoque, la maternidad se considera una carga y un obstáculo para la realización personal de la mujer.

Los delincuentes juveniles provienen en su mayoría de hogares rotos o disfuncionales, y suelen ser criados por madres solteras que se enfrentan a más problemas que aquellos de índole material. Problemas emocionales en la relación entre los progenitores, utilización de métodos poco éticos y amorales para la educación de los hijos, modelos de conducta delictivos, condiciones de vida inapropiadas, carencias educativas y falta de tiempo dedicado a los hijos por parte de los padres: todo ello provoca sentimientos de rechazo e inseguridad. También produce una actitud de antipatía hacia el resto de la gente. Un niño que haya sido privado del vínculo con sus padres suele manifestar una tendencia hacia un comportamiento desviado y delictivo antes de cumplir los cinco años. Estos niños se convierten en individuos antisociales debido a que la pérdida del vínculo afectivo que les une a la gente importante en su vida supone el mayor mal imaginable.

Otro problema aparte es el impacto negativo de la educación liberal, donde nada es obligatorio o está prohibido. Los medios de comunicación promueven también una forma de vivir hedonista y hay un ambiente de violencia y agresión que va en aumento, lo cual afecta incluso al mundo de la política. No debemos olvidar el papel desempeñado por el alcohol y la adicción a la nicotina, así como la fuerza destructora de la drogodependencia y de la estratificación social: todo ello se traduce en una reacción violenta. La prevención debe basarse, sobre todo, en la renovación de los principios éticos y morales en todos los aspectos de la vida. También necesitamos legislación y acciones preventivas, junto con medidas judiciales y extrajudiciales. A su vez, tenemos que devolver a las mujeres su condición de protagonistas. Una mujer que sea simplemente usada para cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa no será capaz proporcionar a sus hijos una educación adecuada.

Una sociedad crecientemente disfuncional − no solo en cuanto a delincuencia se refiere − necesita de nosotros para el restablecimiento del respeto por la dignidad humana, del papel de la maternidad y de la familia. Solo los niños que están rodeados de amor y que crecen de acuerdo a unas normas morales tienen la oportunidad de no quebrantar ni los principios éticos ni la ley.

  Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, în numele grupului ITS. – (RO) Raportul doamnei Bazeli tratează o gamă foarte largă de aspecte privind delicvenţa în rândul tineretului, prezentând în mod corect cauzele acestui fenomen extrem de grav, aflat în plină expansiune pe diverse paliere, atât în statele Uniunii Europene, cât şi în afara ei. Mă voi referi la două aspecte pe care nu le-am găsit semnalate în raport, şi anume:

1. Biserica - indiferent cărui cult îi aparţine, poate şi trebuie să aibă un rol din ce în ce mai important în sistemul educaţional al copiilor şi tineretului, în şcoală şi înafara şcolii. Cooperarea bisericii cu şcoala şi familia este benefică în prevenirea unor alunecări nedorite a tinerilor pe panta infracţională, în formarea unei mentalităţi sănătoase şi corecte despre viaţă, dar şi pentru recuperarea unor tineri aflaţi în situaţii critice. Educaţia religioasă în şcolile de toate gradele este cvasi-absentă. Ea ar trebui să-şi recapete locul pe care l-a avut în urmă cu mulţi ani.

2. Spiritul de disciplină şi de responsabilitate al tinerilor faţă de familie şi societate, faţă de chiar viaţa lor, lasă mult de dorit ca urmare a unor multiple cauze analizate, de altfel, în raport. În plus, în statele foste comuniste, constrângerile exagerate la care au fost supuşi tinerii generaţii după generaţii, au fost înlocuite acum, în ultimii şaptesprezece ani, într-o măsură mult prea mare, cu un libertinaj deschizător al unor periculoase alunecări, spre negarea valorilor naţionale şi europene şi copierea unor aşa-zise modele extrem de dăunătoare pentru formarea civică şi profesională a tinerilor.

Ca profesor şi ca pedagog, apreciez în mod deosebit efortul doamnei Bazeli pentru analizarea acestei problematici atât de complexe şi o rog să se aplece cu bunăvoinţă asupra celor mai sus amintite.

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) En esencia, la delincuencia juvenil es más peligrosa que la adulta, porque afecta a un sector de la población sumamente vulnerable en una etapa en la que su personalidad se está formando y porque expone desde muy pronto a los adolescentes al riesgo de la exclusión social. La delincuencia juvenil es actualmente aún más desconcertante debido a su carácter generalizado y se ve impulsada por la reducción de la edad a la que comienza la conducta delictiva y por el número creciente de infracciones cometidas por niños menores de 13 años. Además, los delitos perpetrados son cada vez más crueles.

Acojo con satisfacción el informe de la señora Batzeli, que expresa con claridad las causas de la delincuencia juvenil e intenta hallar respuestas para poder eliminarla gradualmente. Los últimos estudios psicológicos indican que la familia es el primer y único lugar donde el niño aprende a amar, a respetar y a ser respetado. La mayoría de los jóvenes delincuentes provienen de familias disfuncionales, en las que ni los progenitores se ocupan de sus hijos ni el niño recibe el amor, la comprensión y el apoyo necesarios. Hace mucho tiempo que Platón consideró a la familia como la unidad fundamental de la vida social y el lugar principal de educación. Augusto Comte calificó la familia de puente entre el individuo y la sociedad, y subrayó su papel fundamental dentro de la sociedad.

La educación de un niño empieza en los primeros años de su vida en el seno de su familia, esto es, mucho antes de que el niño cruce las puertas de una escuela. Todo aquello que se le enseñe al niño, en la escuela o fuera de ella, moldea su actitud y personalidad, tanto de manera correcta como incorrecta. La adolescencia es el periodo en el que la vida espiritual se vive con mayor intensidad, un periodo que determina la postura del individuo ante los problemas de la vida en sociedad, un periodo durante el que se requiere un apoyo excepcional por parte de la familia. El papel de la familia como entorno educativo no se limita únicamente a los primeros años de la vida del niño, sino que continua hasta que este se independiza, esto es, cuando encuentra un empleo.

Señorías, hay algo de verdad en el dicho popular que afirma que el hogar es la mano que te acaricia cuando lloras. Creo firmemente que solo podremos reducir la delincuencia juvenil si creamos un entorno sostenible en el que cada familia pueda reforzar su papel de responsabilidad dentro de la sociedad. La familia debe ser nuestro refugio, nuestro maestro y nuestro apoyo.

  Edite Estrela (PSE). – (PT) Señor Presidente, me gustaría empezar felicitando a la señora Batzeli por su informe, que contiene propuestas sensatas y muy necesarias, como es la creación de un Observatorio Europeo de la delincuencia juvenil.

El aumento de la delincuencia juvenil exige una política integrada y eficaz a escala familiar, escolar y social, una política que ayude a transmitir los valores sociales y cívicos que contribuyan a integrar a los jóvenes en la sociedad. Al mismo tiempo, se necesitan medidas que combatan la pobreza y la exclusión social. Una sociedad con una desigualdad social patente no puede promover la cohesión social ni prevenir la delincuencia juvenil.

Las imágenes de episodios de violencia juvenil en varios países desarrollados, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, son motivo de alarma. ¿Qué conduce a cientos de jóvenes a usar la violencia con el fin de llamar la atención sobre sus problemas? Tanto las familias, como los políticos y la sociedad en su conjunto deben reunirse para debatir qué es lo que se ha hecho mal y por qué.

El aumento de la delincuencia juvenil supone un problema muy grave y debemos preguntarnos por qué los jóvenes de entre 13 y 17 años abusan físicamente de individuos indefensos o incluso llegan a asesinarlos como forma de entretenimiento. Es espeluznante. Con la condena o la crítica no basta. Es necesario actuar, porque de lo contrario llegará un día en el que nos lamentaremos de que sea demasiado tarde para hacer algo y acabaremos como el padre de uno de esos jóvenes, que decía sentirse fracasado como padre.

Los expertos señalan algunas causas, la primera de ellas es la falta de supervisión y la segunda es la indolencia. Cuando no tienen ninguna ocupación, como la escuela o el trabajo, los jóvenes se vuelven irresponsables. A lo que se le suma una cultura permisiva con pocos deberes y derechos ilimitados. No tiene sentido que la sociedad les exija constantemente algo a los jóvenes; no se valora ni el trabajo ni el mérito.

Algunos de estos jóvenes han sido víctimas de la violencia o han crecido en un entorno de violencia en su propio hogar. Algunos se sienten desarraigados y socialmente marginados, mientras que otros imitan los ejemplos violentos que ven en la televisión. Incluso los juegos y los dibujos animados infantiles cultivan la violencia.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Señor Presidente, este informe es deprimente. Cada vez más adolescentes se ven implicados en actividades delictivas con menos años y sus acciones son más brutales. Eso es tan grave para los jóvenes implicados como para todos los miembros de la sociedad que tenemos que encontrar soluciones, pero tenemos que ser precisos en nuestro análisis del problema.

El informe incluye una lista de factores de influencia críticos para la formación de los niños: familias, escuelas, amigos y circunstancias socioeconómicas. En aras de la exactitud, yo añadiría a esta lista: medios de comunicación y telecomunicaciones, con lo que me refiero a películas, programas de televisión, juegos informáticos e Internet y, ahora, las nuevas tecnologías de telefonía móvil.

Los estudios demuestran que los niños pasan más tiempo con los medios de comunicación que con todos los demás factores de influencia juntos. Los artículos 13 y 17 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se cita como máxima autoridad en este informe, parecen dar al niño un derecho absoluto de acceso a los medios de comunicación y a las telecomunicaciones y dar a dichos medios un acceso absoluto a los niños. Con su actual contenido de violencia, odio, racismo y pornografía, y su uso por depredadores de la infancia –todos posibles coadyuvantes a la delincuencia–, ¿es conveniente que los medios de comunicación deben tener ese derecho absoluto y que los niños deban tener ese derecho absoluto?

Si alguno de los demás factores de influencia de la lista, como la familia o la escuela, abusaran de los niños o les perjudicaran, apartaríamos al niño de ellos para su seguridad. Al poner en práctica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en la UE y en los Estados miembros, debemos reflexionar sobre los artículos 13 y 17. Se redactaron en 1989, cuando las personas no sabían como sería Internet en 2007.

También debemos estudiar el papel del padre. Los psicólogos nos dicen que la madre aporta al hijo el sentido de su propia identidad y su identidad en la familia, mientras que el padre socializa al hijo y le ayuda a tener una conducta aceptable.

PRESIDENCIA DE LA SRA. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidenta

  Amalia Sartori, (PPE-DE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias a la señora Batzeli por su trabajo y a la comisión por la propuesta que tenemos ante nosotros.

Creo que, a la hora de afrontar un problema que se propaga por todo el mundo y que está arrojando resultados alarmantes en Europa, en lo que se refiere tanto al tipo como al número de delitos cometidos por jóvenes, es correcto que nos preguntemos qué es lo que podemos hacer. La idea de establecer unas normas mínimas adecuadas a todos los países de la Unión Europea y de intercambiar buenas prácticas representaría, sin duda, una gran ayuda a la hora de tratar de resolver este problema que va en aumento. Por consiguiente, estoy de acuerdo en que necesitamos que la Comisión retome este asunto.

En cuanto al texto del informe, creo que es importante comentar ciertos aspectos. En primer lugar, tenemos que seguir recordando a los demás y a nosotros mismos que los niños tienen un gran valor para toda la Comunidad; ellos representan el futuro. Es por ello que los niños precisan, desde que nacen, disponer de todo lo necesario para poder convertirse en ciudadanos de la Unión Europea. Esto implica la existencia de políticas que acompañen a los niños mientras crecen con su familia, en su escuela y en el trabajo, que luchen contra la pobreza, políticas sobre vivienda y empleo, servicios públicos, un riguroso respeto por el derecho y el deber de recibir una educación hasta que lleguen al mundo laboral, políticas que combatan la propagación de la violencia y una tolerancia cero hacia la violencia y la explotación de menores, incluso si se produce en el seno familiar. Tenemos que dejar claros, no solo los derechos, sino también los deberes y los castigos implicados.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Doresc să o felicit pe colega Bazeli pentru acest raport. Delicvenţa juvenilă şi violenţa în şcoli sunt fenomene care există în toate statele membre şi pe care avem responsabilitatea de a le combate prin strategii şi măsuri la nivel naţional şi european. Este nevoie de prevenire, de includerea socială şi reabilitarea delicvenţilor minori, precum şi de măsuri judiciare corespunzătoare. Pentru că anumite grupuri de minori sunt mai vulnerabile - fete între 14 şi 18 ani, grupuri de imigranţi, persoane fără domiciliu fix - şi pentru că există riscul ca organizaţii criminale să utilizeze minori pentru traficul de stupefiante, prostituţie şi furt, este important ca incitarea minorilor la delicte să se constituie în circumstanţe agravante pentru infractorii adulţi. Măsurile educative trebuie să devină prioritare şi este important să existe acorduri de parteneriat între diferite instituţii precum şcoală, poliţie, instituţie şi autorităţile locale pentru dezvoltarea de centre de recreere pentru tineri şi incluziunea socială a acestora. Instruirea părinţilor privind importanţa supervizării copiilor şi îndrumarea acestora, precum şi conştientizarea pericolelor, le va permite acestora să intervină de la primele semne ale apariţiei unor probleme de comportament.

  Anna Záborská (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, felicito a la señora Batzeli por su informe. El título del informe indica que corresponde a las mujeres, a la familia y a la sociedad en su conjunto responder a la delincuencia juvenil. Me habría gustado que también los hombres y los padres hubiesen figurado en el título. Todo el mundo conoce su importancia y me gustaría que, en el futuro, fuésemos lo suficientemente atrevidos como para mencionar abiertamente el papel de los padres en las distintas políticas europeas.

Algunas estadísticas muy detalladas, en concreto las del investigador irlandés Patrick Fagan de la Heritage Foundation de Washington, demuestran sin lugar a dudas que el vínculo emocional entre padres e hijos se crea en la primera infancia. A partir de la pruebas que arrojan las estadísticas de delitos de la policía, Fagan demuestra que cuanto más fuerte es el vínculo emocional dentro de la familia, menos riesgo hay de que exista delincuencia juvenil.

La Estrategia de Lisboa determina que el 60 % de los niños muy pequeños necesitan una guardería. No estoy cuestionando los deseos de aquellos jóvenes padres que quieran desarrollar una carrera profesional, pero, a la luz de las estadísticas y de la experiencia como padres que todos compartimos, Señorías, debemos exigir la mayor calidad posible en cuanto al cuidado de los niños se refiere. Debe haber guarderías que sean accesibles y a un precio asequible cerca del lugar de trabajo de uno de los padres.

Quiero agradecer a la ponente que haya recalcado la importancia de la calidad de las guarderías.

La erradicación de la violencia entre los jóvenes es una responsabilidad que la familia y la sociedad deben compartir. La sociedad debe establecer el marco para la intervención del Estado. Rechazo la legitimación y la despenalización de los actos violentos cometidos por jóvenes adultos y recomiendo que la Unión Europea ponga en marcha un observatorio de violencia juvenil para institucionalizar así la educación de los jóvenes.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, felicito a la ponente por el excelente trabajo que nos ha presentado, por la cooperación positiva que hemos llevado a cabo durante el examen de las enmiendas y por ofrecernos un enfoque integrado sobre el problema de la delincuencia juvenil.

Para abordar este problema, que no es nuevo para la sociedad humana, se necesita cooperación entre todos los organismos competentes implicados en la atención y la educación de los niños. Este problema siempre ha existido. Permítanme recordarles algo que me impresionó de niña, cuando nos contaron una historia sobre un preso al que le preguntaron que quién tenía la culpa de que hubiera cometido graves delitos y acabado en la cárcel, y él respondió que su madre, para quien robó un huevo cuando tenía tres años que ella aceptó. Por lo tanto, no hay que culpar a los padres que trabajan, porque los padres siempre trabajan. Es a los padres que no respetan los principios y valores morales básicos a quienes hay que culpar, es a los profesores que no ayudan a los niños a reconocer el valor humano más importante, que es el respeto por la dignidad humana, a quienes hay que culpar. Ahí es donde empieza todo y eso es lo que nos obliga a tomar medidas, y debemos tomar medidas y, por supuesto, debemos castigar –o por si les ofende esta palabra déjenme suavizarla diciendo que debemos reprender– a los jóvenes para que aprendan a autocontrolarse.

Está claro que el autocontrol se enseña, tal y como hemos escuchado, desde una edad muy temprana y, por consiguiente, los profesores y las instituciones a los que confiamos nuestros hijos desde una edad muy temprana tienen una responsabilidad en ese sentido. Los jóvenes deben aprender a ser ciudadanos honrados y responsables que puedan aplicar su personalidad y conocimiento a la vida económica y social de su entorno.

No estoy a favor de la creación de un observatorio. Los Estados miembros deben tomar medidas y emprender acciones especiales para combatir el problema por medio de mecanismos de financiación.

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Señora Presidenta, yo también quisiera dar las gracias a la señora Batzeli por su excelente informe. Es evidente que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con la opinión de que la delincuencia juvenil está aumentando y es una amenaza creciente.

Las maneras de tratar y prevenir la delincuencia juvenil difieren en gran medida entre los diferentes Estados miembros. Asimismo, algunos políticos intentan explotar este problema para sus propios fines políticos. Al fomentar castigos mucho más severos e introducir una rigurosa disciplina en las escuelas, no solo no logran solucionar el problema de la delincuencia juvenil, sino que pueden hacer que la situación actual empeore.

Estoy plenamente de acuerdo con la conclusión de la ponente, según la cual la prevención debe ser el aspecto principal y más importante de la estrategia para combatir la delincuencia juvenil. Las políticas preventivas tienen claramente objetivos a largo plazo, lo que significa que por regla general exceden el período de una legislatura y del mandato de cualquier Gobierno específico. Este tipo de políticas resulta más caro a corto plazo y no aporta rápidos beneficios políticos. Lamentablemente, esto hace que los políticos prefieran políticas coercitivas con resultados rápidos y sencillos, sobre todo en forma de cobertura mediática. Por lo tanto, la principal tarea ha de ser la completa despolitización del problema de la delincuencia juvenil y el establecimiento de marcos sociales comunitarios, en vez de centrarnos en el campo del derecho penal, que permanecerá dentro de la competencia de cada Estado miembro.

Comparto la opinión de que con la adopción de un código de prevención para la juventud y de solidariedad social se daría un importante paso adelante. La ponente ha recalcado que el problema de la delincuencia juvenil debería analizarse siguiendo cuatro criterios, que son la familia, las escuelas, los grupos de amigos y el entorno. Solo este enfoque multifacético ofrece oportunidades de éxito. Por lo tanto, las políticas en favor de la familia puestas en marcha por cada Estado miembro no deberían centrarse principalmente en ofrecer incentivos económicos para que se tengan hijos. En vez de ello, deberían, en primer lugar y sobre todo, tener el objetivo de proporcionar la mayor cantidad de ayuda y apoyo posible a las familias después del nacimiento de cada hijo. No me cabe la menor duda de que el eslabón más importante de esta cadena es la familia.

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la ponente por este excelente informe. Quiero llamar su atención sobre un nuevo informe relativo a la delincuencia juvenil publicado en Irlanda en las últimas semanas, que demuestra que cuatro de cada cinco jóvenes de nuestros reformatorios tienen problemas psiquiátricos. El «Informe sobre la delincuencia juvenil, la salud mental y la inteligencia emocional» fue elaborado por dos expertos de la Universidad de Dublín, y es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de investigación en el mundo, de modo que es significativo para este debate. Demuestra que dos tercios de los delincuentes juveniles sufren trastornos de conducta como el ADHD. Más de la mitad abusan de las drogas y el alcohol; algunos empezaron a tomar hachís y alcohol ya a los nueve años y a tomar cocaína cuando tenían tan solo 13.

La investigación demuestra que esos jóvenes tienen un elevado índice de trastornos psiquiátricos, que participan en actos delictivos graves y tienen un déficit importante de inteligencia emocional y capacidad cognitiva. Como he dicho, es significativo porque es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de investigación. Ocho de cada diez jóvenes de este estudio cumplen los criterios para diagnosticarles al menos un trastorno psiquiátrico grave.

Los investigadores han comprobado que esos jóvenes han tenido, en promedio, tres trastornos psiquiátricos. Esto equivale a casi tres veces más trastornos entre los chicos que han sido remitidos a un servicio psiquiátrico debido a las dificultades que experimentan.

Por desgracia, las dificultades que resalta esta investigación no se incluyen en los servicios que actualmente prestamos para esos jóvenes. La amplia mayoría de ellos no reciben ningún tratamiento por los problemas que tienen, y este informe resalta –y yo diría que esto se aplica también a toda Europa– la importancia de resolver esas dificultades. Además de reducir los efectos que tienen los problemas de salud mental en el funcionamiento y el desarrollo de los niños, el tratamiento comportará una reducción importante de la conducta delictiva y la criminalidad y, por lo tanto, ofrece importantes beneficios para la sociedad y el sistema jurídico –en Irlanda y, sin duda, en la UE en su conjunto–, por lo que recomiendo el informe a la Cámara.

  La Presidenta. – El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar mañana jueves, 21 de junio de 2007.

13. Estrategia relativa a la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia (debate)

  La Presidenta. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Α6-0223/2007) del señor Klich, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre un espacio de libertad, seguridad y justicia: Estrategia para la dimensión exterior, Plan de acción para la realización del programa de La Haya (2006/2111(ΙΝΙ).

  Bogdan Klich (PPE-DE), ponente. – (PL) Señora Presidenta, se suponía que este informe iba a ser, inicialmente, una revisión de la comunicación de la Comisión de 2005 sobre la estrategia elaborada por el Consejo aquel año. Sin embargo, durante el transcurso del trabajo observamos que se había avanzado mucho en la creación de un espacio interior de seguridad, libertad y justicia, y que nuestra labor cobraba un nuevo impulso. Se han elaborado documentos nuevos, se han tomado decisiones nuevas y se han tomado medidas nuevas. La situación que tenemos hoy es bien diferente de la que había hace año y medio.

Es por ello que hemos decidido mirar adelante en vez de mirar atrás. Esta es también la actitud que deberían tomar tanto la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor como la Comisión de Asuntos Exteriores, que han colaborado estrechamente en la elaboración de este informe. Por consiguiente, no debería resultar extraño que el informe equivalga a una serie de recomendaciones para la Comisión y el Consejo.

El informe se basa en dos supuestos. En primer lugar, en el mundo moderno, la seguridad interior y exterior están entrelazadas, influyen la una en la otra y están inextricablemente ligadas. En segundo lugar, nuestros sistemas jurídicos y nuestra actitud política necesitan conservar un equilibrio entre las libertades civiles y la seguridad de los ciudadanos. Esto significa que si queremos garantizar que nuestros ciudadanos estén seguros y sean libres, ambos valores deben fomentarse más allá de las fronteras de la Unión Europea, aunque siempre debe encontrarse el justo equilibrio entre ellos.

De este modo, nuestra política exterior siempre debe tener en cuenta estos principios y, en consecuencia, adaptar sus instrumentos, concretamente nuestras posturas y acciones comunes, acuerdos bilaterales y multilaterales. En otras palabras, debemos, por ejemplo, incluir cláusulas antiterroristas y sobre derechos humanos en nuestros acuerdos con terceros países. En su cooperación actual con estos países, la Unión Europea debe promover tanto el respeto por los derechos humanos como la lucha conjunta contra el terrorismo internacional.

En este Parlamento también somos conscientes de las restricciones y barreras que actualmente limitan la eficacia de la Unión Europea en este ámbito. Son resultado tanto de nuestra complicada y confusa estructura institucional, como de nuestra falta de voluntad para profundizar en la integración europea. En virtud de cada pilar, se aplican procedimientos diferentes a las decisiones relativas a acuerdos exteriores y de cooperación. La cooperación policial y judicial comunitaria conjunta en cuestiones criminales, de las que llevamos tanto tiempo oyendo hablar, aún no se ha hecho realidad. Debería hacerlo.

Confiamos en que la próxima cumbre de la Unión Europea lleve a la celebración de una conferencia internacional que, a finales de año, tenga como resultado un proyecto de tratado que le otorgue a la Unión una personalidad jurídica propia, suprima la actual estructura de pilares, reduzca el número de categorías aplicadas a la legislación, y simplifique y unifique los procedimientos de toma de decisiones.

No obstante, antes de que ocurra esto y antes de que el tratado entre en vigor, ya que no puede hacerlo antes de 2009, el informe propone la aplicación de una cláusula provisional o de paso, de conformidad con el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, en el ámbito de la cooperación policial y judicial en cuestiones criminales y en el de la política de inmigración legal e integración de ciudadanos extranjeros. Así el Consejo y todos nosotros podríamos introducir los nuevos mecanismos de la Comunidad en estos ámbitos tan importantes. Dada la presión que la inmigración ejerce sobre nuestras fronteras meridionales y la amenaza de la delincuencia organizada en nuestras fronteras orientales, el hecho de no tomar estas decisiones representaría un grave error político.

Ya que hablamos del tema de las fronteras, me gustaría llamar la atención de la Comisión sobre el apartado 42, que menciona la necesidad de un visado para entrar en los Estados Unidos, algo que resulta especialmente molesto para los ciudadanos de la Unión Europea. Una vez más, el Parlamento pide que se solucione esta cuestión. Por ultimo, quiero dar las gracias a mis colaboradores, incluyendo a los de mi Grupo político, a los ponentes alternativos de los otros Grupos políticos y al Comisario Franco Frattini, por su excelente y provechosa colaboración.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, la Unión Europea se ha fijado como meta crear un espacio de libertad, seguridad y justicia para sus ciudadanos. Sin embargo, la Unión Europea no puede alcanzar esta meta por sí sola. La libre circulación de personas y mercancías, así como la fortaleza económica y la estabilidad democrática de Europa, han hecho que la Unión Europea se convierta en destino de la inmigración ilegal y de la delincuencia organizada, del tráfico internacional de drogas e incluso del terrorismo islamista.

Esto significa que debemos reflexionar sobre cómo debemos desarrollar los mecanismos y conceptos ya existentes en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior y, como acaba de señalar el ponente, cómo integrarlos en las relaciones exteriores de la UE.

Me complace el gran interés que manifiesta el Parlamento Europeo por las relaciones exteriores en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, y en particular por la estrategia mencionada, y las recomendaciones del informe Klich constituyen un estímulo importante para los debates del Consejo sobre la forma en que la política de la Unión en materia de relaciones exteriores puede profundizarse y resultar más eficaz en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior.

