Debates

Miércoles 26 de septiembre de 2007 - Estrasburgo

10. Detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos en los que están implicados algunos Estados miembros del Consejo de Europa (informes Fava y Marty) (debate)

  Presidente. − El siguiente punto es el de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre las detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos en los que están implicados algunos Estados miembros del Consejo de Europa (informes Fava y Marty).

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Señor Presidente, Comisarios, señoras y señores, en diciembre de 2005 la Resolución del Parlamento Europeo que solicitaba la formación de una comisión temporal para la investigación acerca del transporte y la detención ilegal de presos reafirmó, y cito textualmente: «su determinación de luchar contra el terrorismo, pero hace hincapié en que la lucha contra el terrorismo no puede ganarse a costa de sacrificar los mismos principios que el terrorismo pretende destruir, y que, en particular, nunca debe peligrar la protección de los derechos fundamentales».

Las anteriores presidencias del Consejo tuvieron la oportunidad, en esta Cámara, de expresar su acuerdo con este sentimiento. No puedo comenzar mi discurso sin subrayar que la actual Presidencia comparte la misma determinación y resolución. Quisiera reiterar que la lucha contra el terrorismo no puede poner en juego nuestros valores y principios sobre la protección de los derechos fundamentales. Se trata, en nuestra opinión, de una cuestión crucial. En la lucha contra el terrorismo, saldremos victoriosos únicamente si permanecemos libres: libres del temor, y de todo abuso o manipulación en nombre del temor. Nuestra arma más poderosa y nuestra protección más eficaz son nuestros valores y principios sobre la protección de nuestros derechos fundamentales.

Aunque el Consejo como tal carece de competencia para expresar una opinión, no habrá un solo Estado miembro de la Unión Europea que no reconozca la importancia de los esfuerzos realizados y de las iniciativas adoptadas en pos de la verdad. Deberíamos recordar que estamos hablando de principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra democracia europea. El descubrimiento de la verdad acabará con el clima de desconfianza; por lo tanto, es esencial que las investigaciones en este ámbito arrojen luz sobre el tema y no conduzcan a una mayor confusión. Las anteriores presidencias que tuvieron la oportunidad de comparecer ante esta Cámara, el Secretario General, el Alto Representante y el coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo no dejaron de cooperar con la comisión temporal del Parlamento Europeo a este respecto.

Por consiguiente, considero que sería totalmente injusto sugerir una falta de compromiso por parte del Consejo o de los Ministros de Asuntos Exteriores; de hecho, debo subrayar las numerosas iniciativas, tanto parlamentarias como legislativas, que los diversos países europeos han adoptado como consecuencia de estos informes.

Por lo tanto, fue absolutamente apropiado actuar en el espíritu del principio de subsidiariedad. Como ustedes saben, en muchos de los ámbitos que ha investigado la comisión temporal, la Unión Europea no ha tenido ningún poder de actuación; me refiero, concretamente, a la supervisión de los servicios de inteligencia, hecho que las anteriores presidencias del Consejo y el Alto Representante, el señor Solana, señalaron a este Parlamento y a su comisión temporal. Ciertamente, podría lamentarse que éste sea el caso, pero el hecho es que los Tratados actuales limitan el ámbito de actuación del Consejo en estas áreas.

No obstante, por nuestra parte, puedo asegurarles que la Presidencia portuguesa no dejará de cooperar activa y constructivamente. Quisiera recordarles la cooperación total y transparente que ha ofrecido el Gobierno portugués, tanto durante las investigaciones realizadas por la comisión temporal de este Parlamento, que completó su trabajo en febrero de este año, como en relación con las iniciativas del Secretario General del Consejo de Europa en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos acerca de los supuestos vuelos de la CIA y de los centros de detención ilegal situados en Europa.

Como es bien sabido, aunque el Consejo no haya adoptado una posición como tal sobre los informes de los señores Fava y Marty bajo la égida del este Parlamento y del Consejo de Europa, respectivamente, ello no significa que los ignore; de hecho, el Consejo ha defendido activa y positivamente los derechos humanos y el Derecho internacional en la política exterior de la Unión Europea.

Hemos mantenido en todo momento que la protección de los valores fundamentales del Derecho internacional requiere un diálogo serio y en profundidad sobre los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. A este respecto, la UE ha destacado que deben respetarse y salvaguardarse los derechos humanos, los derechos de los refugiados y el Derecho humanitario internacional. El Consejo seguirá realizando un estrecho seguimiento de los avances realizados en lo que respecta a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y tomará las medidas apropiadas para velar por su protección; asimismo, la UE continúa firmemente comprometida con la prohibición total de la tortura y de los tratos o penas inhumanos y degradantes.

Nuestras acciones se rigen por este objetivo y siempre plantearemos ante terceros países la preocupación que suscita este problema. La UE y sus Estados miembros han indicado claramente que la existencia de cualesquiera centros secretos de detención donde se mantenga a los detenidos en un vacío jurídico no es conforme al Derecho humanitario internacional. Las Directrices de la política de la UE en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes estipulan claramente que los Estados miembros deben prohibir que existan lugares secretos de detención y garantizar que todas las personas privadas de libertad se encuentren en lugares reconocidos de detención y que se conozca su paradero. Dichas Directrices proclaman también que ninguna persona sea obligada a volver a un país en el que corra el riesgo de sufrir torturas o malos tratos.

Es de conocimiento general que los problemas en cuestión, que implican la competencia para el control de los aeropuertos, la inspección y los servicios de inteligencia recae, fundamentalmente, en el ámbito de responsabilidad y control de los Estados miembros. Es cierto que el Centro SitCen lleva a cabo análisis periódicos utilizando información proporcionada por los Estados miembros, pero no cuenta con jurisdicción operativa sobre las denominadas actividades «de inteligencia». Cabe destacar que los Estados miembros de la UE afrontaron también la complejidad que, a este respecto, caracteriza al sistema de clasificación y tramitación de las solicitudes de autorización para realizar sobrevuelos, aterrizajes e inspecciones en tierra; se trata de un nuevo desafío para todos. Por nuestra parte, el Gobierno portugués no sólo ha llevado a cabo este proceso de recopilación de datos, en ocasiones arduo y muy lento, sino que también ha establecido un grupo de trabajo para evaluar los numerosos procedimientos y proponer mejoras cuya importancia fue debidamente reconocida por el informe final adoptado por este Parlamento en febrero.

Debo señalar que hemos otorgado particular importancia al trabajo llevado a cabo por el Secretario General del Consejo de Europa y que hemos tomado debida nota de los informes presentados por el señor Marty. El cuestionario y las recomendaciones desarrollados por el Secretario General del Consejo de Europa en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permitió también, en Portugal y creo que en otros Estados miembros, realizar una evaluación sin precedentes de los marcos jurídicos nacionales, de las garantías y de los mecanismos de control en su conjunto, incluyendo los análisis de procedimientos para clasificar, verificar e inspeccionar las solicitudes de autorización de sobrevuelos y aterrizajes de aviones en territorio nacional.

En el caso de Portugal, ciertamente han conducido a mejoras institucionales, técnicas y operativas. En cuanto a las recomendaciones realizadas por el Secretario General del Consejo de Europa sobre las garantías de control, la interpretación predominante entre sus miembros era que las iniciativas en curso no deberían conducir a una duplicidad legislativa innecesaria o a la asignación de nuevas competencias al Consejo de Europa.

Por otra parte, parece haber consenso en que existe margen para una aplicación más eficaz y un seguimiento más escrupuloso de los mecanismos existentes. Creo que si estas investigaciones fueran llevadas a cabo con mayor rigor y serenidad sus conclusiones serían más eficaces. A pesar de que siempre es recomendable mantener el rigor y no confundir los hechos con las acusaciones, sino tratar de observar cierta moderación en el lenguaje utilizado dada la importancia de los valores en cuestión y el buen nombre de las democracias europeas, la verdad es que todas estas iniciativas tienen alcance y significado. Por lo tanto, debe proseguirse en su consecución, particularmente en un momento en que se ha hecho esencial analizar, de una manera seria y honesta, los nuevos dilemas que plantea la amenaza terrorista; por ejemplo, el dilema de la seguridad frente a la libertad. Además, existe una necesidad creciente de obtener una respuesta del Derecho internacional a las difíciles cuestiones planteadas por la lucha contra una amenaza sin precedentes.

Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, consolidar el área de libertad, seguridad y justicia basado en el Programa de la Haya y en el plan de acción respectivo es una de las prioridades principales del programa conjunto, de dieciocho meses de duración, de las Presidencias alemana, portuguesa y eslovena. La lucha contra el terrorismo es, a este respecto, uno de los principales desafíos por el que las tres Presidencias han definido el objetivo de intensificar la cooperación en este ámbito mediante la continua puesta en práctica de la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo. Como ustedes saben, el señor Gilles de Kerchove ha sido nombrado recientemente nuevo Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo y, como sus antecesores, será capaz de proporcionar a esta Cámara toda la información que precise.

Debo también aprovechar esta oportunidad para recalcar que la cuestión del respeto por los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo se ha planteado específicamente en el diálogo transatlántico, especialmente en la última Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos celebrada en abril, cuando se presentaron las conclusiones del Consejo Europeo de fecha 11 de diciembre de 2006.

Portugal ha manifestado claramente su compromiso de promover la continuidad y la extensión de este diálogo, que considera clave para ambas partes, mientras mantenga la presidencia del Consejo.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, yo también quisiera expresar mi agradecimiento al representante del Consejo. Señoras y señores, desde el comienzo, la Comisión —y yo mismo—, hemos seguido y apoyado el trabajo de la comisión temporal del Parlamento Europeo sobre este tema, bien conocido, y sobre la gravedad de las acusaciones y de los incidentes en cuestión.

Obviamente, la gravedad de estos incidentes como tales, incluso el mismo hecho de imaginar que puedan haber ocurrido, torna esencial la cooperación entre las tres instituciones, Comisión, Parlamento y Consejo. Ciertamente, deberíamos reiterar, una vez más —y me satisface hacerlo así— que la batalla contra el terrorismo debe librarse desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho, pues son las dos condiciones necesarias para el funcionamiento de la democracia.

En este espíritu, creo que los traslados ilegales de detenidos y la hipótesis de que existe un número mayor o menor de lugares de detención secretos —si tales hechos fueran demostrados convenientemente— constituirían, no cabe duda, una grave violación del Derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales. Todos somos conscientes de que los miembros de la Unión Europea, en su totalidad, tienen la obligación de respetar los importantes principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y especialmente los artículos 5 y 6.

Sin duda, esperamos que estos incidentes sean concienzudamente investigados en los Estados miembros, investigaciones que, obviamente, deben ser llevadas a cabo por las autoridades judiciales competentes. Aunque ya se haya manifestado claramente en diversas ocasiones, tanto en el informe del señor Fava como en el del Consejo de Europa, hay un punto que debe quedar claro: un informe parlamentario puede exponer los hechos, pero el Parlamento, naturalmente, no tiene ni la facultad ni el deber de llevar a cabo una investigación judicial.

Es obvio que cuando se cita un testimonio procedente de fuentes desconocidas, el Estado de Derecho —que debemos respetar— dicta que las investigaciones sean confiadas a tribunales libres e independientes; son ellos los que tienen el deber de revelar las fuentes de las que procede la acusación. Evidentemente, acusar a un Estado miembro o a un individuo sin revelar las fuentes para dicha acusación es un principio admisible en un informe parlamentario, pero no en una investigación judicial, por lo que espero que continúen las investigaciones judiciales, como está ocurriendo en algunos Estados miembros, incluyendo en mi propio país. Sin embargo, y evidentemente, debe realizarse un seguimiento del informe, por lo que enumeraré las iniciativas que creo que pueden contribuir a dicho seguimiento.

El 23 de julio escribí a los Gobiernos polaco y rumano, recordándoles su deber de mantener una investigación completa y exhaustiva, y solicitándoles información detallada sobre si habían comenzado las investigaciones y cuál había sido su resultado. Espero que ambos Gobiernos respondan, y no duden de que les informaré de sus respuestas, especialmente porque creo que la transparencia y la verdad exigen que cuando se acusa a alguien de algo, debe contar con todos los medios jurídicos para explicar y demostrar que la acusación es falsa, cuando no de confiar la investigación a un tribunal independiente. En mi opinión, redunda en el propio interés de la parte acusada que haya una respuesta muy clara.

El segundo punto es el siguiente: He redactado un cuestionario sobre el terrorismo para todos los Estados miembros, como mencioné en el último período parcial de sesiones. Dicho cuestionario pregunta a cada Estado miembro qué medidas ha adoptado para combatir el terrorismo, cuáles han sido los resultados en cuanto a la eficacia de las leyes nacionales y, en particular, qué nivel de protección de los derechos humanos fundamentales proporciona la legislación nacional. Mi intención es analizar las respuestas y, a continuación, elaborar un informe para el Consejo y el Parlamento sobre la eficacia de las medidas de los Estados miembros contra el terrorismo y de su idoneidad y compatibilidad con el principio del respeto por los derechos fundamentales.

Mi tercer punto guarda relación con el tráfico aéreo. Asumí un compromiso con la Comisión LIBE, por el que prometí examinar un aspecto jurídico de extrema importancia que en el momento actual todavía no se ha abordado: ¿Dónde se sitúa la línea fronteriza entre la definición de una aeronave civil y una aeronave estatal; en otras palabras, una aeronave que no es objeto de los controles habituales realizados a una aeronave civil? Pues bien, dicho trabajo está en curso, como se prometió, y la Comisión Europea va a presentar una Comunicación sobre la aviación general que adoptará antes del fin de este año; o sea, muy pronto y, ciertamente, presentaremos una propuesta para una mejor definición de este concepto de aeronave estatal que, es obvio, a menudo se interpreta de modo que sortee los controles necesarios.

Sin embargo, existe otra iniciativa relativa al tráfico aéreo. Forma parte de una solución general que introduce normas comunes para todos los Estados miembros sobre cada tipo de avión que entre en el espacio aéreo común europeo sin un plan de vuelo. Sin duda, ustedes saben que a partir del 1 de enero de 2009 las normas que ponen en práctica el denominado «cielo único europeo» introducirán requisitos comunes a todos los Estados miembros para los planes de vuelo, por lo que, en este contexto, armonizaremos las normas sobre los planes de vuelo de todas las aeronaves que atraviesen el cielo único europeo o que entren en él, lo que supondrá una ventaja enorme, pues eliminará el tratamiento diferenciado que hemos observado entre los Estados miembros respecto a las actividades de sobrevuelo y aterrizaje.

La otra cuestión es la ratificación del acuerdo de extradición entre Europa y los Estados Unidos. Si ya hubiera existido con anterioridad, como debería haber existido, un acuerdo europeo —que ya hemos firmado pero que todavía no hemos ratificado— hubieran estado mucho más claras las normas sobre la extradición de los prisioneros desde y hacia los Estados Unidos. De lo que estamos hablando aquí es de prisioneros que están siendo investigados o que se encuentran bajo sospecha por motivos de terrorismo. Este acuerdo todavía debe ser ratificado por ciertos Estados miembros; afortunadamente, sólo unos pocos. He hecho otro llamamiento formal a todos los Ministros de Justicia para la ratificación de este acuerdo de extradición europeo con los Estados Unidos lo antes posible.

Queda la cuestión de la supervisión de los servicios de inteligencia, que se aborda en ambos informes, aunque se trata de una cuestión delicada. Creo que lo que cuenta aquí por encima de todo lo demás es la respuesta nacional, aunque pueden destacarse ciertos requisitos comunes. El primero de ellos es reforzar el escrutinio parlamentario en los Estados miembros. Algunos países han adoptado, o están adoptando, leyes nacionales para reforzar considerablemente las facultades de escrutinio de sus parlamentos nacionales sobre las actividades de sus servicios secretos. En mi opinión, deberíamos seguir este camino porque, como podrán apreciar, no puedo imaginar una futura legislación común europea que rija los servicios secretos, aunque sin duda pienso que es extremadamente útil debatir la cuestión.

Para concluir, señor Presidente, creo que debemos continuar debatiendo esta materia, teniendo en cuenta el Estado de Derecho como principio y, ciertamente, el respeto por los derechos fundamentales; pero los derechos fundamentales incluyen también el de no ser acusado si no es sobre la base de una prueba recogida de acuerdo a los procedimientos adecuados.

  Jas Gawronski, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, mi Grupo ha expresado su crítica legítima hacia el informe Marty y ha votado de manera aplastante en contra del informe Fava. Es una lástima porque, al menos sobre materias como el terrorismo y los derechos humanos, esta Cámara debería ser capaz de superar sus divisiones internas y presentar una posición común. Si no lo hemos conseguido es porque, desafortunadamente, el informe Fava ha partido desde un punto de vista preconcebido: ¡la culpabilidad de los Estados Unidos! Así, hemos desperdiciado un año buscando no la verdad, sino una prueba de dicha culpabilidad, omitiendo e incluso ocultando cualquier hecho que pudiera contrarrestar tal punto de vista.

