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Procedimiento : 2006/0297(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A6-0174/2007

Debates :

Votaciones :

PV 11/07/2007 - 7.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2007)0331

Debates
Miércoles 11 de julio de 2007 - Estrasburgo Edición DO

8. Explicaciones de voto
PV
  

- Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo - 2008

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Aunque nos oponemos a que el Parlamento celebre períodos parciales de sesiones en Estrasburgo, hemos decidido votar en contra de la propuesta de que se suprima la sesión del jueves de los períodos parciales de sesiones de Estrasburgo. Queremos que las actividades del Parlamento se trasladen a Bruselas, pero un cambio que se limita a eliminar la sesión del jueves solo disminuirá la eficacia del trabajo del Parlamento. El ahorro que comporta dicho cambio es marginal y las ventajas ambientales inexistentes, puesto que se transportará la misma carga y en el futuro también se necesitarán las mismas instalaciones.

Queremos un verdadero cambio: una única sede y lugar de trabajo para el Parlamento en Bruselas, algo que también propusimos en el informe Leinen sobre la Conferencia Intergubernamental.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de todas las enmiendas al calendario que reducían el tiempo que el Parlamento Europeo pasa en Estrasburgo. La ciudad es preciosa y sus ciudadanos maravillosos. Pero tenemos que poner fin a este circo ambulante que cuesta hasta 400 millones de libras esterlinas al año a los ciudadanos de Europa y que, a su vez, es un obstáculo para la eficiencia del trabajo de la Unión. Este Parlamento necesita un único lugar de trabajo por motivos políticos y económicos. Tenemos que hacer todo lo que haga falta para lograrlo.

 
  
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  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo creemos que el Parlamento Europeo ha de contar con una sede permanente: en Bruselas. Durante muchos años hemos pedido que se pusiera fin a la existencia de dos sedes y al coste de 200 millones de euros al año que supone para el contribuyente y los millones de libras que cuesta al contribuyente británico. Además, nos preocupa mucho el impacto ambiental de la existencia de dos sedes por las emisiones de carbono.

Hemos apoyado una enmienda al calendario para 2008 que pretende eliminar las sesiones de los jueves en Estrasburgo. Esta no es, en absoluto, una alternativa a la posición de principio que sosteníamos, consistente en poner fin a las sesiones de Estrasburgo, sino un reconocimiento de que actualmente los Tratados exigen que 12 periodos parciales de sesiones se celebren en Estrasburgo. Pedimos al Consejo Europeo que incluya esta cuestión en el mandato para la CIG, el único foro donde puede resolverse.

 
  
  

- Informe Jo Leinen (A6-0279/2007)

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, es obvio que la toma de decisiones en la Unión tiene que clarificarse. No obstante, eso no significa que la Unión tenga que convertirse en una federación con poder concentrado. He votado a favor de que el poder siga residiendo ante todo en los Estados miembros y la Unión solo pueda ejercer el poder que los Estados miembros independientes estén dispuestos a otorgarle.

Respecto de la votación sobre si la Conferencia Intergubernamental debe abordar la cuestión de la sede del Parlamento, creo que no es apropiado incluirla en la agenda de la CIG. No obstante, si se aborda la cuestión, y si decidimos tener una sola sede, lo que sería una solución razonable, creo que Estrasburgo es el mejor lugar, porque es la verdadera capital europea. Pero no creo que sea realista.

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos votado a favor del informe, aunque no compartimos la opinión de que sea lamentable que símbolos como la bandera y el himno se hayan eliminado del nuevo proyecto de Tratado. Tampoco creemos que el proyecto de Tratado dé una impresión de desconfianza en relación a la Unión ni que envíe señales equivocadas a la opinión pública.

Es positivo que se mantenga el contenido principal del proyecto de Constitución original. Es particularmente importante que se facilite la ampliación, que se refuercen los convenios colectivos y el derecho a adoptar medidas laborales de conformidad con la práctica nacional y que mejore la transparencia de la UE.

 
  
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  Johannes Blokland (IND/DEM), por escrito. (NL) Hace un momento he votado en contra de la resolución del señor Leinen sobre la CIG porque me opongo a su celebración, pues apoyo la introducción de un nuevo tratado.

La razón de mi «no» es que, en demasiados casos, la resolución sigue haciendo referencia a ciertos elementos del Tratado Constitucional, como el uso de la palabra «constitución» y los símbolos de la Unión. Por otra parte, me siento aliviado de que el nuevo Tratado se haya despojado de este simbolismo constitucional, una posición que, de hecho, también comparte el Gobierno neerlandés. En consecuencia, la UE se ha visto despojada de parte de sus aspiraciones.

Tampoco me identifico con las duras palabras que se han dirigido a los Estados miembros que han conseguido asegurarse la exclusión de la Carta. Aunque no se haga mención explícita a ella en el nuevo Tratado, la Carta sigue siendo jurídicamente vinculante. Siendo así, se trata sobre todo de una cuestión de simbolismo.

He votado en contra de la resolución precisamente porque valora mucho esas aspiraciones constitucionales de la Unión. El Parlamento Europeo debería imitar al Consejo y adoptar un cierto grado de sentido común y de realismo respecto del nuevo Tratado.

 
  
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  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), por escrito. (DA) El informe se apresura a aprobar la celebración de una Conferencia Intergubernamental, que trabajará en secreto durante el verano para evitar la publicidad y el debate con el electorado.

En cambio, el Movimiento de Junio propone una convención abierta y elegida democráticamente con la tarea de elaborar un nuevo documento que se someta a referendo en todos los países de la UE.

El 23 de junio de 2007, la cumbre de Bruselas aprobó un texto en el que las obligaciones legales de los ciudadanos y los Estados miembros son idénticas a las de la Constitución rechazada.

La palabra «Constitución» se tira por la ventana, pero se reintroduce legalmente a través de un reconocimiento expreso de la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia del sistema jurídico de la UE como un sistema constitucional.

No aparece ninguna mención a la bandera, el himno o el día nacional, pero siguen ahí, inalterables.

El Ministro de Asuntos Exteriores recibe un nuevo título, pero es tan largo que la prensa le llamará Ministro de Asuntos Exteriores. Sigue teniendo los mismos poderes. El único cambio real es el aplazamiento de siete a diez años de la votación por doble mayoría, lo que da mucho más poder a los países más grandes, en especial a Alemania, y quizás a Turquía.

Las obligaciones legales siguen siendo las mismas, y los referendos deberían, como mínimo, celebrarse en los países que habían decidido celebrarlos.

Lo más sencillo sería celebrar un referendo el mismo día en todos los países de la UE. De ese modo conoceríamos la opinión de los ciudadanos, y estamos en esta Cámara para servirles. El 77% de los ciudadanos de la UE quieren un referendo, solo se opone el 20%.

Por tanto, el Movimiento de Junio apoya la campaña de firmas.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Leinen sobre la celebración de la Conferencia Intergubernamental porque estoy convencida de que el trabajo conjunto del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, bajo la Presidencia portuguesa, nos permitirá encontrar una solución a los bloqueos y obstáculos que persisten en el proyecto europeo y para construir «una Europa más fuerte en un mundo mejor».

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Al votar a favor del informe y del punto 8 del mismo, la mayoría del Parlamento acaba de reconocer y de acoger con satisfacción el mandato del Consejo Europeo a la Conferencia Intergubernamental y el hecho de que «garantiza gran parte de la sustancia del Tratado Constitucional».

A pesar de una campaña masiva para ocultar el verdadero ámbito de aplicación y los objetivos del mandato, cada vez está más claro que en «este gran cambio» todo ha seguido igual, es decir, el objetivo es eludir el rechazo legítimo del llamado Tratado Constitucional por los ciudadanos de Francia y los Países Bajos, e impedir que los ciudadanos de todos los Estados miembros expresen libremente su opinión sobre un «nuevo» Tratado.

La mayoría del Parlamento quiere avanzar todavía más. Lamenta la pérdida de ciertos puntos importantes acordados durante la Conferencia Intergubernamental de 2004, y afirma su «firme resolución de presentar, después de las elecciones de 2009, nuevas propuestas sobre otro acuerdo constitucional para la Unión».

Queremos afirmar una vez más que es hora de escuchar las demandas de los ciudadanos, de reforzar la democracia, de comprometernos con una Europa más justa, con el progreso social y con una mejor distribución de los ingresos. Es hora de respetar el principio de los Estados soberanos con igualdad de derechos, de reforzar la cooperación y la solidaridad en el ámbito internacional y de realizar un compromiso firme con la paz.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. (EN) Me ha decepcionado que esta Cámara haya rechazado la enmienda 1 del señor Alvaro y otros que habrían añadido al mandato de la posterior Conferencia Gubernamental sobre la revisión del Tratado la cuestión de fijar una única sede en Bruselas para el Parlamento Europeo. Es algo que escapa a mi comprensión que 380 de mis colegas apoyen el mantenimiento de esta farsa continua que todos sufrimos.

Existen otras cuestiones en este informe que me impedirían votar a favor del mismo. Sin embargo, el mero hecho de no abordar la cuestión de la sede única me impide siquiera considerar la posibilidad de votar a favor.

 
  
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  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) Me he abstenido de votar sobre la resolución acerca de la próxima Conferencia Intergubernamental porque creo que la última cumbre europea fracasó en su objetivo de revivir Europa. En el mejor de los casos, contaremos con un tratado minimalista que, sin duda, permitirá que se progrese en cierta medida, pero que dejará al Reino Unido nuevas oportunidades de exclusión temporal. Eso es especialmente cierto en lo que respecta a la Carta de los Derechos Fundamentales. ¿Cómo puede el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aplicar esta Carta cuando no será válida en el Reino Unido?

 
  
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  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) He votado en contra de este informe porque creo que está totalmente divorciado de la realidad. En realidad, las poblaciones de Francia y los Países Bajos rechazaron el proyecto de Constitución de la Unión Europea en referendos. Si también se hubieran celebrado referendos, por ejemplo, en Suecia, Dinamarca y el Reino Unido, la mayoría de los votantes de estos países también lo habría rechazado. Ahora la cumbre ha retirado los símbolos y ha rechazado las propuestas de un himno y una bandera de la Unión Europea. No obstante, cuando se trata de los futuros poderes legislativos de la Unión Europea sobre los Estados miembros, no hay distinción entre el proyecto de Constitución rechazado y la propuesta actual.

También es interesante advertir cómo ahora, en la propuesta de informe, la mayoría federalista del Parlamento Europeo está intentando conseguir el rechazo del himno y de la bandera.

He votado a favor de la ampliación del mandato de la Conferencia Intergubernamental para que sea posible desplazar la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo a Bruselas.

Con respecto a la cuestión de los referendos sobre el nuevo Tratado, creo que cada país debe decidir por sí mismo organizar o no un referendo. Creo que deberían hacerlo, pero el Parlamento Europeo como institución no debe interferir en esta cuestión.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El verdadero ámbito de aplicación de las continuas maquinaciones en torno al llamado «nuevo» Tratado se refleja en la resolución que hoy ha adoptado la mayoría del Parlamento.

Deben subrayarse dos aspectos:

- Confirma que el deshonroso (y falso) «periodo de reflexión» apenas se ha utilizado para llegar a la conclusión de que el contenido del Tratado rechazado debe conservarse. Ahora dicha confirmación está consagrada en el mandato para la «nueva» reforma de los tratados;

- El increíble despliegue de cinismo e hipocresía por parte de la mayoría del Parlamento que, debe subrayarse, incluye las fuerzas políticas que dominan los distintos Gobiernos de los países de la Unión Europea, y que, al haber rechazado las propuestas de enmienda que solicitaban la celebración de referendos sobre el llamado «nuevo» Tratado, «solicita a la Conferencia Intergubernamental y a la Comisión que presenten propuestas concretas para implicar de nuevo a los ciudadanos europeos (...) en un diálogo en la continuación del proceso constitucional».