La estrategia para la dimensión exterior de nuestra política de justicia y asuntos de interior establece claramente los objetivos y formas de proceder. La cooperación con terceros países contempla, entre otras cosas, el apoyo de la Unión Europea a la creación de instituciones y el desarrollo capacidades. Se trata de una tarea a largo plazo cuyos avances se debaten en el seno de instituciones comunes. Los vecinos directos de la Unión Europea desempeñan un papel especialmente importante con respecto a la seguridad de la Unión. Los capítulos sobre la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior en el marco de los planes de acción adoptados conjuntamente con los países asociados en virtud de la Política Europea de Vecindad son sumamente explícitos.

Ucrania ocupa un lugar especial entre los Estados que forman parte de la Política Europea de Vecindad, no solamente debido a la larga frontera que comparte con la UE. La cooperación con Ucrania en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior se encuentra muy avanzada. El 11 de julio se creó otro importante fundamento de dicha cooperación con la firma en Luxemburgo del acuerdo de trabajo entre Frontex y la Guardia de Fronteras ucraniana. Asimismo, el 18 de junio se firmaron los acuerdos sobre facilitación de visados y sobre readmisión.

La estrecha colaboración con las regiones vecinas en materia de migraciones reviste especial importancia para la Unión. En los últimos años, la Unión Europea ha intensificado su colaboración con los países de África y el Mediterráneo sobre la base de su Enfoque Global de la Migración. Los resultados son alentadores. El Consejo de Asuntos Generales acordó hace unos días, el 18 de junio, extender el Enfoque Global de la Migración a las regiones orientales y sudorientales colindantes con la UE. La colaboración en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior con los Estados Unidos y Rusia, socios estratégicos de la Unión, reviste una importancia muy especial. El informe aborda igualmente numerosos aspectos de esta asociación.

En mayo de 2005, Rusia y la UE acordaron cuatro planes de trabajo para la creación de espacios comunes: es en el espacio común de libertad, seguridad y justicia donde se han logrado los mayores avances, incluso en opinión de Rusia. Entre ellos figura, por supuesto, el acuerdo sobre visados y readmisión que entró en vigor a principios de junio.

Sin embargo, el Ministro Schäuble mencionó abiertamente, durante la última reunión de los Ministros de Justicia y de Interior de la UE y Rusia, las desproporcionadas intervenciones de las fuerzas de seguridad rusas contra las manifestaciones organizadas por la oposición. Poco después de la reunión con la troika de Ministros de Justicia e Interior, tuvieron lugar igualmente las consultas periódicas sobre derechos humanos con Rusia. La situación de los derechos humanos en Uzbekistán desempeñó igualmente un papel destacado durante la Presidencia alemana en el marco de la Subcomisión de Justicia y Asuntos de Interior.

Los temas principales de la última reunión con los Estados Unidos fueron la lucha antiterrorista, los visados y la protección de datos, en particular en relación con la transmisión de los datos de los pasajeros de vuelos.

La Presidencia se esfuerza por todos los medios, incluso en sus últimos días, por lograr la celebración de un nuevo acuerdo sobre los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) con los Estados Unidos, que no son un negociador fácil, como han puesto de manifiesto estas conversaciones.

Además, la Presidencia alemana ha reunido a sus dos socios estratégicos, los Estados Unidos y Rusia, para deliberar sobre los retos a que se enfrenta su seguridad común. Entre ellos se encuentran la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha antiterrorista y la gestión de fronteras.

El informe trata además del refuerzo de la cooperación policial y judicial. La Presidencia alemana ha logrado avanzar en mi opinión notablemente en la mejora de la cooperación dentro de la Unión Europea. A este respecto cabe mencionar en particular el acuerdo político para transponer partes considerables del Tratado de Prüm al ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo se ha podido llegar a un acuerdo político sobre la introducción de Europol en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y también ha sido posible llevar a cabo un refuerzo considerable de Frontex en los últimos seis meses.

Cabe destacar asimismo la Decisión marco relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.

La colaboración con terceros países, como Rusia, depende también del nivel de protección de datos en dichos países, que deberá ser objeto de examen en cada caso.

La lucha eficaz contra las amenazas y fenómenos mundiales solo es posible en el marco de la cooperación internacional. Por ello, la estrategia para la dimensión exterior en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior constituye un elemento indispensable con vistas a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. El Consejo sigue apostando por una estrecha colaboración con la comisión parlamentaria y el Parlamento Europeo, basada en un espíritu de mutua confianza, para aplicar y seguir desarrollando esta estrategia.

PRESIDENCIA DE LA SRA. WALLIS
Vicepresidenta

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señora Presidenta, Señorías, indudablemente todos estamos de acuerdo en el principio según el cual los derechos y libertades fundamentales de las personas no pueden conocer límites territoriales. Lamentablemente, la delincuencia organizada y el terrorismo tampoco conocen fronteras. Es por ello que, tal y como el ponente y el Presidente en ejercicio del Consejo han dicho, existe una conexión cada vez mayor entre la dimensión interna e internacional de las políticas de la Unión Europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia.

Esto significa que tenemos que trabajar juntos hacia un importante objetivo político que tiene dos aspectos: el primero de ellos es la consolidación de un espacio interior de seguridad que garantice los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y residentes en la Unión Europea junto con la harmonización de los sistemas y normas para administrar justicia a aquellos que la necesiten. El segundo aspecto consiste en garantizar una dimensión internacional que, de algún modo, proporcione un instrumento para la política exterior de la Unión Europea por medio del fomento del Estado de Derecho y de las instituciones, promoviendo los valores democráticos más allá de nuestras fronteras y consolidando las instituciones.

Estos objetivos de política exterior, ambiciosos para la Unión Europea, se han de alcanzar a través de medidas en el ámbito de la seguridad, por un lado, y del respeto de las libertades y derechos fundamentales, por el otro. Ambos valores pueden y deben ir de la mano. Tal y como se ha dicho, no tiene por qué haber contradicciones entre garantizar la seguridad de los ciudadanos y de todos lo seres humanos y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por sus derechos fundamentales. Creo que estos valores comunes deben ser el fundamento sobre el que edificar nuestros acuerdos, relaciones y alianzas con los países no pertenecientes a la Unión Europea. Si Europa ha de jugar un papel en el terreno internacional, nuestras políticas tendrán, por lo tanto, que observar el fomento de los derechos humanos y de la democracia.

El informe que tenemos ante nosotros trata cuestiones fundamentales que yo apoyo totalmente: mejorar la responsabilidad democrática, fortalecer la seguridad y los derechos, garantizar a los ciudadanos una mayor protección contra el terrorismo y la delincuencia organizada, promover la cooperación transfronteriza entre las fuerzas policiales y las autoridades judiciales, y desarrollar una política de inmigración eficaz dentro de la Unión Europea, que se caracterice por una solidaridad que traspase las fronteras de la Unión, una política europea de asilo para aquellos que necesiten protección internacional y un esfuerzo coordinado para tomar medidas drásticas contra el tráfico de personas, que se aprovecha de la desesperación de los inmigrantes.

Ya estamos en camino de lograr todo esto. La política europea de inmigración se está desarrollando. Durante las últimas semanas he presentado varios documentos ante el Parlamento y el Consejo sobre una apertura de la Unión Europea a la migración económica y a la migración circular, potenciando así la movilidad y abandonando el enfoque exclusivamente represivo de las políticas de migración, aunque la lucha contra cualquier tipo de ilegalidad sigue siendo fundamental.

Hace unos pocos días propuse la elaboración de un Libro Verde en materia de políticas de asilo, que permitiría la participación de este Parlamento y de todas las partes interesadas, para que a comienzos del año próximo pueda presentar un plan de acción para la creación en 2010, como está prometido, de un sistema europeo único sobre la condición de los refugiados políticos.

Existen muchas cuestiones al respecto de las políticas de inmigración y de asilo en las que Europa ya juega un papel dentro del ruedo internacional. Creo que se debe fomentar más la dimensión euromediterránea de Europa dentro de este ámbito, en consonancia con el importante papel que Europa juega en el este, con respecto a los Balcanes, el Cáucaso y las relaciones con la Federación de Rusia y con Ucrania. Es una región en la que ya estamos realizando actividades en distintos campos, desde el tráfico de personas hasta la lucha contra la explotación sexual de niños y mujeres, y la lucha contra la delincuencia cibernética, que representa otro asunto que obviamente tampoco conoce límites o fronteras y que debe ser abordado a escala internacional.

Sobre el terrorismo ya se ha hablado mucho. Que la lucha contra el terrorismo debe seguir utilizando los medios del Estado de Derecho es algo obvio, pero también está claro que es necesario perseguir y mejorar la cooperación internacional con los actores internacionales más importantes.

Es por ello que acojo con gran satisfacción el hecho de que el ponente haya destacado la importancia de los procesos de toma de decisiones que hagan posible que la Unión Europea tome sus propias decisiones. Acojo con satisfacción la referencia al artículo 42 del Tratado, conocida como «cláusula de paso», aunque creo que es sumamente importante que no malgastemos la oportunidad que brinda el próximo Consejo Europeo de debatir el futuro marco institucional de la Unión Europea y que no olvidemos que, en el ámbito de la seguridad, la justicia y las libertades fundamentales, Europa no puede permanecer parada. Europa ha de tener medios para tomar decisiones con rapidez, eficacia y con una mayor legitimidad democrática, por ejemplo por medio de la concesión de un papel más importante a este Parlamento y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por último, quiero decir unas palabras sobre la cooperación euroatlántica. Como el Presidente en ejercicio del Consejo ha dicho, tenemos en marcha dos negociaciones difíciles con los Estados Unidos de América. Una de ellas concierne a la transferencia de datos sobre transacciones financieras, a raíz del caso SWIFT, y la otra concierne a la transferencia de datos de pasajeros en vuelos hacia y desde los Estados Unidos. Espero que en ambos casos pronto se puedan alcanzar acuerdos que garanticen tanto la seguridad de nuestra situación jurídica –esto es, un fundamento jurídico europeo, en vez de depender de relaciones bilaterales–, como un equilibrio entre las necesidades derivadas de la lucha contra el terrorismo y la garantía de la confidencialidad de los datos personales, ya que ambos son derechos humanos fundamentales. Espero que los Estados Unidos acepten la solución equilibrada que la Presidencia alemana, con apoyo de la Comisión, ha intentado comunicar y que estos acuerdos hayan sido alcanzados para finales de este mes, antes de que concluya la Presidencia alemana.

He informado al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, del estado de las negociaciones. Hay algunos aspectos de las mismas que aún no pueden hacerse públicos, ya que las negociaciones aún están en marcha, pero he intentado periódicamente poner al corriente al Presidente y a los coordinadores del Grupo parlamentario de la comisión del progreso de las conversaciones.

  Aloyzas Sakalas (PSE), ponente de la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. – (EN) Señora Presidenta, este informe se preparó en unas condiciones de cooperación especial entre la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Exteriores. Me complace informar a mis colegas de que el señor Klich y yo nos hemos puesto de acuerdo sobre un texto completo que, en mi opinión, refleja los puntos de vista de ambas comisiones. Doy las gracias encarecidamente al señor Klich por su tiempo, su cooperación y su flexibilidad.

Además de los muchos puntos que aparecen en el informe, el principal mensaje que quiero transmitir al Consejo y a la Comisión sería el siguiente. En primer lugar, es evidente que la estabilidad interna de la UE depende hasta cierto punto de factores externos, como la situación en los países vecinos. En segundo lugar, ningún enfoque estándar funcionará para mejorar la situación política de esos países, dado que los países tienen realidades económicas, políticas y sociales muy diversas. En tercer lugar, por lo tanto, resalto la necesidad de un enfoque a medida para los países vecinos en la política de la UE en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia.

  La Presidenta. Se suspende este debate hasta las 21.00 horas.

14. Turno de preguntas (preguntas al Consejo)

  La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0125/2007).

Las siguientes preguntas están dirigidas al Consejo.

Pregunta nº 1 formulada por Manolis Mavrommatis (H-0354/07)

Asunto: Política tributaria de la UE

Es necesario que la política tributaria de los Estados miembros sea compatible con los objetivos comunitarios de creación de empleo, competitividad de la UE, realización del mercado único y libre circulación de capitales. Sólo los 27 Estados miembros son competentes para diseñar y aplicar de forma inmediata una política tributaria, pues las normas comunitarias que limitan determinados sectores de la política tributaria a la Unión requieren la unanimidad de los 27 para poder llegar a una decisión. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicado a los productos se ha convertido en un tema bastante complicado en los últimos años. En concreto, el IVA en los países de la UE varía entre el 3 % en Luxemburgo y el 25 % en Dinamarca. ¿No piensa el Consejo que la UE saldría ganando si estableciera un sistema común de imposición del IVA? ¿En qué fase se encuentran las conversaciones y cuáles son las intenciones de los Estados miembros en lo que se refiere al establecimiento de un IVA único?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, el régimen común del impuesto sobre el valor añadido fue creado en 1967 por medio de la Primera y Segunda Directivas del IVA. Estas dos Directivas establecieron las estructuras generales del régimen. Las disposiciones detalladas para la aplicación del régimen común del IVA se introdujeron en 1977 con la adopción de la Sexta Directiva del IVA. Desde entonces, esta Directiva ha sido objeto de numerosas modificaciones, la mayoría de las cuales se debieron a la creación del mercado interior y la consiguiente eliminación de las barreras fiscales entre los Estados miembros.

La Sexta Directiva dejó de aplicarse el 1 de enero de 2007, siendo sustituida por la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, que recoge todas las modificaciones realizadas a la Directiva de base. En esta Directiva se prevé, en relación con los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido, la aplicación en principio de un tipo normal y de uno o dos tipos reducidos. El tipo normal mínimo es del 15 %. Este nivel mínimo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Los tipos reducidos, que no pueden ser inferiores al 5 %, se aplican a productos y servicios definidos en la propia Directiva. Además, en la Directiva se prevén determinadas excepciones y disposiciones transitorias destinadas a que los Estados miembros puedan responder a situaciones concretas.

A fin de poder evaluar mejor los efectos de los tipos reducidos, la Directiva prevé además que la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 30 de junio de 2007, un informe general en el que se evalúen los efectos de los tipos reducidos sobre los servicios prestados localmente, en particular en lo referente a la creación de puestos de trabajo, el crecimiento económico y el buen funcionamiento del mercado interior y basado en un estudio realizado por un instituto independiente de estudios económicos.

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, señor Ministro, como ha dicho la Comisión, usted debe disponer de información acerca del impacto de los diferentes tipos del impuesto sobre el valor añadido sobre la prosperidad económica y la creación de empleo de los Estados miembros, y debe hacerla pública antes del 30 de junio de 2007.

Solo cabe esperar que los distintos tipos de IVA tengan un fuerte impacto sobre sectores del mercado interior y sobre el crecimiento de las economías de los Estados miembros y que, como consecuencia, se vean afectados los indicadores económicos individuales y se agraven las desigualdades económicas y sociales.

Yo le pregunto, señor Ministro, ¿conoce ya el impacto que los distintos tipos de IVA pueden provocar? Y, si lo conoce, ¿cuál es ese impacto?

Por último, ¿qué políticas está el Consejo pensando en llevar a cabo para mitigar las repercusiones adversas de estas diferencias en el IVA?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Mavrommatis, también he dicho que han tenido lugar diversos acontecimientos y decisiones en el marco de lo que existe para esto en la Unión Europea. Ello tiene por finalidad que, cuando se presente el informe del grupo de expertos, conozcamos los hechos para poder determinar, por decirlo así, si existen o no obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior, y los efectos que tienen en los sectores en que anteriormente se aplicaban tipos reducidos. Le ruego que comprenda que tenemos que esperar la presentación de este informe. A continuación deberemos proceder conjuntamente –el Consejo, pero también el Parlamento Europeo– a su evaluación.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Ministro, quisiera ampliar un poco la pregunta. Los intentos de establecer tipos uniformes o armonizados para el IVA en Europa son admirables, pero sin duda el objetivo último de la política tributaria europea debería ser el establecimiento de tipos impositivos uniformes o al menos similares en toda la Unión Europea. Me gustaría saber qué tipo de debate ha habido sobre esta cuestión en el Consejo en general, si se ha planteado y, de ser así, en qué sentido.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. Señor Leichtfried, entiendo que en el pasado hemos mantenido un debate sobre el nivel de los tipos impositivos, por ejemplo, del impuesto sobre sociedades, y sobre los distintos indicadores para establecer una base imponible común. Usted sabe que durante la Presidencia alemana se han realizado algunos trabajos sobre este tema, pero que aún no se ha llegado a un acuerdo.

En relación con el IVA, tengo que repetir que ese será el siguiente punto del que nos ocuparemos. ¿Para qué servirá el informe de los expertos? ¿Qué propuestas y qué evaluaciones prevé la Comisión? ¿Qué propuestas se presentarán al Consejo? Sin embargo, hasta ahora no ha habido en el Consejo un debate sobre la pregunta específica que ha formulado su Señoría.

  La Presidenta. Pregunta nº 2 formulada por Claude Moraes (H-0356/07)

Asunto: Cooperación transfronteriza de la UE para proteger a los niños contra el maltrato infantil - reconocimiento mutuo de la privación del derecho a trabajar con niños

En la UE se necesitan con urgencia sistemas eficaces para garantizar que la gente no apta no pueda acceder a un empleo en el que esté en contacto con niños.

El 1 de junio de 2006, el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, de 2004, encaminada a que el Consejo adopte una Decisión marco relativa al reconocimiento y la ejecución en la Unión Europea de las inhabilitaciones resultantes de condenas por delitos sexuales cometidos contra los niños (14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS)).

¿Qué avances se están realizando hacia la adopción, por parte del Consejo, de la propuesta de Decisión marco, crucial para garantizar la protección de los niños en Europa?

En caso que no se esté avanzando hacia la adopción de esa propuesta, ¿cómo prevé el Consejo garantizar que se consigan de otra forma todos los objetivos que esta iniciativa pretende alcanzar (garantizar que los Estados miembros reconocen y aplican la prohibición de trabajar con niños impuesta a determinadas personas por otros Estados miembros)?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) El Consejo ha debatido en detalle la iniciativa del Reino de Bélgica para la adopción por parte del Consejo de una Decisión marco relativa al reconocimiento y aplicación en la Unión Europea de las prohibiciones resultantes de condenas por delitos sexuales cometidos contra niños. Tras estas deliberaciones, el Comité del Artículo 36 decidió, en su reunión de los días 22 y 23 de marzo de 2007, tratar esta cuestión conjuntamente con la Decisión marco relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros y modificar en consecuencia el proyecto de esta Decisión marco.

Con ocasión de la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Luxemburgo, el Consejo llegó el 13 de junio de 2007 a un consenso sobre las orientaciones generales de una Decisión marco relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, llevando así la iniciativa del Reino de Bélgica a una conclusión consensuada. De este modo se tuvo en cuenta un aspecto especialmente importante de la iniciativa belga, a saber, que las informaciones sobre las condenas y prohibiciones profesionales dictadas en un Estado miembro estén a disposición de otros Estados miembros a fin de que cada uno de ellos pueda sacar de dichas informaciones las conclusiones que proceda para proteger a los niños contra el riesgo de abuso sexual.

  Claude Moraes (PSE). – (EN) Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por esta respuesta, pero también quiero pedirle que la Presidencia alemana reconozca la verdadera preocupación que invade a la Unión Europea por los recientes incidentes de presuntos secuestros de niños con fines de explotación. Quiero pedirle que reconozca que es una cuestión importante en la Unión Europea, para su país, para el mío y para los demás, y que se asegure de que, antes de que finalice la Presidencia alemana, lleguemos a una conclusión sobre el intercambio de antecedentes penales de las personas que trabajan con niños y pueden ser un peligro para ellos.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Moraes, ya he señalado que la iniciativa fue aprobada y que hace poco los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior acordaron aceptar los principales elementos en que se basa el iniciativa belga. Independientemente de ciertas diferencias relativas a las informaciones que podrán transmitirse, hemos encontrado una solución común para la Unión Europea en el principal punto por el que Bélgica presentó esta iniciativa. Me parece que se trata de un paso importante. Sin duda comprenderá usted que la Presidencia alemana del Consejo no podrá, en el tiempo que le queda, alcanzar un acuerdo en otros terrenos.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) ¿No es una situación sumamente grave que, tres años después de la propuesta y cuando todo el mundo está de acuerdo en que el intercambio de información transfronterizo sobre delincuentes sexuales es una de las prioridades más urgentes, y cuenta además con la aprobación de los ciudadanos, simplemente no nos pongamos de acuerdo? ¡Y el Consejo dice que lo estudiará pronto!

¿No es también de lo más sorprendente que el Gobierno del Reino Unido pretenda quedar excluido de la aplicación de esta ley de cooperación europea de modo que, aunque lo aceptáramos, nuestros niños ni siquiera quedarían protegidos por las medidas de seguimiento de delincuentes sexuales?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Baronesa Ludford, no quiero discutir ahora sobre la decisión pendiente relativa a la modificación del Tratado constitucional. Pero he dicho con toda claridad que los Ministros de Justicia llegaron a un acuerdo el 13 de junio y que se ha encontrado una solución mediante la integración en la Decisión marco prevista de este elemento esencial sobre el intercambio de los registros de antecedentes penales contemplado en la iniciativa belga. Ante todo hay que saber lo que sucedería si un solo Estado miembro cuenta con esta información y alguien emprende una actividad profesional en otro Estado miembro. ¿Se conoce este hecho en la Unión Europea? Eso es lo que regula la Decisión marco acordada.

  La Presidenta. Pregunta nº 3 formulada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0358/07)

Asunto: Discriminación contra las personas con discapacidad o los niños con problemas de aprendizaje

Aunque 2007 es el año de la igualdad de oportunidades para todos, las personas con discapacidad o con necesidades especiales siguen enfrentándose a la discriminación debido a su situación especial. Son ejemplos típicos: a) la situación de las personas con discapacidad que no pueden asegurarse y que en caso de accidente son una carga para sus familias, b) los niños con dificultades de aprendizaje (tartamudeo, dislexia), para los que no existe una legislación armonizada en las escuelas nacionales, y que, por ejemplo, en caso de dislexia pueden realizar exámenes orales en un país de la UE y en otro no, con lo que no cuentan con una igualdad de oportunidades en todos los países de la UE, incluidas las escuelas europeas.

¿Piensa intervenir el Consejo para asegurar que las personas con discapacidad puedan suscribir un seguro privado y para que se atienda a las necesidades especiales de los niños con dificultades de aprendizaje, en particular en las escuelas europeas?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Me gustaría empezar diciendo que la Presidencia del Consejo considera que es pregunta es muy importante y válida. El Consejo es perfectamente consciente de la importancia que tiene garantizar el bienestar de las personas con discapacidades y de los niños con problemas de aprendizaje.

El Consejo quiere aprovechar esta ocasión para recordar el marco legal general de la lucha contra la discriminación en el empleo y el ejercicio profesional por motivos de religión, creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. En esta Directiva, basada en el artículo 13 del Tratado, se establecen las normas mínimas que deben cumplir todos los Estados miembros. El problema es que este marco legal no abarca los seguros ni los sistemas educativos. No obstante, los Estados miembros pueden introducir o mantener disposiciones que refuercen el principio de igualdad en mayor medida que la Directiva y prevean la protección contra la discriminación en ámbitos que sean de competencia nacional.

Por lo que respecta al Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, el Consejo señala con satisfacción que la Comisión tiene la intención de publicar varios estudios de interés para la pregunta de su Señoría. Estos estudios deberán arrojar luz sobre la situación social de la educación y formación profesional de las personas con discapacidades y presentar datos estadísticos sobre estas personas, facilitados en particular por las entidades de la seguridad social, a fin de obtener una visión realista de la situación de la personas con discapacidad en general, teniendo en cuenta también la dimensión educativa.

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta.

Quisiera señalar que, como país, Alemania está ya demostrando su comprensión hacia las personas con discapacidades y que existen leyes que les permiten tener cobertura de seguro, para que reciban igualdad de trato en el empleo.

Las escuelas europeas no tienen las mismas medidas para ayudar a los niños con discapacidades que los Estados miembros, por lo que pido iniciativas por parte del Consejo.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Panayotopoulos-Cassiotou, tendría que investigar los hechos que usted acaba de exponer. Pero ya he dicho que, por una parte, es necesario intentar tomar nuevas iniciativas en relación con determinadas cosas. Cuando la Comisión presente este informe veremos dónde se encuentran las lagunas. Entonces se podrán cerrar estas con medidas legislativas, ya sea de la Unión Europea o bien –como yo creo– en el marco de las competencias nacionales.

  La Presidenta. Pregunta nº 4 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0361/07)

Asunto: Cooperación intergubernamental y "cláusulas pasarela" en materia de inmigración

Teniendo en cuenta la importancia creciente de las cuestiones de inmigración en las políticas de la Unión Europea y el desarrollo de mecanismos de cooperación intergubernamental como el Frontex o los equipos de intervención rápida, ¿qué planes estudia el Consejo para reforzar el pilar comunitario en este ámbito, en especial a través de las llamadas «cláusulas pasarela» previstas en los Tratados de la Unión Europea?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, solicito la indulgencia de la Cámara porque en esta respuesta tendré que mencionar muchos aspectos técnicos que quizás no siempre resulten comprensibles. Pero aquellas personas versadas en la materia saben lo importantes que son los principios en este terreno.

Las medidas en este terreno –es decir, en materia de inmigración– pueden adoptarse actualmente en virtud del Título IV de la Tercera Parte del Tratado de la Unión Europea. Los ámbitos en los que pueden adoptarse medidas en el marco del procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo fueron ampliados mediante el inciso 2 del apartado 2 del artículo 67 de la Decisión 2004/927/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que determinados ámbitos contemplados en el Título IV de la Tercera Parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 251 de dicho Tratado.

La mayoría de las medidas previstas en estas disposiciones se adoptan ahora en el marco del procedimiento de codecisión. El Consejo considera, no obstante, que debe seguir adoptando por unanimidad las medidas mencionadas en la letra a) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE en materia de migración legal de nacionales de terceros países hacia los Estados miembros y entre estos hasta que entre en vigor el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Estas y otras cuestiones son objeto de examen en el actual proceso de reforma de los Tratados.

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Presidente del Consejo por la información que nos ha dado, que, a pesar de su carácter técnico, evidentemente, este Parlamento conoce muy bien.

Lo que pasa es que en este momento tenemos en el Parlamento una enorme preocupación por la incapacidad del Consejo para resolver los temas de la inmigración por la vía de la cooperación intergubernamental. Y me voy a referir a un solo caso, que es el del mantenimiento del Reglamento Dublín II, que impide que, en este momento, prestemos nuestra solidaridad a la República de Malta para enfrentarse a los problemas de la inmigración, algo que podría, en cambio, solucionarse por una vía de carácter comunitario.

