Acta literal de los debates

Martes 10 de julio de 2007 - Estrasburgo

10. Explicaciones de voto

– Informe Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. – (DE) Kiev no ha avanzado tanto en el «camino hacia Bruselas» como algunos pueden pensar. Un alejamiento inequívoco de Moscú, que Lukashenko ha dado la impresión de estar preparando durante algún tiempo, tendría consecuencias, no en último lugar en lo relativo al abastecimiento de petróleo y de gas. Cualquier inestabilidad en esa región acarrearía asimismo consecuencias para la Unión Europea.

Aunque la última ronda de ampliación ha forzado nuestra capacidad hasta el límite, todavía no se ha resuelto si vamos a respetar la influencia rusa sobre los territorios postsoviéticos o si vamos a continuar imitando a ciegas el afán estadounidense de expansión en Europa oriental. A pesar de los bandazos resultantes y de la tensión política en Ucrania, nos interesa intensificar las relaciones de vecindad con Ucrania. Sin embargo, por lo que respecta a la medida de suavizar las restricciones sobre visados, destinada a fortalecer la confianza, deberíamos garantizar que el antiguo escándalo quede totalmente aclarado y que no se repitan los abusos.

– Informe Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) En virtud del Tratado de Adhesión de 2005 con Bulgaria y Rumanía, se creó un sistema simplificado que permitía su adhesión a los convenios y protocolos firmados de conformidad con el artículo 293 del Tratado de la Unión Europea, sin necesidad de negociar o firmar protocolos de adhesión específicos para dichos convenios, lo cual permitía reducir la ingente burocracia que generaría la necesidad de su ratificación por los veintisiete Estados miembros.

Así, el anexo enumera una lista de siete convenios y protocolos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en la que figura el presente convenio.

Aplaudo este tipo de iniciativa destinada a reducir la burocracia comunitaria y la exagerada cantidad de tiempo que consumen asuntos tan sencillos como este.

Por consiguiente, apoyo la Decisión del Consejo que fija la fecha en la que debe entrar en vigor en Bulgaria y Rumanía el Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, con sus respectivos protocolos.

– Informe Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Voy a votar a favor del informe de la señora Grabowska sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio Europol de 26 de julio de 1995.

De conformidad con el acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, esos Estados pueden adherirse a los convenios establecidos por los Estados miembros sobre la base del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea mediante un procedimiento simplificado. Por esta razón, no se requieren negociaciones ni protocolos de adhesión especiales, que además exigirían la ratificación por todos los miembros de la Comunidad. Solo se requiere que el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, apruebe una decisión por la que se fije la fecha de entrada en vigor del Convenio Europol, junto con los protocolos necesarios.

El Consejo debería considerar asimismo las nuevas fechas límite para la entrada en vigor de los tres protocolos, que son el 30 de noviembre de 2000, el 28 de noviembre de 2002 y el 27 de noviembre de 2003.

– Informe Alexander Stubb (A6-0215/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Stubb sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los gastos de traducción de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Me complace haber podido presentar una enmienda en la que se lamenta el hecho de que cada vez sea mayor el número de documentos y comunicaciones –no solo las enmiendas de compromiso cuando son sometidas a votación en comisión– y también, por ejemplo, de anexos a los informes, que se presentan en una sola lengua. Esta tendencia va en contra de la necesidad de mantener un modelo de funcionamiento democrático de nuestra Unión, que incluye a una diversidad de pueblos con diferentes bagajes culturales y lingüísticos. Nuestro modelo puede resultar útil a otras regiones en el mundo, no en último lugar en la región mediterránea, y debemos respetar plenamente el uso de las diferentes lenguas. Lamento no haber podido evitar que el informe alentara a las comisiones y delegaciones parlamentarias a que, en la medida de lo posible, presenten los textos solamente en las lenguas de sus miembros titulares y suplentes, y pidiera que las versiones en otras lenguas se faciliten a quienes las soliciten. Esta última restricción privará a los diputados de la oportunidad de seguir el trabajo realizado en otras comisiones que no sean las propias.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El respeto de las lenguas oficiales de cada Estado miembro de la Unión Europea está recogido en los Tratados. Sin embargo, se está promoviendo la idea de que se puede prescindir de determinadas traducciones apoyándose en consideraciones financieras e invocando la necesidad de definir unas prioridades y unas limitaciones, como puede ser la extensión de los documentos. No aceptamos estas directrices, ya que son contrarias al respeto del multilingüismo.

Por consiguiente, reafirmamos nuestro firme rechazo de cualquier intento de limitar el uso de alguna de las lenguas oficiales (y de trabajo) de la Unión Europea alegando los elevados costes, un ejemplo de lo cual, como señalamos en su momento, son los criterios actuales que establecen las lenguas que deben usarse en las Asambleas interparlamentarias UE-ACP, que de forma discriminatoria no permiten el uso del portugués.

Rechazamos igualmente una reducción del número de intérpretes y traductores so pretexto de falaces argumentos presupuestarios, así como cualquier precariedad o degradación de sus condiciones laborales en el Parlamento, la Comisión o el Consejo, por ejemplo favoreciendo la contratación externa de dichos servicios, que son esenciales para el correcto funcionamiento de estas instituciones y para garantizar a los ciudadanos de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea el acceso a la oportuna información en su propio idioma.

  Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) Nos hemos abstenido en la votación de hoy sobre el informe del señor Stubb porque nos preocupa que el término «multilingüismo integral controlado» pueda utilizarse para limitar la cantidad de material escrito disponible para los oradores irlandeses en comparación con los oradores de otras lenguas oficiales y de trabajo. Actualmente no hay disponible una serie de servicios que podrían ofrecerse en gaélico porque la administración del Parlamento Europeo no desea hacerlo. Deberían eliminarse estas limitaciones innecesarias a la lengua irlandesa como lengua de trabajo.

