Debates

Miércoles 26 de septiembre de 2007 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

- Informe: Reino Paasilinna (A6-0293/2007)

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, señoras y señores, no he apoyado la propuesta sobre la creación del Instituto Europeo de Tecnología. Naturalmente, al igual que a la mayoría de ustedes, a mí también me gustaría que la Unión Europea se adaptase y aportase más inventos y patentes.

Sin embargo, después de haber escuchado el debate sobre esta propuesta, no creo que la creación de otra institución sea una iniciativa acertada. Nuestras universidades y nuestros institutos de investigación no recibirán más dinero; si acaso, habrá otra institución más con la que competir por las ayudas de investigación. La votación de nuestra venerable institución tampoco servirá para crear un nuevo equipo de científicos extraordinarios. El Instituto estará gestionado por científicos que se irán de las universidades en las que se encuentran ahora. Por lo tanto, creo que sería preferible que destináramos los fondos disponibles —si podemos encontrarlos— a los equipos científicos más destacados actualmente, por medio de ayudas de investigación.

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Si realmente queremos tomarles la delantera a los Estados Unidos, a Japón y a los demás líderes mundiales en el ámbito de la ciencia y la tecnología y si queremos que Europa sea la que marque el paso, antes deberán darse las condiciones necesarias.

Los centros de excelencia han de cumplir todas las condiciones y todos los requisitos. El Instituto Europeo de Tecnología es un paso adelante en este sentido. Es una lástima que esta decisión se haya postergado durante tanto tiempo. Creo que los problemas para dotar al IET de suficientes fondos se resolverán con éxito.

De igual modo, apoyo la idea de la cofinanciación con arreglo al principio de la asociación entre el sector público y el privado, como sucede, por ejemplo, en el caso de los centros de investigación de los Estados Unidos. Me gustaría que los equipos científicos también estuvieran formados por científicos e investigadores de los nuevos países y contaran con su participación y que la Junta de Gobierno estuviera supervisada por el Parlamento Europeo. Los objetivos de investigación deberían estar en consonancia con el Séptimo Programa Marco de ciencia y desarrollo, y la investigación de las células madre embrionarias debería ser la única que no se financiase con el dinero de los contribuyentes de aquellos países en los que ese tipo de investigación sea ilegal.

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – (CS) Señor Presidente, permítame hacer un comentario acerca de la votación de la creación del Instituto Europeo de Tecnología. He votado a favor de la propuesta, porque, por primera vez, contamos con un sistema que engloba la investigación, la educación y el sector empresarial.

Se trata de un proyecto fundamental en el contexto de la innovación europea, y, al igual que otros proyectos similares, conlleva una serie de problemas, en este caso, sobre todo, de índole financiera. Dicho esto, la propuesta de crear el Instituto y de darle suficiente margen para justificar su futura existencia merece nuestro apoyo.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, quisiera decir unas palabras acerca del Instituto Europeo de Tecnología. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al ponente, el señor Paasilinna. Ha hecho un trabajo excelente. Me consta que es un experto en educación y en investigación, así como en otros campos afines.

Este es un proyecto muy ambicioso. Sin embargo, desearía señalar que, antes de crear más instituciones en la Unión Europea, puede que sea conveniente que nos aseguremos de que las instituciones actuales pueden recibir una financiación adecuada. Por lo tanto, también deberíamos asegurarnos de que la red de universidades actual pueda recibir unas ayudas adecuadas que le permitan llevar a cabo nuevas investigaciones.

En la votación, he votado en conformidad con la recomendación del señor Paasilinna. No obstante, quisiera instar al Parlamento a que tenga en cuenta que las comunidades de investigación actuales deberían poder recibir su financiación y que este nuevo Instituto no debería consumir los fondos previstos para ellas. Solicito que se haga constar mi petición y que se tenga en consideración a la hora de adoptar decisiones.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe de Reino Paasilinna sobre el Instituto Europeo de Tecnología, porque creo que contribuirá decisivamente a la mejora de la competitividad de la economía europea, reforzando las sinergias entre innovación, investigación y educación.

Por lo tanto, apoyo las propuestas del ponente, cuyo propósito es determinar con claridad las fuentes de financiación del futuro Instituto Europeo de Tecnología, a fin de que éste pueda iniciar su actividad lo antes posible y cumplir con éxito su cometido, en contra de los objetivos establecidos por la estrategia de Lisboa.

ENIlda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A la luz de la posición adoptada por varias organizaciones de investigación, sostenemos una postura muy crítica con la creación del Instituto Europeo de Tecnología. Por ejemplo, según el estudio que la League of European Research Universities presentó el año pasado, el plan del Instituto Europeo de Tecnología es «descabellado» y está «abocado al fracaso». Euroscience, una organización europea de científicos y analistas políticos, ha declarado que se trata de una «idea concebida por motivos políticos que parte de una premisa errónea». El asesor científico del Gobierno británico, Robert May, ha señalado que «se basa en una interpretación errónea» de la innovación.

Este Instituto será virtual, estará formado por científicos que trabajan en universidades de la UE, en laboratorios de investigación y en empresas y, en contra de lo que se propuso en un principio, no expedirá titulaciones. A raíz de las presiones de los distintos países que deseaban ser la sede del Instituto, éste se hizo virtual, una especie de portal de consulta de las comunidades científicas con respecto a distintos campos. Si bien es cierto que el Parlamento Europeo acaba de adoptar una serie de enmiendas a la propuesta de la Comisión, en nuestra opinión, éstas no bastan para enderezar algo que no marchó bien desde un principio.

En cuanto a la financiación, una posibilidad sería el presupuesto comunitario, concretamente los créditos para investigación; aunque podría convertirse en otra forma más de apoyar a los países más desarrollados y contribuir así al agravamiento de las desigualdades.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, el concepto del Instituto Europeo de Tecnología ha ido cambiando a lo largo del animado debate sobre cómo fomentar la innovación en el ámbito de la Unión Europea. En un principio, se suponía que el Instituto iba a ser el equivalente europeo del Massachusetts Institute of Technology, en el marco de la Agenda de Lisboa. Dicho de otro modo, iba a formar parte de nuestra estrategia para competir con los Estados Unidos. Sin embargo, dada la rápida evolución de la situación mundial, ahora estamos pensando más bien en una red de centros de conocimiento e innovación, los llamados CCI, coordinados por un órgano central. Esto se ha visto reflejado en la distinción de dos líneas presupuestarias en las enmiendas al proyecto de presupuesto de 2008 presentadas por el Parlamento Europeo (financiación de la red y del órgano de coordinación por separado). Parece que hemos avanzado en la búsqueda de una solución para el problema de la financiación de esta iniciativa, puesto que la Comisión Europea ha propuesto reajustar las perspectivas financieras 2007-2013, concretamente aumentando el límite de la rúbrica 1A y reduciendo el de otras rúbricas. Así vuelve confirmarse que el Parlamento tenía razón cuando señaló que los recursos presupuestarios destinados a los objetivos de la estrategia de Lisboa eran demasiado escasos.

También deseo apoyar a Wrocław en su pugna por ser la sede del Instituto Europeo de Tecnología. Por otro lado, debo señalar que una mejor financiación de la investigación y el desarrollo y la creación de una nueva institución no bastarán para garantizar la competitividad y el carácter innovador de Europa. Eso dependerá del desarrollo de una cultura empresarial, una voluntad de arriesgarse y una interacción entre los ámbitos de la investigación y el desarrollo y las empresas privadas.

  Erika Mann (PSE), por escrito. − (DE) En mi opinión, la decisión de suscribir la idea de un IET es un error. Ninguno de los argumentos expuestos resulta convincente, puesto que parten de unas premisas erróneas.

1. Ni siquiera la idea original presentada por el señor Barroso, el Presidente de la Comisión, —que consistía en que el IET fuera la respuesta europea al MIT estadounidense— atendía a la realidad, y el concepto presentado en la propuesta que hoy se somete a votación es incluso peor que el original. El MIT se desarrolló con muchísimo dinero y un apoyo variado, y en Europa ya hay numerosas versiones del MIT a pequeña escala que llevan a cabo investigaciones de talla mundial. El dilema de Europa radica en un apoyo financiero y moral insuficiente de la innovación y de la investigación de alto nivel.

2. La propuesta de financiación de 309 millones de euros procedentes de fuentes presupuestarias de reserva obstaculiza otras iniciativas parlamentarias, como el proyecto Galileo, una iniciativa importante desde el punto de vista estratégico. La propuesta de financiación supone sólo una octava parte del presupuesto estimado; de modo que no ofrece ningún incentivo para otras iniciativas privadas importantes. Sólo en los Estados Unidos, BP ha invertido 500 millones de dólares estadounidenses en el sector de los biocombustibles de Berkeley.

3) Con unas fuentes de financiación propias y cuantiosas y con ayudas a los institutos europeos de alto nivel existentes, el IET tendría posibilidades de éxito. Por ejemplo, la UE podría seguir el modelo canadiense y crear un fondo para la innovación que se financiase con cargo a los fondos presupuestarios de la UE remanentes al final del año.

4. La infraestructura de red prevista constituye una institución supranacional virtual sin mayor relevancia en el panorama europeo e internacional de la investigación. Se trata de un compromiso inoportuno y burocrático.

Por lo tanto, he votado en contra de la propuesta.

  David Martin (PSE), por escrito. − En principio estoy de acuerdo con la idea de un Instituto Europeo de Tecnología. Sin embargo, me he abstenido en la votación de la resolución porque creo que aún no hemos definido de forma satisfactoria los objetivos, organización y finanzas de este Instituto.

  Pierre Pribetich (PSE), por escrito. – (FR) El martes, 25 de septiembre, voté a favor de la creación del Instituto Europeo de Tecnología (IET) y apoyé así a mi colega Reino Paasilinna.

En este informe se plasma un auténtico deseo de converger a una sociedad del conocimiento. La implantación en la Unión Europea de instrumentos que favorezcan la integración de la innovación, la investigación y la educación contribuirá, con el tiempo, a la estimulación de la economía europea.

Una Junta de Gobierno formada por miembros del personal científico y administrativo dirigirá las actividades del IET. La Junta de Gobierno designará las comunidades de conocimiento e innovación (CCI) responsables de llevar a la práctica las prioridades estratégicas del IET.

De todas formas, es lamentable que no se hayan destinado al proyecto los recursos financieros necesarios. A la larga, eso podría ser la ruina de esta prometedora iniciativa.