Mi preocupación es que la vía intergubernamental no es suficiente y hay que pasar a la vía del primer pilar; uno de los ejemplos en este sentido es el tema del Reglamento Dublín II.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Medina Ortega, ya hemos hablado a menudo en rondas anteriores sobre la cuestión de la migración. He señalado en varias ocasiones –incluso en relación con otro debate de hoy– que el enfoque global de la migración desempeñará un papel destacado en las conclusiones que el Consejo adopte mañana y pasado mañana y que abordaremos este tema, que no es cualquier tema. Su Señoría pregunta con toda la razón cómo podemos ayudar a Estados miembros de la Unión Europea como Malta. Intentaremos igualmente encontrar soluciones a las cuestiones y causas de la migración y en particular de la migración ilegal junto con los países de origen.

La otra pregunta es de carácter técnico. Pero todo ello depende de la forma en que resolvamos la cuestión del futuro del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, los procedimientos masivos de legalización de inmigrantes ilegales en diverso Estados miembros de la UE se percibieron a menudo como una invitación, provocando auténticas avalanchas de refugiados y creando una coyuntura favorable para las organizaciones dedicadas a la inmigración ilegal.

¿Hasta qué punto se ha avanzado en la celebración de acuerdos de readmisión sobre todo con aquellos países que reciben ayuda financiera de la UE?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) La readmisión es un tema importante que figuraba en el orden del día en el debate entre la Unión Europea y países africanos, y más recientemente en la conferencia conjunta sobre migración celebrada el año pasado en Trípoli. Este debate tiene lugar en numerosos ámbitos, pues hoy presenciamos –aunque este debate no ha influido de forma decisiva sobre ello– no solo una ola de inmigración de sur a norte, sino también de este a oeste. Precisamente con aquellos países con los que negociamos las normas en materia de visados siempre se intenta ver si se pueden incluir disposiciones para el correspondiente acuerdo de readmisión. Pero también sucede en las conversaciones con países de la Unión Africana, por ejemplo. No obstante no puedo indicar en estos momentos el número de países con los que se han concluido dichos acuerdos. Pero sin duda se lo comunicaremos más adelante.

  Louis Grech (PSE) – (MT) Aunque estoy de acuerdo con el Presidente en que lo que hay que debatir son las causas de la emigración, me gustaría conocer la postura de la Presidencia alemana al respecto de la propuesta de reparto de cargas de Malta. Estamos de acuerdo en que, con el tiempo, este tema tendrá que ser debatido a la luz del Tratado Constitucional, pero esta catástrofe es urgente y requiere una acción urgente.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Se trata de dos ámbitos distintos. Las causas del flujo de refugiados serán otro tema importante en la Cumbre con África que tendrá lugar durante la Presidencia portuguesa en el mes de noviembre. ¿Qué aspectos de la situación respectiva pueden mejorarse en cooperación con los países de origen? ¿Gobernanza,, mejores estructuras, perspectivas de empleo y de formación?

En segundo lugar, ¿qué puede hacer la Unión Europea? A este respecto, el Comisario Frattini y la Presidencia alemana han considerado la posibilidad de conceder permisos de trabajo temporales. Esta posibilidad todavía está siendo estudiada. Además, con Frontex hemos encontrado sin duda un enfoque inicial para ayudar a los países que quizás no puedan resolver determinados problemas sobre el terreno y que reciben la ayuda de Frontex.

  La Presidenta. Pregunta nº 5 formulada por Sarah Ludford (H-0364/07)

Asunto: Antiterrorismo y derechos humanos

Tras la cumbre UE-EE.UU. de abril de 2007, ¿qué estrategia propone la Presidencia alemana para asegurarse de que en la cooperación transatlántica para luchar contra el terrorismo y la delincuencia se aplican métodos que respeten los derechos humanos y las libertades cívicas?

¿Cuándo y de qué manera se propone la Presidencia implicar al Parlamento Europeo en el diálogo transatlántico sobre seguridad, incluyendo el marco jurídico para luchar contra el terrorismo?

¿Qué respuestas de los Estados miembros ha solicitado y recibido la Presidencia en respuesta al informe del Parlamento Europeo sobre entregas extraordinarias aprobado el 14 de febrero de 2007?

¿Puede la Presidencia proporcionar información actualizada sobre la provisión del puesto de coordinador antiterrorista y decir si está reconsiderando la necesidad de que este puesto sea más prominente en la estructura del Consejo, especialmente en lo que se refiere a garantizar el respeto del artículo 6 del TUE?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Durante la Cumbre UE-Estados Unidos de 2007, la Unión Europea y los Estados Unidos acordaron lo siguiente: de conformidad con nuestros valores comunes reafirmamos que desde hace mucho intentamos garantizar que los esfuerzos realizados en la lucha antiterrorista sean conformes con nuestras obligaciones en el marco del Derecho internacional, incluidas las normas en materia de derechos humanos, Derecho de refugiados y Derecho humanitario internacional.

Continuaremos y profundizaremos el diálogo que mantenemos sobre los fundamentos del Derecho internacional que revisten importancia para nuestra lucha común contra el terrorismo. Este diálogo nos ha permitido obtener un mejor conocimiento de los respectivos ordenamientos jurídicos y deberá promover nuestra colaboración en la lucha antiterrorista.

La Presidencia informa periódicamente al Parlamento Europeo sobre las relaciones transatlánticas, incluidas las cuestiones relacionadas con el Derecho internacional. Una de estas sesiones informativas tuvo lugar aquí el 24 de abril de 2007, en vísperas de la cumbre UE-Estados Unidos.

Sobre el tema del diálogo transatlántico, el legislador contribuye al diálogo transatlántico sobre seguridad. El Consejo tomó nota de la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2007 sobre las entregas extraordinarias durante el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 5 de marzo de 2007. La Presidencia no solicitó ni recibió respuestas de los Estados miembros a la mencionada Resolución del Parlamento Europeo. El puesto de Coordinador de la Lucha Antiterrorista es actualmente objeto de evaluación y la búsqueda de un candidato adecuado ya está en curso.

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Habría sido preferible celebrar un debate sobre las entregas de la CIA y la complicidad europea durante este período parcial de sesiones, como querían los liberales, pero para nuestro asombro los grandes Grupos de la derecha y la izquierda no han apoyado la idea. Habríamos podido presionar al Consejo colectivamente para que por fin respondiera a los informes del Parlamento y de Dick Marty.

¿Cómo asegura Consejo el cumplimiento de los derechos humanos, como se afirma en las conclusiones de la cumbre, cuando sabemos que los estadounidenses se esfuerzan por convencer a los Estados miembros de la UE de que diluyan las salvaguardias legales? ¿Va a dejar el Consejo que los diputados participen en esos debates secretos, puesto que se supone que tenemos que celebrar un diálogo a tres bandas de alto nivel sobre el terrorismo? Nunca se nos ha consultado sobre el plan de acción, y creo que es hora de que el Consejo mejore su asociación con el Parlamento en esas cuestiones.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Si no recuerdo mal, en el debate sobre el tema ya expliqué la importancia del diálogo transatlántico y cuál ha sido la contribución de la Unión Europea y también de la Presidencia del Consejo a este debate. De hecho se le ha dado un gran impulso y actualmente se celebran las conversaciones correspondientes, no en el más alto nivel, lo admito, sino conversaciones de trabajo. Espero que comprendan que se trata de conversaciones confidenciales. Pero gracias a la inclusión periódica de los temas de las relaciones transatlánticas en el orden del día, en el futuro habrá la posibilidad de intercambiar puntos de vista sobre los avances logrados en los esfuerzos de ambas partes en pro de una solución.

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señor Ministro, permítame señalar que considero que sus esfuerzos en ciertos ámbitos no han tenido mucho éxito. En particular –por lo que se refiere a mi ámbito de competencia– en el de los controles indignos y seguramente contrarios a los derechos humanos a los que se somete a los pasajeros europeos en los aeropuertos estadounidenses. Me parece que esta es una situación inaceptable a largo plazo. Me gustaría saber qué piensa hacer usted contra estas medidas adoptadas en los Estados Unidos so pretexto de luchar contra el terrorismo.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Leichtfried, no voy a entrar ahora en su valoración de los controles efectuados en los Estados Unidos, pero sé que los Estados Unidos actúan de esta forma debido a ciertos acontecimientos. Como usted sabe, mantenemos un diálogo permanente con los Estados Unidos sobre el Programa Visa Waiver con el fin de que la exención de visado se aplique igualmente a otros Estados miembros de la UE. Aprovecharé su pregunta para que se vuelva a abordar este tema y para sugerir a la próxima Presidencia portuguesa que trate este tema en las conversaciones con los Estados Unidos.

  La Presidenta. Pregunta nº 6 formulada por Dimitrios Papadimoulis (H-0369/07)

Asunto: Instalación de un sistema estadounidense de protección antimisiles en Estados miembros de la UE

El proyecto de los Estados Unidos de instalar un sistema de protección antimisiles en Estados miembros de la UE (Polonia y República Checa) con el argumento de protegerse de ataques nucleares de Irán y Corea del Norte es fuente de inquietud para el público europeo en general, que considera que este tipo de proyectos convierte en objetivo al continente europeo y a la vez suscita nuevas divisiones. Además, de acuerdo con un comunicado del Consejo de Seguridad de Rusia, estos proyectos conducen a una revisión de la doctrina rusa de defensa, pues se consideran como una amenaza para la Federación de Rusia.

¿Qué piensa el Consejo sobre la instalación de estos sistemas en Estados miembros de la Unión Europea? ¿Qué medidas piensa tomar para detener estos proyectos, que reviven situaciones propias de la guerra fría en Europa?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Papadimoulis, el sistema estadounidense de defensa antimisiles, el despliegue previsto de diez misiles en Polonia y la instalación de un sistema de radar en la República Checa son cuestiones que no se han debatido en el Consejo. La cooperación bilateral entre los Estados Unidos y algunos Estados miembros de la UE en relación con el despliegue de elementos del sistema nacional de defensa antimisiles de los Estados Unidos es competencia nacional de los Estados miembros en cuestión. Por ello, el Consejo no ha considerado la posibilidad de plantear el tema de la defensa antimisiles en las deliberaciones con los Estados Unidos o la OTAN. La defensa antimisiles es objeto de las deliberaciones en el marco de la OTAN y del Consejo OTAN-Rusia. El 18 de abril tuvo lugar una reunión extraordinaria sobre la defensa antimisiles en el marco del Consejo de la OTAN y del Consejo OTAN-Rusia. Este tema fue abordado igualmente en una reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN celebrada los días 26 y 27 de abril en Oslo.

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, estoy sorprendido por la respuesta del Consejo. Está bien, no quieren discutirlo con los estadounidenses ni con la OTAN. ¿Pretenden debatirlo en el Consejo, con sus colegas checos y polacos? ¿O se lo van a dejar todo a la OTAN? El Ministro de Asuntos Exteriores alemán ha expresado su preocupación. Al igual que el señor Solana. Alemania quiere que exista una relación fluida con Rusia. ¿Pretende debatir el asunto durante esta cumbre? ¿Pretenden debatirlo en algún momento? ¿Qué sentido tiene que el Consejo hable si no lo hace sobre las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de Europa?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Vuelvo a referirme a la situación inicial. En la reunión del Consejo de la OTAN celebrada hace algunos años en Praga, los socios se pusieron de acuerdo con respecto a los nuevos retos a los que nos enfrentamos y las posibles nuevas respuestas que la OTAN debe encontrar para ellos. La OTAN creó los grupos de trabajo correspondientes. Este debate prosiguió en Riga, pero no se ha alcanzado un resultado definitivo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en el análisis de las amenazas comunes.

Sin embargo, en esta fase se presentó igualmente la propuesta de un sistema nacional de defensa antimisiles de los Estados Unidos. Consideramos que el tema del sistema de defensa antimisiles debe abordarse en general en el marco de la OTAN y no en el de la Unión Europea. Puedo confirmar una vez más que este tema no ha sido objeto de las deliberaciones del Consejo Europeo ni lo será.

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted dice con razón que el Consejo no pretende ocuparse de esta cuestión, me gustaría preguntarle –en vista de que según las encuestas un 51 % de los polacos están en contra del despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidense– por qué se rechazan las peticiones de grupos de acción ciudadana de que se convoque un referendo y se dice que los referendos no son adecuados. ¿Cuál es la posición del Consejo respecto a la participación de la población en decisiones tan importantes? ¿Existe al menos una posibilidad de negociar sobre esto?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) La decisión sobre la participación ciudadana corresponde a los Estados miembros y no se requiere ninguna directriz de la Presidencia del Consejo. Es asunto de los Estados miembros bajo su propia responsabilidad.

Sin embargo, a este respecto quisiera manifestar que la situación ha cambiado, sobre todo entre Rusia y los Estados Unidos. Estos países acordaron realizar un intenso intercambio de puntos de vista sobre este tema y adoptar medidas de creación de confianza. Esto de momento sigue estando abierto. Como sabe su Señoría, el señor Putin también ha hecho hace poco propuestas al respecto a los Estados Unidos. Me parece que deberíamos esperar el resultado de estas conversaciones.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Mi pregunta conecta directamente con esto. ¿Ha adoptado la Presidencia del Consejo una posición con respecto a la propuesta de Vladimir Putin de involucrar a Azerbaiyán en este sistema de misiles?

En segundo lugar, ¿hasta qué punto se corresponde la posición de la UE o del Consejo sobre el sistema antimisiles estadounidense con la posición de la OTAN o existe una diferencia? Y si existe dicha diferencia, ¿en qué consiste?

En tercer lugar, ¿tiene el Consejo de la UE la intención de abordar la cuestión de este sistema antimisiles en algún momento?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) El Consejo no se ha ocupado hasta ahora de este asunto. Tampoco puedo anticipar si el Consejo lo hará en el futuro. Ya he dicho que para ello no es necesario que la Presidencia emita una opinión, pero que en vista de los debates de los últimos días nos complace sobremanera que la relación entre los Estados Unidos y Rusia, que al principio tenía visos de confrontación, haya regresado a un nivel distinto y que ambas partes se muestren dispuestas a conversar entre ellas. Hasta ahora hemos considerado que este asunto debe ser objeto de consulta en el marco de la OTAN y no en el seno del Consejo Europeo.

  La Presidenta. Pregunta nº 7 formulada por Nils Lundgren (H-0374/07)

Asunto: Gaseoducto del mar Báltico

Las informaciones que circulan sobre la aprobación o no por parte del Consejo de la construcción de un oleoducto germano-ruso bajo el mar Báltico son divergentes. Es importante, en particular desde una perspectiva democrática, que los ciudadanos estén informados al respecto. Ya he debatido la cuestión previamente tanto con la Comisión como con el Consejo y no he obtenido una respuesta concreta y satisfactoria.

¿Podría indicar el Consejo si ha aprobado formalmente la construcción de un oleoducto germano-ruso a través del mar Báltico? En su opinión; ¿no considera necesaria la aprobación por parte del Consejo para poder llevar a cabo el proyecto? En caso de litigio con respecto a la evaluación del impacto medioambiental en las aguas territoriales suecas, ¿podría indicar el Consejo si el órgano competente en última instancia será el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea o el tribunal sueco encargado de las cuestiones de medio ambiente (Miljödomstolen)?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Cabe señalar que no existe fundamento jurídico alguno que autorice al Consejo a aprobar o rechazar proyectos como los que menciona su Señoría en su pregunta. En otras palabras, estos proyectos pueden emprenderse sin necesidad de la aprobación previa por parte del Consejo.

Su Señoría sin duda sabe que en la Decisión 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión 96/391/CE y la Decisión 1229/2003/CE se hace referencia en diferentes pasajes a un gasoducto entre Rusia y Alemania que atraviesa el Mar Báltico. Considero que también se sabe que con arreglo al Anexo I de esta Decisión, un gasoducto del norte de Europa forma parte de la categoría de «proyectos de interés europeo», la categoría que tiene la máxima prioridad. Por lo que se refiere a las disposiciones especiales sobre los proyectos de esta categoría, el Consejo remite a la parte dispositiva de la Decisión antes citada, que fue adoptada mediante el procedimiento de codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo.

En particular quisiera recordar al señor Lundgren el artículo 13 de la Decisión, en el que se dice que «la presente Decisión se entenderá sin perjuicio de los resultados de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos y de los planes o programas que definan el futuro marco de autorización de dichos proyectos. Antes de adoptar la decisión de realizar los proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria aplicable, se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental, siempre que la legislación comunitaria correspondiente exija dichas evaluaciones.»

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, con arreglo al Tratado compete a la Comisión asegurarse de la correcta aplicación de la legislación comunitaria y adoptar las medidas que considere necesarias en caso de infracción. Lógicamente, este principio debe aplicarse igualmente a la legislación comunitaria relativa a las evaluaciones de impacto ambiental.

  Nils Lundgren (IND/DEM) . – (SV) Señora Presidenta, como país de la Unión Europea y como país que ocupa la Presidencia en la actualidad, Alemania solicita una política energética común para la Unión. En vez de ello, se está cerrando un acuerdo bilateral con Rusia relativo a una inversión en infraestructuras bastante considerable en forma de canalización de gas, y esto se está haciendo sin consultar a los demás Estados miembros de la Unión Europea de la zona del Mar Báltico. ¿Nadie tiene nada que comentar al respecto?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Esta cuestión ya se trató también en otro Turno de preguntas. No puedo más que reiterar que este proyecto es privado y no estatal y que las empresas que ejecuten este proyecto deberán presentar toda la documentación correspondiente, incluso en los países en que deba instalarse este gasoducto, si es preciso realizar este examen con arreglo a la legislación vigente.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (DE) Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como sabemos, este gasoducto ha sido muy criticado por distintos políticos, expertos y científicos, sobre todo de los países escandinavos y bálticos, así como polacos. ¿Podría quizás el Consejo contribuir a que los expertos y políticos competentes se reúnan para deliberar sobre el problema y tal vez llegar a un compromiso práctico?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Paleckis, la tarea de informar a los países interesados corresponde a los encargados de la planificación y realización de este proyecto. Para ello debe presentarse la petición correspondiente. Esta petición dará lugar sin duda a un examen en todos los ámbitos, en especial en lo referente al medio ambiente y la seguridad. Supongo que tendrán lugar las conversaciones correspondientes, pero corresponde exclusivamente a las partes implicadas en el proyecto tomar la iniciativa al respecto, y esas partes son empresas privadas y no estatales.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, señor Ministro, esta no es la primera vez que debatimos este asunto. Hablar sobre sus consecuencias ecológicas suscita todo tipo de preocupaciones y temores. Ahora Rusia, al poner en marcha el proyecto, está llevando a cabo su propia evaluación de impacto ambiental, diciendo que las armas sobre el lecho marino no son peligrosas. ¿No encuentran ilógico que sea un director de proyectos privado el que esté llevando a cabo la evaluación de impacto ambiental?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Budreikaitė, existen disposiciones de Derecho internacional y comunitario que son de obligado cumplimiento. Considero que también Rusia debe cumplir estas obligaciones internacionales. No se trata de que Rusia realice sus comprobaciones y establezca, cuando esté disponible el resultado, que el gasoducto es en conjunto compatible en general con el medio ambiente. También es necesario tener en cuenta a los otros socios. Repito lo que he dicho en Turnos de preguntas anteriores: las empresas promotoras de este gasoducto están interesadas en que se proceda con toda transparencia a fin de suprimir los temores que abrigan los ciudadanos, y que se vele porque las minas y bombas depositadas en el fondo del mar no constituyan un peligro para las personas que vivan cerca del gasoducto. Este examen será sumamente exhaustivo. Todos tienen la responsabilidad, sobre todo las empresas, de realizar este examen para que no sea únicamente Rusia la que dé luz verde y conceda la autorización.

  La Presidenta. Pregunta nº 8 formulada por Robert Evans (H-0375/07)

Asunto: Territorios de ultramar

¿Se ha tratado alguna vez en el Consejo la anomalía que representa el hecho de que algunos territorios de ultramar, que están literalmente al otro lado del mundo, sean considerados parte de la UE, mientras que a otros lugares situados dentro de las fronteras de la UE se les considera «fuera» de la UE?

Teniendo en cuenta las implicaciones de estas anomalías, ¿no es este un buen momento para modernizar o regularizar esta situación?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) El Consejo no ha deliberado sobre la cuestión en el aspecto mencionado por Su Señoría. La distancia o cercanía física entre los 27 Estados miembros no es el único factor determinante para las relaciones entre los países y regiones de la Unión Europea. Las relaciones con los países y territorios de ultramar se rigen por la cuarta parte del Tratado CE y las decisiones del Consejo. La Decisión del Consejo vigente fue adoptada el 27 de noviembre de 2001, modificada el 19 de marzo de 2007 y expira el 31 de diciembre de 2013. El Consejo revisará la situación antes de entonces.

  Robert Evans (PSE). – (EN) Lo que decidimos en esta Cámara –como ha dicho usted en respuesta a la última pregunta, cuando ha mencionado las leyes de la UE que hay que respetar– se aplica en lugares como Martinica o Guadalupe, o la Guayana Francesa en la costa de Sudamérica, a miles de kilómetros de distancia, pero no se aplica en lugares como las Islas del Canal, que se encuentran entre Francia y Gran Bretaña, o la Isla de Man, Liechtenstein, Andorra, y podría seguir. Permitimos la existencia de todos esos peculiares paraísos fiscales en los que no se aplica la legislación de la UE.

¿No considera el Consejo no considera esta posición una anomalía que debemos reexaminar y pensar en una forma más moderna de avanzar, en lugar de intentar legislar a miles de kilómetros, y no junto a nuestra propia puerta?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Huelga decir que los temas mencionados en su pregunta están relacionados con territorios extraeuropeos que, no obstante, forman parte de la Unión Europea, debido a que por sus lazos con su metrópoli son miembros, por así decirlo, de la Unión Europea. Su Señoría sabe muy bien que países como Andorra o Liechtenstein se encuentran en Europa, pero no son miembros de la Unión Europea. Una revisión al efecto por parte del Consejo revelará si esas regiones siguen formando parte de la UE y si la legislación seguirá transponiéndose en las zonas mencionadas.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) A menudo, en los territorios de ultramar se encuentran bases militares de los Estados miembros. Me gustaría hablar de otro caso concreto: en Chipre hay bases militares soberanas designadas que pertenecen al Reino Unido, pero que no forman parte de la Unión Europea. Mi pregunta a este respecto es la siguiente: ¿Es aceptable que en un Estado miembro de la UE existan territorios de otro Estado miembro que no sean parte de la Unión Europea?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Solo puedo decirle que, como Su Señoría sabe, en la isla de Chipre se han producido acontecimientos especiales que han dado lugar a una situación particular. Por ello en Chipre siguen vigentes normas anteriores que –como puedo imaginarme– se modificarán cuando se resuelva plenamente el conflicto de Chipre.

  La Presidenta. Pregunta nº 9 formulada por Philip Bushill-Matthews (H-0378/07)

Asunto: Posible discriminación en razón del límite de edad establecido por Francia para los pilotos que soliciten sobrevolar territorio francés

¿Constituye el hecho de que Francia no autorice a pilotos mayores de 60 años a sobrevolar su territorio, aunque lo hagan en calidad de copilotos, de acuerdo con las estipulaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil, una violación de la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo (2000/78/CE⁽¹⁾, de 27 de noviembre de 2000)?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Bushill-Matthews, sin duda usted sabe que la supervisión de la correcta aplicación de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros es ante todo competencia de la Comisión Europea. Por ello, el Consejo no desea pronunciarse acerca de este caso concreto.

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Bueno, ha sido una respuesta muy corta, pero no muy dulce. Soy consciente de que la Comisión tiene ciertas responsabilidades, pero ¿está usted diciendo que el Consejo no tiene ningún interés y no le importa la discriminación por motivos de edad? Porque ese es el mensaje claro que está usted dando.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Su Señoría acaba de decir que la Comisión es la guardiana de los Tratados. Debe llevar a cabo el examen correspondiente. Por otra parte, los interesados pueden solicitar que se examine si se trata de un caso de discriminación.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Creo que el transporte aéreo en sí requiere una reorganización. Por ello cabe preguntar al Consejo si en este terreno está previsto proceder en el marco de la cooperación intergubernamental o de forma bilateral en caso de discriminación, ¿o considera usted acertado que la Comisión tome la iniciativa en este terreno?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Rübig, en la Unión Europea y en los Estados miembros ha tenido lugar un largo debate sobre la aplicación de las directivas correspondientes. Uno de los temas de este debate fue la transposición de estas directivas a la legislación nacional de todos los Estados miembros. Ese es el fundamento y, al igual que con las demás disposiciones del Derecho comunitario, los ciudadanos que se sientan afectados o discriminados tienen la posibilidad de emprender las acciones correspondientes, incluso hasta llegar a incoar una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo..

  La Presidenta. Pregunta nº 10 formulada por Bernd Posselt (H-0380/07)

Asunto: El problema del desempleo en Kosovo

¿Cómo valora el Consejo la situación actual en Kosovo, tomando en consideración que las demoras en el reconocimiento de su autonomía política han contribuido, aún en los últimos meses, a una tasa de desempleo muy elevada? ¿Qué iniciativas en favor de Kosovo piensa promover la UE aún durante el presente año en el terreno económico y político?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Posselt, la situación política en general en Kosovo sigue estando determinada por el proceso relativo a su estatuto. Una vez que el Enviado Espacial de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, ha hecho llegar la Propuesta Integral de Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este proceso ha pasado a ser definitivamente responsabilidad del Consejo de Seguridad. Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han expresado en varias ocasiones y de forma inequívoca su apoyo al Enviado Especial Ahtisaari, así como su convencimiento de que el paquete Ahtisaari representa un importante fundamento para el desarrollo económico y político sostenible de Kosovo, y también puede contribuir a reforzar la estabilidad de toda la región.

Tras la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del G-8, en la que no fue posible alcanzar un acuerdo sobre Kosovo, la Presidencia del Consejo de la UE pidió a todas las partes que intensificaran sus esfuerzos por adoptar lo antes posible una nueva resolución del Consejo de Seguridad. La Unión Europa sigue con gran atención este proceso.

Los preparativos de la Unión Europea para su aportación a una futura presencia civil internacional en Kosovo tras la solución de la cuestión de su estatuto se encuentran muy avanzados. La Unión Europea está dispuesta a asumir un papel importante en la posible futura presencia civil internacional en estrecha cooperación con otros agentes internacionales. Para ello se hallan equipos de planificación sobre el terreno que preparan las posibles actividades futuras de un Envido Especial de la UE así como de una misión de la PESD [Política Europea de Seguridad y Defensa] en el ámbito policial y judicial. La conclusión de estos preparativos depende del curso que siga el propio proceso del estatuto de Kosovo, así como de la solución efectiva del mismo.

Al igual que en el pasado, en el futuro será necesaria una ayuda considerable de la comunidad internacional en general y de la Unión Europea en particular para mejorar las condiciones económicas generales y la situación social de Kosovo. Esta ayuda solo podrá prestarse en estrecha cooperación con instituciones financieras internacionales y socios presentes sobre el terreno. Apenas disponga de una evaluación de los gastos, que lógicamente también depende de la solución del estatuto, la Comisión elaborará un paquete financiero global que también será objeto de una conferencia de donantes. Esta conferencia de donantes solo tendrá lugar una vez se haya aclarado la cuestión del estatuto de Kosovo.

