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Procedimiento : 2006/0066(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0172/2007

Textos presentados :

A6-0172/2007

Debates :

PV 21/06/2007 - 4
CRE 21/06/2007 - 4

Votaciones :

PV 21/06/2007 - 8.2
CRE 21/06/2007 - 8.2

Textos aprobados :

P6_TA(2007)0278

Debates
Jueves 21 de junio de 2007 - Estrasburgo Edición DO

4. Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (debate)
PV
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  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0172/2007) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la revisión de los procedimientos en materia de adjudicación de contratos públicos

(COM(2006)0195 C6-0141/2006 2006/0066(COD)).

 
  
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  Meglena Kuneva, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, en nombre del Comisario McCreevy, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y especialmente al ponente, el señor Fruteau, por su excelente trabajo en la elaboración del informe sobre la revisión de la Directiva sobre procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. Antes de escuchar las observaciones de los diputados, quisiera felicitar al señor Fruteau por su elección al Parlamento francés. Le deseo lo mejor en este nuevo reto, y estoy segura de que seguirá luchando por los valores europeos desde una perspectiva distinta. También quiero rendir homenaje al presidente de la comisión, al ponente y a los ponentes alternativos por el modo en que han llevado las negociaciones entre nuestras tres instituciones.

La contratación pública es una de las piedras angulares del mercado interior, y representa aproximadamente el 16 % del PIB de la UE. Por lo tanto, es esencial que los mercados de contratación pública sean abiertos y transparentes y que garanticen una competencia justa entre los licitantes de los distintos Estados miembros. Solo así las autoridades públicas obtendrán la mejor relación calidad-precio en sus compras. Permítanme subrayar que los beneficiarios de esto, en última instancia, son los ciudadanos y contribuyentes europeos.

Las normas europeas de contratación pública contribuyen a que estos mercados sean más abiertos, transparentes y competitivos. Una vez establecidas las normas, hay que garantizar que se respeten. La Comisión ha observado situaciones en las que los licitantes rechazados en un procedimiento de contratación pública se encuentran con dificultades para recurrir. Esta situación se produce especialmente cuando el contrato público ya se ha cumplimentado. En tales situaciones, muy a menudo un licitante rechazado no puede dar marcha atrás a la decisión, aunque tenga razón.

La nueva Directiva intenta subsanar este aspecto de dos maneras. En primer lugar, imponiendo un período obligatorio de paralización de 10 días entre la notificación de la decisión de adjudicación y la formalización del contrato público. En segundo lugar, mediante la introducción de un mecanismo nuevo que permita que un tribunal nacional declare «ineficaces» los contratos públicos. La ineficacia implica que el contrato en cuestión será nulo y carente de efecto. La ineficacia es la sanción propuesta para los contratos que se han adjudicado de manera ilegal a un único proveedor sin un procedimiento de licitación transparente y competitivo. La ineficacia también es la sanción propuesta en la que el período de paralización de 10 días no se ha respetado y las posibilidades del licitador de obtener el contracto se han visto negativamente afectadas.

La Comisión cree que reforzando los procedimientos nacionales de revisión de este modo, las empresas se verán más incentivadas para licitar en concursos en cualquier parte de la Unión Europea. Por lo tanto, la adopción de la Directiva propuesta debería tener un efecto importante, estimulando una apertura adicional de los mercados de contratación pública.

Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que el compromiso incluye la obligación de que los Estados miembros informen a la Comisión sobre las decisiones concretas de los organismos nacionales de revisión que se basan en la Directiva. Esta obligación se ha incluido en el texto a petición de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. La Comisión desea subrayar el principio de cooperación leal que los Estados miembros han de observar al cumplir esta obligación. Se añadirá una declaración en este sentido al acta de la reunión del Consejo en las que se adopte la Directiva propuesta.

El informe aprobado el pasado mes de mayo por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, bajo el liderazgo del señor Fruteau, ha desempeñado un papel muy importante en las negociaciones. El compromiso que se encuentra actualmente sobre la mesa en forma de enmienda 86 pretende satisfacer los objetivos de la comisión parlamentaria, y en especial su petición de refuerzo de los procedimientos nacionales de revisión en el ámbito de la contratación pública.