Es vital condenar una operación diseñada con el fin de imponer el ímpetu esencial de un Tratado que ya ha sido rechazado, disfrazándolo para intentar impedir la celebración de referendos nacionales vinculantes. Por ese motivo votamos para rechazar el mandato a la Conferencia Intergubernamental y esta decisión por parte del Parlamento.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. (EN) No estoy de acuerdo con esta enmienda porque insiste en la necesidad de celebrar referendos en todos los Estados miembros en que sea posible. Se trata de una interferencia directa con el principio de subsidiariedad y es competencia exclusiva de los Estados miembros tomar la decisión de si deberían celebrar o no un referendo.

 
  
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  Anna Hedh (PSE), por escrito. (SV) No creo que el nuevo proyecto de Tratado sea muy distinto del anterior, y por ello no puedo apoyar el informe. Se presentaron a votación enmiendas que exigen que se celebren referendos antes de realizar cualquier cambio en los tratados. Aunque personalmente estoy a favor de un referendo en Suecia sobre el nuevo Tratado, creo que sería un error que dicho referendo se exigiera en el ámbito de la Unión Europea. No es tarea del Parlamento Europeo decidir si los Estados miembros deben celebrar referendos o no.

 
  
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  Timothy Kirkhope (PPE-DE), por escrito. (EN) Mis colegas conservadores británicos y yo hemos votado en contra de este informe ya que estamos en franco desacuerdo con el proyecto de mandato para la Conferencia Intergubernamental. Creemos que el texto del proyecto de mandato para la CIG acordado en el Consejo Europeo de junio de 2007 es, en todo menos en el nombre, la Constitución europea que rechazaron los ciudadanos de Francia y los Países Bajos en sus referendos de 2005.

Además, queremos dejar claro que desde que el Gobierno del Reino Unido prometió firmemente a los ciudadanos británicos un referendo sobre esa Constitución Europea, tiene la obligación moral y el deber democrático de someter cualquier nuevo tratado que resulte de la CIG que transfiera poderes de Gran Bretaña a la Unión Europea.

 
  
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  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. (FR) Considero inaceptable que el Parlamento Europeo rechace la solicitud de referendo sobre el nuevo tratado institucional.

De hecho, el voto negativo emitido por el pueblo de Francia y de los Países Bajos sobre el antiguo proyecto de Constitución subrayó una diferencia enorme entre la expresión del pueblo y la de los líderes y representantes elegidos, tanto nacionales como europeos. Por lo tanto, únicamente podemos legitimar este nuevo tratado consultando una vez más a los ciudadanos. Sería mejor si este referendo fuera europeo.

El Parlamento Europeo no debe sorprenderse de haber quedado desacreditado a los ojos de los ciudadanos con este tipo de informes.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) Estoy muy de acuerdo con la convocatoria de la CIG, aunque el presente informe contiene varios elementos que van más allá del mandato acordado por el Consejo y, por tanto, no he podido apoyarlo. Sin embargo, sinceramente espero que la CIG logre acordar un Tratado de reforma.

 
  
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  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. (DE) A fin de conceder las mínimas posibilidades posibles a los ciudadanos de la Unión Europea para criticar o incluso objetar a la nueva versión de la Constitución de la Unión Europea, se está introduciendo a empujones con un procedimiento por la vía rápida. No obstante, los ciudadanos nos acallarán inmediatamente si intentamos convencerlos de que se trata de un documento nuevo, aunque la mayor parte de la sustancia sigue siendo la misma y solo ha cambiado el paquete. Al mismo tiempo que hablamos sobre un nuevo Tratado, también se nos asegura que no serán necesarios nuevos referendos. Y lo cierto es lo contrario.

Este enfoque no acercará más la Unión Europea de los ciudadanos, y tampoco lo hará el hecho de que se hayan traspasado más competencias a Bruselas, puesto que hemos desperdiciado otra oportunidad para definir nuestras fronteras y no hemos hecho uso de los frenos en nuestras negociaciones con Turquía. Necesitamos una Europa federal en la que la población soberana pueda ejercer de nuevo más sus derechos de participación. Solo entonces estaremos sobre una ruta viable hacia adelante; el resto son castillos en el aire de una élite aislada de la Unión Europea. Esa es la razón por la que he votado en contra del informe.

 
  
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  Cristiana Muscardini (UEN), por escrito. (IT) Quisiera afirmar mi acuerdo con la convocatoria de la Conferencia que, en el marco de las conclusiones del Consejo Europeo de 21-22 de junio de este año, redactará enmiendas a los tratados en vigor. Esto pondrá fin a la larga fase de transición durante la cual la Unión ha experimentado, además de ilusiones perdidas, reafirmación de ideales y renovación de esperanzas. Una cosa es cierta: el intento de romper el monopolio sobre la legitimidad política de los Estados nación –un legado del Tratado de Westfalia del siglo XVII– ha fracasado. La Europa que puede avistarse –la de los eurorrealistas– debe ser capaz de demostrar que una Unión de Estados soberanos es capaz de actuar de manera efectiva mediante la expresión de una voluntad común. Si no es así, Europa tendrá que abandonar durante bastante tiempo sus esperanzas de desempeñar un papel importante en las relaciones internacionales y en el equilibrio entre las principales potencias.

Acojo con satisfacción el refuerzo de los modos en los que nuestra Asamblea participa en el trabajo de la Conferencia y espero que, en aras de la transparencia, los resultados de ese trabajo se publiquen, también en forma de versión provisional consolidada de los tratados. La Europa de los pueblos y de las naciones está tomando forma. Mi firme deseo es que, con este futuro en perspectiva, la conferencia no nos decepcione.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El informe sobre la opinión del Parlamento Europeo con respecto a la convergencia y el contenido de la Conferencia Intergubernamental sobrepasa incluso el acuerdo reaccionario del Consejo de la Unión Europea sobre el «tratado de reforma», como ha sido bautizada la versión resucitada pero peor de la «Constitución Europea». Los conservadores y los demócrata-sociales –incluido todo el cuerpo de eurodiputados de PASOK y de Nueva Democracia– y los liberales y los Verdes han acogido con gran entusiasmo el acuerdo para codificar y modificar para peor el reaccionario Tratado de la Unión Europea. Incluso sobrepasando al Consejo, solicitan cambios reaccionarios todavía más avanzados, como la introducción de una orden constitucional comunitaria que establezca la precedencia de la legislación comunitaria sobre las legislaciones nacionales de los Estados miembros y refuerce más la soberanía de la construcción supranacional de la Unión Europea, a la que se cederá casi la totalidad de los derechos soberanos de los Estados miembros.

Al mismo tiempo, estas fuerzas rechazaron en masa la propuesta para que el nuevo Tratado fuera sometido a la aprobación de los pueblos de Europa en referendos celebrados en los Estados miembros. Por lo tanto, están demostrando su total ignorancia de la voluntad de los pueblos europeos, especialmente aquellos que rechazaron la «Constitución Europea» en sus referendos, su verdadero miedo de las personas y el uso del Parlamento Europeo como organismo para la legitimación pseudodemocrática de todas las políticas reaccionarias en contra de la clase obrera de la Unión Europea.

 
  
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  Marco Pannella (ALDE), por escrito. (IT) Señor Presidente, miembros del Consejo y de la Comisión, lamentablemente y proféticamente, ya en 1942 el Manifiesto Ventotene denunciaba su Europa de las naciones como el principal peligro que se oponía a los Estados Unidos de Europa, o la tierra madre europea. El 14 de febrero de 1984 el Parlamento Europeo superó esta letal política. Ahora, a modo de venganza, el Consejo Europeo ha lanzado un verdadero ataque relámpago, al estilo del General Erwin Rommel, para imponernos obediencia –una obediencia que ahora de repente se ha proporcionado vergonzosamente– como «Parlamentos» de la década de los 30, fascistas o comunistas o como cobardes continentales.

Tienen miedo de nuestras palabras; de nuestro himno, de nuestro símbolo, nuestro nombre, de las «leyes» –pero este es un término prohibido, prefieren llamarlas «directivas». Esos días pertenecen al pasado: ahora, de repente, es la hora de la Gran Francia, de la Fuerte Alemania, del partido clerical y autoritario, si no racista, de Polonia, de una Italia que no sirve para nada, es decir, para todo. Tienen miedo del mismo modo que los poderosos y los dominantes lo tienen. Lucharemos contra esta desgracia: como europeos federalistas, en nombre de aquellos a quienes ustedes traicionan: Spinelli, Adenauer, Schuman, De Gasperi, Monnet. Como federalistas radicales del Partido Transnacional y Transpartido Radical No Violento, y como miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que nos tememos que hoy esté cometiendo un error. Espero que el error sea nuestro, pero lamentablemente, estoy convencido de que no lo es. ¡Larga vida a la tierra madre europea! ¡Voto «No»!

 
  
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  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. (DE) ¿Por qué voy a votar contra el Tratado de la reforma de la Unión Europea y el mandato de la Conferencia Intergubernamental?

El Primer Ministro de Irlanda, el señor Ahern, ha dicho que aproximadamente el 90 % del paquete central de la Constitución Europea permanece intacto. Matemáticamente es verdad, pero los ciudadanos de Francia y los Países Bajos han sido engañados.

«El segundo capítulo incluye las disposiciones del Título V del Tratado de la Unión Europea existente, modificado en la Conferencia Intergubernamental de 2004 (incluido el Servicio de Acción Externa Europea y la cooperación estructurada permanente en el campo de la defensa).» (mandato CIG)

Por lo tanto, todas las normas de la Constitución en materia de defensa se incluirán en el nuevo Tratado de Reforma de la Unión Europea. En la práctica, eso significa que el Tratado incluirá lo siguiente:

1. Compromiso de la Unión Europea para aumentar las capacidades militares;

2. La Agencia de Armamento de la Unión Europea (actualmente en el Tratado);

3. Nuevas opciones de intervención militar como las «medidas de desarme», para las que existe el desarme por la fuerza;

4. Apoyo militar para los terceros países «en la lucha contra el terrorismo en su territorio»;

5. Estrecha cooperación entre la UE y la OTAN;

6. Ausencia de poderes de escrutinio del Parlamento Europeo para la política exterior y de seguridad común;

7. El TJCE no tendrá poder para emitir sentencias en cuestiones de política exterior y de seguridad;

8. Cláusula de solidaridad militar en la lucha contra el terrorismo;

9. Grupos de batalla de la Unión Europea para las intervenciones militares rápidas de la UE en todo el mundo (actualmente incluidas en el Tratado);

10. Cooperación militar estructurada. Cada uno de los Estados miembros puede presionar con la política de defensa;

11. Provisión de un presupuesto independiente de la UE en materia de defensa, además de los presupuestos de defensa nacionales.

El armamento y la militarización de la UE se han acelerado. El sector de defensa era la columna vertebral de la Constitución. El Tratado de Reforma previsto también es un tratado militar.

 
  
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  Konrad Szymański (UEN), por escrito. – (PL) Al contrario de lo que dice el informe, una nueva onomatología, los símbolos de Europa en el Tratado, únicamente ocasionarían incomprensión, y sugerirían que la Unión Europea está entrando en una fase de pseudoestado.

La flexibilidad del mandato en cuanto a la exclusión voluntaria es una expresión de sabiduría y no de debilidad. Lo mismo puede decirse de la Carta de los Derechos Fundamentales. La fuerte reacción a la carta confirma únicamente la sospecha de que sus defensores apenas la consideran un medio para ampliar la competencia jurídica de la Unión Europea mediante la puerta trasera.

Las críticas al mandato en el informe Leinen son excesivas, y dificultan el compromiso sobre la reforma. Por esta razón voy a votar en contra del informe.

 
  
  

- Informe Kauppi (A6-0252/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Kauppi sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 78/855/CEE del Consejo, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas, y la Directiva 82/891/CEE del Consejo, referente a la escisión de sociedades anónimas, por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en el caso de fusión o escisión.

Es normal que se examine periódicamente la utilidad de las obligaciones que han de cumplir los órganos corporativos, especialmente en relación con las tarifas administrativas derivadas de dichas obligaciones. No obstante, se aconseja examinar cuidadosamente, además de los intereses de la entidad jurídica, los intereses de terceras partes, tanto si se trata de accionistas, empleados, proveedores, banqueros, autoridades sociales y fiscales, etc. Además, habría valido la pena completar los puntos presentados por la Comisión con un análisis de las prácticas internacionales en este campo.