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Quisiera hacerle una pregunta complementaria: ¿Cree usted que la cuestión del estatuto de Kosovo no puede resolverse de una manera aceptable para el Parlamento Europeo? ¿Sabe el Consejo que un 75 % del Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor del Plan Ahtisaari, de la independencia internacional y del establecimiento de un sistema de advertencia inmediata con respecto a nuevos retrasos? ¿Considera el Consejo que las demás instituciones deberían adoptar esta línea? ¿Qué opina el Consejo sobre la repentina declaración de posponerlo todo durante seis meses, medida a la que se ha opuesto expresamente el Parlamento Europeo por amplia mayoría o sobre la declaración de la señora Del Ponte, que carece de toda jurisdicción en este terreno?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Por supuesto que conocemos los debates y resoluciones del Parlamento Europeo. Pero quiero hacer referencia a un amplio debate que tuvo lugar el lunes pasado en el Consejo de Relaciones Exteriores y que continuará mañana en Bruselas. En este debate se clarificó una vez más que si bien las propuestas del señor Ahtisaari constituyen una base, necesitamos una decisión en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución aceptable.

Sería un gran error –y esta cuestión se ha abordado en las conversaciones con los Gobiernos de las regiones vecinas– adoptar ahora una decisión unilateral. Creo que hemos podido convencer a los Estados Unidos de que se requiere una decisión multilateral con arreglo al Derecho internacional. Para ello se celebrarán conversaciones en una reunión bilateral entre los señores Putin y Bush. En esta reunión seguramente se hablará de Kosovo. Sin embargo, quiero advertir desde ahora que una decisión unilateral no sería un buen fundamento para otras decisiones pendientes.

Soy consciente de que en la región también reina impaciencia. Por ejemplo, hemos dado expresamente las gracias al Gobierno albanés por haber ejercido una influencia considerable en las últimas semanas y meses y por haber declarado que se requiere una decisión conforme al Derecho internacional y no tan solo el reconocimiento unilateral de algunos países.

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, ¿qué iniciativas prevé la Presidencia del Consejo en el ámbito de la política económica, en particular en el ámbito de la política energética? ¿Considera usted, por ejemplo, que la Carta de las PYME o la Carta de la Energía podrían servir de base para luchar contra el desempleo en el proceso económico y para transponer de forma atractiva la Agenda de Lisboa en ese ámbito?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Rübig, sin duda somos conscientes, y la pregunta del señor Posselt también ha contribuido a que lo seamos, de la importancia que reviste la estabilidad económica junto con la estabilidad política. Para ello es necesario adoptar primero una decisión fundamental. Todos conocemos las circunstancias. En relación con las perspectivas futuras (ha mencionado usted la Comunidad de la Energía, que ya existe en esta región), es necesario adoptar las decisiones correspondientes una vez que se haya tomado la decisión política. Sin embargo, usted conoce por otros debates, incluidos los debates sobre las regiones vecinas, las posibilidades que ha ofrecido la Unión Europea a estos países para promover la cooperación regional. El aspecto que usted menciona tiene profundas implicaciones.

  La Presidenta. Puesto que tratan el mismo asunto, las preguntas siguientes se abordarán juntas:

Pregunta nº 11 formulada por Esko Seppänen (H-0382/07)

Asunto: Mecanismo Athena

Aunque el Tratado de la UE prohíbe utilizar los fondos del presupuesto comunitario para financiar operaciones militares, los Estados miembros han acordado crear un mecanismo especial denominado Athena. ¿A cuánto ascienden los fondos destinados por los Estados miembros a financiar las diferentes operaciones militares a través de este mecanismo?

Pregunta nº 12 formulada por Tobias Pflüger (H-0385/07)

Asunto: Presupuesto militar del instrumento financiero Athena

Según informaciones facilitadas por el Gobierno de la RFA en verano de 2006, la UE adquiere de la OTAN determinados servicios de telecomunicación (en régimen de reparto de costes entre ambas organizaciones) para llevar a cabo la operación Althea. Está negociando asimismo la adquisición de material cartográfico, inicialmente elaborado para la OTAN, relativo a Bosnia y Herzegovina, y se dispone a alquilar, ahora, por medio de un acuerdo contractual normal al margen del acuerdo Berlín Plus, una infraestructura determinada con exactitud (un contenedor) en el cuartel general de Camp Butmir, utilizado en común por ambas organizaciones.

¿Considera el Consejo, tras su reciente decisión sobre el mecanismo para administrar la financiación de Athena, que está garantizado el adecuado control democrático del presupuesto militar de dicho programa? ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora presentar las cuentas relativas a los importes pagados a la OTAN con cargo al presupuesto de Athena, publicar información detallada sobre la utilización de los créditos del presupuesto de Athena y transmitirla al Parlamento Europeo?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) En el artículo 28 del Tratado de la Unión Europea se consagran los principios para la financiación de las operaciones civiles y militares de gestión de crisis. Las operaciones militares o relacionadas con la política de defensa no pueden financiarse con recursos comunitarios.

Athena es el mecanismo creado por el Consejo en 2004 para administrar la financiación de los gastos comunes de estas operaciones. Los gastos comunes se sitúan por debajo del 10 % del total de los gastos adicionales de una operación. El resto de los gastos son financiados directamente por los Estados miembros en que tienen lugar dichas operaciones.

Athena es gestionada por un comité especial integrado por representantes de los Estados miembros, los cuales deben rendir cuentas ante sus Parlamentos nacionales a través del Ministro competente. Por lo que se refiere a la operación Althea, tanto la Unión Europea como la OTAN sufragan la parte que les corresponde por el uso de las instalaciones de uso común, el personal, etc. La OTAN no recibe reembolso alguno de Athena por los servicios prestados.

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señora Presidenta, Secretario de Estado, este es un sistema peculiar, en el que no hay supervisión democrática. Por supervisión democrática me refiero a una supervisión parlamentaria, no a la supervisión del Parlamento Europeo o los Parlamentos nacionales. Esta es la forma de reciclar las normas de los Tratados, tal y como usted a dicho. Quiero preguntar ahora si la nueva Constitución, con respecto a la cual la Presidencia ha preparado una propuesta, modificará los Tratados de tal forma que el dinero pueda ser concedido a partir del presupuesto de la Unión Europea sin el mecanismo Athena de por medio.

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Seppänen, hoy, en vísperas del Consejo Europeo, no quisiera especular sobre el futuro del Tratado constitucional europeo. Ya veremos qué debates se celebran y qué consecuencias tendrán en las disposiciones contractuales.

En relación con el segundo punto, quisiera decir que en el Comité están representados los Ministros de los Estados miembros, que son responsables en última instancia ante sus Parlamentos, ya que las contribuciones proceden de los Estados miembros. Hasta donde tengo entendido, los Parlamentos cuentan con comisiones especializadas que pueden pronunciarse a este respecto o formular preguntas a los respectivos Ministros sobre el empleo dado a los fondos, o bien con comisiones de control presupuestario que fiscalizan el empleo de estos fondos.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Desgraciadamente, la realidad es algo distinta. En la Subcomisión de Seguridad y Defensa se me dijo que la UE ha pagado dinero a la OTAN. Ahora usted dice que no se ha pagado nada. Esto es muy interesante. El problema reside en que nosotros no podemos obtener las cifras cuando consultamos sobre las mismas a los Parlamentos nacionales y tampoco las recibimos a través de la Comisión de Presupuestos ni en la Subcomisión de Seguridad y Defensa.

¿Sería posible que la Presidencia del Consejo elaborara un resumen de los gastos realizados hasta ahora a través de este mecanismo Athena?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Sobre la primera cuestión puedo decir que, como ya he señalado, pediré que se investigue y examine este asunto para comprobar si existe una contradicción, como ha señalado usted. Por otra parte, en mi calidad de representante de la Presidencia del Consejo no puedo juzgar las prácticas y leyes de los distintos Estados miembros para presentar dicho resumen en esta Cámara. Esto corresponde a los Estados miembros.

  La Presidenta. Pregunta nº 13 formulada por Inese Vaidere (H-0387/07)

Asunto: Negociaciones UE-Georgia sobre la conclusión de acuerdos en materia de concesión de visados y readmisión

Georgia es un socio importante de la Unión Europea en el marco de la Política Europea de Vecindad. El gobierno actual de este país ha demostrado claras aspiraciones europeas y sólidos compromisos para realizar reformas dirigidas a la adopción de valores europeos, así como una buena capacidad para llevarlas a cabo.

Se observa falta de voluntad por parte de la Unión Europea para entablar negociaciones con Georgia sobre la conclusión de acuerdos en materia de concesión de visados y readmisión. Esta actitud contrasta con la conclusión del acuerdo con Rusia sobre concesión de visados y readmisión, el cual entrará en vigor el 1 de junio del año actual, y la conclusión de las negociaciones de la UE con Ucrania en 2006 y las negociaciones con Moldova iniciadas a principios de este año.

La simplificación del régimen actual de concesión de visados con Georgia no ha formado nunca parte de la agenda de la UE y, sorprendentemente, parece que se está castigando a dicho país por aspirar a los valores y las reformas de carácter europeo.

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para acelerar el proceso de negociaciones y para concluir los acuerdos en materia de concesión de visados y readmisión con Georgia? ¿Qué ha previsto el Consejo con respecto a dichas negociaciones?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) La Presidencia puede asegurarle que no se ha tomado iniciativa alguna para conceder a la Comisión un mandato para el inicio de negociaciones sobre estos acuerdos con Georgia. No obstante, en el Plan de acción UE-Georgia adoptado en el marco de la Política Europea de Vecindad se prevé que en cualquier momento puede entablarse un diálogo sobre cuestiones relacionadas con la circulación de personas, incluidas las cuestiones de readmisión y la expedición de visados.

En relación con el debate sobre el posible trato desigual de los ciudadanos que viven en Abjasia y que han recibido un visado en virtud del nuevo Acuerdo, así como sobre la cuestión de si existe un posible desequilibro entre los derechos de las personas que viven en esta región y los de las personas que viven en Georgia, quisiera agregar que emprenderemos este debate, que también ha tenido lugar en otro nivel en el Parlamento Europeo, a fin de encontrar una solución.

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Señor Gloser, acaba de referirse a Abjasia y a Osetia del Sur, y es bien sabido que Rusia está expidiendo pasaportes rusos a gran escala para los habitantes de Abjasia y Osetia del Sur, reduciendo así artificialmente la proporción de ciudadanos georgianos en esas regiones. La Unión Europea, al dudar con respecto a la asignación de este servicio de visado para Georgia, está creando indirectamente un incentivo adicional para la adquisición de pasaportes rusos, ya que los ciudadanos rusos tienen en la actualidad más oportunidades de viajar a la Unión Europea que los ciudadanos georgianos. Me gustaría formularle una segunda pregunta: ¿por qué las conversaciones sobre la facilitación de visados a Georgia no comenzaron en el Consejo? ¿Qué soluciones concretas cree que podrían resolver esta situación que, desde mi punto de vista, es inaceptable?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) La Unión Europea ha concluido con Rusia este acuerdo sobre facilitación de visados y el correspondiente acuerdo de readmisión. En las últimas semanas se ha sabido –y en este punto puedo emplear sin problemas el mismo término que la señora Vaidere– que existe un desequilibrio entre los ciudadanos que viven en Abjasia u Osetia del Sur, que de pronto tienen la posibilidad de viajar con un visado ruso, y los ciudadanos de Georgia, que no pueden hacerlo. Ese fue el motivo por el que la Unión Europea se planteó entablar conversaciones con Georgia en el marco de la Política de Vecindad a fin de suprimir el desequilibrio –de mantenerse este– entre la posibilidad de obtener un visado en el lado ruso y la imposibilidad de obtenerlo en el lado georgiano.

  La Presidenta. Pregunta nº 14 formulada por Leopold Józef Rutowicz (H-0390/07)

Asunto: Adopción de la Directiva "Itinerancia"

¿Qué medidas se propone tomar el Consejo para acelerar la adopción de la Directiva «Itinerancia», que reviste una importancia vital para los ciudadanos europeos?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Rutowicz, durante el período parcial de sesiones de febrero ya formuló usted una pregunta sobre el Reglamento relativo a los servicios de itinerancia. Por ello me alegro de poder darle la siguiente respuesta a su nueva pregunta, aunque es posible que ya conozca su contenido, ya que el tema de la itinerancia nos afecta a todos, pues no podemos vivir sin teléfonos móviles.

Como seguramente sabe, el Reglamento sobre los servicios de itinerancia, que se fundamenta en el artículo 95 del Tratado CE, está sujeto al procedimiento de codecisión conforme al artículo 251 del mismo Tratado. Puedo asegurarle que las tres instituciones se han propuesto aprobar lo antes posible este Reglamento. En su reunión de los días 6 a 8 de junio, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre la propuesta, aprobando así el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. Los juristas lingüistas ya están llevando a cabo la revisión final del texto a fin de que pueda adoptarse por medio de un procedimiento acelerado. La adopción de este acto jurídico está prevista para finales de junio. Su publicación en el Diario Oficial tendrá lugar inmediatamente después.

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Señora Presidenta, lamentablemente la pregunta se formuló cuando la situación era bastante diferente. Por lo tanto, imagino que deberíamos, en este punto, aplaudir el hecho de que estas directivas se hayan adoptado tan rápidamente y de que la sociedad europea se vaya a beneficiar de este trabajo.

Por cierto, se trata de un gran éxito para todo el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. No obstante, no se puede decir lo mismo de las tarifas establecidas en esta Directiva. Según los expertos de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, estas tarifas eran más bajas anteriormente. El ponente las incrementó durante el proceso de consulta y, finalmente, se incrementaron en la propia Directiva.

No obstante, tengo una pregunta que me gustaría formular. La itinerancia sigue siendo, si me permiten decirlo, algo inaceptable en Europa. Así pues, mi pregunta es: ¿cuándo desaparecerá por completo la itinerancia en los Estados miembros de la Unión Europea?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Todos sabemos que entre los objetivos que nos fijamos y los que realmente alcanzamos existe a menudo una gran diferencia, pero deberíamos alegrarnos de que se haya dado un primer paso importante; y hará falta la energía de todos los interesados para que entre en vigor a finales de junio. Este es otro ejemplo de que es necesario e importante debatir sobre el Tratado constitucional.

El propósito de la Presidencia alemana ha sido siempre asegurar que el público también vea la Europa de los proyectos, la Europa de los resultados. El Reglamento sobre servicios de itinerancia que entrará en vigor en breve constituye un ejemplo de la capacidad de actuación de Europa y de un proyecto para los ciudadanos europeos. Todos sabemos que seguirá habiendo debates sobre nuevos cambios, creo que por iniciativa del Parlamento Europeo a este respecto.

  La Presidenta. Pregunta nº 15 formulada por Danute Budreikaite (H-0392/07)

Asunto: Aplicación de la política de vecindad de la UE

La política de vecindad de la UE afecta a 16 países vecinos, en concreto los países de la Cuenca Mediterránea –Egipto, Argelia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria y Túnez– y los nuevos Estados independientes de Ucrania, Moldova, Belarús, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Se ha elaborado un plan de acción para la aplicación de la política de vecindad respecto de cada uno de los países vecinos. Se prevé destinar el 16 % del presupuesto para las relaciones exteriores a la política de vecindad.

¿Puede indicar el Consejo cuáles son los países con los que se han celebrado acuerdos de conformidad con el instrumento de política de vecindad? ¿A cuánto ascienden los créditos consignados para los países en cuestión y para qué periodos?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Los planes de acción adoptados en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) son documentos políticos que expresan un acuerdo político entre la Unión Europea y los distintos países asociados en torno a un programa de reformas políticas, económicas y sectoriales, y que fijan al mismo tiempo las prioridades a medio y largo plazo para las medidas que deban adoptarse. Estos planes son adoptados de común acuerdo entre la UE y el país asociado de que se trate en el Consejo de Asociación o de Cooperación.

En el caso de los países asociados de Europa Oriental, se han acordado planes de acción con cinco de los seis países interesados en el marco de la Política Europea de Vecindad. Primero se adoptó el plan de acción con Ucrania el 21 de febrero de 2005 y a continuación el plan de acción con la República de Moldova el 22 de febrero de 2005. A continuación vinieron Armenia, Azerbaiyán y Georgia, países con los que el 14 de noviembre de 2006 se acordaron los respectivos planes de acción. No se ha concluido un plan de acción con Belarús, debido a que la UE no mantiene relaciones contractuales con este país. Belarús solo gozará de las amplias ventajas de la Política Europea de Vecindad cuando establezca un sistema democrático tras la celebración de elecciones libres y limpias.

Con los países del Sur se han adoptado los siguientes planes de acción en el marco de la Política Europea de Vecindad: el 11 de abril de 2005 con Israel, el 4 de mayo de 2005 con la Autoridad Palestina, el 2 de junio de 2005 con Jordania, el 22 de junio de 2005 con Marruecos, el 4 de julio de 2005 con Túnez, el 19 de enero de 2007 con el Líbano y el 6 de marzo de 2007 con Egipto. Con Argelia aún no existe un plan de acción, y con Libia y Siria no se han adoptado planes de acción debido a que la UE no mantiene relaciones contractuales con estos países.

La Unión Europea dispondrá para la ejecución de la Política Europea de Vecindad durante el período 2007-2013 de un total de 12 000 millones de euros de recursos comunitarios, lo que representa un aumento real del 32 %. Al término de las deliberaciones con los Estados miembros de la UE, la Comisión decidió el reparto de estos fondos con arreglo al Reglamento nº 1638/2006 de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, y adoptó los documentos de estrategia y la programación indicativa que abarcan los países, regiones y programas transfronterizos para el período 2007-2010.

Por lo que se refiere a los programas nacionales en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), los importes plurianuales para el período 2007-2010 son los siguientes: para Argelia 220 millones de euros, para Armenia 98,4 millones de euros, para Azerbaiyán 92 millones de euros, para Belarús 20 millones de euros, para Egipto 558 millones de euros, para Georgia 120,4 millones de euros, para Israel 8 millones de euros, para Jordania 265 millones de euros, para Líbano 187 millones de euros, para Libia 8 millones de euros, para la República de Moldova 209,7 millones de euros, para Marruecos 654 millones de euros, para la Autoridad Palestina 632 millones de euros, para Siria 130 millones de euros, para Túnez 300 millones de euros y finalmente para Ucrania 494 millones de euros. Cabe señalar en el caso de Libia y de la Autoridad Palestina que no se han adoptado documentos de estrategia o programas indicativos, ya que no es posible programar a medio plazo en estos casos y por ello los créditos declarados solo son indicativos.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señora Presidenta, gracias por su completa respuesta. Me gustaría aclarar una cosa. Para la aplicación de esta política, se alcanzaron ciertos acuerdos y se elaboraron planes de acción con países concretos: la Unión Europea y Ucrania, la Unión Europea y Georgia. ¿Los Estados miembros vecinos de estos países participarán en la elaboración de los planes de acción?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Esta tarde hemos mantenido un debate sobre el programa MEDA y la Política Europea de Vecindad, pero más en relación con el Sur. Quiero subrayar que decir que ahora la UE tiene una frontera exterior, pero que también tiene vecinos y le interesa la estabilidad política, económica y social de estos países, ha dado impulso a los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.

Por ello, a la hora de concebir y desarrollar la Política Europea de Vecindad hemos dado prioridad a un aspecto importante, a saber, poder elaborar un programa para cada país vecino que mantenga relaciones con la Unión Europea en función de los avances de cada uno de ellos a fin de contar con programas a la medida, por ejemplo, para Ucrania o Moldova. Solo puedo decirle, señora Budreikaitė, que los países que ha citado han participado en la elaboración de estos planes de acción y muestran un gran interés por ellos. Lo que prevén estos planes y esta política de vecindad puede desempeñar un papel muy importante en determinados sectores, como el acceso al mercado interior. Habida cuenta de que el Consejo Europeo aprobará este nuevo enfoque de la Política de Vecindad en sus conclusiones de mañana y el viernes, esperamos que las siguientes Presidencias tengan la posibilidad de seguir trabajando sobre la base de este programa.

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Señora Presidenta, usted ha dicho que no existe ningún programa de la Política de Vecindad europea en vigor para Belarús, porque no se han celebrado unas elecciones libres en el país. Sin embargo, en el caso de Azerbaiyán, se ha acordado un programa de este tipo. ¿Cree que las elecciones en Azerbaiyán fueron libres y legítimas, y cree que es lógico que se haya acordado un programa así con Azerbaiyán y no con Belarús?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Seppänen, también ha habido conversaciones intensas con los países del Cáucaso Meridional. Se han elaborado informes sobre los avances realizados y la Unión Europea ha llevado a cabo los preparativos, con el resultado de que se han adoptado efectivamente planes de acción a lo largo del año pasado. Esto significa –y no solo presupone– que el resultado del examen ha demostrado que existen opciones para la conclusión de un plan de acción con Azerbaiyán.

  La Presidenta. Pregunta nº 16 formulada por James Nicholson (H-0394/07)

Asunto: Carne de vacuno de Brasil

A fin de garantizar la total confianza de los consumidores europeos en sus suministros de carne de vacuno, ¿no va el Consejo a considerar la posibilidad de prohibir inmediatamente las exportaciones de carne de vacuno de Brasil a la Unión Europea en lugar de esperar hasta finales del presente año?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señor Nicholson, con arreglo al Derecho comunitario corresponde a la Comisión aplicar la cláusula de protección. Por lo tanto, el Consejo no puede influir en la decisión que la Comisión ha adoptado en relación con la carne de vacuno brasileña.

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Gracias, Señor Presidente en ejercicio, pero esta respuesta me ha dejado un poco frustrado. Anoche también formulé una pregunta a la Comisión, pero tampoco sirvió de gran cosa. Quiero decir al Presidente en ejercicio del Consejo que cuando el Irish Farmers’ Journal y un representante de la Asociación de Agricultores Irlandeses visitaron Brasil, encontraron pruebas de que Brasil no estaba siguiendo las normas. La trazabilidad es inexistente. No hay controles en las fronteras regionales. Cada día se desplazan animales de zonas afectadas por la fiebre aftosa. Existen pruebas de que Brasil está usando sustancias prohibidas en la Unión Europea.

¿No es hora de que Europa deje de abordar de boquilla este tipo de problemas –que puede afectar a nuestros consumidores– y prohíba la carne de vacuno brasileña, como desea todo el mundo en la Unión Europea por el bien de los productores y consumidores?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Tengo que decir que el Consejo no es competente en esta materia. Pero usted mismo acaba de decir que ha aprovechado la ocasión para plantear este problema a la Comisión. Desde luego, el Consejo tiene conocimiento de este problema, pero corresponde ahora a la Comisión investigar la información correspondiente, pues tiene la obligación de presentar las propuestas respectivas y de adoptar medidas de protección. Realmente esto no es competencia del Consejo Europeo.

  Jim Allister (NI). – (EN) Señor Presidente en ejercicio, usted dice que es una cuestión que compete a la Comisión, pero el Consejo debería tener un interés más que de pasada por la salud de los ciudadanos europeos. Los Estados Unidos de América han prohibido totalmante todas las importaciones de carne fresca de Brasil porque dicen que la trazabilidad es inexistente, el uso de hormonas del crecimiento está extendido y, en general, los controles son alarmantemente deficientes. ¿Es la salud de los ciudadanos europeos menos importante que la de los ciudadanos estadounidenses y, si no lo es, por qué aún no hemos prohibido la carne de vacuno brasileña?

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) He escuchado lo que ha dicho el Consejo, pero creo que está esquivando la cuestión.

En este momento estamos negociando con el G-4 en Potsdam y quiero saber si podemos hacer caso omiso de las recomendaciones del Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha reclamado una prohibición de las importaciones de carne de vacuno de Brasil. ¿Podemos hacer caso omiso de las conclusiones del informe definitivo de una misión realizada en Brasil por la Oficina Alimentaria y Veterinaria, que afirma claramente que el sistema actual control de residuos y medicina veterinaria no es suficiente?

Hay grandes deficiencias en la concepción, el alcance y la aplicación del Plan Nacional de Control de Residuos. Quiero formular la misma pregunta que los demás. ¿No está de acuerdo en que es hora de actuar y proteger a los consumidores europeos?

  Günter Gloser, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Coincido con usted en que la Unión Europea debe actuar en caso de ser ciertas las informaciones que acaba usted de facilitarnos, pero nos hemos impuesto normas para ello. Todo lo que puedo hacer es hacerme eco de sus peticiones a favor de los consumidores y animar a la Comisión a que informe a los órganos interesados de la amplitud de su examen y de las medidas que está facultada para tomar, pero lamento que no podamos cambiar constantemente de papel. Hemos definido claramente los ámbitos de responsabilidad, y este compete a la Comisión. No puedo anticipar la respuesta de la Comisión, que no tiene la obligación de estar presente en este Turno de preguntas. Tan solo puedo ofrecerme a investigar de nuevo a fin de que ustedes, como representantes de los ciudadanos, reciban una respuesta clara y pertinente de la Comisión.

  La Presidenta. Señor Presidente en ejercicio, quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias por su cooperación y amabilidad durante la Presidencia de su país en nuestros Turnos de preguntas.

Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo).

Con esto concluye el Turno de preguntas.

(La sesión, suspendida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

PRESIDENCIA DE LA SR. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

(1) 1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16

15. Composición de las comisiones y delegaciones: véase el Acta

16. Estrategia relativa a la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia (continuación del debate)

  El Presidente. Continuamos con el debate sobre el informe del señor Klich sobre un espacio de libertad, seguridad y justicia: Estrategia para la dimensión exterior - Plan de acción para la realización del programa de La Haya.

  Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE-DE. – (ES) Señor Presidente, en la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia es esencial la dimensión exterior. Por ello, celebro que el Parlamento haya elaborado el informe Klich sobre esta materia.

Hay amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas y de inmigrantes ilegales que tienen un carácter global, internacional, por lo que la Unión Europea y sus Estados miembros no los pueden afrontar solos. Es imprescindible la cooperación de los terceros países y, en primer lugar, la de los vecinos.

Quisiera destacar tres ideas básicas. La primera, que la construcción de este espacio es un objetivo esencial. Por ello, conseguir la cooperación de los terceros países debe ocupar un lugar prioritario en la acción exterior de la Unión Europea y de sus Estados miembros.

La segunda, que, por consiguiente, esta cooperación no debe ser únicamente competencia del Comisario tan activo y competente de Justicia, Libertad y Seguridad, ni del Consejo JAI, sino también de la Comisaria y del Consejo de Asuntos Exteriores, del Alto Representante y del Comisario de Cooperación. Por ello, el informe Klich pone especial énfasis en esta necesaria coordinación.