Permítanme exponerles tan sólo un ejemplo práctico y, pudiera decir, escandaloso. Una razón por la que fuimos a Polonia fue para entrevistar a una periodista que había sido de las primeras en informar, un año antes, de la existencia de prisioneros de la CIA en el país. Desafortunadamente, cuando nos reunimos con ella había cambiado de parecer, y cuando digo «desafortunadamente» lo digo en tono irónico. Ya no estaba segura; nos dijo que en la actualidad no hubiera escrito ese artículo. Pues bien, no existe ni rastro de este cambio de parecer en el informe, mientras que está repleto de testimonios de periodistas que comparten la tesis del ponente. Hemos desperdiciado un año para nada, gastando el dinero de los contribuyentes sin descubrir nada más que lo que ya sabíamos gracias a la prensa y a las fuentes oficiales y extraoficiales de los Estados Unidos, y si el mismo Presidente Bush no hubiera revelado la existencia de prisiones de la CIA, nunca hubiéramos podido mantener ese hecho con seguridad.

Comisario Frattini, nos ha dicho que ha remitido cartas a Polonia y a Rumanía pidiendo explicaciones, pero que no ha recibido respuesta. Siempre son malas formas no dar respuesta, pero no me sorprende, puesto que las acusaciones son infundadas. Usted mismo hace referencia en su carta a «información presunta», no a hechos concretos, y las mayores instancias de ambos países han manifestado ya que han investigado y que, en su opinión, no existen prisiones de la CIA, lo que puede ser cierto o no, y cada cual puede pensar lo que desee al respecto, pero como usted mismo ha dicho, señor Frattini, no podemos acusar mientras no existan pruebas.

El hecho es que los informes Fava y Marty contienen demasiadas frases del tipo «es muy probable» y «no puede descartarse», sobre las que basan sus firmes conclusiones. Que nadie venga a decirme, para justificar dicha falta de pruebas, que no somos un tribunal, y que el que emitimos es un documento político, pues deja de ser político cuando se nos invita a considerar si las circunstancias son, o no, lo suficientemente extremas para invocar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

Y ahora, dado que percibo una inclinación en esta Cámara a favor de preparar un nuevo informe sobre la CIA, tengo una recomendación que hacer: dejemos de realizar interpretaciones tendenciosas del pasado, dejemos de investigar esta cuestión sobre la que no hemos descubierto absolutamente nada; dejémoslo para los tribunales —como dijo el Comisario— y los periodistas, que tienen los recursos para investigar y pueden hacerlo mejor que nosotros. Centrémonos en el futuro, en las políticas y en las «recomendaciones» del informe Fava, su única parte aceptable.

Indudablemente, los Estados Unidos han cometido errores; en algunos casos ha violado los derechos humanos, pero es muy fácil no cometer errores cuando no se hace nada por combatir el terrorismo. El terrorismo es un fenómeno nuevo, no contemplado en nuestras leyes, y al que ahora la legislación tendrá que adaptarse. Procuremos promulgar leyes sobre las conductas para prevenir cualquier nueva violación de los derechos humanos, para evitar repetir los errores del pasado y para adaptar nuestras normas y reglamentos a una nueva forma de amenaza global.

Es justo que la Comisión intente llevar a cabo una evaluación general de las medidas adoptadas por los Estados miembros, y el resto de iniciativas anunciadas y lanzadas por el señor Frattini son igualmente aceptables; no obstante, todavía queda mucho por hacer si el problema del terrorismo debe abordarse de manera global, vigorosa y coordinada. Estoy pensando en Internet y en las posibles medidas para prevenir y perseguir las infracciones penales, que puedan evitar la situación paradójica en la que, mientras que los Gobiernos operan independientemente a escala nacional, el terrorismo, por su parte, actúa a escala global valiéndose de Internet y de células terroristas diseminadas por todas partes.

Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para derrotar al terrorismo. Unámonos para ganar esta batalla.

  Claudio Fava, en nombre del Grupo del PSE. – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, hace siete meses que se adoptó mi informe, y desde entonces las únicas señales de que haya tenido lugar algún cambio han sido las procedentes de los Estados Unidos. Una de ellas fue la que nos ha recordado el señor Gawronski: El Presidente Bush declaró el 20 de julio que su Administración continuaría recurriendo a la actividad ilícita de la CIA en forma de secuestros y detenciones extrajudiciales de supuestos terroristas en terceros países que estuvieran dispuestos a cooperar.

La otra señal importante es que el Congreso de los Estados Unidos ha abierto su propia investigación independiente sobre la entrega extraordinaria, lo que nos dice que no estamos abordando un capítulo de la historia, sino cuestiones de actualidad.

Están en curso investigaciones judiciales en cuatro países europeos: España, Portugal, Alemania e Italia. Hasta el momento, se han emitido treinta y nueve órdenes de detención provisional contra otros tantos funcionarios y agentes del servicio secreto de los Estados Unidos. La investigación llevada a cabo por esta Cámara documentó los hechos, no las opiniones. Por ejemplo, es un hecho que algunos de nuestros Gobiernos y servicios de seguridad cooperaron con la CIA para llevar a cabo la entrega extraordinaria. Recordaría al Comisario Frattini que nuestras fuentes, en este caso, no eran anónimas; nuestras fuentes, como indica el informe, fueron las manifestaciones realizadas por los Gobiernos del Reino Unido y de Alemania.

Hemos propuesto 48 recomendaciones, en su mayoría al Consejo, y nos gustaría saber, por su parte, si acaso se ha seguido alguna de ellas durante estos siete meses. Concretamente, hicimos dos solicitudes: invitamos a las instituciones europeas —incluyendo al Consejo— a asumir sus responsabilidades respectivas en virtud de los artículos 6 y 7 del Tratado, y esperábamos que el Consejo ejerciera presión sobre todos los Gobiernos en cuestión para que proporcionaran información completa y exhaustiva, con la posibilidad de concertar audiencias, en su caso, lo que no ha ocurrido. No es cierto que el Consejo no tenga facultades, señor Lobo Antunes; el Consejo tiene las facultades que le confieren los artículos 6 y 7 del Tratado.

Ciertamente, nuestra solicitud podría haberse atendido por la Presidencia alemana y ahora por la Presidencia portuguesa. Apreciamos las iniciativas del señor Frattini, pero no nos satisfacen estas dos presidencias semestrales que, de hecho, han delegado al olvido un año de trabajo de nuestra comisión de investigación. Dado que la opinión pública de nuestros países exige saber la verdad, el silencio del Consejo —y debo decir, de muchos de nuestros Gobiernos— constituye una oportunidad perdida para Europa.

No obstante, esta Cámara no tiene intención de rendirse. Lo siento por el señor Gawronski, pero volveremos sobre esta cuestión. Un informe de propia iniciativa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será nuestra contribución para combatir el terrorismo de modo siempre respetuoso con los derechos humanos, en cualquier lugar y para todos; la presunción de inocencia es el derecho humano número uno, como Cesare Beccaria nos enseñó hace siglos.

  Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, el Parlamento Europeo votó una resolución sobre este tema, el Consejo de Europa votó otro texto sobre este tema, claro y explícito en todos sus detalles, pero, para todos los que tenemos algunos conocimientos jurídicos, sabemos, y no nos sorprende –lo digo con una cierta ironía– que hay una regla en Derecho, especialmente en Derecho penal que obliga a que nadie está obligado a declarar en causa propia. Y eso es lo que nos puede sorprender: que se la estén aplicando a sí mismos el Consejo y cada uno de los Gobiernos.

Ante esta causa, en lugar de actuar, lo que han decidido es mantener silencio, como el procesado que no se defiende pero se niega a aceptar las acusaciones sencillamente manteniéndose pasivo y silencioso.

Es vergonzoso ver al Consejo como institución, y a todos sus miembros actuando de forma colectiva, asumir colectivamente como propia la regla que utilizan en los tribunales de defensa los procesados. El silencio institucional en las responsabilidades por activa o por pasiva, por acción o por negligencia, por convicción o por temor a crearse problemas ante las presiones de un país aliado, ese silencio es una de las vergüenzas de nuestro actual entorno democrático e implica a todos aquellos que lo protagonizan.