 
  
  

- Informe Inger Segelström (A6-0262/2007)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Yo también he votado hoy a favor de conceder a la Comisión poder para flexibilizar las enmiendas a los anexos, con el fin de establecer una serie de normas y requisitos técnicos para las comprobaciones de vehículos en la Unión Europea. Dichas normas y requisitos implican medidas que no están relacionadas con los elementos fundamentales de la directiva, pero no obstante quiero decir que la retirada de vehículos más viejos debería acelerarse, no solo en vista de las cuestiones de seguridad sino también por la cantidad de contaminación del aire que ocasionan. Por una parte, estamos encareciendo cada vez más la producción de nuevos vehículos mediante normas de emisión cada vez más estrictas, para que sea más difícil comprar vehículos para aquellos de nuestros ciudadanos menos potentados, y por otra parte, esto ocasiona un número cada vez mayor de vehículos más viejos en las carreteras, que emite residuos perjudiciales. Insto a la Comisión a que adopte un plan que apoye una sustitución más rápida de vehículos en la Unión Europea.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Esta iniciativa forma parte de los nuevos instrumentos financieros en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad para el periodo 2007-2013, sobre el que hemos logrado un acuerdo con respecto a la mayoría de nuestros programas. No obstante, en cuanto a los programas concretos «Justicia Civil» e «Información y prevención de las drogas», sigue habiendo cierto desacuerdo entre el Parlamento, por una parte, y el Consejo y la Comisión, por otra parte, en cuanto al proceso de comitología que debe aplicarse.

Me complace que finalmente hayamos logrado alcanzar un acuerdo entre las tres instituciones, proporcionando así una respuesta a la necesidad de la aplicación continua de los nuevos programas financieros, que están diseñados para cofinanciar proyectos y realizar acciones de interés general en esos ámbitos.

Sin duda, cualquier retraso adicional tendría un impacto altamente perjudicial en este ámbito, y para sus beneficiarios; los retrasos perjudicarían la preparación de un marco de referencia en ámbitos como la ley europea de contratos y afectarían al trabajo continuo de la red judicial europea.

Algunas de estas actividades ya tendrían que haber recibido el beneficio del apoyo financiero desde principios de 2007, pero no lo han obtenido porque este programa no ha sido adoptado, como en el caso de la red judicial civil y comercial.

 
  
  

- Informe Lienemann (A6-0174/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Lienemann sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. También he votado a favor de la serie de enmiendas de carácter técnico presentadas por 6 grupos políticos, incluido el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, destinadas a especificar que la enmienda de esta Directiva entra dentro del marco de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo relativa a la Decisión 2006/512/CE sobre la introducción de un procedimiento de reglamentación con control para una serie de actos de base, siendo esta propuesta de directiva uno de ellos. No obstante, es lamentable que la Comisión no se esfuerce más cuando edita sus textos para tener en cuenta el acuerdo de comitología, obligando al Parlamento a estar atento a la división de poderes. La Comisión debería tener cuidado de la imagen que transmite de querer, a menudo, aumentar sus poderes. Este comportamiento de la Comisión exaspera a los ciudadanos.

 
  
  

- Informe Florenz (A6-0186/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Florenz sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. También he votado a favor de la serie de enmiendas de carácter técnico presentadas por 6 grupos políticos, incluido el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos (PPE-DE), destinadas a especificar que la enmienda de esta Directiva entra dentro del marco de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo relativa a la Decisión 2006/512/CE sobre la introducción de un procedimiento de reglamentación con control para una serie de actos de base, siendo esta propuesta de directiva uno de ellos. No obstante, es lamentable que la Comisión, que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, no se esfuerce más cuando edita sus textos para tener en cuenta el acuerdo de comitología (aplicación de textos por la Comisión), obligando al Parlamento a estar atento a la división de poderes. La Comisión debería tener cuidado de la imagen que transmite de querer, a menudo, aumentar sus poderes. Este comportamiento de la Comisión exaspera a los ciudadanos.

 
  
  

- Informe Markus Ferber (A6-0246/2007)

 
  
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  Richard Seeber (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, considero vital la liberalización de los servicios postales. Sin embargo, también es importante que hayamos retrasado la totalidad del proceso dos años y la liberalización del mercado vaya a producirse en 2011.

Es correcto introducir una mayor competencia en los servicios postales. Será ventajoso para la economía y los consumidores, pero únicamente si las condiciones subyacentes son las adecuadas. Tiene que haber una garantía de que las entregas postales mantendrán la calidad a un precio razonable. Ese aspecto ha de ser factible incluso en zonas remotas como las regiones montañosas y las islas. La totalidad de la carga del paquete de liberalización no debe ser soportada por los trabajadores de los servicios postales. Por eso he votado a favor del paquete.

 
  
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  Sylwester Chruszcz (NI). (PL) Señor Presidente, como eurodiputado polaco, apoyo todas las soluciones a favor de un mercado libre y la libre provisión de servicios. Pero quisiera señalar que la rápida liberalización del sector postal que se ha forzado hoy puede causar más perjuicios que beneficios, puesto que a largo plazo llevará a la liquidación de las compañías postales nacionales, como la Oficina de Correos polaca, y las entregará a peces gordos europeos como DHL, también conocido como Deutsche Post. Por ese motivo he votado en contra del informe Ferber.

Los consumidores tienen derecho a la libre competencia, pero la apertura del mercado postal no debe realizarse con celeridad, a expensas de compañías más débiles que no tienen por qué estar preparadas para la competencia radical, y a expensas de miles de empleos en Polonia y otros países de la Unión Europea.

 
  
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  Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (HU) Yo mismo apoyo la dirección del compromiso logrado en la cuestión de la liberalización de los servicios postales. No obstante, me he abstenido en una sección, y les diré por qué. El punto 7a menciona aquellos Estados que han recibido un periodo de transición hasta 2013. Me he abstenido porque considero inaceptable que ciertos grupos de Estados, en bloque, sin un escrutinio caso por caso, estén recibiendo este periodo de transición. Entre ellos se encuentran los nuevos Estados miembros, y por ese motivo lo considero ofensivo, puesto que relega a mi país y el resto de Estados miembros nuevos al estatuto de Tercer Mundo. Después de todo, no hemos examinado individualmente quién recibiría esto y por qué motivos.

Del mismo modo, encuentro inaceptable decir, descuidadamente, que los Estados pequeños deberían recibir periodos de transición en ciertas cuestiones; ¿para qué cuestiones? Por lo tanto, debemos proceder con más precisión, definir con mayor precisión sobre quién hablamos. Espero que esto se haga en la segunda lectura.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, este compromiso es una contradicción total de términos. Estamos liberalizando los servicios postales para que la competencia proporcione una gama más amplia de servicios a los consumidores, al igual que una mejor calidad y unos precios más bajos, pero al mismo tiempo tememos que los servicios universales se derrumben en un entorno de mercado, y en consecuencia, se regulará la liberalización. Como abogado de la competencia justa, he votado a favor de la enmienda 2 para que las mismas obligaciones que se aplican a los servicios universales sean vinculantes para todos los actores del mercado único. Sin duda esto no gusta a aquellos que tienen una actitud selectiva, que han presionado con tanta vehemencia en contra de la propuesta. La enmienda 6 fue esencial para una responsabilidad transparente, para que los gastos de los productos rentables de las compañías no se incluyan en los gastos de los servicios universales. Las nuevas tecnologías están compitiendo con los servicios postales, pero no los están obligando a retirarse del mercado. Aunque la entrega de cartas esté en declive, la entrega de paquetes es esencial para el desarrollo de las compras por Internet. Por lo tanto, dejar a los servicios postales a su suerte sin nada sobre lo que apoyarse no redunda en interés de los consumidores o de las empresas.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Acabamos de aprobar una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la directiva 97/67/CE relativa al establecimiento pleno de un mercado interior para los servicios postales en la Comunidad.

La nueva directiva envía muchas señales positivas sobre la calidad de los servicios en el ámbito de la Unión Europea, como la disponibilidad, y sobre todo, la pérdida del monopolio que disfrutan los operadores nacionales sobre los artículos postales cuyo peso no sobrepasa los 50 gramos. Yo estaba a favor de una solución que no terminase con el monopolio hasta diciembre de 2010, es decir, dos años después de la fecha propuesta por la Comisión. La idea es, y a este respecto estoy de acuerdo con algunos de los Miembros de la Comisión Parlamentaria principal sobre Transporte y Turismo, que ciertas partes de la Unión Europea que necesitan más tiempo para entregar los artículos postales en sus destinos en toda la Unión Europea dispongan de precios más asequibles.

Para los nuevos Estados miembros, incluida Eslovaquia, la fecha de la liberalización debería ser el 31 de diciembre de 2012, con el fin de garantizar que se pueda encontrar el método más apropiado para proporcionar servicios universales postales. Creo que hemos resuelto las disputas en torno a las fechas y a la financiación de manera equilibrada y para el beneficio de los ciudadanos en todos los Estados miembros.

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) La liberalización de los servicios postales que está desarrollándose actualmente significa que este sector se está abriendo a muchas partes interesadas.

Estoy convencida de que también los ciudadanos de a pie podrán disfrutar de los cambios positivos, puesto que una competencia más fuerte trae consigo mejores servicios y el desarrollo de productos innovadores para los consumidores, que podrán seleccionar y escoger entre una variedad de productos y precios, según sus necesidades individuales. Por estos motivos, he votado a favor del informe del señor Markus Ferber, a través del cual el Parlamento Europeo ha dado el paso final para desmantelar el monopolio relativo a la entrega de artículos postales cuyo peso no sobrepasa los 50 gramos. Lo cierto es que el cambio en el sector postal no puede implementarse de la noche a la mañana. Por este motivo, el Parlamento Europeo ha redactado la directiva sobre la liberalización de los servicios postales de manera intuitiva y responsable, con el fin de no poner en peligro estos servicios en cualquier parte de la Unión Europea.

Gracias a las enmiendas presentadas por los eurodiputados de los nuevos Estados miembros, será posible, sujeto a condiciones concretas, que los nuevos doce Estados miembros de la UE y los Estados con un gran número de islas continúen eximiendo estos servicios y sus proveedores hasta el 31 de diciembre de 2012, hasta el punto que sea necesario para conservar un servicio universal. El Parlamento Europeo no ignoró a las personas discapacitadas en su informe. La enmienda 47 instruye a los Estados miembros a que garanticen la provisión de servicios postales gratis para las personas ciegas o visualmente impedidas.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Señor Presidente, hemos adoptado el informe del señor Ferber sobre la aplicación plena del mercado interior de servicios postales. Creo que todos los ciudadanos de la Unión Europea deben tener libertad para escoger los servicios que pueden utilizar para enviar una carta, una postal o un paquete.

La apertura del mercado proporcionará beneficios a los consumidores y a los usuarios de los servicios postales, y para el sector postal, concretamente en los nuevos Estados miembros, significará una reestructuración adicional, un recorte de gastos, innovación, la introducción de nuevos servicios, incluidos los servicios electrónicos, y la capacidad de competir y de mantenerse a flote en el mercado postal.

Esperemos que la apertura del mercado de servicios postales ocasione un incremento del nivel de servicios ofrecidos, así como una mayor atención al cliente. Un mayor número de operadores en el mercado postal supone una mayor competencia, unos precios más bajos y una mayor selección de servicios.

 
  
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  Saïd el Khadraoui (PSE). – (NL) Señor Presidente, junto con los socialistas flamencos, hemos votado a favor de todas las enmiendas, incluidas las enmiendas de compromiso, que representan progreso si las comparamos con la propuesta original de la Comisión.