En tercer lugar, comparto muchos de los puntos de vista de la Comunicación de 2005 de la Comisión sobre la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero en el capítulo dedicado a los principios que deben regir las políticas con respecto a los terceros países, yo habría incluido el principio de condicionalidad positiva. Es decir, tenemos que incentivar, estimular, la cooperación de los terceros países. No puede resultarnos indiferente que cooperen o no con la Unión Europea.

Por ejemplo, en una materia de tanta actualidad, desgraciadamente, en España, como es la inmigración ilegal, no debe ser lo mismo que los terceros países firmen o no acuerdos de readmisión, ayuden o no en la identificación y documentación de sus nacionales, persigan o toleren las actividades de mafias organizadas que trafican con inmigrantes ilegales. Debemos pedirles, con firmeza, su cooperación en todas estas materias y recompensarla debidamente. Además, deberíamos hacer un seguimiento y una evaluación de esa colaboración. Y en este sentido ya hay un mecanismo de evaluación, establecido tras el Consejo Europeo de Salónica de 2003.

Señorías, estamos en un mundo globalizado, tan interdependiente que, sin la cooperación de los terceros países, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos y el control de los flujos migratorios serán más frágiles y más difíciles de garantizar.

  Martine Roure, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señor Presidente, el espacio de libertad, seguridad y justicia no puede funcionar de manera efectiva, a menos que nuestras acciones europeas también se amplíen para incluir nuestras relaciones con terceros países. Por lo tanto, es importante que coordinemos nuestra estrategia en materia de libertad, seguridad y justicia con la política exterior de la Unión Europea. Quiero dar las gracias a nuestros dos ponentes, el señor Klich y el señor Sakalas, por haber conseguido establecer nuestras prioridades en este informe.

En el ámbito de la inmigración, no basta con que reforcemos nuestras fronteras. Debemos establecer un verdadero diálogo con terceros países, basado sobre todo en la protección de los derechos fundamentales y la democratización. Por lo tanto, queremos garantizar que los derechos fundamentales formen parte integral de todos los instrumentos europeos, incluyendo una cláusula de «derechos humanos» en los acuerdos alcanzados con terceros países.

La lucha contra la delincuencia y el terrorismo internacional solamente será efectiva si cooperamos estrechamente con nuestros aliados. No obstante, debemos recordar que, para la Unión Europea, la lucha contra el terrorismo debe incluir, sobre todo, el fortalecimiento de los derechos humanos. No podemos emplear las mismas armas que los terroristas. ¡Opongámonos a la violencia y a la barbarie con el Estado de Derecho y la justicia! Por lo tanto, insistimos en que las instituciones europeas se encarguen de que los requisitos de los Estados miembros dentro del contexto de la lucha contra el terrorismo no comprometan, en ningún caso, el respeto de los derechos fundamentales de ninguna persona, incluso cuando sea sospechosa de haber cometido un acto de terrorismo, de acuerdo con las conclusiones de nuestra Comisión Temporal sobre el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros.

Finalmente, quiero regresar sobre las cuestiones del SWIFT y del registro de los nombres de los pasajeros (PNR). Nuestros amigos estadounidenses son aliados importantes. Por tanto, debemos negociar una política general para el intercambio y la protección de datos, que respete la legislación europea en este ámbito.

  Sophia in ‘t Veld, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que es una lástima que el ponente no esté aquí, porque iba a felicitarle por su excelente informe y darle las gracias por la buena cooperación. Por desgracia no está presente, y lo que es peor, el Consejo vuelve a estar ausente. Lo tomo como una señal de su falta de compromiso con estas importantes cuestiones, en particular con el tema de los derechos humanos en nuestras relaciones exteriores, del que hablaré después. Cuando se trata de tomar medidas de seguridad, contra el terrorismo y la delincuencia, el Consejo siempre está presente y es capaz de tomar decisiones muy rápidas, pero cuando se trata de los derechos humanos, no se presenta. Quiero hacer hincapié en este punto.

Este informe es muy importante porque se centra en la esencia misma de la Unión Europea, es decir, en la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales. Estoy particularmente satisfecha con el primer inciso del apartado 17, que afirma que la promoción de las normas democráticas, los derechos humanos y las libertades políticas es una dimensión clave de las relaciones exteriores y es fundamental para nuestros objetivos globales.

Creo que es uno de los apartados cruciales del informe. En los últimos seis años hemos tomado muchas medidas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, pero ha sido una acción muy desequilibrada, porque la dimensión de los derechos humanos ha quedado marginada. Hemos hablado mucho de derechos humanos, libertades civiles y democracia. Pero me pregunto si seguimos teniendo la misma autoridad moral en el mundo, si examinamos, por ejemplo, el caso de Guantánamo, las entregas de la CIA y las cárceles secretas y el hecho de que, hasta hoy, el Consejo no haya respondido a ninguna de las cuestiones que se han planteado.

Cuando pienso que la Unión Europea solo ha condenado tímidamente las violaciones de los derechos humanos en Rusia y que la cumbre de este fin de semana probablemente eliminará la Carta de los Derechos Fundamentales de la Constitución, me pregunto qué clase de señal política estamos enviando. Creo que deberíamos dejar de hablar de los principios de derechos humanos y democracia y comenzar a ponerlos en práctica y a tomárnoslos en serio.

Una segunda cuestión es, por supuesto, la responsabilidad democrática, en la que el ponente insiste con razón. Es muy importante que el Parlamento Europeo se implique mucho más en estas cuestiones; por tanto, apoyo la petición de una pasarela. Pero sería aún mejor que este fin de semana el Consejo llegara acordara un tratado o una constitución que garanticen el control democrático en el ámbito de las libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior.

La señora Roure ya ha mencionado un punto importante sobre la lucha contra el terrorismo. Respecto de los casos de SWIFT y PNR, tenemos que decir que no hay supervisión democrática y que el acuerdo que probablemente alcanzaremos con los estadounidenses sencillamente no cumple nuestras normas. Estoy empezando a preguntarme –y vuelvo a dirigirme al escaño vacío que tengo enfrente– con qué firmeza ha negociado el Consejo. Sabemos que la Comisión ha realizado un gran esfuerzo, pero no estoy tan segura en el caso del Consejo.

Los pequeños grupos informales como el G-6 y la reunión a puerta cerrada del Grupo de Contacto de Alto Nivel sobre cuestiones de lucha antiterrorista no encajan en una democracia moderna como la Unión Europea.

  Brian Crowley (UEN). – (GA) Beidh ceannairí an Aontais Eorpaigh ag bualadh le chéile an tseachtain seo, agus iad ag iarraidh Conradh nua don AE a chur le chéile. Beidh béim ar leith á chur acu ar chúrsaí dlí agus cirt.

Dar liomsa, ní chóir go mbeadh an chumhacht ag an AE socruithe dlí agus cirt a dhéanamh le vótáil trí thromlach cáilithe toisc go bhfuil córas dlí coiteann i bhfeidhm ag Éire agus an Bhreatain. Is córas dlí sibhialta atá i bhfeidhm ag na Ballstáit eile san AE.

– (EN) La realidad de lo que tenemos que abordar, de las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos, ya sea el terrorismo, el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, el asilo, la inmigración ilegal y las presiones que sufren los servicios que tratan estos problemas, resalta sobre todo un punto: la interacción humana o la implicación humana está en el meollo de todas estas cuestiones.

La Unión Europea tiene que hacer uso de todos los instrumentos para garantizar no solo la seguridad de nuestras regiones, sino también la protección de los derechos de las personas: las que puedan ser sospechosas o incluso las que se hayan encontrado con un sospechoso en algún momento. Demasiado a menudo encontramos que, por mera asociación, uno podría ser considerado culpable de haber cometido un delito de acuerdo con alguna de las nuevas leyes draconianas que se han aprobado en diferentes países. Por eso la cooperación y coordinación entre los diferentes Estados miembros es importante, porque no solo facilita y permite la libre circulación de datos e informaciones confidenciales, que es esencial para hacer frente a muchos de esos delitos, sino que también permite que entre las fuerzas policiales o los servicios de seguridad que no son tan buenos como otros rijan las mejores prácticas.

En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solíamos tener la idea del método de «coordinación abierta» según el cual las cosas positivas llevaban a otras cosas positivas. Hay cosas positivas en los países de la Unión Europea que otros países pueden seguir, no solo los países terceros, sino también los Estados miembros. Dada la complejidad de los sistemas jurídicos en los diferentes Estados miembros, el Consejo de Ministros tiene que seguir supervisando esto. No es un ámbito que pueda ser de competencia exclusiva de la Unión Europea. Espero que el fin de semana lleguemos a un buen compromiso en ese sentido.

  Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (FR) Señor Presidente, el informe Klich-Sakalas tiene el mérito de subrayar la absoluta necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos para la aplicación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, mañana durante la votación, me opondré a las enmiendas destinadas a eliminar toda referencia al transporte y la detención ilegal de supuestos terroristas en el territorio de la Unión Europea, y quiero pedir a mis colegas diputados que hagan lo mismo.

Hoy celebramos el Día mundial del refugiado y recuerdo los comentarios realizados aquí mismo por Kofi Annan, describiendo de vergonzosa la política de la Unión Europea en materia de asilo e inmigración. ¿Qué ha cambiado desde entonces? A pesar de los conflictos que azotan al mundo, la Unión Europea acepta cada vez menos refugiados. El número de personas que solicita asilo en la Unión Europea se ha reducido a la mitad desde la década de los noventa. Actualmente, por ejemplo, la tasa de aceptación de solicitudes de asilo de personas de Darfur es increíblemente baja. La Unión Europea también se niega a aceptar sus responsabilidades con respecto a los refugiados iraquíes. Más de cuatro millones de iraquíes se ven actualmente obligados a desplazarse y, a pesar de eso, la Presidencia alemana ha afirmado que los Estados miembros no desean participar en un programa de reasentamiento para refugiados.

Las acaloradas negociaciones sobre los acuerdos de readmisión que obligan a terceros países a admitir en su territorio a cualquier persona en tránsito por el mismo provocan, como saben, desastrosas situaciones humanitarias y graves violaciones del derecho a la protección internacional y del principio de no devolución. Estos acuerdos transfieren a terceros países las responsabilidades que ellos generalmente no son capaces de asumir. Esta política de «marcha forzada» desacredita, en parte, los esfuerzos realizados en otros aspectos para la protección de los derechos fundamentales en terceros países.

La Comisión Europea debería ser clara y realizar propuestas prácticas para apartarse de esta esquizofrenia. Es necesario establecer un procedimiento de control transparente para estos acuerdos; debería establecerse un recurso efectivo en caso de violación de derechos tras la denegación de entrada. La Comisión también podría designar, dentro de sus equipos de Frontex, personal con una formación específica en derechos humanos y derecho humanitario, para garantizar convenientemente el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales.

  Adamos Adamou, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si queremos evaluar los informes del Parlamento sobre un espacio de libertad, seguridad y justicia, debemos estudiar los acontecimientos en este sector de los últimos años de una forma objetiva.

El coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea no está sujeto a ningún control institucional por parte del Parlamento Europeo ni de los Parlamentos nacionales. No se ha realizado ningún progreso en ninguna cuestión de control democrático. Teníamos una obligación seria en el ámbito de las libertades civiles y la confidencialidad de los datos personales en nombre de la lucha antiterrorista. Mencionaré solamente dos puntos: el uso de datos biométricos en los pasaportes de todos los ciudadanos y la supresión de la confidencialidad en las llamadas telefónicas y por Internet.

Lo que anteriormente protegíamos como naciones y como Estados y considerábamos la niña de nuestros ojos, lo sacrificamos ahora y casi parece que cualquiera que luche para mantener las libertades y los derechos individuales apoya e incita al terrorismo.

Los servicios secretos de los Estados Unidos y otros Estados están actuando sin control fuera de su territorio, violando así una serie de artículos de los convenios internacionales. Un ejemplo típico son los vuelos secretos de la CIA. Aún así, lo único que hace la Unión Europea y todo el que haya votado a favor aquí en el Parlamento es ratificar la incorporación a la normativa comunitaria del Convenio de Prüm, la última palabra por lo que se refiere al control de los ciudadanos en la Unión Europea.

Se están promoviendo incluso más medidas dentro de la agenda de seguridad de la Unión Europea que, por supuesto, favorecen sus percepciones estratégicas acerca de su política exterior, incluyendo un aumento del armamento de los militares y de la participación en operaciones militares.

En lugar de conseguir que la Unión Europea asuma un papel principal a nivel internacional para estudiar las causas de las oleadas de inmigrantes y poner fin a la enorme división entre países ricos y pobres, preferimos introducir fuerzas de intervención rápida con Frontex, con el fin de «derrotar» a los inmigrantes.

Señorías, la política que están siguiendo no solamente no resuelve los problemas que teóricamente pretende resolver, sino que, por el contrario, los intensifica. El espacio de libertad, seguridad y justicia, con el contenido que le atribuyen, está aumentando la falta de libertad, la inseguridad y la injusticia. Solamente si se anula el contenido podrá resolver los problemas de forma aceptable.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia es un objetivo interior de la Unión Europea, aunque tiene una dimensión exterior. El mantenimiento de nuestra estabilidad y seguridad depende, entre otros factores, de nuestras relaciones con nuestros vecinos y con otros países de todo el mundo, y debemos concentrarnos en torno a este punto y enviar mensajes políticos claros.

Por esta razón, votaré en contra de las propuestas del ponente destinadas a eliminar las referencias a los vuelos de la CIA. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos son comunes para un gran número de países y las experiencias de la Unión Europea –y su éxito o fracaso– con respecto a estas cuestiones serán una referencia útil para estos países. Hemos progresado enormemente en muchos ámbitos y quiero dar las gracias, una vez más, al señor Frattini por su destacado trabajo en la Comisión. No obstante, queda mucho por hacer en materia de asilo e inmigración, de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, de la gestión de las fronteras, de los visados y la cooperación policial y judicial.

El Programa de La Haya y su plan de acción establecen claramente los ámbitos de cooperación con terceros países. No obstante, es necesario encontrar respuestas a cuestiones específicas. En primer lugar está el problema de la coherencia entre los pilares. En ocasiones, la acción exterior en materia de libertad, seguridad y justicia es de naturaleza transversal y abarca ámbitos correspondientes a diferentes pilares. A pesar de que se mantiene este sistema de varios pilares, es necesario mejorar la coordinación entre estos, para evitar un solapamiento entre los diversos instrumentos pertenecientes al espacio de libertad, seguridad y justicia. Es fundamental que se pueda introducir el mayor número posible de estas cuestiones bajo el primer pilar.

En segundo lugar, está el problema de la complejidad del marco institucional interno. Es fundamental introducir la codecisión y la votación por mayoría cualificada en ámbitos relacionados con la inmigración legal.

En tercer lugar, es necesario reforzar el papel del Parlamento: el Parlamento tiene que desempeñar un papel fundamental para reforzar la responsabilidad democrática de la acción externa de la Unión y debe mantenerse informado para acelerar las negociaciones relativas a acuerdos en materia del espacio de libertad, seguridad y justicia.

Finalmente, es necesario hacer referencia al sistema europeo de asilo común y al fortalecimiento de recursos con respecto a Frontex.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo hoy es un buen documento y merece nuestro apoyo. Deberíamos acoger con satisfacción el hecho de que la Unión tenga finalmente una estrategia para aplicar el Programa de La Haya. Ha tardado mucho en llegar. Casi todos los años, el Parlamento ha debatido sobre la delincuencia organizada, la corrupción, el blanqueo de dinero, la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico en Afganistán, la CIA, la protección de datos, etc. También ha sugerido maneras de abordar estos fenómenos. Como resultado, la estrategia ha tardado mucho en desarrollarse y en adoptar su forma actual.

Surgen ciertas preguntas. ¿Qué queremos conseguir con la estrategia? ¿Cómo tenemos previsto hacerlo? ¿Por qué queremos hacerlo? La respuesta del informe a la primera pregunta es que, en primer lugar, queremos mejorar el funcionamiento de la democracia. También queremos cooperación policial y judicial, así como cooperación en todos los ámbitos de la protección de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. En otras palabras, queremos cooperación en materia de asuntos interiores.

¿Cómo vamos a conseguirlo? Ya hemos desarrollado mecanismos para ello, principalmente la política de vecindad. Tenemos instituciones como EUROMED y EUROLAT. También tenemos acuerdos bilaterales y multilaterales. Sin embargo, todo esto no es suficiente. Queremos que el Parlamento Europeo desempeñe un papel más importante. Queremos que sea consultado con respecto a una serie más amplia de cuestiones. También queremos una mejor división de competencias entre los Estados miembros y la Unión, con el fin de poder resolver estas cuestiones más rápida y fácilmente. La única cura real es una constitución europea.

También hay una tercera pregunta: ¿por qué queremos hacer todo esto? La razón es que nos preocupa el hecho de que las acciones exteriores de nuestros socios no siempre sean conformes con las normas de la Unión Europea. Si queremos que nuestros socios más allá de la Unión Europea no solamente sepan lo que significa la democracia, el Estado de Derecho y la justicia, sino que también apliquen estos principios en la práctica, debemos prestarles ayuda. El informe propone mecanismos apropiados para conseguir estos fines.

De este modo, nuestras acciones exteriores se extienden al ámbito de la democracia, la seguridad y la justicia más allá de las fronteras de Europa. Esto es importante para los ciudadanos de terceros países, pero también es increíblemente importante para los ciudadanos de la Unión Europea. Un espacio común de libertad y democracia más amplio y más global permitirá que las vidas de los ciudadanos de la Unión sean más seguras y que la democracia sea más estable.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, un informe del Consejo de Europa recién publicado afirma que existen nuevas pruebas acerca de los centros de detención secretos de la CIA en Europa, Rumanía y Polonia. Esto es un duro golpe para la Unión Europea, la comunidad de los valores, que habla en voz alta de los derechos humanos. Se podría decir que es vergonzoso que la Unión Europea acepte en silencio la presencia de centros de detención secretos. Hay centros de detención en Europa, porque la legislación estadounidense no permite su existencia en su propio suelo. En Europa, la Comisión y el Consejo se han mantenido muy tranquilos, los informes del Consejo de Europa apenas han conseguido que se emprenda alguna acción y los Estados miembros no se han alterado por esto en una medida satisfactoria.

Otra cosa que quiero comentar es la cumbre de la Unión Europea del fin de semana. Espero que en ella se acuerde que la Carta de los Derechos Fundamentales pase a ser jurídicamente vinculante, para que los organismos responsables de la toma de decisiones de la Unión Europea también puedan acabar ante los tribunales, si una institución o autoridad de la Unión Europea no respeta los derechos humanos. De lo contrario, espero que las cuestiones relativas a los derechos humanos se tomen un poco más en serio en la Unión Europea en la práctica y no solamente en ocasiones formales. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Sophia in't Veld.

  Ģirts Valdis Kristovskis (UEN) . – (LV) Señor Frattini, Señorías, el informe Klich hace hincapié de forma justificable en la necesidad de una mayor fiabilidad en materia penal cuando se intercambia información con países no pertenecientes a la Unión Europea. No obstante, ¿sabe hasta qué punto son efectivos los coordinadores de la cooperación –Eurojust, Interpol y Europol– y los acuerdos en materia de cooperación policial o judicial? Mi experiencia personal demuestra que, incluso en los casos más sencillos, una investigación de las pruebas básicas iniciada por el Ministro de Asuntos Interiores y por la fiscalía general del Estado en relación con casos de corrupción en los órganos de dirección de la policía de Letonia tardó medio año en la propia Letonia, a pesar de que se habría necesitado menos de una hora para una comprobación de las pruebas básicas en el Estado miembro correspondiente. Señor Frattini, en mi opinión, es absolutamente inaceptable, en temas de asistencia judicial entre Estados, en casos muy importantes relativos a delitos de naturaleza política y económica a escala nacional, que la correspondencia con los países no pertenecientes a la Unión se prolongue durante tres o cuatro años. De hecho, eso es lo que está ocurriendo con el ritmo de la investigación del caso del alcalde de Ventspils, A. Lembergs. Un ritmo así a la hora de ofrecer ayuda judicial no ayuda a combatir con éxito la corrupción. Lamentablemente, esta situación crea un nihilismo jurídico en la sociedad, que espera que se luche de forma eficaz contra la delincuencia. Señor Frattini, quiero llamar su atención sobre el hecho de que hay casos concretos donde se necesitan nuevos instrumentos para distribuir y examinar los casos de diversas categorías en función de su prioridad, en particular –y esto es importante–, no solamente por todas partes, sino también rápidamente.

  Cem Özdemir (Verts/ALE). – (EN) Señor Presidente, la promoción y salvaguardia de los derechos humanos es una piedra angular en los cimientos de la Unión Europea y debería estar reflejada en la estrategia sobre la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia. Esto significa que no solo pedimos a la Comisión y al Consejo que presenten informes sobre el respeto de los derechos humanos en las actividades de dimensión exterior, sino que también proponemos que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE ayude a las instituciones de la UE a evaluar el respeto de los derechos humanos en los acuerdos de la UE con países terceros.

No solo las instituciones de la UE deben promover y salvaguardar los derechos humanos en sus propias actividades; las conclusiones del trabajo de la Comisión Temporal sobre el presunto uso por parte de la CIA de países para el transporte y detención ilegal de prisioneros eran claras. Cuando la UE concluya que han ocurrido graves violaciones de los derechos fundamentales en su territorio o en la cooperación con países socios, debe tomar medidas para sacarlo a la luz y garantizar que las preocupaciones sobre la seguridad nunca puedan socavar el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

La responsabilidad democrática y la dimensión exterior en el espacio de libertad, seguridad y justicia es fundamental, y prevé que la UE mantenga unas normas muy estrictas en sus esfuerzos por mejorar la cooperación entre la UE y las organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, la OSCE y las Naciones Unidas.

  Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, el señor Klich ha elaborado un informe completo e integrado. Lo apoyamos y quiero felicitar al ponente por el mismo.

Hemos hablado y escrito mucho durante largo tiempo acerca de la estrategia de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero hacemos muy poco. Tenemos nuestra lista de temas, tenemos nuestros pensamientos y recomendaciones, pero no tenemos el espíritu comunitario necesario para tomar medidas drásticas destinadas a combatir los problemas institucionales que surgen. No existe determinación para emprender acciones fuera de la Unión Europea. Cada Estado miembro se mantiene encerrado en las murallas de su soberanía nacional e impedimos la acción conjunta efectiva. Por ejemplo, lamentablemente la negativa a utilizar la «cláusula pasarela» está afectando al funcionamiento y a la eficacia de la Unión Europea y si la Unión Europea no funciona bien, eso se refleja de forma clara en el sector de la justicia y los asuntos de interior.

Los pilares, la unanimidad y el miedo a alejarse de las normas nacionales están obstruyendo la promoción de una estrategia conjunta para crear un espacio real de libertad, seguridad y justicia. Estos obstáculos están impidiendo la aplicación de la estrategia, no solamente en la Unión Europea, sino también fuera de ella, y la dimensión exterior del Programa de La Haya es tan importante como su dimensión interior. Solamente un marco constitucional moderno ayudará a promover fundamentalmente la estrategia para un espacio de libertad, seguridad y justicia. La apuesta histórica de una Unión Europea que funcione mejor necesita una respuesta correcta por parte de los líderes de los Estados miembros, cuando se reúnan en Bruselas mañana. Todos ellos deben asumir sus responsabilidades históricas.

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Señor Presidente, como el ponente, el Comisario y el Ministro han señalado que la seguridad interior y exterior, la libertad y la justicia están estrechamente vinculadas, y que los cambios en una de ellas influyen en las demás.

Dado que solamente dispongo de un minuto para hablar, no mencionaré más que dos cuestiones. La primera es el terrorismo. Nos guste o no, el terrorismo está en gran medida relacionado con la cultura islámica. Limitaríamos su alcance en Europa y en el mundo, si nos implicásemos menos en las cuestiones relacionadas con el mundo islámico y si aceptásemos finalmente el derecho de los palestinos a tener su propio país. Por lo que respecta a este grupo de personas, se abusa de la palabra terrorismo, dado que, en cierto modo, sus acciones son parte de la lucha por la libertad que perdieron en 1967. Sus acciones han sido con frecuencia una respuesta a las nuestras.

La segunda cuestión es la inmigración. Los esfuerzos por integrar a los inmigrantes en Europa nos están saliendo demasiado caros: solamente ayudan a un número reducido de personas y normalmente producen escasos resultados. Sería mejor invertir este dinero en educación en los países de origen de los inmigrantes. La inmigración controlada parece ser una idea razonable.

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – (RO) Începând cu 1 ianuarie 2007, România are o poziţie extrem de importantă în schema frontierelor externe ale Uniunii Europene, având în vedere zona geografică în care este situată şi faptul că reprezintă a doua frontieră verde ca lungime. România a preluat responsabilitatea de graniţă externă cu maximă atenţie, investind sume importante în sistemul integrat de securitate a frontierelor, realizând cel mai performant sistem în domeniu. Este nevoie, însă, în continuare de sprijinirea atât a României, cât şi a celorlalte ţări care sunt frontiere externe ale Uniunii.

Frontex are în acest sens un rol operaţional deosebit, iar alocarea de fonduri pentru lărgirea capacităţii sale de funcţionare ar reprezenta expresia colaborării şi solidarităţii dintre statele membre. Operarea cu ţările vizate de politica europeană de vecinătate reprezintă o garanţie suplimentară pentru prevenirea şi combaterea terorismului, pentru lupta împotriva crimei organizate, a imigraţiei clandestine sau a traficului de orice fel, precum şi pentru protecţia cetăţenilor Europei.

Un exemplu pentru extinderea stabilităţii politice la statele vecine Uniunii îl reprezintă acordurile încheiate în această săptămână între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitatea acordării vizelor şi readmisia persoanelor. În ceea ce priveşte cooperarea transatlantică, cred că statele Unite ale Americii trebuie să recunoască procesul de extindere al Uniunii inclusiv prin tratarea egală şi nepreferenţială a cetăţenilor acesteia. Toate statele membre contribuie la asigurarea securităţii transfrontaliere precum şi la lupta împotriva terorismului. Uniunea Europeană trebuie, deci, să ceară Statelor Unite, precum şi celorlalte state care nu respectă principiul de reciprocitate, să renunţe la vizele de intrare impuse unor state membre ale Uniunii Europene.

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, ya quedan pocos en la Cámara, pero creo que son suficientes para escucharme.

Al adoptar la estrategia sobre la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia en 2005, el objetivo de la Comisión Europea consistía en exportar a otros Estados los valores incorporados en la política interior de la Unión Europea, concretamente el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las obligaciones internacionales. La estrategia incluye incluso acciones en los sectores de la inmigración, el tráfico de personas, la protección de los derechos humanos, el terrorismo, la delincuencia organizada, etc. Por supuesto, apoyamos todo esto.

No obstante, cabe señalar a que todos nosotros –y a la Comisión Europea– nos afecta mucho el tema de la protección de los derechos humanos, un tema que hay que tomarse muy en serio.