Todos debemos ser conscientes de la necesidad imperiosa de dotar a la Unión Europea con proyectos comunitarios que garanticen su desarrollo en el contexto de la estrategia de Lisboa.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La Unión Europea está en una verdadera encrucijada en lo que se refiere a su capacidad competitiva con respecto al resto del mundo. A pesar de contar con numerosos atractivos, tanto históricos y culturales como económicos y turísticos, no podemos eludir los grandes desafíos de competir a escala mundial con las nuevas economías emergentes de Asia. Está por ver hasta qué punto podemos seguir siendo un entorno atractivo para el conocimiento y la innovación.

En mi opinión, la votación sobre el Instituto Europeo de Tecnología constituye un paso importante hacia la creación de un marco de acción europeo, basado en el triángulo de innovación, investigación y educación, que contribuya al crecimiento y al desarrollo de nuestra economía.

A mi modo de ver, los salarios bajos y la mano de obra barata no deberían ser los factores que favorecieran la inversión en la UE y el crecimiento de nuestras empresas. La clave del futuro está en las empresas que saben que tienen que invertir en el desarrollo de las aptitudes profesionales de la población y ayudar a la sociedad a interactuar con la industria y con las empresas con objeto de fraguar unas respuestas de gran calidad y sumamente innovadoras que satisfagan las necesidades dinámicas y exigentes de los mercados.

  Dominique Vlasto (PPE-DE), por escrito. – (FR) Cuando la Comisión Europea propuso crear un Instituto Europeo de Tecnología (IET), la idea era crear un nuevo centro de excelencia de educación superior, investigación e innovación. Ahora esa ambición se está viendo frustrada por la complicada cuestión de la financiación, y aún no se ha encontrado ninguna solución satisfactoria ni definitiva para este problema. Se trata de un asunto sumamente preocupante, puesto que socava la credibilidad del IET antes incluso de que se haya creado.

La idea de que el IET desarrolle una marca propia podría ayudar a resolver el problema de notoriedad del que ha venido adoleciendo la investigación europea y, al mismo tiempo, brindaría un auténtico reconocimiento a los proyectos cuya excelencia y calidad hayan merecido esa marca. A mi parecer, un sistema tan flexible como éste, que se presta a la diversidad existente en Europa, estimularía una competencia sana entre universidades y entre proyectos de investigación.

De igual modo, creo que es imprescindible conseguir que el sector privado participe en el proyecto del IET. La función desempeñada por las autoridades públicas debería limitarse a promover y estructurar los instrumentos necesarios. Todo lo demás debería depender del sector privado; a saber: la financiación, la organización y la gestión del IET. Ante todo, no quisiera que el IET pasara a ser otra agencia más entre las innumerables agencias de la UE:

No obstante, pese a estas reservas, apoyo el informe para que el IET pueda tener una oportunidad de éxito.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. − El EPLP ha preferido abstenerse, tanto sobre la propuesta modificada como sobre la resolución legislativa relacionadas con el informe sobre el Instituto Europeo de Tecnología. Aunque estamos a favor de los objetivos generales de la propuesta y de su orientación hacia la innovación, la UE y los Estados miembros emplearían mejor su dinero en las universidades y programas marco de investigación existentes. Creemos que la estructura administrativa del IET debería ser lo menos burocrática posible, y por consiguiente tener menos de los 21 miembros propuestos. Existen además serias dudas respecto a la financiación privada y pública del IET. Visto que la propuesta de la Comisión sobre la financiación del IET supondrá probablemente la reconsideración de las perspectivas financieras, no podemos apoyar el informe.

- Informe: Andrew Duff (A6-0267/2007)

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, me gustaría dedicar un momento a explicar por qué he votado en contra del informe de Andrew Duff, a pesar de que no se trata de un informe polémico en el sentido estricto. Mi voto se debe a que estoy en contra de la filosofía federal europea del informe.

En resumen, estoy en contra de un Estado federal europeo y, por ende, también estoy en contra de la ciudadanía de la Unión, y el derecho de sufragio activo y pasivo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales forma parte de esa idea. En mi opinión, la Unión debe continuar siendo una comunidad de democracias nacionales, en la que el derecho de sufragio activo y pasivo en cualquier tipo de elecciones siga reservándose para los ciudadanos de los Estados pertinentes. La verdad es que la trayectoria de la Unión Europea está marcada por la confirmación y la ampliación sistemática de la ciudadanía de la UE, como la confirma y amplía, por ejemplo, el hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ahora sea de obligado cumplimiento.

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Señor Presidente, hoy hemos votado y adoptado el informe de Andrew Duff sobre el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.

No puedo apoyar este informe, porque, en mi opinión, y en contra de lo que pretenden los ponentes, este sistema de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo no propiciará las relaciones de buena vecindad entre los países, y mucho menos si son fronterizos. A lo largo de muchos años, los países que cuentan con unas minorías nacionales importantes han ido estableciendo normas encaminadas a evitar conflictos nacionalistas.

El sistema de sufragio adoptado podría volver a encender la mecha de este tipo de conflictos, y eso iría en contra del espíritu de convivencia pacífica de las naciones de Europa. Todo por el hecho de que las personas podrán ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en un Estado del que no sean nacionales. No cabe duda de que habrá abusos, como por ejemplo, la indicación de un domicilio ficticio con el mero propósito de restarle voz a un país en particular y de adulterar el resultado de las elecciones. La tarea de comprobar la información pertinente es ardua y costosa.

Además, este sistema de sufragio reforzará los movimientos separatistas, y está claro que eso no es lo que deseamos para la Europa contemporánea. Lamento que, por unas razones poco claras, estemos imponiendo desde arriba nuestra voluntad en este sentido a los Estados miembros e interfiriendo así en los procedimientos electorales nacionales.

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Señor Presidente, de entre todas las afirmaciones de los partidarios de la Constitución Europea, quizás la más necia sea que la ciudadanía de la UE no perjudica a la ciudadanía nacional. Los derechos inherentes a la ciudadanía han ido debilitándose uno tras otro: el derecho de residencia, el derecho de elección de los propios representantes y, cada vez más, el derecho a las prestaciones sociales.

Cualquier observador imparcial llegará a la conclusión de que la ciudadanía europea se está convirtiendo en el estatuto jurídico principal de nuestros electores, mientras que su ciudadanía nacional tiene un carácter secundario, casi folclórico.

Reconozco que ésta es la dirección en que desea ir la mayoría de la Cámara, pero por favor, ¡digámoslo claramente! Que no tengamos que seguir escuchando la estupidez de que el estatuto de mis electores como ciudadanos británicos no se va a ver afectado.

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE), por escrito. − La aprobación de este informe me parece un serio error y un ejercicio de escasa responsabilidad, y de ahí mi voto negativo.

Hay que recordar ante todo que no existe un sistema electoral europeo. Si un día se establece (y yo lo apoyaría), la situación será otra. Entre tanto las elecciones europeas han de encajar dentro del sistema electoral de cada Estado miembro. El informe Duff propone suprimir la prohibición de doble o múltiple candidatura en las elecciones al Parlamento Europeo. Un mismo candidato podría presentarse en distintos Estados y tras las elecciones podrá escoger cuál de los escaños obtenidos quiere conservar.

Además de su evidente complejidad de gestión, todo ello sería un evidente fraude al electorado. Y no aporta nada a la respetabilidad del Parlamento que intentamos construir.

Por otro lado, en la propuesta hoy votada se suprime el reconocimiento obligatorio de decisiones judiciales (civiles y penales) en materia de capacidad para ser candidato, haciendo posible que quien ha sido inhabilitado por un tribunal del Estado del que es nacional pueda presentarse en otro Estado. Se contradice así la práctica europea en materia de justicia e interior. Y es fácil imaginar situaciones vergonzosas que de ello pueden derivarse.

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), por escrito. − (RO) Debido al arduo sistema de intercambio de información entre los Estados miembros, en la práctica, muy pocos ciudadanos residentes en otro país saben cómo ejercer en las elecciones al Parlamento Europeo el derecho de sufragio activo que les reconoce el Tratado. La voz de esas personas debe escucharse, y se les debe facilitar el acceso a la vida política de su país de residencia. Por eso, apoyo la sustitución del sistema actual por el requisito de cumplimentar una declaración jurada.

En cuanto a los residentes que desean ejercer el derecho de sufragio pasivo en las elecciones europeas, la obligación de obtener un certificado nacional es desproporcionada con respecto al objetivo general de la Directiva 93/109/CE. En la práctica, es muy difícil y lleva mucho tiempo obtener ese certificado de las instituciones del país del que se es nacional. Esta obligación formal tiene como consecuencia incluso la anulación del derecho amparado por el Tratado.

En una futura propuesta de la Comisión Europea también debería abordarse la cuestión de la formación de partidos políticos de ciudadanos que no sean nacionales. Las leyes electorales de los Estados miembros no deberían establecer ninguna distinción entre los partidos nacionales formados por ciudadanos que sean nacionales de un país en particular y los demás partidos. Cuando gran parte de la población de un país reside en otro Estado miembro de la Unión Europea, para ese país la representación política en las elecciones europeas es una cuestión fundamental, como, por ejemplo, en el caso de Rumanía.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Si muchos ciudadanos de Europa no votan en su país de residencia y el nivel de participación en las elecciones europeas no alcanza las expectativas de los eurócratas, no será porque la aplicación del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas se haya visto complicada en exceso por la necesidad de un intercambio de información entre los Estados miembros.

Será más bien porque, para ellos, su burocracia y sus políticas no tienen sentido y resultan incomprensibles, en el mejor de los casos, y perjudiciales, en el peor, y porque muchos ciudadanos europeos que no residen en su país de origen prefieren participar en las elecciones parlamentarias que tienen lugar en su país.

El informe se sirve de esta seudosimplificación técnica para tratar de autorizar las candidaturas múltiples, es decir, la presentación del mismo candidato en varios países —algo que constituiría una ventaja desmedida con arreglo al Derecho común exclusivamente para los residentes extranjeros— y trata de pasar por encima de las leyes de los Estados miembros en lo que se refiere a la inelegibilidad. Es absolutamente inaceptable.

En nuestra opinión, la ciudadanía está indisolublemente ligada a la nacionalidad, y los derechos que dimanan de ella —en particular, los electorales— únicamente pueden ejercerse en el ámbito nacional. Si los ciudadanos europeos desean participar en la vida democrática de su país de acogida, siempre pueden optar por la naturalización.

  David Martin (PSE), por escrito. − Este informe me parece bien, porque contribuirá a reducir la carga de trabajo de las autoridades electorales y de los particulares en relación con el derecho de voto en las elecciones europeas. Estoy a favor de suprimir el sistema actual de intercambio de información, manteniendo la declaración individual de no votar o presentarse dos veces.