También en la Unión Europea es evidente que es difícil aplicar mecanismos de responsabilidad, porque los mecanismos de responsabilidad no están previstos para ser puestos en funcionamiento frente al conjunto de los Estados actuando para protegerse recíprocamente.

Ciertamente nadie pensó cuando se elaboró el Tratado, cuando se elaboraron el artículo 6 y el artículo 7, que nos encontraríamos en un día donde no estaríamos hablando de la violación de los derechos fundamentales o de la pasividad ante la defensa de los derechos fundamentales por parte de un gobierno sino por parte de una institución europea: el Consejo como tal manteniéndose cómplice y pasivo, y la complicidad del conjunto de los Estados. Esa situación no estaba prevista y, es verdad, es su protección.

Frente a eso no tenemos mecanismos jurídicos que nos permitan actuar. Pero la Historia pondrá las cosas en su sitio, señor representante del Consejo, porque la Historia siempre sacará a la luz la vergüenza de este período donde, con el pretexto de proteger nuestra libertad, se ha puesto en peligro todo aquello en lo que esta Unión Europea estaba fundada.

  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) El informe Fava se ha basado en la prueba circunstancial y, en lugar de conclusiones firmes, ha creado simplemente un clima de sospecha hacia los Estados miembros.

El informe Marty fue elaborado de manera todavía menos responsable; todas sus conclusiones se basan en fuentes anónimas y son, por consiguiente, imposibles de verificar. Tal enfoque no puede proporcionar garantía alguna de que el trabajo del señor Marty no haya sido objeto de manipulación por parte de las organizaciones y los servicios reacios a entablar una cooperación transatlántica para vencer al terrorismo. Me siento muy agradecido al señor Antunes por señalar que el Derecho internacional no previene en suficiente medida los problemas relacionados con el terrorismo, y ninguno de los informes objeto de debate ha realizado contribución alguna al respecto. Las investigaciones y las explicaciones oficiales proporcionadas por Polonia respetan los principios del país de control democrático de los servicios secretos que, además, cumplen las normas europeas correspondientes al respecto; por lo tanto, no veo necesidad de repetir este debate.

  Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE. – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, esta Cámara adoptó el informe Fava en febrero de 2007, que incluye una larga lista de recomendaciones en relación con aspectos jurídicos y políticos. Me hubiera gustado ver al Consejo hacer referencia a estas recomendaciones y proporcionar detalles sobre lo ocurrido desde entonces. Si el Consejo no dispone del informe del señor Fava, con mucho gusto le suministraremos otro ejemplar; sin embargo, en ese caso nos encantaría escuchar lo que se haya hecho en relación con tales recomendaciones, principalmente en lo que respecta a la cooperación con los Estados miembros, pero también a la del propio papel del Consejo, sobre el que se centra la atención en este informe.

El señor Dick Marty, ponente del Consejo de Europa, presentó también un segundo informe en julio de este año. Me gustaría limitarme a dos puntos. En este informe, dice que algunos Gobiernos europeos no solamente han obstruido la búsqueda de la verdad, sino que además continúan haciéndolo apelando al concepto de «secretos de Estado»; no se trata más que del abuso del secretismo para proteger a quienes han infringido la ley. Me entristece decir que dirige esta crítica a mi propio país, la República Federal de Alemania, así como a Italia, en concreto. Por otra parte, cita los ejemplos positivos de Bosnia y Herzegovina y de Canadá, que mantiene la condición de observador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, en un segundo punto, menciona expresamente a Polonia y a Rumanía, y hace referencia a estos países en relación con los centros secretos de detención, punto sobre el que también desearía que el Consejo nos proporcionara una explicación de lo ocurrido.

En este caso, no basta con apelar a la subsidiariedad de los Estados miembros, puesto que aquí estamos abordando valores europeos comunes. Llamo su atención sobre los artículos 6 y 7 de los Tratados, que tienen aplicación en todos los Estados miembros, con independencia de la subsidiariedad.

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (DE) Señor Presidente, yo describiría lo que hemos experimentado durante la denominada «guerra contra el terrorismo» como un método de «externalizar» las violaciones de los derechos humanos.

Se detiene a la gente en Guantánamo, donde se les priva de sus derechos más fundamentales. Se ha entregado a estas personas a regímenes de tortura porque otros, obviamente, no quieren ensuciarse las manos. Las prisiones secretas han estado funcionando, como el mismo Presidente Bush ha admitido, y los Gobiernos europeos se han limitado a apartar la vista mientras la CIA ha cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su territorio soberano.

El Consejo de Europa y esta Cámara no han permanecido en silencio frente a estos hechos monstruosos; en su lugar, han recopilado los hechos e investigado las violaciones cometidas, y los han condenado clara e inequívocamente. Dick Marty ha trabajado con gran compromiso en esta cuestión, y quisiera expresarle mi agradecimiento. El informe de nuestro colega, el señor Fava, que ha obtenido el apoyo de mi Grupo, exige con carácter urgente el abandono de las prácticas que han salido ahora a la luz pero, en lugar de ello, ¿qué está ocurriendo?

Por ejemplo, en el caso de Khaled el-Masri, mi propio Gobierno se doblegó ante el Gobierno de los Estados Unidos hace tan sólo unos días y se niega a presentar ante la Administración estadounidense la solicitud de la fiscalía de Múnich para la extradición de los trece agentes de la CIA acusados del secuestro del señor El-Masri. ¿Por qué? Simplemente, porque la mera presentación de esta solicitud incomodaría a Washington.

No me opongo a que mi propio país y las fuerzas conjuntas de la UE y los Estados Unidos combatan la amenaza del terrorismo, pero ¿acaso esto significa que el secuestro y la tortura ya no son delito? Seguramente, los agentes de la CIA no pueden recibir carta blanca para hacer lo que les plazca. ¿Es éste realmente el tipo de espacio de seguridad transatlántica del que el Ministro alemán del Interior acaba de hablar?

Nuestros valores fundamentales —y, sobre todo, la protección exhaustiva de los derechos humanos— no pueden ser puestos a disposición del primero que llegue en esta denominada «guerra contra el terrorismo». El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han subrayado correctamente este hecho, y espero que el Consejo y la Comisión mantengan también este principio sin restricciones y, sobre todo, que sea el que guíe sus acciones. Permítanme decir que lo que he escuchado del Consejo hoy está lejos de ser lo correcto, por lo que espero realmente que actúe en consecuencia con los principios que él mismo ha formulado y que siga las recomendaciones del Parlamento Europeo.

  Johannes Blokland, en nombre del Grupo IND/DEM. – (NL) Señor Presidente, han pasado casi dos años desde que el Parlamento decidió establecer una comisión temporal de investigación, decisión que pudo hacerse progresar a pesar de la sólida oposición y de las objeciones confirmadas, que vuelven a plantearse ahora, dos años después. Hoy debatimos dos informes: el informe del señor Marty y el informe del señor Fava; este último no añade nada nuevo al informe del señor Marty, con el que ya estábamos familiarizados en su momento.

El informe del Consejo de Europa fue equilibrado y prudente al dirigir sus acusaciones a los Estados miembros; desafortunadamente, no puede decirse lo mismo del informe elaborado por esta Cámara. Puede decirse que constituye un avance que estemos debatiendo hoy ambos informes, y ese avance en el ámbito de la cooperación está tomando forma también, afortunadamente, en la Agencia de los Derechos Fundamentales.

La Conferencia de Presidentes de los grupos políticos ha exigido acertadamente la óptima cooperación entre el Parlamento y el Consejo de Europa. Cuando están en juego los derechos fundamentales, la cooperación resulta esencial, puesto que la protección de tales derechos es sumamente importante. Si tal es el propósito de las investigaciones sobre las acciones de los servicios de seguridad estadounidenses llevadas a cabo en territorio europeo, el Consejo debe dirigir también sus esfuerzos en esa dirección. ¿Pueden realizarse acuerdos en las relaciones transatlánticas para combatir el terrorismo, o es algo que va a permanecer en el ámbito de las medidas impuestas unilateralmente?

Con todas las medidas contra el terrorismo, a menudo la atención que reciben los derechos es insuficiente. Tras dos investigaciones, es el momento de mirar hacia delante y trabajar en restablecer las relaciones con los Estados Unidos en calidad de iguales, y me gustaría verdaderamente escuchar lo que el Consejo tiene previsto hacer en concreto para conseguirlo. ¿Vamos a continuar presionando a los Estados Unidos para que aclare la cuestión de si existieron campos de detención secretos en territorio de la UE, o vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir?