Sin embargo, todos nosotros debemos saber que este esfuerzo no es fácil y que no debemos esperar unos resultados espectaculares en un breve espacio de tiempo, porque es necesario un esfuerzo de coordinación de todos los Estados miembros y el apoyo sistemático de la Comisión.

Sin embargo, este informe me brinda la oportunidad de repetir que yo, como diputado al Parlamento Europeo, considero que estoy «jugando» el papel de simple secuaz en esta Cámara, o de simple espectador, dado que el Parlamento Europeo en sí no participa en las consultas y rara vez recibe la información adecuada sobre estas cuestiones, y porque, finalmente, cualquier informe que como Parlamento presentamos a la Comisión no es debidamente tenido en cuenta por ella. Por supuesto, el Tratado Constitucional que todavía no se ha aprobado contemplaba soluciones que mejoraban la situación del Parlamento, que creaban las condiciones previas para que el Parlamento pudiese ser un verdadero Parlamento. Esa es la razón por la que debemos esperar que los esfuerzos realizados por la señora Merkel obtengan resultados tangibles, aunque me temo que ciertos Estados miembros mantendrán sus reservas.

En cualquier caso, la Comisión debe demostrar una mayor disposición a colaborar estrechamente con el Parlamento.

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. – (RO) Strategia Comisiei Europene pentru dimensiunea externă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie pune accentul pe un parteneriat puternic de securitate cu Statele Unite ale Americii, bazat pe reciprocitate şi încredere.

Cu toate acestea, cetăţenii a 12 state europene au încă nevoie de vize pentru a călători în SUA. Acest lucru constituie o violare a principiului reciprocităţii, întrucât toate statele UE au eliminat obligativitatea vizelor pentru cetăţenii americani. Mai mult, noile state membre au acceptat în procesul de aderare să preia Regulamentul 593 al UE, care suspendă vizele pentru unele state terţe, precum SUA. România a primit din partea Comisiei Europene promisiunea fermă că poziţia sa în privinţa eliminării vizelor va fi preluată în relaţiile Uniunii cu SUA.

De aceea, cer Comisiei să se folosească de toate instrumentele care-i sunt conferite de legislaţia europeană, de la negociere până la propunerea de instituire a unor măsuri echivalente pentru cetăţenii americani. În plus, Comisia trebuie să ridice problema vizelor în toate negocierile sale cu SUA, fie că este vorba de acordul privind evidenţa călătorilor, care se negociază în acest moment sau de alte înţelegeri din domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Nu putem fi un partener de securitate egal Statelor Unite ale Americii fără a beneficia de un tratament uniform acordat tuturor statelor membre.

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), por escrito. – (EN) Acojo con satisfacción muchos elementos del informe del señor Klich. En primer lugar, menciona explícitamente la cláusula pasarela, que anima a los Estados miembros a mejorar su tan necesaria cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Además, recuerda la necesidad de una mayor supervisión parlamentaria, como contempla la Constitución, y esperamos que también el nuevo Tratado constitucional que emerja a finales de año.

Hay una necesidad de mayor coherencia entre la estrategia de seguridad interior de la Unión, el espacio de libertad, seguridad y justicia y las estrategias exteriores, la PESC y la PESD. Las fuentes de inestabilidad no son solo interiores, sino también claramente exteriores. En última instancia, la Unión solo podrá asegurar un espacio de libertad, seguridad y justicia si refuerza el Estado de Derecho y los derechos humanos en su entorno inmediato.

El tráfico de mujeres y niños, armas y drogas tiene que cortarse de raíz. No sirve de nada aumentar los controles interiores en la UE si los problemas se acumulan en las fronteras. La creación del nuevo Servicio de Acción Exterior de la UE puede contribuir de forma significativa a afrontar este reto.

  Marianne Mikko (PSE), por escrito. – (ET) Señorías, como resultado de la ampliación de la Unión Europea, gran parte de la responsabilidad en materia de política exterior ha recaído sobre los nuevos Estados miembros, siendo varios de ellos Estados pequeños, como mi propio país, Estonia.

Esto significa que la Unión Europea debe actuar con unidad a la hora de defender un espacio basado en la libertad, la seguridad y la justicia. Eso se aplica tanto a la política exterior como a la seguridad interior.

Como responsable de la delegación de Moldova, debo repetir que las situaciones de estancamiento en Moldova y Georgia son ahora las fuentes más peligrosas de inestabilidad en nuestro vecindario.

La clave para la eliminación de estas fuentes de conflicto está en el Kremlin. Debemos mejorar definitivamente el diálogo con Rusia. Esto no significa halagar a Rusia, sino mantener una comunicación abierta con ella.

La Unión Europea no puede tener en gran estima a un socio que utiliza a la minoría rusa de los Estados miembros y de los países afectados por la política de vecindad para desestabilizar la situación.

Debemos afirmar claramente que esto no se corresponde con nuestra idea de unas buenas relaciones de vecindad. Durante las revueltas de abril de Tallin murió una persona, concretamente un ciudadano ruso. Moscú pretende ahora pagar por la continuación de la desfasada doctrina de «cerca del extranjero» con la sangre de sus propios ciudadanos. Por supuesto, el Parlamento Europeo no puede aceptarlo.

La Unión Europea precisa urgentemente mecanismos de cooperación que funcionen efectivamente, incluso con el actual número ampliado de Estados miembros. Espero que la sesión del Consejo Europeo que comienza el jueves tenga la suficiente capacidad política para conseguir un acuerdo que permita a la Unión Europea convertirse en un gigante de la política mundial.

17. Intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros (debate)

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)) (A6-0170/2007).

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en este momento la información sobre antecedentes penales no circula de modo eficiente entre los Estados miembros de la UE. Esto no es aceptable en un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, y por eso el objetivo de la UE en este terreno es doble: en primer lugar, mejorar la circulación de la información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros y, en segundo lugar, usar esta información fuera del territorio del Estado miembro que ha dictado la sentencia.

Como saben, en 2005 la Comisión aprobó dos propuestas legislativas que abordaban estos aspectos. En diciembre de 2006 se aprobó una propuesta que trataba el segundo aspecto, la circulación de la información. Este instrumento es otro importante paso adelante.

La mejora del intercambio de información entre los Estados miembros supone una revisión radical del sistema anticuado e ineficaz de intercambio de información al amparo del Convenio de Ayuda Mutua Jurídica de 1959. En su lugar, establece un sistema más eficaz que garantizará que la información guardada en un solo Estado miembro se actualice y sea accesible a los demás Estados miembros. Además, la información será más comprensible y, por tanto, más útil para los usuarios finales.

Por desgracia, observo que los Estados miembros han decidido que el trabajo ulterior se concrete en decisiones del Consejo y, lo que es aún más lamentable, los Estados miembros no confían lo suficiente unos en otros para aceptar que esas medidas se aprueben por mayoría cualificada y no por unanimidad.

Sé que hay algunas enmiendas y agradezco al ponente la calidad de su informe. Comparto el espíritu de la gran mayoría de enmiendas propuestas. Tengo una reserva sobre las enmiendas que proponen la introducción de disposiciones generales sobre la protección de datos. ¿Por qué? Porque este instrumento es sectorial: contiene un pequeño número de disposiciones sobre protección de datos que son específicas de los antecedentes penales y, por tanto, son más restrictivas. Así pues, mi preocupación es que la aplicación de las disposiciones generales sobre protección de datos sea demasiado flexible y menos restrictiva. Aparte de eso, los datos personales que se manejan en el contexto de la aplicación de la decisión marco deben protegerse de conformidad con las disposiciones de la futura decisión marco sobre la protección de los datos personales procesados en el contexto de la cooperación policial y judicial en asuntos penales. Todos ustedes saben muy bien que pido al Consejo que llegue a un acuerdo sobre esa importante decisión marco relativa a la protección de la intimidad para finales de este año.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE), ponente. – (ES) Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría agradecer a todos mis colegas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior su colaboración en el presente informe y especialmente a las ponentes alternativas, señoras Buitenweg, Vălean y Grabowska.

La información sobre las condenas penales circula entre los Estados miembros por medio de los mecanismos previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959, pero dicho mecanismo presenta serias disfunciones.

Estas disfunciones se pusieron dramáticamente de manifesto tras el caso Fourniret, un francés condenado en los años 80 a siete años de cárcel por la violación de una menor que, tras cumplir dos, fue puesto en libertad. Años después sabríamos que, desde su excarcelación y hasta su nueva detención en junio de 2003, Fourniret había asesinado a nueve niñas y era sospechoso de la muerta de otras doce. Había conseguido escapar a la acción de la justicia durante más de 14 años, simplemente cambiando su domicilio de un Estado miembro a otro, donde además consiguió, para más inri, trabajo en un colegio. Era evidente que había que modificar y mejorar los mecanismos de intercambio de información sobre los antecedentes penales.

La propuesta de decisión marco del Consejo pretende sustituir los mecanismos de intercambio de información regulados en el artículo 22 del Convenio de 1959 y derogar la decisión de 21 de noviembre de 2005, todo ello con el fin de garantizar que el Estado miembro de nacionalidad esté en condiciones de proporcionar una respuesta correcta, rápida y exhaustiva a las peticiones de información que reciba en relación con las condenas impuestas a sus nacionales.

Por lo que se refiere a las medidas recogidas en la propuesta del Consejo, debemos destacar las siguientes:

- se mantiene el principio de centralización de la información;

- se establece el marco que permitirá contribuir, concebir y desarrollar un sistema informatizado de intercambio de información sobre las condenas penales, basado en la utilización de un formato europeo estándar que haga posible intercambiar información de manera homogénea, informatizada y de fácil traducción mediante mecanismos automatizados;

- se recoge el principio de obligatoriedad de transmisión al Estado miembro de la nacionalidad, eliminando la dispensa de notificación cuando la persona tiene, asimismo, la nacionalidad del Estado miembro de condena; y, por último,

- se impone la obligación de conservar la información transmitida al Estado de nacionalidad.

En cuanto a las medidas parlamentarias propuestas destaco las siguientes:

- al objeto de garantizar la integridad y autenticidad de la información transmitida, el Estado miembro que impone una condena debe ser considerado como titular o propietario de los datos relativos a las sentencias que pronuncian sus tribunales y juzgados;

- es necesario que la futura Decisión marco prevea un conjunto de garantías adicionales en el ámbito de la protección de datos de carácter personal;

- en cuanto a la definición de condena es necesario mantener, por coherencia con otros informes de este Parlamento, que se conserve la definición contenida en el informe de mi apreciado amigo y colega el señor Demetriou;

- la inscripción de las condenas en el registro de antecedentes penales del Estado miembro de condena es un requisito previo necesario, pues garantiza la autenticidad y la corrección de la información transmitida; por tanto, solo se transmitirá la información relativa a las condenas una vez que estas hayan sido registradas, pero no antes;

- es necesario aclarar que la cancelación de los antecedentes penales depende, no solo del cumplimiento de la pena, sino también del cumplimiento de otras condiciones accesorias, como, por ejemplo, satisfacer las responsabilidad civiles derivadas de los delitos, o no reincidir en los plazos legalmente previstos;

- es necesario establecer claramente qué marco jurídico regulará la cancelación de los datos, es decir, si se aplicará la legislación del Estado miembro de condena, o por el contrario, la del Estado de nacionalidad del condenado.

En cuanto a las condiciones de uso, señor Frattini, comparto realmente su preocupación sobre los datos de carácter personal. La propuesta es mucho más restrictiva que las disposiciones vigentes en materia de cooperación judicial penal, lo que se justifica por la rapidez con que la información sobre antecedentes puede quedar desfasada. Por tanto, cada vez que se quieran conocer los antecedentes penales de una persona para los fines de un nuevo procedimiento penal, será necesario hacer una nueva solicitud de información.

Quisiera terminar, señor Presidente, solicitando a sus Señorías que voten a favor de la propuesta del informe, y agradeciéndoles su atención.

  Panayiotis Demetriou, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta que estamos debatiendo esta tarde es un paso necesario para el desarrollo de una cooperación judicial y policial entre los Estados miembros de la Unión Europea, un paso para promover la estrategia de desarrollo de un espacio de justicia y seguridad, y quiero felicitar al Comisario Frattini por fomentar propuestas como las que estamos examinando hoy, que promueven el Programa de La Haya.

Registrar las condenas y comunicarlas para su registro al Estado miembro del que procede el condenado, así como los intercambios de información sobre condenas en general indudablemente ayudará a combatir la delincuencia nacional e internacional.

Por supuesto, existen lagunas en la propuesta. No existe ningún método comunitario para regular la cuestión del registro de las condenas administrativas, que no constan en los antecedentes penales en la mayoría de los Estados miembros. No existe ningún reglamento comunitario que contemple el tema del registro de las condenas extraídas de los antecedentes penales. Lamentablemente, la variedad de reglamentos nacionales sigue siendo necesaria. Todavía no existe ningún tipo de aproximación de las leyes, ni siquiera con respecto a estas cuestiones de procedimiento. No obstante, el acoplamiento de sistemas nacionales para el registro y la utilización de información relativa a las condenas de la propuesta marco no se conforma con abordar la falta de una política comunitaria única relativa a todos los aspectos de la cuestión. Sin embargo, debemos hacer hincapié en la necesidad de respetar el derecho a la protección de los datos personales, no solo teóricamente, sino también en la práctica. Esto se pondrá de manifiesto en el curso natural de los acontecimientos. Esperamos que el respeto de este derecho sea real y constante.

Apoyamos el informe de mi colega el señor Díaz de Mera y le felicito por el interés que ha demostrado siempre por el Parlamento Europeo, por la promoción de esta estrategia para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. Creo que el informe obtendrá el apoyo de una amplia mayoría mañana en el Parlamento.

  Genowefa Grabowska, en nombre del Grupo del PSE. – (PL) Señor Presidente, los Estados miembros tienen sus propias directrices para recopilar datos sobre los condenados en procesos penales. Los datos de las sentencias se almacenan en registros penales nacionales. Cada Estado miembro es responsable de la gestión y el almacenamiento central de la información relativa a las sentencias judiciales. No obstante, cada vez cruzamos las fronteras nacionales con más frecuencia y, como no somos ángeles, en ocasiones tenemos conflictos con el sistema de derecho penal de otro Estado miembro, donde somos juzgados y se dicta la correspondiente sentencia.

¿Qué deberíamos hacer con estas sentencias? ¿Deberíamos registrarlas o no? Los Estados miembros tienen diferentes prácticas y no muy cohesivas, por lo que debemos armonizar este campo. Necesitamos una cooperación más estrecha entre organismos judiciales, necesitamos un intercambio de información mejor y más eficiente, y necesitamos garantizar que los Estados miembros intercambien información precisa, completa y exhaustiva, en respuesta a cada solicitud de información de los registros penales.

Esto es lo que pretende hacer la propuesta de decisión marco. Necesitamos un sistema europeo para el intercambio de información, en un formato normalizado e informatizado, donde la interpretación esté facilitada por procedimientos automatizados y un formato normalizado.

Esa es la razón por la que mi Grupo político apoya este informe. No obstante, mi Grupo tiene una gran duda con respecto al informe, que debate la cooperación judicial y el intercambio de información. Teniendo en cuenta la importancia de decir toda la verdad, del respeto de los derechos y de la justicia para con las víctimas de los atentados terroristas perpetrados el 11 de marzo en España, queremos expresar nuestra preocupación con respecto a la elección del ponente para este informe. Él ya ha elaborado otros informes sobre el tema de la cooperación policial y judicial en materia penal. El Parlamento Europeo debe ser visto como una institución basada en el principio de la transparencia al servicio de los ciudadanos. Esa es la razón por la que los autores de informes específicos no pueden estar considerados, en vista de sus actividades a nivel nacional, como figuras polémicas.

Para terminar, quiero señalar que mi Grupo político acoge con satisfacción el compromiso favorable que se ha alcanzado en este informe. Apoyamos el informe y tenemos intención de votar a favor del mismo. También pensamos que la aplicación de esta decisión significará que los Estados miembros confiarán más los unos en los otros y que esta base de confianza tan necesaria también se aplicará a los procedimientos penales.

  Adina-Ioana Vălean, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Díaz de Mera García Consuegra, por su excelente trabajo que ha dado lugar a este informe.

Les recodaré, como ha hecho él, la terrible historia que ocurrió en Bélgica hace tres años. Un francés de 62 años obtuvo un empleo en una escuela. Luego fue arrestado y confesó ser el autor de nueve asesinatos a ambos lados de la frontera franco-belga. Luego se supo que anteriormente había sido condenado por violación en Francia, pero nadie en Bélgica conocía sus antecedentes penales. Todos recordamos el caso Fourniret. Este caso, entre otros, demuestra la urgente necesidad de un sistema de antecedentes penales en una Europa formada por muchos sistemas legales diferentes.

Felicito a la Comisión por esa propuesta, que resulta muy útil. Este es un caso claro de legislación necesaria que puede aportar mejoras tangibles a la seguridad de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por tanto, acojo con satisfacción el acuerdo de la semana pasada en el Consejo, pero insto al Consejo a que adopte este importante texto lo antes posible. Por primera vez, ahora tenemos normas uniformes en la UE que garantizarán un intercambio más rápido de información sobre antecedentes penales y generarán una mayor seguridad jurídica. También es un primer paso hacia la comunicación de datos por vía electrónica entre los países de la UE. Me complace que la opción elegida sea una interconexión de información en lugar de crear otra base de datos centralizada en la UE. Es un paso positivo desde el punto de vista del coste y, sobre todo, de la protección de datos.

Quiero volver a insistir en la cuestión de la intimidad. En ausencia de acuerdo en torno a la decisión marco sobre los derechos procesales en asuntos penales y sobre la protección de datos en el tercer pilar, insto al Consejo a que adopte las disposiciones adicionales sobre protección de datos incluidas en este informe. No podemos seguir aprobando dichos instrumentos sin dar garantías adicionales a nuestros ciudadanos de que se respeten sus derechos fundamentales.

  Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (CS) Señorías, el informe del señor Díaz de Mera García Consuegra señala con acierto que la información sobre investigaciones compartida entre países debería tener un formato normalizado y debería ser compartida de la manera más flexible posible. El informe también tiene el fin de garantizar el intercambio de otro tipo de información que en ciertas situaciones puede resultar útil. Cada vez que se intercambia esta información, hay, por supuesto, posibles peligros: como mínimo, hay los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros y las diferentes clasificaciones de los mismos actos. En casos extremos, esto puede implicar el límite entre un crimen y un delito menor.

Personalmente no me satisface que el señor Díaz de Mera García Consuegra haya sido nombrado ponente de este informe, a pesar de haber sido acusado de falta de cooperación con la policía española con respecto a la información engañosa que implicaba a ETA en el atentado de los trenes de Madrid. ¿Dónde está la responsabilidad política y humana del antiguo jefe de la policía española? Para terminar, mi Grupo tiene importantes reservas con respecto a este informe.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, debo comenzar hablando sobre la última intervención. Es inaceptable que en esta Cámara se produzcan intentos de restringir los derechos parlamentarios y políticos de cualquier diputado al Parlamento Europeo cuyos derechos no hayan sido restringidos por decisión de este Parlamento ni por decisión judicial en su propio país.

No podemos aceptar este tipo de persecución política del señor Díaz de Mera Consuegra, que tiene un distinguido historial por lo que respecta a la lucha contra la delincuencia y la defensa de la justicia como profesional en su propio Estado miembro y que ha sido un destacado diputado de esta Cámara. El informe que tenemos hoy ante nosotros es otra prueba de su capacidad política y del rigor que ha caracterizado tanto a su trabajo parlamentario como a su vida profesional.

Quiero decir al señor Frattini que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho con respecto a la actitud del Consejo. Esta medida es muy necesaria y es una verdadera lástima que el Consejo no haya ido más allá, en términos de confianza entre los Estados miembros y de la implicación del Parlamento.

En cualquier caso, comparto todo lo que otros oradores han dicho con respecto a la necesidad de analizar los antecedentes penales con detalle y al hecho de que compartir esta información entre los Estados miembros constituye un valor añadido en la lucha contra la delincuencia en relación con la identificación de sospechosos, apoyo a las investigaciones criminales y determinación de la dureza de un castigo.

Quiero terminar diciendo que también estoy de acuerdo con quienes han dicho que el Consejo debe actuar más rápidamente para adoptar, por una parte, la decisión marco sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en procedimientos penales y, por la otra, la decisión marco sobre protección de datos en el tercer pilar, de la que fue ponente la señora Roure, otro elemento esencial para alcanzar un equilibrio apropiado en las medidas jurídicas del sector.

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – (ES) Señor Presidente, he pedido la palabra por unas alusiones inaceptables, pero, fundamentalmente, he pedido la palabra para dar las gracias a mi colega Carlos Coelho, que ha hablado, no solamente desde la amistad, sino desde el conocimiento de causa. Una sola palabra para exigir rectificación y disculpas al señor Kohlíček.

Señor Kohlíček, la ignorancia, la mala fe o la obediencia inmoral es lo único que justifica su intervención, tan desafortunada, esta noche en esta Cámara. Estoy seguro, señor Kohlíček, de que usted ha oído hablar –tengo la esperanza de que haya oído hablar– de la presunción de inocencia; estoy seguro de que usted ha oído hablar de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de su artículo 48; estoy seguro de que usted ha oído hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de su artículo 11. No creo que usted conozca, y no tiene por qué conocer, el artículo 24 de la Constitución española. Pero en todas las Constituciones democráticas y libres existe un artículo 48, existe un artículo 11 y existe un artículo 24.

Así es que, espero que, cuando usted esté en condiciones de entender lo que significa la presunción de inocencia, pero, sobre todo, cuando usted esté en condiciones de saber la verdad del caso que usted, por lo que ha dicho, ignora de principio al fin, esté en condiciones de pedir disculpas privadas y públicas, y yo estaré en condiciones de aceptárselas. Desafortunada e inaceptable intervención esta noche para cerrar el debate, señor Kohlíček.

(Aplausos en la derecha y en el centro)

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

18. Evolución de las negociaciones sobre la Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia (debate)

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Martine Roure, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo acerca de la evolución de las negociaciones sobre la Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia (2007/2067(INI)) (A6-0151/2007).

  Martine Roure (PSE), ponente. – (FR) Señor Presidente, la Unión Europea se basa en valores humanistas de tolerancia, multiculturalismo y protección de derechos fundamentales. Compartimos sólidos valores que deberían ser protegidos. La lucha contra el racismo y la xenofobia es una de nuestras prioridades, pero debemos tener en cuenta el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales, que trata sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, al tiempo que se respeta el derecho inalienable a la libertad de expresión, de acuerdo con el artículo 11 de esta misma Carta.

La Comisión presentó una propuesta de Decisión marco sobre el racismo y la xenofobia en noviembre de 2001, con el fin de acercar las disposiciones legislativas de los Estados miembros en materia de delitos racistas y xenófobos y de luchar más efectivamente contra el racismo y la xenofobia en Europa. Hasta ahora y a pesar de la opinión inicial emitida por el Parlamento Europeo en julio de 2002, esta Decisión marco ha estado paralizada. A pesar de los esfuerzos de varias Presidencias, los Estados miembros todavía no han sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre la definición de comportamientos punibles ni sobre el nivel de las correspondientes penas que se deben imponer. Por lo tanto, es absolutamente esencial tener un instrumento europeo que haga posible combatir el racismo y la xenofobia.

Las estadísticas recientes demuestran que el racismo y la intolerancia van en aumento. El crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa y, lamentablemente, dentro de nuestro propio Parlamento, nos obliga a condenar firmemente cualquier intervención que incite al odio. No obstante, esta Decisión marco nos obliga a encontrar un equilibrio justo entre la libertad de expresión y las sanciones por comportamiento ofensivo. La libertad para poder burlarse y criticar ciertos excesos, sean políticos o religiosos, es necesaria en todas las democracias.

El Consejo Europeo ha alcanzado finalmente un acuerdo sobre este tema y estamos satisfechos por ello. En efecto, la Unión Europea debe difundir un sólido mensaje político para luchar contra las expresiones públicas de racismo u odio. No podemos permitirnos fracasar ahora con respecto a un texto que es simbólico para la Unión Europea. Quiero dar las gracias a la Presidencia alemana por este sólido mensaje, que confirma que Europa no es solamente un gran mercado, sino que trabaja por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos europeos. Este nuevo compromiso es el fruto de unas prolongadas y difíciles negociaciones y sabemos que, por necesidad, tiene sus puntos débiles.

No obstante, quiero que este compromiso político constituya un nivel mínimo de harmonización que permita a los Estados miembros avanzar más en el futuro y me satisface particularmente la adición de una cláusula de revisión que hará posible conseguir un nivel superior de harmonización en los próximos años. Dicho esto, para compensar estas debilidades, pido a la Comisión que presente en paralelo una propuesta de directiva sobre la lucha contra toda forma de discriminación recogida en el artículo 13 del Tratado, con el fin de reforzar la legislación europea en este ámbito. De hecho, sé que el señor Špidla está trabajando en ello, creo. Espero que pronto tengamos una propuesta de directiva.

Finalmente, este acuerdo político sobre la decisión marco ha provocado cambios importantes en el texto, en comparación con la primera propuesta de la Comisión sobre la que el Parlamento se pronunció. Como consecuencia, el Parlamento debería ser consultado de nuevo en las próximas semanas. Emitiremos nuestra opinión rápidamente, pueden estar seguros de ello, porque todos hemos trabajado duro durante varios meses. Estamos todos preparados.

Este instrumento es absolutamente necesario para que vivamos en un mundo en paz, en el que todos sean respetados con sus diferencias, creencias y formas de vida. Este instrumento es esencial, si queremos poner fin al odio y al racismo en una Europa unida y fraternal.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero manifestar mi agradecimiento a la señora Roure por su intervención y por su informe. El acuerdo político alcanzado en el Consejo en abril, al cabo de cinco años de negociaciones, fue sin duda muy significativo.

Aunque con una versión de la decisión marco menos ambiciosa que la propuesta original de la Comisión, este garantiza, de hecho, que desde el momento en que la decisión marco entre en vigor y se transponga en cada Estado miembro, ya no existirá ningún refugio seguro en Europa para quienes incitan al odio racial, el racismo y la xenofobia. Esto constituye un éxito político.

Soy consciente de que el texto de la decisión marco contiene disposiciones penales que podrían haber sido mucho más duras. Por mi parte, habría preferido una legislación más severa. No obstante, como acaba de manifestar la ponente, tuvimos que aceptar un compromiso porque, al tratarse de una decisión marco, el principio de unanimidad nos impedía apuntar tan alto como hubiéramos deseado.

Aun así, por primera vez contamos con una norma común que estipula que las conductas que inciten al odio o a la discriminación por razones de raza, color de la piel o religión deben ser castigadas con sanciones penales en todos los Estados miembros. Consideren la importancia de castigar las conductas que incitan al antisemitismo o a la islamofobia en un momento en el que estamos debatiendo sobre la integración de inmigrantes procedentes de terceros países en nuestras comunidades.