Permítanme concluir diciendo que las empresas europeas necesitan actualmente mercados abiertos de contratación pública. Los procedimientos de recurso efectivos son esenciales para garantizar que los contratos públicos se adjudiquen en última instancia a la empresa que ha realizado la mejor oferta. Esto ayudará a reforzar la confianza entre empresas y ciudadanos en que los procedimientos de contratación pública son justos y se aplican de manera correcta. Esta nueva Directiva constituye otro paso importante hacia una mayor competencia en nuestro mercado único europeo.

 
  
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  Jean-Claude Fruteau (PSE), ponente. (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la plena realización y el buen funcionamiento de nuestro mercado interior requieren que los operadores económicos estén en condiciones de desempeñar su actividad en toda la Unión. Con este fin, las empresas europeas tienen que tener la seguridad de que, si surgen problemas, dispondrán de un marco legislativo que les permita defender sus intereses.

En el ámbito de la contratación pública deben contar con la garantía de que podrán recurrir de manera efectiva si consideran que se han conculcado sus derechos en el curso del proceso de adjudicación de dichos contratos. Los sistemas jurídicos nacionales ya contienen una serie de disposiciones en ese sentido. Sin embargo, la falta de normas coordinadas en relación con los plazos para los procedimientos de recurso previos a la celebración del contrato ha contribuido al desarrollo de la práctica de la «pronta firma» que, una vez firmado el contrato, impide cualquier tipo de recurso contra los procedimientos seguidos.

El deseo de resolver este problema es el propósito principal del texto que hoy se somete a la decisión del Pleno del Parlamento Europeo y que es el resultado de un compromiso alcanzado con la Comisión Europea y con el Consejo. En este contexto, quiero agradecer a los ponentes alternativos y a los diferentes Grupos políticos la cooperación que me han brindado, con un espíritu de apertura y diálogo. Evidentemente, también deseo expresar mi agradecimiento a los representantes de la Comisión y de la Presidencia en ejercicio del Consejo, por su disponibilidad, pericia y deseos de salir airosos del empeño, que permitieron alcanzar un acuerdo en la primera lectura.

El texto final confirma el enfoque general de la reforma, centrado en dos objetivos principales: primero, proteger la posibilidad de que los candidatos puedan buscar una revisión mediante mecanismos que permitan suspender con antelación suficiente la firma del contrato; segundo, establecer un conjunto de sanciones adecuadas, que son esenciales para evitar infracciones.

Para conseguir el primer objetivo, el Parlamento, la Comisión y el Consejo proponen que se establezca un plazo suspensivo de diez días, como mínimo, y de quince en algunos casos, entre la decisión de adjudicación del contrato y la firma del mismo, con el fin de permitir que los candidatos que consideren vulnerados sus intereses tengan tiempo de solicitar una revisión. Con objeto de tomar en consideración las realidades prácticas, dicho plazo mínimo no se aplicará en diversas situaciones, especialmente en los casos muy urgentes. Las situaciones específicas asociadas a acuerdos marco también estarán exentas de dicho periodo de suspensión, pero sujetas a sanciones particularmente ejemplares si se detectan irregularidades.

El segundo foco de atención principal de la reforma son las sanciones por infracción de las normas. En relación con este tema, el compromiso alcanzado con el Consejo y la Comisión responde plenamente al deseo expresado por el Parlamento de disponer de un conjunto de sanciones severas y a la vez también adecuadas a las realidades ante las que se encuentran las autoridades locales. Por consiguiente, las infracciones graves de las normas tendrán como consecuencia la invalidación del contrato, lo cual supondrá un elemento disuasorio para las autoridades adjudicadoras. Estos casos incluyen la adjudicación directa ilegal de contratos, que el Tribunal de Justicia ha considerado la infracción más grave de las normas aplicables a la contratación pública. También afectan a las infracciones de las normas relativas a los acuerdos marco y las que menoscaben las oportunidades de los licitadores de obtener el contrato.

En cambio, la anulación de los contratos no será obligatoria en el caso de infracciones menores, para las que el proyecto de reforma admite la posibilidad de que se apliquen otras sanciones menos drásticas. También será posible la exención de la norma de invalidación de los contratos si razones de interés público imperativas requieren que permanezcan en vigor, sujetos, evidentemente, a las salvaguardas que pedía el Parlamento.