Para concluir, tengo una pregunta que dirigir al Presidente. En el debate del día 14 de febrero, pregunté si se nos podría dar una indicación del coste de las investigaciones llevadas a cabo por la comisión temporal. Hasta la fecha, no se ha proporcionado ninguna información al respecto. Señor Presidente, ¿puede usted encargar la elaboración de un informe financiero, además del informe de investigación? Igualmente, ¿sería posible que el Consejo de Europa proporcionara también alguna información sobre los costes generados por la investigación del señor Marty? El señor Gawronski tiene razón: es una cuestión que afecta al gasto del dinero de los contribuyentes.

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Señor Presidente, deseo hacer algunos comentarios en nombre de mi Grupo. Es una verdadera lástima tener que llegar hoy a la conclusión de que el Consejo, en realidad, no ha respondido a las preguntas que el informe de Claudio Fava planteó en enero, parte de ellas en nombre del Parlamento. ¿Qué ha hecho en realidad el Consejo con las conclusiones, tanto a las que se ha llegado aquí como en el Consejo de Europa? ¿Es que no ha habido una verdadera consulta para impedir que las prácticas descritas en estos informes ocurran de nuevo?

Somos más positivos acerca de la respuesta de la Comisión, que se ha embarcado en una evaluación de las medidas contra el terrorismo y de cómo se llevan a la práctica. Me complace sumamente el anuncio que acaba de hacer el Comisario sobre lo que puede hacerse en el futuro para prevenir el aterrizaje en los aeropuertos europeos de aeronaves que transporten a seres humanos para llevarlos a cualquier otro lugar de manera ilícita; debemos tener un sistema de control para las también denominadas «aeronaves estatales».

El siguiente punto es que nos complace, ciertamente, que se haya nombrado a un nuevo coordinador para la lucha contra el terrorismo, a quien deseamos el mayor de los éxitos. En cierta manera, nos sorprendió la súbita marcha del señor Gijs de Vries, quien nunca dio la impresión de que estuviera realmente entusiasmado con su trabajo, y esperamos que el nuevo coordinador lo esté; la posición de su cargo se verá fortalecida y, en el futuro, podrá contestar a las preguntas formuladas por el Parlamento, llegado el caso.

Paso ahora a comentar el informe del señor Marty sobre la posible existencia de prisiones secretas en Polonia y en Rumanía. Coincido con los comentarios que se han hecho ya sobre el hecho de que el último informe se haya basado en declaraciones de testigos anónimos. El señor Marty debe explicar todavía cuáles son los criterios del Consejo de Europa, cuándo pueden citarse fuentes anónimas y, por ello, no estamos realmente satisfechos con el enfoque que ha adoptado. Se sentó a una serie de personas en el banquillo de los acusados, sin que afloraran a la luz nuevos datos. Creo que es el momento de que el señor Marty diga si puede suprimirse esa lista de nombres, especialmente porque incluye a dos de nuestros colegas; es algo que ya he manifestado anteriormente, hace un tiempo, cuando hablamos con el señor Marty en la comisión.

Tengo un último punto que señalar. Ciertamente, es importante dejar claro a los ciudadanos que las prácticas que han tenido lugar en ciertos países de la UE, como el secuestro de personas por parte de los servicios secretos de otros países no pertenecientes a la Unión Europea, no pueden volver a ocurrir; que no puede permitirse a la CIA operar en Europa sin la supervisión de las autoridades nacionales. Los estadounidenses parecen aplicar normas diferentes a las nuestras; una vez más, los recientes ejemplos de su negativa a extraditar o a conceder las deportaciones solicitadas por Italia y Alemania son un signo de que aplicamos, obviamente, normas muy distintas, ejemplos ambos que nos dan que pensar sobre la forma que adopta la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos cuando se trata de luchar contra el terrorismo. ¿Desean los estadounidenses guardar el mismo equilibrio cuando se trata de velar por la seguridad y los derechos humanos?

  Sarah Ludford (ALDE). – Señor Presidente, el Presidente del Consejo levantó las manos y dijo que la UE no tiene competencias para actuar, que los vuelos de tortura y las cárceles secretas no tienen «¡nada que ver con nosotros, jefe!». Dijo después que el Consejo se había involucrado en la promoción activa de los derechos humanos fuera de la UE. La verdad es que estoy empezando a hartarme de escuchar a las Presidencias cuando pregonan como cotorras los valores europeos, pero añaden que no se les puede pedir responsabilidades por los abusos de los derechos humanos cometidos dentro de la UE.

Hay dos cosas que sí pueden hacer. ¿Por qué solamente 12 Estados miembros han suscrito la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas, con las notables ausencias del Reino Unido, Alemania, España, Polonia y Rumanía – una curiosa lista – y, naturalmente, de los Estados Unidos? En segundo lugar, pueden hacer que los Estados miembros de la UE se ofrezcan a acoger a los prisioneros de Guantánamo que han sido puestos en libertad. El Reino Unido tuvo que ser llevado ante los tribunales para que permitiese regresar a cinco residentes en el país. Si la UE ha pedido el cierre de Guantánamo, que más o menos es lo que hizo, que los Estados miembros cumplan la palaba dada.

Estoy de acuerdo con el Comisario Frattini en que una investigación parlamentaria no es suficiente. No disponíamos de la capacidad y de las técnicas de investigación que tienen la policía y los jueces, pero yo diría en primer lugar que el peso de los testimonios de las víctimas y de otros, tal como se han recibido y publicado, es grande, consistente y persuasivo. En segundo lugar, tiene una cierta gracia que se censure el informe parlamentario cuando los Estados miembros se han negado a poner en marcha indagaciones policiales o judiciales.

El Comité de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido, designado por el Primer Ministro y que informa a éste – no al Parlamento – criticó a los servicios de seguridad británicos por no percatarse de que la información transmitida a la CIA sería mal utilizada para la realización de secuestros, desapariciones y torturas. La verdad es que con unos servicios de inteligencia británicos tan ingenuos no me siento nada segura.

Produce alivio escuchar que el Comisario Frattini ha cerrado la puerta del establo después de que el caballo se ha escapado, en lo referente a impedir que se abuse del espacio aéreo europeo con aviones privados que evaden los controles sobre aeronaves de Estado o no registran sus planes de vuelo, pero eso no elimina la responsabilidad por la anterior permisividad o tolerancia con los vuelos de tortura o cárceles secretas en el territorio europeo.

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) El informe Fava y el informe del señor Marty para el Consejo de Europa comparten una característica común: carecen de toda prueba; vienen a ser una serie de vagas reflexiones irrelevantes que realizan los ponentes acerca de la entrega extraordinaria de sospechosos de terrorismo y de los supuestos centros secretos de la CIA en Europa.

El informe Fava ha sido debatido en numerosas ocasiones, y sería una lástima perder el tiempo en un nuevo debate. Sin embargo, quisiera expresar mis sinceras felicitaciones al señor Marty, quien desde el mismo inicio se propuso que su nombre fuera conocido y, desde luego, lo ha conseguido. Sus dos informes son de un nivel lamentable, y le dejan en ridículo como abogado; obviamente, el señor Marty llegó a la conclusión de que valía la pena pagar ese precio con tal de que se conociera su nombre en los círculos políticos. Entre otras cosas, no permitió que se escuchara a quienes se presentaron voluntariamente, incluyendo a los diputados al Parlamento Europeo, a los que calumnió en el informe pero para quienes no disponía de tiempo.

El señor Marty no respondió a las reiteradas invitaciones de las autoridades polacas, ni fue capaz de ofrecer una explicación de tal comportamiento cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. El señor Marty tiene serias dificultades para distinguir entre los hechos y la especulación. Puedo entender que hacerlo así pondría en peligro el enfoque táctico y el objetivo estratégico que él mismo ha establecido desde el principio; esto es, el autoensalzamiento político. Resulta desafortunado que haya explotado el buen nombre del Consejo de Europa para alcanzar su ambición.

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Señor Presidente, Amnistía Internacional ha marcado el tono de nuestro debate en una declaración emitida hoy; efectivamente, afirma que Alemania rechaza solicitar la extradición de ciertos ciudadanos estadounidenses, miembros de la CIA, sospechosos de haber organizado el secuestro y la detención del señor Khaled-el-Masri, así como su tortura posterior.

Por lo tanto, dominado por una decisión política, el sistema jurídico carece de los medios para dispensar justicia en casos en los que se incurre en supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo, precisamente la situación que constituye el fondo del presente debate.

Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted nos dice cosas y hace declaraciones hipotéticas tales como: «la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo desde el respeto por los derechos humanos básicos». Estamos de acuerdo con usted; sin embargo, el debate que mantenemos hoy muestra que ahora se han confirmado los verdaderos hechos: los Estados miembros de la Unión Europea han sido cómplices en el programa de detenciones secretas y de retorno establecido en el interior del territorio de la Unión Europea por la CIA y, al hacerlo así, han transgredido la ley. Ahora ha sido probado.

La cuestión que planteamos a continuación es la siguiente: ¿qué iniciativas van a emprender ustedes? ¿qué lecciones van a aprender de esta situación? ¿Cuándo van a condenar estas actividades ilícitas en términos tajantes y en nombre del Consejo? ¿Cuándo van a empezar a presionar a los Estados miembros para que proporcionen detalles completos y precisos de lo que ha estado ocurriendo ante los parlamentos nacionales y los diputados a esta Cámara? ¿Cuándo van a hacer que los Estados miembros rechacen por completo la concesión de garantías diplomáticas?

Recibo con satisfacción el anuncio del Comisario Frattini de que va a emitirse un informe sobre la eficacia de las medidas contra el terrorismo y del respeto por los derechos humanos. Creo que el Parlamento estará muy interesado en recibir dicho informe, y espero verdaderamente poder debatirlo con usted, a lo que quisiera invitarle aquí y ahora.

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, creo que esta Cámara realizó una excelente labor al aprobar el informe del señor Fava. De manera similar, creo que la Asamblea General del Consejo de Europa realizó una importante contribución para establecer una verdad que ahora ha sido probada: ha habido miles de vuelos, ha habido docenas de secuestros, y ha habido una implicación directa de los Gobiernos europeos y de los servicios de inteligencia de la UE.

Tenemos declaraciones de testigos, y tenemos también las actas de la comisión temporal del Parlamento Europeo, que testifican el hecho de que los Gobiernos europeos se sentaron a dialogar con la Administración estadounidense sobre la entrega extraordinaria; es un hecho probado y de conocimiento público, que creo que merece el respeto incluso de aquellos colegas que votaron en contra de este informe.

Queda un único «agujero negro» en esta cuestión: el silencio del Consejo, que es bastante embarazoso dado que todos los demás nos han hablado claro. Sin embargo, se produce una anomalía: mientras que el Consejo permanece en silencio, los Gobiernos están actuando. No es cierto que los Gobiernos estén haciendo la vista gorda; están haciendo todo lo que pueden para impedir el esclarecimiento de la verdad; por ejemplo, actualmente el Gobierno italiano está evitando solicitar la extradición de los agentes de la CIA implicados en las medidas judiciales, e incluso ha apelado al secreto oficial para ralentizar la actividad judicial sobre el caso de Abu Omar. De esa forma, los Gobiernos están, de hecho, actuando, mientras que el Consejo mantiene su silencio. ¡En mi opinión es un error! El excelente trabajo realizado por esta Cámara merece respeto y, seguramente, la primera muestra de respeto que debiera recibir es la del Consejo.

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). – (DE) Señor Presidente, señoras y señores, en la comisión hemos hecho nuestro trabajo. Es un hecho probado que la CIA ha llevado a cabo raptos y secuestros en Europa; las fiscalías de Milán y de Múnich lo han establecido y demostrado sin que quepa duda.

Sin embargo, ¿qué clase de política tenemos, cuando los responsables de Berlín y de Roma se niegan a aprobar una orden de detención —el término correcto— al Gobierno de los Estados Unidos? Los secuestradores —y eso es exactamente lo que los agentes de la CIA que secuestraron a Khaled al-Masri en Skopie son— deben ser entregados a la justicia. En un Estado que se rige por el Estado de Derecho —que es precisamente lo que tenemos— nadie puede estar exento de cumplir la ley, lo cual es cierto aun cuando, como afirman ciertos funcionarios de alto rango de los servicios de seguridad berlineses, las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos se están viendo deterioradas por el trabajo de los fiscales de Múnich, que se limitan a desempeñar su trabajo como está estipulado: esto dice mucho sobre la mentalidad de estas personas y de su actitud hacia el Estado de Derecho.

Sí, debe combatirse el terrorismo internacional por cualquier medio pero, por favor, con los medios disponibles en virtud del Estado de Derecho, y no con los métodos del Salvaje Oeste, con arreglo al principio del país de origen, que es lo que la CIA ha hecho en este caso. Está muy bien que la Canciller Federal, Angela Merkel, inste a los chinos a respetar los derechos humanos y que reciba al Dalai Lama, pero no es suficiente. Tenemos que hacer los deberes también aquí, en Europa. No podemos tener un Estado de Derecho a la carta que sea a la vez sólido, un Estado de Derecho que sólo se permita ser fuerte cuando se acople al sistema.

Cuando escucho las preguntas sobre lo que cuesta la comisión, lo que cuesta realmente la democracia, permítanme que conteste a quienes preguntan: estimados colegas, una dictadura es mucho más barata, ¡pero díganme a qué precio! ¡Un precio que no estamos dispuestos a pagar!

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Señor Presidente, estoy de acuerdo con los oradores anteriores. Los Estados miembros han actuado colectivamente, tanto en el Consejo como en la OTAN y, así, debemos rendir cuentas de nuestras acciones también colectivamente como Consejo; no se puede ocultar tras el argumento de las facultades y la subsidiariedad; no es una cuestión de convertir a dos Estados miembros concretos en chivos expiatorios. Continúa diciéndose que no existe una prueba jurídica concluyente, lo que no es necesario, en primer lugar porque tenemos un testigo, el mismo señor Bush, que ha dicho: sí, hay entregas extraordinarias; sí, existen lugares negros. Y yo voy a llegar aún más lejos: pensamos que es una idea excelente. Además, los hechos han sido probados en las causas juzgadas en Alemania e Italia, así como el resto de hechos que tenemos sobre la mesa.

Asimismo, el Parlamento no es un tribunal —el señor Frattini tiene razón— pero los Estados miembros no tienen únicamente un deber jurídico, sino también político y moral de dar cuenta de sus acciones, no sólo ante el tribunal, sino también ante sus propios ciudadanos. ¿Puede el Consejo, pueden los ministros mirar a sus ciudadanos directamente a los ojos y decir que las violaciones de los derechos humanos continuarán quedando impunes en Europa? Porque a eso equivale. Las acusaciones son extremadamente graves y si, según el Consejo, no hay ninguna realidad en ellas, entonces el Consejo debe rebatirlas; si, por el contrario, existe un vislumbre de verdad en las acusaciones, entonces los hechos son lo bastante graves como para justificar una investigación.

Finalmente, también estoy de acuerdo con quienes dicen «sí» a la extradición entre los Estados Unidos y la Unión Europea; sin embargo, no sólo para aquellos a quienes los Estados Unidos considera sospechosos, sino también en el caso en que la Unión Europea solicite la extradición de agentes de la CIA.

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Señor Presidente, la anterior oradora ha hecho referencia al Presidente Bush. Quisiera señalar que este último no mencionó a Europa, y, por lo tanto, tampoco deberíamos hacer alusión a él. No voy a hacer referencia al informe Fava, pues del mismo ya se ha dicho suficiente; en su lugar, centrémonos en el informe Marty.

También podríamos estar debatiendo hoy la pintura abstracta, y digo esto porque la pintura abstracta existe, aun cuando en ocasiones resulte incomprensible. No hay modo de verificar si las acusaciones relativas a las operaciones de la CIA y a la presencia de presos en Polonia tienen algún fundamento, al igual que la prueba circunstancial relativa a la existencia del yeti en el Himalaya o del monstruo del Lago Ness en Escocia no proporciona motivos para creer en la existencia de dichas criaturas.

El informe del Parlamento hace referencia a prisiones de la CIA que podrían estar situadas en las bases militares estadounidenses de Europa. Escuadrones enteros de ovnis podrían haber aterrizado en el patio del Parlamento esta tarde; podrían y pueden haber aterrizado, pero no lo han hecho. Aun así, si fuéramos a establecer un comité de investigación, éste podría perfectamente hallar prueba de lo contrario.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – Señor Presidente, tengo la impresión, escuchando al Consejo y a algunos de nuestros colegas, de que todavía estamos en enero de 2006, como si no hubiera pasado nada desde entonces. Y, sin embargo, hemos tenido una comisión de investigación, hemos tenido varios informes y hemos tenido lo más importante, el reconocimiento por parte del Presidente norteamericano de que estas prácticas han tenido lugar.