- Propuesta de Reglamento del Consejo - Aplicación de la retirada de tierras en 2008

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, la supresión de la retirada de tierras constituye, sin duda, el mejor camino que podíamos seguir. Dado el constante crecimiento de la demanda de alimentos y piensos y de materias primas renovables, es absolutamente esencial activar ese tipo de producción. La retirada de tierras nunca fue una medida deseada por los agricultores, quienes, así y todo, tuvieron que secundarla, porque era necesaria. Los agricultores quieren producir. Espero que la supresión de la retirada de tierras sea aplicable con carácter definitivo y no sólo durante un año o dos. Además, la medida brinda al sector agrícola la oportunidad de contribuir a los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 que se ha marcado la UE.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Nosotros no sólo coincidimos en que en 2008 debería permitirse la reutilización agrícola de las tierras retiradas, sino que, de hecho, creemos que la supresión debería durar más tiempo. Por consiguiente, hemos presentado una propuesta para 2009 y para 2010, y se ha aprobado la inclusión de 2009. De modo que los agricultores podrán realizar una planificación más adecuada con relación a la situación del mercado de los cereales, en el que se registran unos precios excepcionalmente altos.

Sin embargo, esta medida no resuelve el problema clave de la necesidad de incrementar la producción y el abastecimiento de los Estados miembros y el empleo en las zonas rurales.

También quisiéramos señalar la escasez de cereales del mercado europeo y las repercusiones negativas de una apuesta por los biocombustibles, como la que fue aprobada por el Consejo, tanto en lo que se refiere a la oferta como al precio.

Insistimos una vez más en la necesidad de revisar a fondo la PAC (política agrícola común) a fin de que tenga en cuenta las características del suelo y de la biodiversidad de cada país, para que así se pueda adaptar la rotación de cultivos y garantizar suficientes ingresos a los agricultores, sin menoscabo de los intereses de los consumidores, en lo que respecta a unos alimentos sanos y de primera calidad.

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) ¿Quién hubiera podido imaginar que, después de tantos años en los que a la política agrícola común se le han achacado todo tipo de males, un coste excesivo y, sobre todo, la responsabilidad de los mares de leche y las montañas de cereales que no podían venderse en el mercado, ahora fuéramos a descubrir que tenemos que poner fin a la reducción de nuestra capacidad de producción en esos terrenos?

Celebro que, ante la vertiginosa subida de los precios, que, sin duda, ha sido lucrativa para nuestros agricultores, la Comisaria haya reaccionado inmediatamente poniendo fin a la retirada de tierras a fin de animar a nuestros agricultores y cultivadores a producir más cereales para descongestionar el mercado.

La Comisaria debería reaccionar con la misma rapidez incrementando las cuotas lácteas y suprimiendo los recargos por rebasamiento de cuotas a escala nacional. Por otra parte, espero que esto sirva de lección a la Comisión, que también ha tratado de reducir la capacidad de producción vitícola en 200 000 hectáreas, sin tener en consideración las oportunidades que los productores vitivinícolas europeos podrían tener de exportar su producción a mercados emergentes como China y la India.

  David Martin (PSE), por escrito. − Teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes del mercado, comprendo y apruebo la propuesta de la Comisión de reducir a cero en 2008 la retirada obligatoria de tierras de cultivo. Se prevé que la supresión de la retirada de tierras incrementará la producción de cereales en 10 millones de toneladas como mínimo. Esto aliviará la presión al alza sobre los precios de estos productos.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) La Comisión lleva desde 1992 diciéndonos desde Bruselas que había montañas de cereales, por no hablar de los mares de leche y de otras despensas llenas a rebosar. Por lo tanto, hubo que retirar tierras europeas, y se tuvo que reducir la producción. Los países del hemisferio sur y los Estados Unidos pedían a la OMC el monopolio del trigo y de las semillas oleaginosas.

Recuerden que, en la Ronda Uruguay y con arreglo al acuerdo de Blair House de 1992, la Comisión Europea accedió a limitar nuestra superficie de cultivo de semillas oleaginosas a 5 millones de hectáreas.

Ha sucedido lo que tenía que suceder. La agricultura está a merced de los caprichos del clima. En la Biblia, así se lo explicó José al faraón. La sequía de Australia, la caída de la producción de Ucrania y el crecimiento imparable de la demanda en China, en la India y en África son factores que están provocando la subida de los precios de los cereales y del maíz.

Después de llevar desde 1993 pagando a nuestros agricultores por dejar de producir, después de haber interrumpido las ayudas a la producción y después de haber retirado millones de hectáreas cuando un tercio de la humanidad se está muriendo de hambre, la Comisión descubre ahora en Bruselas que hay escasez de cereales y que las existencias han caído en picado. Por consiguiente, se retractan de su decisión sobre la retirada de tierras.

Sucederá lo mismo con el vino, y ya ha sucedido con la mantequilla y la carne. Reinan la confusión y el maltusianismo.

  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Uno de los grandes misterios para el público de la Unión Europea es cómo se puede concebir un sistema que paga a los agricultores por no cultivar sus tierras. Aunque entiendo que algunas organizaciones de prestigio, como la RSPB del Reino Unido, utilizan este sistema para financiar su excelente labor, sin embargo no es normal que dejemos de cultivar tierras buenas y que paguemos a los agricultores por mantenerlas ociosas.

Por esta razón apoyo la eliminación total de la retirada obligatoria, pero debemos lograr al mismo tiempo que se incentive a nuestros agricultores y demás agentes a conservar la tierra en buen estado y a mejorar su productividad, ayudándoles a través de otros mecanismos.

Si nos tomamos en serio la reforma radical de la PAC, la supresión de los pagos por la retirada de tierras debería ser una de las primeras medidas en cualquier procedimiento de reforma. Apoyo por consiguiente las propuestas de la Comisión.

- Propuesta de resolución (B6-0351/2007)

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señor Presidente, desearía informar a los diputados sobre el sentido de mi voto.

La conclusión última es que debemos proteger a los niños, y que les protegeremos. No aceptaremos compromisos sobre productos químicos o contaminantes que puedan perjudicar de cualquier forma su salud y su desarrollo. Se debe exigir responsabilidades a las empresas.

Pero eso no basta. Tenemos que analizar cuidadosamente las presiones a las que están sometidas las empresas. Las empresas que operan en China están sometidas a estas presiones por parte del Gobierno chino. En China, las reglas de juego son distintas a las del resto del mundo. Si una empresa quiere trabajar allí, debe ceder al Gobierno la mayor parte de sus facultades decisorias y de sus procedimientos operativos.

China ha introducido incentivos para controlar las estructuras verticales de fabricación. El utillaje utilizado por Mattel para producir esos 21 millones de juguetes ha sido fabricado en China y es de propiedad china. Los moldes para fabricar las piezas de plástico utilizadas en esos juguetes son de propiedad china. El motivo es el que los chinos subvencionan estos equipos cuando se fabrican en China, de forma que renunciar a este sistema supone incrementar los costes en un 20 %.

De forma que China controla a las empresas quizás más de lo que creemos, y la la seguridad de los juguetes debería servirnos de lección. No podemos consentir esto, como no podemos consentir por más tiempo las prácticas de China en materia de derechos humanos y de medio ambiente.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. − He solicitado reiteradamente a la Comisión Europea que promueva medidas legislativas para que todos los productos importados lleven la etiqueta del país de origen. Esto es de la máxima importancia, porque se ha demostrado que en 2008 el 17 % de todos los productos con defectos de seguridad, incluidos los juguetes, eran de origen desconocido, mientras que el 58 % procedía de terceros países.

Aunque el 48 % de los productos no seguros eran de origen chino, no debemos pensar que el problema estriba únicamente en los fallos en el control de calidad de los fabricantes chinos. Se ha demostrado, por ejemplo, que de los 21 millones de juguetes retirados durante los últimos tres meses por la empresa Mattel de Estados Unidos (que también comercializa sus productos en Europa bajo la marca Fisher-Price), 18 millones lo fueron como consecuencia de los errores de diseño de Mattel, y no por una fabricación defectuosa.

Hace tiempo que está claro que es preciso aplicar sanciones más severas a los fabricantes y a los importadores para conseguir que se tomen más en serio sus responsabilidades en relación con los consumidores, en este caso con los niños indefensos. Pero algunos Estados miembros siguen resistiéndose al cambio bajo la presión de los importadores y de las empresas que externalizan su producción.

  Brigitte Douay (PSE), por escrito. – (FR) La globalización del comercio y la falta de transparencia y de información sobre el origen de los diversos productos que se comercializan en la Unión Europea implica un riesgo mayor de adquirir mercancías peligrosas, defectuosas o elaboradas mediante usurpación de marca.

La Resolución común sobre la seguridad de los productos, y en particular de los juguetes, a favor de la cual voté el miércoles, ha sido adoptada por casi todos los grupos; es un ejemplo más del compromiso que demuestra la Unión Europea y, especialmente, el Parlamento Europeo, por la protección de los consumidores.

Al exigir la imposición de ciertos requisitos relativos a la seguridad de los productos, la integridad del marcado CE, la exclusión de mercancías elaboradas mediante usurpación de marca y la introducción de la trazabilidad, esta Resolución proporcionará una protección más eficaz para los consumidores, especialmente los niños.

Sin embargo, no debe permitirse que la exigencia de una mayor cooperación con los terceros países en cuestión eclipse la responsabilidad que recae sobre las empresas que realizan los pedidos, puesto que de ellas depende velar por que las especificaciones de sus productos cumplan estos requisitos de salud y seguridad.

  Edite Estrela (PSE), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre «juguetes peligrosos fabricados en China» porque considero esencial emprender todas las acciones legislativas y administrativas que sean necesarias para asegurar que los bienes de consumo que se comercializan en el interior de la UE no sólo cumplen plenamente las normas existentes en la UE sino que, además, no ponen en peligro la salud y la seguridad de los consumidores. Por consiguiente, considero que debería revisarse la Directiva 88/378/CE sobre seguridad de los juguetes lo antes posible, lo que debería incluir requisitos eficaces y efectivos para la seguridad de los productos.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Velar por la seguridad de los productos, y en particular de los juguetes, es una prioridad para la protección de la salud pública, y más concretamente la salud de los niños.

La necesaria comprobación y el control de calidad de los productos es un mecanismo imprescindible para alcanzar dicho objetivo. Las empresas y las autoridades nacionales públicas competentes en la materia deberían llevar a cabo este control y su certificación como medida preventiva.

Puesto que la legislación define todas las normas de seguridad que los productos, como es natural, deben cumplir, incumbe a la empresa o las empresas asumir sus responsabilidades en cuanto al diseño, la producción y la comercialización de estos productos.