Algunas de las propuestas del informe del señor Stubb con respecto al multilingüismo, el control de calidad, la satisfacción del usuario, sistemas de memoria de traducción y una base de datos común para la terminología son positivas.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. – (DE) La crítica del Tribunal de Cuentas al aumento del 25 % de los costes de las traducciones, que no se explica exclusivamente por la ampliación del número de lenguas oficiales de 11 a 21, debería examinarse con detenimiento. Por este motivo merece la pena considerar si en el futuro no sería preferible desglosar los costes de las traducciones según la lengua de destino con el fin de poder evaluar mejor las necesidades, la demanda y el resultado de las traducciones. También es necesario definir una estrategia con vistas a las negociaciones de preadhesión en curso, ya que si solo Macedonia cuenta con seis lenguas oficiales, pronto tendremos nuestra propia Torre de Babel.

Cuando se facilite toda la información quedará claro el potencial de posibles ahorros razonables. Sin embargo, dicha auditoría no se debería utilizar de forma torticera para conseguir que un número aún mayor de documentos importantes de la UE quede clasificado como «documentos de trabajo» o «anexos» con el fin de eludir la obligación de su traducción completa. En concreto, debería fomentarse la utilización del alemán, debido a su importancia como lengua materna más hablada y como segunda lengua extranjera más importante en la UE.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. – (NL) Señora Presidenta, he votado a favor del informe Stubb, ya que estoy de acuerdo con el contenido de fondo.

Nuestra actuación tiene que seguir basándose en el multilingüismo completo, por respeto a los principios de igualdad para todos los ciudadanos y en aras de la mejor comunicación posible y de la democracia. Sin embargo, al mismo tiempo deberíamos ser cautos en lo referente a los costes ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de perder el respaldo social al multilingüismo de nuestra institución.

– Informe Jan Mulder (A6-0275/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Mulder sobre la minimización de los costes administrativos impuestos por la legislación europea. Hay que favorecer y controlar el objetivo de la Comisión Europea en cuanto a una mejor legislación Los costes administrativos innecesarios constituyen el azote de nuestras sociedades basadas en el Estado de Derecho, que a veces, no se dan cuenta de que una inflación de la legislación se traduce en su depreciación, ya que los europeos no aplican leyes innecesarias y costosas. No resulta ilusorio prever un reducción del 25 % en los costes administrativos para el año 2013, siempre que realicemos un estudio minucioso de lo que está en juego y no perdamos de vista que los falsos ahorros pueden acabar resultando bastante más caros.

Todo el mundo sabe que, a la larga, la mediocridad es bastante más cara que la calidad. Si queremos luchar de forma constante contra todas las normas inútiles y sus costes administrativos asociados, tenemos que garantizar una reglamentación cuidadosa y juiciosa de las actividades económicas, en interés de los consumidores y de los fabricantes.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. – (DE) Si continuamos creando nuevas agencias de la UE solo para satisfacer las sensibilidades nacionales y sus funciones se solapan con las de las ya existentes, en realidad no deberían sorprendernos las críticas cada vez más airadas contra la creciente burocracia, el absurdo organizativo incontrolado y la creación de puestos de trabajo innecesarios. La proximidad a los ciudadanos exige algo más que el gobierno electrónico y otros efectos publicitarios, y debemos evitar y suprimir cualquier duplicación.

También deberíamos aprovechar las actuales posibilidades de ahorro; a saber: reducir las sedes del Parlamento a una sola ubicación, analizar los gastos sobre la base de los costes actuales soportados, un sistema antifraude de máximo nivel y la recuperación real de subvenciones pagadas indebidamente, junto con los millones que se podrían ahorrar si se evitara imponer ampliaciones a ciudadanos reacios. La UE no debe seguir, de ningún modo, el ejemplo de algunos Estados miembros que están incorporando a la administración pública a un número creciente de inmigrantes. Eso causaría un daño irreparable a la creación y el desarrollo de una identidad europea.

– Informe Diana Wallis (A6-0257/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Wallis sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («ROMA II»). Este proyecto enormemente complejo constituye un paso hacia la armonización del conflicto entre las normas aplicables en los Estados miembros a las obligaciones extracontractuales, es decir, a las consecuencias de los accidentes de tráfico, la competencia desleal, los daños al medio ambiente, la difamación y, con carácter más general, la violación de los derechos relativos a la personalidad, etc.

En conjunto, los Estados miembros no han prestado suficiente atención al Parlamento Europeo y los innumerables estudios e informes dedicados a ponderar las consecuencias de este acuerdo serán cruciales cuando volvamos sobre este importante asunto. Por ejemplo, en lo referente a los accidentes de tráfico, ¿cómo contentarnos con que se aplique la ley del país del accidente y no la del de residencia de la víctima? Y ¿tenemos la certeza de que los considerandos del presente Reglamento bastarán por sí solos para imponer a los tribunales la obligación de evaluar las pérdidas? ¿Cómo vamos a gestionar la difamación dentro del contexto de una prensa globalizada e inmaterial? Los ejemplos son incontables. Nos espera una cantidad ingente de trabajo sobre estas cuestiones.

  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. – (FR) Quiero felicitar a la ponente por la ecuanimidad del texto presentado. El objetivo del mismo es establecer un marco legal coherente para las relaciones entre la legislación civil internacional y otros instrumentos comunitarios.

El presente Reglamento relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («ROMA II») tiene por objeto armonizar las normas nacionales sobre el conflicto de leyes. Estas normas establecen la legislación aplicable a las obligaciones extracontractuales como, por ejemplo, las asociadas a los accidentes de tráfico, la responsabilidad ante daños causados por productos defectuosos, la competencia desleal o los daños al medio ambiente.