Uno de los problemas principales ha sido sin duda encontrar un equilibrio entre el castigo penal de las conductas que no responden a la libre expresión de unas ideas, sino que constituyen incitaciones concretas a cometer actos violentos y como tales deben ser castigadas, y el debido respeto de la libertad de expresión. Hemos trabajado con ahínco en este aspecto y creo que el resultado final es satisfactorio.

La medida no está encaminada a penalizar las ideas, sino las conductas que inciten a las personas a cometer actos criminales, a atacar, lesionar, asesinar y cometer actos de violencia reales. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de pensamiento. No castigamos las ideas, sino a quienes, a partir de una idea equivocada, aunque legítima, pasan de dicha idea a una actuación que incita a otros a atacar y a cometer actos criminales. Es el límite que separa la libertad de expresión de las ideas, que es preciso salvaguardar, de la incitación concreta a la violencia.

Por esto creo que se trata de una decisión significativa. Por esto hemos establecido el principio –que se destaca en el informe de la señora Roure– según el cual una motivación racista se considerará un agravante en todos los delitos. Un delito que implique violencia física se debe castigar con mayor severidad cuando se cometa por motivos racistas, puesto que no solo la incitación en sí, sino también la motivación racista, agravan el delito más allá del contenido del propio acto.

Es un principio importante y creo que el hecho de que la totalidad de los 27 Estados miembros lo hayan aceptado por unanimidad sitúa a la Unión Europea en una posición más favorable para defender este valor fundamental que figura inscrito en la Carta de los Derechos Fundamentales.

  Patrick Gaubert, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero presentarles nuestras excusas, en nombre de la señora Esteves, ponente alternativa de mi Grupo, quien lamentablemente no podrá participar en el debate.

Doy las gracias a la señora Roure por su trabajo, su dedicación y su perseverancia pues, en efecto, se requería perseverancia para seguir insistiendo en pedir al Consejo que alcanzara un acuerdo sumamente necesario. Más de cinco años de negociaciones para llegar a un acuerdo sobre una propuesta de decisión marco sobre el racismo y la xenofobia: ¿es razonable que se hayan retrasado tanto unas medidas tan fundamentales para las vidas de nuestros conciudadanos?

También quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a la Presidencia alemana por haber conseguido superar el punto muerto en que se encontraba el texto. La Unión Europea se basa en comunidades con unos valores, los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Al unirnos, todos decidimos compartir dichos valores.

Señorías, las declaraciones de buenas intenciones no sirven de gran cosa si no van seguidas de acciones firmes. Por eso era necesario actuar en la práctica, con objeto de que la intolerancia, bajo cualquiera de sus formas, no pueda seguir envenenando nuestro continente. Era esencial una armonización de la legislación de los Estados miembros en lo que respecta a los delitos de carácter racista. En adelante, cada Estado miembro tendrá que calificar como delito castigado con penas de prisión la justificación, la negación o la burda banalización públicas de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y esto me satisface.

No obstante, no voy a ocultarles que mi satisfacción no es absoluta. Sí, la adopción del presente texto transmite una señal de firmeza, especialmente en este Año de la Igualdad de Oportunidades, pero temo que su valor añadido sea mínimo. De hecho, se prevén derogaciones y se acepta la flexibilidad. Por lo tanto, las conductas solo se penalizarán si pueden incitar a la violencia o al odio contra un grupo de personas. ¿Cómo puede ser tolerable, entonces, que un revisionista pueda expresar sus opiniones en algunos países europeos en nombre de la libertad de expresión? La libertad de expresión acaba en el punto a partir del cual se conculcan los derechos de otros. Comprendo perfectamente que nuestros Estados miembros tienen tradiciones culturales y jurídicas distintas, pero en la lucha contra el racismo no se puede ser flexible. Tolerar ciertas expresiones de odio equivale, de hecho, a aceptarlas.

Señorías, en nuestra calidad de representantes elegidos, tenemos que ser claros y condenar enérgicamente esos actos de violencia. Tenemos que mantenernos vigilantes, pues nuestra lucha en defensa de los derechos humanos y del respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales dista mucho de haber concluido. Les pido que mañana voten de manera generalizada a favor del presente texto. Hemos ganado esta batalla. Es un honor para nuestras democracias europeas y para nuestra Asamblea.

  Emine Bozkurt, en nombre del Grupo del PSE. – (NL) Señor Presidente, además de agradecérselo, el informe de la señora Roure también merece mi apoyo incondicional. El racismo es un problema persistente y que va en aumento en las sociedades europeas. Por esto se requieren más y mejores instrumentos para hacerle frente, también a escala europea cuando resulte necesario. Puesto que el racismo no tiene fronteras, tampoco deberían tenerlo las medidas destinadas a combatirlo.

El año pasado, mi propuesta de resolución sobre el racismo en el fútbol obtuvo un apoyo abrumador en esta Cámara y espero que lo mismo ocurra mañana con el informe de la señora Roure.

En la resolución sobre el fútbol pedíamos mayor dureza, pero una posición europea frente al racismo no se debe limitar exclusivamente al fútbol. Europa debe promover la protección de la igualdad de trato para todos sus ciudadanos. Para ello se requiere una formación adecuada y también un compromiso activo de Europa a favor de la inclusión social, en un esfuerzo por aislar a quienes propugnan el racismo y la xenofobia, y procurar avanzar hacia una sociedad tolerante y diversa.

Me alegra que el informe de la señora Roure haga especial hincapié en los delitos de odio. También apoyo la petición de que no se introduzca una jerarquía entre los diferentes motivos de discriminación. Todas las formas de discriminación, incluida por consiguiente la islamofobia, se deben tratar con el mismo rigor.

El informe habla de 9 millones de víctimas del racismo y la xenofobia. Probablemente sea una cifra exacta, pero a mi entender, 494 millones de ciudadanos son víctimas del racismo, porque si este permanece impune, sus efectos nocivos afectan a toda la sociedad. Europa es para todos y debemos velar, sobre todo, porque siga siendo así.

  Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE. – (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la señora Roure, que ha vuelto a hacer un excelente trabajo. También quiero elogiar a la Presidencia alemana por haber asegurado este acuerdo, pero vuelvo a observar con gran pena que el Consejo está ausente de este importante debate.

Sin embargo, estoy muy satisfecha de que por fin se haya aprobado este instrumento jurídico. Lo llevamos esperando mucho tiempo y lo acogemos con gran satisfacción, pero ahora depende de que se use en la práctica y de cómo se use, porque un instrumento jurídico que declare delito penal los crímenes de odio es el último recurso. Un instrumento jurídico no eliminará el racismo. Solo nuestra actitud y nuestra mentalidad pueden hacerlo, y necesitamos mucho más que esta decisión marco.

Tenemos que fomentar la igualdad, el respeto y la tolerancia, que deberían ser más que simples palabras. Todos tenemos una responsabilidad en Europa. La legislación no basta y debemos predicar con el ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Gaubert, que ha hecho referencia a declaraciones hechas en público. Esto no solo se aplica al ciudadano de a pie, sino también y sobre todo a los políticos destacados y a los líderes religiosos, en resumen, a los líderes de opinión. Por tanto, es lamentable que incluso personalidades destacadas en Europa hayan hecho declaraciones que incitan al odio y la violencia. Contribuyen a crear un clima de intolerancia y odio. Me refiero, por ejemplo, al Presidente de uno de los Estados miembros, que hizo comentarios muy denigrantes sobre la población romaní. Es inaceptable y creo que al menos el Parlamento debería condenar semejantes declaraciones inaceptables.

También me refiero a un diputado a esta Cámara, el señor Giertych, que ha publicado un folleto antisemita. Por suerte hemos reaccionado de forma contundente al respecto. También me refiero al señor Wilders, de mi país, que hizo unas observaciones escandalosas en un debate de ayer, a las que nadie respondió. Este es otro problema: permitimos que estos extremistas nos marquen el plan de trabajo político. Incluso los partidos mayoritarios han adaptado su lenguaje al de los extremistas. Así que deberíamos examinar atentamente nuestras declaraciones y nuestro comportamiento.

Por último, estoy totalmente de acuerdo con la petición de que se amplíe la legislación para que abarque a otros grupos, porque todos sabemos que el odio y la violencia contra los homosexuales proliferan en Europa, incluso en mi país, por desgracia, al igual que la violencia contra las mujeres. A veces lo olvidamos, pero hay muchas declaraciones que de algún modo parecen aceptar la violencia contra las mujeres. El próximo paso tiene que ser la creación de un instrumento jurídico que condene la incitación al odio y la violencia contra todos los grupos de la sociedad.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su dedicación a este expediente en curso, que ya debería formar parte de la legislación desde hace tiempo. Como han afirmado otros oradores, nosotros también creemos que la acción es importante.

El año pasado asistimos a un aumento de los crímenes de odio antisemitas y antimusulmanes en muchas partes de la Unión Europea, o al menos en las partes que registran efectivamente dichos crímenes. Como han dicho otros oradores, es el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, y muchos de nuestros ciudadanos, residentes y visitantes siguen enfrentándose a la discriminación y a los delitos de odio solo por el color de su piel, sus creencias o porque han cometido el supuesto delito de ser extranjeros. El Director de Human Rights First ha declarado que «perseguir al miembro de un grupo determinado amenaza a todos los miembros de ese grupo y causa un daño incalificable en el conjunto de la sociedad».

Mi Grupo cree que esta decisión marco es un complemento de la legislación vigente, pero también queremos que la legislación vigente se aplique plenamente. Apoyamos la petición de que se nos vuelva a consultar sobre este expediente y hay algunas cosas que nos preocupan, como por ejemplo que se hayan eliminado las disposiciones sobre la ayuda mutua entre los Estados miembros, cosa que puede dificultar todavía más la lucha contra el racismo transfronterizo. Sabemos que hay una organización internacional significativa, por ejemplo, entre grupos basados en conceptos despreciables de supremacía racial.

Hemos apoyado las enmiendas constructivas a este informe. Otras enmiendas representan parte del problema, pero esperamos que el Consejo tome medidas constructivas y enérgicas junto con el Parlamento.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi agradecimiento a la señora Roure por su persistente trabajo con el Consejo para elaborar la presente decisión marco. Ha requerido mucho tiempo, pero podemos decir que por fin hemos alcanzado un hito importante.

Es absolutamente acertado que luchemos contra el racismo y la xenofobia con instrumentos jurídicos, pero por mi parte pienso que debemos desarrollar sobre todo una amplia acción cultural. Creo que esta Asamblea también cuenta con los medios para iniciar una campaña de información eficaz en los Estados miembros, con el fin de garantizar que la decisión marco se pueda traducir en una gran batalla cultural en el terreno de las ideas.

Considero necesario combatir el racismo y la xenofobia porque los datos que aporta el Observatorio Europeo son alarmantes. Cada vez tenemos noticia de un mayor número de casos de conducta racista y xenófoba, y pienso que debemos actuar frente a quienes intentan incitar con frecuencia al odio racial y religioso. Esto se puede conseguir principalmente a través de los medios de comunicación, que demasiado a menudo se utilizan para transmitir mensajes altamente peligrosos para la sociedad.

Creo que la iniciativa adoptada por el Consejo y, sobre todo, la labor que ha desarrollado la señora Roure en esta Cámara servirán como un instrumento eficaz para realizar el esfuerzo político y continuar la tarea. Como ha señalado el señor Frattini, tenemos que establecer unos límites que mantengan un equilibrio entre la libertad de expresión y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Creo que esto es fundamental y que es necesario aplicar medidas políticas firmes y desarrollar una importante acción cultural.

  Laima Liucija Andrikiene (PPE-DE). – (LT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Declaración de Berlín adoptada el 25 de marzo de este año, dice: «Con la integración europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento». Personalmente, así lo creo y una prueba de ello es el documento que estamos considerando hoy.

La resolución básica define como delitos las siguientes conductas: fomento del odio y la violencia, apoyo público de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y no reconocimiento de dichos crímenes o fuerte banalización de los mismos. La resolución básica se limita a los delitos cometidos por razones de raza, color de la piel, religión, u origen familiar, nacional o étnico. En cambio, no incluye otros delitos análogos cometidos por otras razones, como el odio o la violencia contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas o de su pertenencia a un grupo social determinado, o la situación social de ciertos grupos o individuos; por ejemplo, los crímenes cometidos por regímenes totalitarios.

Creo que va siendo hora de que se elabore un documento complementario que se ocupe del fomento del odio y la violencia, el apoyo público de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra dirigidos contra ciertos grupos o personas, definidos por otros criterios que no sean los ya citados de la raza, color de la piel, religión, u origen familiar, nacional o étnico. Dicho documento podría contemplar, por ejemplo, la situación social o las ideas políticas, la resistencia a reconocer dichos crímenes o la banalización de los mismos. Se podría establecer una responsabilidad penal en esos casos.

La iniciativa de la Comisión Europea de fomentar el debate público a escala europea sobre los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por regímenes totalitarios y por quienes los apoyan, los distorsionan seriamente o los minusvaloran es muy de agradecer y merece ser apoyada, A partir de esos debates, debería ser posible presentar dentro de dos o tres años otra propuesta relativa a una resolución fundamental sobre dichos delitos.

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Señor Presidente, felicito a la autora del informe, señora Roure, por su valor y quiero elogiar de manera especial a Alemania, que declaró como una prioridad de su Presidencia la adopción de una resolución sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia.

La idea de la Unión Europea se basa en la tolerancia, la confianza y la coexistencia pacífica de las naciones. Por desgracia, el número de ataques racistas y xenófobos no ha disminuido en los últimos tiempos sino que, por el contrario, se aproxima a los diez millones anuales. No solo los partidos extremistas utilizan elementos racistas, xenófobos y antisemitas; incluso los partidos más estables con una afiliación masiva y sus dirigentes no los rehuyen. También en esta Cámara y en algunos Parlamentos nacionales no es infrecuente escuchar discursos impregnados de nacionalismo exacerbado y xenofobia.

Estoy de acuerdo con la ponente en que en una cultura basada en los derechos y libertades, las leyes penales son el último recurso, al cual es deseable recurrir lo menos posible. Sin embargo, inevitablemente vamos a tener que recurrir a la política penal para introducir un mayor rigor en ese ámbito. Suscribo plenamente la opinión del Comisario Frattini en el sentido de que la motivación racista de un delito debería aumentar la pena por el mismo.

Igualmente prioritaria es la educación, así como el diálogo entre las diferentes religiones y culturas, y una consideración mesurada y reflexiva del pasado. Incluso cuando el ánimo de las personas es más tolerante, si se inicia una discusión sobre quién ha sufrido la mayor tragedia y el dolor más intenso, se habrá entrado en un camino por el que se acabará pisoteando la tolerancia y perdiendo la confianza mutua.

El tema de la restauración de la justicia histórica es particularmente delicado para los nuevos países de la Unión Europea. Ha llegado el momento de intentar conciliar las actitudes de los antiguos miembros de la UE y de los nuevos con respecto a las tragedias y acontecimientos dolorosos del siglo XX. Es necesario hacerlo sin que algunas partes se sientan en posesión del monopolio de la moralidad y autorizadas a imponer su opinión a los demás países. El objetivo más importante es no exacerbar, sino cicatrizar las heridas, aprender de la historia y cerrar el paso a cualquier renacimiento del racismo y la xenofobia.

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Señor Presidente, la intolerancia en Europa está aumentando, ya sea la islamofobia o los ataques antisemitas. Hacía falta desde hace tiempo y es más importante que nunca que la UE se mantenga firme y apruebe una legislación que contrarreste este preocupante fenómeno. Este texto no constituye en sí mismo la acción concreta necesaria para abordar los problemas persistentes del racismo y la xenofobia en la Europa de hoy. Podría ser más contundente si tomara como punto de referencia la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

En segundo lugar, esta legislación tiene que reafirmar el compromiso de Europa con nuestros valores centrales de respeto de la diversidad y de no tolerancia de la discriminación, un compromiso que debe representar mucho más que la suma de los compromisos políticos del texto del Consejo. En el actual clima político, donde el apoyo al extremismo de derechas en Europa ha hecho revivir el racismo, los moderados tienen que aprovechar esta legislación y el diálogo que generará su aplicación para reavivar del debate sobre la diversidad. Tenemos que reconstruir los vínculos de confianza entre comunidades divididas y asegurarnos de que los sentimientos de alienación sean sustituidos por un sentimiento de seguridad muy necesario.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, para empezar, suscribo con mucho agrado las amables palabras que ha dirigido el señor Gaubert a la señora Roure. Es una diputada al Parlamento Europeo cuyo excelente trabajo es proverbial –y ahora ha vuelto a demostrarlo–, y también su tenacidad, tal como ha recordado acertadamente el señor Catania.

Los delitos de carácter racista continúan constituyendo un problema constante y persistente en todos los Estados miembros. El primer paso siempre debe ser la prevención. Es necesario intentar prevenir el racismo y la xenofobia mediante una política educativa que se inicie lo antes posible y mediante un discurso político y social encaminado a evitar que se propague el odio y se fomenten el racismo y la xenofobia.

Los datos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia nos muestran esta realidad en la UE. Si bien es importante reconocer, desde un punto de vista jurídico, que los Estados miembros cuentan con disposiciones legales, también es importante señalar que existen grandes diferencias entre las mismas y se requiere una armonización. La presente decisión marco es, por lo tanto, muy de agradecer, puesto que incluye un cierto grado de armonización de la legislación penal de los Estados miembros junto una mejora de la asistencia mutua en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Con esta iniciativa, el Parlamento ha presentado sus recomendaciones y ha adoptado sus posiciones sobre un tema, con respeto al cual –no lo olvidemos– ha sido mucho más coherente que el Consejo.

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Señor Presidente, Señorías, el nazismo y el comunismo son los dos márgenes de un mismo río. Académicos y políticos han estudiado detalladamente el nazismo; es bien conocido y la comunidad internacional lo condena. Alemania misma ha contribuido a este proceso, con la comprensión y el reconocimiento de sus errores históricos.

Sabemos poco sobre la otra orilla de los peores crímenes del siglo pasado: el comunismo. Apenas se habla de él; en consecuencia, sus crímenes todavía no se reconocen a escala mundial. Durante el período nazi y en el Holocausto murieron unos veinte millones de personas; pero cien millones de personas de diversas nacionalidades fueron víctimas del comunismo.

Apoyo la resolución básica del Consejo y la declaración aprobada junto con la misma, en la que el Consejo condena los crímenes cometidos por regímenes totalitarios.

Invito a los Estados miembros a continuar la tarea de poner al descubierto los crímenes cometidos por los regímenes comunistas, evaluarlos debidamente y complementar la resolución básica. Invito al Parlamento Europeo a iniciar debates sobre los crímenes del comunismo y a hacer su propia aportación mediante el reconocimiento de que el comunismo es un crimen contra la humanidad.

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente, la señora Roure, por su excelente informe sobre este importante pero por lo visto muy controvertido tema. Es importante porque se calcula que cada año millones de personas son víctimas de crímenes racistas. Es controvertido porque implica lograr un equilibrio entre la acción eficaz para combatir el racismo y la xenofobia por una parte y el respeto de la libertad de expresión por otra.

De hecho, el tema parece tan controvertido que el texto que estamos debatiendo es fruto de varios años de negociaciones. Por supuesto, esto nos lleva a preguntarnos: ¿era realmente necesario que pasara tanto tiempo antes de llegar a una solución adecuada? Pensemos en los millones de personas que han sufrido a consecuencia de esta grave demora. ¿Es la razón de este enorme retraso puramente técnica o se debe quizá a una indiferencia negligente? ¿O hay un intento subyacente de no actuar con rapidez, pues algunas fuerzas políticas influyentes no son tan partidarias de dicha acción y ellas mismas rozan el racismo y la xenofobia?

Quizás el Comisario pueda asegurarme que esto último no es cierto y que mis temores carecen de todo fundamento.

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  David Martin (PSE), por escrito. – (EN) Cada vez me preocupa más el aumento del racismo y la xenofobia en la UE, tanto en los nuevos Estados miembros como en los antiguos. En una Unión en que la libre circulación de las personas es un pilar central, sin duda se trata de una cuestión que exige una acción de la Comunidad. En efecto, iniciativas como el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, en el que nos encontramos, son fundamentales para difundir las mejores prácticas en la erradicación de la discriminación. Es importante redoblar esos esfuerzos para contrarrestar el aumento de la islamofobia, el antisemitismo y la discriminación contra otros grupos minoritarios, en especial los de los nuevos Estados miembros. Esta Cámara y todas las demás instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacer todo lo posible por librar a Europa del azote del racismo y la xenofobia, y dejar claro que no serán tolerados.

19. Sistema europeo común de asilo (debate)

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Hubert Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el asilo: cooperación práctica, calidad del proceso de toma de decisiones en el sistema europeo común de asilo (2006/2184(INI)) (A6-0182/2007).

  Hubert Pirker (PPE-DE), ponente. – (DE) Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, con las propuestas que hemos elaborado en este informe damos un paso más hacia un régimen común de asilo.

El informe, que supongo gozará de amplio apoyo por parte del Parlamento, es una clara declaración de compromiso del Parlamento Europeo a favor de un régimen europeo de asilo que funcione con el fin de tomar decisiones rápidas, justas y seguras en interés de los afectados. Se basa en una más estrecha entre autoridades, cooperación que debería tener los objetos de incrementar la confianza entre los Estados miembros, de acelerar la toma de decisiones a fin de ayudar antes a aquellas personas que realmente tienen derecho al asilo y de combatir igualmente los abusos del sistema.

He podido destacar diez reivindicaciones fundamentales y quiero dar las gracias en especial a los ponentes alternativos por su apoyo y a la Comisión por su excelente propuesta, que ha servido de base para este debate. Estas diez reivindicaciones fundamentales son las siguientes:

La primera se refiere al establecimiento de procedimientos uniformes que permitan adoptar decisiones rápidas y seguras.

La segunda reivindicación es la introducción de una lista de países de origen seguros, mediante la cual se pueda determinar con toda claridad, en cada caso, si existe o no este derecho.

La tercera es la creación de una base de datos común sobre la situación en los países de origen a fin de que los funcionarios competentes de los distintos Estados miembros dispongan de la misma información sobre esta situación y estén en condiciones de adoptar decisiones sobre la base de la misma fuente de información.

La cuarta es que necesitamos funcionarios muy cualificados para adoptar estas decisiones. Por ello la propuesta se basa en la elaboración de un plan de estudios europeo con el fin de que esta cualificación se adquiera en el mismo nivel de exigencia en todos los Estados miembros.

La quinta es que ayudemos a los Estados miembros expuestos a una gran presión migratoria, poniendo a su disposición de forma temporal –durante todo el tiempo necesario– equipos de expertos integrados por nacionales de distintos Estados miembros para tramitar rápidamente los procedimientos de asilo.

La sexta es mejorar las medidas relacionadas con la devolución de las personas que no han adquirido el estatuto de refugiado y de aquellas a las que se haya revocado dicho estatuto.

La séptima se refiere a la prevención, que ya he mencionado en varias ocasiones. Hemos de lanzar campañas intensivas de información para explicar en los países de origen y de tránsito a los migrantes potenciales los riesgos de la inmigración ilegal y las consecuencias de la denegación del estatuto de refugiado, indicándoles igualmente la forma en que pueden entrar legalmente en la Unión Europea.

La octava se refiere a la Oficina Europea de Apoyo. En este aspecto, la comisión parlamentaria no está de acuerdo con la propuesta de la Comisión. Considero que sería mucho mejor que la Comisión facilitara más personal y más recursos financieros en vez de crear una nueva agencia. Creo que sería más eficiente y económico.

La novena propuesta consiste en exigir a los Estados miembros que transpongan efectivamente las directivas o reglamentos adoptados a escala europea. A este respecto se ha propuesto una «tabla de equivalencias», en la que los Estados miembros indiquen las medidas con las que consideran haber transpuesto en su opinión las disposiciones comunitarias.

Por último, la décima propuesta es el reparto de los gastos derivados del apoyo por parte de los equipos de expertos con el fin de tramitar con más rapidez los procedimientos en situaciones especiales. Si contamos con un procedimiento uniforme lograremos indirectamente un cierto reparto de la carga, ya que los solicitantes no acudirán masivamente a aquellos países en que los procedimientos sean menos estrictos o se basen en informaciones erróneas. Eso no debería ocurrir.

Nos hemos esforzado por presentar un catálogo de propuestas concretas porque creemos que de este modo se podría ayudar mucho más rápidamente en el futuro a los auténticos refugiados, a los que se haya concedido el estatuto de refugiado, y al mismo tiempo se explicaría claramente a las demás personas que no pueden obtener dicho estatuto.

Muchas gracias por la colaboración y el apoyo que me han prestado.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señor Presidente, quiero dar especialmente las gracias al ponente, el señor Pirker, por el informe, que contiene una serie de recomendaciones muy útiles.

Muchas de ellas tienen el grado de ambición que debería tener un verdadero sistema europeo común de asilo. Muchas de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo en este informe se abordan en nuestro Libro Verde sobre el futuro de la política de asilo, que propuse el 6 de junio y que la Comisión ha adoptado, y sobre el cual lanzaré un amplio debate europeo.

El objetivo último que se pretende en el plano europeo es establecer la igualdad de condiciones. Los solicitantes de asilo deben tener acceso a la protección en las mismas condiciones en todos los Estados miembros; esta es la primera condición indispensable. El objetivo en la primera fase era armonizar los marcos jurídicos de los Estados miembros sobre la base de unas normas comunes mínimas, pero el objetivo de la segunda fase debe ser un mayor nivel de protección e igualdad en la UE y una mayor solidaridad entre Estados miembros.

Será necesario detectar las lagunas y los déficit existentes y buscar una mayor armonización legislativa, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de prestaciones. Por ejemplo, hay que explorar modelos para la concepción de un procedimiento único de evaluación de las solicitudes de estatuto de refugiado y la protección subsidiaria. También es necesario reflexionar sobre la necesidad de una mayor armonización y clarificación de las normas europeas sobre las condiciones de recepción que se conceden a los solicitantes de asilo.

También hay que reflexionar sobre si conviene que los criterios para asignar responsabilidades que se aplican actualmente de conformidad con el sistema de Dublín se complementen para tener en cuenta otros factores, como una distribución más equitativa entre los Estados miembros sobre la base de su capacidad para procesar las solicitudes de asilo y de ofrecer perspectivas a largo plazo a los refugiados reconocidos. Es un punto muy importante, planteado por una serie de Estados miembros, en particular por nuestros amigos malteses, que han subrayado la importancia de integrar el actual Reglamento de Dublín. Estoy estudiando este punto. Sobre la base de los resultados de este amplio debate y tras una audiencia pública que se celebrará el 18 de octubre con la plena implicación del Parlamento, presentaré un plan político a comienzos de 2008. Dicho plan establecerá más medidas para construir un sistema completo de asilo junto con un calendario para su aprobación. Confío en que con el marco institucional idóneo, en el que el Parlamento Europeo participará plenamente en el proceso legislativo –me refiero al procedimiento de codecisión– podamos igualar ese alto grado de ambición.