¿Qué más necesitan los Gobiernos y el Consejo para dar una respuesta creíble a la ciudadanía y para ganar un poco de prestigio y de credibilidad ante este tema? Es evidente que hay un absoluto desfase entre la práctica y la prédica en cuanto a este tema.

Se pide rigor y yo estoy de acuerdo , pero precisamente el rigor parte de los hechos y de las evidencias, hechos que han sido demostrados una y otra vez y sobre los cuales, precisamente, queremos saber no solamente quién es el responsable sino hasta dónde llega esa responsabilidad.

Por lo tanto, al señor Lobo Antunes yo le pregunto muy directamente: ¿A qué espera para exigir a los Gobiernos europeos y al propio Gobierno norteamericano que deje de practicar esto que tantas veces hemos denunciado? ¿A qué espera para recuperar ese prestigio y esa credibilidad que el Consejo y la Unión Europea en su conjunto están perdiendo día a día?

  Jens Holm (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, como todos sabemos, nuestro informe documenta 1 245 casos de vuelos ilegales de la CIA, 21 secuestros ilegales y numerosos casos de tortura y abusos. Hemos solicitado el cierre de campos de prisioneros como el de Guantánamo y que la UE garantizara que no volvieran a repetirse tales abusos. ¿Y qué hemos conseguido? Muy poco, lamentablemente. Los Estados Unidos continúan llevando a cabo sus abusos en la denominada guerra contra el terrorismo. Me desalentó escuchar la respuesta del Consejo a nuestras importantes demandas.

Deseo escuchar al Consejo Europeo decir que debemos presionar a los Estados Unidos, que debe poner fin a sus secuestros y que deben cerrarse todos los campos de prisioneros; deseo que la UE —no sólo el Parlamento Europeo— exprese que nos alzamos a favor de los derechos humanos; deseo a la UE decir que la lucha contra el terrorismo nunca puede librarse por medios ilegítimos. Es obvio que debe lucharse por los derechos humanos una y otra vez, cada día. Continuemos actuando como organismo de control y aseguremos que ni un solo inocente se convierta en víctima de la denominada guerra contra el terrorismo.

  Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Hasta aquel día de septiembre de 2006 en que el Presidente Bush confirmó la existencia de prisiones secretas en terceros países, el Gobierno portugués había considerado fiables las garantías dadas por Washington de que no se había violado la soberanía o la legalidad de sus aliados europeos.

Sin embargo, a partir de esa fecha, y una vez probado que habían tenido lugar diversas entregas extraordinarias en toda Europa, se hizo esencial investigar si Portugal, o agentes portugueses, habían participado y, concretamente, impedir que continuara su participación; no obstante, para mi tristeza y vergüenza, el Partido Socialista, mi partido, el partido en el Gobierno, votó contra la formación de una comisión parlamentaria de investigación el 10 de enero de 2007. Pese a ello, ahora se ha demostrado que se realizaron más de 100 escalas en los aeropuertos portugueses por los aviones que participaron en el programa de entregas extraordinarias. A pesar de las reiteradas solicitudes, el Gobierno portugués nunca ha proporcionado al Parlamento nacional, o a este Parlamento, las listas de los pasajeros y de la tripulación de los vuelos más sospechosos que el SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras portugués) consiguió identificar.

Igualmente, el Gobierno portugués tampoco permitió que la misión del Parlamento Europeo que viajó a Lisboa en diciembre de 2006 escuchara al director del servicio secreto o sus antecesores desde 2002. El Gobierno portugués no proporcionó al Parlamento nacional o al Parlamento Europeo la lista repetidamente solicitada de vuelos civiles o militares, a y desde Guantánamo, que sobrevolaron el territorio portugués. Hasta diciembre de 2006, el Gobierno negó la existencia de tales vuelos; sin embargo, estaban registrados, y la lista confeccionada incluía 94 sobrevuelos y 17 escalas llevadas a cabo específicamente por aviones estadounidenses civiles y militares entre enero de 2002 y finales de junio de 2006.

Existen pruebas de que algunos de estos vuelos transportaban a prisioneros desde la base de Incirlik, en Turquía, a Guantánamo, incluyendo a «los seis bosnios». Cuando la lista llegó al Parlamento Europeo, el Gobierno portugués no negó su autenticidad, sino que alegó que el centro de detención de Guantánamo no era lo mismo que la base militar de Guantánamo, que los vuelos a esta base militar eran teóricamente «normales» y que se realizaban bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de la OTAN, cosa que el Secretario General de la OTAN negó posteriormente por escrito.

En enero de 2006 obtuve prueba de que se había visto a prisioneros encadenados en la base de Lajes, en las islas Azores, durante su traslado a un avión estadounidense, prueba que fue confirmada por periodistas; también se publicaron los informes, que incluían fotografías de los edificios.

Señor Presidente, actualmente se está llevando a cabo una investigación judicial en Portugal que, desafortunadamente, no ha sido promovida por el Gobierno portugués, sino a iniciativa mía; sin embargo, la verdad debe salir a relucir dados los preocupantes hechos descubiertos por este Parlamento, que se remontan al Gobierno del señor Durão Barroso, hasta el actual.

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Señor Presidente, en mi intervención, también quisiera centrarme en el informe Marty, al que ya se ha hecho referencia con frecuencia en esta Cámara. La razón es que dicho informe se caracteriza por un elevado grado de confusión entre la verdad objetiva y las valoraciones subjetivas.

Represento a un partido que se opone al Gobierno actual de mi país, y que también se opuso al anterior. Los seguidores de mi partido no votaron ni por el Presidente actual, ni por su antecesor. Nuestro partido es un firme defensor de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y nos sería extraordinariamente útil disponer de una munición de este calibre en nuestra lucha por aventajar a nuestros opositores políticos en Polonia; sin embargo, y desafortunadamente, no disponemos de tal munición, porque, sencillamente, no existe. Bajo los auspicios del Parlamento polaco, se llevó a cabo también una investigación por un comité permanente en el que está representada la oposición. No descubrió nada; ni tampoco la investigación realizada por el Defensor del Pueblo. Por consiguiente, no debemos confundir las evaluaciones subjetivas con los hechos, pues tales hechos no existen.

  Giulietto Chiesa (PSE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, han transcurrido muchos meses desde la documentada denuncia del Parlamento de los graves actos ilícitos cometidos o consentidos por diversos Gobiernos europeos actuando en complicidad con los servicios secretos estadounidenses. En aquel momento, reparamos en que esos mismos Gobiernos hicieron poco o nada para cooperar con la comisión parlamentaria en la búsqueda de la verdad y de los responsables.

A la luz de las declaraciones realizadas por la Comisión y el Consejo, podemos decir que la situación apenas ha avanzado desde entonces. Se ha hecho poco o nada para que los Estados miembros proporcionen suficiente información sobre las actividades de sus servicios secretos, aparte de las encomiables cartas a las que ha hecho referencia el Comisario Frattini. No se ha hecho absolutamente nada para redefinir el papel y la independencia de los servicios secretos de algunos países, habida cuenta de la evidente supremacía y del dominio ejercido por los Estados Unidos.

Dado lo que sabemos de Italia, Polonia, el Reino Unido y Alemania, por ejemplo, debe decirse que algunos de los puntos neurálgicos de la seguridad europea se encuentran subordinados a los Estados Unidos. Seguramente, ¡ni siquiera si nuestro principal aliado respetara las leyes y los principios europeos podríamos convenir en la pérdida de la soberanía europea!

Sin embargo, tal hecho se convierte en algo totalmente intolerable cuando descubrimos que nuestro principal aliado se comporta con nosotros de una manera imperialista, haciendo caso omiso o infringiendo nuestras leyes en nuestro propio territorio. Por consiguiente, deseo expresar mi descontento con las declaraciones emitidas por el Consejo y la Comisión, y creo que el Parlamento debe proseguir con su buen trabajo.

  Proinsias De Rossa (PSE). – Señor Presidente, hacer la vista gorda a la tortura y a las violaciones de los derechos humanos por parte de un Estado no servirá para derrotar el terrorismo. Aumentará el sentimiento de agravio y proporcionará nuevos reclutas para las actividades terroristas. Ésta es la amarga lección de los 30 años de conflicto en Irlanda del Norte. Pasar por alto las violaciones de los derechos humanos y la tortura no es una opción para un país democrático. Por el contrario, en la lucha para combatir el terrorismo, es de la mayor importancia que demostremos la fortaleza de nuestro compromiso con la justicia.