Estamos a favor del principio de aprobar normas estándar en relación al conflicto de leyes, aunque –conviene recordarlo– sigue siendo necesario que estas sean suficientemente claras y precisas. No ocurría así en el caso de las controvertidas disposiciones sobre la difamación por los medios de comunicación. La libertad de expresión y de prensa tienen que estar protegidas y se deben poder ejercer plenamente. En ausencia de normas para la protección de la independencia de publicación, parece razonable excluir del ámbito de «ROMA II» las disposiciones sobre violación de los derechos relativos a la personalidad por los medios de comunicación.

Por consiguiente, vamos a votar a favor del informe.

– Informe Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción la adopción del compromiso negociado con el Consejo sobre el segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 2007-2013.

La Unión Europea no puede continuar sin un programa común en el ámbito de la salud con inversión pública común. Es lamentable que el presupuesto se haya revisado a la baja. Se requiere un gran volumen previo de inversiones antes de poder contar con recursos preventivos y técnicos. Más vale prevenir que curar y una buena información sobre el modo de vida o una dieta más sana encaminada a reducir la mortalidad por enfermedades graves constituye un requisito previo esencial. Asimismo, es necesario poner a disposición de todo el mundo las soluciones técnicas para situaciones de emergencia. La disponibilidad universal de desfibriladores constituye uno de los muchos ejemplos.

No obstante, la salud no se reduce a una mera cuestión de contable. Es también, y sobre todo, un beneficio para todo el mundo. La responsabilidad de los pacientes es un factor fundamental. Establecer unas disposiciones claras y aplicables en toda la Unión Europea constituye, sin lugar a dudas, la vía más importante para avanzar en el futuro.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El programa de acción propuesto como Posición Común del Consejo de la UE no tiene como finalidad proteger y mejorar la salud pública, sino gestionar sus problemas, ampliar la comercialización y privatización de los servicios de salud y favorecer la penetración de grupos privados de empresas en un sector que es rentable para el capital.

La responsabilidad y la obligación del Estado de proteger y promover la salud pública se está transfiriendo a las autoridades locales, a las ONG, a la «sociedad civil», mientras se promueve la responsabilidad personal como factor básico determinante para la salud pública.

Las reestructuraciones capitalistas en el sector de la salud pública se encuadran dentro de la política general contraria a la clase obrera de la UE, el deterioro de las condiciones de los seguros y el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores. Nos oponemos rotundamente a las propuestas contrarias a los intereses de los trabajadores incluidas en el plan de acción comunitario en el sector de la salud pública.

El Partido Comunista griego lucha a favor de unos servicios de salud y de bienestar social exclusivamente públicos que cubran las necesidades contemporáneas de las familias trabajadoras.

– Informe María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Señora Presidenta, estoy aquí, justo en el centro. Permítame una breve observación con respecto a la reducción del uso del mercurio, que todo el mundo apoya. Esta es positiva dado que, en muchos sectores, el uso de mercurio ha quedado desfasado y este se ha tenido que sustituir, de hecho, por otras sustancias pero, a nuestro juicio, una prohibición total de los objetos tradicionales, incluido el barómetro de mercurio tradicional, supone llevar las cosas demasiado lejos.

Hace poco visité la empresa Dingens en la ciudad belga de Leopoldsburgo, donde han demostrado, durante varios decenios, que se pueden fabricar barómetros de mercurio de forma sostenible y ecológicamente responsable. Además, esos barómetros tradicionales poseen una vida útil ilimitada, a diferencia de sus sucesores digitales, que funcionan con baterías y, por consiguiente, consumen energía. Además, dado que los fabricantes de barómetros tradicionales se han convertido en expertos en el mantenimiento sostenible de dichos aparatos, el mercurio de los barómetros ya no se acaba incorporando al ciclo de tratamiento de residuos.

Por tanto, quiero solicitar a la Comisión –y con esto acabo– y a todos los implicados que, en la fase actual, transmitan una señal al sector afectado y que, en beneficio de la evaluación, que ha durado dos años, se tenga debidamente en cuenta la citada situación específica justificada de los barómetros de mercurio, de forma que podamos esperar que estos continúen reuniendo las condiciones para quedar incluidos en el régimen de excepciones.

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Muchas gracias, señora Presidenta. He votado a favor de las enmiendas 1 y 2 porque opino que la fabricación de barómetros tradicionales tiene que seguir siendo posible. Protesto contra cualquier tipo de interferencia europea que deje en la estacada no solo unas costumbres y métodos de producción tradicionales, sino también el empleo.

Además, es muy discutible que la prohibición de los barómetros de mercurio pueda resultar una medida eficaz. Otras formas de uso del mercurio están muchos más extendidas y resultan mucho más problemáticas que la producción de barómetros. Además, dado que los barómetros de mercurio no precisan baterías, poseen una vida útil ilimitada.

Esta Asamblea ha dejado pasar, una vez más, una ocasión de valorar debidamente una realidad específica, a saber, la de que las pequeñas y medianas empresas que ocupan un lugar fundamental en nuestra economía y en Europa. Lo último que necesitan estas PYME es aún más intromisión e interferencia europeas.

  Jim Allister (NI), por escrito. (EN) He votado a favor de las enmiendas para eximir a los barómetros de esta legislación excesivamente prescriptiva y, una vez rechazadas dichas enmiendas, he votado en contra del informe.

La prohibición total de los instrumentos de mercurio destruye una industria artesanal de larga tradición en el Reino Unido y es el producto de la obsesiva intromisión en asuntos que van más allá de lo necesario o razonable.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) Celebro la sabia decisión adoptada en relación con la Posición Común del Consejo, que asume la mayoría de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo. La diferencia principal entre las posiciones del Parlamento y del Consejo concierne a barómetros de mercurio y a las derogaciones que van a aplicarse, a la luz de que la prohibición que se introduciría posteriormente solo se aplicaría a los barómetros de mercurio nuevos, ya que los barómetros de mercurio que ya están en circulación siempre pueden revenderse, repararse y mantenerse.