El proyecto de reforma que se somete a votación, basado en los dos objetivos citados, es un texto equilibrado que obtuvo el respaldo de los representantes del Parlamento y de la Comisión y el Consejo. Se completó dentro de un plazo muy ajustado y ofrece una serie de garantías necesarias para los operadores económicos que aspiran a la adjudicación de contratos públicos, sin imponer excesivas restricciones a los organismos adjudicadores. Si hoy se aprueba, permitirá que Europa avance un paso más en el camino hacia la armonización de las normas que regulan su mercado interior. También contribuirá a dotar a la Unión de instrumentos eficaces para conseguir unas prácticas más éticas en relación con la adjudicación de contratos públicos, al reducir los riesgos de fraude y corrupción.

 
  
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  Hans-Peter Mayer (PPE-DE), ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. (DE) Señor Presidente, Señorías, antes que nada quiero felicitar al señor Fruteau por su informe, aunque él sabe que no estoy totalmente de acuerdo con el plazo suspensivo propuesto.

En mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos he examinado este tema en detalle y he celebrado una audiencia en mi circunscripción. A resultas de ello, en mi informe pido un plazo estándar de 14 días naturales a partir de la recepción. Considero que un plazo uniforme y simple es indispensable precisamente para las pequeñas y medianas empresas. Los dictámenes encargados por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor vienen a confirmar mi punto de vista. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado mi propuesta por unanimidad. Desgraciadamente, a pesar de la intensa colaboración, se ha hecho caso omiso de la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por ello quiero señalar una vez más que esta forma de cooperación reforzada no cumple la finalidad prevista. Por ello, en los debates en curso sobre la reforma y el refuerzo de la cooperación haríamos bien en crear relaciones más claras.

Personalmente siento que el compromiso relativo a los plazos sigue siendo demasiado complicado para las PYME. La distinción entre notificación postal y electrónica es, a mi juicio, innecesaria. Lo positivo es que el señor Fruteau y el ponente alternativo se han puesto de acuerdo en torno a un plazo uniforme y han eliminado las referencias a días naturales y días laborables, evitando de este modo la confusión generada por los plazos que figuraban en la propuesta original de la Comisión.

Votaré a favor de la fórmula de compromiso acordada, ya que es fruto de numerosas negociaciones y grandes esfuerzos de todos los ponentes, de la Comisión y de la Presidencia del Consejo.

 
  
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  Andreas Schwab, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero dar las gracias por su labor al ponente principal y al ponente alternativo, así como a los ponentes de opinión. Puedo asegurarles que en la concertación en el marco del diálogo a tres bandas intentamos tener en cuenta los intereses de las distintas comisiones parlamentarias. Pero en el Consejo se impusieron orientaciones claras que desgraciadamente no pudimos conciliar en su totalidad con todas las posiciones del Parlamento.

En el Parlamento llegamos a un acuerdo en primera lectura. Siempre se dice que esto es constitucionalmente peliagudo, pero no creo que con este compromiso sea una solución precipitada o inadecuada. Por ello espero que aprueben ustedes este acuerdo de compromiso.

Hemos dado un paso más hacia una legislación basada en la transposición de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias Alcatel y Ciudad de Halle, así como en la declaración de la Comisión según la cual los contratos directos ilegales representan un problema importante en el mercado interior. En el Parlamento Europeo hemos apoyado este razonamiento, pero también hemos dejado claro –por ejemplo, durante el debate del pasado martes sobre el informe McCarthy– que considerar esta cuestión únicamente mediante criterios econométricos no será suficiente para el Parlamento, sino que queremos datos más claros y fiables en apoyo de las reivindicaciones que se planteen en el futuro.

Entre las ventajas principales de esta nueva Directiva revisada se incluye el hecho de que el proceso de licitación pública será ahora más transparente para los licitadores, que contarán con más posibilidades de recurrir en caso de no estar de acuerdo con la adjudicación. En vista de que el 16 % del PIB total del mercado interior se rige por la legislación sobre contratos públicos, será un gran paso adelante que las autoridades que adjudican los contratos cumplan realmente el espíritu y la letra del contrato.

Además de dejar claro que los contratos adjudicados ilegalmente no son válidos, también hemos señalado que el nepotismo no tiene sitio en la Unión Europea y que aquellos que no respeten las normas no pueden esperar que se vayan a mantener sus contratos. Creo que con ello daremos otro paso importante hacia la realización de un auténtico mercado único.