La reacción inicial frente a los productos inseguros o peligrosos para la salud, y en particular de los juguetes que se importan de terceros países, es tratar de echar la culpa a otros, hasta el punto de que el Financial Times anunció que la empresa Mattel había presentado formalmente sus disculpas al Gobierno y al pueblo chinos. Debería subrayarse que muchos productos importados se fabrican en terceros países, pero que sus propietarios son grandes multinacionales con sede en la UE que, ávidas de beneficios, trasladan su producción a otro lugar.

Además, centrar el debate de la calidad deficiente sobre los productos importados sólo sirve para ocultar el hecho de que muchos de los productos fabricados en la UE tampoco cumplen con las normas en vigor.

  Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Marianne Thyssen y Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), por escrito. − La resolución del Parlamento, aprobada hoy por una gran mayoría, se orienta correctamente hacia el problema inmediato de garantizar la seguridad de los productos con arreglo a las directivas de la UE existentes.

El Grupo del PPE-DE ha insistido durante todo el procedimiento en que la resolución debería concentrarse en propuestas prácticas que mejoren inmediatamente la seguridad del consumidor.

Hemos propuesto, por otra parte, que se estudie la posibilidad de una etiqueta europea de seguridad para el consumidor, que sería utilizada de forma voluntaria por los proveedores de bienes de consumo. Nos complace que el Parlamento haya avalado esta propuesta.

Estudiaremos con gran interés la futura directiva sobre juguetes, y analizaremos las reformas propuestas por la Comisión con una mentalidad abierta. En nuestra opinión, el intento de introducir en esta resolución requisitos muy detallados y específicos con vistas a esta futura directiva era completamente innecesario. Así pues, hemos votado en contra de las adiciones propuestas, lo cual en ningún modo reduce nuestro interés y nuestra preocupación en relación con la elaboración de una directiva eficaz y viable, cuando en 2008 recibamos la propuesta de la Comisión.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) La Resolución del Parlamento incluye únicamente unas cuantas propuestas para poner fin a la importación de productos peligrosos, la mitad de los cuales procede de China. Se centra en los juguetes, pero no menciona las prendas de vestir que contienen tintes tóxicos, los medicamentos peligrosos, los productos alimenticios que contienen ingredientes no aptos para el consumo humano, el material eléctrico que se prende fuego fácilmente o la pasta de dientes elaborada a partir de anticongelante: y la lista continúa. Asimismo, hace valer medidas débiles que se basan en la cooperación y en la certificación, y apunta a la responsabilidad de los Estados miembros antes que a la de China, a las empresas europeas antes que a las demás.

Sencillamente, con eso no basta en este caso concreto. Es el momento de aplicar sanciones ejemplares contra cualquier país que, después de pasar a ser miembro de la OMC, continúe ejerciendo prácticas comerciales sospechosas, ya sea el dumping, la usurpación de marca o el trabajo forzoso. Es cierto que los escasos instrumentos de protección comercial de los que la Unión Europea dispone recaen dentro del ámbito de competencia del señor Mandelson, a quien justamente se ha mencionado por su pasividad en la materia.

Si finalmente vamos a aprobar este documento es porque, a pesar de todo, siempre es preferible adoptar ciertas medidas, aunque sean irrisorias, que ninguna en absoluto; al menos, constituye cierta forma de reacción.

  David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface que la votación haya resultado abrumadoramente a favor de esta resolución. Hemos enviado un mensaje claro a los fabricantes de juguetes de China de que no toleraremos ningún fallo en el cumplimiento de las normas de seguridad más estrictas en la fabricación de juguetes infantiles. China está advertida de que deberá mejorar sus métodos de control y sus mecanismos de detección para reducir radicalmente el volumen de productos inseguros en el mercado europeo.

  Jean-Claude Martinez (ITS), por escrito. – (FR) Los niños de Vietnam, de África y de otros lugares caminan sobre minas terrestres. En Europa, nuestros niños se ahogan, se envenenan y desarrollan alergias por culpa de las muñecas Barbie y de otros juguetes.

El cine ya ha hecho sonar la alarma con la película Papá Noel es un desastre. Ahora depende de nosotros, diputados a este Parlamento, reaccionar y hacer lo propio acerca de los principios de seguridad, así como proteger el futuro demográfico de nuestro continente, que ya se ha visto ampliamente perjudicado por los «juegos» en que participan los adultos.

Es hora de hacerlo ya; incluso antes tampoco hubiera sido demasiado pronto, a juzgar por los casos de pequeñas caras, de piel tan suave como una escultura de Brancusi, que han quedado desfiguradas por muñecas de celuloide que se prenden fuego al menor chispazo. Los juguetes matan, y los niños de Darfur no saben lo afortunados que son por no poder jugar a la hora de las comidas.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. – (FR) Tras la recuperación llevada a cabo a gran escala y por motivos de seguridad de los juguetes fabricados en China por el fabricante estadounidense Mattel, la Comisión Europea está ahora realizando inventario de su legislación sobre la seguridad de los productos, especialmente por lo que respecta a los juguetes de importación. El régimen europeo de reglamentación en ese ámbito es bastante sólido, al contar con la implantación del sistema RAPEX y el marcado CE, pero todavía requiere un refuerzo mayor.

Por consiguiente, el Parlamento Europeo está yendo mucho más lejos y, como parte de su Resolución sobre la seguridad de los juguetes, desea adoptar un marco regulador común para la comercialización de los productos y la vigilancia de los mercados. En mi opinión, restablecer la confianza del consumidor y proteger la salud de nuestros niños es una condición fundamental; así, siguiendo la pauta marcada por los Reglamentos REACH, que imponen estrictos controles sobre el uso de productos químicos en nuestros bienes de consumo, he votado hoy a favor de la prohibición incondicional del uso de cualquier sustancia tóxica en la fabricación de los juguetes.

Asimismo, en apoyo de las enmiendas 8 y 6, estoy a favor de una prohibición total del uso de ftalatos peligrosos en cualquier juguete que los niños puedan llevarse a la boca. La seguridad química de los juguetes no es únicamente una cuestión de reglamentación; es también un problema de higiene y, como tal, resulta vital para la seguridad de nuestros niños.

  Karin Scheele (PSE), por escrito. − (DE) La Resolución de hoy subraya la necesidad urgente de realizar una revisión de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes, en virtud de la cual deben prohibirse las CMR —es decir, las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción—. El Comisario Verheugen secundó esta demanda durante el debate de ayer. Igualmente, será necesario poner fin a la confusión acerca del marcado CE, pues los consumidores europeos dan por hecho que este marcado es, o una declaración sobre el origen del producto, o un sello de calidad, cuando dicho marcado no indica ninguna de las dos cosas.

- Informe: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0312/2007)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) La energía y la seguridad energética constituyen el eje central sobre el que giran tanto la política interior como la exterior de toda unión, y constituyen un factor crucial para el mantenimiento de la prosperidad, así como una cuestión de supervivencia cuando la escasez de suministro alcanza un nivel crítico.

Nos urge dar los pasos encaminados a liberarnos de nuestra dependencia de Rusia en cuanto a materias primas, lo que podría transformarse posteriormente en una dependencia política. Considero alarmante que estemos permitiendo que se utilice la energía como medio de ejercer presión política sobre los países de tránsito y receptores. Doy mi apoyo al desarrollo de la dimensión del Mar Negro, a la cooperación con los países de las regiones del Cáucaso Meridional y a la intensificación de nuestro acercamiento a Noruega, los países del Magreb/Mashreq, y a la Asociación Euromediterránea. Debe asegurarse la previsibilidad del mercado energético mediante la celebración de acuerdos con China, la India y Brasil, y debería establecerse una asociación con el Gobierno de los Estados Unidos.

Los activistas medioambientales que piensan en términos de blanco o negro deberían darse cuenta, de una vez por todas, de que la combustión masiva de los biocombustibles y de la biomasa incrementa la cantidad de CO2 presente en la atmósfera, y que se necesita una proporción razonable y básica de energía nuclear. La influencia de los Verdes fanáticos, que incluso han conseguido que se incluya una prohibición sobre la energía nuclear en la Constitución de un Estado miembro —algo que seguro no afectará a su economía, y ni siquiera a la de sus vecinos— alcanza proporciones tragicómicas.

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Señor Presidente, en términos generales, la seguridad energética es uno de los factores esenciales de la seguridad europea, y el informe del señor Saryusz-Wolski responde a este reto para el futuro de Europa.

El problema de la UE es que su nivel de autosuficiencia energética está en declive. Las importaciones cubren ya la mitad de sus necesidades energéticas, y para el año 2025 se calcula que esta dependencia de las importaciones superará el 70 %. Para abordar el problema, necesitamos una voz firme y común, un nuevo tipo de diplomacia energética y, para ocuparse específicamente de ello, un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía.

Sin embargo, ampliar el mandato de la Unión sobre la política exterior en el ámbito de la energía no puede suponer una merma de la soberanía de los Estados miembros para decidir los medios y la estructura de su propia producción energética; por ello, quisiera dar las gracias especialmente al ponente, pues el informe admite la independencia de los Estados miembros para tomar decisiones relativas a sus estructuras de suministro energético.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. − La transparencia, la reciprocidad y el Estado de Derecho son las piedras angulares de la política europea en el ámbito de la energía, y por consiguiente de nuestra política exterior. Sin embargo, no es el momento adecuado para añadir nuevas instituciones, y por eso estoy en contra de la creación de un Alto Representante para la política energética exterior, que debilitará además la influencia del Parlamento Europeo en esta materia.

  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe, cuyo objetivo es el establecimiento de una política exterior común en el ámbito de la energía.

Las soluciones aplicadas deben tener un alcance internacional, y la Unión Europea debe desempeñar un papel principal en ello. Es obvio que la energía ha pasado a ser una verdadera arma en las negociaciones internacionales actuales.

Desde la crisis del gas entre Rusia y Ucrania en enero de 2006, la Unión Europea ha tomado conciencia de su propia vulnerabilidad en lo concerniente al suministro de energía. Con el fin de desarrollar una política exterior en el ámbito de la energía el informe propone, fundamentalmente, designar a un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía, que sería responsable de coordinar las actividades de la UE en dicho ámbito y que asumiría una doble representación, pues actuaría a las órdenes del recién creado Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (PESC) y del Vicepresidente de la Comisión Europea.

Recibo con satisfacción este avance positivo que, en particular, contribuirá a promover el diálogo entre los países productores —lo que atestigua la Asociación Euromediterránea— y los consumidores, lo cual permitirá a la UE defender sus intereses en el ámbito de la seguridad energética en sus negociaciones con proveedores exteriores.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Actualmente, la energía es una cuestión estratégica que ocupa un lugar central.