No obstante, al final decidimos rechazar la propuesta con el fin de enviar un mensaje contundente de preocupación continua. En realidad, los Estados miembros recibieron muchos deberes para garantizar que la liberalización se lograría con éxito. Tendrán que garantizar la aplicación de sus leyes sociales a todos los operadores, y que para 2010 puedan demostrar cómo financiarán la provisión universal de servicios en un mercado competitivo. Tal y como lo vemos nosotros, habría sido preferible esperar antes de tomar una decisión final.

 
  
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  Kader Arif (PSE), por escrito. – (FR) La nueva directiva postal contra la que he votado es un caso de libro cuando se trata de estudiar la tenacidad ideológica de la Comisión. Eliminar la zona reservada para el correo cuyo peso no sobrepasa los 50 gramos equivale a firmar la orden de ejecución del servicio postal público.

La Comisión y ciertos diputados de este Parlamento quieren hacernos creer que el «servicio postal universal» queda salvaguardado por esta directiva. Al rechazar la zona reservada como método de financiación, nos enfrentamos a una ecuación imposible: los Estados miembros –cuyos presupuestos ya son limitados– deberían financiar el servicio universal. No hay motivos económicos ni racionales por los que la «zona reservada» debería excluirse de los posibles métodos de financiación, excepto para minar el servicio postal universal.

La inseguridad laboral, la reducción del número de oficinas de correos, el incremento en las tarifas para el correo personal, el fin de la normalización de las tarifas, y por tanto de la igualdad de acceso al servicio postal; eso es lo que se acaba de votar. Sigo convencido de que los servicios públicos pueden funcionar en una red que se extienda por toda la Unión Europea. Esto es posible y deseable si queremos crear una verdadera Comunidad Europea.

Esta directiva nos hace renunciar a la propia función de la política: la de regular y gestionar la actividad económica y el mercado a fin de lograr objetivos relacionados con la gestión de los terrenos, la solidaridad, el desarrollo, etc.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Ferber relativo a la plena realización del mercado interior de servicios postales. En primer lugar, celebro que la apertura gradual y controlada del mercado se esté realizando de acuerdo con la Resolución del Consejo Europeo de 1994, a la vez que se garantiza la sostenibilidad del servicio postal universal. Existe un compromiso político bueno y equilibrado entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. La fecha de 31 de diciembre de 2010 propuesta por el Parlamento es más realista que la del 1 de enero de 2009 propuesta por la Comisión.

He votado a favor de varias enmiendas destinadas a garantizar que la financiación del servicio universal esté controlada en todo momento en un mercado postal completamente liberalizado y, en relación con la definición de este servicio universal, que debe garantizar la recogida y la entrega en los hogares o instalaciones de toda persona natural o jurídica, todos los días laborables, inclusive en zonas aisladas o poco pobladas. Además, los Estados Miembros deberían garantizar que se establezca un número adecuado de puntos de acceso en las zonas rurales y poco pobladas.

 
  
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  Bernadette Bourzai (PSE), por escrito. – (FR) He votado contra el proyecto de Directiva Postal porque las enmiendas presentadas por el Parlamento sobre la propuesta de la Comisión, a favor de la total liberalización del sector postal el 1 de enero de 2009, y en concreto el aplazamiento de dos años, me parecen poco satisfactorias.

Paradójicamente, esta nueva fase de liberalización va a ocasionar un gasto público adicional porque al mismo tiempo la Comisión está obligando a los Estados miembros a elegir un método para financiar las obligaciones universales del servicio.

En realidad, las tres opciones de financiación propuestas ya se han probado en algunos Estados miembros y han ocasionado disputas importantes. Además, la idea de mantener la zona reservada (o el monopolio residual para el correo cuyo peso no sobrepasa los 50 gramos) no se ha adoptado, a pesar de que la zona reservada representa una de las opciones de financiación más eficaces y transparentes. El mantenimiento de la zona reservada es una opción política que cuenta con mi apoyo pero que la Comisión, al igual que la mayoría de eurodiputados hoy, rechaza.

No creo que los objetivos de la Comisión de mejorar el servicio –la calidad, el precio y la elección– y de liberar el potencial de crecimiento del sector puedan lograrse de este modo. Al contrario; me temo lo peor cuando se trata del futuro de las zonas rurales, las regiones montañosas y las islas.

 
  
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  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado en contra de la liberalización de los servicios postales. Además, he apoyado la petición de rechazar esta directiva por razones de que las motivaciones para esta propuesta son contradictorias e inalcanzables en cuanto a la garantía de la universalidad del servicio, cuyos métodos de financiación no garantizan el derecho de todos los ciudadanos europeos a que se recoja y se reparta su correo diariamente.

Es más, creo que, en principio, establecer una fecha límite para la expiración de la directiva 97/67 no está en línea con los resultados de la consulta de los actores sociales implicados y de los Estados miembros. Han indicado la necesidad de mantener las garantías del servicio universal de manera uniforme, proporcional y justa.

Por lo que a mí respecta, esta propuesta no ofrece garantías a la hora de tratar en serio los aspectos sociales de esta liberalización, a fin de prevenir la competencia en el mercado laboral y el dumping social.

 
  
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  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE-DE), por escrito. (SV) En la votación final del informe Ferber sobre la liberalización de los servicios postales, hemos optado por apoyar el compromiso adoptado.

Así apoyamos el modo más rápido posible de lograr la liberalización total de los servicios postales en Europa. Al mismo tiempo, lamentamos que exista una oposición contundente para el logro de los objetivos anteriores de alcanzar la liberalización antes de 2009. La decisión de hoy es un paso en la dirección adecuada, aunque esperábamos haber logrado desregular los servicios postales durante el periodo de diez años establecido para utilizar el proceso de Lisboa para hacer de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo.

 
  
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  Robert Goebbels (PSE), por escrito. – (FR) La abolición del monopolio final postal no era en modo alguno necesaria para garantizar un mercado interior que beneficiara a los consumidores. La Comisión redactó dichas propuestas basándose en motivos puramente ideológicos, a instancia de países como Reino Unido, Países Bajos y los países escandinavos, es decir, los campeones del mercado libre desenfrenado. No es ninguna coincidencia que los mismos países se opongan a una integración más política de Europa. Incluso en los Estados Unidos, el US Postal Service (Servicio Postal de los Estados Unidos) mantiene la distribución final en el sistema público por razones obvias de protección de empleo. Aunque el Parlamento Europeo ha proporcionado a algunos países, incluido el mío, cierto respiro, esta liberalización no beneficiará al ciudadano común.

 
  
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  Bruno Gollnisch (ITS), por escrito. (FR) El informe del señor Ferber sobre la liberalización del sector postal no soluciona ninguno de los problemas que plantea el texto de la Comisión: la financiación de las obligaciones universales del servicio –sobre todo las que no se mencionan en la directiva y que existen de manera especial en Francia, como la distribución de periódicos con gastos reducidos, la gestión del terreno, la entrega seis días de cada siete, los servicios bancarios para todos– el cuestionamiento implícito de la tarifa única y de las tarifas normalizadas mediante la obligación de reflejar costes, la implicación (práctica o financiera) de los operadores privados en términos de cumplir con las obligaciones públicas del servicio, etc.

Basado como está en un estudio incompleto, que se equivoca en ciertos puntos y que deja de mencionar los resultados reales de 10 años de servicios postales parcialmente liberalizados, este texto solo puede ser perjudicial, y el compromiso frágil. Es una fuente de inseguridad jurídica y amenaza social. Como resultado, el verdadero objetivo de la Comisión aparece más claro que el agua. Como suele ocurrir en este tipo de cuestiones, no se trata tanto de hacer más eficaces y menos costosos los servicios proporcionados al público y a las autoridades como de romper los monopolios públicos y permitir que los operadores privados –preferiblemente las multinacionales– se queden con los mercados rentables.

 
  
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  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) Generalmente soy escéptico con respecto a las consecuencias que ha tenido la desregulación de los servicios postales para el consumidor medio, especialmente en distritos escasamente poblados.

He votado a favor de todos los proyectos de enmienda del Parlamento Europeo. No obstante, también he apoyado importantes enmiendas que establecen, por ejemplo, que el correo debe recogerse y distribuirse a todas las residencias o locales de las personas físicas o jurídicas todos los días entre semana, y que en un mercado desregulado expuesto a la competencia, debe existir la obligación de poner servicios gratuitos a disposición de los invidentes y los impedidos visualmente. También he votado a favor de una serie de propuestas que conceden a los Estados miembros una mayor libertad para elegir el modo de conseguir un equilibrio entre la desregulación de los servicios y el mercado postal que beneficie a la totalidad de la sociedad.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Una vez más, la mayoría del Parlamento anima a la total liberalización de un servicio público, en este caso, los servicios postales, poniendo así en peligro los derechos e intereses de las personas y de los trabajadores de dicho sector.

Lamentamos mucho la no adopción de nuestra propuesta para rechazar esta iniciativa de la Comisión, que pretende completar la liberalización de los servicios postales a través de la Unión Europea y fomentar la competencia en este mercado interior supranacional.

También lamentamos el rechazo de las enmiendas en las que hemos argumentado que los Estados miembros deben retener los derechos exclusivos en una zona reservada y garantizar los derechos sociales y laborales del sector, incluida la adherencia a las condiciones de empleo y los sistemas de seguridad social establecidos por ley o por acuerdos colectivos.

Aunque se han mejorado ciertos aspectos en comparación con la propuesta original de la Comisión, el informe confirma la liberalización total del servicio postal, aplazándola únicamente hasta el 31 de diciembre de 2010, logrando así el objetivo expuesto originalmente por la primera directiva de 1997, que es el desmantelamiento de un sector público rentable –el sector postal– y su posterior traspaso a intereses privados.

Este aspecto, en crudo relieve, es política de la Unión Europea, a la que los trabajadores y los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea deben responder de manera apropiada.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. (EN) Apoyo totalmente la enmienda 63, que garantiza el establecimiento de puntos de acceso y contacto suficientes para responder a las necesidades de los usuarios de zonas rurales y poco pobladas. Es apropiado que los Estados miembros determinen el número mínimo de puntos de acceso y contacto para poder garantizar el servicio universal. La cohesión económica y social es uno de los objetivos de la política de la Unión Europea y esta enmienda contribuirá a garantizar este objetivo concreto. Es crucial que al abrir el mercado de los servicios postales mantengamos un servicio suficiente para todos los usuarios.

 
  
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  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), por escrito. (PL) Lamentablemente, no puedo apoyar el informe del señor Ferber. A veces ocurre que en una propuesta totalmente decente de la Comisión Europea, tras el trabajo de la Comisión Parlamentaria, hay cosas que uno no puede aceptar. Este es uno de esos casos.

En primer lugar, las enmiendas votadas en la Comisión de Transporte y Turismo no representan esencialmente ningún tipo de compromiso. Se trata de una victoria decisiva para los monopolios estatales que se resisten al cambio. Pueden estar seguros de que los años adicionales que se les permiten no producirán las reformas necesarias, y que dentro de algunos años tendremos de nuevo manifestaciones fuera del Parlamento.

En segundo lugar, me preocupa el hecho de que los argumentos de los representantes de los «antiguos» Estados miembros sigan infiriendo que los «nuevos» Estados miembros no están listos para la liberalización. Esos «defensores» de las oficinas de correos polacas, húngaras o checas realmente defienden los intereses de las industrias de los monopolios franceses, belgas o luxemburgueses. Eso no es jugar limpio.

Y por último las fechas, estableciendo el 31 de diciembre del año anterior en lugar del 1 de enero del año siguiente. Se trata de una táctica de marketing, del mismo modo que es más fácil vender algo que cuesta 9,99 euros en lugar de 10. ¿A esto hemos quedado reducidos por ganarnos la confianza pública en nuestra política?

Gracias por su atención.

 
  
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  Fernand le Rachinel (ITS), por escrito. – (FR) En Francia, La Poste no es una compañía normal; es una empresa estatal dirigida por sindicalistas revolucionarios. Se trata de un servicio público que está bajo el puño de intereses corporativistas del sector privado.