 
  
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  Evelyne Gebhardt , en nombre del Grupo del PSE.(DE) Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero empezar con dos comentarios importantes. Por una parte, me complace mucho que el excelente trabajo del señor Fruteau haya dado fruto. Deberíamos estar agradecidos de poder contar con él.

En segundo lugar, quisiera expresar mi pesar por el hecho de que con la elección del señor Fruteau al Parlamento francés perdemos a un diputado extraordinario. Siento mucho que dentro de poco ya no esté usted entre nosotros, señor Fruteau. Siempre es triste perder a un diputado de tanto talento en el Parlamento Europeo.

Me gustaría decir algo acerca de las observaciones del señor Mayer sobre el tan debatido plazo suspensivo. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y el señor Fruteau intentaron establacer normas sencillas. Al final no quedaba más que una pequeña diferencia: la comisión parlamentaria quería 14 días y el señor Fruteau 12. Pero estos dos días no eran el verdadero problema. El problema radicaba en que el Consejo simplemente no deseaba una solución sencilla y en este informe nos topamos con un muro. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor habría preferido una solución más sencilla a la que ahora se propone.

A la hora de transponer esta Directiva, no quiero oír decir al Ministro competente de algún Estado miembro que se trata de una medida burocrática de la que son responsables en Bruselas. Los responsables son los propios Ministros, ya que Bruselas y Estrasburgo querían una cosa muy distinta. Así que los Ministros deben asumir su responsabilidad al respecto.

La segunda observación se refiere al acalorado debate entre el Parlamento y el Consejo de Ministros acerca de los ámbitos en los que se pueden prever excepciones y hasta qué punto podemos ampliar las posibilidades de adoptar excepciones en aras del interés público. Nosotros en el Parlamento tenemos un punto de vista más estricto que el del Consejo, ya que se trata de una Directiva para mejorar la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, y en particular en aquellos casos en que se ha producido una contradicción con la legislación vigente. Por tanto, no se trata de modificar las directrices vigentes en los Estados miembros en materia de contratación pública, sino de decidir qué sanciones que se pueden imponer en este ámbito. No debemos confundir ambas cosas. El debate de hoy en el Pleno no ha caído en ese error, pero en ocasiones este sí aparece en el debate público. Debemos volver a dejar claro que se trata de definir sanciones para el caso de que los contratos se adjudiquen de forma ilegal. La realidad justifica este enfoque riguroso.

 
  
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  Alexander Lambsdorff, en nombre del Grupo ALDE.(DE) Señor Presidente, Señorías, también yo quiero aprovechar la ocasión para felicitar cordialmente al ponente por su labor. Y me uno a quienes le desean lo mejor en sus futuros trabajos en la Assemblée Nationale francesa. Sé que tuvo usted que redactar este informe en planea campaña electoral, lo que seguramente no fue fácil. Le doy las gracias por ello.

Me alegra sobremanera que el Parlamento y el Consejo se hayan podido poner de acuerdo en torno a los puntos decisivos en el marco del diálogo a tres bandas. Es muy importante que en los Estados miembros de la Unión Europea rijan las mismas condiciones vinculantes en este terreno. Me gustaría abordar algunos puntos que en mi opinión revisten especial importancia.

El primero ya ha sido mencionado: la duración del plazo suspensivo antes de que se formalice el contrato. Me complace oír que haya acuerdo, pero considero que el plazo de diez días más cinco días adicionales para los envíos postales es un período relativamente corto. Me habría gustado conceder más tiempo a las empresas para examinar la decisión de adjudicación del contrato, ya que las empresas que no cuentan con su propio departamento jurídico –que por regla general son las pequeñas y medianas– siempre tienen muchas dificultades para examinar una decisión de adjudicación, que es una tarea que lleva mucho tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con la señora Gebhardt: esto es obra del Consejo, no del Parlamento.