Debido a su gran dependencia energética, los diversos países de la UE aspiran a dominar la explotación de los recursos existentes; de ahí la propuesta de crear una línea en materia de energía dentro de la política exterior y de seguridad común que, de adoptarse, constituiría también una manera de superar las contradicciones existentes entre las principales potencias.

Para hacerlo así, la UE debería anunciar su «mercado», su «competencia» y su ampliación a otros países en el marco de las también llamadas «comunidades de la energía», el «Tratado sobre la Carta de la Energía» —velando por la «seguridad de la inversión» y garantizando el «derecho a la compensación en caso de expropiación o nacionalización»—, o la inclusión de una «cláusula de seguridad energética» en los acuerdos de comercio. Todo ello puede controlarse, de ahí el temor a la creación de un «equivalente de la OPEC en el sector del gas».

La mayoría del Parlamento defiende también «establecer una Asociación de Seguridad Energética con los EE.UU.» y, ciertamente, un «diálogo crítico y constructivo» con los países del Cáucaso Meridional y las regiones del Caspio y de Asia Central «lo que coincide con el interés de la UE en diversificar sus suministros de petróleo y gas y con el objetivo de realizar reformas políticas en esos países». ¿Para quién más palabras? ¿Iraq, Afganistán, África ..?

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, la Unión Europea es uno de los principales consumidores de energía, y para ello depende de fuentes externas, caracterizadas por la incertidumbre y la desestabilización potencial. En el caso concreto de Rusia y de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ricos en recursos naturales, un factor adicional que contribuye a la incertidumbre es la tendencia a emplear la energía como arma para fines políticos, como ya hemos podido comprobar. Esta situación debería haber movilizado a la Unión Europea para cerrar filas y permanecer codo a codo ante las situaciones de crisis; sin embargo, tal respuesta se ha desarrollado muy lentamente, debido a los distintos intereses nacionales de países que no tienen tanta probabilidad de convertirse en víctimas del chantaje energético como los países postcomunistas.

El informe del señor Saryusz-Wolski constituye un paso en la dirección correcta, pues representa una llamada para fundamentar la relación UE-Rusia sobre los cimientos de la confianza mutua y el respeto por los principios establecidos en la Carta de la Energía.

El contexto del debate actual viene definido por los esfuerzos que la Comisión Europea realiza en paralelo para liberalizar el mercado energético de la Unión, con Gazprom como telón de fondo, lo que conduce a una mayor presión para la puesta en práctica del principio de desvinculación de la producción y la distribución. Los países reacios a la liberalización son los mismos que se muestran partidarios de recurrir a contratos bilaterales en materia de energía con Rusia y a cooperar con las empresas estatales rusas en cuestión de capital; no es ninguna coincidencia que ello implique a los vestigios de los monopolios de la energía pública en la Europa continental. El efecto es el de retrasar la deseada libre elección de los proveedores de energía y el desarrollo de una política comunitaria basada en la solidaridad para este sector estratégico.

  David Martin (PSE), por escrito. − Es evidente que la Unión Europea necesita coordinar mucho mejor que hasta ahora su estrategia relativa a las fuertes de energía exteriores. Sin embargo, no veo las ventajas de la propuesta de un Alto Representante para la política energética exterior, y creo que solamente producirá confusión con la función desempeñada actualmente por el señor Solana, razón por la que he votado en contra de la propuesta. Por otro lado, he votado a favor de la propuesta de separar la actividad de producción de energía de la de transmisión y distribución.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL) , por escrito. −El informe defiende una «política europea común en materia de energía». Aunque no existe hasta ahora ni siquiera la base jurídica para una política semejante, se pretende impulsarla antes de que se pueda incluir en el nuevo Tratado reformado. En vez de resolver el problema de una energía cara y contaminante, el informe quiere configurar a la UE como un actor hegemónico y global. Una estrategia geopolítica expansiva como ésta por parte de la UE podría crear nuevas tensiones y conflictos a escala mundial. En el texto se percibe como hilo conductor un fuerte sesgo antirruso. Se han incluido prácticamente todas las nociones capaces de impedir el desarrollo normal de las relaciones entre Rusia y los Estados miembros de la UE. Por eso los críticos hablan de un toque de guerra fría. Con la inclusión de la denominada «cláusula de seguridad energética» en todos los acuerdos con los países productores y de tránsito, la UE reivindica sus intereses hasta mucho más allá de sus fronteras. Nos preocupa que la política energética exterior de la UE se base en la presión geopolítica, antesala de la amenaza militar. El informe aboga por una estrecha colaboración con los Estados Unidos en la seguridad energética, sabiendo que este país está librando una guerra en Iraq con el fin de asegurarse recursos energéticos baratos.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Dada la creciente importancia de la energía en la sociedad moderna, por una parte y, por otra, la mayor interdependencia a escala internacional, que es también una característica común en la actualidad, es imposible excluir la política energética de la dimensión exterior de la política de la UE, ya sea a escala del Estado miembro o de la política exterior común.

Por consiguiente, estoy de acuerdo con la Resolución cuando afirma que «si bien lo Estados miembros deberían conservar su derecho soberano a tomar decisiones estratégicas sobre la combinación de energías, la explotación de sus recursos y las estructuras de suministro, es necesario [promover un enfoque común, y no necesariamente una política única] que comprenda la seguridad del abastecimiento, el tránsito y la inversión en materia de seguridad energética, así como la promoción de la eficiencia energética, el ahorro energético y las energías limpias y renovables, en particular en las relaciones con los países cuyo consumo energético está aumentando rápidamente». Sin embargo, en cuanto a la idea de un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía, esta dimensión debe incluirse en el área de trabajo del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pues no creo que tenga sentido adoptar un enfoque más específico que el de este último.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) He votado a favor de la adopción del informe del señor Saryusz-Wolski sobre una política exterior común europea en el ámbito de la energía.

De conformidad con el plan de acción sobre la política energética adoptado por el Consejo en marzo de 2007, debemos hacer todos los esfuerzos para desarrollar una política exterior común en el ámbito de la energía para la Unión Europea, equipada con los instrumentos necesarios para garantizar la efectividad de su ejecución. Quisiera llamar la atención sobre la necesidad de solidaridad y cooperación entre los Estados miembros, de diversificación de las fuentes de energía y del actual desarrollo y la mejor cooperación en este ámbito.

Estoy de acuerdo en que es necesario decidir una hoja de ruta precisa, que establezca las diversas etapas en la introducción de tal política. La Comisión debería presentar sus propuestas a este respecto en cuanto tenga oportunidad. Asimismo, es importante para los Estados miembros que consulten entre ellos y con la Comisión Europea cuestiones relativas a las decisiones estratégicas sobre los contratos en este ámbito celebrados con terceros países. La propuesta de designar a un Alto Funcionario para la Política Exterior en el Ámbito de la Energía es muy adecuada y merece una mayor consideración; dicho cargo sería responsable de la coordinación de todas las políticas relacionadas con la totalidad de los aspectos exteriores de la seguridad energética, y debería contribuir a potenciar la protección de los intereses de los Estados miembros de la UE durante las negociaciones con socios exteriores.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos reconocemos la necesidad de que los 27 Estados miembros muestren una mayor solidaridad en lo relativo a la política energética exterior, ya que durante los próximos años todos ellos dependerán cada vez más del petróleo y gas importados de terceros países, los cuales, de otro modo, podrían preferir a Estados más vulnerables y dependientes, en detrimento de la Unión en su conjunto.

Esto no significa que respaldemos una política energética común, y en particular el que la UE pueda, por ejemplo, determinar la combinación energética de los Estados miembros individuales, como podría ser la proporción de combustibles sólidos frente a la de energías renovables.

Aunque en términos generales los conservadores apoyamos los objetivos del informe, rechazamos la necesidad de una única figura coordinadora fuerte que decida sobre estos temas. Tampoco vemos la necesidad de que los Tratados incorporen un nuevo instrumento jurídico para abordar este problema.

Los intentos de aumentar las competencias de la UE en lugar de hacer un uso correcto de las existentes están de sobra. Los conservadores creemos además en una estrategia de orientación al mercado y no en una mayor institucionalización de la UE.

  Glenis Willmott (PSE), por escrito. − El Grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo apoya la mayor parte de esta resolución, en particular la prioridad asignada a las fuentes de energía renovables, la promoción de la energía como una de las piedras angulares de la Política Europea de Vecindad y el llamamiento a una mayor protección contra la contaminación.

Nos hemos abstenido respecto a la cita 12 debido a la renuncia al Tratado Constitucional, lo que hace que dicha cita pierda sentido. Nos hemos abstenido en la enmienda 2 y en el apartado 13 porque consideramos que el nuevo puesto de Alto Representante para la política energética podría crear una confusión innecesaria.

Hemos votado a favor del apartado 62 que mantiene la referencia a la disociación de la producción de energía, porque deseamos ser coherentes con la posición previamente adoptada que considera dicha disociación de la propiedad y de las redes de distribución el instrumento más eficaz para promover las inversiones, el acceso equitativo a las redes y la transparencia del mercado.

- Informe: Lilli Gruber (A6-0322/2007)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) He votado a favor del informe de la señora Gruber.

Recibo con satisfacción la preparación de una directiva marco general, de la directiva sobre las condiciones de entrada de trabajadores muy cualificados, de la directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores estacionales, y de la directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de trabajadores en prácticas remunerados.

Es manifiestamente obvio que la Unión Europea debe establecer reglas precisas y regular activamente la admisión de quienes vayan a trabajar en su territorio. Todos sabemos que Europa está experimentando ya un «invierno demográfico» y que necesita urgentemente mano de obra procedente de países no miembros; sin embargo, es absolutamente esencial que admitamos únicamente mano de obra cualificada, y propongo que seleccionemos aquellas profesiones en las que escasea la mano de obra en el mercado laboral europeo. Debemos ser coherentes a este respecto; de otro modo, si aceptamos irreflexivamente una inundación de la Unión Europea con mano de obra no cualificada, podríamos afrontar los problemas surgidos del estilo de vida apático de los inmigrantes sin empleo, que posteriormente cometen delitos y participan del comercio ilegal y de la economía sumergida al margen de la ley, y a menudo se ven envueltos en el tráfico de drogas y de seres humanos; también forman guetos y suelen terminar integrándose en grupos terroristas.

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe porque en el Parlamento quedó claramente establecido que seguirá siendo cuestión de los Estados miembros decidir quiénes y cuántos trabajadores inmigrantes serán aceptados en su territorio soberano. Si se introduce la «tarjeta azul», es importante asegurar que se aplique como un instrumento de control para trabajadores muy cualificados que residan en la UE, permitiendo la residencia temporal —no permanente— en la totalidad de la Unión Europea.