Dadas las propiedades muy peligrosas del mercurio y la mayor cantidad de mercurio que contienen los barómetros tradicionales, en comparación, por ejemplo, con los termómetros para medir la fiebre, la solución propuesta por el Consejo para conceder una derogación limitada es un compromiso equilibrado: de hecho, el objetivo consiste en conceder una derogación temporal a fin de permitir a los fabricantes de barómetros tradicionales adaptarse a las nuevas condiciones.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) Celebro la aprobación de la propuesta de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva del Consejo 76/769/CEE en lo relativo a las restricciones a la comercialización de determinados aparatos de medición que contienen mercurio.

Estoy a favor de restringir la comercialización entre el público en general de dispositivos de medición que contienen mercurio, que en Francia están prohibidos desde 1998.

La posición común del Consejo aceptada por el Parlamento establece un equilibrio que permite reducir la liberación de mercurio en el medio ambiente mientras permite un periodo de transición para ciertos artículos, como los barómetros tradicionales. Un periodo de transición de dos años después de la fecha de entrada en vigor de la directiva permitirá a las industrias en cuestión desarrollar su tecnología para fabricar dispositivos sin mercurio.

  James Nicholson (PPE-DE), por escrito. (EN) Me sorprende que todavía sigamos generando textos legislativos que suponen una amenaza para los puestos de trabajo y no benefician para nada al medio ambiente. La fabricación de barómetros en el Reino Unido, al igual que en otros Estados miembros, es una actividad tradicional que se remonta a varios siglos atrás. Es a todas luces necesario controlar debidamente la utilización del mercurio y en los últimos años hemos avanzado notablemente en aspectos asociados como el almacenamiento y la exportación. Sin embargo, deberíamos poder salvaguardar la fabricación tradicional de barómetros garantizando que se utilicen las debidas advertencias de seguridad, etc. No hay necesidad de destruir un oficio arraigado desde hace tiempo solo porque es más sencillo tener una legislación de «talla única». La Europa social no significa nada si equivale a dejar en la calle a personas dedicadas a oficios tradicionales.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Señora Presidenta, Señorías, el mercurio es un producto peligroso que debería manipularse con la debida precaución. Nadie en esta Asamblea tiene ninguna duda al respecto. Por desgracia, esta Asamblea ha reducido hoy esta posición con respecto a la votación del informe Sornosa Martínez a niveles absurdos, lo que lamento profundamente.

Al mantener con firmeza una prohibición total de la fabricación de barómetros tradicionales, la Comisión, apoyada hoy por la mayoría de esta Asamblea, ha firmado la sentencia de muerte para un sector con 360 años de tradición europea. El hecho de que todos los fabricantes de barómetros de la Unión Europea solo constituyen unas pocas décimas porcentuales del consumo anual de mercurio, mercurio que, por cierto, se recicla al 100 %, solo empeora las cosas. Hoy, al adoptar nuestra decisión no nos hemos dejado llevar por el sentido común.

– Informe Asa Westlund (A6-0153/2007)

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) Las votaciones sobre los informes de la señora Westlund no solo se refieren a qué aditivos alimentarios pueden utilizarse. Principalmente se refieren a quién va a decidir en torno a cuestiones individuales relativas a aditivos alimentarios.

Al contrario que la ponente, los conservadores suecos no creemos que el Parlamento Europeo deba evaluar los aditivos alimentarios y decidir sobre su aprobación, basándose por ejemplo en datos como los riesgos que implican aditivos concretos para personas alérgicas. Ello implicaría la politización de cuestiones importantes que han de decidirse sobre una base científica y en el nivel de la autoridad competente. Por tanto, rechazamos la propuesta relativa a los mayores poderes de codecisión para el Parlamento.

En consecuencia, en la votación de hoy hemos votado en contra de reglamentos excesivamente detallados.

– Informe Asa Westlund (A6-0154/2007)

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Comisario, he defendido una autorización más flexible de los aditivos alimentarios. La Comisión debería examinar específicamente el impacto de estos aditivos en el medio ambiente y la salud. Si se me permite, debería llamar su atención sobre el elevado número de personas alérgicas, cuyas vidas dependen del mantenimiento de una dieta sin gluten. Además de los productos especiales, compran productos normales que no suelen contener gluten. Es preciso etiquetar debidamente los aditivos para no confundir a los consumidores. Los fabricantes y supervisores ignoran a menudo que el etiquetado de cada producto debe indicar explícitamente si contiene gluten. Por desgracia, estadísticamente los europeos que sufren alergias alimentarias no reciben la información necesaria cuando compran, y por tanto o bien sus opciones alimentarias son limitadas o bien, lo que es mucho peor, arriesgan su salud. Por lo tanto, insto a la Comisión a supervisar una investigación adecuada sobre el gluten que contienen los aditivos y a promover el etiquetado completo de todos los alimentos para que los europeos que siguen una dieta sin gluten también puedan entenderlo.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega y diputada sueca, la señora Westlund, sobre los aditivos alimentarios. Si bien es normal simplificar la tarea de la Comisión Europea acordando que las decisiones sobre la autorización de los aditivos alimentarios deberían someterse al procedimiento de comitología, la Comisión debe, por su parte, tener en cuenta los comentarios que el Parlamento lleva años haciendo con respecto al nuevo Reglamento sobre aditivos alimentarios y con respecto al nuevo Reglamento que establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios.