En segundo lugar, me alegra especialmente que nos hayamos puesto de acuerdo en introducir la declaración de nulidad para penalizar las adjudicaciones directas ilegales. A este respecto es muy importante que las excepciones basadas en el interés general solo se permitan por motivos muy estrictos. En particular, las excepciones basadas en el interés general solo deben ser aplicables, por regla general, cuando dicho interés no se base en intereses económicos. Si a pesar de ello, un Estado miembro aduce razones económicas para conceder una excepción, estará obligado a notificarlas a la Comisión. Algunos Estados miembros temen que con ello se sentarán las bases para futuros procedimientos de infracción, pero sucederá todo lo contrario. Como ha subrayado siempre el Consejo, las exenciones solo se conceden en casos sumamente excepcionales, en los que las consideraciones económicas para ambas partes contratantes son tan importantes que es razonable renunciar a la anulación jurídica. Solo en estos casos raros se aplicaría la obligación de notificación. Los Estados miembros deberían cumplir estas normas der manera que la Comisión pueda asegurar una aplicación uniforme de las disposiciones de esta Directiva en toda la Unión Europea.

Legislar mejor también implica una aplicación uniforme y que la Comisión tenga una visión de conjunto para comprobarlo. Este es uno de los principios de equidad y es indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior.

Por último, quiero dar las gracias una vez más al señor Fruteau, a la señora Rühle y al señor Schwab y al señor Zillmann. Asimismo quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a los asistentes de los Grupos y a los diputados al Parlamento Europeo que han contribuido de forma decisiva a la redacción de este texto. No obstante, estaría muy agradecido que estos debates se celebraran en el futuro en Bruselas y no en Estrasburgo.

 
  
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  Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE.(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero dar las gracias al ponente. A él le debemos en última instancia que hayamos podido aprobar en primera lectura una Directiva que tiene por objeto mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de la contratación pública. Esta Directiva favorecerá por igual a las autoridades locales como a los contratistas privados. Esperamos que beneficie en particular a las pequeñas empresas, que no pueden contar con grandes departamentos jurídicos.

En particular nos complace que el ponente haya insistido desde el principio en limitar la Directiva estrictamente a las directivas de la UE y no ampliar su ámbito de aplicación. Para permitir que todos los licitadores puedan examinar las decisiones de adjudicación se ha introducido un plazo suspensivo uniforme mínimo de 10 días. Quiero señalar que yo también habría preferido un plazo más largo, pero lo que me importa es que alcancemos una fórmula de compromiso en primera lectura para ofrecer más seguridad jurídica. En todo caso, los Estados miembros pueden alargar este plazo si lo desean.

Los contratos celebrados ilegalmente durante el período suspensivo se considerarán nulos si no existen motivos apremiantes basados en un interés general que no sea de carácter económico. La declaración de nulidad corresponde a una instancia de recurso independiente. También este aspecto ha sido importante para nosotros, por lo que hemos apoyado plenamente al ponente.

Se ha establecido con precisión la obligación de notificación de las autoridades públicas adjudicadoras a fin de aumentar la transparencia de la adjudicación de los contratos públicos y de contrarrestar el peligro de prácticas ilegales e influencias corruptas. Al final hemos encontrado un compromiso bueno y viable que contribuirá a legislar mejor en Europa. Por ello, nuestro Grupo apoyará el informe en su totalidad.

 
  
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  Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL. (SV) Señor Presidente, no voy a dedicar mi tiempo de uso de la palabra a cuestiones de detalle, sino que mi propósito es centrarme en los aspectos más amplios de la formalización de contratos en general. También quiero manifestar que mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, va a votar a favor del informe en su globalidad. Evidentemente, también deseo agradecer al ponente y al ponente alternativo que ahora dispongamos de un informe mejor.

El ponente y el ponente alternativo, que han aclarado todos los conceptos jurídicos necesarios para comprender estas disposiciones y familiarizarse con ellas, merecen todo mi respeto. Aun así, en mi calidad de representante elegida, tengo que reconocer que a veces me ha resultado difícil, cuando no imposible, desentrañar el texto jurídico. Nuestras decisiones políticas en esta Asamblea deben ser de meridiana claridad y comprensibles en todos sus aspectos para quienes tienen que asumir la responsabilidad política de las mismas.

También me resulta difícil comprender por qué se han de adoptar, de hecho, decisiones políticas sobre esta materia. Las cosas deberían funcionar de manera que los representantes parlamentarios elegidos decidiéramos qué queremos conseguir con nuestras decisiones políticas. Luego será tarea de los expertos jurídicos asumir la responsabilidad de elaborar las normas jurídicas y hacerlo de conformidad con lo que especifica la decisión política y lo que deseemos conseguir con nuestras decisiones.