Quisiera dirigir una propuesta al Comisario Frattini —quien, desafortunadamente, ya no está presente— por parte del Partido Popular Europeo: que la «tarjeta azul» se marque con un símbolo nacional adicional, como podría ser la bandera, que identifique cuál de los Estados miembros ha emitido el permiso de residencia y de trabajo.

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). – Señor Presidente, aplaudo y felicito a mis compañeros Lilli Gruber y Javier Moreno. En mi situación de minusválido sobrevenido temporal he tenido que recurrir a un contrato de auxilio de un inmigrante y he comprendido más, si cabe, lo que nos decía el señor Lobo Antunes hoy aquí de que son necesarias la solidaridad y la humanidad, pero también la explicación que nos ha dado el señor Frattini de un respeto exquisito de la legalidad.

He pensado en mis soledades muchas veces que Don Quijote, el gran personaje, el mejor personaje de la literatura de todos los tiempos, no existiría sin Sancho y hoy, Sancho, sin duda, sería un emigrante que auxiliaría.

Por tanto, respeto siempre a la legalidad, respeto a los seres humanos.

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, no he aprobado el informe Gruber sobre el plan de política en materia de migración legal, efectivamente, por dos razones principales. En primer lugar, no creo que sea sensato fomentar una fuga de cerebros desde los países más pobres a Europa a una escala todavía mayor a la que en cualquier caso ya está teniendo lugar. No creo que sea provechoso para nadie, y ciertamente no lo es para los países más pobres.

En segundo lugar, no deja de sorprenderme la ingenuidad con la que este Parlamento considera el tema de la inmigración, como una especie de solución al innegable problema demográfico de Europa. En cualquier caso, no se ha pronunciado una sola palabra acerca del enorme coste de la inmigración para los países de acogida, ni tampoco sobre el hecho de que debemos mantenernos más alerta que nunca para conservar nuestra cultura europea, nuestros valores y normas, que se encuentran bajo presión creciente debido al flujo masivo de inmigrantes procedentes de otras culturas. Al igual que el resto de problemas, esto también supone un coste económico. Actualmente, en nuestra capital europea, Bruselas, alrededor del 53 % de los habitantes son de lo que podría denominarse origen no belga; para el año 2050, dicho porcentaje amenaza con alcanzar el 75 %. No necesitamos nuevas inmigraciones en masa, sino todo lo contrario.

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Señor Presidente, en el informe Gruber, el Parlamento mantiene su enfoque económico cuantitativo, particularmente unilateral, hacia el problema de la inmigración. Rechazo categóricamente la afirmación de que únicamente una nueva oleada de inmigrantes puede garantizar el futuro económico de Europa, y deseo señalar que la inmigración es mucho más que únicamente una representación de cifras y gráficos. Las propuestas de este informe únicamente conseguirán empeorar los ya graves problemas de integración. Hay que haberlo leído para creerlo. Mientras que parte de la población de inmigrantes no desea trabajar ni reciclarse, hay quienes realmente desean establecer un centro de información y gestión para la migración en Malí. Es innegable que muchos de los trabajadores también llamados temporales desaparecerán en la ilegalidad en cuanto expire su permiso, como ocurre ahora. La experiencia, por ejemplo en Suiza, muestra claramente que los miembros de las familias de los trabajadores estacionales continúan llegando de manera ilegal.

Por último, pero no por ello menos importante, lo cierto es que una mayor inmigración legal de personas muy cualificadas conduciría, innegablemente, a una mayor fuga de cerebros de los países en desarrollo, con todas las consecuencias que ello conlleva.

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, he votado a favor del informe Gruber, puesto que ha incluido verdaderamente numerosas cuestiones planteadas por el Grupo del PPE-DE y por mí mismo; sin embargo, aunque reconozco que la integración es importante, creo que debe tener lugar con el consentimiento de nuestros ciudadanos; por consiguiente, tanto como de integración, existe necesidad de firmeza y de resolución en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, los Estados miembros deben aplicar la norma que estipula que si los inmigrantes no pueden demostrar su capacidad para mantener a su familia, deben ser repatriados transcurridos tres meses, lo que no se está aplicando en algunos países, y de no hacerlo así, el descontento que experimentan los ciudadanos desproveerá de sentido cualquier iniciativa europea en materia de integración.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de incluir puntos importantes sobre cuestiones de inmigración que hemos venido defendiendo durante mucho tiempo, el informe no sólo no denuncia las políticas y directrices actuales de la UE —que criminalizan y reprimen a los inmigrantes— sino que, de hecho, conforma otro aspecto de las mismas.

Concretamente, el informe adopta como propio el concepto de la existencia de diferentes «categorías» de inmigrantes —como los «muy cualificados», los «estacionales» y otros— y su gestión de acuerdo a las necesidades laborales de los diversos países de la UE, particularmente mediante la creación de una tarjeta azul: qué punto de vista más deshumanizador de la inmigración y los inmigrantes.

Además, el informe aboga por la creación de una política común en materia de migración que consideramos inadecuada y poco realista, dados los resultados de otras políticas «comunes» y de las diferentes situaciones existentes en los Estados miembros. Reiteramos que la política de migración es responsabilidad de cada país y de sus instituciones democráticas.

Como hemos manifestado, no se necesita una política común, pero sí otra política en un marco de cooperación entre los Estados miembros, que promueva los derechos de los inmigrantes, particularmente por medio de la ratificación de la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Al considerar que «la situación futura de los mercados laborales de la UE se caracteriza, en términos generales, por necesitar una inmigración legal», la señora Gruber, al igual que el señor Sarkozy en Francia, pretende dar una justificación económica a las políticas de inmigración que se están aplicando en nuestros diversos Estados miembros. Sin embargo, la mayor parte de la mano de obra procedente de los países que han progresado lentamente se encuentra deficientemente equipada para los empleos que nuestras economías necesitan; además, debe recordarse que la inmigración legal no es la de trabajadores, sino la de personas, fundamentalmente.

Esta política, que está aportándonos cerca de dos millones de nuevos inmigrantes cada año se está tornando, realmente, en una colonización de Europa. De aquí al año 2050 se habrá triplicado la población de origen no europeo, que ya representa a unos 40 millones de personas. Con la adhesión de Turquía, la Europa construida por Bruselas incluirá a 220 millones de asiáticos y africanos, que en su mayoría pertenece al mundo musulmán.

Esta colonización de la población constituye una amenaza letal para los valores cristianos y humanistas de nuestra civilización. Si tenemos que proteger el derecho legítimo de los pueblos de Europa a la autodeterminación y a seguir siendo ellos mismos, tenemos que restablecer nuestras fronteras, revertir el flujo de inmigrantes e introducir políticas preferentes orientadas a proteger la familia y la natalidad. Necesitamos una nueva Europa, una Europa «europea», una Europa de naciones soberanas, pues es lo único que puede garantizar nuestro derecho a defender nuestra cultura e historia.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) El hecho de que en la UE vivan alrededor de 18,5 millones de nacionales de terceros países demuestra claramente que Europa necesita una política común en materia de inmigración. Debemos disipar las preocupaciones y los temores de nuestros ciudadanos acerca de la inmigración y mostrarles que una inmigración regulada y sensata es totalmente necesaria para algunos sectores en Europa. Sin embargo, no comparto el punto de vista, presentado aparentemente como dogma de fe por los conservadores en particular, de que el problema del cambio demográfico deba vincularse al del mantenimiento del modelo social europeo. En su lugar, lo que se necesita es el lanzamiento de un debate sobre el alcance al que la generación de la riqueza, que se ha incrementado sustancialmente a lo largo de toda la economía europea y que debe considerarse de modo independiente del cambio demográfico, debería realizar una aportación al modelo social europeo que estuviera basada en la solidaridad.

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Me he abstenido de votar sobre la enmienda 8 puesto que, aunque reconozco que el problema de la fuga de cerebros desde los países en desarrollo hacia Europa es muy serio, desconfío de la motivación del Grupo ITS para presentar dicha enmienda. Debemos esforzarnos por impedir que los trabajadores muy cualificados abandonen sus propios países en masa causando de esa forma un perjuicio económico pero, ciertamente, tampoco debe tratarse de oponerse por sistema a la inmigración a Europa.

  David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface este informe, destinado a hacer más fácil la vida de los inmigrantes legales. A pesar de su estatuto jurídico, estos inmigrantes suelen padecer discriminación, sea o no deliberada. El ponente reclama una serie de medidas para los inmigrantes legales, incluyendo la mejora de sus derechos laborales, el traspaso de los derechos de pensión y de seguridad social, el reconocimiento de las cualificaciones, unos visados de larga duración y de múltiples entradas, todas las cuales cuentan con mi apoyo.

  Mary Lou McDonald, Søren Bo Søndergaard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. − Nuestro voto de hoy refleja nuestro deseo de que Europa adopte una estrategia para la inmigración eficaz, humana y basada en los derechos. Todas las categorías de inmigrantes deben ser tratadas por igual y en consonancia con los niveles más elevados de los derechos humanos y de la dignidad.

Por otro lado, como principio general, los Estados miembros de la UE deberían admitir a los inmigrantes en función de las necesidades de estos últimos, y no solamente en función de las necesidades de sus economías. La política de inmigración europea no debe contribuir a la pérdida de cualificaciones esenciales, a la fuga de cerebros, en los países en desarrollo. Los Estados miembros y la Comisión no deben aplicar políticas que socaven su desarrollo.

  Erik Meijer y Esko Seppänen (GUE/NGL), por escrito. − Hemos votado a favor de la enmienda 8. En general nuestras opiniones están muy alejadas de las del grupo que la presentó, especialmente en lo relativo a los refugiados, inmigrantes y minorías étnicas o religiosas. ITS trata de bloquear la admisión de refugiados que están en peligro, y nosotros, por el contrario, tratamos de ayudar a estas víctimas de la represión, de las catástrofes y de la pobreza. Por eso comprendemos perfectamente que la mayoría de nuestro grupo no desee apoyar las enmiendas de ITS sobre la inmigración. A diferencia de la situación de los refugiados y de las formas de inmigración tradicionales, en el caso de la pretendida atracción de los trabajadores altamente cualificados los Estados miembros están creando un problema para sus países de origen. Las personas cualificadas de países como la India, Sudáfrica o Brasil son muy necesarias allí para el desarrollo que necesitan. Ahora vemos que estos problemas están surgiendo incluso dentro de los últimos Estados miembros de la EU, Rumanía y Bulgaria, que están cediendo rápidamente sus médicos e ingenieros a los países más ricos. Los países privilegiados y las empresas están robando los cerebros de estas personas. Y como no queremos contribuir a esa fuga de cerebros, hemos votado a favor de la enmienda.