Sobre las cuestiones específicas abordadas en el informe del señor Pirker, relativas a la cooperación práctica, hace falta reforzar la convergencia de prácticas entre Estados miembros. La formación es sin duda uno de los ámbitos en los que hay cooperación práctica. En este momento se está desarrollando un plan de estudios común. Crearemos un primer portal piloto paneuropeo sobre el intercambio de información del país de origen a finales de este año, dentro de unos meses. Por el momento solo conectará algunas de las bases de datos existentes y solo será accesible a ciertas autoridades nacionales, pero mis servicios también van a realizar un estudio de viabilidad sobre la manera de proporcionar un mejor apoyo estructural a las actividades de cooperación práctica; la idea es tener una oficina de apoyo europea.

Hay que recordar que el Fondo Europeo para los Refugiados puede dar, a través de las acciones comunitarias, apoyo financiero a los Estados miembros para que apliquen proyectos, en cooperación con las Naciones Unidas, a fin de mejorar la calidad de sus sistemas de asilo. En el nuevo Programa Mundial para 2007 se hace una mención específica de este punto.

La Comisión también ha propuesto modificar el Fondo Europeo para los Refugiados a fin de prestar precisamente una ayuda económica rápida a los Estados miembros que se enfrenten a una presión particular a causa de llegadas repentinas de inmigrantes a sus fronteras, algunos de los cuales necesitan protección internacional. Además, la nueva línea presupuestaria «Acción preparatoria: Gestión de migraciones – Solidaridad en acción», que es el nombre del proyecto, se usará para ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a dificultades particulares. La financiaremos con una cantidad suplementaria de unos 7 millones de euros.

Por último, como acaba de decir el ponente, uno de nuestros objetivos políticos principales es hacer una distinción clara entre los migrantes económicos por una parte y los verdaderos refugiados por otra. De ese modo, habrá políticas europeas creíbles para el retorno de nacionales de países terceros que residen ilegalmente, respetando plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales.

  Bernadette Vergnaud (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Parlamento Europeo siempre ha mantenido el compromiso de establecer un sistema común de asilo para 2010. El informe del señor Pirker, a quien felicito por su excelente trabajo, señala la necesidad de seguir manteniendo este objetivo.

La creación de una política común de asilo debe tener como finalidad la protección de los individuos y no la reducción o la externalización de las solicitudes de asilo. La política europea debe estar basada en la obligación de admitir a los solicitantes de asilo y en el principio de no-rechazo, de conformidad con la Convención de Ginebra. El desarrollo de un estatuto uniforme, la mejora del proceso de adopción de decisiones, procedimientos europeos únicos de recogida y examen de datos, uso compartido de la información sobre los países de origen y una mejor cooperación entre los Estados miembros permitirán –así lo espero– que las personas cuya situación requiera una protección urgente puedan acceder al territorio europeo con completa seguridad y que su solicitud se examine como es debido.

La necesidad de mejorar la cooperación en materia de información sobre los países de origen no debe limitarse, no obstante, a mantener un listado general de terceros países, pues la fiabilidad de dicha lista sería dudosa. Al contrario, es necesario que se evalúe individualmente cada caso sobre la base de los derechos de la persona.

Europa también debe repartir entre los diferentes Estados miembros las cargas y responsabilidades de su política de asilo e inmigración, y ayudar a países como Malta que ya no pueden absorber un mayor influjo.

Además, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, señalé con preocupación la total ausencia de las cuestiones de género en la Comunicación de la Comisión Europea. Los aspectos relacionados con los derechos de las mujeres y la protección de los menores permanecen completamente ignorados. Otro tanto puede decirse de los derechos de los homosexuales y transexuales. Considero asimismo que la persecución por razones de género, es decir, la violencia marital y doméstica, la mutilación genital femenina, los abusos sexuales, los crímenes de honor, la violación, los matrimonios forzosos y los crímenes derivados de la aplicación de la sharia, se deben considerar legalmente como un motivo suficiente para conceder el asilo. La Comisión debe establecer criterios prácticos para la concesión del asilo o de un estatuto humanitario especial a las mujeres que sufren ese tipo de violencia.

También destacaba la necesidad de ofrecer una formación especial a las personas autorizadas a admitir a los solicitantes de asilo, especialmente a las mujeres, menores y personas mayores, y crear centros de acogida adecuados para esas personas. Me alegra que el ponente haya tomado nota de ello, si bien lamento que su informe dedique solo un párrafo a estas preocupaciones relativas a cuestiones de género que considero de vital importancia, más aún habida cuenta de que no podemos ignorar la falta de respeto por los derechos básicos de la persona que demuestran la mayoría de los centros de acogida. Soy consciente, no obstante, después de haber escuchado al señor Comisario, de que se toma muy en serio este tema, lo cual le agradezco y me permite abrigar grandes esperanzas.

  Carlos Coelho, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (PT) Señor Presidente, quiero felicitar al señor Pirker y decirle –aunque estoy seguro de que el señor Weber ya lo hará con mayor autoridad– que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos desde luego va a apoyar su informe, que tiene por objeto mejorar la cooperación y el proceso de adopción de decisiones en el marco de la política de asilo. Quisiera felicitar al señor Frattini por su intervención y no puedo dejar de decirle que la dificultad que estamos teniendo para adoptar decisiones queda muy patente en relación con este tema.

En un espacio sin fronteras, un espacio de libre circulación, el asilo constituye tal vez el ejemplo más claro de un ámbito en el que se requiere una armonización entre los Estados miembros y la creación de un sistema común. El caso es que estamos trabajando con vistas a 2010 y, si todo se desarrolla como está previsto, para esa fecha deberíamos contar con un sistema común de asilo operativo. Soy consciente de que se trata de un tema espinoso, en relación con el cual se ha adoptado una estrategia de mínimo denominador común, de «puja a la baja», que deja abierta la posibilidad de que se establezcan diferencias entre los Estados miembros y continúe la práctica de la «búsqueda de la mejor oferta» en materia de asilo.

Por mi parte, quisiera plantear tres breves consideraciones sobre aspectos que considero esenciales. En primer lugar, me parece necesario que se establezca un procedimiento único a escala de toda la UE, con el fin de garantizar que las decisiones se adopten con rapidez y que estén debidamente sustanciadas y sean justas. En segundo lugar, quiero adherirme a la opinión expresada por el señor Frattini, en el sentido de que la calidad de las decisiones depende de la calidad de la información. Por lo tanto, es necesario conseguir el mejor procedimiento posible en materia de recogida e intercambio de información. Finalmente, me parece necesario mejorar la cooperación entre los Estados miembros, lo cual también implica abordar el tema de la solidaridad y el reparto de cargas.

  Claude Moraes, en nombre del Grupo del PSE. – (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe porque durante los últimos meses hemos asistido a un claro descenso del número de solicitantes de asilo que llegan a la Unión Europea desde los principales países de procedencia de refugiados. Pero ahora ese número está aumentando, en parte debido a Irak, y el número de personas que llegan a la Unión Europea a causa de la extrema pobreza –las personas que llegan a Malta, Lampedusa y demás– es un problema enorme para esta Cámara y para la Unión Europea.

A causa de ello, acogemos con satisfacción cualquier informe que busque un procedimiento mejor y una política común de asilo mejor. También acogemos con gran satisfacción los compromisos alcanzados en este informe y la cooperación del ponente, señor Pirker.

¿Qué pretendemos lograr con este informe? Haciendo referencia directa a lo que ha enumerado el señor Piker y al discurso del señor Frattini, creemos que el procedimiento único es muy importante. La toma de decisiones con una operación para la evaluación de solicitudes que concedan el estatuto de refugiado y el acceso a protección subsidiaria es sumamente importante. Esta clase de eficacia en la toma de decisiones en materia de asilo es crucial.

También creemos que la calidad de la toma de decisiones en materia de asilo en la Unión Europea es muy baja. Es crucial aumentarla, y hablo por propia experiencia como abogado que ha tenido que ver con solicitudes de asilo. Sabemos que para aumentar la calidad de la toma de decisiones en materia de asilo necesitamos sistemas abiertos con información que pueda evaluarse realmente: información sofisticada, información que pueda comprobarse a base de referencias cruzadas. Lo que probablemente no deseamos son bases de datos que tal vez sean de uso exclusivo por parte de funcionarios, sino que puedan ser examinadas por expertos externos. Muchos Estados miembros ya tienen este sistema de toma de decisiones de calidad, y eso es muy importante.

Desde el punto de vista del papel de la Comisión, también queremos dejar la puerta abierta a una agencia europea, porque queremos que la Comisión desempeñe un papel importante y cuente con suficientes recursos para ello. No podemos tener las dos cosas: por un ladoque la Comisión desempeñe un papel importante en cuestiones de asilo en la Unión Europea y, por otro, no pagar por ello o no dotarla de recursos.

Por último, habrá diferencias entre nuestros partidos sobre la lista común de seguridad, pero creo que los compromisos que hemos intentado alcanzar merecen el apoyo de esta Cámara. Sobre Dublín II, sabemos que hay deficiencias en el reparto de la carga, una de las cuestiones más cruciales de este informe, y sobre la cuestión de asilo en la Unión Europea. Tenemos que esforzarnos por hacer de Dublín II y el reparto de la carga una realidad. Si este informe puede llevarnos a un mejor sistema común de asilo, entonces merece el apoyo de esta Cámara, y el Grupo Socialista apoyará este informe plenamente.

  Mario Borghezio, en nombre del Grupo UEN. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la intención del ponente me parece encomiable; ha elaborado un excelente informe encaminado a racionalizar las prácticas en materia de asilo y mejorar su eficiencia.

No obstante, debemos seguir trabajando en esa dirección, no menos para rectificar la interpretación jurídica y práctica de esa institución que, justamente por su importancia crucial desde un punto de vista humanitario, no debe ser objeto de abusos ni se debe confundir con otros ámbitos y otras preocupaciones, como la emigración económica, que nada tienen que ver con el principio inalienable del derecho de asilo.

Además, por razones de decencia, no podemos permitir que una institución tan importante sea utilizada por organizaciones delictivas, como demostraron recientemente los resultados muy significativos de una investigación realizada por nuestra policía en Italia, que descubrió a una banda sumamente peligrosa que operaba en diversos sectores delictivos y se valía del sistema de asilo para reclutar personas para cometer delitos. Estoy seguro de que a la Comisión le preocupan mucho estos problemas que jamás debemos cansarnos de subrayar, con el fin de proteger a esta institución tan importante.

También quisiera señalar la necesidad de crear zonas de acogida para los solicitantes de asilo en terceros países seguros, fuera de la Unión Europea, puesto que Dum Bruxelles o Strasburgo consulitur, Saguntum expugnatur [mientras Bruselas o Estrasburgo hablan, cae Sagunto], en el sentido de que los desembarcos continúan, continúa el ataque de las organizaciones delictivas y, sobre todo, continua la tragedia del tráfico de carne humana, cuyas consecuencias todos conocemos muy bien.

También debemos mantenernos muy alerta para asegurarnos de que no se conceda asilo a miembros de organizaciones islamistas fundamentalistas. Esto sucede, de hecho, y por esta vía aumenta a menudo la amenaza de Al Qaeda y su presencia en Europa.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con que se deban conceder mayores competencias en materia de asilo al Tribunal de Justicia Europeo, en detrimento de la jurisdicción de los Estados miembros. En particular, quisiera invitar al Consejo a que restablezca todas las competencias del Tribunal de Justicia en relación con los dictámenes preliminares.

  Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (EN) Señor Presidente, no estoy segura de cómo hemos pasado del tema de la necesidad de normas de protección elevadas a Al Qaeda; intentaré concentrarme en el informe y no en lo que no toca.

Mi Grupo también quiere dar las gracias al ponente por su trabajo sobre este informe, aunque, con respecto a algunos compromisos, creo que todos nosotros hemos notado cómo crujía el suelo a medida que nos acercábamos a un acuerdo.

Como ya se ha dicho, el informe abarca una serie de puntos importantes: los elevados niveles que esperamos, la primacía de la protección, el aumento de la calidad en la toma de decisiones, la disponibilidad de información sólida sobre los países para todos los implicados en el proceso, una formación eficaz del personal, el uso de la iniciativa de calidad (que se ha visto recientemente en el Reino Unido, que sin duda necesitaba alguna ayuda) y la implicación del ACNUR. Todos estos puntos son necesarios, porque las personas que toman las decisiones están decidiendo sobre cuestiones de vida o muerte para muchas personas.

Acogemos con satisfacción el reconocimiento de la necesidad de un procedimiento único en todos los Estados miembros y creemos que es muy interesante que estemos hablando de la revisión del papel del Tribunal de Justicia esta semana. Este puede ser un buen momento para trasladar este punto al Consejo.

También esperamos con interés el debate sobre Dublín II, aunque nuestro Grupo apoyará la enmienda 17 al respecto. Estamos de acuerdo en que la Comisión carece de los recursos adecuados para supervisar con eficacia la aplicación y calidad de la política común de asilo. Esperamos que nuestros Grupos políticos tengan en cuenta ese mensaje cuando estudien el presupuesto y las decisiones en ese terreno.

Sabemos que hay desacuerdo sobre la Oficina de Apoyo, pero al igual que los Socialistas, acogemos con satisfacción la oportunidad de escuchar cómo la Comisión explica en detalle sus intenciones a ese respecto para ver si queremos avanzar con esa propuesta.

No hemos presentado enmiendas a este informe, pero apoyaremos las enmiendas constructivas sobre la cuestión de países terceros seguros. No obstante, no podemos apoyar algunas de las enmiendas.

  Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señor Presidente, Señorías, hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados, de manera que el presente debate resulta particularmente adecuado.

En él hay, sin embargo, mucha hipocresía, puesto que hace solo dos días esta Asamblea decidió retirar el problema de los refugiados iraquíes de la lista de asuntos urgentes. Se trata de un tema sumamente importante, ya que estamos hablando de cuatro millones de personas que han huido de una guerra infame e ilegal. De hecho, deberíamos estar debatiendo ese asunto y las dificultades que tiene la Unión Europea para acoger a esos refugiados, la mayoría de los cuales encuentran acogida fuera de la UE, y considerar cómo son recibidos con frecuencia en nuestro territorio. Una delegación del Parlamento Europeo visitó Samo hace poco y constató que en el centro de detención de esa isla –un lugar horripilante– había solicitantes de asilo iraquíes, palestinos, libaneses y afganos, todos ellos procedentes de zonas en guerra.

Por lo tanto, creo que deberíamos reflexionar larga e intensamente sobre la necesidad de garantizar el respeto del derecho de asilo, con el fin de evitar lo que por desgracia ha ocurrido con frecuencia en Europa en los últimos años, a saber, las expulsiones masivas y el incumplimiento del derecho de no-expulsión. Hemos sido testigos de demasiados casos simbólicos; lo cierto es que en los últimos años ha aumentado la presión migratoria y se ha reducido el número de peticiones de asilo concedidas en Europa. Creo que esto es indicativo de que en la Unión Europea tenemos un problema.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, no podría estar más de acuerdo con el plan de emergencia de 10 puntos elaborado por el señor Pirker, a quien quiero felicitar sinceramente por el mismo. La semana pasada volvió a horrorizarnos la noticia de las personas que mueren ahogadas camino de Europa. Once personas se ahogaron cerca de Lampedusa. Hoy, el periódico neerlandés Trouw ofrece el espeluznante relato de unos refugiados somalíes que intentaron llegar al Yemen bajo condiciones adversas.

Por tanto, debemos intentar establecer un procedimiento de asilo más adecuado y adoptar al mismo tiempo con carácter de urgencia medidas para distinguir entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales.

Mejorar la política de asilo mediante la cooperación práctica puede parecer una buena idea, pero es poco realista. La cooperación práctica no basta. También se requiere la voluntad política de adoptar las medidas necesarias. Lo que he leído en la prensa neerlandesa sobre la reunión de los ministros de Justicia del jueves pasado en Luxemburgo me da la impresión de que esa voluntad política está ausente, pues el tema de debate sigue siendo el despliegue real de efectivos y equipos.

Una política común de admisión de los refugiados procedentes de Iraq, por ejemplo, resulta improbable mientras no consigamos ponernos de acuerdo sobre el despliegue común de Frontex. Sin una posición común con respecto a la seguridad en terceros países no es posible elaborar informes europeos oficiales, que a fin de cuentas son una condición previa para impulsar una política de asilo armonizada.

Anticipo que el desarrollo del plan para elaborar una lista de países de origen seguros estará jalonado de problemas importantes. ¿Qué fuentes son fiables? ¿Se pueden hacer públicas las fuentes de información de países no seguros? Al fin y al cabo, resulta sumamente peligroso obtener pruebas contra regímenes sometidos a una dictadura.

Se trata de un arma de doble filo. Una lista de países seguros incluye a aquellos con los que podemos establecer relaciones comerciales, pero si un país no figura en la lista de países seguros, deberíamos acoger a los refugiados. Por consiguiente, es necesario suspender las relaciones comerciales con los países inseguros con el fin de promover el respeto de los derechos humanos. Y esto planteará grandes problemas. Es poco probable que se excluya de las relaciones con la Unión Europea a las antiguas colonias francesas o británicas sometidas actualmente a un régimen brutal. Quisiera que el Comisario Frattini nos dijera cómo se propone evitar este problema.

Además, una política de asilo armonizada tiene la ventaja de la transparencia. El señor Catania ha presentado una enmienda en la que aboga a favor de centros de acogida abiertos para los solicitantes de asilo y otros inmigrantes. En mi país, los solicitantes de asilo permanecen en centros abiertos. Los inmigrantes ilegales se trasladan a centros cerrados, con buen motivo. Me parece que sería poco prudente instalar campamentos de acogida abiertos junto a las fronteras exteriores de la Unión. El apoyo a la política de asilo se verá mermado inevitablemente si la gente puede circular libremente sin documentación válida. Si la Unión Europea desea formular una política de asilo caritativa y justa, debe existir una voluntad política que la respalde. Pido al Consejo y a la Comisión que den muestras de esa voluntad política en un intento de evitar nuevas víctimas.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Ante todo, también quiero expresar mi agradecimiento al ponente por la elaboración del informe sobre este asunto tan serio. Acojo con satisfacción la consolidación de la cooperación práctica entre los Estados miembros, dado que la solidaridad es necesaria para hacer frente a unos problemas que no pueden resolver por sí solos los Estados miembros sin fronteras interiores.

Coincido con su opinión de que las decisiones relativas a la concesión del estatuto de refugiado se deberían adoptar con mayor rapidez y de manera más ecuánime y predecible, lo cual constituye de hecho el objetivo último de la introducción de un sistema europeo común de asilo. En mi calidad de ponente encargada de elaborar una opinión sobre la estrategia de la UE en el ámbito de los derechos del niño y, más concretamente, sobre la situación de la infancia en los países en desarrollo, me ocupo de los problemas de los hijos de refugiados, los hijos de inmigrantes sin nacionalidad y los menores desplazados internamente.

A muchos hijos de refugiados y menores solicitantes de asilo se les trata como si fuesen adultos, lo cual deja como secuela un trauma permanente. Los niños sufren en los campos de refugiados, donde a menudo son víctimas de abandono, violencia, abusos, intolerancia y una protección legal inadecuada. Los menores inmigrantes, refugiados y desplazados constituyen el 5 % del total de solicitantes de asilo. Lo cual indica que, en el momento de su llegada al país, se deberían asignar representantes legales bien preparados, que estén en condiciones de representar de manera óptima sus intereses.

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (EN) Señor Presidente, quiero felicitar al señor Pirker por su excelente informe y también me complace escuchar que la Comisión apoya la petición de mi país, Malta, de un reparto más justo de responsabilidades, incluso con respecto al Reglamento de Dublín. De hecho, cualquier revisión del Reglamento de Dublín debe tener en cuenta los efectos no deseados de las normas actuales, según las cuales países como el mío se ven obligados a asumir una responsabilidad desproporcionada, sencillamente porque son Estados miembros fronterizos.

Para establecer un reparto de responsabilidades más justo tenemos que asegurarnos de que la solidaridad signifique realmente algo. Hasta ahora, en la política de la UE la «solidaridad» siempre ha significado prestar ayuda económica. Ahora esto ya no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Si la solidaridad significa algo, debe ser más que echar dinero al problema, algo más que rellenar un cheque. También tiene que significar un reparto de la carga, de las responsabilidades, así como abrir nuestras fronteras para compartir con los Estados miembros fronterizos la responsabilidad de tratar con los solicitantes de asilo y con otros que a menudo corren una peligro para llegar, claro que ilegalmente, al territorio de la UE. Así que al revisar Dublín, estoy de acuerdo con el informe en que necesitamos un reparto más justo de la carga.

Por último, una cuestión sobre el calendario: estamos debatiendo la creación de un sistema común de asilo para 2010. Pero todos sabemos que no lo necesitamos en 2010. Lo necesitamos ahora y con urgencia. Así que debemos preguntarnos, ¿cuántas vidas se perderán antes de 2010? ¿Cuántas cosas irán mal antes de que los Estados miembros dejen de lado su egoísmo nacional y hagan lo que tienen que hacer?

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Señor Presidente, señor Comisario Frattini, quiero empezar por felicitar al señor Pirker por su informe constructivo. Tras los debates en comisión, consideramos que podemos apoyarlo.

La política de asilo es un ámbito que los ciudadanos de la UE esperan que abordemos conjuntamente, puesto que se trata de un problema transfronterizo. Hemos debatido con frecuencia, aquí en el Pleno y en comisión, la situación actual en el Mediterráneo, que los diputados al Parlamento Europeo aún no hemos conseguido resolver. Es escandaloso que siga muriendo gente cada día. En mi Grupo hay tanto inmigrantes como solicitantes de asilo.

Desde el comienzo de la guerra en Iraq, mi país, Suecia, ha acogido a más refugiados –alrededor de 10 000– que cualquier otro país de la UE y ni siquiera nos contamos entre los más grandes. Como ha dicho el señor Pirker, tenemos que compartir la carga. Por consiguiente, pienso que no podemos limitarnos a hacer declaraciones y promesas que no cumplimos. Por el contrario, no solo debemos agilizar nuestros procedimientos de examen de los casos y realizar una inversión considerable en el intercambio y la puesta en común de información, como se propone en el informe, sino que también debemos tener el valor de decir que creemos en una futura Europa abierta. Es preciso acabar con el tráfico de seres humanos. Es preciso acabar con el tráfico de mujeres y niños a quienes se encauza hacia la prostitución y la industria del sexo. No debe seguir siendo posible proporcionar a la UE mano de obra barata siempre que los empresarios la necesiten, para devolver luego a los trabajadores a sus países una vez concluidos los trabajos en cuestión. Son cuestiones difíciles, pero tenemos la obligación de resolver los problemas si nos tomamos en serio la introducción de un procedimiento común de asilo de aquí a 2010.

En mi opinión –procediendo como procedo de Suecia, que siempre se ha mostrado generosa en la acogida de refugiados– sigue siendo absolutamente fundamental que nos planteemos la cuestión sobre la base de un inventario de terceros países, pero aun así el caso de cada refugiado se debe examinar siempre de forma individual. De lo contrario, muchos de ellos continuarán siendo objeto de discriminación por el hecho de pertenecer a una minoría o debido a su sexo, su procedencia o su orientación sexual, o porque huyen de una guerra en la que quizá pertenecían al grupo que no va a ganarla.

Espero que el informe signifique que vamos a dar el siguiente paso y que todos los países de la UE y los diputados al Parlamento Europeo vamos a asumir conjuntamente la responsabilidad de resolver estos problemas urgentes y, además, también de encontrar soluciones a largo plazo.

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el derecho de asilo es universal y por eso necesitamos una respuesta europea, que hasta cierto punto ya hemos dado. Las propuestas de la Comisión son excelentes y quisiera hacer constar oficialmente en acta que podemos estar muy orgullosos de nuestro Comisario de Justicia y Asuntos de Interior, pues lleva a cabo una excelente labor. Nuestro ponente, el señor Pirker, ha presentado una serie de excelentes propuestas. Alguien capaz de concitar el apoyo de todos los Grupos en un asunto tan difícil ha hecho sin duda un buen trabajo y quisiera dar gracias al ponente por ello.

A pesar de que no esté presente ninguno de sus representantes, quiero dar las gracias al Consejo. Esta noche no habría sido posible y no habríamos podido tomar todas estas decisiones si no hubiéramos contado en los últimos meses con una Presidencia alemana tan activa.

Por ello quiero decir simplemente «gracias». A juzgar por lo tarde que es, está visto que los políticos que se ocupan de los asuntos de interior son los que más trabajan: seguimos estando aquí. Por ello quisiera expresar mi sincero agradecimiento y dar por terminada mi intervención antes de tiempo para poder irnos antes a casa.

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Señor Presidente, desde el punto de vista de la cooperación y de la mejora del proceso de toma de decisiones en el marco del sistema común de asilo, es muy importante introducir una mayor flexibilidad en el uso del Fondo Europeo para los Refugiados. El ponente, a quien quiero dar las gracias por su excelente informe, se refiere a este problema en varias de las consideraciones que plantea.

El año pasado acabamos los trabajos sobre el fundamento jurídico para la futura versión del Fondo para los Refugiados para el período 2008-2013. En aquel momento ya apoyamos una propuesta adicional formulada por la Comisión durante el desarrollo de los trabajos. La Comisión sugirió que modificásemos los principios operativos actuales del Fondo y dirigiésemos en mayor medida sus actividades a ámbitos como la armonización de la cooperación práctica entre los Estados miembros, la prestación de ayuda en el caso de presiones derivadas de una afluencia particularmente numerosa de inmigrantes, y también a programas intraeuropeos de inmigración y de protección regional en terceros países.

Esto implicaba aumentar el gasto en acciones comunitarias del 7 % al 10 %, flexibilizar los procedimientos para la prestación de ayuda financiera a los países que experimenten una afluencia masiva repentina de solicitantes de asilo, y asignar cantidades específicas en el contexto de la cadena de distribución. Esas sumas oscilan entre tres mil y cinco mil euros por persona para las transferencias intraeuropeas y en el marco de los programas regionales de protección. Se han introducido incentivos financieros para la prestación de ayuda a los más afectados, concretamente los menores, las personas que requieren asistencia médica o las mujeres.

Por consiguiente, la Comisión y los Estados miembros tienen que hacer un uso más eficiente del Fondo. Esperamos directrices, planes de acción y resultados en relación con el uso del Fondo para los Refugiados, que mejoren de forma significativa la situación de los refugiados en Europa. Para acabar, quiero agradecer una vez más al ponente su excelente informe.