¿Por qué esforzarse por proteger el servicio público proporcionado por La Poste cuando en realidad no lo es? El cliente no tiene nada que decir y los sindicatos afirman que actúan en su interés. El jefe (el Estado) y los accionistas (todos los ciudadanos de Francia) están petrificados por la idea de que el sistema se encuentre mantenido por ciertos trabajadores representados por sindicatos omnipotentes y totalitarios.

Ninguna de las fuerzas de oposición está tomando medidas para equilibrar los derechos y poderes que estos trabajadores se han concedido a sí mismos, y son los intereses generales los que están siendo objeto de desprecio.

¿Debe liberalizarse La Poste? ¿Debe perjudicarse este sistema totalmente corrupto, diseñado no para satisfacer a los consumidores, sino simplemente para convertirse en parte del sector privado, demostrando los llamados beneficios «adquiridos» y exigiendo que dichos beneficios se mantengan?

La respuesta es, categóricamente, sí, y rápido. Ahora La Poste debe realizar grandes esfuerzos para compensar sus obstáculos principales, que son: sus enormes gastos salariales, su carga de pensiones y su compleja, engorrosa, costosa y deficiente organización.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Voy a votar a favor del compromiso conjunto sobre la competencia plena con respecto a los servicios postales de la Unión Europea el 1 de enero de 2011.

No obstante, debo decir que lo hago únicamente porque de otro modo la equivocada legislación habría ocasionado una liberalización plena en 2009, de acuerdo con los deseos de la Comisión.

Es vital que la directiva garantice la plena cobertura del servicio. Esto significa que todos los usuarios deben tener acceso a unos servicios mínimos de calidad a unos precios asequibles. El llamado servicio universal también tiene que garantizar una recogida o entrega todos los días laborables, incluso en zonas alejadas o escasamente pobladas. Los Estados miembros deben establecer y aplicar sanciones apropiadas para los proveedores de servicios que no cumplan con este requisito.

También cabe subrayar que todas las disposiciones de las directivas sobre las condiciones de trabajo y sobre la distribución del tiempo de trabajo, las vacaciones para los trabajadores jóvenes, los salarios mínimos y la salud, la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo todavía se siguen aplicando. La directiva tampoco afecta a la relación entre los interlocutores sociales (como el derecho a convenios colectivos, el derecho a la huelga y a la adopción de medidas de protesta).

Por último, quiero explicar que voy a votar a favor de la ampliación del plazo para los llamados nuevos Estados miembros de la Unión Europea en dos años porque creo que vivimos en una Europa única, no en una Europa dividida.

 
  
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  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. (FR) No puedo aceptar esta desregulación o eliminación de la «zona reservada» de los Estados miembros para las misiones postales.

Esta apertura general a la competencia perjudica a la tarifa única, a la igualdad de trato para las regiones y a la presencia de los servicios postales en los sectores en desventaja. Incluso en los Estados Unidos, la competencia no es obligatoria para el correo ordinario –cuyo peso no sobrepase los 50 gramos–, que es distribuido por una agencia federal.

Sin duda, los métodos para financiar la compensación del servicio universal, reducido como lo está a su mínima expresión, no garantizarán de ningún modo el servicio público, y ampliar el plazo de aplicación de esta liberalización en realidad no resuelve nada.

El Consejo de Ministros Europeos acaba de decidir la creación de un «protocolo sobre servicios públicos en apoyo del Tratado».

Sería bastante normal suspender cualquier apertura a la competencia de estos servicios.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe Ferber porque refuerza el enfoque dogmático neoliberal del vital sector de interés público de los servicios postales. La Comisión Europea ha insistido de manera intransigente en sus propuestas iniciales, a pesar de las críticas reacciones de diez proveedores tradicionales de servicios universales, incluidas las Oficinas de Correo Helénicas, las peticiones de miles de ciudadanos y las advertencias de la Confederación Europea de Sindicatos y la Federación de Trabajadores Postales. Al mismo tiempo, no han concluido los estudios necesarios sobre el impacto de la liberalización del mercado sobre los 27 Estados miembros.

Con la precipitada apertura del mercado y, a efectos prácticos, la abolición del «principio del servicio universal», es predecible que se pierdan miles de puestos de trabajo, y que al mismo tiempo se restrinja el acceso de los ciudadanos a unos servicios postales de calidad baratos. Las consecuencias serán todavía más graves para los residentes de las zonas montañosas o islas inaccesibles o alejadas, que no serán rentables para las compañías.

El aplazamiento de la entrada en vigor de la nueva directiva solo tiene una importancia mínima, porque simplemente retrasa las consecuencias negativas dos años.

Además, la experiencia hasta la fecha en los países en los que ya se ha liberalizado totalmente el mercado ha sido de todo menos positiva.

La demanda de la liberalización de los servicios postales «porque sí» probablemente esté creando más problemas que soluciones.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Una Europa que pueda proporcionar soluciones a los problemas cotidianos de sus ciudadanos debe armarse únicamente de los mejores documentos y ejemplos. Por lo tanto, con respecto a la legislación sobre la conclusión del mercado de servicios postales, no vemos ningún motivo para destruir sistemas que han funcionado de manera eficaz, con una base económica sólida, junto con el beneficioso desarrollo del mercado y las garantías de mantenimiento del servicio universal.

Aunque en principio no me opongo a la liberalización de los servicios postales, considero que este es el foro apropiado para reiterar mi opinión de que no existe argumento económico o racional alguno para aparcar la «zona reservada» de posibles modos de financiar los servicios postales generales. La financiación a través de la zona reservada es transparente y neutral, no conlleva ayuda estatal, implica unos gastos de gestión reducidos, así como pocas disputas, y cuenta con la validación de la teoría económica.

Pueden encontrarse pruebas de esto en Portugal, donde todos los servicios están liberalizados o preparados para la liberalización, pero eso no perjudica la financiación de los servicios públicos universales a partir de los recursos de la zona reservada. No podemos ignorar la importancia de la zona reservada para la cohesión territorial y social y para la prevención de la desertificación en las zonas más remotas e inaccesibles.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Al igual que la gran mayoría de mis colegas diputados, he votado a favor del informe Ferber, es decir, a favor de la liberalización plena y controlada de los servicios postales el 1 de enero de 2011.

De hecho, el compromiso aprobado hoy responde a dos dinámicas que me parecen satisfactorias, como liberal que soy: la de una economía de mercado abierta que es incompatible con los monopolios construidos de facto y de jure, y la de los intereses concretos de los consumidores, que deben beneficiarse de una competencia genuina y justa, principalmente en cuanto a precios, pero también en otros aspectos.

Porque hay otro elemento importante: la dimensión humana. Acojo con satisfacción el hecho de que, este mediodía, la votación haya tenido en cuenta la dimensión humana mediante la introducción de una cláusula de reglamento social, la reafirmación del papel crucial desempeñado por los servicios postales en cuanto a cohesión social y territorial y el hecho de que se haya dejado la última palabra en manos de los Estados miembros en lo que respecta a la financiación del servicio universal.

Hay numerosas señales positivas que deben tranquilizar a los trabajadores europeos de las oficinas de correos, y que también logran disipar la confusión hábilmente mantenida por ciertos diputados de la izquierda: la liberalización de un sector no significa su privatización; esta directiva europea no implica el cierre de las oficinas de correos.

 
  
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  Martine Roure (PSE), por escrito. – (FR) El objetivo de esta propuesta de la Comisión es la apertura plena a la competencia de los mercados de los servicios postales de la Unión Europea para 2009, de acuerdo con el plazo especificado en la actual Directiva Postal. En este contexto, la Comisión Europea ha presentado un texto diseñado para garantizar la financiación del servicio universal poniendo fin a la «zona reservada» y sustituyéndola con nuevas herramientas de financiación.

Estoy en contra de la liberalización total de los servicios postales. Sin duda, las oficinas de correos cumplen con una misión pública que debemos mantener. Por ese motivo he co-presentado y he votado a favor de una enmienda que solicite la reintroducción de la «zona reservada» como uno de los métodos de financiación de los servicios universales. De hecho, actualmente, ningún motivo económico justifica la abolición de la «zona reservada». Este método de financiación, que de momento funciona muy bien, debe ser una de las opciones que se ofrezcan a los Estados miembros.

En vista del hecho de que esta opción no ha sido acogida en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, he votado en contra del texto final para dejar patente mi oposición a esta liberalización sin justificación.

 
  
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  Peter Skinner (PSE), por escrito. (EN) Puedo apoyar el enfoque general surgido de los compromisos logrados por los colegas del PSE y otros de la Cámara. En particular, me parece interesante que haya garantías sobre la prestación de servicio universal y su financiación. Para medir el impacto que tendrá esto en nuestras comunidades, es vital que se aborden directamente dos aspectos. En primer lugar, que se mantengan las condiciones de trabajo, y, en segundo lugar, que se abastezcan tan satisfactoriamente como hasta ahora las zonas rurales y periféricas. Estos son algunos de los desafíos que deben tenerse en cuenta para tomar en serio el informe como algo que beneficia a todos los ciudadanos europeos.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) El informe Ferber es otro informe sobre la liberalización de los servicios universales que está ignorando la enorme oportunidad de garantizar, además del ideal de libertad, el principio de igualdad en una Europa social.

No hay nada que objetar con respecto a que los servicios postales compitan entre ellos, pero está por ver si la calidad mejorará y los precios se reducirán como consecuencia de esta competencia. Tal y como yo lo veo, es irresponsable que la nueva directiva no ofrezca garantías claras con respecto a la calidad de la llamada «zona reservada», que la financiación de dicho servicio siga siendo ambigua y que los acuerdos sociales incluidos en los convenios de trabajo colectivos no tengan que ser respetados obligatoriamente. Cuando el mercado se abra plenamente en 2009, no se sabe si las zonas más alejadas recibirán el mismo nivel de servicio al mismo precio, en comparación con las zonas que cuenten con una población densa. La capacidad de enviar y recibir cartas a precios razonables es un derecho fundamental.

Además, los proveedores de servicios postales harán todo lo posible por minimizar los gastos a fin de competir entre ellos. Los puestos de trabajo permanentes se verán sustituidos por trabajos inseguros, a tiempo parcial. Los carteros recibirán un sueldo insuficiente, muchos serán despedidos, un número todavía mayor de oficinas de correos correrá el riesgo de desaparecer y pronto tendremos buzones azules, amarillos y verdes, además de los rojos. No apoyo el informe.

 
  
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  Konrad Szymański (UEN), por escrito. – (PL) La burocracia que se enfrenta a que las compañías desplacen a los trabajadores dentro del mercado europeo no es sino una forma moderna de proteccionismo, dirigida principalmente a los nuevos Estados miembros, como demuestran los ejemplos de los casos Vaxholm y Viking Line.

Esta resolución únicamente refuerza esta tendencia, que amenaza los principios de un mercado común, de la competencia y de la igualdad de derechos. Por ese motivo he votado en contra de esta opinión.

 
  
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  Marc Tarabella (PSE), por escrito. (FR) La votación sobre la liberalización de los servicios postales que se ha celebrado hoy es fruto de un compromiso entre el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y el Grupo Socialista del Parlamento Europeo. No obstante, este compromiso implica claramente la liberalización definitiva del último sector de actividad postal gestionado por las autoridades públicas, sin garantía alguna con respecto a la financiación de los servicios universales y la continuidad del empleo del 1,6 millón de trabajadores de oficinas de correo de Europa. Como miembro del Grupo del PSE y como ponente alternativo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, solo puedo votar en contra de esta luz verde a la liberalización, a pesar de la mejora realizada con respecto a la propuesta inicial de la Comisión.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. (EL) La decisión de hoy del Parlamento Europeo sobre la liberalización de los servicios postales por parte de los eurodiputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, los demócrata-sociales, los liberales y otras fuerzas políticas es un duro golpe para los trabajadores del sector y también en general.

La propuesta prepara el camino para la transferencia de infraestructuras y del sector público de los servicios postales en su conjunto a grupos empresariales para que incrementen sus beneficios.

El argumento sobre la reducción de los precios como consecuencia de la competencia es un mito, porque con los acuerdos propuestos para abolir la uniformidad de precios y las condiciones en las que se va a mantener el servicio postal universal, sufriremos incrementos de precios y el deterioro de los servicios postales proporcionados.