Sin duda, todos estamos de acuerdo en que las normas en materia de contratación deben ser imparciales y garantizar la igualdad de trato. En la propuesta de directiva, la exposición de motivos dice, por ejemplo, que un mercado de contratación pública eficiente, competitivo y que funcione es especialmente importante para las economías y las empresas de pequeñas dimensiones. Esto sin duda es cierto, pero me pregunto cuántas pequeñas empresas estarán realmente en condiciones de poder comprender toda la jerga jurídica. Evidentemente, tienen que estar bien seguras de que han comprendido a fondo todas las disposiciones para no verse expuestas luego a acusaciones y ser consideradas responsables de actuaciones incorrectas.

Considero, asimismo, que en el futuro será necesario reflexionar más sobre el hecho de que la contratación pública no es solo una cuestión financiera. Al contrario, debemos contar con una forma de contratación pública que también tome en consideración la necesidad de reducir el volumen de transporte y los efectos nocivos sobre el clima que efectivamente se producen cuando en la contratación pública participan 27 Estados miembros.

 
  
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  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Señor Presidente, le ruego que me excuse por interrumpir el debate al amparo del artículo 145 de nuestro Reglamento, pero quisiera anunciarles la presencia en la tribuna de invitados de una delegación de una cuarentena de diputados belgas de la región de Valonia: han venido acompañando a un grupo de jóvenes que están visitando las instituciones europeas; hoy aquí, en Estrasburgo, y mañana en Bruselas. Encabeza el grupo el Presidente del Parlamento valón, el señor Happart, que fue diputado al Parlamento Europeo de 1984 hasta 1999. Hablo en nombre de todos los diputados valones de los cuatro Grupos que están representados en el Parlamento valón. Muchas gracias y les ruego de nuevo que me excusen por haber interrumpido el debate.

(Aplausos)

 
  
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  Petre Popeangă, în numele grupului ITS. (RO) Desigur, orice iniţiativă care are drept scop îmbunătăţirea activităţilor comunitare, în special a celor din domeniul economic, este benefică realizării obiectivelor Uniunii, cu deosebire a celui mai important dintre acestea - promovarea progresului economic şi social.

În acest context general, iniţiativele care au ca obiectiv îmbunătăţirea modului de derulare a uneia dintre activităţile economice importante, cea a achiziţiilor publice, nu poate fi decât una salutară. De aceea, demersul Parlamentului şi al Consiliului de a propune adoptarea acestei directive este pe deplin justificat, deoarece a rezultat dintr-o necesitate reală: aceea că actualele norme nu creează cadrul legal suficient care să permită promovarea în condiţii de eficienţă a recursului în cazurile de nerespectare a prevederilor comunitare în materie de achiziţii publice. La această concluzie s-a ajuns şi în urma consultării unor operatori economici din mai multe state membre, care, cu această ocazie, au confirmat faptul că actualele proceduri naţionale de recurs nu permit întotdeauna o corecţie suficientă a cazurilor de nerespectare a prevederilor comunitare în materie.

Prin textul final al directivei, majoritatea acestor lacune sunt corectate, iar aplicarea acesteia va avea efecte benefice în toate situaţiile, dar mai ales în cazurile de atribuire, prin înţelegerea părţilor, a contractelor de achiziţii, practică ilegală, care se înregistrează în mai toate statele Uniunii, dar pentru a cărei stopare, până în prezent, nu au fost adoptate soluţii eficiente. Efecte benefice se vor înregistra şi în ţările nou-aderate precum România, unde prevederile legale în materie sunt încă destul de permisive, situaţie care poate facilita atribuirea oneroasă a contractelor de achiziţii publice.

În concluzie, susţin şi voi vota pentru adoptarea proiectului de directivă.

 
  
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  Malcolm Harbour (PPE-DE). (EN) Señor Presidente, como coordinador por mi Grupo, quiero unirme a mis colegas dando las gracias al señor Fruteau por un informe muy exhaustivo y complicado. Cuando empezamos, no esperábamos que fuera necesario tanto trabajo de detalle en el Consejo, y él ha sabido llevar el proceso de manera muy efectiva; estoy seguro de que esto le resultará muy útil cuando vaya al Parlamento francés.