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), por escrito. − (DE) En algunos apartados, el informe Gruber considera a la inmigración únicamente en términos de la utilidad de los trabajadores inmigrantes como capital. Por ejemplo, el informe subraya «la importancia del desarrollo de unas relaciones laborales estables y legales entre empresas y trabajadores para mejorar la productividad y la competitividad de la UE» e «invita a la Comisión a considerar los efectos que la migración circular podría tener al respecto».

Mientras que las medidas represivas contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo no encuentran oposición, apoya «toda medida dirigida a aumentar el atractivo de la Unión Europea para los trabajadores más cualificados con vistas a satisfacer las necesidades del mercado laboral de la UE para garantizar la prosperidad de Europa y el cumplimiento de los objetivos de Lisboa».

Asimismo, mientras que debe evitarse el «riesgo de la fuga de cerebros», se prevé el «retorno» para los inmigrantes que únicamente pueden entrar en la «Fortaleza» Europa de manera ilegal. Por lo que respecta al respaldo de un plan de política en materia de migración legal, un enfoque clave se centra en los procedimientos de admisión «aptos para responder con prontitud a las demandas fluctuantes del mercado de trabajo».

La inmigración no puede regularse atendiendo a criterios de su utilidad como capital para la UE. En lugar de la inmigración para beneficio de las empresas europeas, la prioridad deben ser los derechos humanos y fundamentales de los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Rechazo la categorización de las personas basada en criterios de utilidad.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) Con demasiada frecuencia, el debate sobre la inmigración se centra en las cuestiones relativas a los flujos ilegales y, por lo tanto, suele olvidar a la migración legal, que realiza una importante contribución a nuestra economía y a nuestro enriquecimiento cultural.

En ese contexto, estamos de acuerdo en dos conceptos fundamentales: una política clara y eficaz en materia de inmigración legal es una de las claves para resolver el problema de la inmigración ilegal, así como también resulta esencial facilitar una bienvenida generosa basada en principios comunes que promuevan la integración y la adaptación de los recién llegados. Sin embargo, también es necesario reconocer que los flujos migratorios, las comunidades emigrantes y los países de acogida tienen tradiciones, costumbres y memorias históricas diferentes, y que dichas diferencias no pueden ignorarse.

Otra cuestión de este debate es la migración cualificada. La idea de una tarjeta azul que facilite la entrada y la circulación podría resultar interesante, aunque parece demasiado compleja. En cualquier caso, la cuestión central debe ser el factor de atracción, particularmente a nivel académico; por lo tanto, es esencial conseguir que las instituciones educativas sean conscientes de la necesidad de atraer a estudiantes de otras partes del mundo. Ciertamente, apoyo este objetivo.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) El Partido Verde sueco apoya y desea una política liberal de inmigración, y hay numerosos puntos positivos en el informe que pretenden alcanzar ese objetivo. Sin embargo, creo que una directiva marco en este ámbito reducirá las posibilidades para que las personas emigren, y no al revés; además, la propuesta plantea el riesgo de intensificar la fuga de cerebros que afecta actualmente a los países en desarrollo y que está siendo cínicamente explotada por la UE para su propio desarrollo. Por todo ello, he optado por la abstención en la votación final.

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), por escrito. − Es una falacia peligrosa el que los cambios demográficos en la población de nuestros países requieren una inmigración a gran escala de gentes procedentes de sociedades y culturas diferentes, muchas veces hostiles, con todas las implicaciones que ello conlleva para nuestra cohesión e identidad nacional, para la plena integración de nuestra población inmigrante afianzada, para nuestros servicios públicos y para la salud y seguridad públicas.

Me opongo totalmente a la transferencia de competencias o de responsabilidades de las autoridades nacionales a la UE en relación con el control de nuestras fronteras nacionales y con la política de asilo e inmigración. En consecuencia he votado en contra del informe.

- Informe: Javier Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque el Parlamento Europeo ha acordado en él una exhaustiva estrategia para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. Como Parlamento Europeo, hemos emitido de esa forma un mensaje claro de que «ilegal» significa lo mismo que «no legal», por lo que debe abordarse en consecuencia. En mi opinión, es especialmente importante haber clarificado que no habrá una asignación de inmigrantes ilegales basada en cuotas a lo largo de todos los Estados miembros, y que ya no se permitirán legalizaciones en masa como las que se han venido presenciando en los últimos años, lo que asegura que no se produzca un «efecto llamada» y lo que permite abordar también, indirectamente, el tráfico de seres humanos.

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Señor Presidente, el informe sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países que acabamos de aprobar no es, ciertamente, el peor informe que hayamos aprobado nunca, y de hecho incluye recomendaciones muy interesantes, pero sigo pensando que no consigue explicar claramente la totalidad de la situación, por lo que no he votado a su favor.

El problema de la inmigración en Europa amenaza con convertirse en el problema del siglo —quizá ya lo sea— y la inmigración ilegal contribuye a ello de manera significativa. Por consiguiente, podríamos haber esperado la adopción de un punto de vista mucho más firme, especialmente frente a las sucesivas oleadas de regularizaciones que han tenido lugar en diversos países de Europa; después de todo, el efecto que han tenido es el de absorber personas que, finalmente, acaban distribuyéndose por la totalidad de la Unión, en todos los Estados miembros.

En realidad, es un hecho bastante simple y deberíamos tener el valor de expresarlo en palabras. No puede tolerarse la inmigración clandestina. Los inmigrantes clandestinos deben ser localizados, y debemos ser determinantes para devolverlos a sus países de origen de una manera digna. Quienes no tengan el valor de decirlo así, y por tanto tampoco lo tendrán para hacerlo, ocasionarán enormes problemas que, finalmente, costarán muy caros a nuestra prosperidad y a nuestra civilización.

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Señor Presidente, la revisión del informe Moreno Sánchez trae automáticamente a la memoria el dicho neerlandés de «zachte heelmeesters maken stinkende wonden», que viene a significar algo así como «a grandes males, grandes remedios». Como ha manifestado ya mi colega, el señor Vanhecke, aunque algunas de las propuestas del informe representan un paso en la dirección correcta, en general el Parlamento continúa adoptando un enfoque indolente, que no presagia nada bueno para una política europea firme y eficaz de cara a combatir la inmigración clandestina. Por ejemplo, el Parlamento no ha logrado sostener con claridad que las medidas de regularización puestas en práctica en muchos países europeos son realmente una de las causas más importantes, si no la más importante, de la inmigración clandestina, debido al «efecto llamada» que crea en los países de origen de los inmigrantes.

No debería regularizarse a los inmigrantes clandestinos, sino que debería procederse a su localización y expulsión de una forma humana, pero firme. Contrariamente a lo que el Parlamento insinúa, la proclamación explícita de este mensaje político no tiene nada que ver con la también llamada «xenofobia». Además de una firme política de expulsión, controles fronterizos más estrictos y acuerdos con los Estados para devolver a sus nacionales, los centros de refugiados de la región de origen deberían poder ofrecer cierto alivio, pero esto también ha sido rechazado por el Parlamento, motivo por el que he votado en contra de este informe.

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh e Inger Segelström (PSE), por escrito. − (SV) Los socialdemócratas deseamos una inmigración humana y una política para los refugiados de la UE basada en la solidaridad, lo que pretende incrementar la movilidad a través de las fronteras de manera responsable y garantiza protección para todos los que la necesitan. Sin embargo, no deseamos una fuerza de control fronterizo permanente financiada por la UE, pues los Estados miembros tienen la responsabilidad de proteger sus propias fronteras. Los despliegues comunitarios deberían estar supeditados a la necesidad y basarse en la investigación. Por consiguiente, optamos por la abstención en la votación sobre el apartado 37.

Por lo que respecta al apartado 18, sobre una revisión del principio básico del Reglamento «Dublín II», pensamos que está justificado mantener un debate sobre dicho principio, pero que debería llevarse a cabo en un contexto más amplio, como parte de un debate sobre la política común de inmigración y para los refugiados en su conjunto.

  Gérard Deprez (ALDE), por escrito. – (FR) Apoyo totalmente este excelente informe, y quisiera añadir tres comentarios personales sobre esta materia.

En primer lugar, debemos librarnos de la ilusión de que una política activa sobre la inmigración legal detendrá el flujo ilegal de inmigrantes a nuestros países. Una política activa sobre la inmigración legal vendrá determinada, por definición, por nuestras propias necesidades, mientras que la inmigración clandestina responderá a las necesidades de aquéllos —y actualmente son decenas de millones, principalmente en África— que desean llegar aquí para escapar de la guerra, la persecución, la pobreza o, simplemente, de la falta de perspectivas de futuro para ellos y para sus hijos.

En segundo lugar, el control de las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes ilegales continuarán siendo, desafortunadamente, prioridades políticas durante muchos años porque, en realidad, el tráfico de la miseria humana se encuentra en manos de bandas delictivas; por lo tanto, la lucha contra la inmigración clandestina no se dirige «contra» los inmigrantes clandestinos como tales: forma parte de la batalla contra el crimen organizado, que es algo que tenemos que ganar juntos.

En tercer y último lugar, debemos, al mismo tiempo, perseverar en nuestros denodados esfuerzos por combatir la pobreza, lo que únicamente puede conseguirse mediante el codesarrollo en África.

  Patrick Gaubert (PPE-DE), por escrito. – (FR) Recibo con satisfacción la adopción de este informe, que presenta una visión equilibrada y realista del problema de la inmigración y que ha alcanzado un amplio consenso, como esperaba el ponente.

El informe se ha presentado justo en el momento apropiado, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos y los esfuerzos que realizan los Estados miembros, uno tras otro, por adaptar su legislación con el fin de sobrellevar la afluencia de inmigrantes de la mejor manera posible.

En realidad, todos sabemos que la escala del fenómeno de la migración supera la capacidad de los países en cuestión para controlar estas circunstancias de manera individual y que, en consecuencia, se necesita un enfoque global y coherente a escala europea, como el informe afirma muy acertadamente.

El texto presenta una serie de prioridades: la lucha contra el tráfico de seres humanos, el respeto por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales al aplicar las medidas para impedir la inmigración ilegal, el fortalecimiento de la cooperación con terceros países, la firmeza al emprender los pasos necesarios para combatir el empleo ilegal y, finalmente, la necesidad de una política de retorno responsable.