Los derechos laborales y sociales de los trabajadores se colocarán en un lecho de Procrustes, con la extensión de formas flexibles de empleo, el golpe asestado a los convenios colectivos, etc.

Hay dudas sobre la confidencialidad de las comunicaciones, que están garantizadas constitucionalmente, puesto que la correspondencia se desplazará por parte de los individuos privados, sin garantías y con facilidades mínimas para comprobar si se están garantizando la confidencialidad de la correspondencia y la protección de los datos personales.

Los servicios postales son un bien social.

El Partido Comunista Griego ha votado contra la propuesta sobre la liberalización de los servicios postales.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (PSE), por escrito. – (FR) Mediante la abolición de la «zona reservada», que posibilitó la financiación del servicio universal –esa garantía de servicio público de calidad para todos– y mediante la creación de disonancias entre los métodos de financiación sobre los que cada Estado miembro decidirá, la liberalización plena de los servicios postales tendrá como consecuencia la pérdida de solidaridad entre las regiones urbanas y rurales, el enriquecimiento de los accionistas y un incremento de la deuda pública de las autoridades locales. Por lo tanto, he votado a favor de la enmienda dirigida a la reintroducción de la zona reservada, que satisface a más del 70 % de los europeos. Como miembro del Grupo Socialista de la Unión Europea, estoy a favor de una Europa «postal» que cuente con servicios públicos modernos, pero no a expensas de la pérdida de empleos y de la solidaridad humana y regional.

Lo paradójico de esta propuesta es que, sin una nueva directiva, la liberalización entrará en vigor el 1 de enero de 2009. Una enmienda que rechaza el texto propuesto por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica hace que esta liberalización entre en vigor el 1 de enero de 2009 porque en este momento se aplica la directiva de 2002, y solo esa, motivo por el cual no he apoyado esta enmienda. No obstante, he votado a favor de la enmienda que rechaza el texto que, además, eliminaba la fecha del 1 de enero de 2009. Obviamente, he votado en contra del texto final.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) Quería votar a favor del compromiso redactado por el señor Ferber porque mejora ciertos puntos de la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Concede a las oficinas de correos de Europa un tiempo adicional durante el cual pueden prepararse para abrirse a la competencia, un evento que se ha retrasado hasta el 1 de enero de 2011 en lugar de 2009, como planeó inicialmente la Comisión.

También he apoyado el compromiso porque protegerá las condiciones en las que trabajan los empleados de las oficinas de correos. La liberalización del mercado no puede tener lugar a expensas de los trabajadores, aunque la liberalización beneficie a los consumidores.

Nuestro voto también proporciona garantías con respecto a la cohesión territorial. De hecho, se garantiza a todos los usuarios que su correo será recogido y distribuido en toda la Unión Europea al menos cinco días a la semana.

No obstante, todavía queda una dificultad importante, que será la cuestión que se trate en segunda lectura. Me refiero a la financiación de los servicios universales. Necesitamos disponer de mecanismos de financiación que sean legalmente seguros y permanentes. Se trata de un requisito previo esencial para los operadores económicos del sector, un requisito previo sin el cual no podré comprometerme con la liberalización plena del sector.

 
  
  

- Informe Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

 
  
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  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness y Gay Mitchell (PPE-DE), por escrito. (EN) Hemos votado en contra de las enmiendas 58 (artículo 14bis (nuevo)), 59 (artículo 15 (nuevo)) y 61 (apartado 2bis (nuevo)).

Creemos necesario examinar los aspectos sociales del empleo en el transporte aéreo, lo cual debería llevarse a cabo siguiendo los principios de «legislar mejor», incluyendo la debida investigación y las consultas apropiadas. La Comisión Europea ha emprendido este estudio. Por tanto, conviene esperar a las conclusiones de dicho estudio para ver qué medidas, en su caso, considera la Comisión que son necesarias a escala comunitaria.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE-DE), por escrito. (FR) Este informe es importante porque actualiza la ley del mercado único en materia de transporte aéreo, y lo hace concretamente con el propósito de garantizar la aplicación uniforme de la legislación comunitaria en todos los Estados miembros y de crear una igualdad de condiciones para todas las líneas aéreas.

Me complace especialmente que las enmiendas 35 y 61, que recibieron mi voto a favor, hayan sido apoyadas por una gran mayoría. La primera enmienda exige que se aclaren las disposiciones relativas a la legislación aplicable a los trabajadores que están contratados en un país distinto al de la línea aérea para la que trabajan.

La segunda enmienda exige que la Comisión presente una legislación clara en este ámbito.

De hecho, creo que es importante que, en el contexto actual en el que el transporte aéreo está en continuo desarrollo y las líneas aéreas están abriendo instalaciones en distintos países de la Unión Europea, se establezca de manera clara la legislación aplicable a los empleados de estas instalaciones.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lamentamos el rechazo de nuestras enmiendas, que:

- subrayaban «que la desregulación ha tenido un impacto negativo sobre la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, y que deberían evaluarse sus verdaderos efectos sobre cuestiones de seguridad y sobre el mantenimiento de una flota de calidad»;

- garantizan el respeto de los derechos de los trabajadores y de los convenios colectivos:

«Los contratos y las condiciones laborales de las tripulaciones aéreas se regirán por la legislación, los convenios colectivos y todos los derechos relacionados del país en el que el trabajador realice normalmente sus funciones y al que vuelva al concluir su actividad, aunque el trabajador en cuestión esté desplazado temporalmente en otro país»;

«Los Estados miembros garantizarán la correcta aplicación de la legislación comunitaria y nacional y de los acuerdos colectivos en cuanto a los empleados de una línea aérea comunitaria que realice servicios de transporte aéreo desde una base operativa situada fuera del territorio del Estado miembro en el que dicha línea aérea comunitaria tenga su sede principal»;

Otra de nuestras enmiendas garantizaba la implicación de organizaciones de representación de trabajadores en decisiones relativas al sector del transporte aéreo.

 
  
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  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. (DE) Voy a votar a favor de una mayor transparencia de los billetes de avión.

Hasta ahora, los precios de los vuelos se han publicado en su mayoría sin ningún tipo de información sobre los distintos factores de coste. En el futuro, los pasajeros deben recibir información sobre el verdadero precio del billete y todos los gastos adicionales como impuestos, impuestos de aeropuertos y tasas de reserva cuando realicen la misma, ya sea en línea o en una agencia de viaje. Se trata de una medida importante para impedir que se tiente a los consumidores mediante anuncios engañosos e información confusa sobre precios para que adquieran billetes aparentemente baratos cuyo precio se ve incrementado posteriormente.

Los consumidores deben estar informados sobre el nivel exacto y el uso previsto de la información de seguridad. Los impuestos y tasas de seguridad deben ser transparentes y únicamente pueden utilizarse para cubrir gastos incurridos por los aeropuertos y durante el vuelo.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que aborda la publicidad y la información engañosas dirigidas a los pasajeros. En particular, celebro el hecho de que ahora deban publicarse todas las tarifas aéreas con impuestos, tasas y cánones incluidos, añadidos al precio del billete y dados a conocer en el momento de la publicación de la tarifa aérea. Creo que ese informe mejorará mucho los derechos del consumidor.

 
  
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  Marianne Thyssen (PPE-DE), por escrito. (NL) Señor Presidente, Señorías, al ver los anuncios de los billetes de avión, uno tiene la impresión de que es posible volar por Europa por apenas un puñado de euros. El momento de la desilusión llega cuando viene la hora del pago. De repente, se añaden todo tipo de gastos adicionales al precio del billete en forma de aranceles, sobrecargos e impuestos. Actualmente el Parlamento está comprobando estas perversas prácticas. Se trata de un avance satisfactorio, por lo que el informe de la Comisión de Transporte y Turismo cuenta con mi apoyo incondicional. El consumidor de servicios aéreos tiene derecho a un precio justo y transparente sin ningún tipo de sorpresas perjudiciales. Tras la introducción de derechos de protección adicionales para los pasajeros en caso de overbooking, cancelación o retraso de sus vuelos, el Parlamento Europeo de nuevo ha tomado las riendas en la protección de los pasajeros de las líneas aéreas. Lo que es importante es que los Estados miembros cuenten con sanciones eficaces con rapidez en caso de que no se cumplan las nuevas disposiciones. La confianza es buena, pero el control es mejor.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul DeGutis privind „Regulile comune în domeniul aviaţiei civile” deoarece textul asigură reprezentarea tuturor punctelor de vedere exprimate. Consider pozitiv faptul că va fi asigurată nediscriminarea bazată pe locul de rezidenţă a operatorului de turism sau a pasagerului, deşi regret că nu s-a aprobat nediscriminarea pe baza canalelor de distribuţie. Astăzi, este posibil ca un bilet de avion Bucureşti-Bruxelles pentru acelaşi zbor operat de aceeaşi companie aeriană să coste diferit dacă biletul este cumpărat la Bucureşti, faţă de preţul biletului cumpărat la Bruxelles.

De asemenea, un pas important este protecţia ce va fi asigurată pasagerilor, prin noul text, în caz de faliment al operatorului aerian, situaţie care devine din ce în ce mai posibilă într-o epocă a operatorilor mici.

În altă ordine de idei, din păcate, chiar dacă există reguli privind protecţia pasagerilor în situaţii de întârzieri sau chiar anulări de zboruri, aceştia nu îşi cunosc drepturile şi implicit nu şi le pot apăra. Noi, deputaţii europeni, reprezentăm cetăţenii Europei şi iată că prin acest regulament se asigură condiţii mai bune pentru pasagerii ce utilizează transportul aerian. Avem datoria să ne asigurăm că pasagerii îşi cunosc drepturile şi implicit şi le pot apăra.

 
  
  

- Informe Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de propia iniciativa de la señora van den Burg en respuesta al Libro Blanco de la Comisión sobre la política de los servicios financieros 2005-2010. Me complace que este informe felicite a la Comisión por sus prioridades de consolidación del mercado financiero europeo, supresión de los obstáculos a la libre circulación de capitales y mejora del control de los servicios financieros. Los riesgos de concentración, la atención a los nuevos instrumentos financieros alternativos, el acceso a la financiación, concretamente a los microcréditos, el análisis de los riesgos sistémicos de una crisis financiera grave, etc. son áreas en las que los ciudadanos esperan una mejor seguridad, a través de la regulación y el control de estas actividades. La inadecuada cultura financiera de los ciudadanos también es motivo de preocupación.

Quisiera felicitar a mi colega, el señor Gauzès, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por su trabajo. Tiene razón al subrayar la importancia de las evaluaciones de impacto para la legislación europea completamente nueva, o para las enmiendas legislativas significativas, realizadas de forma insatisfactoria por la Comisión.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las dos tendencias principales de los mercados financieros han sido la concentración de los mayores operadores financieros y el crecimiento exponencial de las llamadas «actividades alternativas de inversión», o dicho de otro modo, los mercados derivativos y de fondos de cobertura.

Actualmente, casi treinta interlocutores internacionales importantes controlan todos los negocios y dominan el mercado en todo el mundo. La concentración de operaciones financieras en el ámbito nacional continúa rápidamente, con el dominio de los mercados periféricos y de pequeña escala por parte de grandes operadores extranjeros, en los nuevos Estados miembros y en los países meridionales como Portugal.

La utilización de instrumentos financieros encaminados a la mera especulación, que concentran grandes sumas de dinero, como por ejemplo los paraísos fiscales, la desregulación de los mercados principales y el ulterior desorden legal de las transacciones de capital del mundo implican riesgos sistémicos y operativos que ocasionan crisis económicas y financieras.

Los únicos beneficiarios de este proceso son las grandes compañías multinacionales, con la asistencia del plan de acción de los servicios financieros en Europa.

Todavía no se nos ha explicado por qué no se eliminan los paraísos fiscales y por qué no se aplican impuestos a los movimientos de capital.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. (EN) Apoyo la eliminación de la palabra «impuestos» del apartado 22 porque no creo que la Comisión deba encargarse de preparar un marco adecuado y viable de regulación y supervisión con respecto a los impuestos.