Estos comentarios se refieren principalmente al medio ambiente, a la salud pública y a las personas alérgicas. Nos gustaría que la legislación actual estipulara que la autorización de aditivos no debe confundir a los consumidores. Sin embargo, los colorantes a veces dan la impresión de que un alimento contiene fruta, cuando en realidad no es así. Por tanto, es preciso fortalecer la protección del consumidor al respecto, sin que ello afecte a los fabricantes.

  Thomas Wise (IND/DEM), por escrito. (EN) Aunque estoy de acuerdo con los principios contenidos en las enmiendas sobre el etiquetado de organismos genéticamente modificados (OGM), me he abstenido porque estos asuntos deberían abordarlos los Gobiernos nacionales y no pasar a ser competencia de la UE.

- Informe Avril Doyle (A6-0177/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi estimada colega irlandesa, la señora Doyle, sobre la propuesta un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican una serie de textos vigentes. A fin de eliminar las barreras al comercio e impedir no solo la inseguridad jurídica, sino también distinguir los niveles de protección sobre salud y consumo entre los Estados miembros, es vital que armonicemos, a escala comunitaria, las reglas sobre el consumo de enzimas en el sector de la transformación de alimentos, que en los últimos años se ha desarrollado notablemente (panadería, queso, cerveza, zumo de fruta, almidón, etc.).

Los principales desarrollos científicos y tecnológicos, que permiten obtener nuevas enzimas de microorganismos genéticamente modificados, deben ayudarnos a aceptar esta perspectiva de legislación armonizada sobre la utilización de enzimas alimentarias en la Unión Europea. Ello interesa mucho a los consumidores y a los fabricantes, a condición de que nuestra forma de legislar no sea demasiado costosa.

– Informe Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi estimada colega eslovena, la señora Drcar Murko, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aromas y algunos ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes para su uso en los alimentos o en su superficie y por el que se modifica una serie de textos existentes.

Actualmente, todos los sabores y olores pueden copiarse sintéticamente a partir de 2 600 moléculas con propiedades aromatizantes, con la posibilidad de crear nuevos sabores que no existen en la naturaleza. Los desarrollos tecnológicos del sector de los aromatizantes y los gustos en constante cambio de nuestros ciudadanos deben animarnos a supervisar la seguridad alimentaria y la protección del consumidor y a brindar al sector afectado la oportunidad de lograr el desarrollo tecnológico, con el objetivo de que todo ello fortalezca el mercado interior.

Se han planteado numerosas cuestiones y celebro los compromisos alcanzados por la ponente, que garantizan que la propuesta de reglamento constituye una iniciativa eficaz dirigida a modernizar y simplificar la legislación sobre aromatizantes.

  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Votaré a favor de este informe. Celebro en particular el compromiso sobre el etiquetado de los organismos genéticamente modificados. No comparto por entero las preocupaciones expresadas por algunos de mis colegas con respecto a la seguridad de esos organismos. Mi opinión es diferente. Como científico creo que los OGM son útiles. Sin embargo, acepto que otros tengan derecho a tomar sus propias decisiones. Por tanto, el etiquetado permite a quienes tienen una opinión diferente de la mía evitar productos que prefieren rechazar.

– Informes Asa Westlund (A6-0154/2007) y Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

  Gerard Batten (IND/DEM), por escrito. (EN) Aunque estamos de acuerdo con los principios contenidos en las enmiendas sobre etiquetado de organismos genéticamente modificados (OGM), el UKIP se he abstenido porque estos asuntos deberían abordarlos los Gobiernos nacionales y no pasar a ser competencia de la UE.

  Nigel Farage (IND/DEM), por escrito. (EN) La enmienda 38, que establece que se indique en el etiquetado el contenido de productos derivados de OGM en los alimentos, suscita la abstención (más que el apoyo) a pesar de ser intrínsecamente deseable, debido a su procedencia peligrosa e irremediablemente antidemocrática (las instituciones de la UE). En otras palabras, me parece que la normativa centralista de la UE, sin fiscalización democrática, constituye una amenaza mayor para la civilización que los aditivos alimentarios derivados de OGM sin etiquetar. Por tanto, prefiero abstenerme que votar a favor de esta enmienda.

– Informes Asa Westlund (A6-0153/2007 y A6-0154/2007), Avril Doyle (A6-0177/2007) y Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del paquete relacionado con la racionalización de procedimientos para la autorización, la utilización y la consolidación de Directivas relativas a aditivos y aromatizantes, así como a la armonización de legislación relativa a enzimas.

Se ha establecido cierto número de garantías adicionales para asegurar la transparencia de decisiones y la protección de los consumidores, de lo cual me alegro mucho. El objetivo de la futura legislación consistirá en garantizar la protección del consumidor y la seguridad alimentaria mientras se conserva la innovación y la competitividad en la industria de la transformación de los alimentos.

La industria alimentaria utiliza muchos aromatizantes naturales y artificiales: en la lista figura un mínimo de 2 600. Cada vez se introducen más enzimas en la fabricación de alimentos y los textos aprobados intentan mejorar la seguridad de la utilización de esas sustancias.

Convendría mantener la competitividad de la industria de la transformación de alimentos. Los aromatizantes naturales están totalmente compuestos por agentes aromatizantes naturales. La proporción de 90/10 propuesta por la Comisión permite producir un aroma natural que sabe diferente de acuerdo con los productos, lo objetivos o la cultura de los Estados miembros. El 10 % procedía de recursos naturales distintos de las sustancias en cuestión.

Por tanto, lamento la aprobación de la regla arbitraria llamada 95/5, que podría penalizar a la industria de la transformación de alimentos, pero sin suministrar al consumidor mejor información.