La falta de respuesta de los Estados miembros a las recomendaciones del Parlamento es algo espantoso. Y tengo que decir que también es triste ver cómo algunos miembros de la derecha en esta Cámara siguen negando la evidencia como avestruces. Los Estados Unidos han admitido haber realizado las detenciones ilegales, el traslado y la tortura de los sospechosos, y de hecho puede que sigan haciéndolo. No lo sabemos.

Algunos Estados miembros han sido cómplices de estas violaciones de los derechos humanos. Lamento tener que decir que Irlanda facilitó el aterrizaje de 147 aviones operados por la CIA en su territorio, de los que sabemos que algunos estuvieron involucrados en la entrega de presos. En Irlanda no se ha producido ninguna investigación parlamentaria; el Parlamento no ha examinado las actividades de los servicios de seguridad irlandeses y no se ha realizado inspección alguna de los aviones de la CIA. La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda ha anunciado que está revisando sus contactos con el Gobierno irlandés en este asunto y que a finales de año presentará propuestas para solucionar el problema.

Por último, permítanme responder al señor Blokland, que deseaba conocer el coste de la investigación realizada por este Parlamento. Es una petición legítima, pero ¿puedo preguntarle cuál es, según él, el precio de los derechos humanos? ¿Qué precio pone a la prevención de la tortura? Creo que no podemos poner precio a estas cosas. Hemos gastado lo necesario para poner al descubierto lo que está sucediendo y para tomar medidas destinadas a acabar con ello.

  Manuel Lobo Antunes , Presidente en ejercicio del Consejo. − (PT) Seré lo más breve posible, pero en este debate se han realizado muchas aportaciones y se han planteado diversas cuestiones, algunas de las cuales, como usted entenderá, señor Presidente, deben recibir toda mi atención y una respuesta. Ciertamente, durante este debate sus Señorías han expresado numerosos puntos de vista, no todos ellos uniformes, y no cabe duda de que merecen todo mi respeto, aun cuando no pueda estar de acuerdo con la totalidad. Concretamente, no puedo estar de acuerdo con la intervención de una de sus Señorías de mi país quien, en su intervención, hizo referencia exclusivamente a la situación en Portugal. Ciertamente, no puedo adherirme a esta intervención en ningún sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias de opinión, estoy seguro de que todos hemos coincidido en un punto esencial, cual es que nos hemos embarcado en una guerra contra el terrorismo en nombre de la libertad, y que únicamente en libertad podemos ganarla.

Como he dicho al comenzar mi intervención, la lucha contra el terrorismo internacional sólo puede vencerse mediante un esfuerzo conjunto y con el respeto a los valores y principios fundamentales compartidos por la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Es cierto que se instó al Consejo a que actuara pero, como he dicho y como han dicho ya también anteriores Presidencias, el Consejo como tal no tiene competencia en este ámbito; podrán lamentarlo, pero es la verdad de la cuestión. Hoy aquí se ha apelado a los artículos 6 y 7 de los Tratados. Como ustedes saben, estos artículos establecen principios y valores, pero no asignan competencia. Las instituciones, de acuerdo con el también llamado «principio de atribución de competencias», pueden ejercitar únicamente las competencias que les han sido asignadas efectiva, clara y expresamente por los Tratados. Así es como funcionan las instituciones de la Unión. No obstante, la Comisión ha presentado hoy aquí una serie de propuestas e iniciativas, algunas de las cuales han sido ya puestas en práctica y otras lo van a ser y, naturalmente, merecerán toda la atención y el esfuerzo por parte del Consejo. No cabe duda de que el Consejo recibirá con agrado las propuestas de la Comisión.

Además, quisiera añadir que los Estados miembros han emprendido numerosas iniciativas, principalmente por medio de sus parlamentos, con investigaciones llevadas a cabo siguiendo las recomendaciones efectuadas en el informe del Parlamento Europeo. A este respecto, con referencia específica a lo que está ocurriendo en Portugal, estoy aquí hoy en representación del Gobierno portugués, un Gobierno creado por el Partido Socialista, un partido conocido por dar ejemplo de la lucha por la democracia y la libertad de nuestro país. Ciertamente, ni el Gobierno ni el Partido Socialista estuvieron de acuerdo, lo están o lo estarán respecto a las violaciones de los derechos humanos. Como les he dicho, son bienvenidos todos los esfuerzos y las iniciativas para descubrir la verdad de la cuestión; por lo tanto, es fundamental ser rigurosos, y la base de un análisis riguroso no es permitir la confusión o aceptar la mera suposición como hechos probados.

Por lo que respecta a las relaciones transatlánticas que se han mencionado, el Consejo reitera que, en general, en la lucha contra el terrorismo, las medidas de seguridad interna generalizadas, no limitadas a un Estado miembro de la Unión Europea pueden ser puestas en práctica únicamente en el marco de la cooperación sumamente estricta con los Estados Unidos. Ciertamente debe desarrollarse esta cooperación, como consta de la declaración realizada en la última cumbre transatlántica que tuvo lugar durante la Presidencia alemana.

  Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión. − (IT) Señor Presidente, señoras y señores, no creo que nadie en esta Cámara pueda tener alguna duda de que estas acciones son ilícitas. El valor añadido que veo en el informe del señor Fava es que compromete a todo el mundo, las tres instituciones, a asegurar que tales hechos no vuelvan a repetirse; tal es el ruego apremiante que me transmiten las conclusiones del informe Fava, y es la cuestión política sobre la que considero que debe hacerse hincapié.

Así pues, creo que tenemos aquí dos aspectos: uno es la estrategia; en otras palabras, mirar hacia el futuro y ver en él que tales hechos no vuelven a ocurrir jamás en territorio europeo, y además confiar a nuestros jueces la misión de investigar el pasado. Como otros han dicho, nadie cree que podamos reemplazar a nuestros jueces quienes, de acuerdo con el Estado de Derecho, deben investigar con todas las pruebas en mano y con el debido respeto por la presunción de inocencia, como nos ha recordado el informe del señor Fava. El pasado y el futuro: los dos aspectos que requieren atención.

Señoras y señores, Europa y los Estados Unidos, innegablemente, comparten una tradición y un origen constitucional de garantía de los derechos fundamentales; por lo tanto, considero que la tortura, la detención ilegal y el secuestro —aun cuando sea de sospechosos de terrorismo— contradicen nuestro origen transatlántico común de democracia y derechos, y por ello la conclusión política que extraigo es que necesitamos modos de reforzar nuestros vínculos euroatlánticos para proporcionar mayor seguridad y más derechos.

Sería un verdadero error señalar a los Estados Unidos cuando, por el contrario, deberíamos estar buscando una manera de librar una batalla conjunta contra el terror basada en el respeto por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Tal es la lección que he aprendido, personalmente, de muchas de estas recomendaciones.

Queda la cuestión de cómo reafirmar nuestra soberanía, cuestión muy seria. ¿Cómo puede Europa reforzar su propio ámbito de soberanía para ser un aliado más fuerte y dejar de ser un aliado débil en la cooperación euroatlántica? Un ejemplo preliminar es la referencia que he hecho al espacio aéreo europeo único. A partir de enero de 2009, cuando tengamos una norma común válida para los veintisiete Estados miembros sobre los derechos de sobrevuelo, la definición de las aeronaves y de los poderes de control sobre este cielo europeo único, Europa habrá reafirmado su soberanía. Además, no cabe duda que, en ese momento, la Comisión tendrá facultades de coordinación y supervisión, porque las normas ya no serán nacionales, sino europeas.

Finalmente, señor Presidente, este debate nos proporciona una razón más para introducir la Carta de los Derechos Fundamentales en el futuro Tratado constitucional o Tratado institucional, como quiera que se denomine. Es una razón más porque esta inclusión, la referencia institucional a la Carta de derechos, dará a la UE facultades institucionales —incluyendo la supervisión e incoamiento de acciones ante el Tribunal— en ámbitos en los que es absolutamente crucial para todos en nuestras vidas cotidianas.

  Presidente. – El debate queda cerrado.

  Claudio Fava (PSE). – (IT) Señor Presidente, señoras y señores, quisiera saber si es posible anexar los artículos 6 y 7 del Tratado a las actas de nuestro debate. Acabamos de escuchar por parte del Consejo que los artículos 6 y 7 se reducen a una mera declaración de principios. Como saben, el artículo 6 establece principios, mientras que el artículo 7 establece acciones para salvaguardar dichos principios. Creo que convendría recordar este hecho al Consejo, así como a mis colegas.

  Presidente. − Comprobaremos si ello es posible de acuerdo al procedimiento.