 
  
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  Eoin Ryan (UEN), por escrito. (EN) Apoyo en general el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios financieros.

Apoyo las medidas encaminadas a hacer frente a los obstáculos al desarrollo del mercado de servicios financieros de la Unión Europea. No obstante, me parece difícil apoyar la idea de que es necesario sustentar sobre una base fiscal armonizada un marco legislativo para las pensiones. Sería insensato que el Parlamento apoye esta idea sin las conclusiones del análisis técnico pormenorizado, acordado en el último Consejo Ecofin. No hay pruebas para decir que sea bueno para el sector de las pensiones vincular las pensiones a una base fiscal armonizada.

No es competencia de la Comisión estudiar la viabilidad de un marco legislativo para los impuestos. Los impuestos son competencia de los Estados miembros individualmente.

Por último, la estabilidad financiera de la Unión Europea no está amenazada por los vehículos de inversión alternativos: fondos de cobertura y de inversión privados. No creo que se precise legislación en este sector. Creo que es necesario prestar atención al cumplimiento de las normas vigentes, a la disciplina del mercado y a la supervisión continua por parte de los reguladores bancarios de este sector. Celebro el paso dado por el sector de establecer un código de conducta voluntario en la reciente reunión del G-8.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. (PL) Voy a votar a favor del informe de Ieke van den Burg sobre la Política de Servicios Financieros (2005-2010) – Libro Blanco.

La ponente aborda cuestiones importantes relacionadas con la provisión adecuada de servicios financieros sobre el mercado de capital europeo. Señala la falta de integración de los mercados de servicios financieros minoristas, la necesidad de subrayar los requisitos transfronterizos de los usuarios de móviles y los proyectos piloto para servicios financieros en toda Europa como pensiones, hipotecas o productos de seguros concretos.

Como muy bien afirma la ponente, es importante hacer accesibles los servicios básicos a todos los ciudadanos. Tampoco debemos olvidarnos de incrementar la educación financiera e implicar a los usuarios en el proceso político, así como fomentar los conocimientos y la educación financiera para los consumidores.

El informe dedica una gran atención a las estructuras reglamentarias y de supervisión, subrayando que la visión actual de algunos productos nuevos y completos y sus interacciones y efectos a nivel macro pueden resultar insuficientes.

 
  
  

- Informe Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

 
  
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  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, en su informe, el ponente ha realizado propuestas que combinan una mayor flexibilidad y el máximo grado de seguridad, que redundan en el interés de trabajadores y empresas. Su propuesta está diseñada para proporcionar seguridad laboral a los trabajadores y garantizar el futuro de las compañías y la competitividad en Europa.

No obstante, debo señalar que la seguridad laboral ya no significa un trabajo de por vida, sino poder encontrar un empleo en todo momento. Eso conlleva la creación de las condiciones adecuadas, desde el aprendizaje a lo largo de la vida hasta la creación de unas condiciones de trabajo positivas que permitan un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida.

La asociación social es vital para la aplicación efectiva de estas estrategias. Aunque a nivel nacional está bien y funciona de manera satisfactoria, hay que ponerse al día en muchos aspectos en el ámbito europeo.

Creo que el informe en su conjunto es excelente, por lo que he votado a favor del mismo.

 
  
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  Lena Ek (ALDE). – (SV) Apoyo el informe, pero quiero abordar tres cuestiones de principio que no ha sido posible votar en plenaria.

La primera es la visión de las pequeñas compañías. Está muy claro que podemos avanzar hacia una mejora de la seguridad para los trabajadores y un incremento de la flexibilidad y seguir contando con normas más sencillas para las pequeñas compañías. El informe no ha tenido en cuenta este hecho, y es algo que lamento profundamente.

La segunda cuestión que quiero abordar es el enfoque escandinavo, o como se formula en el informe, la situación escandinava. No obstante, existen diferencias muy significativas entre los países escandinavos. El anterior Gobierno demócrata-social sueco no hizo suficiente trabajo en materia de flexibilidad ni de seguridad, lo cual ha ocasionado que nuestra situación en Suecia sea totalmente distinta a la de Dinamarca. Eso se aplica especialmente al desempleo juvenil, que en Suecia es más de tres veces mayor que en Dinamarca.

La última cuestión que quiero abordar es la visión de la posición de las mujeres en la vida y en el trabajo, sobre la que el informe expresa una visión increíblemente anticuada de la igualdad de género.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Señor Presidente, el crecimiento sostenible con más y mejores puestos de trabajo es el meollo de la Estrategia de Lisboa. La modernización del Derecho laboral constituye un factor clave para el éxito y la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas, y pone de manifiesto la necesidad de promover la flexibilidad del mercado laboral al tiempo que se respeta la seguridad del empleo.

Aunque he apoyado este informe, al mismo tiempo he señalado que la modernización del Derecho laboral no se presta a un enfoque de «talla única» y que merece atención especial el estudio de las consecuencias de la normativa para las PYME, incluidas las cargas administrativas innecesarias. Considero también que el Libro Verde se centra innecesariamente en los contratos laborales «normales» y subestima tanto las diversas condiciones de trabajo atípicas acordadas entre trabajadores y empresas, como el consiguiente valor que tienen para ambas partes. El informe tampoco nos dice el motivo por el que esta flexibilidad no fue recogida ya en la Directiva relativa al trabajo de duración determinada, la Directiva relativa al trabajo a tiempo parcial y la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores, que constituyen la base de la protección que brinda la UE en todos los Estados miembros que han transpuesto por completo estas directivas.

Ante todo, cualquier reforma del Derecho laboral debe centrarse en las consecuencias tanto en el empleo como en la productividad.

 
  
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  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, aunque mi Grupo comparte la opinión de que la flexibilidad no debería lograrse a expensas de la mejor protección posible de los empleados en un contexto laboral y legal, dondequiera que estén contratados, se opone totalmente a la idea de que esta protección social deba desarrollarse en el ámbito europeo. Las referencias en el informe al principio de subsidiariedad y al método de coordinación abierta son meros pretextos. Por este motivo afirmamos claramente en esta plataforma que cualquier aparición de la protección social en el ámbito europeo está reñida con el principio de subsidiariedad, y que esto desviará más a la Unión Europea a su camino hacia un superestado centralista. El principio de subsidiariedad significa que la Unión Europea puede actuar únicamente con el fin de promover la movilidad laboral transfronteriza.

Las interferencias de esta Cámara se ilustran de manera adicional en su llamamiento a los Estados miembros para que dejen de proteger sus mercados laborales y los abran plenamente a los empleados de los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, decimos «sí» a la flexibilidad y «sí» a la protección social, pero «no» a un superestado europeo que intente una vez más entrometerse en el acto.

 
  
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  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, ¿han visto cómo todos nuestros colegas han huido a la hora de comer? Solicitaron una suspensión, la exigieron y se fueron corriendo a comer. ¿Por qué no pasamos sin la comida? Una comida al día es suficiente... Si pasáramos sin ella, los eurodiputados que se fueron corriendo sabrían cómo viven los pensionistas en Europa. No pueden comer más de una vez al día, puesto que las pensiones, que también se derivan del trabajo del que ha hablado el señor Protasiewicz, son tan reducidas que no permiten más de una comida al día.

Actualmente en Italia todos los periódicos hablan de aumento de las pensiones, aumentos que son minucias. Por ello espero que en el futuro se elimine una comida para los eurodiputados, y las pensiones aumenten en toda Europa, aunque no sea tarea de Europa incrementar las pensiones.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe del señor Protasiewicz relativo al Libro Verde de la Comisión sobre la reforma del derecho laboral, que es esencial para lograr el objetivo de la Estrategia de Lisboa, concretamente alcanzar un crecimiento sostenible con más y mejores puestos de trabajo. Es imprescindible que reconciliemos la flexibilidad –que es un requisito vital para la adaptación a la volatilidad de los mercados, siendo ésta una mera consecuencia de la volatilidad de los consumidores– con la seguridad, que es un valor central del modelo social europeo.

Resulta sorprendente el hecho de que la Comisión pueda considerar que el contrato por tiempo indefinido está anticuado. Me complace que el Parlamento haya reafirmado que el contrato por tiempo indefinido y a tiempo completo constituye el tipo de relación de trabajo habitual y se considera el punto de referencia.

Por último, es necesario subrayar continuamente el papel que desempeñan las organizaciones de interlocutores sociales en la reforma de los mercados laborales y en la innegable utilidad de los convenios colectivos en la reforma del derecho laboral. Desde este punto de vista, las organizaciones de interlocutores sociales deben hacer un mayor uso de las posibilidades jurídicas que ofrece el tratado actual.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Como esperábamos, en esta votación, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos ha conseguido impulsar algunas de sus propuestas dirigidas a conseguir una mayor flexibilidad y menos derechos para los trabajadores. Por ese motivo, y de acuerdo con nuestra postura en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hemos votado en contra de este informe.

Nos preocupa muchísimo que el Parlamento esté adoptando una vez más un enfoque neoliberal, y en respuesta a las demandas de las grandes compañías, esté recomendando desregulaciones adicionales de la legislación laboral.

Las premisas establecidas en el Libro Verde de la Comisión, que no niega este informe, representan un grave ataque sobre los derechos que se han ganado los trabajadores tras siglos de lucha. A pesar de algunas contradicciones, fomenta el uso y la ampliación de contratos de empleo flexibles, con reducciones de salario y derechos sociales, más horas de trabajo y el deterioro de la seguridad social y las condiciones de las pensiones de los trabajadores.

También nos preocupa muchísimo el claro intento de engañar a los trabajadores utilizando todo lo que no está actualmente en vigor, presentando la legislación laboral a modo de justificación de este ataque. Se trata de un intento de legalizar algo que actualmente es ilegal.

Los ciudadanos y los trabajadores lo saben todo acerca de esta situación, tal y como demuestran las distintas manifestaciones celebradas en contra de estas políticas, como la que ha tenido lugar recientemente en Guimarães por parte de miles de trabajadores.

 
  
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  Hélène Goudin (IND/DEM), por escrito. (SV) El proyecto de informe incluye bastantes puntos de vista interesantes. En primer lugar, el considerando N afirma que: «cientos de miles de mujeres no tienen otra opción que aceptar condiciones irregulares de empleo, porque son trabajadoras domésticas fuera de su casa o tienen la responsabilidad de cuidar a miembros de la familia ancianos».

Los países escandinavos se ponen como modelo doblemente, demostrando cómo un gran nivel de protección contra el despido y de normas de empleo es totalmente compatible con un crecimiento elevado del empleo (apartado 13) y cómo el derecho ejercido por algunos países nórdicos a tomar medidas colectivas es compatible con el Tratado de la CE; un derecho que tiene que ser respetado por la Comisión (apartado 18).

Solo quiero señalar que la situación del mercado laboral para las mujeres es muy distinta en cada Estado miembro. El modo de organizar el cuidado de los niños y de los ancianos en los distintos Estados miembros es algo que se determinará sobre la base de debates y de los resultados de las elecciones generales en todos y cada uno de los Estados miembros. Personalmente, creo que Suecia ha progresado satisfactoriamente en el camino hacia una sociedad equitativa y en el diseño de un modelo que conceda a las mujeres una oportunidad para introducirse en el mercado laboral. No obstante, corresponde a los votantes de cada Estado miembro decidir el modelo que quieren apoyar en sus propios países.

 
  
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  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), por escrito. (FR) No he apoyado el informe que, en nombre de la modernidad, pretende embarcarse en una nueva fase de flexibilidad en el lugar de trabajo, poniendo de color de rosa una forma de flexiguridad en la que lamento decir que prácticamente no existe la dimensión de la seguridad.