- Informe Astrid Lulling (A6-0148/2007)

  Konrad Szymański (UEN), por escrito. (EN) He votado en contra del informe relativo al impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. La Comisión de Asuntos Económicos ha votado a favor de un aumento del 4,5 % de los tipos mínimos. Como estoy en contra de toda armonización fiscal o aumento de los impuestos, por muy insignificantes que sean, he votado en contra del informe de Astrid Lulling.

  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Señora Presidenta, Señorías, las emociones se desatan cada vez que hablamos de cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas en esta Asamblea. Esto también ocurrió con los acuerdos sobre la elaboración de cerveza. Hoy no es diferente. Hace quince años el Consejo acordó tipos mínimos de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. La intención estaba clara: acortar la vasta diferencia de tipos entre los Estados miembros.

Así, varios años después tenemos que concluir que las decisiones aprobadas entonces han rebasado la marca. Por consiguiente, por motivos de salud pública, algunos Estados miembros, incluidos los países escandinavos, aplican tipos que son mucho más elevados que los tipos mínimos. Lo cual no está nada mal. Todos los Estados miembros tienen derecho a aprobar una política de impuestos especiales que sea acorde con sus tradiciones nacionales y preferencias políticas.

No obstante, admitamos también que la corrección de la inflación de los tipos existentes propuesta por la Comisión no creará diferencias. Como persisten la tijera del impuesto especial entre los Estados miembros y las distorsiones de la competencia existentes sin ningún viso de alivio, apoyo a la ponente Lulling en su voto negativo.

- Informe Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, convendría apoyar el objetivo de la señora Hennis- Plaschaert para la directiva propuesta porque se trata simplemente de proteger la infraestructura relevante que afecta a varios países frente a los ataques terroristas. Por ello debemos identificar y definir la infraestructura, así como unos planes de seguridad.

Sin embargo, la propuesta de la Comisión va demasiado lejos. Socava el principio de solidaridad, confundiendo las actividades antiterroristas con instrumentos económicos. La Comisión también debería preguntarse si la recopilación centralizada de datos de infraestructuras críticas no servirá a los terroristas y, por tanto, si no aumentará el riesgo.

Esta Asamblea ha hecho propuestas de modificación constructivas, que, gracias a Dios, hemos aprobado por una gran mayoría. Por tanto, propongo que la Comisión las revise. He votado a favor del informe.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de mi colega y diputada neerlandesa, la señora Plasschaert, sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre las infraestructuras críticas. En primer lugar, celebro la visión del Consejo Europeo de junio de 2004, que está detrás de esta propuesta de Directiva. De hecho, es imperativo que la Unión Europea apoye a los Estados miembros en la protección de las infraestructuras críticas frente a los riesgos, incluidos los riesgos terroristas, que afrontamos. Aunque la responsabilidad sobre este tipo de infraestructuras reside en los Estados miembros y los titulares/operarios habitualmente asociados a ellas, es lógico poner en común ciertos aspectos de prevención, identificación, designación de infraestructuras críticas, así como la evaluación de la necesidad de proteger mejor esta infraestructura. El desarrollo de Internet y la liberalización de ciertos mercados (electricidad, gas, telecomunicaciones, transporte de mercancías por ferrocarril, etc.) ha de animarnos a que vigilemos más nuestra infraestructura crítica, que está cada vez más interconectada a lo largo y ancho de Europa y cuya interrupción, sobre una base permanente o temporal, o cuya destrucción podría tener graves consecuencias para la salud, la seguridad y el bienestar económico y social de los europeos y para el debido funcionamiento de los Gobiernos de los Estados miembros.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El establecimiento de un marco de acción común para proteger las infraestructuras críticas europeas significa que una vez más afrontamos la cuestión central de transferir competencias que residen en el corazón de la soberanía de los Estados al ámbito de la Unión Europea.

La definición de la protección de estas infraestructuras a escala comunitaria, en nombre de la llamada «lucha contra el terrorismo», implicará que los Estados miembros afronten la responsabilidad de aplicar medidas vinculantes tal y como, de hecho, se menciona en la justificación de esta propuesta.

A pesar de que la ponente ha mitigado el ámbito de la propuesta inicial, subrayando, por ejemplo, que «la responsabilidad sobre la protección de infraestructuras críticas reside única y exclusivamente en los Estados miembros» y considerando «que un enfoque comunitario solo es justificable si se ven afectados como mínimo tres Estados miembros, o dos Estados miembros además del que tiene la infraestructura crítica».

Además, convendría hacer hincapié en que, como han demostrado los últimos acontecimientos, se han adoptado medidas que comprometen los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos con el pretexto de la mencionada «lucha contra el terrorismo». Esperemos que el concepto de «protección de las infraestructuras críticas europeas» no llegue a utilizarse como argumento a favor de la restricción de las huelgas legítimas de los trabajadores en defensa de sus derechos.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. – (DE) Voy a votar a favor del informe sobre la identificación y designación de las infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.

Los daños en una infraestructura de un Estado miembro o la interrupción de su funcionamiento pueden tener consecuencias negativas para otros Estados miembros y para el conjunto de la economía europea. Por este motivo, para la seguridad interior de la Unión Europea es esencial proteger las infraestructuras críticas.

Yo también estoy de acuerdo con la propuesta del informe de establecer una lista de sectores prioritarios que contienen infraestructuras críticas europeas que deban someterse a los criterios comunes. No obstante, los Estados miembros no deberían estar obligados a dar a conocer con mucho detalle sus infraestructuras críticas, porque sería contrario a los intereses de la seguridad nacional.