Por tales razones he apoyado la adopción del informe durante la votación final en el Pleno.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de incluir ciertos puntos con los que estamos de acuerdo, el presente informe asume también el punto de vista represivo y orientado hacia la seguridad de la «inmigración clandestina».

Aunque no tanto respecto a ciertos aspectos, el informe aboga por desarrollar los ejes principales de las decisiones y directrices actuales de la UE en materia de inmigración, incluyendo: la denominada «política europea en materia de retorno» o, en otras palabras, la repatriación; la actividad de Frontex en términos de control y patrullaje de las fronteras; los denominados «centros provisionales de acogida»; el desarrollo de instrumentos biométricos, o los denominados «acuerdos de readmisión». Asimismo, propone el establecimiento de «patrullas europeas», un «Sistema Europeo de Vigilancia» en las fronteras marítimas, e incluso un «sistema automatizado que gestione las entradas y salidas en el territorio de la UE».

En otras palabras, el informe pretende reforzar la política de la UE orientada a la seguridad y criminalizadora de la «inmigración clandestina», convirtiéndola en una política europea común represiva, que implica siniestros sistemas de información y que incluye medidas e infraestructuras para la detención y expulsión de los inmigrantes, algo que rechazamos totalmente.

Fue la aplicación de una política represiva semejante la que condujo a que las autoridades de un Estado miembro juzgaran a siete pescadores tunecinos por haber salvado la vida a cuarenta y cuatro personas en el mar, a pesar de que tal acción respeta el Derecho marítimo internacional.

  Carl Lang (ITS), por escrito. – (FR) Las cifras oficiales lo atestiguan: Europa está siendo inundada por inmigrantes ilegales y ha demostrado ser totalmente incapaz de controlar sus fronteras exteriores. El informe anual que presentó las actividades de Eurodac en 2006, el instrumento biométrico de que se vale Europa para controlar las solicitudes de asilo, muestra que la cifra registrada de personas que cruzaron clandestinamente alguna de las fronteras exteriores de Europa ascendió en un 64 % respecto al año 2005.

El informe presentado por el señor Moreno expone una serie de enfoques que se supone ponen fin a este fenómeno, que crece a ritmo exponencial, pero creo que son tan ineficaces como cualquier otro, por no decir contraproducentes.

Por ejemplo, ¿cómo podemos sentirnos satisfechos con la idea de que favorecer la inmigración legal, y hacerlo principalmente mediante la tarjeta azul europea que consistiría, esencialmente, en un permiso de trabajo europeo para los inmigrantes, reducirá el nivel de inmigración ilegal? Es una insensatez. Si se abren las puertas a unos cuantos, se están abriendo para todos.

¿De qué sirve entonces establecer una base de datos biométricos para combatir la inmigración ilegal? ¿Para qué destinar un mayor número de efectivos y recursos a la Agencia de control de fronteras europeas, Frontex, cuando las fronteras en cuestión, ya sean interiores o exteriores, no están recibiendo la protección adecuada por parte de los Estados miembros?

Una vez más, las autoridades europeas han conseguido identificar el problema con éxito, pero se han mostrado incapaces de resolverlo, arrastradas por una ideología basada en el «inmigracionismo» y la internacionalización.

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), por escrito. − (PL) Señor Presidente, la inmigración, tanto la legal como la ilegal, ha quedado reconocida como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea. Totalmente aparte de los aspectos procedimentales y jurídicos, la trágica dimensión humana de este fenómeno se torna cada vez más patente. He visitado centros para refugiados africanos en Malta y he debatido estas cuestiones con los servicios que patrullan el Mediterráneo y con los funcionarios responsables. Fue mientras estaba allí cuando se convirtió en noticia la tragedia de una familia chechena ocurrida en la región polaca de Bieszczady, lo que confirma la naturaleza universal de este fenómeno. Viniendo, como yo vengo, de un país que durante siglos fue fuente de emigración política y económica, es difícil permanecer indiferente ante la tragedia de los refugiados, para quienes la Unión Europea representa una tierra prometida.

Tal es la perspectiva desde la que considero los dos informes en los que se basa el presente debate en el Parlamento Europeo; estos documentos proporcionan una visión general de la magnitud del problema de la inmigración y del estado actual de la política comunitaria al respecto. Estoy de acuerdo con la premisa de que, debido a sus circunstancias demográficas, Europa necesita canales controlados de inmigración que puedan compensar la escasez de mano de obra y reducir así el alcance de la economía sumergida y los problemas que conlleva.

Todas estas cuestiones han sido reconocidas por Frontex, la Agencia especializada de la Unión. Las soluciones propuestas merecen especial consideración, principalmente el denominado «reparto de cargas».

La llegada de una política comunitaria en materia de inmigración, con una sólida base jurídica y financiera se ha retrasado durante demasiado tiempo. ¡Más vale tarde que nunca!

  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países, y deseo subrayar que el control de la afluencia de inmigrantes a Europa, especialmente procedentes de terceros países, es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los responsables políticos europeos.

En pleno siglo xxi, el tráfico de seres humanos es algo totalmente inaceptable y tenemos que hallar el modo de erradicar esta actividad atroz y poner fin a las tragedias personales que desgraciadamente la acompañan; para ello es esencial abordar el problema de la inmigración ilegal a escala europea, puesto que si un Estado miembro queda abierto a la inmigración clandestina, está ejerciendo presión sobre el resto.

La puesta en práctica de un plan político para la inmigración legal debe incluir la lucha contra la inmigración ilegal, ya que ambas están estrechamente relacionadas.

De lo que carece este informe es de propuestas concretas que nos permitan formular una solución que ponga fin a la inmigración clandestina a gran escala y que disuada a los traficantes. Por ejemplo, en Italia la introducción de cuotas para la inmigración económica no ha reducido el nivel de inmigración ilegal en el país; de hecho ocurre lo contrario, pues el anuncio de cuotas anuales ha desencadenado un incremento del número de inmigrantes ilegales que están dispuestos a arriesgar sus vidas para entrar en el territorio de la Unión Europea.

  David Martin (PSE), por escrito. − Me satisface este informe, que básicamente exige una política firme para combatir la inmigración ilegal, basada en la solidaridad entre los Estados miembros y en la cooperación con terceros países con total respeto a los derechos fundamentales de las personas.

  Andreas Mölzer (ITS), por escrito. − (DE) A pesar de haber recibido una financiación de millones de euros, los países de origen no se muestran inclinados a cooperar. Sin embargo, la repatriación de los inmigrantes ilegales debe convertirse por fin en una obligación. No obstante, también la UE está actuando de manera especialmente negligente cuando no consigue proporcionar recursos adecuados para asegurar sus fronteras exteriores, o acomodar a los inmigrantes ilegales detenidos en centros de acogida con el fin de asegurar que no caigan en la clandestinidad hasta que puedan ser devueltos a sus países de origen, por no hablar de la Agencia de protección fronteriza, ¡que cierra sus puertas durante la principal época del año en que tiene lugar la migración!

Igualmente, Bruselas no ha salido de su letargo ante la amenaza potencial que representan los inmigrantes islámicos. Si la UE no se espabila pronto y pone fin a la influencia de musulmanes radicales y a la inmigración y naturalización de ciudadanos procedentes de países islámicos, no sólo nos veremos obligados a vivir en un estado permanente de temor a posibles atentados terroristas sino que, además, pronto pasaremos a ser forasteros en nuestro propio país.

El presente informe presta insuficiente atención a estas cuestiones, razón por la que —a pesar de los sensatos enfoques que contiene— me veo, desafortunadamente, obligado a rechazarlo.

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. − (PT) La intervención política eficaz en el ámbito de la inmigración ilegal debe incidir sobre dos puntos del problema: el de origen y el de destino; en otras palabras, como se manifiesta en la Resolución adoptada «las autoridades de los países de origen y el refuerzo del marco jurídico penal contra las redes de traficantes, la lucha contra el trabajo ilegal y la trata de personas» constituyen elementos esenciales. Sin la firmeza necesaria en estas áreas, la respuesta será inadecuada, aun cuando implique otras dimensiones, como la cooperación en el desarrollo y la acción en el ámbito de la migración legal.

Además, como hemos manifestado en el informe sobre la estrategia marítima europea, toda política de inmigración que pretenda ser eficaz en el seno de la Unión Europea «exige», como se manifiesta en esta Resolución «el respeto por los Estados miembros de los principios de solidaridad, responsabilidad compartida, confianza mutua y transparencia», con lo que estamos totalmente de acuerdo.

  Carl Schlyter (Verts/ALE), por escrito. − (SV) He votado en contra de este informe en la votación final porque me opongo a FRONTEX y a la policía de fronteras de la UE, cuyo cumplimiento de responsabilidades sería difícil de asegurar. El informe muestra un entusiasmo por incluir en los pasaportes y en los visados datos biométricos, que resultan caros e ineficaces y que suponen, además, una amenaza a la integridad personal. La UE está explotando cínicamente la difícil situación de los refugiados para ganar poder sobre nuestras fronteras.

- Informes: Gruber (A6-0322/2007), Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos hemos votado en contra de los informes sobre inmigración, porque se trata de un asunto que compete exclusivamente a los gobiernos nacionales y a la cooperación intergubernamental. Las referencias al proyecto de Tratado reformado y a la ampliación de voto por mayoría cualificada son una forma equivocada de abordar los problemas con que se enfrenta la UE. La estrategia de «talla única» no funciona en el caso de la inmigración.

  Proinsias De Rossa (PSE), por escrito. − Al insistir en que los cónyuges no comunitarios de los ciudadanos de la UE tienen que haber vivido en otro Estado miembro para tener derecho a la residencia en Irlanda, me parece que el Gobierno está infringiendo la Directiva de 2004. Por otro lado, seleccionar a los cónyuges de los nacionales de la UE no irlandeses para emitir órdenes de deportación es contrario a la legislación de la UE que prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad.

Quisiera recordar a la Comisión que en 2006 informó al Parlamento Europeo que la Directiva de 2006 sobre residencia debía ser interpretada por los Estados miembros con arreglo a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Julio de 2002 (caso nº C/459/99 (MRAX)) y de abril de 2005 (caso nº C/157/03). Estas sentencias establecieron que el derecho de entrada y de residencia en la Comunidad de un nacional de un tercer país que sea familiar de un ciudadano europeo está fundado en dicha relación, y no depende de la legalidad de su residencia anterior en la Comunidad ni de la presentación de un permiso de residencia o de algún permiso expedido por otro Estado miembro. Las acciones de Irlanda son una clara infracción de estas sentencias. Por consiguiente, la Comisión está obligada en virtud de los Tratados a incoar un procedimiento contra el Gobierno irlandés.