Lo inmediato y definido es la flexibilidad general, y lo raro, indefinido y retrasado hasta una fecha posterior es la seguridad. Al informe no se le escapa nada: distribución del tiempo de trabajo, salario, garantías, condiciones de trabajo. Estamos a años luz de proteger un modelo social europeo. Si queremos avanzar en la dirección de la flexiguridad, empecemos con una mayor seguridad, porque se impone demasiada flexibilidad sobre los trabajadores.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe porque, más que proteger determinados empleos, se centra en la seguridad del empleo a lo largo de la vida del trabajador. Creo que es importante que dentro de la UE resulte más fácil encontrar un trabajo y cambiar de trabajo.

 
  
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  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Me he negado a votar a favor del informe Protasiewicz sobre la flexiguridad, al igual que todo el corpus de la izquierda europea, porque la protección del empleo estable y la seguridad de los trabajadores está siendo diluida en nombre de la flexibilidad de las relaciones laborales. El neologismo de la flexiguridad está siendo utilizado para intentar ocultar una ambición neoliberal. En nombre de la competitividad y del beneficio de las compañías, ahora los despidos serán más sencillos y «gratis» para las compañías, y el gasto de la protección de los jóvenes desempleados se transferirá plenamente al conjunto de la sociedad.

La responsabilidad de las compañías para con los trabajadores se está remodelando como la responsabilidad de la sociedad hacia los desempleados. Las negociaciones colectivas y el papel de los sindicatos se están diluyendo de manera drástica en el marco del nuevo modelo. Los contratos individuales tienden a convertirse en norma, cediendo a las empresas el poder para despedir con más facilidad, sin dar motivos, y la facilidad de organizarse en sindicatos también se está diluyendo de manera radical. La izquierda europea, en colaboración con los sindicatos, con sus propuestas, tanto en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y en plenaria, está buscando la cobertura para todos los trabajadores, independientemente del contrato con el que estén empleados.

Mantiene que el derecho a tomar medidas colectivas forma una parte importante de la legislación laboral. Se solicita que los Estados miembros promuevan el empleo estable y regular y que garanticen y mejoren los derechos de los trabajadores, los estándares de empleo y un alto nivel de protección social.

 
  
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  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. (SV) El contenido político del informe es, por lo general, constructivo, pero lamentablemente se aborda una parte excesiva del derecho laboral en el ámbito de la Unión Europea. A largo plazo, este hecho corre el peligro de minar el derecho laboral nacional y el modelo sueco, porque se centra en el mercado y por el dominio de la Derecha. Por lo tanto, no puedo votar a favor del informe y me abstengo en la votación.

 
  
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  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Apoyo el informe, pero quiero abordar tres cuestiones de principio que no ha sido posible votar.

La primera es la visión de las pequeñas compañías. Está muy claro que podemos avanzar hacia una mejora de la seguridad para los trabajadores y un incremento de la flexibilidad y seguir contando con normas más sencillas para las pequeñas compañías. El informe no ha tenido en cuenta este hecho, y es algo que lamento profundamente.

La segunda cuestión que quiero abordar es el enfoque escandinavo, o como se formula en el informe, la situación escandinava. No obstante, existen diferencias muy significativas entre los países escandinavos. El anterior Gobierno demócrata-social sueco no hizo suficiente trabajo en materia de flexibilidad ni de seguridad, lo cual ha ocasionado que nuestra situación en Suecia sea totalmente distinta a la de Dinamarca. Eso se aplica especialmente al desempleo juvenil, que en Suecia es más de tres veces mayor que en Dinamarca.

La última cuestión que quiero abordar es la visión de la posición de las mujeres en la vida y en el trabajo, sobre la que el informe expresa una visión increíblemente anticuada de la igualdad de género.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Europa no es una Europa social a menos que consiga establecer un sistema de normas sociales mínimas que se apliquen a todo tipo de empleados en un mercado unificado con libre circulación. De hecho, estas también son las líneas generales del Libro Verde de la Comisión sobre la modernización de la legislación laboral. El informe Protasiewicz afirma que todas las reformas de la legislación laboral deberían tener en cuenta los principios como la igualdad de género y la no discriminación, el trabajo decente, la protección de todos los empleados (independientemente de su tipo de contrato) y el papel necesario de los interlocutores sociales y otras organizaciones representantes de la sociedad civil al establecer la legislación laboral.

La legislación laboral mejorada puede adaptarse al cambio, proteger a los empleados y limitar la inseguridad. Si la legislación laboral quiere enfrentarse a los retos del siglo XXI, necesitaremos instrumentos fuertes que puedan poner coto a la creciente economía informal y a la explotación. El informe también presiona para lograr una mayor convergencia entre los Estados miembros, para que la seguridad jurídica aumente, por ejemplo, con respecto al empleo transfronterizo.

Voy a apoyar el informe, aunque lamento la ausencia de referencias a un salario igual por un trabajo igual, y a pesar de que a algunos apartados les falta el impulso necesario, por ejemplo, en cuanto a horas de trabajo, formación (acceso a la formación en lugar de derecho a la misma) y a la relación entre la legislación laboral y el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación.

 
  
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  Konrad Szymański (UEN), por escrito. – (PL) El informe sobre la aplicación de los cambios de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que no fueron rechazados por el Parlamento Europeo tiene como fin ampliar unas soluciones de legislación laboral excesivamente rígidas. Dichas soluciones dificultarán la creación de nuevos lugares de trabajo y condenará a una gran parte de los ciudadanos al desempleo.

También transpone esta experiencia negativa a países con un mercado laboral más competitivo.

Por ese motivo no he podido apoyarlo en la votación en el Plano.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. (EL) El informe es el producto de otro compromiso político de la ahora familiar coalición de los representantes políticos de la plutocracia europea: el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, los socialdemócratas y los liberales, y avanza en una dirección totalmente reaccionaria y antiobrera. Este informe:

Considera necesarias las reformas reaccionarias del derecho laboral, con el fin de ayudar a lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Anuncia que para los trabajadores es más importante tener seguridad durante su vida laboral que protección del empleo.

Acepta y reconoce la necesidad de acuerdos flexibles en cuanto a la distribución del tiempo de trabajo para satisfacer las «necesidades de compañías y empleados».

Promueve la percepción de la cooperación de clases entre los «interlocutores sociales» en aras de mejorar la competitividad de las empresas.

Pretende transformar los acuerdos colectivos de una herramienta para defender los intereses de la clase trabajadora en una «herramienta para promover las asociaciones sociales».

El informe apoya la filosofía central de la «flexiguridad», la lógica básica y las ambiciones del Libro Verde.

El Partido Comunista Griego ha votado en contra del informe y condena el peligroso esfuerzo por parte de los portavoces políticos de los monopolios, que se está fomentando en detrimento de la clase trabajadora y de los trabajadores en general.

 
  
  

- Resolución B6-0266/2007

 
  
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  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Señor Presidente, la integración europea supone la creación de cooperación económica, que a su vez conlleva un incremento y una libre circulación genuina de trabajadores. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores que se está debatiendo es el instrumento adecuado para prevenir el dumping de salarios por una parte y las distorsiones de competencia por otra. Lamentablemente, la revisión de la Comisión de la aplicación de la directiva ha revelado problemas con los controles en los Estados miembros. Aun así, la directiva sigue siendo positiva y eficaz si los mecanismos de control necesarios funcionan de verdad en el ámbito de los Estados miembros y existen sanciones.

Si tras su revisión, la Comisión decide reducir o simplificar dichos controles, sería algo equivocado, y deberíamos rechazar dicha propuesta. Por el contrario, insto a la Comisión a que garantice que los controles verifican el cumplimiento de los acuerdos y convenios colectivos, así como las normas salariales nacionales.

 
  
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  Françoise Castex (PSE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de la prestación de servicios.

Estoy convencida de que la aplicación plena de la directiva 96/71/CE es vital para lograr un equilibrio justo entre la libre provisión de servicios y la protección de los trabajadores, sobre todo contra el dumping social.

Creo que sería buena idea que, en los Estados miembros en los que la directiva se implemente mediante acuerdos colectivos, los interlocutores sociales tuvieran acceso directo a la información sobre las compañías que trasladan trabajadores, a fin de realizar un seguimiento efectivo de la situación.

Por último, pido a los Estados miembros que piensen sobre una futura revisión de su legislación sobre definiciones e instrumentos, para que puedan luchar contra las compañías de «Apartado de Correos» y contra el falso empleo por cuenta propia.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Mientras aumenta el número de casos en los que los trabajadores, especialmente los temporales, son objeto de explotación en varios países de la Unión Europea, es decepcionante que el Parlamento no haya enviado una señal clara a la Comisión, que actualmente no está exigiendo el final de este fenómeno, y tampoco exige claramente el cumplimiento de las normas mínimas básicas de protección del trabajador y las condiciones de empleo de los trabajadores desplazados.

Con respecto a ciertas cuestiones, el texto aprobado no llega al nivel del texto que recientemente pudimos aprobar –el informe Schröder– sobre el desplazamiento de trabajadores. Por lo tanto, vamos a votar en contra del mismo.

Estamos sumamente decepcionados por el rechazo de nuestras propuestas, especialmente las siguientes propuestas: que la compañía que contrata tenga un representante legal en el país anfitrión; que la documentación necesaria se conserve en el lugar de trabajo; que en caso de medidas ilegales, se ponga en marcha una investigación para determinar la responsabilidad y que se luche contra la contratación de trabajadores con falsos pretextos.

Condenamos vehementemente el hecho de que la Comunicación de la Comisión ni siquiera sea ecuánime, dado que considera desproporcionadas las medidas de protección del trabajador, pero no considera desproporcionadas, y ni siquiera examina la aplicación insuficiente de la directiva a raíz de un seguimiento poco adecuado en ciertos Estados miembros.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. (EN) La correcta aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores asegura cierto nivel de protección para los trabajadores desplazados. Sin embargo, algunos informes de la Comisión han señalado que, en muchos casos, la Directiva apenas se ha cumplido y los trabajadores no reciben la protección a la que tienen derecho de acuerdo con la Directiva. Esto ha dado lugar a fenómenos de dúmping social y a una «carrera a la baja». Así las cosas, los Estados miembros deberían poder exigir una declaración previa por parte del prestador de servicios que les permitiera comprobar el cumplimiento de las condiciones de empleo.

 
  
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  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. (PT) Apoyo la propuesta porque estoy de acuerdo en que existe la necesidad de promover la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea. Una mayor movilidad ayudará a fomentar el mercado único, lo cual, a su vez, logrará un crecimiento económico mayor y un mayor número de empleos.

El mercado interior de la Unión Europea sigue contando con un gran potencial de desarrollo en una serie de ámbitos, especialmente en el de la libre circulación de trabajadores. Teniendo en cuenta las situaciones económicas y sociales tan dispares de los distintos Estados miembros, creo firmemente que no es posible ni deseable armonizar la legislación laboral.

No obstante, considero que deben realizarse esfuerzos en todo el territorio de la Unión para lograr un acuerdo sobre la definición del estatuto de «trabajador» y «trabajador autónomo». También es necesario garantizar la aplicación correcta de las distintas directivas europeas que ya están en vigor, especialmente en cuanto al desplazamiento de trabajadores.

En concreto, es importante mejorar la coordinación y el intercambio de información entre Estados miembros sobre la base de unos criterios transparentes.

 
  
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  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. (EL) La directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios y las comunicaciones de la Comisión Europea (COM(2006)0159 de 4 de abril de 2006 y COM(2007)0304 de 13 de junio de 2007) se están utilizando por parte de los monopolios en el marco de la política antiobrera de la Unión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros para minar los acuerdos colectivos y los salarios y derechos sociales de los trabajadores en general, en un intento de maximizar los beneficios del capital.

Consideramos que las propuestas incluidas en la propuesta de resolución en cuestión sobre el desplazamiento de los trabajadores no solo no consiguen poner fin a esta política antisocial, sino que los monopolios la utilizan para ampliar un «salario desigual por un trabajo igual» mediante el desplazamiento de trabajadores. Por ese motivo el Grupo del Partido Comunista Griego del Parlamento Europeo ha votado contra la propuesta de resolución sobre el desplazamiento de trabajadores.

 
  
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  El Presidente. Con esto concluimos las explicaciones de voto.

 
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