Es justificable el interés por las disposiciones jurídicas horizontales en el ámbito de la Unión Europea, que tendrían en cuenta los procesos complejos y las interconexiones de infraestructuras críticas con una dimensión transnacional. Sin embargo, convendría reconocer al mismo tiempo que la Unión Europea debería apoyar, no duplicar, la labor de los Estados miembros. Por este motivo yo también apruebo la propuesta de un enfoque ascendente, ya que las autoridades nacionales conocen mejor lo que ocurre en sus propios países.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe acepta del todo la filosofía de la propuesta de una directiva, que designa como Infraestructuras Críticas Europeas toda infraestructura importante pública o privada que afecta a varios Estados miembros de la Unión Europea, y les obliga a presentar una lista de dichas infraestructuras a la Comisión Europea, que, entonces, elaborará la lista única para toda la Unión Europea, para poder supervisar y controlar su seguridad de «la acción terrorista».

Al amparo de la propuesta de una Directiva: el sector privado –en otras palabras, los monopolios– adquiere jurisdicción en cuestiones de seguridad nacional que antes era responsabilidad exclusiva del Gobierno.

Esto prepara el camino para que a los movimientos de los trabajadores y de las masas que afectan a toda infraestructura de «importancia europea», incluso instalaciones privadas, se les tilde de «acción terrorista» (por ejemplo, huelgas en los sectores críticos, como la energía, las telecomunicaciones y otros, la ocupación simbólica de fábricas, empresas, etc., formación de piquetes, etc.).

Decisivamente socava la seguridad nacional y la soberanía de los Estados miembros, porque les obliga a entregar una lista de toda la infraestructura que es crucial para la seguridad y sus planes de seguridad a la Unión Europea.

Una vez más, el pretexto de la «amenaza terrorista» es el vehículo conveniente para que la Unión Europea complete su marco institucional de reacción, que se está volviendo en contra de los movimientos de la clase trabajadora y que protege el poder del capital europeo, minando aún más la soberanía de los Estados miembros.

  Geoffrey van Orden (PPE-DE), por escrito. (EN) No existe una infraestructura crítica europea, es nacional. Su protección es responsabilidad de los Gobiernos nacionales, especialmente ante las amenazas para las democracias que supone el terrorismo.

Por supuesto, estoy a favor de medidas que mejoren realmente la seguridad. Sin embargo, la Directiva es un nuevo paso en el intento de la UE de introducirse en el ámbito de la seguridad y la defensa. Este es el elemento más objetable. La Comisión parece concebir la seguridad como una forma de garantizar que «se mantenga la estabilidad del mercado interior», lo cual es un error. El sistema propuesto de notificar evaluaciones de riesgos y amenazas a la Comisión se limita a crear cargas y estructuras burocráticas adicionales. El requisito de que los Estados miembros notifiquen a la Comisión infraestructuras críticas concretas es contraproducente, ya que daría pie a una lista de objetivos que serían de gran interés para personas indeseables.

- Informe Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

  Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Señora Presidenta, Señorías, he votado en contra del informe del señor Vidal-Quadras, no porque me oponga a abrir los mercados de la electricidad y del gas, sino todo lo contrario, pero no puedo estar de acuerdo con uno de los requisitos esenciales, que es la separación de la propiedad, al menos no en este momento, por tres motivos: en primer lugar, porque hemos de dar a las autoridades reguladoras nacionales más tiempo para crear una normativa efectiva en materia de competencia; en segundo lugar, no me queda en absoluto nada claro que la separación de la propiedad promueva la inversión en redes de suministro, y, en tercer lugar, porque la propuesta de separación no se aplica donde las redes y las instalaciones de generación siguen siendo propiedad estatal.

Ahí es donde deberíamos imponer esas condiciones de liberalización estrictas que hasta la fecha se han negado a la competencia, en lugar de socavar las que van por el buen camino de la economía de mercado a base de disposiciones relativas a la separación.

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega español, el señor Vidal-Quadras, sobre las perspectivas del mercado interior del gas y la electricidad. Gracias al informe hemos podido examinar este asunto tras un largo proceso de liberalización del mercado de la energía y, sobre todo, el Consejo Europeo de marzo de 2006 ha podido aprobar un «paquete energético» concebido para salvaguardar la seguridad del suministro, la competitividad y la sostenibilidad ambiental en relación con la política energética de la Unión Europea. Lamento que el Parlamento no haya aprobado la enmienda presentada por mis colegas, el señor Reul, la señora Laperrouze, la señora Trautmann y otros, a favor de la cual he votado, pues constituía una alternativa equilibrada a la simple separación de la propiedad de redes energéticas, a la vez que salvaguardaba la independencia de la distribución. Son cuestiones en torno a las cuales el debate político está lejos de haberse terminado. Lo mismo sucede con el papel de los reguladores, la supresión de las barreras a las interconexiones, el desarrollo de una nueva generación masiva de fuentes de energía renovables, la inversión sustancial en infraestructura para satisfacer las crecientes necesidades, etc.

  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra del informe Vidal-Quadras sobre las perspectivas para el mercado interior del gas y la electricidad que prepara la presentación en el próximo mes de septiembre de un tercer paquete de «liberalización» por parte de la Comisión.

En primer lugar, me opongo al principio dogmático liberal de separación de la propiedad (propiedad y gestión de la red) porque no ofrece ninguna garantía en relación con las inversiones, el suministro o la seguridad de la red, o con el acceso a ella por parte de terceros y de energías renovables. No asegura la disponibilidad de la energía a un buen precio para los ciudadanos y tampoco cumple las obligaciones de servicio público. Por qué, entonces, perturbar la organización actual, que funciona bien y garantiza la independencia efectiva de los operadores del sistema, gracias, en particular, a la fuerte intervención del regulador y a la aplicación de normas estrictas para garantizar la igualdad de trato y un servicio de calidad para todos los usuarios de las redes, incluso para quienes viven en regiones con desventajas naturales y en regiones muy remotas.

Además, creo que el problema de la independencia de los operadores de los sistemas de transmisión no se refiere a la cuestión del sistema de propiedad, sino a la normativa. Por tanto, ¿por qué pedir la eliminación del carácter público de los operadores energéticos?