Solo tengo algunas observaciones sobre la importancia de esta Directiva, siguiendo lo que han dicho una serie de oradores, incluida mi colega coordinadora, la señora Gebhardt, sobre la importancia de que la Comisión controle minuciosamente la transposición e implementación de la presente Directiva. En mi opinión, es innecesariamente complicado, pero esa era la voluntad de los Estados miembros.

No obstante, tenemos que garantizar que las empresas puedan ejercer sus derechos en virtud de la Directiva de manera sencilla, y aquellos que consideran que las prácticas no han sido correctas pueden ampararse en la declaración de nulidad del contrato. Tal y como señala la Directiva, este es, sin duda, el recurso más efectivo, y eso es lo que mantendrá la competencia en la contratación pública.

Como es habitual, los Estados miembros también se han labrado la posibilidad, en virtud de ciertas circunstancias cuidadosamente definidas, de no aplicar los procedimientos de suspensión. No obstante, es extremadamente importante que los Estados miembros utilicen este derecho con mucha precaución, por lo que pido a la Comisión que garantice un control adecuado de este derecho.

El otro punto por el que quiero dar las gracias de manera especial al señor Fruteau por su cooperación se refiere a los contratos marco, que constituyen un nuevo elemento introducido por la reforma de las directivas realizada por esta comisión en 2003. Estos contratos marco no necesitan todo el peso de algunos de estos procedimientos de suspensión de la adjudicación de contratos, en virtud de un marco, a empresas más pequeñas que han sido efectivamente preseleccionadas para poder beneficiarse de estos contratos. Hemos logrado el equilibrio adecuado, y doy las gracias al ponente por ello.

En general, se trata de una reforma que merece la pena, pero requerirá una vigilancia continua por parte de la Comisión, apoyada por la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, para garantizar su efectividad real.

 
  
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  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Señor Presidente, estamos ante un texto de gran importancia práctica desde un punto de vista técnico y jurídico, puesto que en realidad protege las posibilidades de recurso para los candidatos a la adjudicación de contratos públicos, al establecer un plazo suspensivo de la celebración del contrato, es decir, un periodo entre la adjudicación y la firma del contrato, con el fin de permitir que los candidatos rechazados puedan presentar recurso, conscientes de que es mucho mejor intentar recurrir contra la celebración de un contrato que obtener una indemnización cuando este ya se ha firmado. La propuesta también establece medidas eficaces para luchar contra la adjudicación directa ilegal de contratos.

El debate con el Consejo se basó en el excelente informe del señor Fruteau, sobre todo en relación con las sanciones de anulación de los contratos adjudicados incumpliendo el plazo suspensivo, que conseguimos hacia el final del diálogo a tres bandas. Los Estados miembros tendrán, por lo tanto, la oportunidad de establecer sanciones sustitutivas por las infracciones del plazo suspensivo y esta propuesta cuenta con nuestro apoyo. Es una buena solución. Las sanciones de anulación por las infracciones y la posibilidad de aplicar otras sanciones –y dejar así algún margen de maniobra a los tribunales nacionales– en el caso de incumplimiento del plazo suspensivo, es una buena fórmula y, por nuestra parte, la aprobamos.

 
  
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  Meglena Kuneva, miembro de la Comisión. (EN) Señor Presidente, he escuchado con atención el debate sobre la propuesta de Directiva sobre la revisión de las Directivas relativas a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, y quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a sus Señorías por todos sus comentarios.

Para concluir, permítanme subrayar algunos puntos clave. En primer lugar, no podemos establecer un mercado verdaderamente abierto y competitivo para la contratación pública sin procedimientos de recurso eficaces para las empresas que deseen recurrir. En segundo lugar, esto es crucial para garantizar que los contratos públicos se adjudiquen definitivamente a la empresa que presente la mejor oferta. En tercer lugar, necesitamos garantizar a las empresas, a la administración pública y a los ciudadanos que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos sean justos.

El Parlamento tendrá más tarde la oportunidad de ratificar una propuesta que refleja las opiniones que ya ha expresado en el informe de su comisión competente. En nombre del Comisario McCreevy, quisiera agradecer una vez más al ponente, el señor Fruteau, y al Parlamento la importancia que han concedido al tema, así como subrayar que el voto del Parlamento representa una ocasión histórica para contribuir a una contratación pública más justa y competitiva en Europa.

 
  
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  El Presidente. El debate queda cerrado.

La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

 
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