  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) Lamento la aprobación de la separación de la propiedad apoyada por los firmes defensores del desmantelamiento de grandes empresas.

En mi opinión, la derecha liberal ha asestado otro golpe al principio de la misión de servicio público, tan apreciado por los ciudadanos europeos.

Opino que la separación de la propiedad no ofrece garantía alguna con respecto a las inversiones, la seguridad o el acceso de terceros (incluidas las fuentes de energía renovables, que podrían verse penalizadas por sus elevados costes). Ni tampoco garantiza la disponibilidad energética a buenos precios para los ciudadanos.

Me parece que habría sido preferible mantener un sistema como el francés, que integra en su funcionamiento las normas legislativas de anteriores directivas europeas.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este es un paso más hacia la liberalización del mercado interior del gas y la electricidad tras la Estrategia de Lisboa. Las palabras clave del presente informe son «liberalización» y «mercado». La idea básica de la que parten es siempre la misma. La premisa, ya refutada por numerosos ejemplos, de que solo el mercado resolverá el problema del suministro y del consumo de energía, se defiende con creciente fervor en un esfuerzo por rechazar lo que cada vez es más difícil de ignorar: que el «mercado» solo ha tenido éxito para algunos, los que han acumulado ingentes beneficios, pero no para los consumidores, que se enfrentan a facturas de energía cada vez más altas.

Su naturaleza estratégica significa que el sector energético es vital para la independencia y la soberanía de un país. Someterlo a los intereses privados nacionales e internacionales es una afrenta a la soberanía de los ciudadanos y los derechos de los trabajadores y las poblaciones.

Por tanto, una vez más rechazamos la liberalización del gas y de la electricidad, y defendemos su permanencia en el sector público como única garantía de acceso a un servicio continuo que ofrece calidad y precios asequibles.

  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la liberalización de los sectores del gas y de la electricidad porque no me parece que la separación de la propiedad de la transmisión sea la forma más eficaz de estimular la inversión en estas infraestructuras. Tal y como reconoce el informe, «este modelo podría no resolver todas las cuestiones pendientes, como la de las interconexiones o la de los puntos de congestión». El hecho es que el mercado de la electricidad y el mercado del gas requieren una inversión importante. Mediante la eliminación de los grandes operadores del mercado, la Unión Europea no garantizará la seguridad de suministro. Ocurre algo extraño y es que los países europeos que más han liberalizado también registran los precios más elevados para los consumidores.

  Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. (EN) El Sinn Féin rechazó el informe Vidal-Quadras sobre las perspectivas del mercado interior del gas y la electricidad porque hace hincapié en la privatización y la «separación de la propiedad». Los Estados miembros deberían conservar el derecho a ser dueños de pleno derecho y ocuparse de la gestión de sus sistemas energéticos, si les parece adecuado.

Como partido panirlandés deseamos que se desarrolle un mercado energético para toda Irlanda que esté plenamente integrado y gestionado de forma responsable. Las interconexiones entre el norte y el sur son elementos de infraestructura importantes en la creación de una economía panirlandesa.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) La delegación de la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP) desea señalar y destacar el hecho de que la separación de la propiedad no es la mejor respuesta a las disfunciones del mercado.

En un contexto de competencia fuerte, donde surgen grandes operadores no europeos, nos parece peligroso desmantelar las empresas energéticas europeas en nombre de un enfoque dogmático de la política de competencia, muy alejado de las estrategias industriales que deberían fortalecer la competencia de la Unión Europea a escala mundial.

El suministro de energía en Europa es una cuestión estratégica a largo plazo que exige garantizar su seguridad más allá de la duración de un contrato único. Esta seguridad del suministro energético depende de las inversiones, que todavía son claramente insuficientes. Sin embargo, tendrán que aumentar notablemente a fin de satisfacer nuestras futuras necesidades de gas o electricidad.

La separación de la propiedad implica que nuestros operadores de energía tradicionales no podrán realizar sus inversiones en las redes energéticas. Brindar esta oportunidad a los nuevos que entran, que no contarán quizá con los recursos financieros necesarios, o a empresas que no sean europeas, que no comparten necesariamente la evaluación que hacemos de nuestras futuras necesidades, es muy peligroso y preocupante.

En estas circunstancias, la delegación de la UMP espera que la Comisión Europea desarrolle un enfoque alternativo a la separación de la propiedad.

- Informe Struan Stevenson (A6-0155/2007)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las proteínas animales no son una parte natural, y subrayo la palabra «natural», de la dieta, por ejemplo, de un bovino adulto.

Actualmente, al parecer muchas personas han olvidado, o eso aparentan, las consecuencias de la crisis de las «vacas locas» –la EEB– para la salud humana y animal y las consecuencias socioeconómicas que subyacen al modelo de producción intensiva que la causó.

El presente informe apoya el levantamiento de la prohibición sobre el consumo de aceite y harina de pescado en forraje para rumiantes. El objetivo es aumentar más los beneficios de la agroindustria y los grandes agricultores.

Deberíamos rechazar este objetivo. No solo porque esta medida está vinculada al desarrollo de la producción intensiva y a la verticalización de la producción agrícola, y porque promovería la pesca a escala industrial a fin de obtener harina y aceite de pescado para forraje, en concreto para rumiantes –cuando, en un momento de escasez, los recursos de pesca marítimos merecerían un mejor uso, como alimentos para consumo humano–, sino, sobre todo, porque todavía siguen existiendo riesgos para la salud humana y animal.

Por tanto, nos parece imperativo aplicar el principio de cautela. Por tanto, lamentamos la desaprobación de nuestra propuesta de rechazar el levantamiento de la prohibición actual.